Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Director del
Diario de los Debates
Luis Alfredo Mora Villagómez
Año II
México, DF, martes 28 de febrero de 2017
Sesión No. 10

SUMARIO


COMUNICACIONES OFICIALES

De la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno:

– Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instancias receptoras de recursos públicos a rescindir en ejercicio de sus facultades todo contacto vigente o previsto para adquirir productos o servicios de Ford Motor Company y General Motor Company, presentada por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 25 de enero de 2017. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Fondo de Migralidad, presentada por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, el 2 de febrero de 2017. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Asuntos Migratorios, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 7 de febrero de 2017. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para opinión

Se modifican los turnos, actualícense los registros parlamentarios

De la Junta de Coordinación Política, por la que comunica cambios de integrantes en comisiones. De enterado

De la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del PRI, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 11 y 64 de la Ley General de Sociedades Cooperativas

De la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del PRI, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma los artículos 5o., 154, 155 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite catorce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar una mesa de análisis y trabajo, para implementar las acciones necesarias bajo un contexto de planeación con perspectiva metropolitana, que permita la adecuada movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que, en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emiten los mismos. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer de mayor difusión al público en general los avances del programa México Conectado, incluyendo sus resultados, la cantidad de sitios que se encuentran en operación y aquellos sitios que falten por conectar. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la inmediata aplicación de tecnologías que permita que la línea del metro Chalco-La Paz se construya con energía limpia renovable y opere a la brevedad. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un proyecto integral, sustentable y resiliente, para rehabilitar la vialidad denominada “Anillo Periférico Manuel Gómez Morín”. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento

– Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a bridar a los migrantes abandonados por traficantes de personas en el municipio de Tres Valles, Veracruz, el pasado 4 de octubre, todas las facilidades parta su repatriación, así como reforzar la vigilancia en la frontera sur del país, con la finalidad de evitar sucesos como los ocurridos. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento

– Por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a implementar el programa “Vales de Medicina” del instituto en otras entidades federativas del país con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos para beneficio de la población derechohabiente. Se remite a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en la medida presupuestal posible, contrate personal médico calificado para reforzar los sistemas de salud para que puedan responder a las necesidades por causas evitables en nuestro país; así como capacitar y sensibilizar al personal médico adscrito a esa institución, a efecto de resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud reproductiva, materna y neonatal y en el acceso a ello. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña a nivel nacional de concientización sobre la contaminación y los riesgos en la salud generados por tirar colillas de cigarro en la calle o desecharlas en las coladeras o tuberías de la red de drenaje. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo estudios físicoquímicos que permitan determinar la potabilidad del agua de la comunidad de Agua Caliente, Jalisco. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a atender la situación crítica que se presenta en la frontera noroeste de nuestro país, por el arribo masivo de personas migrantes de diferentes orígenes del Caribe y África, en tránsito por territorio nacional rumbo a los Estados Unidos que han quedado varadas en diferentes ciudades fronterizas. Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer las acciones encaminadas a prevenir e inhibir la discriminación contra niñas, niños y adolescentes que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad en planteles de educación básica del país. Se remite al promovente

– Por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a instrumentar las medidas para homologar el precio de las gasolinas en la frontera norte del país, con su referente en los Estados Unidos de América. Se remite al promovente

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar fortaleciendo las acciones, estrategias y campañas de difusión e información a nivel nacional e internacional para promover los atractivos culturales e históricos del país en el extranjero. Se remite al promovente

Del DIF del estado de Sonora, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de institutos locales para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su atención

De la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las personas expulsadas de sus comunidades por causas de intolerancia religiosa. Se remite a la Junta de Coordinación Política

De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para determinar la potabilidad del agua de la comunidad de Agua Caliente, Jalisco. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

LICENCIA

Del diputado Fidel Cristóbal Serrato, del PRI, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separase de su cargo como diputado federal a partir de esta fecha. Aprobada, comuníquese

COMUNICACIONES OFICIALES

De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que informa de los resultados de la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba que se llevó a cabo del 16 al 18 de febrero del 2017, en Mérida, Yucatán. De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY AGRARIA

Del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, en materia de plena disposición de derechos ejidales. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la diputada Lorena Corona Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de uso de la fuerza. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017

De la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversos artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen

LEY DE MIGRACIÓN

El diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

El diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO Y LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

El diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 44 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, y reforma el ar-tículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, a nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Transportes, para opinión

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DE AGUAS NACIONALES

El diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y deroga los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, para dictamen, y a la Comisión de Gobernación, la parte que le corresponde, para dictamen

LEY DE LA POLICÍA FEDERAL

El diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8o. de la Ley de la Policía Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 73, DEL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 84 Y DEL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la fracción XXVII del artículo 73, del primer y segundo párrafos del artículo 84 y del artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre propio y de los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

La diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 47-A a la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

El diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 y 17 de la Ley General para el Control del Tabaco. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

A discusión el dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética

Para fundamentar el dictamen, participa:

La diputada Georgina Trujillo Zentella, del PRI

Para fijar la postura de su grupo parlamentario, interviene:

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del PES

El diputado Luis Manuel Hernández León, de NA

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC

La diputada Guadalupe Hernández Correa, de Morena

El diputado José Antonio Arévalo González, del PVEM

El diputado Julio Saldaña Morán, del PRD

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del PAN

El diputado Fernando Navarrete Pérez, del PRI

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

A discusión el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:

La diputada Genoveva Huerta Villegas, del PAN

Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hace uso de la voz:

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas, de NA

El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del PVEM

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del PRD

La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del PAN

El diputado Marco Polo Aguirre Chávez, del PRI

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales

MINUTA

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

ACUERDO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

De los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, se recibió el acuerdo por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura. Aprobado, comuníquese

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva dirige un mensaje a la asamblea

Desde la curul, para referirse al acuerdo, hace uso de la voz:

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del PAN

El diputado César Octavio Camacho Quiroz, del PRI

El diputado Francisco Martínez Neri, del PRD

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM

El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC

El diputado Alejandro González Murillo, del PES

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del PRI

La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, de NA

TOMA DE PROTESTA DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, rinde protesta como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

TOMA DE PROTESTA DE LA PRIMERA VICEPRESIDENCIA

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, toma protesta al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, como primer vicepresidente de la Mesa Directiva

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva dirige un mensaje a la asamblea

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez remite, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (en lo general y en lo particular)

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 28 de febrero de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 339 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 11:59 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 28 de febrero de 2017.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Solicitan modificación de turno de proposición y de iniciativas.

De la Junta de Coordinación Política

Cambios de integrantes en comisiones.

De las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Martha Lorena Covarrubias Anaya

Solicitan el retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Remite catorce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.

Del DIF del Estado de Sonora

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de Institutos Locales para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las personas expulsadas de sus comunidades por causas de intolerancia religiosa.

De la Comisión Nacional del Agua

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para determinar la potabilidad del agua de la comunidad de Agua Caliente, Jalisco.

Solicitud de licencia

Del diputado Fidel Cristóbal Serrato.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, en materia de plena disposición de derechos ejidales, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de uso de la fuerza, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que deroga diversos artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 7o. Bis y 7o. Ter de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 60 Bis 3 de la Ley General de Vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 7o., 8o. y 9o. de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Fomento a la Integración de Insumos Nacionales para Obras de Infraestructura Pública No Energética, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1168 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Reglamentaria de la fracción XXVII del Artículo 73, del primer y segundo párrafos del Artículo 84 y del Artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 25 y 47-A a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Ley del Seguro Social y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y deroga los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Hugo Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 44 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro y reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año como la “Semana Nacional de los Pueblos Mágicos”, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga los artículos 9, 34, 83 y 138, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 6o. y cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 78 de la Ley Aduanera, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 15 y 17 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 18 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 8o. de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o. y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 133 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por los diputados Alfredo Basurto Román, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año, como “El Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional”, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Blandina Ramos Ramírez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a 10 ordenamientos legales para actualizar la referencia del Distrito Federal por la de Ciudad de México: del Código Civil Federal, del Código de Comercio, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Penal Federal, de la Ley Aduanera, de la Ley Agraria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Migración, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29, 73 y 112 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que adiciona un artículo 1o. Ter a La Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dictámenes de declaratoria

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, para que solvente y aclare en su totalidad, las observaciones de auditorías que aún están pendientes y que realizó la ASF en los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT, para que en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, genere un acercamiento con Airbus Safran Launchers y otras empresas que deseen invertir en nuestro país, a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a ordenar la liberación inmediata del Dr. José Manuel Mireles, fundador y ex líder de las autodefensas en el estado de Michoacán, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a incorporar al catálogo de Lineamientos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), las opciones de poder adquirir camiones de transporte de agua potable denominados “pipas” y programas de captación de agua de lluvia, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Michoacán, a que en el marco del Decreto Administrativo de medidas de Austeridad, Transparencia y Eficiencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado, informe a la sociedad michoacana sobre el monto de los ahorros generados y el avance en el complimiento de dicho decreto, suscrito por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a modificar las reglas de operación del programa pensión a adultos mayores, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Segob y del Inmujeres, instalen de manera permanente centros de atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia en las principales ciudades país, además de vigilar que éstos hagan efectivo el acceso a servicios de salud física, psicológica, psiquiátrica, asistencia legal, formación para el empleo de las mujeres víctimas de violencia; así como para la creación y fortalecimiento de programas encaminados a la protección de la mujer, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCJN, a resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la CNDH, a los artículos 72 fracción II, inciso a), 119 fracción XI, y 122, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Morelos, a que se dé una explicación sobre los distintos señalamientos y denuncias que se han dado a lo largo de su administración por actos de nepotismo y corrupción, así como a las autoridades que han recibido denuncias por corrupción en contra del Gobernador de dicho estado, aceleren sus investigaciones y resuelvan las mismas, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a crear un programa de desarrollo social por medio del cual se apoye económicamente a personas adultas mayores que se hagan cargo del cuidado de sus nietos, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, para que en el ámbito de su competencia atienda las demandas de los trabajadores del Contrato del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 07 de dicha institución, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y al Inapesca, a llevar a cabo diversas acciones para la sostenibilidad de la pesquería de camarón en mar abierto, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, en coordinación con el Gobierno del estado de Guerrero y el Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, pongan en marcha las acciones necesarias para la recuperación del Parque Nacional “El Veladero”, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar acciones de austeridad en su administración, sin que implique el despido de los trabajadores al servicio del Estado, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al TFJA, a elaborar y publicar los datos estadísticos respecto de los juicios atendidos en materia ambiental así como acreditar la capacitación recibida por juzgadores en dicha materia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se condena los actos de espionaje en contra de Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación, así como a la PGR a investigar y procesar judicialmente a los responsables de la violación de la privacidad de dichos ciudadanos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tamaulipas, a dar máxima publicidad a los recursos que han sido destinados al Fondo de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas del 2010 al 2017, y a difundir la información que se haya generado del Sistema Estatal de Atención a las Victimas y de la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas con procesos electorales a celebrarse en 2017, a emitir lineamientos que coadyuven a la erradicación de la compra de votos relacionada con la operación de programas sociales, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que se abstenga de seguir afectando las finanzas del estado de Zacatecas mediante la interposición de controversias constitucionales que vayan en agravio de la justicia social y distributiva, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo al uso de los recursos públicos destinadoa Pemex y a la CFE, por parte de la administración federal, suscrito por los diputados Araceli Damián González, Norma Rocío Nahle García y Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a las implementación de acciones por parte de diversas autoridades, federales y locales, para la gestión de recursos y ejecución de las obras de prevención y mitigación de los riesgos derivados de las condiciones de la presa “Parral” y del río “Parral”, en Chihuahua, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a implementar acciones con las Entidades Federativas que favorezcan la coordinación con los municipios del país a fin de que la infraestructura de tratamiento de aguas residuales se mantenga en operación, suscrito por los diputados Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Angie Denisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo de diputados que den seguimiento a los acuerdos que adopten el gobierno del estado de Chiapas, la SEP y los académicos de la Universidad Intercultural de Chiapas, a fin de permitir el correcto funcionamiento de la Universidad, suscrito por la diputada María Candelaria Ochoa Avalos y diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos de Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y de Morena.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del jueves veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De las diputadas y diputados:

• Nora Liliana Oropeza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de los artículos veintisiete, noventa, noventa y uno, y noventa y dos de la Ley General de Protección Civil, presentada el cuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

• Gabriela Ramírez Ramos, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos tercero, octavo, y décimo de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el quince de noviembre de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, por la que remite:

• El Informe sobre el Comportamiento de los Ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

• Tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a instrumentar las medidas para homologar el precio de la gasolina en la frontera norte del país. Se remite al promovente.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que evalúe y, en su caso, autorice los recursos pendientes de ejercer del Fondo Nacional de Desastres Naturales, relativos a las Declaratorias de Desastre Natural del estado de Durango de los años dos mil catorce y dos mil quince. Se remite al promovente.

– Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a que haga públicos los argumentos que se vertieron en la sesión ocho ochocientos noventa y nueve extraordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para aprobar el Acuerdo CA-196/2015, mediante el cual se modificaron los "Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Organismos Subsidiarios", así como ampliar la información referente al Pasivo Circulante Contable con la Evolución y composición de los ADEFAS dos mil quince. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

c) De la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:

• Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que observe el Acuerdo por el que se establece los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, con el propósito de que no se lleven a cabo despidos injustificados de trabajadoras y trabajadores que han venido prestando sus servicios bajo los lineamientos del Acuerdo mencionado. Se remite al promovente.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias para el saneamiento ambiental del vaso regulador de Cuautepec, ubicado en la Ciudad de México, se evite el que persista su contaminación y se atienda de forma oportuna la salud de la población que habita en sus alrededores, que ha sido afectada por la degradación ambiental del mencionado vaso regulador. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, al estado de Chiapas y Estado de México, para que realicen una investigación a fin de esclarecer la verdad histórica de los hechos, agotar las líneas de investigación correspondientes y proceder conforme a derecho, en contra de quienes resulten responsables por los homicidios cometidos en perjuicio de tres mujeres transexuales. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al Jefe Delegacional de Xochimilco y a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta para que, en el ámbito de sus competencias, coordinen esfuerzos acerca de los programas, recursos e investigación para la prevención, atención y cuidado de las aguas de los canales de Xochimilco; asimismo para que instrumenten un programa de concientización, información y divulgación sobre la importancia de preservar dicha zona entre sus habitantes. Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, a que en el marco de sus facultades y responsabilidades ejerzan de manera eficiente, en tiempo y forma la totalidad del presupuesto asignado en el "Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género", así como que fortalezcan y brinden las facilidades necesarias para la adecuada operación del Mecanismo para el Adelanto de la Mujeres, a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, con la finalidad de no frenar el acceso de las mujeres a todos los beneficios del desarrollo. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno de la Ciudad de México, efectuar las funciones de protección y conservación del axolote, especie que se encuentra en peligro de extinción. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Salud del estado de Tabasco, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• Por el que se solicita a la Secretaría de Salud del estado de Tabasco, realizar campañas informativas relativas a la detección temprana del cáncer infantil. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas para que, continúen impulsando el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias (PAAD), promovido por dicha Secretaría, a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

f) De la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con el apoyo y protección a la producción del aguacate que se produce en el estado de Michoacán. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores, con la que remite:

• Minutas con proyecto de decreto:

– Por el que se adiciona una fracción trigésima al artículo diecinueve de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

– Por el que se reforma el artículo sesenta y seis de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

– Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo quince de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por la senadora Sandra Luz García Guajardo, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Desde sus respectivas curules, realizan comentarios sobre diversos temas el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena; y la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruíz, de Nueva Alianza; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena; Daniela de los Santos Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; María Verónica Agundis Estrada, del Partido Acción Nacional;

A las doce horas con veintiocho minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos noventa diputadas y diputados.

y Laura Mitzi Barrientos Cano, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales. Desde su curul realiza comentarios sobre el dictamen aprobado el diputado: Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena.

