Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado de la asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 283 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: (a las 11:43 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 16 de febrero de 2017.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Jesús Sesma Suárez, Sergio López Sánchez, Alberto Martínez Urincho

Solicita el retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Gobernación

Remite el tercer y cuarto informes detallados del ejercicio 2016, sobre los recursos ejercidos y comprometidos del Presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.

Remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

De las secretarías de Medio Ambiente del Gobierno de Aguascalientes, y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas

Remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a proteger las especies en peligro de extinción.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Gobierno del Estado de Michoacán

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las personas expulsadas de sus comunidades por causas de intolerancia religiosa.

De la Auditoría Superior de la Federación

Con el que remite el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2015.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Informa que durante el mes de enero de 2017, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, divisas, metales preciosos y un bien peligroso.

De la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Remite el informe final referente a la evaluación de consistencia y resultados realizada al Programa Presupuestario F030 “Reducción de Costos de Acceso al Crédito” que fue coordinada por la SHCP.

De la Universidad Politécnica de Altamira

Con el que remite el informe de resultados de la Auditoría Externa a la Matricula del periodo septiembre-diciembre de 2016.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Iniciativa del Congreso del Estado de Veracruz

Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que declara Beneméritos de la Patria a los Diputados Constituyentes de 1917, suscrita por los diputados Sharon María Teresa Cuenca Ayala y César Camacho Quiroz, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente

Que reforma el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, suscrita por los diputados María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Armando Luna Canales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 109 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Migración de Retorno, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma y adiciona los artículos 7-Ter, 34 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 7o. Bis y 7o. Ter de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 288 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de Víctimas, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 16, 30, 43 y 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constituciona, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 60 Bis 3 de la Ley General de Vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 66 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Gonzálo Guizar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 9o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que reforma y adiciona los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 6o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 7o., 8o. y 9o. de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 180, 185 y 293 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Protección a Periodistas y reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Fomento a la Integración de Insumos Nacionales para Obras de Infraestructura Pública No Energética, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o., 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de 12 ordenamientos legales: de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Migración, de la Ley General de Población, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Vivienda, de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Víctimas y de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o., Constitucional, Relativo al Ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 90 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Alejandro Gonzáles Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 1168 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Erick Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Erick Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Reglamentaria de la fracción XXVII del Artículo 73, del primer y segundo párrafos del Artículo 84 y del Artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 25 y 47-A a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Ley del Seguro Social y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicdad

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se adiciona un artículo 515 Bis a la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción I del artículo 3o. de la Ley de Transición Energética.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que emprenda una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del padecimiento denominado “pinzamiento de cadera”, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema de Aguas, a través del Gobierno de la CDMX, para que se dispongan las medidas necesarias a efecto de prever el mecanismo de tandeo necesario para el debido abastecimiento del vital líquido en Iztapalapa, en la próxima época de estiaje, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y al Gobierno de la CDMX, a difundir la situación del emplazamiento del Sistema Ferroviario denominado “Tren Toluca-Valle de México”, suscrito por los diputados Concepción Villa González y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a desistir a su pensión de retiro, así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE y a la SHCP, a efecto de implementar acciones para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE y a la Sagarpa, a instrumentar diferentes acciones para salvaguardar las exportaciones de aguacate mexicano a través de la diversificación de su mercado, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a salvaguardar los derechos fundamentales de los usuarios del Tren suburbano Buenavista-Cuatitlán, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas, a que implementen medidas de austeridad y disciplina financiera en el manejo de recursos públicos mediante leyes o acuerdos generales, a cargo del diputado Víctor Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ifetel, para que revise la instalación de las antenas de radio frecuencia o microondas; así como a la Secretaría de Salud, para que realice un análisis de los efectos a la salud que producen dichas frecuencias, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, a que en atención a la demanda expresada por la sociedad, aceleren el proceso de dictaminación de las diferentes iniciativas que se han propuesto como solución en los precios de las gasolinas y diésel y a la carga fiscal que impacta en los mismos, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SRE, para que proponga un candidato para ocupar el puesto de director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Nuevo León, a través de su Secretaría de Educación, a que vigile y coordine en las escuelas públicas y privadas, el cumplimiento del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y del Programa de Apoyo Psicosocial, de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que publique un informe relativo a las erogaciones hechas por la dependencia a su cargo para la realización de la COP13, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Conavim, informe a la opinión pública los avances y resultados de las emisiones de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se han implementado en el país, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a incrementar los requisitos y procedimientos para la emisión de visas a los ciudadanos americanos, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo del XXIII Aniversario de la primer marcha de personas con discapacidad para solicitar a la Cámara de Diputados una legislación integral, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 16 de febrero, Suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 15 de febrero, “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil”, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 17 de febrero, “Día Mundial del Síndrome de Asperger”, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario del Morena.

Con motivo del 19 de febrero, “Día del Ejercito Mexicano”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 17 de febrero, “Día del Inventor Mexicano”, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes catorce de febrero de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veinte diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta minutos del martes catorce de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De las diputadas y diputados:

• Tania Victoria Arguijo Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada el once de octubre de dos mil dieciséis.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Octavo Ter, De los Principios y Derechos de los Usuarios de Espectáculos Públicos, y un artículo setenta y seis Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

• Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo séptimo y adiciona un párrafo octavo de la fracción segunda del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, por la que remite:

• Los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al sexto bimestre del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. Se remiten a la Comisiones de Radio y Televisión, y Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Diez contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento, y a los promoventes según corresponda.

c) Del Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento, y a los promoventes según corresponda.

d) Del Congreso del estado de Puebla, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento, y a los promoventes según corresponda.

e) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la Evolución de la actividad recaudatoria dos mil dieciséis, y Programas y Presupuesto dos mil diecisiete. Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el Informe Anual de Actividades dos mil dieciséis, (Enero-diciembre de dos mil dieciséis) Resumen Ejecutivo. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores:

• Con la que devuelve para los efectos de la fracción D, dos expedientes que contienen proyectos de decreto:

• Por el que se reforma el artículo veintiséis de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma la fracción segunda del artículo cincuenta y siete de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se turna a la Comisión de Transporte, para dictamen.

• Por el que se reforma la fracción tercera del artículo treinta y ocho de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos cuarto y veintinueve de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

h) Del Congreso del estado de Colima, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley Federal de Derechos. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

i) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción vigésima cuarta del artículo noventa y tres de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y los diputados:

• César Camacho Quiroz, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cuarenta y uno, ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo trescientos treinta y cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sexto de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jesús Sesma Suárez, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, para dictamen.

• Jesús Sesma Suárez, y suscrita por el senador Carlos Alberto Puente Salas y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona los artículos ciento diecisiete, y ciento cuarenta y tres de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas los diputados: Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Araceli Damián González, y Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Marko Antonio Cortés Mendoza, y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección consecutiva. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veinte bis seis, cincuenta y uno, ciento treinta y dos, y ciento sesenta y uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que en un momento más ingresarán al Salón de Sesiones las y los legisladores infantiles del Décimo Parlamento de las Niñas y Niños de México.

• María Victoria Mercado Sánchez, y suscrita por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos ciento ochenta y nueve, y ciento noventa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

El Presidente instruye al personal de la Cámara de Diputados, para que apoye en el acceso de las legisladoras y los legisladores infantiles al Pleno, posteriormente les da la bienvenida, y saluda la presencia de la diputada infantil Ashley Brigette Gómez Lorenzana del distrito veinticuatro, de la Ciudad de México, Presidenta; a las diputadas infantiles Alejandra Guadalupe Castañón Álvarez, del distrito seis, de Chiapas; y Azul Melina Cartagena Morales, del distrito uno, de Oaxaca, Vicepresidentas; a las diputadas Ilián Jacqueline Guzmán Castillón, distrito cinco, de Jalisco; Sofía Montserrat Estévez Ramírez, distrito seis, de Puebla; Gloria Mariel Román Barboza, distrito dos, de Durango; y Kerima Mahité Perales Fernández, distrito dos, de Tamaulipas, Secretarias, todas integrantes de la Mesa Directiva del Décimo Parlamento de las Niñas y Niños de México. El Presidente somete a consideración de la Asamblea si se concede el uso de la palabra en tribuna a la diputada Presidenta infantil Ashley Brigette Gómez Lorenzana, en votación económica se autoriza. Acto seguido se le concede el uso de la Tribuna. Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el Décimo Parlamento Infantil las diputadas y los diputados: Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; Héctor Barrera Marmolejo, del Partido Acción Nacional; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática; Mariana Arámbula Meléndez, del Partido Acción Nacional; Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Trejo Flores, de Morena; y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional; así como desde las curules realizan comentarios las y los diputados infantiles: Isac Uribe Castro; Nahani Azarel Galicia Ramón; Alisson Abril Valdez López; Paulina Valeria Rabago; María Fernanda Hernández; Héctor Castro Ríos; Axel Gael Romo Torres; Daniel Briones Ramírez; Dana Shirel Díaz Hernández; Jimena Sillas Chú, y David Emmanuel Ruiz Morales. El Presidente agradece su visita al Pleno y asigna al personal de apoyo de la Cámara de Diputados acompañar a las diputadas y diputados infantiles a las puertas del salón de sesiones cuando decidan retirarse para continuar con sus actividades legislativas.

Continúa la presentación de las iniciativas con proyecto de decreto, y se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados:

• Sofía González Torres, y suscrita por los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley de Seguridad Interior. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen; y a las Comisiones de Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

A las trece horas con veinticuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y tres diputadas y diputados.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social:

– Que deroga el artículo décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo ochenta y dos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de protección a la infancia y la adolescencia contra la prostitución infantil y explotación sexual de menores. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• César Camacho Quiroz, y suscrita por los diputados Álvaro Ibarra Hinojosa, Martha Sofía Tamayo Morales, Edgar Romo García, Armando Luna Canales, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, César Alejandro Domínguez Domínguez, y Ricardo Ramírez Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley de Migración, de la ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos doscientos setenta y uno, y doscientos setenta y cinco de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno, de urgente u obvia resolución, y se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados:

• Edgardo Melhem Salinas, y suscrito por los diputados Yahleel Abdala Carmona, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América.

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; María Eugenia Bedolla Ocampo, de Nueva Alianza; Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; Leticia Amparano Gamez, del Partido Acción Nacional; y Yahleel Abdala Carmona, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus curules realizan comentarios la diputada y los diputados: Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Vidal Llerena Morales, de Morena, Edgardo Melhem Salinas, del Partido Revolucionario Institucional y Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Desde su curul, realiza diversos comentarios la diputada Norma Roció Nahle García, de Morena, La Presidencia hace aclaraciones y solicita a la Secretaría dar lectura al artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Desde sus respectivas curules, realizan comentarios sobre el procedimiento de la votación del punto acuerdo los diputados y la diputada: José Clemente Catañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional; Jorge Álvarez Maynez, de Morena; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; y Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta hace aclaraciones, y con la anuencia de los Grupos Parlamentarios instruye a la Secretaría consultar a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo presentado, mismo que se ratifica.

• Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito cincuenta y seis de Tepic, Nayarit. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación presentada por diversos grupos parlamentarios, que en votación económica se acepta. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados: Blandina Ramos Ramírez, de Morena;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; y Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica no se considera suficientemente discutido, por consiguiente se concede el uso de la palabra a los diputados Hugo Daniel Gaeta Esperza, del Partido Revolucionario Institucional; y Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aceptada. Comuníquese.

• Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, y a la Comisión Nacional de Seguridad, a que difundan cuáles han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Ana Guadalupe Perea Santos, y suscrito por integrantes del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a las entidades federativas para que se coordinen con los municipios y el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, para destinar recursos de sus presupuestos públicos con la finalidad de hacer sinergia con los apoyos federales y coadyuvar así con el desarrollo del capital físico, humano y tecnológico, impulsar la comercialización y la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a los diputados Jesús Serrano Lora, de Morena; Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México; y Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Gina Andrea Cruz Blackledge, y suscrito por diputados del Partido Acción Nacional, por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, sobre el blanqueo de capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, senadores y miembros de la delegación de evaluación para revisar la Agenda de Prevención de Lavado de Dinero desde la perspectiva del Poder Legislativo. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados Juan Romero Tenorio, de Morena, quien presenta propuesta de modificación, y no se acepta por la proponente; Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; y Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Desde su curul realiza moción de procedimientos la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política, en relación de cambios de integrantes y de juntas directivas. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se recibe oficio del diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco, del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el Cuarto Distrito Electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha, llámese al suplente. En votación económica se aprueba.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Energía, por el que se reforma la fracción primera del artículo tercero de la Ley de Transición Energética.

b) De Cultura y Cinematografía, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a las Comisiones de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, y de Justicia, la parte que le corresponde, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo trescientos cuatro del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cincuenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Clemente Castañeda Hoeflich, e integrantes de Movimiento Ciudadano, que deroga la fracción tercera del artículo doscientos cincuenta y seis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

• Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos segundo, y veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo primero de la Ley General de Victimas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el artículo ciento siete de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Apoyo, Fomento e Impulso de la Artesanía Mexicana. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que se emprendan las acciones correspondientes a fin de garantizar a los usuarios del estado de Durango, el cobro por el suministro de energía eléctrica conforme al consumo realizado. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Congreso del estado de Guerrero, para que inicie el juicio de procedencia para desaforar al diputado Saúl Beltrán Orozco, por los hechos delictivos que le imputa el Ministerio Público. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a Pemex y al Sindicato Nacional de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, Sección veintidós de Agua Dulce, Veracruz, para que respeten lo establecido en las cláusulas cuarta y sexta del Contrato Colectivo de Trabajo, de manera que se garantice el respeto de igualdad y no discriminación en el otorgamiento de contratos de trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobierno de Veracruz, a que dé solución a la problemática de los contratos y claves de descuento vigentes o canceladas de empresas que otorgan créditos vía nómina a empleados de entidades y dependencias de esa administración estatal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Abdíes Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, a emitir un acuerdo para dejar sin efecto el diverso por el que se constituyen las Comisiones Especiales de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, y diversos integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno Municipal de Guadalajara, para que, a través de las áreas correspondientes, adopte medidas concretas, adecuadas y efectivas para investigar y, en su caso, sancionar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra la periodista Martha Hernández Fuentes, del Diario NTR Guadalajara, así como para garantizar la reparación integral del daño ocasionado, la no repetición del acto y que este caso no quede impune. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno de la República, para que a través de diversas dependencias, rindan informes pormenorizados ante la opinión pública, sobre las acciones emprendidas relativas al conflicto laboral de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a distintas instancias, a actuar por la defensa de la vaquita marina y a hacer pública la información con respecto a las partidas presupuestarias sobre el tema. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso de las inhumaciones clandestinas realizadas por la Fiscalía General del estado de Morelos, en un predio utilizado como cementerio clandestino en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, relativo a las mejoras de operación de los hospitales pediátricos en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, y diversos integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobiernos municipales, para que se promueva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los programas de la administración pública municipal, específicamente en sus presupuestos de egresos e ingresos. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que verifique los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan a la brevedad. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas, a establecer las medidas necesarias para garantizar el abasto de medicamentos en todas las unidades dependientes de la Secretaría de Salud del Estado. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para efectuar las funciones de protección y conservación del jaguar, especie en peligro de extinción. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, y diversos integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a implementar todas las medidas a su alcance para la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas migrantes mexicanas en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y a la Secretaría de Educación del estado de Yucatán, para que en el ámbito de sus atribuciones, expliquen el porqué del atraso en el pago del concepto de compensación en la nómina de los trabajadores administrativos federales y estatales y lo restituyan en breve tiempo a fin de respetar sus derechos adquiridos y para que se transparenten los recursos destinados a la nómina educativa del estado. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la conformación de nuevas rutas de mercado en otros países, en apoyo a la promoción del libre comercio y del fortalecimiento de las principales áreas competitivas y productivas del país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a iniciar un procedimiento de auditoría al Gobierno del estado de Chiapas, por el incumplimiento en hospitales, clínicas y centros de salud en dicha entidad, así como por las denuncias de malversación de los fondos de jubilación, vivienda y demás prestaciones laborales de trabajadores del Sector Salud en la entidad. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se garantice la ampliación de protección a migrantes y sus familias en Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Comisión Nacional de Gobernadores, se evalúe la posibilidad de crear un fondo especial que sirva de apoyo a favor del estado de Tabasco y los estados denominados petroleros que se encuentran en grave crisis económica, con la aportación de diez centavos provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios estatal por cada litro de combustibles vendidos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Modesta Fuentes Alonso, Sandra Luz Falcón Venegas, Alicia Barrientos Pantoja, Magdalena Moreno Vega, y Miguel Alva y Alva, de Morena, por el que se condena la firma del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, de la orden ejecutiva sobre “seguridad fronteriza e inmigración, y la aplicación de mejoras”, por la violación masiva de los derechos humanos a inmigrantes indocumentados, y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, acuda ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y ante el Consejo General de la Organización de los Estados Americanos y haga entrega de notas diplomáticas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones tendientes a la conservación y preservación de la vaquita marina. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para frenar y eliminar los aumentos en el precio de los combustibles fósiles programados para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, relativo a los recursos que se generen por la aplicación del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al estado de Guerrero, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública centralizada estatal, formalice el contrato del fideicomiso irrevocable que se denominará “Fondo de atención a niños hijos de víctimas de la lucha contra el crimen”. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con cuarenta minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a esa Mesa Directiva, sea retirada la siguiente iniciativa, presentada el pasado 5 de enero 2017 y turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del GPPVEM.»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido Diputado Presidente:

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, envío el presente aviso de retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, misma que fue presentada, por un servidor, en el pleno el 29 de septiembre de 2016 y turnada para dictamen a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Por lo anterior solicito, atentamente, se realicé el trámite al proceso legislativo que corresponda en sus términos.

Sin otro particular quedo de usted, agradeciendo la atención al presente.

Atentamente

Palacio Legislativo, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva este conducto para enviarle un cordial saludo y asimismo, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, me permito solicitarle a usted retire la iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentada el 4 de noviembre de 2016 en el pleno de la Cámara de Diputados y turnada con esa misma fecha a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

Sin otro particular me despido de usted, quedando como su atento y seguro servidor.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DGGR/DGAC/ 197/2017 el maestro Jonnathan Josué Serrano Venancio, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad de Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, envía el informe detallado de los recursos ejercidos y comprometidos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2016, correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2016, del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y los recursos disponibles.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Artículo Décimo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al artículo décimo quinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2010. Asimismo, como es de su conocimiento el 27 de mayo de 2011, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2186.- Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, en la cual se adoptó el acuerdo F2186/CT/EXT/11/2.3, el cual señala que:

Con el propósito de que se rinda el informe correspondiente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo transitorio decimoquinto, último párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se acuerda que el Banco Nacional de Obras y Servicios Púbicos Sociedad Nacional de Crédito presentara a la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación, información sobre la gestión realizada por las entidades federativas en relación al fideicomiso 2186; así mismo el Fiduciario presentará de manera trimestral un informe sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y compromisos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de entidades Federativas y las disponibilidades que se registren al trimestre que corresponda”.

Derivado de lo anterior, comunicamos atentamente a Usted que se recibió en esta Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) el siguiente oficio:

• DGAF/DAEF/ 153000/006/2017, de fecha 23 de enero de 2017, por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, el cual hace referencia al informe detallado de los recursos ejercidos y comprometidos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2016, correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2016, del presupuesto del fondo de Reconstrucción y entidades federativas y los recursos disponibles.

Sobre el particular, y en cumplimiento al acuerdo referido, esta DGGR envía a usted copia del informe, a fin de que por su amable conducto sea remitido a la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión dando cabal cumplimiento con lo dispuesto en el artículo transitorio antes mencionado.

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.— Jonnathan Josué Serrano Venancio (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Jonnathan Josué Serrano Venancio, Director General Adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad de Gestión de Riesgos. Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de. Gobernación.— Presente.

En atención al acuerdo F2186/CT/ EXT/1l/2.3., adoptado en la segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2186.- Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, se acompaña informe sobre la situación del programa de financiamiento a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de mérito, con datos correspondientes al tercero y cuarto trimestre de 2016, así como de la situación del patrimonio del fideicomiso que nos ocupa al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2016.

Aprovechamos la ocasión para enviarle cordiales saludos.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de enero de 2017.— Licenciado Alejandro Busto Rodríguez (rúbrica), Director de Administración Fiduciaria; Francisco Silva Licea (rúbrica), Director de Financiamiento Zona Norte y Occidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:·«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-1369 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número B00.00.01.-041 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a atender y, remediar el problema de la contaminación radiactiva presentada en el pozo que surte agua al poblado de La Cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Comisión Nacional del Agua.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/ 311/2499/16, dirigido al Mtro. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre el Punto de Acuerdo en el que exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la Comisión Nacional del Agua, para que se atienda y remedie el problema de la contaminación radioactiva presentada en el pozo que surte de agua al poblado die La cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Con fundamento en el Artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por la Subdirección General Técnica y por la Subdirección General de Agua Potable Drenaje y Saneamiento.Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Comisión Nacional del Agua.

Ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Dirección General.— Presente.

Hago referencia al memorando número B00.00.01.-031, de fecha 16 de los corrientes, relativo al oficio número SELAP/UEL/ 311/2499/16 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación (Segob), por cuyo medio se hace llegar al subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a que se instruya a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que se atienda y remedie el problema de la contaminación radiactiva presentada en el pozo que surte de agua al poblado de la Cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Al respecto, la comisión Nacional del Agua ha estado atenta de la problemática de calidad del agua del pozo La Cantera, y ha actuado en consecuencia conforme a sus atribuciones. Así, el 16 de diciembre de 2015, coordinadamente con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Salud, realizó un monitoreo de la calidad el agua suministrada a la población de La Cantera y La Huerta, municipio de San José Iturbide, Guanajuato, para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, y ninguno de los resultados analíticos de radiactividad rebasó los límites establecidos por la norma. No obstante, con la finalidad de eliminar cualquier duda, la Conagua, la Cofepris y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) acordaron llevar a cabo, de manera conjunta, un monitores adicional de la calidad del agua del pozo La Cantera, el cual se realizó el 1 de abril de 2016, habiéndose tomado cinco muestras en horarios diferentes y el volumen respectivo dividido en tres partes, para su procesamiento en el laboratorio de cada una de dichas Instituciones.

Ninguno de los resultados de radiactividad obtenidos rebasó los límites establecidos por la norma.

Cabe mencionar que, adicional a estos monitoreos mencionados, también el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, contrató por su parte el estudio analítico de la calidad del agua del pozo La Cantera con dos laboratorios diferentes, cuyos muestreos se realizaron el 28 de septiembre y 30 de octubre de 2015. Ninguno de los resultados analíticos de radiactividad obtenidos rebasó los límites establecidos por la norma.

Como conclusión, con base en los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio realizados, se ha comprobado que el agua que se abastece del pozo La Cantera a la población del Municipio de San José Iturbide, Guanajuato, cumple con los límites máximos permisibles de radiactividad alfa y beta establecidos por la modificación a la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Ingeniero Francisco José Muñiz Pereyra (rúbrica). subdirector general.»

«Comisión Nacional del Agua.

Maestra en ingeniería Liliana Marrufo Vázquez, coordinadora de asesoras adjunto de la Dirección General.— Presente.

Me refiero a su memorando número B00.00.01.026, de fecha 16 de enero de 2017, en el que informa que mediante oficio SELAP/UEL/ 311/2499/16, la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Segob, hizo del conocimiento al director general, el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Semarnat a que instruya a la Comisión Nacional del Agua para que atienda y remedie el problema de la contaminación radiactiva presentada en el pozo que surte al poblado La Cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato, y solicita elaborar una nota sobre el asunto.

Al respecto, adjunto envío la nota técnica solicitada.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Ingeniero Enrique Mejía Maravilla (rúbrica), gerente.»

« Nota informativa

Asunto: Punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que instruya a la Comisión Nacional del Agua, para que se atienda y remedie el problema de la contaminación radioactiva presentada en el pozo que surte de agua al poblado de la Cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la Comisión Nacional del Agua, para que se atienda y remedie el problema de la contaminación radiactiva presentada en el pozo que surte de agua al poblado de La Cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Antecedentes

En septiembre de 2015, la Asociación Civil Mayoye Ángeles Guerreros solicitó al municipio de San José Iturbide acceso al pozo denominado “La Cantera”, que abastece a la población de San José Iturbide, Guanajuato, par que investigadores de la UNAM y personal del laboratorio denominado “Microanálisis” tomaran una muestra de agua.

Posteriormente a través de medios informativos y declaraciones de la citada Asociación, se difundió la noticia de la posible presencia de radiación (alfa beta) “300 por ciento” por encima de los límites establecidos para el consumo humano establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 (Modificación 2000) (NOM)”.

Con objeto de verificar la veracidad de las declaraciones la autoridad municipal contrató a los laboratorios Ingeniería y Estudios Ambientales, SA DC, (Inesa) ya ASC Analitic, para que analizarán el agua del pozo en cuestión.

Resultado de los análisis del laboratorio contratado por el municipio

Se analizaron todos los parámetros contenidos en la NOM y para la determinación de la radioactividad el laboratorio ASC Analitic envió las muestras a un laboratorio certificado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) ubicado en Estados Unidos de América.

Ninguno de los resultados de radioactividad estuvo por arriba de los límites establecidos en la NOM

Con el mismo propósito la Comisión Nacional del Agua en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, esta última autoridad responsable de la verificación de la calidad del agua que reciben los usuarios, acordaron que se realizara un monitoreo a través de sus laboratorios, para verificar si el agua de uso y consumo humano suministrada al Municipio de San José Iturbide, Guanajuato, incluidas las comunidades de La Cantera y La Huerta, cumplía con los límites establecidos en la NOM.

El miércoles 16 de diciembre de 2015 se realizó el monitoreo y las muestras fueron enviadas a su Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) ubicado en Veracruz.

Ninguno de los resultados de radioactividad estuvo por arriba de los límites establecidos en la NOM

Respecto a la muestra que supuestamente pertenece al pozo La Cantera que el laboratorio Microanálisis y los investigadores de la UNAM enviaron al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), y cuyo resultado han publicitado estar por arriba de la norma, en opinión del propio ININ, fue que estas declaraciones carecen del sustento científico necesario, ya que no se puede asegurar con un solo resultado y el desconocimiento de los protocolos de resguarde de la muestra, garantizar un resultado confiable.

No obstante, con el propósito de eliminar cualquier duda, la Conagua, la Cofepris y el ININ acordaron realizar un monitoreo adicional en forma conjunta.

El muestreo se llevó a cabo el viernes 1 de abril de 2016 y consistió en la obtención de cinco muestras, tomadas en los siguientes horarios: 09:25, 10:25, 12:00, 15:00 y 17:30 horas. El volumen de agua obtenido fue dividido, en cada horario, en tres partes con el propósito de que fueran analizadas por cada laboratorio.

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos en el pozo La Cantera por parte de:

Cofepris

Ninguno de los resultados de radioactividad estuvo por arriba de los límites establecidos en la NOM

Para dar a conocer a la opinión pública sobre este asunto, en abril de 2016 la Conagua, la Cofepris y el ININ celebraron una rueda con la prensa con diversos medios periodísticos, en ella las tres instituciones con los resultados de las pruebas de laboratorio afirmaron que el agua que consumen los habitantes del municipio de San José Iturbide, Guanajuato, incluyendo los de las comunidades La Cantera y La Huerta, cumple los parámetros establecidos en la NOM.

La Cofepris aseguró que no hay relación entre las muertes de tres menores y dos adultos por leucemia linfoblástica aguda y el consumo el líquido.

El ININ apuntó que con respecto a la muestra que supuestamente pertenecen al pozo en cuestión que el Laboratorio Microanálisis envió a su laboratorio, y cuyo resultado han publicitado estar por arriba de la norma, en su opinión estas declaraciones carecen del sustento científico necesario, ya que no se puede asegurar con un solo resultado y desconocimiento de los protocolos de resguardo de la muestra, garantizar un resultado confiable.

La Conagua con respecto del basurero en desuso, situado a 20 metros de la fuente de agua, señaló que se hizo un reconocimiento en los alrededores y sólo se encontraron escombros para emparejar la vía de acceso. No hay referencias de hecho ni de palabra de desechos nucleares.

Conclusión

Con base en los resultados de los análisis de laboratorio y de información epidemiológica, se concluye lo siguiente:

El agua de uso y consumo humano abastecida a través de la red de abastecimiento pública en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato proveniente de1 pozo La Cantera cumple con los límites máximos permisibles de radiación alfa y beta establecidos dentro de la modificación de 2000 de la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:·«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-1505 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número H00-DG/0195/2017 suscrito por el doctor Carlos Miguel Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a compartir las causas que están provocando sismos en el estado de Nuevo León.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio SELAP/UEL/311/2551/2016 del 21 de diciembre de 2016, a través del cual remite a este centro nacional copia del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada en esa misma fecha consistente en: “ Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Centro Nacional de Prevención de Desastres y/o al Servicio Sismológico Nacional, a compartir las causas que están provocando sismos en el estado de Nuevo León, esclareciendo si los mismos tienen origen en las actividades de exploración, extracción o disposición de residuos de la industria de explotación de hidrocarburos”.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el área en la que se concentra la actividad sísmica en el estado de Nuevo León, se ubica en la zona de transición entre las provincias geológicas Sierra Madre Oriental y Llanura Costera del Golfo Norte, donde se localiza la cuenca de Burgos (Servicio Sismológico Nacional, 2014-SSN). Algunos autores refieren la actividad sísmica del noreste de México con base en rasgos estructurales (lineamiento y fallas corticales con dirección norte-noroeste) que han sido identificadas de la siguiente manera (Montalvo el al, 2008):

1) La falla La Babia (incluye el lineamiento Sabina-Boquillas y la falla de Sabina), la cual cruza desde el norte de Coahuila.

2) En la parte central de Coahuila, está definida la falla de San Marcos o el lineamiento Sierra Mojada-China (existe dos lineamientos relacionados con esta falla, el lineamiento Caltam y la falla de Monclova), y

3) La existencia de un gran sistema lateral izquierdo en el norte de México: zona de falla Saltillo­Torreón, la falla Torreón-Monterrey y la megafalla de la Mojave-Sonora (MSM).

En principio, la sismicidad que se ha presentado en esta región puede estar relacionada con el sistema de fallas antes descrito, que se muestra en la figura 1:

De acuerdo a la regionalización sísmica establecida en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (MDOC CFE, 2015), el estado de Nuevo León se encuentra en la zona A (figura 2), región donde la sismicidad no es nula y, en términos generales, se pueden esperar aceleraciones del suelo menores a 10 por ciento del valor de la gravedad terrestre (981 cmls2) a causa de temblores, es decir, niveles de movimiento del terreno que no provocan un daño generalizado en las construcciones. Estudios recientes muestran que hay evidencia actual e histórica de actividad sísmica, por lo que esta región del país se puede considerar como de baja sismicidad y caracterizada por la ausencia de movimientos de gran magnitud (M>7), (Montalvo et al., 2008).

En la sismicidad histórica de la región destacan las siguientes descripciones de eventos sísmicos (Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, 2014):

• El 30 de agosto de 1838, se presentó un sismo con duración de uno o dos segundos que fue sentido en la Villa de Santiago y Montemorelos;

• El 26 de abril de 1850, en el municipio de la Concepción, hubo un temblor que aunque infundió gran temor, no ocasionó desgracia alguna en la población; el sismo duró de tres a cuatro segundos, su oscilación fue de norte a sur, acompañado de un trueno subterráneo de una violencia extraordinaria;

• El 19 de mayo de 1869, se sintió un terremoto en la ciudad de Linares que duró dos segundos con oscilaciones de norte a sur oyéndose al mismo tiempo fuertes detonaciones subterráneas;

• El 7 de enero de 1880, se sintió un sismo en las inmediaciones del municipio Doctor Arroyo, el cual causó asombro entre la población por el acontecimiento, así como afectaciones en algunos edificios, sin desgracias que lamentar, y

• El 24 de octubre de 1909, se percibió un sismo en Linares y Montemorelos, el cual fue catalogado como oscilatorio de intensidad fuerte y acompañado de ruidos subterráneos.

En años recientes y con la ampliación de la red sísmica del SSN, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ha sido posible monitorear de mejor manera la actividad sísmica de la región. De 2006 a la fecha se han reportado 311 eventos en la zona, con magnitudes entre 1.9 y 4.5. El evento con mayor magnitud fue de 4.5, del 26 de noviembre de 2013, 77 kilómetros (km) al este de Cadereyta Jiménez, con profundidad de 15 km. Cabe señalar que para este sismo, la profundidad focal queda fuera del rango característico asociado a la técnica de fracturamiento hidráulico (3 a 5 km).

Las localizaciones reportadas por el SSN muestran que la sismicidad se concentra a profundidades de 1 a 84 km, entre los municipios de Cadereyta, Montemorelos y Linares (figura 3). En esta figura, los círculos rojos indican las localizaciones del SSN, mientras que los triángulos, en color amarillo, la ubicación de las estaciones LNIG y MNIG en terrenos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Además, se muestra el mecanismo focal propuesto por el SSN, para el sismo del 18 de marzo de 2014 (Mw 4.2).

Finalmente, con el propósito de determinar si se está realizando fracturamiento hidráulico, el Cenapred recomienda solicitar a Petróleos Mexicanos la información de los desarrollos petroleros en la región en los que se esté utilizando la técnica de fracturamiento hidráulico (fracking), para la extracción de hidrocarburos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Doctor Carlos Miguel Valdés González (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:·«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-1524 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/ DV/0074/ 2017 suscrito por el doctor Eduardo Martínez Altamirano, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI), por parte de los servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e imparticiól1 de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Doctor Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número DGPL 63-II-3-1524 el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la la Unión, comunica a esta Secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el jueves 15 de diciembre último, que a continuación transcribo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a las y los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad LGBTTTI, por parte de los servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano.

Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 9 de enero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

En atención al contenido del oficio SELAP/ 300/ 045/17, por el que se comunica a esta procuraduría el punto de acuerdo, aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el jueves 15 de diciembre de 2016, que en su parte resolutiva señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a la y los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad LGBTTTI, por parte de los servidores público~¡ de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano.”

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, me permito informar a usted que el mencionado exhorto, fue turnado a las Subprocuradurías de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Especializada en Investigación de Delitos Federales; Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; y Jurídica y de Asuntos Internacionales, así como de la Oficialía Mayor de esta Institución, para su conocimiento y los efectos que resulten procedentes.

Sobre el particular, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a través de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, comunicó a esta área a mi cargo que:

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que el 26 de junio de 2015, la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Extracto del Protocolo de actuación para el personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, el cual tiene como objetivo general, establecer las reglas que deben cumplir las servidoras y los servidores públicos de la institución que intervengan en la investigación y la persecución de los delitos relacionados con personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex.

Cabe precisar que la versión íntegra del protocolo que nos ocupa, puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:

http://archivo.pgr.gob.mx/normatec/Documentos/ protocolo%20de%20actuacion%20lgbti.pdf

Asimismo, el Extracto puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codigo= 5398453&fecha=26/06/2015&print=true

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Doctor Eduardo Martínez Altamirano (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Protocolo de actuación para el personal de la Procuraduría General de la Repúbllca en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

Presentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ha incorporado a su texto los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México es parte. Dentro de las normas que rigen los tratados está contenida la obligación contraída por el Estado mexicano de respetar y garantizar los derechos humanos, así como de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivos los contenidos en las normas internacionales de carácter convencional (artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ar1ículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), así como 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

De acuerdo con el deber de salvaguardar los derechos previstos en los tratados internacionales, los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad garantizar una efectiva procuración de justicia, en tanto derecho de acceso al tribunal en materia penal, están obligados a desarrollar criterios normativos sin excluir a ninguna persona de los deberes de objetividad y diligencia debida, confom1e a los principios que rigen el debido proceso legal, de conformidad con la legislación procesal penal aplicable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en la resolución del expediente Varios 912 de 2010 y en la Contradicción de Tesis, 293 de 2011, que de acuerdo al artículo 10 de la CPEUM, las normas protectoras de derechos humanos contenidas en ella y en los tratados internacionales conforman un espacio interpretativo que da como resultado la constante aplicación de la ley que más favorezca a la persona, en el que la ley puede ser de fuente nacional o internacional. La SCJN también dispuso que la jurisprudencia de los tribunales mexicanos y la que se origina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son igualmente vinculantes bajo el principio constitucional de que en cada caso de conflicto normativo prevalecerá la doctrina que favorezca en todo tiempo a la persona mediante la protección más amplia.

En virtud de lo anterior, las normas provenientes de tratados, al igual que las normas constitucionales deben ser aplicadas mediante un control de constitucionalidad y convencionalidad con los alcances que la SCJN prevé en su jurisprudencia, respecto de actividades de can~cter administrativo, en el sentido de que éstas no pueden inaplicar normas.

La discriminación producida por la orientación sexual y la identidad de género forma parte de los prejuicios que deben combatirse en una sociedad democrática, con la finalidad de evitar violaciones a los derechos y a la igualdad ante la ley, los cuales integran los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o., último párrafo, de la CPEUM; 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como parte de los desarrollos argumentativos del derecho internacional y debido a su especialidad, son invocables los principios de Yogyakarta, los cuales tienen por objeto la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, principios que conforme a la SCJN, si bien, no son un documento vinculante en sí mismo, sí desarrollan el principio de igualdad y no discriminación, el cual es uno de los fundamentos de nuestro orden jurídico.

En el texto constitucional se encuentra expresamente prohibida la discriminación motivada por las preferencias sexuales y está ordenado a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos establecen los derechos específicos de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans e intersex (en adelante LGBTI) como derechos que deben ser garantizados en la procuración de justicia.

En México existen expresiones de violencia en contra de las personas de la comunidad LGBTI por el sólo hecho de pertenecer a esa comunidad, llegando incluso a convertirse, en muchos casos, en actos delictivos, de exclusión y represión contra las personas que ostentan una identidad de género distinta a la comúnmente aceptada, lo que provoca una afectación muy grave al libre desarrollo de la personalidad.

En virtud de todo lo anterior, la procuración de justicia de un Estado democrático de derecho debe tomar en cuenta los estudios y análisis contenidos en los informes especializados, como el que presentó el Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominado Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, y a los estudios y resoluciones elaborados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cumplimiento de la resolución AG/HES.2653 (XLI-0/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, aprobada el 7 de junio de 2011; la resolución AG/RES.2435 (XXXVIII-O/08), Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, aprobada el 3 de junio de 2008, resolución AG/RES.2504 (XXXIX-O/09), y la resolución Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, aprobada el 4 de junio de 2009, ya que en todas ellas se expresa la preocupación de la comunidad jurídica internacional ante la violencia en contra de las personas, motivada por la orientación sexual o la identidad de género y porque se reafirman en su contenido las diferentes categorías del lenguaje con el que se nombra adecuadamente a las personas de la comunidad LGBTI y a los procesos de discriminación y de odio que deben ser tomados en cuenta por las autoridades que intervienen en la procuración de justicia, para garantizar un trato igual a todas las personas, teniendo en cuenta las diferencias entre los seres humanos que tienen como origen la diversidad sexual.

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 establece como objetivos, entre otros, garantizar el ejercicio y goce de estos derechos, asegurar su enfoque en la gestión de la administración pública federal y responder a las problemáticas de derechos fundamentales de personas y grupos específicos.

En el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, se establecen medidas para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que deben implementar todas las instancias de la Administración Pública Federal.

Este Protocolo es el resultado de un trabajo conjunto entre la Coordinación General del Circuito de la Diversidad Sexual, conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos LGBT, y esta Procuraduría General de la República.

En congruencia con todo lo anterior, se emite el siguiente:

Protocolo

Marco jurídico

A continuación, se citan de manera enunciativa y no limitativa, algunas normas que conforman la base de los derechos fundamentales materia de protección en el presente protocolo, lo cual no impide en modo alguno que la actuación de los servidores públicos se pueda regir por otros preceptos contenidos tanto en normas convencionales e imperativas categóricas, independientemente de su fuente formal y normas de derecho derivado, como las producidas mediante resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

La comprensión de unidad que caracteriza al marco jurídico de los derechos humanos, bajo las ideas de bloque de constitucionalidad o de regularidad constitucional, ayuda a entender el uso de las fuentes jurídicas, ya sea que se generen en procesos legislativos o que se reconozcan en la interpretación jurisprudencial.

Normas que presiden las cartas de derechos humanos: universal y americana

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Normas de origen convencional

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

• Convención sobre los Derechos del Niño.

• Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará.

Criterios no vinculantes que expresan el desarrollo de un derecho específico

• Los Principios de Yogyakarta.

Normas de carácter nacional

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

• Ley General de Víctimas.

• Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

• Código de Conducta de la Procuraduría General de la República.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Objetivos

Establecer las reglas que deben cumplir las servidoras y los servidores públicos de la PGR que intervengan en la investigación y la persecución de los delitos relacionados con personas de la comunidad LGBTI.

Poner en práctica acciones positivas con base en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.

Brindar atención a las víctimas de la comunidad LGBTI que sufran afectaciones a la integridad física y emocional como resultado de la violencia delictiva, en virtud de su género y orientación sexual.

Principios orientadores

• De equidad: Las personas LGBTI, deben gozar de los mismos derechos y oportunidades que las demás y corre a cargo del Estado en todos sus niveles su protección debida.

• Del libre desarrollo de la personalidad: Todas las personas tienen derecho a ser protegidas en razón de la orientación sexual e identidad de género, frente a procesos históricos culturales expresados en normas jurídicas, costumbres u otras normas sociales o convencionales, así como en prácticas culturales contrarias al reconocimiento y protección de la diversidad en la materia, en virtud de lo cual las categorías LGBTI señaladas tienen relevancia jurídica para combatir el derecho a la no discriminación.

• De no discriminación: De acuerdo con este principio ninguna persona por razones de orientación sexual o identidad de género puede ser sometida a un trato igual o desigual que no esté basado en una distinción razonable y objetiva, de tal manera que la igualdad exige un trato igual en supuestos de hecho equivalentes y un trato desigual en supuestos de hecho distintos, salvo que existan fundamentos objetivos y razonables para actuar de forma contraria.

• De no revictimización: Debe evitarse la violencia institucional, entendida como cualquier conducta cometida por servidoras o servidores públicos que atente contra la integridad física o emociona I de las víctimas o posibles víctimas. En caso de registrarse un evento de esta naturaleza, el superior jerárquico deberá hacer la notificación correspondiente a la instancia competente, para su investigación y en su caso sanción.

• De protección integral a los derechos: Las víctimas o posibles víctimas, tienen derecho a recibir los servicios que requieran por las unidades administrativas e instancias especializadas, del acuerdo a sus necesidades concretas, asimismo deberán decretar a su favor las medidas de protección para salvaguardar su integridad, así como la de sus familiares.

• De reserva de identidad: Las servidoras y servidores públicos que intervengan en las diligencias, se abstendrán de divulgar la identidad o datos personales de las personas LGBTI involucradas, en términos de lo establecido por la legislación aplicable.

• De titularidad de derechos: Las personas de la comunidad LGBTI son titulares y sujetos plenos de todos los derechos humanos.

Glosario básico

Para los efectos del siguiente protocolo de actuación se entenderá por:

Sexo: Se refiere a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) a partir de las cuales las personas son clasificadas al nacer. Hay personas cuyos cuerpos presentan factores que hacen que su configuración genética, gonádica, morfológica u hormonal difiera de lo que culturalmente suele entenderse estrictamente como el sexo masculino o el sexo femenino. Estas personas son llamadas intersex.

Diversidad sexual: Está caracterizada por la pluralidad, singularidad y las diferencias en la definición de las identidades sexuales de las personas en el marco de los derechos humanos y los principios constitucionales. De acuerdo con la Guía para la acción pública contra la Homofobia publicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la diversidad sexual, se refiere a todas las posibilidades de asumir y vivir la sexualidad, distintas en cada cultura y persona, la práctica, la orientación y la identidad sexo genéricas. Suele referirse a prácticas o identidades no heterosexuales. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de los otros.

Orientación sexual: De acuerdo con los Principios de Yogyakarta es “la capacidad de cada persona, de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. Se reconocen tres tipos de orientaciones sexuales:

• Heterosexualidad. Cuando la atracción es por personas al sexo distinto al propio.

• Homosexualidad. Cuando la atracción es por personas del mismo sexo.

• Bisexualidlad. Cuando la atracción es por hombres y mujeres por igual.

Género: Se refiere a las características que social, cultural, histórica o geográficamente se les han asignado a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, estándares en cuanto al vestido, actitudes y funciones que culturalmente se atribuyen a hombres y a mujeres (falda-pantalón, empleo-hogar, fuerza-debilidad, racionalidad-emotividad, etcétera).

Expresión de género: De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es “la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina, conforme a los patrones considerados propios de cada género por una sociedad determinada en un momento histórico determinado”.

Identidad de género: La vivencia personal e interna d~1 género, tal y como lo percibe la persona, esto es, si la persona se asume femenino o masculino, independientemente de su sexo. A las personas cuya identidad de género no concuerda con la que se le asignó al nacer, se les llama trans.

LGBTI: Personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex:

• Persona lesbiana: Persona que se relaciona erótico-afectiva-amorosa vitalmente con mujeres. Se utiliza como sinónimo de la identidad de las mujeres homosexuales. Es una construcción de la identidad y resulta también una manera de autodenominación.

• Persona gay: Persona que siente atracción por personas de su mismo género y que es capaz de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Se utiliza como sinónimo de la identidad de los hombres homosexuales, aunque algunas mujeres también lo utilizan. Es una construcción de identidad y resulta también una manera de autodenominación.

• Persona bisexual: Persona capaz de sentirse atraída por personas del mismo género y por personas del género distinto al propio y de mantener relaciones sexuales e íntimas con ellas.

• Persona transexual: Persona que siente que no pertenece al sexo que se le asignó al nacer. La condición de ser transexual no depende de si se realiza o no la reasignación sexo-genérica.

• Persona Intersex: Presencia en la anatomía de una persona de órganos sexuales que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son difíciles de definir o resultan ambiguas desde la lógica que reconoce sólo dos sexos.

Homofobia: Es el rechazo, la repulsa, la aversión, la discriminación hacia las personas por motivos de su orientación sexual e identidad de género, que puede expresarse de diversas maneras, incluyendo las que pueden afectar o afectan la integridad física, cuya manifestación extrema es el homicidio, aunque también se refleja repudiando expresiones, apariencias, modales, prácticas o vestimentas distintas a las de personas heterosexuales.

Alcance jurídico del protocolo

El presente protocolo es de observancia obligatoria para todas las servidoras y servidores públicos de la PGR que intervengan en la investigación y la persecución de los delitos en los que con cualquier carácter participen personas de la comunidad LGBTI.

Ámbito de aplicación del protocolo

El protocolo se aplicará respecto de personas imputadas, víctimas directas e indirectas, víctimas potenciales o que con cualquier otro carácter intervengan y pertenezcan a la comunidad LGBTI.

La procuración de justicia es una función constitucional del Estado y a su vez es un derecho de acceso a la justicia y le corresponde ejercerla como función y garantizarla como derecho al Ministerio Público de la federación que está conformado por agentes del Ministerio Público, funcionarios de policía y peritos. Intervienen también funcionarios que tienen a su cargo dar cumplimiento a los derechos de las víctimas del delito (artículos 1, 2, 3, y 4, A, B y los incisos del a) a 1), 5, fracción XVI, incisos a), y c) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Roles de quienes intervienen en la investigación

• Agentes del Ministerio Público de la federación: Planear y conducir las investigaciones a su cargo que tengan por objeto casos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI conforme a los principios del proceso penal y mediante la obtención de elementos de prueba y su debido control para que sean eficaces para establecer los hechos e imputar las conductas ante los jueces, con base en los artículos 4 y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los términos de las facultades previstas tanto en el Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), como en el CNPP, según aplique.

• Agentes de la Policía Federal Ministerial: Participar en la investigación de los delitos de conformidad con la CPEUM y lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable.

• Policía Federal: Participar en la investigación de los delitos de conformidad con la CPEUM y lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable.

• Peritos: Les corresponde dictaminar sobre todo aquello que requiera un conocimiento especializado y que forme parte de la investigación, su actuación exige la aplicación del conocimiento especializado respecto de la pericia que se le solicita. En sus actos, los peritos deberán razonar sus opiniones y además las fundamentarán en la literatura especializada al respecto, llevarán a cabo un debate y podrán sugerir otras pericias, en todo caso deberán ser llamados en la etapa de investigación y en la jurisdiccional a proporcionar su punto de vista y particularmente en la etapa jurisdiccional comparecerán en una audiencia en la que podrán ser interrogados por las partes y el juez. En el procedimiento acusatorio los peritos intervienen de acuerdo con las normas reglas del proceso penal, con base en los artículos 22, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica de la PGR; artículos 123 Bis, 168 Bis, 169, 170, 171, 172, 173, 181, 220 a 239 del CFPP; artículos 136, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 279 del CNPP.

Políticas

Con motivo de la presentación de denuncias que se encuentren relacionadas personas de la comunidad LGBTI en su carácter de querellantes, denunciantes, víctimas, directas o indirectas, ofendidos o probables responsables, el personal ministerial deberá tomar en cuenta con qué género se asume la persona al momento de su individualización, para que ese dato sea útil en todas las actuaciones que involucren el derecho a la intimidad. Cuando la persona se identifique con un documento que no concuerde con sus características por razones de identidad de género, se le pedirá respetuosamente que indique la identidad de género que elije. La información al respecto se mantendrá en sobre cerrado, y en su caso, se agregará al expediente del trámite que se esté realizando, toda vez que la información relativa a la identidad de género tiene carácter de confidencial.

La víctima será entrevistada tomando en cuenta que su condición de víctima le puede haber generado un sentimiento de inferioridad o humillación respecto del victimario y por tanto se deberá de alentar una descripción de los momentos anteriores al hecho delictivo, en la medida que sean relevantes, así como de éstos últimos de la manera más detallada posible.

Se tendrá debida cuenta de aquellos hechos que se refieran a la intimidad de la persona para prever su relato en una entrevista posterior, en el entendido de que puede haber circunstancias que representen un particular sufrimiento para ser reveladas debido al sentimiento de invasión a la intimidad y de humillación que puede sufrir la víctima.

Cuando de las características del hecho delictivo se desprenda una situación de riesgo para la integridad o vida de la víctima, se le explicará el derecho que tiene a ser protegida con medidas adecuadas, cuyas características .se acordarán con ella, previa información detallada acerca de los alcances de la medida, de su eficacia y de la gradualidad que se puede aplicar, debido a que ciertas acciones de protección pueden conllevar afectación a la vida privada de las personas.

Se debe de tener en cuenta para la aplicación de este protocolo que las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI han sido y pueden ser víctimas de discriminación por su orientación sexual o identidad de género, y de violencia que puede afectar su integridad física o psicológica, su vida y su libertad.

Está prohibida toda práctica discriminatoria en la investigación de los delitos y en la atención a las víctimas de la comunidad LGBTI.

En virtud de lo anterior, debe reforzarse la aplicación de los principios de las diligencias debidas en las investigaciones que registren alguna participación de personas de la comunidad LGBTI y de éstas se derive la relevancia de la ‘pertenencia a dicha comunidad, con motivo de la comisión de los delitos, de tal manera que se tenga en cuenta que existe un vínculo entre la discriminación y ciertos delitos que se cometen en contra de las personas por su orientación sexual o su identidad de género.

Será investigada y, en su caso, sancionada toda inacción de quienes tienen el deber de investigar los hechos delictivos debida a una circunstancia discriminatoria en contra de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI.

Al recabar la declaración de la víctima, se procurará en la medida de lo posible, obtener todos los datos necesarios sobre cómo acontecieron los hechos, es decir, todas las circunstancias específicas del evento delictivo, así como los datos tendentes a identificar al probable responsable, en este caso, se deberá especificar cuál fue la participación de cada persona involucrada, con la finalidad de no molestar posteriormente a la víctima con otra intervención que pueda ocasionarle una revictimización al tener que recordar nuevamente los hechos.

Se dará intervención al médico legista para que certifique el estado psicofísico de la víctima atendiendo el protocolo institucional en la materia, señalando el género con el que la persona se asume.

Previa evaluación del riesgo, el personal ministerial determinará la procedencia o no de las medidas de protección, cuando se acredite la existencia de riesgo para la vida, la integridad física, psicoemocional o los bienes de la persona agraviada.

Las diligencias debidas se garantizan de manera particularizada a casos de violencia delictiva contra personas LGBTI cuando:

• De acuerdo con el Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de Género, “la investigación penal debe agotar todos los medios legales disponibles y estar dirigida a la determinación de la verdad, la captura, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables”, como tal, la indagatoria debe estar orientada a examinar todas las líneas de investigación posibles.

- De acuerdo con el Informe Especial de la CNDH sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia, los delitos de mayor reincidencia son aquellos que conllevan afectación a la libertad como es el caso de la detención arbitraria y los atribuidos en mayor medida a particulares, dentro de los cuales están las lesiones, el homicidio y los delitos sexuales. Al respecto también consúltese el informe que preparó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominado “Leyes y Prácticas Discriminatorias y Actos de Violencia cometidos contra Personas por su Orientación Sexual e Identidad de Género, de 17 de noviembre de 2011. A/HRC/19/41”. En este tipo de delitos es fundamental que el Ministerio Público establezca mediante datos de prueba, el lugar, el tiempo y las circunstancias de la comisión del hecho delictivo.

