«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a las Leyes Generales de Salud, y de Educación, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, en representación de los diputados abajo firmantes, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, en ejercicio de las facultades constitucionales que nos otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, con base en la siguiente

El interés superior de la niñez establece que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

No obstante, el Estado mexicano se encuentra obligado mediante instrumentos legales internacionales y nacionales, a establecer políticas públicas que garanticen el pleno cumplimiento del principio de interés superior de la niñez, esto no se ha podido cumplir.

En particular, por lo que hace al cuidado y protección de la salud y la alimentación de la niñez, las acciones emprendidas por el Estado para erradicar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes en este sector de la población, los resultados no han sido suficientes.

Cabe señalar que varios son los factores que permiten el sobrepeso y la obesidad: a) el consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto de azúcar, grasas y sal, como pueden ser los snacks y la comida rápida; b) Alto nivel de ingesta de bebidas azucaradas, y c) la poca o nula actividad física.

No desconocemos las acciones emprendidas por el Ejecutivo federal, como son la instalación de bebederos en las escuelas, el establecimiento de escuelas de tiempo completo, en las que se debe proporcionar alimentación nutritiva, el impulso de actividades deportivas en las escuelas, la regulación sobre la publicidad de alimentos con alto nivel calórico, entre otros.

Por lo que hace al tema de publicidad de los alimentos con bajo valor nutrimental, en todos los medios, como en la televisión, la radio, internet, videojuegos, las escuelas, y en los espacios públicos, en el que utilizan tácticas engañosas, tales como artistas, deportistas, caricaturas, la entrega de regalos o juguetes, para ofertar su producto, la regulación sigue siendo muy laxa.

En ese orden de ideas, un estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el que monitoreo de hasta 134 horas de transmisión de televisión de los cales 2, 5, 7, 13 y Cartoon Network, entre enero y mayo de 2015, arrojó que las telenovelas son el género más popular entre los niños y niñas de 4 a 12 años, destacándose que los productos publicitados durante estos programas son de alto contenido calórico (azucares, sodio y grasas saturadas) y bajo valor nutricional, utilizando herramientas diseñadas para atraer a los niños y adolescentes.

Dentro de los productos que más se publicitan son: Tía Rosa Mantecadas, Danone Mix, Marinela Gansito, Bud Light, Sabritas Doritos, Cereales Kellogg´s, Pepsi Mega Litro, Emperador Chocolate, Dominos Extra Queso, Carlos V, Snikers, Sabritas Rufles, Domino´s Pizzas Hawaianisimas, KFC y Danonino.

Razón por la cual, resulta necesario legislar al respecto, es decir, es importante llevar acciones que impidan realizar a las empresas llevar a cabo publicidad engañosa, que resulta a todas luces perjudicial para las y los niños que son un flanco demasiado vulnerable.

Por otro lado, hablar sobre la obesidad y sobrepeso en México, no es un tema menor, es un tema primordial, debido a que el Estado mexicano se encuentra obligado por el artículo 4o. constitucional a garantizar el derecho a una alimentación nutritiva y a garantizar el derecho a la protección de la salud:

“Artículo 4o...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”

De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), establece en su Meta Nacional II. “México Incluyente”, Objetivo 2.2. “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, Estrategia 2.2.2 “Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa de ciclo de vida de la población”, por lo que dentro de sus líneas de acción señala la relativa a promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

En congruencia con lo anterior, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, señala en su capítulo III. “Objetivos, estrategias y líneas de acción”, Objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población”, por lo que establece en su Estrategia 1.7. “Fomentar la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral”, y como línea de acción la de impulsar la participación de las autoridades educativas estatales y de las escuelas en las campañas para una alimentación sana y contra la obesidad.

En ese orden de ideas, el Ejecutivo federal, emitió el 16 de mayo de 2014, el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a los que deberán sujetarse el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de todas escuelas, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determina la Secretaría de Salud.

Dichas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental.

El acuerdo en su artículo decimoctavo establece que “Queda prohíba la preparación, expendió y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que, por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales y en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo”.

No obstante, el acuerdo se encuentra vigente y, por ende, es de observancia general y obligatoria, ha quedado demostrado que en seis de cada diez escuelas públicas y privadas, de nivel preescolar, primaria y secundaria, se sigue vendiendo comida chatarra, esto de acuerdo a la página mi escuela saludable.org, de la que se desprende que de 893 reportes recibidos de 733 escuelas ubicadas en las 32 entidades federativas, no se llevan a cabo dichas acciones. En razón de que:

• 72.1 por ciento se venden refrescos (no light)

• 94 por ciento se vende comida chatarra de lunes a jueves

• 72.1 por ciento no se venden frutas ni verduras

• 94.1 por ciento no hay Comité que vigile la prohibición de la venta de comida chatarra

• 44.9 por ciento hay bebederos de agua.

Si bien la muestra es muy pequeña, en cuanto al número total de escuelas públicas o privadas del país, los datos son los preocupantes, en ellos se puede observar que la venta de comida chatarra y que no se hayan instalado los comités son los más altos, seguido de la venta de refrescos y que no se vendan frutas ni verdura; finalmente, sólo en 44.9 por ciento de escuelas reportadas cuentan con bebederos, situación que a todas luces resulta violatorio del artículo decimoctavo del acuerdo antes mencionado.

Por otro lado, es importante mencionar que existen más de 4 millones de niños que sufren de sobrepeso y obesidad. Se dice que 1 de cada 5 niños tiene problemas de sobrepeso, alcanzando el cuarto lugar en obesidad infantil.

Dentro de las consecuencias asociadas a la obesidad encontramos: cáncer de seno, cáncer de colon, cirrosis, crecimiento del hígado, gastritis, gota, reflujo gastroesofágico, diabetes mellitus, depresión, trastornos de discos cervicales, ansiedad, hipertensión, infertilidad, trastornos en rodillas y osteoartritis, con lo cual se ha convertido en un problema de salud pública, que de no atenderlo o prevenirlo a tiempo generará una carga presupuestal muy alta.

La Secretaría de Salud informó que México es líder mundial en obesidad infantil, debido a que registró de enero a noviembre de 2014, un total de 35 mil 157 nuevos casos de obesidad entre niños de 1 a 4 años y 15 mil 626 nuevos casos entre jóvenes de 15 a 19 años. Asimismo señala la Coordinadora del Protocolo de Obesidad Bariátrica e Infantil del Hospital Infantil de México que en nuestro país, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso u obesidad.

Debemos estar convencidos de que el problema que representa esta enfermedad, no sólo es responsabilidad del Estado, sino también es responsabilidad de la sociedad, por lo que las acciones que se emprendan deben impulsarse desde muchas trincheras.

Razón por la cual es importante llevar a cabo reformas con el fin de establecer mecanismos de control que permitan dar debido cumplimiento a las obligaciones de garantizar el derecho a la salud y a la alimentación nutritiva.

Por lo antes expuesto, y con base en las facultades que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reforman los artículos 301, segundo párrafo; 307, primer y tercer párrafos, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 210 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 210. Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

De igual forma los alimentos y bebidas no alcohólicas, no deberán contener juguetes o regalos, ni podrán participar niños o adolescentes, personajes famosos o caricaturas.

Artículo 301. ...

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética o que contengan juguetes o regalos en su interior o contener publicidad engañosa, dentro de los centros escolares y en los espacios públicos.

Artículo 307. Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá incluir juguetes o regalos, publicidad engañosa, asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.

...

La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine, televisión, internet, videojuegos y espacios públicos, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 7, fracción IX; 33 último párrafo; y se adicionan los artículos 14, con una fracción XII Sextus; 57 con una fracción V; 65, con las fracciones XII y XIII; 66, fracción V, y 67 con las fracciones V y VI de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición, que tenga como objetivo principal impulsar el consumo de alimentos y bebidas que favorezcan la salud, y estimular la educación física y la práctica del deporte;

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XII.

XII Quintus. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo;

XII Sextus. Promover acciones que prohíban el consumo de alimentos y bebidas que representen una fuente de azucares simples, harinas refinadas, grasas o sodio que afecten la salud, y

XIII. ...

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XVII. ...

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y nutricionales, y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55;

V. Promover acciones que prohíban el consumo de alimentos y bebidas que representen una fuente de azucares simples, harinas refinadas, grasas o sodio que afecten la salud;

VI. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. a X. ...

XI. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución;

XII. Conocer y opinar sobre las acciones relacionadas con el expendio y distribución de alimentos y bebidas que se consuman en las escuelas;

XIII. Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, por la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, que representen una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio que no favorezcan la salud y la pongan en peligro;

XIV. Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los términos establecidos en el artículo 14, fracción XII Quintus, sobre el desempeño de docentes, directores, supervisores y asesores técnico pedagógicos de sus hijos o pupilos menores de edad y sobre las condiciones de la escuela a la que asisten.

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. a IV.

VI. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios;

V. Participar en el desarrollo de las acciones relacionadas con la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, y

VI. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos.

Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

IV. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores;

V. Impulsar acciones que inhiban el consumo de alimentos y bebidas de alto nivel calorífico;

VI. Supervisar y vigilar que las escuelas cuenten con agua potable, infraestructura y equipamiento que permita brindar con higiene y seguridad en la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas, y

VII. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos.

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 4, párrafo nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pág. 8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

2 Botanas y bocadillos procesados.

3 Plan de Acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. Organización Panamericana de la Salud, Organizaciones de las Naciones Unidas, pág. 8. file:///C:/Users/usuario%202/Downloads/PlanOfActionChildObesity-Spa.pdf

4 http://alimentosescolares.insp.mx/docs/AcuerdoLineamientosAlimentosYBebidasEnEs cuelas.pdf

5 Información de reportes generados en el periodo del 6 de agosto 2015 al día de hoy, correspondientes al ciclo escolar 2015-2016

6 De acuerdo a un artículo publicado por Daniela Barragán, en sinembargo.mx, señala que “Las enfermedades crónicas, derivadas del sobrepeso y la obesidad, son las que absorben la mayor cantidad de los recursos que México destina al sector de la salud pública: alrededor de 80 mil millones de pesos anuales. Esta cifra coloca al país como el segundo a nivel mundial que más presupuesto da a la atención de estos padecimientos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que en los próximos 10 años, la atención de diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y otras enfermedades le costará a México 150 mil millones de pesos”.

7 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adultos-y-nino s/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Laura Valeria Guzmán Vázquez,Alberto Silva Ramos, Alfredo Bejos Nicolás, Arlet Mólgora Glover, Beatriz Vélez Núñez, Benjamín Medrano Quezada, Carmen Salinas Lozano, Edith Anabel Alvarado Varela, Efraín Arellano Núñez, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelio Plata Inzunza, Evelyng Soraya Flores Carranza, Fabiola Guerrero Aguilar, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Perada, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Francisco Javier Santillán Oceguera, Genoveva Huerta Villegas, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Hugo Daniel Gaeta Esparza, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jesús Antonio López Rodríguez, José Hugo Cabrera Ruiz, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Laura Mitzi Barrientos Cano, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Lorena del Carmen Alfaro García, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Miguel Ángel Sulub Caamal, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Nora Liliana Oropeza Olguín, Olga María Esquivel Hernández, Rafael Yerena Zambrano. Ramón Bañales Arambula, Ricardo David García Portilla, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Susana Corella Platt, Timoteo Villa Ramírez, Xitlalic Ceja García, Yahleel Abdala Carmona, Yaret Adriana Guevara Jiménez (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Protección a Periodistas; y reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Brenda Velázquez Valdez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección a Periodistas, reforma la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y reforma diversas disposiciones en materia de derecho a la información y libertad de expresión, al tenor de la siguiente

México se ubica como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo, según el Informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en el periodo de enero de 2000 al 31 de octubre de 2015, se tienen registrados 103 homicidios contra periodistas.

De acuerdo con la Fiscalía, si se observa el registro de homicidios por entidad federativa durante el periodo de enero de 2000 al 15 de octubre de 2015, Chihuahua y Veracruz son los Estados que registran más homicidios con 16 cada uno seguidos por Tamaulipas con 13 y Guerrero con 11. Asimismo, se observa que los Estados de Baja California, Chiapas, Morelos, Quintana Roo y Tabasco, son los que menos homicidios presentan al menos con uno cada uno.

La Fiscalía señala que en el registro de homicidios de periodistas por región en el periodo 2000 a octubre de 2015, la región Sureste es la que más homicidios contempla con 36 y la que menos es la región occidente con 6, sin embargo, lo anterior se explica dado que en la zona sureste se ubican dos de los Estados que han presentado un alto índice de homicidios en contra de periodistas, Veracruz que cuenta con 16 y Guerrero que registra 11 homicidios.

Además de los homicidios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte de otros ilícitos que constituyen mecanismos de censura, de 2005 a 2015 ha registrado la desaparición de 20 periodistas y 48 atentados en contra de medios de comunicación.

En la presentación del informe anual de la CNDH ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el pasado 25 de enero de 2017, su presidente expuso que se tienen 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas.

En ese sentido, la organización Artículo 19 considera que los casos de desaparición son representativos de la impunidad y la falta de acceso a la justicia. Esta organización en su tercer informe trimestral de 2016 reporta un total de 10 asesinatos a periodistas de enero a septiembre de 2016, prácticamente un homicidio cada mes.

A través de la Recomendación General 24, publicada en febrero de 2016, la CNDH hace un llamado enérgico a la federación y a las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación, donde asegura que de esta manera, no sólo se estará garantizando al gremio periodístico el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, sino que también se estará contribuyendo a la consolidación de una sociedad democrática, participativa y tolerante.

A las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se suman las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia de 2013.

Una de las propuestas hechas por la Relatoría para prevenir las agresiones consiste en que las autoridades reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, además de condenar enérgicamente las agresiones contra los periodistas, así como brindar capacitación a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática.

Como podemos observar, según los datos antes mencionados, la violencia contra periodistas y medios de comunicación se ha venido incrementando en nuestro país, las agresiones reportadas se han producido en buena medida en el interior de la República, es por ello que se vuelve fundamental la creación de una Ley General de observancia y aplicación a nivel nacional.

Atendiendo al principio de progresividad, esta nueva Ley pretende establecer las bases para la creación de un andamiaje legal e institucional en los Estados de la Federación para la protección y defensa del derecho a la información, los derechos digitales y la libertad de expresión, por medio de una distribución de competencias orientada a hacer viable la exigibilidad de esos derechos.

Esta iniciativa también tiene como objetivo actualizar y armonizar términos y conceptos de acuerdo con los estándares internacionales y garantizar la libertad de expresión en medios electrónicos y redes sociales, así como una corrección amplia de técnica legislativa, principio fundamental para la seguridad jurídica.

Adicionalmente, la presente iniciativa recoge las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por medio de la Relatoría Especial para la libertad de expresión para que los Estados asuman su deber de proteger a los periodistas y medios de comunicación con base en estándares internacionales relacionados con la protección de la libertad de expresión.

Señala la Relatoría que es deber de los Estados sancionar la violencia contra los periodistas ello implica que para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcionada al daño cometido que suponga la imposición de penas más severas por esos delitos.

Esta nueva Ley contiene la actualización del concepto de periodista dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 84/2015 interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incorpora también el concepto de Colaborador periodístico.

Prevé la creación de una Alerta con la finalidad de evitar agresiones potenciales a los periodistas y colaboradores periodísticos, en atención a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y siguiendo el principio de máxima publicidad.

Incorpora un Título que contiene las medidas para garantizar el derecho a la información en virtud del derecho al secreto profesional. El Artículo 6 constitucional señala que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

El derecho a la información aparece por vez primera en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

El derecho al secreto profesional se define según el Consejo de Europa de 1974 como “el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información, a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales”.

En relación con los derechos digitales, uno de los conceptos de vanguardia contenidos en esta nueva Ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha reconocido que Internet encierra un enorme potencial para el desarrollo, suministra un volumen sin precedentes de recursos para la información y el conocimiento y abre nuevas oportunidades de expresión y participación.

La UNESCO señala que el principio de la libertad de expresión no se debe aplicar únicamente a los medios de comunicación tradicionales, sino también a Internet y todos los tipos de plataformas de comunicación de reciente aparición que seguramente contribuirán al desarrollo, la democracia y el diálogo, es por ello que esa Organización asume su responsabilidad de promover la libertad de expresión en Internet y la ha incorporado en su Programa Ordinario.

Esta nueva Ley recoge lo señalado en la Declaración de Naciones Unidas que establece que los Estados tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para poder ejercer el derecho de defender los derechos humanos, incluyendo la función periodística.

En virtud de lo anterior, pone en marcha el Mecanismo de Protección a Periodistas, así como los mecanismos de protección en las entidades federativas quienes finalmente son en la mayoría de los casos la primera autoridad a la que acude una víctima de agresiones.

La creación de los mecanismos de protección locales, atiende las recomendaciones de la CNDH de promover que las legislaturas de las entidades que no cuenten aún con legislación en materia de protección a periodistas, las leyes necesarias para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo con motivo del ejercicio de su profesión; legislación que deberá considerar la implementación y operación de Mecanismos de Protección en favor de los periodistas.

Así como la recomendación de capacitar en materia de derechos humanos y libertad de expresión al personal de las entidades federativas y municipios que por su función pudiera tener contacto constante con periodistas o comunicadores, a efecto de garantizar que sus actuaciones respeten los derechos de los periodistas en el ejercicio de su profesión y promover la incorporación de preceptos en materia de protección a periodistas en los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas correspondientes.

De igual forma, la recomendación de generar un reporte semestral respecto del monitoreo nacional de las agresiones que sufren los periodistas, comunicadores y medios de comunicación, identificando a través de un semáforo de riesgo aquellas entidades con mayor incidencia, así como el tipo de agresiones más recurrentes en esos estados.

Por medio del presente decreto se eliminan las disposiciones legales que tipifican los delitos contra quien realice actos tendientes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública, o figuras similares, así como los delitos contra el honor.

Lo anterior para lograr una armonización en los ordenamientos legales en el país y atender la recomendación de la CNDH de promover las adiciones y reformas necesarias ante las respectivas legislaturas que a la fecha no lo hayan hecho, a efecto de que los delitos de injurias, difamación y calumnia sean despenalizados, para que en su caso se prevea en la legislación civil las acciones a seguir cuando se cause un daño.

En este sentido ha sentado precedente el Artículo 398 bis del código penal del estado de Chiapas al ser declarado inconstitucional por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión del 7 de julio de 2014, como resultado de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2013. Es importante recordar que esta norma penal introducida en la ley de aquel Estado pretendía castigar hasta con 15 años de cárcel la búsqueda y difusión de información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad.

En esa ocasión, la Corte fue clara al referir que la norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico. Al criminalizar la búsqueda de toda información relativa a la seguridad pública y a la procuración de justicia, es claro que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que la norma termina teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.

En cuanto a la reforma que se propone al Artículo 11 párrafo I inciso c) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se trata de una armonización de términos, la única modificación consiste en actualizar el número de artículo y nombre del ordenamiento, lo anterior obedece a la promulgación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

En relación con la reforma propuesta al Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo referente a la facultad de atracción, es importante señalar algunos datos.

Durante el tercer trimestre de 2016, Pedro Tamayo, reportero de Tierra Blanca, Veracruz; Agustín Pavia, locutor de Huajuapan, Oaxaca; y Aurelio Cabrera, reportero y director de un medio de Huachinango, Puebla, fueron asesinados. En ninguno de estos 3 casos documentados durante este año, la Fiscalía Especial ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de los periodistas.

La omisión de las autoridades judiciales para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales en estos casos, envía un mensaje de permisibilidad de la violencia extrema, así como de desprecio hacia la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a la información plural.

La CNDH, a través de la Recomendación General 24, exhorta a ejercer, en el caso de la Procuraduría General de la República, la facultad de atracción que le fue conferida para conocer y perseguir los casos de delitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación con base en criterios normativos existentes que faciliten al representante social de la federación la atracción de delitos del fuero común en beneficio de las víctimas.

Esta facultad es conferida por la Constitución en el Artículo 73 fracción XXI, segundo párrafo del inciso c), que otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, y al respecto señala que: “Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.

Por lo anterior y por ser una petición que no sólo se ha hecho escuchar de manera institucional, sino que también ha sido un reclamo de las organizaciones sociales que representan al gremio, así como de periodistas que han sido víctimas de agresiones, es deber de esta Cámara de Diputados actuar con sensibilidad y realzar este cambio en la legislación para garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita mediante una autoridad especializada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Artículo Primero. Se expide la Ley General de Protección a Periodistas.

Ley General de Protección a Periodistas

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. Proteger, promover y garantizar los derechos humanos para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas Urgentes de Protección y la Alerta de Riesgo que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión, el periodismo y el derecho a la información;

II. Proteger, promover y garantizar de los derechos digitales, el derecho a la información y a la libertad de expresión en el contexto de las tecnologías digitales.

Artículo 2.Son principios rectores de la presente Ley: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, los derechos digitales, y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional que vean afectado o menoscabado su derecho a la información, a la libertad de expresión y sus derechos digitales.

Artículo 4. En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria las disposiciones de la Ley General de Víctimas, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 5.Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:

I. Periodista: Toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente. Las personas físicas, cuyo trabajo consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, que acrediten experiencia o estudios o en su caso título para ejercer el periodismo;

II. Colaborador periodístico: Toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad principal o complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que se requiera registro gremial, remuneración o acreditación alguna para su ejercicio;

III. Libertad de expresión: El derecho de toda persona difundir y publicar por cualquier medio digital o impreso ideas y opiniones, y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas, sin importar su raza, género, orientación sexual, o por cualquier otro motivo;

IV. Derecho a la información: El derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión;

V. Derechos digitales: El derecho a la información y a la libertad de expresión en el contexto del uso de una computadora, dispositivo móvil, redes sociales e internet, y en general de las tecnologías digitales;

VI. Ley: Ley General de Protección a Periodistas;

VII. Mecanismo: Mecanismo para la Protección de Periodistas;

VIII. Mecanismo Estatal o Local: Mecanismo Estatal para la Protección de Periodistas;

IX. Agresiones: Daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran los Periodistas y Colaboradores periodísticos;

X. Beneficiario: Persona a la que se le otorgan las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección a que se refiere esta Ley;

XI. Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo y Medidas Urgentes de Protección en los casos en los que la vida o integridad física del peticionario o potencial beneficiario estén en peligro inminente;

XII. Estudio de Evaluación de Riesgo: Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo en que se encuentra el peticionario o potencial beneficiario;

XIII. Fondo: Fondo para la Protección a Periodistas;

XIV. La Coordinación: Coordinación Ejecutiva Nacional;

XV. Medidas de Prevención: Conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Periodistas y Colaboradores periodísticos, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición;

XVI. Medidas Preventivas: Conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la consumación de las agresiones;

XVII. Medidas de Protección: Conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del beneficiario;

XVIII. Medidas Urgentes de Protección: Conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario;

XIX. Peticionario: Persona que solicita Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección ante el Mecanismo;

XX. Procedimiento Extraordinario: Procedimiento que deriva en Medidas Urgentes de Protección con el fin de preservar la vida e integridad del beneficiario;

XXI. Alerta de Riesgo: Es el instrumento de difusión que con base en la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de Gobierno, emite un aviso de emergencia con información referente a posibles Agresiones contra Periodistas y Colaboradores periodísticos;

XXII. Secreto profesional: Es el derecho de los Periodistas y los Colaboradores periodísticos de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información.

Artículo 6.Los tipos de violencia contra algún Periodista o Colaborador periodístico que dolosamente afecten, limiten o menoscaben su derecho a la información de la libertad de expresión o sus derechos digitales incluyen:

I. Amenazas;

II. Intimidación;

III. Lesiones;

IV. Secuestro;

V. Detención ilegal;

VI. Robo;

VII. Homicidio.

Artículo 7.El Mecanismo de Protección para Periodistas y Colaboradores periodísticos para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar sus derechos para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo, el derecho a la información, los derechos digitales y de la libertad de expresión.

Artículo 8.El Mecanismo estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional y será operado por la Secretaría de Gobernación.

Artículo 9. La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación.

Artículo 10.Las resoluciones que emita la Junta de Gobierno serán obligatorias para las autoridades federales, cuya intervención sea necesaria para satisfacer Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección previstas en esta Ley.

Artículo 11. La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:

I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;

II. Un representante de la Procuraduría General de la República;

III. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

V. Cinco representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.

Artículo 12.Los cuatro representantes del Poder Ejecutivo Federal deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de Visitador o sus equivalentes.

Artículo 13.El representante de la Secretaría de Gobernación presidirá la Junta de Gobierno y en aquellos casos en que no sea posible su presencia se elegirá un presidente sustituto para esa única ocasión de entre los miembros permanentes.

Artículo 14.La Junta de Gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz, a:

I. Un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

II. Un representante del Poder Judicial de la Federación;

III. Tres senadores representantes de las primeras fuerzas políticas en la Cámara de Senadores;

IV. Tres diputados federales representantes de las primeras fuerzas políticas de la Cámara de Diputados.

Artículo 15. La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente una vez al mes hasta agotar todos los temas programados para esa sesión y deberá contar con un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones serán tomadas mediante un proceso deliberativo, transparente y por mayoría de votos.

Artículo 16.La Junta de Gobierno contará con las siguientes atribuciones:

I. Determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación;

II. Evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Urgentes de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación;

III. Aprobar los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección elaborados por la Coordinación;

IV. Convocar al peticionario o beneficiario de las Medidas de Protección, a las sesiones donde se decidirá sobre su caso;

V. Invitar a las personas o autoridades que juzgue conveniente, con el consentimiento del peticionario o beneficiario a las sesiones donde se discuta su caso;

VI. Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, los Mecanismos de protección en las entidades federativas, órganos públicos u organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los Periodistas y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo;

VII. Revisar y aprobar el plan anual de trabajo elaborado por la Coordinación;

VIII. Resolver las inconformidades a que se refiere el Capítulo X del Título Segundo de esta Ley;

IX. Presentar públicamente y ante la Cámara de Diputados, informes semestrales sobre la situación nacional en materia de seguridad de los Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación, con datos desagregados por entidad federativa y con perspectiva de género;

X. Proponer e impulsar, a través de la Coordinación, políticas públicas y reformas legislativas relacionadas con el objeto de esta Ley;

XI. Emitir las convocatorias públicas correspondientes a solicitud del Consejo Consultivo para la elección de sus miembros;

XII. Solicitar al Consejo Consultivo su opinión o asesoría en todo lo relativo al objeto de esta Ley;

XIII. Conocer las recomendaciones del Consejo Consultivo sobre los programas y actividades que realicen la Coordinación y, fundamentar y motivar su decisión;

XIV. Recibir y difundir el informe anual de actividades del Consejo Consultivo;

XV. Aprobar el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal de la Coordinación;

XVI. Aprobar los perfiles para la designación de los integrantes de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, de la Unidad de Evaluación de Riesgo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Evaluación;

XVII. Aprobar las reglas de operación y el presupuesto operativo del Fondo en lo relativo a protección de Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación;

XVIII. Activar la Alerta de Riesgo en los términos del Capítulo VIII de esta Ley.

Artículo 17. El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeros, uno de ellos será el presidente por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo Consejo.

Artículo 18.En ausencia del presidente, el Consejo elegirá a un presidente interino por el tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine el periodo.

Artículo 19.En la integración del Consejo se buscará personas expertas en ejercicio del periodismo, el derecho a la información, los derechos digitales y la libertad de expresión.

Artículo 20. Por cada consejero habrá un suplente. La suplencia sólo procederá en caso de ausencia definitiva del titular y en los casos previstos en la guía de procedimientos del Consejo Consultivo.

Artículo 21. Los consejeros deberán tener experiencia o conocimiento en el ejercicio del periodismo o derechos digitales o conocimiento en evaluación de riesgos y protección de Periodistas y Colaboradores periodísticos, y no deberá desempeñar ningún cargo como servidor público.

Artículo 22. El Consejo Consultivo elegirá a sus miembros a través de una convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno.

Artículo 23. Los consejeros nombrarán de entre sus miembros a cinco de ellos para formar parte de la Junta de Gobierno.

Artículo 24. Los consejeros no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por su participación tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo, ya que su carácter es honorífico.

Artículo 25. Los consejeros se mantendrán en su encargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.

Artículo 26.El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno;

II. Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones sobre los programas y actividades que realice la Coordinación;

III. Colaborar con la Coordinación en el diseño de su plan anual de trabajo;

IV. Remitir a la Junta de Gobierno inconformidades presentadas por peticionarios o beneficiarios sobre implementación de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección;

V. Comisionar Estudios de Evaluación de Riesgo independiente solicitados por la Junta de Gobierno para resolver las inconformidades presentadas;

VI. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;

VII. Participar en eventos nacionales o internacionales para intercambiar experiencias e información sobre temas relacionados con la prevención y protección de Periodistas y Colaboradores periodísticos;

VIII. Realizar labores de difusión acerca de la operación del Mecanismo y de cómo solicitar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección;

IX. Presentar ante la Junta de Gobierno su informe semestral de actividades;

X. Elaborar y aprobar la guía de procedimientos del Consejo.

Artículo 27. La Coordinación es el órgano responsable de coordinar con los Mecanismos de protección en las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos el funcionamiento del Mecanismo y estará integrada por los representantes de:

I. La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida;

II. La Unidad de Evaluación de Riesgos;

III. La Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.

Artículo 28.Un servidor público de la Secretaría de Gobernación, con rango inmediato inferior a Subsecretario o equivalente, fungirá como Coordinador Ejecutivo Nacional.

Artículo 29. La Coordinación contará con las siguientes atribuciones:

I. Recibir y compilar la información generada por las Unidades a su cargo y remitirla a la Junta de Gobierno con al menos cinco días naturales previo a su reunión;

II. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno a las autoridades encargadas de su ejecución;

III. Administrar los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de esta Ley;

IV. Proveer a la Junta de Gobierno y al Consejo Consultivo los recursos para el desempeño de sus funciones;

V. Elaborar y proponer, para su aprobación a la Junta de Gobierno, los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección;

VI. Facilitar y promover protocolos, manuales y en general instrumentos que contengan las mejores prácticas disponibles para el cumplimiento del objeto de esta Ley a entidades federativas, dependencias de la administración pública federal y organismos autónomos;

VII. Instrumentar los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección;

VIII. Diseñar, con la colaboración del Consejo Consultivo, su plan anual de trabajo;

IX. Celebrar los acuerdos específicos necesarios para el cumplimiento de los fines del Mecanismo;

X. Dar seguimiento e implementar las decisiones de la Junta de Gobierno;

XI. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno su informe semestral de actividades incluyendo su ejercicio presupuestal.

Artículo 30. La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida es un órgano técnico y auxiliar de la Coordinación para la recepción de las solicitudes de incorporación al Mecanismo, la definición de aquellos casos que serán atendidos por medio del procedimiento extraordinario definido en esta Ley y contará con las siguientes atribuciones:

I. Recibir las solicitudes de incorporación al Mecanismo;

II. Definir si los casos que se reciben son de procedimiento extraordinario u ordinario;

III. Solicitar a la Unidad de Evaluación de Riesgos la elaboración del Estudio de Evaluación de Riesgo;

IV. Realizar el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata;

V. Emitir e implementar de manera inmediata las Medidas Urgentes de Protección;

VI. Informar a la Coordinación sobre las Medidas Urgentes de Protección implementadas;

VII. Elaborar, evaluar y actualizar periódicamente el protocolo para la implementación de Medidas Urgentes de Protección;

VIII. Auxiliar al peticionario o beneficiario en la presentación de quejas o denuncias ante las autoridades correspondientes, y

IX.Las demás que prevea esta Ley.

Artículo 31. La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección:

I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;

II. Un representante de la Procuraduría General de la República, todos con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección;

III. Dos expertos en el ejercicio del periodismo y libertad de expresión;

Artículo 32. La Unidad de Evaluación de Riesgos es el órgano auxiliar, de carácter técnico y científico de la Coordinación que evalúa los riesgos, define las Medidas Preventivas o de Protección, así como su temporalidad y contará con las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;

II. Definir las Medidas Preventivas o las Medidas de Protección;

III. Dar seguimiento periódico a la implementación de las Medidas Preventivas o de Protección para, posteriormente, recomendar su continuidad, adecuación o conclusión, y

IV. Las demás que prevea esta Ley.

Artículo 33.La Unidad de Evaluación de Riesgos se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección, al menos dos de ellas deberá serlo en el ejercicio del periodismo y libertad de expresión.

Artículo 34. La Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis es un órgano auxiliar de carácter técnico y científico de La Coordinación y contará con las siguientes atribuciones:

I. Proponer Medidas de Prevención;

II. Realizar el monitoreo nacional de las Agresiones con el objeto de recopilar, sistematizar la información desagregada en una base de datos y elaborar reportes mensuales;

III. Identificar los patrones de Agresiones y elaborar mapas de riesgos;

IV. Evaluar la eficacia de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección implementadas, y

V. Las demás que prevea esta Ley.

Artículo 35.Las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de:

I.Periodista o Colaborador periodístico;

II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de los Periodistas y Colaboradores periodísticos;

III. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización, o movimiento social;

IV. Personas que utilizan medios digitales para recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información;

V. Los bienes de la persona, el grupo, organización, o movimiento social, y

VI. Las demás personas que se determine en la evaluación de riesgo.

Artículo 36. La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida recibirá las solicitudes de incorporación al Mecanismo, verificará que cumplan con los requisitos previstos en esta Ley, y en su caso, determinará el tipo de procedimiento.

Artículo 37.La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida solamente dará trámite a las solicitudes que cuenten con el consentimiento del potencial beneficiario, salvo que éste se encuentre impedido por causa grave, una vez que desaparezca el impedimento, el beneficiario deberá otorgar su consentimiento.

Artículo 38. En el supuesto que el peticionario declare que su vida, integridad física o la de los señalados en el Artículo 35 de esta Ley está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario. La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida procederá a:

I. Emitir, en un plazo no mayor a tres horas contadas a partir del ingreso de la solicitud, las Medidas Urgentes de Protección;

II. Implementar de manera inmediata, una vez emitidas, y en un plazo no mayor a seis horas, las Medidas Urgentes de Protección;

III. Realizar simultáneamente a la emisión de las Medidas Urgentes de Protección, un Estudio de Evaluación de Acción Inmediata;

IV. Informar al Coordinador Ejecutivo, una vez emitidas, sobre las Medidas Urgentes de Protección implementadas;

V. Remitir a la Unidad de Evaluación de Riesgo el expediente del caso para el inicio del procedimiento ordinario.

Artículo 39. En cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del procedimiento ordinario y la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida la remitirá inmediatamente a su recepción a la Unidad de Evaluación de Riesgos.

Artículo 40.La Unidad de Evaluación de Riesgos, en un término de tres días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, procederá a:

I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;

II. Determinar el nivel de riesgo y Beneficiarios;

III. Definir las Medidas de Protección.

Artículo 41. El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata se realizarán de conformidad con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas.

Artículo 42. Una vez definidas las medidas por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgos, la Junta de Gobierno decretará las Medidas Preventivas o Medidas de Protección y la Coordinación procederá a:

I. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno a las autoridades correspondientes en un plazo no mayor a setenta y dos horas;

II. Coadyuvar en la implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de Protección decretadas por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor a treinta días naturales;

III. Dar seguimiento al estado de implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de Protección e informar a la Junta de Gobierno sobre sus avances.

Artículo 43. Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas.

Artículo 44.En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.

Artículo 45. Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección se deberán extender a aquellas personas que determine el Estudio de Evaluación de Riesgo o el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata.

Artículo 46.Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de común acuerdo con los beneficiarios.

Artículo 47.Las Medidas Urgentes de Protección incluyen:

I. Evacuación;

II. Reubicación Temporal;

III. Protección de inmuebles;

IV. Las demás que la Junta de Gobierno considere.

Artículo 48. Las Medidas de Protección incluyen:

I. Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona;

II. Detector de metales;

III. Las demás que la Junta de Gobierno considere.

Artículo 49. Las Medidas Preventivas incluyen:

I. Instructivos;

II. Manuales;

III. Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos;

IV. Acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodistas;

V. Las demás que la Junta de Gobierno considere.

Artículo 50. Las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección estarán sujetas a evaluación periódica por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgo.

Artículo 51.Se considera que existe uso indebido de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección por parte del beneficiario cuando:

I. Abandone, evada o impida las medidas;

II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por las unidades del Mecanismo;

III. Comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas;

IV. Las demás que la Junta de Gobierno considere.

Artículo 52. Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección podrán ser retiradas por decisión de la Junta de Gobierno cuando el beneficiario realice un uso indebido de las mismas.

Artículo 53.El beneficiario podrá en todo momento acudir ante la Junta de Gobierno para solicitar una revisión de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección, Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de Evaluación de Acción Inmediata.

Artículo 54. Las Medidas Preventivas y Medidas de Protección otorgadas podrán ser ampliadas o disminuidas como resultado de las revisiones periódicas.

Artículo 55. El beneficiario se podrá separar del Mecanismo en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno.

Artículo 56.Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación.

Artículo 57.La Alerta de Riesgo emitirá un aviso de manera instantánea, una vez que se reciba la información necesaria referente a posibles Agresiones contra Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación.

Artículo 58.La Alerta de Riesgo contará con un portal de internet en el que se publicarán los avisos a los que se refiere el Artículo anterior.

Artículo 59. Se pondrá a disposición de los Periodistas, Colaboradores periodísticos, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, un número telefónico gratuito, un portal de internet y demás medios electrónicos con el fin de solicitar la activación de la Alerta de Riesgo.

Artículo 60. Para la activación de la Alerta de Riesgo es necesario:

I. Que exista información suficiente del Periodista, Colaborador periodístico o medio de comunicación y las circunstancias de los hechos;

II. Que se encuentre en inminente peligro de daño, en términos del Artículo 1 de esta Ley.

Artículo 61. Para la desactivación de la Alerta de Riesgo:

I. Que el Periodista, Colaborador periodístico o medio de comunicación afectado así lo solicite;

II. Que el Periodista, Colaborador periodístico o medio de comunicación sea protegido mediante el Mecanismo o un Mecanismo Local;

III. Que se inicie procedimiento judicial o administrativo.

Artículo 62. Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se crea el Fondo para la Protección a Periodistas.

Artículo 63.Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección, la Alerta de Riesgo y la realización de los demás actos que establezca la Ley para la implementación del Mecanismo y los Mecanismos estatales.

Artículo 64.El Fondo operará a través de un fideicomiso público, el cual se regirá por las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 65.Los recursos del Fondo se integrarán por:

I. Los recursos anuales que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y otros fondos públicos;

II. Los donativos que hicieren a su favor personas físicas o morales sin que por ello adquieran algún derecho en el fideicomiso;

III. Los bienes que le transfiera a título gratuito el gobierno federal o las entidades federativas, y

IV. Los demás bienes que por cualquier título legal adquiera el fideicomiso para o como consecuencia del cumplimiento de sus fines.

Artículo 66.El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de Gobernación e integrado por un representante de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 67.El Fondo tendrá un órgano de vigilancia integrado por un comisario público y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del comité técnico y tendrán las atribuciones que les confiere la Ley.

Artículo 68.El Comité Técnico del Fondo someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno sus reglas de operación y su presupuesto operativo.

Artículo 69. Se establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de los Mecanismos estatales, misma que se otorgará de manera excepcional, condicionada al cumplimiento de compromisos de resultados y cumplimentación de recomendaciones, sujetos a la evaluación de la Junta de Gobierno del Mecanismo.

Artículo 70. La inconformidad se presentará por escrito, debidamente firmada, ante la Junta de Gobierno y deberá contener una descripción concreta de los agravios que se generan al peticionario o beneficiario y las pruebas con que se cuente.

Artículo 71. La inconformidad procede en:

I. Contra resoluciones de la Junta de Gobierno, la Coordinación y las unidades respectivas relacionadas con la imposición o negación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección;

II. Contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección por parte la autoridad;

III. Caso de que la autoridad no acepte, de manera expresa o tácita, las decisiones de la Junta de Gobierno relacionadas con las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección otorgadas al beneficiario.

Artículo 72. Para que la Junta de Gobierno admita la inconformidad se requiere:

I. Que lo suscriba la persona o personas que hayan tenido el carácter peticionario o beneficiario;

II. Que se presente en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno o de la respectiva autoridad, o de que el peticionario o beneficiario hubiese tenido noticia sobre la resolución definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección.

Artículo 73. Para resolver la inconformidad:

I. La Junta de Gobierno, a través del Coordinador Ejecutivo Nacional, solicitará a la Unidad de Evaluación de Riesgos y Reacción Rápida un nuevo estudio de evaluación de riesgo en el cual de respuesta a la inconformidad planteada;

II. Si la inconformidad persiste, la Junta de Gobierno, a través del Coordinador Ejecutivo Nacional, solicitará al Consejo Consultivo que comisione un Estudio de Evaluación de Riesgo independiente para el análisis del caso;

III. El Consejo emitirá su resolución en un plazo máximo de quince días naturales después de recibidos los resultados del Estudio de Evaluación de Riesgo independiente;

IV. El Consejo inmediatamente remitirá su resolución, junto con el Estudio de Evaluación de Riesgo independiente, a la Junta de Gobierno, quien en su próxima sesión resolverá la inconformidad.

Artículo 74. En el caso del procedimiento extraordinario, la inconformidad se presentará ante la Coordinación y deberá contener una descripción concreta de los riesgos o posibles agravios que se generan al peticionario o beneficiario.

Artículo 75. La inconformidad procede:

I. Contra resoluciones de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida relacionadas con el acceso al procedimiento extraordinario o la imposición o negación de las Medidas Urgentes de Protección;

II. Contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Urgentes de Protección;

III. Caso de que la autoridad no acepte, de manera expresa o tácita, las decisiones de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, relacionadas con las Medidas Urgentes de Protección.

Artículo 76.Para que la Coordinación admita la inconformidad se requiere:

I. Que lo presente la persona o personas que hayan tenido el carácter peticionario o beneficiario, en un plazo de hasta diez días naturales, contados a partir de la notificación del acuerdo de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida.

Artículo 77. La Coordinación resolverá, en un plazo máximo de hasta doce horas, para confirmar, revocar o modificar la decisión de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida.

Artículo 78.La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios y alcaldías, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

Artículo 79.Son facultades y obligaciones de la Federación:

I. Recopilar y analizar toda la información que sirva para evitar Agresiones potenciales a Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación.

II. Desarrollar e implementar Medidas de Prevención;

III. Promover el reconocimiento público y social de la importante labor de los Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación, para la consolidación del Estado democrático de derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto;

IV. Administrar el portal de internet de la Alerta de Riesgo;

V. Promover el estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección;

VI. Promover las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de los Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación;

VII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano en la materia;

VIII. Evaluar la política de protección a los Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación;

IX. Intercambiar de información de manera oportuna y de experiencias técnicas del Mecanismo, así como para proporcionar capacitación a los Mecanismos locales, municipios y alcaldías;

X. Publicar un reporte semestral respecto del monitoreo nacional de las agresiones que sufren los Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación, identificando a través de un semáforo de riesgo aquellas entidades federativas con mayor incidencia, así como el tipo de agresiones más recurrentes en esos estados;

XI. Capacitar a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de los Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación en una sociedad democrática, así como sobre los delitos contra la libertad de expresión, el derecho de información, derechos digitales y sobre la legislación en la materia, y

XII. Las demás señaladas por esta Ley.

Artículo 80.Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. Recopilar y analizar toda la información, en el ámbito de sus competencias, que sirva para evitar Agresiones potenciales a Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación;

II. Desarrollar e implementar Medidas de Prevención, en coordinación con el Mecanismo;

III. Desarrollar e implementar Medidas de Prevención, en el ámbito de los Mecanismos locales;

IV. Promover el reconocimiento público y social de la importante labor de los Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación, para la consolidación del Estado democrático de derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán, en el ámbito de sus competencias, las agresiones de las que sean objeto;

V. Cooperar con el intercambio de información y coordinación para la atención de la Alerta de Riesgo;

VI. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional;

VII. Designar representantes que funjan como enlaces para garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley;

VIII. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;

IX. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Mecanismo;

X. Instrumentar y operar el Mecanismo Estatal al que se refiere la presente Ley;

XI. Definir los órganos de Gobierno del Mecanismo Estatal de conformidad con el Mecanismo nacional;

XII. Establecer un Fondo para instrumentar y administrar los recursos para la operación del Mecanismo Estatal;

XIII. Promover las reformas y adiciones necesarias en la legislación estatal para mejorar la situación de los Periodistas, Colaboradores periodísticos y medios de comunicación.

XIV. Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección.

Artículo 81.Corresponde a los municipios y alcaldías, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas para la instrumentación de los Mecanismos en las entidades federativas;

II. Aportar información para el buen funcionamiento de la Alerta de Riesgo;

III. Capacitar a los servidores públicos en las disposiciones y alcances de la presente Ley.

Artículo 82.La trasgresión a los principios y programas que la presente Ley prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que regulen esta materia.