Desde su curul, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, realiza diversos comentarios. El Presidente hace aclaraciones.

Desde sus respectivas curules, realizan comentarios relativos a los trabajos de comisiones, los diputados y la diputada: Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional; Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática; Álvaro Ibarra Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional; Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional; y Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano. La Presidencia instruye al área técnica de la Mesa Directiva que la versión estenográfica de estas expresiones, sea turnada a los presidentes de las comisiones que fueron referidas.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión Justicia, por el que se reforman y adicionan los artículos ciento setenta y uno, y ciento setenta y dos del Código Penal Federal. Se concede el uso de la palabra al diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena, misma que en votación económica no se toma en consideración y se desecha Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Refugio Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Alfredo Basurto Román, de Morena; Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Partido Verde Ecologista de México; Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Manuel Cavazos Balderas, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Juan Romero Tenorio, de Morena; en pro Daniela de los Santos Torres, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos ciento setenta y uno, y ciento setenta y dos. En votación nominal por trescientos trece votos a favor; cuarenta y seis en contra; y treinta y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los diputados:

• Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos ciento setenta y uno, y ciento setenta y dos, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan los artículos para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, a los artículos ciento setenta y uno, y ciento setenta y dos. No habiendo claridad en la votación económica, el Presidente instruye a la Secretaría abra el tablero electrónico para consultar en votación nominal si se aceptan a discusión las reservas, que con un registro de ciento ochenta y cinco votos a favor; y ciento noventa y seis en contra, no se admiten, en consecuencia se desechan y se reservan los artículos para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados en votación nominal por doscientos treinta y nueve votos a favor; ciento treinta y siete en contra; y diez abstenciones se aprueba en lo particular los artículos ciento setenta y uno, y ciento setenta y dos, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos ciento setenta y uno, y ciento setenta y dos del Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas los diputados: Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional; y Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno, de urgente u obvia resolución, y se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados:

• César Alejandro Domínguez Domínguez, y suscrito por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al estado de Chihuahua, a fin de que integre a la brevedad el Consejo Estatal de Seguridad Pública con participación ciudadana previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua; asimismo a que se conforme una mesa de diálogo con los diversos sectores de la población chihuahuense, que permita la construcción de una estrategia de seguridad preventiva, reactiva y de reinserción social más eficaz. Desde su curul realiza comentarios en relación al acuerdo el diputado Juan Alberto Blanco Zaldivar, del Partido Acción Nacional.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que implementen una estrategia para la protección de las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos de América, para evitar que las mismas sean sujetas de cualquier tipo de gravamen por las autoridades hacendarias de dicho país.

La Presidenta da la bienvenida en el Salón de Sesiones a la joven Enya Mónica Aldaz Galicia, quien tiene el poder de representar a México en el extranjero en el marco del prestigiado premio dancístico juvenil Phyllis Bedeli Award, otorgado por la Real Academia de Danza en Londres, Inglaterra. Desde su curul realiza comentarios el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena.

En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra las diputadas y los diputados: Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social; Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano; Juan Romero Tenorio, de Morena; Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México; y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido. Desde su curul el diputado Juan Romero Tenorio, del Morena, informa a la Presidenta que presentó propuesta de modificación, la cual se pregunta a la proponente si es de aceptarse, la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, no acepta. En votación económica se aprueba el acuerdo en sus términos. Comuníquese.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre los manuales repartidos en las curules por parte de la Dirección de Recursos Materiales las diputadas: Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano; y María Verónica Agundis Estrada, del Partido Acción Nacional. La Presidencia instruye al área técnica de la Mesa Directiva para que la versión estenográfica de estas expresiones sea remitida a la Secretaría General.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Arlet Mólgora Glover, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos octavo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y noveno de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos setenta y dos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y setenta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Ana Leticia Carrera Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Sara Paola Gálico Félix Díaz, y suscrito por el diputado César Camacho Quiroz, de los partidos Verde Ecologista de México, y Revolucionario Institucional, respectivamente, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trata de personas. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, que reforma y adiciona los artículos dieciséis, treinta, cuarenta y tres, y ciento trece de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo ciento veintitrés Constitucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el artículo ochenta y nueve de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen.

• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

Se reciben oficios de la diputada y del diputado:

• Evelyn Parra Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de Honor del Palacio Legislativo "Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete", presentada el veinte de junio de dos mil dieciséis.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

Se recibe oficio del diputado Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas como diputado federal electo en la Primera Circunscripción, a partir del primero de marzo del año en curso, llámese al suplente. En votación económica se aprueba. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Partido Verde Ecologista de México:

– Que reforma el artículo doscientos cuatro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que adiciona un artículo doscientos siete Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Silvia Rivera Carbajal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintinueve, y treinta de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma y adiciona los artículos séptimo-Ter, treinta y cuatro, y ciento veintiocho de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

– Que reforma el artículo doscientos ochenta y ocho del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Diputados del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de Víctimas. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Justicia, para dictamen.

• José Hugo Cabrera Ruíz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y quinientos treinta y nueve de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece" y del Decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine los recursos económicos resultantes de subejercicios, a los obtenidos por los ahorros derivados de la instrumentación de medidas de austeridad y disciplina presupuestaria por parte de la administración pública federal, los que le sean devueltos por parte de los otros Poderes de la Unión, así como por parte de los organismos descentralizados o que cuenten con autonomía constitucional, al fortalecimiento de los programas de atención y protección al migrante, así como a las aéreas relativas al trabajo, vivienda, salud, educación e infraestructura de la frontera norte. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a verificar que los prestadores de servicio al público de transporte aéreo cumplan con las disposiciones previstas en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, respecto al equipaje que pueden llevar consigo los pasajeros. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a revisar el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario dos mil trece-dos mil dieciocho, los Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el Presupuesto de Egresos dos mil diecisiete, con el fin de llevar a cabo las medidas pertinentes para fortalecer la soberanía alimentaria de los mexicanos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los secretarios de Salud de las treinta y dos entidades federativas y a los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para acelerar la firma del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los servicios de salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Magdalena Moreno Vega y diversos integrantes de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a realizar una auditoría a las concesiones autorizadas por el gobierno del Estado de México a las empresas concesionarias de la autopista Peñón-Texcoco; y al Gobierno del estado de México a hacer una revisión, evaluación y reconsideración de esa concesión. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, relativo a la restauración y mantenimiento del monumento colonial "Templo de San Fernando" ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Miguel Ángel Sulub Caamal y Georgina Trujillo Zentella, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de actualizar y mantener la vigencia durante el ejercicio de dos mil diecisiete, del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de los estados de Campeche y Tabasco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil dieciséis y que concluyó su vigencia el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que diseñe y coordine en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las acciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad física del personal de salud en México. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en la región de la montaña del estado de Guerrero, se elimine el cobro del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), o en su caso se considere una reducción del mismo, en el precio de los combustibles fósiles programados para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

• Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y en su caso, emprenda las acciones legales contra quienes pudieron causar un daño patrimonial a la hacienda pública del estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que vigilen, salvaguarden y privilegien los derechos de los trabajadores jubilados y en activo del Servicio Postal Mexicano, así como el estricto cumplimiento al artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos aplicables, frente a los despidos masivos que se han dado en la presente administración, derivados de la firma del convenio de colaboración DHL Express México. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretará de Salud, a que publique las medidas y acciones de mejora necesarios para prestar los servicios de inmunización a nivel nacional, para mejorar la calidad de los programas de vacunación, protección de la salud y prevención de enfermedades en nuestro país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a fin de redoblar esfuerzos en la ejecución de acciones transversales concertadas con los diferentes actores participantes en la Campaña Nacional de Alfabetización y abatimiento del rezago educativo dos mil catorce-dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ximena Tamariz García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a evaluar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental y corregir las deficiencias en los equipos de medición de partículas contaminantes en el aire de todas las estaciones de monitoreo, con el objeto de contar con herramientas eficaces e información confiable de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria, y a la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, a iniciar una investigación sobre la contratación efectuada por Pemex exploración y producción, al amparo de la licitación pública internacional con Tratado de Libre Comercio 18575004-519-13, a favor de empresas propiedad de Maclovio Yáñez Mondragón, ex subdirector de la región norte de Poza Rica de dicha empresa. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Patricia García García, del Partido Acción Nacional, relativo a la accesibilidad de personas discapacitadas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se condena las detenciones derivadas de las redadas contra migrantes en diversas entidades de los Estados Unidos de América; así mismo se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir un pronunciamiento en defensa de los derechos humanos de los connacionales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Eloísa Chavarrías Barajas, del Partido Acción Nacional, relativo a la creación de un grupo de trabajo que evalúe, analice y presente conclusiones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros tratados de libre comercio. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para generar un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Juan Carlos Ruiz García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a diversos órganos de la Cámara de Diputados, a incorporar en sus respectivos trabajos y actividades, los objetivos, metas e indicadores de la Agenda dos mil treinta para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, suscrita por el Estado Mexicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en dos mil quince. Turno: Conferencia para Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.

• Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Partido Acción Nacional, relativo a la revisión de las tarifas eléctricas y del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda Existente. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con catorce minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que comunica la modificación de turno de iniciativas y proposiciones.



COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instancias receptoras de recursos públicos a rescindir en ejercicio de sus facultades todo contacto vigente o previsto para adquirir productos o servicios de Ford Motor Company y General Motor Company, presentada por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 25 de enero de 2017.

“Se turna a la Comisión de Economía para dictamen y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz para opinión.”

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Fondo de Migralidad, presentada por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, el 2 de febrero de 2017.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Asuntos Migratorios, para dictamen, y a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.”

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 7 de febrero de 2017.

“Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Ciencia y Tecnología para opinión.”

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de las iniciativas y la proposición mencionadas. Actualícense los registros parlamentarios.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda cause baja como integrante de la Comisión Especial de Movilidad.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 24 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno las modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Jorge Ramos Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado, comuníquense.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito amablemente retirar de los registros parlamentarios la iniciativa que presente el día 8 de diciembre de 2016, la cual fue publicada en la misma fecha y turnada a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social:

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6, 11 y 64 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, en materia del fomento de la participación de las mujeres en sociedades cooperativas.

Sin otro particular y me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 23 de febrero de 2017.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma los artículos 5o., 154, 155 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por una servidora el 5 de enero del presente, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Rural, para efecto de profundizar sobre su contenido y, en su caso, poder presentarla posteriormente.

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-2-1378, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar DGV/ FMD/ 1.3.-092/ 2017, suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a instalar una mesa de análisis y trabajo para implantar las acciones necesarias en un contexto de planeación con perspectiva metropolitana, que permita la adecuada movilidad en la zona metropolitana del valle de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y, al mismo tiempo, me permito hacer referencia a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 2490/ 16, a través del cual remitió para su atención el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo exhorta a esta secretaría, en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de México, a instalar una mesa de análisis y trabajo para implantar acciones y planeación que permitan la adecuada movilidad en la zona metropolitana del valle de México.

Al respecto, la Dirección General de Desarrollo Carretero ha informado mediante el oficio número 3.4.1.- 025, que se adjunta, que se ha designado al licenciado Eduardo Rodríguez Ampudia, director general adjunto de Formulación de Proyectos y, al doctor César Rivera Trujillo, coordinador técnico de Planeación de Infraestructura Carretera, a fin de atender los temas de corredores, autopistas y vialidades que se generen en la mesa de trabajo referida.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Fausto Muciño Durán, Director General de Vinculación.— Presente.

Me refiero a su oficio número DGV/ FMD/ 1.3-015/ 2017, de fecha 5 de enero de 2017, mediante el cual comunica al maestro Óscar Raúl Calleja Silva, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se instalará una mesa de análisis y trabajo para que se implanten las acciones necesarias en un contexto de planeación con perspectiva metropolitana que permita la adecuada movilidad en la zona metropolitana del valle de México, acordado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016.

Por lo anterior, hago de su conocimiento que los funcionarios públicos designados por la Dirección General de Desarrollo Carretero para participar en dicha mesa de trabajo en los temas de corredores, autopistas y vialidades son

• Licenciado Eduardo Rodríguez Ampudia, director general adjunto de Formulación de Proyectos; y

• Doctor César Rivera Trujillo, coordinador técnico de Planeación de Infraestructura Carretera.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de enero de 2017.— Licenciado Eduardo Rodríguez Ampudia, director general adjunto de Formulación de Proyectos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1769, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVI.080/17, suscrito por el ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Por este medio me permito hacer referencia a su atento oficio número Oficio SELAP/300/323/17 que contiene punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 9 de febrero pasado, mediante el cual:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.”

Sobre el particular, adjunto al presente, copia del oficio número 410.1.64/17 mediante el cual la Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales informa de las acciones realizadas en la Secretaría de Energía para dar cumplimiento al punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2017.— Ingeniero Ismael Orozco Loreto (rúbrica), director general de Vinculación Interinstitucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional.— Presente.

Hago referencia al oficio 100.DGVI.068/17, de fecha 14 de febrero del presente, que hace mención al documento SELAP/300/323/17, suscrito por el licenciado Felipe Salís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual “La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos”.

Al respecto para dar cumplimiento al requerimiento solicitado, informo lo siguiente:

El día 10 de febrero del presente, la Secretaría de Energía a través del licenciado José I. Díaz Pérez, director general de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales y el que suscribe, llevó a cabo una reunión con representantes de Talleres Gráficos de México (TGM) en las oficinas de la citada dirección general; el objeto de la reunión fue:

• Conocer el portafolio de servicios y productos que ofrece dicho organismo público descentralizado.

• Presentar a TGM un cuadro en el cual se describió de manera general el material impreso que consume esta Secretaría, y

• Establecer los contactos a través de los cuales mantendrá comunicación esta dependencia y TGM en cuanto sea necesario.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2017.—Licenciado Ignacio Cabrera González (rúbrica), director general adjunto de Administración de Personal.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-1780 signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/FMD/1.3.093/2017 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a hacer de mayor difusión al público en general los avances del Programa México Conectado, incluyendo sus resultados, la cantidad de sitios que se encuentran en operación y aquellos sitios que falten por conectar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación.— Presente.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/ UEL/ 311/ 2468/16, a través del cual remitió para su atención, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo exhorta a esta Secretaría en el marco de sus atribuciones, a hacer de mayor difusión al público en general los avances del Programa México Conectado, incluyendo sus resultados, la cantidad de sitios que se encuentran en operación y aquellos sitios que falten por conectar.