Las diligencias debidas estarán caracterizadas por:

• Una investigación oficiosa. Cuando se trate de delitos que se persiguen de oficio (artículo 113 del CFPP y, 212 y 221 del CNPP), se debe evitar toda mala práctica que conlleve desestimar o no investigar seriamente un delito cometido en contra de personas de la comunidad LGBTI.

• La investigación debe ser oportuna, lo anterior denota (artículo 123 del CFPP y 131, fracción IV y 132, fracción VIII del CNPP) que de acuerdo con la naturaleza del hecho delictivo se debe preservar el lugar de los hechos.

• La investigación debe ser competente, es decir que la deben llevar a cabo agentes del Ministerio Público, agentes policiales y peritos debidamente acreditados en el ejercicio de sus funciones y estos deben emplear, interpretar y razonar los procedimientos de prueba adecuados según el saber científico y técnico (artículos 123, 123 Bis, 123 Ter, 123 Quáter y 123 Quintus del CFPP y, 213 y 214 del CNPP).

• La autoridad investigadora debe de actuar con independencia respecto de los poderes del Estado y también debe conducirse en la investigación con imparcialidad, de acuerdo con los artículos 2:1, párrafos primero y segundo de la CPEUM; 113 del CFPP; 128,129 y 130 del CNPP.

• La investigación debe de ser exhaustiva, y por lo tanto, debe llevarse a cabo de manera completa, sujeta a criterios de verificación, para lograr que los hechos se establezcan.

• Participación: las víctimas tienen derecho a ser consideradas en virtud de su condición de personas agraviadas y a coadyuvar en la investigación de conformidad con la legislación aplicable.

Los derechos esenciales que tienen las víctimas en la investigación, consisten en:

• La obtención por parte de la autoridad ministerial del consentimiento informado, consiste en el derecho que tienen las víctimas de aportar datos que pertenecen al ámbito de su intimidad y cuando autorizan que esos datos sean obtenidos por personas especializadas en el método y técnicas de la pericia adecuada. El consentimiento informado también abarca el derecho a una explicación comprensible de la técnica que se va a utilizar, de sus alcances probatorios y de los resultados conforme al saber científico.

• El derecho de coadyuvar de las víctimas o sus familiares en la investigación a cargo del Ministerio Público de la federación y de sus auxiliares también comprende el derecho de representación y de asistencia jurídica gratuita a cargo de un asesor asignado por el Estado a través de la asesoría jurídica federal, conforme a la legislación aplicable.

• El derecho de coadyuvancia de las víctimas comprende también el derecho de ofrecer peritos o expertos conforme la legislación aplicable.

• Las diligencias debidas también comprenden el trato adecuado y no discriminatorio a favor de las víctimas y sus familiares el cual comprende, a su vez, fundamentalmente que la autoridad ministerial y sus auxiliares reafirmen permanentemente el respeto a la dignidad de las personas en su condición de víctimas del delito y por lo tanto, no incurran en conductas que expresen exclusión o maltrato de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. La discriminación también se manifiesta si los servidores públicos no aplican todos sus conocimientos útiles en materia de investigación penal, precisamente porque las víctimas son personas que pertenecen a la comunidad LGBTI.

Procedimiento

• Se debe contar con un conocimiento actualizado de las categorías que se utilizan para nombrar personas, procesos sociales y objetos en el ámbito de la comunidad LGBTI, dado que se trata de un lenguaje especializado y útil para establecer la relación entre el derecho aplicable, los hechos y la prueba.

• Si la víctima, el imputado u otra de las personas involucradas en los hechos que se investigan, pertenecen a la comunidad LGBTI, tal circunstancia se establecerá a partir de la declaración de los intervinientes y de otros datos que permitan, en todo caso, hacer las aclaraciones y precisiones pertinentes.

• De acuerdo con los conocimientos del fenómeno victimal, materia del presente protocolo, se procederá a la preparación de las líneas de investigación; el agente del Ministerio Público de la federación deberá analizar el contexto o los diferentes contextos de la víctima, siempre y cuando las circunstancias del hecho delictivo no permitan delimitar la investigación en una de las esferas de su vida, a saber privada, pública, social y profesional.

• La certificación médica y psicológica de la víctima y otras personas que la requieran se practicará conforme al protocolo correspondiente y en la sección de la información que tiene por objeto la individualización de la persona examinada, se consignará el género con el que se asume.

• Siempre que la persona examinada solicite la aplicación de un dictamen médico y psicológico, conforme a los estándares del Protocolo de Estambul, el agente de1 Ministerio Público de la federación deberá ordenar su aplicación en los casos de posible tortura conforme a los criterios del mismo protocolo y en acatamiel1to a los criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la federación.

• El Ministerio Público de la Federación ordenará la práctica de diligencias pericia les que el caso requiera.

Actuación del personal de auxilio a víctimas del delito

1. El personal del sistema de auxilio a víctimas que intervenga en la atención de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, debe tener conocimientos y experiencia en el trato con víctimas de delitos de discriminación y violencia. También debe tener experiencia en las técnicas de contención de personas en crisis.

2. La atención a las víctimas de delitos de discriminación deberá prestarse conforme a los principios éticos de toda profesión, los cuales incluirán las técnicas para establecer un trato respetuoso que genere una relación die confianza y empatía entre el profesional y la víctima.

Las víctimas podrán ser acompañadas por el personal de auxilio a víctimas del delito en las audiencias y otras actuaciones durante la secuela de los procedimientos penales en que deba intervenir aquella, con el fin de darles asistencia profesional en caso de ser necesario.

Órgano de supervisión

La Visitaduría General es el órgano de la PGR que tiene a su cargo la actuación de los servidores públicos conforme a los principios constitucionales de actuación y respecto de otras conductas que según sus facultades ameriten su intervención.

Capacitación

El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la PGR tiene a su cargo la impartición de los conocimientos jurídicos, éticos y técnicos dirigidos a los servidores públicos de la institución. Dentro de los contenidos que le corresponde enseñar al Instituto están los relativos al conocimiento de la comunidad LGBTI, a los procesos de violencia que existen en su contra y a los movimientos de la sociedad civil organizada que han luchado para que las normas y las prácticas de las instituciones públicas se modifiquen en beneficio de buenas prácticas al servicio de las personas que integran dicha comunidad.

Extracto del protocolo de actuación para el personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

Extracto del protocolo de actuación para el personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102. Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1. 3, 4. 5 y 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 1. 3. 4 y 12 de su Reglamento; informa que se cuenta con El protocolo de actuación para el personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, el cual tiene como objetivo general establecer las reglas que deben cumplir las servidoras y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República que intervengan en la investigación y la persecución de los delitos relacionados con personas de la comunidad lesbiana, gayo bisexual, trans e intersex.

La versión íntegra del Protocolo de Actuación para el Personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, puede consultarse en la normateca de la Procuraduría General de la República, localizable en la página de internet www.pgr.gob.mx

Notas:

1 Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involu<:ren la orientación sexual o la identidad de género. Suprema Corte de JUBticia de la Nación. Agosto de 2014. Nota número 17.

2 La resolución 046 de la SCJN del 6 de marzo de 2013 establece que las expresiones homofóbicas y discriminatorias no deben ser permitidas en aras de la libertad de expresión.

3 Tesis: 2a. LXXXIII2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, junio de 2008, página 448. Registro 169439. Principio general de igualdad. Su contenido y alcance.

México, Distrito Federal, a 24 de junio de 2015.— Eber Omar Betanzos Torres (rúbrica), subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-8-2816, signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0072/2017, suscrito por el doctor Eduardo Martínez Altamirano, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría para que agilice las averiguaciones previas que en su caso, se hayan iniciado por delitos contra la economía pública, sancionados en el artículo 253, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

En atención al contenido del oficio SELAP/300/029/17, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo, aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 5 de enero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:

“Sexto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Procuraduría General de la Republica, analice las averiguaciones previas que, en su caso, se hayan iniciado por delitos contra la economía pública, sancionados por el artículo 253, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal.” (sic)

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a través de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, comunicó a esta área a mi cargo que:

“Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que el tema de referencia fue derivado a las delegaciones de esta institución, a efecto que con base en la incidencia que prevalezca en este rubro en sus respectivas circunscripciones territoriales, se adopten las acciones que resulten procedentes para brindar la atención que amerite dicho planteamiento”. (sic)

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Doctor Eduardo Martínez Altamirano (rúbrica), Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Doctor Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número D.G.P.L.63-II-8-2816, el senador Aarón Irízar López, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día de hoy, mismo que a continuación transcribo:

“Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, convoca a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía para que, en ante el pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, expliquen las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel, en el formato ágil, que apruebe la Mesa Directiva.

”Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía de manera pormenorizada, en un término de 10 días, en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a las 83 regiones al interior de la República y las 7 de frontera norte, desglosando sus componentes. Asimismo, que la explicación se acompañe de la memoria de cálculo específica a dichos precios máximos.

”Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Energía, presente un informe detallado de las condiciones en las que se encuentra la implementación de la reforma energética y de la perspectiva de la misma durante 2017.

”Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las autoridades competentes, garantice el abasto y suministro de los combustibles en todo el país.

”Quinto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, continúe y, en su caso, fortalezca, el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación.

”Sexto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría General de la República, agilice las averiguaciones previas que, en su caso, se hayan iniciado por delitos contra la economía pública, sancionados en el artículo 253, fracción 1, inciso a), del Código Penal Federal.

”Séptimo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que haga de conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región.”

Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de enero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Mesa Directiva.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-4-1627 signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPMAR/ 030/2017 suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar los mecanismos y medidas de seguridad permanentes enfocados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan en nuestro territorio, sobre todo con motivo de las fiestas de fin de año y periodos vacacionales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención a su oficio SELAP/ 300/104/17, recibido el pasado 23 de enero de 2017, remito para los fines procedentes, copia del similar INM/CAS/ 12/2017, suscrito por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual responde el punto de acuerdo en relación a que refuerce los mecanismos y medidas de seguridad para proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros.

Con mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— (Rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Manuel García García, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

Me refiero a su oficio número SPMAR/ COORDAS/ 020/2017, por el que hace referencia al oficio SELAP/300/ 104/17, mediante el cual la Subsecretaría de Enlace legislativo y Acuerdos Políticos, remite a la SPMAR el oficio número DGPL 63-II-4-1627 signado por el senador Aarón Irízar López, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión por el que comunica a la secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo que señala:

Primero. La Comisión Permanente en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración, refuerce los mecanismos y medidas de seguridad permanentes enfocados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan cm nuestro territorio, sobre todo con motivo de las fiestas de fin de año y periodos vacacionales.

Al respecto, me permito informarle que en el marco de sus atribuciones, el Instituto Nacional de Migración coordina cada año, durante los periodos de Semana Santa, verano e invierno, la ejecución del “Programa Paisano” cuyo objetivo es el de brindar acompañamiento, atención, seguridad y protección a los derechos de los migrantes mexicanos y sus familias o acompañantes que retornan temporalmente, durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional.

Programa que se ejecuta con la participación de 21 instituciones públicas, de los gobiernos de los estados a través de 32 enlaces, observadores de la sociedad civil y las representaciones consulares ubicadas en Houston, Texas, Los Ángeles, California y Chicago, Illinois.

Durante la puesta en marcha del Operativo de Invierno 2016, que inicio el 1 de noviembre y concluyó el 8 de enero de 2017, el Programa Paisano en su conjunto otorgó un total de 2 millones 290 mil 400 atenciones a connacional que ingresaron a nuestro país; además, atendió un total de 396 peticiones de ayuda y dio seguimiento a 33 quejas.

De manera simultánea, se ejecutó el Plan Piloto denominado “Amigo Centroamericano”, brindándose información clara y oportuna a 5,025 personas migrantes extranjeras, mismo que se pretende establecer permanentemente.

No omito mencionar que en la ejecución del Programa concurren también organismos de seguridad del orden federal y de los estados y municipios.

Sin otro particular, le reitero mis permanentes atenciones.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número DGPL 63-II-4-1627 el senador Aarón Irízar López, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día de hoy, mismo que a continuación transcribo:

Primero. La Comisión Permanente en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración, refuerce los mecanismos y medidas de seguridad permanentes enfocados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan en nuestro territorio, sobre todo con motivo de las fiestas de fin de año y períodos vacacionales.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para qua través de la Comisión Nacional de Seguridad, refuerce las medidas de seguridad de manera permanente en las carreteras, fronteras, centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año y períodos vacacionales.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a agilizar los trámites y campañas de difusión para la presentación de denuncia.

Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 17 de enero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna al promovente.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-1619 signado por el senador Aarón Irizar López, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número B00.00.01.-037 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a informar sobre el seguimiento y resultados de sus investigaciones sobre los peces muertos en el río Tunal, en Durango, y elaborar un plan de acción y prevención para evitar futuros sucesos similares.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Comisión Nacional del Agua.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/ 311/133/17, dirigido al maestro Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre el punto de acuerdo en el que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que a la brevedad posible, informe sobre el seguimiento y resultados de sus investigaciones sobre peces muertos en el río Tunal, en Durango, además, que en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes elaboren un plan de acción y prevención para evitar futuros sucesos similares.

Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por la Subdirección General Técnica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Comisión Nacional del Agua.

Ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Dirección General.— Presente.

Me refiero a su Memorando número B00.00.0l.-051, del 30 de enero del 2017, en el cual solicitó una nota sobre el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dado a conocer a nuestro Director General, mediante el oficio número DGPL 63-II-6-1620, del 25 de enero de 2017, sobre:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que a la brevedad posible, informe a esta soberanía sobre el seguimiento y resultados de sus investigaciones sobre los peces muertos en el río Tunal, en Durango. Además, que en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes elaboren un plan de acción y prevención para evitar futuros sucesos similares.

En este sentido, en el ámbito de las funciones y atribuciones de la Subsecretaría General Técnica, anexo envío la nota solicitada.

Hago propicia la ocasión para enviarle un saludo personal.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Ingeniero Enrique Mejía Maravilla (rúbrica), gerente.»

«Comisión Nacional del Agua.

Gestión de Correspondencia, Folio: 2017/B00.7.-0000121, del 1/02/2017, relativo a:

Que el senador Aarón Irízar López, Vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Legislativo federal hace llegar al director general de la Conagua, el Punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que a la brevedad posible, informe a esta soberanía sobre el seguimiento y resultados de sus investigaciones sobre los peces muertos en el río Tunal, en Durando. Además, que en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes elaboren un plan de acción y prevención para evitar futuros sucesos similares. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que en coordinación con las autoridades estatales competentes, realice una investigación para determinar si la contaminación del río Tunal, en el estado de Durango, representa un peligro para la ciudadanía. Además que informe a la brevedad posible a esta Soberanía sobre el seguimiento y resultaos de las investigaciones.

Nota técnica

Mortandad de peces en el río Tunal, Durango

La dirección local en Durango informó a la Subdirección General Técnica mediante una nota del 16 de diciembre de 2016, sobre la mortandad de peces acaecida el 14 de diciembre de 2016 en el río Tunal a la altura de la antigua presa derivadora Francisco Villa, en la cuenca alta del río Durango o Mezquital, en el municipio de Durango, en la entidad federativa de Durango. Se procedió a aplicar los procedimientos en la atención de emergencias hidroecológicas y efectuar muestreos para evaluar la calidad del agua.

De acuerdo con la información obtenida y los resultados de los parámetros monitoreados en campo, se observó que las descargas de aguas residuales en la zona implicada cumplen con la normativa aplicable para el riego agrícola; sin embargo, bajo ciertas condiciones ambientales no fueron compatible con la protección de la vida acuática, situación que se presentó en el desafortunado incidente de referencia ya que se conjuntaron el descenso drástico de la temperatura y el abatimiento del oxígeno disuelto provocado por una sobrepoblación de peces, ocasionando la alteración de las condiciones habituales en el río Tunal, impactando negativamente en la calidad del agua, provocando la muerte masiva de peces. No obstante, se considera que esta situación no debería presentarse nuevamente en esa zona.

Respecto a la coordinación con las autoridades estatales y municipales para la realización de un plan de acción y prevención para evitar futuros sucesos similares, corresponde inicialmente a la Dirección Local en Durango y al Organismo de Cuenca correspondiente, de conformidad con los Artículos 9 fracciones I, XLIX y LI, 86, fracciones IX, X, XI, XIV, y 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, se trabajará coordinadamente en establecer estrategias para evitar futuros sucesos similares.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite al Promovente.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Secretaría de Medio Ambiente del estado de Aguascalientes.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al oficio D.G.P.L63-II-2-1387, de fecha 15 de diciembre de 2016 y recibido en esta secretaría a través de la Secretaría General de Gobierno, el día 2 de enero de 2017 mediante número de oficio SGG/014/2017, en el cual exhorta a los estados a que en el marco de sus atribuciones, se integren y apoyen los trabajos realizados por la federación, tendentes a proteger las especies en peligro de extinción, al respecto le menciono lo siguiente:

Dentro de la Secretaría de Medio Ambiente se encuentra el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces (CRAR), integrado como parte del Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre de Forma Confinada (PIMVS) con número de registro ante la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): DGVS-CR-IN-AV-0035-AGS./00 (PIMVS), se localiza en el Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos (CEAR RLG), con domicilio en Avenida José María Chávez s/n, código postal 20290, colonia Ciudad Industrial, en el cual laboran nueve personas y cuenta con 17 años de labores. Los animales que ingresan a este centro y tengan posibilidades de liberación entran en un programa para ser liberados en las áreas naturales protegidas del estado. Algunas de las especies liberadas son gato montés, venado cola blanca, coyote, tejón y algunas aves rapaces como aguililla de Harris, quebranta huesos, búho cornudo, lechuzas y tecolotes.

El Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces (CRAR) es uno de los más grandes de Latinoamérica, con una capacidad de hasta 120 ejemplares. En la actualidad tenemos 80 individuos. La mayoría de las aves que ingresan al CRAR se encuentran lesionadas y/o heridas (golpeadas, fracturadas, quemadas, extraídas de la vida silvestre, extraídas como polluelos, improntadas, electrocutadas). La mayor parte ingresan vía la procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de las delegaciones Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas. Una vez que un ave rapaz ingresa al CRAR se inicia el protocolo de atención, a la par se elabora el historial clínico, determinado el diagnóstico de ingreso, se asigna el tratamiento indicado por el médico.

El objetivo primordial del CRAR es la reintegración de ejemplares que ingresan a la vida silvestre. En el caso de ejemplares que no puedan ser liberados, se integran al PIMVS. En ocasiones realizamos técnicas de cetrería para reacondicionar a los ejemplares.

Al menos 153 ejemplares de aves rapaces se han liberado en un lapso de seis años, con la autorización y compañía de la Profepa en las áreas naturales protegidas con las que se cuenta en el estado. Hemos recibido al menos ejemplares de 25 especies de aves rapaces en el CRAR, tanto diurnas como nocturnas. En el CRAR se realizan visitas guiadas a grupos escolares de martes a viernes, para lo cual se elaboró la “Guía de Aves Rapaces”.

En el caso de ejemplares del águila real (Aquila chrysaetos) especie presente dentro de la NOM-059 se cuenta con un programa de rehabilitación, en el cual se han liberado varios ejemplares a la vida silvestre. Algunos de ellos entraron al programa de liberación con transmisor satelital, cuyo objetivo primordial es estudiar los movimientos de ejemplares de águilas en la vida natural, para lograr mejores medidas de conservación de sus poblaciones. Esto lo realizamos con el apoyo de personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Como se indica líneas arriba, el estado actualmente cuenta con 4 áreas naturales protegidas decretadas, 2 de ellas con programa de manejo publicado, es importante señalar que la protección de estas áreas promueve el mantenimiento y conservación de espacios naturales en donde podemos encontrar especies incluidas en la NOM- 059 como por ejemplo Amanita muscaria (L) Lam., Litsea glaucescens H.B.K, Oncidium tigrinum Lex, Litobates montezumae, Aquila crysaetos Linnaeus, Ara militaris Ridgway, etcétera.

Es importante resaltar que, debido a la importancia de la conectividad de estas áreas de gran valor natural en el estado sus polígonos fueron diseñados para mantener la continuidad en su corredor biológico natural y este es integrado por el área silvestre estatal Sierra Fría, al norte; el área silvestre estatal Sierra del Laurel, al sur; y el monumento natural Cerro del Muerto, al oriente

En el caso del laurel silvestre (Litsea glaucescens H.B.K), especie de gran importancia en la cultura tradicional y de valor alimenticio, y de la cual se deriva el nombre de una de las áreas naturales protegidas del estado Sierra del Laurel, se realizan operativos con el propósito die prevenir su extracción ilegal, ya que es fuertemente apreciada para eventos religiosos de semana santa por lo que en coordinación con la procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), Profepa, Conanp, Conafor y Seguridad Pública se realizan operativo de vigilancia en las zonas donde ubica la especie, además de las campañas ya establecidas de educación ambiental.

Cabe señalar que dentro de las acciones estratégicas que se desarrollan en las áreas naturales protegidas, destacan aquellas orientadas a fortalecer la cultura de respeto y participación para la conservación de los recursos y la biodiversidad por parte de la ciudadanía, mediante programas consolidados de educación ambiental que se imparten en los Centros de Educación y Cultura Ambiental que administra el gobierno del Estado como el Centro de Educación Ambiental e Investigación “Los Alamitos”, en el que se atiende público proveniente de instituciones educativas oficiales, dependencias de gobierno, sectores productivos y visitantes en general. Donde se difunde y sensibiliza sobre la importancia de actuar desde los diversos contextos, que contribuyan a garantizar la viabilidad de los servicios ambientales que proveen las áreas naturales a la población y garantizando con ello una calidad de vida adecuada. Destacando que “Los Alamitos” es un espacio que cuenta con más de 21 años de experiencia, habiendo sido acreditada la calidad de sus programas por el Centro de Capacitación para el Desarrollo) Sustentable de la Semarnat.

Estas acciones son una muestra de nuestro compromiso con el medio ambiente y la protección de su biodiversidad, además de impulsar y promover en la ciudadanía el valor de la conservación de nuestros ecosistemas.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, a 8 de febrero de 2017.—Maestro en Ciencias Julio César Medina Delgado (rúbrica), Secretario de Medio Ambiente.»

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«De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura. Ciudad de México.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-II-2-1387, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, donde da a conocer los acuerdos

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un reconocimiento al esfuerzo del gobierno federal por la implantación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad, que busca obtener información cuantitativa y cualitativa de los ecosistemas de México, permitiendo el mejoramiento de los mecanismos de protección del entorno.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de las entidades federativas, para que, en el marco de sus atribuciones, se integren y apoyen los trabajos realizados por la federación, tendientes a proteger las especies en peligro de extinción en el país.”

Aprobados por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

De acuerdo con los puntos de acuerdo anteriormente citados, le informo que por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, se lleva una relación muy estrecha con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realizando trabajo conjunto de acompañamiento, seguimiento y apoyo para la operación de las áreas naturales protegidas federales, así como con el monitoreo y conservación de especies y ecosistemas prioritarios de conservación en el estado.

Con respecto a la Comisión Nacional Forestal, se trabaja de manera coordinada en los temas comprendidos dentro del esquema de pago por servicios ambientales que proveen las áreas naturales protegidas, en la restauración de ecosistemas afectados por contingencias ambientales como incendios y enfermedades forestales, así como promoviendo los proyectos productivos sustentables, entre otros.

Actualmente nos encontramos en el proceso de la coordinación para llevar a cabo la firma del convenio marco de colaboración entre la Comisión Nacional de Biodiversidad para iniciar la implementación del Convenio de Diversidad Biológica en el ámbito local mediante la formulación de estudios y estrategias estatales de biodiversidad.

Lo anterior en base a las atribuciones derivadas del nombramiento expedido por el ciudadano gobernador de Tamaulipas, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en base a lo dispuesto en el artículo único, en sus transitorios segundo y séptimo del decreto LX-1853, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diez, tomo CXXXV, anexo al número 155, mediante el cual se trasladaron las atribuciones de los ordenamientos legales que fueron conferidas a la Agencia Ambiental para el Desarrollo Sustentable a favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; al decreto LXII-1171, tomo cxli anexo al número 115, de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas en los artículos 1 y 36, fracciones I, II, XI y XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, así como al artículo 10, fracción II, 11, fracciones I, III, 13, fracciones V y VI del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas;

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 26 de enero de 2017.— Ingeniero Gilberto Estrella Hernández (rúbrica), Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL 63-II-2-1370, expediente número 4157 del 15 de diciembre del año próximo pasado, por el que comunica el acuerdo de esa Honorable Cámara de Diputados que, en la parte conducente, a la letra dice:

“ Primero. ...

Segundo. ...

Tercero. ...

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, atiendan de manera inmediata y de forma oportuna a la población afectada por la contaminación radiactiva, presentada en el pozo que surte de agua al poblado de La Cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato.”

Al respecto, me permito expresarle que uno de los compromisos más firmes para el gobierno del estado de Guanajuato que encabeza el licenciado Miguel Márquez Márquez, es el de que cada guanajuatense tenga acceso a la satisfacción de su derecho humano a la salud. Por eso emprende las políticas públicas dirigidas a la atención de este rubro, que corresponde a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno.

En referencia a la materia del exhorto al que damos respetuosa respuesta, nos permitimos informarle que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, por conducto de la Jurisdicción Sanitaria número II, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, durante los años 2015 y 2016, en conjunto con el CAISES San José Iturbide y el apoyo del laboratorio del hospital general de este último, se estudió a 31 niños de preescolar de la comunidad La Cantera con estudios de laboratorio, no encontrándose sugestivos de leucemia en ningún niño.

Se otorgaron pláticas a autoridades escolares y a la población en general sobre signos y síntomas de alarma en cáncer infantil y se les hizo la invitación para que acudieran a la unidad de salud más cercana en el caso de que presenten alguno de estos signos.

Le informamos que hasta la fecha, se mantiene lo vigilancia epidemiológica activa sobre la comunidad para identificar casos probables y sospechosos, para proporcionar un diagnóstico y tratamiento oportuno, sin haber registrado hasta el momento ningún caso con asociación a la problemática materia del exhorto.

Finalmente le manifestamos que la Jurisdicción Sanitaria número II continúa con la capacitación al personal operativo en materia de prevención de enfermedades, promoción de la salud y atención médica, con el apoyo de nivel estatal, en la localidad La Cantera del municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Reciba un saludo y, a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 31 de enero de 2017.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional de Guanajuato, y en atención de su oficio número DGPL 63-II-5-1805, de fecha 15 de diciembre de 2016, través del cual comunica la aprobación del acuerdo que a la letra señala:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de lo Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas, como congresos locales, para que en el ámbito de sus facultades impulsen la creación de los respectivos institutos locales como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

Con base en lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:

En el gobierno de Guanajuato, nuestra convicción y compromiso son trabajar para elevar la calidad de vida de todos los guanajuatenses, ya que nuestro motor principal es la persona.

Así, en fecha 13 de septiembre de 2012, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del estado aprobó el decreto legislativo número 289, a través del cual se expidió la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, a fin de evitar que la discapacidad constituya un obstáculo para el desarrollo personal y social de los guanajuatenses, a partir de la premisa de velar por las necesidades y carencias que aquejan en especial a los más vulnerables, como las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

El decreto legislativo número 289 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 148, tercera parte, en fecha 14 de septiembre de 2012, en el cual se crea el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, como “un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la ejecución, promoción e impulso de las acciones en materia de atención, protección, rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad en el Estado”.

En el artículo tercero transitorio de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato se estableció al Ejecutivo del estado un plazo de 90 para constituir el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.

Así, en fecha 3 de diciembre de 2012, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se instaló el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, dando un paso histórico en la atención de más de 230 mil personas que tienen algún tipo de discapacidad, convirtiéndose Guanajuato en ejemplo a escala nacional como estado incluyente.

Por lo anterior, la administración pública estatal refrenda su deber con uno de los sectores más vulnerables, al dar cumplimiento a las disposiciones normativas y a uno de los principales compromisos establecidos en la estrategia 1, “Impulso a tu calidad de vida”, del Programa de Gobierno 2012-2018, garantizando el respeto de los derechos de todos los guanajuatenses, al construir con los ciudadanos un tejido social sano, equitativo e incluyente.

Reciba un cordial saludo y, a la vez, encomiamos la labor del órgano legislativo a que representa.

Notas:

1 http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=files_migrados &file=PO_148_3ra_Parte_20120915_0317_15.pdf

2 Artículo 10 de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de enero de 2017.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Gobierno del Estado de Michoacán.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 18, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y en atención a su oficio número DGPL 63-II-8-2752, referente al acuerdo aprobado en sesión de fecha 15 de diciembre de 2016, mismo que a la letra dice: “ Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que, en ejercicio de sus atribuciones, den puntual cumplimiento a las disposiciones federales y estatales, a efecto de proteger eficazmente a las personas expulsadas de sus comunidades por causas de intolerancia religiosa y para que instruyan, a sus procuradurías y/o fiscalías a atender la debida integración de las averiguaciones previas y dar trámite a las denuncias que se presenten en materia de intolerancia religiosa.”

En relación a lo anterior, y de acuerdo a respuesta emitida por la maestra Teresita del Niño Jesús Vega Campa, directora de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, mediante oficio SG/DAR/0169/2016, tengo a bien informarle lo siguiente:

1. A la fecha se han revisado los archivos de la Dirección de Asuntos Religiosos no existiendo denuncias formales referentes a las acciones mencionadas en dicho exhorto, no obstante de llegarse a presentar algún reclamado, daremos informes a la brevedad posible.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 17 de enero de 2017.— Maestro Adrián López Solís (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Junta de Coordinación Política.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Auditoría Superior de la Federación.

Diputado Luis Maldonado Venegas, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.— Presente.

En cumplimiento de los artículos 74, fracción VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29, 30, primer párrafo, y 85, fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, en relación con los artículos primero y cuarto transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, la Auditoría Superior de la Federación rinde el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 (IR-2015), que consta de las mil 643 auditorías, evaluaciones y estudios practicados, el marco de referencia del gasto federalizado, así como los 32 marcos de referencia correspondientes a cada fondo, programa y mecanismo mediante los cuales se transfirieron recursos federales a las entidades federativas municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Adicionalmente, se incorpora el Informe General que pretende ofrecer un panorama integral sobre las condiciones imperantes en el Sector Público, con base en los resultados de nuestras revisiones.(1)

(1) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Al efecto se entrega a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a su digno cargo, un ejemplar impreso de los citados documentos. Asimismo, se remite un ejemplar impreso del Informe del Resultado, con su correspondiente tarjeta USB, para cada uno de los diputados federales integrantes de esa comisión.

La tarjeta USB incluye también, la Matriz de Datos Básicos del IR-2015, los resúmenes (fichas) de las auditorías que conforman el Informe del Resultado, el Informe “Pase de Lista” del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Además, contiene las cédulas de información básica de las 2 mil 441 revisiones efectuadas por las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales a los recursos federales transferidos en 2015.

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2017.— Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez (rúbrica), Auditor Superior de la Federación.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, me permito informarle que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), durante el mes de enero de 2017.

Por lo anterior, se destinaron por conducto de las autoridades aduaneras bienes aptos para su uso y consumo siendo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, divisas, metales preciosos y un bien peligroso.

El total de bienes destinados en el mes de enero de 2017 fue de 34 mil 660 los cuales se encuentran contabilizados en la unidad de medida kilogramos, litros y piezas, anexo al presente el detalle respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Licenciada Verónica Díaz Oliveros Vallarino (rúbrica), administradora central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Licenciado José Angel Mejía Martínez del Campo, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; maestro Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y en el numeral 10 del Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE), la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero remite disco compacto con el informe final referente a la evaluación de consistencia y resultados realizada al Programa Presupuestario F030 “Reducción de Costos de Acceso al Crédito”, que esta entidad pública administra, misma que fue coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.(2)

(2) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “B”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.— Licenciado Mario Alberto Alvarado Terrés (rúbrica), Gerente de Planeación Estratégica.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Universidad Politécnica de Altamira.

Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 40, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, que a letra señala: “III. Las Instituciones Públicas de Educación Superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública.”, me permito enviar la matricula auditada del periodo septiembre-diciembre de 2016 de la Universidad Politécnica de Altamira.(3)

(3) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “C”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Altamira, Tamaulipas, a 31 de enero de 2017.— Doctor Óscar Javier Alonso Banda (rúbrica), rector.»

«Doctor Óscar Javier Alonso Banda, rector de la Universidad Politécnica de Altamira.— Presente.

Por medio de la presente hacemos entrega de la carpeta de los Informes de Revisión de las matrículas por el periodo septiembre a diciembre de 2016, la cual contiene los siguientes puntos:

• Informe sobre la revisión de expedientes de las matrículas, cédula de integración de la revisión de dichos documentos, resumen de matrículas activas con pendientes de documentación.

• Informe del periodo septiembre a diciembre de 2016, así como de las listas de alumnos vigentes en el periodo, amarre de matrículas, movimientos de bajas y bajas temporales, soporte de revisión de alumnos del periodo contra listas de asistencias como evidencia y soporte de revisión de alumnos del periodo contra sus pagos del periodo.

Agradeciendo que antemano su colaboración y apoyo, me reitero a sus órdenes para cualquier comentario sobre el particular.

Tampico, Tamaulipas, a 21 de diciembre de 2016.— Contadora Pública Guadalupe Joanna Hernández Fernández de Lara (rúbrica). Acosta Trejo Auditores y Consultores Fiscales, SC.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INICIATIVA DE SENADOR

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, Fernando Torres Graciano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9; se adiciona el artículo 9-A; se adiciona el artículo 113-A; se adiciona una nueva fracción VIII, recorriéndose la actual fracción VIII, pasando a ser la IX; se reforma el párrafo tercero y se deroga el párrafo quinto del artículo 151; y se adiciona el capítulo XII al título VII, con los artículos 205 y 206, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

I. Exposición de Motivos

A. Propuesta que reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004 se señaló una tasa de 28 por ciento del impuesto sobre la renta para las personas morales. Sin embargo, con la finalidad atender la crisis económica de 2009, ocasionada por la epidemia del virus AHIN l y la desaceleración económica de Estados Unidos, a través del decreto publicado el 7 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció como una de las disposiciones de vigencia temporal solamente para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, una tasa de 30 por ciento del impuesto sobre la renta para las personas morales.

Asimismo, en el referido decreto publicado el l de diciembre de 2004, se determinó que para el año 2013, la tasa fijada por concepto del impuesto sobre la renta para las personas morales, descendiera un punto porcentual, para quedar de 29 por ciento, y así sucesivamente hasta regresar a 28 por ciento.

No obstante lo anterior, con la expedición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, se estableció la tasa corporativa a 30 por ciento, sin atender los compromisos asumidos por el legislador en aquella reforma, es decir, no se consideró que el aumento de la tasa del ISR a 30 por ciento, se adoptó como una disposición de carácter temporal, la cual disminuiría en los ejercicios fiscales posteriores.

Aunado a ello, según la Encuesta Global sobre Tasas Fiscales 2015 de KPMG Internacional, México en comparación con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene una tasa corporativa alta de 30 por ciento, lo que significa que se encuentra fuera de la tendencia global de disminuir las tasas de impuestos corporativos para favorecer los impuestos indirectos.

En ese sentido, resulta necesario observar las economías del mundo, que han enfatizado en la obtención de impuestos indirectos sobre el consumo, que tienen por objeto ampliar la base de contribuyentes, y en contrapartida, reducir los impuestos directos, sobre la renta o utilidades.

Por otro lado, el problema de la baja recaudación fiscal no es un tema nuevo en México, de acuerdo con la Cepal, se requiere una recaudación fiscal mínima de 20 por ciento con relación al producto interno bruto (PIB), para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

La República Mexicana se encuentra por debajo del mínimo de recaudación fiscal referido. De acuerdo con datos de la OCDE, la recaudación tributaria del país en 2014 alcanzó 19.5 por ciento con relación al PIB, mientras que el promedio de la OCDE fue de 34.4.

La recaudación fiscal en nuestro país, ha tenido un crecimiento más o menos sostenido, como se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro 1. Estadísticas tributarias de México, 1990-2014

Fuente: OCDE (2015). América Latina y el Caribe: los ingresos fiscales se mantienen estables. Recuperado de http://www.oecd.org/dev/ americas/america-latina-caribe-ingresos-fiscales-edicion-2015.htm

Cabe destacar que la recaudación fiscal representó en 2014 alrededor de 13 por ciento con relación al PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 20 por ciento.

De ese modo, un sistema con una tasa baja, invariablemente aumentará la recaudación fiscal, dado que será mucho más oneroso para los contribuyentes pagar las consecuencias de una sanción por no cumplir sus obligaciones fiscales, que pagando sus impuestos a una tasa más baja. En el ámbito económico esta teoría se encuentra sustentada por la curva Laffer, que establece que cuando se aumentan los impuestos no siempre se da como resultado el aumento en ingresos fiscales ya que un impuesto alto inhibe la oferta del bien o servicio y ésta tiende a disminuir. Por lo que, por el contrario, cuando la tasa impositiva se reduce, es susceptible una mayor recaudación ya que proporcionalmente aumenta la curva de oferta del bien o servicio de que se trate.

En esa tesitura, se propone reducir la tasa fijada por concepto del impuesto sobre la renta para las personas morales en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 30 a 28 por ciento.

B. Propuesta que adiciona el artículo 9-A de Ley del Impuesto sobre la Renta

El abrupto incremento en los costos de los combustibles ocasionados por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, ha influido directamente en la economía de todos los mexicanos, por lo que es imperativo el implantar diversos incentivos fiscales para revertir los efectos nocivos que han causado dichos incrementos.

En el caso específico de las pequeñas y medianas empresas (Pyme), éstas tuvieron afectaciones directas e inmediatas que provienen de las modificaciones del impuesto especial sobre producción y servicios, disminuyendo flujos de efectivo y frenando el crecimiento.

Es preciso referir que la micro, pequeña y mediana empresa, es un sector muy importante de la producción económica de nuestro país. En la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas se trata de personas que tienen negocios familiares y que son la fuente de ingresos de sus familias.

Las Pyme requieren mayores apoyos y de incentivos fiscales, ya que son la columna vertebral de la economía mexicana y no en vano las más de cuatro millones de Pyme generan 72 por ciento del empleo y 52 por ciento del PIB del país.

Johan Wiklund (citado en el documento Incentivos internacionales al crecimiento empresarial, Informe recopilatorio) sostiene que las áreas en las que la mayoría de los países de la Unión Europea han tomado o están tomando medidas que fortalezcan el entorno en el que las empresas deben poner en marcha su crecimiento, son fundamentalmente cuatro:

1. Reducción de las cargas administrativas/mejora de la legislación fiscal, buscando la generación de incentivos.

2. Modernización de la administración pública que está enfocada a las Pyme.

3. Política de competencia y competitividad para el buen funcionamiento del mercado.

4. Infraestructuras.

La mayoría de los países utilizan el impuesto que grava los ingresos de las empresas, es decir, el impuesto sobre la renta como herramienta básica para disminuir la presión fiscal.

En ese sentido, se reitera que un sistema simplificado con una tasa baja, invariablemente aumentará la recaudación fiscal, dado que será mucho más oneroso para los contribuyentes pagar las consecuencias de una sanción por no cumplir sus obligaciones fiscales, que pagando sus impuestos a una tasa más baja. En el ámbito económico esta teoría se encuentra sustentada por la curva Laffer, la que establece que cuando se aumentan los impuestos no siempre se da como resultado el aumento en ingresos fiscales ya que un impuesto alto inhibe la oferta del bien o servicio y ésta tiende a disminuir. Por ello, por el contrario, cuando la tasa impositiva se reduce, es susceptible una mayor recaudación ya que proporcionalmente aumenta la curva de oferta del bien o servicio de que se trate.

Aunado a ello, es preciso referir que según las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de cada 100 empresas nuevas 67 sobreviven el primer año, y solamente 35 perduran hasta 5 años.

Según diversos estudios, para los dueños de las pymes, las razones del alto índice de fracaso es necesario atribuirlas a fuerzas externas a las empresas, que actúan en el entorno económico-política-social, en forma específicas e refieren, entre otras, a escaso apoyo oficial, deficientes programas de ayuda a las Pyme, casi inexistentes fuentes de financiación, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositiva, alto costo de las fuentes de financiación disponibles y similares.

Conforme a lo comentado, es importante aplicar medidas de alivio fiscal a la mayoría de las Pyme en México, que sean contribuyentes del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que se propone establecer la aplicación de tasas de manera proporcional, en lugar de aplicar la tasa fija prevista en el artículo 9 de la precitada ley.

La tasas reducidas no serán aplicables en el supuesto en que se decreten dividendos de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que para tales efectos se deberá de seguir considerando la tasa prevista en el artículo 9 de la precitada ley, lo anterior es debido a que lo que se pretende es que en las Pyme se fomente la reinversión.

Asimismo, no serán aplicables las tasas reducidas a los intereses que se consideren dividendos de conformidad con el artículo 11, en los casos en que las personas morales entren en período de liquidación conforme al artículo 12 y a los fideicomisos de acuerdo con el artículo 13, todos los anteriores artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además, no les será aplicable al régimen opcional para grupos de sociedades y a los coordinados.

C. Propuesta que adiciona el artículo 113-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir del 1 de enero de 2014 desaparecen los regímenes de pequeños contribuyentes (Repecos) e intermedio, en su lugar, se crea el régimen de incorporación fiscal (RIF), que se regula en el título IV, capítulo II, sección segunda, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente.

El RIF es aplicable sólo a personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, con ingresos anuales de hasta dos millones de pesos.

El RIF es cedular y de aplicación temporal durante un periodo de hasta diez años, sin posibilidad de volver a tributar en el mismo. En el onceavo año, estos contribuyentes se incorporarán al régimen general de personas físicas con actividad empresarial.

Los contribuyentes de este régimen efectuarán pagos definitivos bimestrales, teniendo descuentos en el ISR de 100 por ciento del pago, durante el primer año, el cual irá disminuyendo paulatinamente a lo largo de los siguientes diez años, para pagar la totalidad del ISR a partir del undécimo año de su incorporación.

Se condicionan los referidos descuentos, a la entrega regular al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la información del total de sus ingresos y erogaciones, incluyendo los relacionados a operaciones con contribuyentes que pertenecen al régimen general. El cumplimiento de estas obligaciones se realizará a través de las herramientas electrónicas que para tal efecto determine el SAT.

Entre las principales obligaciones se encuentran

• Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal digital por la operación.

• Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.

• Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del SAT.

• Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea superior a 2 mil pesos, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios.

• Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel a que corresponda el pago, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos.

• Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del capítulo I del título IV de esta ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda.

• Para pagar el impuesto sobre la renta, presentarán en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior.

Con base en lo comentado, es importante mencionar que estos tiempos no se pueden entender sin la tecnología, y precisamente ha sido esta misma, la que nos ha dado herramientas de simplificación en las diversas áreas de nuestra vida diaria y más aún, en el campo laboral. Sin embargo, también debemos ser realistas en la situación que atraviesa la mayoría de la población de nuestro país, de quienes viven al día con sus ingresos y apenas les alcanza para comer. A este sector de la población no podemos exigir cumplir todas las obligaciones fiscales, ya que están muy ajenas a sus posibilidades reales.

Del total de los contribuyentes que reciben menos de 2 millones de pesos al año, una gran mayoría gana menos de 750 mil pesos. A este extenso grupo de personas, entre los que se encuentran las tiendas de abarrotes, papelerías, mercerías, taxistas, boutiques, puestos de comida en la calle, amas de casa con ventas por catálogos, ventas a domicilio, etcétera, es a quienes se debe apoyar en cuanto a los requisitos que deben tener para cumplir sus obligaciones fiscales, si no queremos que se queden u opten por la informalidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó un total de 14.7 millones de hogares equipados con computadora, que corresponden a 44.9 por ciento del total de hogares del país.

Asimismo, el Inegi estimó que en cuanto a conectividad, 12.8 millones de hogares disponen de Internet, lo cual representa 39.2 por ciento del total nacional. Sin embargo, las entidades federativas reflejan diferencias en la disponibilidad de bienes y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Por ejemplo, en cuanto a la computadora, mientras que en el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora, y Baja California 6 de cada 10 hogares disponen de una, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas sólo uno de cada cuatro la tiene. Por otro lado, respecto de las conexiones a internet, en el Distrito Federal, Nuevo León, y Baja California Sur el porcentaje de hogares con conexión a internet es ligeramente inferior al 60 por ciento, mientras que en Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chiapas aproximadamente 20 por ciento de los hogares cuentan con conexión.

Del mismo modo, el Inegi estimó a través de la Encuesta, que hay un total de 62.4 millones de usuarios de Internet y estos ya representan más de la mitad de la población (57.4 por ciento). Sin embargo, hay marcadas diferencias del uso de Internet en los diferentes grupos de edad. Así, se tiene que 70.2 por ciento del grupo de edad de 6 a 17 años lo usa, 76.5 por ciento de 18 a 34 años usa internet, 46.7 por ciento de la población de 35 a 59 años accede a internet y sólo 13.7 por ciento de los adultos mayores de 60 años utiliza internet.

El esquema del régimen de incorporación es muy complejo para todos los comerciantes que haciendo sus cuentas con lápiz en una libreta, se dan cuenta que lo que vendieron no es suficiente para cubrir los gastos de sus necesidades básicas del día. Para ellos, cada peso que gastan en el traslado es importante porque es un peso menos con el que cuentan para comer. Pagar los servicios de algún contador o pagar transporte para acudir a las oficinas del SAT es algo que está fuera de sus posibilidades.

De esta forma, se propone que los contribuyentes cuyos ingresos no excedan de 750 mil pesos al año, tengan la facilidad de expedir comprobantes simplificados y cuando el importe de la operación sea menor de 100 pesos, no tengan la obligación de expedir comprobante.

También se propone que se elimine la obligación de pagar por sus compras e inversiones mayores de 2 mil pesos mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios, ya que estos contribuyentes, no son sujetos de crédito y no están en posibilidad de darse el lujo de pagar comisiones por la expedición de cheques, saldos promedios, etcétera, ya que –como se comentó en párrafos anteriores– cada peso les implica dejar de cubrir alguna de sus necesidades básicas.

Es una realidad que la Secretaría de Hacienda no se ha dado abasto para atender a todos los contribuyentes que se acercan a las oficinas para solicitar apoyo, y es un hecho que existen todavía muchos más contribuyentes que no tienen idea que fueron cambiados del régimen de pequeños contribuyentes, al régimen de incorporación, y mucho menos que tienen que cumplir otros requisitos fiscales.

Para muchos es claro que todas las personas que perciben ingresos están obligados a declararlos y, en su caso, a pagar el impuesto correspondiente, pero también se debe entender que en nuestro país existe gran falta de información y de contribuyentes que jamás han usado una computadora y, que es precisamente este sector al que se debe apoyar y procurar no perjudicar, imponiéndoles requisitos y cargas administrativas que ni siquiera entienden cómo deben llevarlos a cabo.

Por ello es deseable simplificar los requisitos que deben cumplir los contribuyentes con ingresos menores de 750 mil pesos, con comprobantes simplificados tanto para las facturas como para los pagos de sueldos en caso de que tengan empleados, eximiéndolos de la bancarización y facilitándoles la presentación de sus declaraciones de impuestos. Para cumplir con esto último, se está proponiendo que se presenten únicamente dos declaraciones semestrales definitivas, donde declaren sus ingresos obtenidos en el período y que tengan la posibilidad de acudir a las oficinas del SAT, para que los apoyen en la emisión de una factura electrónica global semestral y en la elaboración de la declaración correspondiente, y así, puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

D. Propuesta que adiciona una nueva fracción VIII, recorriéndose la actual fracción VIII, pasando a ser la IX y; reforma el párrafo tercero y deroga el párrafo quinto del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Los orígenes de la educación privada en México datan desde tiempos de la colonia. En esa época existían los llamados preceptores, que eran los que se ocupaban de la educación individual de niños, niñas y jóvenes.

A partir de las Cortes de Cádiz, la vigilancia sobre la educación quedó en manos del Ayuntamiento. Esta responsabilidad educativa se mantuvo en el México independiente, en donde los dueños y clientela se encargaban de cubrir los gastos de las escuelas particulares.

El desarrollo de las escuelas particulares, ha estado ligado con lo estipulado en la Constitución de la República y en particular, con el actual artículo 3o. Dicho artículo tuvo varios cambios muy importantes a través del tiempo, que reflejaron la ideología y conflictos de la época hasta llegar a su redacción vigente.

Su actual redacción consagra el derecho que tiene todo individuo a recibir educación en México. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, las cuales serán obligatorias.

De igual forma, establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Asimismo, establece que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además, será democrático, nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana y será de calidad.

Y establece que el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república. Para estos efectos, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia.

En la fracción VII, el artículo 3o. constitucional establece las bases para la educación impartida por los particulares, indicando que podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, estableciendo que para el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III; y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley.

El sistema educativo nacional se estructura en los subsistemas escolarizado y no escolarizado. En el primero de ellos, se transita por tres tipos educativos: básico, medio superior y superior. Estos tipos, salvo el medio superior, se descomponen en varios niveles de enseñanza articulados en una secuencia obligada de grados escolares.

En cada grado escolar, que dura un año, se prepara al alumno para cursar el siguiente grado, al cual sólo accede una vez que aprobó el que le precede.

La educación de tipo básico está compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El tipo medio-superior comprende el nivel bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.

El tipo superior se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Además, comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

La Ley General de Educación, con base en la Constitución, permite que los particulares puedan impartir educación en todos sus tipos y niveles. Para primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos a los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine y; planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes.

Una vez que el particular cumpla con los requisitos necesarios, la autoridad educativa expedirá un acuerdo de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios, en el que se manifiesten las motivaciones del hecho y fundamentos de derecho por los que se resolvió otorgar el acuerdo correspondiente. Dicho acuerdo deberá especificar además, entre otros datos, el tipo, nivel y modalidad de los estudios incorporados.

Actualmente, de acuerdo con el documento Principales cifras del sistema educativo nacional 2015-2013, elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en dicho ciclo escolar hubo 36 millones 392 mil 832 alumnos en la modalidad escolarizada. De ellos, 31 millones 537 mil 619 fueron atendidos por el sector público, lo que representó 86.7 por ciento; y 4 millones 855 mil 213, por el privado, representando 13.3 por ciento.

Modalidad escolarizada

Como se aprecia, la participación de las escuelas privadas en el sistema educativo nacional es relevante.

También sabemos que gran número de padres de familia mexicanos consideran la escuela privada como una auténtica opción, pues proyecta los intereses que tienen sobre la formación de sus hijos, los cuales son muy distintos de la educación obligatoria brindada por el Estado.

Consideran que una buena educación puede mejorar las oportunidades y perspectivas de sus hijos en un mundo, que cada vez se encuentra más global izado y competitivo. Para la mayoría de ellos, es tan importante la educación de sus hijos que pagan su costo ellos mismos.

Como referencia, una encuesta realizada entre 2013 y 2014 mostró que 72 por ciento de los mexicanos cree que el pago de la educación de los hijos es la mejor inversión que pueden hacer. El 23 por ciento quisieran pagar la educación primaria en escuelas privadas; 35 por ciento pagar la secundaria; y 50 por ciento la preparatoria.

Año con año, los padres de familia que tienen a sus hijos en instituciones particulares deben realizar numerosos gastos como: inscripción, colegiaturas, lista de útiles escolares, el paquete de libros, seguro de gastos médicos, cuota para la sociedad de padres de familia y artículos extra como plumones para el pizarrón, rollos de papel, pañuelos higiénicos, jabón y paquetes de hojas blancas, entre otros.

A lo anterior se suma que, derivado de la reforma hacendaria que entró en vigor en 2014, 30 por ciento de las ganancias de los colegios ahora están gravadas, lo que repercutió en el costo de las inscripciones, reinscripciones y colegiaturas, lo cual repercutió en 2015 con incrementos de hasta 29 por ciento.

Se entiende la reinscripción como el pago que cada año deben realizar los padres de familia por el reingreso y registro de sus hijos como alumnos por cursar los grados subsecuente s al iniciar en la misma institución educativa privada. Los particulares prestadores del servicio educativo pueden cobrar la reinscripción de manera general y obligatoria.

En este contexto, el 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, expedido por el Ejecutivo federal.

En este decreto, el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades y con la intención de procurar el acceso a la educación de las familias mexicanas, estimó oportuno mantener un estímulo a los pagos por servicios de enseñanza, correspondientes a los tipos de educación básica y media superior realizados a instituciones educativas privadas, incluso sin tomarlo en cuenta para el límite global de las deducciones personales, establecido en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, se estableció en dicho decreto que éste estímulo no era aplicable a los pagos correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.

Por lo expuesto y con la misma intención de procurar el acceso a la educación de las familias mexicanas, propongo que sean deducibles a 100 por ciento los pagos por cuotas de re inscripción, correspondientes a los tipos de educación básica y media superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley General de Educación, bajo ciertos términos.

Es importante aclarar que, al ser una deducción personal, todas las personas físicas, entre ellas los padres de familia, la podrán hacer valer al presentar su declaración anual. Además, es una muy buena razón para optar por presentar declaración anual para quienes no están obligados a hacerlo, pues podrían obtener devoluciones de saldos a favor, dependiendo del monto de sus deducciones.

De igual forma, resulta de suma importancia no poner limitantes a las deducciones personales. Los cambios que trajo la reforma fiscal de 2014, es la limitación prevista en el artículo 151, quinto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que sólo permite la deducción parcial de determinadas deducciones personales y que desafortunadamente afecta de modo directo a los contribuyentes, que con el afán de tener mejores servicios de salud acuden a clínicas y médicos particulares, o contratan primas de seguros de gastos médicos para una posible eventualidad de salud, o que accedan a créditos hipotecarios para comprar una casa con condiciones superiores a las de interés social, entre otros.