Artículo 83. Comete el delito de daño a Periodistas y Colaboradores periodísticos, el servidor público o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a los Periodistas y Colaboradores periodísticos, peticionarios y beneficiarios referidos en esta Ley.

Artículo 84. Por la comisión del delito a que se refiere el Artículo anterior se impondrá de ocho a quince años de prisión, y de noventa hasta seiscientos días multa y destitución e inhabilitación de ocho a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 85. Al servidor público que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño al Periodista, Colaborador periodístico, peticionario y beneficiario, se le impondrá de ocho a quince años de prisión, y de noventa hasta seiscientos días multa y destitución e inhabilitación de ocho a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley.

Artículo 86. El Periodista y los Colaboradores periodísticos tienen el derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva.

Artículo 87.El secreto profesional afecta igualmente a cualquier otro Periodista o Colaborador periodístico que hubiera podido conocer indirectamente y como consecuencia de su trabajo la identidad de la fuente reservada.

Artículo 88. El secreto profesional establecido en la presente Ley comprende:

I. Que el Periodista o el Colaborador periodístico, al ser citado para que comparezca como testigo en procesos jurisdiccionales del orden penal, civil, administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, puede reservarse la revelación de sus fuentes de información a petición de la autoridad para ampliar la información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico;

II. Que el periodista o el colaborador periodístico, al ser requerido por las autoridades judiciales o administrativas, no está obligado para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística;

III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación y de cómputo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos personales y profesionales que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de información del periodista o del colaborador periodístico, son confidenciales y no son objeto de inspección ni aseguramiento por autoridades administrativas o jurisdiccionales, para ese fin;

IV. Que el periodista o el colaborador periodístico no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico, por autoridades administrativas o jurisdicciones, con el propósito de obtener la identificación de cualquier fuente de información.

Artículo 89. El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, será de conformidad a lo que disponga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables.

Artículo 90.Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección otorgadas a través del Mecanismo se considerarán información reservada.

Artículo 91. Los recursos federales que se transfieran, con motivo del cumplimiento de esta Ley, a las Entidades Federativas, así como los provenientes del Fondo se sujetarán a las disposiciones federales en materia de transparencia y evaluación de los recursos públicos.

Artículo 92.Los informes a los que se refieren los Artículos 16, 26, 29 y 78 de esta Ley serán de carácter público.

Artículo Segundo.Se reforman los artículos: 1, 2, 4, 5 fracción III, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 22, 24, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 65, 66 y 67, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos.

Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Artículo 2.Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:

Agresiones: daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Beneficiario:...

Estudio de Evaluación de Acción Inmediata:...

Estudio de Evaluación de Riesgo:...

Fondo:Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

La Coordinación:...

Mecanismo: Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Medidas de Prevención:conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición.

Medidas Preventivas:...

Medidas de Protección:...

Medidas Urgentes de Protección:...

Peticionario:...

Persona Defensora de Derechos Humanos:...

Procedimiento Extraordinario:...

Ley.Leypara la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos

Artículo 3....

Artículo 4. La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

...

Artículo 5....

I. ...

II.

III. Se deroga

IV. ... a VI....

Artículo 6.La Junta de Gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz, a:

I. ... a V....

Artículo 7....

Artículo 8....

I.... a V....

VI.Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo;

VII.... a XVII....

Artículo 9.El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeros, uno de ellos será el presidente por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo Consejo. En ausencia del presidente, el Consejo elegirá a un presidente interino por el tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine el periodo. En la integración del Consejo se buscará un equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos.

Artículo 10....

Artículo 11.Los consejeros deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa o promoción de los derechos humanos o conocimiento en evaluación de riesgos y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, y no deberá desempeñar ningún cargo como servidor público.

Artículo 12....

Artículo 13.Los consejeros nombrarán de entre sus miembros a cuatro de ellos para formar parte de la Junta de Gobierno, de los cuales serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos.

Artículo 14....

Artículo 15....

Artículo 16.... El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:

I.... a VI....

VII. Participar en eventos nacionales o internacionales para intercambiar experiencias e información sobre temas relacionados con la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos

Humanos y Periodistas;

VIII. a X. ...

Artículo 17....

I.... a III....

...

Artículo 18....

I. a XI. ...

Artículo 19....

I.... a IX. ...

Artículo 20.La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Así como en la defensa de derechos humanos. Así mismo, se conforma por un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante y de la Procuraduría General de la República, todos con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección.

Artículo 21....

I.... a IV....

Artículo 22.La Unidad de Evaluación de Riesgos se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección, así como en la defensa de derechos humanos.

Artículo 23....

I. ... a V. ...

Artículo 24.Las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de:

I.Persona Defensora de Derechos Humanos;

II.Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las Personas Defensoras de Derechos Humanos;

III....

IV....

V....

Artículo 25....

Artículo 26....

...

I.a V. ...

Artículo 27....

...

I.... a III....

Artículo 28....

Artículo 29....

I. ... a III....

Artículo 30....

Artículo 31....

...

Artículo 32....

Artículo 33....

Artículo 34.Las Medidas Preventivas incluyen: I) Instructivos, II) Manuales, III) Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos, IV) Acompañamiento de observadores de derechos humanos; y VI) Las demás que se requieran.

Artículo 35....

Artículo 36....

I.... a VIII....

Artículo 37....

Artículo 38....

Artículo 39....

Artículo 40....

Artículo 41....

Artículo 42.La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias recopilarán y analizarán toda la información que sirva para evitar Agresiones potenciales a Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Artículo 43.Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Artículo 44.La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto.

Artículo 45.La Federación promoverá las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

Artículo 46.La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias celebrarán Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Artículo 47.Los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones conjuntas para facilitar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante:

I.... a IV....

V.La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, y

VI....

Artículo 48.Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se crea el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Artículo 49....

Artículo 50....

Artículo 51....

I.... a V....

Artículo 52.El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de Gobernación e integrado por un representante de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 53. ...

Artículo 54....

Artículo 55....

Artículo 56....

I.... a III....

Artículo 57....

I.... a II....

Artículo 58.

I.... a IV....

Artículo 59....

Artículo 60....

I.... a III....

Artículo 61. ...

I....

Artículo 62....

Artículo 63....

...

...

Artículo 64....

Artículo 65....

Artículo 66. Comete el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos, el servidor público o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, peticionario y beneficiario referidos en esta Ley.

...

...

Artículo 67. Al Servidor Público que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, peticionario y beneficiario, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley.

Artículo Tercero. Se reforma el Artículo 11 párrafo I inciso c) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para quedar como sigue:

...

c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.

En todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad establecida en el Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales se deberán agotar las diversas líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la información o de las libertades de expresión o imprenta.

...

Artículo Cuarto.Se reforma el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

...

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, colaborador periodístico, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información, derechos digitales o la libertad de expresión, el Ministerio Público de la Federación deberá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

...

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. Los Mecanismos de Protección Locales deberán integrarse a más tardar dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el transitorio anterior.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones a las que se refiere el transitorio anterior y la operación de los Mecanismos.

Quinto.Durante el Ejercicio Fiscal de 2017 el presupuesto destinado al Fondo que se creó mediante la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas será ejercido en partes iguales entre el Fondo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y el Fondo para la Protección a Periodistas.

Sexto.A partir del Ejercicio Fiscal de 2018 el Fondo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y el Fondo para la Protección a Periodistas contarán con presupuesto independiente.

Séptimo. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Octavo.Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Cuidad de México, celebrarán convenios y programas especiales para la coordinación y el intercambio de información entre el Mecanismo federal y los de las entidades federativas.

Noveno. Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Cuidad de México, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley que se expide por virtud del presente Decreto, deberán implementar las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables y los que deriven de la misma.

Décimo.Las entidades federativas deberán derogar un plazo no mayor a los noventa días naturales las disposiciones legales que tipifiquen los delitos contra quien realice actos tendientes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública, o figuras similares.

Décimo Primero.Las entidades federativas deberán derogar un plazo no mayor a los noventa días naturales las disposiciones legales que tipifiquen los delitos contra el honor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, el catorce de febrero de dos mil diecisiete.— Diputadas y diputados: Brenda Velázquez Valdez,Genoveva Huerta Villegas, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, Juan Corral Mier, Karla Karina Osuna Carranco, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Gilberto Marrón Agustín, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Mariana Arámbula Meléndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Nadia Haydee Vega Olivas, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Brenda Velázquez Valdez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México se ubica como el quinto país en el mundo donde resulta más peligroso ejercer el periodismo y el más riesgoso en América Latina.

La organización Artículo 19, señala que en México muere un periodista cada 26 días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta que actualmente se tienen 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas.

Lo que nos muestran las estadísticas es que la mayor parte de las agresiones contra periodistas se dan en el ámbito estatal, y más de la mitad son cometidas por autoridades locales.

La Cámara de Diputados no puede hacer caso omiso a esta problemática, con la presente iniciativa pretendemos garantizar la protección de los derechos de libertad de expresión, información y difusión, facultando al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en la materia.

Es necesario crear un sistema de protección, pero también de prevención y establecer las bases para la creación de un andamiaje legal e institucional en los Estados de la Federación para la protección y defensa de esos derechos, por medio de una distribución de competencias orientada a hacer viable su exigibilidad.

Asimismo, existen diferentes instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha emitido recomendaciones por medio de la Relatoría Especial para la libertad de expresión, para que los Estados asuman su deber de proteger a los periodistas y medios de comunicación con base en estándares internacionales relacionados con la protección de la libertad de expresión.

Señala la Relatoría que es deber de los Estados sancionar la violencia contra los periodistas, ello implica que para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, es indispensable contar con un ordenamiento jurídico adecuado, de aplicación nacional por medio del cual el Estado mexicano garantice la protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho humano fundamental.

Con esta iniciativa, que de aprobarse permitirá que el Congreso de la Unión dote de un instrumento legal de aplicación nacional, que involucre a la federación, a las entidades federativas y a los municipios de facultades para proteger el ejercicio de la libertad de expresión. La Cámara de Diputados asume un papel y una responsabilidad histórica ante las demandas de uno de los sectores más violentados por el ejercicio de su profesión: los periodistas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Artículo Único. Se reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 7o.Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de expresión ni la libertad dedifusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.

La legislación general que expida el Congreso de la Unión dispondrá la protección de estos derechos así como la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Dicha legislación señalará además, las atribuciones de los tres órdenes de gobierno en la materia.

En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión realizará las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, de la Ciudad de México, el catorce de febrero de dos mil diecisiete.— Diputadas y diputados: Brenda Velázquez Valdez,Adriana Elizarraraz Sandoval, Cesar Flores Sosa, Emma Margarita Alemán Olvera, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Hugo Alejo Domínguez, Jesús Antonio López Rodríguez, Juan Corral Mier, Karla Karina Osuna Carranco, Lilia Arminda García Escobar, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Gilberto Marrón Agustín, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Nadia Haydee Vega Olivas, Pedro Garza Treviño, Rocío Matesanz Santamaría, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Elida Castelán Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción I y reordena las fracciones existentes del artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Planteamiento del problema

Los principios como dice el jurista alemán Robert Alexy “son mandatos de optimización. Exigen que algo se realice en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas...”

Los entes jurídicos públicos, entendidos como Estados, Organismos, Sociedades, etc. Aluden siempre en sus leyes secundarias a los principios que aplican para su buen desempeño en las encomiendas constitucionales de las cuales tiene origen, la Transparencia y Acceso a la Información Pública es una exigencia de los tiempos coetáneos y un derecho constitucional plasmado en el artículo 6, párrafo segundo que a la letra dice “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna...”

El mecanismo de exigir la transparencia y acceder a la información pública tiene también un rango constitucional, evidenciado en el artículo 8 que es el “Derecho de Petición” allende de ello es un principio el tener transparencia y acceder a la información que debe garantizar el Estado mexicano en aras de consolidar su Estado de derecho.

Para dimensionar propiamente el derecho y el principio ya citados, es parte de un bloque de constitucionalidad, en el cual se reconoce como dice Rodrigo Uprimny Yepes eminente constitucionalista colombiano “las normas constitucionales no son sólo aquellas que aparecen expresamente en la Carta sino también aquellos principios y valores que no figuran directamente en el texto constitucional pero a los cuales la propia Constitución remite”

El Progama Global Right to Information Rating creado por Access Info Europe (AIE) and the Centre for Law and Democracy (CLD), tiene 7 indicadores:

1. Right to Access.

2. Scope

3. Requesting Procedures

4. Exceptions

5. Appeals

6. Sanctions

7. Promotional Measures .

México tiene 136 puntos de 150, en el indicador de Exceptions tiene 28 de 30, Appeals 26 de 30 , Sanctions 4 de 8 , Promotional measures 14 de 16 , es de esta suma donde faltan los 14 puntos para tener una ley perfecta con una valoración internacional.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene un año (2015) vida jurídica y política; su objetivo axial manifiesto en el artículo 2, fracción VII que dice

“Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;”

Para consolidar los fines del artículo citado en los párrafos anteriores es necesario insertar un nuevo principio en el artículo 8 de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que actualmente contiene 9 principios:

1. Certeza

2. Eficacia

3. Imparcialidad

4. Independencia

5. Legalidad

6. Máxima Publicidad

7. Objetividad

8. Profesionalismo

9. Transparencia

Pero en ningún de ellos habla sobre el periodo de respuesta de la solicitud que puede hacer el tutelado por la norma, es bien sabido que los trámites burocráticos en nuestro país son lentos y tardados para dar respuesta a los requisitos de prontitud y celeridad que son necesarios e imperantes.

La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, elaborada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, da luz sobre la prontitud y celeridad en el punto 35 , numeral 1 , expresa :

“Toda autoridad pública deberá responder a una solicitud de información lo antes posible y, como máximo, dentro de [veinte] días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud”.

Lo anterior se concentra en el principio de celeridad:

“Con este principio se pretende la expedites del ejercicio del derecho de acceso a la información, en razón de que no es nada sorprendente, que el ejercicio de las prácticas burocráticas, han sido asociados por mucho tiempo, por no decir que durante todo el tiempo, con la ineficiencia, indiferencia y lentitud, de tal forma que lo que se pretende con la implantación de éste principio, es la obtención rápida y pronta de la información requerida por las personas, evitando en la mayor medida, los tardíos y lentos trámites gubernamentales”

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada María Elida Castelán Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que adiciona una fracción I y reordena las fracciones existentes del artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo Único. Se adiciona una fracción I y se recorren las subsecuentes del artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

I. Celeridad: Principio que permite la obtención rápida y pronta de la información requerida por las personas, a la brevedad posible o dentro de un margen razonable.

II. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

III. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

IV. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

V. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

VI. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VII. Máxima publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

VIII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

IX. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada,

X. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Los principales elementos de mi filosofía del Derecho / Robert Alexy; (traducción de A.Daniel Oliver-Lalana), Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2011.

2 Rodrigo Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal, 2ª ed., Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura-Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 25, disponible en, página consultada el 2 de mayo de 2012.

3 1. “Derecho a la Información”, 2. “Alcance”, 3. “Procedimiento de Solicitud”, 4. “Excepciones”, 5. “Recursos”, 6. “Sanciones”, 7. “Medidas de Promoción”.

4 https://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2840-10_Corr1_esp.pdf

5 Martínez Becerril, Rigoberto, El Derecho de Acceso a la Información en México su Ejercicio y Medios de Impugnación, INFOEM, México ,2009.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 9 de febrero de 2017.— Diputada y diputado María Elida Castelán Mondragón,Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo cuarto transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el DOF el 29 de enero de 2016, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales, con base en la siguiente

Desde hace tiempo se ha planteado en el ánimo social la exigencia de reducir la cantidad de diputados y senadores que integran el Poder Legislativo Federal, no sólo como medida para el ahorro de recursos públicos sino también para hacer más eficiente la labor política y legislativa.

El Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por escuchar las demandas sociales más sentidas, y somos conscientes de la necesidad de que quienes integramos la clase política nos apretemos el cinturón y ratifiquemos nuestro compromiso de servicio a la ciudadanía, atendiendo puntualmente las legítimas demandas de austeridad por parte de la población.

Como representantes populares, los integrantes del Congreso de la Unión debemos predicar con el ejemplo y aprovechar nuestras facultades legislativas para que las diversas voluntades expresadas a favor de la austeridad, se conviertan en verdaderas normas con fuerza de ley y hasta con rango de mandato constitucional.

De la misma forma, sería oportuno aprovechar esta coyuntura económica para dar un paso más en la consolidación de la democracia en nuestro país, haciendo del Congreso de la Unión un órgano más eficiente y ponerlo al servicio de los mexicanos, mediante una estructura austera pero suficiente para el digno desempeño de sus actividades legislativas y de control político, a la altura de cualquier parlamento de primer mundo.

Por mandato constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para efectos de la presente iniciativa, resulta relevante la regulación del Poder Legislativo Federal, el cual se deposita en el Congreso de la Unión que, a su vez, se divide en dos Cámaras: una de diputados y otra de senadores.

Más allá de su papel como uno de los Poderes de la Unión y de sus facultades legislativas, la relevancia del Congreso de la Unión radica en su papel de representación popular, pues sus integrantes son electos por la ciudadanía para llevar su voz al Poder Legislativo Federal.

En tal sentido, cabe resaltar la integración de ambas Cámaras Legislativas y su representatividad ciudadana, a la luz de una población de 119.53 millones de habitantes, de conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si se toma en consideración que la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores y el Senado de la República cuenta con 128 Senadores, es posible inferir que cada legislador representa a 239 mil y a 934 mil mexicanos, respectivamente.

Comparando a los integrantes del Congreso de la Unión con los parlamentos de otros países, Estados Unidos, Brasil e India cuentan con legisladores que representan a un mayor número de habitantes, mientras que en Francia, España, Alemania y Sudáfrica sus parlamentarios representan a una menor población, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

Fuente:Elaboración propia con información de los sitios web de los congresos nacionales de cada país.

Si bien la eficiencia de un parlamento no necesariamente depende del número de sus integrantes, es innegable que la clase política mexicana adolece una crisis de desconfianza ciudadana, toda vez que, de conformidad con la Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, emprendida en 2014 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los legisladores y los partidos políticos registran el menor índice de confianza. Dicho panorama es confirmado por la encuesta nacional en viviendas “México: confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, en la cual los partidos políticos y los legisladores ocuparon los lugares más bajos de confianza.

En resumen, está claro que los ciudadanos no se sienten representados por sus diputados y senadores, de tal suerte que la iniciativa que nos ocupa busca reducir el número de legisladores federales, mitigando en la misma proporción el costo del Congreso de la Unión para los mexicanos, además de mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo Federal.

Asimismo, no se debe ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han cambiado la manera en que la población interactúa con sus representantes populares, de tal suerte que el diálogo entre legisladores y ciudadanos no se encuentra determinado por la cantidad de diputados y senadores, sino por la eficiencia de medios de comunicación como las redes sociales.

El espíritu de la presente propuesta ya ha sido planteado en el Congreso de la Unión, pues tan sólo durante la LXII y la LXIII legislaturas se han presentado las siguientes iniciativas por parte de las diferentes fuerzas políticas:

Fuente: Elaboración propia con información del sitio web del Sistema de Información Legislativa, de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, no se debe perder de vista que el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, propuso como parte de su campaña política la eliminación de 100 Diputados Federales, de tal suerte que, a la luz de las condiciones económicas que imperan actualmente en nuestro país, la demanda ciudadana de austeridad gubernamental y la necesidad de hacer más eficiente y representativo del Congreso de la Unión, se estima apropiado proponer la presente reforma constitucional para reducir el número de diputados federales y senadores.

Cabe mencionar que la presente iniciativa se complementa con las iniciativas de reformas a la legislación secundaria respectivas, las cuales se presentan en esta misma fecha de manera separada, en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”.

Descripción de la iniciativa

La presente propuesta tiene por objeto reducir el número de legisladores federales, replanteando el modelo constitucional para la integración del Congreso de la Unión, con la finalidad de:

a) Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección;

b) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y

c) Mejorar la representatividad de la ciudadanía.

Para lograr lo anterior se propone, en primer término, reformar los artículos 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reducir la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 500 a 300 legisladores, así como la integración del Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores. De esta forma, las Cámaras del Congreso de la Unión quedarían integradas de la siguiente manera:

Esta reducción deberá repercutir proporcionalmente en los costos operativos de cada Cámara Legislativa. Al respecto, resulta oportuno destacar que, tomando como base los recursos asignados al Poder Legislativo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), se lograrían ahorros significativos para la hacienda pública:

De la proyección anterior se desprende que, a partir de una reducción en los presupuestos de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión (40% en la Cámara de Diputados, y 25 por ciento en el Senado de la República, derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el costo anual del Poder Legislativo Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, un 34.4 por ciento menos que el costo de este año, equivalente a $4,187,266,021.

De concretarse la presente reforma constitucional, dichos ahorros anuales podrían ser utilizados para cubrir las asignaciones hechas en el PEF 2017 para los siguientes conceptos:

• El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior ($4,085,022,553);

• Duplicar los presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ($1,098,379,965) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 pesos), o

• Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1,380,741,978).

Aunado a los argumentos de carácter económico, no se debe perder de vista que la reducción de legisladores también impactará significativamente en la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad.

Considerando que la reforma constitucional que se propone irá acompañada de las respectivas reformas a la legislación secundaria, incluyendo la normatividad que regula la actuación del Poder Legislativo Federal, se plantea una reestructuración de ambas Cámaras del Congreso se la Unión; por ejemplo, se deberá reducir en las mismas proporciones la integración de los órganos de gobierno, las comisiones legislativas y el número de legisladores necesarios para la conformación de grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Lo anterior indudablemente redundará en un parlamento más ágil en el que, sin perjuicio de quedar garantizada la pluralidad ideológica y política expresada en el voto ciudadano que determina su integración, será más sencillo y, sobre todo, menos costoso, el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de las Cámaras Legislativas que lo integran.

Finalmente, cabe destacar que la propuesta de reducir el número de diputados y senadores no sólo respeta los principios de proporcionalidad y pluralidad de la representación política materializada en el Congreso de la Unión, sino que además lleva implícita la intención de fortalecer la democracia mexicana, a partir de una redistribución de los legisladores en función de los mecanismos para su elección.

Sobre este tema se pronunciaron los representantes de las autoridades electorales en el IV Seminario “Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles”, organizado por el Instituto Nacional Electoral en días pasados, en cuya ceremonia de inauguración se habló de la importancia del garantizar la participación ciudadana mediante el voto a fin de, por un lado, expresar la pluralidad democrática y, por otro lado, establecer un vínculo de identidad entre el elector y su representante.

De conformidad con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de “”votación mayoritaria relativa”, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de “representación proporcional”, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

En este sentido, la propuesta de reducción de 200 diputados federales, pasando de una integración de 500 a 300 legisladores en la Cámara de Diputados, no es discrecional, sino que busca mantener la actual proporción de diputados electos por los principios de referencia (60 y 40%, respectivamente), pasando de 300 a 180 diputados electos por el principio de “mayoría relativa” y de 200 a 120 diputados electos por el sistema de circunscripciones electorales.

Ahora bien, aprovechando los objetivos que persigue la presente iniciativa, se propone modificar la denominación de los diputados electos por el principio de “representación proporcional”, a fin de despojar a los llamados “diputados plurinominales” del estigma derivado del mecanismo previsto en la Constitución para su elección.

Al respecto, debemos reconocer que existe la percepción de que los legisladores designados por el sistema de circunscripciones electorales no son electos por la población. No obstante lo anterior, no se debe perder de vista que estos legisladores son designados por la autoridad electoral a partir de la votación registrada por los partidos políticos que los postularon, de tal suerte que revisten el mismo peso democrático que los legisladores electos por el principio de mayoría relativa, pues también son electos a partir del voto ciudadano.

En atención a lo anterior, se propone modificar la denominación del principio de “representación proporcional” para que transite hacia un principio de “representación democrática”; en congruencia con ello, también se propone eliminar la denominación de la expresión “plurinominales” para referirse a las circunscripciones electorales en las que se votarán los 120 diputados de “representación democrática”. Si bien no existe un argumento técnico-jurídico para la presente modificación, se estima apropiado desterrar en definitiva el concepto de diputados plurinominales y con ello la ilegitimidad asociada a los diputados electos por el sistema de listas regionales, a fin de recuperar la confianza ciudadana en la Cámara de Diputados y, en última instancia, fortalecer a la democracia mexicana.

No se debe perder de vista la importancia de mantener a los diputados de “representación democrática”, pues en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 6/98, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1998, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se refirió al principio de “representación proporcional” de la siguiente manera:

“... dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquéllas corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país. Así, se desprende que el principio de representación proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente.

El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los siguientes objetivos primordiales:

1. La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad.

2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total.

3. Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes.

...”

En este sentido, eliminar a los diputados electos en circunscripciones electorales sería un despropósito para la democracia mexicana, pues la designación de dichos legisladores constituye un pilar de la pluralidad representada en el Congreso de la Unión, por lo cual la presente iniciativa propone mantener a dichos legisladores, pero reduciendo su participación en el Pleno de la Cámara de Diputados.

En resumen, comparada con la integración actual, la presente iniciativa propone la siguiente integración de la Cámara de Diputados:

Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración actual en 128 legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos en cada entidad federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad federativa) y 32 son electos por el principio de “representación proporcional”, a partir de una lista nacional única. En este sentido, queda claro que la composición del Senado de la República busca una representación equitativa del federalismo mexicano, al contemplar tres senadores por cada entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en su integración, al distribuir 32 senadores entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación obtenida en la elección correspondiente.

A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder Legislativo Federal y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en su integración, la presente iniciativa propone eliminar la asignación de senadores a la primera minoría de cada entidad federativa, pues se estima que de esta forma se garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las preferencias por los candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro lado, la pluralidad en la integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema de lista nacional, lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de “representación proporcional” (propuesto como principio de “representación democrática” en la presente iniciativa).

En resumen, comparada con la integración actual, la presente iniciativa propone la siguiente integración de la Cámara de Senadores:

En congruencia con las propuestas de reformas descritas en los párrafos anteriores, se propone reformar los diversos artículos constitucionales que hacen referencia a los diferentes conceptos o figuras sobre los que repercute la disminución de legisladores federales, tales como:

• Los distritos electorales en los que se eligen los diputados por el principio de “mayoría relativa” que, derivado de la disminución de 300 a 180 legisladores, tendrán que ser reducidos en la misma cantidad (de 300 a 180 distritos electorales);

• La denominación de los diputados y senadores electos por el principio de “representación proporcional”, transitando hacia una “representación democrática”;

• La denominación de las “circunscripciones plurinominales”, quedando como “circunscripciones electorales”;

• La integración de la Comisión Permanente, prevista en el artículo 78 constitucional, en la cual deberá quedar reflejada la reducción de integrantes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para quedar de la siguiente forma:

• La sustitución del principio de “representación proporcional” por “representación democrática”, para los casos de elección de representantes populares en el ámbito local, prevista en los artículos 115, 116 y 122 constitucionales, así como en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, toda vez que dicha disposición transitoria se refiere a la integración de las alcaldías que derivará de la elección del año 2018.

Finalmente, el proyecto de decreto contempla cuatro disposiciones transitorias, relativas a:

a) Su entrada en vigor, prevista para el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

b) Mandatar que el Congreso de la Unión expida las reformas a la legislación secundaria necesarias para desarrollar la presente reforma constitucional, a más tardar el 30 de abril de 2017.

Debemos precisar que la intención es que la reforma constitucional que nos ocupa resulte aplicable al proceso electoral 2018, pues estimamos impostergable acatar el mandato ciudadano de reducir el número de legisladores federales.

Al respecto, cobra especial relevancia la previsión contenida en el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105 constitucional, que mandata que “ Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse”. Considerando que el numeral 1 del artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que el proceso electoral inicia en septiembre del año previo al de la elección, resulta necesario que esta reforma constitucional entre en vigor a la brevedad posible y las reformas a la legislación secundaria sean publicadas antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones;

c) Ordenar que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la demarcación de los nuevos distritos electorales de los que derivarán los 180 diputados federales electos por el principio de “mayoría relativa”, así como que armonice sus reglamentos internos, antes de que inicie el proceso electoral 2018. Al respecto, resulta oportuno mencionar que, si bien el numeral 4 del artículo 214 de la LGIPE señala que “Para la elección de los 200 diputados elegidos por el principio de representación proporcional, el Consejo General aprobará, en su caso, previo al inicio del proceso electoral, la conformación de las cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el 14 de octubre de 2015 la jurisprudencia 35/2015 con el siguiente criterio:

“Redistritación. puede realizarse dentro del plazo de noventa días previo al inicio del proceso electoral local. De conformidad a lo previsto en el penúltimo párrafo, de la fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes electorales, federales y locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante ese plazo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales. En ese sentido, la redistritación al ser una facultad de la autoridad administrativa electoral, y no tener el carácter ni naturaleza de ley, puede realizarse dentro de dicha temporalidad, en tanto no afecte los principios de certeza y seguridad jurídica, rectores de la materia electoral.”

En congruencia con lo anterior, se estima adecuado establecer en la disposición transitoria que nos ocupa que el INE deberá realizar la redistritación y la armonización de sus reglamentos internos antes de que inicie el proceso electoral 2018, a fin de cumplir con el espíritu de que la reducción de legisladores federales resulte aplicable en la próxima elección federal, y

d) Mandatar que las legislaturas de las entidades federativas expidan las reformas necesarias para armonizar sus respectivas legislaciones con lo previsto en el presente decreto, antes del 31 de mayo de 2017, toda vez que en la elección federal de 2018 convergerán diversos procesos electorales locales, por lo que es deseable que la reingeniería electoral y política que se propone resulte aplicable en el ámbito local, donde también prevalece el mandato contenido en el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105 constitucional, de tal suerte que la legislación que regirá dichos procesos electorales locales deberán ser publicadas por lo menos noventa días antes de que inicien.

Si bien los plazos para que la reducción de legisladores federales entre en vigor a tiempo para el proceso electoral 2018 se antojan apretados, aún es posible sacar adelante las reformas necesarias para cumplir este ambicioso objetivo. Ante el contexto económico que impera en la actualidad, quienes integramos la clase política mexicana no podemos ignorar esta demanda ciudadana, y debemos poner todo nuestro empeño para hacer que la nueva estructura del Poder Legislativo Federal se convierta en una realidad a la brevedad posible.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales

Artículo Primero.Se reforman los artículos 52; 53; 54, fracciones I, II, III, IV, y VI; 55, fracción III, párrafo segundo; 56, párrafos primero y segundo; 60, párrafo primero; 63, párrafo primero; 115, fracción VIII, párrafo primero; 116, fracción II, párrafo tercero; 122, Apartado A, fracción II, párrafo primero y fracción VI, párrafo tercero inciso a); todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 180 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 120diputados que serán electos según el principio de representación democrática, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones electorales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 180 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 120 diputados según el principio de representación democrática y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 120 diputados según el principio de representación democráticay el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos ciento veinte distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones electorales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación democrática;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación democrática, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción electoral. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 180 diputados por ambos principios.

V. ...

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación democráticaque resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones electorales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. y II. ...

III. ...

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

...

IV. a VII. ...

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada entidad federativa, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación democrática, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción electoral nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

...

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; y otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación democrática de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.

...

...

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación democrática, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación democrática, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.

...

...

...

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 23 miembros de los que 12 serán Diputados y 11 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

....

I. al VIII...

Artículo 115. ...

I. a VII. ...

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación democrática en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

...

IX. a X. ...

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ....

...

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación democrática, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

...

...

...

...

...

....

III. a IX. ...

Artículo 122. ...

A. ...

I. ...

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación democrática, por un periodo de tres años.

...

...

...

...

...

...

...

...

III. a V. ...

VI. ...

...

....

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación democrática, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales.

b) a f) ...

VII. a XI. ...

B. a D. ...

Artículo Segundo.Se reforma elpárrafo segundo del artículo cuarto transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para quedar como sigue:

Artículo Cuarto. ....

La elección de las Alcaldías en el año 2018 se realizará con base en la división territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal vigente hasta la entrada en vigor del presente Decreto. Los Concejos de las dieciséis Alcaldías electos en 2018 se integrarán por el Alcalde y diez Concejales electos según los principios de mayoría relativa y de representación democrática, en una proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo.

....

....

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las reformas necesarias para armonizar la legislación secundaria correspondiente con lo previsto en el presente decreto, antes del 30 de abril de 2017.

Tercero.El Instituto Nacional Electoral deberá realizar la demarcación de los distritos electorales federales en los términos del presente decreto, así como armonizar al mismo sus reglamentos internos, antes de que inicie el proceso electoral 2018.

Cuarto.Las legislaturas de las entidades federativas deberán expedir las reformas necesarias para armonizar el marco jurídico correspondiente con lo previsto en el presente decreto, antes del 31 de mayo de 2017.

Notas:

1 Artículos 39, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 INEGI, 2015.

4 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, México 2014. Disponible en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/ CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/ Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones

5 Consulta Mitofsky, México, 2015. Disponible en: http://consulta. mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-inst ituciones

6 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3319757

7 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3437158

8 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3284396

9 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3474540

10 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3468381

11 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3472944

12 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos .php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3418289

13 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3306146

14 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3299974

15 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3365062

16 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475729

17 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475663

18 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3408166

19 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha.

20 Intervenciones de la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, y el Consejero Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del INE.

21 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 47 y 48.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2017.— Diputados: Arturo Álvarez Angli,Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presenteiniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales, con base en la siguiente

Desde hace tiempo se ha planteado en el ánimo social la exigencia de reducir la cantidad de diputados y senadores que integran el Poder Legislativo Federal, no sólo como medida para el ahorro de recursos públicos sino también para hacer más eficiente la labor política y legislativa.

El Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por escuchar las demandas sociales más sentidas, y somos conscientes de la necesidad de que quienes integramos la clase política nos apretemos el cinturón y ratifiquemos nuestro compromiso de servicio a la ciudadanía, atendiendo puntualmente las legítimas demandas de austeridad por parte de la población.

Como representantes populares, los integrantes del Congreso de la Unión debemos predicar con el ejemplo y aprovechar nuestras facultades legislativas para que las diversas voluntades expresadas a favor de la austeridad, se conviertan en verdaderas normas con fuerza de ley y hasta con rango de mandato constitucional.

De la misma forma, sería oportuno aprovechar esta coyuntura económica para dar un paso más en la consolidación de la democracia en nuestro país, haciendo del Congreso de la Unión un órgano más eficiente y ponerlo al servicio de los mexicanos, mediante una estructura austera pero suficiente para el digno desempeño de sus actividades legislativas y de control político, a la altura de cualquier parlamento de primer mundo.

Por mandato constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para efectos de la presente iniciativa, resulta relevante la regulación del Poder Legislativo Federal, el cual se deposita en el Congreso de la Unión que, a su vez, se divide en dos Cámaras: una de diputados y otra de senadores.

Más allá de su papel como uno de los Poderes de la Unión y de sus facultades legislativas, la relevancia del Congreso de la Unión radica en su papel de representación popular, pues sus integrantes son electos por la ciudadanía para llevar su voz al Poder Legislativo Federal.

En tal sentido, cabe resaltar la integración de ambas Cámaras Legislativas y su representatividad ciudadana, a la luz de una población de 119.53 millones de habitantes, de conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Si se toma en consideración que la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores y el Senado de la República cuenta con 128 Senadores, es posible inferir que cada legislador representa a 239 mil y a 934 mil mexicanos, respectivamente.

Comparando a los integrantes del Congreso de la Unión con los parlamentos de otros países, Estados Unidos, Brasil e India cuentan con legisladores que representan a un mayor número de habitantes, mientras que en Francia, España, Alemania y Sudáfrica sus parlamentarios representan a una menor población, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

Fuente:Elaboración propia con información de los sitios web de los congresos nacionales de cada país.

Si bien la eficiencia de un parlamento no necesariamente depende del número de sus integrantes, es innegable que la clase política mexicana adolece una crisis de desconfianza ciudadana, toda vez que, de conformidad con la Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, emprendida en 2014 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los legisladores y los partidos políticos registran el menor índice de confianza Dicho panorama es confirmado por la encuesta nacional en viviendas “México: confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, en la cual los partidos políticos y los legisladores ocuparon los lugares más bajos de confianza.

En resumen, está claro que los ciudadanos no se sienten representados por sus diputados y senadores, de tal suerte que la iniciativa que nos ocupa busca reducir el número de legisladores federales, mitigando en la misma proporción el costo del Congreso de la Unión para los mexicanos, además de mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo Federal.

Asimismo, no se debe ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han cambiado la manera en que la población interactúa con sus representantes populares, de tal suerte que el diálogo entre legisladores y ciudadanos no se encuentra determinado por la cantidad de diputados y senadores, sino por la eficiencia de medios de comunicación como las redes sociales.

El espíritu de la presente propuesta ya ha sido planteado en el Congreso de la Unión, pues tan sólo durante la LXII y la LXIII legislaturas se han presentado las siguientes iniciativas por parte de las diferentes fuerzas políticas:

Fuente: Elaboración propia con información del sitio web del Sistema de Información Legislativa, de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, no se debe perder de vista que el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, propuso como parte de su campaña política la eliminación de 100 Diputados Federales, de tal suerte que, a la luz de las condiciones económicas que imperan actualmente en nuestro país, la demanda ciudadana de austeridad gubernamental y la necesidad de hacer más eficiente y representativo del Congreso de la Unión, se estima apropiado proponer la presente iniciativa de reformas a diversos ordenamientos legales para complementar la propuesta de reforma constitucional encaminada a reducir el número de diputados federales y senadores.

Cabe mencionar que la presente iniciativa deriva de una iniciativa de reformas constitucionales presentada en esta misma fecha de manera separada, en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”.

Descripción de la iniciativa

La presente propuesta deriva de una iniciativa de reforma constitucional por la que se propone la reducción de legisladores federales, replanteando la integración del Congreso de la Unión, con la finalidad de:

a) Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección;

b) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y

c) Mejorar la representatividad de la ciudadanía.

Para lograr lo anterior, la iniciativa de reforma constitucional que sustenta la presente iniciativa de reformas a diversas leyes propone reducir la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 500 a 300 legisladores, así como la integración del Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores. De esta forma, las Cámaras del Congreso de la Unión quedarían integradas de la siguiente manera:

Esta reducción deberá repercutir proporcionalmente en los costos operativos de cada Cámara Legislativa. Al respecto, resulta oportuno destacar que, tomando como base los recursos asignados al Poder Legislativo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), se lograrían ahorros significativos para la hacienda pública:

De la proyección anterior se desprende que, a partir de una reducción en los presupuestos de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión (40% en la Cámara de Diputados, y 25% en el Senado de la República, derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el costo anual del Poder Legislativo Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, un 34.4% menos que el costo de este año, equivalente a $4,187,266,021.

De concretarse la reducción de legisladores que se propone, dichos ahorros anuales podrían ser utilizados para cubrir las asignaciones hechas en el PEF 2017 para los siguientes conceptos:

• El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior ($4,085,022,553);

• Duplicar los presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ($1,098,379,965) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 pesos), o

• Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1,380,741,978).

Aunado a los argumentos de carácter económico, no se debe perder de vista que la reducción de legisladores también impactará significativamente en la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad.

Cabe destacar que la propuesta de reducir el número de diputados y senadores no sólo respeta los principios de proporcionalidad y pluralidad de la representación política materializada en el Congreso de la Unión, sino que además lleva implícita la intención de fortalecer la democracia mexicana, a partir de una redistribución de los legisladores en función de los mecanismos para su elección.

Sobre este tema se pronunciaron los representantes de las autoridades electorales en el IV Seminario “Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles”, organizado por el Instituto Nacional Electoral en días pasados, en cuya ceremonia de inauguración se habló de la importancia del garantizar la participación ciudadana mediante el voto a fin de, por un lado, expresar la pluralidad democrática y, por otro lado, establecer un vínculo de identidad entre el elector y su representante.

De conformidad con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de “”votación mayoritaria relativa”, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de “representación proporcional”, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

En este sentido, la propuesta de reducción de 200 diputados federales, pasando de una integración de 500 a 300 legisladores en la Cámara de Diputados, no es discrecional, sino que busca mantener la actual proporción de diputados electos por los principios de referencia (60 y 40%, respectivamente), pasando de 300 a 180 diputados electos por el principio de “mayoría relativa” y de 200 a 120 diputados electos por el sistema de circunscripciones electorales.

Ahora bien, aprovechando los objetivos que persigue la iniciativa constitucional de reducción de legisladores federales, se propuso modificar la denominación de los diputados electos por el principio de “representación proporcional”, a fin de despojar a los llamados “diputados plurinominales” del estigma derivado del mecanismo previsto en la Constitución para su elección.

Al respecto, debemos reconocer que existe la percepción de que los legisladores designados por el sistema de circunscripciones electorales no son electos por la población. No obstante lo anterior, no se debe perder de vista que estos legisladores son designados por la autoridad electoral a partir de la votación registrada por los partidos políticos que los postularon, de tal suerte que revisten el mismo peso democrático que los legisladores electos por el principio de mayoría relativa, pues también son electos a partir del voto ciudadano.

En atención a lo anterior, se propuso modificar la denominación del principio de “representación proporcional” para que transite hacia un principio de “representación democrática”; en congruencia con ello, también se propuso eliminar la denominación de la expresión “plurinominales” para referirse a las circunscripciones electorales en las que se votarán los 120 diputados de “representación democrática”. Si bien no existe un argumento técnico-jurídico para la presente modificación, se estima apropiado desterrar en definitiva el concepto de diputados plurinominales y con ello la ilegitimidad asociada a los diputados electos por el sistema de listas regionales, a fin de recuperar la confianza ciudadana en la Cámara de Diputados y, en última instancia, fortalecer a la democracia mexicana.

No se debe perder de vista la importancia de mantener a los diputados de “representación democrática”, pues en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 6/98, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1998, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se refirió al principio de “representación proporcional” de la siguiente manera:

“... dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquéllas corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país. Así, se desprende que el principio de representación proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente.

El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los siguientes objetivos primordiales:

1. La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad.

2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total.

3. Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes.

...”

En este sentido, eliminar a los diputados electos en circunscripciones electorales sería un despropósito para la democracia mexicana, pues la designación de dichos legisladores constituye un pilar de la pluralidad representada en el Congreso de la Unión, por lo cual la iniciativa propone mantener a dichos legisladores, pero reduciendo su participación en el Pleno de la Cámara de Diputados.

En resumen, comparada con la integración actual, la iniciativa de reformas constitucionales propuso la siguiente integración de la Cámara de Diputados:

Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración actual en 128 legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos en cada entidad federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad federativa) y 32 son electos por el principio de “representación proporcional”, a partir de una lista nacional única. En este sentido, queda claro que la composición del Senado de la República busca una representación equitativa del federalismo mexicano, al contemplar tres senadores por cada entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en su integración, al distribuir 32 senadores entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación obtenida en la elección correspondiente.

A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder Legislativo Federal y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en su integración, la iniciativa de reformas constitucionales propuso eliminar la asignación de senadores a la primera minoría de cada entidad federativa, pues se estima que de esta forma se garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las preferencias por los candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro lado, la pluralidad en la integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema de lista nacional, lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de “representación proporcional” (propuesto como principio de “representación democrática” en la iniciativa).

En resumen, comparada con la integración actual, se propone la siguiente integración de la Cámara de Senadores:

En congruencia con las reformas descritas en los párrafos anteriores, también se propuso reformar los diversos artículos constitucionales que hacen referencia a los diferentes conceptos o figuras sobre los que repercute la disminución de legisladores federales, tales como:

• Los distritos electorales en los que se eligen los diputados por el principio de “mayoría relativa” que, derivado de la disminución de 300 a 180 legisladores, tendrán que ser reducidos en la misma cantidad (de 300 a 180 distritos electorales);

• La denominación de los diputados y senadores electos por el principio de “representación proporcional”, transitando hacia una “representación democrática”;

• La denominación de las “circunscripciones plurinominales”, quedando como “circunscripciones electorales”, y

• La integración de la Comisión Permanente, prevista en el artículo 78 constitucional, en la cual deberá quedar reflejada la reducción de integrantes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para quedar de la siguiente forma:

Ahora bien, para la adecuada instrumentación de la propuesta de reforma constitucional descrita, resulta necesario que la reducción de legisladores federales que se propone quede debidamente reflejada en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se proponen las siguientes modificaciones:

• Sustituir las referencias al principio de “representación proporcional” por “representación democrática”;

• Reducir la cantidad de vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 3 a 2 vicepresidentes;

• Reducir la cantidad de diputados federales necesarios para conformar un grupo parlamentario, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 5 a 3 diputados federales;

• Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 20 a 12 integrantes;

• Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de un parámetro de 12 a 16 diputados federales a un parámetro de 7 a 10 legisladores;

• Reducir la cantidad máxima de integrantes de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 30 diputados federales a un máximo de 18 legisladores;

• En congruencia con la previsión anterior, modificar la excepción aplicable a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, las cuales podrán tener más de 18 integrantes;

• Eliminar las referencias a los senadores de primera minoría;

• Reducir la cantidad de vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República, en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de tres a dos vicepresidentes y de 4 a 3 secretarios;

• Reducir la cantidad de senadores necesarios para conformar un grupo parlamentario, en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de 5 a 4 senadores;

• Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Senadores, en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de un parámetro de 8 a 12 senadores a un parámetro de 6 a 9 legisladores;

• Reducir la cantidad máxima de integrantes de las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores, en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de 15 senadores a un máximo de 11 legisladores;

• Reducir la integración de la Comisión Permanente en 23 integrantes, de los cuales 12 serán diputados federales y 11 senadores;

• Reducir la integración de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pasando de 3 legisladores por cada Cámara a 2 diputados federales y 2 senadores, y

• Reducir la integración de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, pasando de 3 legisladores por cada Cámara a 2 diputados federales y 2 senadores.