Al respecto, la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, ha informado mediante oficio 1.4.040-2017, que se adjunta, que se fortalecerá la difusión y promoción del dicho Programa en cumplimiento de las disposiciones presupuestales con que cuenta esta secretaría.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Me refiero a su oficio DGV/ FMD/1.3.-013/ 2017, por medio del cual hace del conocimiento de la Subsecretaría de Comunicaciones el acuerdo aprobado por el pleno de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 15 de diciembre:

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el marco de sus atribuciones, haga de mayor difusión al Público en general los avances del Programa México Conectado, incluyendo su’) resultados. la cantidad de sitios que se encuentran en operación y aquellos que falten por conectar.

Al respecto me permito informarle que la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, área encargada de la implementación del Programa México Conectado, fortalecerá la difusión y promoción de Programa México Conectado, con apego a las disposiciones presupuestales con las que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Ingeniero Javier Lizárraga Galindo (rúbrica), coordinador.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-1461 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/ FMD/1.3.-090/ 2017 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a considerar la inmediata aplicación de tecnologías que permitan que la línea del metro Chalco-La Paz se construya con energía limpia renovable y opere a la brevedad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación.— Presente.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/ UEL/ 311/ 2512/16, a través del cual remitió para su atención, el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo exhorta a esta Secretaría en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a considerar la inmediata aplicación de tecnologías que permitan que la línea del metro Chalco-La Paz se construya con energía limpia renovable y opere a la brevedad, a fin de mejorar el servicio de transporte de los habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México.

Al respecto, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal ha informado mediante oficio 4.3.3.-002/ 007, que se adjunta, que la citada Línea A es un proyecto sustentable, que contempla la aplicación de energías renovables con impacto positivo en la reducción de gases contaminantes y que generará una disfunción considerable de automóviles y rutas de transporte publico presentes en el actual corredor vial.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Fausto Muciño Durán, Director General de Vinculación.— Presente.

Me refiero al oficio DGV/ FMD/1.3.-017/ 2017 de fecha 5 de enero de 2017, mediante el cual hace referencia al oficio SELAP/ UEL/ 311/ 2512/ 16 por parte de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de enlace Legislativo y acuerdos Políticos para atención al Acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, celebrado el 15 de diciembre de 2016, cuyo resolutivo cito:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considere la inmediata aplicación de tecnologías que permitan que la línea del metro Chalco-LA Paz se construya con energía limpia renovable y opere a la brevedad, esto con el fin de mejorar el servicio de transporte de los habitantes de la zona oriente, en beneficio del medio ambiente, la salud de los habitantes y de quienes se trasladan a ella para trabajar o recibir algún servicio en la ciudad de México.

Sobre el particular, me permito informarle que la extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo, ex un sistema proyectado para que opere con energía limpia renovable y tenga un impacto positivo en la reducción de gases de efecto invernadero ya que habrá una disminución considerable de automóviles y rutas de transporte público presentes en el actual corredor. Actualmente el Proyecto cuenta con número de registro: 14093110010 en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, con vigencia hasta 2018.

Por lo anterior, es necesario contar con la suficiencia presupuesta para dar inicio al proyecto ejecutivo, una vez concluido, se deberán realizar las gestiones de los recursos para los trabajos de construcción y operación.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017.— Maestro Alfredo Torres Martínez (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-1427 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/ FMD/1.3.­091/ 2017 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, Director General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar un proyecto integral, sustentable y resiliente, para rehabilitar la vialidad denominada anillo periférico Manuel Gómez Morín.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/ UEL/ 311/ 2567/16, a través del cual remitió para su atención el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuyo resolutivo exhorta a esta Secretaría en conjunto con el gobierno de Jalisco, para coordinar los trabajos correspondientes a la rehabilitación de la vialidad denominada “Anillo Periférico Manuel Gómez Morín.

Al respecto, me permito remitir la respuesta que la Dirección General de Carreteras ha elaborado mediante oficio 3.1.1.-042/ 2017, que se adjunta, informando que la vialidad aludida forma parte de la red estatal de carreteras, por lo que los trabajos de rehabilitación corren a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano de esa entidad federativa y no de esta dependencia.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016. Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se coordine y realice un proyecto integral, sustentable y resiliente, para rehabilitar la vialidad denominada anillo periférico Manuel Gómez Morín, a fin de garantizar el derecho a la movilidad de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, y que contribuya como medida de mitigación de los afectados del cambio climático.

Al respecto, informo a usted que el anillo periférico Manuel Gómez Morín, forma parte de la red estatal de carreteras, por lo que se deberá solicitar su rehabilitación al gobierno de Jalisco.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Ingeniero Clemente Poon Hung (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-8-2229, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPMAR/ 040/ 2017 suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a brindar a los migrantes abandonados por traficantes de personas en Tres Valles, Veracruz, el pasado 4 de octubre, todas las facilidades para su repatriación, e intensificar la vigilancia en la frontera sur del país, a fin de evitar sucesos como los ocurridos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención de su oficio número SELAP/ 300/ 2528/ 16, recibido el 14 de octubre de 2016, remito para los fines procedentes copia del similar INM/ CAS/ 13/ 2017, suscrito por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual responde el punto de acuerdo relacionado con las facilidades que se prestaron para la repatriación de los migrantes abandonados por traficantes de personas en Tres Valles, Veracruz.

Con mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2017.— Licenciado Humberto Roque Villanueva (rúbrica), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Juan Gabriel Romero Monroy, secretario particular de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

En atención de su oficio número SPMAR/ SP/ 090/ 2016, que hace referencia al similar SELAP/ 300/ 2528/ 16, por el que la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos turna a la SPMAR el oficio número DGPL 63-11-8-2229, mediante el cual la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de dicho órgano legislativo que señala:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus atribuciones brinde a los migrantes abandonados por traficantes de personas en Tres Valles, Veracruz, el pasado 4 de octubre, todas las facilidades para su repatriación. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a reforzar e intensificar la vigilancia en la frontera sur del país, a fin de evitar sucesos como los ocurridos el pasado 4 de octubre en Tres Valles, Veracruz. Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de su competencia, persiga y procese a los culpables por el delito de tráfico de personas involucradas en los hechos del pasado 4 de octubre en Tres Valles, Veracruz, así como activar el protocolo de actuación ministerial para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Respecto del punto primero, conforme a la información brindada por nuestra representación en Veracruz, a través del oficio número INM/ DFV/ 382/ 2017, del cual se adjunta copia simple, la delegación federal Veracruz del INM en todo momento salvaguardó los derechos humanos, y atendió y brindó todo el apoyo a las 17 personas extranjeras, todas de nacionalidad guatemalteca, que estuvieron alojadas temporalmente en la estación migratoria de Veracruz, Veracruz, resolviendo la situación migratoria, con su retorno asistido a su país de origen.

Con relación al punto segundo, cabe aclarar que el Instituto Nacional de Migración, conforme a sus atribuciones, desarrolla permanentemente acciones de control y verificación migratoria en todo el país y las tareas de vigilancia corresponden a los órganos de seguridad.

Sin otro particular, le reitero mis permanentes atenciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2017.— Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración.— Presente.

En atención del oficio número SPMAR/ SP/ 090/ 2016 y del diverso SELAP/ 300/ 2528/ 16, mediante el cual se hace puntual referencia al similar DGPL 63-II-8-2229, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde comunica a la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo y que para su conocimiento se transcribe a continuación:

Primero. La Cámara de Diputado exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus atribuciones brinde a los migrantes abandonados por traficantes de personas en Tres Valles, Veracruz, el pasado 4 de octubre, todas las facilidades para su repatriación.

Respecto al primer punto, me permito informarle que la autoridad migratoria de la delegación federal Veracruz del INM en todo momento salvaguardó los derechos humanos, atendió y brindó todo el apoyo a las 17 personas extranjeras, todos de nacionalidad guatemalteca, que estuvieron alojadas temporalmente en la estación migratoria de Veracruz, resolviendo la situación migratoria, con su retorno asistido a su país de origen.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a intensificar la vigilancia en la frontera sur del país, a fin de evitar sucesos como los ocurridos el pasado 4 de octubre en Tres Valles, Veracruz.

En cuanto a este punto, debe señalarse que dicho informe no es competencia de la delegación federal del INM en Veracruz.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de su competencia, persiga y procese a los culpables en Tres Valles, Veracruz, así como activar el protocolo de actuaciones ministeriales para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.

En cuanto a este punto, debe señalarse que dicho informe no es competencia de la delegación federal del INM en Veracruz.

Sin más sobre el particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

H. Veracruz, Veracruz, a 16 de febrero de 2017.— José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), delegado federal.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-1704 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PJD/ JSOSyAL/ 003/2017 suscrito por la licenciada Patricia Elton Benhumea, jefa de Servicios de Organización de Sesiones y Apoyo Logístico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar el Programa Vales de Medicina del instituto en otras entidades federativas del país con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos para beneficio de la población derechohabiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

Por instrucciones de la licenciada María Guadalupe Chacón Monárrez, prosecretaria de la Junta Directiva y Enlace Responsable con Legisladores Federales, y en atención a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 237/17, de fecha 10 del mes y año en curso, adjunto envío a usted copia fotostática del oficio PJD/041/2017, del 13 de febrero de 2017, en el que remitimos la opinión del siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que implante el Programa Vales de Medicina del instituto en otras entidades federativas del país, con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos para beneficio de la población derechohabiente del Instituto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, febrero 21 de 2017.— Licenciada Patricia Elton Benhumea (rúbrica), jefa de Servicios de Organización de Sesiones y Apoyo Logístico del ISSSTE.»

«Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría Gobernación.

En atención a su oficio SELAP/ UEL/ 311/ 2421/ 16, de fecha 19 de diciembre de 2016, me permito enviar a usted la nota que al respecto elaboró la Dirección de Administración de este instituto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Ciudad de México, febrero 13 de 2017.— Licenciada María Guadalupe Chacón Monárrez (rúbrica), prosecretaria de la Junta Directiva y Enlace Responsable con Legisladores Federales.»

«Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al ISSSTE para que evalué la posibilidad de implantar el Programa Vales de Medicina, del instituto en otras entidades del país, con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos para beneficio de la población derechohabiente...

14 de diciembre de 2016.

Nota del ISSSTE

En atención de los compromisos presidenciales CG-048 “Establecer los vales de medicina en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular para asegurar el abasto de medicamentos” y el CG-266 10 compromisos con tu economía familiar: vales de medicinas en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular para asegurar el abasto de medicamentos, establecidos para lograr el surtimiento de recetas al 100 por ciento a través de vales de medicamentos, el ISSSTE diseñó el Programa de Vales de Medicinas, que inició operaciones a partir del 15 de marzo de 2015, con la apertura de cuatro Centros de Canje en la Ciudad de México, para dar cobertura a una población potencial de 3 millones 336 mil 169 de derechohabientes, equivalente al 25.7 por ciento de la población amparada total.

Derivado de las acciones de fortalecimiento de la cadena de suministro de este Instituto, se ha permitido asegurar el abasto de insumos para la salud en las unidades médicas y hacer Uso de la alternativa de surtimiento a través de vales como una medida alterna y “emergente”, lo anterior desarrollando las siguientes acciones:

a) Mejoramiento de la cadena de suministro de insumos para la salud.

b) Establecimiento de un inventario óptimo que ha logrado identificar oportunamente las necesidades de las Unidades Médicas.

c) La compra consolidada de medicamentos, vacunas y material de curación, siendo esta acción la más importante en el proceso de abasto, en virtud de que garantiza la oportunidad y calidad de los medicamentos, reduce costos y mejora el proceso de suministro.

No obstante lo manifestado en los puntos que anteceden y con la finalidad de ampliar el beneficio del Programa de Vales a los derechohabientes del ISSSTE, que permita refrendar el compromiso de tener acceso efectivo a sus medicamentos; a partir de marzo de 2017 los derechohabientes del Estado de México, podrán canjear sus vales de medicamentos en cualquiera de los 4 Centros de Canje del área metropolitana:

a) Centro de Canje número 1 Melchor Ocampo.

b) Centro de Canje número 2 Doctor Vértiz.

c) Centro de Canje número 3 Zaragoza.

d) Centro de Canje número 4 San Fernando.

Lo anterior permitió al instituto ampliar la cobertura total del programa a 4 millones 416 mil 841 derechohabientes, equivalente a 34.0 por ciento de la población amparada total de este Instituto.

Se está evaluando la posibilidad de implantar el programa en otras entidades federativas del país.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-1510, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/27/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia para que en la medida presupuestal posible, contrate personal médico calificado suficiente para reforzar los sistemas de salud para que puedan responder a las necesidades por causas evitables en nuestro país; así como capacitar y sensibilizar al personal médico adscrito a esa institución, a efecto de resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud reproductiva, materna y neonatal y en el acceso a ello.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2529/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada día 15 del mismo, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Doctor José Narro Robles, para que en la medida presupuestal posible contrate personal médico calificado suficiente para reforzar los sistemas de salud para que puedan responder a las necesidades por causas evitables en nuestro país. Segundo. La Cámara de Diputados con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esfera de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, doctor José Narro Robles, para que capacite y sensibilice al personal médico adscrito a dicha institución, a efecto de resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud reproductiva, materna y neonatal y en el acceso a ello.

Al respecto, me permito enviar el oficio SIDSS-CAS-965-2017 y anexo, suscrito por el ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y el oficio SPPS-CAS-0785-2017 y anexo, suscrito por el licenciado Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS-210-2017 dé fecha 12 de enero de 2017, referente al punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2016, el cual se detalla a continuación;

Primero. La Cámara de Diputados con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, doctora José Narro Robles, para que en la medida presupuestal posible contrate personal médico calificado suficiente para reforzar los sistemas de salud para que puedan responder a las necesidades por causas evitables en nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federa1, doctor José Narro Robles, para que capacite y sensibilice al personal médico adscrito a dicha institución, a efecto de resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención reproductiva, materna y neonatal en el acceso a ella.

Al respecto, me permito anexar al presente el oficio DGCES-DG-00206-2017, de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), en el que, en términos del artículo 18 del reglamento interior de la Secretaría de Salud, se pronuncia sobre la particular.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de enero de 2017.— Ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez (rúbrica), coordinador.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.— Presente.

Me refiero al su oficio número SIDSS/CAS/936/2017, de fecha 18 de enero del presente año, mediante el cual remite copia simple y solicita opinión al punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2016, que se detalla a continuación:

Primero. La Cámara de Diputados con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, doctor José Narro Robles, para que en la medida presupuestal posible, contrate personal médico calificado suficiente para reforzar los sistemas de salud para que puedan responder a las necesidades por causas evitables en nuestro país.