El mencionado artículo 151 señala expresamente lo siguiente:

Artículo 151.

Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

Quinto párrafo (límite a las deducciones personales)

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o de 10 por ciento del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III de este artículo.

Conforme a lo anterior, las deducciones personales con límite a partir de 2014 son

• Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.

• Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en el párrafo que antecede.

• Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipoteca los destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión.

• Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta.

• Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura.

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el tope a las deducciones personales, con siete votos a favor y tres en contra de sus ministros, no debemos de perder de vista el aspecto económico y la realidad social que persiste en nuestro país, situación que fue mencionada por los ministros Alberto Pérez Dayán, Olga Sánchez y José Ramón Cossío, mismos que votaron en contra, por considerar que viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que puede incidir directamente en la capacidad contributiva. Cossío Díaz sostuvo que el tope de las deducciones es inconstitucional “porque artificialmente se establece un techo para la suma de una serie de variables, cuya predicción por el legislador, o inclusive el contribuyente, resulte imposible”. Si bien el tope a las deducciones personales repercute de manera más fuerte en los contribuyentes de los deducibles más altos, añadió, “ello no significa que no genere un efecto en los contribuyentes de todos los deducibles, con el mismo resultado potencial”.

La limitación de las deducciones personales está encaminada a desincentivar que los contribuyentes que puedan realizar estos gastos personales, no soliciten el comprobante fiscal, ya que no lo podrán deducir en su totalidad y por consecuencia la persona que preste el servicio no acumule el ingreso y por ende no se pague el ISR correspondiente, lo que automáticamente genera una economía informal, ¿no es esto lo que quiere evitar el gobierno federal? Adicionalmente, habrá personas que si podrán llevar él cabo los gastos mencionados anteriormente, pero opten por no hacerlo, debido a que ya no podrán hacer deducible ese gasto personal y prefieran acudir a los servicios de salud que otorga el gobierno, lo que generaría costos adicionales al sector y por consecuencia un menoscabo muy grave a la economía de los organismos de salud del sector público, lo anterior aunado al grave deterioro que guardan las pensiones en dichos organismos de salud en el país.

Otro punto importante es que la inmensa mayoría que lleva a cabo las deducciones personales es la clase media, ya que el efecto por la limitación de las deducciones personales es una disminución en la capacidad de ahorro y compra de bienes patrimoniales de este gran sector.

Por lo anterior es necesario seguir otorgándoles el estímulo fiscal de poder deducir en su declaración anual las deducciones personales sin tope alguno, como se venía realizando antes de la entrada en vigor de la reforma fiscal de 2014 y con esto resarcir en cierta medida el impacto adverso de la reforma, ya que con esto podrán obtener devolución de ISR anual y generarles flujo de efectivo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó el boletín de investigación Clases medias en México, a través del cual dio a conocer una serie de datos preliminares de una investigación sobre la magnitud de las clases medias en México durante el periodo 2000-2010.

Al respecto, el Inegi concluyó que al término de 2010, 42.4 por ciento de los hogares, donde habita 39.2 por ciento de la población del país, era de clase media. Mientras, únicamente 2.5 por ciento de los hogares fue de clase alta, que representaron 1.7 por ciento de la población; en contraste el 55.1 por ciento de los hogares fueron de clase baja, en los que residía 59.1 por ciento de los mexicanos, destacando que la magnitud de los hogares identificados en el estudio como de clase media coincide con un estudio realizado por investigadores del Banco Mundial en 2011.

Asimismo, la investigación del Inegi señala que en México los hogares de clase media se caracterizaron por poseer una computadora en casa, gastar alrededor de 4 mil 400 pesos al trimestre en consumir alimentos y bebidas fuera del hogar, poder acceder a una tarjeta de crédito, tener al menos un integrante de la familia inserto en d mercado laboral formal, casi siempre en el sector privado y desempeñando un trabajo intelectual; tener un jefe de familia con nivel de educación media superior o mayor, un hogar nuclear de 4 personas; y el acceso a los créditos de interés social o a los recursos familiares, más que del crédito comercial bancario para acceder a la propiedad de vivienda.

Hoy, el país se mantiene con un bajo crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) por ejemplo, proyecto un crecimiento para este año de tan sólo 1.7 por ciento. Más aún, el sistema económico mexicano se encuentra en incertidumbre ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos de América, la subida de los precios de los combustibles, la depreciación del peso frente al dólar tendrán gran efecto en la inflación y una constante alza de los alimentos, por encima de los salarios; provocando que los índices de pobreza se mantengan o incluso se incrementen, y es que, de los 34 miembros de la OCDE, México es el que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

Por otra parte, el informe La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina, publicado por el Banco Mundial, señala que en México gran porcentaje de la población es vulnerable a regresar a condiciones de pobreza. Asimismo, hace hincapié en que la movilidad social es “un componente del desarrollo económico” porque mitiga la desigualdad estática y contribuye a la equidad social en el largo plazo.

Hoy, la mayor parte de la población mexicana se mantiene rezagada y al margen de la movilidad social, por ello urge diseñar políticas fiscales para impulsar el empleo y el crecimiento, esto en aras de impulsar una auténtica clase media que se convierta en el motor de la expansión del mercado interno, para así transformar gradualmente nuestra sociedad y sistema productivo, donde se garantice el acceso a educación, salud, empleo y seguridad.

E. Propuesta que adiciona el capítulo XII al título VII, con los artículos 205 y 206, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

La eliminación de la deducción inmediata de activos fijos que se aprobó como parte de la reforma hacendaria, y que entró en vigor a partir de enero de 2014 está siendo una amenaza para frenar las inversiones de las empresas por ser un factor que les reducirá liquidez.

Desde 1987 hasta 2013, la deducción inmediata de bienes de activo fijo existió como un estímulo que permitió a los contribuyentes deducir en un solo año gran parte de sus bienes nuevos de activo fijo, en lugar de hacerlo de conformidad con los porcentajes que hoy se contienen en los artículos 33 al 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La deducción inmediata significa traer a un ejercicio presente el beneficio de la deducción que se tendría en cierto número de años futuros, calculado éste, a través de los porcentajes que el propio estímulo determina, siendo éstos menores de 100 por ciento y calculados en función de un análisis de valor presente en el que originalmente se utilizaron tasas de descuento de 7.5 por ciento y posteriormente 5 por ciento, respondiendo a la realidad de la economía.

Muchas compañías venían tomando la deducción inmediata como un estímulo o financiamiento con el fisco, ya que les permitía diferir el pago del impuesto. A partir del 1 de enero de 2014 parte de los flujos que podían diferir por el estímulo fiscal ahora los van a destinar al pago de impuestos.

Con el estímulo de la deducción inmediata, de alguna manera las empresas financiaban su inversión, era un apoyo que tenían al no pagar el ISR inmediatamente y ahora al quitarles ese atractivo les costará más porque tendrán que obtener financiamiento a una tasa mayor de lo que implicaba ahorrarse el impuesto.

El modelo de crecimiento de muchas empresas estaba también apalancado en esta deducibilidad de inversiones en un solo año, que al eliminarse se les quita una fuente de financiamiento importante.

Con este cambio, el pago del impuesto de las empresas aumentará, y por consecuencia distraerán dichos recursos que antes los utilizaban para la reinversión, crecimiento y creación de empleos.

Es importante reconocer que la deducción inmediata ha sido siempre un estímulo para la inversión, tanto nacional como extranjera, tan es así, que en la página de Proméxico se establecía y promocionaba este concepto como una de las razones para invertir en México, considerando que fomenta el establecimiento de nuevas inversiones en nuestro país, lo que es sin duda correcto, puesto que más allá de consideraciones teóricas e incluso ideológicas, los gobiernos siempre han hecho esfuerzos para la atracción de inversiones, por lo que siempre están en la búsqueda de mecanismos fiscales que fomenten y generen crecimiento económico y sean atrayentes de inversión y, por ende, de empleos.

El Ejecutivo federal, a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2017, otorgó un estímulo fiscal en materia de deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo para las micro y pequeñas empresas, al considerar necesario fomentar el mejoramiento de la competitividad de las mismas y, toda vez que en el país generan 7 de cada 10 puestos de trabajo de acuerdo con cifras proporcionadas por los censos económicos, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, el Ejecutivo federal señaló en el precitado decreto que es conveniente que dichas empresas apliquen los porcentajes de deducción previstos en el mismo, a efecto de garantizar la continuidad de sus actividades en un entorno competitivo a través de mayor flexibilidad en su esquema tributario. Sin embargo, el decreto de referencia constituye una disposición de carácter temporal, aplicable únicamente para los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, disminuyendo los porcentajes de deducción previstos en el presente año para el subsecuente.

Por ello se propone la adición del capítulo XII al título VII, con los artículos 205, 206 y 207, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como disposiciones de vigencia indeterminada y no momentánea, al traer consigo los estímulos fiscales de mérito, diversos beneficios para la economía del país.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente iniciativa, se somete al pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 9; se adiciona el artículo 9-A; se adiciona el artículo 113-A; se adiciona una nueva fracción VIII, recorriéndose la actual fracción VIII, pasando a ser la IX y se reforma el párrafo tercero y deroga el párrafo quinto del artículo 151; y se adiciona el capítulo XII al título VII con los artículos 205 y 206 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa de 28 por ciento.

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Artículo 9-A. En la presente ley, las personas morales a que hace referencia el título II, excepto las mencionadas en los capítulos VI y VII, en lugar de aplicar la tasa prevista en el artículo 9, aplicarán la tasa de acuerdo con los ingresos netos obtenidos en el ejercicio conforme a la siguiente tabla:

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran ingresos netos los que resulten de disminuir de los ingresos brutos, las devoluciones, descuentos y rebajas que se hagan en el ejercicio.

Para los efectos de la presente ley, las tasas mencionadas en la tabla anterior no son aplicables a las disposiciones contenidas en sus artículos 5, 10, 11, 12, 13, 29, fracción VI, 77 y 78, a los que les será aplicable la tasa contenida en su artículo 9.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción III, de la presente ley, se aplicará la siguiente tabla:

Los montos mencionados en la tabla anterior serán multiplicados por el número de meses al cual corresponda el pago provisional.

Artículo 113-A. Los contribuyentes que se encuentren en los supuestos mencionados en el artículo 111 de esta ley, pero que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubiesen excedido de la cantidad de setecientos cincuenta mil pesos y dichos ingresos sean obtenidos exclusivamente por operaciones realizadas con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta conforme a este artículo, siempre y cuando cumplan los siguientes:

I. Expedir comprobantes simplificados por sus operaciones que deberán contener los requisitos de las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dicho; comprobantes tratándose de operaciones menores de 100 pesos.

II. Para los efectos de los artículos 111, quinto párrafo, y 112, fracciones VI y VII, de la presente ley, los contribuyentes podrán presentar las declaraciones definitivas de impuestos federales, incluyendo retenciones de manera semestral a más tardar el último día del mes inmediato posterior al semestre que corresponda.

III. Los contribuyentes que paguen el impuesto conforme a este artículo calcularán el impuesto que les corresponda aplicando la tasa de 1 por ciento a los ingresos semestrales que obtengan en efectivo, en bienes o servicios. El impuesto que se determine, se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tenga tributando en el régimen previsto en esta sección, conforme a la tabla de reducción del impuesto sobre la renta a pagar en el régimen de incorporación, establecida en el artículo 111 de la presente ley.

IV. Los contribuyentes que tributen conforme a este artículo quedan relevados de efectuar el pago, relativo a sus compras e inversiones, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios, siempre que el importe derogado sea igual o inferior a 5 mil pesos.

V. Para los efectos de la participación de los trabajadores en la utilidades de la empresa, la renta gravable a que se refieren el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 120 y 127, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 7.35 el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente, sin considerar la disminución a que se refiere la fracción III de este artículo.

VI. En el caso de las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, registrar en los medios electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos, compras, gastos e inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores, de manera semestral. Para estos efectos, el Servicio de Administración Tributaria emitirá mediante reglas de carácter general los criterios e información que se deberá presentar.

Para efectos del primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce: meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a este artículo.

También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingreses de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de: su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

No podrán pagar el impuesto en los términos de este artículo, quienes obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, medicación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos.

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, cambien de opción, o dejen de cumplir los requisitos a que hace referencia este artículo, deberán a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente, pudiendo tributar conforme los artículos 111, 112 y 113 de la presente ley, siempre y cuando cumplan lo dispuesto en dichos artículos.

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial, obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a este artículo y deberá realizarlo en los términos de la presente ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado.

Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a este artículo, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos del mismo.

Los contribuyentes que tributen en los términos de este artículo, sin demérito de la fracción VI del presente artículo y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales sin servicios de internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general.

Artículo 151. ...

I. a VII. ...

VIII. Los pagos por cuotas de inscripción y reinscripción correspondientes a los tipos de educación básica y media superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igualo superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.

No será aplicable esta deducción cuando las personas mencionadas en el párrafo anterior reciban cualquier apoyo económico público o privado para pagar la cuota de reinscripción.

Los pagos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Para los efectos de esta fracción, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste.

IX. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda de 5 por ciento.

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I, II y VIII que anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada.

Se deroga párrafo quinto

Título VII

Capítulos I a XI..

Capítulo XII

Artículo 205. Los contribuyentes del título II y del capítulo II del título IV de esta ley podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 33, 34 y 35 de la ley, deduciendo en el ejercicio en que se efectúe la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este artículo. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo segundo de esta ley. Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a continuación se señalan:

I. Los por cientos por tipo de bien serán

a) Tratándose de construcciones:

l. 85 por ciento para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

2. 74 por ciento en los demás casos.

b) Tratándose de ferrocarriles:

l. 63 por ciento para bombas de suministro de combustible a trenes.

2. 74 por ciento para vías férreas.

3. 6 por ciento para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones.

4. 80 por ciento para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes.

5. 85 por ciento para el equipo de comunicación, señalización y telemando.

c) 78 por ciento para embarcaciones.

d) 93 por ciento para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.

e) 94 por ciento para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentrado res de redes de cómputo.

f) 95 por ciento para dados, troquel es, moldes, matrices y herramental.

g) Tratándose de comunicaciones telefónicas:

1. 74 por ciento para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.

2. 82 por ciento para sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y guías de onda.

3. 85 por ciento para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores.

4. 93 por ciento para equipo de la central telefónica destinada a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica.

5. 85 por ciento para los demás.

h) Tratándose de comunicaciones satelitales:

l. 82 por ciento para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite.

2. 85 por ciento para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del satélite.

II. Para la maquinaria)’ equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de acuerdo con la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:

a) 74 por ciento en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre.

b) 78 por ciento en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural.

c) 80 por ciento en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural.

d) 82 por ciento en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.

e)84 por ciento en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica.

f) 85 por ciento en el transporte eléctrico.

g) 86 por ciento en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido.

h) 87 por ciento en la industria minera; en la construcción de aeronaves. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a la maquinaria y equipo señalado en el inciso b) de esta fracción.

i) 90 por ciento en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las estaciones de radio y televisión.

j) 92 por ciento en restaurantes.

k) 93 por ciento en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

1)95 por ciento para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país.

m)96 por ciento en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación.

n) 85 por ciento en otras actividades no especificadas en esta fracción.

o) 93 por ciento en la actividad del autotransporte público federal de carga o de pasajeros.

En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en la fracción II de este artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquel en que se realice la inversión.

La opción a que se refiere este artículo, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola.

Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México.

La opción a que se refiere este artículo, sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no requieran uso intensivo de agua en sus procesos productivos, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último caso además obtengan de la unidad competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, constancia que reúne dicho requisito, la opción prevista en este párrafo no podrá ejercerse respecto de autobuses, camiones de carga, tractocamiones y remolques.

Artículo 206. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior, por los bienes a que la aplicaron, estarán a lo siguiente:

I. El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate.

El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo 196 de esta ley por cada tipo de bien.

II. Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos percibidos por la misma.

III. Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la deducción señalada en el artículo 36-A de esta ley, los por cientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción del artículo 36-A de la ley citada y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a la siguiente

Para los efectos de las fracciones I y III de este artículo, cuando sea impar el número de meses del periodo a que se refieren dichas fracciones, se considerará como último mes de la primera mitad el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.

Se deroga párrafo quinto

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091115-I.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/Leyes Biblio/abro/lisr/LISR_ref16_07 dic09.pdf

3 Ídem.

4 https://home.kpmg.com/mx/es/home/tendencias/kpmg-en-imagen/2016/02/encuesta-glo bal-tasas-fiscales-20151.html

5 Cepal (2016). Tributación para un crecimiento inclusivo. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/ S1600238_es.pdf;jsessionid=59DAC91FB7EOD4747F363CB1DEC32BCF?sequence=1

6 OCDE (2016). América Latina y el Caribe: los ingresos tributarios aumentan ligeramente, pero aún se mantienen muy por debajo de los niveles de la OCDE. Recuperado de http://www.oecd.org/ctp/america-latina-y-el-caribe-los-ingresos- tributarios-aumentan-ligeramente-pero-aun-se-mantienen-muy-por-debajo-de-los-ni veles-de-la-ocde.htm

7 OCDE (2017). Estudios económicos de la OCDE, México. Recuperado de https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocd e-vision-general.pdf

8 http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental- para-el-crecimiento-en-mexico.html

9 http://www.ipyme.org/Publicaciones/lncentivos_internacionales_ Crecimiento_Empresarial_oct2011.pdf

10 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza /default.aspx

11 Inegi (2016). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Boletín de prensa número 131/16. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/ boletines/2016/ especiales/especiales2016_03_01.pdf

12 Ley General de Educación. Artículo 54.

13 En su caso, también deberán satisfacer los demás requisitos a que se refiere el artículo 21 de la Ley General de Educación.

14 Diario Oficial de la Federación (27 de mayo de 1998). Secretaría de Educación Pública. Acuerdo número 243, por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

15 SEP (2016). Principales cifras del sistema educativo nacional 2015-2016. Recuperado de http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/ estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principal es_cifras_2015_2016_bolsillo_preliminar.pdf

16 HSBC, 10 de septiembre de 2014. Educación privada: ¿pagar o no pagar? [En línea] Recuperado de https:/ /www.hsbc.com.mx/ 1/PA_esf-ca-a pp­content/content/inicio/grupo_hsbc/sala_prensa/ archivos/cp_valor _educacion.pdf [Consulta: 23 de marzo de 2015.]

17 Con fundamento en el “acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013.

18 El miércoles 18 de enero de 2017, el dólar llegó a venderse en ventanillas hasta en 22.50 pesos.

19 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469285 &fecha=18/01/2017

Senado de la República, a 14 de febrero de 2017.— Senador Fernando Torres Graciano (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INICIATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES

LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Congreso del Estado de Veracruz.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción III, y 38 de la Constitución Política local, somete a la consideración de esa soberanía la iniciativa ante el Congreso de la Unión, de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, aprobada en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, por el pleno de esta potestad legislativa.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras distinguidas consideraciones.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, enero 31 de 2017.— Diputada María Elisa Manterola Sainz (rúbrica), Presidenta; diputada Regina Vázquez Saut (rúbrica), secretaria.»

«Congreso del Estado de Veracruz.

La Sexagésima Cuarta Legislatura delHonorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33, fracción III, de la Constitución Política local y 18, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en nombre del pueblo, expide la siguiente

Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente

Artículo Único. Preséntese ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en nombre de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la presente iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en los términos siguientes:

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción III, y 38 de la Constitución Política local, 47, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Veracruz, somete a la consideración de esa soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 26 de febrero del 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3 constitucional, en la cual se dio una reestructuración administrativa del sistema educativo nacional y estatal.

Dentro de la reforma de este precepto, en su fracción III, se contempló la obligatoriedad de la evaluación como un instrumento que regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional.

Esta norma constitucional remite a la ley reglamentaria para determinar los parámetros a los que estará sujeto la evaluación, que en este caso es la Ley General del Servicio Profesional Docente, misma que fue publicada el 11 de septiembre de 2013.

Dicho instrumento secundario tiene como objeto la regulación del servicio profesional docente en la educación básica y media superior, el establecimiento de los perfiles, parámetros e indicadores del servicio profesional docente, la regulación de los derechos y obligaciones derivados del servicio profesional docente, y el aseguramiento de la transparencia y rendición de cuentas en el servicio profesional docente.

Es de resaltar que en el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, puntualiza la obligación de las autoridades estatales para evaluar el desempeño docente, recalcando la obligatoriedad de la misma.

Sin, embargo no hay que perder de vista que el artículo 53 de la ley en comento, se enmarca la insuficiencia en el nivel de desempeño, la incorporación en el programa de regularización y las diferentes etapas de evaluación y en el último párrafo del texto referido, señala las consecuencias que se tendrán en caso de que un docente no apruebe las tres etapas evaluativas, es evidente que el resultado de la misma es lo más radical posible, según señala el autor de la multicitada iniciativa.

La parte sustantiva y lo que genera este párrafo, es un estado indiscutible de zozobra, incertidumbre y violencia laboral, que impide a los maestros un enfoque directo a la actividad formativa a la que se dedican, por lo que se violentan sus derechos humanos y garantías constitucionales.

Es oportuno señalar que el 20 de enero de 2017, se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, el décimo foro estatal denominado Educación y resistencia magisterial, hacia una propuesta legislativa en Veracruz, en el que cientos de representantes de diversas partes de la entidad veracruzana, manifestaron su preocupación y rechazo a la consecuencia derivada de no tener un resultado satisfactorio en la tercera etapa de evaluación

Dentro de los señalamientos vertidos, se tiene que algunos maestros viven en una desconfianza total por ser cesados o removidos de sus lugares de empleo por una manifestación expresa en el Ley General del Servicio Profesional Docente, sin embargo haciendo honor a la verdad, existen serias contradicciones de fondo.

Derivado del análisis minucioso se encuentra una clara y evidente antinomia jurídica, ya que en el texto de la ley se enuncia que se dará por terminado el nombramiento y en el transitorio señala que no surtirá sus efectos, por lo que es improrrogable la adecuación del numeral 53. Pero al ir más allá, se encuentra otra gran incongruencia legal, que pone entre dicho el transitorio octavo y noveno.

Es de observancia general que lo dicho en el artículo transitorio de referencia, es prueba clara de una antinomia de derecho, que provoca que los profesores no tengan certeza legal de qué pasará con todo aquel que no cuente con un resultado suficiente.

Por todo lo anterior los docentes y el gremio magisterial han manifestado su temor, por no saber cuál será el instrumento jurídico que los asista, es decir su preocupación e incertidumbre radica en no saber con qué normatividad serán juzgados o será un acto de discreción que permitirá de alguna manera generar preferencias o favoritismos a ciertos sectores del gremio.

Para el estado de Veracruz existen serias violaciones procesales ya que al día de hoy, no se encuentra en funciones el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa, mismo que es el encargado de realizar las evaluaciones por lo que es la interrogante estriba en saber cuál es la metodología a seguir para implementar dichas acciones. En el mismo sentido se presume que los capacitadores no cumplen con los requisitos enunciados en la Ley Estatal de Educación, lo que exhibe de nueva cuenta una falta grave.

En el ámbito supranacional el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona a tener un trabajo.

Lo más alarmante de la redacción actual del párrafo cuarto del artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente es que motiva el desempleo, al señalar que se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad.

Una vez asentado lo anterior y después de percatarse de la imperiosa necesidad de que el Congreso de la Unión evalué la prudencia de dar marcha atrás a este acto vil, con el que “se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda”.

Es por lo anterior que las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentamos ante el Congreso de la Unión la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente

Artículo Único. Se reforman el párrafo cuarto del artículo 53 y segundo párrafo del noveno transitorio y se deroga el octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue:

Artículo 53. ...

En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, serán sometidos a un programa de formación pedagógica, impartido por instituciones públicas de educación superior que tengan como objetivo la formación y desarrollo de los profesionales de la educación que atiendan las necesidades de servicios educativos en su región determinada, concluido el programa de formación pedagógica, se sujetará al proceso de evaluación enunciado en este mismo artículo.

Transitorios

Primero a Séptimo. ...

Octavo. Se deroga.

Noveno. ...

Será sometido a un programa de formación pedagógica, impartido por instituciones públicas de educación del servicio público, el personal que:

I. a III. ...

Décimo a Vigésimo Segundo. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Transitorios

Primero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado.

Segundo. Remítase a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos procedentes.

Dada en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la llave, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecisiete.— Diputada María Elisa Manterola Sainz (rúbrica), Presidenta; diputada Regina Vázquez Saut (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

MINUTAS

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-2P-147

Por el que se reforma el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 51.

Las instituciones de educación, los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación promoverán conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de con cimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación en las cuales se procurará aprovechar e impulsar las capacidades y ventajas competitivas de las entidades federativas o regiones en que se asienten, y se buscará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en dichas instituciones de educación, Centros y entidades, así como de los investigadores, académicos y personal especializado adscritos a la institución, centro o entidad, que participen en la parte sustantiva del proyecto.

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente, senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica) secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por e que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-2P-148

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Primero. Se reforma la fracción XVII del artículo 12, de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 12.

I. a XVI. ...

XVII. Se promoverá la creación, conservación, consolidación, actualización y desarrollo de la infraestructura de investigación y de transferencia d tecnología nacional existente;

XVIII. a XX. ...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II y una fracción VII Bis al artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2.

I. ...

II. ...

Para ello, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología impulsará la formación de recurso humanos especializados en la transferencia de adopción y validación d tecnología orientados a incrementar la competitividad y productividad nacional.

III. a VII. ...

VII Bis. Articular y fortalecer las capacidades relacionadas con la transferencia de tecnología para la innovación agropecuaria y el desarrollo rural.

VIII. a XXX. ...

Artículo Tercero. Se reforman los artículos. 19, párrafo primero; 133, párrafos primero y segundo; 34, párrafo tercero; 36, primer párrafo; 37, fracciones I, III, VII, IX, X y XIV; y el artículo 48, fracción I; y se adicionan un segundo párrafo, recorriéndose el párrafo tercero actual del artículo 19, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 19. Con objeto de que la gestión pública que se realice para cumplir esta ley constituya una acción integral del Estado en apoyo al desarrollo rural sustentable, el Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Intersecretarial, coordinará las acciones y programas de las dependencias y entidades, relacionadas con el desarrollo rural sustentable, y así generar un mayor crecimiento económico, promover la productividad y la competitividad, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población del sector rural.

La Comisión Intersecretarial podrá proponer al Ejecutivo federal las políticas y criterios para la formulación de programas y acciones de las dependencias y entidades del sector público y evaluará, periódicamente, los programas relacionados con el desarrollo rural sustentable. En su caso, la Comisión Intersecretarial someterá a la aprobación del Ejecutivo Federal nuevos programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable para ser incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente.

Artículo 33. La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, integrará la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual tendrá como objetivo incrementar la productividad del sector agropecuario y generar un mayor crecimiento económico y bienestar social, será de carácter multidisciplinario e interinstitucional considerando las prioridades nacionales, estatales y regionales; asimismo, llevará a cabo la programación y coordinación nacional en esta materia, con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley de Ciencia y Tecnología y en el Plan Nacional de Desarrollo y en los demás ordenamientos aplicables, tomando en consideración las necesidades que planteen los productores y demás agentes de la sociedad rural.

La Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Desarrollo Rural Sustentable, con base en las instituciones competentes y utilizando los recursos existentes, incluirá las medidas para disponer de una instancia con capacidad operativa, autonomía efectiva y autoridad moral para emitir los dictámenes y resoluciones arbitrales que se requieran, para cuya elaborF1ción deberá tomarse en cuenta las recomendaciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; asimismo, tenderá a contar con un adecuado diagnóstico permanente de los diferentes aspectos necesarios para la planeación del desarrollo rural sustentable y a la búsqueda de soluciones técnicas acordes a los objetivos soberanos de la producción nacional.

Artículo 34. ...

El sistema tiene como objetivo coordinar, articular, vincular y concertar I las acciones de instituciones públicas, organismos sociales y privados que promueven, y realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y validación y transferencia de conocimientos, tecnología e innovaciones en la rama agropecuaria, tendentes a la identificación y atención tanto de los grandes problemas nacionales en la materia como de las necesidades inmediatas de los productores y de más agentes de la sociedad rural respecto de sus actividades agropecuarias.

Artículo 36. En materia de investigación agropecuaria, el gobierno federal impulsará la investigación básica, el desarrollo tecnológico y de innovaciones; con este propósito y con base en la Ley de Ciencia y Tecnología y demás ordenamientos aplicables, la secretaría tendrá a su cargo la coordinación de las instituciones de la administración pública federal cuya responsabilidad sea la investigación agropecuaria, socioeconómica y la relacionada con los recursos naturales del país, así como el apoyo a los particulares y empresas para la validación de la tecnología aplicable a las condiciones del país que se genere en el ámbito nacional e internacional, siempre que sean consistentes con los objetivos de sustentabilidad y protección del medio ambiente a que se refiere esta ley y las demás disposiciones en la materia.

Artículo 37. ...

I. Atender las necesidades en materia de ciencia, tecnología e innovación de los productores y demás agentes de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales y aquellas de carácter no agropecuario que se desarrollan en el medio rural;

II. ...

III. Impulsar el desarrollo de la investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación;

IV. a VI. ...

VII. Establecer los mecanismos de eficiencia y productividad que propicien que los sectores social y privado y demás sujetos vinculados a la producción rural se beneficien y orienten las políticas relativas en la materia;

VIII. ...

IX. Fomentar la integración, administración y actualización pertinente de la información relativa a las actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación agropecuaria y de desarrollo rural sustentable;

X. Fortalecer las capacidades de innovación, regionales y estatales, propiciando su acceso a los programas de investigación y transferencia de tecnología;

XI. a XIII. ...

XIV. Aprovechar la experiencia científica y tecnológica y disponible para trabajar en proyectos de alta prioridad específica, incluyendo las materias de biotecnología, ingeniería genética, bioseguridad e inocuidad;

XV. a XVIII. ...

Artículo 48. ...

I. Los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

II. a IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-2P-149

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y se adicionan los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 todos del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

CAPÍTULO I DEL OBJETO DE ESTE REGLAMENTO

Artículo 1.

1.Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento tienen por objeto normar el funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones aplicables.

2.El presente Reglamento incorpora los principios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 2.

1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

a) Agenda de Programación: Documento de trabajo que contiene las sesiones plenarias de ambas Cámaras, sesiones de trabajo de comisiones, foros y eventos en general, que cubrirá el Canal y que puede realizarse en el territorio nacional. Tiene una periodicidad semanal. Asimismo, se señala el tipo de grabación y/o transmisión y el personal asignado;

b) Bitácora de programación diaria: Documento basado en la carta de programación y conformado por las series, programas unitarios y especiales. Asimismo, incluye la continuidad, es decir, aquellos espacios de transmisión entre programa y programa, en el cual se ofrecen cápsulas y promocionales. Su elaboración es diaria y abarca desde el inicio hasta el término de la transmisión;

c) Canal: Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

d) Carta de Programación: Esquema general de la programación, con temporalidad mensual, en el que se definen espacios determinados para programas legislativos, informativos, análisis y opinión, educativos y culturales y en el que incluyen los nombres de las series, días y horarios de transmisión;

e) Comisión: Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

f) Congreso: Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que se divide en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores;

g) Consejo: Consejo Consultivo Ciudadano;

h) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

i) Defensor: Defensor de Audiencia;

j) Defensoría: Defensoría de Audiencia;

k) Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones;

l) Ley Federal: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

m) Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

n) Lineamientos: Lineamientos Generales de Administración;

o) Multiprogramación: Distribución de más de un canal de programación en el mismo canal de transmisión;

p) Políticas internas: Políticas internas de orden general conformadas por documentos que contienen directrices y procedimientos para el mejor funcionamiento del Canal, y

q) Reglamento: Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO IIDEL OBJETO, PRINCIPIOS Y FUNCIONES DEL CANAL

Artículo 3.

1.Canal es un medio de comunicación del Estado, dependiente del Poder Legislativo y perteneciente a la Nación, que goza de autonomía e independencia, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

2.El Canal tiene por objeto, reseñar y difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación, la actividad legislativa y parlamentaria de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores nacionales.

3.Para el cumplimiento de su objeto, el Canal hará uso de la Multiprogramación y de aquellos elementos tecnológicos que faciliten sus objetivos, de conformidad a sus capacidades técnicas y presupuestales.

4.El Canal tendrá su sede en la Ciudad de México.

Artículo 4.

1. El Canal deberá informar a la sociedad mexicana bajo los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales.

2.La información que difunda se deberá interpretar simultáneamente a lengua de señas mexicana, o contar con subtitulaje oculto en idioma nacional, o ambas, en la medida de las posibilidades técnicas y presupuestales del Canal.

3.Asimismo, el portal de Internet del Canal ofrecerá mecanismos que garanticen el acceso a personas con discapacidad.

Artículo 5.

1.El Canal tiene entre sus funciones:

a) Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se produzcan eventos relacionados con su objeto, conforme a las Políticas Internas;

b) Contribuir a colocar en el espacio público los intereses de la Nación por encima de los intereses particulares o de grupo, en el marco de la pluralidad democrática y la tolerancia;

c) Considerar a la información y al conocimiento de la realidad nacional como un bien y un derecho público a las cuales tienen derecho de acceder y ejercer todos los mexicanos;

d) Fomentar que la difusión del análisis, la discusión y el debate de los problemas nacionales se realice con plena libertad y tolerancia, para fortalecer la opinión pública;

e) Contribuir al fortalecimiento educativo y cultural que requiere el avance del país y fomentar el desarrollo de la cultura cívica y política en la sociedad, con énfasis en la población infantil y juvenil;

f) Fomentar la paz, los valores humanos y sociales, nacionales y universales, garantizados por la Constitución;

g) Construir un vínculo entre el Congreso, los órganos que lo integran y la sociedad, que permitan establecer una mutua, sólida y fluida relación de información entre las partes;

h) Promover la libertad de expresión, atender las diversidades ideológicas, étnicas y culturales y fomentar el debate ciudadano sobre temas vinculados con la actividad legislativa;

i) Coadyuvar a difundir el pensamiento, la cultura, las ciencias y las artes en sus diversas manifestaciones;

j) Contribuir a difundir la actividad legislativa y parlamentaria de los órganos legislativos de las entidades federativas;

k) Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de sus audiencias, en el ámbito de sus competencias, sujetándose a la normatividad aplicable, y

l) Otorgar a la audiencia el pleno acceso a sus contenidos, a través de sus plataformas, en la medida de las capacidades técnicas y presupuestales.

Artículo 6.

1. La señal y los contenidos del Canal serán públicos. Podrán ser empleados por cualquier medio de comunicación, mencionando la fuente y respetando el logotipo del Canal, excepto los programas cuyos derechos pertenezcan a terceros, los cuales, para su reproducción, necesitarán autorización expresa de sus propietarios o de los titulares de los derechos.

CAPÍTULO III DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL CANAL

Artículo 7.

1. El presupuesto del Canal será ejercido por éste y se integra con los derechos e ingresos que por cualquier título legal adquiera o perciba a través de las Cámaras del Congreso, mismo que deberá sujetarse a los principios de racionalidad y eficiencia presupuestaria.

2. El presupuesto deberá ser acorde con las necesidades del Canal para garantizar la alta calidad en los contenidos, en la grabación, en los procesos de edición, post producción y en la transmisión, así como, la operación eficiente del Canal y su equilibrio financiero.

Artículo 8.

1. Los ingresos del Canal se integran con:

a) La asignación presupuestal que anualmente apruebe el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación relativo al Poder Legislativo, a través de ambas Cámaras en partes iguales, misma que deberá ser acorde con el gasto programado por el Canal y avalado por la Comisión;

b)Los ingresos extraordinarios derivados de patrocinios, intercambio de servicios, tiempo al aire, programación y otros servicios prestados, conforme a la normatividad aplicable; todo ingreso extraordinario que reciba el Canal deberá informarse a la Comisión.

La Dirección del Canal deberá presentar las acciones o proyectos a financiar con dichos recursos;

c) Los recursos adicionales para el desarrollo de proyectos específicos del Canal, que gestione la Comisión, ante los órganos competentes de ambas Cámaras, y

d) Los remanentes de la operación del Canal solo podrán invertirse al objeto de la concesión.

Artículo 9.

1. El presupuesto y los recursos que utilice la Comisión para el ejercicio de sus funciones, el desarrollo de sus actividades y la ejecución de su plan de trabajo, serán independientes y ajenos al presupuesto asignado al Canal.

Artículo 10.

1. La administración del Canal incluidas las adquisiciones, licitaciones de equipo y servicios se realizarán de acuerdo con los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión.

Artículo 11.

1. El Canal contará con un fondo revolvente sujeto a los Lineamientos aprobados por la Comisión.

CAPÍTULO IVDE LA COMISIÓN BICAMARAL

Artículo 12.

1.El órgano rector del Canal será la Comisión, responsable de conducir sus actividades y de vigilar el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 1 del presente Reglamento.

Artículo 13.

1. La Comisión estará integrada por tres miembros de cada Cámara, de conformidad con la Ley Orgánica, debiendo ser constituida durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, misma que funcionará de la siguiente manera:

a) La Comisión tendrá una Mesa Directiva integrada por una Presidencia y dos Secretarías, electas de manera directa por los integrantes de la misma; dichas responsabilidades se ejercerán durante doce meses, y serán rotatorias entre los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión y alternada entre ambas Cámaras. A más tardar dentro de los primeros treinta días de cada año legislativo se deberá elegir a la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el periodo establecido.

En ningún caso se podrá repetir el cargo de la Presidencia en el transcurso de una Legislatura; además las Secretarías en ningún caso, serán integradas por representantes del Grupo Parlamentario al que pertenezca el Presidente de la Comisión ni de la Cámara de este último;

b) La Presidencia tendrá que observar en el ejercicio de sus funciones los principios de transparencia, pluralidad, equidad, diversidad, inclusión, imparcialidad y participación;

c) Para que la Comisión pueda sesionar válidamente, se requiere la asistencia de la mayoría de sus integrantes;

d) Los mecanismos de trabajo de la Comisión serán decididos libremente por la misma, tomando en cuenta las normas que regulan el trabajo en comisiones del Congreso;

e) La Comisión se reunirá en sesión ordinaria, cuando menos una vez al mes, previa convocatoria de la Presidencia, la cual deberá ser emitida por lo menos con cinco días de anticipación, recabando el acuse de recibo correspondiente. Dicha convocatoria deberá estar acompañada del orden del día propuesto por la Presidencia, y en su caso de los documentos motivo del análisis o propuestas a discutirse en la sesión. En caso de sesiones extraordinarias, podrán ser solicitadas a la Presidencia por cualesquiera de los integrantes de la Comisión y deberán convocarse por lo menos con 48 horas de anticipación;

f) Los acuerdos de la Comisión privilegiarán el consenso y, en su defecto, se adoptarán por mayoría de votos, de los integrantes presentes. En caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad;

g) Ante situaciones que incidan en la programación y operación del Canal no previstas en este Reglamento, así como en las Políticas internas que dicte la Comisión, la Presidencia tendrá la obligación de consultar el procedimiento a seguir a la totalidad de los integrantes de la Comisión;

h) La sede de las reuniones de la Comisión deberá alternarse entre ambas Cámaras del Congreso, salvo acuerdo en contrario de la misma;

i) La Comisión tendrá una Secretaría Técnica que preferentemente atenderá los criterios del Servicio Profesional de Carrera. La persona titular de la Secretaría Técnica deberá asistir y asesorar a la Presidencia de la Comisión y a los legisladores y/o legisladoras integrantes, en el control, seguimiento y sistematización de las tareas encomendadas que sean de su competencia y deberán cumplir con las funciones señaladas en el documento de política interna correspondiente.

Para el debido cumplimiento de sus funciones, dicha Secretaría Técnica contará con los recursos materiales y humanos necesarios en ambas Cámaras, a fin de atender directamente las solicitudes de los integrantes de la Comisión;

j) Cuando alguno de sus integrantes no pueda asistir a la sesión, podrá enviar comentarios por escrito a la Presidencia, o a través de la Secretaría Técnica. Su posición será tomada en cuenta para los efectos correspondientes;

k) La Comisión podrá crear subcomisiones especiales para atender asuntos específicos, debiendo dar cuenta al pleno para su resolución correspondiente, y

l) Las actas deberán ser avaladas mediante firmas, por los integrantes de la Comisión.

CAPÍTULO VDE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN

Artículo 14.

1. Son atribuciones de la Comisión:

a) Definir, elaborar y publicar las bases de la convocatoria para el procedimiento de designación del Titular de la Dirección General del Canal, escuchando la opinión de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras;

b) Nombrar y remover al Titular de la Dirección General del Canal, observando lo dispuesto por el presente Reglamento. La decisión que para estos efectos tome la Comisión deberá ser informada a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras;

c) Aprobar los Lineamientos, y las Políticas Internas;

d) Evaluar, supervisar y aprobar, a propuesta del Titular de la Dirección del Canal y a más tardar el 30 de junio de cada año, el anteproyecto de presupuesto anual del Canal, así como el proyecto de programa anual de trabajo, que deberá ser acorde al presupuesto aprobado;

e) Una vez aprobado el proyecto de presupuesto anual del Canal, La Comisión lo remitirá a los órganos de gobierno de cada Cámara a más tardar durante la primera quincena del mes de julio de cada año, para los efectos correspondientes.

Asimismo, la Comisión realizará las gestiones necesarias, ante las instancias competentes, para que sea autorizado el presupuesto del Canal;

f) Recibir para su conocimiento del Titular de la Dirección General del Canal la carta de programación y la agenda de programación, así como, la bitácora de programación;

g) Aprobar las reglas de transmisión de las Sesiones Plenarias, de Comisiones, Comités del Congreso y demás transmisiones que se realicen;

h) Solicitar a la autoridad competente en materia de control y fiscalización del gasto, la realización de auditorías al Canal;

i) Analizar y aprobar el informe trimestral, el informe anual y el programa de trabajo del Canal;

j)Designar al Defensor, observando lo dispuesto por el Reglamento y la normatividad aplicable;

k) Analizar y aprobar, en su caso, el informe anual y el programa de trabajo de la Defensoría.

A más tardar el 30 de junio de cada año, la Comisión aprobará el proyecto de presupuesto anual de la Defensoría;

l) Emitir la convocatoria pública abierta, así como elegir y aprobar la integración del Consejo, conforme a lo dispuesto por el Reglamento. Asimismo, podrá determinar la sustitución de sus miembros en los casos previstos por el presente Reglamento;

m) Recibir, analizar y orientar las quejas, observaciones y solicitudes que diputados y senadores presenten sobre el funcionamiento del Canal, con excepción de aquellas relacionadas con los contenidos y programación, las cuales deberán ser presentadas ante el Defensor para los efectos procedentes;

n) Disponer de lo necesario para que el Canal, el Consejo y la Defensoría, cumplan debidamente con el desarrollo de sus actividades;

o) Emitir, con el apoyo del Secretario General de la Cámara de Diputados y el Secretario General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores los Lineamientos para las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo y otros servicios que requiera el Canal, así como el marco de actuación para la administración de Recursos Humanos y Financieros mismos que serán de aplicación Bicamaral;

p) Aprobar, a propuesta del Titular de la Dirección del Canal, el Programa Anual de Adquisiciones del Canal y sus eventuales modificaciones;

q) Recibir trimestralmente del Titular de la Dirección del Canal, informes sobre las contrataciones, adquisiciones y licitaciones realizados por la Dirección del Canal;

r)Aprobar el Manual de Organización, el Catálogo de Funciones y Puestos específicos del Canal así como los perfiles de puesto de las plazas con el fin de homologar las percepciones y prestaciones de los trabajadores del Canal; y

s) Las demás que les confieren otras disposiciones jurídicas y las que apruebe la Comisión.

Artículo 15.

1. En caso de que alguno de los señalados en el inciso o) del artículo 14 no pudieran asistir a las reuniones donde se discutan los temas de contratación, adquisición o licitación de equipo y de servicios, sus suplencias deberán ser delegadas exclusivamente a:

a)El Secretario General de la Cámara de Diputados por el Secretario de Servicios Administrativos y Financieros o el Director General de Recursos Materiales de dicha Cámara; y

b)El Secretario General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de dicha Cámara.

CAPÍTULO VIDEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CANAL

Artículo 16.

1. El Titular de la Dirección General será el responsable del Canal al que alude el numeral 4 del artículo 141 de la Ley Orgánica y su función será la de coordinar y ejecutar las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las actividades del Canal.

2. El Titular de la Dirección General del Canal durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelecto en una sola ocasión, por acuerdo de la mayoría de los Integrantes de la Comisión por un segundo periodo con la misma duración. Dicho funcionario podrá ser objeto de extrañamientos, reconvenciones, o en su caso remoción por parte de la Comisión cuando incurra en faltas u omisiones a la Ley Orgánica, a su Reglamento y demás normas aplicables, disposiciones y acuerdos que adopte la Comisión; su actuación estará sujeta a la normatividad aplicable en materia de responsabilidades.

Artículo 17.

1. Para ser Titular de la Dirección General del Canal se requiere:

a) Poseer la ciudadanía mexicana, en pleno goce y ejercicio de sus derechos;

b)Contar con amplia y probada experiencia en el campo de los medios de comunicación;

c)No haber sido dirigente de algún partido político o registrado como candidato a cargo de elección popular, así como de alguna Agrupación Política Nacional en los cinco años inmediatos anteriores a su designación;

d) Contar con título profesional de licenciatura o algún otro reconocimiento oficial que sea equivalente u homólogo debidamente registrado ante la autoridad competente;

e)Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la libertad y no encontrarse sujeto a responsabilidad administrativa, y

f)No pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.

CAPÍTULO VII DE LAS ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CANAL

Artículo 18.

1. Son atribuciones y obligaciones del Titular de la Dirección General del Canal las siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, la Constitución, los Tratados Internacionales de los que México sea parte, la Ley Orgánica, el Reglamento, los Lineamientos, los programas de trabajo y las políticas internas que apruebe la Comisión, así como las demás disposiciones normativas aplicables;

b) Aprobar y ejecutar las reglas propuestas por el Consejo para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, así como las relativas a la independencia editorial del Canal;

c) Nombrar y remover al personal del Canal de conformidad con lo establecido en el Reglamento;

d) Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se produzcan eventos relacionados con su objeto; de conformidad con las Políticas Internas;

e) Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Canal y el proyecto del programa anual de trabajo correspondiente, para presentarlo a la Comisión a más tardar el primero de junio de cada año.

El proyecto final del programa de trabajo deberá entregarse a la Comisión, de manera posterior a la asignación del presupuesto del Canal y a más tardar el primero de febrero del año siguiente;

f) Rendir a la Comisión un informe general de actividades trimestralmente conforme al año calendario. Del mismo modo deberá presentar un informe anual antes del 15 de febrero del año siguiente al proyectado en el programa de trabajo. Dichos informes, serán publicados en el sitio de Internet del Canal;

g) Preparar, en lo que corresponda, el proyecto de informe que la Comisión debe presentar al Congreso a través de sus respectivas Mesas Directivas, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones y de entregarlo a la Comisión, con cuando menos quince días de anticipación;

h) Elaborar el proyecto de Manual de Organización que contenga la estructura y organización del Canal, que deberá incluir las relaciones de mando y supervisión, las áreas y oficinas que conformen el Canal, así como sus modificaciones, para someterla a la consideración y aprobación de la Comisión;

i) Elaborar el proyecto de Lineamientos que provea un marco de actuación administrativa para el manejo de los Recursos Humanos y Financieros y establezca las políticas, lineamientos y procedimientos para la contratación y adquisición de bienes y servicios requeridos por el Canal;

j) Entregar a la Comisión y a los órganos de gobierno de cada Cámara la carta de programación, la agenda de programación y la bitácora de programación del Canal;

k) Entregar a la Comisión las reglas de transmisión de las Sesiones Plenarias, de Comisiones, Comités del Congreso y demás transmisiones que se realicen;

l) Ante situaciones que incidan en la programación y operación del Canal, no previstas en el Reglamento, así como en las políticas internas que dicte la Comisión, estará obligado a informar a la Presidencia de la Comisión;

m) Informar trimestralmente a la Comisión sobre las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo o de servicios que haya llevado a cabo el Canal;

n) Asistir, cuando sea convocado, a las sesiones de la Comisión y del Consejo, para el desahogo de los asuntos que determinen;

o) Presentar a la Comisión para su aprobación el Programa Anual de Adquisiciones e informar trimestralmente sobre las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo o de servicios que haya llevado a cabo el Canal;

p) Facilitar y apoyar los trabajos del Consejo y la Defensoría;

q) Conocer y resolver en tiempo y forma los procedimientos y peticiones que remita la Defensoría, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Ética del Canal;

r) Informar a los integrantes de la Comisión el estado que guarda el funcionamiento del Canal, así como cualquier situación relevante que se presente en su operación;

s) Tomar las previsiones técnicas necesarias para asegurar la adecuada catalogación y conservación de las videograbaciones realizadas por el Canal que forman parte del acervo documental del Congreso;

t) Celebrar convenios de colaboración con organismos gubernamentales y de la sociedad civil, nacionales y extranjeros, en acuerdo con la Comisión y las Mesas Directivas de ambas Cámaras;

u) Celebrar cartas de autorización de transmisión o cartas compromiso con medios de comunicación públicos y privados, organismos gubernamentales y de la sociedad civil, nacionales y extranjeros, o bien otras instituciones, para el fortalecimiento de la calidad y los contenidos;

v) Presentar a la Comisión para su análisis y aprobación el Catálogo General de Funciones y Puestos, específico y único para los trabajadores del Canal;

w) Ejercer la representación legal del Canal, quien podrá delegarla al servidor público que al efecto designe, en los términos del Manual de Organización, y

x) Las demás que le señale el Reglamento y la Comisión.

CAPÍTULO VIII DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

Artículo 19.

1. El Consejo es un órgano colegiado, honorífico, ciudadano, plural y diverso, conformado por once integrantes, preferentemente de amplio y reconocido prestigio académico y profesional.

Artículo 20.

1. Los consejeros serán electos por la Comisión, por mayoría de votos de sus integrantes, entre aquellos que cumplan con el perfil que establezca la convocatoria pública abierta que aquélla emita para tal efecto.

Artículo 21.

1. El Consejo contará con una Presidencia y una Secretaría Técnica, quienes serán electos por ellos mismos de entre sus miembros y será apoyado por la Presidencia de la Comisión y la Dirección General del Canal.

Artículo 22.

1. El Consejo podrá apoyarse de la Comisión para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 23.

1.El cargo de consejero será por tres años, con la posibilidad de ser ratificado hasta por dos ocasiones y se desempeñará de forma escalonada.

2.El cargo no recibirá retribución alguna; su actuación y participación es de carácter personal e intransferible.

Artículo 24.

1. Para formar parte del Consejo, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)Poseer la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos;

b)No desempeñar, ni haber desempeñado, cargos de dirección nacional o estatal, en algún partido o agrupación política, en los dos años anteriores a su designación;

c) No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo alguno como funcionario de los Poderes de la Unión, de las Entidades Federativas o de los Municipios, en los dos años anteriores a su designación;

d)Preferentemente tener un amplio reconocimiento y prestigio académico o profesional en temas relacionados con los medios de comunicación y telecomunicaciones, y

e)Participar en el proceso de selección en los términos del Reglamento y la convocatoria respectiva.

Artículo 25.

1. Los consejeros podrán ser substituidos de su cargo por la Comisión, antes de la culminación de su periodo cuando:

a) Deje de asistir, en forma injustificada, a dos sesiones;

b) No cumpla o violente los objetivos del Canal o los acuerdos del Consejo;

c) Dejar de cumplir con alguno de los requisitos de elegibilidad, o

d) Por renuncia expresa.

2. El consejero sustituto desempeñara el cargo por el tiempo que restare al que sustituye para concluir el periodo por el que fue nombrado. La Comisión lo elegirá de entre los participantes del último proceso de selección, en los términos que esta determine.

CAPÍTULO IXDEL FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

Artículo 26.

1. El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada tres meses en sesión ordinaria. Podrá reunirse en sesiones extraordinarias, ya sea en pleno o por comisiones, cuando sea convocado por su Presidencia o cuando un tercio de los consejeros así lo soliciten.

Artículo 27.

1. Las reglas de funcionamiento y organización necesarias para sus labores deberán ser definidas por el pleno del Consejo, las cuales deberán contener por lo menos lo siguiente:

a) La Forma de adoptar acuerdos;

b) Los mecanismos para elegir la Presidencia y Secretaría Técnica;

c) El procedimiento para convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;

d) El método para acreditar el quórum legal y los mecanismos para la participación en las sesiones;

e) La obligatoriedad de elaborar actas de las sesiones;

f) Los mecanismos para presentar opiniones, propuestas e informes a la Comisión y al Canal, y

g) Las demás que consideren necesarias.

Artículo 28.

1. Son atribuciones y por lo tanto, responsabilidades de los consejeros:

a) Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y principios del Canal;

b) Proponer criterios que deberá seguir el Canal para asegurar la independencia editorial y política editorial imparcial y objetiva;

c) Recomendar al Canal las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales;

d) Formular al Canal mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes, propuestas y sugerencias de las audiencias;

e) Emitir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios establecidos para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva por parte del Canal;

f) Presentar ante la Comisión un informe anual de sus actividades;

g) Proponer proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Canal;

h) Evaluar que los proyectos de programas y propuestas cubran los objetivos que persigue el Canal conforme a su título de concesión;

i) Fungir como órgano de consulta hacia los sectores público, social y privado, y

j) Promover la libertad de expresión, información y programática, pluralidad, corresponsabilidad, calidad y rigor profesional en el desarrollo general del Canal.