Finalmente, se proponen dos disposiciones transitorias, relativas a:

• La entrada en vigor del presente decreto, prevista al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y

• Establecer el mandato de que la Cámara de Diputados y el Senado de la República expidan las reformas necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el presente decreto, antes del 30 de abril de 2018.

Si bien los plazos para que la reducción de legisladores federales entre en vigor a tiempo para el proceso electoral 2018 se antojan apretados, aún es posible sacar adelante las reformas necesarias para cumplir este ambicioso objetivo. Ante el contexto económico que impera en la actualidad, quienes integramos la clase política mexicana no podemos ignorar esta demanda ciudadana, y debemos poner todo nuestro empeño para hacer que la nueva ingeniería del Poder Legislativo Federal se convierta en una realidad a la brevedad posible.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales

Artículo Único. Se reforma el inciso a) y b) numeral 1, numerales 2 y 4 del artículo 14; numeral 1 del artículo 17; numeral 2 del artículo 26; numeral 2 y 5 del artículo 40; numeral 1 y 2 del artículo 43; inciso b) numeral 1 del artículo 58; numeral 1 del artículo 62; numeral 1 del artículo 72; numeral 1 artículo 101; numeral 1 del artículo 104; numeral 1 del artículo 117; numeral 2 del artículo 141; numeral 3 del artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 14.

1. ...

a) Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez que acrediten a los diputados electos por el principio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las constancias de asignación democrática, expedidas en los términos de la ley de la materia; así como de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de diputados;

b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de asignación democrática, en los términos del inciso anterior;

c) y d) ...

2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la constancia de asignación democrática expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de agosto de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.

3. ...

4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación democrática, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario General, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos:

a) al c)....

Artículo 17.

1.La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, dos vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

2. a 8.

Artículo 26.

1. ...

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con tres diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.

3. a 6.

Artículo 40.

1. ...

2.La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con doce miembros de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos los Grupos Parlamentarios estarán representados en la misma. Se encargará de:

a) a c) ...

3. y 4. ...

5. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 7 diputados y un máximo de 10, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Artículo 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta dieciocho miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura.Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

2.Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener más de dieciocho miembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea necesario para que los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas.

3. a 7. ...

Artículo 58.

1. ...

a)....

b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de los senadores electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de validez y de mayoría y de la primera minoría, y de asignación democrática, en los términos del inciso anterior; y

c)...

Artículo 62.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, dos vicepresidentes y tres secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula.

2. y 3. ...

Artículo 72.

1. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario, que estará constituido por un mínimo de cuatro senadores. Sólo podrá haber un grupo parlamentario por cada partido político representado en la Cámara.

2. ...

Artículo 101.

1. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 6 Senadores y un máximo de 9, con la finalidad de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección de enjuiciamiento encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar representados los grupos parlamentarios.

Artículo 104.

1.Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta once miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas.

2. a 4. ...

Artículo 117.

1. La Comisión Permanente se compone de veintitrésmiembros, de los que doce serán diputados y once senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos.

2. ....

Artículo 141.

1. ...

2. La Comisión estará integrada por dos diputados y dos senadores electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. a 8. ...

Artículo 143.

1. y 2. ...

3. La administración y operación de las Bibliotecas será responsabilidad de los servicios establecidos en cada Cámara, conforme a los Títulos Segundo y Tercero de esta ley, y a través de una Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, integrada por dos diputados y dos senadores, electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados y el Senado de la República deberán expedir las reformas necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el presente decreto, antes del 30 de abril de 2018.

Notas:

1 Artículos 39, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 INEGI, 2015.

4 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, México 2014. Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion- Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones

5 Consulta Mitofsky, México, 2015. Disponible en: http://consulta. mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-inst ituciones

6 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3319757

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8 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3284396

9 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3474540

10 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3468381

11 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3472944

12 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/ pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4 &Clave=3418289

13 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3306146

14 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3299974

15 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3365062

16 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475729

17 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475663

18 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3408166

19 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha.

20 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha.

21 Intervenciones de la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, y el Consejero Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del INE.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2017.— Diputados: Arturo Álvarez Angli,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de reducción de legisladores federales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de reducción de legisladores federales, con base en la siguiente

Desde hace tiempo se ha planteado en el ánimo social la exigencia de reducir la cantidad de diputados y senadores que integran el Poder Legislativo federal, no sólo como medida para el ahorro de recursos públicos sino también para hacer más eficiente la labor política y legislativa.

El Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por escuchar las demandas sociales más sentidas, y somos conscientes de la necesidad de que quienes integramos la clase política nos apretemos el cinturón y ratifiquemos nuestro compromiso de servicio a la ciudadanía, atendiendo puntualmente las legítimas demandas de austeridad por parte de la población.

Como representantes populares, los integrantes del Congreso de la Unión debemos predicar con el ejemplo y aprovechar nuestras facultades legislativas para que las diversas voluntades expresadas a favor de la austeridad, se conviertan en verdaderas normas con fuerza de ley y hasta con rango de mandato constitucional.

De la misma forma, sería oportuno aprovechar esta coyuntura económica para dar un paso más en la consolidación de la democracia en nuestro país, haciendo del Congreso de la Unión un órgano más eficiente y ponerlo al servicio de los mexicanos, mediante una estructura austera pero suficiente para el digno desempeño de sus actividades legislativas y de control político, a la altura de cualquier parlamento de primer mundo.

Por mandato constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para efectos de la presente iniciativa, resulta relevante la regulación del Poder Legislativo federal, el cual se deposita en el Congreso de la Unión que, a su vez, se divide en dos Cámaras: una de diputados y otra de senadores.

Más allá de su papel como uno de los Poderes de la Unión y de sus facultades legislativas, la relevancia del Congreso de la Unión radica en su papel de representación popular, pues sus integrantes son electos por la ciudadanía para llevar su voz al Poder Legislativo federal.

En tal sentido, cabe resaltar la integración de ambas Cámaras Legislativas y su representatividad ciudadana, a la luz de una población de 119.53 millones de habitantes, de conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si se toma en consideración que la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores y el Senado de la República cuenta con 128 senadores, es posible inferir que cada legislador representa a 239 mil y a 934 mil mexicanos, respectivamente.

Comparando a los integrantes del Congreso de la Unión con los parlamentos de otros países, Estados Unidos, Brasil e India cuentan con legisladores que representan a un mayor número de habitantes, mientras que en Francia, España, Alemania y Sudáfrica sus parlamentarios representan a una menor población, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web de los congresos nacionales de cada país.

Si bien la eficiencia de un parlamento no necesariamente depende del número de sus integrantes, es innegable que la clase política mexicana adolece una crisis de desconfianza ciudadana, toda vez que, de conformidad con la Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, emprendida en 2014 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los legisladores y los partidos políticos registran el menor índice de confianza. Dicho panorama es confirmado por la encuesta nacional en viviendas “México: confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, en la cual los partidos políticos y los legisladores ocuparon los lugares más bajos de confianza.

En resumen, está claro que los ciudadanos no se sienten representados por sus diputados y senadores, de tal suerte que la iniciativa que nos ocupa busca reducir el número de legisladores federales, mitigando en la misma proporción el costo del Congreso de la Unión para los mexicanos, además de mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo Federal.

Asimismo, no se debe ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han cambiado la manera en que la población interactúa con sus representantes populares, de tal suerte que el diálogo entre legisladores y ciudadanos no se encuentra determinado por la cantidad de diputados y senadores, sino por la eficiencia de medios de comunicación como las redes sociales.

El espíritu de la presente propuesta ya ha sido planteado en el Congreso de la Unión, pues tan sólo durante la LXII y la LXIII legislaturas se han presentado las siguientes iniciativas por parte de las diferentes fuerzas políticas:

Fuente: Elaboración propia con información del sitio web del Sistema de Información Legislativa, de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, no se debe perder de vista que el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, propuso como parte de su campaña política la eliminación de 100 diputados federales, de tal suerte que, a la luz de las condiciones económicas que imperan actualmente en nuestro país, la demanda ciudadana de austeridad gubernamental y la necesidad de hacer más eficiente y representativo del Congreso de la Unión, se estima apropiado proponer la presente iniciativa de reformas a diversos ordenamientos legales para complementar la propuesta de reforma constitucional encaminada a reducir el número de diputados federales y senadores.

Cabe mencionar que la presente iniciativa deriva de una iniciativa de reformas constitucionales presentada en esta misma fecha de manera separada 20, en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”.

Descripción de la iniciativa

La presente propuesta deriva de una iniciativa de reforma constitucional por la que se propone la reducción de legisladores federales, replanteando la integración del Congreso de la Unión, con la finalidad de:

a) Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección;

b) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y

c) Mejorar la representatividad de la ciudadanía.

Para lograr lo anterior, la iniciativa de reforma constitucional que sustenta la presente iniciativa de reformas a diversas leyes propone reducir la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 500 a 300 legisladores, así como la integración del Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores. De esta forma, las Cámaras del Congreso de la Unión quedarían integradas de la siguiente manera:

Esta reducción deberá repercutir proporcionalmente en los costos operativos de cada Cámara Legislativa. Al respecto, resulta oportuno destacar que, tomando como base los recursos asignados al Poder Legislativo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), se lograrían ahorros significativos para la hacienda pública:

De la proyección anterior se desprende que, a partir de una reducción en los presupuestos de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión (40 por ciento en la Cámara de Diputados, y 25 por ciento en el Senado de la República, derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el costo anual del Poder Legislativo Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, un 34.4 por ciento menos que el costo de este año, equivalente a $4,187,266,021.

De concretarse la reducción de legisladores que se propone, dichos ahorros anuales podrían ser utilizados para cubrir las asignaciones hechas en el PEF 2017 para los siguientes conceptos:

• El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior ($4,085,022,553);

• Duplicar los presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ($1,098,379,965) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 pesos), o

• Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1,380,741,978).

Aunado a los argumentos de carácter económico, no se debe perder de vista que la reducción de legisladores también impactará significativamente en la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad.

Cabe destacar que la propuesta de reducir el número de diputados y senadores no sólo respeta los principios de proporcionalidad y pluralidad de la representación política materializada en el Congreso de la Unión, sino que además lleva implícita la intención de fortalecer la democracia mexicana, a partir de una redistribución de los legisladores en función de los mecanismos para su elección.

Sobre este tema se pronunciaron los representantes de las autoridades electorales en el cuarto Seminario Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles, organizado por el Instituto Nacional Electoral en días pasados, en cuya ceremonia de inauguración se habló de la importancia del garantizar la participación ciudadana mediante el voto a fin de, por un lado, expresar la pluralidad democrática y, por otro lado, establecer un vínculo de identidad entre el elector y su representante.

De conformidad con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de “votación mayoritaria relativa”, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de “representación proporcional”, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

En este sentido, la propuesta de reducción de 200 diputados federales, pasando de una integración de 500 a 300 legisladores en la Cámara de Diputados, no es discrecional, sino que busca mantener la actual proporción de diputados electos por los principios de referencia (60 y 40 por ciento, respectivamente), pasando de 300 a 180 diputados electos por el principio de “mayoría relativa” y de 200 a 120 diputados electos por el sistema de circunscripciones electorales.

Ahora bien, aprovechando los objetivos que persigue la iniciativa constitucional de reducción de legisladores federales, se propuso modificar la denominación de los diputados electos por el principio de “representación proporcional”, a fin de despojar a los llamados “diputados plurinominales” del estigma derivado del mecanismo previsto en la Constitución para su elección.

Al respecto, debemos reconocer que existe la percepción de que los legisladores designados por el sistema de circunscripciones electorales no son electos por la población. No obstante lo anterior, no se debe perder de vista que estos legisladores son designados por la autoridad electoral a partir de la votación registrada por los partidos políticos que los postularon, de tal suerte que revisten el mismo peso democrático que los legisladores electos por el principio de mayoría relativa, pues también son electos a partir del voto ciudadano.

En atención a lo anterior, se propuso modificar la denominación del principio de “representación proporcional” para que transite hacia un principio de “representación democrática”; en congruencia con ello, también se propuso eliminar la denominación de la expresión “plurinominales” para referirse a las circunscripciones electorales en las que se votarán los 120 diputados de “representación democrática”. Si bien no existe un argumento técnico-jurídico para la presente modificación, se estima apropiado desterrar en definitiva el concepto de diputados plurinominales y con ello la ilegitimidad asociada a los diputados electos por el sistema de listas regionales, a fin de recuperar la confianza ciudadana en la Cámara de Diputados y, en última instancia, fortalecer a la democracia mexicana.

No se debe perder de vista la importancia de mantener a los diputados de “representación democrática”, pues en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 6/98, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1998, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se refirió al principio de “representación proporcional” de la siguiente manera:

“...dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquéllas corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país. Así, se desprende que el principio de representación proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente.

El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los siguientes objetivos primordiales:

1. La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad.

2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total.

3. Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes.

...”

En este sentido, eliminar a los diputados electos en circunscripciones electorales sería un despropósito para la democracia mexicana, pues la designación de dichos legisladores constituye un pilar de la pluralidad representada en el Congreso de la Unión, por lo cual la iniciativa propone mantener a dichos legisladores, pero reduciendo su participación en el pleno de la Cámara de Diputados.

En resumen, comparada con la integración actual, la iniciativa de reformas constitucionales propuso la siguiente integración de la Cámara de Diputados:

Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración actual en 128 legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos en cada entidad federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad federativa) y 32 son electos por el principio de “representación proporcional”, a partir de una lista nacional única. En este sentido, queda claro que la composición del Senado de la República busca una representación equitativa del federalismo mexicano, al contemplar tres senadores por cada entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en su integración, al distribuir 32 senadores entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación obtenida en la elección correspondiente.

A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder Legislativo federal y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en su integración, la iniciativa de reformas constitucionales propuso eliminar la asignación de senadores a la primera minoría de cada entidad federativa, pues se estima que de esta forma se garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las preferencias por los candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro lado, la pluralidad en la integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema de lista nacional, lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de “representación proporcional” (propuesto como principio de “representación democrática” en la iniciativa).

En resumen, comparada con la integración actual, se propone la siguiente integración de la Cámara de Senadores:

En congruencia con las reformas descritas en los párrafos anteriores, también se propuso reformar los diversos artículos constitucionales que hacen referencia a los diferentes conceptos o figuras sobre los que repercute la disminución de legisladores federales, tales como:

• Los distritos electorales en los que se eligen los diputados por el principio de “mayoría relativa” que, derivado de la disminución de 300 a 180 legisladores, tendrán que ser reducidos en la misma cantidad (de 300 a 180 distritos electorales);

• La denominación de los diputados y senadores electos por el principio de “representación proporcional”, transitando hacia una “representación democrática”;

• La denominación de las “circunscripciones plurinominales”, quedando como “circunscripciones electorales”, y

• La integración de la Comisión Permanente, prevista en el artículo 78 constitucional, en la cual deberá quedar reflejada la reducción de integrantes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para quedar de la siguiente forma:

Ahora bien, para la adecuada instrumentación de la propuesta de reforma constitucional descrita, resulta necesario que la reducción de legisladores federales que se propone quede debidamente reflejada en la legislación secundaria en la que incide, tales como:

• La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

• La Ley General de Partidos Políticos, y

• La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tal sentido, la presente iniciativa propone armonizar el contenido de dichos ordenamientos legales con la propuesta de reforma constitucional por la que se reducen los legisladores federales. De manera particular, se proponen las siguientes modificaciones:

a) A la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de:

• Sustituir las referencias al principio de “representación proporcional” por “representación democrática”;

• Referir la nueva integración de la Cámara de Diputados en 180 diputados electos por el principio de “mayoría relativa” y 120 diputados electos por el principio de “representación democrática”, para dar un total de 300 diputados federales;

• Referir la nueva integración del Senado de la República en 64 senadores electos por el principio de “mayoría relativa” y 32 senadores electos por el principio de “representación democrática”, para dar un total de 96 senadores, derivado de la eliminación de los 32 senadores de primera minoría;

• Sustituir las referencias a “circunscripciones plurinominales” por “circunscripciones electorales”;

• Asignar a cada una de las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país 24 diputados federales, a fin de dar origen a la elección de los 120 diputados federales electos por el principio de “representación democrática”;

• Precisar el número de distritos electorales, pasando de 300 a 180, derivado de la reducción en dicho número de los diputados federales electos por el principio de “mayoría relativa”, y

• Sustituir la abreviatura “R.P” correspondiente a “representación proporcional”, por “R.D.” correspondiente a “representación democrática”;

b) A la Ley General de Partidos Políticos, a fin de sustituir las referencias al principio de “representación proporcional” por “representación democrática”, y

c) A la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de:

• Sustituir las referencias al principio de “representación proporcional” por “representación democrática”, y

• Sustituir las referencias a “circunscripciones plurinominales” por “circunscripciones electorales”.

Finalmente, se proponen dos disposiciones transitorias, relativas a:

• La entrada en vigor del presente decreto, prevista al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y

• Establecer el mandato de que la Cámara de Diputados y el Senado de la República expidan las reformas necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el presente decreto, antes del 30 de abril de 2018.

Si bien los plazos para que la reducción de legisladores federales entre en vigor a tiempo para el proceso electoral 2018 se antojan apretados, aún es posible sacar adelante las reformas necesarias para cumplir este ambicioso objetivo. Ante el contexto económico que impera en la actualidad, quienes integramos la clase política mexicana no podemos ignorar esta demanda ciudadana, y debemos poner todo nuestro empeño para hacer que la nueva ingeniería del Poder Legislativo Federal se convierta en una realidad a la brevedad posible.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de reducción de legisladores federales

Artículo Primero.Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 11; numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 14; la denominación del capítulo II del Título Segundo “De la Elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los Integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados”; numerales 2 y 3 del artículo 15; numerales 1 y 2 del artículo 16; numerales 2 y 3 del artículo 17; numeral 1, párrafo primero, inciso b), c) y d) del numeral 2 del artículo 18; inciso a), b) y c) numeral 1 del artículo 19; artículo 20; numerales 1, 3 y 6 del artículo 21; numerales 3 y 4 del artículo 23; numeral 1 del artículo 27; párrafo primero y el inciso c) numeral 2 del artículo 28; fracción II del inciso a) del numeral 1 del artículo 32; inciso b) del numeral 1 del artículo 33; incisos l), s), u) y v) del numeral 1 del artículo 44; incisos j) y m) del numeral 1 del artículo 45; incisos l) y m) numeral 1 del artículo 46; inciso g) numeral 1 artículo 54; inciso j) numeral 1 del artículo 68; artículo 69; inciso f) numeral 1 del artículo 70; numeral 1 artículo 71; incisos i) y j) numeral 1 del artículo 79; inciso h) numeral 1 del artículo 80; numeral 1 del artículo 81; inciso i) numeral 1 del artículo 104; numerales 3 y 4 del artículo 214; numeral 3 del artículo 224; numeral 2 del artículo 232; artículo 234; fracciones II y IV del inciso a) numeral 1 del artículo 237; numerales 4, 5 y 6 del artículo 238; numeral 7 del artículo 239; incisos a), f) y g) numeral 2 del artículo 266; incisos a), b), c) y d) numeral 2 del artículo 284; inciso i) numeral 1 del artículo 311; inciso e) numeral 1 del artículo 313; incisos b) y d) numeral 1 del artículo 316; inciso e) numeral 1 del artículo 317; numeral 2 del artículo 319; numeral 2 artículo 320; la denominación de los capítulos V y VI del Título Cuarto “De los actos posteriores a la elección y los resultados electorales”; artículos 322 y 323; inciso b) numeral 1 del artículo 324; numeral 1 del artículo 325; numeral 1 del artículo 327; artículo 328; inciso b) numeral 1 del artículo 362 y artículo 437 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 11.

1. ...

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de treinta y seiscandidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación democrática distribuidos en sus cinco listas regionales. En el caso de las legislaturas locales, se aplicarán las normas que especifique la legislación respectiva.

3. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de seis candidatos a senador por mayoría relativa y por representación democrática.

Artículo 14.

1. La Cámara de Diputados se integra por 180 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 120 diputados que serán electos según el principio de representación democrática, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones electorales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.

2. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de representación democrática, votados en una sola circunscripción electoral nacional. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos a senadores. Asimismo, deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de representación democrática.

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos. En las fórmulas para senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación democrática, los partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo género.

5. ...

Capítulo II
De la Representación Democrática para la Integración de las Cámaras de Diputados y Senadores y de las Fórmulas de Asignación

Artículo 15.

1. ...

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación democrática, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para Candidatos Independientes y los votos nulos.

3. Ningún partido político podrá contar con más de 180 diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento.

Artículo 16.

1. Para la asignación de diputados de representación democrática conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:

a) y b) ...

2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 120 diputados de representación democrática.

3. ...

Artículo 17.

1. ...

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de 180, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación democrática hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

3. Una vez deducido el número de diputados de representación democrática excedentes, al partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo anterior se le asignarán las curules que les correspondan en cada circunscripción, en los siguientes términos:

a) al c) ....

Artículo 18.

1. Para la asignación de diputados de representación democrática en el caso de que se diere el supuesto previsto por la fracción VI del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue:

a) ...

2. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción electoral, se procederá como sigue:

a) ...

b) La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes de asignar en cada circunscripción electoral, para obtener el cociente de distribución en cada una de ellas;

c) La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones electorales se dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en números enteros el total de diputados por asignar en cada circunscripción electoral, y

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción electoral cuente con veinticuatro diputaciones.

Artículo 19.

1. ...

a) Se dividirá la votación total de cada circunscripción, entre veinticuatro, para obtener el cociente de distribución;

b) La votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones electorales se dividirá entre el cociente de distribución, el resultado en números enteros será el total de diputados que en cada circunscripción electoralse le asignarán, y

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere, hasta agotar los que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción electoral cuente con veinticuatro diputaciones.

Artículo 20.

1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación democrática se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas.

Artículo 21.

1. Para la asignación de senadores por el principio de representación democráticaa que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas:

a) Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio de representación democrática, la suma de todos los votos depositados en las urnas para la lista de circunscripción electoral nacional, y

b) La asignación de senadores por el principio de representación democráticase hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la votación emitida para la lista correspondiente, los votos nulos, los votos por candidatos no registrados y los votos por Candidatos Independientes.

2. ...

3. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número por repartir de senadores electos por el principio de representación democrática.

4. ...

5. ...

6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación democráticase seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional.

Artículo 23.

1. ...

2. ...

3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación democrática deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación democrática deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.

Artículo 27.

1. Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación democrática, en los términos que señalan esta Ley, las constituciones locales, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes locales respectivas.

2. ...

Artículo 28.

1. ...

2. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales de representación democrática se realizará conforme a lo siguiente:

a) y b) ...

c) En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de representación democrática que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación. [Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.]

Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015

(En la porción normativa que indica “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”)

Artículo 32.

1. ...

a) ...

I. ...

II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones electorales y el establecimiento de cabeceras;

III. al VI...

b) ...

2. ...

Artículo 33.

1. ...

a) ...

b) 180subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal.

2. ...

Artículo 44.

1. ...

a) a la k)...

l) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 180 distritos electorales uninominales y su cabecera, su división en secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos;

m) a la r) ...

s) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de representación democrática; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación democrática que presenten los partidos políticos nacionales y candidatos, en su caso, comunicando lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente;

t) ...

u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación democrática, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación democrática, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual;

v) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de asignación de senadores y diputados electos por el principio de representación democrática, respectivamente, así como de los medios de impugnación interpuestos;

w) a la j)...

2. y 3...

Artículo 45.

1. ...

a) a la i) ....

j) Recibir de los partidos políticos nacionales las solicitudes de registro de candidatos a la Presidencia de la República y las de candidatos a senadores y diputados por el principio de representación democrática ysometerlas al Consejo General para su registro;

k) a la l) ...

m) Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción electoral, una vez concluido el proceso electoral;

n) a la p) ...

Artículo 46.

1. ...

a) a la k) ...

l) Integrar los expedientes con las actas de cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por el principio de representación democráticay presentarlos oportunamente al Consejo General;

m) Integrar los expedientes con las actas del cómputo de las circunscripciones electorales de la elección de diputados por el principio de representación democrática y presentarlos oportunamente al Consejo General;

n) a la p) ...

Artículo 54.

1. ...

a) a la f)...

g) Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del territorio nacional en 180 distritos electorales uninominales, así como el de las cinco circunscripciones electorales;

h) a la ñ) ...

2. al 4....

Artículo 68.

1. ...

a) a la i)

j) Efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por el principio de representación democrática, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del expediente en los términos señalados en el Libro Quinto de esta Ley;

k) a la n) ...

Artículo 69.

1. Los consejos locales con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción electoral, además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las siguientes:

a) Recabar de los consejos distritales comprendidos en su respectiva circunscripción, las actas del cómputo de la votación de la elección de diputados por el principio de representación democrática;

b) Realizar los cómputos de circunscripción electoralde esta elección, y

c) Turnar el original y las copias del expediente del cómputo de circunscripción electoral de la elección de diputados por el principio de representación democrática, en los términos señalados en el Capítulo Quinto del Título Cuarto del Libro Quinto de esta Ley.

Artículo 70.

1. ...

a) a la e) ...

f) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a las fórmulas de candidatos a senadores que hubiesen obtenido la mayoría de votos , conforme al cómputo y declaración de validez del consejo local, e informar al Consejo General;

g) a la i) ...

2 y 3...

Artículo 71.

1. En cada uno de los 180distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos:

a) a la c) ...

2...

Artículo 79.

1. ...

a) a la h) ...

i) Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación democrática;

j) Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los principios de mayoría relativa y de representación democrática;

k) a la m)...

Artículo 80.

1. ...

a) a la g) ...

h) Custodiar la documentación de las elecciones de diputados por mayoría relativa y representación democrática, de senadores por mayoría relativa y representación democrática y de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya el proceso electoral correspondiente;

i) a la l)...

2 y 3 ...

Artículo 81.

1. Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 180 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República.

2 y 3...

Artículo 104.

1. ...

a) a la h)

i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación democrática de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;

j) a la r) ...

Artículo 214.

1. ...

2. ...

3. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, una vez establecida la demarcación territorial de los 180 distritos electorales uninominales, basada en el último censo general de población, el Consejo General, aprobará, en su caso, la distribución de los distritos electorales entre las entidades federativas, asegurando que la representación de un estado sea al menos de dos diputados de mayoría.

4. Para la elección de los 120 diputados elegidos por el principio de representación democrática, el Consejo General aprobará, en su caso, previo al inicio del proceso electoral, la conformación de las cinco circunscripciones electorales en el país.

Artículo 224.

1. ...

2. ...

3. Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General determinará el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones electorales, así como, en su caso, la demarcación territorial a que se refiere el artículo 53 de la Constitución.

Artículo 232.

1. ...

2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación democrática, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación democrática, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3 al 5....

Artículo 234.

1. Las listas de representación democrática se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

Artículo 237.

1. ...

a) ...

I...

II. Los candidatos a diputados electos por el principio de representación democrática, por el Consejo General;

III. ...

IV. Los candidatos a senadores electos por el principio de representación democrática, por el Consejo General, y

V. ...

b). ...

2 al 4....

Artículo 238.

1 al 3...

4. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación democrática para las cinco circunscripciones electorales, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 120 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, pertenezca.

5. La solicitud de cada partido político para el registro de la lista nacional de candidaturas a senadores por el principio de representación democrática para la circunscripción electoral nacional, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 21 listas con las dos fórmulas por entidad federativa de las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, pertenezca.

6. La solicitud de registro de las listas de representación democrática a que se hace referencia en los dos párrafos anteriores, deberá especificar cuáles de los integrantes de cada lista están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva.

7. ...

Artículo 239.

1 al 6...

7. De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los consejos locales y distritales, las determinaciones que haya tomado sobre el registro de las listas de candidatos por el principio de representación democrática.

8. ...

Artículo 266.

1. ...

2. ...

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción electoral, municipio o delegación;

b) a la e)...

f) En el caso de diputados por mayoría relativa y representación democrática, un solo espacio por cada partido político para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional;

g) En el caso de la elección de senadores por mayoría relativa y representación democrática, un solo espacio para comprender la lista de las dos fórmulas de propietarios y suplentes postuladas por cada partido político y la lista nacional;

h) a la k)...

3 a la 6...

Artículo 284.

1. ...

2. ...

a) Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá votar por diputados por los principios de mayoría relativa y de representación democrática, por senador por los principios de mayoría relativa y de representación democrática y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda “representación democrática”, o la abreviatura “R. D.” y las boletas para la elección de senadores y de presidente;

b) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad federativa, podrá votar por diputados por el principio de representación democrática, por senador por los principios de mayoría relativa y representación democráticay por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda “representación democrática”, o la abreviatura “R. D.” y las boletas para la elección de senadores y de presidente;

c) Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción, podrá votar por diputados por el principio de representación democrática, por senador por el principio de representación democráticay por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará las boletas únicas para las elecciones de diputados y senadores, asentando la leyenda “representación democrática” o la abreviatura “R. D.”, así como la boleta para la elección de presidente, y

d) Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circunscripción, pero dentro del territorio nacional, únicamente podrá votar por senador por el principio de representación democráticay por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la casilla le entregará la boleta única para la elección de senadores asentando la leyenda “representación democrática” o la abreviatura “ R.D.”, así como la boleta de la elección de presidente.

3 y 4 ...

Artículo 311.

1. ...

a) a la h)...

i) El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación democrática, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación democrática;

j) y k) ...

2. al 9...

Artículo 313.

1. ...

a) al d)...

e) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación democrática, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los incisos a) y b) anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación democrática, y

f). ...

Artículo 316.

1. ...

a) ...

b) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación democrática con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta del cómputo distrital de representación democrática, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;

c) ...

d) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación democrática con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta del cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral, y

e). ...

Artículo 317.

1. ...

a) al d)...

e) Remitir al correspondiente consejo local con residencia en la cabecera de circunscripción el expediente del cómputo distrital que contiene las actas originales, copias certificadas y demás documentos de la elección de diputados por el principio de representación democrática. De las actas y documentación contenidas en dicho expediente enviará copia certificada al Secretario Ejecutivo del Instituto.

Artículo 319.

1. ...

2. Asimismo, efectuarán el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senadores por el principio de representación democrática, asentando los resultados en el acta correspondiente.

Artículo 320.

1. ...

2. El cómputo de entidad federativa para la elección de senadores por el principio de representación democrática se determinará mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital de esta elección, sujetándose, en lo conducente, a las reglas establecidas en los incisos a), b) y d) del párrafo anterior.

Capítulo V
De los Cómputos de Representación Democrática en cada Circunscripción.

Artículo 322.

1. El cómputo de circunscripción electoral es la suma que realiza cada uno de los consejos locales con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción, de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital respectivas, a fin de determinar la votación obtenida en la elección de diputados por el principio de representación democrática en la propia circunscripción.

Artículo 323.

1. El consejo local que resida en la capital cabecera de cada circunscripción electoral, el domingo siguiente a la jornada electoral y una vez realizados los cómputos a que se refiere el artículo 319 de esta Ley, procederá a realizar el cómputo de la votación para las listas regionales de diputados electos según el principio de representación democrática.

Artículo 324.

1. El cómputo de circunscripción electoral se sujetará al procedimiento siguiente:

a) ...

b) La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la votación total emitida en la circunscripción electoral, y

c) ...

Artículo 325.

1. El presidente del consejo local que resida en la capital cabecera de la circunscripción electoral deberá:

a) al c) ...

Capítulo VI
De las Constancias de Asignación Democrática

Artículo 327.

1. En los términos de los artículos 54 y 56 de la Constitución, el Consejo General procederá a la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación democrática conforme a los artículos 15 al 21 de esta Ley.

2. ...

Artículo 328.

1. El Presidente del Consejo General expedirá a cada partido político, las constancias de asignación democrática, de lo que informará a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores, respectivamente.

Artículo 362.

1. ...

a). ...

b) Diputados y Senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa. No procederá en ningún caso, el registro de aspirantes a Candidatos Independientes por el principio de representación democrática.

Artículo 437.

1. Para determinar la votación nacional emitida que servirá de base para la asignación de diputados y senadores por el principio de representación democrática, en términos de lo previsto por la Constitución y esta Ley, no serán contabilizados los votos recibidos a favor de Candidatos Independientes.

Artículo Segundo. Se reforman el párrafo primero y la fracción III del inciso c) numeral 2 del artículo 9; numeral 14 del artículo 87; inciso d) numeral 1 del artículo 89 y numeral 4 del artículo 93 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 9.

1. ...

2. ...

a) y b)...

c) Verificar que la Legislatura de la entidad federativa se integre con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación democrática, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta norma no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de representación democrática, se realizará conforme a lo siguiente:

I. y II...

III. En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de representación democrática que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación.

d). ...

Artículo 87.

1 al 13...

14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación democráticay su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio.

15. ...

Artículo 89.

1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán:

a) al c) ....

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación democrática.

Artículo 93.

1. al 3. ...

4. Los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán reconocidos y asignados tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos fusionados obtuvieron en la última elección para diputados federales, y en su caso, para diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de representación democrática.

5 al 7...

Artículo Tercero.Se reforma el inciso e) fracción I del artículo 189; párrafo primero del artículo 192; fracción XXIII artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 189. ...

...

a) al d)...

e) Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en única instancia y en los términos de la ley de la materia, que se promuevan por violación al derecho de ser votado en las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados federales y senadores por el principio de representación democrática, Gobernador o de Jefe de Gobierno del Distrito Federal; los que se promuevan por violación al derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, así como los que se presenten en contra de las determinaciones de los partidos políticos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes mencionadas o en la integración de sus órganos nacionales. En los dos últimos casos la Sala Superior admitirá el medio de impugnación una vez que los quejosos hayan agotado los medios partidistas de defensa;

f) y g) ...

II. al XIX. ...

Artículo 192. El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada que se integrarán por tres magistrados electorales, cada una; cinco de las Salas Regionales tendrán su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de las circunscripciones electorales en que se divida el país, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, la sede de las dos Salas Regionales restantes, será determinada por la Comisión de Administración, mediante acuerdo general y la Sala Regional Especializada tendrá su sede en el Distrito Federal.

...

...

...

Artículo 209. ...

I. al XXII...

XXIII. Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante las Salas del Tribunal Electoral, ordenándola por ramas, especialidades, circunscripciones electorales, entidades federativas, y de ser posible, por distritos electorales uninominales federales;

XXIV al XXXII...

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados y el Senado de la República deberán expedir las reformas necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el presente decreto antes del 30 de abril de 2018.

Tercero.El Instituto Nacional Electoral deberá armonizar con el presente decreto sus reglamentos internos, antes de que inicie el proceso electoral de 2018.

Notas:

1 Artículos 39, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Inegi, 2015.

4 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, México 2014. Disponible en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/ CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/ Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones

5 Consulta Mitofsky, México, 2015. Disponible en: http://consulta. mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-inst ituciones

6 ttp://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3319757

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9 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3474540

10 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3468381

11 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3472944

12 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3418289

13 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3306146

14 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3299974

15 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3365062

16 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475729

17http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475663

18 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3408166

19 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha.

20 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha.

21 Intervenciones de la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, y el Consejero Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del INE.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputados: Arturo Álvarez Angli,Jesús Sesma Suárez (rúbrica) .»

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Araceli Damián González, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, bajo la siguiente

La seguridad social es un derecho humano y, como tal, no puede restringirse. No obstante, el artículo 151 de la Ley del Seguro Social (LSS) incluido en la sección séptima del capítulo V, limite el derecho al seguro de invalidez y vida para quienes, por diversas circunstancias, han dejado de cotizar por tres o seis años, no obstante tengan las cotizaciones requeridas para gozar de este derecho.

Esta restricción contraviene los derechos reconocidos en nuestra Constitución. Básicamente, en cuatro fracciones se restringe el reconocimiento La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala claramente que:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[...]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene en su artículo 22 que

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

A su vez, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica en su artículo 16 que

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

La Constitución mexicana reconoce el derecho a la seguridad social en dos apartados, que dan pie a dos leyes reglamentarias, la Ley del Seguro Social (LSS) y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al respecto, el artículo 123 constitucional, en la fracción XXIX de su apartado A, señala que:

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Es importante señalar al respecto que “recibe la calificación de pública la utilidad que, directa o indirectamente, aprovecha a la generalidad de las personas que integran la colectividad nacional, sin que ninguna pueda ser privada de ella, en cuanto representa un bien común de naturaleza material o moral”.

A la par, el ya citado artículo 1 de la Constitución indica que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán... favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Es decir, la Carta Magna defiende el principio pro persona, que implica “un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria”.

Es decir, hay un mandato constitucional que obliga a las autoridades a favorecer en todo momento la protección más amplia para la persona, por lo que el parámetro para determinar la correcta aplicación de otras normas secundarias, en este caso la LSS, también debe ser el más favorable para la persona.

Como señalamos al inicio de esta iniciativa, el artículo 151 de la LSS incluido en la sección séptima del capítulo V, referido a la conservación y reconocimiento de derechos del seguro de invalidez y vida restringe el reconocimiento de cotizaciones realizadas a quienes dejaron de pertenecer al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la siguiente manera:

Artículo 151.Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma siguiente:

I.Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones;

II.Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones;

III.Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento, y

IV.En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos los seguros, con excepción del de invalidez y vida.

En los casos de las fracciones II y III, si el reingreso del asegurado ocurriera antes de expirar el período de conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores.

Es importante considerar dos tesis aisladas referentes al artículo. La primera indica:

Seguro social. El artículo 151, fracción III, de la ley relativa, no viola los principios de solidaridad social y utilidad pública contenidos en el numeral 123, Apartado A, fracción XXIX, constitucional.

El señalado precepto legal al establecer que al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste después de 6 años de interrupción se le acreditará el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores al reunir 52 semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento, no viola los principios de solidaridad social y utilidad pública contenidos en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el citado reconocimiento de derechos constituye una conquista social que permite a los miembros de la clase trabajadora, cuando concluyen algún vínculo laboral, que se les reconozca el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores cuando se interrumpe su pago, siempre y cuando reúnan 52 semanas en su nuevo aseguramiento. Lo contrario implicaría extender ese beneficio social ilimitadamente en detrimento del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Amparo directo en revisión 1479/2008. Juana Herrera Ramírez, por sí y en representación de su menor hijo Luis Antonio Vera Herrera. 26 de noviembre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval.

Es decir, se asegura que el artículo 151 de la LSS no viola los principios de solidaridad social y utilidad pública del artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución. No obstante, nada se menciona sobre los derechos humanos en esta tesis. Por ello, cito una segunda tesis aislada:

Seguro social. El artículo 151, fracción III, de la ley relativa, al no otorgar la posibilidad de que los beneficiarios de un trabajador accedan a una pensión en caso de que éste fallezca después de reingresar al régimen obligatorio pero antes de cotizar cincuenta y dos semanas, vulnera el derecho humano de seguridad social.

Los artículos 1, numeral 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen la obligación a cargo de los Estados de respetar los derechos humanos y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, además disponen que en caso de que el ejercicio de los derechos y libertades no esté garantizado en las disposiciones legislativas o de otro carácter, aquéllos se comprometen a adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. En el caso del Poder Judicial, esta obligación reside, entre otros aspectos, en la interpretación y aplicación de los preceptos legales. Por ello, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos en dicha convención, en su interpretación y aplicación, debe atenderse a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a efecto de que los derechos humanos y las normas que los contienen sean interpretados de manera que permitan la ampliación de los titulares del derecho y de las circunstancias protegidas por estos derechos (universalidad); además, debe atenderse a que todos los derechos humanos establecen relaciones recíprocas entre sí (interdependencia) y, por ello, no pueden ser analizados de manera aislada ni estableciendo jerarquizaciones (indivisibilidad); por ende, en su examen debe tenerse presente que la interpretación que se dé a un derecho, necesariamente tendrá un impacto en otro, por lo que el juzgador debe buscar su coexistencia armónica; asimismo, es necesario que su protección tienda a ser mejor y mayor cada día (progresividad), por lo que en la interpretación y aplicación de la norma, el juzgador deberá buscar cumplir con este objetivo, pues sólo de esta manera logrará su protección integral. En ese sentido, si el artículo 151, fracción III, de la Ley del Seguro Social, no permite la ampliación de circunstancias protegidas por el derecho a la seguridad social de los familiares del trabajador fallecido e impide una mejor y mayor protección de aquél, al no prever la posibilidad de que se otorgue a los beneficiarios la pensión correspondiente, en caso de que el asegurado muera después de reingresar al régimen obligatorio pero antes de cotizar cincuenta y dos semanas, es evidente que vulnera el derecho humano a la seguridad social de los sobrevivientes del asegurado, al no garantizar su pleno goce y ejercicio, pues desconoce el derecho de éstos derivado de la circunstancia de que el trabajador ya había cotizado más de ciento cincuenta semanas exigidas por la propia ley. Además, el incumplimiento de la cotización de cincuenta y dos semanas requeridas, es por causas ajenas a la voluntad del trabajador (fallecimiento por causa diversa a un riesgo de trabajo) y, por tanto, no puede ser aplicada en perjuicio de los beneficiarios, pues debe recordarse que lo que se busca es la protección integral de los derechos humanos, y considerar la aplicación del mencionado artículo 151, fracción III, implicaría negar a la viuda la pensión que le corresponde porque el asegurado sí cotizó las semanas suficientes para su procedencia, sólo que éstas se encontraban inactivas; de ahí que no pueda estimarse que el numeral examinado sea compatible con el espíritu proteccionista consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región

Amparo directo 1015/2012 (cuaderno auxiliar 717/2012). María del Carmen Degollado Peralta. 25 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretaria: Ana Cecilia Morales Ahumada.

El objeto de discusión es diferente en cada tesis. En una se argumenta sobre el principio constitucional de utilidad pública en la LSS; en la otra, sobre la violación a los derechos humanos que comete el artículo 151 de dicha ley. Es importante recordar que el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución señala que

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Los principios del texto constitucional tienen definiciones claras:

i) universalidad: que [los derechos humanos] son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona [...];

ii) interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente;

y iii) progresividad: constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Si bien puede entenderse que la actual redacción del artículo 151 representó alguna “conquista social” como aseguró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace evidente que bajo los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como el principio pro persona, es necesario que la Cámara de Diputados del poder legislativo de la federación atienda sus obligaciones fundamentales y garantice el goce a plenitud del derecho humano a la seguridad social, máxime que a quienes afecta han cotizado ya para gozar de este derecho conforme a lo establecido por la propia LSS..

El problema que busca resolver esta iniciativa es la situación que enfrentan las personas adultas mayores que, a pesar de haber cumplido con sus semanas de cotización y de cumplir con la edad requerida por la ley, no pueden obtener su pensión por tener más de tres o seis años sin estar sujetos a una relación laboral con afiliación al IMSS y cuyo beneficio de conservación de derechos está vencido. Aunque el derecho a la pensión se puede recuperar mediante la cotización de 36 o 52 semanas más, la persona adulta mayor se enfrenta a la dificultad de conseguir un empleo para poder cumplir con el ordenamiento.

El artículo 151 afecta también, como ya se mencionó en la tesis de los Tribunales Colegiados, a las personas que no pueden acceder a la pensión que corresponde a su pareja trabajadora, cuando ésta muere y ya había cumplido los requisitos de semanas y edad, pero que no podía tramitar o estaba en trámite para el reconocimiento de su derecho. Esto deja a las personas viudas en estado de indefensión y violenta también su derecho a recibir la pensión por viudez.

Las pensiones que otorga el IMSS son las derivadas de los seguros de riesgo de trabajo, invalidez y vida, y del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuyos valores monetarios se calculan según el número de semanas ya cotizadas y el salario con que se estuvo inscrito en el instituto. En ese sentido, no tienen por qué generar un costo adicional ni un impacto presupuestario, porque constan de aportaciones que ya realizó el o la trabajadora en apego a la ley.