Segundo. La cámara de Diputados con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, doctor José Narro Robles, para que capacite y sensibilice al personal médico adscrito a dicha institución, a efecto de resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención reproductiva materna y neonatal en el acceso a ello.

Al respecto, de conformidad con las facultades de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud establecidas en el artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito hacer de su conocimiento para cada uno de los puntos del acuerdo, lo siguiente:

Al Punto Primero. La Dirección General de Calidad y Educación en Salud no cuenta con facultades ni recursos para la contratación de personal médico, calificado suficiente para reforzar los sistemas de salud para que puedan responder a las necesidades por causas evitables en nuestro país; la contratación de personal en el ámbito de la Secretaría de Salud, correspondiente a la Dirección General de Recursos Humanos.

No obstante lo anterior, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a través de la Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, ha permitido orientar y desarrollar diversas actividades para contribuir a elevar la calidad de los servicios de salud, así como para impulsar de manera fundamental y planificada, la formación de calidad y un número suficiente de médicos especialistas en el país, coadyuvando así para que los servicios sean seguros y eficaces, por medio de la conducción de la política sectorial de calidad, a partir de seis componentes que son: 1. Calidad y seguridad del paciente, 2. Innovación y mejora continua, 3. Gestión de riesgos en la atención médica, 4. Acreditación de los establecimientos de atención médica, 4. Acreditación de los establecimientos de atención médica y servicios de salud, 5. Normatividad en materia de salud, y 6. Educación en salud.

Los esfuerzos de la Secretaría de Salud se orientan a la mejora de la calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud y al monitoreo de los procesos de atención médica. De igual, la ejecución del Programa Anual de Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, contribuye a fortalecer la Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, ya que pretende garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en la prestación de servicios de salud, en marco de seguridad efectividad y accesibilidad, al exigir el fortalecimiento de las plantillas de recursos humanos del equipamiento y la mejora continua de procesos, apoyados además en el uso de guías de práctica clínica, que permiten contar con información confiables y oportuna en la toma de decisiones para la mejor atención de los pacientes.

Al Punto Segundo. La Dirección General de Calidad, y Educación en Salud, coadyuva con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en elevar la calidad de los servicios de salud reproductiva, materna y neonatal, en un marco de coordinación y colaboración para le mejora de procesos, en términos de cantidad, calidad y oportunidad de la prestación de servicios apoyados, en programas de capacitación continua de los médicos y demás personas del Sector Salud, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y la no discriminación como factores de mejora en la calidad de dichos servicios.

Asimismo, se continúa los esfuerzos institucionales y la coordinación instituciones de educación superior, instituciones de salud y organismos colegiados, para que el proceso de formación, adscripción y actividades del personal médico especialista, particularmente en gíneco-obstetricia y pediatría, se realice en las mejores condiciones posibles en las distintas entidades federativas del país.

Aunado a lo anterior, esta unidad administrativa, otorga financiamiento para llevar a cabo proyectos de gestión en redes, capacitación e investigación a través del Programa S202, Calidad en la Atención Médica, enfocado en 7 temas prioritarios para la atención en salud, entre los que se encuentra la atención materna y perinatal. En este sentido, en el año 2015 se otorgaron recursos por un total de 5 millones 315 mil 232.00 pesos, a 3 entidades federativas para el desarrollo de los proyectos de gestión y un proyecto de capacitación en materia de calidad de la atención materna y perinatal; lo que representó un 50.34 por ciento del recurso transferido en dicho periodo. En el año 2016 se otorgaron recursos para desarrollar 5 proyectos de gestión, 6 proyectos de capacitación y dos proyectos de investigación, con la finalidad de privilegiar la atención materna y perinatal, por un total de 16 millones 128 mil 356.00 pesos, los cuales fueron entregados a 11 entidades federativas, representando un 36.55 por ciento de los recursos transferidos en el periodo.

En 2017 será publicada la convocatoria de proyectos de mejora de la calidad, para que las entidades federativas e instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud participen en este proceso, sin embargo es importante hacer mención que derivado del fuerte recorte presupuestal al que se vio sujeto el Programa S202, este año se estima que se podrán otorga recursos aproximadamente por un 10 por ciento de lo realizado en 2016, disminuyendo el impacto proyectado.

Asimismo, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, realiza la difusión del Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, dentro del cual se encuentran 37 documentos relacionados con “Embarazo, parte y puerperio” y 7 con “Atención neonatal”.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Doctor Sebastián García Saisó (rúbrica), director general.»

Anexo 1

Guías de Práctica ClínicaRelacionadas con Embarazo Parto y Puerperio (37)

S-020-08, Atención integral de la preeclampsia en el segundo y tercer nivel de atención.

SS-026-08, Prevención, diagnóstico y referencia de la amenaza de aborto en el primer nivel de atención.

IMSS-028-08, Control prenatal con enfoque de riesgo.

IMSS-048-08, Reducción de la frecuencia operación cesárea.

IMSS-052-08, Vigilancia y manejo del trabajo de parto.

IMSS-058-08, Detección y diagnóstico de enfermedades hipertensivas del embarazo.

IMSS-063-08, Diagnóstico y manejo del parto pretermino.

IMSS-078-08, Diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto urinario bajo durante el embarazo, en un primer nivel de atención.

IMSS-088-08, Diagnóstico y tratamiento del aborto espontaneo y manejo inicial del aborto recurrente.

SS-103-08, Prevención y manejo de la hemorragia obstétrica en el primer, segundo y tercer nivel de atención.

SS-118-08, Prevención primaria y tamizaje del parto pretermino en el nivel de atención.

ISSTE-124-08, Diagnóstico y tratamiento oportuno de la placenta previa en el 2° y 3er trimestre de embarazo en el segundo y tercer nivel de atención.

IMSS-162-09, Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo y puerperio inmediato.

IMSS-182-09, Diagnóstico y tratamiento de embarazo turbio.

SS-206-09, Uso racional de la episiotomía.

SS-218-09, Inducción de trabajo de parto.

S-228-09, Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad trofoblástica gestional.

IMSS-272-10, Diagnóstico y tratamiento de sepsis puerperal.

SS-292-10, Diagnóstico y tratamiento hipertiroidismo durante el embarazo en el primer y segundo niveles de atención.

SS-296-10, Prevención, diagnóstico y manejo oportuno ruptura uterina en el primer y segundo niveles de atención.

IMSS-307-10, Prevención, diagnóstico y manejo de la aloinmunización materno-fetal.

IMSS-320-10, Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo.

IMSS-436-11, Detección y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas.

SEDENA-446-09, Diagnóstico y tratamiento de la ruptura prematura de membranas en pre término.

ISSSTE-527-2011, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección en herida quirúrgica post cesárea en los tres niveles de atención.

IMSS-538-11, Diagnóstico y manejo de la cardiopatía en el embarazo.

IMSS-539-11, Indicación y manejo del cerclaje cervical.

SS-544-11, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la trombosis venosa profunda en el embarazo y puerperio.

SS-551-12, Diagnóstico y tratamiento del embolismo del líquido amniótico.

IMSS-589-13, Diagnóstico y manejo de anomalías en la inserción placentaria y vasos sanguíneos fetales.

IMSS-605-13, Paro después de una cesárea.

IMSS-606-13, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la corioamnioitis en los tres niveles de atención.

IMSS-628-13, Diagnóstico y manejo del embarazo múltiple.

IMSS-637-13, Lactancia materna: Madre con enfermedad tratada con medicamentos.

SS-656-13, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tromboembolia pulmonar aguda en el embarazo, parto y puerperio.

ISSSTE-681-13, Diagnóstico y tratamiento del embarazo ectópico en mujeres de edad reproductiva en segundo y tercer nivel de atención.

Relacionadas con Atención Neonatal (7)

IMSS-2751-10 Diagnóstico y tratamiento de la malformación ano rectal en el periodo neonatal.

ISSSTE-308-13 Tratamiento con surfactante en el síndrome de dificultad respiratoria aguda del neonato pretérmino en el segundo y tercer nivel de atención.

SS-372-16 Intervenciones de enfermería para la atención y limitación del daño en recién nacido con ictericia neonatal en el primer y segundo nivel de atención.

IMSS-442-11 Diagnóstico y tratamiento de la hipoglucemia neonatal.

IMSS-548-12 Manejo de líquidos y electrólitos en el recién nacido prematuro en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

IMSS-632-13 Diagnóstico y tratamiento de la asfixia neonatal.

IMSS-782-15 Diagnóstico y tratamiento policitemía neonatal en el 2° y 3° nivel de atención.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/211/2017, que refiere:

Primero. La Cámara de Diputados con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, doctor José Narro Robles, para que en la medida presupuestal posible contrate personal médico calificado suficiente para reforzar los sistemas de salud para que puedan responder a las necesidades por causas evitables en nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esfera de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular dela Secretaría de Salud del gobierno federal, doctor José Narro Robles, para que, capacite y sensibilice al personal médico adscrito a dicha institución, a efecto de resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud reproductiva, materna y neonatal y en el acceso a ello.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 17 febrero de 2017.— Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, Coordinador de Asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

En atención a su oficio SPPS-CAS-0363- 2017 fechado el 20 de enero de 2017, mediante el cual informa que en la sesión ordinaría de la Cámara de Senadores, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Segundo. La Cámara de Diputados con pleno respeta a los órdenes de gobierno y esfera de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, doctor José Narro Robles, para que capacité y sensibilice al personal médico adscrito q dicha institución a efecto de resolver desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud reproductiva, materna y neonatal y en el acceso a ello.

Adjunto los comentarios en formato libre, correspondientes al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de acuerdo al ámbito de competencia.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

México, Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Doctor Eduardo Pesqueira Villegas (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Comentarios al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados que a continuación se transcribe:

Segundo. La Cámara de Diputados con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esfera de competencia, hace Un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, doctor José Narro Robles, para que capacité y sensibilice al personal médico adscrito a dicha institución a efecto de resolver desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud reproductiva, materna y neonatal y en el acceso a ello.

Comentario

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva es el ente que promueve y supervisa que el personal de salud sea capacitado en la salud materna y perinatal, durante el 2016, con datos preliminares, podemos informar que fueron capacitados 316 profesionales del primer nivel de atención en el marco de la Estrategia de Salud Materna y Perinatal. En lo que va de la administración se ha capacitado a 1.316 profesionales del primer nivel de atención.

En el tema de lactancia materna se brindó capacitación a 481 profesionales de la salud y a 76 evaluadores externos de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Niña (IHAN). Asimismo, se nominaron 40 hospitales IHAN que cumplieron con los requisitos e indicadores para ello.

En donación de leche humana a bancos, se ha capacitado a 179 recursos humanos, y como instructores de lactancia materna se han formado 317 profesionales.

Para fortalecer la atención a la salud materna en el primer nivel de atención, se realizaron nueve talleres, reforzando conocimientos sobre el control prenatal, la atención del parto, puerperio y la atención del recién nacido en cuatro entidades federativas.

Además, se capacitó a 331 médicos y enfermeras en las 32 entidades federativas.

Asimismo, se realizaron 51 talleres, reforzando conocimientos sobre el control prenatal, la atención del parto, puerperio y la atención del recién nacido en 16 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). Se capacito a mil 349 médicos y enfermeras en las 32 entidades federativas.

Es importante mencionar que durante 2017, por recorte presupuestal la capacitación de profesionales de la salud se verá afectada y es muy posible que disminuya el número de personal técnico que sea capacitado.

La capacitación y sensibilización del personal de salud en materia de salud reproductiva es una de las acciones prioritarias que impulsa el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para favorecer la atención de calidad en todas las unidades médicas y hospitales de la institución~ Ello ha quedado plasmado tanto en el Programa de Acción Específico de Planificación Familiar y Anticoncepción, como en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, 2013-2018, como se detalla a continuación:

En apoyo a esta actividad, el Centro Nacional ha asignado recursos del Ramo 12 a 105 Servicios Estatales de Salud a través dedos Convenios Específicas en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas.(AFASP). Así por ejemplo para el ejercicio presupuestal de 2017, a través de los convenios originales de AFASPE se transfirieron 16.9 millones de pesos a los Servicios Estatales de Salud para realizar 137 cursos de capacitación dirigidos a personal médico, en temas de planificación familiar, particularmente en orientación-consejería y prescripción dé métodos anticonceptivos, así como en temas de capacitación-sensibilización en materia de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

Durante 2016, de acuerdo con reportes preliminares de los Servicios Estatales de Salud, con recursos del Ramo 12 se realizaron 87 cursos de capacitación-sensibilización en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes en las 32 entidades federativas del país con una asistencia aproximada de 2 mil 610 prestadores de servicios de salud de primer nivel de atención. Adicionalmente se capacitaron 5 mil 163 prestadores de servicios de salud en temas de planificación familiar y anticoncepción, con énfasis en los criterios médicos de elegibilidad de anticonceptivos y aseguramientos de insumos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-1568, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/992/2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar una campaña a nivel nacional de concientización sobre la contaminación y los riesgos en la salud generados por tirar colillas de cigarro en la calle o desecharlas en las coladeras o tuberías de la red de drenaje.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2538/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2016, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que, en la medida de sus posibilidades, realice una campaña a nivel nacional de concientización sobre la contaminación y los riegos en la salud generados por tirar colillas de cigarro en la calle o desecharlas en las coladeras o las tuberías de la red de drenaje.”

Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/3/0R/ 132/2017, suscrito por la licenciada Paulina Ramírez Requena, subdirectora ejecutiva de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

Con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis de la Ley General de Salud; 2, literal C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3 y 18, fracciones II y XVI, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, el numeral quincuagésimo sexto, fracciones I y V, del “acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010 y/en atención a su oficio número UCVPS/ 131/2017, mediante la cual solicita a esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (comisión federal), la opinión respecto al punto de acuerdo por el cual “la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que, en la medida de sus posibilidades, realice una campaña a nivel nacional de concientización sobre la contaminación y los riesgos en la salud generados por tirar colillas de cigarro en la calle o desecharlas en las coladeras o las tuberías de la red de drenaje”, le comento:

Derivado de la revisión al punto de acuerdo de mérito, se aprecia que el mismo tiene como propósito realizar campañas para evitar la contaminación que se genera derivado del desecho de colillas de cigarros, toda vez que ésta no es biodegradable y tarda aproximadamente 25 años en degradarse, por lo que representa una amenaza al medio ambiente y en especial al agua potable, ya que con solo tirar una colilla de cigarro puede llegar a contaminar 50 litros de este líquido vital. En este sentido, y de conformidad con lo establecido en los artículos 17 bis y 194, fracción I, de la Ley General de Salud, se observa que el punto de acuerdo que nos ocupa no incide en el ámbito de competencia de esta comisión federal, toda vez que corresponde a ésta llevar a cabo el control sanitario del tabaco, entendiéndose por este al conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso aplicación de medidas de seguridad y sanciones, aplicables al proceso, importación y exportación de los productos de tabaco, y no así el de realizar campañas de difusión a la población sobre el peligro que representa al medio ambiente su desecho.