CAPÍTULO X DEL DEFENSOR DE LA AUDIENCIA

Artículo 29.

1. El Defensor fungirá como el mecanismo directo de comunicación entre el Canal y la audiencia; será el encargado de garantizar, en el ámbito de su competencia, los derechos de las audiencias de conformidad con la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, las leyes de la materia, el Reglamento, el Código de Ética del Canal, los Lineamientos de la Defensoría de la Audiencia emitidos por la Comisión y las demás disposiciones normativas aplicables previstas en la Ley Federal, fomentando el respeto a la normatividad y los valores establecidos en el marco legal y ético que rigen al Canal.

2. En su actuación, se conducirá siempre bajo los principios de imparcialidad, independencia y respeto a la libertad de expresión.

3. La Comisión y la Dirección General del Canal, dispondrán lo necesario para que la Defensoría, cumpla debidamente con el desarrollo de sus actividades.

Artículo 30.

1.El Defensor durará en su encargo tres años, con la posibilidad de ser reelecto hasta por dos ocasiones si así lo considera la Comisión y es voluntad de la persona a cargo de la función.

2.Para su designación, la Comisión elegirá, por mayoría de votos, de una terna de candidatos propuestos por el propio órgano rector, a quién reúna el perfil y los criterios de idoneidad contenidos en la convocatoria que al efecto emita la Comisión; de conformidad con lo establecido en la normatividad de la materia.

Artículo 31

1. Para ser electo Defensor deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su designación;

b)Contar con reconocido prestigio en las materias de comunicaciones, radiodifusión .y telecomunicaciones;

c)No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

d) No haber laborado en el Canal, durante un periodo previo de dos años;

e)Al momento de la designación y hasta el término del encargo, no tener vínculos como militante de algún partido o agrupación política, ni ocupar algún cargo de elección popular o dentro de la Administración Pública;

f)No ser ministro o representante de algún culto religioso;

g)No tener conflicto de intereses que pueda comprometer el desempeño de su cargo como instrumento de mediación entre el Canal y su audiencia, y

h)No conducir espacio al aire alguno en el Canal al momento de estar en funciones como Defensor, salvo en el caso de que el mecanismo que juzgue el Titular de la Dirección General para su rendición de cuentas sea precisamente en espacio al aire, o bien, cuando éste sea utilizado para difundir o socializar los derechos de la audiencia y los mecanismos con los que se cuenta para garantizarlos.

Artículo 32.

1. El Defensor tendrá las siguientes atribuciones:

a)Recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o solicitudes de réplica que realicen las personas que componen la audiencia;

b)Dar respuesta a los mensajes a que se refiere la fracción anterior en un plazo máximo de veinte días hábiles, o seis días hábiles cuando se trate de una solicitud de réplica, en términos del Código de Ética del Canal, las leyes de la materia y la normatividad aplicable;

c)Jerarquizar la atención de las quejas o planteamientos de la audiencia por criterios claros y de acuerdo con la recurrencia de los temas;

d)Llevar a cabo las investigaciones que se deriven de las quejas o planteamientos de la audiencia, y establecer los mecanismos necesarios para su atención ante las instancias competentes;

e)Presentar a la Comisión, así como a la Dirección General del Canal, informes anuales, o los que el órgano rector considere necesarios, en donde se dé cuenta de sus principales acciones, así como las quejas, sugerencias y observaciones recibidas y cómo fueron atendidas. El informe anual será presentado a más tardar el último día hábil del mes de febrero de cada año;

f) Presentar a la Comisión y a la Dirección General del Canal, su plan anual de trabajo a más tardar el 1 de junio de cada año, en donde se establezcan sus metas y objetivos, así como la metodología y sus necesidades presupuestales;

g) Asistir, cuando sea convocado, a las reuniones con el Consejo y la Comisión, para el desahogo de los asuntos que determine el órgano rector;

h) Como mecanismo de socialización y rendición de cuentas, deberá presentar a la audiencia, en espacio al aire, por un tiempo máximo de cinco minutos, de manera quincenal, los temas abordados en las solicitudes presentadas en el periodo respectivo y la forma en que se desahogaron, así como los derechos que le asisten a las personas que componen la audiencia y los mecanismos para su protección, e

i) Sujetar su actuación a la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, las leyes aplicables, el Código de Ética del Canal, y las demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 33.

1. En su organización, la Defensoría contará con el personal, infraestructura y presupuesto para el mejor cumplimiento de sus funciones, con base en la suficiencia presupuestal disponible.

2. El personal de la Defensoría que acuerde directamente con el Defensor, será designado directamente por su titular conforme a la descripción de los perfiles de puestos avalados por la Comisión.

CAPÍTULO XI DE LAS RELACIONES LABORALES

Artículo 34.

1. El personal del Canal será de confianza, en términos de lo dispuesto por la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución y demás normas aplicables.

2. Las percepciones serán las que apruebe la Dirección General del Canal, con base en el presupuesto asignado.

3. Se asignará plaza presupuestal a los funcionarios de los dos primeros niveles.

4. El personal técnico especializado y operativo será contratado como personal de confianza, conforme a las condiciones que determine la Dirección General del Canal.

5. Para efectos del salario que perciba el personal del Canal, se estará a lo dispuesto en el catálogo de funciones y puestos autorizados, resultando aplicable el tabulador específico del Canal homologado a los vigentes en las Cámaras del Congreso de la Unión. Podrá exceptuarse sólo aquel personal técnico especializado que requiera el propio Canal para la realización de sus actividades técnico administrativas, los cuales estarán debidamente enunciados en la política interna que corresponda al Canal.

Artículo 35.

1. Para efectos de contratación, el personal del Canal se ajustará a lo dispuesto por la Ley Orgánica, los Lineamientos, los programas de trabajo, y demás disposiciones que apruebe la Dirección General del Canal de acuerdo con la normatividad administrativa de las Cámaras.

Artículo 36.

1.El personal tiene la obligación de realizar sus actividades en beneficio del Canal, independientemente de los lineamientos de cada Cámara y las Políticas internas de orden general.

2.La Comisión revisará una política interna de orden general relativa a la estructura y organización del Canal, la que deberá contener las áreas, oficinas, y las relaciones de mando y supervisión que conformen el Canal, así como sus modificaciones.

Artículo 37.

1. En todo lo no previsto en el Reglamento se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica, las Políticas internas, los programas de trabajo y demás disposiciones que apruebe la Comisión.

CAPÍTULO XIIDE LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ARCHIVOS DEL CANAL

Artículo 38.

1. El Canal contará con mecanismos institucionales que garanticen el derecho al acceso a la Información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a la protección de los datos personales y el resguardo y preservación adecuada de los archivos públicos, de conformidad con las leyes en la materia.

Artículo 39.

1. La información contenida en el Canal es de naturaleza pública, salvo aquella que por sus características se encuentre clasificada como reservada o confidencial, en términos de la ley en la materia.

Artículo 40.

1. El Canal contará con una sección en su portal de Internet que facilite la transparencia y la rendición de cuentas, mediante información accesible y bajo un esquema de datos abiertos, transparencia focalizada y parlamento abierto.

Artículo 41.

1. El Canal organizará y preservará adecuadamente el acervo videográfico de las actividades legislativas de que dispone, por lo que la Comisión gestionará la asignación de recursos presupuestarios específicos para su desarrollo.

Artículo 42.

1. Los funcionarios públicos del Canal se sujetarán al régimen de responsabilidades establecidas en el Título IV de la Constitución y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 43.

1. El Canal contará con mecanismos para evitar conflictos de intereses, asegurando la conducta ética de su personal.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se contará con un periodo de noventa días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para la elaboración de los Lineamientos de administración por parte de la Comisión Bicamaral del Canal, mismos que serán de aplicación Bicamaral respecto a las contrataciones, adquisiciones y licitaciones de equipo y otros servicios que requiera el Canal.

Tercero. Las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en ejercicio de las facultades que les concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, harán las previsiones presupuestales para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto.

Cuarto. Los servidores públicos que laboran en el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, preservan sus derechos y la vigencia de sus nombramientos, cargos y responsabilidades.

Quinto. Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, prevista en el artículo 23 del Reglamento objeto del presente Decreto, los primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes:

I. Tres nombramientos por un periodo de un año;

II. Cuatro nombramientos por un periodo de dos años, y

III. Cuatro nombramientos por un periodo de tres años.

Dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión deberá seleccionar a los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano y tomarles protesta. Una vez rendida la protesta quedará desintegrado el Consejo Consultivo actual y comenzará a operar el Consejo Consultivo Ciudadano.

Los integrantes del Consejo Consultivo que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto podrán participar en el proceso de selección del Consejo Consultivo Ciudadano previsto en el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sujetándose a lo dispuesto en el mismo y la convocatoria correspondiente.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

DECLARA BENEMÉRITOS DE LA PATRIA A LOS DIPUTADOS CONSTITUYENTES DE 1917

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que declara beneméritos de la patria a los diputados constituyentes de 1917, suscrita por los diputados Sharon María Teresa Cuenca Ayala y César Camacho Quiroz, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI, respectivamente

Los suscritos, diputados Sharon María Teresa Cuenca Ayala, César Camacho Quiroz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Reglamento de la Cámara de Diputados, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o., en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa presentamos a ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara Beneméritos de la Patria a los diputados constituyentes de 1917, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

1. La Asociación de Hijos de Diputados Constituyentes de 1917, AC., representada por la licenciada Lidia Judith Guerrero Rojano, presidenta Nacional, y el maestro Carlos Enríquez Escallón, vicepresidente nacional, solicitaron ante el diputado César Camacho Quiroz, en ese momento en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, emitir un decreto con la distinción de “Beneméritos de la Patria a los Diputados Constituyentes de 1917”.

2. Para tales efectos, los solicitantes anexaron un listado con 218 nombres de diputados constituyentes y la copia del Periódico Oficial del Gobierno del estado de Tlaxcala a través del cual se declara Beneméritos del Estado a los tres diputados constituyentes por ese mismo estado.

3. El trabajo de los hombres que integraron el Congreso Constituyente de 1917 ha perdurado a través del tiempo, pues este año la Carta Magna cumple una centuria de vigencia, lo que permite valorar la trascendencia de la labor llevada a cabo durante los meses de diciembre de 1916 y enero de 1917 en la ciudad de Querétaro, en esos momentos capital de la República, toda vez que durante 66 sesiones ordinarias y una sesión permanente lograron emitir la primera Constitución social del mundo.

4. La trascendencia de los diputados constituyentes y de su obra ha sido reconocida en el devenir de los años; así, por ejemplo, el 19 de septiembre de 1949 el diputado Alberto Trueba Urbina presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa solicitando se inscribiera con letras de oro en uno de los muros del recinto de la Cámara de Diputados, la leyenda: “A los Constituyentes de 1917”. Al presentar su dictamen la Primera Comisión de Gobernación señaló que:

Nada más justo que honrar en su conjunto a todos los legisladores constituyentes que contribuyeron a la formación de nuestro Código Político en vigor, cuya estructuración social constituye valiosa aportación a la cultura jurídica universal. Y la manera de honrar a tan distinguidos legisladores es inscribir con letras de oro en uno de los muros de la Honorable Cámara de Diputados la leyenda que se propone en la iniciativa en cuestión: “A los Constituyentes de 1917”.

En consecuencia, desde el 5 de febrero de 1950 se encuentra inscrita en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “A los Constituyentes de 1917”.

6. Aunado a ello, en 1985 fue celebrada una sesión solemne de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en homenaje al ciudadano Jesús Romero Flores, debido a que era el último sobreviviente de los Constituyentes de 1917. Además, el 3 de noviembre de 1987 fue declarado día de luto nacional en homenaje al último Diputado Constituyente que había sobrevivido, es decir, Jesús Romero Flores, y en memoria de sus compañeros miembros del Congreso Constituyente de Querétaro; razón por la cual la bandera nacional sería izada a media asta en los edificios del gobierno de la República.

7. Por otro lado, en algunas entidades federativas también se ha colocado el nombre de algún constituyente en el Muro de Honor del recinto legislativo correspondiente, tal es el caso del Congreso del Estado de Sinaloa, quien mediante el decreto número 207, inscribió con letras de oro en el Muro de Honor el nombre de Andrés Magallón Ramírez. Asimismo, en el Estado de Tlaxcala se declaró como Beneméritos del Estado a los ciudadanos Modesto González Galindo, Antonio Hidalgo Sandoval y Ascensión Tepal Romero. En el caso de Michoacán, el 6 de julio del año en curso fue presentada una Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declaran como Beneméritos del estado de Michoacán de Ocampo a los diputados michoacanos integrantes del Constituyente de 1917, develándose al efecto una placa en su honor en sesión solemne.

8. Es importante tener en consideración que el Congreso de la Unión ha declarado Benemérito de la Patria a distintos personajes de nuestra historia, entre ellos:

– Guadalupe Victoria.

– Miguel Ramos Arizpe.

– Ignacio Zaragoza.

Por lo que la declaración que reconozca y honre como Beneméritos de la Patria a los diputados constituyentes de 1917, resulta de la mayor importancia en estos momentos en que nuestro país reafirma su identidad nacional para que unidos todos los mexicanos enfrentemos los retos y superemos los desafíos que una nueva etapa de las relaciones internacionales nos impone.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara Beneméritos de la Patria a los diputados constituyentes de 1917

Considerando

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, cumple un Centenario de su vigencia durante el presente año 2017.

Que durante estos cien años la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido el marco jurídico para la evolución y el desarrollo político, social, cultural, económico e institucional de nuestro país.

Que los diputados constituyentes trabajaron arduamente durante dos meses, dando como resultado la primera Constitución social del mundo, misma que ha persistido en el tiempo y ha mantenido su vigencia durante una centuria.

Que el reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los Diputados Constituyentes durante los cien años han sido constantes, pues no solamente en el Pleno de la Cámara de Diputados está la inscripción en letras de oro a los Constituyentes de 1917, incluso la Plaza Legislativa de San Lázaro recibe esa misma denominación.

Algunos de los diputados constituyentes de 1917 ya han sido designados como beneméritos en sus Estados natales, pero debido a la fundamental aportación hecha a nuestro país, la declaratorio general para todos los legisladores participantes en el Congreso Constituyente de Querétaro, permite a los mexicanos de hoy rendir un justo homenaje a los creadores del nuestra Ley Fundamental.

Que el reconocimiento a nuestros ilustres legisladores resulta de la mayor importancia y oportunidad en estos momentos en que nuestro país reafirma su identidad nacional, para que unidos todos los mexicanos enfrentemos los retos y superemos los desafíos que una nueva etapa de las relaciones internacionales nos impone.

Que ambas Cámaras del Congreso de la Unión ha organizado una serie de eventos conmemorativos de dicho acontecimiento histórico, para hacer sentir, apreciar y respetar, a las actuales y futuras generaciones de nuestros connacionales, la labor de los diputados constituyentes de 1917, por lo que expide el siguiente

Decreto

Artículo Único. Se declara Beneméritos de la Patria a los Diputados Constituyentes de 1917.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Notas:

1 Diario de los Debates, XLI Legislatura, 8 de noviembre de 1949, p. 39

2 Idem.

3 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1949.

4 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1985.

5 Publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el día 12 de junio de 1985.

6 Publicado en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala del 4 de enero de 2011.

7 Véase Gaceta Parlamentaria, 2ª época, t. I, núm. 37, LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Sharon María Teresa Cuenca Ayala,César Camacho Quiroz, Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DE LA POLICÍA FEDERAL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, suscrita por los diputados María Elena Orantes López y Armando Luna Canales, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRI, respectivamente

La suscrita, diputada María Elena Orantes López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y el diputado Armando Luna Canales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, en materia de fortalecimiento de la Policía Federal en el ámbito del respeto a los derechos humanos, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La evolución de nuestras instituciones de seguridad pública, en el ámbito federal, se ha acelerado de manera destacada en los últimos 18 años. Ello, ha permitido un desarrollo estructural y organizacional que ha proyectado a la Policía Federal de México como una de las instituciones policiales más importantes de Latinoamérica.

Así, en los últimos diez años, según estimaciones públicas, casi cuadriplicó el número de efectivos; ha desarrollado un sistema de capacitación con recursos propios y con la participación de las instituciones policiales más prestigiadas del mundo; ha establecido diversos mecanismos para combatir delitos como el secuestro, obteniendo cifras de efectividad que han ubicado a los policías mexicanos como expertos a nivel mundial; ha desarrollado complejos esquemas de reclutamiento, y se ha ubicado como una de las fortalezas del Estado Mexicano para combatir a la delincuencia organizada.

Todo este avance, producto del esfuerzo institucional, responde a controles internos y externos y al esfuerzo de los policías que luchan y se esfuerzan cotidianamente, sacrificando vida personal y familiar para servir a nuestro país, combatiendo a la delincuencia organizada y, en ocasiones, luchando contra compañeros suyos que lamentablemente han perdido el rumbo y se han corrompido.

En este sentido, las estructuras y dinámicas organizacionales de la Policía Federal tienen sus propios espacios y tiempos para procurar atender casos de indisciplina, posible corrupción, cambios de funciones, diferencias laborales, mal ejercicio de funciones, abusos de autoridad, problemas de capacitación y reclutamiento, entre otras. Todos estos procesos, deberían encontrar un primer espacio imparcial de investigación y fiscalización de las acciones administrativas y operativas de la Policía Federal, en la Unidad de Asuntos Internos.

No obstante la existencia de instancias como la Unidad de Asuntos Internos, hay veces en que la información de medios de comunicación y los testimonios de elementos que han salido de la institución, nos permiten apreciar indicios de que tanto los derechos de los policías como los de la ciudadanía que denuncia actos de abuso de autoridad o corrupción, en este tipo de espacios, no son garantizados plenamente. Al respecto, se ha estimado que hasta 2 mil elementos han sido cesados injustificadamente y existen un sin número de señalamientos mediáticos sobre eventos de impunidad en las acciones de algunos policías que deterioran con sus acciones la imagen de la institución y opacan las buenas acciones de la mayoría de sus compañeros.

Derivado de lo anterior, es importante recordar que no está en nuestra competencia conocer o averiguar si la totalidad estimada de los elementos cesados eran inocentes; si es conveniente a los intereses de la sociedad, reinstalar a un elemento que posiblemente guarda recelo a la institución, o sí las denuncias de corrupción y abuso de autoridad contra la ciudadanía, implican o no impunidad en materia de violaciones de derechos humanos. Lo que sí está en nuestras manos, es revalorar la posibilidad de que un diseño institucional deficiente, en algunos de sus aspectos, esté colaborando al desprestigio de la institución; a retirar injustamente de sus cargos a personal en el que se ha invertido muchos recursos, que no se ha corrompido y que tiene la convicción de servir y proteger a la comunidad, y a mantener elementos que vulneran los derechos de las personas. Esta revaloración es una de las vías que la Policía Federal puede transitar para reiterar su compromiso con aquello en que las fuerzas políticas de oposición coincidimos con el Presidente de la República y que radica en reconocer “el imperativo moral” para que las instituciones de seguridad se conduzcan “con total apego a la ley”, y “con absoluto respeto a los derechos humanos”.

En consecuencia, con la intención de fortalecer institucionalmente las herramientas para garantizar el ejercicio de derechos humanos de los policías y de las personas, fortaleciendo las figuras que ya existen en la institución y que deben fungir como una instancia imparcial que de garantías a policías y a víctimas. Por ello, consideramos importante definir un perfil con perspectiva en materia de derechos humanos para quienes ocupen la titularidad de la Unidad de Asuntos Internos.

Actualmente, la titularidad de dicha instancia la ocupa una mujer que conoce la materia de derechos humanos. Sin embargo, no podemos permitir que el perfil del cargo en una instancia tan delicada como la Unidad de Asuntos Internos, pueda quedar sin la perspectiva de derechos humanos ante un eventual relevo.

De esta manera, realizando un pequeño cambio en la institución, podremos asegurar que el perfil de quienes ocupen la delicada responsabilidad de investigar internamente el desempeño de la Policía Federal, tenga los conocimientos mínimos en materia de derechos humanos que nuestro contexto exige. Ello, fortalecerá la certidumbre que brinda una institución policial, dentro de un sistema democrático, a los ciudadanos y al personal que en ella trabaja.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, en materia de fortalecimiento de la Policía Federal en el ámbito del respeto a los derechos humanos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal para quedar como sigue:

Artículo 31. ....

....

....

El responsable de la Unidad de Asuntos Internos será nombrado por el Presidente de la República; deberá contar con experiencia probada en materia de derechos humanos; contará con autonomía de gestión y tendrá, además de la atribución de supervisión de las operaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 8 de esta Ley, las que el Reglamento le otorgue.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ejemplo de ello es el liderazgo que la Policía Federal de México ha tenido en instancias como la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) desde su fundación. AMERIPOL fue fundada en 2007, a iniciativa de México y Colombia; actualmente se integra por 30 instituciones policiales y fiscalías de 27 países del continente como miembros; también la integran 21 servicios policiales de Alemania, Francia, España e Italia, entre otros, en calidad de observadores; dos de las ocho cumbres que ha realizado se han desarrollado en México; en 2014, debido al liderazgo que junto con Colombia tiene en materia de Control de Confianza la Policía Federal impartió al resto de las policías el Primer Taller de Control de Confianza . La Policía Federal ha ocupado la Presidencia o la Secretaría Ejecutiva desde su fundación y desde febrero de 2016 tiene la Presidencia del organismo. Información Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/27/1077559; http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/02/27/ameripol-imp ulsa-plan-para-capacitar-policias, y http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/12/275.pdf

2 De acuerdo con información del IFAI, “En Policía Federal (PF) existe una negativa de acceso a la información cuyo rubro temático es ESTADO DE FUERZA, donde su sentido de la respuesta fue NEGATIVA POR SER RESERVADA O CONFIDENCIAL”, no obstante ello, el Comunicado de Prensa 394 del 5 de diciembre de 2013, menciona 7,800 mujeres como parte del estado de fuerza y la prensa maneja un estado de fuerza que ronda de 35 a 40 mil elementos. Asimismo, Jorge Carrillo Olea, uno de los impulsores del proyecto de Policía Federal en la década de 1990, en México en Riesgo, estima que la Policía Federal contaba al momento de la transición del año 2000 con entre 9 y 12 mil elementos. En este sentido, aceptando la información disponible podemos afirmar que hoy la Policía Federal cuenta con un Estado de Fuerza casi cuatro veces más numeroso que cuando fue formada. Véase: http://www.cronica.com.mx/notas/2014/820231.html y http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/especial-mujeres-en-la-policia-federal.h tml

3 La Policía Federal cuenta con una academia de formación policial, ubicada en San Luis Potosí; asimismo con el Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL) y con mecanismos de cooperación internacional como los que permitieron la formación de la Gendarmería con asistencia de Francia, Italia, España y Chile. Ello, con fundamento en las atribuciones de la Secretaría General. Para mayor información véase: http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c;jsessionid= yFd0XwmN3rfH6fxd148ncfytNVlY0fnDn2FXDgpcnYhLQvNV1TLy!1654005622?__c=fe0; http://cns.gob.mx/portalWebApp/portal/movil.portal;jsessionid= L2kPVgJPTBdZ0xgghn32nJYZqxTYJNlQJqpnGGVDGDzdJfXhjvD0!-973085057?_nfpb= true&_windowLabel=SalaDePrensaController_2 &SalaDePrensaController_2_actionOverride=%2Fpageflows%2Fsspmovil%2F salaDePrensa%2Fdetallar&SalaDePrensaController_2identificador= 1376110#wlp_SalaDePrensaController_2 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/ Primer_Informe_de_Labores_SEGOB_2013.pdf

4 En 2013, la Policía Federal atendió 561 casos de secuestro, que permitieron la liberación de 538 víctimas; Véase: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Primer_Informe_ de_Labores_SEGOB_2013.pdf

5 Tan sólo en 2013 se realizaron más de 46 mil evaluaciones de control de confianza a personal de la Policía Federal. De acuerdo con inf Véase: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Primer_Informe_ de_Labores_SEGOB_2013.pdf ; http://formato7.com/2015/10/01/uno-de-cada-100-aspirantes-a-la-policia-federal- logra-su-ingreso/

6 El Movimiento Nacional por la Dignificación de la Policía Federal en 2014 manejaba la cifra de 2 mil elementos http://www.jornada. unam.mx/ultimas/2014/04/15/ex-agentes-de-pf-piden-a-onu-intervenir-por-despido- de-al-menos-2-mil-elementos-6369.html

7 Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de las actividades realizadas el 5 de mayo de 2016. Véase: http://www.gob.mx/ presidencia/prensa/en-todo-momento-la-actuacion-de-nuestros-efectivos-militares -deber-ser-con-apego-a-la-ley-y-con-invariable-respeto-a-los-derechos-humanos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero 16 de 2017.— Diputada y diputado: María Elena Orantes López,Armando Luna Canales (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz:Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos, amigos diputados. Subo en esta ocasión sintiendo lo que muchos mexicanos y especialmente queretanos han vivido en los últimos años, el tener en su casa la presencia de personas que van directamente a dañar su patrimonio.

Amigas y amigos, hoy la República vive momentos difíciles que exigen de toda nuestra atención. Grandes problemas nacionales están a debate, bajo la perspectiva de la unidad nacional. Todas las naciones enfrentan retos enormes por la escasez de recursos y por la forma de cómo se distribuye en la sociedad internacional.

Esta situación ha puesto tensión al mundo y México está siendo confrontado en este marco internacional por su papel que tiene en una región económica, donde el comercio mundial es el motor de la actual disputa internacional por los recursos y sus beneficios.

En ese marco se entiende cómo nuestro país está inmerso en una situación que cada decisión impacta el presente y el futuro. Esto nos lleva, como Poder Legislativo, a ser partícipes de las grandes decisiones nacionales.

Sin embargo, este inédito y complejo panorama no debe hacernos perder de vista los asuntos de la vida cotidiana de los ciudadanos, de los mexicanos, y uno de ellos tiene que ver con la seguridad de las familias mexicanas y sus bienes materiales.

Nuestro sistema mexicano garantiza la protección de los derechos de propiedad, de seguridad y protección de derechos patrimoniales de quienes habitamos esta inmensa República Mexicana.

Y nuestro sistema legal contempla los mecanismos y recursos cuando una ley puede ser modificada o actualizada para hacer más eficaz su misión, y este es el caso que anima mi intervención en esta tribuna.

Diputadas y diputados, para los primeros siete meses de 2016 se registraron en el país 47 mil carpetas de investigación por robo a casa-habitación, mientras que para 2015 se registraron en total 50 mil 907, de acuerdo con el reporte sobre delitos de alto impacto del Observatorio Nacional Ciudadano.

De la información anterior se registra que el 87 por ciento, 87 por ciento fue realizado sin violencia y el restante 13 fue desgraciadamente robo con violencia. En este sentido, para el año 2015, estos delitos representaron pérdidas económicas del orden de 226 mil 700 millones de pesos, es decir, unos 5 mil 861 pesos por persona afectada, per cápita.

En otras palabras y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, las pérdidas, y este dato es importante para quienes hacen de la estadística de los números una ciencia y el arte, sobre todo, de ir dándole seguimiento a los fenómenos sociales. Es decir, representaron el 1.27 por ciento del PIB.

De acuerdo con diferentes estimaciones se conoce además que únicamente se denuncian aproximadamente el 12 por ciento de los ilícitos que se cometen y de estos en poco más de la mitad no se resuelven nada, en 21 por ciento el asunto se encuentra en trámite y únicamente en el 10 por ciento se logra la recuperación de los bienes.

Ahora bien, el delito de robro se encuentra establecido en el artículo 367 del Código Penal Federal, y el artículo 381 señala qué es lo que se debe entender, diciendo que además de la pena que le corresponde conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo en los casos siguientes.

Es decir, el robo se considera la apoderación de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

Y el artículo 381 señala cuáles son estos casos. 1. Cuando se cometa el delito en lugar cerrado.

Finalmente, y para fines del Inegi se ha clasificado en diversas categorías que el patrimonio es donde se realiza una subdivisión de modalidades. Pero qué pasa, qué pasa amigas y amigos diputados cuando se comete un robo a casa-habitación y se detiene al delincuente.

De acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio se necesita la orden de un juez de control para vincular a proceso y como medida cautelar obtener prisión preventiva por robo que deberá tener la agravante de ser cometido en lugar cerrado.

Como se puede apreciar, para este delito, ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el Código Nacional de Procedimientos Penales procede prisión preventiva oficiosa a quienes lo cometan. Lo que sin lugar a dudas hace débil la certeza jurídica en el actuar y de la víctima para casos como éste, que en el país, y en este caso quiero decir, en Querétaro, son recurrentes.

La discusión legal se da porque entre los delitos que ameritan prisión preventiva, cuando se presenta el diputado ante el juez, se define que no se requiere detenerlos, especialmente cuando no son realizados con violencia, con lo que los probables responsables salen libres.

Queremos definir que el delito de robo a casa-habitación, además de sus características perniciosas, representa una invasión a la intimidad y deja vulnerables a las víctimas mucho más que cualquier otro robo, precisamente porque se comete en la casa del afectado, donde él o los delincuentes se hacen de información sensible. Incluso poniendo en riesgo la salud física y mental de sus moradores.

Estamos hablando de un vacío donde la autoridad detiene al delincuente, para que después, en automático, salga y lleve sus procesos en libertad. Es decir, se ha convertido en una auténtica puerta giratoria.

Si estamos hablando que solo el 13 por ciento de los delitos denunciados son con violencia, como señalamos al inicio de la presente iniciativa, tenemos que al menos ocho de diez asaltantes salen libres con el riesgo que esto implica para las familias del país y para la propia autoridad.

Además, ya casi para terminar, señor presidente, tenemos que el robo a casa-habitación se encuentra en los llamados delitos de alto impacto, definido como aquellos contra la vida, la propiedad y sin duda debemos elevar la prisión preventiva oficiosa para estos, tal como se hace para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos y otros delitos graves.

Y lo más delicado todavía en los últimos momentos es que muchos de estos delitos se cometen por delincuentes que van de un estado a otro, lo que dificulta aún más que se pueda dar un seguimiento adecuado.

Es por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, que hago entrega de la presente iniciativa con proyecto de decreto para su análisis y dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cabrera Ruiz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que corresponda, y de Justicia, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Wenceslao Martínez Santos:Con su venia, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, actualmente existe un grave problema de carácter sustantivo que impacta al sector turístico de los estados fronterizos de la República Mexicana y que afecta de manera directa a toda la cadena de valor que se encuentra en torno a ese sector.

De acuerdo con la OMC, el turismo internacional contribuye aproximadamente con el 5 por ciento al comercio mundial y del 25 al 30 por ciento del comercio mundial de servicios; sin embargo, en todos los acuerdos comerciales bilaterales o tratados multilaterales, el tema relativo a los servicios turísticos ha sido escasamente incluido en forma explícita, impactando negativamente a nuestro país como receptor de turismo internacional.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se asume en el capítulo 12 las medidas que deberán adoptar o mantener sobre el comercio transfronterizo los prestadores de servicios de las contrapartes. Sin embargo, después de la firma del TLCAN México adoptó medidas regulatorias que, por un lado, prohibieron el ingreso de autobuses turísticos internacionales, a unidades menores de 30 pasajeros, de las cuales solamente en el estado de California existen 50, 000.

Por otra parte, se autorizó el ingreso de unidades de más de 30 pasajeros, pero con un reglamento de internación disfuncional que propició que de las 12 mil unidades registradas hace más de 20 años en California, tan solo 267 de éstas pudieron llevar turismo a Baja California.

Como consecuencia de estas prácticas proteccionistas por parte de México, se desarticuló el circuito Binacional de Turismo Carretero Vía Autobús y se desplomó el número de visitantes en más de un millón de turistas anual a tan solo 40 mil turistas por año.

No obstante lo anterior, en el año 2013, el presidente de la República declaró ese año como el Año Nacional del Turismo y con ello se creó una visión a largo plazo para que México posicionara en quinto lugar como destino turístico internacional para el 2016 y lograr el objetivo presidencial. Y debido principalmente a una regulación disfuncional, los trámites burocráticos excesivos que han hecho que los turistas que ingresan a territorio nacional a través de los estados fronterizos del norte del país en camionetas Van y minibuses sean cada vez menos, incidiendo negativamente en la dinámica económica para las comunidades receptoras.

El panorama actual del turismo terrestre transfronterizo en los estados de la frontera norte, es totalmente disímbolo con lo que el titular del Ejecutivo federal promueve.

Tal pareciera que lejos de incentivar los mecanismos para impulsar la economía turística de nuestro país, se construyeran obstáculos para que esto no suceda, argumentando erróneamente el impacto negativo para las entidades mexicanas y también de una manera equívoca se argumenta que los operadores nacionales se les generarían pérdidas de empleo y disminución de ingresos.

Y es de manera equívoca, ya que el turismo que se pretende incentivar a visitarnos a México, lo promueve y lo capta únicamente el vecino estado de California con generosos resultados únicamente para ellos. Para ejemplificar el impacto de tales medidas, basta con acudir al estudio caracterización de los visitantes internacionales en las ciudades fronterizas.

Cuando se observa que la gran mayoría de dichos visitantes provenían del estado de Baja California en un 99 por ciento, principalmente del condado de San Diego y del condado de Los Ángeles, que al día de hoy, tan solo estos condados de California, reciben 77 millones de turistas al año, tan solo dos condados del estado de California reciben 77 millones de turistas al año, cuando nosotros únicamente recibimos a nivel nacional 34 millones de turistas anualmente.

Sin embargo, en la actualidad no se contempla ninguna estrategia para captar el turismo internacional que recibe el estado de California de los países asiáticos y europeos. La internación de vehículos que transportan el grueso de estos pasajeros pasa por grandes problemas para conseguir los permisos de ingresar al país.

Es importante comentar que hoy por hoy los principales ingresos que tenemos a nivel nacional son debido a las remesas de nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos.

El segundo ingreso importante para México es el relativo al turismo. Recibimos 19 mil millones de dólares anualmente y por los ingresos petroleros 18 mil millones de dólares. Por eso es importantísimo no depender únicamente de los ingresos de nuestros connacionales, pudiendo nosotros ingresar adicionales mil millones de dólares en la franja fronteriza dándole cabida a esta apertura.

Con la facilitación de la internación y desplazamiento de unidades menores de 30 pasajeros, se buscaría complementar la oferta del servicio de autotransporte de turismo internacional para incrementar la afluencia turística hacia los estados fronterizos por parte de los operadores y transportistas de los Estados Unidos de Norteamérica que cuentan con esos vehículos y que podrían ofrecer con destino adicional un servicio de transporte turístico transfronterizo, en conjunto con empresas mexicanas del sector turístico establecidos en los estados fronterizo y así, establecer alianzas estratégicas binacionales que fomentan el intercambio comercial turístico de la región con altas derramas económicas a nuestro país.

Es por las razones anteriores expuestas y por la urgencia de atender tal situación, por lo que les pido apoyar el presente proyecto legislativo que traerá consigo beneficios importantes para México. Es todo, muchas gracias. Le pido, señor presidente, que se dictamine por la Comisión de Transportes y que sea dictaminado también por la Comisión de Turismo. Gracias, es todo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Transportes y de Turismo para dictamen, en comisiones unidas.

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 12 ORDENAMIENTOS LEGALES, PARA CREAR LA SECRETARÍA DEL MIGRANTE DEL GOBIERNO FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 12 ordenamientos legales para crear la secretaría del migrante del gobierno federal.

El diputado Norberto Antonio Martínez Soto:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, hoy 16 de febrero del 2017, mientras miles de paisanos residen en Estados Unidos y participan en la jornada Un Día sin Inmigrantes, en repudio a las políticas antimigrantes que impulsa Donald Trump, presento ante ustedes esta iniciativa que busca reformar 123 artículos de 12 leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley de Migración, con la finalidad de crear la secretaría del migrante del gobierno federal.

Históricamente existen profundas raíces estructurales sobre la migración de mexicanas y mexicanos hacia los Estados Unidos de América. Sin embargo actualmente la política migratoria que se ha convertido en uno de los temas más controvertidos y de mayor tensión de la relación bilateral, la posición geopolítica subordinada que México ha mantenido respecto de la economía norteamericana, lo convierte en un país exportador sólo de fuerza de trabajo.

Sin embargo nuestro país jamás había estado ante un temor tan fundado de una deportación masiva de connacionales hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

No podemos, no debemos olvidar desde el inicio de su campaña, que Trump utilizó un discurso y una postura claramente antimexicana, xenófoba, amenazante y de menosprecio a la relación y vecindad que han mantenido México y los Estados Unidos.

Con Trump nuestro país está en riesgo de perder más de 23 mil millones de dólares en las remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares en México cada año, y más de 5 millones de mexicanos y mexicanas podrían ser deportados.

Somos testigos de la afectación al modelo y sistema económico de México; testigos de las agresiones a nuestros paisanos en Estados Unidos, y testigos de la debilidad gubernamental interna. Ya no contamos con la estructura institucional suficiente para recibir a los miles o millones de connacionales repatriados.

Surge entonces la necesidad de legislar ya no en materia de política migratoria bilateral, que bien sabemos, Trump no suscribirá. Debemos fortalecer las instituciones de la Administración Pública Federal para que se proteja integralmente a los migrantes mexicanos a su regreso a territorio nacional.

Esta iniciativa significa evolucionar al Instituto Nacional de Migración en una Secretaría del Migrante, sin que ello signifique engrosar la ya de por sí obesa burocracia.

Por las anteriores razones propongo reformar el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de adicionar la que será la secretaría del migrante.

Esta nueva secretaría promoverá acciones en conjunto con todas las secretarías del gobierno federal para recibir y acompañar institucionalmente a las mexicanas, a los mexicanos repatriados, y procurar el acceso de la población migrante a los servicios básicos de salud, educación, seguridad y demás derechos para garantizar su vida, dignidad humana y desarrollo social.

Una Secretaría que desarrolle, promueva y conduzca una política nacional de migración de forma transversal, así como resolver las causas que originaron la migración y que prevenga cualquier tipo de velación a los derechos de los migrantes.

Una Secretaría del migrante que tenga una visión integral del fenómeno migratorio, por lo que su función también será generar condiciones sociales y económicas que fortalezcan el retorno voluntario de los migrantes a fin de lograr la reintegración familiar y promocionar la inversión de los migrantes y sus familias en proyectos y programas de generación de empleos, crecimiento económico, desarrollo social e infraestructura.

No obstante a las reformas propuestas a la Ley de Migración y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es necesario armonizar el marco jurídico de esta Secretaría con otras disposiciones contenidas en diversas leyes para que sus funciones las ejerza bajo un esquema transversal, integral y de coordinación, me refiero a dichos ordenamientos, son:

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, la Ley General Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, La Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Población, la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas.

Esta Cámara, compañeros, tiene en sus manos ser solidarios con los millones de mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos con peligro de ser deportados.

Tenemos que regresarles un poco de lo mucho que han aportado a este gran país. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Martínez Soto. En consecuencia, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Migratorios, para dictamen y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Guadalupe. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): Solicitar al diputado me permita adherirme a su iniciativa. Es que resulta trascendental que existan de 22 a 25 millones de mexicanos allá en el otro lado. Y que en varios estados de la república cuenten con poblaciones prácticamente completas e iguales aquí y allá, ejemplo Michoacán. Michoacán cuenta aquí con 2.5, millones de mexicanos y allá hay 4.3. De tal manera que celebro esta iniciativa y espero que el proponente me permita adherirme a ella. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Martínez Soto, ¿Tiene algún inconveniente en que se adhiera a la iniciativa el diputado Guadalupe?

El diputado Norberto Antonio Martínez Soto (desde la curul): Por supuesto que no tengo inconveniente, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Hernández, ha aceptado el proponente. Por ende está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Gonzalo Guízar Valladares, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Sólo para pedir rectificación de turno, diputada presidenta, si fuera posible, por favor, el tema de que la Comisión de Asuntos Migratorios tenga la posibilidad de participar en el dictamen. Es decir, Presupuesto, Hacienda, opinión; Gobernación, Asuntos Migratorios, dictamen. Rectificación de turno, es lo que pedimos de acuerdo al Reglamento, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Okey. En atención a la solicitud que nos hace el diputado Guízar Valladares, se turna esta iniciativa no sólo para opinión, sino para dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, para presentar tres iniciativas en una sola intervención:

La primera de ellas con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La segunda con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de igual forma suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La tercera, con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías:Gracias, presidenta. Con una nutrida asistencia de 397 diputados, y muchos menos presentes, inicio la presentación sobre todo a quienes nos ven en el Canal del Congreso o en sus oficinas, de estas iniciativas.

Cuánta razón tiene don Norberto, mi amigo, cuando dice que tenemos que atender a los migrantes. La gente se ha ido de este país no porque quiera, sino porque durante décadas no hemos podido darles las condiciones de vida ni las oportunidades y los hemos obligado a ser atraídos a donde pueden encontrarlas.

Dice bien Norberto, cuando habla de remesas importantísimas, porque más allá de que se vayan a Estados Unidos nunca se olvidan de su gente, y el país tiene como segunda fuente de ingresos las divisas, 27 mil millones de dólares casi. Sin embargo, hay el proyecto de ley de un diputado republicano para gravar estas remesas con el 2 por ciento.

En el Verde queremos proponer que más allá de ocurrencias, más allá de ideas a lo loco, debiéramos crear un fondo para poder compensar ese 2 por ciento que pretenden quitarle a nuestros compatriotas, y en caso de que no se apruebe entonces que sirva esto para apoyar iniciativas como la que hoy presente Norberto.

¿Pero cómo lograr un fondo si no hay dinero, si el presupuesto está limitado? Muy fácil.

1. Proponemos reducir en 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos.

2. Proponemos que el gobierno federal reduzca en 50 por ciento sus gastos de comunicación social y los gastos no estratégicos que no son necesarios, y proponemos también que el gobierno federal disminuya en 50 por ciento todos aquellos gastos que no son necesarios.

¿Cuáles? Pasajes, viáticos, celulares, vehículos y todos aquellos excesos que aquí mismo hemos criticado y que pueden mejor servir para compensar a la gente que se ha ido, porque no debemos olvidarnos ni soslayar que se fueron por no encontrar las oportunidades. Repito, y tenemos que atenderlos. Espero de todos el apoyo a esta iniciativa, porque solo es para apoyar a la gente.

Tenemos que darle respuestas, no solo al electorado que tenemos acá, tenemos que darles respuesta a todos nuestros compatriotas, los que están más allá de las fronteras, los que están de este lado y que todos sientan que cada diputado hace lo que necesitan.

La austeridad es una queja y un reclamo permanente y que tenemos que cumplir, y ojalá cumpliéramos también siendo un poquito más responsables con nuestra presencia en el salón de sesiones siempre. Es cuanto, señora presidente.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Salazar Farías. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías:

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías:

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de los 36 maestros catedráticos de todos los estados de la República que acompañan a los 300 niños integrantes del 10o. Parlamento de Niñas y Niños de México 2017. Sean ustedes bienvenidos a este recinto.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González:Gracias, señora diputada. El objeto de la iniciativa que hoy presento es reformar diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 40, 41 y 58.

La finalidad es mejorar la fase de ejecución presupuestaria, transparentarla y ajustarla al sentido de legalidad de la Constitución. Todos los años el presupuesto ejercido por el gobierno federal es significativamente superior al aprobado por esta Cámara.

Nosotros, los diputados, tenemos la atribución, anualmente, de aprobar el presupuesto, por ello el hecho de que el presupuesto ejercido sea sustancialmente diferente del gasto aprobado, es un atentado contra una de las principales facultades y quizá la más relevante de esta Cámara de Diputados.

Todos los años bajo la mirada cómplice de los partidos mayoritarios, esta Cámara es despojada de facto y de manera ilegítima de su competencia fundamental de aprobación del presupuesto. Nuestro trabajo se convierte en pura simulación, resulta urgente terminar con esta irregularidad.

La iniciativa que presento se encamina a garantizar que los gastos aprobados por la Cámara se respeten en la fase de ejecución presupuestaria. En la Cuenta Pública de 2016, el gobierno federal gastó casi 700 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en el presupuesto, se trata de recursos públicos que se erogan sin ningún control legislativo y de forma absolutamente discrecional y arbitraria.

Además, el problema de los gastos adicionales del gobierno no sólo es una cuestión de transparencia y rendición de cuentas, ocurre que los gastos imprevistos no se destinan a rubros vitales para el desarrollo social y económico de la nación.

Si este objetivo tuviese un mínimo de responsabilidad, perdón, si este gobierno lo tuviera, y dignidad, los ingresos extraordinarios del sector público se destinarían a educación, salud, programas sociales, seguridad social, desarrollo productivo o políticas de innovación.

Sin embargo, no resulta extraño comprobar que los recursos adicionales se consagran a gasto suntuario y opaco. Por ejemplo, en la Cuenta Pública de 2015 los rubros que tuvieron mayores incrementos, por ejemplo, fue el de compra de títulos y valores, remuneraciones a personal de carácter transitorio, transferencias a fideicomisos y los servicios de comunicación social y publicidad.

Por tanto, el Ejecutivo mexicano anualmente configura una agenda ilegítima, superflua, y oculta de gasto público que no se autoriza ni controla por la Cámara de Diputados.

Resulta urgente normar el destino de los gastos adicionales del Ejecutivo, de forma que no solo se transparenten y ajusten a lo autorizado por la Cámara sino que se destinan prioritariamente a partidas de gasto con impacto en el bienestar social.

Esta iniciativa busca que la Secretaría de Hacienda formule previsiones aproximadas de los ingresos adicionales y evitar que ese dinero resulte de transacciones financieras u oscuras, como ocurre habitualmente.

Además, la propuesta de reforma que impulso busca garantizar que en ningún caso los ingresos adicionales del gobierno provengan de la descapitalización de las instituciones de seguridad social o empresas productivas del Estado, y que siempre los gastos extraordinarios se dediquen a impacto social y económico y mejoren la calidad de vida de la población.

Por ello, propongo que las erogaciones extraordinarias del gobierno se consagren prioritariamente a educación, salud, seguridad social e innovación entre otras.

En su intervención de ayer, en esta soberanía, el auditor superior de la federación señaló que la discrecionalidad es uno de los principales riesgos asociados a la corrupción en México.

La corrupción es una de las grandes lacras de la nación y el vínculo entre discrecionalidad y corrupción está acreditado. Si existe una muestra clara de discrecionalidad, ésa es la del actual régimen jurídico de los gastos e ingresos adicionales del sector público.

Esta iniciativa se marca en un esfuerzo por transparentar el ejercicio del gasto del Ejecutivo y coadyuvar a la erradicación de la corrupción en nuestro país.

La arbitrariedad en el gasto de las instituciones es la que ha permitido que Odebrecht comprara a funcionarios públicos mexicanos a cambio de multimillonarios contratos. Este tipo de prácticas las debemos evitar si efectivamente ustedes están a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Damián González. Túrnese a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Sonido en la curul del diputado Roberto Cañedo. Adelante, diputado Cañedo.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solo para solicitar a la diputada Araceli Damián si nos permite suscribir su iniciativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Damián, ¿Tiene algún inconveniente?

La diputada Araceli Damián González (al pie de la tribuna): No.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Ha asentido, por lo tanto, está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, diputado.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muy buenos días. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy tomo la tribuna para impulsar esta iniciativa tan necesaria en nuestro sistema de justicia penal, buscando darle el impulso adecuado para contar con su apoyo y con su aprobación.

Compañeras y compañeros diputados, la justicia es algo a lo que todos deberíamos tener derecho, pero en la práctica no todos la tienen. Resulta urgente reformar el numeral 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dotar de seguridad jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, pues actualmente muchos de nuestros indígenas que se encuentran privados de su libertad fueron criminalizados desde el momento de su detención por no contar con un intérprete, y hacerlos firmar declaraciones que no se encontraban en su idioma o dialecto.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay 8 mil 50 personas privadas de la libertad que provienen de algún pueblo indígena, siendo muchos de ellos víctimas de procesos llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Y es que en México, compañeros, hablar alguna lengua indígena es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización. A pesar de que en la República Mexicana se hablan 68 lenguas indígenas que tienen alrededor de 364 variantes lingüísticas.

El artículo 17 constitucional en su segundo párrafo, establece el derecho de toda persona a la administración de justicia por medio de tribunales que le impartan de acuerdo a lo que es la ley. Sin embargo, en la práctica las deficiencias son enormes para la población en general y tristemente aumentan para la población indígena, pues los encargados de la impartición de justicia en México carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad para poder garantizar a los indígenas el acceso a la justicia.

Contamos con múltiples leyes que reconocen el derecho a los pueblos y comunidades indígenas y el acceso a la jurisdicción del estado en la lengua indígena nacional del que sean hablantes. Es tiempo de tomar acciones para que estas leyes se reconozcan y se apliquen sobre todo. Tenemos una deuda pendiente con nuestros pueblos indígenas y creo, es tiempo de saldarla.

Apenas, compañeros y compañeras, esta semana la PGR otorgó un: disculpe usted, a las indígenas Hñähñu, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Las cuales fueron encarceladas por tres años, por el supuesto secuestro de seis policías federales y que mediante un acto protocolario se pretende reivindicar su identidad de las mujeres indígenas, pero quién les devolverá esos tres años tras las rejas, esos tres años de no estar con sus familias.

Por lo anteriormente expuesto es que hoy propongo, que se otorgue como derecho al imputado a que los escritos de su declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante el proceso esté escrito en la lengua que habla el imputado, cuando éste pertenezca a un pueblo indígena o comunidad. Esto para que el imputado pueda tener la certeza de lo que firma y no se sigan cometiendo las injusticias que hoy se generan.

Reconozcamos sus derechos y respetemos las libertades que nuestra Carta Magna les otorga, en nuestros reclusorios existen indígenas purgando condenas excesivas por delitos menores o por delitos, incluso, que ni siquiera cometieron. Es tiempo de detener esas injusticias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul). Presidenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Solo para decirles que esta disculpa pública que debe dar la PGR también tiene que ser obligatoria de la reparación del daño. Las tres indígenas condenadas a 21 años de prisión y que afortunadamente salieron libres pero después de tres años presas, requiere una reparación del daño. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registra su participación.

LEY DE AGUAS NACIONALES Y LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con iniciativa que tiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado Ángel García Yáñez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hoy se pone a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Lo anterior, para reducir los daños que causan las aguas residuales al medio ambiente. La contaminación del agua es una alteración propiciada por el ser humano, lo cual daña su integridad física, química y biológica.

Las aguas residuales no solo afectan la integridad de las aguas superficiales, también representan una alteración de los ríos; contribuyen a eliminar la vegetación e incluso provocan que los ríos y otros cuerpos de agua se vuelvan inestables.

Ahora bien, es necesario mencionar que existen dos tipos de aguas residuales a saber. Las aguas residuales puntuales o directas y las difusas. El tratamiento que se haga de ellas debe depender de su origen.

Las aguas puntuales o directas provienen de afluentes específicos y fáciles de identificar tales como las descargas provenientes de una tubería o canal. Tienen la característica de estar reguladas ya que requieren de un permiso para descarga, lo cual facilita su monitoreo y vigilancia.

Por su parte, las aguas residuales difusas provienen de terrenos que descargan contaminantes a los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos sobre regiones extensas, así como componentes suspendidos en la atmósfera cuyos contaminantes recaen en las aguas superficiales o al sistema de agua subterránea.

Dichas características hacen sumamente complejo su proceso de evaluación y tratamiento. Cabe mencionar la importancia que tienen las actividades agrícolas como fuente de contaminación difusa, ya que en ella incluyen diversos factores estrechamente relacionados como el uso de suelo rural y el autotroficación, que es degradación de la calidad del agua debido a la alta concentración de nutrientes; precisamente por ello es indispensable saber distinguir a qué tipo de contaminación nos referimos, y en efecto buscamos un sano equilibrio para una producción agrícola que sea verdaderamente sustentable y respetuosa del medio ambiente.

La importancia de las actividades agrícolas tienen en la contaminación difusa es enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que la superficie agrícola es de casi 27.5 millones de hectáreas, de acuerdo con la encuesta nacional agropecuaria de 2014. Y en ese año en nuestro país se utilizaron al menos de 12 plaguicidas prohibidos a escala internacional, mismos que representan una fuente de contaminación difusa para los cuerpos de agua.

De acuerdo a Conagua, el sector agropecuario utiliza el 76.7 por ciento del volumen concesionado para uso consultivo y el 61.3 por ciento del agua destinada para uso consultivo proviene de los cuerpos de agua superficiales. Eso significa que la agricultura está contaminando los cuerpos de agua de los cuales se benefician.

En Nueva Alianza estamos determinados a terminar con estas acciones. Así a iniciativa que nos ocupa busca que se lleve a cabo en la ley una distinción de los tipos de agua residuales, así como otorgar a dicho problema el reconocimiento de interés público para hacer más efectiva su atención.

Es urgente establecer una estrategia para la medición, prevención y control de las aguas residuales o se continuará comprometiendo la viabilidad del consumo de los cuerpos hídricos.

El precio de privilegiar el crecimiento económico sobre la protección al medio ambiente, lo pagarán nuestros hijos, y créanme, será incosteable.