Las modificaciones que planteo en esta iniciativa se presentan en el siguiente cuadro:

Con la redacción propuesta, se adecuaría la LSS para avanzar en el respeto al derecho humano a la seguridad social y permitir que más personas gocen a plenitud del mismo. Por los motivos expuestos, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 151 de la Ley Del Seguro Social

Artículo Único. Se reforma la fracción I y se derogan las fracciones II y III y el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Ley del Seguro Social

Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma siguiente:

I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones fuese mayor al periodo de conservación señalado en el artículo 150, se le reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones;

II.Se deroga.

III.Se deroga.

IV....

Se deroga.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, 29ª edición, México, Porrúa, 2000, p. 493.

2 Mónica Pinto, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en Martín Abregú y Christian Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales/Editores del Puerto, 1997”.

3 167170. 2a. XLVII/2009. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009, Pág. 275.

4 2002916. XXVI.5o. (V Región) 15 L (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, febrero de 2013, Pág. 1515.

5 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. En qué consisten. 2003350. I.4o.A.9 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, abril de 2013, pág. 2254.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Araceli Damián González(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanode la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social,con base en la siguiente:

I. Las alteraciones climáticas se están acrecentando de manera desmedida en todo el planeta, y si bien esto es parte de un proceso natural, las actividades humanas están incrementando la rapidez con que se está dando el cambio climático. Las variaciones drásticas en los patrones climáticos hoy son uno de los retos más importantes a los que tienen que enfrentarse los seres humanos, dado que los fenómenos meteorológicos están produciendo graves afectaciones. Esta situación tiene efectos negativos principalmente en poblaciones vulnerables, por ejemplo, en los últimos 20 años, en los países de más bajos ingresos, 4.2 millones de personas han sido afectadas por desastres, costando la pérdida económica de casi 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de estos países.

El cambio climático ha aumentado la temperatura del planeta, lo que ha incrementado a su vez el riesgo de acontecimientos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones. El periodo de 2011 a 2015 ha sido el más cálido de la historia, desde que se tiene registro; en 2015 las temperaturas a nivel mundial se elevaron por encima de 0.76 grados centígrados (°C) y las temperaturas globales fueron 1 °C más altas en comparación con la era preindustrial.

Estos fenómenos climáticos afectan gravemente a las comunidades más pobres, ya que por lo general son dependientes del medio que los rodea para satisfacer sus necesidades básicas y no cuentan con los medios suficientes para adaptarse a los efectos causados por los cambios drásticos de su entorno. Problemáticas como la pérdida y deterioro de las fuentes de agua, la escasez de alimentos generada por las sequías y la degradación del suelo en zonas agrícolas, y consiguientemente el deterioro en la salud de los habitantes, incrementan la situación de vulnerabilidad y riesgo de estas comunidades.

II.La ubicación geográfica de la vivienda es un factor relevante en los indicadores de bienestar, pues las familias que viven en condiciones de pobreza tienden a ubicarse en zonas vulnerables, las cuales son más susceptibles a sufrir dañospor peligros climáticos. Esta desventaja incrementa la vulnerabilidad y la situación de desigualdad.

En este contexto, el cambio climático juega un papel relevante, al incrementar los factores de riesgo para estas familias, ya que además de vivir en una situación de marginación tienden a ser proclives a accidentes como deslaves, periodos de calor extremo e inundaciones; en este sentido, en el año 2000, 11 por ciento de la población mundial que vivía en zonas costeras poco elevadas sufría de pobreza, lo que los obligaba a vivir en terrenos propensos a las inundaciones por la falta de recursos para ubicarse en zonas más seguras.

En México las comunidades que actualmente sufren por los estragos del clima serán aún más vulnerables a las alteraciones que traerá consigo el cambio climático, ya que éste afectará sus capacidades para resistir el incremento en la intensidad de fenómenos naturales. Por ejemplo, en el año 2011 el incremento en la temporada de sequía en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Zacatecas afectó gravemente a los sectores agrícola y ganadero, siendo esta una de las peores sequías en los últimos 70 años y trayendo afectaciones económicas graves.

Igualmente es importante destacar que en agosto de 2016 el paso de la tormenta Earl provocó la muerte de 45 personas y cientos de afectados en los estados de Puebla y Veracruz, pero el área de asentamiento de las viviendas fue el principal detonante de los decesos y las pérdidas materiales, ya que éstas se ubicaban en las faldas de los cerros, lo que ocasionó que los hogares de decenas de familias quedaran sepultados por los deslaves.

III.De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México, más de 13 millones de personas en situación de pobreza viven en 319 municipios considerados en situación de vulnerabilidad al cambio climático, y 32 millones más en zonas de riesgo de inundaciones. En este sentido, la misma ONU y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han manifestado la urgencia de incorporar indicadores climáticos para la medición y evaluación de la pobreza, pues como ya se ha señalado, el cambio climático tiene efectos en el incremento en la condiciones de marginación y vulnerabilidad de las comunidades que de por sí ya se encuentran en situación de pobreza.

En la legislación vigente los indicadores climáticos no se encuentran ligados a la equidad social, a pesar de que, como se ha manifestado, los efectos del cambio climático inciden directamente en el aumento de la pobreza. La presente iniciativa busca introducir en la legislación factores vinculados a la situación climática para medir las condiciones de bienestar.

Incorporar los indicadores climáticos a la medición de la pobreza en México ayudará a identificar y diagnosticar los costos causados por las alteraciones climáticas y los factores de riesgo de las comunidades más vulnerables del país.

En este sentido, la duración de los periodos de sequías y la pluviosidad máxima que se tiene en una determinada zona, son indicadores clave en la medición del bienestar, ya que éstos ayudarán a determinar si la calidad de las viviendas cumple con las expectativas para afrontar una contingencia natural, si las áreas de asentamiento permiten el acceso a una alimentación adecuada y cómo esto afecta a la fuente de ingresos de la población.

Por ejemplo, el indicador de la duración de los periodos secos durante la temporada de cosechas, permite identificar la disminución de los ingresos de una familia que se dedica a la agricultura o depende de su medio ambiente para alimentarse. De la misma manera, la pluviosidad máxima ayuda a verificar la calidad de las viviendas y si éstas son resilientes ante fenómenos naturales y contingencias ambientales, además de que también se vincula al acceso a la alimentación y la disminución en los ingresos por la pérdida de cosechas debido a la inundación de los campos de cultivo.

El uso de indicadores climáticos dentro de la medición de la pobreza permitirá una evaluación integral de este fenómeno, ya que contribuirá a visibilizar y comprender los efectos del cambio climático en la población y en su bienestar, así como establecer políticas públicas más efectivas.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social

Único.Se reforman las fraccionesV, VIII y IX; y se adicionan las fracciones X y XI al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 36.Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. a IV. [...].

V. Calidad, ubicación geográfica y espacios de la vivienda;

VI. a VII. [...];

VIII. Grado de cohesión social ;

IX. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada ;

X. Duración del periodo de sequías en la zona de asentamiento de la vivienda; y

XI. Pluviosidad máxima en la zona de asentamiento de la vivienda.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “El impacto del cambio climático en la población más pobre es desproporcionado”, Centro de Noticias de la ONU, (2016) http://www.un. org/spanish/News/story.asp?NewsID=35973#.WCUdIS3hDIV

2 “Mensaje con motivo del Día Meteorológico Mundial de 2016”, Petteri Taalas, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial. https://www.wmo.int/worldmetday/sites/default/files/SG-WMD-2016-message_es.pdf

3 “2015, el año más caluroso de la historia”, La ONU y el cambio climático. http://www.un.org/climatechange/es/blog/2015/11/2015-el-ano-mas-caluroso-de-la- historia/

4 “Cambio Climático y Pobreza”, Fundación IPADE, (2009) http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/cclimatico_pobreza.pdf

5 “Estudio Económico y Social Mundial 2016: Resiliencia al cambio climático, una oportunidad para reducir las desigualdades”, Organización de las Naciones Unidas, (2016). Nota disponible en: http://www. un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35973#.WEhDf33QMg8

6 “México ante el cambio climático, con mayores lluvias y sequías”, El Universal, (2011) http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/ mexico-cambio-climatico-lluvias-sequias-86220.html

7 “La sequía del norte de México es la peor en 70 años, advierten autoridades”, Expansión, (2011) http://expansion.mx/nacional/2011/ 11/09/la-sequia-del-norte-de-mexico-es-la-peor-en-70-anos-advierten-autoridades

8 “Vincula ONU pobreza con riesgo ambiental”, Reforma, (2016) http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=969803 &md5=50f1c4cc82c456216fb54f850bae330c &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

9 “Using wellbeing indicators and climate information to assess adaptation effectiveness”, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, Reino Unido, (2014) http://pubs.iied.org/pdfs/17275IIED.pdf

10 “Indicadores para el monitoreo y evaluación de la adaptación”, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, Reino Unido, (2014) http://pubs.iied.org/17273SIIED/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada y diputados: Mirza Flores Gómez,Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La reforma constitucional que establece la implementación de los juicios orales comenzó a tener plena vigencia combinada con la práctica forense en todo el territorio nacional desde el 18 de 2016, misma que constituye una de las enmiendas más amplias e importantes dentro de nuestro Sistema de Justicia Penal realizada en los últimos años.

La reforma en comento trasformó diversos preceptos de la ley fundamental, mismos que le dan cobertura a los nuevos conceptos, instituciones y procedimientos contenidos en el nuevo Sistema Penal Oral y Adversarial, comprendidos en los artículos 16, 17, 19, 20, 21 y 22, fracciones XXI y XXIII del artículo 73, la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII, del apartado B del artículo 123.

Pese a la importancia y trascendencia de la precitada reforma, se cometió un lamentable error por parte del Órgano Revisor de la Constitución General de la República, pues dejó en sus términos la fracción II del artículo 38, misma que dispone lo siguiente:

“Artículo 38.Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I.

II.Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;”

La omisión descrita obliga a su análisis y modificación, a fin de dar pleno cumplimiento a la reforma constitucional de mérito.

Es posible colegir que la expresión legislativa, que proponemos a esta soberanía, encuentra su justificación y razón de ser porque, atento a los postulados de la teoría constitucional, es necesario armonizar la norma suprema con las leyes que derivaron de la reforma en materia de justicia penal de 2008, pues lo contrario significaría fragmentar el estado de derecho, recordando que la Carta Magna es el origen y otorga el sentido de legitimidad a todo el sistema legal del país.

Además, cabe recordar que el artículo 38 de esta norma suprema es uno de los preceptos que ha mantenido su originalidad desde la redacción constitucional de 1917; es decir, no ha sufrido modificación alguna. Por lo mismo, ha quedado anacrónico y no responde a las nuevas condiciones que presentan los cambios en materia de administración de justicia en el país.

Lo que se busca es transitar hacia mejores niveles de justicia; tener un sistema más eficaz, equitativo y transparente; que sirva para vigorizar y fortalecer las instituciones de administración de justicia y, con ello, consolidar la confianza de la ciudadanía. Por ello, el legislador no puede ser omiso y tampoco puede dejar de corregir o modificar aquellas normas legales que muestran inconsistencia el sistema jurídico.

Es así que esta soberanía tiene el deber de evaluar, expedir, modificar y armonizar la ley suprema con el orden jurídico resultante, con el ánimo de propiciar los instrumentos legislativos adecuados a los operadores del derecho: Ministerios Públicos, jueces y defensores, así como representantes de las víctimas, a fin de que en la práctica, se favorezca y propicie una cobertura plena en la resolución del conflicto, apegado a la legalidad y la justicia, como debe ser en todo estado democrático y de derecho.

Aunado a lo anterior, otro acierto de la presente iniciativa, consiste en reformar el numeral multicitado para que los derechos políticos o civiles sólo puedan ser motivo de suspensión, única y exclusivamente cuando se trate de los delitos previstos en el artículo 19 de la Carta Magna.

Lo anterior encuentra sustento jurídico atento en la siguiente

Argumentación

El derecho, como cualquier ciencia social, se ha ido diversificando gradualmente, pues se va desprendiendo de un tronco común para construir nuevas disciplinas, transformaciones que se observan en la medida que la realidad social las demanda. Luego entonces, tenemos que hoy identificamos derechos civiles, sociales, culturales, económicos y políticos, hasta los denominados derechos humanos.

Como se recordará, los derechos son las facultades que se otorgan a las personas para que tengan una vida armónica, digna, de igualdad y libertad, elementos propios de la democracia. El estado por su parte, tiene que garantizar, proteger y propiciar que esos derechos se materialicen, en virtud de que procuran el bienestar que tanto anhela la ciudadanía.

Cada una de las disciplinas jurídicas tiene su propia especialización, con el fin de proporcionar la cobertura regulatoria a las distintas relaciones sociales de los diferentes sectores. Toda esa gama de disciplinas jurídicas encuentran su génesis en la Constitución General de la República para, finalmente, extenderse a las leyes secundarias.

Se insiste que el órgano revisor de la Constitución debe considerar que la carta suprema, en este aspecto, se encuentra rebasada, en virtud de las adecuaciones constitucionales emanadas de las modernas corrientes garantistas, como es el nuevo paradigma de justicia penal que concede mayor protección a los derechos humanos del individuo frente al poder del estado. En razón de ello, se considera oportuno que la reforma constitucional de 2008 en materia de juicio oral y adversarial comprenda el precepto que nos ocupa, para adecuarlo a las condiciones sociales que privan en la actualidad.

Por eso mismo, atento al sentido garantista del nuevo sistema de justicia penal, se propone que la supradicha suspensión de los derechos y prerrogativas de los derechos del ciudadano sea procedente, sólo en el supuesto de los delitos a que se refiere el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que en la especie se trata de los siguientes:

Artículo 19. ...

...El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos gravesque determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Para mayor entendimiento, se propone que la suspensión de los derechos del ciudadano se aplique sólo en el supuesto que consigna el precitado artículo 19, quedando, por excepción, otros ilícitos penales que no tengan la naturaleza de ser de alto grado o impacto social.

La reforma al artículo 19 constitucional sí corresponde al nuevo modelo de justicia penal que suprimió el término “auto de formal prisión”, al establecer, de manera natural, la nueva denominación de dicho acto jurídico, como es el vocablo “auto de vinculación a proceso”; lamentablemente, no sucedió lo mismo con el correlativo artículo 38, también de nuestra Carta Magna, hecho que se traduce en que la reforma constitucional de mérito quedo insuficiente, incluso incompleta.

Dicho de otra manera, si el Constituyente de 1917 estableció que la suspensión de las prerrogativas del ciudadano que se encuentre sujeto a un proceso criminal, el cual merezca pena corporal, se daría a partir del auto de formal prisión, hecho que se traduce en la prisión preventiva, debemos colegir que dicho supuesto jurídico riñe con el nuevo sistema de justicia penal, pues la prisión preventiva es ahora la “última ratio” que se vuelve a que ésta sería la última instancia a la que recurriría el.

En otras palabras, en el sistema penal tradicional o inquisitorial, la figura de la prisión preventiva era la regla; ahora, con el Sistema Acusatorio Adversarial, la pena preventiva se constituye en la excepción.

La contradicción surge a partir de que la carta política fija todo un cúmulo de derechos humanos y garantías en favor del individuo, previstos en el cuerpo de la misma y, contradictoriamente, establece las causas por las que se suspenden los derechos y prerrogativas del ciudadano; dicha disposición contraviene varios instrumentos de carácter internacional, como, por citar un ejemplo, el artículo 27, en su numeral 2, de la Convención Americana, que a la letra dispone:

Artículo 27. Suspensión de Garantías

1. ...

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. ...

Atento a lo vertido, la contradicción de la disposición nacional con la internacional se entiende en que el precepto que se pretende reformar encierra en sus fracciones una serie de medidas de naturaleza sancionatoria; por el contrario, en el plano exterior, las mismas disposiciones contienen el espíritu de favorecer o forman parte del elenco de los derechos fundamentales de las personas humanas. Consecuentemente, se está faltando al principio, contenido en el artículo 1o. del código supremo.

Conviene puntualizar que la Constitución Política vigente es autoría del poder constituyente de 1917, época en que la materia de los derechos humanos no tenía el amplio desarrollo y reconocimiento que presenta en la actualidad; por ello, se insiste que el Órgano Revisor de la Constitución tiene la obligación de ir adaptando la ley suprema a las nuevas realidades que el momento requiere, estimando que una de las características fundamentales de los derechos humanos es precisamente transitar en una vertiente progresiva. Por lo tanto, nunca se retrocederá en esa materia. Este argumento es de peso para estimar que el cambio que se propone por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza debe arribar a buen puerto.

Es inaceptable suponer que el artículo 38 se refiera a garantías, cuando en la especie consigna las causales con base en las cuales se suspenden los derechos y prerrogativas de los ciudadanos a que se refieren en los derechos políticos; en tanto, en su párrafo último, prescribe que la ley fijará los casos en que los pierden, así como aquéllos en que se suspenden los derechos como ciudadano y la manera de proceder para la rehabilitación de los mismos. Como se observa, se trata de una sanción de carácter político, como el caso de impedir la participación del imputado en los periodos electorales y en cualquiera de las modalidades que establece la jornada electoral.

Ahora bien, como ya se argumentó líneas arriba, actualmente y atentos a las modernas corrientes humanistas que intentan ampliar el abanico de manera irrestricta de los derechos y libertades de los ciudadanos, en el contexto de que deben avanzar gradualmente en forma positiva, debemos pensar que no es socialmente conveniente suspender, para todos los casos y para todos los procesados, sus derechos una vez que se ha dictado la formal prisión (actualmente auto de vinculación a proceso), en virtud de que no sólo se limitan a los políticos, sino que también abarca otros de carácter civil, incluyendo familiares como son, entre otros, los sucesorios, la pérdida de la patria potestad o la curatela, etcétera.

El argumento vertido en el párrafo precedente encuentra sustento en los artículos 46, 295 y 325, fracción VII, todos del Código Penal Federal, que señala lo siguiente:

“Artículo 46. La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena.”

Como se observa, este artículo amplía la garantía prevista en el 38 constitucional, pues esta norma jurídica prescribe que los derechos políticos se suspenden a partir de la formal prisión; además, este precepto establece que se suspenderán a partir de la sentencia que cause ejecutoria, lo que parece más correcto, pues sólo una sentencia decreta la responsabilidad penal del implicado.

Asimismo, se puede apreciar que incorpora los derechos civiles como: tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes.En tanto, el artículo que a continuación se cita consigna la pérdida de la patria potestad.

“Artículo 295. Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera lesiones a los menores o pupilos bajo su guarda, el juez podrá imponerle, además de la pena correspondiente a las lesiones, suspensión o privación en el ejercicio de aquellos derechos.”

En el mismo sentido, observamos que la norma que se cita establece la pérdida de los derechos sucesorios.

Artículo 325. ...

I.a VI....

VII.El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

...

En parte de la materia civil también se presenta el mismo fenómeno de suspensión de los derechos familiares, atento a lo establecido en el artículo 444 del Código Civil Federal, que a la letra advierte lo siguiente:

Artículo 444. La patria potestad se pierde por resolución judicial:

I.a IV. ...

V. Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor; y

VI. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave.

Luego entonces, debemos considerar la reforma que aquí se formula bajo el espíritu garantista que se preconiza en el sistema de justicia penal, toda vez que el nuevo sistema propone que todas las autoridades, incluyendo por supuesto a los juzgadores federales y del orden común obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, debiendo tomar en cuenta los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En suma, realizar la presente intervención legislativa se traduce en que nada quede por encima de la protección a los derechos humanos.

Las leyes punitivas contienen una serie de hipótesis jurídicas que en el mundo fáctico se convierten en conductas delictivas; algunas son de alto impacto social, pues afrentan valores sociales considerados bienes jurídicos de suma importancia, como la vida, la libertad, la salud o el patrimonio. Sin embargo, al mismo tiempo, otros tipos penales contienen supuestos delictivos que, aunque son antisociales, son de impacto menor, tales como las lesiones que tardan en sanar menos de quince días, el abuso de confianza, el fraude, las amenazas, el robo simple, la revelación de secretos, la falsificación de moneda y de documentos, entre otros delitos que no son de alto impacto social, pero que en la especie, al ser privativos de libertad, son motivo de suspensión de derechos.

La política criminal que debe manejar el Estado se tiene que dar en el sentido de que no en todos los casos, y no en todos los procesos, se deben suspender esos derechos políticos y civiles de las personas; es decir, debemos optar o buscar vías alternas para sancionar al infractor de la ley, por ello se propone la reforma constitucional contenida en los presentes argumentos.

Para robustecer los argumentos esgrimidos en el desarrollo de la iniciativa que se plantea, conviene decir que mucho se ha discutido si en la práctica debe darse cumplimiento al mandato contenido en el 38 constitucional, que ordena la suspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano que se encuentra sujeto a un proceso penal, por delito que merezca pena de prisión y que dicho supuesto debe empezar a partir del denominado “auto cabeza de proceso”.

Sobre el particular, nuestro Supremo Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que se estima improcedente decretar la suspensión de derechos políticos en el auto de procesamiento, como se ha dicho, hoy aludido como auto de vinculación a proceso, por un delito que tenga prevista pena privativa de la libertad, tal y como se puede apreciar en los dos siguientes criterios que nos permitimos transcribir:

Derechos Políticos suspensión del artículo 46 del Código Penal Federal amplía la garantía constitucional que prevé la fracción II del ordinal 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es improcedente ordenar en el auto de formal prisión la suspensión de los derechos políticos del procesado, pues dicha pena comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena, como lo dispone el numeral 46 del Código Penal Federal, que amplía la garantía constitucional prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional, considerando que esta última disposición, establece la suspensión de los derechos políticos de un gobernado por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena privativa de libertad contado desde la fecha del dictado del auto de formal prisión; empero, hay que recordar que a favor del procesado opera la presunción de inculpabilidad hasta que no se demuestre lo contrario, y esto vendría a definirse en el proceso penal, el cual de terminar con una sentencia ejecutoriada en tal sentido, ello sustentaría la suspensión de los derechos políticos del quejoso, por lo que es inconcuso que aquella norma secundaria es más benéfica, ya que no debe soslayarse que las garantías consagradas en la Constitución son de carácter mínimo y pueden ser ampliadas por el legislador ordinario tal como ocurre en el citado dispositivo 46 de la legislación penal federal, al establecer que la suspensión en comento se hará hasta la sentencia ejecutoria, de manera que al no advertirlo así el Juez instructor, se vulnera en perjuicio del titular del derecho público subjetivo, las garantías contenidas por el tercer párrafo del artículo 14 y primer párrafo del 16 constitucionales.

[Tesis I.10oP. J/8, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006. pág. 1525, núm. de registro: 175,103].

En igual sentido tenemos del mismo tribunal, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes:

Suspensión de derechos políticos del inculpado. La resolución del juez instructor que la ordena desde el auto de formal prisión, vulnera las garantías contenidas en los artículos 14, tercer párrafo; y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Federal. El artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la suspensión de los derechos políticos del gobernado por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena privativa de libertad se contará desde la fecha del dictado del auto de formal prisión. Por su parte, el precepto 46 del Código Penal Federal, dispone que la citada suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena. Ahora bien, el numeral últimamente mencionado amplía la garantía a que se refiere el propio artículo constitucional, es decir, dilata la imposición de dicha medida hasta que cause ejecutoria la sentencia respectiva, lo que se traduce en un beneficio para el procesado, pues no debe soslayarse que las garantías consagradas en la Ley Suprema son de carácter mínimo y pueden ampliarse por el legislador ordinario, además de que la presunción de inculpabilidad opera a favor del procesado hasta que no se demuestre lo contrario en el proceso penal que culmine con una sentencia ejecutoria. Consecuentemente, la resolución del Juez instructor que ordena la suspensión de derechos políticos del inculpado desde el auto de formal prisión vulnera en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, tercer párrafo, y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Federal.

[Tesis aislada I.10oP. 20 P., Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de 2005, pág. 1571, núm. de registro: 177, 134].

Como puede advertirse, estos dos documentos estiman improcedente suspender los derechos políticos del implicado a partir del auto de formal prisión, que actualmente se trata del auto de vinculación a proceso.

En tanto, la disposición secundaria, que en la especie se trata del Código Penal Federal en el precitado artículo 46, establece que serán motivo de suspensión los derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes.

Esta última disposición se muestra un tanto benévola porque ordena que dicha suspensión se presente en virtud de la sentencia ejecutoriada que así lo ordene; por ello, consideramos que muestra congruencia con lo dispuesto en la materia por la Convención Americana de los Derechos Humanos, tal y como ya se argumentó en el apartado precedente.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones II y III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman las fracciones II y III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38.Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. ...

II.Por estar sujeto a prisión preventiva por los delitos a que se refiere el artículo 19 de esta Constitución o de aquéllos considerados graves en los términos que establezcan las leyes aplicables, a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso;

III.Durante la extinción de una pena corporal; siempre cuando se trate de los delitos a que se refiere la fracción precedente.

IV. a VI. ...

...

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las legislaturas estatales y de la Ciudad de México contarán con un plazo de 180 días para ajustar sus disposiciones jurídicas a lo establecido en el presente decreto, mismo que empezará a correr a partir de lo establecido en el artículo transitorio precedente.

Notas:

1 El principio de intervención mínima del derecho penal, también conocido como principio de ultima ratio o principio de subsidiariedad, plantea que el derecho penal sólo debe ser utilizado como recurso de ultima ratio, cuando otros medios resultan ineficaces; impone la necesidad de agotar previamente recursos no penales, cuyas consecuencias sean menos drásticas, pero que puedan resultar más eficaces que las penales... Este principio vincula tanto al legislador, a la hora de creación de las normas penales, como al juzgador, en el momento de aplicar la ley a los casos concretos; pero también alcanza al órgano Ejecutivo, tanto por lo que hace a la actuación del Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutoria, como con relación a la fase de ejecución penal.

Tomado de: Moreno, Hernández Moisés. Principios Rectores del Derecho Penal. Página 1332. Disponible en https://archivos.juridicas. unam.mx/www/bjv/libros/1/117/26.pdf

2 El Derecho Penal subjetivo se identifica con el ius Puniendi, que significa el derecho o facultad del Estado para castigar. El ius puniendi sólo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena.

Tomado de: López, Betancourt Eduardo. Introducción al Derecho Penal. Editorial Porrúa, 13ª.Edición, México, 2007, página 65.

Definición disponible en: https://www.diccionariojuridico.mx/? pag=vertermino&id=998

3 Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.— Diputada y diputado: María Eugenia Ocampo Bedolla, Francisco Javier Pinto Torres(rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y diversas disposiciones de las Leyes Generales de Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Carolina Monroy del Mazo, Miguel Ángel Sulub Caamal, Jorge Carlos Ramírez Marín y Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, César Camacho Quiroz, Carolina Monroy del Mazo, Miguel Ángel Sulub Caamal, Jorge Carlos Ramírez Marín y Vitalico Cándido Coheto Martínez, diputados a la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del estado de México, Campeche, Yucatán y Oaxaca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero, primer párrafo, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.

Asimismo, en su artículo primero, tercer párrafo, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Señala también en su artículo segundo, segundo párrafo, que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Mientras que en su quinto párrafo, expresa que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

El derecho de libre determinación de los pueblos indígenas es considerado un derecho fundamental en el ámbito internacional de los derechos humanos, y que ese derecho de libre determinación y autonomía se materializa a través de la participación y la consulta.

Por ello, la participación de las indígenas y de los indígenas, en todos los ámbitos de la toma de decisiones garantiza el ejercicio pleno del aquel derecho fundamental. Un ejemplo de ello es la participación en los consejos consultivos, los retos se identifican en la participación política, que pretende enmendar la Iniciativa.

Por su parte, el Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en al artículo tercero de su numeral uno, señala que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 “De los Derechos Políticos” señala que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores; y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras, representan la base, fortalezas, y oportunidades, para la instrumentación, ejercicio y respeto de los derechos de las indígenas en nuestro país y, para el fin que nos ocupa, para su adecuada representación política. Asimismo, conviene destacar las recomendaciones de Comités de Tratados al Estado mexicano, destacando los siguientes señalamientos:

“16. Si bien toma nota de los esfuerzos del Estado parte para garantizar la participación de los pueblos indígenas en los procesos políticos y particularmente en las instituciones representativas, el Comité reitera su preocupación ante el número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres. El Comité toma nota con preocupación que el artículo 2, sección VII de la Constitución haya limitado el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus representantes políticos con sus propias normas únicamente a nivel municipal; así como de la falta de información sobre la participación política de los afrodescendientes. (Art. 5 (c)).

El Comité, tomando en cuenta su Recomendación general número 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la mujer, en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública. El Comité asimismo recomienda encarecidamente al Estado parte también tomar medidas para garantizar la participación política y pública de los afrodescendientes. En ambos casos, el Comité recomienda al Estado parte implementar medidas especiales o de acción afirmativa, en los términos de la Convención y la Recomendación General 32 del Comité.

Participación en la vida política y pública

22. El Comité observa que el Estado parte ha logrado enormes avances hacia el objetivo de que la mujer participe en pie de igualdad con el hombre en la vida política a nivel federal. Sin embargo, le preocupan las lagunas existentes en los marcos jurídicos electorales en los planos federal y estatal, ya que podrían ocasionar el incumplimiento del sistema de cupos de género establecido para propiciar la inscripción de candidatos en una proporción de 40:60, y el hecho de que ese sistema no se haya incorporado aún en la legislación electoral de todos los Estados. Otro motivo de preocupación es el bajo número de mujeres indígenas que participan en la vida política del Estado parte.

23. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Se asegure de que los Estados partes cumplan con los marcos jurídicos electorales en los planos federal y estatal, inclusive enmendando o derogando las disposiciones discriminatorias contra la mujer, como el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de los cupos de género;

b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal;

c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 2% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en particular las mujeres indígenas en el plano municipal.

Respetable asamblea:

“El derecho de los pueblos indígenas a participar en instituciones electivas de representación popular de los estados soberanos ha presentado un desarrollo constitucional y legislativo, así como político, tanto en Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y México, entre otros países de la región”.

Asimismo, “en México, país cuya población indígena se estima en 12.7% de la población nacional (ciesas 2007), la participación política de los pueblos indígenas en instancias electivas, como el Congreso de la Unión, data de 1988 al menos (Sonnleitner 2012). Esta participación se ha visto fortalecida con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1992 y de 2001, así como con las reformas introducidas en las constituciones y legislaciones de las entidades federativas”.

Desde antes de la reforma de 2001, y con posterioridad a ella, se ha desarrollado, tanto en la escala federal como en las entidades federativas, la legislación referida a la participación política de los pueblos indígenas en diversas instancias, incluyendo el Congreso de la Unión, los congresos estatales y los municipios.

En el primer ámbito, en 2005, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó una delimitación de los 300 distritos electorales federales en que se divide el territorio mexicano e incorporó criterios etnolingüísticos. Dicha delimitación dio origen a un total de 28 distritos con un porcentaje de población indígena superior a 40 por ciento, los cuales serían conocidos como “distritos indígenas”.

Los mismos distritos, que fueron diseñados con la intención de reducir lo que se denomina sub representación legislativa indígena, se distribuyen en 11 entidades federativas de alta demografía indígena. Como consecuencia de ello, así como de las estrategias de inclusión preferencial voluntarias desarrolladas por los partidos políticos más relevantes, la representación indígena en el Congreso de la Unión se incrementó, pasando de 7 diputados indígenas elegidos en 2003, a 18 en 2006 y a 16 en 2009. De ellos, 7, 17 y 10 legisladores fueron elegidos en las circunscripciones uninominales creadas por el IFE.

Este sistema electoral, si bien ha posibilitado una mayor representación relativa indígena en el Congreso de la Unión, ha sido analizado críticamente, dado que en la práctica ha demostrado que por sí solo no permite mejorar la calidad de la representación indígena y su efectividad para asegurar los intereses de los pueblos indígenas. En efecto, muchos indígenas llegan a la Cámara de Diputados, no así al Senado de la República como militantes de partidos políticos más que como resultado de la cuota étnica, lo cual limita seriamente su independencia de los compromisos que tienen con ellos. A juicio de Sonnleitner, la forma en que fueron establecidos estos distritos uninominales los cuales se basan en criterios que tienden a sobrestimar la población indígena determina que los candidatos indígenas muchas veces compitan en condiciones minoritarias, sin beneficiarse del efecto buscado de discriminación positiva legal.

Adicionalmente, de acuerdo con la Maestra Adriana Báez, “...el número de representantes indígenas que llegó a la Cámara de Diputados por esta vía bajo y su presencia resulto insuficiente para colocar los temas de las comunidades indígenas en la agenda legislativa nacional.”

Lo anterior motivado por los siguientes aspectos:

“... el alto número de comunidades indígenas y su dispersión en el territorio nacional impidió que todas se vieran representadas en la configuración de los distritos indígenas; el ejercicio de redistritación no diferenció y, por el contrario, mezcló a las etnias...; consideró la representación solo en los distritos uninominales...; y la medida no se acompañó de mecanismos que obligaran a los partidos a postular candidatos indígenas en esos distritos.”

En todo caso el modelo no ha sido eficaz y continúa siendo vigente la prioridad de que debieran ser los partidos políticos los primeros en velar por la adecuada representatividad indígena, actitud que resulta urgente quede plasmada en reformas a la ley, como la que hoy presentamos ante esta soberanía.

Con la evolución normativa de recientes épocas y experimentando avances en contra de la discriminación, hoy más que nunca debemos revertir la discriminación política que sufren las comunidades indígenas de nuestro país.

No se trata, estimados Legisladores, de que el marco jurídico propicie sino de que garantice la representatividad. Un poco más adelante analizaremos el por qué debemos velar por la representatividad indígena, con datos contundentes.

Ahora bien, y justo en este punto, recordemos la definición de “sujeto indígena” que otorgó en su momento el filósofo, antropólogo y arqueólogo Alfonso Caso, columna del estudio del indigenismo mexicano, entendido como un individuo que forma parte de una colectividad cuya “cultura” es minoritaria y distinta la nacional, y que tiene una doble valencia, es tanto portador de una preciosa herencia como margen que es absorbido gradualmente por la cultura nacional.

La presente iniciativa se origina entonces, reconociendo y haciendo suyo el reto de aquel entonces, donde todos debemos reflexionar en cómo el sujeto indígena, lejos de preceder a la política pública y a la ciencia que lo ha estudiado, hoy ha cobrado forma junto a ellas.

Desde que Alfonso Caso funda el Instituto Nacional Indigenista en 1948 a la fecha, la definición incluso teórica, la evolución normativa y la operación de política pública alrededor de lo “indígena” ha evolucionado, no obstante aún existen muchos retos por enfrentar, y el día de hoy pretendemos seguir avanzando en la materia y ver a estos mexicanos, como una comunidad que merece, que debe ser justamente representada.

Continuemos, “las transformaciones jurídicas y políticas experimentadas en la mayor parte de los estados de la región latinoamericana, han permitido el reconocimiento progresivo de los pueblos indígenas como sujetos colectivos, de sus derechos políticos de participación en instancias de representación estatal, así como de su autonomía en sus asuntos internos y locales. Tal reconocimiento se ha expresado en las reformas constitucionales verificadas en las últimas tres décadas. Tales avances han dado lugar a lo que algunos analistas han denominado una ciudadanía diferenciada o ampliada, caracterizada por permitir mayores grados de exclusividad y participación política indígena, así como nuevas formas de entender la democracia y la comunidad política.”

Del mismo modo, entendiendo la interculturalidad “como un camino en construcción que supone transformaciones radicales de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, que permitan generar nuevas formas de convivencia, comprensiones y solidaridades que resulten en relaciones más equitativas entre los diversos grupos étnicos y culturales en los estados, en todos los planos. Esto, por cierto, incluye el plano político. Si se acepta esta concepción de interculturalidad, debe concluirse que las transformaciones jurídicas y políticas hasta ahora introducidas en este ámbito en la región no han logrado aún, en la mayoría de los casos, reestructurar las relaciones de poder político entre los pueblos indígenas y otros sectores sociales, y así poner término a las inequidades en el acceso a las instancias en los distintos ámbitos del Estado que administran dicho poder. Por lo mismo, no se ha garantizado una convivencia democrática verdaderamente intercultural.”

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud define la acción afirmativa, como una “política pública que se expresa mediante una norma legal, una decisión judicial o una decisión oficial que procura mejorar las oportunidades para grupos segregados en la sociedad por su condición de desventaja frente a los grupos dominantes.”

Siguiendo nuestro discurso y con la intención de fortalecer nuestra fundamentación observaremos el camino recorrido por la llamada cuota de género.

“Las cuotas de género son un concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, ya que buscan la paridad política entre los géneros. Con estas cuotas se pretende producir un cambio cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política. No obstante, para lograr esto se requiere un cambio cultural y actitudinal, tanto en la ciudadanía en general como en las instituciones, a todos los niveles.”

La cuota de género se define como “una obligación prevista en la ley una obligación para los partidos, las autoridades y los ciudadanos mismos para garantizar un acceso efectivo a candidaturas y a cargos públicos de elección, de modo que no predomine excesivamente un género en la representación política, sino que, por el contrario, busca la paridad política entre mujeres y hombres. La paridad política no solamente en el momento de la candidatura, sino en el ejercicio efectivo del cargo de representación”.

“La importancia de la cuota de género radica en el interés de las sociedades actuales de erradicar la discriminación política de las mujeres, de manera que tengan acceso a los cargos públicos de representación popular y de gobierno en proporción equivalente a los hombres.”

Las acciones afirmativas que han generado una mayor inclusión de la mujer mexicana en la vida pública, “son las que se han llevado a cabo en materia electoral; el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en año 2002, establecía una cuota de género 70/30, y en 2008, dicha legislación electoral fue modificada, estableciendo una cuota de 60/40, con una variante importantísima “procurando llegar a la paridad”.”

En este mismo punto, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral. De la cual: “En cumplimiento a esta reforma, el 23 de mayo fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de delitos electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, así como las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.”

Dentro de las modificaciones de la Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral, “se fomenta de forma decidida la participación ciudadana al procurar la equidad de género en las contiendas electorales, por ejemplo al obligar a los partidos a otorgar a las mujeres el 50 por ciento de sus candidaturas a legisladores; el garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir representantes ante los ayuntamientos y para el ejercicio de sus formas de gobierno interno.”

El Instituto Nacional Electoral en el documento “Presupuesto 2015 de los Partidos Políticos Nacionales: 3% para liderazgo político de las mujeres” expresa que “la reforma político electoral publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y la consecuente publicación de leyes secundarias, trajo consigo, además de la transformación de un sistema electoral federal a uno nacional, la inclusión de temas trascendentales y el establecimiento de reglas inéditas con la finalidad de propiciar una mayor participación ciudadana y contiendas más equitativas.”

Dicho documento señala que “en materia de género, el Poder Legislativo Federal estableció que para capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada Partido Político Nacional debe destinar el 3% del financiamiento público ordinario, es decir, incrementó 1% respecto del planteado con la reforma electoral de 2007-2008.”

Asimismo “en la sesión extraordinaria de 14 de enero del 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo por el que se establecen las cifras del Financiamiento Público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2015, identificado con la clave INE/CG01/2015, en el cual se determinó como Financiamiento Público de los Partidos Políticos Nacionales la cantidad que asciende a $3,909,545,803.15 (tres mil novecientos nueve millones, quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos tres pesos 15/100 M.N), distribuida entre los mismos de la siguiente forma:”

En este orden de ideas y “considerando que el artículo 51, párrafo 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos establece que los Partidos Políticos nacionales deberán destinar anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el 3% del financiamiento público ordinario, el monto que en total destinarán los partidos durante el año 2015 para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, asciende a la cantidad de $117,286,374.09 (ciento diecisiete millones doscientos ochenta y seis mil trescientos setenta y cuatro pesos 09/100 M.N.),distribuido como se muestra a continuación”:

Con relación al párrafo anterior, dicho documento refiere que “es importante recordar que según se establece en el artículo 73 de la propia Ley General de Partidos Políticos, dicho presupuesto podrá ser aplicado en los siguientes rubros:

a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer;

b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género;

c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida política;

d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones en la materia, y

e) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.”

En complemento “el objetivo de que los partidos políticos realicen proyectos y su evaluación, es orientar el ejercicio del financiamiento público hacia actividades con las mujeres y generen las estrategias para ampliar conocimientos, habilidades y aptitudes en el ejercicio de cargos políticos”.

“El uso del recurso puede llegar a ser uno de los detonadores del avance real de las mujeres en la vida política nacional, siempre y cuando partidos, ciudadanos y mujeres coincidamos en el uso efectivo y transparente del mismo.”

Pero además “Los esquemas de cuotas de género están diseñados para establecer, por un lado, un límite máximo a la participación de un género y por otro, para fijar un límite mínimo al otro.”

Ahora bien “Las cuotas de género en materia electoral constituyen una herramienta con la cual se puede alcanzar la equidad de género en cuanto a derechos políticos electorales, herramienta con la que se pueden romper los llamados “techos de cristal”, frenos invisibles, pero perceptibles que impiden al género femenino continuar en el ascenso a puestos de la vida política del país.”

Respecto de la representatividad indígena, no es intención de inicio el etiquetar recursos para los fines anteriormente descritos, pero coincidimos en que debería posteriormente realizarse un análisis sobre el ejercicio de los recursos destinados a las población indígena, al tiempo de evaluar el papel de sus representantes en la focalización de los mismos, en beneficio de todos los indígenas en el país.

En fecha viernes 14 de febrero de 2014, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Tesis Aislada (Constitucional):

“Derecho humano a la igualdad jurídica. Reconocimiento de su dimensión sustantiva o de hecho en el ordenamiento jurídico mexicano.”

“El derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal o de derecho). El primer principio obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que hace al segundo principio, éste opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o. inciso B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como a grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.”

Continuando con la argumentación “Los valores de la razón pública contienen virtudes políticas como son la razonabilidad y la justicia política, pero también la disposición manifiesta de reconocer el valor de la civilidad en la convivencia político-social. Además, esa conjugación hace posible que la discusión de lo público contribuya a la construcción de las instituciones democráticas del Estado.”

Cabe destacar que “El conocimiento y las maneras de razonar que fundamenten la adhesión a estos principios y su materialización en elementos prácticos de eficiencia electoral, llevan necesariamente a su aceptación por la gran mayoría de la ciudadanía. Si ello no fuese así, la concepción política de la equiparación en la cuota de género carecería de una base pública de justificación.”

Diputadas y diputados:

El segundo párrafo de la fracción primera del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

Es este punto debemos señalar también, que es el propio artículo 2 de nuestra Carta Magna donde se mandata se lleven a cabo un conjunto de beneficios para los pueblos indígenas, que sin duda se han visto limitados en su realización, ante la falta de representatividad real que los mismo poseen en el Congreso de la Unión.

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo tercero, numeral uno, define a los partidos políticos como entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

En su artículo tercero, numeral cuatro, indica también que cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

El artículo 25, numeral uno, inciso r, establece que garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, es una obligación de los partidos políticos.

El artículo 35, numeral uno, inciso a, define que la declaración de principios es uno de los documentos básicos de los partidos políticos.

Y el artículo 37, numeral uno, inciso a e inciso e, que la declaración de principios, contendrá la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, etc.

En este orden de ideas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 232, numeral tres, señala que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Todo lo anterior, pretende ser reformado en la iniciativa que se presenta, para incluir el concepto “representación indígena”.

Continuando con el fundamento que otorga el previo caso de la cuota de género, y que enriquece la presente iniciativa, cabe destacar que en 1990 aún no se establecía la cuota de género, el Cofipe mandaba en su artículo 175, numeral 2, “que las candidaturas a diputados a elegirse por principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un principio y un suplente, es decir el legislador fue omiso al tema de las cuotas de género.”

En 1993 se establece la promoción de la participación de las mujeres en la vida política, el Cofipe en su artículo 173, fracción III, “señalaba que los partidos políticos debían promover, en los términos que establecieran sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, mediante su postulación a cargos de elección popular.”

En 1996, el Cofipe indicaba en su artículo transitorio Vigésimo Segundo del Decreto de reforma, “que los partidos políticos nacionales tenían que considerar en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores por ambos principios, no excedieran el 70% para un mismo sexo. Además, debían promover una mayor participación política de la mujer.”

Así también, en el 2002, “el Cofipe en su artículo 175-A, estableció para los partidos políticos la obligación de promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión. Los partidos no podían rebasar el 70% de registros de candidatos propietarios de un mismo género. Así mismo en su artículo 175-B, sancionaba con el rechazo del registro de candidaturas si no se presentaban bajo este criterio, con un plazo de 48 horas como máximo para hacerlo correctamente. Las listas de representación proporcional se integraban por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista se colocaba una candidatura de género distinto, los partidos políticos podrían ser sancionados con amonestación pública o con la negativa del registro de las candidaturas.”

Ahora bien, del 2007 al 2008, “el legislador incrementó de 30 a 40% la cuota mínima de candidatos propietarios de un mismo género, y estableció que las listas plurinominales debían incluir al menos dos mujeres en cada segmento de cinco candidatos. Las candidaturas de mayoría relativa se mantuvieron exentas de cubrir cuotas de género siempre y cuando fueran resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. La reforma añadió, en el artículo 78 del Cofipe, la indicación para que todos los partidos políticos destinaran, al menos, el 2% del gasto ordinario en actividades para la capacitación y formación del liderazgo político de las mujeres (artículos 219 y 220 del Cofipe).”