Cabe mencionar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 Bis, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Licenciada Paulina Ramírez Requena (rúbrica), subdirectora Ejecutiva de Legislación y Consulta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-2-1359 signado por la Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 800.00.01.-045, suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a llevar a cabo estudios físico-químicos que permitan determinar la potabilidad del agua de la comunidad de Agua Caliente, Jalisco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Comisión Nacional del Agua.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2492/16, dirigido al maestro Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fin de llevar a cabo los estudios físico-químicos que permitan determinar la potabilidad del agua de la comunidad de Agua Caliente, Jalisco.

Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por la Subdirección General Técnica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva , coordinador de asesores.»

«Comisión Nacional del Agua.

Maestra en Ingeniería Liliana Marrufo Vázquez, coordinadora de asesores adjunta.— Presente.

Me refiero a su memorando B00.00.01.-022, de fecha 16 de enero del año en curso, mediante el cual envía a esta Subdirección General Técnica, el exhorto que realizó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a esta Comisión Nacional del Agua, a fin de que se lleven a cabo los estudios físico-químicos que permitan determinar la potabilidad del agua de la comunidad de Agua Caliente, Jalisco.

Al respecto, anexo a este memorando, envío usted una nota informativa en relación a las condiciones geohidrológicas del acuífero, así como el análisis de calidad del agua que se han realizado en la fuente de abastecimiento de la comunidad de Agua Caliente, en Jalisco.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de enero de 2017.— Ingeniero Enrique Mejía Maravilla (rúbrica), gerente de Calidad del Agua.»

«Comisión Nacional del Agua.

Nota técnica

Por acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se solicita a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Jalisco, llevar a cabo los estudios físico-químicos que permitan determinar la potabilidad del agua de la comunidad de Agua Caliente, Jalisco, y proporcionar asistencia médica a quienes padecen insuficiencia renal.

La comunidad de Agua Caliente se abastece del pozo denominado Chalpicote, cuya extracción de agua proviene del acuífero de Chapala (Fig. 1). El agua subterránea de este acuífero pertenece a la familia cálcica magnésica bicarbonatada, con presencia local de tipo sódico bicarbonatada, correspondiente al flanco occidental de la cuenca y más localmente sódico sulfatada clorurada, en el extremo lado poniente del acuífero.

El pasado 13 de septiembre de 2016, la Conagua realizó un muestreo en el pozo de abastecimiento y el laboratorio de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) llevó a cabo los análisis fisicoquímicos.

Los análisis de calidad del agua consideraron parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAl-1994 (2000) de la Secretaría de Salud, con la que se evalúa la calidad del agua de uso y consumo humano. Los resultados reportados por el laboratorio de la CEA se muestran en la tabla 1. En la que se observa que ninguno de los parámetros rebasa los límites permisibles.

Aun cuando se cumple la norma, la población insiste en que el agua de este pozo es causante del problema de insuficiencia renal, por lo que han solicitado la perforación de un nuevo pozo profundo, que sustituya al Chalpicote.

Derivado de lo anterior, la CEA, en coordinación con la Conagua (Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico), ha iniciado la perforación de un nuevo pozo, al norte del poblado, que aprovechará agua del acuífero Poncitlán (figura 2).

Finalmente, considerando que la calidad del agua no es la causa de la insuficiencia renal que padece la población de Agua Caliente, la Secretaría de Salud debe realizar los estudios que permitan determinar las causas que están provocando dicha enfermedad, y con base en ello realizar las acciones necesarias para resolver esta situación de salud pública.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-4-1521, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPMAR/ 046/ 2017, suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a atender la situación crítica que se presenta en la frontera noroeste del país por el arribo masivo de migrantes de diferentes orígenes nacionales del Caribe y África, en tránsito por territorio nacional rumbo a Estados Unidos que han quedado varadas en diferentes ciudades fronterizas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención de su oficio número SELAP/ 300/ 3099/ 1.6, recibido el 22 de diciembre de 2016, remito para los fines procedentes copia de los similares INM/ CAS/ 14/ 2017 y COMAR/ CG/ 006/ 2017, suscritos por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración, y la licenciada Sandra Velasco Ludlow, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, respectivamente; mediante el cual responden al punto de acuerdo relativo a la situación crítica que se presenta en la frontera noroeste del país.

Con mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017.— Licenciado Humberto Roque Villanueva (rúbrica), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Manuel García García, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

En atención de su oficio número SPMAR/ COORDAS/ 592/ 2016, por el que hace referencia al similar SELAP/ 300/ 3099/ 16, mediante el cual la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos notifica a la SPMAR el oficio DGPL 63-II-4-1521, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien comunica a esta secretaria el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, que se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de la administración pública federal, en el ámbito de sus competencias, a tomar con carácter urgente las siguientes medidas para atender la situación crítica que se presenta en la frontera noroeste del país por el arribo masivo de migrantes de diferentes orígenes nacionales del Caribe y África, en tránsito por territorio nacional rumbo a Estados Unidos que han quedado varadas en diferentes ciudades fronterizas, como sigue: A la Secretada de Hacienda y Crédito Público, para que formule los estudios necesarios con la finalidad de determinar reasignaciones o asignaciones de recursos extraordinarios para atender las necesidades de protección y asistencia a las personas migrantes en tránsito hacia Estados Unidos, provenientes de Nueva Guinea, Ghana, y Haití varados en Tijuana, Baja California, a fin de evitar el riesgo de crisis humanitaria del que han alertado diversos organismos internacionales. A la Secretaría de Salud, para que implante un protocolo urgente de atención a las necesidades de salud, condiciones sanitarias y prevención de enfermedades, incluyendo la incorporación a los programas de vacunación con que se cuenta para la población nacional en las instituciones de salud y albergues, para personas migrantes de Tijuana, Baja California. Al Instituto Nacional de Migración, para que en el marco normativo vigente amplíe el término de estancia legal en el país a los inmigrantes africanos y del Caribe que se encuentran varados en Baja California, en tanto se resuelven sus solicitudes de asilo presentadas ante el gobierno de Estados Unidos y, en su caso, otorgue la protección complementaria a los inmigrantes que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado en el país. A la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a atender de manera prioritaria las solicitudes de refugio o ayuda complementaria que provengan de las personas migrantes africanas y del Caribe que se encuentren en tránsito en Baja California, y en el marco de sus facultades, gestione los recursos necesarios para garantizar las medidas de protección y asistencia que se requieran durante el tiempo que duren sus trámites. A la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para la protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a disponer las medidas necesarias para dar atención integral a los menores migrantes africanos y del Caribe que se encuentran en tránsito en Baja California. Al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a implantar medidas y programas urgentes para fomentar la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad en todos los órdenes que representan las personas migrantes, se fomente el respeto de sus derechos humanos y se eviten actitudes discriminatorias. Al Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República, a profundizar en investigaciones sobre denuncias de trata o tráfico de personas que se cometan contra la población migrante en tránsito por territorio nacional.

Por lo que compete al Instituto Nacional de Migración, me permito informarle que, sin excepción, se han brindado a todos los migrantes extranjeros que permanecen estacionados en Tijuana y Mexicali, Baja California, facilidades para permanecer en el país hasta que el gobierno de Estados Unidos les otorgue ingreso en su territorio para la gestión de solicitudes de asilo, toda vez que han obtenido turno para el efecto.

Además, durante febrero del presente año se han brindado información y orientación para trámite de reconocimiento de la condición de refugiado a 550 migrantes extranjeros y por razones humanitarias a 694, lo que ha derivado en la formulación de 376 solicitudes de condición de refugio que fueron canalizadas a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para su análisis y dictamen y 43 por razones humanitarias atendidas por la delegación federal del INM en baja California, iniciándose el proceso de emisión de tarjetas de visitante por razones humanitarias, por lo que los extranjeros varados en Tijuana y Mexicali podrán permanecer de forma indefinida en el país y obtener empleo.

Con datos a la fecha, permanecen en condición de estacionalidad temporal en Mexicali y Tijuana 3 mil 768 migrantes extranjeros en espera de ingresar en Estados Unidos, entre los que se incluye a los solicitantes de refugio y de estancia por razones humanitarias.

Respecto a las investigaciones sobre denuncias de trata o tráfico de personas que se cometan contra la población migrante en tránsito por territorio nacional, en los casos en que el Instituto Nacional de Migración, durante la realización de sus labores de control y verificación migratoria, detecta casos de presunta comisión de estos delitos, las personas involucradas son puestas a disposición de las autoridades de procuración de justicia para la realización de las investigaciones procedentes.

Sin otro particular, le reitero mis permanentes atenciones.

Atentamente

Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Manuel García García, coordinador de asesores de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio número SPMAR/ COORDAS/ 592/ 16, mediante el cual refiere el similar SELAP/ 300/ 3099/ 16, suscrito por el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, a través del cual comunica a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos el diverso DGPL 63-II-4-1521, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y mediante el cual se comunica el punto de acuerdo aprobado el 15 de diciembre de 2016 por el pleno de la referida Cámara. Al respecto, me permito señalar lo siguiente:

1. A partir de la entrada en vigor de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, se desvincularon el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria del procedimiento administrativo migratorio.

2. La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece los procedimientos en virtud de los cuales se realiza el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establece las bases para la atención y asistencia a los refugiados. La referida ley garantiza los derechos de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros que reciben protección complementaria.

3. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados cuenta con atribuciones para tramitar y resolver solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, en términos de lo establecido en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, así como en el acuerdo por el que se delegan facultades para ejercer las atribuciones en materia de refugiados y protección complementaria previstas en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, en favor del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, del coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del titular del Instituto Nacional de Migración; y de manera supletoria lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

4. Toda persona extranjera que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. La solicitud deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a su ingreso en territorio nacional y se presentan ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o bien, ante el Instituto Nacional de Migración, que canaliza la solicitud a la coordinación general para su correspondiente atención.

El procedimiento tiene una duración de 45 días hábiles, periodo en el que se garantizan la confidencialidad, no discriminación y la no devolución al país de origen o de residencia habitual en donde su vida, seguridad o libertad están amenazadas.

Una vez presentada la solicitud, salvaguardando el derecho a la no devolución, el extranjero no podrá ser devuelto a su país de origen en tanto se desarrolla el procedimiento de reconocimiento conforme al plazo establecido en la ley de la materia, para lo cual se emite a su favor una constancia de trámite.

Posteriormente, el personal de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados realiza las entrevistas necesarias a los solicitantes, de conformidad con el artículo 23 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Las entrevistas se desarrollan con arreglo al principio de confidencialidad y considerando edad y género de los solicitantes; en caso necesario se utilizan los servicios de un intérprete o de los especialistas que se requieran a efecto de garantizar la debida comunicación con los solicitantes.

En todos los casos, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores información sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante.

Posteriormente, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, considerando los elementos obtenidos en las entrevistas, así como la información objetiva relativa al caso particular, realiza el análisis técnico en virtud del cual se determina si se cumplen los elementos contenidos en la definición de refugiado establecida en el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, o bien, se cumplen los supuestos establecidos en el artículo 28 de la referida ley.

En tal virtud, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en términos de lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, emite una resolución escrita, fundada y motivada, mediante la cual resuelve respecto del reconocimiento o no de la condición de refugiado, o bien, del otorgamiento de protección complementaria.

5. Entre las atribuciones asignadas a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se encuentran las consistentes en el otorgamiento de asistencia institucional a solicitantes, refugiados y personas que reciben protección complementaria.

Para el cumplimiento de esta responsabilidad, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha establecido relaciones de colaboración con dependencias, organizaciones de la sociedad civil, instituciones u organismos internacionales que proporcionan apoyos directos en los rubros de atención que esta población requiere.

Lo anterior inicia con la identificación de necesidades de las personas, con cuya participación se elabora un plan de atención a seguir en forma temporal o incluso a fin de lograr la integración a la sociedad mexicana. Una vez identificadas estas necesidades de atención, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados establece contacto con las dependencias e instituciones, con la finalidad de ser atendidas y brindarles los servicios. Así las personas acuden directamente ante las instituciones a realizar los trámites para recibir los servicios.

La asistencia institucional puede gestionarse principalmente en las siguientes áreas:

• Trámites migratorios. Aunque principalmente se encuentra dirigido a la obtención de documentación migratoria que permita comprobar una regular estancia en México, también se apoya con el aviso por cambio de domicilio, reposición de documentos, entre otros.

• Asistencia social. Dirigido a obtener servicios relacionados con subsistencia, alimentación y alojamiento temporal.

• Salud. Gestión de atención en hospitales públicos y afiliación a servicios que brinda el Estado.

• Educación. Ingreso en escuelas públicas y revalidación de estudios, así como capacitación técnica para el empleo.

• Reunificación familiar. Apoyo para la internación en el país de familiares del refugiado, cuando se acredita el vínculo familiar, solvencia y dependencia económica de los familiares.

• Naturalización. Orientación y apoyo en la tramitación del procedimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Otros trámites, como la obtención de documento de identidad y viaje, en caso de no tener acceso a pasaporte del Estado de que se es nacional.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de enero de 2017.— Sandra Velasco Ludlow (rúbrica), coordinadora general.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-8-2841, signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/0281/17, suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fortalecer las acciones encaminadas a prevenir e inhibir la discriminación contra niñas, niños y adolescentes que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad en planteles de educación básica del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/051/17 del 12 de enero del presente año, por el que e1 maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, informó al maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario, el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que refiere al exhorto para fortalecer las acciones encaminadas a prevenir e inhibir la discriminación contra niñas, niños y adolescentes que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Sobre el particular, remito copia de los comentarios emitidos por el maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica; el doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal; y el licenciado Luis Velázquez López Velarde, coordinador general de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública, que dan respuesta al punto de acuerdo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2017.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de enlace con el Congreso de la Unión.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Mauricio Dávila Morlotte, titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario.— Presente.

Me refiero al oficio UR 120 JOS/CECU/089/17, dirigido a esta subsecretaría, mediante el cual se informa sobre el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que señala:

“Único. La Comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones encaminadas aprevenir e inhibir discriminación contra las niñas, niños y adolescentes que padecen déficit de atención e hiperactividad en planes de educación básica del país.”

Al respecto, me permito informarle a usted que la SEP promueve una atención educativa incluyente y de calidad de acuerdo a las características, capacidades y necesidades de los estudiantes, facilitando el desarrollo integral de todos las niñas, niños y adolescentes, particularmente de este grupo poblacional se le atiende a través de la educación especial, brindando un ambiente de respeto a la diversidad y la no discriminación.

Agradeciendo su amable atención, le envío cordiales saludos.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.— Maestro Javier Treviño Cantú (rúbrica), subsecretario de Educación Básica.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Héctor Ramírez del Razo, coordinador de asesores de la SEB.— Presente.

Por instrucciones de la maestra Elisa Bonilla Rius, directora general de Desarrollo Curricular y con relación a la atenta nota número SEB/UR300/CAS/0017/2017, referente al punto de acuerdo que tiene por objeto:

“Único. La Comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones encaminadas aprevenir e inhibir discriminación contra las niñas, niños y adolescentes que padecen déficit de atención e hiperactividad en planes de educación básica del país.”