La iniciativa que se pone a su consideración y a la que estamos seguros se unirán muchos de ustedes, pretende reconocer la importancia que las actividades agrícolas tienen en la polución del agua, para tener un punto de partida en la protección de nuestros recursos hídricos. Actuar ahora es salvaguardar el futuro. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado García Yáñez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Desarrollo Rural, para dictamen.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Karina Barón. ¿Con qué objeto diputada?

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Muchas gracias, diputada. Con el objeto de pedirle permiso al diputado Ralis, del Partido Movimiento Ciudadano, para poder adherirme a tan importante iniciativa, y efectivamente insistir en que las disculpas públicas deben de venir con actos también de fortalecimiento a las víctimas. Eso es lo que tenemos que impulsar en este país.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde curul): Adelante.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está de acuerdo, diputada. Está la iniciativa a disposición de esta Secretaría para que pueda adherirse, diputada Barón. Gracias.

LEY DE MIGRACIÓN

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar en una misma intervención dos iniciativas: una con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, y otra relativa al artículo 66 de la Ley de Migración.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias, diputada presidenta. Amigas y amigos diputados, hoy venimos a presentar dos iniciativas, muy sencillas, pero de gran trascendencia, consideramos en materia de los derechos humanos, de los hermanos migrantes, se trata de la Ley de Migración de este país y armonizar el marco jurídico derivado de la unidad de medida en materia de salarios mínimos en el mismo marco de ley.

La primera, el artículo 66 de la Ley de Migración textualmente proponemos que diga lo siguiente:

Artículo 66. Todo migrante tendrá y gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenios internacionales de los que sea parte el Estado mexicano, así como en la presente ley.

El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes con independencia de su situación migratoria. Es decir, es una propuesta que marca un imperativo como Estado-nación para que se respeten, sin importar la situación migratoria, los derechos irrestrictos de las personas en este país. Ésa es la primera iniciativa, la misma va a promover.

Estas modificaciones constitucionales ponen a México en sintonía con los sistemas jurídicos más avanzados en la protección de los derechos humanos, pues crean el llamado parámetro de control de la regularidad constitucional cuando se trata de interpretación y ampliación de los derechos reconocidos en todos los tratados internacionales que sobre esta materia ha firmado México.

Es decir, promueve que estos tratados que se han firmado tengan vigencia y estén plasmados puntualmente en nuestra Ley de Migración. Y refuerza al mismo tiempo sin duda una de las más importantes y categóricas de los últimos tiempos, pues representa la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a nuestra Constitución que se dio en junio del año 2011.

Ésta es la primera iniciativa que presentamos, correspondiente, amigas diputadas y amigos diputados, al artículo 66 de nuestra Ley de migración.

La segunda iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 142 y 145, y de más, que mencionó la diputada presidenta, solamente trata de armonizar nuestro marco jurídico en materia de la Ley de Migración. ¿En qué sentido? En que a través de la recién creada Unidad de Medida y Actualización, conocida como UMA, que por el momento quedó establecida en 70.10 pesos, igual que el salario mínimo actual, pero que será actualizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, según los términos de la propia ley.

Con esta armonización, que además –hay que decirlo– en la anterior ley que se dio para tener a las UMA ya como medida y actualización se debe tener, amigas y amigos, sugiero, en un transitorio de estas leyes anteriores que de manera automática se armonicen las leyes secundarias o las que tengan que ver con este tratado y con estos pendientes de armonización.

Si nosotros como ponentes lo consideramos ya no habría necesidad de venir a la tribuna a tratar de armonizar un marco jurídico porque habrá un transitorio que nos permita de manera automática actualizar la propia ley en la materia, en este caso la de Migración. Es cuanto y muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Guízar Valladares. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Pasamos a la segunda ronda de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 185 y 293 del Código Penal Federal.

El diputado Pablo Gamboa Miner:Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas. La imagen de las corporaciones policiacas y de los policías en general ha sufrido un fuerte desgaste en los últimos años. Se subestima su trabajo y su persona y se ha complicado el escenario al que deben enfrentarse día con día.

Desafortunadamente, cada vez con mayor frecuencia es el ciudadano común, no solo el delincuente. Vemos en los videos de redes sociales vemos en los noticieros lo que ha pasado últimamente, los últimos días de los policías cómo agreden no solamente verbalmente, sino físicamente. Un ejemplo fue Lady Polanco, donde se observan los insultos y agresiones de los que son objeto varios policías y no se hace nada.

El otro ejemplo es Lord Rolls-Royce, que agredió sus escoltas a los policías y no solamente lo dejaron libre por el tema de los policías, sino no se les hizo nada.

También como ejemplo, lo que vimos en los noticieros, de Rosarito, Baja California, cuando empezaron los saqueos, y vemos que un individuo, un ciudadano no solamente casi mata a los policías, sino los atropelló y no se les hizo nada.

Últimamente, aquí en una delegación del Distrito Federal, una policía por poner una araña, por multarlo, vemos que casi la atropella y de verdad que es lamentable lo que está pasando.

¿Qué necesitamos? ¿Qué propongo? Modificar el artículo 180 del Código Penal Federal, que ahí es cuando dice que hay de 10 a mil pesos –Leí correctamente– de 10 a mil pesos si les hacemos algo a los diputados, a los policías, y ya no quieren ser policías porque ya no se respeta y si no respetamos a los que nos cuidan, ¿cómo podemos exigir que nos den seguridad?

Lo que queremos es modificarlo para que se incremente de 125 mil a mil 250 días de Unidad de Medida de Actualización (UMA), que esto en costo es de 10 mil pesos a 100 mil pesos si le hacemos algo a los diputados.

También modificar el artículo 185, que estamos proponiendo se duplique a cuatro la pena, cuando varias personas procuren impedir la prestación de los servicios públicos mediante actos de violencia.

En el caso para modificar el 293 del mismo Código Penal Federal es, cuando se trate de policías en cumplimiento de sus funciones, ya pongamos una pena de uno a cuatro años, para que los policías sean respetados en sus labores, no solamente policíacos, sino también como individuos.

Compañeros, hay que actualizar las penas establecidas en estos artículos. Por ello, les pido no solamente su voto, sino que se sumen a esta iniciativa, para que los policías no solamente reciban este apoyo legislativo, sino que haya respeto.

Sí, como ciudadanos exigimos mucho, pero también tenemos que darle no solamente estas fuerzas a los policías, sino también cambiar nosotros mismos de lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando en México. Muchas gracias a la Mesa Directiva y les pido su voto aprobatorio. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Gamboa Miner. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 1o., 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Luis de León Martínez Sánchez:Muchas gracias, con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros, la consolidación de nuestra democracia pasa necesariamente por un respeto irrestricto al ejercicio real de los derechos humanos y lograr garantizarlos con efectividad es deber de todos, tanto de ciudadanos como de representantes populares, integrantes del Poder Judicial y gobernantes.

Como nación tenemos que acabar con las inaceptables violaciones a los derechos fundamentales, que sin duda atentan contra la dignidad humana y agravan a la sociedad entera.

Por ello vengo a presentar a ustedes, esta iniciativa que pretende establecer un mecanismo análogo, como el que existe en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, donde las recomendaciones de la Comisión Interamericana por sí solas no son vinculatorias, pero cuando un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana y no quiere cumplir con las recomendaciones de la Comisión, el caso puede ser llevado ante la Corte y previo procedimiento contradictorio si encuentra culpable al Estado parte la Corte dicta una sentencia, teniendo el Estado ahora sí la obligación de acatar el fallo de dicho órgano jurisdiccional.

En ese sentido, si bien es cierto que en nuestro país el juicio de amparo y en otros medios jurisdiccionales han coadyuvado en la protección de los derechos de las personas, es de explorado derecho que hay casos en los cuales no puede intervenir, pues esta tarea fue encargada a los mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, concretamente a las llamadas comisiones, procuradurías y defensorías de derechos humanos.

Sin embargo, la gran limitante con la que se encuentran dichos organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, es que sus determinaciones derivadas de sus investigaciones y de donde se señalan violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, no son de carácter vinculatorias. Es decir, no son obligatorias. En otras palabras, se encuentran atadas de manos.

No se entiende que la presente iniciativa busca lograr que dichas recomendaciones sean obligatorias por sí solas, pues ello generaría una duplicidad con la normatividad y con los organismos jurisdiccionales hoy vigentes. Muy concretamente, la presente iniciativa propone modificar los artículos 1, 94 y 102 de nuestra Carta Magna, inspirándose, como ya se citó, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Se acude al modelo que se sigue ante la Corte Interamericana.

Virtud de lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos jugaría el rol de la Comisión Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación el de la Corte Interamericana. Y los estados parte serían las autoridades federales.

Así las cosas, cuando una recomendación de la Comisión Nacional no quiera ser cumplida por una autoridad a la que vaya dirigida, ésta tendrá la posibilidad de plantear su incumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emplazará a la autoridad que se considere responsable de violación a derechos humanos para que acuda a defenderse en un procedimiento que se siga ante la Suprema Corte, quien previo procedimiento contradictorio determinará si la autoridad es o no responsable.

Asimismo, ampliar la competencia de la Suprema Corte para el efecto de que además de lo que dispongan las leyes, correspondiendo al pleno de la Suprema Corte sustanciar y resolver el juicio para la protección de los derechos humanos por incumplimiento de las recomendaciones hecha a la autoridad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y finalmente, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el incumplimiento de sus recomendaciones pueda promover el juicio para la protección de derechos humanos ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Compañeras y compañeros, en Acción Nacional seguiremos pugnando por tener organismos, si bien autónomos, también dotados de facultades y capacidades necesarias para una efectiva protección de los derechos fundamentales.

Nelson Mandela decía “privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela su juicio, su propia humanidad”. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Luis de León Martínez Sánchez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ¿Me permite un momento, por favor, diputado Juárez? Sonido en la curul del diputado Héctor Barrera. Diputado, no lo había visto.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Aquí andamos, diputada presidenta. Diputada presidenta, nada más pedirle al diputado Luis de León si me permite adherirme a su iniciativa en el sentido de que siempre hay que luchar por los derechos humanos.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. El diputado Luis de León está de acuerdo. Así es, está aquí a su disposición en la Secretaría. Gracias, diputado Barrera.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Gracias, presidenta. Diputados y diputadas, hoy vengo a presentar ante este pleno la iniciativa que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativa al Fovissste.

Como todos sabemos, actualmente los trabajadores contemplados en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución enfrentan una molestia en el uso de su crédito de vivienda, otorgado desde luego por el Fovissste. Esta preocupación consiste en darse cuenta que mes a mes deben mucho más que la cantidad contratada en términos de pesos.

El crédito de vivienda ejercida por el trabajador mediante el Fovissste resulta con un costo diferente y muchas veces más alto que un crédito ordinario, entiéndase bancario o comercial. Esto contraviene al derecho constitucional del ejercicio de un crédito barato de vivienda.

Para colmo, el trabajador no tiene información completa y uniforme respecto a la tasa de interés que va a pagar, pues solo conoce una, la que está convenida en el contrato mutuo. Sin embargo, ignora que la actualización de su crédito en términos de salario mínimo actúa con una tasa de interés adicional que no solo capitaliza el principal, sino también los intereses generados por la primera tasa, lo que en consecuencia encarece el crédito y le quita a éste el termino de crédito barato, pues al nivel que llega, o al que llega el costo total de crédito, es igual, o en ocasiones superior, al bancario. Pero al no tener una información comparable, el trabajador no sabe si ejercer su crédito o solicitar preferentemente un crédito bancario.

Asimismo, al no tener información completa que le permita comparar opciones, tiene que ejercer su crédito institucional, creyendo que efectivamente es una tasa mucho más baja que la que ésta ofrece, a diferencia del crédito hipotecario o comercial. Este desconocimiento permite que el Fovissste se convierta en una especie de único proveedor de crédito, acaparando esta ventaja frente a los otros que podrían ser sus competidores. Es decir, el problema se reduce a la falta de comparabilidad de la información del contrato mutuo, respecto a la información de otros instrumentos financieros para la adquisición de vivienda.

El Fovissste justifica este cuasi monopolio asegurando que la institución otorgue el crédito a trabajadores que de otra manera no podrían conseguir en el ámbito bancario. Sin embargo, los montos de los créditos a los que pueden acceder los trabajadores en el Fovissste ya tienen similares en la banca comercial.

Este problema, compañeros y compañeras, se resolvería eliminando la actualización vía, veces salarios mínimo, utilizando una sola tasa y expresando la deuda únicamente en pesos, lo que facilitaría su comparabilidad y haría el crédito Fovissste existente, mucho más barato. De hecho, en las corridas financieras practicadas a un crédito tradicional del Fovissste, deja de manifiesto que es 16 por ciento mucho más caro que en un crédito comercial.

En resumen, el crédito ya no resultó o resulta como obliga el artículo 123 constitucional, que a la letra dice: “El Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un Fondo Nacional de la Vivienda que permita otorgar un crédito barato a los trabajadores”. Adicionalmente de este análisis se desprende que este cobro es ilegal, según el Código Civil Federal, pues el interés sobre el interés solo puede ser válido para temas mercantiles, no así de contratos como el de vivienda. Esto además es ilegal por partida doble, pues son dos tasas las que están operando el crédito.

Por lo anteriormente expuesto, compañeros y compañeras, hago de su conocimiento el presente decreto por el que se reformaría el artículo 1 y 69, y el párrafo primero del artículo 185, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los invito a que consideren la importancia que reviste aprobar dicha iniciativa. De antemano agradezco su atención. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juárez Blanquet. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

Esta Presidencia saluda con mucho gusto a alumnos del CETIS Vicente Ramón Guerrero Saldaña, de la colonia Vicente Guerrero en la Ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Sean ustedes bienvenidos.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Enrique Zamora Morlet, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, suscritas por él e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Enrique Zamora Morlet:Con la venia de la Presidencia. La educación en nuestro país es un derecho fundamental que toda persona tiene garantizado en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvaguarda jurídicamente este derecho de todas las y los mexicanos sin discriminación alguna.

En el artículo 3o. constitucional se establece la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como la gratuidad y laicidad.

Tal como le menciona el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su artículo El derecho a la educación en México, la educación es un proceso con doble propósito; el desarrollo de cada persona en lo individual, así como su impacto positivo y contribución para la sociedad y el país.

Asimismo la ley reglamentaria del artículo 5o., constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, regula las carreras, las cuales necesitan de expedición de un título y una cédula profesional, así como los requisitos que las universidades y estudiantes deben cumplir para que la Secretaría de Educación Pública certifique dichos documentos y el alumno pueda ejercer plena y legalmente la profesión que estudió.

La educación privada o particular es un conjunto heterogéneo de instituciones que han ejercido una influencia positiva considerable, sobre todo en la formación de ciertos sectores sociales y que a diferencia de la educación pública, se produce en una institución educativa dirigida mediante la iniciativa privada, costeado por la propia familia.

En México cuando un estudiante concluye la educación media superior y decide continuar con la educación superior puede optar por ingresar al concurso de selección que diversas universidades públicas emiten u optar por ingresar a alguna universidad particular, siempre y cuando cuente con los recursos económicos suficientes.

Esas instituciones particulares ofrecen diferentes planes de estudios con cierta cantidad de créditos al cubrir junto con los costos correspondientes los cuales cuando son completados satisfactoriamente, otorgar el derecho a la titulación y obtención de la cédula profesional para ejercer la carrera que ha sido cursada.

Sin embargo el costo de la titulación en México varía según el carácter de la universidad, sea pública o privada, y en esta última los costos son por demás variantes sustantivamente de una institución privada a otra.

En instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; el Instituto Politécnico Nacional, IPN; o la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, el precio de los trámites de titulación tiene un costo que ronda entre los 2 mil pesos. Por el contrario las universidades privadas como lo son Ibero, ICEL, UIA, CUP, ULSA, Unitec, UVM, por sólo mencionar algunas, algunos de los costos oscilan alrededor de entre 3 mil hasta los 35 mil pesos.

Además las instituciones particulares tardan un aproximado de entre 4 y 10 meses para entregar todos los documentos debidamente certificados por la Secretaría de Educación Pública; mientras que en las instituciones públicas el periodo ronda en alrededor de dos meses para hacer entrega de los multicitados documentos.

Es clara la diferencia que existe entre los costos del trámite de titulación y expedición de cédula profesional que tienen las universidades públicas y privadas, cuestión que resulta preocupante, toda vez que pareciera que algunas instituciones privadas pierden de vista que el derecho a la educación es un derecho fundamental y una gran responsabilidad de quien lo ofrece y no un negocio condicionado al pago a cambio de una contraprestación.

Es por lo anterior que pido el apoyo de esta soberanía, así como de todos los Congresos locales para que en sus normas adjetivas que regulen esta materia se garantice el derecho a los estudiantes y puedan elegir libremente su proceso de titulación, sin afectar su economía y su premura por desempeñarse profesionalmente en el mundo laboral del país, y aún más, con la latente necesidad de responder oportunamente con nuestros connacionales denominados como dreamers, que corren el riesgo de ser deportados del país vecino del norte a sus ciudades natales en México y que por tal efecto, propongo adicionar el artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Zamora Morlet. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Saludamos con gusto a alumnos de la escuela secundaria Niños Héroes, del estado de México que hoy nos acompañan en este salón de pleno. Así como también a alumnos de la escuela primaria Solidaridad, de Atizapán de Zaragoza del estado de México. El primero de los grupos invitado por la diputada Maricela Contreras Julián, y la escuela primaria Solidaridad por el diputado Román Francisco Cortés Lugo. Sean ustedes bienvenidos.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2017

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra, por cinco minutos, para presentar en una misma intervención el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017. Gracias, diputado.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Muy buenas tardes, diputadas, diputados. El 27 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecían las reglas para el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control en organismos constitucionales autónomos.

En ese decreto se incluyeron: a la Comisión Federal de Competencia Económica; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; al Instituto Federal de Telecomunicaciones; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; al Instituto Nacional Electoral; al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Este decreto que se publicó contiene un segundo transitorio que mandata a la Cámara de Diputados para que, dentro de los 180 días, inicien los procesos para la designación de los titulares mencionados, los cuales se les otorga autonomía y ejercer recursos públicos.

Lo anterior, dice, con excepción de aquellos titulares de los órganos internos de control, a los que la Constitución Política les otorga autonomía y que se encuentran en funciones a la entrada en vigor del decreto por el que se reforman y adicionan estas disposiciones. Y establece una fecha que vendría a ser el mandato, establece el 27 de mayo de 2015 para aquellos que fueron nombrados previo a esa fecha. Analizando lo que dice este segundo transitorio, la Cámara de Diputados debe proceder a la designación de los titulares de siete organismos autónomos, en este caso la Cofece, la CNDHH, Ifetel, el Inegi, el INE, el INEE y el INAI, dentro de los 180 días, y dice en los términos en los que fueron nombrados.

Queremos explicar cuáles son los casos. Por ejemplo en el caso del INE, su contralor fue nombrado el 21 de mayo de 2014, por lo tanto permanecerá en su encargo durante seis años a partir de entonces, hasta el 21 de mayo de 2020 en los términos que establece el artículo 41, fracción IV, del apartado A, párrafo quinto, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Por cuando hace a la Cofece, Ifetel, Inegi y al INAI, se puede proceder a nombrar un titular de orden interno en los términos del decreto, porque no hay un titular nombrado en esos cuatro organismos. En el caso del Cofece y del INAI, el cargo se encuentra vacante, mientras que en el Ifetel hay un encargo de despacho.

Por cuanto hace a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Evaluación, hay en ese sentido una duda razonable de las acciones a seguir, pues si bien tienen un titular de Contraloría Interna que iniciaron funciones antes del 27, en ninguno de ambos casos está establecido el instrumento legal para la duración del encargo, por lo que dejaron ambos titulares en los términos en que fueron nombrados.

En este análisis entonces estos dos contralores que ya fueron nombrados tendrían un cargo, al menos como lo establece la ley, sin término, por lo que necesitamos cambiar ese transitorio para darle una legalidad constitucional y así evitar que, o se queden en el cargo o si se les remueve, puedan poder impugnar esa remoción.

En esa circunstancia queremos lo siguiente. Reformar el artículo segundo transitorio para darle certeza legal a los nombramientos de estos titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos.

En ese sentido les pedimos a este Congreso que se retome este tema en un tiempo próximo y que la comisión a la cual va a llegar esta iniciativa inicie los trabajos, para que dentro de los 180 días que marca la ley podamos nombrar a estos titulares con toda la legalidad. Por eso en Morena le apostamos a la transparencia, queremos ser responsables para fortalecer la legalidad y corregir lo que por las prisas parlamentarias se dejó de hacer. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rogerio Castro Vázquez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está solicitando la diputada Cecilia Romero sonido en su curul. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo: Gracias, diputada. Para aprovechar la presentación de la iniciativa que acaba de hacer el diputado Rogerio Castro e independientemente del resultado después del proceso legislativo que esta iniciativa tendrá, sí hacer un exhorto desde aquí a la Junta de Coordinación Política para que a la brevedad se inicie el proceso, porque tenemos 180 días para hacer los nombramientos que esta iniciativa, de la cual fui proponente junto con otros diputados de otros grupos parlamentarios, pueda ser cumplimentada.

Pido que se turne, por favor, este exhorto a la Junta de Coordinación Política, presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Me permito informarle que la Junta de Coordinación Política ya está abordando este asunto, que desde luego transmitiremos su exhorto para que se continúe atendiendo. Gracias, diputada.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, en representación y a nombre del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Gracias, presidenta. La presente iniciativa que se pone a su consideración el día de hoy, se refiere a proponer la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Control de Confianza, como un organismo constitucional autónomo.

En junio de 2008 se reformó el artículo 21 constitucional para establecer la evaluación y control de confianza como requisito y condición para el ingreso y permanencia del personal de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Desde ese entonces se estableció el compromiso institucional de crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza mediante la depuración de las instituciones de seguridad y la procuración de justicia. Sin embargo, a casi 10 años de haberse iniciado este proceso, los pendientes en materia de evaluación y control de confianza siguen siendo enormes.

No podemos dejar de mencionar que permanecen presentes ejemplos de colusión entre autoridades y policías con el crimen organizado o, en su defecto, que los procesos de depuración no se han consumado, o peor aún, que varios de los centros estatales acreditados no han pasado los procesos de reacreditación o incluso se presentan contradicciones en los resultados emitidos entre un centro y otro.

Aunado a lo anterior, en el terreno normativo se advierte un esquema de subordinación jerárquica a la que se encuentran supeditados los centros de evaluación y control de confianza, situación que ha venido vulnerando la independencia y merma la imparcialidad de su funcionamiento.

Por ejemplo, el director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, de la Comisión Nacional de Seguridad, depende jerárquicamente de cuatro funcionarios públicos. En el caso de las entidades federativas, los directores de los centros estatales de evaluación y confianza son nombrados y removidos por los gobernadores de los estados y se subordinan a los secretarios de gobierno.

Este esquema organizacional, además de que puede propiciar injerencia política para influir en la determinación de los resultados, ha significado que los resultados esperados no son los adecuados, pues esto demerita la razón que dio origen a las evaluaciones como fuentes de confianza certera.

Por ello, a través de esta iniciativa presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Clemente Castañeda, es que se propone reformar la Constitución, para crear un Instituto Nacional de Evaluación y Control de Confianza, pero que sea un organismo autónomo, que venga a ser el responsable de la coordinación y aplicación de todos los procesos vinculados a la certificación y evaluación de los elementos de seguridad pública y procuración de justicia.

Con esta reforma se pretende que se desvincularán los centros de evaluación de la subordinación a instancias político-gubernamentales, para inscribirlos a un organismo autónomo. Asimismo, presupuestalmente también esto es viable, dado que se establece que los recursos de los actuales centros se trasladarían al nuevo Instituto Nacional de Evaluación y Control de Confianza.

Compañeras y compañeros diputados, la función de la seguridad pública requiere una visión de Estado especializada y objetiva, desvinculada de decisiones discrecionales.

En ese sentido necesitamos privilegiar la confianza de las personas que conforman las instituciones de seguridad y procuración de justicia de este país con esta institución que estamos proponiendo Consideramos que de esta manera se abona al fortalecimiento democrático del Estado de derecho.

Finalmente, en el marco de la discusión pública que hoy estamos dando en materia de seguridad, particularmente con la discusión de las reformas sobre seguridad interior, Movimiento Ciudadano seguirá insistiendo en que debemos discutir irremediablemente sobre el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, y sobre todo, sobre la reconstrucción integral del modelo de seguridad pública.

Y en ese sentido puntualizamos que se requiere que se fortalezcan los procesos de evaluación y control de confianza con la creación de este instituto que se propone, para dar total viabilidad y confianza fundamental que tanta falta está haciendo en este proceso. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la licencia por maternidad es un derecho que tienen todas las madres trabajadoras en México durante la última fase del embarazo y después del parto.

De acuerdo con la legislación actual, las mujeres en estado de gravidez cuentan con 84 días de licencia por maternidad, es decir, 12 semanas, de las cuales seis se otorgan antes del parto y 6 en el puerperio. Sin embargo, aún estamos muy lejos de cubrir los estándares que para tal efecto propone diferentes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, que señalan un mínimo de 14 semanas de licencia con la recomendación de extenderla a 18 semanas.

Por su parte, en su informe Construir un México inclusivo, políticas y buena gobernanza para la igualdad de género, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, sugirió al gobierno mexicano aumentar la licencia de maternidad para mejorar la calidad de las relaciones familiares en el país.

En Nueva Alianza tenemos la firme convicción de impulsar acciones positivas que brinden la mayor protección a las mujeres en esta materia. En ese sentido, presento a ustedes la iniciativa que reforma las disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestra propuesta consiste en cambiar el actual periodo de seis semanas pre y posnatal a uno de nueve semanas. Con esta modificación de ley se reconoce a las madres trabajadoras y su necesidad de gozar de licencias más amplias, con el propósito de tener una recuperación óptima después del parto y compartir, sobre todo, el mayor tiempo posible con su hijo recién nacido.

Toda vez que está comprobado que este contacto proporciona a los pequeños la protección inicial que requieren, al permitir la lactancia materna y el cuidado posnatal, además de fortalecer los vínculos afectivos entre madre e hijo; lo que garantiza el sano desarrollo de su infancia.

Asimismo, proponemos que sea la madre trabajadora quien pueda decidir cómo distribuir ese tiempo, previa autorización de su médico que la atiende.

En Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de aplicar medidas concretas para actualizar el marco jurídico en apoyo a las mujeres trabajadoras. Espero contar con su apoyo para esta iniciativa. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Campa Almaral, Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, para presentar en una misma intervención dos iniciativas. Una, que se refiere al proyecto de decreto que adiciona el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y otra relativa al proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy, el Partido Encuentro Social a través de mi conducto, quiere poner a consideración de esta asamblea, dos iniciativas que para nosotros revisten una gran importancia.

La primera tiene que ver con la dignificación del Poder Legislativo. Desafortunadamente, desafortunadamente hoy el prestigio que tenemos los representes de la ciudadanía, que fuimos electos legal y legítimamente a través de las urnas, sufre de una gran crisis. Hay un gran desprestigio de la representación política en nuestro país y este Poder Legislativo necesita recobrar la confianza ciudadana. Necesita volverse a sentir representante popular. Necesita volver a hacer contrapeso como lo marca nuestra Constitución del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

Hace muchos años por diversos desmanes que se presentaron en este mismo pleno, el presidente de la República dejó de acudir ante la representación legal y legítimamente constituida a presentar su informe. Cuando vienen los tiempos de informes, nos preguntan todos los medios de comunicación, qué opinamos, y pasa esa época y nadie más vuelve a hablar del informe que se tiene que presentar ante esta Cámara por parte del Poder Ejecutivo.

El día de hoy nosotros queremos venir a ratificar lo que hemos manifestado, no solamente con la militancia de nuestro partido o ante la ciudadanía en general, sino también a través de los medios de comunicación. Queremos que el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, regrese a esta Cámara a rendir su informe.

Yo no sé por qué tanto temor que pueda haber debate, que pueda haber diferencias, que pueda haber incluso disidencias. Eso es justamente un debate democrático que el día de hoy a esta nación le urge.

Nada nos daría más gusto que quitar estos acartonados informes que vienen a dar diferentes titulares de las secretarías donde realmente casi no analizamos nada. Hay muy poca aportación, hay muy poco debate y de repente hay temas muy coyunturales, muy importantes que deben ser discutidos con nosotros.

Queremos que otra vez regrese el presidente de la República a esta tribuna a rendirles cuentas a los representantes de la nación y a explicarnos qué se ha hecho durante el ejercicio del año en que se esté informando.

Queremos que haya un real debate en las comisiones con los titulares de los distintos ramos del Ejecutivo y que entonces este Poder Legislativo sí regrese a ser un contrapeso real y legítimo del Poder Ejecutivo.

De ahí que estamos proponiendo una reforma al artículo 69 constitucional para que en un acto republicano el titular del Ejecutivo regrese a rendir su informe ante el pleno de los diputados.

La segunda iniciativa que les estamos presentando también reviste de la mayor importancia. Algunos de nosotros vamos regresando de la experiencia de haber redactado una Constitución para la Ciudad de México donde hubo un gran debate, una gran disidencia, pero hubo un gran trabajo legislativo de construcción de acuerdos. Yo vi muchos diputados aquí esforzándose, estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo en muchas cosas para construir consensos.

Uno de los grandes debates que se vio tuvo que ver con la edad para votar. En el proyecto original del jefe de gobierno se planteaban 16 años para poder votar. Nosotros creemos que este es un buen momento para decirles a nuestros jóvenes que tienen que tener interés en la actividad pública y política de su nación.

Decíamos en el Constituyente que no lo permitía la Constitución Federal. Hay cosas que cambiarían mucho cambiando la edad de la ciudadanía. Hoy nosotros venimos a proponerle a esta soberanía que llamemos la atención de los jóvenes mexicanos con una propuesta que no violentaría para nada el tema del ejercicio potencial de la ciudadanía a los 18 años.

¿Cuál es nuestra propuesta? También reformar el artículo 34 de la Constitución para que los jóvenes que cumplan 18 años en el año de la elección federal, ya sea intermedia o presidencial, puedan ejercer su derecho al voto.

Nuestros números nos dicen que 300 mil jóvenes, un poquito más que eso, serían nuevos votantes con tan sólo reducir que si un joven cumple años en septiembre pero la votación fue en julio, pueda votar.

La propuesta es muy sencilla, que los jóvenes que cumplan 18 años en el año de la elección, puedan votar por su representación política.

Puestas estas dos iniciativas del Partido Encuentro Social, no podemos esperar más, que sean apoyadas por todos los grupos parlamentarios representados en esta asamblea. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hugo Eric Flores. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

MINUTO DE SILENCIO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Esta Presidencia saluda la presencia en este salón de sesiones, de directores y alumnos de teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Derecho invitados por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. Sean ustedes bienvenidos.

Honorable asamblea, el día de ayer 15 de febrero de 2017, a los 87 años de edad falleció el maestro José Solé Nájera; fue director de teatro, escenógrafo y diseñador de vestuario y participó en casi todos los géneros teatrales; fue coordinador nacional de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como fundador tanto de la Compañía Nacional de Teatro como del Centro de Investigación Teatral Roberto Usigli.

En el año 2008 recibió a medalla de oro de Bellas Artes, y el maestro José Solé y su trabajo, es un referente de las artes escénicas en México donde realizó una muy destacada labor en la promoción y difusión, y es reconocido tanto en nuestro país como en el mundo. Descanse en paz. Se invita a los presentes a ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en honor del maestro José Solé Nájera.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Tomen asiento, por favor.

El diputado René Cervera García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Rene Cervera. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado René Cervera García (desde la curul): Gracias, presidenta. Simplemente para mencionar que quienes tuvimos la fortuna de conocer y convivir con Pepe Solé, lamentamos mucho su fallecimiento. Es la pérdida de un gran mexicano, un mexicano comprometido, un mexicano nacionalista, un mexicano que se formó en las instituciones públicas y que fue forjador de instituciones públicas.

Creemos que el teatro ha perdido a uno de sus pilares más importantes y quisiera leer algo que muy brevemente le declaró al periódico El Universal. Dice: alguna vez señaló sobre el teatro. Para mí lo es todo, mi gran pasión. Desde niño fue espectador, luego estudiante de teatro, actor aficionado, actor profesional, maestro, director y funcionario. Empecé como un boy scout del teatro y ahora soy Matusalén.

Quienes lo conocimos creo que podemos decir que nunca dejó de ser todas y a cada una de estas cosas que él mismo planteó. Y nos llevamos de él siempre un buen recuerdo. Y, sobre todo, su entrega por la cultura nos hace sentirnos con una pérdida en este momento. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado René Cervera.

La diputada María Verónica Agundis Estrada(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Verónica Agundis. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Sí, señora presidenta, con mucho respeto para todos. Me uno también a este homenaje. Y, en aras de reconocer también a grandes hombres que hicieron mucho por este país, pues también un abrazo muy grande a la familia del mayor de infantería Luis Núñez Velarde. Él fue diputado federal en la XLI Legislatura de esta Cámara de Diputados, falleció el día de ayer a los 94 años de edad, un hombre que dedicó prácticamente toda su vida a servir a la patria con un gran, gran amor por México. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es lo relativo a los dictámenes para discusión. Presentamos dictamen de la Comisión de Deporte con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 8 de noviembre de 2016, la Diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. La misma fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, con fecha 9 de noviembre de 2016, a través del oficio No. D.G.P.L. 63-II-61290, de fecha 8 de noviembre del presente año y mediante el número de expediente 4505.

3. Con fecha 13 de diciembre del año en curso, la Comisión de Deporte aprobó el presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

1. La diputada promovente establece en la exposición de motivos de su iniciativa, que la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, representan la voluntad de crear el marco normativo adecuado y favorable para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y democrática.

2. Asimismo establece que en el ámbito relacionado con el deporte y la cultura física, es importante destacar que también existen lineamientos nacionales e internacionales enfocados a lograr una mayor participación de las mujeres en este ámbito; tal es el caso de la Declaración de Brighton de 1994, en la que destaca como uno de sus objetivos, de la propia declaración a efecto de contribuir con el desarrollo de políticas, estructuras y mecanismos dirigidos, entre otras cosas, a “incrementen la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas funciones y todos papeles.”

Por otro lado cabe destacar que el sexto principio de la propia declaración, establece textualmente:

Las mujeres están subrepresentadas en funciones de dirección y de decisión en todas las organizaciones deportivas y en aquellas relacionadas con el deporte. Las personas responsables de estos campos han de desarrollar políticas y programas y crear estructuras que incrementen el número de mujeres en puestos de entrenador, consejero, juez, y gestor a todos niveles del deporte, prestando atención especial al reclutamiento, desarrollo y mantenimiento del personal ambas encaminadas a mejorar el funcionamiento de las instituciones de tal manera que permitan un mayor acceso a las mujeres en el deporte, en igualdad de oportunidades que los hombres.

3. La diputada Padilla establece que se requiere un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que éste conlleva, así como un mayor número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el deporte: la dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la formación, la investigación y la práctica deportiva.

4. Asimismo manifiesta, que hablar de una igualdad sustantiva, implica incluir la perspectiva de género bajo el criterio de paridad horizontal y vertical, en las políticas de gestión de la actividad física y el deporte, con lo que se genera plena igualdad de acceso, de participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y a todos los niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras.

5. La promovente menciona que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, precisa el apartado de diagnóstico que, dada la realidad y situación de las mujeres y las niñas en México, se requiere de mayores esfuerzos conjuntos de cara a los grandes desafíos generados por la aún persistencia de desigualdades de género entre los diversos grupos poblacionales.

“Se requiere alcanzar el bienestar, incrementar el desarrollo humano, garantizar el empoderamiento económico, incentivar la participación política y social de las mujeres y erradicar la violencia de género en México.”

6. Por otro lado la diputada declara, que en cuanto a la participación de las mujeres en el ámbito deportivo, refiere el mismo documento, Proigualdad, que para el bienestar y desarrollo humano dirigido a la educación, se deberá “promover acciones educativas afirmativas que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad; capacitar al personal docente en los derechos de las mujeres; promover la cultura de la igualdad, la creación artística y el deporte...”

7. Asimismo sostiene, que pese a que el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, así como el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, y la propia Ley General de Cultura Física y Deporte, abordan en alguna parte de su contenido, líneas o programas para garantizar la igualdad de género e incluso el empoderamiento de las mujeres desde esta áreas, la realidad es que esta “igualdad de oportunidades” se refiere al acceso de las mujeres a participar en eventos deportivos, a otorgarles mayores recursos para su preparación física, motivándoles a ser cada vez más participativas en competencias de alto rendimiento, etcétera; es decir, todo lo vinculado a lo preparación físico-deportiva, pero no en cuanto a una verdadera igualdad sustantiva que implica cerrar la brecha de desigualdad para asumir cargos de dirección, operatividad, o designaciones de alto nivel ejecutivo, como los que actualmente son desempeñados por los hombres.

8. La diputada manifiesta, que la propia Ley General de Cultura Física y Deporte, señala en el artículo 9, la obligación en la coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para integrar el Programa Nacional de Equidad de Género en la Cultura Física y Deporte5 , con el objetivo de efectuar conferencias, talleres, reuniones de información y difusión, estadísticas y presupuestos con perspectiva de género, reconocimientos a mujeres destacadas e investigaciones para conocer la situación de las mujeres en el deporte y proponer soluciones a los rezagos sobre equidad de género deportivo, como acciones afirmativas.

En 2005, el Instituto Nacional de las Mujeres en conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, editaron el libro llamado “Mujer y Deporte” donde se da cuenta a través de una Encuesta de Percepción sobre la relación mujer y deporte efectuada a deportistas, jueces o árbitros, entrenadores y especialistas de ambos sexos, se concluye que si bien ha habido avances de la mujeres en estas especialidades, siguen vigentes los estereotipos sociales sobre las capacidades físicas de la mujer, el rol social que desempeña la percepción que las mismas tienen frente a los retos deportivos.

Del mismo diagnóstico, se destaca como uno de los grandes problemas la poca presencia de las mujeres en el aspecto técnico (entrenadoras, juezas, árbitras y especialistas en ciencias aplicadas al deporte), así como las dificultades que tienen para acceder a esos puestos.

9. Asimismo declara, que por otro lado, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, precisa que la igualdad sustantiva “es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;”6 sin embargo, es una realidad que en materia deportiva, la participación de las mujeres para sumir cargos de decisión o de dirección, aún se encuentra sumamente limitada, contraviniendo con ello, el principio de igualdad sustantiva que debe aplicarse en todos los ámbitos de nuestra vida.

10. La diputada manifiesta que se ha demostrado que el tema de igualdad es una preocupación de todas y todos los ciudadanos, hemos reconocido que se ha avanzado en la materia, pero también estamos convencidos que aún se puede y debe trabajar en el tema.

Con la presente propuesta, la diputada pretende dar oportunidad a que desde la Ley de Cultura Física y Deporte, se abran espacios para generar mayores oportunidades de participación a las mujeres bajo la real perspectiva de igualdad sustantiva.

El proyecto se presenta de la siguiente manera:

Decreto

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 50 y el segundo párrafo del artículo 59, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 50, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 50....

Las asociaciones deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus estatutos sociales, la presente ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, igualdad sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Es obligación para las asociaciones deportivas nacionales, la igualdad de trato y oportunidades y, la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación.

Artículo 59....

El Consejo de Vigilancia Electoral en el Deporte estará adscrito orgánicamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y velará de forma inmediata por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades y de trato, y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a los órganos de gobierno y representación, dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

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Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.

En la reunión expresa para tales fines, las y los diputados integrantes analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen el presente dictamen, coincidiendo que la iniciativa objeto de estudio presenta congruencia con el marco normativo vigente.

Al respecto han establecido que gracias al acceso a la cultura física y al deporte, es posible promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades en el mundo, ya que promueve el bienestar, impulsa la adopción de estilos de vida saludables, mejora la autoestima, enseña liderazgo, incrementa las habilidades para trabajar en equipo y fomenta valores como la perseverancia.

Gracias a ello, el deporte trasciende barreras de sexo, raza, religión y nacionalidad y también funciona como un impulsor de espacios de crecimiento y desarrollo para toda la población en su conjunto.

Así pues, el deporte no permanece ajeno como un aspecto fundamental en el adelanto de las mujeres, así como en los demás campos de desarrollo, las mujeres amplían las perspectivas de crecimiento, realizan aportaciones fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades y el impulso de sus causas cada vez más logran nuevas y diferentes audiencias.

No obstante lo anterior y así como en el resto de los aspectos que rigen la vida cotidiana de las sociedades, es preciso trabajar arduamente desde los diversos ámbitos de decisión, para lograr una igualdad total entre hombres y mujeres en el ámbito de la cultura física y el deporte.

Así como en otros campos, niñas y mujeres en todo el mundo tienen desventaja en oportunidades, se enfrentan a estereotipos y se invierten menos recursos cuando practican un deporte. Por siglos, las mujeres han sido consideradas como objetos estéticos, lo cual ha influido en su marginación de la práctica deportiva, por ello; es fundamental fomentar las mismas oportunidades de desarrollo para las mujeres en el ámbito deportivo.

En nuestro país, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano, han impulsado la participación de las mujeres principalmente como deportistas y especialmente durante esta administración, se han establecido la perspectiva de género y la equidad de participación como ejes rectores de la política nacional del deporte, así como la equidad de participación en los programas y proyectos del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

Sin embargo, es preciso seguir impulsando acciones que dejen atrás los estereotipos que detienen el adelanto de las mujeres en disciplinas deportivas que hasta hace algunos años se consideraban reservadas para los hombres, como lo son los deportes de contacto, la halterofilia, el fútbol soccer, entre otras.

Otro campo del deporte en donde los espacios de participación para las mujeres no son paritarios, es el referente a la toma de decisiones, en nuestro país y de igual forma en el mundo, las mujeres se encuentran subrepresentadas en las funciones directivas, en los espacios dedicados al entrenamiento de atletas, en las funciones de jueces y árbitros, así como en los altos niveles de decisión en las federaciones, espacios que hasta hoy, se encuentran mayoritariamente ocupados por hombres.

En razón de lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Deporte consideran preponderante la necesidad de potenciar la participación femenina en puestos de dirigencia al interior de los órganos de decisión en materia de deporte y asimismo en los puestos decisivos al interior de las federaciones deportivas, pues una mayor presencia de mujeres ocupando puestos de árbitras, juezas, presidentas de federaciones y otros puestos de alto nivel decisorio, aumentaría la probabilidad de incluir los temas de género en las agendas institucionales para beneficio de las mujeres en el campo de la cultura física y el deporte.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 50 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Artículo Único.Se reforma el segundo párrafo del artículo 50 y el segundo párrafo del artículo 59, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 50, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 50....

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus estatutos sociales, la presente ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, igualdad sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Es obligación para las asociaciones deportivas nacionales, la igualdad de trato y oportunidades y, la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación.

Artículo 59. ...

El COVED estará adscrito orgánicamente a la CONADE y velará de forma inmediata por el ajuste a Derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades y de trato, y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a los órganos de gobierno y representación, dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

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TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.

La Comisión de Deporte, diputados: Pablo Gamboa Miner, presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla, Yaret Adriana Guevara Jiménez, secretarios; Fidel Almanza Monroy (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez, José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ximena Tamariz García, Nadia Haydee Vega Olivas, Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez, Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez (rúbrica), José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Fidel Almanza Monroy para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Fidel Almanza Monroy:Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con la honrosa representación de la Comisión de Deporte y a nombre de las y los diputados que la integramos, acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen que hoy se discute y para solicitar su voto aprobatorio en un asunto de la mayor relevancia, por el avance que significa en la lucha por la equidad de género en todos los aspectos relacionados con el deporte.

La eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres, que promueven las Naciones Unidas, ha encontrado en México una gran correspondencia tanto en la formulación y aplicación de políticas públicas, como en la adecuación institucional y normativa para garantizar la equidad de su participación en las oportunidades de desarrollo.

En el caso del deporte no hay excepción, mujeres y hombres realizan su mejor esfuerzo para alcanzar ambiciosos objetivos en las disciplinas de su práctica, y encuentran en las instituciones y asociaciones las oportunidades para crecer y desarrollarse.

La revisión permanente en las condiciones que aseguren la mayor equidad para las mujeres ha sido una causa que desde diversas organizaciones se apoya y se promueve. Reconocer que hay mucho por hacer es un buen principio para encontrar los mecanismos que conduzcan a la sociedad hacia las mejores formas de convivencia, participación y competencia.

Nuestra Constitución tutela en el último párrafo del artículo 4o., el derecho de todos a la cultura física y al deporte, y señala desde el 1º, que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Por ello las reformas en este sentido a la Ley General de Cultura Física y Deporte que hoy nos ocupa representa un paso hacia adelante en el sentido correcto.

El principio de equidad habla de un equilibrio porque la mujer ha luchado históricamente contra cargas culturales que impiden su participación y su propio desarrollo. Por ello la modificación al artículo 50 de la ley referida puntualiza la igualdad sustantiva para promover la búsqueda de acciones prácticas para su participación en cualquier campo de la vida nacional.

El párrafo que se propone incluir en este artículo introduce a las asociaciones deportivas nacionales la obligación de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y la obligación de paridad en el acceso a sus órganos de gobierno y representación, lo que también se señala con la reforma al artículo 59, donde se especifica que se realizará, dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego a las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

Si bien en la reforma que se comenta no hay una definición de cuotas ni tasas porcentuales de participación señaladas para hombres y para mujeres, es claro que se propone destacar la importancia cada vez mayor de reconocimiento a los méritos, capacidad y preparación de la mujer para tener acceso a los niveles de dirección en las disciplinas deportivas y sus organizaciones.

Es una propuesta que se orienta a la igualdad de oportunidades en el espíritu de la Constitución, sin prioridad para hombres y tampoco los discrimina, sin hacer hincapié para la conducción de las decisiones de las organizaciones, por razones basadas en el género exclusivamente, donde las mujeres vean amenazado su desarrollo o subestimado su esfuerzo, al sentirse consideradas únicamente por razones de sexo.

El deporte, como factor de cohesión social, impacta de manera directa en el desarrollo de las actividades físicas y establece mecanismos de convivencia, donde el respeto a las oportunidades del compañero y el reconocimiento a las capacidades del adversario juegan un papel determinante para su propio desarrollo.

Compañeras y compañeros diputados, México hoy en día construye propuestas a partir de una realidad deportiva en la que queremos avanzar, buscando respuestas a las demandas de jóvenes y niños, de sus instructores, entrenadores y maestros, para elevar niveles de competencia y fomentar masivamente la práctica de actividades físicas que tienen un efecto directo en los niveles de salud, desarrollo de habilidades y del desarrollo integral.

Esta aspiración legítima de la sociedad difícilmente podría lograrse sin un adecuado enfoque de igualdad y de acceso a las oportunidades. No podríamos alcanzarlos sin reconocer las capacidades de los dirigentes, la experiencia, el talento y la preparación de los más capacitados, donde tanto hombres como mujeres tienen mucho que aportar y mucho qué resolver para el bien de las distintas disciplinas, para beneficio de las comunidades y para gloria de México. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Fidel Almanza.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene la voz la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, hasta por cinco minutos.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Honorable asamblea. Buenas tardes, compañeros diputados. Con su venia, señora presidenta. Trabajar por impulsar el desarrollo integral de las mujeres es un compromiso permanente de los diputados federales de Encuentro Social.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres resulta tarea prioritaria y debe ser promovida por todos los medios posibles. Nuestro grupo parlamentario reconoce la importancia de modificar y perfeccionar nuestro marco jurídico, para contribuir desde el Poder Legislativo a esta gran labor.

En ese tenor, nos hemos percatado que en la actividad deportiva existe rezago en materia de equidad de género. A la fecha existen marcadas estereotipos culturales que limitan el desarrollo deportivo de las mujeres, prueba de lo anterior es el estigma social que sufren las mujeres que practican deportes, como la lucha libre, el boxeo, la halterofilia, el automovilismo, por mencionar algunos otros.

Otra forma en que la práctica deportiva resulta discriminatoria para las mujeres está relacionada con los montos de los premios que se otorgan para las ramas femeniles en oposición con la rama varonil.

Generalmente los premios que se otorgan a los varones resultan sustancialmente más onerosos que con los que reciben las mujeres en una misma disciplina deportiva, dicha situación ha provocado que las mujeres hayan sido excluidas de la práctica profesional del deporte, pues hay infinidad de ramas deportivas donde a pesar de que existen mujeres con mayores cualidades que los hombres, estas no se pueden desarrollar ya que son contratadas para exigir ligas exclusivas para caballeros.

Por desgracia esta discriminación alcanza también a la dirección y administración del deporte federado, resulta revelador descubrir que son muy pocas las mujeres que llevan la dirección de alguna de las federaciones deportivas en el país.

Este mismo déficit se observa en puestos como el de entrenadores y cuerpos auxiliares, igualmente son muy pocas las mujeres que pueden acceder a ser árbitros, réferis o jueces.

En este sentido y con la finalidad de atender el punto anterior, en el que se presenta el dictamen que busca reformar los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para establecer en las asociaciones deportivas nacionales, deberán observar en todo momento la igualdad sustantiva para garantizar una plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres en todos y cada uno de los ámbitos administrativos y de la justicia deportiva del deporte federado nacional.

Con tal fin adiciono un párrafo al artículo 50 de dicho ordenamiento jurídico para señalar que será obligación de las asociaciones deportivas nacionales procurar la igualdad de trato y oportunidades y a la prioridad entre hombres y mujeres en el acceso a los órganos de gobierno y representación de las acciones y asociaciones deportivas.

De igual manera se modifica el artículo 59 de la misma ley para facultar el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva a estar alerta en los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones para que se cumpla con el principio de trato y paridad entre hombres y mujeres en el acceso a los órganos de dirección y representación de las mismas.

En vista de lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, pues lo consideramos necesario para contribuir a una participación más activa y justa de las mujeres en el ámbito del deporte, cuya práctica mejora considerablemente la salud. Es cuanto. Buenas tardes.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Cynthia Gissel García. Esta Presidencia saluda con mucho gusto a distinguidos visitantes del estado de Querétaro que hoy nos acompañan, el señor Antonio Rico, Guillermo Cabrera, Salvador García, invitados por el diputado Braulio Guerra. Sean ustedes bienvenidos a este recinto. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con mucho afecto y con mucho respeto.

Los procesos de redemocratización han permitido avanzar en el reconocimiento de la importancia del rol femenino en las diversas instancias públicas. Se ha logrado que poco a poco las mujeres nos abramos paso para la incorporación y participación en los diferentes espacios de la sociedad. A pesar de ello, aún existe el desafío de terminar con las grandes diferencias en un terreno que ha sido poco trabajado en temas de igualdad: el deportivo.

El acceso de las mujeres a los espacios deportivos ha estado lleno de dificultades, han tenido que superar barreras creadas por estereotipos sociales y culturales, además de discriminación para practicar ciertos deportes bajo el argumento de que no son apropiados para las mujeres.

Pese a ello, a lo largo de la historia ha habido mujeres que han logrado grandes hazañas deportivas, dignificando y probando con hechos que cuentan con gran capacidad física y calidad técnica en sus diferentes áreas.

No obstante, las políticas deportivas han sido hasta el momento el ámbito en el que menor permeabilidad ha tenido la perspectiva de género, toda vez que la llegada de mujeres a los lugares de poder se mantiene casi en la invisibilidad.

En Nueva Alianza tenemos la firme convicción y la vocación de fomentar e impulsar el empoderamiento de las mujeres y su participación en estos espacios de poder, en aras de lograr una igualdad y equidad de género que permita su inclusión en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Es de destacar que desde nuestra creación establecimos como prioridad de la labor legislativa el empoderamiento de las mujeres como mecanismo para lograr nuestro pleno desarrollo. Por tanto, coincidimos con este dictamen de la Comisión de Deporte, cuyo objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres, al propiciar su desarrollo y participación en todas las facetas de la esfera deportiva.

Es esencial rectificar los desequilibrios que enfrentamos y propiciar mayor participación en todos los niveles, en todas las funciones, en todos los papeles. Porque igualdad significa mejores oportunidades para practicar cualquier disciplina, pero también implica mejores sueldos; así como acceso a los cargos importantes en la toma de decisiones y con ello coadyuvar al empoderamiento como ciudadanas, con goce de nuestros derechos en una comunidad respetuosa e incluyente. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Angélica Reyes. Para fijar la postura del Grupo de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Ernesto Munguía González.

El diputado Luis Ernesto Munguía González:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, diputados. Es sumamente importante construir la equidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social, y uno de los ámbitos en que más se manifiesta esa desigualdad es en el deporte, particularmente en las áreas directivas y de toma de decisiones.

Es cierto que en México se ha avanzado mucho en materia de equidad de género en cuanto el acceso a la preparación física, el acceso a apoyos económicos, acceso a instalaciones deportivas, etcétera. Pero aún es común encontrarse con asociaciones deportivas de toda índole, cuyos cuerpos directivos, entrenadores o jueces que están constituidos exclusivamente por hombres.

Un ejemplo muy ilustrativo de dicha circunstancia lo vemos al pensar en ¿Cuántas veces encontramos a una mujer como directora técnica de un equipo varonil de algún deporte popular, por ejemplo el futbol? Rara vez, si no es que ninguna en lo absoluto. En cambio es muy común encontrar al frente equipos femeniles con directivas masculinas.