Pero además, en el año 2012 “con la aparición de las denominadas juanitas se vio la fortaleza de las reformas electorales. En vísperas de la elección de 2012, el Consejo General del Instituto Federal Electoral IFE estableció, en el Acuerdo CG327/2011, que ningún partido político o coalición incluiría más de 60% de candidatos propietarios a diputados y senadores de un mismo sexo del total de las solicitudes de registro de candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Este acuerdo provocó una serie de impugnaciones por parte de los partidos políticos, lo que llevó el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que emitió la Sentencia, identificada con el expediente SUP JDC 12624/2011 y acumulados, que puede calificarse como la más importante en términos de igualdad de género en el México contemporáneo. Entre las disposiciones centrales de dicha resolución destacan las siguientes:”

• Que los partidos políticos deberán presentar como mínimo 120 candidatos a diputados y 26 a senadores propietarios de un mismo género, en el caso de legisladores por mayoría relativa.

• Que de la totalidad de las solicitudes de registro, por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) tanto diputados como de senadores, al menos 40% de las candidaturas deben ingresar fórmulas completas (propietario y suplente) de un mismo género.

En complemento, en el año 2014 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “eleva a rango constitucional la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en las candidaturas para legisladores estatales y federales.”

Ahora bien, y en relación a lo citado en el párrafo anterior, “en el registro de candidaturas de mayoría relativa, la totalidad del registro de diputaciones como de senadurías se integraron con un 50% de candidatos propietarias/os y suplentes de un mismo género y el 50% restante del género opuesto. Para la representación proporcional, se integraron por segmentos de cinco las fórmulas de candidatas/os, en cada uno de los segmentos, que se establecieron de forma alternada con las fórmulas de género distinto, hasta agotar cada lista.

Todo el proceso anteriormente descrito, expresa la evolución de nuestro marco jurídico en la búsqueda de mejores normas, en este caso, en materia de igualdad y equidad entre hombres y mujeres; la iniciativa que hoy presentamos, hace suyo este espíritu progresista y genera pasos firmes hacia una adecuada representatividad política de nuestros indígenas.

Continuando con nuestra argumentación, “las cuotas no son neutrales y usan un criterio prohibido para diferenciar entre las personas, como lo es el sexo. Esta crítica parte del supuesto de que el derecho y las actividades estatales deben ser neutrales con respecto a algunas características de las personas, como lo pueden ser el sexo, la raza, el origen étnico o nacional, entre otros. La realidad, sin embargo, es que esa neutralidad no existe en la práctica y que los grupos vulnerables o discriminados lo son en buena medida porque no existen incentivos sociales o institucionales que les ofrezcan competir en igualdad de oportunidades con otras personas.”

Cabe destacar que “en el ámbito internacional, el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, en su Observación General número 18 (sobre no discriminación, adoptada en su 37o. periodo de sesiones, 1989)señala, a propósito del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1996, que:”

“El principio de igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al Pacto (párrafo 10).”

No obstante y “en sentido parecido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en su Recomendación General número 5 (sobre medidas especiales temporales, adoptada en su séptimo periodo de sesiones, 1988), recomienda que los Estados Partes de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (entre los que se encuentra México) “hagan mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo”.”

En ese sentido “al menos en la visión de los dos comités de la ONU mencionados, las cuotas electorales de género estarían justificadas en el contexto de los textos internacionales que los propios comités tienen el encargo de interpretar. En virtud de que ambos instrumentos son parte de la llamada por el artículo 133 constitucional, “ley suprema de toda la Unión”, se deberá entender que también el derecho internacional suministra una plataforma de justificación de las políticas de acción positiva y, concretamente, una justificación para las cuotas electorales de género.”

En este tenor y de manera reciente, “luego de celebrar la Resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor de la paridad de género en las candidaturas a las alcaldías de Querétaro, el Mtro. Manuel Eduardo Ramos Gutiérrez, presidente de la organización “SOS Discriminación Internacional de Querétaro”, exhortó a los partidos políticos a impulsar en sus estatutos, cuotas electorales incluyentes para favorecer la representación política de los grupos en situación de vulnerabilidad, como son los jóvenes, los indígenas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y la diversidad sexual; Pues con dicha medida se puede favorecer la representación de grupos sociales históricamente excluidos en México, además de garantizar el derecho a la no discriminación y los principios de igualdad constitucionales. Asimismo señaló que el avance histórico que han logrado las mujeres para garantizar la paridad de género en las candidaturas a las alcaldías en Querétaro, son un claro mensaje a los partidos políticos a ser incluyentes para fortalecer la democracia y lograr la representación política de la diversidad ciudadana que existe en la entidad.”

Para finalizar, con base en base en el catálogo de localidades indígenas 2010, publicado en la página oficial de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población total de indígenas en nuestro país era del orden de 11,132,562. Teniendo una tasa media de crecimiento anual en el periodo 2000 – 2010 del 0.9 por ciento.

Los resultados de la medición de pobreza del CONEVAL del 2014 destacan que la pobreza en la población indígena es mayor que en la no indígena, y que esta brecha es mayor en la condición de pobreza extrema, pues el 73.2 % de la población indígena se encuentra en situación de pobreza; de los cuales el 41.4% está en situación de pobreza moderada y 31.8% en situación de pobreza extrema. Sobre las carencias sociales que padece la población indígena: el 79.4% tiene carencia por acceso a la seguridad social, 61.0% carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y 38.8% carencia por acceso a la alimentación. Sobre los ingresos de este grupo poblacional, los datos del CONEVAL indican que el 76.1% tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar

Asimismo, el documento “La pobreza en la población indígena de México, 2012”, publicado por el CONEVAL, destaca que “ser indígena en México, de alguna o varias maneras, encierra una alta probabilidad de ser pobre y ver violado en forma sistemática el ejercicio de derechos sociales fundamentales”, y concluye que “las políticas públicas orientadas a la población indígena tienen el doble desafío de: por un lado, diseñar e instrumentar acciones que tiendan a reforzar el ejercicio universal de los derechos sociales; por otro lado, reconocer las especificidades culturales que entraña ser indígena y potenciarlas como factores que impulsen el desarrollo de los pueblos”.

Es por ello que la representatividad de las comunidades indígenas, por un lado, fomentará la discusión social sobre los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión. Para ello, se debe tener en cuenta lo que establece el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, el cual considera los objetivos que se deben impulsar mediante la ejecución de políticas sociales desde el Congreso como: el reconocimiento de los pueblos indígenas, vigencia de derechos y acceso a la justicia de los pueblos indígenas, incrementar al acceso a los derechos sociales, y mejorar el ingreso de este grupo, entre otros.

De igual forma, una mayor representación indígena en el Congreso puede incidir en la mejor focalización del presupuesto destinado a la atención de este grupo vulnerable mediante políticas públicas encaminadas a reducir sus desventajas en materia de ingreso, seguridad social, servicios básicos en la vivienda, inseguridad alimentaria, rezago educativo, desnutrición infantil, entre otros.

En este sentido, si somos totalmente justos, alrededor del 21.5% de la población de México es indígena, por lo que debemos velar para que esta proporción sea la que se refleje en curules y en escaños en las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión. Lo anterior permitirá incidir en las decisiones en materia social que permitan atender las principales demandas de este grupo vulnerable como la inseguridad alimentaria, el rezago educativo, la desnutrición infantil, entre otros. Además, la representación indígena en el legislativo puede influir en la mejor toma de decisiones entorno a la focalización del presupuesto que se discute en la Cámara sobre las intervenciones sociales de las diferentes entidades y dependencias de gobierno.

Por las consideraciones expuestas, es oportuno reformar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reformar diversos artículos de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo que someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo Primero.Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. (...)

(...)

I. (...)

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros y la representación indígenaen candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

(...)

(...)

II.- VI. (...)

Artículo Segundo.Se reforman los numerales 4 y 5 del artículo 3; se reforma el inciso r) del numeral uno del artículo 25; se reforma el inciso a) del numeral dos del artículo 72; y se reforma el numeral 1 así como sus incisos a), b) y c) del artículo 73, todos de la Ley General de Partidos Políticos; para quedar como siguen:

Artículo 3.

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género y la representación indígena en las candidaturas a legisladores federales y locales, respecto de esta última, deberá establecerse como uno de los requisitos que el candidato hable una lengua indígena. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros y representatividad indígena respecto de la población total del país.

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros o a los representantes indígenas le s sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Artículo 25.

1. (...)

a) – q) (...)

r) Garantizar la paridad entre los géneros y la representación indígena en candidaturas a legisladores federales y locales;

s) – u) (...)

Artículo 72.

1. (...)

2. (...)

a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer y del indígena;

b) – f) (...)

3. (...)

Artículo 73.

1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres y de los indígenas, en los rubros siguientes:

a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer y del indígena;

b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género y la representación indígena;

c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer y del indígena en su incorporación a la vida política;

d) – e) (...)

Artículo Tercero.Se reforma el numeral 3 del artículo 232; se reforma el numeral 1 del artículo 233; y se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 241, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen:

Artículo 232.

1. – 2. (...)

3.Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros y la representación indígena, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

4. – 5. (...)

Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros y la representación indígena mandatada en la Constitución y en esta Ley.

Artículo 241.

1. (...)

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros y la representación indígena establecido en el párrafo 3 del artículo 232 de esta Ley;

b) – c) (...)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 CERD/C/MEX/CO/16-17. 9 de marzo de 2012. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 80º período de sesiones, 13 de febrero a 9 de marzo de 2012, Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención.

2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (13-0-2014). “Derechos políticos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Avances y desafíos.” P. 23. Recuperado en fecha cuatro de marzo de 2016.

3 15.7 millones conforme al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.

4 Ibídem, 32 y 33.

5 Willibald, Sonnleitner. 2013. “La representación legislativa de los indígenas en México. De la representatividad descriptiva a una representación de mejor calidad.” México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

6 Báez Carlos, Adriana. “Impacto de los distritos electorales indígenas en los comicios de 2006 y 2009.”

7 Ídem.

8 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (13-0-2014). “Derechos políticos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Avances y desafíos.” Recuperado en fecha cuatro de marzo de 2016. P 65 y 66.

9 Ibídem, P. 66 y 67.

10 (n.d). “ Cuotas de Género en Materia Electoral”. Recuperado en fecha cuatro de marzo de 2016.

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Ídem.

14 Suprema Corte de la Justicia de la Nación. (s/f). “ Conoce la Corte”. Recuperado en fecha cuatro de marzo de 2016.

15 México Gobierno de la República. (n.d). “ Reforma Política Electoral.” Recuperado en fecha cinco de marzo de 2016.

16 Ídem.

17 INE. (2014). “ Presupuesto 2015 de los Partidos Políticos Nacionales: 3% para liderazgo político de las mujeres.” Recuperado en fecha 6 de marzo de 2016.

18 Ídem.

19 Ídem.

20 Ídem.

21 Ídem.

22 Ídem.

23 Ídem.

24 Suprema Corte de la Justicia de la Nación. (s/f). “ Conoce la Corte”. Recuperado en fecha cuatro de marzo de 2016.

25 Ídem.

26 Suprema Corte de Justicia de la Nación, [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 3, Febrero de 2014; Tomo I; Pág. 647. 1a. XLI/2014 (10a.).

27 Elizondo G. (s/f) “ CUOTA DE GÉNERO. LA EQUIPARACIÓN ES UNA NECESIDAD IMPOSTERGABLE”. Recuperado en fecha seis de marzo de 2016. P. 24.

28 Ídem.

29 INE. (2014). “ Paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.” Recuperado en fecha 6 de marzo de 2016.

30 Ídem.

31 Ídem.

32 Ídem.

33 Ídem.

34 Ídem.

35 Ídem.

36 Ídem.

37 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Carbonell M. (2011). “ La Reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia de Cuotas Electorales de Género” Recuperado en fecha cuatro de marzo de 2016.

38 Ídem.

39 Ídem.

40 Ídem.

41 Red Informativa 7. Aranda J. (2015). “ Piden impulsar cuotas electorales incluyentes.” Recuperado en fecha cuatro de marzo de 2016.

42 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2010). “ Catálogo de Localidades Indígenas.” Recuperado en seis de marzo de 2016.

43 Secretaría de Desarrollo Social. Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades “Plan Indígena 2014-2018”.

44 Encuesta Intercensal de 2015

45 Para complementar la caracterización de la población indígena, y con el fin de destacar que la representación indígena contribuye a la mejor toma de decisiones en materia social, dado que se asegura la discusión de las principales demandas de los pueblos indígenas, se incluye una propuesta sobre la situación de la población indígena.

Dicha propuesta toma como insumo la información que brinda el CONEVAL sobre los resultados de la medición de pobreza 2014.

Comunicado de prensa No. 005, del 23 de julio de 2015: http://www. coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf

La pobreza en la población indígena de México, 2012: http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/PO BREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf

Anexo estadístico 2014: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx

De esta forma, la argumentación para ampliar la representación indígena en el Congreso a un 10% se basa en que, una mayor representación en el Congreso impulsará la discusión de las problemáticas que vive la población indígena, así como la discusión en materia presupuestal para una mayor focalización de la política pública.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 21 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Miguel Ángel Sulub Caamal,Alberto Silva Ramos, Alfredo Bejos Nicolás, Arlet Mólgora Glover, Beatriz Vélez Núñez, Benjamín Medrano Quezada, Carmen Salinas Lozano, Carolina Monroy Del Mazo, César Octavio Camacho Quiroz, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Edith Anabel Alvarado Varela, Erika Lorena Arroyo Bello, Fabiola Guerrero Aguilar, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Genoveva Huerta Villegas, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Hugo Alejo Domínguez, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Hugo Cabrera Ruiz, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Laura Mitzi Barrientos Cano, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Manuel Vallejo Barragán, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Mariana Benítez Tiburcio, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Nora Liliana Oropeza Olguín, Olga María Esquivel Hernández, Pedro Luis Noble Monterrubio, Próspero Manuel Ibarra Otero, Ricardo David García Portilla, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Santos Garza Herrera, Susana Corella Platt, Sylvana Beltrones Sánchez, Timoteo Villa Ramírez, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Xitlalic Ceja García, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Migración de Retorno, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la Ley General de Migración de Retorno y derogan los artículos 81, 83 Y 84 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente:

El fenómeno de la migración ha sido uno de los puntos que más ha suscitado controversia en la relación bilateral por la manera en la que se aborda por ambos países, ya que para Estados Unidos representa un aspecto de seguridad, mientras que para México uno de los ejes rectores de la propia relación bilateral.

De acuerdo a la CEPAL (2006) México era en el año 2000 el país latinoamericano con mayor número de emigrantes (9.3 millones) y el tercero con mayor proporción de su población.

En el año 2005, las series de migración internacional del Consejo Nacional de Población de México reportaron 11.2 millones de mexicanos sólo en los Estados Unidos, el censo norteamericano (CPS) contabilizó 30.3 millones de personas en el 2007.

La emigración se concentró en el 2005 básicamente en cuatro estados de la Unión Americana, donde residía el 70% de la población de origen mexicano: California (4.3 millones), Texas (2.3 millones), Illinois (0.7 millones) y Arizona (0.6 millones).

La intensificación de emigración desde los años setenta corresponde con las sucesivas crisis, devaluaciones y procesos inflacionarios de 1976-1977, 1982-1989, 1995-1996 y el estancamiento económico existente desde el 2001.

En junio del 2005, conforme al Buró de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos, los trabajadores en aquel país ganaban en promedio 18.6 Dlls la hora. Esto significaba alrededor de 200 pesos mexicanos, equivalentes a cuatro días de salario mínimo en México. Si una jornada de trabajo diaria de ocho horas por cinco días a la semana y 4.3 semanas al mes, el salario promedio en los Estados Unidos era de 3,199 Dlls, equivalentes en ese entonces a alrededor de 35,000 pesos mexicanos. En cambio, los ingresos relativamente altos según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de México (más de cinco salarios mínimos) parten de un piso de $7,500, tan solo poco más de la quinta parte del promedio de las remuneraciones estadounidenses.

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, la migración de retorno es el movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no e incluye la repatriación voluntaria.

Según las Naciones Unidas se asume como migrante retornado aquel que vuelve a su lugar de origen con el firme propósito de permanecer definitivamente después de estar fuera más de un año.Asimismo, se observa como un proceso complejo en que la decisión de quedarse en el país de destino o retornar a la comunidad de origen se entrelaza con: Las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y psicológicas que están insertas en este proceso donde intervienen distintos niveles de análisis, tanto micro como meso y macro social.

Ahora bien, la migración de retorno puede darse de forma voluntaria sin obligación, voluntaria obligada, o involuntaria.

Existen cinco formas de retorno a saber:

1) Retorno de migrantes circulares o temporales que regresan después de terminar un contrato temporal.

2) Retorno de “commuters.” Refiere a las personas que son residentes de alguna ciudad fronteriza y cruzan la frontera cotidianamente con documentos o permisos temporales de trabajo para trabajar o comprar.

3) Retorno como proyecto de residencia definitiva. Refiere a los migrantes que regresan con planes de quedarse en el país de origen.

4) Retorno por deportación desde el país de destino: Incluye migrantes que vivían en el país receptor y recibieron una deportación.

5) Retorno por deportación durante el cruce fronterizo: Migrantes que reciben una deportación o retorno voluntario obligatorio.

Los migrantes que se desplazan de México a Estados Unidos ocupan el primer lugar, totalizando sólo ellos casi 6% del contingente mundial de migrantes.

Entre las causas principales que motivan a los connacionales a emigrar a otro país, sobre todo a Estados Unidos se encuentran:

El desempleo y subempleo, pobreza y marginación, desintegración familiar, los conflictos sociales y políticos, la degradación del medio ambiente y desastres naturales y la migración de jóvenes con mayor nivel académico.

Asimismo, se considera que los mexicanos emigran, debido a cuestiones como la oferta-expulsión de fuerza de trabajo, con la demanda-atracción y la vinculación con la familia, amigos y comunidades de origen y destino.

Ahora bien, como se puede observar, aunque existen diversas causas por las cuales los connacionales emigran a otro país, la causa principal es la económica.

Es decir, el desequilibrio económico de México, obliga a muchos connacionales a ser excluidos del sistema económico, de tal suerte que se ven en la necesidad de buscar en el exterior las oportunidades que se les han negado dentro de su país. La ausencia de opciones ocupacionales tanto en el campo como en las ciudades, ha generado un flujo continuo de migrantes hacia Estados Unidos.

En México existe una crisis de empleo en los diferentes sectores, tal es el caso de la crisis del campo, que hace un poco más de cinco décadas no parece superarse y, por el contrario, se profundiza cada vez más.

De entre los factores que caracterizan la crisis del campo mexicano son: La pérdida de soberanía alimentaria y laboral; la expulsión multitudinaria de campesinos; el profundo deterioro ambiental; la imposibilidad de contar con cosechas comerciales que permitieran un mejor desempeño económico; y las condiciones de precariedad en las que se encuentra la inmensa mayoría de la población rural.

En cuanto al sector industrial se refiere, “se observa un quiebre estructural en la relación entre el producto y el empleo. Hasta antes de 1987 el empleo y el producto se movían en forma relativamente paralela; sin embargo, a partir de ese año, la relación se rompe totalmente debido a la incapacidad de la manufactura para crear empleos nuevos en el sector primario a partir de 1988, seguido por el sector terciario, cuyas tasas en el periodo 1995-2004 es de 1.8%. Dentro del sector secundario está el sector manufacturero, cuyas tasas destacan por su falta de dinamismo” y continua...Entre 2000 y 2008 la tasa abierta de desempleo se incrementó de 2.2% en 2000 a 4.3% en 2008, lo que indica que la creación de empleos fue insuficiente, dado el crecimiento de la población económicamente activa”.

En síntesis se pude decir,” que muchos fueron los procesos que constituyeron un cambio radical en la economía mexicana a partir de 1982, entre los que se encuentran: apertura económica, cambio en el papel del Estado en la economía, desregulación financiera, desindustrialización, abandono del campo, transformación en los objetivos explícitos de política monetaria hacia sólo buscar el control de la inflación, caída en la formación bruta de capital fijo y por tanto, caída en la generación de empleo. La salida ante esta problemática fue el despegue de la economía informal, crecimiento de actividades delincuenciales y el incremento exponencial de la migración.”

El problema del desempleo se debe al escaso desarrollo de las fuerzas productivas, que se traducen en poca inversión que beneficie al país. En 20 años la productividad laboral en las empresas modernas ha crecido 5.8%, mientras que en las empresas tradicionales ha caído 6.5%.

En Estados Unidos, la población nativa de México representa el grupo más numeroso de población extranjera radicada en ese país. Los estados de California y Texas concentran la mayor cantidad de los inmigrantes mexicanos. En 2013, en 4 estados de la Unión Americana se concentraban casi el 70% de los migrantes mexicanos en aquel país. Los estados son: California, Texas, Illinois y Arizona.

A partir de 1970, se dio un incremento en la cantidad de población mexicana residente en los Estados Unidos, en ese año vivían en aquel país alrededor de un millón de mexicanos, al año 2012 aumentó a 5.8 millones; para el año 2013 residían 11.8 millones, y al 2015 había 12.2 millones de migrantes mexicanos.

Entre el periodo de 2010 - 2015 las autoridades migratorias de Estados Unidos, deportaron casi dos millones de connacionales. Durante la administración de Obama (2008-2016) fueron expulsados más de 2.8 millones de mexicanos, incrementándose en personas que ya llevaban años residiendo en dicho país.

Los principales puntos de devolución en 2015 fueron Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ciudad Acuña, Coahuila, y Tijuana, Baja California.

Mexicanos repatriados por las autoridades migratorias estadounidenses, según registros administrativos de México y EE. UU. 2010-2015

Fuente: Anuario de migración y remesas México 20016

Repatriación de mexicanos desde EE. UU, según entidad federativa 2014

Fuente: Anuario de migración y remesas México 20016

La decisión de regresar al país de origen es similar a la que se toma al momento de emigrar, se reinicia el proceso migratorio en sentido inverso, dicho proceso influye en diversos factores macro y microeconómicos, tales como las crisis económicas, las políticas migratorias, la edad, la escolaridad, el manejo del idioma del país receptor, el estado civil, el estatus migratorio y las redes sociales, entre otros.

En el caso aquellos migrantes mexicanos que regresan a su país después de haber permanecido más de tres meses en Estados Unidos por lo general se debe a razones como: La falta de trabajo, porque no contaron con los ingresos suficientes para seguir viviendo en dicho país, por situaciones de adaptación social, percepciones culturales, marcos políticos restrictivos, inestables y cambiantes. En algunos casos se debe a factores individuales como la consecución o fracaso en los logros; redes de apoyo, es decir reunificación familiar o percepción de ruptura de la misma.

Ahora bien, de acuerdo al análisis de la migración fronteriza entre México y Estados Unidos, se han formularon cinco aspectos a tener en cuenta a la hora de cuestionar la motivación para retornar:

1) El capital humano, conformado por las habilidades, conocimientos y capacidades adquiridas en el extranjero; 2) el capital social, o redes sociales en ambas partes, entre más familiares se establezcan en Estados Unidos, las posibilidades de retorno y contacto con la comunidad de origen disminuyen con el tiempo; 3) número de propiedades, terrenos, parcelas agrícolas con las que cuenta en su comunidad de origen; 4) las condiciones económicas de la comunidad, donde la diversificación económica y las posibilidades de inversión juegan un papel importante en la duración de la estancia en el extranjero; y 5) las condiciones macroeconómicas en ambos países, en donde la inflación, crisis y devaluación influyen a la hora de retornar e invertir. Esto nos permite comprender cómo este proceso migratorio está sellado por una tensión constante entre quedarse en Estados Unidos o retornar a México.

Programas

a) Programa de Atención a Migrantes Retornados

El Programa de Atención a Migrantes Retornados (PAMIR/PRIM) brinda apoyo en la coordinación logística y operativa para los procedimientos de repatriación de mexicanos que lleva a cabo el Gobierno de México al dar asistencia post-arribo y durante el tránsito por medio de la coordinación de traslados terrestres. De manera paralela, se llevan a cabo actividades de monitoreo y seguimiento de las y los retornados, en apoyo a su proceso de reintegración. Se pretende con esto último apoyar en la identificación de capacidades adquiridas y proyectos de retorno para su adecuada canalización a instituciones de gobierno.

El programa ha sido desarrollado para hacer frente al incremento en el volumen de migrantes que han retornado en los últimos años a México y ante el aumento en sus condiciones de vulnerabilidad y dificultades para su reinserción socioeconómica.

Objetivos

Aumentar la seguridad de las y los migrantes a su regreso a México.

Brindar apoyo y acompañamiento en el traslado y de esta manera, garantizar el retorno a las comunidades de origen en condiciones seguras y ordenadas.

Brindar información sobre servicios disponibles, cómo acceder a ellos y oportunidades de empleo para facilitar el proceso de reinserción socioeconómica.

Fomentar la sostenibilidad del retorno para beneficio de las y los retornados y sus comunidades de origen.

Asegurar un trato digno y humano al migrante al momento de su regreso a México.

Este Programa se desarrolló en una fase piloto en el marco del Proceso de Repatriación al Interior de México, en el que se brindó asistencia a las y los mexicanos que retornaron al país, de manera conjunta con el Instituto Nacional de Migración.

Beneficiarios: El total de beneficiarios durante el 2013-2014 ha sido de 10,636 personas.

b) Programa Fondo de Apoyo a migrantes

Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes

Que en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de $300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) para el Fondo de Apoyo a Migrantes, y

Que con el objetivo de apoyar a los trabajadores migrantes en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan, además de precisar los criterios y el proceso para la aplicación y erogación de los recursos que se entregarán por conducto del Fondo de Apoyo a Migrantes, así como para el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos, he tenido a bien emitir los siguientes:

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES

Capítulo I. Disposiciones Generales

1. Los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes tienen por objeto establecer los criterios generales para que las Entidades Federativas tengan acceso a los recursos de este Fondo, los cuales tienen el carácter de subsidios federales y deberán destinarse para las acciones que apoyen a los trabajadores migrantes en retorno.

2. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario, la interpretación de los presentes Lineamientos, así como resolver los casos no previstos en los mismos.

Capítulo III. Programas y acciones susceptibles de apoyo

4. Las acciones que se apoyen con cargo a los recursos del Fondo deberán incrementar las actividades ocupacionales y desarrollar las capacidades técnicas y productivas de los Trabajadores Migrantes en retorno.

Los tipos de acciones a apoyar podrán incluir los rubros siguientes:

a) Capacitación que genere habilidades productivas de los beneficiarios y aumente sus posibilidades de incorporación en el mercado formal;

b) Apoyos a las actividades que fomenten el autoempleo:

i. Apoyo individual de hasta $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.);

ii. Apoyo a Familias con hasta 3 Trabajadores Migrantes mayores de edad, con un monto máximo de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno de ellos;

iii. Apoyo a grupos, el monto máximo correspondería al resultado de multiplicar $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) por el número de personas que integren el Grupo que solicite el apoyo, sin que el monto total del apoyo supere la cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.).

c) Apoyar la operación de albergues que los atiendan, y

d) Apoyar con el pasaje terrestre para que puedan retornar a su lugar de origen cuyo monto máximo sea $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Normatividad Internacional

España

El artículo 41 constitucional declara que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo”.

El desempleo ha sido, es y será el mayor problema que plantea el retorno de los trabajadores españoles emigrantes de Europa, Sudamérica y de todo el mundo. El Estado, de acuerdo con el precepto constitucional antes citado, está obligado a orientar su política hacia el retorno de los trabajadores emigrantes en el extranjero.

Por su parte el artículo 42 de la misma normatividad, establece que “El Estado velará expresamente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y orientará su política hacia su retorno”.

En 2003 la OIM junto con el Ministerio de Trabajo e Inmigración de España crearon el Programa de retorno voluntario de inmigrantes (PREVIE) enfocado en la ayuda a aquellos inmigrantes de distintas nacionalidades que desearan volver a sus países de origen. Gracias a este Programa, hasta la fecha de este informe han retornado un total de 6.428 personas.

Colombia

El artículo 80, de la Ley 1465 establece que:

Por iniciativa parlamentaria o del Gobierno Nacional se formulará el Plan de Retorno para los migrantes colombianos que' son retornados o regresan voluntariamente al país.

Este Plan de Retorno contemplará alianzas interinstitucionales y de cooperación, con el fin de brindar las herramientas necesarias para velar por el ejercicio de sus derechos, por medio de acciones para facilitar el acceso a servicios de salud y vivienda, capacitaciones a nivel laboral, desarrollo de emprendimientos y acceso a crédito pata proyectos productivos, creación de exenciones tributarias y estímulos impositivos y aduaneros, así como de asistencia social mediante asesorías jurídicas y apoyo psicológico para los migrantes y su núcleo familiar.

La política de retorno asistido y acompañado, es conducente a facilitar la plena, reinserción de los retornados, acompañada de instrumentos que reduzcan o eliminen los impuestos y cargas fiscales, a fin de canalizar las remesas de los retornados hacia la inversión y el ahorro.

A su vez el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los Consulados desarrollará actividades de protección de los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior, además de ejercer ante las autoridades del país donde se encuentren, las acciones pertinentes para garantizar el respeto de los intereses de las personas naturales y jurídicas, de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional.

Las entidades públicas promoverán los mecanismos para la puesta en marcha de un plan de promoción de empleo e incorporación social y laboral de los colombianos que retomen y sus familiares para facilitar su inserción en el mercado laboral.

Perú

La promulgación de la Ley N°30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, constituye un hito importante por cuanto se articula un marco legal idóneo para facilitar el retorno de los peruanos que residen en el exterior propiciando su adecuada reinserción económica y social en dicho país.

En ese contexto corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores un rol de coordinador intersectorial para el funcionamiento idóneo de esta Ley, así como la labor de difusión y orientación de los beneficios que contempla la Ley de Retorno.

Esta Ley tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología; teniendo en consideración la crisis económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las políticas migratorias.

En el caso de nuestro país, es necesario fortalecer los mecanismos institucionales que permitan salvaguardar los derechos de la comunidad migrante que retorna al país en concordancia con las propias políticas migratorias del Estado mexicano contempladas en el Artículo 2 de la Ley de Migración que a la letra cita: “La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, así como facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional”.

Descripción de la Iniciativa

La iniciativa de mérito se compone de nueve Títulos distribuidos en 88 artículos en los cuales se busca generar un marco normativo que permita regular de forma clara y precisa todo lo relacionado con el retorno de nuestros connacionales al país, asimismo cabe resaltar que la misma mantiene en su redacción un lenguaje plenamente incluyente en cuanto a género.

Estas disposiciones se inscriben con el objetivo de proporcionar una articulación efectiva a las disposiciones normativas que contempla la propia Ley de Migración y la Ley General de Población en aras de atender de manera puntual la situación de los migrantes que retornan a territorio nacional.

Es indudable que para lograr lo anterior, debe haber transversalidad entre las acciones de sociedad y gobierno, pero es este último el responsable de utilizar todos los medios a su alcance para fortalecer las herramientas institucionales con las que se cuenta, y aquellas que habrán de generarse.

Por su parte, el respeto a la dignidad humana y el principio pro-persona, representan los puntos medulares que determinan el apego al debido proceso de esta ley, mismos que son contemplados en los principios rectores que habrán de regir la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales respecto a la migración de retorno y que se enlistan a continuación:

I. El respeto a la dignidad humana

II. La no discriminación

III. Respeto a los derechos humanos

IV. El interés superior de la niñez

V. Equidad

VI. Igualdad sustantiva

VII. Unidad familiar

VIII. Accesibilidad

IX. El principio Pro persona

X. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

Partiendo desde una perspectiva humanista, componentes tan importantes de los derechos humanos como la igualdad sustantiva, principio pro persona, el derecho a la vida, la no discriminación y accesibilidad, entre otros, son contemplados en la redacción de cada título y capítulo de esta Ley. De esta forma se cumple con uno de los principales propósitos de este instrumento normativo, que es garantizar que todas aquellas acciones que se lleven a cabo para la inclusión de nuestros connacionales que retornan tengan un estricto apego al respeto de sus derechos.

Ahora bien, en el Título Primero denominado Disposiciones Generales, se fija el objeto de la Ley el cual es garantizar el reingreso de mexicanas y mexicanos al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como su tránsito y estancia en el mismo, con el fin de lograr que participen justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, así como de que se realice en un marco de respeto protección y salvaguarda de los derechos humanos, además de garantizar la democracia, el desarrollo integral, sustentable y la preservación de la soberanía y de la seguridad nacional.

Es justo en este apartado de la Ley, donde se señala de forma clara y precisa que se debe lograr una plena inclusión de las y los mexicanos migrantes de retorno, y esto se logrará a través de garantizar sus derechos, pero también haciéndolos partícipes de los beneficios y servicios sociales, educativos, laborales, económicos, culturales y de vivienda que ofrece el gobierno federal.

Por su parte, el Título Segundo refiere a los órganos competentes para aplicar la Ley y sus responsabilidades en la materia. Por una parte, el Presidente de la República, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será el encargado de conducir la política migratoria del país, por supuesto que esto lo realiza a través y en coordinación con las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores respectivamente, en el caso de la primera, esta se encargará entre otras cosas de dictar, promover y coordinar en su caso, las medidas adecuadas para resolver los problemas relacionados con la migración de retorno, así como adecuar los programas de desarrollo a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población que retorna a territorio nacional y determinar las medidas necesarias a fin de lograr una dinámica y calidad de vida digna del migrante de retorno, lo anterior a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a la infancia, así como participar activamente en la solución de los problemas que la afectan. Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de fortalecer el impacto de los distintos programas de asistencia a los migrantes de retorno, según las necesidades de los lugares de recepción o destino.

En cuanto hace la Secretaría de Relaciones exteriores a esta le corresponde promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, así como participar en la formulación de medidas que permitan facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional, y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, facilitar el acceso de los migrantes de retorno a los programas y acciones de apoyo, entre otras tantas, que sin duda lo que pretenden es que la dependencia en comento cuente con suficientes facultades para atender todo lo relacionado al reingreso de las y los mexicanos migrantes de retorno y su condición migratoria con los países de donde retornan.

En este mismo Capítulo se establecen facultades, atribuciones y obligaciones de los Gobiernos Estatales, que sin duda, son parte fundamental en el cumplimiento y ejercicio de lo dispuesto por la presente Ley.

Se busca el trabajo conjunto entre Secretarías Gobiernos Estatales en la aplicación de políticas migratorias que permitan salvaguardar el respeto a los derechos humanos de los mexicanos migrantes de retorno, así como su plena inclusión en las actividades económicas y laborales de la entidad, además, se les instruye a facilitar el acceso de las y los mexicanos migrantes de retorno a los diversos programas sociales, económicos, laborales, académicos y de salud que sean implementados en la entidad y se les faculta para realizar propuestas a la Secretaría de mecanismos, acciones y programas que se puedan aplicar en su entidad con la finalidad de lograr una integración más eficiente de las y los migrantes de retorno a nuestro país.

Siendo los Gobiernos Estatales los que propiamente albergan a las y los mexicanos de retorno, deben ser uno de los principales promotores de su inclusión, pero además generadores de oportunidades y acceso a una vida digna y decorosa.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración funge como la herramienta principal en materia de migración de retorno, es a través de este ente que se busca generar sincronía entre las acciones de sociedad y gobierno, son muchas sus atribuciones y responsabilidades, pero entre ellas destacan, vigilar la entrada y salida de las y los mexicanos migrantes de retorno, así como revisar la documentación de los mismos, también coadyuvar a las y los mexicanos migrantes de retorno para acreditar su nacionalidad mexicana mediante cualquier elemento objetivo de convicción que permita al Instituto determinar que se cumplen con los supuestos de acreditación, además impedir la salida del territorio nacional de personas mexicanas que tengan restricción legal para ello, así como trabajar de manera conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de garantizar el respeto a los derechos de las y los migrantes de retorno y ejecutar y aplicar todos los programas que las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en su conjunto o de forma individual dicten, cuya finalidad sea la protección y salvaguarda de los derechos de las y los migrantes de retorno, así como su acceso a programas y políticas públicas tendientes a facilitar su inclusión social, laboral, educativa, económica, cultural y de servicios de salud.

Como se mencionó párrafos atrás, esta Ley busca que exista transversalidad entre las distintas instancias de gobierno a efecto de procurar los derechos humanos de nuestros connacionales que retornan al país, así como en sus acciones, de esta forma y sólo transitando hacia la gobernanza bien aplicada es como se lograrán verdaderos resultados en la materia.

El Título Tercero de la Ley establece de forma precisa aquellas acciones en materia de migración de retorno que habrán de llevarse a cabo, en primer lugar se crea el programa de inclusión social, cultural, económica, laboral, educativa y de salud, por supuesto que este programa tiene correlación directa con el Plan Nacional de Desarrollo, pero en el se deben establecer particularidades que no puedan ser previstas en el citado Plan.

Es indudable que cuando nuestros connacionales regresan muchas de las veces se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y falta de inclusión, las oportunidades para superarse parecen limitadas y ello los lleva a una vida con notables carencias, no sólo para ellos sino para sus familias. Por ello, a través del Programa se establecen las acciones mínimas a llevar a cabo por las distintas instancias de gobierno para que las y los mexicanos migrantes de retorno tengan pleno acceso a los programas de salud, vivienda, educación y empleo que ofrece la federación, pero no sólo ello, se busca su plena inclusión cultural y económica por lo que se generan mecanismos de colaboración interinstitucional y por supuesto, social que hagan más flexible y amigable dicha inclusión.

Este título contiene un Capítulo por aspecto de inclusión y es ahí donde se plasman los puntos a desarrollar en el Programa en los que se establecen los temas prioritarios en cada área, sin duda, la migración de retorno se verá beneficiada, no sólo con la creación de esta herramienta programática, sino con su oportuna y eficiente aplicación.

No se omite decir que la Secretaría de Gobernación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las Entidades Federativas y el Instituto serán los encargados de elaborar conjuntamente el programa y la aplicación e implementación del Programa estará a cargo del Instituto quien definirá los órganos estatales que habrán de coadyuvar en las labores regionales, es decir, de nuevo se establece la necesidad de contar con coordinación interinstitucional.

En el mismo orden de ideas, en este Título se establece que las entidades federativas y sus municipios cuenten con órganos consultivos de apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de los sectores social y privado, para la implementación y aplicación del Programa.

Asimismo, se mandata que el Programa deberá garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas y la frecuencia de la migración de retorno, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas atender lo relacionado con el tema.

Se dispone la creación de una base electrónica de datos con que operará el multicitado Programa, misma que deberá contener información de carácter e interés nacional y comprenderá, entre otros, los aspectos siguientes:

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Ley General de Migración de Retorno;

III. Ley de Migración;

IV. Ley General de Población;

V. Plan Nacional de Desarrollo;

VI. El Programa de Inclusión Social, Cultural, Económica, Laboral, Educativa y de Salud;

VII. Programas nacionales y locales de Migración;

VIII. Directorios de las Instituciones y representaciones vinculadas a la Migración de Retorno; y

IX. La infraestructura destinada para atender las necesidades migratorias de las y los mexicanos que retornan a territorio nacional.

Esta base de datos coadyuvará a acceder de forma eficiente a todo aquello que tenga relación directa con la migración de retorno.

Por otro lado, se crea la figura de los “Comités de Inclusión de las y los Mexicanos Migrantes de Retorno” los cuales estarán encabezados por el Instituto Nacional de Migración y entre algunas de sus funciones tendrán:

I. Promover las acciones necesarias para dar cumplimiento al Programa;

II. Facilitar a las y los mexicanos migrantes de retorno el acceso a información referente a su derecho de inclusión y lo que ello implica;

III. Impulsar y orientar los diversos proyectos tendientes a lograr inclusión social, económica, laboral, educativa y de salud de las y los mexicanos migrantes de retorno;

IV. Promover la capacitación y su vinculación con el laboral;

Estos Comités serán foros permanentes de orientación y atención social de la comunidad migrante de retorno, con el objeto de impulsar su adaptación en territorio nacional.

La integración de los Comités será de la siguiente forma:

I. El Delegado, como Presidente y quien será parte del Instituto;

II. Un Vicepresidente, designado por el Secretario de Gobernación;

III. Un Secretario Técnico, designado por el Delegado, y

IV. Representantes de entidades y dependencias del gobierno federal y otros propuestos por el Presidente del Comité.

El Título Cuarto de la Ley habla de las condiciones de retorno, el regreso de nuestros connacionales al país se puede dar por diversos motivos por ello es fundamental contemplar acciones aplicables en cada caso.

En el primer Capítulo de este Título se establecen directrices normativas sobre la repatriación, mismas que en su mayoría se tomaron y por supuesto se adecuaron, por lo dispuesto en los artículos 81, 83 y 84 de la Ley General de Población por lo que éstas se derogan del citado cuerpo normativo.

En cuanto a la repatriación, esta hace referencia a las y los mexicanos que regresan por su voluntad y en el Capítulo de mérito se establece entre otras cosas, que la Secretaría vigilará que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten sus derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales, además, se da facultad a la Secretaría de Gobernación para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las opciones de empleo, salud, educación y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su intención de residir.

En el Capítulo Segundo del Título en comento se plasman las condiciones de retorno de las y los mexicanos deportados, en él se establecen una serie de acciones de coordinación interinstitucional e internacional a fin de que los connacionales que sean sujetos de deportación tengan pleno respeto a sus derechos humanos así como acceso a la vida productiva de la nación.

Algunos de los puntos que se tratan sobre la deportación son:

• La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto se encargarán de velar por el estricto respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos que sean deportados de otra nación, garantizando en todo momento su más amplio acceso a los beneficios que otorgan los programas sociales federales, así como a los servicios educativos, de salud, vivienda y productividad laboral de nuestro país.

• Todas las y los mexicanos migrantes de retorno en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.

• La recepción de las y los mexicanos migrantes de retorno en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas.

• La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir instrumentos internacionales con dependencias u órganos de otros países y con organismos internacionales, en materia de retorno asistido, seguro, digno, ordenado y humano de mexicanos que se encuentren irregularmente en territorio internacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

• El Reglamento será donde se establecerán los lineamientos que deben contener los instrumentos interinstitucionales a que se refiere el artículo anterior, así como las previsiones necesarias para la regulación de este Capítulo.

• Podrán solicitar el beneficio del retorno asistido, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca en los instrumentos interinstitucionales, las y los mexicanos que se ubiquen en determinados supuestos.

• Se establecen los criterios de retorno asistido de mayores de dieciocho años que se encuentren irregularmente en territorio internacional Artículo 55.- En el procedimiento de retorno asistido se privilegiarán los principios de preservación de la unidad familiar y de especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, procurando que los integrantes de la misma familia viajen juntos.

• En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio internacional, personas con discapacidad y adultos mayores, se aplicará el procedimiento de retorno asistido con la intervención de los funcionarios consulares o migratorios del país.

• La obligación para la Secretaría y el Instituto de cerciorarse, que en el proceso de deportación las y los mexicanos que retornan al país lo hagan en condiciones de respeto a sus derechos humanos y que además se les brinden la posibilidad de realizar determinadas acciones.

• En caso de que las autoridades internacionales no lo hicieran, el Instituto proporcionará los medios de transporte necesarios para el traslado de las y los mexicanos deportados a territorio nacional. Asimismo, deberá preverse de ser el caso, el suministro de agua potable y los alimentos necesarios durante el trayecto, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En este sentido, debemos entender a la deportación como el acto que lleva a cabo un Estado para expulsar de su territorio a un ciudadano extranjero que se encuentre en situación irregular de acuerdo con las disposiciones normativas en materia de migración, mientras que la repatriación se refiere al retorno de una persona hacia su patria. La Ley en comento es plenamente incluyente en ambos sentidos.

Otro aspecto de inclusión fundamental en esta Ley es el que se incluye en el Capítulo Tercero, este refiere a las niñas, niños y adolescentes migrantes de retorno, se establecen las acciones mínimas que deben de llevar a cabo el Instituto y el Sistema Nacional DIF para garantizar el bienestar y respeto a los derechos humanos de este grupo vulnerable. Cabe resaltar que un gran referente para conformar este Capítulo fue la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en todo momento se buscó plasmar directrices normativas que garanticen su plena inclusión y desarrollo, sean cuales sean sus condiciones de retorno, es decir, no importando si son repatriados o deportados, sus derechos deben ser respetados y fortalecidos por nuestras instituciones.

Entre algunas de las acciones que se establecen al respecto se encuentran las siguientes:

• El Instituto, deberá integrar a la base de datos a las niñas, niños y adolescentes migrantes, incluyendo entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de retorno, sus vínculos familiares, factores de riesgo, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica.

• El Instituto, deberá integrar a la base de datos a las niñas, niños y adolescentes migrantes, incluyendo entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de retorno, sus vínculos familiares, factores de riesgo, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica.