Hago llegar la opinión de esta dirección general.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Licenciada Gabriela Tamez Hidalgo (rúbrica), directora de Fortalecimiento Curricular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

“Único. La Comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones encaminadas aprevenir e inhibir discriminación contra las niñas, niños y adolescentes que padecen déficit de atención e hiperactividad en planes de educación básica del país”, me permito comunicarle lo siguiente:

La Secretaría de Educación Pública promueve el derecho a la educación de todo el alumnado, prohibiendo cualquier tipo de discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, el modelo de atención educativa en México, está en marcado en el enfoque de inclusión, basado en el reconocimiento y respeto a la diversidad y en la adaptación del sistema educativo para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos; tomando en cuenta sus características, necesidades, intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, entre otros.

Por lo tanto, nos parece acertado y necesario ponen el énfasis en el valor a la diversidad, la no discriminación y los derechos humanos, cuestiones fundamentales cuando, se habla de inclusión en el sistema educativo. En este sentido, cabe señalar que los alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ya se consideran dentro de los que son atendidos por los servicios de educación especial, entre los que se encuentran las Unidades de Servicio de Apoyo a las Escuelas de Educación Regular, que brindan asesoría dentro de las escuelas de educación inicial y básica regular, los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, y los Centros de Atención Múltiple (CAM) que ofrecen atención en los distintos niveles de educación básica con adaptaciones a los planes y programas de estudio, así como en la formación para el trabajo para alumnos con distintos tipos de discapacidades en un mismo centro y/o grupo.

Finalmente, se considera indispensable alinear la política púbica que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a los alumnos que tienen el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo que implica la generación de condiciones de igualdad y la nula segregación de este grupo de la población. En este sentido, desde la SEP se reconoce la necesidad de seguir trabajando en la atención educativa de este grupo de la población a fin de fomentar la inclusión educativa de todo el alumnado y el pleno desarrollo en respuesta al ejercicio de sus derechos humanos en un marco de igualdad de oportunidades, con el fin de que construyan conocimientos, desarrollen habilidades de socialización y para la vida, que les permitan acceder a una mejor calidad de vida.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de enlace con el Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a la solicitud realizada a través del oficio SELAP/UEL/311/051/17, controlado con el número de registro UR 120 JOS/CECU/0090/17, referencia 0004-P, por el que la Unidad de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación informó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 11 de enero de 2017, señala:

“Único. La Comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones encaminadas aprevenir e inhibir discriminación contra las niñas, niños y adolescentes que padecen déficit de atención e hiperactividad en planes de educación básica del país.”

La Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de su competencia, citada en el Manual de Organización General de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, contempla en el Capítulo III y artículo 38, fracción XXVIII, las facultades de esta secretaría para emitir indicaciones, a las distintas instancias pertenecientes a su jurisdicción y competencia, acerca de temas que emanan del sector público federal y con ello llevar a cabo acciones procedentes para dar cabal cumplimiento al contenido del punto de acuerdo citado.

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de la Dirección de Educación Especial (DEE), realiza un programa dirigido a alumnas y alumnos que cursan la educación básica en la Ciudad de México, atendiendo a la diversidad en escuelas inclusivas, derivado del Marco de la Política Educativa Nacional, el cual se encuentra inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación vigente, participando con las modalidades y niveles de la educación y el cumplimiento con el derecho a la educación de todos los niños y las niñas en edad escolar bajo los principios de justicia, equidad e igualdad de oportunidades.

La DEE cuenta con unidades de educación especial y educación inclusiva y Centros de Atención Múltiple, las cuales enfatizan la necesidad de avanzar en el desarrollo de escuelas y aulas que asuman los postulados de la Educación Inclusiva, permitiendo la formación integral de los alumnos y alumnas, y el logro de sus competencias para la vida. Así como, reconocer, aceptar y respetar las diferencias de los alumnos y las alumnas como condición necesaria para dar respuesta a la diversidad a través de:

• Establecer un trabajo colaborativo ton los profesionales de la escuela, que garantice el acceso, permanencia y egreso de todos los alumnos y alumnas en su trayecto formativo, considerando los apoyos específicos que éstos requieran.

• Impulsar la evaluación como un proceso formativo y sistemático, que involucre activamente a los alumnos y alumnas y que considere los criterios diversificados para reconocer los avances, logros y retos de los menores.

• Establecer relaciones personales, profesionales y educativas en un marco de convivencia, entre docentes y alumnado, que permitan reconocer las condiciones particulares de cada alumno y alumna, sus intereses y sus inquietudes.

• Fortalecer la vinculación con los padres y madres de familia a fin de impulsar su participación en las aulas en beneficio del aprendizaje y la participación de sus hijos. Lo anterior, constituye una contribución de la DEE para la atención a la diversidad, como es el caso de alumnos y alumnas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, poniendo al centro el quehacer pedagógico, función propia de los profesionales de la educación.

El personal que labora en los planteles educativos trata con respeto a los alumnos considerando sus derechos de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ley del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. De igual manera, se considera la difusión, prácticas y orientaciones sobre actitudes contra la discriminación, apoyados por el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de enero de 2017.— Luis Ignacio Sánchez Gómez (rúbrica), titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-2845, signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SE/CGPP/ 18133/2017, suscrito por la licenciada Ingrid Gallo Montero, secretaria ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a instrumentar las medidas para homologar el precio de las gasolinas en la frontera norte del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Reguladora de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Hago referencia a su oficio número SELAP/3001085/17, recibido en la Oficialía de Partes de la Comisión Reguladora de Energía (la comisión), el 9 de enero de 2017, a través del cual hace del conocimiento de la comisión el acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual, en su acuerdo primero, menciona que “la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Reguladora de Energía, para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, evalúen y, en su caso, instrumenten las medidas para homologar el precio de las gasolinas en la frontera norte del país, con su referente en los Estados Unidos de América”.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que, de conformidad el artículo primero, fracción IV, del acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016, la comisión dará a conocer en su página de internet los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su periodo de aplicación previamente a su entrada en vigor, los cuales son previamente aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En virtud de lo anterior, en el ámbito de sus atribuciones, esta comisión estará atenta de la homologación que, en su caso, efectúe la SHCP y publicará lo procedente en la página de internet de la comisión.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 2, fracción IIII, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones I, II, III, XXIV y XXVII, y 25, fracciones V, VII y XI, 41, fracción I, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, párrafo segundo, 48, fracción II, 81, fracción I, inciso e), 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracción V, 7, 40 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracción III, y 24, fracciones II, III, XVII y XXXII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2017.— Licenciada Ingrid Gallo Montero (rúbrica), secretaria ejecutiva.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 63-II-2-1507, signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SCR/073/2017, suscrito por el licenciado Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaria de Turismo, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a continuar fortaleciendo las acciones, estrategias y campañas de difusión e información a nivel nacional e internacional, para promover los atractivos culturales e históricos del país en el extranjero.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría deTurismo.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/154/17, mediante el cual informa que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión emitió el punto de acuerdo que a continuación se transcribe para pronta referencia:

• La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que, en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, continúen fortaleciendo las acciones, estrategias y campañas de difusión a nivel nacional e internacional, para promover los atractivos culturales e históricos del país en el extranjero.

Sobre el particular, y toda vez que en el marco de las atribuciones encomendadas a la Subsecretaría de Calidad y Regulación, se ha designado a esta área como enlace para la debida atención de las solicitudes de carácter legislativo que sean competencia de la Sectur, me permito hacer de su conocimiento las iniciativas que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ha implementado, así como aquellas que están en y la de desarrollo, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE):

El CPTM ha aplicado esfuerzos en cuestión de promoción cultural, dando atención a los asuntos de promoción y mercadotecnia a nivel nacional e internacional de manera colaborativa con la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural de la Amexcid, de la SRE, entre otras dependencias gubernamentales.

En el marco de la COP13, evento llevado a cabo del 2 al 17 de diciembre de 2016, en la ciudad de Cancún. Quintana Roo, se desarrolló una campaña que promueve la megadiversidad natural y cultural de México, sustentada en los siguientes pilares de comunicación:

• Sabiduría ancestral

• Diversidad de culturas vivas

• Gastronomía

• Aventura y naturaleza

Dicha campaña estará vigente durante todo el año 2017, de acuerdo de los países que forman parte del Convenio de Convenio de Diversidad Biológica.

La campaña nacional Viajemos Todos por México, misma que de manera estratégica promueve los siguientes programas:

• Ciudades patrimonio

• Tesoros coloniales

• Pueblos mágicos

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.— Licenciado Salvador Sánchez Estrada (rúbrica), subsecretario de Calidad y Regulación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría deTurismo.

Licenciado Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo.— Presente.

En atención al oficio SCR/053/2017, en el cual hace de nuestro conocimiento la responsabilidad a su digno cargo como enlace de la Secretaría de Gobernación y en el cual informa el punto de acuerdo emitido por la comisión Permanente del Congreso de la Unión:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que, en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, continúen fortaleciendo las acciones, estrategias y campañas de difusión a nivel nacional e internacional, para promover los atractivos culturales e históricos del país en el extranjero.

Me permito hacer de su conocimiento, las iniciativas que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ha implementado, así como aquellas que están en vía de desarrollo, con la finalidad de dar atención a dicho punto de acuerdo.

El CPTM, ha aplicado esfuerzos en cuestión de promoción cultural, dando atención a los asuntos de promoción y mercadotecnia a nivel nacional e internacional e manera colaborativa con la dirección General de Cooperación Educativa y Cultural de la Amexcid, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras dependencias gubernamentales.

En el marco de la COP 13, evento llevado a cabo del 2 al 17 de diciembre de 2016, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se desarrolló una campaña que promueve la megadiversidad natural y cultural de México, sustentada en los siguientes pilares de comunicación:

• Sabiduría ancestral

• Diversidad de culturas vivas

• Gastronomía

• Aventura y naturaleza

Dicha campaña estará vigente durante todo el año 2017, por acuerdo de los países que forman parte del Convenio de Diversidad Biológica.

– Campaña nacional Viajemos todos por México, la cual, de manera estratégica, promueve los siguientes programas:

• Ciudades patrimonio

• Tesoros coloniales

• Pueblos mágicos

Sin otro particular y agradeciendo sus atenciones, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Licenciado Emmanuel Romain Ernest Rey (rúbrica), encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«DIF del Estado de Sonora.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por instrucciones de la ciudadana gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, me permito atender su oficio número DGPL-63-11-5-1805, en donde se sirve comunicamos sobre el acuerdo único aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión relativo al exhorto para impulsar la creación de institutos locales como organismos públicos descentralizados para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, manifestándole lo siguiente:

Que se aprecia y reconoce el interés de nuestros legisladores de apoyar y darle más fuerza a las personas con discapacidad y, por ello, se están preparando diversas reformas que abonen aún más a la causa. Esta entidad, por su parte, se encuentra trabajando de la mano con los legisladores locales para implementar todas aquellas medidas que beneficien a este sector tan importante de la población y que contribuyan a su desarrollo e inclusión. Esperamos en próximas fechas poder compartirle todos los avances y metas alcanzadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Hermosillo, Sonora, a 10 de febrero de 2017.— Licenciada Karina Teresita Zárate Félix (rúbrica), directora general del Sistema DIF Sonora.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su atención.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, y en atención a su oficio número DGPL-63-II-8-2752, con fecha de recibido 20 de diciembre de 2016, por el que exhorta lo siguiente:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente e las entidades federativas, para que, en ejercicio de sus atribuciones, den puntual cumplimiento a las disposiciones federales y estatales, a afecto de proteger eficazmente a las personas expulsadas de sus comunidades por causas de intolerancia religiosa y para que instruyan, a sus Procuradurías y/o Fiscalías a atender la debida integración de les averiguaciones previas y dar trámite a las denuncias que se presentan en materia de intolerancia religiosa.

”Segundo....”

Con base en lo anterior me permito manifestar que en el ámbito de la competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y del gobierno del estado de Guanajuato, hace extensivo que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el plano internacional las Declaraciones Universal de los Derechos Humanos, Americana de los Derechos del Hombre y sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión; en el plano nacional la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, en el estado de Guanajuato, la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, establecen un marco normativo de prohibición a la discriminación motivada por diversos orígenes, incluida la religión.

Dicho velo de protección tiene por objeto evitar cualquier menoscabo o anulación de los derechos fundamentales y libertades de las personas, promoviendo la defensa de su dignidad esencial y respetando la capacidad de las personas para desarrollarse y actuar de conformidad con sus creencias.

A raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el referido principio de libertad religiosa, contemplado en los artículos 1 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquellos que se le derivan, tal es el caso, por ejemplo, del principio de libertad de culto, poseen un efecto de irradiación que abarca a la totalidad del sistema jurídico mexicano y que impone, por tanto, obligaciones para su protección a las instancias del poder público, desde su respectiva esfera de atribuciones.

Por su parte, el artículo 21 de nuestra Carta Magna manifiesta que «La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público...» En tal sentido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, como instancia encargada por mandato constitucional de dicha función, hace efectivo el estado de derecho velando por la exacta aplicación de la ley, interviniendo en representación del Estado y de la sociedad en los casos legalmente establecidos, diseñando y operando estrategias de inteligencia en materia de investigación de los delitos, y promoviendo la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando así procede.

Bajo esa tesitura, nuestra representación social ejercita sus atribuciones en materia de persecución del delito, en total observancia del principio de legalidad, investigando la presunta comisión de conductas que presumiblemente actualizan las hipótesis legales que, partiendo de la naturaleza y gravedad de las mismas, se sujetan a los tipos penales perseguibles en el orden del fuero común.

Para ello, nuestra Procuraduría atiende todas las denuncias o querellas presentadas por la población, a efecto de integrar las carpetas de investigación correspondientes, y en su caso, ejercitar la acción penal de conformidad con las reglas procesales observables, a través de las estructuras organizacionales diseñadas para favorecer la cultura de la denuncia, la investigación científica del delito, la no impunidad y la no replicación de las conductas antisociales.

Entre dichas políticas institucionales se encuentran:

• Módulos de atención primaria: en los cuales hemos materializado el compromiso de atender al minuto de arribo de la persona usuaria, de manera oportuna y empática, brindando la orientación y canalización necesaria, ya sea para activar la operación de la maquinaria del Ministerio Público (a través del inicio de la carpeta de investigación conducente e, incluso, mediante la expedición de actas de atención y circunstanciadas, cuando así se solicite y resulte procedente de conformidad con la legislación aplicable) o, en su caso, para brindar la asesoría suficiente para que el solicitante acuda ante las instancias con competencia para el conocimiento de su asunto.

• Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito: área encargada de atender, orientar y asistir oportunamente y con inmediatez a las personas víctimas y ofendidas del delito, que requieran apoyo legal, psicológico, social y económico, así como a sus familiares.