Esta circunstancia se repite en todos los niveles de dirección de las asociaciones deportivas. Por eso es necesario establecer principios de equidad de género en todos los ámbitos legislativos, pero más importante aún, es crear mecanismos concretos y bien instrumentados para lograr dicha igualdad.

Con este objetivo y visión elaboramos este dictamen en la Comisión de Deporte de esta Honorable Cámara de Diputados, puesto que la Ley General de Cultura Física y Deporte, ya contempla este principio de equidad de género, pero al establecer como facultad de obligación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, el vigilar que en los procesos electorales de las asociaciones deportivas nacionales se respete el principio de paridad entre hombres y mujeres, para tener acceso a sus órganos de gobierno y representación. Esto impacta directamente las conductas discriminatorias que aún existen en las asociaciones deportivas, obligándolas a reconfigurar sus formas de elección y representación.

Los diputados ciudadanos suscribimos plenamente el criterio que hemos adoptado en la Comisión de Deporte, al considerar preponderante la necesidad de potenciar la participación femenina en puestos de dirigencia al interior de los órganos de decisión en materia de deporte, y así mismo en los puestos decisivos al interior de las federaciones deportivas; pues una mayor presencia de mujeres ocupando puestos de árbitras, juezas, presidentas de federaciones y otros puestos de alto nivel decisorio, necesariamente aumentará la probabilidad de incluir los temas de género en las agendas institucionales para beneficio de las mujeres en el campo de la cultura física y el deporte. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Munguía. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Renato Josafat Molina Arias.

El diputado Renato Josafat Molina Arias:Buena tardes. Gracias, señora presidenta. Señoras diputadas y diputados. A pesar de la igualdad formal de hombres y mujeres ante la ley, a pesar de los avances de las mujeres en todos los ámbitos, aun persisten obstáculos que dificultan la igualdad de género.

Es necesario reconocer que las mujeres y los hombres no cuentan con las mismas oportunidades y que es necesario disminuir la desigualdad a través del fortalecimiento de la ciudadanía femenina y avanzar hacia la igualdad efectiva.

En México aun se mantienen desventajas, subordinación y discriminación hacia las mujeres que les impiden la participación igualitaria con los hombres en la vida pública. Aunque las mujeres son más de la mitad de la población mexicana, se les ha negado la capacidad para ejercer la autoridad y liderazgo, así como su capacidad para tomar decisiones en los asuntos de interés colectivo.

El deporte no es ajeno a esta realidad. Hasta ahora el deporte ha estado dominado por los valores masculinos como la agresividad, la competencia, la búsqueda de poder, el dominio y la fortaleza.

Las mujeres suelen ser mayoritarias en los deportes grupales y de mayor cooperación, mientras que los hombres se concentran en los deportes más competitivos e individuales. Esta tendencia promueve que la participación de las mujeres se concentre en las actividades de menor relevancia, mientras que el liderazgo es ocupado mayoritariamente por hombres.

El hecho de que las mujeres quedan relegadas a participar en actividades poco estratégicas y con menor reconocimiento se traduce en mayores dificultades para desarrollar su liderazgo y en obstáculos para impulsar una carrera política que le permita ocupar los cargos ejecutivos de dirección en este sector.

En nuestro país, la organización y el funcionamiento de las estructuras deportivas, restringen el derecho de las mujeres para acceder y participar en los espacios en que se toman las decisiones, de la misma manera en que lo hacen los hombres.

En México la participación de las mujeres para desempeñar cargos de decisión o de dirección, aún se encuentra sumamente limitada y su participación en los puestos directivos es muy reducida, por lo que es necesario adoptar acciones afirmativas para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres.

Es necesario emprender medidas especiales para eliminar las desventajas de las mujeres, promover su participación y eliminar los obstáculos que impiden su acceso y permanencia en los más altos cargos de responsabilidad pública.

Las y los diputados de Morena deseamos que más mujeres disfruten del deporte y de los beneficios que produce; queremos que un mayor número de mujeres participen en todos los aspectos de la actividad física y el deporte, en particular en los puestos directivos.

Las mujeres representan la mitad de la población y deben ocupar paritariamente los espacios de decisión. Su participación contribuirá a transformar las normas, los usos y costumbres en el deporte, y a transformar la vida pública de nuestra nación.

Por las razones anteriores, nuestro voto será a favor de esta iniciativa que se propone para lograr paridad entre hombres y mujeres en el acceso a los órganos de gobierno y representación en las asociaciones deportivas nacionales. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Josafat Molina. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones:Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo a lo señalado por la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la discriminación abarca toda distinción, expulsión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto el resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro ámbito de la vida.

En materia de igualdad de género, son muchos los espacios conquistados en los últimos años; sin embargo, aún existen ámbitos de desarrollo que requieren atención para seguir abriendo brechas y equilibrar las oportunidades.

Uno de éstos es, sin duda, el ámbito deportivo. Históricamente la participación de la mujer en el deporte ha estado ligada a la realidad socioeconómica, religiosa y cultural de las sociedades.

A lo largo de los años se han desarrollado estereotipos, prejuicios y falsas concepciones que han limitado la intervención de la mujer en diferentes actividades deportivas. No obstante, dicha situación se ha modificado con el paso del tiempo. En la actualidad las mujeres hemos ganado múltiples batallas que han propiciado el incremento de la participación femenina en actividades deportivas a todos niveles.

Durante la presente administración se incluyeron dentro del Plan Nacional del Desarrollo, así como en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra las Mujeres líneas de acción y estrategias concretas dirigidas a garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la esfera deportiva.

Sin embargo, dichos planteamientos únicamente hacen referencia al acceso de las mujeres para participar en actividades deportivas, otorgándoles mayores apoyos para su preparación física y realizando campañas de motivación para incentivar su asistencia a competencias de alto rendimiento tanto nacionales como internacionales.

Por su parte, la Conade y el Comité Olímpico Mexicano, también han dado un impulso firme y decidido a la participación de las mujeres en la actividad deportiva, pero este apoyo ha beneficiado principalmente a las atletas si es que la mayoría de los incentivos otorgados por las instituciones deportivas van dirigidos a la práctica de algún deporte.

La situación descrita deja a un lado la necesaria lucha por la igualdad sustantiva en puestos operativos, directivos y cargos ejecutivos dentro de las propias instituciones del deporte, posiciones que en la actualidad son ocupadas en su mayoría por hombres.

De lo anterior, se desprende el imperativo de abrir espacios para generar mayores oportunidades de participación para las mujeres bajo una perspectiva real de igualdad sustantiva.

El Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con la Conade, realizó una encuesta sobre la percepción de la mujer en el deporte, la cual arrojó que uno de los mayores retos que enfrenta el mundo deportivo es ampliar la presencia del género femenino en el ámbito técnico, pues son realmente pocas las mujeres que desempeñan cargos como entrenadoras, árbitros, jueces y especialistas aplicadas en ciencias deportivas.

Claramente se ha avanzado mucho en el tema de la equidad de género, abriendo espacios y legislando en pro de la igualdad en todas las esferas sociales, sin embargo en el ámbito deportivo es menester generar mayores oportunidades de participación para las mujeres en el seno de la estructura deportiva.

En este contexto quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la aprobación del presente dictamen, ya que estamos plenamente convencidos de que la participación de las mujeres en puestos de dirigencia al interior de las federaciones del deporte en nuestro país llevaría a una natural inclusión de temas de género dentro de la agenda deportiva nacional para alcanzar a través de ello una verdadera igualdad sustantiva en el mundo deportivo. Es cuanto. Gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Álvarez Piñones. Tiene el uso de la tribuna la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

La diputada Olga Catalán Padilla:Compañeras y compañeros, sin duda la visión de las mujeres respecto de la actividad deportiva es importante, en vista de que el papel de las mujeres en las distintas disciplinas deportivas es cada vez más notorio. A pesar de ello aún persiste un dejo de inequidad debido a la persistencia de prácticas que impiden el acceso pleno de las mujeres al deporte de alto nivel, baste mencionar actitudes machistas por parte de sus propios compañeros y de los directivos que a veces son más difíciles de vencer que sus propios rivales.

Desde tiempos remotos hasta nuestros días en el deporte mexicano convencional o adaptado las mujeres han tenido constantes obstáculos para desarrollarse, situación que ha cambiado poco a poco gracias a su empuje y a que han roto esquemas para adentrarse en prácticas que usualmente se reservaban a los hombres.

Como un paso hacia los derechos de la mujer, el 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, misma que fue firmada por México en 1980 y ratificada en 1981.

Un año antes la Unesco estableció en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad.

Asimismo, la Carta Olímpica que rige al Comité Olímpico Internacional, señala en su octavo principio que la práctica del deporte es un derecho humano, que toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte según sus necesidades.

Ambos documentos precisan que el acceso a las instalaciones deportivas debe permitirse sin discriminación, por lo que no hay duda de que las mujeres deberían ejercer su derecho sin ningún obstáculo, aun cuando no ha sido de esta forma.

De acuerdo a los datos del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 34.8 por ciento de mujeres se declaran activas físicamente, en comparación con 53.5 por ciento de los hombres. Como podemos ver, la brecha aún es grande en proporción con las mujeres que tienen acceso a estas actividades.

La aprobación de este dictamen para modificar artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte representa un paso más en las acciones sustantivas que debemos tomar a fin de lograr una sociedad más justa en todos los ámbitos, y cumplir no solamente con disposiciones internacionales, sino con nuestra propia Carta Magna.

El Grupo Parlamentario del PRD históricamente ha venido impulsando políticas públicas encaminadas a reconocer el trabajo y el esfuerzo femenino en todos los aspectos que constituyen su individualidad, por lo que apoya y seguirá apoyando toda acción que contribuya a equilibrar las oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Catalán Padilla. .

Esta Presidencia saluda a los integrantes del Consejo Cívico Ciudadano por Cuernavaca, por Morelos y por México. Bienvenidos. Invitados por el Presidente de la Mesa Directiva.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos

La diputada Karina Padilla Ávila:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy me encuentro en esta tribuna destacando la importancia de las reformas aprobadas por integrantes de la Comisión de Deporte, a quienes agradezco su apoyo y solidaridad en acciones como esta, que abonan a la igualdad de género.

Con la aprobación de este dictamen a los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, iniciativa del Partido Acción Nacional, se garantiza el impulso a la apertura de más espacios y mayores oportunidades de participación a las mujeres, bajo la premisa de perspectiva de igualdad sustantiva.

Es de reconocer que el adelanto de las mujeres implica diversas aristas, una de ellas es el deporte, disciplina en la cual aun cuando reconocemos el impulso dado en esta última década, todavía existen temas por atender, como el que hoy nos ocupa.

Como bien lo señala la dictaminadora en el cuerpo del documento, la Conade y el Coité Olímpico Mexicano han impulsado la participación de las mujeres, principalmente como deportistas. Sin embargo, es una realidad que las mujeres estamos subrepresentadas en funciones de dirección y decisión en todas las organizaciones deportivas y en aquellas relacionadas con el deporte, donde aún nos encontramos sumamente limitadas.

La promoción de acciones a favor de la igualdad de género, fortalece la obligación, la tarea que como Estado debemos concretar, concordante con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), pues esta plataforma, la manifestación y guía de la voluntad para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y democrática.

Por lo anterior, agradezco su apoyo por reconocer la urgencia de que desde la ley en la materia establezcamos la obligación de las asociaciones deportivas nacionales para observar los principios de igualdad de trato y oportunidades, así como la promoción de la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación, enfatizando la igualdad sustantiva para regular la estructura interna y el funcionamiento de las asociaciones deportivas nacionales.

Compañeras y compañeros, con esta reforma demostramos, una vez más, que la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres debe ser una preocupación de todas y de todos los ciudadanos, la cual reconocemos y compartimos para seguir avanzando en la materia.

Conmino a todos los integrantes del pleno de esta Cámara de Diputados, que hoy estamos presentes, a emitir su voto a favor para continuar avanzando hacia un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que este conlleva en todas sus vertientes. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Karina Padilla. Tiene el uso de la tribuna la diputada Montserrat Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

Esta Presidencia saluda a los integrantes del Club Rotario Pachuca Minero, invitados del diputado Alfredo Bejos, bienvenidos.

La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, escribiera Montesquieu, en el siglo XVIII, el valor de una nación no es otro que el valor de los individuos que la integran. En el siglo XXI, el valor de nuestra nación radica en sus mujeres y hombres, que si somos iguales en un aspecto, debemos serlo también en todos.

Los priistas queremos un México donde mujeres y hombres tengamos igualdad de oportunidades, compartamos las mismas responsabilidades y seamos por igual los constructores de la grandeza de nuestro país.

Con mujeres protagónicas México arribará a ser una nación más libre, con mayor desarrollo y con mayor prosperidad, así lo ha dicho nuestro presidente Enrique Peña Nieto, quien como aliado de las mujeres creó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra las Mujeres.

Dicho programa contiene las políticas que las dependencias del gobierno deben de implementar para proteger y empoderar a niñas y mujeres. También nuestro presidente destinó 26 mil millones de pesos para programas en favor de las mujeres.

Esto es, 41 por ciento más de lo que se destinó en el presupuesto del año 2012 para este rubro, pero además promovió la reforma político-electoral, dicha reforma elevó a rango constitucional la paridad de candidaturas entre mujeres y hombres.

Gracias a esta reforma hoy México es una de las 20 potencias mundiales, con mayor participación de mujeres en la Cámara baja de su poder Legislativo. Históricamente somos 213 diputadas, es decir, el 42.6 por ciento de la totalidad de los integrantes de este pleno, pero debemos de garantizar también la igualdad sustantiva en el deporte.

La Declaración de Brighton de 1994, de la que México forma parte, promueve el desarrollo de políticas que incrementen la participación femenina en el deporte. Además, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de las Mujeres, como la misma Ley General de Cultura Física y Deporte consideran empoderar a las mujeres.

Sin embargo, dichos programas y leyes consideran a la igualdad de oportunidades de manera limitada. Es decir, especifica la participación de las mujeres solamente en actividades deportivas y no en cargos de dirección como los que actualmente están mayormente representados por los varones.

Imaginemos un México en donde un día la Dirección General de la Conade esté a cargo de una mujer. De eso estamos hablando, compañeros. Votaremos a favor del presente dictamen para promover una mayor participación de las mujeres en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones nacionales deportivas, con estricto apego al Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.

Hoy nos enfrentamos al reto de consolidar la igualdad sustantiva. Es decir, hacer de la paridad de género no solo una política pública sino una causa de vida institucional del Estado.

Garanticemos que la agenda de género sea transversal, porque solo con igualdad plena la democracia será también plena. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Arcos Velázquez. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado David Gerson García Calderón:“La igualdad es una necesidad vital del alma humana”, Simone Weil.

Con el permiso de la Presidencia y con el permiso de las diputadas y los diputados. La reforma y adición a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en la cual se incorpora la obligación de las asociaciones deportivas nacionales a otorgar una igualdad, un trato, una paridad sustantiva entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación como principios que deberán ser vigilados en su aplicación por el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, órgano regulador de esta materia, dependiente de la Conade. Nos parece una iniciativa totalmente acertada, porque además es un tema de justicia social.

Porque para hacer una nación grande necesitamos y debemos incorporar, tanto de manera horizontal como de manera vertical en todos los órganos de gobierno, en todos los espacios de toma de decisiones a las mujeres en una verdadera igualdad sustantiva. De esa manera avanzaremos como una nación grande y como una nación independiente y, sobre todo, una nación fortalecida.

En mi grupo parlamentario siempre hemos impulsado la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos, sociales, políticos, económicos y cultuales. Nos hemos concentrado también en promover acciones, leyes y reformas que nos permitan erradicar el flagelo de la violencia de género, tan perniciosa y constante en los actuales momentos de nuestra nación, momentos de nuestro país.

Por eso, nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta iniciativa, porque creemos que es una iniciativa de justicia social. Es una iniciativa que le permitirá a nuestra nación, a nuestro país ser un país responsable, ser un país democrático, incluyendo en todo momento las decisiones de las mujeres también.

Lo digo con mucho gusto y con mucho agrado porque también soy el único diputado que pertenece a la Comisión de Igualdad de Género, y creo que debemos ir de la mano. Estas luchas sociales no solo son de las mujeres sino también los hombres. Debemos acompañar estas grandes luchas para que se vean reflejadas en acciones tan importantes.

Por último, no quiero pasar por desapercibido algo que vive nuestro país. El día de mañana se anunciará también a través de la Secretaría de Hacienda el aumento a las gasolinas y no queremos que el gobierno federal lo utilice como un tema electoral. Que sean responsables, que sean congruentes y el Grupo Parlamentario del PRD...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado David Gerson García Calderón: ...dice no al gasolinazo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado García Calderón. Tiene el uso de la tribuna para hablar el pro del dictamen, la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Jacqueline Nava Mouett:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Seré muy breve. Con el permiso de la Presidencia. Hoy, las mujeres estamos conquistando espacios importantes de decisión en nuestro país.

El motivo del presente dictamen está acorde con las disposiciones que durante varias décadas han sido estandarte de consolidación hacia la conformación de una democracia más plena para las mujeres y los hombres, y más aún en cuanto a las aportaciones que mujeres ejemplares han dejado como testigos en diferentes etapas de la historia de nuestro país.

Las mujeres somos también parte importante de toda la actividad en México y no queda fuera el deporte. Es indispensable establecer las medidas necesarias para que más mujeres participemos en los espacios de decisión en órganos de gobierno, por ello la importancia estriba en la dignidad de las personas sin distinción de género.

Es cierto que hoy falta mucho por hacer, pero éste es un avance invaluable, pues como mujer y deportista puedo decir que somos capaces, que a pesar de muchas dificultades también sabemos salir adelante. Somos mujeres también comprometidas con el desarrollo de nuestro México.

Como deportista y legisladora, celebro con gusto esta aportación de todos los grupos parlamentarios, porque sin duda es un gran avance para el deporte en nuestro México. He vivido como deportista muchos cambios y muchas dificultades, sobre todo en pagos lo he vivido, me ha costado mucho trabajo y es por eso que celebro y felicito a mi compañera Karina Padilla, por esta gran iniciativa que hoy tenemos. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Nava Mouett. Tiene el uso de la tribuna el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro.

El diputado Alejandro Juraidini Villaseñor:Con su venia, diputado presidente. Escribiera Aristóteles que el único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Hoy debemos agregar que más allá de la igualdad formal, un Estado democrático de derecho es aquel donde mujeres y hombres tienen acceso a las mismas oportunidades.

Por eso debemos legislar en beneficio de la igualdad. Igualdad que implica no ser idénticos, pero sí gozar de los mismos derechos y ser, por iguales, constructores de esta nación. Igualdad que es sinónimo de democracia, pues es garantía de la participación de todas y todos en las tomas de decisiones. Igualdad que debe de ser absoluta, que no dé cabida a espacios privilegiados para unos y no para otras.

En suma, nos corresponde trabajar a favor de la igualdad sustantiva convencidos, como dijera Ban Ki-moon, que la igualdad para la mujer es progreso para todos. El gobierno de la República, liderado por el presidente Enrique Peña Nieto, está comprometido con impulsar diversas acciones para la igualdad y evitar cualquier discriminación basada en género.

Por eso estableció la perspectiva de género como eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez en la historia. Firmó la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres con la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que el gobierno federal y los estatales favorezcan la política nacional en materia de igualdad.

Creó programas para ensanchar las oportunidades de las mujeres, entre otros, el programa nacional de becas de la Secretaría de Educación Pública, el seguro de vida para jefas de familia y el programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras.

Por otro lado, nosotros, diputados de esta Legislatura, hemos trabajado para garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en lo relativo a la propiedad agraria; aprobar sostenidamente en el Presupuesto etiquetado más de 21 mil millones de pesos anualmente distribuidos entre los 115 programas presupuestarios, fortaleciendo la paridad de género.

El 9 de noviembre del año pasado, fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que aprobamos el pasado 13 de diciembre, gracias al trabajo conjunto y dedicado de los integrantes de nuestra comisión, quienes hicimos de la igualdad para las mujeres, una causa común, privilegiándola por encima de todas las banderas partidarias, aprobamos por unanimidad esta iniciativa.

La igualdad entre hombres y mujeres ante la ley es un derecho garantizado por el artículo 4o., constitucional que de manera igual establece el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte.

Si bien hemos avanzado al respecto, una igualdad sustantiva implica garantizar la perspectiva de género en materia deportiva, no sólo en la participación de las mujeres como atletas, sino también en ocupar cargos directivos y de representación dentro de las instituciones encargadas del deporte.

Al votar a favor del presente dictamen, nos permitirá promover una mayor participación de las mujeres en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales.

Incluir la perspectiva de género bajo el criterio de paridad horizontal y vertical, es decir, igualdad de acceso a las mujeres de todas las edades, condiciones en los ámbitos y niveles de gestión de la actividad física y el deporte.

Y por último, privilegiar la paridad de trato y de oportunidades en las estructuras internas de las instituciones del deporte, con el respaldo del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.

Nos corresponde consolidar a plenitud la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres haciendo de esta causa de vida institucional del Estado, en aras de que las mujeres estén presentes en todos los espacios de participación y toma de decisiones.

Les pido un voto a favor de la igualdad. Votemos convencidos de que cada vez que la mujer da un paso, toda la nación avanza. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juraidini. Villaseñor. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para procederá la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto, el sistema aún se encuentra abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 389 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se convoca a los gobiernos federal, estatales y municipales, a la Cámara de Senadores, a los congresos locales, al Poder Judicial de la Federación, a los organismos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles, y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de un pacto nacional por la integridad.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, convoca a los gobiernos federal, estatales y municipales, a la Cámara de Senadores, a los congresos locales, al Poder Judicial de la Federación, a los organismos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles, y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de un pacto nacional por la integridad, para fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas relacionados con la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno, para generar, incrementar y consolidar la confianza de los ciudadanos sobre el manejo de sus recursos públicos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, así como a las autoridades competentes a que aceleren y agilicen los procedimientos correspondientes a las observaciones con impacto económico pendientes de solventar de 2011 a 2014, a los procedimientos resarcitorios y a las denuncias penales relacionadas con la simulación de reintegros.

Dado en el Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

La diputada Minerva Hernández Ramos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Minerva Hernández Ramos. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Quiero agradecer a la Junta de Coordinación Política que haya hecho suyo el punto de acuerdo propuesto por Acción Nacional y por el caucus anticorrupción, para exhortar a los órganos del Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto a la suscripción de este importante pacto por la integridad para el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas; porque, aunque el gobierno diga que el gasolinazo fue la decisión más responsable para evitar los rectores, existen otras alternativas para compensar la caída de ingresos y dejar de hincar el diente a los ciudadanos.

Si tan sólo la PGR se abocara a la recuperación de los recursos federales, derivados de las observaciones que ha venido realizando la Auditoría Superior de la Federación, y que al 2014 suman más de 221 mil millones de pesos, no habría necesidad, compañeros, de los gasolinazos. De ahí el exhorto a la PGR, para que haga su trabajo y agilice las investigaciones que están pendientes. Basta de simulación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda a los integrantes del Consejo Consultivo de Actopan, Hidalgo, invitados del diputado Pedro Luis Noble. Bienvenidos.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputadas y diputados, hace 21 años, en San Andrés Larráinzar, en Chiapas, el gobierno mexicano firmó con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una serie de acuerdos que reconocieron por primera vez los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El objetivo de los acuerdos fue lograr la integración, desarrollo y homogeneización de estos pueblos en Chiapas, discutiendo temas como derechos, cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación y derecho de la mujer. A partir de este momento comenzó a gestarse en México un nuevo sistema político y democrático, más incluyente y que abrió las puertas para que los integrantes de nuestras comunidades y pueblos indígenas pudieran participar en todas las labores públicas y en todas las labores de gobierno.

Hoy en día, las comunidades indígenas están representadas en el Congreso de la Unión, participan activamente en el gobierno federal y los gobiernos locales. Los sistemas judiciales se ajustan constantemente para proteger sus derechos.

Es por ello que el 16 de febrero se conmemora la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Y para referirse a este tema tiene el uso de la tribuna el diputado Santiago Rodríguez Guillermo, del Grupo Parlamentario de Morena. No se encuentra en el pleno.

EFEMÉRIDES

“DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER”

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: También en esta sesión estamos recordando la celebración del Día Mundial del Síndrome de Asperger. Desde 2007, el 18 de febrero de cada año se celebra este día internacional. Este síndrome ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno generalizado del desarrollo infantil, con consecuencias en el desarrollo social, emocional y la conducta de las y de los niños.

Este trastorno neurológico que afecta de tres a siete niños por cada mil nacimientos, consiste en que el cerebro funciona de manera diferente a lo habitual, especialmente la comunicación e interacción social y en la adaptación a la vida cotidiana.

Este Poder Legislativo se suma a los esfuerzos médicos y sociales para generar las condiciones que permitan, en la medida de lo posible, su prevención e implementación, así como para realizar diagnósticos y tratamientos adecuados, concientizar a la opinión pública de la relevancia e importancia que significa conocer de este padecimiento, sus consecuencias y cómo tratarlo, para buscar un mejor desarrollo integral de las niñas y de los niños.

Para referirse al Día Mundial del Síndrome de Asperger, tiene el uso de la tribuna la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana:Con su permiso, señor presidente. Deseo hacer mención que el próximo 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es un efeméride instaurada para hacer visibles las necesidades de las personas que lo padecen y para emprender acciones políticas y sociales que favorezcan sus derechos.

El síndrome de Asperger se incluye dentro de los trastornos del espectro autista. Los principales problemas de un paciente con Asperger se presentan en la socialización y en el comportamiento fuera de pautas conductuales habituales. Sin embargo, si se detecta a tiempo, se puede lograr la funcionalidad de las personas.

Debo añadir que otra característica de este síndrome es el de tener un gran corazón. El manejarse con sinceridad, sin ser capaces de intrigar ni hacer daño de manera deliberada, son rasgos que deberíamos compartir y que los hacen seres muy valiosos.

En México sabemos que existen alrededor de 400 mil niños con el trastorno del espectro autista, que están expuestos al bullying escolar, a la ansiedad y baja autoestima, todo ello bajo la mirada impotente de sus familias que sufren con ellos contextos sociales agresivos que precisan intervención especializada.

Los integrantes de la Comisión Especial para revisar y analizar la legislación y política en materia de atención a la niñez y la adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados en el desarrollo, estamos trabajando para que México sea un lugar donde la equidad y la igualdad sean una realidad.

Estamos trabajando para mejorar la legislación y poderles ofrecer a las personas con síndrome de asperger una oportunidad mayor, sobre todo, para que puedan ser detectados a tiempo, para que puedan ser atendidos a tiempo, para que gocen también y en estos días que hemos estado hablando tanto en el Senado acerca de la educación, pide la oportunidad para nuestros hermanos connacionales, también es necesario que hablemos de la educación de los niños, las niñas, los jóvenes con síndrome de asperger.

Desgraciadamente en el presupuesto de 2017, este presupuesto incluso viene más bajo de lo que se otorgó en 2016.

Sólo me resta dirigirme a todos los ciudadanos con síndrome de asperger, ciudadanos que merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración, porque tienen que enfrentar una serie de obstáculos, de discriminaciones y, sin embargo, ahí están junto con sus padres.

Por eso quiero decirles, desde esta tribuna, que estoy muy orgullosa de ustedes y de sus familias. Les expreso mi cariño y mi admiración y al mismo tiempo les reitero mi compromiso de trabajo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Aceves Pastrana.

El diputado Luis Fernando Mesta Soule(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del diputado Fernando Mesta Soule, ¿con qué objeto, diputado? Sonido en la curul del diputado Mesta.

El diputado Luis Fernando Mesta Soule (desde la curul): Sí, con relación al síndrome de asperger, felicitar a este Congreso, a esta Cámara por recordar esta fecha, ya que este es uno de los trastornos del espectro del autismo, pero muchas personas afirman que sencillamente es una condición, una forma diferente de entender lo que les rodea, que no es ni mejor ni peor, sencillamente diferente.

Pero no hay lugar a dudas que estas diferencias pueden complicar mucho la vida de las personas con el Asperger. Es uno de los problemas de las llamadas discapacidades invisibles, y por lo tanto, felicito a esta Cámara por recordar esta fecha. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Mesta.

CON MOTIVO DEL 16 DE FEBRERO, SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS LARRÁINZAR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Vamos a ceder el uso de la tribuna, conceder el uso de la tribuna al diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, para referirse a la efeméride de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainzar. Adelante, diputado.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy se cumplen 21 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Documento fundamental que expresa las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas de México en su permanente lucha por el reconocimiento de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Los Acuerdos de San Andrés son el resultado del movimiento zapatista que cimbró la conciencia nacional cuando nuestros hermanos tzeltales y tzotziles tuvieron que recurrir a las armas para reclamar justicia, libertad y una vida digna.

Para la pacificación del conflicto, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos, reconociéndose los derechos y las culturas de los pueblos originarios de México, de los que se derivó la reforma al artículo 2 constitucional en el 2001, que constituyó un avance histórico, porque asume la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos originarios.

Su derecho a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización social, así como el ejercicio pleno de sus sistemas normativos internos.

La reforma al artículo 2 de nuestra Carta Magna reconoció de igual forma el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al desarrollo integral y mandató la obligación de las instituciones del Estado para garantizar ese derecho, así como diseñar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de desarrollo integral de manera conjunta con los pueblos originarios.

A 21 años de tal hazaña no se ha cumplido del todo el mandato del artículo 2o. constitucional, porque el modelo de desarrollo privilegia a las acciones asistencialistas y no al desarrollo sustentable, sostenible y autogestivo, con identidad a partir de las vocaciones y potencialidades de los pueblos.

Por ello, resulta imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias y desechar las políticas que inhiben la creatividad de los pueblos indígenas y generan dependencia, porque la pobreza solo se combate generando riqueza.

Impulsar el proceso de armonización de los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con nuestra Carta Magna. Sobre todo en temas fundamentales como el derecho a la consulta indígena, previa, libre e informada y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.

Señoras y señores legisladores, los pueblos indígenas de México han luchado permanentemente por el reconocimiento de sus derechos fundamentales. La historia nacional registra innumerables movimientos indígenas para exigir mejores condiciones de vida, respeto a sus territorios y a su dignidad humana.

También ha manifestado su inquebrantable voluntad de lucha en defensa de la soberanía nacional, como lo hicieron en la gesta de Independencia al lado de Miguel Hidalgo y Morelos. Lo mismo que en la guerra contra la intervención francesa y durante la Revolución mexicana.

Es una verdad histórica que nuestras hermanas y hermanos indígenas han dado fuerza y legitimidad a las grandes transformaciones de México, sin embargo, han quedado al margen de los beneficios del desarrollo y han sido excluidos de los espacios de representación política.

Por ello, como un acto de justicia el Congreso de la Unión el gobierno de la República y los gobiernos de los estados deben retomar el compromiso político y moral de reconocer los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas, y dar verdaderas respuestas a sus exigencias de desarrollo y bienestar, sobre todo una nueva relación basada en el reconocimiento de sus derechos para garantizar el ejercicio pleno de su libre determinación y autonomía.

Éste es el momento para dar respuestas contundentes a los añejos reclamos de quienes nos legaron este gran país y dieron rostro propio e identidad a nuestra nación. Hagamos que las leyes que aprobamos en esta Cámara, se traduzcan en políticas públicas que hagan posible una verdadera justicia social para que nunca más la desesperanza de nuestros hermanos y hermanas indígenas, los orille a tomar nuevamente las armas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez:Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras, diputados. Quiero comenzar mi intervención mencionando sobre esta efeméride de los Acuerdos de San Andrés, y yo les exhortaría y les pediría a todos y a todas, a que dejemos las palabras falsas y promesas que nunca se han cumplido.

El Estado mexicano le ha quedado a deber muchísimo a nuestros pueblos originarios. ¿Y por qué digo esto? Hoy que celebramos esta efeméride muchos se golpean el pecho y dicen que están a favor de los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica eso es falso. ¿Y por qué digo que es falso? Porque esta Cámara se ha negado a reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

Una de las principales demandas en los Acuerdos de San Andrés era justamente esto, la personalidad jurídica. Basta ya de creer que con programas sociales que nada más manipulan, controlan y dividen a nuestros pueblos, van a acabar con la problemática.

La estrategia que ha llevado el gobierno actualmente ha fracasado. ¿Y por qué digo esto? Porque del total de población de nuestros pueblos indígenas, el 70 por ciento vive en la pobreza. ¿Y eso por qué se explica? Porque los programas sociales no han servido para sacar de la pobreza a nuestra gente, sino únicamente para hacer que sigan en ese estado y la puedan manipular y controlar para las elecciones.

Basta ya, compañeros, de simulación, hipocresía e incongruencia. No podemos seguir permitiendo ese tipo de atracos contra nuestros pueblos. Necesitamos darles reconocimiento jurídico. Más que una efeméride, más que una celebración, se necesita reconocer este derecho de nuestros pueblos. Nuestros pueblos exigen derechos no migajas del poder.

Es por ello que hemos visto cómo ha fracasado esta intención del gobierno, porque en los estados donde hay más indígenas, son más pobres. Yo vengo del estado de Chiapas, justamente del estado donde un pueblo digno se levantó en el 94 luchando por sus derechos, luchando por la dignidad. Pero lamentablemente hoy seguimos en las mismas circunstancias. Hoy en Chiapas el 77 por ciento de la población vive en la pobreza.

Aprovecho esta oportunidad para denunciar desde la máxima tribuna de nuestro país lo que está ocurriendo en nuestra tierra. Hay hospitales sin medicamentos, sin insumos, sin dinero. Hay personas que están falleciendo porque no tienen los recursos para poder operarse o para poder comprar medicamentos.

Desde aquí le exijo al gobernador Manuel Velasco Coello, del Partido Verde y a todos los diputados del Verde y de Chiapas, a que dejemos la simulación y la hipocresía la hagamos a un lado y podamos atender la crisis que vive nuestro estado en salud.

Basta ya de la corrupción y la opacidad que ha llevado a Chiapas y que ha llevado a este país a la bancarrota y al lugar donde se encuentra. Basta ya del desvío de recursos que se está llevando a cabo en Chiapas y que se lleva en todo el país. No podemos seguir con un sistema corrupto y con opacidad, porque únicamente se está provocando la muerte de miles de chiapanecos y también de miles de mexicanos.

Nuestros pueblos originarios necesitan atención y necesitan una personalidad jurídica. No podemos seguir pensando en el estado hacia abajo. Tenemos que recordar que tenemos el mismo nivel de una manera horizontal, de una manera fraterna, de una manera de igualdad y de equidad.

Compañeros y compañeras diputados, les exhorto y les invito a que dejemos a un lado la hipocresía, la incongruencia y la mentira. Nuestros pueblos siguen en el abandono, y siguen ahí porque no ha habido voluntad para sacarlos.

Necesitamos darles derechos, necesitamos reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, y sobre todo en los estados más pobres como Chiapas, necesitamos que las autoridades dejen la corrupción y el desvío de recursos y se pongan realmente a trabajar. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo. Adelante, diputada.

La diputada Verónica Delgadillo García(desde la curul): Muchísimas gracias, presidente. Queremos manifestar que en Movimiento Ciudadano reconocemos la gran deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas, y coincidimos con el planteamiento de nuestro compañero en la importancia de transitar que lo que sucede el día de hoy con los pueblos indígenas, porque sólo son reconocidas como entidades de interés público y tienen que ser ya reconocidas como sujetos de derecho. Tenemos que, además de garantizar sus derechos y su libre autodeterminación celebrar los Acuerdos de San Andrés, aprobando iniciativas que ya están presentadas en este pleno.

Nuestro coordinador Clemente Castañeda presentó por segunda ocasión la iniciativa para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Lamentablemente parece que nuestro compromiso en esta Cámara en torno a esta agenda se limita sólo a discursos.

Si queremos realmente conmemorar esos acuerdos, tenemos también que avanzar en la dictaminación y en saldar esa deuda histórica con los pueblos. Por eso invito a la comisión que está involucrada con la dictaminación, y a todos los que formamos parte de este pleno, que coincidamos con la idea de la deuda que tenemos y que tenemos que transitar de los discursos a las acciones concretas.

Y para finalizar sólo decir: si queremos realmente celebrar los Acuerdos de San Andrés, necesitamos aprobar esta iniciativa que busca convertirlos como sujetos de derecho. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Verónica Delgadillo.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remite en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 16 de febrero de 2017, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 16 de febrero de 2017 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que emprenda una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del “pinzamiento de cadera”, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través del gobierno local, a disponer medidas a efecto de prever el mecanismo de tandeo necesario para el debido abastecimiento del vital líquido en Iztapalapa, en la próxima época de estiaje, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al gobierno de la CDMX, a difundir la situación del emplazamiento del sistema ferroviario Tren Toluca-Valle de México, suscrito por los diputados Concepción Villa González y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a desistir a su pensión de retiro, así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la SHCP, a efecto de implementar acciones para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Sagarpa, a instrumentar diferentes acciones para salvaguardar las exportaciones de aguacate mexicano a través de la diversificación de su mercado, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a salvaguardar los derechos fundamentales de los usuarios del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 32 entidades federativas, a que implementen medidas de austeridad y disciplina financiera en el manejo de recursos públicos mediante leyes o acuerdos generales, a cargo del diputado Víctor Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ifetel, para que revise la instalación de las antenas de radio frecuencia o microondas; así como a la Secretaría de Salud, para que realice un análisis de los efectos a la salud que producen dichas frecuencias, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, a que en atención a la demanda expresada por la sociedad, aceleren el proceso de dictaminación de las diferentes iniciativas que se han propuesto como solución en los precios de las gasolinas y diésel y a la carga fiscal que impacta en los mismos, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE, para que proponga un candidato para ocupar el puesto de director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Nuevo León, a través de su Secretaría de Educación, a que vigile y coordine en las escuelas públicas y privadas, el cumplimiento del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y del Programa de Apoyo Psicosocial, de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para que publique un informe relativo a las erogaciones hechas por la dependencia a su cargo para la realización de la COP13, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Conavim, informe a la opinión pública los avances y resultados de las emisiones de declaratoria de alerta de violencia de género que se han implementado en el país, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a incrementar los requisitos y procedimientos para la emisión de visas a los ciudadanos americanos, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.»

PROPOSICIONES

AMPLIA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL “PINZAMIENTO DE CADERA”

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a emprender una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del “pinzamiento de cadera”, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Eloisa Chavarrias Barajas, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la cual la Secretaría de Salud elabore una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del padecimiento denominado “pinzamiento de cadera”. Al tenor de los siguientes

Consideraciones

“La osteoartritis es la forma más común de artritis y una de las principales causas de dolor y discapacidad reportadas a nivel mundial. Esta entidad se ubica dentro de los ocho padecimientos mundiales no fatales y representa el sexto lugar (2.8) de años de vida con discapacidad secundaria por enfermedad.”

Atención del paciente con osteoartritis de cadera y rodilla primer nivel.

Consejo de Salubridad General, México 2014

“El pinzamiento femoroacetabular (PFA) o el síndrome de pinzamiento de cadera es una enfermedad que afecta a la articulación de la cadera en adultos jóvenes y de mediana edad siendo una causa frecuente de dolor.

Ocurre cuando el cuello y la cabeza femoral rozan anormalmente con la cavidad del acetábulo, (Cavidad del hueso coxal en la que se articula la cabeza del fémur.) debido a un conflicto de espacio entre ambos durante el movimiento.

¿Cómo se diagnostica esta lesión?

El pinzamiento femoroacetabular quizá sea la afección de cadera que ha recibido más atención en años recientes en lo publicado sobre cirugía conservadora de la cadera.

Existen dos tipos de pinzamiento femoroacetabular: el pinzamiento tipo pincer, que es causado por el acetábulo. En este tipo de pinzamiento hay una zona de sobrecobertura acetabular anterior que produce el choque entre el borde óseo acetabular y el cuello del fémur cuando la cadera se flexiona; el contacto persistente entre estas dos estructuras con los años produce destrucción del labrum en la zona de prensión entre el borde óseo acetabular y el cuello femoral.

“El pinzamiento tipo cam ocurre por deformidad dependiente del cuello y la cabeza femorales. Esta deformidad se localiza frecuentemente en la superficie anterior de la unión del cuello y la cabeza femoral, y típicamente se presenta como una giba que entra en contacto con el borde óseo y la pared anterior del acetábulo en su superficie articular.”

El labrum, comúnmente, es rechazado en dirección proximal y el choque es entre la superficie articular acetabular adyacente al borde acetabular anterior, lo que produce destrucción de esta porción de cartílago. En casos muy crónicos, el labrum adyacente se puede ver comprometido. El pinzamiento femoroacetabular se ha identificado como una causa de osteoartritis de cadera.

“En general, la cadera es una articulación muy compleja de explorar y evaluar, ya que muchos dolores pueden aparecer en esa zona por distintas causas. El examen clínico es fundamental, al igual que conocer la historia del paciente, saber a qué se dedica y qué deportes práctica. A eso se agregan radiografía de pelvis, cadera y, habitualmente, una resonancia magnética.”

Causas

“Algunos factores pueden conducir al pinzamiento de cadera. Dentro de los factores de riesgo conocidos están el haber tenido una anormalidad del desarrollo de la cadera, junto con factores ambientales durante la vida, tales como el participar en actividades que impliquen movimientos recurrentes de las piernas dentro de rangos suprafisiológicos (movimientos en rangos más allá de los esperables: bailarines, artes marciales, etcétera).

El principal síntoma que indica el paciente al llegar a la consulta es el dolor el cual lo señala hacia la zona de la cadera; y que en ocasiones se irradia hacia la ingle y parte anterior del muslo. Muchas veces este dolor es limitante ya que aparece de manera súbita y restringe al paciente al realizar sus actividades de la vida diaria o el deporte que practica constantemente.

Este padecimiento fue precisado hace diez años aproximadamente y se ha comprobado que era responsable de la gran mayoría de casos de artrosis de cadera que se daba en pacientes de entre 35 y 40 años.

Se considera a la osteoartritis (OA) un problema de salud pública debido a su alta incidencia y prevalencia. La padece al menos 15 por ciento de la población mundial por arriba de los 60 años de edad. Inclusive, se ha determinado que dentro de las enfermedades reumáticas la OA es 10 a 12 veces más frecuente que la artritis reumatoide.

Los datos más recientes, sólo 10 por ciento presentaron dolor de rodillas. En la OA de las manos esto no es necesariamente cierto, los síntomas clínicos pueden preceder por meses o años a las manifestaciones radiológicas más tempranas.

La OA de rodillas es la más significativa clínicamente y se incrementa con la edad ya que 33 y 53 por ciento de los hombres y de las mujeres de más de 80 años de edad tienen evidencia 2 radiológica de OA, sin embargo, las manifestaciones clínicas sólo se reportan en 16 por ciento de las mujeres y 5 por ciento de los hombres de más de 80 años de edad.

La Encuesta Nacional de Salud (ENSA II) en cifras más recientes, la ubica como la segunda causa de morbilidad con 14 por ciento en personas mayores de 60 años de edad.

La incidencia de OA de cadera es 88 por cada 100 mil personas al año, la de rodillas 240 por cada 100 mil personas al año. La incidencia de OA de rodillas es 1 por ciento al año en mujeres entre 70 a 89 años de edad.

Los estudios realizados para determinar costos en atención primaria de enfermedades músculo-esqueléticas reportan que la OA ocupa los primeros cuatro lugares en demanda de atención y representa el mismo nivel en lo que se refiere a costos. La carga económica que esto representa es 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en países como Estados Unidos de América (EUA), Canadá y Gran Bretaña.

En México se ha estimado que se destina 0.4 por ciento del PIB a la atención de enfermedades músculo-esqueléticas.

El tiempo de recuperación varía en promedio las 12 semanas, lo cual supone un costo alto para los servicios de salud y seguridad social. Y en el aspecto individual supone una minusvalía emocional que puede ser temporal o derivar en depresión, lo cual conlleva otro tratamiento.”

Las enfermedades de la cadera tienen un alto impacto social debido a la cantidad de pacientes afectados, la potencial incapacidad de los mismos y su elevado costo en términos económicos, existe un problema adicional, los hospitales públicos que tratan este severo problema son limitados, a tal grado que existen estados de la federación que no cuentan con el servicio y supone un traslado al estado más cercano que sí cuente con los tratamientos.

El Instituto Nacional de Rehabilitación Doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, fue llamado con el nombre del insigne médico gracias a la iniciativa presentada por el diputado Genaro Carreño Muro, la cual fue aprobada durante la LII Legislatura.

Por las anteriores consideraciones sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud para que a la brevedad posible elabore una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del padecimiento denominado “pinzamiento de cadera”.

Fuentes:

1 http://colegiomexicanodeortopediaytrauma.blogspot.mx/2013/04/ atrapamiento-o-choque-femoroacetabular_21.html

2 http://bvs.escenf.unam.edu.ar/php/decsws.php?tree_id=C23.550&lang=es

3 http://redsalud.uc.cl/ucchristus/MS/RevistaSaludUC/Tips/pinzamiento_de_cadera.a ct

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Eloisa Chavarrias Barajas (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

PREVER EL MECANISMO DE TANDEO NECESARIO PARA EL DEBIDO ABASTECIMIENTO DEL VITAL LÍQUIDO EN IZTAPALAPA, EN LA PRÓXIMA ÉPOCA DE ESTIAJE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través del gobierno local, a disponer medidas a efecto de prever el instrumento de tandeo necesario para el debido abastecimiento del líquido en Iztapalapa en la próxima época de estiaje, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Ana Leticia Carrera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a través del jefe de gobierno de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes

Considerandos

En materia de agua, y del derecho humano a su acceso universal, existen importantes compromisos y responsabilidades del Estado, que desde el ámbito nacional, estatal y el municipal deben ser atendidos y garantizados.

Estos compromisos y responsabilidades de Estado, derivados tanto del derecho nacional como del internacional aplicable, demandan una especial atención y coordinación de la federación entidades federativas y municipios, para lograr el debido abastecimiento de agua en la población, su adecuada gestión y su manejo eficiente, así como para garantizar el cumplimiento del derecho humano a su acceso y disposición, preconizado por el artículo 4 de nuestra Constitución.

Por tratarse de un recurso estratégico y un asunto de seguridad nacional esta asamblea precisa considerar que la falta de acceso a agua potable es uno de los indicadores más importantes de exclusión social, inequidad, marginación, rezago y pobreza; y en general constituye un serio obstáculo para el desarrollo humano y económico del país.

Sabemos que el problema hídrico es lugar común en la Ciudad de México, pero en Iztapalapa el problema es grave y ya bastante crítico dada la vertiginosa expansión demográfica y urbana en esta zona, que registra un aumento en su extensión de 13.5 kilómetros cuadrados por año, sin precedentes a nivel mundial.

Esto demanda una atención especial en la gestión para el abastecimiento de los recursos hídricos en la zona debido a tal densificación de la población, principalmente en épocas de estiaje.

Esta ciudad, en conjunto con los municipios de las entidades federativas circundantes, constituye una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo.

Iztapalapa registra, en la Ciudad de México, el más alto crecimiento poblacional y de hacinamiento humano, tanto que actualmente radica ahí una quinta parte de los capitalinos; los cuales arrojan números socioeconómicos muy por abajo de la media capitalina, sobre todo los habitantes de la Sierra de Santa Catarina. A estas condiciones socioeconómicas hay que agregarle la mala, y en algunos casos nula red de suministro de agua potable que sufren los pobladores de las faldas de la Sierra, lo que acentúa más su marginación y rezago.

En el otro extremo, en época de lluvias, las partes bajas de la demarcación sufren de constantes inundaciones como lo son los alrededores de la calzada Ignacio Zaragoza.

La reducción del presupuesto para el ejercicio 2017, que implicó una disminución grave para la capital, impactó seriamente este tema. Por parte de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, a través del Subsector de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se aseguró que con ese recorte aplicado en este rubro no podrán iniciar ningún proyecto, y que con los recursos asignados, en el mejor de los casos, podría cumplir con el mantenimiento requerido por la actual red.

Dada las actuales condiciones presupuestales, cualquier mejora en el manejo de la distribución y recolección del agua sería un logro digno de tener en cuenta y traería una mejora en el tejido social.

También sabemos que el agua que consume la ciudad proviene básicamente de dos fuentes: los sobreexplotados mantos freáticos; y, del sistema Cutzamala cuyas condiciones actuales tampoco son las más óptimas, por lo que la sustentabilidad hídrica de la urbe está en peligro, e indiscutiblemente urge buscar medios extraordinarios y fuentes alternativas de abastecimiento de agua, sobre todo en esta zona de Iztapalapa y sobre todo en esta próxima época de estiaje.

De acuerdo con Conagua la precipitación pluvial anual en la ciudad, que se asienta en una cuenca cerrada, es de 700 litros por metro cuadrado, lo que en momentos de intensa lluvia hace que el drenaje sea insuficiente, causando las típicas anegaciones de las partes bajas de la Delegación Iztapalapa.

Este promedio anual de lluvia fue el origen del sistema lacustre del Anáhuac y hoy nos causa inundaciones, pero podría ayudarnos a solucionar uno de los problemas más sentidos de nuestra demacración, la escasez del agua, si se logra impulsar su aprovechamiento y uso sustentable.

La densificación ordenada de población en la zona, que satisfaga las indispensables y mínimas condiciones de sobrevivencia digna de la población, exige al Estado establecer y desarrollar acciones adecuadas para mejorar el aprovechamiento de los medios de subsistencia disponibles tan necesarios como el agua.

La falta de disposición de agua en las instalaciones del sistema de ductos y tuberías de abastecimiento, así como el exceso creciente en cantidad de aguas pluviales que recibe hoy con mayor intensidad la red del sistema de drenaje y alcantarillado instaladas en Iztapalapa, se verían atenuadas con una gestión integrada del recurso, con un manejo eficiente de los medios disponibles para su más óptima administración y provisionamiento, y con una distribución si no equitativa, sí justa, en el abastecimiento en cantidad y calidad suficiente y proporcional a la demanda.

Las autoridades han dejado de desarrollar proyectos innovadores y accesibles que atiendan dichos efectos, y puedan solucionar parte del problema.

Para tal efecto, por ejemplo, en México se desarrolló un proyecto denominado “Isla Urbana” que hoy se puede instalar a bajo costo en casas escuelas comercios y fábricas para cosechar el vital líquido pluvial tanto para usos domésticos como públicos urbanos. En Iztapalapa esto suprimiría el alto consumo de líquido por tandeo que se requiere, y que de todas formas resulta insuficiente para abastecer su creciente demanda. Esto es gestionar el agua.

Otro ejemplo, pensemos en las escuelas. Iztapalapa cuenta con 206 escuelas preescolares, 432 primarias y 96 secundarias lo que nos da un total de 734 planteles. Si cada uno de los edificios donde se ubican los planteles tuviera un área techada de 140 metros cuadrados (que es lo que el filtro Tlaloque procesa), tendríamos una superficie de 18 mil 760 metros cuadrados para cosechar el líquido; y, ésta, multiplicada por los setecientos metros por litro cuadrado anuales, nos resultan doce millones novecientos treinta y dos mil litros anuales, aprovechados y gestionados, atenuando la saturación de la red de descarga y en consecuencia las inundaciones.

El concepto es muy sencillo, la lluvia que se colecta en los techos es desviada al filtro y del filtro en lugar de descargarse en el sistema de drenaje y alcantarillado, se conduce en tubería ligera de plástico a la cisterna o tinacos de la escuela. En este ejemplo la superficie considerada por escuela es solo una fracción de lo que en realidad existe, pues sabemos que los planteles oficiales usualmente son de grandes dimensiones y el listado anterior fue tomado del Directorio de la SEP de escuelas oficiales en la delegación. De la misma manera no se consideraron los planteles de educación media superior ni los de educación superior.

Esto anterior constituye solo una muestra, que se sugiere de innovación sustentable y una alternativa de gestión inteligente del recurso, confrontando costos y beneficios, como mecanismo para disminuir la carga que implica el constante e indispensable abastecimiento de agua por tandeo que demanda Iztapalapa, objeto del presente exhorto.

Por ahora se debe garantizar en todo momento el derecho humano al agua, y que históricamente se ve mermado considerablemente en época de estiaje en la Delegación Iztapalapa, las autoridades tienen el compromiso legal y moral de garantizar el abastecimiento suficiente de agua para los habitantes de la delegación.

Por lo antes descrito someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Sistema de Aguas a través del jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que se dispongan las medidas necesarias a efecto de prever el mecanismo de tandeo necesario para el debido abastecimiento del vital líquido en Iztapalapa, en la próxima época de estiaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

DIFUNDIR LA SITUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO TREN TOLUCA-VALLE DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y el gobierno de la Ciudad de México a difundir la situación del emplazamiento del sistema ferroviario Tren Toluca-Valle de México, suscrita por los diputados Concepción Villa González y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Concepción Villa González y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputadosintegrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 3o., fracción XIX, 6o., numeral 1, fracciones I, II y IV, 36 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración, la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país sea parte; además, se prohíbe toda forma de discriminación, incluida la ambiental y económica; y, muy importante, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos.

A su vez, en el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de las personas a:

“Artículo 4... un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.”

Además, en el artículo 6 del Pacto Fundamental se prevé:

“Artículo 6...

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna...”.

Aunado a lo anterior, en el artículo 25 de la Carta Magna se dispone:

“Artículo 25.... Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que favorezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático...”.

Y, en el 26 de la Constitución federal se prevé:

“Artículo 26.

El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional...

La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que defina la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad...”.

De su lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 19, fracciones IV y V, prevé que el equilibrio ecológico debe observarse en los asentamientos humanos y en el emplazamiento de las vías de comunicación.