• El Instituto en coordinación con el Sistema Nacional DIF realizarán evaluaciones psicológicas a las niñas, niños y adolescentes a fin de brindarles apoyo psicológico y asesoría a aquellos menores que así lo requieran.

• Para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes de retorno.

En el Título Quinto se crea el Fondo de Migración de Retorno, mismo que servirá para coadyuvar a atender las necesidades migratorias de las y los mexicanos que retornan a territorio nacional, así como para impulsar acciones y programas que permitan optimizar e incrementar de manera sistemática y permanente, la calidad y cobertura de los servicios migratorios en el territorio nacional.

Se establece que la conformación del Fondo será a través de, los recursos que hayan sido incautados a extranjeros que hayan cometido algún delito en territorio nacional y por consiguiente hayan sido deportados; los Depósitos de Garantía realizados por los extranjeros, cuando incumplan los términos y condiciones establecidos para su estadía en el país; los legados, herencias, donaciones o subvenciones que sean concedidos a favor del Fondo por personas naturales o jurídicas y entidades nacionales, extranjeras o internacionales y los recursos que sean asignados por la federación. Dicho fondo será programado y ejercido por el Instituto.

El Título Sexto aborda el tema de Protección a las Víctimas de Trata y Tráfico de Personas. Sin duda un tema lamentablemente recurrente en aspectos migratorios es el de trata y tráfico de personas, por ello en este apartado de la Ley se establecen acciones claras que deberá realizar el Instituto con diversas dependencias para brindar atención integral a las víctimas o posibles víctimas de estos delitos.

Uno de los aspectos relevantes es que el Instituto deberá contar con una unidad de atención a las víctimas de trata de personas, la cual atenderá de manera integral a aquellos migrantes de retorno que sean testigos o víctimas de delitos relacionados con trata de personas y/o tráfico de migrantes, especialmente personas menores de edad, en coordinación con las autoridades competentes y que a través de este organismo se brindará la orientación y apoyo necesario a las y los migrantes mexicanos de retorno que sean víctimas de algún posible delito relacionado con trata.

Hoy en día la Transparencia y Publicidad son elementos inalienables del ejercicio público y democrático en nuestro país, por ello el Título Séptimo de esta norma mandata que la información migratoria deberá estar a disposición para consulta y se deberán respetar los criterios para aquella a reservarse, principalmente dentro de los procedimientos jurídicos administrativos.

Lo anterior, no es otra cosa más que brindar la facilidad tanto a ciudadanía como a gobierno de acceder a la información que requieran en relación a los diversos procesos y procedimientos migratorios, siempre en estricto apego y respeto a lo establecido por la Constitución y la Ley en la materia.

Por lo que hace a los Títulos Octavo y Noveno, estos atienden lo referente al Procedimiento Administrativo y las Sanciones en materia de Migración de Retorno, respectivamente.

En estos apartados de la Ley se establecen responsabilidades como, que la autoridad migratoria deberá dictar resolución en los trámites migratorios en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla con todos los requisitos formales exigidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables. Transcurrido dicho plazo sin que la resolución se dicte, se entenderá que es en sentido negativo.

Asimismo, se mandata que el Instituto imponga las sanciones a que refiere esta Ley, dentro de los límites señalados para cada infracción, con base en la gravedad de la misma y el grado de responsabilidad del infractor.

Habiendo expuesto el contenido de la Ley es necesario precisar que esta surge ya que actualmente no existe un marco normativo completo y sólido en materia de migración de retorno. Por una parte la Ley de Migración establece de forma escueta en un par de artículos que las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Instituto brindarán las facilidades necesarias para el retorno de nuestros connacionales, pero no abundan más. Asimismo, la Ley General de Población incluye cuatro artículos que refieren a la repatriación y que como se mencionó son retomados en la presente Ley.

Adicional a lo anterior, en nuestro país la política migratoria de retorno se lleva a cabo a través de programas, mismos que son cíclicos y que nacen de acuerdo a las necesidades, lo cual no forzosamente es incorrecto, sin embargo resulta imperativo contar con un cuerpo normativo sólido que permita atender las necesidades de las y los mexicanos migrantes de retorno de forma permanente.

No obstante, esta Ley también surge dada la necesidad de contar con los elementos jurídico administrativos necesarios que permitan hacer frente a un posible escenario de deportación masiva.

Tras el inicio del periodo Presidencial en Estados Unidos de Norte América de Donald Trump, y toda vez que una de sus propuestas de campaña fue deportar a un gran número de mexicanas y mexicanos, es deber de nuestro gobierno estar prevenido y acceder a contar con todos los instrumentos normativos que coadyuven en la reintegración de nuestros connacionales que regresen al país.

Es indudable que, ante las acciones del Presidente de los Estados Unidos de Norte América nuestro gobierno ha actuado posterior a recibir los embates, por ello es imperativo que desde el poder legislativo tomemos la iniciativa y trabajemos en hechos que blinden y salvaguarden los derechos humanos de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta Honorable Cámara de Diputados, se sirva discutir y en su caso aprobar, la presente propuesta para quedar como sigue:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE MIGRACIÓN DE RETORNO Y DEROGAN LOS ARTÍCULOS 81, 83 Y 84 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

Artículo primero: Se expide la Ley General de Migración de Retorno.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la República. Su objeto es garantizar el reingreso de mexicanas y mexicanos al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como su tránsito y estancia en el mismo, con el fin de lograr que participen justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, así como de que se realice en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, además de garantizar la democracia, el desarrollo integral, sustentable y la preservación de la soberanía y de la seguridad nacional.

Artículo 2.- El Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, dictará, promoverá y coordinará en su caso, las medidas adecuadas para atender las necesidades de los migrantes de retorno que no se encuentren contempladas en esta Ley.

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente Ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de discriminación y buscará promover el desarrollo integral y plena participación en todos los órdenes de gobierno.

Artículo 4.- Los principios en los que debe sustentarse la presente Ley, así como la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales respecto a la migración de retorno son:

XI. El respeto a la dignidad humana

XII. La no discriminación

XIII. Respeto a los derechos humanos

XIV. El interés superior de la niñez

XV. Equidad

XVI. Igualdad sustantiva

XVII. Unidad familiar

XVIII. Accesibilidad

XIX. El principio Pro persona

XX. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

Artículo 5.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Autoridad migratoria: El servidor público que ejerce la potestad legal expresamente conferida para realizar determinadas funciones y actos de autoridad en materia migratoria;

II. Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Defensor de derechos humanos: A toda persona u organización de la sociedad civil que individual o colectivamente promueva o procure la protección o realización de los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías individuales en los planos nacional o internacional:

IV. Fondo: Fondo de Migración de Retorno;

V. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales

VI. Instituto: Al Instituto Nacional de Migración;

VII. Ley: Ley General de Migración de Retorno;

VIII. Mexicano: A la persona que posea los atributos determinados en el artículo 30 de la Constitución;

IX. Migrante de retorno: El connacional que regresa al territorio de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de permanecer en él, independientemente de que el retorno sea voluntario o inducido;

X. Niña, niño o adolescente migrante de retorno no acompañado: A todo migrante nacional niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal;

XI. Oficina consular: A las representaciones del Estado mexicano ante el gobierno de otro país en las que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: Proteger a los mexicanos que se localizan en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento;

XII. Secretaría: Secretaría de Gobernación;

XIII. Secretaría de Relaciones Exteriores: Secretaría de Relaciones Exteriores;

XIV. Trámite migratorio: Cualquier solicitud o entrega de información que formulen las personas físicas y morales ante la autoridad migratoria, para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio de carácter migratorio a fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquélla documentación o información que solo tenga que presentarse en caso de un requerimiento del Instituto.

XV. Transparencia: El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Artículo 6.- La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, estará a cargo de:

I. El Presidente de la República;

II. La Secretaría de Gobernación;

III. La Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Los Gobiernos Estatales;

V. El Instituto Nacional de Migración

Artículo 7.- El poder ejecutivo, en materia de migración de retorno, además de las que le confieran otras disposiciones jurídicas, determinará la política migratoria del país tomando en cuenta las opiniones, peticiones y demandas que realicen los distintos órdenes de gobierno, procurando en todo momento el respeto a los derechos humanos y el acceso incluyente a la vida económica, política y social de la nación.

Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación, además de las facultades que le confieren otras disposiciones jurídicas, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Dictar, promover y coordinar en su caso, las medidas adecuadas para resolver los problemas relacionados con la migración de retorno;

II. Adecuar los programas de desarrollo a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población que retorna a territorio nacional;

III. Realizar programas de planeación y reintegración familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público, así como vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos y preserven la dignidad de las familias;

IV. Determinar las medidas necesarias a fin de lograr una dinámica y calidad de vida digna del migrante de retorno, lo anterior a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a la infancia, así como participar activamente en la solución de los problemas que la afectan;

V. Promover la plena integración de los grupos de mexicanas y mexicanos migrantes retornados al desarrollo nacional;

VI. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, fortalecer el impacto de los distintos programas de asistencia a las mexicanas y mexicanos migrantes de retorno, según las necesidades de los lugares de recepción o destino;

VII. Formular y dirigir la política en materia de migración de retorno, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento, así como las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los Gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil;

VIII. Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de las y los mexicanos migrantes de retorno y sus familias, a través de programas interinstitucionales a fin de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de las y los mexicanos migrantes retornados;

IX. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, implementar un Modelo de Atención Integral y Coordinada para que las y los mexicanos, migrantes de retorno, desde los Estados Unidos de América puedan acceder a servicios de orientación y protección que faciliten su reinserción al lugar de origen o destino. El Modelo debe priorizar la atención a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad;

X. Velar por la unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de la reinserción social de los menores migrantes de retorno; y

XI. Las demás disposiciones que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Artículo 9.- En materia de migración de retorno, a la Secretaría de Relaciones Exteriores le corresponde:

I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior;

II. Participar en la formulación de medidas que permitan facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de las y los mexicanos migrantes de retorno y sus familias, a través de programas interinstitucionales, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional;

III. Promover conjuntamente con la Secretaría de Gobernación la suscripción de instrumentos internacionales en materia de retorno asistido de mexicanos;

IV. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional;

V. En coordinación con la Secretaría de Gobernación, facilitar el acceso de las y los mexicanos migrantes de retorno a los programas y acciones de apoyo;

VI. Brindar asistencia y protección consular a todos los mexicanos que así lo requieran;

VII. Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecimiento de los programas de repatriación;

VIII. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria;

IX. Activar una estrategia de promoción y empoderamiento de los migrantes mexicanos a través de los consulados de México;

X. Fortalecer los programas de repatriación, a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de las personas mexicanas repatriadas, así como protegerlas de violaciones a sus derechos humanos;

XI. Contemplar estrategias de políticas migratorias que permitan atender las necesidades sociales, familiares y laborales de las y los mexicanos que sean deportados;

XII. Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos;

XIII. Ampliar el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados, e impulsar iniciativas para crear fuentes de empleo e incorporar mano de obra calificada dirigidas a connacionales repatriados;

XIV. Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país;

XV. Crear una base de datos de las y los mexicanos migrantes de retorno que permita elaborar diagnósticos sobre sus necesidades, formular propuestas de programas e implementar acciones en materia de educación, trabajo y familiar para lograr una atención integral;

XVI. En conjunto con la Secretaría de Gobernación, brindar atención y protección a las personas mexicanas repatriadas bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez y atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad; y

XVII. Las demás disposiciones que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Artículo 10.- En materia de migración de retorno, corresponde a los Gobiernos Estatales:

I. Coadyuvar en la aplicación de políticas migratorias que permitan salvaguardar el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos migrantes de retorno, así como su plena inclusión en las actividades económicas y laborales de la entidad;

II. Trabajar conjuntamente con la Secretaría a fin de garantizar la protección del interés superior de la niña, niño y adolescente, así como su inclusión en la vida académica y servicios básicos de salud brindados por la entidad;

III. Coadyuvar a la Secretaría de Relaciones exteriores en la elaboración de un padrón que permita identificar a las y los mexicanos migrantes de retorno que se encuentren dentro de su territorio;

IV. Facilitar el acceso de las y los mexicanos migrantes de retorno a los diversos programas sociales, económicos, laborales, académicos y de salud que sean implementados en la entidad;

V. Velar porque la inclusión de las y los mexicanos de retorno que se encuentren en su entidad, se lleve a cabo en un ambiente de igualdad sustantiva y equidad;

VI. Realizar propuestas a la Secretaría de mecanismos, acciones y programas que se puedan aplicar en su entidad con la finalidad de lograr una integración más eficiente de las y los migrantes de retorno a nuestro país; y

VII. Las demás disposiciones que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Artículo 11.- En materia de migración de retorno de mexicanas y mexicanos, al Instituto Nacional de Migración le corresponde;

I. Vigilar la entrada y salida de las y los mexicanos migrantes de retorno, así como revisar la documentación de los mismos;

II. Coadyuvar a las y los mexicanos migrantes de retorno para acreditar su nacionalidad mexicana mediante cualquier elemento objetivo de convicción que permita al Instituto determinar que se cumplen con los supuestos de acreditación;

III. En los casos en que el Instituto cuente con elementos suficientes para presumir la falta de autenticidad de los documentos o de veracidad de los elementos aportados para acreditar la nacionalidad mexicana, determinará el ingreso o rechazo de la persona de que se trate, después de realizar la investigación respectiva. Este procedimiento deberá ser racional y en ningún caso excederá de 4 horas.

En el caso de lo expuesto en el párrafo anterior, el solicitante podrá solicitar al Instituto la reconsideración de la resolución, así como aportar nuevos elementos de convicción que lo acrediten como mexicano;

IV. Resolver las solicitudes de canje, reposición y renovación del documento migratorio;

V. Resolver las solicitudes de trámite de regularización de situación migratoria por unidad familiar;

VI. Citar a personas mexicanas a desahogar sus comparecencias;

VII. Emitir la constancia de inscripción del empleador y sus actualizaciones;

VIII. Ordenar y controlar el archivo migratorio de la Delegación Federal;

IX. Imponer y notificar las sanciones administrativas previstas en la Ley de Migración y su Reglamento;

X. Impedir la salida del territorio nacional de personas mexicanas que tengan restricción legal para ello;

XI. Formular, presentar y, en su caso, ratificar denuncias y querellas por conductas probablemente constitutivas de delitos, en los asuntos en los que tenga injerencia el Instituto;

XII. Celebrar los convenios de colaboración que se requieran, así como brindar facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a las y los migrantes de retorno cuya situación se encuentre irregular;

XIII. Trabajar de manera conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de garantizar el respeto a los derechos de las y los migrantes de retorno;

XIV. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante de retorno no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto, quedará bajo su responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos;

XV. Canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante de retorno no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria;

XVI. Brindar atención médica y psicológica, así como por parte del personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, realizar entrevistas al niño, niña o adolescente con el objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección;

XVII. Tomar las medidas pertinentes a fin de que, en el caso de que los migrantes de retorno sean mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, e indígenas. O bien, víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional, si así lo requieren se privilegie su estancia en instituciones públicas o privadas especializadas que puedan brindarles la atención que requieren;

XVIII. A través de la representación consular, contar con mecanismos de retorno asistido eficaces que permitan la pronta reintegración de nuestros connacionales;

XIX. Ejecutar y aplicar todos los programas que las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en su conjunto o de forma individual dicten, cuya finalidad sea la protección y salvaguarda de los derechos de las y los migrantes de retorno, así como su acceso a programas y políticas públicas tendientes a facilitar su inclusión social, laboral, educativa, económica, cultural y de servicios de salud;

XX. Proteger la integridad física y patrimonial de las y los migrantes de retorno;

XXI. Vigilar la capacitación y sensibilización de servidores públicos y sociedad civil que intervengan en la inclusión de las y los migrantes de retorno a territorio nacional;

XXII. Atender, supervisar, observar, orientar y asistir a las y los mexicanos migrantes de retorno; y

XXIII. Las demás disposiciones que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Artículo 12.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las Entidades Federativas y el Instituto serán los encargados de elaborar conjuntamente el programa de Inclusión social, cultural, económica, laboral, educativa y de salud de las y los mexicanos migrantes de retorno.

El Programa deberá tener como ejes rectores el estricto respeto de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y equidad, así como el interés superior de la niñez y por supuesto el desarrollo económico, social y familiar de las y los mexicanos migrantes de retorno.

La Secretaría impulsará las medidas a realizar para la eficaz operación Programa, al propio tiempo que promoverá que se interrelacione, a fin de facilitar la aplicación, captación y administración de los resultados de manera transparente.

Artículo 13.- La aplicación e implementación del Programa estará a cargo del Instituto quien definirá los órganos estatales que habrán de coadyuvar en las labores regionales.

Artículo 14.- El Programa contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de las y los mexicanos migrantes de retorno.

El citado Programa contemplará alianzas interinstltucionales y de cooperación, con el fin de brindar las herramientas necesarias para velar por el ejercicio de sus derechos, por medio de acciones para facilitar el acceso a servicios de salud y vivienda, capacitaciones a nivel laboral, desarrollo de emprendimientos y acceso a crédito para proyectos productivos, creación de exenciones tributarias y estímulos fiscales y aduaneros que permitan optimizar el ejercicio de recursos, así como de asistencia social mediante asesorías jurídicas y apoyo psicológico para los migrantes y su núcleo familiar.

Artículo 15.- El Programa deberá incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 16.- Las entidades federativas y sus municipios contarán con órganos consultivos de apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de los sectores social y privado, para la implementación y aplicación del Programa.

Artículo 17.- El Programa deberá garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas y la frecuencia de la migración de retorno, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas atender lo relacionado con el tema.

Artículo 18.- La base electrónica de datos con que operará este Programa deberá contener información de carácter e interés nacional y comprenderá, entre otros, los aspectos siguientes:

X. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XI. Ley General de Migración de Retorno;

XII. Ley de Migración;

XIII. Ley General de Población;

XIV. Plan Nacional de Desarrollo;

XV. El Programa de Inclusión Social, Cultural, Económica, Laboral, Educativa y de Salud;

XVI. Programas nacionales y locales de Migración;

XVII. Directorios de las Instituciones y representaciones vinculadas a la Migración de Retorno; y

XVIII. La infraestructura destinada para atender las necesidades migratorias de las y los mexicanos que retornan a territorio nacional;

Artículo 19.- Las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal procurarán incorporar en sus proyectos de programa y presupuesto la realización de acciones encaminadas a atender las necesidades de las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 20.- El Programa deberá contemplar como uno de sus ejes prioritarios la inclusión social de las y los migrantes mexicanos de retorno, previendo en todo momento la más pronta y accesible adaptación de los connacionales.

Como acciones mínimas para lograr lo estipulado en el párrafo anterior se deberán contemplar las siguientes:

I. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;

II. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia de las y los mexicanos migrantes de retorno;

III. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de las y los mexicanos migrantes de retorno, en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social;

IV. Establecer estrategias que permitan disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales;

V. Implementar políticas de solidaridad que permitan la colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de las y los migrantes mexicanos de retorno;

VI. Trazar líneas de acción que permitan la participación social y así las y los mexicanos migrantes de retorno puedan intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones tendientes a mejorar su calidad de vida;

VII. Revertir los procesos de exclusión y de segregación de los que pudieran ser objeto las y los mexicanos migrantes de retorno;

VIII. Fomentar la equidad de género en el diseño y operación de las políticas públicas que habrán de regir el funcionamiento del Programa;

IX. Fomentar las más diversas formas de participación ciudadana con relación a la problemática social que pudieran enfrentar las y los mexicanos migrantes de retorno; e

X. Implementar líneas de acción que permitan lograr la reconstrucción del tejido social con base en el orgullo de pertenencia al país y la comunidad, el respeto de los derechos de todos los habitantes y la superación de toda forma de discriminación, violencia y abuso en las relaciones entre los habitantes.

Artículo 21.- Las y los mexicanos migrantes de retorno serán sujetos de todos los beneficios de los programas sociales que se encuentren operando a nivel federal y tendrán acceso a aquellos de orden local que, por su propia naturaleza, no excluyan jurídica o administrativamente a los federales.

Artículo 22.- La procuración en términos de la inclusión cultural de las y los mexicanos migrantes de retorno, se considerará uno de los ejes rectores del Programa.

Artículo 23.- El Programa deberá contemplar líneas de acción que permitan correlacionarse con aquellos programas federales y locales de cultura en el que pudieran participar las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 24.- El programa implementará mecanismos a través de los cuales se esté en constante difusión de nuestras tradiciones, acervo histórico y todo aquello que represente la cultura de nuestro país, con el ánimo de promover la identidad nacional.

Artículo 25.- El Programa deberá contemplar estrategias que vinculen de manera eficiente a las y los mexicanos migrantes de retorno con el desarrollo económico nacional.

Artículo 26.- El Instituto a través de lo que determine el Programa deberá establecer estrategias que permitan generar nuevas fuentes de empleo, consolidar las existentes y promover el autoempleo, así como elaborar planes y programas de vinculación entre el sector económico y las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 27.- Se fomentará la inversión productiva, la mejora regulatoria y la competitividad generando un entorno favorable para las actividades económicas de la nación, siempre buscando la participación de las y los migrantes mexicanos de retorno.

Artículo 28.- Se deberá alentar la competitividad y los empleos estables, bien remunerados, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, orientados hacia los sectores vulnerables de la sociedad y proporcionándoles seguridad social;

Artículo 29.- El Instituto deberá ejecutar los mecanismos que fortalezcan y estrechen los vínculos jurídicos, administrativos y de cooperación interinstitucional que sean necesarios para incorporar al sector productivo a las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 30.- El Programa establecerá los lineamientos que permitan que las y los migrantes mexicanos de retorno puedan acceder de forma eficiente al mercado laboral, procurando en todo momento que dicha labor se lleve a cabo en un entorno de salario bien remunerado, así como de estricto respeto a sus derechos laborales.

Artículo 31.- El Instituto será el encargado de ejecutar las acciones en materia laboral que señale el Programa, generando sinergia interinstitucional con las Oficinas del Servicio Nacional del Empleo.

Artículo 32.- Se deberá promover el desarrollo de proyectos estratégicos que permitan generar fuentes de empleo bien remuneradas para las y los migrantes mexicanos de retorno.

Artículo 33.- En estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo, el Instituto deberá coadyuvar en la canalización de quejas sobre discriminación o abuso laboral contra las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 34.- Se establecerán estímulos fiscales para aquellas empresas y organizaciones que contraten a personal que se encuentre bajo la condición de migrante de retorno hasta un año previo a su contratación.

Artículo 35.- El Programa establecerá las bases y los mecanismos a través de los cuales el Instituto ejecutará las acciones en materia de inclusión educativa de las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 36.- El instituto brindará toda la información y orientación necesaria a las y los migrantes mexicanos de retorno para acceder a los diversos servicios educativos que ofrece la federación.

Artículo 37.- Las y los mexicanos migrantes de retorno que así lo soliciten, podrán acceder a los programas sociales en materia educativa, previo cumplimiento de los requisitos de Ley.

Artículo 38.- Se orientará al solicitante a fin de lograr su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita al trabajador estudiar.

Artículo 39.- El Programa contemplará acciones claras que permitan vincular de manera eficiente y amigable a las y los mexicanos migrantes de retorno con los servicios de salud que ofrece la federación.

Artículo 40.- El Instituto brindará la información y orientación necesaria para que las y los mexicanos migrantes de retorno accedan a los servicios de salud que mejor se ajusten a sus necesidades.

Artículo 41.- Con el fin de garantizar el mayor acceso a los servicios de salud de la federación, el Instituto en coordinación con la Secretaría de Salud realizarán constantes jornadas de salud en aquellas comunidades donde se detecte que se encuentra el mayor número de migrantes mexicanos de retorno.

Artículo 42.- Cada Entidad Federativa contará con un Comité de inclusión de las y los mexicanos migrantes de retorno para instrumentar el Programa; estos Comités serán foros permanentes de orientación y atención social de la comunidad migrante de retorno, con el objeto de impulsar su adaptación en territorio nacional.

Artículo 43.- Los Comités de Inclusión de las y los Mexicanos Migrantes de Retorno tendrán los siguientes objetivos:

I. Promover las acciones necesarias para dar cumplimiento al Programa;

II. Facilitar a las y los mexicanos migrantes de retorno el acceso a información referente a su derecho de inclusión y lo que ello implica;

III. Impulsar y orientar los diversos proyectos tendientes a lograr inclusión social, económica, laboral, educativa y de salud de las y los mexicanos migrantes de retorno;

IV. Promover la capacitación y su vinculación con el laboral;

V. Coadyuvar para que las y los mexicanos migrantes de retorno tengan pleno acceso a los programas sociales que ofrece la federación;

VI. Invitar a las dependencias federales, instituciones nacionales y a la sociedad civil, a realizar proyectos productivos que permitan generar mejores condiciones de vida;

VII. Ser el enlace entre el gobierno federal y los Estados de la República; y

VIII. Las demás que se desprendan de los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 44.- Los Comités se integran de la siguiente manera:

I. El Delegado, como Presidente y quien será parte del Instituto;

II. Un Vicepresidente, designado por el Secretario de Gobernación;

III. Un Secretario Técnico, designado por el Delegado, y

IV. Representantes de entidades y dependencias del gobierno federal y otros propuestos por el Presidente del Comité.

Artículo 45.- Se consideran como repatriados a las y los nacionales migrantes de retorno que regresan al país.

Artículo 46.- La Secretaría estará facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las opciones de empleo, salud, educación y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su intención de residir.

Artículo 47.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y organismos internacionales, en materia de repatriación segura, digna y ordenada de mexicanos.

Asimismo, la Secretaría vigilará que, en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten los siguientes derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia:

I. Acceder a comunicación telefónica;

II. Recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica;

III. Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir;

IV. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

V. Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México;

VI. Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;

VII. Que se cuente con espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada;

VIII. Que en las instalaciones se evite el hacinamiento, y

IX. Recibir un trato digno y humano.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción.

Artículo 48.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto se encargarán de velar por el estricto respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos que sean deportados de otra nación, garantizando en todo momento su más amplio acceso a los beneficios que otorgan los programas sociales federales, así como a los servicios educativos, de salud, vivienda y productividad laboral de nuestro país.

Lo anterior se llevará a cabo siempre que no se contraponga con disposiciones penales y civiles que imposibiliten su cumplimiento.

Artículo 49.- Todas las y los mexicanos migrantes de retorno en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.

Artículo 50.- La recepción de las y los mexicanos migrantes de retorno en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas.

Artículo 51.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir instrumentos internacionales con dependencias u órganos de otros países y con organismos internacionales, en materia de retorno asistido, seguro, digno, ordenado y humano de mexicanos que se encuentren irregularmente en territorio internacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 52.- El Reglamento establecerá los lineamientos que deben contener los instrumentos interinstitucionales a que se refiere el artículo anterior, así como las previsiones necesarias para la regulación de este Capítulo.

Artículo 53.- Podrán solicitar el beneficio del retorno asistido, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca en los instrumentos interinstitucionales, las y los mexicanos que se ubiquen en los siguientes supuestos:

I. Se encuentren ilegalmente en territorio internacional;

II. Las y los mexicanos a quienes en otras naciones se les haya negado el beneficio del retorno asistido;

III. Las y los mexicanos a los que se les haya brindado el retorno asistido por la nación que los deporta, pero sufran constantes violaciones a sus derechos humanos; y

IV. No exista restricción legal emitida por autoridad competente para que abandonen el país.

Artículo 54.- El retorno asistido de mayores de dieciocho años que se encuentren irregularmente en territorio internacional se llevará a cabo a petición expresa del mexicano y durante el procedimiento se garantizará el pleno respeto de sus derechos humanos. Previo al retorno asistido, el mexicano tendrá derecho a:

I. Mantener comunicación constante con la representación consular de México en el país de donde sea deportado;

II. Recibir información acerca del retorno asistido;

III. Avisar a sus familiares, representante legal o persona de su confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de éste, para tal efecto, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible;

IV. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; y

V. Ser trasladado junto con sus efectos personales.

Artículo 55.- En el procedimiento de retorno asistido se privilegiarán los principios de preservación de la unidad familiar y de especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, procurando que los integrantes de la misma familia viajen juntos.

Artículo 56.- En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio internacional, personas con discapacidad y adultos mayores, se aplicará el procedimiento de retorno asistido con la intervención de los funcionarios consulares o migratorios del país.

Artículo 57.- La Secretaría en coordinación con el Instituto deberá cerciorarse que en el proceso de deportación las y los mexicanos que retornan al país lo hagan en condiciones de respeto a sus derechos humanos y que además se les brinden la posibilidad de:

I. Recibir protección de la representación consular nacional;

II. Avisar a sus familiares o persona de confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de éste, para tal efecto se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible;

III. Recibir información acerca del procedimiento de deportación; y

IV. Recibir asesoría legal.

Artículo 58.- En caso de que las autoridades internacionales no lo hicieran, el Instituto proporcionará los medios de transporte necesarios para el traslado de las y los mexicanos deportados a territorio nacional. Asimismo, deberá preverse de ser el caso, el suministro de agua potable y los alimentos necesarios durante el trayecto, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 59.- Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración de retorno, independientemente de su situación migratoria.

Artículo 60.- En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso.

Artículo 61.- El Instituto deberá garantizar en todo momento un trato digno y con estricto apego a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes mexicanos migrantes de retorno, atendiendo a la necesidad primordial de integrarlos a su núcleo familiar.

Artículo 62.- Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios de retorno que involucran a niñas, niños y adolescentes son las siguientes:

I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio;

II. A ser asesorados en todo momento por un abogado y un funcionario especializado;

III. Ser escuchados en todo momento;

IV. Brindarle las facilidades para comunicarse con los familiares que identifique;

V. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; y

VI. Conocer plenamente el proceso al que es sujeto, así como estar plenamente informado por su representante;

Artículo 63.- Durante el proceso administrativo migratorio deberá prevalecer la unidad familiar o en su caso la reunificación familiar, siempre y cuando ésta no sea contraria al interés superior de la niñez.

Artículo 64.- Para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes de retorno.

Artículo 65.- Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes, respetarán el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que, si se trata de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio del interés superior de la niñez.

Artículo 66.- El Instituto en coordinación con el Sistema Nacional DIF realizarán evaluaciones psicológicas a las niñas, niños y adolescentes a fin de brindarles apoyo psicológico y asesoría a aquellos menores que así lo requieran.

Artículo 67.- El Instituto, deberá integrar a la base de datos a las niñas, niños y adolescentes migrantes, incluyendo entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de retorno, sus vínculos familiares, factores de riesgo, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica.

Artículo 68.- En coordinación con las dependencias federales el Instituto deberá orientar a las niñas, niños y adolescentes mexicanos migrantes de retorno para acceder a los programas sociales educativos, así como al propio sistema educativo federal.

Artículo 69.- El Fondo de Migración de Retorno servirá para coadyuvar a atender las necesidades migratorias de las y los mexicanos que retornan a territorio nacional, así como para impulsar acciones y programas que permitan optimizar e incrementar de manera sistemática y permanente, la calidad y cobertura de los servicios migratorios en el territorio nacional.

Artículo 70.- El patrimonio del Fondo de Migración de Retorno estará integrado por:

I. Los recursos que hayan sido incautados a extranjeros que hayan cometido algún delito en territorio nacional y por consiguiente hayan sido deportados;

II. Los Depósitos de Garantía realizados por los extranjeros, cuando incumplan los términos y condiciones establecidos para su estadía en el país;

III. Los legados, herencias, donaciones o subvenciones que sean concedidos a favor del Fondo por personas naturales o jurídicas y entidades nacionales, extranjeras o internacionales; y

IV. Los recursos que sean asignados por la federación.

Artículo 71.- Los recursos con que sean asignados para conformar el Fondo serán programados y ejercidos por el Instituto.

Artículo 72.- El Instituto velará por el cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y denuncia de los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes de retorno.

Artículo 73.- A través del Instituto se brindará la orientación y apoyo necesario a las y los migrantes mexicanos de retorno que sean víctimas de algún posible delito relacionado con trata.

Artículo 74.- Al migrante regular o irregular que coopere en el esclarecimiento de las actividades ilegales relacionadas anteriormente, se le aplicarán las medidas de protección y prevención migratorias administrativas establecidas por la Ley.

Artículo 75.- El Instituto deberá contar con una unidad de atención a las víctimas de trata de personas, la cual atenderá de manera integral a aquellos migrantes de retorno que sean testigos o víctimas de delitos relacionados con trata de personas y/o tráfico de migrantes, especialmente personas menores de edad, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 76.- El Instituto promoverá la ejecución de las siguientes medidas preventivas:

I. Campañas educativas y de sensibilización para evitar que las personas sean víctimas de los delitos de trata de personas o tráfico de migrantes;

II. Cooperación nacional e internacional para combatir actos ilícitos;

III. Aplicación de medidas para prevenir la explotación sexual de migrantes;

IV. Intercambio de información con organismos estatales e internacionales, para la identificación de personas u organizaciones sospechosas de dedicarse a los delitos de trata de personas o tráfico de migrantes y a la explotación sexual de personas; y

V. Las demás que otras disposiciones legales determinen.

Artículo 77.- El Instituto permitirá el acceso a cualquier información relacionada con su gestión administrativa, salvo el caso de la información confidencial contenida en los expedientes personales y en los archivos de la institución, o de aquella que se declare de acceso restringido en virtud de las leyes nacionales y acuerdos o tratados internacionales vigentes.

Artículo 78.- Sin perjuicio de las actuaciones legales que requieran representación legal, los interesados podrán personalmente darle seguimiento a su solicitud en las oficinas del Instituto.

Artículo 79.- El Instituto permitirá a los interesados el acceso a su información, que no tenga carácter confidencial o restringido, a través de medios electrónicos que se implementen para dar seguimiento a sus solicitudes y requerimientos.

Artículo 80.- Las solicitudes de trámite migratorio deberán contener los datos y requisitos que se precisen en la Ley, la Ley de Migración, el Reglamento y en otras disposiciones administrativas de carácter general.

El Instituto se encargará de difundir la información necesaria para que las y los migrantes mexicanos de retorno puedan realizar los trámites migratorios que requieran.

Artículo 81.- La autoridad migratoria deberá dictar resolución en los trámites migratorios en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla con todos los requisitos formales exigidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables. Transcurrido dicho plazo sin que la resolución se dicte, se entenderá que es en sentido negativo.

Artículo 82.- Si el interesado no cumple con los requisitos aplicables al trámite migratorio que solicita, la autoridad migratoria lo prevendrá conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y le otorgará un plazo de diez días hábiles a partir de que se le notifique dicha prevención para que subsane los requisitos omitidos. En caso de que no se subsanen los requisitos, se desechará el trámite.

Artículo 83.- Los informes u opiniones necesarios para la resolución de algún trámite migratorio que se soliciten a otras autoridades deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días naturales. En caso de no recibirse el informe u opinión en dicho plazo, el Instituto entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado.

Artículo 84.- El Instituto impondrá las sanciones a que se refiere esta Ley, dentro de los límites señalados para cada infracción, con base en la gravedad de la misma y el grado de responsabilidad del infractor, tomando en cuenta:

I. Las circunstancias socioeconómicas del infractor;

II. Las condiciones exteriores, los antecedentes del infractor y los medios de ejecución;

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;

IV. El monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, y

V. El nivel jerárquico del infractor y su antigüedad en el servicio, tratándose de autoridades distintas al Instituto.

Artículo 85.- Los ingresos que la Federación obtenga efectivamente de multas por infracción a esta Ley, se destinarán al Fondo con la finalidad de que el Instituto los utilice para optimizar los servicios que en materia migratoria proporciona.

Artículo 86.- Los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las siguientes conductas:

I. Sin estar autorizados, den a conocer cualquier información de carácter confidencial o reservado;

II. Por hacer mal uso de los recursos destinados para el Fondo;

III. Dolosamente o por negligencia retrasen el trámite normal de los asuntos migratorios;

IV. Por sí, o por intermediarios que intervengan de cualquier forma en la gestión de los asuntos a que se refiere esta Ley o su Reglamento o patrocinen o aconsejen la manera de evadir las disposiciones o trámites migratorios a los interesados o a sus representantes;

V. Por no brindar la atención que establece esta Ley y su Reglamento a las y los mexicanos migrantes de retorno;

VI. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria;

VII. Por violación a los derechos humanos de los migrantes, acreditada ante la autoridad competente, y

VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

Se considerarán infracciones graves y se sancionarán con la destitución, las conductas previstas en las fracciones II, VI y VII del presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 87.- Las sanciones a los servidores públicos del Instituto, serán aplicadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 88.- El servidor público que, sin mediar causa justificada o de fuerza mayor, niegue a las y los mexicanos migrantes de retorno la prestación de los servicios o el ejercicio de los derechos previstos en esta Ley, así como los que soliciten requisitos adicionales a los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se harán acreedores a una multa de veinte a mil días de salario mínimo general vigente, con independencia de las responsabilidades de carácter administrativo en que incurran.

Artículo segundo: Se derogan los artículos 81, 83 y 84 de la Ley General de Población para quedar como sigue:

Artículo 81.- (Derogado)

Artículo 83.- (Derogado)

Artículo 84.- (Derogado)

PRIMERO. La Ley General de Migración de Retorno entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley General de Migración de Retorno.

TERCERO. Las disposiciones administrativas de carácter general en materia migratoria emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Migración, continuarán vigentes en todo lo que no se le opongan, hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma.

CUARTO. Las erogaciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deban realizar para dar cumplimiento a las acciones establecidas en esta Ley, se sujetarán a su disponibilidad presupuestaria aprobada para ese fin por la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Notas:

1 Román Morales, Luis Ignacio. Migración en México: tendencias y consecuencias. Agosto 2008, p. 4

2 Ibídem.

3 Ibídem., p. 6

4 Ibídem., p. 7

5 Ibídem.

6 Organización Internacional para las Migraciones Derecho Internacional sobre Migraciones: Glosario sobre migración, 2006 p. 39

7 Cataño Pulgarín, S. V. y Morales Mesa, S. A. (enero-junio, 2015). La migración de retorno. Una descripción desde algunas investigaciones latinoamericanas y españolas. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 6(1), 89-112.

8 Ibídem., p. 101

9 Organización Internacional de Migración, “Migración de retorno”

10 Yésica Aznar Molina, “'Otro Norte, Otro Terruño' Construyendo los sentidos y las identidades de los retornados en localidades urbanas,” (tesis doctoral, El Colegio de México, 2011), 14.

11 Salvador Moreno Pérez. Migración, Remesas, Trasmigrantes y Deportaciones. Cámara de Diputados 2015.

12 Internacional migration, División de Población de las Naciones Unidas, Nueva York.2002

13 Movimientos de personas: Desafíos y Respuestas, CONAPO Series de la OIM sobre informes de las Migraciones en el Mundo. Vol. 2 Ginebra.

14 Nelly Salgado De Snyder, Motivaciones de la migración de mexicanos hacia estados unidos

15 Periódico La Jornada, Sociedad y Justicia, 12 de marzo de 2006, p.42.

16 María y Campos, Mauricio. El desarrollo de la industria mexicana en su encrucijada: entorno macroeconómico, desafíos estructurales y política industrial. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía: Universidad Iberoamericana, 2013, p. 27.

17 Paulo Humberto Leal Villegas. La Administración de Peña Nieto y las necesidades de creación de empleo. Balance a dos años del inicio de la administración federal y posibles rumbos del Estado. REDPOL No. 10. Universidad Autónoma Metropolitana. 2015, p. 9 Recuperado de: http://www.proglocode.unam.mx/sites/proglocode.unam.mx/ files/leal.pdf

18 Ibídem., p. 12

19 Ibídem.

20 Ibídem.

21 Ibídem.

22 Periódico La Jornada, martes 3 de enero de 2017

23 Ibídem.

24 Anuario de migración y remesas México 20016, p. 72

25 Ibídem., p. 73

26 Ramírez García Telesforo y Aguado Ornelas Daniel. Determinantes de la migración de retorno en México, 2007-2009. 2010., p, 181.

27 Ibídem.

28 Ibídem., p. 102

29 Ibídem., p. 103

30 Ibídem.

31 Programa de Atención a Migrantes Retornados. Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Recuperado de http://oim. org.mx/portfolio-item/mali-y-togo-intercambian-buenas-practicas-sobre-la-gestio n-de-diasporas

32 Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes. Diario Oficial de la Federación 07/09/2016. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5451774 &fecha=07/09/2016

33 Constitución Española. Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, p. 17

34 Yolanda Ma de la Fuente Rodríguez. La emigración de retorno. Un fenómeno de actualidad. Universidad de Jaén, España, s/f p. 158

35 Ibídem.

36 Ley 1465 por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior, 29 de junio de 2011 recuperado de: https://www.colombianosune. com/sites/default/files/ley%201465%202011%20SNM_1.pdf

37 Ley N 30001, Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, recuperado de: http://leydelretorno.rree.gob.pe/

Presentado ante el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, al primer día del mes de febrero de dos mil diecisiete.— Diputadas y diputados: Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Adriana Elizarraraz Sandoval, César Flores Sosa, Emma Margarita Alemán Olvera, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Jesús Antonio López Rodríguez, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, Karla Karina Osuna Carranco, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Mariana Arámbula Meléndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Nadia Haydee Vega Olivas, Pedro Garza Treviño, Rocío Matesanz Santamaría, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Los educandos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea porque tienen una discapacidad o por su condición económica o social, carecen de mecanismos institucionales que les garanticen una verdadera equidad de oportunidades, tanto para el acceso y permanencia como para la conclusión de sus estudios, por lo que es necesario brindar éstas herramientas jurídicas.

Argumentos

La palabra equidad, indica el diccionario de la Real Academia Española, significa igualdad de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece; bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber o de la conciencia.

Es evidente que al ser un principio ineludible en las relaciones sociales, en la educación la equidad no puede faltar, máxime cuando la educación es el instrumento por excelencia para generar cohesión social, bienestar y desarrollo.

Se trata de un derecho humano de primer orden, que en el plano interno se encuentra consagrado en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el derecho internacional de los derechos humanos se encuentra consignado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y en el artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, éste último hace especial énfasis en señalar que la educación debe estar inspirada en el principio de solidaridad, comprendiendo la igualdad de oportunidades en todos los casos, de conformidad con los dotes naturales y los méritos de cada persona, así como el deseo de aprovechar los recursos que pueda proporcionar la comunidad y el Estado.

Aspecto que en nuestro país es retomado en la Ley General de Educación, particularmente en lo dispuesto en el artículo 32 de dicho ordenamiento jurídico, tal y como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 146/2001, al señalar que de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General de Educación, se desprende que la intención del legislador fue que la función de las autoridades educativas permitiera el ejercicio pleno del derecho a la educación, así como una mayor equidad educativa y el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

A pesar de este noble objeto en el marco jurídico de nuestro país, lo cierto es que la equidad en el acceso y la permanencia de los servicios educativos, en los hechos dista mucho de lo dispuesto por el texto de la norma, especial énfasis hago en lo que se refiere a los educandos que padecen alguna discapacidad o padecen algún problema de salud, ya que no cuentan con los mecanismo institucionales que les garanticen una verdadera equidad de oportunidades.

Por lo mismo, propongo reformar el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley General de Educación, para que las acciones que implementen las autoridades educativas tendientes a garantizar la equidad, estén dirigidas -de manera preferente- a las personas con discapacidad o que padezcan algún problema de salud de los enlistados en la fracción XVIII del artículo 33 del mismo ordenamiento.

Asimismo, también se plantea la reforma a las fracciones XVI y XVII, y la adición de la fracción XVIII al artículo 33 del ordenamiento referido, para que a fin de cumplir con el principio de equidad en la educación a que se refiere el artículo 32, las autoridades educativas otorguen becas a los estudiantes de alto rendimiento escolar de las instituciones públicas o privadas con discapacidad o que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes o VIH-SIDA, y que se encuentren en situación de pobreza.

Texto vigente de la Ley General de Educación

Artículo 32. ...

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XV. ...

XVI. Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, y

XVII. Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

No hay correlativo

...

Texto propuesto

Artículo 32. ...

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a las personas con discapacidad o que padezcan algún problema de salud de los enlistados en la fracción XVIII del artículo 33, así como alos grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XV.- ...

XVI. Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural ;

XVII. Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria ; y

XVIII. Otorgar becas a los estudiantes de alto rendimiento escolar de las instituciones públicas o privadas con discapacidad o que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes o VIH-SIDA, y que se encuentren en situación de pobreza.

...

Fundamento legal

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 32 y las fracciones XVI y XVII del artículo 33; y se adiciona la fracción XVIII al artículo 33 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 32 y las fracciones XVI y XVII del artículo 33; y se adiciona la fracción XVIII al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a las personas con discapacidad o que padezcan algún problema de salud de los enlistados en la fracción XVIII del artículo 33, así como alos grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XV. ...