• Unidades de investigación especializadas fijas y móviles: las cuales se erigen como una célula que permite aprovechar la profesionalización de sus integrantes, además de que fomentan el sentido de identidad del grupo investigador, la atención a víctimas, el combate a los delitos y la política de resultados y responsabilidad común. En razón de su novedad y ejemplo de actuación eficiente, las unidades de investigación especializada permiten una interacción dinámica entre el Ministerio Público y sus órganos auxiliares e, incluso, tratándose de las unidades móviles conlleva el traslado de la trilogía investigadora al lugar; de los hechos, para su conocimiento directo y desahogo de diligencias básicas correspondientes.

• Agencia de Investigación Criminal: la cual tiene por objeto la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de acciones, así como la recolección, análisis, correlación y diseminación de información, para combatir táctica y estratégicamente al delito, fortaleciendo las capacidades institucionales, mediante esquemas de inteligencia, tecnológicos, científicos y forenses que respalden la investigación del delito.

La aplicación «Procúrate y asegúrate», misma que se integra por cuatro herramientas (ProcuraWeb, ProcuraTel, ProcuraCel y ProcuraApp), disponible de forma gratuita para los sistemas Android e iOS. Gracias a este desarrollo informático, la ciudadanía cuenta con mayores alternativas para reportar situaciones de riesgo o presuntamente constitutivas de delito, se favorece la percepción de seguridad y adelantamos la implementación de modelos novedosos, que se toman como referencia en todo el país, para combatir la delincuencia. Precisamente, dentro de las ventajas con que cuenta nuestra plataforma, se destaca la posibilidad de ubicar la Agencia del Ministerio Público más cercana, realizar denuncias fotográficas, reportes de robo de vehículo, extorsión o personas no localizadas, así como conocer el estatus de investigaciones iniciadas, entre otros servicios que facilitan substancialmente el acceso a los sistemas de pro curación de justicia en Guanajuato.

• Contamos con el Centro de Atención y Servicios: a través del cual, derivado de su integración y operación bajo la modalidad call center, se ofrecen servicios de recepción y atención de denuncias telefónicas, bajo una visión de calidad, comprometida con un adecuado servicio.

Asimismo, hemos expedido el Acuerdo 2/2011, por el que se establecen políticas de atención al público, especialmente en favor de los grupos vulnerables, en la Procuraduría General de Justicia del Estado, mismo que contempla políticas generales de atención al público que permitan promover la consolidación de una cultura de servicio humanista, cálido y de calidad, que garantice el ejercicio pleno de derechos, el respeto a la dignidad de las personas y el apego a la legalidad, con igualdad de oportunidades para acceder a la procuración de justicia y demás servicios que brinda la institución.

En ese sentido, gracias a ese moderno diseño institucional y a la atención permanente que nuestra representación social brinda al principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se otorga un tratamiento igualitario a las partes, donde no se admite discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

No omito patentizar, como se ha venido observando, que en Guanajuato el derecho a una debida procuración de justicia se encuentra plenamente garantizado, para cualquier persona con independencia de su religión, pues contamos con mecanismos de investigación, atención y servicio neutros, accesibles para cualquier persona que busca la restitución de sus bienes jurídicos.

Finalmente, resulta apropiado señalar que el titular de esta representación social, por medio de oficio dirigido a las subprocuradurías regionales y especializadas, a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, así como a la Agencia de Investigación Criminal, ha compartido el contenido del punto de acuerdo en cita para conocimiento y atención conducente, de conformidad a las atribuciones que nos son propias.

Las anteriores acciones, entre otras que el gobierno del estado de Guanajuato realiza a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, a favor de atender con la mayor prontitud la debida integración de las averiguaciones previas y dar trámite a las denuncias correspondientes.

Reciba un saludo y a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 1o. de febrero de 2017.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Junta de Coordinación Política.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Comisión Nacional del Agua.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero a su oficio número DGPL 63-II-2-1360, mediante el cual envía el punto de acuerdo en que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a llevar a cabo los estudios físico-químicos que permitan determinar la potabilidad del líquido de Agua Caliente, Jalisco.

Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de la Conagua, le adjunto la comunicación enviada por la Subdirección General Técnica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Comisión Nacional del Agua.

Maestra Liliana Marrufo Vázquez, coordinadora de asesores adjunta.— Presente.

Me refiero a su memorando número B00.00.01.- 022, de fecha 16 de enero del año en curso, mediante el cual envía a la Subdirección General Técnica el exhorto que realizó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a la Conagua a llevar a cabo los estudios físico-químicos que permitan determinar la potabilidad del líquido de Agua Caliente, Jalisco.

Al respecto, anexa a este memorando envío usted una nota informativa sobre las condiciones geohidrológicas del acuífero, así como el análisis de calidad del agua que se han realizado en la fuente de abastecimiento de la comunidad Agua Caliente, Jalisco.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de enero de 2017.— Ingeniero Enrique Mejía Maravilla (rúbrica), gerente de Calidad del Agua.»

«Comisión Nacional del Agua.

Nota técnica

Por acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se solicita a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno de Jalisco llevar a cabo los estudios físico-químicos que permitan determinar la potabilidad del agua de la comunidad de Agua Caliente, Jalisco, y proporcionar asistencia médica a quienes padecen insuficiencia renal.

Agua Caliente se abastece del pozo Chalpicote, cuya extracción de agua proviene del acuífero de Chapala. El agua subterránea de este acuífero pertenece a la familia cálcica magnésica bicarbonatada, con presencia local de tipo sódico bicarbonatada, correspondiente al flanco occidental de la cuenca y más localmente sódico sulfatada clorurada, en el extremo lado poniente del acuífero.

El 13 de septiembre de 2016, la Conagua realizó un muestreo en el pozo de abastecimiento y el laboratorio de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) llevó a cabo los análisis físico-químicos.

Los análisis de calidad del agua consideraron parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAl-1994 (2000) de la Secretaría de Salud, con la que se evalúa la calidad del agua de uso y consumo humano. Los resultados reportados por el laboratorio de la CEA se muestran en la tabla 1, donde se observa que ninguno de los parámetros rebasa los límites permisibles.

Aun cuando se cumple la norma, la población insiste en que el agua de este pozo es causante del problema de insuficiencia renal, por lo que han solicitado la perforación de un nuevo pozo profundo que sustituya al Chalpicote.

Derivado de lo anterior, la CEA, en coordinación con la Conagua (Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico) ha iniciado la perforación de un nuevo pozo, al norte del poblado, que aprovechará agua del acuífero Poncitlán.

Finalmente, considerando que la calidad del agua no es la causa de la insuficiencia renal que padece la población de Agua Caliente, la Secretaria de Salud debe realizar los estudios que permitan determinar las causas de dicha enfermedad y, con base en ello, realizar las acciones necesarias para resolver esta situación de salud pública.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La diputada Araceli Madrigal Sánchez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido a la curul de la diputada Araceli Madrigal Sánchez. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Gracias presidente. Sólo para informar a este pleno que hoy en la Comisión de Salud se debatió un tema en relación a la reconstrucción mamaria de aquellas mujeres que han sufrido cáncer de mama y que han librado esa batalla, que han sobrevivido. Es lo menos que podemos hacer por ellas. Lamentablemente nuestras compañeras y compañeros del PRI y del Verde Ecologista, votaron en contra y después abandonaron el pleno.

No es posible que las mexicanas tengan que sufrir por intereses personales y partidistas. Lo menos que podemos hacer es terminar su tratamiento de una enfermedad que las deja dañadas física y emocionalmente.

Presidente, desde aquí hago un llamado de nuevo a mis compañeras y compañeros del PRI y del Verde Ecologista, que tengan la sensibilidad con las mujeres mexicanas que han sufrido de cáncer mamario.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Si ellos no quieren votar a favor, nosotros sí.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le pido haga llegar esa solicitud al presidente de la comisión para el trámite correspondiente. Sonido en la curul del diputado Miguel Salim. Adelante diputado.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para hacer del conocimiento de este Congreso, de esta Legislatura, que el pasado 6 de mayo en la Permanente hubo un punto de acuerdo, por unanimidad senadores y diputados, el pasado 6 de mayo del año pasado, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hiciera una revisión al grupo aeroportuario del pacifico, al aeropuerto del bajío en la concesión. Quiero sentar que el señor secretario de comunicaciones y transportes no ha hecho caso omiso, no ha tenido una sola contestación.

Por eso el pasado miércoles, presenté al auditor superior de la federación, al señor Juan Manuel Portal, que se hiciera una auditoría al Grupo Aeroportuario del Pacífico, para ver cómo están las inversiones. Y pido al señor secretario Ruiz Esparza que haga caso de esta soberanía, porque desde el 6 de mayo no ha contestado este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle (desde la curul): Esto lo hago para que quede sentado en el libro de debates. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta dentro de expresiones registradas, diputado. Sonido en la curul del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias presidente. Solamente insistir en que el orden del día se vulnera con estas intervenciones de asuntos generales misceláneos, etcétera.

Como en el caso de la Comisión de Salud, donde no se dice de las opiniones en contra de distintas secretarías respecto a ese dictamen. Y la necesidad de poner en orden el proceso, cosa que reconocemos la voluntad del presidente de la comisión.

No se trata de votar para adornarnos, se trata de hacer realidad las cosas. Qué bonito aplaudir hoy, y que luego no se puedan cumplir. Esa no debe ser la tarea del Congreso mexicano, y es imperativo que pongamos rigor en la dictaminación. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino Vargas. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Sí, presidente. Para informar al pleno que presentamos un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Michoacán para que nos informe qué medidas de austeridad ha tenido en este 2016, puesto que al haber hecho un informe y un análisis del informe que la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado presentó nos dimos cuenta que en el 2016 hubo un gasto superfluo de más de 679 millones de pesos en varias acciones, como es: en la publicidad, en alimentos y comidas, en la renta de helicópteros, en giras estatales, naciones e internacionales, en gasto de gasolina, turbosina, etcétera, etcétera. Termino, termino, termino, presidente...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, este punto de acuerdo que usted está exponiendo...

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Termino, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ya está en el orden del día y le pido que si desea debatirlo en tribuna lo solicite directamente en la Junta de Coordinación Política.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Termino, presidente. Nada más...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está inscrito en el numeral número dos del orden del día del día de hoy.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Nada más quería informar, presidente, porque necesitamos nosotros que todos los actores políticos asumamos medidas de austeridad y no nada más la federación o los municipios...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado...

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Sino también los gobiernos de los estados.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le reitero que su punto de acuerdo ya está inscrito en el orden del día para su discusión.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Okey. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias a usted, diputado.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Daniel Ordoñez. ¿Dónde está el diputado Ordoñez? Ya. Adelante, diputado. Sonido.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): Bueno, bueno.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): Sí. Ojalá y por ahí esté el diputado todavía, el diputado Marín. Y es muy triste lo que pasó en salud, precisamente recordemos cuando la iniciativa fue presentada, que se sumaron muy alegres todos los diputados del PRI, del Verde, ahí a firmarla, hicieron cola, hicieron sus panchos para subir a firmarla, y a la hora de votarla no la votan. A la hora de votarla se salen. Dice el diputado que no hay que votar cosas.

Miren, en esa ocasión presentaba que en seis meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación por concepto de telefonía fija y mantenimiento a vehículos había gastado 176 millones. Esto costaría la masectomía que sufren las mujeres que tienen este problema terrible, si el Estado se hiciese cargo de esto se gastaría 160 millones de pesos anuales.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado...

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): O sea que no nos venga con cosas el diputado Marín, que votamos no sé qué y que al rato...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ya se registraron esas expresiones, diputado...

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): Bueno, está bien. Era nada más para contestarle.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): Porque a él sí lo dejan hablar y dejan que acabe, porque él no sé de qué privilegios goza...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): A él por qué no le dijo: gracias. A él. Ah, verdad.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, ya quedaron registradas sus expresiones. Muchas gracias.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): Dígale parejito amigo, no a todos, nada más a uno.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Ramírez Nachis. Adelante, diputada.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Lo único que yo repelo y estoy en contra es en el vacío que hicieron en la Comisión de Salud hoy por no hacer un capricho.

Votamos cuatro dictámenes de la fracción del PRI a favor, únicamente en un dictamen ellos están en contra por el presupuesto y por la tía de las muchachas. Siempre es lo mismo, presidente, nos hacen vacío en las comisiones, nos boicotean y no nos dejan avanzar. Alguien tiene que meterlos en cintura, porque el pueblo de México nos trajo aquí a trabajar y a legislar.

Como mujer estoy consciente que la reconstrucción en el caso de cáncer de mama es una prioridad para todas aquellas que tienen la desventura de cruzar por esa enfermedad, y como legislador es nuestra obligación buscar que se cumplan esas necesidades de las personas que se encuentran en estado de necesidad.

Por eso estoy totalmente molesta e incómoda, porque siempre la aplican así. Estoy en dos comisiones y no acuden y no van a sesionar y no podemos avanzar, presidente. Alguien tiene que meter en cintura a quienes no quieren trabajar por México. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. ¿Hay alguien más con la mano alzada? Aquí. Jesús Valencia. Adelante, diputado.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Quizá parezca un tema misceláneo, pero es mi obligación como legislador comentarlo. Desde este espacio quiero hacer un llamado público a las autoridades del estado de Hidalgo, principalmente al gobernador, al titular de la Procuraduría de Justicia del estado, del DIF estatal y por supuesto al representante del sistema estatal de protección de niñas, niños y adolescentes, a efecto de que implemente las medidas cautelares y de protección de derechos conforme a la ley, para que puedan prohibir la realización del certamen Mini Belleza Latina Hidalgo, el cual se promueve por diversos medios, entre ellos las redes sociales, que se celebrará su casting el 14 de marzo próximo.

Lo anterior, toda vez que este tipo de concurso atenta contra la dignidad de las niñas y viola sus derechos al pretender estereotipar y cosificar a las niñas que ahí participan, lo que puede derivar en víctimas de delitos sexuales por la sobreexposición de su imagen.

Por ello se exhorta y se realiza de manera urgente, a efecto de que se implementen las medidas necesarias y que el resto de los gobiernos estatales, toda vez que la convocatoria está en 14 entidades de la República, puedan establecer las acciones de protección urgentes para evitar la realización de concursos de esta naturaleza, especialmente de este concurso Mini Belleza Latina, que se está llevando en 14 entidades de la República.

Pido a la Procuraduría General de la República para que pueda abrir una carpeta de investigación, a fin de verificar que no se esté llevando a cabo un hecho presumiblemente de trata de infantes. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Le pido que este exhorto se dirija a la Junta de Coordinación Política, para que lo podamos hacer propio de esta Cámara de Diputados.



LICENCIA

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por éste conducto le envió un cordial saludo, al tiempo que solicito licencia por tiempo indefinido, para ausentarme a partir del 28 de febrero del 2017.

Sin otro particular, para los efectos que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo a 28 de febrero del 2017.— Diputado Fidel Cristóbal Serrato (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría, someter a consideración de la asamblea el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Fidel Cristóbal Serrato, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el segundo distrito electoral del estado de Nayarit, a partir de esta fecha.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada. Comuníquese.