Y, en la Ley General de Cambio Climático, en el artículo 34, se contiene la obligación para las autoridades de la administración pública federal de diseñar e instrumentar programas de movilidad que sean sustentables.

El desarrollo sustentable se entiende como un proceso de construcción social “que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Bruntland, 1987). La LGEEPA exige además que el proceso tienda “a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas” (artículo 3, fracción XI).

Para una mejor inteligibilidad, el desarrollo sustentable se conceptúa en tres ámbitos interrelacionados e indisolubles: ambiental, social y económico, sin que alguno de ellos pueda prevalecer sobre los otros dos, pues eso rompería el frágil equilibrio ambiental que permite la vida como la conocemos, y, por ende, sería considerado insustentable.

Dentro del derecho ambiental, el ambiente ha sido considerado como “ el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etc., que rodean a las personas” (Brañes, 2000), lo que coincide sustancialmente con la definición legal prevista en el artículo 3 de la LGEEPA, de lo que se sigue que las personas tienen el derecho a gozar, mejorar y cuidar el ambiente que las rodea, incluyendo su forma de vida, individual y colectiva; y las autoridades tienen la obligación de establecer, instrumentar y respetar los mecanismos y procedimientos para la adecuada y oportuna participación de las personas en la preservación o restauración del ambiente, como parte de su derecho a un desarrollo sustentable.

De lo anterior se colige que el pacto fundamental y las leyes reglamentarias tienden, por un lado, a lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, sin distingo alguno y, por el otro lado, la obligación del Estado de garantizar dicho ejercicio, en el ámbito de sus competencias y atribuciones. Entre estos derechos están el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a la información plural y oportuna y el derecho a participar, definiry gozar de los beneficios del desarrollo sustentable.

Segunda. El esquema tradicional de un Estado que todo lo puede, todo lo dirige y todo controla, y un ciudadano que todo lo acepta -característica de la democracia representativa, está siendo redefinido por un nuevo esquema, en el cual los ciudadanos exigen y tienen mayor participación en la gestión de los asuntos públicos: la democracia participativa.

Hoy, los Estados Democráticos de Derecho reconocen que la gestión ambiental debe ser por antonomasia participativa, involucrando a las personas en los procesos de toma de decisiones públicas. (González Ballar, 2001).

Los procesos de toma de decisiones públicas, basados en procesos participativos son un rechazo a los procesos donde frecuentemente los intereses privados prevalecen por encima de los intereses públicos y sobre el bien común (Foster, 2002). Dichos procesos comprenden cuatro áreas integradoras, a saber:

1. El derecho a la participación pública;

2. El derecho de acceso a la información pública;

3. El derecho al desarrollo; y,

4. La aplicación del principio precautorio.

Los principios deben considerarse como un todo indisoluble (Liu, 2001), si se trata de respetar los derechos humanos de las personas, como el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable.

Tercera. El 25 de abril de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó la realización del proyecto denominado “ Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal”, conocido como “ Tren Toluca-Valle de México”.

De acuerdo con la autoridad federal, el proyecto tiene como objetivo unir “a la capital de la nación (sic), de 9 millones de habitantes, con la capital del Estado de México, el más poblado del país, con casi 17 millones de habitantes. La inversión total será de 44000 millones de pesos”. El tren tendrá una longitud de 57.9 kilómetros, con dos terminales (Zinacantepec y Observatorio) y cuatro estaciones intermedias (Pino Suárez, Tecnológico, Lerma y Santa fe) (Presidencia de la República. Cuarto Informe de Labores 2015-2016, 39 pág.).

Como puede advertirse, la obra reviste las características de un proyecto de dimensiones sociales, culturales, económicas, de infraestructura y ambientales verdaderamente complejas, lo que ha motivado que diferentes grupos sociales de ambas localidades se sientan agraviados; sobre todo, las personas que viven en las inmediaciones de las vías por donde cruzaran las vías del tren y donde se pretende ubicar las estaciones y terminales.

Además, una vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal obtuvo la autorización de la DGIRA, ha solicitado seis nuevas modificaciones sobre el trazo de la ruta del proyecto ferroviario, lo que implica un cúmulo de información relevante que debe ser conocida por los ciudadanos, sin que hasta la fecha las autoridades (federales y de la Ciudad de México) y la empresa concesionaria hayan informado debida y oportunamente a los ciudadanos.

Por lo anterior, es comprensible que diversos grupos sociales consideren que sus derechos a un ambiente sano, a la información y al desarrollo sustentable no fueron ni son debidamente respetados por las autoridades federal y de la Ciudad de México, pues no se les permitió participar en los procesos de consulta que prevé la ley en la materia, respectivamente, es decir: fueron excluidos de proceso de toma decisiones.

Si a lo anterior agregamos que existe información pública que da cuenta de la existencia de otros proyectos que confluirán en la Estación de Observatorio, en la zona poniente de la Ciudad de México –como la extensión de las Líneas 9 y de la 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro–, entonces se comprenderá la alarma y molestia social de las personas avecindadas en las inmediaciones de dicha terminal. Las autoridades han asegurado que dentro de año y medio habrá una concurrencia diaria de al menos 500,000 personas:

“...Observatorio recibirá a usuarios del oriente –por la conexión con Pantitlán por las líneas 1 y 9– y del sureste, pues la línea Dorada traerá gente de Tláhuac, Milpa Alta y Chalco.

Mientras que del Valle de Toluca llegarán mediante el Tren Interurbano y viajeros del Occidente del País llegarán por la central Camionera del Poniente. Más los pasajeros que llegarán por camiones al paradero...”.

Indudablemente, la concurrencia diaria de medio millón de personas en una zona tan densamente poblada y transitada, traerá afectaciones a la forma de vida de los residentes de las colonias aledañas a dicha terminal, principalmente en su salud física y emocional, en la reducción de los escasos espacios para la convivencia familiar y vecinal, trastornos a la movilidad y congestionamientos viales, acumulación de basura y de desechos, emisión de gases tóxicos a la atmósfera, contaminación ambiental y lumínica, entre otras.

Cuarta. A lo anterior hay que adicionar que cuando los residentes en la zona aledaña a la terminal Observatorio –que serán afectados negativamente por las obras precisadas– acuden ante las autoridades federales y de la Ciudad de México, para que les informen y les expliquen el estado de avance de las obras y las afectaciones previstas, se encuentran con actos que ponen en entredicho su vocación democrática: les ocultan la información inherente y disponible, remitiéndolos unas autoridades a las otras, lo que violenta sus derechos a un ambiente sano, a estar debida y oportunamente informados y el derecho al desarrollo sustentable.

Es necesario que las autoridades accedan a reunirse para informar debidamente a los ciudadanos que serán afectados negativamente en su entorno, respecto de los mecanismos institucionales, legales, financieros, de infraestructura, etc., que se han previsto para prevenir, mitigar o reparar los efectos negativos de los proyectos aludidos.

El desarrollo del país no puede fincarse sobre la afectación de la vida de las personas. Los beneficios que se atribuyen a los proyectos de infraestructura referidos no pueden ni deben minimizar las afectaciones a la salud física y emocional de las personas, sociales, económicas, ambientales, asociadas a dichos proyectos.

Por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a hacer pública la situación del emplazamiento del sistema ferroviario denominado “tren Toluca-Valle de México”, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a celebrar reuniones de trabajo con las personas que residen en las colonias aledañas a la estación Observatorio, en la delegación Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

Notas:

1 Oficio SGPA/DGIRA/DG/3773

2 Jorge Gaviño Ambriz, Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, Diario Reforma, 27 de junio de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputados: Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A DESISTIR A SU PENSIÓN DE RETIRO, ASÍ COMO A TODA PRERROGATIVA QUE REPRESENTE UNA EROGACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a desistirse de su pensión de retiro y toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al presidente de la República a desistir a su pensión de retiro, así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

I.La situación económica del país obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la federación en el manejo eficiente de los recursos públicos, particularmente en relación a las distintas medidas adoptadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico y el Banco de México para realizar recortes financieros a las entidades y dependencias de la administración pública federal y, aunado a las medidas adoptadas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2017, el cual contempla un recorte cercano a los 240 mil millones de pesos a entidades, dependencias y programas federales de gran relevancia social para el país.

Es por ello que se considera fundamental, que el destino de los recursos públicos debe cumplir la finalidad de garantizar el desarrollo del país sin menoscabar los derechos de las personas ni las necesidades básicas sociales que el Estado debe garantizar, por lo que deben quedar eliminadas aquellas erogaciones presupuestales que representan un abuso y una evidente ineficiencia en la administración de recursos públicos.

Un claro ejemplo de lo anterior son los recursos destinados a los ex presidentes por conceptos de retiro, personal de apoyo y de seguridad, ya que además de los 205 mil pesos mensuales que reciben los exmandatarios como pensión estos pueden llegar a representar un gasto al erario de hasta 5 millones de pesos.

II.El artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las características bajo las cuales deben ser administrados los recursos públicos:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

De lo anterior se destaca la obligación de la federación en administrar los recursos públicos bajo los criterios de eficiencia, eficacia y honradez, entendidos bajo un sentido de responsabilidad social y no de privilegios a servidores públicos como lo representan las pensiones y prerrogativas a los expresidentes.

III. La delicada situación económica que padece nuestro país se ve acentuada por la desigualdad, la cual pareciera haberse establecido como un fenómeno irremediable y de aceptación resignada. “Hay una naturalización de la desigualdad, siempre se ha vivido en una sociedad desigual y hay una altísima tolerancia que explica también la ostentación que los ricos hacen en este país”

México se encuentra dentro de los países con mayor desigualdad salarial, ya que 10 por ciento de la población más rica se encuentra 30.6 veces por encima del 10 por ciento más pobre. Y se caracteriza por tener trabajadores pobres donde: 19 por ciento tiene un ingreso por debajo de la línea de la pobreza; existe una desigualdad laborar entre hombres y mujeres; no hay mayores oportunidades laborales para las mujeres; y por una brecha de género donde las remuneraciones de las mujeres se encuentran por debajo de lo que ganan los hombres.

“En México, para que un ciudadano pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la Ley de Seguro Social de 1997 debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSS), haber cotizado como mínimo mil 250 semanas – más o menos el equivalente a 25 año de trabajo–, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada. Por el contrario, un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común”

La situación de seguridad social que tenemos en México respecto al retiro es preocupante, ya que en estudios recientes por parte del Banco Interamericano de Desarrollo se señala que “más de 70 por ciento de los mexicanos cercanos a la edad de jubilación no tendrán una pensión suficiente”. Sólo uno de cada cuatro mexicanos tiene posibilidad para ahorrar y poder tener un retiro, “56 por ciento de los mexicanos ahorra poco o nada para su retiro, mientras que 18 por ciento lo hace de manera esporádica y 24 por ciento lo hace de manera formal o constante.”

En la encuesta que realizó la Asociación Mexicana de Afores a mediados del año 2013, denominada Ahorro y Futuro: ¿Cómo viven el retiro los mexicanos? arrojó que “sólo 39 por ciento de los mayores de 65 años recibe alguna pensión, mientras que 41 por ciento debe seguir trabajando [...] incluso 20 por ciento de la población mayor de 80 años deberá seguir trabajando.”

IV. Actualmente existe una opacidad para conocer los recursos públicos erogados por el concepto de pensión vitalicia, así como lo correspondiente al personal de apoyo y seguridad militar que son asignados a aquellas personas que se desempeñaron como presidentes de la República.

Y a pesar de ser una obligación de la Oficina de la Presidencia de la República publicar en su respectiva página de internet de manera permanente el destino de los recursos asignados a los expresidentes, es necesario insistir que prevalece una opacidad sobre los montos, destino y uso de los recursos públicos asignados a los exmandatarios.

Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, en su investigación denominada Los parásitos del poder, cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, dan a conocer que los privilegios de los expresidentes son un claro ejemplo de la descomposición institucional que impera en nuestro país, desde un punto de vista de transparencia, rendición de cuentas y, bajo la óptica de justicia social en el uso eficiente de los recursos públicos.

Uno de los elementos clave del citado estudio corresponde a la falta de legalidad en las pensiones, apoyos, prestaciones, salarios y subsidios que reciben los expresidentes, ya que los acuerdos existentes (incluso carentes desde la firma del titular del Poder Ejecutivo) así como de los reglamentos que pretenden justificar dichos privilegios carecen totalmente de fundamento legal, además pueden llegar a ser considerados inconstitucionales ya que en ningún momento el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere apoyos, pensiones o compensaciones a los exmandatarios.

V. Es fundamental tener muy presente que en un país como el nuestro, con los mayores índices de desigualdad de América Latina, en donde habitan más de 55 millones de personas en situación de pobreza, en donde casi a la mitad de la población no le alcanza para tener una vida digna, no podemos permitir que el dinero de la gente sea malgastado y desperdiciado en cosas que no atiendan a esa gran mayoría de los mexicanos.

El escenario que presenta nuestro país es desalentador, con una marcada tendencia en la desigualdad social y económica, por lo que es indispensable atender y corregir el rumbo hacia donde nos dirigimos, siendo necesario contar con un gasto responsable de los recursos públicos que permita hacer frente a la desigualdad.

Por lo que es indispensable cuestionar el cómo es posible justificar la existencia de pensiones millonarias que reciben servidores públicos, en particular la de aquéllos que se desempeñaron como presidentes de la República, cuando gran parte de la población mexicana no puede acceder a una jubilación digna o a un retiro que le permita vivir sin preocupaciones económicas.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al presidente de la República a desistir de su pensión de retiro así como a toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, particularmente lo correspondiente a gastos en personal de apoyo, seguridad, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.

Notas:

1 Ibídem.

2 La información respecto a la desigualdad salarial, fue consultada en el informe de la OECD intitulado “Todos juntos: ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? (In It Together, Why Less Inequelity Benefits All) 2015, del cual diferentes medios nacionales replicaron a través de diferentes notas periodísticas, principalmente por Animal Político así como por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

3 OECD Distribución del Ingreso, Base de Datos www.stats.oecd.org/

4 Ibídem pág. 14.

5 Gran mayoría de mexicanos, sin pensión suficiente: BID, El Financiero, 28 de abril 2015, www.elfinanciero.com.mx

6 México, el país menos preparado para el retiro, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 21 de octubre 2014, www.forbes.com.mx

7 Sin pensión 60 por ciento de los mexicanos mayores de 65 años, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 26 de septiembre de 2013, www.forbes.com.mx

8 Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios de los expresidentes” 2015 Ediciones Proceso pág. 29.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL AGAVE Y SUS DESTILADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la SHCP a implantar acciones para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, en virtud de los cuales se exhorta respetuosamente a los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a diseñar planes y programas, e implantar acciones para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados, así como estudiar y determinar los estímulos fiscales necesarios para su fomento industrial, en el sentido de que se atienda esta industria, en especial consideración a que este año diversos factores, como los fenómenos naturales, han ralentizado la producción de sus respectivos productos. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Más que sólo un tequila, es el reflejo de nuestro estilo de vida

Anónimo

El agave es una planta verde y morada del país, que cuenta con más de 300 especies pertenecientes a este género con una gran diversidad en cuanto a formas, tamaños, colores y estrategias de vida, además de una extensa pluralidad de usos y productos relacionados. Destaca al respecto, en cuanto a los destilados de su industria vitivinícola: el tequila (un tipo de mezcal, elaborado a partir del agave azul, agave tequilana), el mezcal (A. cupreata, A. potatorum, etcétera), el aguamiel y el pulque, así como en diversas latitudes el licor de Cocuy (Agave cocui).

El tequila es quizá la bebida más conocida y representativa de México en el mundo, cuyo origen se remonta a un destilado del primigenio municipio de Tequila, Jalisco. Su elaboración parte de la fermentación y el destilado, igual que el mezcal, del jugo extraído del agave, en particular el llamado “agave azul” (agave tequilana), que cuenta con denominación de origen en cinco estados (Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y por supuesto en todo Jalisco, ya que en los tres primeros sólo se puede producir en los municipios fronterizos a Jalisco).

Según la NOM-06-SCFI-2012, el tequila es definido como “bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un productor autorizado la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la declaración, derivados de las cabezas de agave de la especie tequilana weber variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49 por ciento de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en los términos establecidos en la presente norma y en la inteligencia de que no están permitidas las mezclas en frío. El tequila es un líquido que puede tener color, cuando sea madurado, abocado, o añadido de un color específico”.

La producción de tequila en el país genera actualmente 60 mil empleos, los cuales son ocupados por 17 mil 500 agricultores, quienes cultivan alrededor de 100 mil hectáreas de agave. En el país, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit y Michoacán cuentan con denominación de origen del tequila.

De enero a diciembre de 2014 se produjeron 242.4 millones de litros a 40 por ciento alcohol/volumen. Mientras, de enero a diciembre de 2015 se produjeron 248.3 millones a 40 por ciento alcohol/volumen. La exportación total en 2014 fue de 172.5 millones y en 2015 de 182.9 millones a 40 por ciento alcohol/volumen.

Del 1 de enero de 2016 al 1 de agosto de 2016 se exportaron 13 millones 838 mil 831.19 litros de tequila 100 por ciento agave sólo a Estados Unidos de América. En países como China fueron alrededor de 6 mil 804.51. En España 135 mil 590.32 millones de litros exportados.

Además, según información de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, al cierre de 2015 se exportaron casi 183 millones de litros de tequila, 10.4 millones de litros más en comparación con los envíos al exterior que se hicieron de nuestra bebida en 2014, cuando alcanzaron 172.5 millones de litros, logrando así un crecimiento de 6 por ciento, con un valor estimado de 1.3 billones de dólares estadounidenses.

Hemos logrado su exportación a más de 120 países, siendo Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Japón y Brasil las naciones a que más se les exporta.

Resulta por tanto clara y fundamental la necesidad permanente por implantar acciones de mejora para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados, máxime si se considera que a principios de este año diversos factores se conjuntaron en afectaciones y preocupaciones para la producción e industria del agave; entre ellas se encuentran principalmente las emanadas por fenómenos naturales.

Según estimaciones preliminares del presidente del Sistema Producto Agave Tequila, Raúl García Quirarte, las heladas presentadas en Jalisco y otras entidades afectaron al menos 9 millones de plantas de agave, principalmente en la zona de los Altos de Jalisco, Arandas y Atotonilco.

Ese fenómeno natural podría representar un desabasto de agave para la industria tequilera en los siguientes tres años, como indicó el líder agavero, quien estimó que el sector requiere entre 40 y 45 millones de agaves al año para elaborar la bebida mexicana.

Además, por supuesto, de los constantes embates que recibe la industria en razón de las importaciones ilegales, las falsificaciones y las adulteraciones de los derivados del agave. Siendo que de acuerdo a cifras del Consejo Regular del Tequila, en 2014 aproximadamente 43 por ciento del mercado de dichos bienes era ilegal, falsificado o de importación irregular. Como muestra de ello, la Comisión de la Industria de Vinos y Licores confirmó que 20 por ciento de la pérdida por bebidas alcohólicas ilegales viene de las importaciones ilegales, 66 por ciento de la producción clandestina y el restante 14 de falsificaciones y adulteraciones.

Finalmente se encuentra lo que para muchos especialistas en la materia es una altísima tasa impositiva del impuesto especial sobre producción y servicios, a la que hacer frente; y a la que en conjunto con todos estos factores, el resultado es una marcada ralentización en la producción de esta importante industria para el mercado nacional.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea del Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, en materia de fomento industrial de cada producto derivado del agave, en virtud de lo cual se dan los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Economía a diseñar planes y programas, e implantar acciones para el desarrollo de la industria del agave y sus destilados con una visión de corto, mediano y largo plazos, a efecto de generar ventajas competitivas para el sistema productivo, la integración, el desarrollo y la regionalización de la cadena productiva de cada producto derivado del agave.

Segundo.El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar los estímulos fiscales necesarios a la industria del agave y sus destilados para su fomento y protección.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputado Jorge López Martín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen.

INSTRUMENTAR DIFERENTES ACCIONES PARA SALVAGUARDAR LAS EXPORTACIONES DE AGUACATE MEXICANO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE SU MERCADO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Sagarpa a instaurar acciones para salvaguardar las exportaciones de aguacate mexicano a través de la diversificación de su mercado, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país es el principal productor y exportador mundial de aguacate, el cual es comercializado principalmente en Estados Unidos y Canadá. Otros países a donde se exporta son Japón, Francia, Taiwán, El Salvador, Holanda, España, Honduras, Rusia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Alemania, China, Corea, Dinamarca, Australia, Inglaterra y Nueva Zelanda.

El aguacate es un producto de gran importancia en la agricultura y en la dieta mexicana. Cuenta con más de 150 mil hectáreas plantadas, menos del 1 por ciento de la superficie cultivable nacional, pero aporta cerca del 3.4 por ciento del valor de la producción agrícola total. Nuestro país es el principal productor mundial, aquí se produce el 30 por ciento de la oferta.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en 2015, la producción de aguacate en México fue de 1.6 millones de toneladas, un 6.6 por ciento más que el año anterior y reportó exportaciones de aguacate por 774 mil 600 toneladas valuadas en mil 500 millones de dólares, un crecimiento del 13 por ciento en un año.

México, además de ser el principal productor y exportador, es el principal consumidor de aguacate en el mundo. Los principales estados productores son: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Morelos y Nayarit.

En el estado de Michoacán se cultivan más de 75 mil hectáreas de aguacate de la variedad Hass, cuenta con 11 mil 200 productores, 37 empacadoras y 17 mil huertos de 24 municipios que trabajan el aguacate de exportación y que generan más de 100 mil empleos directos y 200 mil indirectos.

Algunos de los municipios que se beneficiarán con la exportación de aguacate son los siguientes: Acuitzio, Apatzingán, Ario de Rosales, Los Reyes, Nuevo Parangaricutiro, Periban, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Taretan, Tingüindín y Uruapan.

Esta actividad, por lo tanto, ha contribuido significativamente en la generación de empleos e ingresos a miles de familias, a su vez que se propicia la disminución de la migración hacia Estados Unidos.

Michoacán se ha consolidado como un gran productor agrícola en el país y como principal exportador de aguacate a nivel mundial, lo cual es fruto del cuidado que durante muchos años han puesto los agricultores para ofrecer un producto de calidad, sano e inocuo, y que les ha dado gran prestigio internacional.

En ese sentido se han llevado a cabo campañas fitosanitarias que la Sagarpa ha coordinado durante años junto con el gobierno de Michoacán y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal arrojando como resultado que la producción de aguacate cumpla con los más altos niveles de calidad e inocuidad.

Asimismo, como estrategia para apuntalar la comercialización de aguacate en 2013 se llevó a cabo la alianza entre productores y empresas exportadoras en Avocados from Mexico para posicionar al aguacate mexicano en el mercado estadounidense. Avocados from Mexico se formó como una organización sin fines de lucro encargada de coordinar las actividades de comercialización para la Mexican Hass Avocados Importers Association (MHAIA) y la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México (APEAM).

Estados Unidos es el principal mercado de exportación para México, consumiendo entre el 77 y 79 por ciento de las exportaciones totales. Asimismo, más de 50 por ciento de los hogares estadounidenses consumen aguacate, y México provee casi el 80 por ciento del total.

Lo que se observa es que las exportaciones del aguacate se han concentrado de manera sustancial hacia Estados Unidos, generando una dependencia del comportamiento de la economía de ese país y particularmente de la demanda de sus habitantes.

América Latina, Europa, China, Japón y Canadá son nichos de mercado estratégicos para la diversificación de las exportaciones de aguacate. Cabe señalar que diversos empresarios aguacateros se han pronunciado por impulsar una extensa campaña de promoción del aguacate mexicano en Japón y China, entre otros mercados; y realizar las gestiones necesarias para lograr la disminución de aranceles en esos países. Apuestan al mantenimiento del comercio del fruto tal como está, al tiempo que se trabaja para diversificar sus mercados.

Es estratégicamente necesario que se diversifiquen las exportaciones de aguacate. No es conveniente depender tanto de un solo mercado, sobre todo a la luz de las acciones que ha emprendido el nuevo gobierno en materia de protección comercial. El gobierno mexicano no debería ausentarse de este proceso, más bien debería acompañar los esfuerzos de los aguacateros a través de la promoción de la fruta en otros países, agilizando trámites y apoyando nuevos esquemas de comercialización del producto.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a instrumentar diferentes acciones para salvaguardar las exportaciones de aguacate mexicano a través de la diversificación de su mercado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS USUARIOS DEL TREN SUBURBANO BUENAVISTA-CUAUTITLÁN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a salvaguardar los derechos fundamentales de los usuarios del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

Concepción Villa González, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3o., fracción XIX, 6o., numeral 1, fracciones I, II y IV, 36 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país sea parte; además, se prohíbe toda forma de discriminación, incluida la de género; y, muy importante, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos.

En el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de las personas a “... un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho...”.

Aunado a lo anterior, en el artículo 25 de la Carta Magna se dispone:

“Artículo 25.... Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que favorezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático...”.

Y, en el artículo 26 de la Constitución federal se prevé:

“Artículo 26.

A. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional...

La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que defina la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad...”.

De su lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 19, fracciones IV y V, prevé que el equilibrio ecológico debe observarse en los asentamientos humanos y en el emplazamiento de las vías de comunicación. Y, en la Ley General de Cambio Climático, en el artículo 34, se contienen la obligación para las autoridades de la administración pública federal de diseñar e instrumentar programas de movilidad que sean sustentables.

El desarrollo sustentable se entiende como un proceso de construcción social “que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Bruntland, 1987). La LGEEPA exige además que el proceso tienda “a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas” (artículo 3, fracción XI).

Para una mejor inteligibilidad, el compromiso intergeneracional al que alude el desarrollo sustentable se conceptúa en tres ámbitos interrelacionados e indisolubles: ambiental, social y económico, sin que alguno de ellos pueda prevalecer sobre los otros dos, pues eso rompería el frágil equilibrio ambiental que permite la vida como la conocemos, y, por ende, vulneraría el derecho de las generaciones futuras, o sea: sería considerado insustentable.

Dentro del derecho ambiental, el ambiente ha sido considerado como “ el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etc., que rodean a las personas” (Brañes, 2000), lo que coincide sustancialmente con la definición legal prevista en el artículo 3 de la LGEEPA, de lo que se sigue que las personas tienen derecho a gozar, mejorar y cuidar el ambiente que las rodea, incluyendo su forma de vida, individual y colectiva; y las autoridades tienen la obligación de establecer, instrumentar y respetar los mecanismos y procedimientos para la adecuada y oportuna participación de las personas en la preservación o restauración del ambiente, como parte de su derecho a un desarrollo sustentable.

En este tenor, en el artículo I, numeral 2, de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, define el derecho a la ciudad “como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social”. Y en el artículo XIII, de manera expresa, se contiene el derecho al transporte público accesible, a un precio razonable, y adecuado a las diferentes necesidades ambientales y sociales.

Si bien éste documento es de carácter programático u orientador en al ámbito internacional, las disposiciones citadas son de enorme utilidad para la elaboración de políticas públicas tendientes a mejorar la vida de las personas que habitan en las ciudades; Así se ha reconocido en el ámbito de la política pública federal, mediante la elaboración y puesta en marcha del Programa Federal de apoyo al Transporte Masivo (Protram).

En el ámbito local, en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, se reconoce de manera explícita el derecho de los habitantes yde las personas que transitan la ciudad a disfrutarla. En consecuencia, se prevé el derecho al transporte público y a la movilidad urbana (párrafo 3.2), con el fin primordial de fortalecer el desarrollo social y económico de las personas.

De lo anterior se colige que el pacto fundamental y las leyes reglamentarias tienden, por un lado, a lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, sin distingo alguno y, por el otro lado, la obligación del Estado de garantizar dicho ejercicio, en el ámbito de sus competencias y atribuciones. Para este trabajo, resulta preponderante tener presente el derecho de las personas a participar, definir y gozar de los beneficios del desarrollo sustentable.

Segunda. El esquema tradicional de un Estado que todo lo puede, todo lo dirige y todo lo controla, y un ciudadano que todo lo acepta -característica de la democracia representativa, está siendo redefinido por un nuevo esquema, en el cual los ciudadanos exigen el respeto pleno a sus derechos humanos.

Actualmente, los Estados Democráticos de Derecho reconocen que la “prosperidad urbana está vinculada a la nueva visión de la ciudad en el siglo XXI, donde el centro es el ser humano”. Acorde con ello, los procesos de toma de decisiones públicas deben estar orientados a satisfacer las necesidades sociales más apremiantes, dejando de lado los procesos donde frecuentemente los intereses privados prevalecen por encima de los intereses públicos y sobre el bien común (Foster, 2002).

Tercera. De acuerdo con datos oficiales, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) el 60.6 por ciento de los viajes diarios se realizan en transporte concesionado de “baja capacidad (microbús, combis, autobús suburbano y taxi)” y sólo 8 por ciento se realiza en alguno de los “sistemas integrados de transporte público masivo (metro, metrobús, tren ligero y trolebús)”. Estas circunstancias propician que los traslados en la ZMVM sean largos, agotadores, inseguros y costosos, lo que sin duda afecta el bienestar y prosperidad de sus habitantes.

En un intento institucional de dar respuesta a la problemática de la movilidad, los representantes de los gobiernos federal y de la Ciudad de México han concurrido para impulsar modos de transporte masivos, como los “ trenes de pasajeros y transporte urbano masivo”: Tren Subsurbano Buenavista-Cuautitlán (en operación desde 2005) y el Tren Interurbano México-Toluca (en construcción); ambos recorridos comunican zonas conurbadas del estado de México y la Ciudad de México.

Cuarta. El Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán realiza un recorrido total de 25.52 kilómetros, con dos terminales (Cuautitlán-Estado de México y Buenavista-Ciudad de México) y cinco estaciones intermedias (Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería y Tultitlán).

Las distancias (km) entre terminales y estaciones se corresponden de la manera siguiente:

Las tarifas por interestación actuales, considerando el “Ajuste Inflacionario (sic)” realizado por la empresa concesionaria (Ferrocarriles Suburbanos, SAPI de CV) son:

Como puede observarse en las tablas insertas, a pesar de que existen recorridos con 21 distancias diferentes entre sí (entre estaciones y terminales), en correspondencia sólo existen dos únicas tarifas aplicables a tales recorridos. Es decir, las tarifas aplicadas por la empresa concesionaria entre las terminales y las estaciones intermedias son independientes del recorrido realizado y del servicio realmente proporcionado.

Lo anterior puede explicarse así: en el título de concesión se dispuso que el concesionario sería quien establecería las tarifas por interestación (1.1. fracción XIX). En seguimiento a esta disposición, en el Anexo 20 del título de concesión, en el arábigo 5, se estableció –formalmente— dos maneras de fijar las tarifas:

“5. Las Tarifas por Interestación (sic) deberán fijarse atendiendo al recorrido real entre las estaciones o por zonas tarifarias (en adelante “Zonas tarifarias”). Tratándose de Zonas Tarifarias, el Concesionario establecerá al menos dos...”.

Como puede apreciarse, la autoridad reglamentaria le otorgó a la empresa concesionaria la posibilidad de fijar motu proprio las tarifas mediante dos vías: atendiendo al recorrido real o por zonas tarifarias.

Ante la alternativa recibida, la empresa concesionaria eligió fijar las tarifas por zonas tarifarias. De esa manera los usuarios deben cubrir alguna de las dos únicas tarifas establecidas por la concesionaria, desligadas del recorrido real realizado y del servicio realmente recibido:

“1. Las Zonas tarifarias que el concesionario ha convenido establecer, son las siguientes:

Quinta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (2014) los mexicanos más pobres destinan hasta el 51 por ciento de sus ingresos para adquirir alimentos y bebidas, el 11 por ciento a gastos de vivienda y combustibles y en promedio el 19 por ciento al pago de servicio de transporte público y comunicación. Este dato fue reafirmado en 2016, cuando se estimó que los hogares “con ingresos más bajos gastan más (en transporte) en términos porcentuales”.

La limitación de ingresos está asociada a limitaciones de movilidad, debido a que los mexicanos más pobres carecen de vehículos propios para trasladarse de sus domicilios a sus actividades cotidianas; por ende, son quienes utilizan en mayor proporción el transporte público: 70 contra un 8 por ciento de quienes tienen ingresos altos.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, el 60.6 por ciento de los 6.3 millones de viajes diarios se realizan en alguna de las modalidades del transporte público, donde el costo de un viaje representa hasta el 12.5 de los ingresos en los hogares, lo cual impacta severamente el bienestar familiar y concomitantemente limita su derecho al bienestar y al desarrollo.

Ante este escenario de adversidades, la defensa de los derechos fundamentales –entre ellos los ingresos– de los mexicanos más pobres es determinante, sobre todo de parte de las autoridades de los tres niveles, quienes, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional Federal, tienen la ineludible obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” de todas las personas.

El imperativo constitucional recién citado incluye a los integrantes o representantes de todo órgano de gobierno, incluyendo a los jueces, legisladores y al titular del Poder Ejecutivo federal y a los secretarios de Estado que conforman la administración pública centralizada, como el secretario de Comunicaciones y Transportes.

De esto se sigue que dicho funcionario público, en todos sus actos inherentes al cargo que ostenta –como la expedición del título de concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista—, tiene la obligación de proteger y defender los derechos fundamentales de los mexicanos.

No obstante lo anterior, es indudable que la expedición del título de concesión precisado es violatorio de los derechos de las y los 150 mil usuarios que diariamente hacen uso de ese servicio. A pesar de que los usuarios tienen el derecho a una vida digna, al bienestar social y al derecho a la movilidad (el cual incluye un transporte de calidad accesible y económico), ven cómo sus exiguos ingresos les son arrebatados legalmente por la empresa concesionaria, mediante la fijación y aplicación unilateral de las tarifas por interestación por zonas tarifarias, no por el recorrido real realizado y el servicio efectivamente recibido.

Es moral, social y económicamente injusto que la autoridad reglamentaria obligue a las personas (usuarios) a pagar a la empresa concesionaria una tarifa que no se corresponde directamente con el servicio efectivamente recibido, desligada absolutamente del recorrido real realizado y del servicio prestado.

Por ejemplo, si un usuario aborda el tren en la terminal Buenavista y tiene necesidad de viajar a la estación San Rafael, realiza un recorrido de sólo 14.18 kilómetros, pero se obliga a pagar al usuario la tarifa máxima, la correspondiente al recorrido completo: 25.52 kilómetros. En este caso, la tarifa aplicada tiene un sobrecosto del 45 por ciento, ya que se obliga al usuario a pagar 11.34 kilómetros no recorridos.

La autorización a la empresa concesionaria para cobrar por servicios no prestados se traduce en un abuso de poder del secretario del ramo, quien carece de facultades para obligar –al autorizar la tarifa a aplicar— a los usuarios a pagar por un servicio no recibido.

La facultad que tiene el Secretario de Estado para fijar las tarifas asociadas al funcionamiento y operación de los servicios públicos de transportes, no incluye la permisividad para que el concesionario fije unilateralmente las tarifas, desligadas absolutamente de los servicios realmente prestados; por ello, la autorización de las tarifas aplicadas –sujetas formalmente a condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio— es una extralimitación de las facultades legales de dicho secretario.

Ahora, si bien es cierto que en la ley reglamentaria se prevé únicamente el registro de las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario, ello no deriva en la discrecionalidad de que el concesionario fije las tarifas según las zonas tarifarias que unilateralmente decida. Es claro que las personas sólo están obligadas a pagar por el servicio efectivamente recibido o el recorrido realmente realizado a bordo del tren.

También es pertinente precisar que, en comparación con otro servicio de transporte similar existente en la Zona Metropolitana del Valle de México, la tarifa máxima autorizada al concesionario del Tren Cuautitlán-Buenavista ( $16.00) tiene un sobrecosto de al menos el 20 por ciento. Por ejemplo, si atendemos las afirmaciones de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, el costo “real” de un viaje por recorrido completo en el sistema de transporte colectivo Metro es de 13.00 pesos. En cambio, por un recorrido real de 14.18 kilómetros en el tren Cuautitlan-Buenavista (de la terminal de Buenavista a la estación San Rafael), el usuario es obligado a pagar actualmente 16.00 pesos.

Sexta. Además, es necesario que la autoridad reglamentaria verifique el cumplimiento cabal de las condiciones en las cuales la empresa concesionaria debe prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros.

Debido al incumplimiento diario en el tiempo de despacho, frecuencia o salida entre un tren y otro, se provocan innumerables conflictos verbales y físicos violentos entre los usuarios, quienes tienen que esperar hasta veinte minutos o más para abordar el tren, no obstante que la frecuencia recomendable es de seis minutos máximo. Los usuarios que logran abordar el tren en primer lugar riñen con frecuencia con quienes, desesperados por la larga espera, intentan abordar el tren una vez que éste está atiborrado. Esta circunstancia atenta contra la integridad de las personas y viola las condiciones en las cuales el concesionario está obligado a prestar el servicio: oportunidad, calidad y precio.

Además, la empresa concesionaria abusa de los usuarios mediante otra modalidad. Expende tarjetas electrónicas de prepago para que los usuarios puedan acceder al servicio -cobrándolas por supuesto, con vigencia de un año. Cuando los usuarios recargan las tarjetas que están próximas a vencer –o ya vencieron, la empresa omite dolosamente informales que no podrán utilizar el crédito depositado ante la no vigencia de las tarjetas. Así, cuando los usuarios intentan utilizar las tarjetas con crédito pero no vigentes se percatan de esa artimaña. Ante los reclamos de los usuarios, los responsables de la estación o terminal únicamente se limitan a sugerir al usuario que ¡demande jurídicamente a la empresa!, porque el dinero depositado por adelantado no les será devuelto.

A pesar de las violaciones expuestas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no sólo no ha verificado que la empresa concesionaria cumpla con las condiciones en las cuales se obligó a prestar el servicio, sino que la premió: el 23 de febrero de 2012 extendió la vigencia de la concesión de 30 a 45 años, 15 como una forma de compensarla por los abusos cometidos en la prestación del servicio.

Séptima. A pesar del ánimo de quienes no tienen como prioridad la defensa de los derechos de los usuarios, la contraprestación (derecho a aplicar una tarifa) que se deriva del título de concesión a favor de la empresa concesionaria no puede considerarse un derecho absoluto.

Si bien es cierto que del título de concesión expedido por la autoridad a favor de la empresa concesionaria se derivan derechos, también es cierto que los usuarios tienen derechos constitucionalmente protegidos: el derecho a una vida digna y al desarrollo sustentablecomprehenden el derecho a no ser despojado de los ingresos económicos legalmente obtenidos; sin que sea jurídicamente justificable que alguna autoridad autorice actos abusivos, como el cobro de tarifas de parte de la empresa concesionaria por servicios de transporte no prestados. El derecho de las personas a una vida digna se traduce en la obligación de toda autoridad de abstenerse de elaborar, aplicar o autorizar a terceros a aplicar actos abusivos.

Ante un conflicto de derechos, debe ponderarse racionalmente la naturaleza misma de los servicios públicos concesionados (transporte), donde el interés público tiene una relevancia determinante: salvaguardar los derechos de los usuarios.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1º de la Carta Magna y el numeral 13 del Anexo 20. Tarifas y reglas de aplicación del título de concesión, es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumpla con su obligación de proteger los derechos fundamentales de los usuarios del tren suburbano Cuautitlán-Buenavista:

“13. La Secretaria podrá verificar en cualquier tiempo el cumplimiento en la aplicación por parte del Concesionario de la Tarifas por Interconexión (sic), según corresponda, y sus reglas de aplicación...”.

(Énfasis agregado)

Finalmente. El desarrollo del país no puede fincarse sobre la afectación de los derechos fundamentales de las personas. Los beneficios que se atribuyen a la operación del tren suburbano no pueden ni deben minimizar los actos abusivos autorizados.

Por lo anterior, someto a la consideración del Honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a salvaguardar los derechos fundamentales de los usuarios del tren sub-urbano Buenavista-Cuautitlán.

Notas:

1 ONU Hábitat (2016). Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015. Senado de la República, LXIII Legislatura- Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat. México, página 7.

2 Ob. cit., página 42.

3 Diario Oficial de la Federación 25/10/2005.

4 SCT (2016). Cuarto Informe de Labores 2015-2016. Gobierno de la República. México, pág.39.

5 Título de Concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano en la ruta Cuautitlán-Buenavista. Anexo 20. Tarifa y reglas de aplicación. Apéndice B. Matriz de Distancias. Diario Oficial de la Federación. México, 2005.

6 Apéndice “A Bis-7” del Anexo 20 referido.

7 Tarifas actualizadas, incluyendo IVA: Viaje corto $7.00 (Zona tarifaria A) y Viaje largo $16.00 (Zona tarifaria B). Cfr. Apéndice “B-1 Bis” del Anexo 20.

8 Actualizada al mes de julio de 2015.

9 ONU HÁBITAT (2016). Ob. Cit., pág. 40.

10 Ídem. 40.

11 Ídem, 40.

12 Ramírez Tamayo, Z (2013), Tren Suburbano: un viaje de 10,000 mdd, en Revista Forbes, Sección Negocios, 2 de abril de 2013. México. Visible en página electrónica el 17 de enero de 2017: htpp://www.forbes.com.mx/autor/zacarias-ramirez.

13 De la cual el gobierno federal tiene el 49% de las acciones

14 Jorge Gaviño Ambriz, director del Sistema de Transporte Colectivo METRO de la Ciudad de México, en Atracción360. Grupo Imagen. México, 15 de junio de 2016.

15 Diario Oficial de la Federación, 23 de Febrero de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Concepción Villa González (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

IMPLEMENTEN MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA FINANCIERA EN EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE LEYES O ACUERDOS GENERALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 32 entidades federativas a implantar medidas de austeridad y disciplina financiera en el manejo de recursos públicos mediante leyes o acuerdos generales, a cargo del diputado Víctor Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que esto suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se exhorte a las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana, para que implementen medidas de austeridad y disciplina financiera en el manejo de recursos públicos mediante leyes o acuerdos generales, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. De acuerdo con cifras históricas proporcionadas por el Banco de México, el peso mexicano ha experimentado en los últimos cuatro años y medio una de las depreciaciones modernas más fuertes de la era moderna, y la más grande desde el periodo diciembre 1994-diciembre 1995, según se puede observar en la siguiente tabla:

II. La devaluación en el periodo 14 de septiembre de 2012 al 16 de enero de 2017 ha superado el 70 por ciento, lo que necesariamente implicará una mayor inflación que aquella que suele existir en los periodos en que la moneda nacional se mantiene estable frente al dólar norteamericano.

III. Uno de los grandes impactos de la depreciación del peso que más ha resentido la población mexicana, especialmente la clase media ha sido sin duda el aumento a los precios de los combustibles, especialmente el de la gasolina, cuyo crecimiento en el mismo periodo se puede apreciar en la siguiente tabla:

IV. De acuerdo a los incrementos referidos –los cuales aún no se detienen pues se calculan aumentos adicionales de alrededor de 20 por ciento en los meses de febrero y marzo del presente año–, la gasolina tipo magna ha aumentado 54 por ciento, que muy pronto será 70 por ciento, casi a la par de la depreciación de nuestra moneda.

V. Por otra parte, el recién electo presidente de los Estados Unidos de América ha propuesto una serie de medidas migratorias y económicas, como la cancelación o renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que pudieran llevar a nuestro país a una desaceleración o incluso recesión económica, con las graves consecuencias que ello representaría para la población mexicana en materia de acceso a oportunidades de empleo y de recursos, incluso para la satisfacción de sus necesidades más básicas.

VI. En este contexto económico, la calificadora internacional Fitch Ratings dio a conocer el pasado viernes 9 de febrero del presente año, que México es uno de los países en el mundo con mayor riesgo de sufrir una baja en su calificación crediticia producto de las políticas del presidente Donald Trump, lo que implicaría:

“Los principales riesgos para los créditos soberanos incluyen cambios perjudiciales en las relaciones comerciales; disminución de flujos internacionales de capital; límites a la migración que afecten remesas y confrontación entre líderes mundiales, lo que genera volatilidad en mercados financieros.

Fitch declaró que de concretarse, estos riesgos generarían un escenario desfavorable para el crecimiento económico mundial, presionando a las finanzas públicas, lo que podría tener implicaciones en las calificaciones de algunas deudas soberanas.”

VII. Ante el panorama anteriormente descrito, el suscrito considera como un imperativo es que el presupuesto gubernamental se ejerza con la mayor disciplina y austeridad posible, de tal forma que sin descuidarse el desempeño de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos, se limiten todo tipo de gastos de naturaleza onerosa que no estén plenamente justificados.

Lo anterior en virtud de que el gobierno no es una empresa trasnacional exitosa que pueda darse el lujo de brindar jugosos beneficios a sus empleados, por el contrario, el gobierno mexicano debe ser el primero en ajustarse el cinturón cuando las condiciones económicas en el país sean adversas, y debe ser el principal ejemplo y referencia de ahorro y cuidado de los recursos públicos que le son entregados con mucho esfuerzo por cada uno de los contribuyentes del país.

VIII. Es importante señalar como referencia que otros países y entidades federativas ya han aprobado acuerdos generales o leyes encaminadas a detener o limitar los dispendios y los excesos. Entre algunos de los ejemplos que podemos señalar a nivel país nos encontramos con Jalisco, que en el mes de noviembre del año 2014 publicó su Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, que cuenta con 37 artículos divididos en 5 capítulos, y cuya aplicación ha sido exitosa reduciendo los costos erogados en gastos considerados suntuarios, como lo son los seguros de gastos médicos mayores de los funcionarios estatales, y que servirá como referencia para la presente propuesta. Cabe señalar que dicha propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el suscrito votó a favor de su aprobación.

IX. Por otra parte, en el mes de febrero de 2016, fueron publicados por orden del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración pública federal, en los cuales se establecieron límites claros a los funcionarios del Poder Ejecutivo de conformidad a las siguientes razones:

“Que para dar soporte a la implementación de las reformas estructurales y continuidad a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, resulta necesario promover la aplicación de criterios de racionalidad, economía, eficacia, eficiencia y austeridad, y

Que es necesario establecer medidas adicionales que permitan una mayor racionalización en el uso de los recursos públicos de la administración pública federal, para lo cual se requiere actualizar el marco normativo que regula el ejercicio de los recursos presupuestarios y de apoyo al desempeño de los servidores públicos facultados...”

Dichos lineamientos establecieron como su objeto: establecer las disposiciones que regulan la asignación de viáticos nacionales e internacionales, pasajes, gastos de alimentación, telefonía celular, congresos, convenciones y otros eventos, aplicables a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a través de 37 apartados o normas temáticas.

X. Por su parte, el Senado de la República también mandó a publicar en el Diario Oficial de la Federación, en el mes de febrero de 2016 el Acuerdo a través del cual aprobaron sus propios Lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria 2016, en los cuales se establecen en 23 apartados las reglas necesarias para “racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo de la Cámara de Senadores, a través de incrementar la productividad sin afectar el cumplimiento de las metas de carácter legislativo y, en su caso, a la conservación y adaptación de las instalaciones del Senado de la República, así como a cubrir los compromisos propios del desarrollo del trabajo legislativo.”

XI. Un ejemplo latinoamericano relacionado con medidas de austeridad presupuestal en la Directiva Presidencial 01 del presidente de la República de Colombia, publicada en el mes de febrero de 2016, en la cual se señalan como principales rubros los siguientes:

a. Reducción en gastos de comunicación.

b. Reducción de viáticos y gastos de viaje

c. Reducción de gastos de vehículos y combustibles.

d. Reducción en esquemas de seguridad

e. Reducción en gastos de papelería y telefonía

f. Reducción en gastos derivados de servicios públicos

g. Reducción en gastos de nómina

h. Reducción en contratación de servicios personales

i. Modificación de estructuras administrativas y plantas de personal.

Con esta directiva, el gobierno colombiano lanza un claro mensaje a los colombianos sobre la responsabilidad de sus gobernantes de ajustarse a una realidad financiera acorde con las necesidades de la población, mensaje que considero indispensable que transmitamos también desde el Congreso de la Unión a la ciudadanía mexicana, a través de la expedición de la ley que propongo.

XII. El trabajo denominado Calidad de la Administración Pública ( Quality of Public Administration) publicado por la Unión Europea en diciembre de 2015, en su capítulo 7 establece propuestas para un presupuesto claro, transparente y especialmente ofrece elementos para la construcción de “presupuestos creíbles”. Una de dichas recomendaciones consiste precisamente en la búsqueda de criterios de austeridad para lograr conseguir esa credibilidad ciudadana tan necesaria y a la vez tan olvidada en el ejercicio del gasto público.

XIII Así las cosas, de aprobarse esta propuesta, se fortalecerían las finanzas públicas y sobre todo la credibilidad de las y los mexicanos en el ejercicio presupuestal, pues es demasiado cínico pedirle a la gente que se apriete el cinturón y no establecer al mismo tiempo medidas concretas y obligatorias para todos los funcionarios del gobierno federal.

Por todo lo anterior, presento a esta asamblea como de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se hace un atento exhorto a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan a la brevedad posible medidas de austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del presupuesto estatal.

Segundo.Se hace un atento exhorto a las legislaturas de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones expidan leyes de orden estatal en las que se establezcan medidas de austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del presupuesto estatal.

Notas:

1 http://eleconomista.com.mx/economia-global/2017/02/10/donald-trump-pone-riesgo- calificacion-crediticia-mexico-fitch

2 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=575&langId=en

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

REVISE LA INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA O MICROONDAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ifetel a revisar la instalación de las antenas de radiofrecuencia o microondas; y a la Ssa, a analizar los efectos producidos en la salud por esas frecuencias, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Hernán Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En julio de 2014, se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), con lo cual, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones se incrementó el espectro para mejores telecomunicaciones móviles. La LFTR señala que “Se considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes federales, en sus respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano.” (Artículo 5).

No obstante, la constante evolución tecnológica alrededor de las telecomunicaciones, genera incertidumbre sobre algunas de sus posibles consecuencias no deseadas, particularmente en el ramo de la salud. En 1996, en respuesta a la inquietud manifestada por el público y los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyó el Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos (CEM) para evaluar los datos científicos existentes sobre los posibles efectos de esos campos en la salud, sin que hasta el momento existan datos concluyentes. En 2016, la OMS realizó una evaluación formal de los riesgos a partir de todos los resultados de salud estudiados en relación con campos de radiofrecuencias. Asimismo, la OMS determina y promueve periódicamente las prioridades de investigación relativas a los campos de radiofrecuencia y la salud para subsanar la falta de conocimientos mediante sus agendas de investigación.

Se trata de un asunto que genera incertidumbre en el estado de salud de las personas avecindadas en lugares donde existen instalaciones de estaciones base o antenas de radio frecuencia o microondas, por lo que es importante que los organismos públicos encargados de vigilar la instalación y operación de estas estructuras, informen y soporten a los municipios, operadores privados, y las diferentes instancias de salud, municipales y estatales, sobre los posibles efectos que tienen éstas.

Por citar un ejemplo, cerca de mil quinientas familias de un total de 6 mil 500 personas con residencia en el fraccionamiento Residencial Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, han denunciado deterioros en su salud, como dolores de cabeza, mareos, insomnio, fatiga, nauseas, irritación de los ojos y casos de cáncer entre los vecinos que habitan en las cercanías de estaciones base.

Es necesario, verificar y atender las denuncias de esta y cualquiera otra comunidad sobre posibles afectaciones en materia de salud y, en su caso, establecer procesos que inhiban cualquier riesgo que implique la instalación y operación de las antenas.

Por ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, debe revisar la instalación de las estaciones base o antenas de radio frecuencia o microondas, de la misma manera sean retiradas las que hayan sido instaladas sin los permisos correspondientes y los estudios de riesgo que emita protección civil.

Y de la misma forma, la Secretaría de Salud debe analizar los posibles efectos a la salud que producen las ondas electromagnéticas producidas por las antenas de telefonía móvil, radio y televisión.

Por lo anteriormente expuesto esta Honorable Cámara de Diputados extiende los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, revise la instalación de las estaciones base o antenas de radio frecuencia o microondas, de la misma manera sean retiradas las que hayan sido instaladas sin los permisos correspondientes y los estudios de riesgo que emita protección civil.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Salud para que realice un análisis de los efectos a la salud que producen las ondas electromagnéticas producidas por las antenas de telefonía móvil, radio y televisión.

Nota:

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/ consultado el 1 de febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero 2017.— Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

SOLUCIÓN EN LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y DIÉSEL Y A LA CARGA FISCAL QUE IMPACTA EN LOS MISMOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a acelerar en atención de la demanda social el proceso de dictamen de las iniciativas propuestas como solución en los precios de las gasolinas y el diésel y la carga fiscal que repercute en ellos, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Juan Romero Tenorio, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de lo siguientes

Antecedentes y consideraciones

Desde que se dio a conocer el incremento en los precios de las gasolinas, la sociedad mexicana llevó a cabo numerosas movilizaciones en contra de esa decisión, que impacta severamente en su poder adquisitivo. Una característica de estas movilizaciones es que se realizaron casi en todas las regiones del territorio nacional y lejos de ser una expresión de reclamo pasajero, sobresale su constancia, repetición y tiempo durante el cual han permanecido.

Poco a poco se han aclarado las razones de ese incremento, pero no se aceptan las justificaciones gubernamentales.