XVI. Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural ;

XVII. Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria ; y

XVIII. Otorgar becas a los estudiantes de alto rendimiento escolar de las instituciones públicas o privadas con discapacidad o que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes o VIH-sida, y que se encuentren en situación de pobreza.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.— Diputado José Santiago López(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de campañas electorales, con base en la siguiente

En 2018 tendremos el proceso electoral más grande de la historia del país, con la renovación de la Presidencia, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como las elecciones en 30 estados, lo cual representará la instalación de 154 mil casillas, seis mil más que en 2016, con un crecimiento estimado de la lista nominal de electores a 87 millones de mexicanos.

Las elecciones de 2018, harán que los mexicanos estemos expuestos a una contaminación auditiva y visual sin precedente. Si bien la reforma electoral de 2007 redujo entre otras cosas, los tiempos de campaña electoral y se regularon las precampañas, el día de hoy debemos nuevamente actualizar esta etapa del proceso de elección.

Lo anterior, debido a que las campañas saturan al electorado, ocasionando un agotamiento físico tanto a partidos como candidatos y llevan a un costo excesivo.

El establecimiento de los tiempos de campaña es un tema polémico, que se ha discutido en múltiples ocasiones, ya que implica el uso de recursos públicos o privados, el manejo de medios de comunicación, la exposición de los votantes a contaminación audiovisual, entre otros temas.

Las campañas electorales cumplen la validación del sistema político y generan la participación ciudadana brindando un clima propicio para el ejercicio del voto, oportunidad idónea para que el candidato presente a la ciudadanía las propuestas de trabajo para el cargo de elección popular.

En México el sistema electoral brinda los medios para ejercer las voluntades plurales de la ciudadanía, aspecto que permite elegir representantes mediante principios democráticos y de representación política. El fenómeno electoral cuenta con diversos actores tales como: los candidatos, partidos y las autoridades electorales, quienes forman parte medular en la labor de las campañas, esquema que fue modernizado en 2007 en la temporalidad de las campañas con los aspectos siguientes:

Fuente:Instituto Belisario Domínguez, Democracia y sistema electorales: duración de las campañas.

http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/ article/download/278/280

La tabla anterior refleja la irregularidad en los tiempos de campaña, al no contar con una duración máxima de las campañas electorales, aspecto que generó la restructuración en la reforma constitucional de 2007 y como resultado se estableció un plazo de 90 días para la elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados en la elección de sexenal, mientras que el plazo es de 60 días en la elección intermedia. Dichas adecuaciones jurídicas continúan vigentes; sin embargo, reflejan una reducción mínima en las campañas para candidatos al Congreso de la Unión.

Han trascurrido más de 9 años de la reforma, por lo que es momento de reducir los costos y generar mayor credibilidad en las contiendas electorales, ajustar la temporalidad de las campañas que agilicen y mejorar el debate político. Un menor tiempo permitirá que las campañas se enfoquen en lo estrictamente necesario y prioritario.

En este sentido, los argumentos que emitió el Instituto Belisario Domínguez son acordes a la propuesta de reducir el tiempo de las campañas, a saber:

• El fenómeno de las campañas electorales prolongadas se traduce en mayores requerimientos de financiamiento público por parte de los partidos políticos, lo que impacta negativamente al erario público.

• Las campañas prolongadas exigen mayores gastos, en especial para mantener una presencia pública en los medios de comunicación.

• Existe la percepción de que la larga duración de las campañas no impacta favorablemente ni en la calidad del debate de propuestas políticas ni en los niveles de participación ciudadana.

• Las campañas tan largas generan tres grandes problemas: fastidio electoral por parte de la ciudadanía; excesivo costo de campañas y agotamiento físico y propositivo por parte de los partidos y, sobre todo, de los candidatos.

• El dinero se volvió un factor determinante de los resultados y la competencia pasó a descansar crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y el reconocimiento de los posicionamientos de los candidatos.

Asimismo, el foro de la reforma del Estado que se llevó acabo en Villahermosa, Tabasco, precisó que “la reducción del periodo de campañas electorales, en promedio, debe oscilar entre 30 y 120 días para Presidente de la República; de 30 a 90 días para senador y 30 a 60 días para diputado federal”, aspectos que disminuyen los gastos. Como hemos mencionado, las campañas se enfocarían en las propuestas del candidato, es decir, tendríamos campañas de calidad y sin desacreditación del candidato opositor.

En la siguiente tabla se muestra la duración de las campañas electorales presidenciales en diversos países:

En algunos países, como Estados Unidos, la duración de las campañas y precampañas no está definida en la legislación, dando lugar a tiempos excesivamente largos. Por ejemplo, en la campaña presidencial de 2016, el candidato Ted Cruz anunció su postulación 596 días antes de la elección y la campaña inició oficialmente 281 días antes de la elección, fecha en que se realizó el primer caucus (asamblea partidista para nominación de candidatos).

A pesar de que una campaña larga puede traer el beneficio de informar mejor a los votantes acerca del perfil de los candidatos y sus propuestas, acortar los tiempos de campaña puede generar diversas ventajas, principalmente:

1. Reducir la cantidad de recursos públicos o privados que se invierten en las campañas.

2. Favorecer la transparencia y rendición de cuentas, ya que una campaña corta es más fácil de fiscalizar.

3. No agotar a los votantes con publicidad excesiva de los candidatos durante varios meses.

4. Reducir la contaminación audiovisual y los residuos generados por los medios de publicidad impresos.

Brasil, el Reino Unido y Japón entre otros países, no permiten que los candidatos compren publicidad en televisión, pero eso no significa que no compren publicidad en otros medios. En Japón, los candidatos obtienen espacios gratuitos y en cantidades iguales, mientras que en Brasil casi el total del financiamiento proviene de donaciones de empresas.

El Institutito Belisario Domínguez, explicó que “México, en comparación con muchos de los países desarrollados en América y en Europa, es uno de los países que más gastan en los procesos electorales; con campañas muy extensas y financiamiento preponderantemente público muy elevado que, en la práctica, no ha demostrado contribuir a aumentar la calidad de la contienda ni a incrementar la participación ciudadana en las diferentes etapas del proceso electoral”, la calidad de las campañas electorales no depende de la temporalidad de las mismas, por el contrario, lo que hemos observado en las campañas es la desacreditación de partidos políticos, de candidatos e incluso a los familiares de éstos.

Parte de las críticas de la ciudadanía es el gasto excesivo que se realizan en las campañas electorales. Tan sólo en las elecciones de 2012 se hizo un gasto de más de mil seiscientos millones de pesos y en 2015 de más de mil cien millones de pesos. La reducción de los gastos de campaña traería un ahorro de mil millones, es decir, casi el equivalente a una campaña para elección intermedia, como la de 2015.

Gastos de campaña en las elecciones de 2012 y 2015:

Descripción de la iniciativa

La presente propuesta tiene por objeto replantear el modelo constitucional para la definición de los tiempos de campaña, con la finalidad de:

a) Reducir el costo operativo de la elección de los legisladores;

b) Incrementar la eficiencia de las campañas electorales, y

c) Reducir la exposición de los votantes a contaminación audiovisual.

Se propone reducir los tiempos de campaña establecidos en el texto constitucional, quedando de la siguiente forma:

Tanto a nivel federal como local, el texto constitucional establece una duración homogénea de las campañas en los casos de elecciones coincidentes (presidente, senadores y diputados, así como gobernadores, diputados locales y ayuntamientos, respectivamente).

Aunque no existe registro o justificación para ello, es posible inferir que, similar a como ocurre en los gastos de campañas distintas (prorrateo aplicado por el INE), el Constituyente Permanente reconoció la dificultad para distinguir materialmente los actos de campañas diversas, por lo cual se establecieron duraciones únicas en los casos de elecciones coincidentes.

Con esta propuesta, el tiempo de campaña para la elección de presidente, senadores, diputados federales y gobernador se reduce en 33 por ciento, mientras el tiempo de campaña para la elección de diputados locales y ayuntamientos se reduce en 50 por ciento.

En este sentido, las legislaturas de los estados deberán de armonizar la legislación en materia electoral para la reducción de los tiempos de campaña de los gobernadores, diputados locales y los ayuntamientos. Dichas reformas contribuyen en el ahorro tanto en los gastos al interior del Instituto Nacional Electoral como en el gasto proporcional que se genera en el transcurso de las campañas y precampañas.

No pasa por alto mencionar, que no se requiere reforma en el artículo 122 constitucional debido a que la fracción IX del apartado A establece que: “La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales correspondientes”, de forma implícita el legislativo de la Ciudad de México tendrá que realizar las adecuaciones jurídicas.

Finalmente, cabe mencionar que la presente iniciativa lleva aparejada una iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se presenta en esta misma fecha de manera separada, en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente:

Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de campañas electorales

Artículo Único. Se reforman el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 41; y el inciso j) de la fracción IV de la del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I. a III. ...

IV. ...

La duración de las campañas será de sesenta días para la elección del presidente de la República y de treinta días para la elección de senadores y diputados federales. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.

...

V. a VI ....

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

IV. ...

a) a i) ...

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. La duración de las campañas será de sesenta días para la elección de gobernador y de treinta días para la elección de diputados locales y ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

k) a p)

V. a IX. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las reformas necesarias para armonizar la legislación secundaria correspondiente con lo previsto en el presente decreto, antes del 30 de abril de 2017.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán expedir las reformas necesarias para armonizar el marco jurídico correspondiente con lo previsto en el presente decreto, antes del 31 de mayo de 2017.

Notas:

1 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/08/2016 0804.html y http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/19/1135266

2 Instituto Belisario Domínguez, Democracia y sistema electorales: duración de las campañas, p. 36 http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download /278/280

3 Ibídem, p. 35

4 ACE Project. The electoral Knowledge Network https://aceproject. org/ace-en/topics/me/mea/mec02

NPR. Canada Reminds Us That American Elections Are Much Longer http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week -campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer

5 NPR. Canada Reminds Us That American Elections Are Much Longer http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/ canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer

6 Fuentes:

http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf

http://www.ine.mx/2015/Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf

7 Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2017.— Diputados: José Refugio Sandoval Rodríguez,Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 226 y 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de reducción de campañas electorales, con base en la siguiente:

En el 2018 tendremos el proceso electoral más grande de la historia del país, con la renovación de la Presidencia, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como las elecciones en 30 estados, lo cual representará la instalación de 154 mil casillas, seis mil más que en 2016, con un crecimiento estimado de la lista nominal de electores a 87 millones de mexicanos.

Las elecciones del 2018, harán que los mexicanos estemos expuestos a una contaminación auditiva y visual sin precedente. Si bien la reforma electoral del 2007 redujo entre otras cosas, los tiempos de campaña electoral y se regularon las precampañas, el día de hoy debemos nuevamente actualizar esta etapa del proceso de elección.

Lo anterior, debido a que las campañas saturan al electorado, ocasionando un agotamiento físico tanto a partidos como candidatos y llevan a un costo excesivo.

El establecimiento de los tiempos de campaña es un tema polémico, que se ha discutido en múltiples ocasiones, ya que implica el uso de recursos públicos o privados, el manejo de medios de comunicación, la exposición de los votantes a contaminación audiovisual, entre otros temas.

Las campañas electorales cumplen la validación del sistema político y generan la participación ciudadana brindando un clima propicio para el ejercicio del voto, oportunidad idónea para que el candidato presente a la ciudadanía las propuestas de trabajo para el cargo de elección popular.

En México el sistema electoral brinda los medios para ejercer las voluntades plurales de la ciudadanía, aspecto que permite elegir representantes mediante principios democráticos y de representación política. El fenómeno electoral cuenta con diversos actores tales como: los candidatos, partidos y las autoridades electorales, quienes forman parte medular en la labor de las campañas, esquema que fue modernizado en 2007 en la temporalidad de las campañas con los aspectos siguientes:

Fuente: Instituto Belisario Domínguez, Democracia y sistema electorales: duración de las campañas.

http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/ article/download/278/280

La tabla anterior refleja la irregularidad en los tiempos de campaña, al no contar con una duración máxima de las campañas electorales, aspecto que generó la restructuración en la reforma constitucional de 2007 y como resultado se estableció un plazo de 90 días para la elección de presidente de la República, senadores y diputados en la elección de sexenal, mientras que el plazo es de 60 días en la elección intermedia. Dichas adecuaciones jurídicas continúan vigentes; sin embargo, reflejan una reducción mínima en las campañas para candidatos al Congreso de la Unión.

Han trascurrido más de 9 años de la reforma, por lo que es momento de reducir los costos y generar mayor credibilidad en las contiendas electorales, ajustar la temporalidad de las campañas que agilicen y mejorar el debate político. Un menor tiempo permitirá que las campañas se enfoquen en lo estrictamente necesario y prioritario.

En este sentido, los argumentos que emitió el Instituto Belisario Domínguez son acordes a la propuesta de reducir el tiempo de las campañas, a saber:

• “El fenómeno de las campañas electorales prolongadas se traduce en mayores requerimientos de financiamiento público por parte de los partidos políticos, lo que impacta negativamente al erario público.

• Las campañas prolongadas exigen mayores gastos, en especial para mantener una presencia pública en los medios de comunicación.

• Existe la percepción de que la larga duración de las campañas no impacta favorablemente ni en la calidad del debate de propuestas políticas ni en los niveles de participación ciudadana.

• Las campañas tan largas generan tres grandes problemas:f astidio electoral por parte de la ciudadanía; excesivo costo de campañas y agotamiento físico y propositivo por parte de los partidos y, sobre todo, de los candidatos.

• El dinero se volvió un factor determinante de los resultados y la competencia pasó a descansar crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y el reconocimiento de los posicionamientos de los candidatos”.

Asimismo, el Foro de la Reforma del Estado que se llevó acabo en Villahermosa, Tabasco, precisó que “la reducción del periodo de campañas electorales, en promedio, debe oscilar entre 30 y 120 días para Presidente de la República; de 30 a 90 días para senador y 30 a 60 días para diputado federal”,aspectos que disminuyen los gastos. Como hemos mencionado, las campañas se enfocarían en las propuestas del candidato, es decir, tendríamos campañas de calidad y sin desacreditación del candidato opositor.

En la siguiente tabla se muestra la duración de las campañas electorales presidenciales en diversos países:

En algunos países, como Estados Unidos, la duración de las campañas y precampañas no está definida en la legislación, dando lugar a tiempos excesivamente largos. Por ejemplo, en la campaña presidencial de 2016, el candidato Ted Cruz anunció su postulación 596 días antes de la elección y la campaña inició oficialmente 281 días antes de la elección, fecha en que se realizó el primer caucus (asamblea partidista para nominación de candidatos).

A pesar de que una campaña larga puede traer el beneficio de informar mejor a los votantes acerca del perfil de los candidatos y sus propuestas, acortar los tiempos de campaña puede generar diversas ventajas, principalmente:

1. Reducir la cantidad de recursos públicos o privados que se invierten en las campañas.

2. Favorecer la transparencia y rendición de cuentas, ya que una campaña corta es más fácil de fiscalizar.

3. No agotar a los votantes con publicidad excesiva de los candidatos durante varios meses.

4. Reducir la contaminación audiovisual y los residuos generados por los medios de publicidad impresos.

Brasil, el Reino Unido y Japón entre otros países, no permiten que los candidatos compren publicidad en televisión, pero eso no significa que no compren publicidad en otros medios. En Japón, los candidatos obtienen espacios gratuitos y en cantidades iguales, mientras que en Brasil casi el total del financiamiento proviene de donaciones de empresas.

El Institutito Belisario Domínguez, explicó que “México, en comparación con muchos de los países desarrollados en América y en Europa, es uno de los países que más gastan en los procesos electorales; con campañas muy extensas y financiamiento preponderantemente público muy elevado que, en la práctica, no ha demostrado contribuir a aumentar la calidad de la contienda ni a incrementar la participación ciudadana en las diferentes etapas del proceso electoral”, la calidad de las campañas electorales no depende de la temporalidad de las mismas, por el contrario, lo que hemos observado en las campañas es la desacreditación de partidos políticos, de candidatos e incluso a los familiares de los mismos.

Parte de las críticas de la ciudadanía es el gasto excesivo que se realizan en las campañas electorales. Tan sólo en las elecciones de 2012 se hizo un gasto de más de mil seiscientos millones de pesos y en 2015 de más de mil cien millones de pesos. La reducción de los gastos de campaña traería un ahorro de mil millones, es decir, casi el equivalente a una campaña para elección intermedia, como la de 2015.

Gastos de campaña en las elecciones de 2012 y 2015:

El ahorro obtenido de ambas elecciones en conjunto suma $1,090,599,996

Descripción de la iniciativa

La presente propuesta tiene por objeto replantear el modelo constitucional para la definición de los tiempos de campaña, con la finalidad de:

a) Reducir el costo operativo de la elección de los legisladores;

b) Incrementar la eficiencia de las campañas electorales, y

c) Reducir la exposición de los votantes a contaminación audiovisual.

Se propone reducir los tiempos de campaña establecidos en el texto constitucional, quedando de la siguiente forma:

Tanto a nivel federal como local, el texto constitucional establece una duración homogénea de las campañas en los casos de elecciones coincidentes (presidente, senadores y diputados, así como gobernadores, diputados locales y ayuntamientos, respectivamente).

Aunque no existe registro o justificación para ello, es posible inferir que, similar a como ocurre en los gastos de campañas distintas (prorrateo aplicado por el INE), el Constituyente Permanente reconoció la dificultad para distinguir materialmente los actos de campañas diversas, por lo cual se establecieron duraciones únicas en los casos de elecciones coincidentes.

Con esta propuesta, el tiempo de campaña para la elección de presidente, senadores, diputados federales y gobernador se reduce en 33 por ciento, mientras el tiempo de campaña para la elección de diputados locales y ayuntamientos se reduce en 50 por ciento.

En este sentido, las legislaturas de los estados deberán de armonizar la legislación en materia electoral para la reducción de los tiempos de campaña de los gobernadores, diputados locales y los ayuntamientos. Dichas reformas contribuyen en el ahorro tanto en los gastos al interior del Instituto Nacional Electoral como en el gasto proporcional que se genera en el transcurso de las campañas y precampañas.

No pasa por alto mencionar, que no se requiere reforma en el artículo 122 constitucional debido a que la fracción IX del apartado A establece que “la Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales correspondientes”, de forma implícita el legislativo de la Ciudad de México tendrá que realizar las adecuaciones jurídicas.

Finalmente, cabe mencionar que la presente iniciativa deriva de una propuesta de reformas constitucionales, la cual se presenta en esta misma fecha de manera separada, en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente:

Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de reducción de campañas electorales

Artículo Único.Se reforman los artículos 226, numeral 2, inciso a) y b); y 251, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 226.

1. ....

2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente:

a) Durante el proceso electoral federal en que se renueve el titular del Poder Ejecutivo Federal, las precampañas darán inicio en la tercera semana de enero del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días;

b) Durante los procesos electorales federales en que se renueve la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, las precampañas darán inicio en la primera semana de marzo del año de la elección. No podrán durar más de veinte días, y

c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos.

3. al 5....

Artículo 251.

1. La campaña electoral para presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá una duración de sesenta días.

2. Las campañas electorales para diputados y senadorestendrán una duración de treintadías.

3. al 7...

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/08/2016 0804.html y http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/19/1135266

2 Instituto Belisario Domínguez, Democracia y sistema electorales: duración de las campañas, p. 36http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/do wnload/278/280

3 Ibídem, p. 35

4 ACE Project. The electoral Knowledge Network https://aceproject. org/ace-en/topics/me/mea/mec02

NPR. Canada Reminds Us That American Elections Are Much Longer http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week -campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer

5 NPR. Canada Reminds Us That American Elections Are Much Longer http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/ canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer

6 Fuentes:

http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf

http://www.ine.mx/2015/Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf

7 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: José Refugio Sandoval Rodríguez,Edna Ileana Dávalos Elizondo, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Jesús Sesma Suárez, Santos Garza Herrera (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 90 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción l, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el título de la Sección V del Capítulo IV, se adicionan dos párrafos al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y se adicionan el inciso G al artículo 90 del Capítulo I, Disposiciones Comunes, y el Capítulo VIII al Título Cuarto, Regímenes Aduaneros de la Ley Aduanera, al tenor de la siguiente:

• Propósito de la iniciativa

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas, pues es un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas necesarias para la transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los recursos naturales, el cuidado de la salud, la alimentación, la educación y otras necesidades sociales.

Al uso del conocimiento para dichos fines se le ha denominado “sociedad del conocimiento” y “economía del conocimiento”. Ambos conceptos describen fenómenos que caracterizan a la época actual y que muestran un camino al que todos los países buscan ajustarse en la medida de sus posibilidades, ya que la prosperidad de los países ha quedado asociada con el valor que agrega el conocimiento a los productos con los que se posiciona en el mercado y a los servicios que brinda a sus ciudadanos. El éxito en el camino del desarrollo de los países depende en buena medida de la capacidad de gestionar el cambio tecnológico y aplicarlo a la producción, la explotación racional de recursos naturales, la salud, la alimentación, la educación y otras problemáticas sociales.

Son varios los países que han logrado dar un salto en su economía, logrando que sus empresas ocupen destacadas posiciones en el mercado internacional gracias a que su capacidad científica y tecnológica es uno de los principales recursos a los que pueden apelar para recuperar la producción, ganar mercados, fortalecer el empleo y lograr una respuesta socialmente cohesionada a las severas condiciones que las coyunturas económicas nacionales e internacionales imponen.Así, el valor económico y social del conocimiento es ampliamente reconocido, cultivado y administrado desde hace muchas décadas en los países con mayor dinamismo económico.

En el orden internacional, el conocimiento es moneda de cambio, pues por sí mismo es capaz de generar oportunidades económicas y atraer al capital y a la industria para generar más riqueza. Desde los esfuerzos por aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas que permitieron a los aliados ganar la Segunda Guerra Mundial, hasta los éxitos de países como Corea, China y Brasil en el desarrollo de nuevas capacidades económicas basadas en el conocimiento, los gobiernos invierten sistemáticamente en este rubro, e incentivan a sus instituciones a participar activamente en ello.

Debido al impresionante desarrollo tecnológico de las últimas décadas, hoy más que nunca, la ciencia, la tecnología y sus aplicaciones son indispensables para el desarrollo. Mediante políticas públicas apropiadas de promoción a la investigación, las autoridades y el sector privado deben propiciar la construcción de una capacidad científica y tecnológica adecuada y distribuida de manera equitativa, fundamento indispensable de un desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Esta necesidad es especialmente apremiante en los países en desarrollo, donde se requiere una utilización de los recursos más eficaz, formas de producción seguras y respetuosas del medio ambiente, mejoramiento de las posibilidades de empleo, mejoras en servicios de salud, innovación para proveer servicios públicos, fuentes de energía renovables, formas eficientes de movilidad; es decir, incrementar la competitividad del país y, sobre todo, la justicia social.

Bajo este contexto, es necesario que México continúe apostando por una política de Estado que fomente la investigación científica y tecnológica para la innovación, como un elemento más para el desarrollo sostenible del país. Si bien es cierto que el desarrollo económico es multifactorial, el estancamiento mexicano puede explicarse en gran medida por la falta de innovación (de acuerdo al Índice Mundial de Innovación 2016, México ocupa el lugar 61 entre 160 países evaluados).

En este sentido, invertir en la investigación científica para el desarrollo no sólo se refiere a destinar mayores presupuestos a este rubro, también se traduce en acciones estratégicas como la continua construcción de un marco normativo que facilite procesos y promueva las actividades de investigación de las instituciones académicas, centros públicos de investigación, organismos o personas físicas de los sectores social y privado.

• Problemáticas

Actualmente, México cuenta con un conjunto de instituciones, programas y procesos que integran el sistema de ciencia y tecnología del país. Los papeles desempeñados por los actores que intervienen en él (particularmente el papel del CONACYT, el de los Fondos Sectoriales y los Mixtos, y el de la Ley de Ciencia y Tecnología, por ejemplo) han presentado avances importantes para la promoción de la investigación científica y tecnológica, y la innovación. Tal es el caso de la cooperación en los planos intergubernamental, gubernamental y no gubernamental para proyectos multilaterales, redes de investigación, relaciones de colaboración entre comunidades científicas de diferentes países, becas y subvenciones, fomento de investigaciones conjuntas, programas que faciliten el intercambio de conocimientos y acuerdos internacionales para promover, evaluar y financiar conjuntamente grandes proyectos científicos, entre otros.

No obstante el marco normativo y el desarrollo institucional mencionado, la falta de continuidad del apoyo a la investigación ha dificultado la instrumentación de programas y políticas públicas al respecto, sujetando a las instituciones académicas y a los centros de investigación a procesos poco claros, lentos y con requisitos excesivos.

Lo anterior se observa con claridad en los procesos de importación de materiales y sustancias específicas para los proyectos de investigación. En una consulta pública realizada recientemente por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República en coordinación con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, aproximadamente el 30% de los participantes involucrados en procesos de importación de insumos para la investigación señalan dificultades en:

• La realización de trámites,

• Tiempos de entrega excesivos,

• Costos y emisión de facturas,

• Conflictos en la aduana,

• Pago de impuestos,

• E incluso, pérdida de algún insumo durante el proceso.

Este tipo de incidencias en la investigación científico-tecnológica daña los procesos de innovación, desalienta la investigación y dificulta el cumplimiento de acuerdos en proyectos internacionales o multilaterales en los que participan las instituciones académicas y los centros de investigación mexicanos. Asimismo, la falta de claridad en los procesos de importación, así como las cargas excesivas en trámites y pagos a las que son sometidas las instituciones en comento, reducen su productividad y competitividad.

Aunado a lo anterior, el gasto en investigación y desarrollo experimental que México realiza es aproximadamente del 0.57 por ciento del PIB, muy por debajo de la inversión que realizan otros países desarrollados y casi la mitad de lo que organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han establecido como necesario para su promoción.

En este sentido, acciones alternativas a la inversión en este rubro contribuye a la promoción de la investigación científico-tecnológica, y a una política de Estado para propiciar un modelo de desarrollo económico que coadyuve a la reducción de la pobreza y la desigualdad, mediante el uso del conocimiento científico en la innovación y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Además, la construcción de un marco normativo que facilite y promueva la investigación científica y tecnológica forma parte de las obligaciones del Estado para promover y garantizar el derecho al desarrollo de la sociedad mexicana, así como los derechos económicos, sociales y culturales de las y los mexicanos establecidos en los instrumentos internacionales de los que México es parte. De igual forma, constituye una acción estratégica que coadyuvará a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

• Propuesta de solución

En este contexto, la presente iniciativa tiene el objetivo de impulsar el desarrollo científico mediante la clarificación de procesos administrativos y la eliminación de barreras regulatorias que las instituciones académicas y los centros de investigación enfrentan en la importación de insumos para sus investigaciones.

El tema es tan recurrente y ha cobrado tal relevancia, debido a los gastos extras que provoca a dichas instituciones, que existen ya otras iniciativas al respecto, siendo la más reciente la suscrita por diversos senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República la cual busca establecer facilidades administrativas en la Ley de Ciencia y Tecnología.

No obstante lo relevante de las modificaciones que propone aquella iniciativa, es consideración de la proponente que debido a las dificultades descritas por los propios investigadores, las modificaciones normativas necesarias corresponden tanto a la Ley de Ciencia y Tecnología por ser de su competencia regular los apoyos que el gobierno está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica; así como a la Ley Aduanera, ya que constituye el fundamento legal de los trámites y de la actuación de los agentes aduanales durante los procesos de importación, así como del pago de aranceles e impuestos por importaciones.

Respecto a la Ley de Ciencia y Tecnología, se prevé incorporar un segundo y tercer párrafos al artículo 29, Sección V “Estímulos Fiscales”, en el cual se establezca como parte de los estímulos la exención de autorización previa para la importación de insumos utilizados en la investigación científico-tecnológica, así como la exención del pago de aranceles.

Con relación a la Ley Aduanera, la presente iniciativa propone la incorporación de un capítulo al Título Cuarto “Regímenes aduaneros”, en donde se definan con claridad:

1. A los sujetos acreditados para llevar a cabo la importación de insumos para la investigación, de tal forma que se beneficie específicamente a instancias académicas, centros y organismos dedicados a la investigación científica.

2. Los trámites necesarios para la importación de insumos para la investigación científica, de tal forma que se acelere la autorización previa a la importación de diversas instancias, ya que no existe con claridad los trámites que se deben realizar, lo que constituye un proceso desproporcional a las capacidades de las instituciones académicas y centros de investigación.

Lo anterior evitará el desperdicio de insumos provocado por la retención de éstos en las aduanas, que regularmente tiene como consecuencia la caducidad de los productos previo a ser utilizados. También se busca evitar circunstancias que pongan en riesgo a personas, flora o fauna de nuestro país. Finalmente, simplificará los trámites burocráticos a los que se enfrentan dichos centros de investigación.

3. Las obligaciones y los derechos con los que cuentan los sujetos al régimen aduanero propuesto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica el título de la Sección V del Capítulo IV y se adiciona dos párrafos al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y se adicionan el inciso G al artículo 90 del Capítulo I, Disposiciones Comunes, y el Capítulo VIII al Título Cuarto, Regímenes Aduaneros de la Ley Aduanera

Artículo Primero. Se modifica el título de la Sección V del Capítulo IV y se adicionan dos párrafos al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

Artículo 29. ...

Para el caso de la importación de insumos para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que lleven a cabo los centros, organismos, empresas o personas físicas que se encuentren en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, quedarán exentos del pago de aranceles, gravamen, contribución, o tasa de carácter aduanero.

Para dar inicio al proceso de importación de insumos para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación los centros, organismos, empresas o personas físicas que se encuentren en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas deberán presentar, previo a la misma, una notificación a la autoridad correspondiente en el que se detallen las características y cantidades de los insumos a importar, y el proyecto o programa al que corresponderá su utilización. La autoridad respectiva deberá confirmar la recepción de esta notificación y la autorización de importación en un plazo no mayor a diez días naturales.

Artículo Segundo. Se adicionan el inciso G al artículo 90 del Capítulo I Disposiciones Comunes y el Capítulo VIII al Título Cuarto Regímenes Aduaneros de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

Artículo 90. Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo, podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes:

A. al F. [...]

G. Insumos para la academia, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

...

Artículo 135 Bis 1. Se consideran importaciones de mercancías para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a aquellas que realicen las instituciones, centros, organismos, empresas o personas físicas de los sectores social y privado que se encuentren en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 135 Bis 2. Las mercancías que se importen amparadas bajo este régimen aduanero, deberán afectarse exclusivamente a la investigación científica o tecnológica que ejecuten las instituciones, centros, organismos, empresas o personas ya mencionadas.

Artículo 135 Bis 3. El procedimiento para la importación de mercancías para la investigación científica y tecnológica será tramitada, previo a la misma, por las instituciones o personas establecidas en el artículo 135 bis 1 de esta ley mediante una notificación al Servicio de Administración Tributaria en el que se detalle las características y cantidades de los insumos a importar, el proyecto o programa al que corresponderá su utilización y los objetivos del mismo, en los términos de la presente ley.

La autoridad respectiva deberá confirmar la recepción de la notificación y la autorización de importación en un plazo no mayor a diez días naturales.

La entrada, el manejo, almacenaje y custodia de las mercancías para la investigación científica y el desarrollo tecnológico deberá favorecer y estimular en todo momento el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación.

Artículo 135 Bis 4. Se eximirá del pago de derechos de importación y de otro impuesto, gravamen, contribución, arancel o tasa de carácter aduanero a la importación de mercancías que realicen las instituciones, centros, organismos, empresas o personas físicas de los sectores social y privado que se encuentren en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del Conacyt o que se originen de una transferencia de propiedad a título de donación efectuada por una entidad extranjera o internacional.

Artículo 135 Bis 5. Son mercancías para la investigación científica y tecnológica animales vivos y productos del reino animal y vegetal, materias primas, productos semielaborados y elaborados, máquinas, aparatos y equipos que serán afectados directa y exclusivamente a la investigación científica o tecnológica.

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan o adecuarán todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto.

Tercero. Las dependencias que tienen a su cargo la aplicación de los trámites que se derogan o modifican conforme al artículo segundo transitorio, notificarán a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria dentro de los diez días hábiles siguientes a su entrada en vigor, de la derogación o modificaciones señaladas, a efecto de su inscripción en el Registro Federal de Trámites y Servicios.

Notas:

1 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social”, Mario Albornoz (coord.), Madrid, España, 2012. Disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/documentociencia%20(1).pdf

2 Arechavala Vargas, Ricardo, “Las universidades y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en México: Una agenda de investigación”, SCIELO, vol. 40, no. 158, México, abril/junio 2011. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0185-27602011000200003

3 UNESCO, Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico, Adoptada por la Conferencia mundial sobre la ciencia, el 1o de julio 1999, párr.33.

4 Segoviano, David y Carmen Pizano, “Apuesta por la innovación” en Milenio, 29 de enero de 2017. Disponible en http://www.milenio. com/negocios/tecnologia-innovacion-emprendedores-mexico-desarrollo_economico-ne gocios_0_890911055.html

5 Foro Consultivo Científico y Tecnológico, “Importación de insumos para la investigación científica”, disponible en http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/que-hacemos/5109-importacion- de-insumos-para-la-investigacion-cientifica (consultado: 31 de enero de 2017).

6 Para mayor información, consultar: CONACYT, “Recibirá ciencia, tecnología e innovación inversión de 91 mil 650 mdp del Gobierno Federal: Conacyt”, disponible en http://conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/566-recibira-ci encia-tecnologia-e-innovacion-inversion-de-91-mil-650-mdp-del-gobierno-federal- conacyt; Banco Mundial, “Gasto en inversión y desarrollo”, disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=MX

7 ONU, Declaración sobre el derecho al desarrollo, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, arts. 2.3 y 3.3.

8 ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, Adoptado en la Asamblea General de la OEA - Décimo Octavo Periodo de Sesiones, el 17 de noviembre de 1988.

9 Especialmente los objetivos 8, 9, 7 y 6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2016.— Diputada Concepción Villa González(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 52 a 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jorge Álvarez Maynez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Durante el siglo pasado, nuestro país vivió bajo un régimen autoritario, cuya principal característica era “la exclusión o la presencia marginal a la que se relegó a los esporádicos partidos de oposición”. En realidad, el Partido Revolucionario Institucional reconocía al presidente en funciones como su jefe nato, por lo que fungía como un “poderoso instrumento de control sobre la clase política del país”.

Episodios como las matanzas de estudiantes en 1968 y el 1971, y el periodo conocido como la Guerra Sucia, durante el cual , el gobierno hostigó, reprimió y desapareció sistemáticamente a miembros de organizaciones de izquierda, quienes participaban de manera clandestina en la vida pública, pusieron de manifiesto que habían dos grandes necesidades para transitar a un régimen más democrático: revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política legítima tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia. Tales fueron los objetivos perseguidos por la reforma de 1977.

La participación de los partidos de oposición fue creciendo de manera gradual, hasta que en el año de 1997, el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y en el 2000, en el Senado. Hoy, podemos decir que hemos transitado “de un país que era prácticamente monocolor y que se caracterizaba por la presencia de un partido hegemónico, a un contexto en el que una realidad política multicolor se reproduce a lo largo y ancho del territorio nacional y en todos los niveles de gobierno.”

A finales de los años cincuenta, en el país se produjeron una serie de eventos sociales y laborales, específicamente con los maestros y el sector ferrocarrilero. Los partidos minoritarios demandaban mayor participación. El entonces presidente Adolfo López Mateos, en 1963, introdujo el Sistema de Diputados de Partido.

Este sistema otorgó incentivos a los partidos políticos que lograsen porcentajes de votación superiores a 2.5 por ciento, ya que se les daba 5 diputados en caso de lograr el porcentaje esperado, más 1 diputado por cada medio punto porcentual. En ese entonces se disponía de 20 diputados, máximo para cada partido. En el caso que un partido superara esa cantidad con triunfos de mayoría relativa, éste no tendría acceso a los diputados de partido. Esta reforma significó un avance, y con ello se puso fin a la hegemonía en el Congreso de un partido único, haciéndose posible la representatividad de los partidos minoritarios en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, en 1972, se redujo a 1.5 por ciento el umbral de la votación para tener derecho a diputados de partido, y se amplió a 25 el número que podía llegar a acreditarse por mecanismo. Una vez que rebasaron el 1.5 por ciento de la votación, se tenía la posibilidad de acceder a dos diputados por circunscripción.

La reforma de 1977, representó el arranque de la paulatina evolución política-electoral mexicana, pues tuvo como uno de sus pilares la transformación radical de la composición y el modo de integración de la Cámara de Diputados, se introdujo este sistema mixto de representación proporcional, y se estableció, por primera vez, un número fijo de 400 diputados: 300 de los cuales serían electos mediante el sistema electoral de mayoría relativa; y, los 100 restantes mediante el sistema electoral de representación proporcional, permitiendo, a las minorías tener presencia significativa en los órganos de representación política.

Para 1986, se presentó una nueva reforma político-electoral, que modificó los artículos 51 al 54 de la Constitución para duplicar el número de legisladores elegidos por el principio de representación proporcional a 200 diputados, con lo cual la Cámara de Diputados quedó conformada como hasta la actualidad por 500 legisladores.

No obstante, en la actualidad, los partidos políticos en México están en la más grande crisis de su historia. El desgaste frente a los ciudadanos por los malos resultados es enorme.

De acuerdo con la encuesta “Los independientes como alternativa”, casi 40 por ciento de ciudadanos aseguró que de presentarse la opción de un candidato independiente para las elecciones presidenciales de 2018, es muy probable que votarían a su favor. Los encuestados consideraron en 23.7 por ciento que lo que define a un candidato independiente es que éste no es apoyado por ningún partido político, 6.7 y 6.4 por ciento refirieron su experiencia y sus propuestas, respectivamente. Mientras que 5 por ciento de los encuestados lo definió por su honestidad; 4 por ciento se inclinó por considerarlo “gente del pueblo”; 6.6 por ciento comentó otras características y 47 por ciento no supo qué responder.

El descrédito se puede atribuir principalmente a la crisis de la democracia representativa, que está llegando a su fin porque los ciudadanos no se sienten representados (los partidos políticos no están cumpliendo a sus ciudadanos lo que nos han prometido en campañas), por la corrupción, la ineficacia de los partidos y la incongruencia. Otro factor muy importante que ha permeado en la desconfianza es el establecimiento de burocracias al interior de los partidos políticos.

El propósito original de cualquier partido político es ser intermediario entre el estado y la sociedad civil, además de contribuir a la socialización de la política, la formación de la opinión pública y la consolidación de nuestro sistema democrático, para que la ciudadanía tenga diferentes opciones de proyectos y programas políticos.

No es raro que la ciudadanía tenga una muy mala imagen de los partidos políticos, cada vez es más común encontrarse con acciones y hechos que denotan que los partidos políticos han dejado de representar a los intereses de la sociedad para convertirse en órganos del estado.

Pasamos de partidos que luchaban por impulsar su base programático-ideológica con la intención de participar en los procesos electorales y ocupar cargos públicos para, desde ahí, representar los intereses de sus afiliados y seguidores que se cohesionaron en torno a su ideología, a partidos que sólo se organizan en función de lograr un resultado electoral, con el fin de conseguir votos que se traduzcan en permanencia, financiamiento y finalmente la obtención de cargos públicos.

Cabe agregar, rememorando el pensamiento de Simone Weil, ella consideraba que la democracia no se concretaba por la naturaleza misma de los partidos políticos, quienes, según ella, tienen tres elementos clave que no la dejan prosperar: a) son máquinas de fabricar pasiones colectivas, b) son organizaciones creadas para eliminar cualquier tipo de pensamiento alternativo entre sus miembros y c) el único fin de un partido político es su propio crecimiento sin límite. En caso de aglutinar estas características se puede comprobar que “todo partido es totalitario en germen y en aspiración”. Un partido está diseñado para buscar no el bien común, sino el poder total. El único límite a sus ambiciones es, naturalmente, otro partido.

Actualmente, en México existe un constante debate sobre la efectividad del sistema de representación proporcional, pocos lo ven como la forma de garantizar la pluralidad en el Congreso de la Unión, a fin de que el voto de todos los ciudadanos se encuentre debidamente representado.

El sistema de representación proporcional se utiliza en 99 países, entre los que se incluyen Alemania, Argentina, Brasil, Dinamarca, Noruega y Suiza, en donde los legisladores se eligen exclusivamente por ese sistema, en 17 países se usa uno mixto, como en México, y en 58 países se aplica exclusivamente el sistema de mayoría relativa o mayoría simple.

Son muchas las críticas que recibe la representación proporcional; los ciudadanos han manifestado su inconformidad, pues no se sienten representados. Una de las percepciones de los ciudadanos es que los llamados legisladores plurinominales difícilmente ganarían una elección por el principio de mayoría relativa, pues no gozan de buena reputación entre la ciudadanía.

En el sistema de mayoría relativa, el que obtenga un mayor número de votos será el candidato triunfador, de manera que todos aquellos ciudadanos cuyo sufragio fue emitido a favor de ese candidato se encontrarán representados ante el órgano que llegue a integrar el candidato elegido, contrariamente a ello, en el sistema de representación proporcional se busca garantizar que el mayor número de ciudadanos se encuentre representado ante el órgano colegiado que se elige mediante el voto, para lo cual existen diferentes mecanismos.

La finalidad del sistema de representación proporcional es minimizar la diferencia que existe entre el porcentaje de la votación nacional obtenida por un partido político y los espacios que ocupe en un órgano colegiado electo popularmente.

Existen algunas modalidades de la representación proporcional, las cuales varían de acuerdo a la fórmula que se usa para convertir los votos en escaños:

• El sistema de representación proporcional pura

• Representación proporcional por listas

• El sistema de representación proporcional personalizada

• El sistema de voto único transferible

Las reformas constitucionales que se han realizado desde 1963 hasta la fecha, en cuanto al sistema de representación proporcional, han tenido la intención de garantizar una mayor pluralidad en el Congreso de la Unión, y acotar la fuerza del partido que históricamente ha sido dominante en nuestro país.

Actualmente, la Constitución establece como formas de elección de diputados, senadores e integrantes de ayuntamientos, el sistema de mayoría relativa y el de representación proporcional, por lo que podemos decir que tenemos un sistema mixto.

En el sistema electoral federal para la elección de los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han establecido mecanismos tendentes a evitar la excesiva sobrerrepresentación que pueda tener un partido político, así como a asegurar una pluralidad en la conformación del órgano legislativo.

Una vez asignados todos los diputados de representación proporcional se debe verificar que ninguno de los partidos políticos que esté representado cuente con más de 300 diputados, o rebase el límite del 8 por ciento respecto de su porcentaje de votación nacional emitida.

En caso de que algún partido exceda el límite de sobrerrepresentación establecido en la Constitución, se le restará el número de legisladores necesarios hasta que se ajuste al límite establecido, pues ningún partido político puede superar dicho máximo.

Según Arturo Espinosa Silis, hay ciertas bondades del sistema de representación proporcional:

• El sistema de representación proporcional pretende garantizar el voto de millones de ciudadanos cuya opción política no resultó triunfadora en los comicios.

• La representación proporcional busca una “maximización del pluralismo”, evitando tener un partido dominante en el Congreso de la Unión.

• De no contar con legisladores electos por el sistema de representación proporcional, haría que algunas fuerzas políticas se encuentren subrepresentadas.

• La representación proporcional permite que en Legislativo se encuentren representadas aquellas corrientes políticas o ideológicas de las minorías.

• La democracia mexicana se basa en un sistema de partidos políticos, con la representación proporcional se asegura que sus plataformas políticas sean escuchadas y debatidas en el órgano legislativo.

En la actual legislatura, las 200 curules reservadas para diputados plurinominales, están repartidas entre los 8 partidos políticos nacionales de la siguiente manera: 53 del Partido Acción Nacional, 48 del Partido Revolucionario Institucional, 27 del Partido de la Revolución Democrática, 21 del Movimiento de Regeneración Nacional, 18 del Partido Verde Ecologista de México, 13 de Movimiento Ciudadano, 10 del Partido Nueva Alianza y 10 del Partido Encuentro Social.

La figura de los plurinominales, a pesar del objetivo con el que fue concebida, es, en la actualidad, víctima de un gran descrédito por parte de la ciudadanía. Una encuesta de Consulta Mitofsky reveló que sólo 3.7 por ciento sabe que hay 128 senadores y 8.4 por ciento conoce que la Cámara de Diputados se conforma por 500 legisladores; no obstante, 66.5 por ciento considera que el Congreso de la Unión debe adelgazarse.

Sin embargo, en términos de productividad, comparando el número de iniciativas y puntos de acuerdo presentados durante esta LXIII Legislatura, resulta llamativo que, en términos cuantitativos, los diputados plurinominales son ligeramente más productivos que aquellos elegidos por el principio de mayoría relativa.

Hasta el término del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de esta LXIII Legislatura, los diputados plurinominales han presentado mil 373 iniciativas y mil 17 puntos de acuerdo, además de haber tenido 2 mil 178 intervenciones en tribuna. Por su parte, los diputados uninominales registraban mil 458 iniciativas, mil 79 puntos de acuerdo y 2 mil 476 intervenciones en tribuna. En términos brutos, los registros de los uninominales son superiores.

Sin embargo, si se analizan a fondo dichas cifras y se divide el total de registros entre los 200 diputados plurinominales, se puede observar que éstos presentan promedios de 6.86 iniciativas, 5.08 puntos de acuerdo y 10.89 intervenciones en tribuna; mientras que, los 300 uninominales tienen un promedio de 4.86 iniciativas, 3.59 puntos de acuerdo y 8.25 intervenciones. Es decir, que los plurinominales han sido más productivos hasta el momento.

Por otra parte, en la actual conformación de la Cámara de Diputados, y con motivo de la fórmula vigente para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, dos partidos políticos se encuentran sobrerrepresentados: el Partido Revolucionario Institucional, con una votación en la elección federal de 2015, de 32.6 por ciento, tiene una representatividad de 40.6 por ciento del total de los diputados, es decir, 40 diputados de más; por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, que obtuvo 7.7 por ciento de los votos en la elección federal de 2015, tiene 9.4 por ciento del total de los diputados, es decir, 1.7 por ciento de excedente, que se traduce en 9 diputados más. En ese sentido, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, tienen 49 diputados plurinominales, de las 200 curules de representación proporcional, por los que nadie votó, es decir, 24.5 por ciento del total de diputados plurinominales.

En ese sentido, nuestra propuesta consiste en eliminar 100 diputados plurinominales pero sin eliminar la pluralidad y la oposición en la Cámara con un sistema de representación proporcional pura. El objetivo consiste en minimizar en la medida de lo posible la diferencia que existe entre el porcentaje de la votación nacional obtenida por un partido y los espacios que ocupe en un la Cámara de Diputados.

Asimismo, se propone establecer una cláusula para la asignación diputados plurinominales: Que los partidos que hayan ganado un número de distritos de mayoría relativa que les garantice una representación en Cámara de Diputados igual o mayor al porcentaje de su votación, no tendrán acceso a los espacios dispuestos para la representación proporcional. En ese sentido, se propone establecer un mecanismo de asignación de diputados mediante el principio de representación pura.

Así, se pretende reducir la sobrerrepresentación de los diputados por los que nadie votó. Mientras que hoy hay 40 diputados excedentes (8 por ciento de más) del Partido Revolucionario Institucional, con nuestra propuesta ese excedente se reduciría a (6.1 por ciento) 26 diputados; y, los 9 diputados de más del Partido Verde Ecologista de México desaparecerían para otorgarlos a los partidos subrepresentados.

En ese sentido, y a fin de asegurar la pluralidad en la integración de la Cámara de Diputados, se hace necesaria una reforma del Congreso en lo que se refiere a la disminución del número de sus integrantes, que garantice un mayor equilibrio entre representatividad en la Cámara de Diputados y la votación obtenida por partidos políticos en las elecciones.

Por tanto, se propone la presente iniciativa que pretende modificar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañada de una iniciativa que propone armonizar la legislación secundaria en la materia, de acuerdo a lo establecido en la presente iniciativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 52, el artículo 53, párrafo segundo, y, el artículo 54, párrafo primero y fracción V, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 52.La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986) plurinominales.

Artículo 53.[...].

Para la elección de los 100diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54.La elección de los 100diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a IV.

V. Al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje del total de la Cámara que le garantice una representación igual o mayor al porcentaje de su votación, no le serán asignados diputados por el principio de representación proporcional; y

VI. [...].

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo.El Congreso de la Unión deberá, en un plazo máximo de noventa días, armonizar la legislación secundaria en la materia, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

Notas:

1 Córdova Vianello, Lorenzo, La Reforma Electoral y el Cambio Político en México, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/ www/bjv/libros/6/2527/17.pdf

2 Ibíd.

3 La Reforma Política de 1977, Cámara de Diputados, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm

4 Op. cit., Córdova Vianello, Lorenzo.

5 Se crean Diputados de Partido, Memoria Política de México, disponible en: http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/7/ 22071963.html

6 Ibíd.

7 Gamboa Montejano, Claudia, Reducción en el Número de Legisladores Federales, Estudio Técnico/Teórico, 2007, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-20-07.pdf

8 Hernández Domínguez, Joel, Los Legisladores Plurinominales en México, Universidad de Guanajuato, disponible en: http://epikeia.leon.uia.mx/old/numeros/10/epikeia10-legisladores_plurinominales .pdf

9 Íbid.

10 Podría 37% votar por un independiente en el 2018, El Economista, disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/04/05/podria-37-votar-independiente-20 18

11 Leines Jiménez, Erick Osiris, Credibilidad en los Partidos Políticos, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, disponible en: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e4.html

12 Arce, René, Partidos políticos y su crisis social, La Crónica, disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2014/819519.html

13 Ibíd.

14 Ibíd.

15 Weil, Simone, Notas sobre la supresión general de los partidos políticos, disponible en: http://www.ddooss.org/articulos/textos/Simone_Weil.htm

16 La crisis de los partidos políticos en México, Al calor político, disponible en: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-crisis-de-los-partidos-politicos -en-mexico-211419.html#.WJy-WtJ97IU

17 Espinosa Silis, Arturo, Las bondades del sistema de representación proporcional, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S1870-21472012000200009

18 Ibíd.

19 Ibíd.

20 Ibíd.

21 Ibíd.

22 Ibíd.

23 Ibíd.

24 Ibíd.

25 Ibíd.

26 Ibíd.

27 Ibíd.

28 Exigen adelgazar el Congreso de la Unión, El Economista, disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/10/24/ exigen-adelgazar-congreso-union

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jorge Álvarez Maynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y General de Partidos Políticos, al tenor de la siguiente

Durante el siglo pasado, el país vivió bajo un régimen autoritario, cuya principal característica era “la exclusión o la presencia marginal a que se relegó a los esporádicos partidos de oposición”. En realidad, el Partido Revolucionario Institucional reconocía al presidente en funciones como su jefe nato, por lo que fungía como un “poderoso instrumento de control sobre la clase política del país”.

Episodios como las matanzas de estudiantes en 1968 y 1971, y el periodo conocido como la “guerra sucia”, durante el cual , el gobierno hostigó, reprimió y desapareció sistemáticamente a miembros de organizaciones de izquierda, quienes participaban de manera clandestina en la vida pública, pusieron de manifiesto que habían 2 grandes necesidades para transitar a un régimen más democrático: revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política legítima tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia. Tales fueron los objetivos perseguidos por la reforma de 1977.

La participación de los partidos de oposición fue creciendo de manera gradual, hasta que en el año de 1997, el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y en 2000, en el Senado. Hoy podemos decir que hemos transitado “de un país que era prácticamente monocolor y que se caracterizaba por la presencia de un partido hegemónico, a un contexto en el que una realidad política multicolor se reproduce a lo largo y ancho del territorio nacional y en todos los niveles de gobierno”.

A finales de la década de 1950, en el país se produjeron una serie de eventos sociales y laborales, específicamente con los maestros y el sector ferrocarrilero. Los partidos minoritarios demandaban mayor participación. El entonces presidente Adolfo López Mateos, en 1963, introdujo el sistema de Diputados de Partido.

Este sistema otorgó incentivos a los partidos políticos que lograsen porcentajes de votación superiores a 2.5, ya que se les daba 5 diputados en caso de lograr el porcentaje esperado, más 1 diputado por cada medio punto por ciento. En ese entonces se disponía de 20 diputados, máximo para cada partido. En el caso que un partido superara esa cantidad con triunfos de mayoría relativa, este no tendría acceso a los diputados de partido. Esta reforma significó un avance, y con ello se puso fin a la hegemonía en el Congreso de un partido único, haciéndose posible la representatividad de los partidos minoritarios en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, en 1972, se redujo a 1.5 por ciento el umbral de la votación para tener derecho a diputados de partido, y se amplió a 25 el número que podía llegar a acreditarse por mecanismo. Una vez que rebasaron 1.5 por ciento de la votación, se tenía la posibilidad de acceder a 2 diputados por circunscripción.

La reforma de 1977 representó el arranque de la paulatina evolución política-electoral mexicana, pues tuvo como uno de sus pilares la transformación radical de la composición y el modo de integración de la Cámara de Diputados, se introdujo este sistema mixto de representación proporcional, y se estableció, por primera vez, un número fijo de 400 diputados: 300 de ellos serían elegidos mediante el sistema electoral de mayoría relativa; y los 100 restantes, mediante el sistema electoral de representación proporcional, permitiendo, a las minorías tener presencia significativa en los órganos de representación política.

Para 1986 se presentó una nueva reforma político-electoral, que modificó los artículos 51 a 54 de la Constitución para duplicar el número de legisladores elegidos por el principio de representación proporcional a 200 diputados, con lo cual la Cámara de Diputados quedó conformada como hasta la actualidad por 500 legisladores.

No obstante, en la actualidad, los partidos políticos en México están en la mayor crisis de su historia. El desgaste frente a los ciudadanos por los malos resultados es enorme.

De acuerdo con la encuesta Los independientes como alternativa, casi 40 por ciento de ciudadanos aseguraron que de presentarse la opción de un candidato independiente para las elecciones presidenciales de 2018, es muy probable que votarían a su favor. Los encuestados consideraron en 23.7 por ciento que lo que define a un candidato independiente es que éste no es apoyado por ningún partido político, 6.7 y 6.4 refirieron su experiencia y sus propuestas, respectivamente. Mientras, 5 por ciento de los encuestados lo definió por su honestidad, 4 por ciento se inclinó por considerarlo “gente del pueblo”, 6.6 comentó otras características y 47 por ciento no supo qué responder.

El descrédito se puede atribuir principalmente a la crisis de la democracia representativa, que está llegando a su fin porque los ciudadanos no se sienten representados (los partidos políticos no están cumpliendo a sus ciudadanos lo que nos han prometido en campañas), por la corrupción, la ineficacia de los partidos y la incongruencia. Otro factor muy importante que ha permeado en la desconfianza es el establecimiento de burocracias al interior de los partidos políticos.

El propósito original de cualquier partido político es ser intermediario entre el Estado y la sociedad civil, además de contribuir a la socialización de la política, la formación de la opinión pública y la consolidación de nuestro sistema democrático, para que la ciudadanía tenga diferentes opciones de proyectos y programas políticos.

No es raro que la ciudadanía tenga una muy mala imagen de los partidos políticos, cada vez es más común encontrarse con acciones y hechos que denotan que los partidos políticos han dejado de representar a los intereses de la sociedad para convertirse en órganos del Estado.

Pasamos de partidos que luchaban por impulsar su base programático-ideológica con la intención de participar en los procesos electorales y ocupar cargos públicos para, desde ahí, representar los intereses de sus afiliados y seguidores que se cohesionaron en torno a su ideología, a partidos que sólo se organizan en función de lograr un resultado electoral, con el fin de conseguir votos que se traduzcan en permanencia, financiamiento y finalmente la obtención de cargos públicos.

Cabe agregar, rememorando el pensamiento de Simone Weil, ella consideraba que la democracia no se concretaba por la naturaleza misma de los partidos políticos, quienes, según ella, tienen tres elementos claves que no la dejan prosperar: a) son máquinas de fabricar pasiones colectivas, b) son organizaciones creadas para eliminar cualquier tipo de pensamiento alternativo entre sus miembros y c) el único fin de un partido político es su propio crecimiento sin límite. En caso de aglutinar estas características se puede comprobar que “todo partido es totalitario en germen y en aspiración”. Un partido está diseñado para buscar no el bien común, sino el poder total. El único límite a sus ambiciones es, naturalmente, otro partido.

Actualmente, en México existe un constante debate sobre la efectividad del sistema de representación proporcional, pocos lo ven como la forma de garantizar la pluralidad en el Congreso de la Unión, a fin de que el voto de todos los ciudadanos se encuentre debidamente representado.

El sistema de representación proporcional se utiliza en 99 países, entre los que se incluyen Alemania, Argentina, Brasil, Dinamarca, Noruega y Suiza, en donde los legisladores se eligen exclusivamente por ese sistema, en 17 países se usa uno mixto, como en México, y en 58 países se aplica exclusivamente el sistema de mayoría relativa o mayoría simple.

Son muchas las críticas que recibe la representación proporcional; los ciudadanos han manifestado su inconformidad, pues no se sienten representados. Una de las percepciones de los ciudadanos es que los llamados “legisladores plurinominales” difícilmente ganarían una elección por el principio de mayoría relativa, pues no gozan de buena reputación entre los ciudadanos.

En el sistema de mayoría relativa, el que obtenga un mayor número de votos será el candidato triunfador, de manera que todos aquellos ciudadanos cuyo sufragio fue emitido a favor de ese candidato se encontrarán representados ante el órgano que llegue a integrar el candidato elegido, contrariamente a ello, en el sistema de representación proporcional se busca garantizar que el mayor número de ciudadanos se encuentre representado ante el órgano colegiado que se elige mediante el voto, para lo cual existen diferentes mecanismos.

La finalidad del sistema de representación proporcional es minimizar la diferencia que existe entre el porcentaje de la votación nacional obtenida por un partido político y los espacios que ocupe en un órgano colegiado electo popularmente.

Hay algunas modalidades de la representación proporcional, las cuales varían de acuerdo con la fórmula usada para convertir los votos en escaños:

• El sistema de representación proporcional pura;

• Representación proporcional por listas;

• El sistema de representación proporcional personalizada;

• El sistema de voto único transferible.

Las reformas constitucionales que se han realizado desde 1963 hasta la fecha, en cuanto al sistema de representación proporcional, han tenido la intención de garantizar una mayor pluralidad en el Congreso de la Unión, y acotar la fuerza del partido que históricamente ha sido dominante en nuestro país.

Actualmente, la Constitución establece como formas de elección de diputados, senadores e integrantes de ayuntamientos, el sistema de mayoría relativa y el de representación proporcional, por lo que podemos decir que tenemos un sistema mixto.

En el sistema electoral federal para la elección de los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión se han establecido mecanismos tendentes a evitar la excesiva sobrerrepresentación que pueda tener un partido político, así como a asegurar una pluralidad en la formación del órgano legislativo.

Una vez asignados todos los diputados de representación proporcional se debe verificar que ninguno de los partidos políticos que esté representado cuente con más de 300 diputados, o rebase el límite de 8 por ciento respecto de su porcentaje de votación nacional emitida.

En caso de que algún partido exceda el límite de sobrerrepresentación establecido en la Constitución, se le restará el número de legisladores necesarios hasta que se ajuste al límite establecido, pues ningún partido político puede superar dicho máximo.

Según Arturo Espinosa Silis, hay ciertas bondades del sistema de representación proporcional:

• El sistema de representación proporcional pretende garantizar el voto de millones de ciudadanos cuya opción política no resultó triunfadora en los comicios.

• La representación proporcional busca una “maximización del pluralismo”, evitando tener un partido dominante en el Congreso de la Unión.

• De no contar con legisladores electos por el sistema de representación proporcional, haría que algunas fuerzas políticas se encuentren subrepresentadas.

• La representación proporcional permite que en Legislativo se encuentren representadas aquellas corrientes políticas o ideológicas de las minorías.

• La democracia mexicana se basa en un sistema de partidos políticos, con la representación proporcional se asegura que sus plataformas políticas sean escuchadas y debatidas en el órgano legislativo.

En la actual legislatura, las 200 curules reservadas para diputados plurinominales están repartidas entre los 8 partidos políticos nacionales de la siguiente manera: 53 de Acción Nacional, 48 del Revolucionario Institucional, 27 del de la Revolución Democrática, 21 de Movimiento Regeneración Nacional, 18 del Verde Ecologista de México, 13 de Movimiento Ciudadano, 10 de Nueva Alianza y 10 de Encuentro Social.

La figura de los plurinominales, pese al objetivo con que fue concebida, es en la actualidad víctima de gran descrédito por los ciudadanos. Una encuesta de Consulta Mitofsky reveló que sólo 3.7 por ciento sabe que hay 128 senadores y 8.4 conoce que la Cámara de Diputados se forma por 500 legisladores; no obstante, 66.5 considera que el Congreso de la Unión debe adelgazarse.

Sin embargo, en términos de productividad, comparando el número de iniciativas y puntos de acuerdo presentados durante la LXIII Legislatura, resulta llamativo que, en términos cuantitativos, los diputados plurinominales son ligeramente más productivos que aquellos elegidos por el principio de mayoría relativa.

Hasta el término del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, los diputados plurinominales han presentado mil 373 iniciativas y mil 17 puntos de acuerdo, además de haber tenido 2 mil 178 intervenciones en tribuna. Por su parte, los uninominales registraban mil 458 iniciativas, mil 79 puntos de acuerdo y 2 mil 476 intervenciones en tribuna. En términos brutos, los registros de los uninominales son superiores.

Sin embargo, si se analizan a fondo dichas cifras y se divide el total de registros entre los 200 diputados plurinominales, se puede observar que estos presentan promedios de 6.86 iniciativas, 5.08 puntos de acuerdo y 10.89 intervenciones en tribuna; mientras, los 300 uninominales tienen un promedio de 4.86 iniciativas, 3.59 puntos de acuerdo y 8.25 intervenciones. Es decir, los plurinominales han sido más productivos hasta el momento.

En la actual formación de la Cámara de Diputados, y con motivo de la fórmula vigente para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, dos partidos políticos se encuentran sobrerrepresentados: el Revolucionario Institucional, con una votación en la elección federal de 2015 de 32.6 por ciento, tiene una representatividad de 40.6 por ciento de los diputados, es decir, 40 diputados de más; por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, que obtuvo 7.7 por ciento de los votos en la elección federal de 2015, tiene 9.4 de los diputados, es decir, 1.7 por ciento de excedente, que se traduce en 9 diputados más. Los Partidos Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México tienen 49 diputados plurinominales, de las 200 curules de representación proporcional, por los que nadie voto, es decir, 24.5 por ciento de los diputados plurinominales.

Nuestra propuesta consiste en eliminar 100 diputados plurinominales, pero sin eliminar la pluralidad y la oposición en la Cámara con un sistema de representación proporcional pura. El objetivo consiste en minimizar en la medida de lo posible la diferencia que existe entre el porcentaje de la votación nacional obtenida por un partido y los espacios que ocupe en la Cámara de Diputados.

Asimismo, se propone establecer una cláusula para la asignación diputados plurinominales: Que los partidos que hayan ganado un número de distritos de mayoría relativa que les garantice una representación en Cámara de Diputados igual o mayor al porcentaje de su votación, no tendrán acceso a los espacios dispuestos para la representación proporcional. En ese sentido, se propone establecer un mecanismo de asignación de diputados mediante el principio de representación pura.

Así, se pretende reducir la sobrerrepresentación de los diputados por los que nadie votó. Mientras que hoy hay 40 diputados excedentes (8 por ciento de más) del Partido Revolucionario Institucional, con nuestra propuesta ese excedente se reduciría a (6.1 por ciento) 26 diputados; y los 9 diputados de más del Partido Verde Ecologista de México desaparecerían para otorgarlos a los partidos subrepresentados.

A fin de asegurar la pluralidad en la integración de la Cámara de Diputados, se hace necesaria una reforma del Congreso en lo que se refiere a la disminución del número de sus integrantes, que garantice un mayor equilibrio entre representatividad en la Cámara de Diputados y la votación obtenida por partidos políticos en las elecciones.

Por tanto, la presente iniciativa propone armonizar la legislación secundaria en la materia, de acuerdo con lo establecido en una iniciativa que se presenta con ésta, que pretende modificar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo expuesto se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos

Primero. Se adiciona un numeral 4 al artículo 15; y se reforman los artículos 15, numeral 3, 17, numeral 2, y 28, párrafo primero e inciso c) del numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 15.

1. y 2. ...

3. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje del total de la Cámara que le garantice una representación igual o mayor que el porcentaje de su votación, no le serán asignados diputados por el principio de representación proporcional.

4. Para la asignación de diputados de representación proporcional, se buscará garantizar a los partidos políticos un porcentaje de representación del total de la Cámara igual al porcentaje de votación que hubieren recibido.

Artículo 17.

1. [...]:

a) y b) ...

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de 300, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

3. [...]:

a) a c) ...

Artículo 28.

1. [...].

2. Al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje del total de la Cámara que le garantice una representación igual o mayor al porcentaje de su votación, no le serán asignados diputados por el principio de representación proporcional. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales de representación proporcional se realizará conforme a lo siguiente:

a) y b) ...

c) En la integración de la legislatura, se buscará garantizar a los partidos políticos un porcentaje de representación del total de la Cámara igual al porcentaje de votaciónque hubiere recibido. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de representación proporcional que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación.

Segundo. Se reforman el inciso c) del numeral 1 y la fracción III del artículo 9 de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 9.

1. [...]:

a) y b) [...];

c) Verificar que la legislatura de la entidad federativa se integre con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta norma no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de representación proporcional, se realizará conforme a lo siguiente:

I. y II. ...

III. En la integración de la Legislatura, se buscará garantizar a los partidos políticos un porcentaje de representación del total de la Cámara igual al porcentaje de votaciónque hubiere recibido. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de representación proporcional que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación.

d) [...].

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo.La reforma de los artículos 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 9 de la Ley General de Partidos Políticos será aplicable a los diputados locales electos a partir a los subsecuentes procesos electorales locales, posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.La reforma de los artículos 15 y 17 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales serán aplicables a los diputados electos a partir del proceso electoral de 2018.

Notas:

1 Córdova Vianello, Lorenzo. La reforma electoral y el cambio político en México. Disponible en https://archivos.juridicas.unam. mx/www/bjv/libros/6/2527/17.pdf

2 Ibídem.

3 La reforma política de 1977, Cámara de Diputados. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm

4 Obra citada, Córdova Vianello, Lorenzo.

5 Se crean diputados de partido, Memoria Política de México. Disponible en http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/7/22071963.htm l

6 Ibídem.

7 Gamboa Montejano, Claudia. Reducción en el número de legisladores federales, estudio técnico/teórico, 2007. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-20-07.pdf

8 Hernández Domínguez, Joel. Los legisladores plurinominales en México, Universidad de Guanajuato. Disponible en http://epikeia.leon.uia. mx/old/numeros/10/epikeia10-legisladores_plurinominales.pdf

9 Ibídem.

10 “Podría 37 por ciento votar por un independiente en 2018”, en El Economista. Disponible en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/04/05/podria-37-votar-independiente-20 18

11 Leines Jiménez, Érick Osiris. Credibilidad en los partidos políticos, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Disponible en https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e4.html

12 Arce, René. “Partidos políticos y su crisis social”, en La Crónica. Disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2014/819519.html

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Weil, Simone. Notas sobre la supresión general de los partidos políticos. Disponible en http://www.ddooss.org/articulos/textos/Simone_Weil.htm

16 La crisis de los partidos políticos en México, al calor político. Disponible en https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-crisis-de-los-partidos-politicos -en-mexico-211419.html#.WJy-WtJ97IU

17 Espinosa Silis, Arturo. Las bondades del sistema de representación proporcional. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S1870-21472012000200009

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ibídem.

21 Ibídem.

22 Ibídem.

23 Ibídem.

24 Ibídem.

25 Ibídem.

26 Ibídem.

27 Ibídem.

28 “Exigen adelgazar el Congreso de la Unión”, en El Economista. Disponible en

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/10/24/ exigen-adelgazar-congreso-union

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Manuel Hernández León, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el numeral 1 del artículo 4o. y el artículo 7o., ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Los Congresos Constituyentes de 1824, 1857 y, por supuesto, el de 1917, establecieron en sus respectivas Cartas Magnas, la obligación del Presidente de la República de presentar ante el Congreso de la Unión un informe del estado que guarda la administración pública de manera presencial.

Asimismo, fue en la Constitución del 17 donde se instituyó, dentro del contenido del artículo 65, las fechas en que el Congreso de la Unión debería iniciar sus periodos de sesiones, conviniendo advertir que dicho precepto ha sufrido cinco reformas desde su vigencia, tiempo durante el cual, se han modificado los días de inicio de los periodos de sesiones, así como los plazos de su duración.

La última reforma efectuada al citado artículo 65 de nuestra Carta Política, publicada en el mes de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, incorporó la obligación del Congreso de la Unión para que proceda a la apertura su Periodo de Sesiones el día primero de agosto del año en que inicie su encargo el Presidente de la República, que en la especie, se trataría del primero de agosto de 2018.

Ahora bien, respecto de las reformas que se han aplicado al artículo 69 del ordenamiento constitucional, es oportuno decir que la importancia del precepto en comento radica en que desde su origen, regulaba la comparecencia del Jefe del Ejecutivo ante el Poder Legislativo, el día primero de septiembre de cada año.

El arribo del presidente de la República a esta soberanía se desarrollaba en un pleno ejercicio Republicano; no obstante, al mismo tiempo, se traducía en una liturgia política, pues propiciaba el lucimiento del Jefe del Estado mexicano que rendía un informe pletórico de éxitos en las finanzas públicas, de mensajes optimistas, de pomposos logros sociales; empero, en ocasiones también se presenciaban actos dramáticos, como el derramamiento de lágrimas, bajo el argumento de que el país recibía presiones de las potencias extranjeras para que en el interior del país se implementaran sus políticas imperialistas. Entonces, lo que procedía, consistía en armar una defensa contundente y llena de patriotismo de nuestra Soberanía Nacional.

Con el tiempo, así como la confluencia de diversas inconformidades políticas, esos excesos obligaron a que el Legislativo privara de la atribución que se comenta al Poder Ejecutivo.

Por cuestiones que respondían al momento histórico de la política de nuestro país, el 15 de agosto de 2008 se reformó el multicitado artículo 69, a fin de que el Presidente de la República sólo presentase un informe por escrito del estado que guarda la Administración Pública de la Nación; es decir, desde esa fecha, el Ejecutivo Federal ya no tiene la obligación de acudir o comparecer ante el Congreso de la Unión para presentar dicho informe.

Adicional a ello, el día 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la última reforma al multicitado artículo 69 de la Carta Suprema, donde se inscribió la obligación del Presidente de la República de que el primer año de su mandato, precisamente en la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentará, para su aprobación ante la Cámara de Senadores, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; así como el deber de informar anualmente sobre el estado que guarde dicha estrategia.

Sin embargo, en los hechos, la reforma constitucional citada no se vio reflejada en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el numeral 1 del artículo 4o. y el correlativo 7o., condenándolos al anacronismo; en función de ello, es que se torna necesaria, oportuna y fundamental, la aprobación por esta honorable soberanía de la presente expresión legislativa, a fin de armonizar lo previsto en los artículos 65 y 69 del texto constitucional con los correlativos mencionados de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien es cierto que los funcionarios públicos del Gobierno Federal, cuando son requeridos comparecen personalmente ante las Comisiones Parlamentarias o, en su caso, al pleno de las Cámaras de Diputados o de Senadores, también es importante propiciar un diálogo directo entre el presidente de la República y el Poder Legislativo, con miras a la atención de la agenda política del país, en donde se traten los temas coyunturales o estructurales que permitan la solución de los problemas que aquejan al tejido social.

Pensar lo contrario, arroja una mala señal para la democracia en México, pues esta forma de gobierno exige una comunicación constante y permanente entre los Poderes de la Unión con el propósito de arribar a mejores condiciones de desarrollo del país, basados en un diálogo ordenado y respetuoso, como reflejo de nuestra realidad política, la cual, desde hace algunos años ha fomentado y desarrollado la confluencia de diversas corrientes ideológicas y de partidos políticos en el poder público.

Desde Maquiavelo hasta nuestros días, atenuar los efectos de la lucha contra el poder, o por el poder, ha sido una constante en la teoría constitucional, concluyéndose que es, sin duda, a través de la división de poderes como se ha podido normar una parte de esas luchas. Esto es así, porque la moderna teoría de la Constitución reconoce el control del mismo, como parte esencial del proceso del poder político.

En efecto, dicho proceso tiene tres etapas sucesivas, cada una anticipo de la siguiente, a saber: la obtención del poder político, el ejercicio de dicho poder y por último, el control del mismo.

Así lo establecieron teóricos como Maquiavelo, Aristóteles, Locke, Montesquieu, entre otros; en cambio, otros pensadores como León Duguit o Charles Eisenmann, concibieron que era un error pensar en una separación de poderes total, pues la experiencia histórica revela la necesidad de la cooperación, solidaridad y coordinación entre ellos.

Por ello, en la actualidad, la teoría de la división de poderes ya no se concibe con la misma rigidez original, sino como una distribución de facultades entre Órganos del Estado, interdependientes todos ellos de relaciones, controles e intervenciones mutuas y recíprocas, reflejo de esta distinción y supremacía de poderes, o bien, como una forma de equilibrio recíproco.

En el constitucionalismo mexicano moderno, tal división de poderes ha reflejado una significativa evolución desde el año de 1997, desde el cual, ninguno de los Grupos Parlamentarios representados en el Poder Legislativo ha tenido la mayoría absoluta; hecho que ha privado de manera importante en los acuerdos parlamentarios, muy necesarios en la tarea de avanzar en la construcción de leyes que ofrezcan mayores oportunidades de desarrollo económico, social y cultural del país

En nuestro país, la actual interacción entre ambas esferas (el Ejecutivo y el Legislativo) se desarrolla de manera indirecta: por una parte, a través de los servidores públicos Titulares de las distintas Secretarias de Estado o de los Directores de las Entidades Paraestatales, quienes rinden sus informes bajo protesta de decir verdad y, por la otra, por medio de la denominada pregunta parlamentaria, en virtud de que el cuestionamiento formulado al Jefe del Ejecutivo permite ampliar y profundizar en los temas que interesan a la sociedad, ejercicio que procuran las corrientes ideológicas representadas en cada Recinto Legislativo.

Conviene recordar que, en la lógica de la alternancia y de gobierno divido, es indispensable arribar a consensos como elementos sine quanom para alcanzar la gobernabilidad, donde Ejecutivo y Legislativo deben coadyuvar al sano ejercicio del servicio público. Los formatos y convencionalismos políticos del siglo pasado fueron útiles durante muchos años pues propiciaban la gobernabilidad del sistema; empero, actualmente no responden a la nueva realidad política.

Ante ello, fue atinada la visión del constituyente permanente de reformar la Norma Suprema e instituir la obligación del Poder Legislativo para que iniciara su periodo de sesiones un mes antes de que lo hiciera ordinariamente; es decir, en el año en que el Presidente de la República entrante inicie en sus funciones, el Congreso lo hará el primero de agosto de cada seis años. Lo anterior da lugar a que los legisladores federales se familiaricen y se preparen para recibir, con conocimiento de causa, el último informe del Presidente saliente y recibir, del mismo modo, al Jefe del Ejecutivo entrante, lo que contribuye a una efectiva función de control del poder público.

Así, el ejercicio del poder, sujeto a los controles legales y a la rendición de cuentas, son elementos irrenunciables, por lo cual, se hace necesario avanzar en el perfeccionamiento de los mecanismos y figuras jurídicas a través de las cuales se ejercen la rendición de cuentas y el control del gobierno.

De esta manera, cuando el Jefe del Ejecutivo presente su Plan Nacional de Desarrollo o su Informe Anual, las Cámaras deben proceder al análisis de la Política Interior, Exterior, Social y Económica ejercida durante el año previo a la presentación del multicitado Informe Presidencial, para que, de acuerdo a sus atribuciones, convoquen a los Secretarios de despacho y demás funcionarios de la Administración Pública que así crean conveniente, para que éstos informen del estado de sus respectivos ramos.

En Nueva Alianza hacemos hincapié que en un Estado constitucional de derecho, como el que debe privar en nuestra vida democrática, es función fundamental del Poder Legislativo, además de la generación de leyes y decretos, ejercer el control sobre la acción de gobierno, en un sentido pulcramente republicano.

La concepción de control gubernamental debe vincularse con el de la responsabilidad pública y, a su vez, determinada por la existencia de una voluntad razonable y libre; por ello, el Poder Legislativo mexicano, encarnado en la figura del Congreso de la Unión, debe jugar un papel más importante para atemperar y acotar el poder, en su momento hegemónico, del Presidente, siendo necesario que el sujeto controlado tenga conocimiento de que sus actos están sujetos a calificación y que el control provocará efectos en la sociedad y, consecuentemente, tendrá los efectos pertinentes en los resultados comiciales.

En Nueva Alianza insistimos que tal y como se encuentra redactado el primer párrafo del artículo 69 Constitucional, el Ejecutivo sólo tiene una interacción indirecta con el Legislativo a través de las comparecencias de los Secretarios de Estado, o bien de los Titulares de la Administración Pública Paraestatal, a quienes sí se les puede cuestionar y, en su caso, fincar las responsabilidades contempladas en el Título Cuarto de la Constitución; y a lo anterior, se debe sumar la pregunta parlamentaria, que tiene como propósito, el que el legislador pueda abundar en datos o cifras que considera incompletas, parciales e incluso ambiguas.

Sin duda, la comparecencia que hace el Poder Ejecutivo en la apertura del Primer Periodo de Sesiones, aunque sea de naturaleza constitucional, constituye un mero acto protocolario que, ante los nuevos tiempos democráticos que vive el país, debe cambiar de modelo, a fin de establecerse una comunicación directa entre el Primer Mandatario y la soberanía popular.

En ese contexto se inscribe la obligación impuesta al Presidente de la República para que, en el primer año de su mandato, presente a consideración y eventual aprobación de la Cámara de Senadores, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de que informará anualmente sobre el estado que dicha estrategia guarde en el país.

Sin embargo, la multicitada reforma constitucional queda incompleta, e incluso parcial, si esa disposición jurídica no transita a la ley secundaria que regula la actividad del Poder Legislativo, que en concreto nos referimos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el numeral 1 del artículo 4º y el correlativo artículo 7º.

Como podemos apreciar, en los términos en que se halla la regulación jurídica previamente citada, se vuelve necesaria y oportuna la actualización planteada, con el objetivo de arribar a la armonización que debe guardar la ley secundaria con el texto constitucional; con ello, se conseguiría superar el momento anacrónico que subsiste en la norma secundaria, aunado de que se le imprime de la necesaria certeza jurídica, claridad y puntualidad.

Las reformas al texto constitucional antes mencionadas fueron insuficientes, incluso inacabadas, pues el legislador ordinario omitió incorporarlas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos. Ante esa condición anómala, es de sumo interés para Nueva Alianza promover la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objetivo armonizar la norma secundaria para cumplir con el propósito planteado en nuestra Carta Magna.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de la supremacía constitucional al establecer en nuestra Norma Suprema principios, metas y fines comunes que son la cúspide del proceso de racionalización y debate democrático, los cuales constituyen la fuerza vinculante del diálogo entre Poderes, el logro de consensos, así como la obtención de mejores condiciones para los mexicanos.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputad_ Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1 fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el numeral 1 del artículo 4o. y el artículo 7o., ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman el numeral 1 del artículo 4o. y el artículo 7o., ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de la Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto;y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. a 4. ...

Artículo 7o.

1. El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito en los términos que establece el artículo 69 de la Constitución.

2. En la sesión de la presentación del informe a que se refiere el numeral precedente haránuso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos.

3. Presentado el informe por escrito del Presidente de la República y desahogadas las intervenciones a que se hacen referencia en el numeral anterior, el Presidente del Congreso declarará el inicio formal del Periodo Ordinario de Sesiones.

4. ...

5. Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información presentada, mediante preguntas por escrito, así como citar a los Secretarios de Estado y a los Directores de las Entidades Paraestatales, quienes comparecerán y rendirán cuentas bajo protesta de decir verdad.

6. En el primer año de su mandato, en la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará para su aprobación, ante la Cámara de Senadores, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que ésta guarde.

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 21 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Luis Manuel Hernández León,Angélica Reyes Ávila, Carlos Gutiérrez García, Carmen Victoria Campa Almaral, Francisco Javier Pinto Torres, Jesús Rafael Méndez Salas, Karina Sánchez Ruiz, María Eugenia Ocampo Bedolla, Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado perteneciente a la LXIII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo del Diputado Hugo Éric Flores Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Históricamente la forma de gobierno del Distrito Federal respondía a la idea original de un modelo de regencia, donde el poder político y el control del territorio radicaban en la autoridad federal. En 1917 la Carta Magna reconoció la existencia del Distrito Federal y sus territorios, estos se dividían en municipalidades encabezadas por un ayuntamiento de elección directa; también se señalaba que el Distrito Federal y los territorios estarían a cargo de gobernadores que dependían directamente y podían ser removidos por el Presidente de la República.

En 1928, en un ánimo de consolidación central del federalismo, la Ciudad de México sustituye la figura municipal por la de un Departamento administrativo encabezado por el Presidente de la República, quien delegaba esta función a la figura legal de un Regente.

En 1987 se dio el primer cambio a ese esquema de gobierno, ante el debilitamiento del centralismo institucional que tuvo dificultades para dar respuesta a las demandas ciudadanas y a las emergencias sociales, se creó la Asamblea de Representantes, cuyos miembros fueron electos por la ciudadanía.

En 1993 se dio otro paso más para avanzar en la autonomía política y de gobierno del Distrito Federal con la creación de la Asamblea Legislativa, la cual asumió facultades primordiales en materia de ingresos, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos.

En 1996 se sientan las bases para la expedición del Estatuto de Gobierno por el Congreso de la Unión, mediante el cual se reguló la organización y funcionamiento de las autoridades locales, preservando la naturaleza jurídico-política del Distrito Federal como asiento de los Poderes de la Unión y capital de la República. Además, se avanzó substancialmente al reconocerse el derecho de los habitantes capitalinos para elegir a su Jefe de Gobierno y a sus Delegados, en cada uno de los 16 órganos político administrativos, es decir, delegaciones políticas en las que se divide el territorio del Distrito Federal.

A partir de entonces, se presentaron numerosas iniciativas para convertir al D.F. en una entidad federativa, pero ninguna había alcanzado el consenso político necesario, hasta la que fue aprobada en 2015.

La reforma política del Distrito Federal, fue por muchos años uno los principales temas pendientes de la agenda legislativa del Congreso de la Unión. Desde la reforma política de 1996, la cual incluyó una importante transformación del régimen político de la Ciudad, no se había producido otro cambio constitucional en la materia que implicara una modificación en el estatus jurídico, y que respondiera a la demanda de los habitantes por lograr el pleno reconocimiento de sus derechos políticos y la autonomía constitucional de la Capital del país.

Por tanto, la reforma política del 2015, buscó la plena incorporación de la Ciudad de México al pacto federal, es decir, el reconocimiento de su condición de entidad federativa con una posición en el diseño constitucional acorde con su calidad de ciudad con autonomía, además del otorgamiento de todos los derechos inherentes a tal condición jurídica para sus ciudadanos.

Debido a la relevancia de esta transformación jurídica de la ciudad, la Cámara de Senadores realizó 12 foros y 2 audiencias, de diciembre de 2012 a junio de 2014. Durante los foros, los legisladores recibieron opiniones sobre las distintas iniciativas presentadas por parte de los grupos parlamentarios de las principales fuerzas políticas del país.

Como resultado del largo proceso de negociación, deliberación, reflexión y propuestas el 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Política de la Ciudad de México. La reforma aprobada por el Congreso implicó la modificación de 51 artículos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, extinguiendo jurídicamente al Distrito Federal y dando paso a la Ciudad de México.

Destacan los cambios relativos a la naturaleza jurídica de la ciudad, reafirmando su condición de sede de los poderes de la Unión y Capital del país (Artículo 44) y en cuanto a su régimen interior, organización política y administrativa; otorgándole autonomía (Artículo 122).

Asimismo, se eleva a los órganos de gobierno local: Jefatura de Gobierno, Asamblea Legislativa y Tribunal Superior de Justicia del D.F., al rango de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial como es el caso de las demás entidades federativas.

Las actuales delegaciones políticas son sustituidas por cuerpos colegiados denominados Alcaldías a cargo de un titulas denominado Alcalde y los Concejales, y se mandata la creación de una Constitución propia para la entidad, así como de una Asamblea Constituyente encargada de su elaboración y aprobación.

La Asamblea Constituyente, integrada por 100 diputados, 60 de ellos elegidos por voto directo bajo el principio de representación proporcional y 40 designados por el Congreso y los titulares del ejecutivo local y federal, fue la facultada para discutir y aprobar la Constitución. Los constituyentes recibieron el proyecto de Constitución enviado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza. El proceso para discutir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, dio inicio el 15 de septiembre de 2016 y sus labores concluyeron el 31 de enero pasado.

Es así como, la primera Constitución de la ciudad fue publicada el 5 de febrero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, así como en la Gaceta parlamentaria del Congreso de la Unión; y entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, salvo en los temas relativos a lo electoral, los cuales cobraron vigencia al día siguiente de su publicación.

Una vez promulgada y publicada la Constitución Política de la Ciudad de México, el documento tendrá que seguir y pasar por diferentes procesos de ejecución antes del 17 de septiembre de 2018, fecha en que deberá entrar en vigor, tal y como lo establece el régimen transitorio que aprobó la Asamblea Constituyente.

Dicho proceso tendrá las siguientes fases:

En primer lugar, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) expedirá las leyes secundarias de la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como las normas para implementar las disposiciones constitucionales para la organización política y administrativa de la capital y tendrá hasta el 31 de diciembre de este año para armonizar dichos temas.

El Congreso de la Ciudad de México, institución que sustituirá a la ALDF en 2018, adecuará la totalidad del orden jurídico de la Ciudad, y para ello tendrá como fecha límite el 31 de diciembre de 2020, lo anterior de acuerdo al transitorio trigésimo octavo.

Con la nueva Constitución se espera que la Ciudad de México disponga de autonomía, definición jurídica y pueda legislar en todas las materias, así como designar a sus servidores públicos; por tanto, es de la mayor relevancia hacer una revisión exhaustiva del contenido del artículo 122 de la Constitución federal, debido que algunos de los preceptos ahí establecidos, han perdido vigencia y relevancia con la promulgación de la norma suprema capitalina.

De no modificarse, la Constitución de la Ciudad de México adquirirá el carácter de una ley secundaria, debido a que la conformación política de la ciudad ya está determinada por la Carta Magna del país, y ninguna de las características que disponga la nueva constitución capitalina puede contravenir a la Constitución federal, en un acto del derecho que se conoce como Supremacía Constitucional.

La Supremacía Constitucional es un principio del Derecho constitucional que ubica a la Carta Magna en un peldaño jerárquicamente superior de todas las demás normas jurídicas, internas y externas que rijan en el país.

El principio de supremacía de la Constitución y el control de la constitucionalidad tienen un estrecho vínculo, debido que el primero se vuelve un parámetro para que ningún acto de autoridad, ley o tratado pueda contravenir la ley fundamental; el segundo, el control o la jurisdicción constitucional hace efectivo dicho principio al otorgar mecanismos para garantizar la supremacía constitucional.

En este orden de ideas, en México el principio de supremacía constitucional se encuentra previsto en el artículo 133 de la Carta Magna, que a la letra dice:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

De acuerdo a criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras hechos por el Presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión.

Por su parte los Jueces de cada Estado deben acatar dichos ordenamientos a pesar de las disposiciones que en sentido contrario pudiera haber en las Constituciones o leyes locales, pues independientemente que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Estados de la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, mientras no se vulnere el Pacto Federal.

Las entidades federativas deben permanecer unidos en la Federación según los principios de la Ley Fundamental, razón por la cual deberán sujetar su gobierno en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna; de tal manera que en caso que las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resulten contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente; siempre y cuando no favorezca a las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna, para ese efecto.

De esta manera, el margen jurídico que dispondrá el Congreso de la Ciudad de México, es menor, pues el artículo 122 constitucional que dispone en términos claros y muy detallados como debe organizarse la Ciudad de México; establece entre otras cosas la forma de gobierno, la conformación del poder legislativo, el método de elección del jefe de Gobierno, la división territorial, etc.

Un ejemplo muy claro de las contradicciones existentes entre la constitución local y la federal, es precisamente el que se refiere a la reelección de los diputados del congreso local; debido que mientras la Constitución Federal establece en el numeral II del artículo 122 que: “En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos”; en la recién promulgada constitución de la Ciudad de México, según el artículo 29, apartado B, numeral 3 que: “Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos para un sólo período consecutivo”.

La situación anterior, en caso de no corregirse, generará múltiples conflictos y controversias en los procesos electorales; no se podrán modificar estos rubros y prácticamente el orden jerárquico de la ciudad se mantendrá igual. Por lo tanto, en Encuentro Social consideramos de la mayor relevancia, se reforme este precepto constitucional, a fin que se otorgue verdadera autonomía a la Ciudad de México, conservando en el artículo 122 solamente generalidades y la relación del poder federal con el poder local, dejando para la constitución local todo lo relacionado a su régimen interior.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 122

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución.

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones.

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario.

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local.

VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta Constitución prevé para las entidades federativas.

VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales correspondientes.

X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la Ciudad de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias.

B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución.

El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la Unión.

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública.

En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los términos de esta Base.

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales.

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender:

a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano;

b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos metropolitanos; y

c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de servicios públicos.

D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán a la Ciudad de México.

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Nota:

1 1011667. 375. Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Cuarta Sección -Seguridad jurídica, Pág. 1385. Consultable en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1011/1011667.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputado Hugo Éric Flores Cervantes(rúbrica).»