Por ejemplo, está claro que el gobierno no acepta reducir las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), porque lo consideran una fuente segura de ingresos para la Hacienda Pública. Lo anterior, a pesar de que el IEPS y el IVA de las gasolinas y el diésel representan más de 40 por ciento del precio al consumidor. Cabe recordar que desde el gobierno de Vicente Fox, los funcionarios de Hacienda han expresado su inclinación para imponer impuestos al consumo. En el caso de las gasolinas y el diésel supusieron que la sociedad los toleraría; ya comprobaron que no.

Adicionalmente, como dice la información oficial, nuestro país depende en más de 50 por ciento de la gasolina y el diésel importados para atender al mercado interno. Sin embargo, eso también se ha convertido en una afrenta para la sociedad, porque efectivamente dependemos de la gasolina importada porque los funcionarios gubernamentales de los últimos gobiernos, incluso cuando se registraron ingresos petroleros extraordinarios, no fueron capaces de invertir en el fortalecimiento de la planta productiva de Pemex, que es de todos los mexicanos. En cambio, destinaron cada vez más recursos a la importación de gasolinas y diésel, creando empleos en otros países y contribuyendo a aumentar la rentabilidad de sus inversiones. Y todo parece que eso está amarrado a las comisiones que reciben los funcionarios que participan en la comercialización. Por eso es injustificable y es una demostración de gran cinismo, “explicar” que nuestras gasolinas y diésel son más caras porque debemos importarlas, porque detrás de eso está su incompetencia para cumplir su responsabilidad de aumentar la capacidad productiva de Pemex y lo más grave es que todo indica que también lo hicieron en complicidad para abrir espacios a las inversiones privadas. Eso tampoco lo acepta la sociedad.

Y el último argumento, el relativo al efecto que tiene la devaluación del peso en los precios de las gasolinas al consumidor, también genera malestar porque afecta directamente el poder adquisitivo de los salarios y elimina el aumento al mínimo que, se decía, era de los más altos en los últimos años. El reclamo también lo expresan todos aquéllos que durante los últimos años se han visto obligados a asimilar el efecto de la devaluación del peso sobre sus insumos y materias primas, como son los pequeños productores agropecuarios, que hoy con el alza en los precios de las gasolinas y el diésel están en riesgo de quebrar.

Finalmente, este incremento a las gasolinas es una expresión más del fracaso de 20 años de políticas de “estabilización”, basadas en la importación de bienes e insumos con un tipo de cambio fuerte, a costa de los recursos financieros y de la planta productiva nacional. El alza en el precio de las gasolinas y el diésel puede ser el disparo de salida de progresivas alzas de precios largamente contenidas, a pesar del constante aumento en sus costos.

A todo lo anterior, se debe agregar que el aumento a las gasolinas y el diésel es consecuencia de la decisión de liberalizar ese mercado y busca garantizar a los inversionistas privados la recuperación de las inversiones que deberían realizar y garantizar sus utilidades. Este ha sido un proceso que las autoridades han llevado a cabo de manera desordenada, arbitraria, sin cumplir las condiciones necesarias para la libre competencia que quieren promover, entre otras razones, porque los inversionistas privados están a la espera de obtener mayores ventajas y que se termine de desmantelar a Pemex, para asegurar sus intereses, no los del consumidor.

No obstante, ante el rechazo expresado masivamente en todo el país, finalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se vio obligada a hacer correcciones con el propósito de diluir la fuerza de las protestas, pero han sido correcciones sólo parciales, temporales, apoyándose en la recuperación del peso y en el hecho de que los precios internacionales se han movido poco.

Por su parte, en una respuesta desde el legislativo para la sociedad, con el propósito de corregir la situación, las diferentes fracciones parlamentarias también presentaron puntos de acuerdo e iniciativas para reformar la Ley de Hidrocarburos, la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Entre otras, se pueden mencionar las iniciativas:

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que presentó la diputada Norma Rocío Nahle García a nombre de legisladores del grupo parlamentario de Morena. Que reforma y adiciona los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, a cargo del senador Mario Martin Delgado Carrillo.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Hidrocarburos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

Que expide la ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles necesarios para la economía nacional y el consumo popular, suscrita por los senadores del grupo parlamentario del PRD.

Dichas iniciativas se presentaron en el mes de enero, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que las turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictaminación y dicha comisión hasta el momento no ha convocado a sesión; en tanto, los funcionarios de la Secretaría de Energía y Pemex siguen en el proceso de desmantelar a esta empresa que deberían fortalecer. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía avanza en una liberalización sin sustento legal, violando los requisitos establecidos en la Ley que impusieron. Por eso, urge que la Comisión de Hacienda y Crédito Público convoque a dictaminar, que se realicen reuniones de trabajo con expertos, que se transparente ante la sociedad el costo que se está imponiendo como parte de su reforma energética y que se diseñen opciones viables para impedir la soberanía sobre el suministro de gasolinas y diésel.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhorta a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a los integrantes de la misma, a que en atención a la demanda expresada por la sociedad, aceleren el proceso de dictaminación de las diferentes iniciativas que se han propuesto como solución a los incrementos en los precios de las gasolinas y diésel y a la carga fiscal que impacta en los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTO AL TITULAR DE LA SRE PARA QUE PROPONGA UN CANDIDATO PARA OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR (IME)

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a proponer un candidato para director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputadaintegrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El paradigma humano de que todos y todas deberíamos de tener acceso a las mismas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades y elegir modos de vida, es el día de la movilidad y la migración. De alguna forma aquellos que han decidido migrar son obligados a trasladarse en busca de oportunidades y realidades ya consolidadas que hagan factible su derecho a la vida.

La migración debido a su volumen es un fenómeno de actualidad que llama la atención, ante todo, por la forma en la que los gobiernos receptores de migrantes han decidido abordar y solucionar el tema, es aún más sorprendente que aquellos países que a lo largo de las décadas se han consolidado como Estados pro democracia y derechos humanos hagan cambios radicales de enfoque, el que hayan reducido su perspectiva sobre quienes si son sujetos de derecho y quienes no por el hecho de tener aspecto, costumbres y origen diferentes, es un retroceso de las sociedades contemporáneas.

Tal es el caso del reciente clima que se vive en Estados Unidos de América (USA), donde el racismo y la discriminación se han visto exacerbados y todavía más preocupante, es que han sido justificadas debido a las ideas expresadas por la máxima autoridad de ese país. El que el presidente Donald Trump llame a mexicanos inmigrantes: violadores y delincuentes, es una pauta que daña a todas y todos los mexicanos que residen en ese país, que daña la identidad mexicana y que además justifica conductas denigrantes, contra todo aquello que parezca mexicano; que van desde la discriminación hasta el desconocimiento y violación de los derechos humanos.

En EUA según datos de Pew Research Center, para el año 2014 se registraba un aproximado de 5.8 millones de mexicanos indocumentados, que frente al contexto hostil ya conocido y descrito en los párrafos anteriores, hacen de esta población la más vulnerada a sufrir cualquier tipo de violencia sin que exista alguna consecuencia debido a que todo se justifica detrás del estatus de ilegalidad.

En este contexto de vulnerabilidad que resienten las y los mexicanos y su identidad, el gobierno de nuestro país debe estar más que involucrado; pues es su deber desarrollar estrategias que por medio de sus instituciones den respuestas eficaces a las problemáticas suscitadas por el contexto y que imponen cambiar la realidad a beneficio de los y las migrantes mexicanas. Dicho respaldo en palabras del gobierno es de alta prioridad pues considera que es una misión esencial “coadyuvar a su mejor desarrollo social en el país donde radiquen al tiempo que valora su apego a la cultura y los valores de México”.

Las instituciones de nuestro país, sobre todo, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la diplomacia y entramado institucional que ha desarrollado, debe actuar, más que nunca, como un respaldo que otorgue certeza a la situación vivida por todos los migrantes mexicanos que residen en E.U.A., respaldando en todo momento a los y las mexicanas que lo necesiten.

Dentro del entramado institucional se encuentra el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) que se creó por medio de decreto presidencial el 16 de Abril de 2013 como el “órgano ejecutor y operativo del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el exterior”, dicho instituto fue pensado como respuesta al “requerimiento de una instancia gubernamental con capacidad intersecretarial para atender adecuadamente las nuevas demandas que los mexicanos en el extranjero tendrán en temas como: representación política, salud, deporte, cultura, educación, donaciones, envíos de remesas, infraestructura social y creación de proyectos productivos en sus comunidades”.

El IME tiene por objetivo: “Promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus organizaciones y órganos consultivos, para fortalecer sus vínculos con México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelven, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior”.

El Instituto desde el mes de diciembre del año 2016 se encuentra sin director debido a la renuncia de Alma Eunice Rendón Cárdenas. Ello implica dejar a un lado tareas que debido al contexto norteamericano son tan urgentes e importantes para dar certeza institucional que el cargo de director otorga, entre las funciones que me gustaría destacar debido a la relevancia que el momento exige están:

• La coordinación de acciones a favor de las comunidades mexicanas en el exterior, a través de la red diplomática y consular del gobierno de México.

• Ejecución de políticas y directrices definidas por el Presidente de la Republica o el Secretario.

• Coordinar y promover las acciones institucionales en aquellos ámbitos que impulsen el fortalecimiento y desarrollo de comunidades en el exterior en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal.

• Participar en acciones de beneficio a los migrantes en coordinación con las oficinas públicas y privadas, de apoyo a mexicanos migrantes.

• Participar en los programas y acciones del gobierno federal encaminados a obtener y proporcionar información en los temas de interés sobre las comunidades en el exterior.

• Formular y proponer políticas públicas al Consejo Nacional para las comunidades Mexicanas en el Exterior, con base en las necesidades, opiniones e inquietudes expresadas por los mexicanos que residen en el exterior.

Todas estas funciones apuntan a generar un respaldo institucional, donde los titulares; sus capacidades y conocimientos tienen un papel primario y definitorio para llevar a cabo al desarrollo efectivo de las estrategias planeadas y disminuir el impacto del odio y racismo injustificable hacia nuestros connacionales. Solo así es posible asegurar la certeza institucional, más aun cuando la adversidad del contexto, exige dar respuestas eficaces para los 5.8 millones de mexicanos indocumentados.

Por ello es urgente que nuestras instituciones, de acuerdo a las adversidades que las relaciones entre el gobierno de EUA ha establecido con nuestros compatriotas indocumentados, funcionen correctamente a fin de mantener como lo expone la visión del IME: “un puente de entendimiento a partir del cual se pueda articular la agenda compartida que mediante la asociación de iniciativas y programas de trabajo a largo plazo, contribuyan al mejoramiento e integración de las comunidades mexicanas en el exterior y a fortalecer su identidad cultural y su orgullo por ser mexicanos”.

Considerandos

Primero. El 16 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en el artículo 1o. se refiere expresamente que: Se crea el IME, con el carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Segundo. El artículo 4o. del decreto anteriormente referido establece que el Director del Instituto será nombrado por el Presidente de la Republica a propuesta del titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Tercero. El artículo 5o. del decreto por el que se creó el IME establece que el Instituto tendrá las siguientes funciones:

I. Promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que viven en el extranjero.

III. Fungir como Enlace, en coordinación con las representaciones de México, con las comunidades mexicanas que viven en el exterior.

IV. Establecer una adecuada coordinación con los gobiernos, instituciones y organizaciones de los Estados.

V. Diseñar y promover mecanismos para la ejecución de los programas y proyectos propios de las labores del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

VII. Recabar y sistematizar las propuestas y recomendaciones, tendientes a mejorar al desarrollo social de las comunidades mexicanas en el exterior, que formulen órganos consultivos constituidos por representantes de dichas comunidades.

Estas importantes tareas necesitan pronta ejecución frente al hostil contexto creado por las políticas derivadas del reciente mandato del Presidente de EUA Donald Trump.

Cuarto. En el Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores establece en el artículo 47 que: El Instituto de los Mexicanos en el Exterior se regirá por su decreto de creación. Además de su director contara con un director ejecutivo. El director tendrá las atribuciones siguientes:

I. Elaborar los planes y programas de trabajo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito al pleno de esta soberanía, la sensibilidad en el tema y por lo tanto, el voto a favor de la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso, proponga un candidato para ocupar el puesto de director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior con el fin de dar el mayor respaldo institucional a nuestros connacionales resididos en Estados Unidos de América.

Notas:

1 Pew Research Center Hispanic Trends, Overall Number of U.S. Unauthorized Inmigrants Holds Stady Since 2009, Enlace URL: http://www.pewhispanic.org/2016/09/20/overall-number-of-u-s-unauthorized-immigr ants-holds-steady-since-2009/

2 Manual de Organización de los Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Enlace URL: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/mo-ime-0802.pdf

3 Anterior a ella se encontraba la Oficina Presidencial de Atención a los Mexicanos en el Exterior y también, la Dirección General del Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior.

4 Óp. Cit. Manual de Organización de los Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

5 El Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior es una comisión intersecretarial donde participan 11 secretarias y es encabezada por el presidente de la república y el titular de la SER es el secretario ejecutivo del consejo.

6 Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores en: Manual de Organización del Instituto de los Mexicanos, Art 47 fracción III.

7 Ibídem, artículo 47, fracción V.

8 Ídem. Fracción VII.

9 Ídem. Fracción IX.

10 Ídem. Fracción XI.

11 Ídem. Fracción XII.

12 Op. Cit. Manual de Organización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

VIGILE Y COORDINE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA ESCOLAR Y DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a vigilar y coordinar por su Secretaría de Educación el cumplimiento en las escuelas públicas y las privadas del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y el Programa de Apoyo Psicosocial, conforme a la Ley para prevenir, atender y erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del estado, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ximena Tamariz García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación del estado, vigile y coordine en las escuelas públicas y privadas del mismo, el cumplimiento del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y del Programa de Apoyo Psicosocial del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, al tenor de lo siguiente:

El 19 de enero del presente año en Monterrey, Nuevo León, hubo una tragedia en una escuela privada de la ciudad. Un estudiante de 15 años de edad llevó consigo un arma al salón de clases y realizó disparos contra su maestra y varios compañeros, para después, suicidarse.

Es importante hacer una reflexión sobre lo que está pasando actualmente en el mundo. Acontecimientos como éste que pasó en Monterrey, hacen dudar acerca de la eficacia de las acciones que desde el gobierno se realizan para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar. El alcance que los jóvenes tienen ahora a situaciones más peligrosas es mucho mayor a la de hace varios años, qué rumbo tomar para que no vuelva a suceder éste tipo de sucesos que tanto dañan a la sociedad, debe de ser prioridad.

En el año 2013, en el Estado de Nuevo León se aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el acoso y la Violencia Escolar, que tiene como finalidad, establecer principios, criterios, mecanismos, procedimientos y programas para prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de acoso y violencia escolar, ya sea de manera directa o indirecta, dentro o al exterior de las instituciones educativas públicas y privadas.

El artículo segundo de la ley comentada, instruye a las escuelas de educación básica y media superior, a contar con algún psicólogo y/o trabajador social, titulado, con la responsabilidad de coadyuvar en las acciones de prevención, atención y erradicación del acoso y la violencia escolar. Para de esta forma impulsar la cultura de la legalidad y hacer ver a los jóvenes que el estar preocupado por un compañero y comentar su situación con alguna autoridad no es ser mal amigo, si no es ser una persona madura y formar parte de la cultura de la denuncia.

La LPAEAVE preocupada por la violencia escolar crea el Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar, en donde cada escuela tiene la obligación de elaborar un plan anual con la ayuda del psicólogo y/o trabajador social de la escuela, que tengan como pilar fundamental prevenir, atender y erradicar la violencia física, verbal, psicológica, cibernética, sexual y de exclusión social.

Según un estudio realizado el mes de agosto del 2016 por el medio periodístico local El Norte, de las 5,000 escuelas públicas en Nuevo León, solamente 400 reciben atención del Programa de Apoyo Psicosocial del Estado, es decir, el 92% de las escuelas del Estado no cuentan con el apoyo de algún psicólogo y/o trabajador social.1Es por eso que es importante impulsar que las obligaciones para combatir la violencia escolar establecidas en la ley del estado de Nuevo León, sean realmente implementadas por las autoridades correspondientes.

El Estado de Nuevo León no le ha dado la importancia suficiente al programa del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar así como en el Programa de Apoyo Psicosocial del Estado, y la prueba está en los hechos del 19 de enero. Es por eso que las obligaciones para combatir la violencia escolar establecidas en la ley, deben ser realmente implementadas por las autoridades correspondientes.

Los actos de violencia, anteriormente mencionados, no sólo tuvieron impacto en el ámbito local, sino, a nivel nacional. Pues la nota de lo sucedido, cimbró fuertemente a la sociedad en general. Dada la respuesta de las autoridades educativas federales ante lo sucedido en Nuevo León, de fortalecer el programa Mochila Segura, que forma parte del Programa Escuela Segura, y del cual, según diversas fuentes como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o la Auditoría Superior de la Federación, no se cuentan con indicadores que señalen cómo medir los resultados de su implementación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Educación del estado, vigile y coordine en las escuelas públicas y privadas del mismo, el cumplimiento del Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar y del Programa de Apoyo Psicosocial del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas federal y locales a fin de generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, de acuerdo a lo señalado en el tercer párrafo del artículo 30 de la Ley General de Educación; y a desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a los maestros, en concordancia con lo establecido en la fracción XV del artículo 33 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León.

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

INFORME RELATIVO A LAS EROGACIONES HECHAS POR LA DEPENDENCIA A SU CARGO PARA LA REALIZACIÓN DE LA COP13

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar un informe sobre las erogaciones hechas por ella para realizar la Cop13, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Del 2 al 17 de diciembre del año pasado, México fue anfitrión de uno de los encuentros más importantes para la preservación y conservación de las especies y de los ecosistemas: la decimotercera Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (Cop13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), en la que participaron 196 países. Esta cumbre tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo.

En el marco de la Cop13, México refrendó su compromiso con el medio ambiente, que se concretizaron en las siguientes acciones:

• Se decretaron cuatro nuevas áreas naturales protegidas. Con ello duplicó su territorio marino protegido y cumplió anticipadamente la Meta 11 de Aichi.

• La Semarnat y la Sagarpa suscribieron un acuerdo histórico para desarrollar acciones conjuntas que eviten que las zonas forestales del país se conviertan en espacios agrícolas y ganaderos.

• Participaron, por primera vez en una conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, los sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico, que se integrarán a las futuras reuniones del (CDB). Además, presentaron sus estrategias sobre integración de la biodiversidad.

• Se proclamó por unanimidad la Declaración de Cancún, donde se exhorta a los países miembros del CDB a incluir criterios de integración de biodiversidad en sus políticas públicas.

• Se presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción a 2030, así como la Estrategia de Turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidas de México, que ayudará a convertir la actividad turística en una herramienta más para la conservación y generará recursos para los habitantes.

• Se incluyeron los pronunciamientos de los representantes juveniles, de pueblos indígenas, empresarios, parlamentarios y gobiernos subnacionales, que desde ahora serán parte de las reuniones del CDB.

• Se presentó el acuerdo para proteger la Selva Lacandona a fin de garantizar que se mantenga como zona natural protegida; evitar que no se realicen exploraciones o explotaciones de hidrocarburos o mineras y promover entre los habitantes de la zona diversos modelos de desarrollo y producción (Semarnat. Logros de México en la Cop13. Disponible en https://www.gob.mx/semarnat/articulos/logros-de-mexico-en-la-cop13).

Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno de México no lograron en la Cop13 ajustarse el cinturón ante la crisis económica que enfrenta el país, pese a que el presidente Peña Nieto emitió el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, cuyo objeto es promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la administración pública federal y dentro de las estrategias y líneas de acción que se encuentra en la Estrategia 3.2 Fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gastos de operación con el objetivo de promover la aplicación de criterios de racionalidad, economía, eficacia, eficiencia y austeridad.

En días pasados, a través de un diario de circulación nacional se dio a conocer que la realización de la Cop13 en Cancún costó más de 460 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos diarios por los 15 días que duró la cumbre.

No podemos permitir que por una parte, el gobierno mexicano justifique el aumento del precio de la gasolina argumentando que era la única medida para no recortar programas sociales y, por otra parte, se despilfarre el dinero de los mexicanos en encuentros institucionales que no son económicos, racionales ni austeros.

Es lamentable que la Cop13 haya costado tanto, sobre todo cuando a un solo acto se destinó mayor presupuesto que el asignado para el ejercicio fiscal de 2017 para la conservación y preservación de las áreas naturales protegidas, de acuerdo con el PEF de 2017 al Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas se asignaron 44 millones 397 mil 912 pesos.

Quiero concluir con un llamado a los diferentes partidos políticos para que sean congruentes entre el discurso y las decisiones que se toman, y apelando al principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 6o. de la Constitución, el cual otorga el derecho a los mexicanos y a las mexicanas de conocer en qué gasta el gobierno, por esto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, a publicar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas, un informe relativo a las erogaciones hechas por la dependencia a su cargo para realizar la decimotercera Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

INFORME A LA OPINIÓN PÚBLICA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LAS EMISIONES DE DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Conavim a informar a la opinión pública sobre los avances y resultados de las declaratorias de alerta de violencia de género emitidas en el país, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), maestra Alejandra Negrete Morayta, informe a la opinión pública los avances y resultados de las emisiones de declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se han implementado en el país, bajo las siguientes

Consideraciones

De conformidad al artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la Alerta de Violencia de Género como:

“El conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”

El objetivo sustancial de la Alerta de Género es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

De 2015 a la fecha se han emitido 6 declaratorias de alerta de violencia de género que a continuación se enuncian:

Estado de México: Julio de 2015, 11

Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco solidaridad.

Morelos: Agosto 2015.

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec

Michoacán: Junio 2016.

Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Saguayo y Maravatio.

Nuevo León: Noviembre de 2016.

Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

Chiapas: Noviembre de 2016.

Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Y Acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas. (Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

Veracruz:Noviembre de 2016.

Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

En total se tienen 56 municipios en alerta de violencia de género, adicional a la región de los Altos de Chiapas. Cabe mencionar que las declaratorias se han dado en municipios más poblados en el país.

En ese orden de ideas, se observa en las declaratorias emitidas por la Secretaría de Gobernación que se solicitan a los estados la implementación de por lo menos 3 tipos de medidas:

I. Medidas de seguridad;

II. Medidas de prevención, y

III. Medidas de Justicia.

De las Medidas de seguridad destacan:

1. El diseñar y ejecutar estrategias para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres, tales como:

• Reforzar los patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos; efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público y establecer y difundir sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia.

2. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para: valorar objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia y garantizar su efectiva ejecución, y buscar y localizar a niñas y mujeres desaparecidas.

Sobre las medidas de prevención solicitan:

1. La creación de unidades de género que de manera coordinada operen en todas las instituciones para promover de manera transversal la igualdad entre hombres y mujeres.

2. Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

3. Generar campañas permanentes encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, a fin de dar a conocer los derechos de las niñas y mujeres sobre el derecho a una vida libre de violencia, los tipos y modalidades de violencia.

Respecto a las medidas de justicia:

1. Solicitan adoptar las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de delitos vinculados a la violencia de género, el acceso a la justicia y la reparación del daño.

2. Fortalecer la Fiscalías Especializadas en Atención a las Mujeres, con personal profesionalizado y sensibilizado en derechos humanos de las mujeres.

3. Conformación de un grupo de trabajo para revisar y analizar exhaustivamente la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaban y anulan los derechos, así como establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones.

Estas son algunas de las medidas que en cada una de las declaratorias de alerta de violencia de género en los estados se han emitido, sin duda marcan una agenda en materia de género demasiado amplia.

Ante esta situación, es indispensable valorar la aplicación de las alertas de violencia de género, por lo anterior esta Cámara de Diputados debe contar con información veraz y fidedigna sobre los avances que se han obtenido con dichas declaratorias de alerta de violencia de género en los 6 Estados, sus aplicaciones y en específico los resultados que se han obtenido ante las medidas tomadas.

De igual forma la sociedad en general debe conocer toda la información referente a las declaratorias de alerta de violencia de género por ser la población directamente afectada. Por lo que se hace un llamado a que la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informe a la opinión pública los avances y resultados de las 6 declaratorias de alerta de violencia de género.

Por lo expuesto y fundado solicito que esta asamblea apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, maestra Alejandra Negrete Morayta, para que informe a la opinión pública los avances y resultados de las emisiones de declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se han implementado en el país.

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

INCREMENTAR LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE VISAS A LOS CIUDADANOS AMERICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a incrementar los requisitos y procedimientos para proporcionar visa a los ciudadanos estadounidenses, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a incrementar los requisitos y procedimientos para la emisión de visas a los ciudadanos americanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La política migratoria del Estado mexicano se puede definir como el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados, que con fundamento en principios generales y preceptos contenidos en acuerdos internacionales ratificados por el país, leyes nacionales, reglamentos y normas secundarias en la materia, se plasma en programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Esta política ha tenido cambios sustantivos en la última década, hasta llegar a la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Sin embargo, esos cambios, realizados a través de innumerables programas y acciones, todavía no han sido integrados en un documento que los explicite en forma coherente.

II. “Los primeros esfuerzos para cuantificar a los extranjeros residentes en México a partir de los registros de los servicios migratorios, se organizaron en 1925 por el Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación, como parte de una tarea mayor para medir la inmigración, emigración y repatriación de mexicanos al país y sistematizar la información disponible con anterioridad. La Ley de Migración de 1926 obligó, por primera vez, a extranjeros y mexicanos a proveerse de una tarjeta individual de identificación para entrar o salir del país, con el objetivo de facilitar la generación de estadísticas migratorias.”

III. Desde entonces entendemos que tener un aproximado del número de extranjeros en México o cualquier país es complejo, ya que se requiere estar actualizando esta información constantemente, cosa que, en nuestro caso, aún no existía una autoridad migratoria capaz de llevar a cabo esa tarea. La Ley General de Población de 1974, por ejemplo, no obligaba a inscribirse obligatoriamente a un registro para extranjeros que residen temporalmente en México. Por otro lado, en los registros no están señaladas la mayor parte de las bajas que se producen, por salida definitiva del país, por fallecimiento o por la obtención de la nacionalidad mexicana.

IV. En México, el Poder Ejecutivo es el que determina la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deben considerarse las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada. Debe además establecer mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno, y de cooperación con los sectores privado y social, dirigidos a la atención integral del fenómeno migratorio, considerando en todo momento la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional y fronteriza.

V. “La intensidad de la vida transfronteriza en el norte de México, así como la consolidación de comunidades transnacionales entre lugares de origen y destino de migrantes, y de comunidades binacionales en zonas fronterizas, son procesos que en el largo plazo hacen confuso el carácter temporal o permanente de muchos de los movimientos migratorios en esas regiones o la existencia del hecho migratorio en sí. Las estrategias de vida de muchas familias mexicanas en la zona fronteriza con Estados Unidos y la existencia de un sistema migratorio binacional estructurado por años, favorecen la tendencia de que muchos mexicanos nazcan en Estados Unidos y vivan en México. Por otra parte, la forma de vida de muchos estadounidenses pensionados o con recursos suficientes, hacen que tengan viviendas en ambos países y residan parte del tiempo en cada país, por lo que no necesariamente son captados por los censos de población o en los registros migratorios de México, no obstante pueden radicar la mayor parte del año en suelo mexicano. Este fenómeno hace que se tenga un sub registro de extranjeros de nacionalidad estadounidense residiendo en México, situación inversa al sobre registro mencionado antes respecto a los hijos de mexicanos residentes en México nacidos en Estados Unidos.”

VI. Un esfuerzo importante para impulsar una política migratoria sobre una plataforma común, fue el documento México frente al fenómeno migratorio, publicado en 2005, que se realizó por consenso a iniciativa del Ejecutivo federal y del Senado de la República, con la participación de un grupo integrado por funcionarios del gobierno, senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos de la sociedad civil. El documento se enfocó esencialmente en el tema de la emigración mexicana y la reforma migratoria en Estados Unidos. Para atender de manera particular la gestión migratoria en la zona de la frontera sur mexicana, donde confluyen flujos de origen, tránsito y destino de migrantes.

VII. En la actualidad, el gobierno mexicano impulsa una política y gestión migratoria, que tiene por objeto facilitar los flujos migratorios documentados; ordenar y modernizar los procesos de ingreso y legal estancia de extranjeros; lograr el pleno respeto a los derechos humanos de los viajeros y migrantes; mejorar la gestión de control de los flujos migratorios irregulares; y coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad pública y nacional. Estas tendencias se ven claramente reflejadas y fortalecidas en la Ley de Migración de 2011, sin que esto signifique que son todos objetivos logrados a satisfacción.

VIII. En la última década, para facilitar la movilidad internacional de personas y la legal estancia de extranjeros, se desarrollaron diversas iniciativas, entre las que se pueden mencionar:

• Cambio gradual hacia un régimen de visas de larga duración y entradas múltiples hasta por 10 años, para turistas y personas de negocio de nacionalidades que requieren este requisito para ingresar al país, así como la simplificación y creación de otros mecanismos para facilitar la entrada de estos.

• La ampliación a 180 días del permiso de estancia, una vez que entran al país turistas, personas de negocio y transmigrantes documentados, independientemente de que su estancia sea más corta. Esto con el objetivo de promover la llegada de visitantes documentados y evitar la realización de trámites de extensión de permisos como visitantes. En el mismo sentido, desde 2008 México participa en el esquema de facilitación a la entrada de personas de negocios en el marco de la tarjeta ABTC (APEC Travel Business Card).

• El programa viajero confiable entre México y Estados Unidos (Global Entry Program), puesto en marcha en 2011 en una primera etapa, permite que miles de mexicanos que viajan por vía aérea puedan internarse tanto a Estados Unidos como a México con rapidez y sin hacer filas en los filtros migratorios de los aeropuertos participantes de ambos países. La segunda fase de este programa, permitirá a los estadounidenses ingresar fácilmente a México.

IX. La actual política migratoria del Estado mexicano se basa en los principios que contiene la Ley de Migración de 2011, los cuales han estado presentes en la gestión y acciones de la política migratoria en las últimas dos décadas, aunque varios de ellos no haya sido posible implementarlos a cabalidad. Estos principios son: respecto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros; enfoque integral en cuanto a la complejidad del fenómeno migratorio en México como país de origen, tránsito y destino de migrantes; responsabilidad compartida; congruencia; hospitalidad y solidaridad; facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad; complementariedad de los mercados laborales con los países de la región; equidad entre nacionales y extranjeros; reconocimiento a los derechos adquiridos de los extranjeros; unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente; integración social y cultural entre nacionales y extranjeros; facilitación del retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias.

X. Desde el 20 de enero del presente año, día en que tomó protesta como presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se cristaliza cada día más la seria amenaza de un número mayor de deportaciones y controles más y más estrictos para cruzar la frontera hacia aquel país por parte de mexicanos.

XI. El gobierno federal parece minimizar el problema, pero es evidente, con sólo escuchar las noticias todos los días que nos damos cuenta que esto es ya una realidad; según Los Ángeles Times,se calcula que unos 8 millones de indocumentados podrían estar sujetos a deportaciónbajo las estipulaciones de la orden ejecutiva de Donald Trump.

XII.El proceso para solicitar la visa americana es el mismo en todos los países. Primero se complementa online un formulario con diversos rubros a llenar, se paga una cuota, se programan dos citas, una para toma de fotos y huellas dactilares y finalmente, la entrevista casi siempre obligatoria.

El día de la entrevista se llevan los documentos solicitados, junto con el recibo de pago, todos los pasaportes vencidos y actuales y la documentación del trabajo, negocio y/o bancos.

XIII. Es de conocimiento general que al momento de llenar el formulario online se requiere tener ciertos requisitos de antemano, por ejemplo, el motivo, el lugar, las fechas y las personas y/o empresas y/o institución a la que se va a visitar. Incluso es por todos conocido que al momento de la entrevista hay que llevar todo tipo de documento que compruebe, primero, solvencia económica, causa de su visita y muestra de su arraigo en México, razón por la cual tiene que salir de Estados Unidos de América. Si se incumple mínimamente alguno de estos requisitos es muy probable que se niegue la visa.

XIV. En contraparte, los ciudadanos americanos pueden visitar la “zona fronteriza” sin obtener un permiso mexicano para turista, definiéndose ésta como un área entre 20 y 30 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, por 72 horas o menos.

Si viajan más allá 30 kilómetros al interior de México o piensan hacer algún negocio en México, deberán obtener un permiso de turista FM-T en alguna oficina del Instituto Nacional de Migración que se localizan en todos los cruces fronterizos, presentando acta de nacimiento y licencia de manejar, o pasaporte americano.

XV. El permiso FMT permite visitar o efectuar viajes múltiples a México por un periodo máximo de 180 días. Como turista, no está autorizado para hacer ningún tipo de negocio en México. Este permiso está disponible en los consulados mexicanos, en los puntos de cruce con la frontera mexicana, en las oficinas de turismo mexicanas, en los aeropuertos dentro de la zona fronteriza y en la mayoría de las aerolíneas con servicios hacia México.

Las aerolíneas normalmente cobran la cuota del permiso en nombre del gobierno mexicano e incluyen el costo dentro del total del boleto de avión (debajo de “impuestos y recargos”) de manera que, en la mayoría de los casos.

XVI. Si la visita de ciudadanos americanos tiene propósitos de negocios se requiere un permiso de negocio FM-N para hacer alguna actividad comercial, incluyendo asistir a conferencias de negocio, conducir juntas, o visitar maquiladoras. El permiso FM-N les permite permanecer en México o hacer múltiples viajes por un periodo de hasta 30 días.

Los empresarios deben completar y entregar una forma (FM-N) autorizando la realización de un negocio, pero no de un empleo, por un periodo de 30 días. México cobra una cuota a todos los negocios y empresarios al momento de ingresar al país. La cuota es de aproximadamente 22 dólares americanos, y el dinero coleccionado es entregado a la Secretaría de Turismo para promocionar el turismo mexicano.

Los viajeros que entren a México por razones ajenas a turismo o negocios o por estadías mayores de 180 días, requieren una visa y deben traer consigo un pasaporte americano válido.

Los ciudadanos americanos que planeen trabajar o vivir en México deben solicitar la visa mexicana apropiada en la Embajada de México en Washington, DC, o al consulado mexicano más cercano en los Estados Unidos.

XVII. Dado el panorama actual y lo que viene con esta nueva administración en el país vecino, resulta de vital importancia que la relación bilateral sea equitativa, en cuanto a derechos y obligaciones. Debemos ser justos, la visa para estadounidenses en México además de ser una fuente de ingresos y reciprocidad diplomática debe ser un control de fronteras en los tiempos de violencia y terrorismo que se viven actualmente.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a incrementar los requisitos y procedimientos para la emisión de visas a los ciudadanos americanos.

Notas:

1 Rodríguez Chávez, Ernesto; Cobo, Salvador. “Extranjeros residentes en México”, Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración, Secretaria de Gobernación. México, 2012, p.8.

2 Rodríguez Chávez, Ernesto; Cobo, Salvador. “Extranjeros residentes en México”, Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración, Secretaria de Gobernación. México, 2012, p.10.

3 “México-Tendencias y características de la política migratoria desde fines del siglo XX a la actualidad” Organización de los Estados Americanos (OEA)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

EFEMÉRIDES

“DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL”

«Efeméride con motivo del 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

El término “cáncer” es genérico y designa un vasto grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo humano y de otras especies, de manera más específica, el cáncer, constituye un crecimiento de los tejidos producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos.

El cáncer no es una enfermedad nueva, papiros egipcios que datan de aproximadamente el año 1600 a.C. ya la describían y se cree que fue el medico griego Hipócrates la primera persona en utilizar el término “carcinos” (cangrejo) para denominar al cáncer.

Posteriormente, cuando la primera autopsia fue practicada por el anatomista italiano Giovanni Morgagni en 1761, se pusieron las bases para el estudio científico del cáncer, también conocido como la “oncología”.

Pero no fue hasta el siglo XIX, cuando el microscopio moderno fue inventado, que se comenzó a estudiar el cáncer y así nació el estudio patológico moderno de esta terrible enfermedad.

Al día de hoy podemos afirmar que, el cáncer, es un problema global de salud pública, ya que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con este mal, asimismo, se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas.

Ante a este panorama, el doctor Christopher Wild, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), señala que se requieren urgentemente mayores esfuerzos en materia de prevención y detección precoz para hacer frente al alarmante aumento de la carga de cáncer a nivel mundial, pues se ha demostrado que el acceso a tratamientos eficaces y asequibles contra el cáncer, incluidos los cánceres infantiles, reduce significativamente la mortalidad, incluso en los países en desarrollo.

Es claro entonces que tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer pueden reducirse si los gobiernos, por un lado, se comprometen a aplicar de forma efectiva medidas para proteger a sus poblaciones, implementando planes de prevención del cáncer que limiten la exposición y los comportamientos de riesgo y, por otra parte, realizan esfuerzos para garantizar el acceso oportuno a tratamientos y fármacos adecuados que permita aumentar las posibilidades de curación y supervivencia de quienes padecen esta terrible enfermedad.

Si bien el cáncer en los niños y adolescentes es una enfermedad poco frecuente, comparada con la tasa de incidencia en otros grupos etarios, lo cierto es que éste presenta algunas diferencias con respecto a las características del cáncer en los adultos.

En primer lugar, el cáncer es una enfermedad difícil de asimilar, no sólo por la idea ampliamente arraigada de que ésta supone una sentencia de muerte, sino porque además el tratamiento suele ser un proceso agresivo que conlleva momentos difíciles para todos, sin embargo, cuando se trata de niños, esta experiencia se vive con gran dolor, incertidumbre y miedo.

En segundo lugar, está el hecho de que el cáncer en los niños, a diferencia del caso de los adultos, es difícilmente prevenible. De acuerdo al National Cancer Institute, el cual coordina el programa nacional de cáncer en Estados Unidos y conduce la investigación, preparación profesional, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, no se conoce cuáles son las causas de la mayoría de los cánceres infantiles.

Cerca de cinco por ciento de todos los cánceres en los niños son causados por una mutación hereditaria (una mutación genética que puede transmitirse de padres a hijos). Las mutaciones genéticas que causan cáncer también pueden presentarse durante el desarrollo del feto en la matriz.

Se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, así como en los adultos, surgen como resultado de mutaciones en genes que causan un crecimiento celular descontrolado que derivan en la aparición del cáncer. En los adultos, estas mutaciones genéticas son a menudo el resultado de la exposición a factores ambientales (como el humo del cigarrillo, el asbesto y la radiación ultravioleta del sol). Sin embargo, ha sido difícil identificar las causas del cáncer infantil, debido en gran parte a que el cáncer en los niños es poco frecuente, y a que es difícil determinar si el niño pudo haber estado expuesto temprano en su desarrollo.

Atendiendo a lo anterior, en el caso del cáncer en niños y adolescentes, los gobiernos deben mostrar voluntad política para incrementar de manera progresiva los recursos destinados al financiamiento del diagnóstico temprano, así como del tratamiento oportuno y de calidad para menores de 18 años.

En este sentido, nuestro grupo parlamentario, sabiendo que es necesario contar con mayores recursos presupuestales para combatir esta enfermedad ha presentado diversos documentos legislativos para brindar una mejor atención a nuestros niños con cáncer, entre estos se encuentran tres iniciativas y siete puntos de acuerdo, todos ellos destinados a garantizar a los menores que sufren esta terrible enfermedad el acceso a un mejor tratamiento y con ello elevar el índice de sobrevida.

De la misma forma, con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, se aprobaron diversos acuerdos en la Junta de Coordinación Política con la finalidad de contar con una mayor resonancia en el espacio político nacional respecto a la gravedad del problema.

En el Partido Verde Ecologista de México creemos que el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil debe servirnos para aumentar la consciencia sobre lo difícil que es para los niños y sus familias hacer frente a este padecimiento, por lo cual es imprescindible que como legisladores y como sociedad mostremos todo nuestro apoyo y solidaridad a la causa, pues sólo así se puede ganar la batalla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— (Rúbrica).»

“DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO”

«Efeméride con motivo del 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Febrero es un mes con mucho significado para nuestro país, sobre todo para una de las instituciones más importantes, me refiero a las Fuerzas Armadas, ya han pasado 104 años de la fundación del Ejercito Mexicano que al día de hoy cuenta con 192,483 plazas militares, esta rama en tierra de las Fuerzas Armadas de México (FAM), que desde su nacimiento siempre ha tenido la firme convicción de proteger la soberanía y la independencia del territorio nacional, de igual manera garantizar la seguridad interior y tender puentes de ayuda a la población en casos de desastres naturales, también auxilia con obras sociales, esta rama de la FAM depende de la Secretaria de la Defensa Nacional, y tiene como su comandante supremo el presidente en turno.

La historia del Ejército todos debemos hacerla nuestra. ¿Porque?, por el gran empeño que le pone día a día para salvaguardar la independencia de nuestra patria, la libertad, la autonomía y un sin fin de situaciones a las que se expone por el bienestar de nacional.

La creación del Ejercito Mexicano tiene una gran historia, que nos remonta a los tiempos de la revolución, cuando se llamaba Ejército Constitucionalista ya que el entonces recién nombrado presidente Venustiano Carranza con el decreto 1421 por el congreso del estado libre de Coahuila le concediera ese poder desconociendo a Victoriano Huerta como presidente, en el año de 1913, para ser más específico, el 19 de febrero de ese año después del golpe de estado que propino Victoriano Huerta a la presidencia de Francisco I Madero, Carranza formó un ejército con hombres armados, como presidente presentó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo del mismo año, donde se decretó la creación del Ejército Constitucionalista que después con la promulgación de la constitución de 1917 se llamó Ejército Nacional, para que luego en el año de 1948 se denominara Ejercito Mexicano, y que 2 años después en 1950 se instituyera el día del ejército exactamente en la misma fecha que el presidente Carranza dio la orden de que se formara el ejército constitucionalista ósea el 19 de febrero, es así como al día de hoy conocemos a nuestra rama en tierra de la FAM como Ejercito Mexicano.

El Escuadrón 201

Una fase que nos llena de orgullo es la que hizo el heroico Escuadrón 201, este grupo se formó en 1944 por órdenes del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, ya que este le había declarado la Guerra a Alemania por el hundimiento de los buques Potrero del Llano y Faja de Oro. En Florida en el año de 1942.

Al estar en guerra con las potencias del eje (Alemania, Italia y Japón), México colaboro intensamente con el gobierno de los Estados Unidos a donde mando al grupo de perfeccionamiento de aeronáutica que tenía en esos entonces en 1944, para que a la postre, y a partir del primero de enero de 1945 se denominara oficialmente Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual participaría siendo parte integral de la fuerza expedicionaria Mexicana, efectuando numerosas, operaciones de combate en Filipinas y Formosa, haciendo su triunfal retorno en noviembre de ese mismo año.

Un dato que debemos de puntualizar es que el 25 de octubre de 1937 en el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas, cuando se presentó una iniciativa para cambiarle el nombre de “Secretaría de Guerra y Marina” a la de “Secretaria de la Defensa Nacional” teniendo ese nombre hasta la fecha.

Nuestro Ejército Mexicano es un orgullo porque es la parte medular para que nuestro país tenga estabilidad, y paz social, porque día a día se prepara, moderniza evoluciona y fortalece, para cuidar, proteger y defender a la población con absoluto apego a los derechos humanos y a la ley.

Cabe destacar que el ejército tiene 3 planes para afrontar diversas problemáticas.

El primero es: el Plan DN I:

Este plan está diseñado para hacer frente a una eventual invasión extranjera, aunque sabemos que es remota, porque recordemos que México es un país pacífico, y que tiene como bandera la Doctrina Estrada que es la no intervención en asuntos de otros países, así como la cita clásica de Benito Juárez al expresar que “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

El segundo plan es el DN II:

El combatir a las fuerzas subversivas internas como la guerrilla, o el narcotráfico, que tienen el propósito de inestabilizar al país

El tercer plan es: el DN III

Con él se atiende a la población cuando hay un fenómeno de causas naturales, tales como, huracán, terremoto, maremoto y algún otro de menor intensidad.

El Ejército Mexicano, tiene muy arraigada la doctrina institucional, la cual es hacer invariablemente lo correcto, lo necesario, y dar el máximo en todas las tareas que se les asigna, todas estas acciones hacen que tenga una imagen muy favorable de aceptación confianza y respeto, entre la relación Civil-Militar todo esto gracias al trabajo responsable, a la tenacidad, constancia determinación, entrega y ese gran amor que le tienen a la patria, estos hombres y mujeres que conforman nuestras fuerzas armadas.

El Ejército es un aliado muy poderos en la transformación de nuestro país, al coadyuvar con la paz y el bienestar social, a lo largo de estos 104 años de existencia.

Es por eso que hacemos un reconocimiento al Ejército Mexicano, por estar siempre al pendiente y alerta para que la población pueda vivir con tranquilidad, calma y paz en cualquier parte del territorio nacional.

Notas:

1 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/02/18/19-febrero-dia-ejercito-me xicano.html

Autor: Publimetro México. Nombre de la publicación: Publimetro. Tema: 19 de febrero día del Ejército Mexicano.

2 http://www.mundohistoria.org/temas_foro/armamento-todas-las-epocas/ejercito-mex icano

Autor: Metlacoatl. Nombre de la publicación: Mundo Historia. Tema: Ejército Mexicano.

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Mexicano

Nombre de la Publicación Wikipedia, Tema, Ejercito Mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

“DÍA DEL INVENTOR MEXICANO”

«Efeméride con motivo del 17 de febrero, Día del Inventor Mexicano, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Día del Inventor Mexicano se creó en honor al ingeniero Guillermo González Camarena, nacido el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco; científico, ingeniero e investigador mexicano quien en el año de 1940, iluminó la televisión con el “Sistema Tricromático de Secuencia de Campos”, pasando así de tener una imagen en blanco y negro, a colores primarios, haciendo más real y atractiva la televisión para todos.

Cabe destacar que este sistema fue utilizado por la NASA en 1979, haciendo posible el enviar imágenes de Saturno en la misión “Voyager”.

A partir del día 17 de febrero de 1993, celebramos a los inventores mexicanos que por su ingenio y gran compromiso con su labor han impulsado la innovación y alcanzando grandes logros para nuestro país; permítanme recordar el día de hoy a algunos de los inventores mexicanos importantes:

Luis Ernesto Miramontes nacido en 1925 en Tepic, Nayarit, y licenciado en Ingeniería Química en la UNAM. En el año de 1951 una de sus contribuciones más importantes en la ciencia universal resalta la “síntesis de la noretisterona”; haciendo posible con su descubrimiento el primer anticonceptivo oral. Gracias a esto el nombre de Luis Ernesto Miramontes quedó inscrito junto con el de otros grandes como Pasteur, Edison, Bell o los hermanos Wright en el “USA Inventors Hall of Fame”.

El ingeniero Heberto Castillo, nacido en el año de 1828 en Ixhuatán, Veracruz, y egresado de Ingeniería Civil en la UNAM, en 1966 inventó un sistema de construcción denominado “Tridilosa”, el cual reemplaza trabes y losas de concreto reforzado de las técnicas convencionales; dicho sistema ha sido utilizado en más de 200 puentes en nuestra Ciudad, así como en edificios como lo es el World Trade Center de la Ciudad de México, la Torre Chapultepec, el Centro Médico Siglo XXI y el edificio Biosfera 2 (Arizona, EEUU), entre otros.

Tessy María López Goerne, dirige los Laboratorios de Nanotecnología y Nanomedicina1 en la UAM Xochimilco. Es fundadora de una rama científica, y se ha permitido innovar en el tratamiento del cáncer gracias a la “nanomedicina catalítica”, la cual consiste en trabajar con partículas microscópicas para la creación de terapias que consisten en atacar la estructura celular de tumores cerebrales sin cirugía o quimioterapia alguna.

La pintura antigrafiti desarrollada por los doctores Víctor Manuel Castaño y Rogelio Rodríguez Talavera y un equipo de colaboradores en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM en 2002.

El concreto traslúcido, invento mexicano creado en 2005 por Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Galván Cáceres, el cual permite un ahorro de luz significativo, dando iluminación a casas y edificios donde la luz eléctrica no es buena.

Ejemplos como estos podríamos seguir mencionando, de hecho, nos es frecuente ver en las noticias sobre algún mexicano que ha inventado, adaptado o perfeccionado algo útil para la sociedad, sin embargo, contrario a lo que podríamos pensar, resulta difícil disfrutar del trabajo de estos científicos e inventores pues encontrar el apoyo y recurso a su trabajo es una tarea que resulta imposible en nuestro país.

México cuenta con excelentes y reconocidas universidades, y con esto un importante número de científicos e inventores que han hecho posible un sinfín de creaciones en diferentes campos, desafortunadamente los retos que enfrentan nuestros científicos e inventores radican en el aspecto económico y la poca importancia que el estado le manifiesta a su trabajo.

Un ejemplo de esta problemática se encuentra en la cantidad de becarios que México manda al extranjero, y que no vuelven al país gracias a que el nivel salarial y las oportunidades laborales de acuerdo a su perfil son reducidos.

Es lamentable que habiendo tanto talento en nuestro país, México apenas contribuya a la producción mundial de conocimiento en menos del 1 por ciento; y si a esto le sumamos que el monto que asciende a la inversión científica del año pasado fue de 0.61 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), siendo la cantidad más baja en inversión para investigación y desarrollo entre los miembros de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no parece haber un esfuerzo por revertir la problemática.

Como consecuencia a la falta de oportunidades, México ocupa el sexto lugar mundial entre los países con más migrantes internacionales altamente calificados, o bien conocido como fuga de cerebros; existiendo una fuerte correlación entre el empleo y el desarrollo de la educación superior, ya que en México los sistemas de educación superior y de empleo presentan crecimientos desiguales. Como ejemplo entre 2005 y 2014, la matricula en las universidades se ha incrementado en un 50 por ciento, pero el empleo formal solamente 18.4 por ciento.

La fuga de cerebros solamente es una respuesta a la importancia que tiene la inversión en ciencia y tecnología en nuestra sociedad. La inversión en el talento mexicano debería ser considerado primordial para nuestro gobierno. Urge abrir los ojos y darnos cuenta que México produce científicos de calidad que con un poco de apoyo pueden contribuir con creces a su país. Es necesario tomar medidas para crear y apoyar programas de formación e investigación científica en distintos niveles educativos con la esperanza de mejorar la formación profesional.

Actualmente vivimos bajo un modelo de competencia global, en donde es de suma importancia innovar para poder desarrollar ideas de utilidad que den como resultado mejoras para una buena calidad de vida en la sociedad.

Nuestro país tiene un gran potencial para ser inventor, pero necesita un impulso en dirección a la educación, y por supuesto un financiamiento acorde a sus metas.

Apoyemos a nuestros grandes emprendedores a través de la capacitación, educación, oferta de trabajo con perfiles y sueldo de acuerdo a su preparación, así como la protección de derechos a la propiedad intelectual; si México apuesta por el conocimiento productivo, su economía podría llegar a tener mucho éxito en un futuro no muy lejano.

Hoy que se celebra el Día del Inventor Mexicano, debemos reconocer que se necesita la colaboración de todos para incentivar el ingenio y talento de todas las personas que se dedican a investigar, inventar, innovar o crear, ya sea en medicina, ciencia, ingeniería, diseño o cualquier otra rama, con el fin de que cuenten con todo lo necesario para seguir desarrollando su labor con éxito para beneficio de nuestro país.

Notas:

1 “17 de febrero día del inventor mexicano”. Secretaría de Economía. http://www.gob.mx/se/articulos/17-de-febrero-dia-del-inventor-mexicano.

2 “Guillermo González Camarena”. UAM. http://www.uam.mx/e_libros/biografias/GONZALEZ.pdf

3 “10 inventos mexicanos el ingenio y creatividad de nuestro país”. Fundación UNAM. http://www.fundacionunam.org.mx/mi-tecnologia/10-inventos-mexicanos/.

4 Luis Ernesto Miramontes, Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Ernesto_Miramontes.

5 Luis Ernesto Miramontes, gran químico mexicano. Explorando México. http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/5/129/.

6 Heberto Castillo, Busca Biografías. http://www.buscabiografias. com/biografia/verDetalle/7016/Heberto%20Castillo.

7 Heberto Castillo. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Heberto_Castillo.

8 10 inventos mexicanos el ingenio y creatividad de nuestro país. Fundación UNAM. http://www.fundacionunam.org.mx/mi-tecnologia/10-inventos-mexicanos/

9 “10 aportaciones de los mexicanos a el mundo”. Sin Embargo. 15 de septiembre de 2012. http://www.sinembargo.mx/15-09-2012/365769

10 10 inventos mexicanos el ingenio y creatividad de nuestro país. Fundación UNAM. 2 de marzo de 2015. http://www.fundacionunam.org.mx/mi-tecnologia/10-inventos-mexicanos/

11 “Políticas públicas para evitar fuga de cerebros”. Milenio. 6 de mayo de 2016. http://www.milenio.com/negocios/Avelino_Hernandez_ Corichi-Coecyt_en_La_Laguna-Politicas_Publicas_Coahuila_0_ 732527087.html

12 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/28/1095377

13 “En la OCDE México es el último lugar en investigación para desarrollo”. Quadratín. 1 de mayo de 2016. https://www.quadratin. com.mx/economia/En-la-OCDE-Mexico-ultimo-lugar-inversion-desarrollo/

14 “México, el 6o. lugar en fuga de cerebros”. El Sol de México.27 de diciembre de 2015. https://elsoldemexico.com.mx/mexico/93099-mexico-6o-lugar-mundial-en-fuga-de-ce rebros

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 15:13 horas): No habiendo más intervenciones en este tema, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 21 de febrero del 2017, a las 11 horas.

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