Se recibió comunicación de la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta del Grupo de Amistad México-Cuba, relativo a la XVI Reunión Interparlamentaria de México con Cuba, que se llevó a cabo del 16 al 18 de febrero del año en curso. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ello.



COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Francisco Martínez Neri, Presidente de la Junta de Coordinación Política.— Presente.

Estimado diputado Martínez Neri:

Como es de su conocimiento, del 16 al 18 de febrero pasado, se llevó a cabo la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba en la que se abordaron diversos temas de interés para ambas naciones por parte de las delegaciones del Congreso de la Unión de México y de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. Producto de esa sesión de trabajo, se emitió una declaración conjunta en la cual se refrendó el compromiso de los dos países para privilegia los vínculos de amistad y solidaridad, basados en el principio de autodeterminación de los pueblos y la cooperación para el desarrollo.

De manera particular destaca que las delegaciones participantes se manifestaron a favor de la solución pacífica de las controversias entre Estados y por el pleno respeto del derecho internacional, por lo que condenan enérgicamente los discursos xenofóbicos del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, los cuales se traducen en políticas migratorias que atentan contra la dignidad del pueblo mexicano y expresan su rotundo rechazo a la construcción de un muro en la frontera con México pues representa un acto de hostilidad contra los países de América Latina y el Caribe. De igual forma, la delegación cubana expresa su absoluta solidaridad y respaldo al país hermano de México y exige un trato basado en la igualdad de los Estados y el respeto a la dignidad de su pueblo.

Por ser un tema de trascendencia, le solicito gire sus apreciables instrucciones para que, a través del órgano que preside; se autorice dar lectura en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 23 de febrero. Le adjunto copia de la declaración suscrita de dicha declaración conjunta para los efectos que haya lugar.

Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica), Presidenta del Grupo de Amistad México-Cuba.»

« XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba

Las delegaciones del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba realizaron la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba en la Ciudad de Mérida, Yucatán, los días 16, 17 y 18 de febrero de 2017.

Ambas delegaciones convinieron emitir la presente Declaración Conjunta:

México y Cuba cuentan con una relación diplomática fructífera que se ha mantenido de forma ininterrumpida desde 1902, misma que entraña una afinidad histórica y cultural que privilegia los vínculos de amistad y solidaridad entre ambas naciones, misma que se ha basado en el principio de autodeterminación de los pueblos y la cooperación para el desarrollo.

Desde 1996, ambas naciones han sostenido reuniones interparlamentarias que han impulsado la relación bilateral y se ha traducido en una interacción y cooperación cada vez más profunda y cercana, que reafirma el principio de vecindad común con base en los valores de libertad y soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Las delegaciones expresan su voluntad para trabajar de manera conjunta con el propósito de cristalizar los acuerdos alcanzados, a fin de que se traduzcan en acciones que beneficien el desarrollo de los dos países y en beneficio de sus pueblos.

En ese contexto, las delegaciones participantes respaldan la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en La Habana en enero de 2014 en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y demandan que sea respetada por todos los Estados en sus relaciones con los países de la región. De igual forma, exhortan a las y los parlamentarios del mundo a ejercer su vocación pacifista y a contribuir al cumplimiento de sus postulados.

Las delegaciones se manifiestan a favor de la solución pacífica de las controversias entre Estados y por el pleno respeto del derecho internacional, por lo que condenan enérgicamente los discursos xenofóbicos del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, los cuales se traducen en políticas migratorias que atentan contra la dignidad del pueblo mexicano y expresan su rotundo rechazo a la construcción de un muro en la frontera con México pues representa un acto de hostilidad contra los países de América Latina y el Caribe.

La delegación cubana expresa su absoluta solidaridad y respaldo al país hermano de México y exige un trato basado en la igualdad de los Estados y el respeto a la dignidad de su pueblo.

Ambas delegaciones manifiestan su compromiso con los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados adoptados en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1970, que enumeran: proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales, solución pacífica de controversias, no intervención, cooperación para el desarrollo, igualdad soberana entre los Estados, así como el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas por los países.

En consecuencia, la delegación mexicana se pronuncia en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto unilateralmente por los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba; ambos Parlamentos hacen un respetuoso llamado al Congreso de dicho país para que cumpla las sucesivas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que atienda a los reiterados llamados de la Comunidad Internacional para poner fin a esa política que es contraria al Derecho Internacional, causa daños cuantiosos e injustificables al bienestar del pueblo cubano.

Por otra parte, la delegación mexicana manifiesta su deseo y ofrece su colaboración para que continúen los esfuerzos hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de América.

En concordancia con la Declaración Especial No. 7 de la V Cumbre de la CELAC suscrita por las y los Jefes de Estado y de Gobierno, consideramos que un elemento relevante en dicho proceso de normalización debe ser la devolución inmediata a la República de Cuba del territorio que ocupa la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo.

Las delegaciones parlamentarias reconocen que la relación entre México y Cuba trasciende nuestra historia común y se proyecta en importantes actividades económicas, comerciales, educativas, culturales, deportivas, turísticas y de cooperación que fortalecen los lazos de hermanamiento entre los pueblos de ambas naciones, particularmente con las entidades federativas del sur del país.

Además, las y los legisladores participantes reconocen la necesidad de compartir experiencias en materia de legislación y políticas públicas exitosas en materia de protección a la niñez, la juventud y las mujeres, además de la prevención y combate de la trata de personas.

Ambos Congresos reconocen que existe un importante potencial para el intercambio de servicios, equipos y productos en el campo de la salud que debe ser aprovechado entre ambas naciones, por ejemplo, los programas de medicina familiar por su enfoque eminentemente preventivo por resultar más eficientes.

También expresan su disposición para impulsar la cooperación en la materia a fin de que se fomente la oferta de paquetes de servicios de salud que incluyan productos farmacéuticos y biotecnológicos, así como equipos y aditamentos combinados con la capacitación de personal de salud y la prestación de sus servicios que contribuyan al desarrollo de programas de atención integral en beneficio del estado de salud de las personas.

En materia educativa y cultural, las delegaciones participantes se comprometen a fomentar los trabajos de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural que tiene su base en el Convenio de Intercambio firmado en 1974 y en el Convenio de Cooperación en los campos de Educación, Cultura Física, Juventud, Cultura y Deporte entre la República de Cuba y los Estados Unidos Mexicanos firmado en abril de 2012 y vigente por 10 años.

La delegación del Congreso de la Unión de México destaca la importancia de promover la instalación en este país de la “Casa Cuba” para fomentar el intercambio de la literatura, las artes escénicas, la música, el audiovisual, las artes plásticas, las artesanías y todas las expresiones culturales de las dos naciones, así como para impulsar la colaboración para la protección del patrimonio cultural material e inmaterial de ambos pueblos.

En ese tenor, ambas delegaciones manifiestan su compromiso para impulsar y promover la aplicación del Acuerdo de Cooperación sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior suscrito entre México y Cuba e incrementar, de manera sostenida, el intercambio académico y científico entre nuestros países.

Las delegaciones participantes reconocen la importancia de los flujos comerciales entre ambas naciones para lograr avances en los sectores productivos, por lo que identifican como áreas potenciales para el desarrollo conjunto la Zona Especial de Desarrollo Mariel en Cuba y las Zonas Económicas Especiales en México. Se comprometen a impulsar la implementación de mecanismos de cooperación para el cumplimiento de sus objetivos, promoviendo la participación de todos los sectores sociales a fin de que se logren reducir las brechas de desigualdad regionales, creando polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen empleos, detonen una demanda de servicios locales y, sobre todo, otorguen beneficios a la población.

Ambos Congresos coinciden en la necesidad de aumentar la productividad e inversión en ambas naciones, a través del cumplimiento de lo establecido en el marco jurídico bilateral que sustentan la relación comercial entre México y Cuba, buscando el máximo beneficio para el desarrollo de los pueblos y de sus sectores productivos. En ese sentido, subrayan la importancia de incorporar la promoción del turismo, poniendo énfasis en la modalidad de multidestino.

Además, reconocen la importancia de colaborar en las áreas de la prospección petrolera, las energías renovables y las fuentes alternativas, así como fomentar las inversiones a favor de la protección del medio ambiente.

La delegación mexicana reconoce el papel del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en la historia latinoamericana y en la configuración geopolítica mundial del Siglo XX, además de su carácter de promotor para la integración regional.

Con el fin de dar cumplimiento de los compromisos adoptados en la XVI Reunión Interparlamentaria celebrada en 2017 en la Ciudad de Mérida, Yucatán, ambas delegaciones se comprometen con la instalación de un Mecanismo de Seguimiento de Acuerdos de las Reuniones Interparlamentarias, cuyo objeto será impulsar el cumplimiento de lo acordado y fortalecer los alcances de la diplomacia parlamentaria.

En dicho mecanismo participarán por México, la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe del Senado de la República, así como la Comisión de Relaciones Exteriores y el Grupo de Amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados; mientras que, por Cuba, participará la Comisión de Relaciones Internacionales y el Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-México de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las partes podrán realizar consultas a sus respectivos Gobiernos, así como a los sectores empresariales, académicos y sociales relacionados con los rubros que se aborden. El Mecanismo se reunirá en abril y septiembre de 2017 en Cuba; y en noviembre de 2017 en México.

Finalmente, las delegaciones parlamentarias reconocen y agradecen el apoyo de los Poderes Constitucionales del Estado de Yucatán y del Ayuntamiento de Mérida para la realización de la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba y acuerdan que la próxima reunión se realice el año próximo, en la República de Cuba.

Suscriben

Dado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, a los 18 días del mes de febrero de 2017.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica), Presidenta del Grupo de Amistad México con Cuba de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión;senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión; diputado Esteban Lazo Hernández (rúbrica), Presidente de la Asamblea Nacional Poder Popular de la República de Cuba.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La diputada Maricela Contreras Julián(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Maricela Contreras Julián. Adelante, diputada. Sonido en la curul de la diputada Maricela Contreras Julián.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Presidente, quiero agradecer al gobernador Rolando Zapata Bello, todas las facilidades prestadas para la reunión del Grupo de Amistad; a la diputada Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Coordinación Política del Congreso local; a Mauricio Vila Dosal, presidente municipal de Mérida.

Quiero destacar que en estos acuerdos se da el primer respaldo oficial de otro país hacia México, contra los ataques que ha hecho el presidente de Estados Unidos a México y se rechaza la construcción del muro.

También agradezco a mis compañeras y compañeros del grupo de amistad y a la participación del Senado. Asimismo, quiero agradecer a usted, al diputado Francisco Bolaños y al diputado Francisco Martínez Neri, todo el apoyo que nos dieron para la realización de este espacio. Decir que buscamos que fuera una reunión del más alto nivel y contamos con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba.

Decir que para nosotros ha sido muy importante este trabajo que hemos realizado y como un mecanismo de austeridad de esta Cámara de Diputados de los recursos asignados para esta reunión interparlamentaria México-Cuba, estaremos reembolsando a la Cámara de Diputados 138 mil pesos que restaron después de los gastos realizados. Muchísimas gracias por el apoyo de esta Cámara.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Contreras Julián. Soy amigo del diputado Martínez Neri, no tocayo todavía; Francisco no, yo soy Javier. Gracias. Sonido en la curul del diputado Moctezuma. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada para hacer el comentario en relación a la propuesta que presentó el diputado Jesús Valencia, en una sugerencia amable que le hizo al gobierno del estado de Hidalgo, al gobernador Omar Fayad, para atender la cancelación de un evento para realizarse y que fue atendido de inmediato. Le comento, tanto a él como a las diputadas y diputados, que ha sido cancelado este evento en razón a la protección de la niñez en México, y de esta manera Hidalgo da respuesta a estas peticiones.

Segundo punto, señor, para felicitarlo a usted en su calidad de presidente por todo el trabajo que ha venido realizando. Nuestro reconocimiento de la fracción hidalguense a su responsabilidad, a su trabajo con ética que ha venido trabajando en esta Cámara. Muchas felicidades, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado, se lo aprecio mucho. Gracias. Esta Presidencia saluda a alumnos y padres de familia de la primaria República de Tasmania, invitados por el diputado Rafael Hernández Soriano. Bienvenidas y bienvenidos. Igualmente, a estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco, invitados del diputado Jesús Emiliano Álvarez López. Bienvenidos igualmente a San Lázaro.

Saludamos a alumnos y profesores de la Universidad de Veracruz, invitados del diputado Cuitláhuac García Jiménez. Bienvenidos. Al CETIS Miguel Hidalgo y Costilla, colonia Leyes de Reforma, invitados del diputado vicepresidente Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, bienvenidos; a estudiantes de Bachillerato Universal Prepa Sí, invitados de a diputada Cecilia Guadalupe Soto González; igualmente bienvenidos.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul precisamente de la diputada Cecilia Soto. Adelante, diputada.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Muchas gracias, diputado Bolaños. Son dos cosas. La primera, quiero reiterar la misma protesta que hice hace una semana, en ocasión de la invitación del canciller Videgaray a la Jucopo, en este caso la invitación al secretario de Gobernación Osorio Chong, a la Jucopo. La Jucopo no es una comisión, no es el pleno; es incorrecto que se sustituya a labor sustantiva de los cuerpos orgánicos de esta Cámara de Diputados por una conversación con los coordinadores.

Sé muy bien, no me lo tienen que recordar, sé muy bien que el diputado Martínez Neri, a quien admiro y respeto, es el presidente de la Junta de Coordinación Política; aun así disiento y me parece que esta Cámara de Diputados nuevamente se debilita frente al Poder Ejecutivo buscando proteger a los secretarios de Estado de lo que tienen que hacer, hacer política y comparecer. Si no quieren ver fantasmas, que no salgan de noche; si no quieren tener controversias, que no sean secretarios de Estado; primera cosa.

Segunda cosa: lo felicito por su labor como presidente. Tengo entendido que va a terminar pronto, pero quiero expresar mi contento porque vamos a tener a una mujer presidenta, la diputada Murguía, porque en todas las fotos de los actos protocolarios importantes como por ejemplo el Centenario de la Constitución del 17, aparecen sólo hombres, porque son los hombres los que presiden los actos, los cuerpos importantes legislativos o secretarías de Estado. Entonces en la foto de la Constitución del 17 no sabíamos si era 1917 o 2017 porque eran puros hombres. Me da mucho gusto diputada que vaya a estar y que nos represente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Soto. Todavía no me voy, todavía no. Muchas gracias.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Miguel Ángel Sulub Caamal, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del Estado de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La posesión y portación de armas se reconocen como una garantía para la seguridad y legítima defensa de las personas. Un derecho público subjetivo que coadyuva al logro de la seguridad pública, con condiciones y requisitos para autorizar la portación de armas...

La posesión de armas se refiere a la tenencia de armas dentro del domicilio mientras que la portación implica un traslado. Respecto de esta última existen restricciones; “la primera se refiere al tipo de armas que están prohibidas y la jurisprudencia las define con base en la legislación penal; La segunda restricción es que debe sujetarse a las limitaciones que la paz y la tranquilidad exijan. La portación de armas puede darse únicamente con el permiso o licencia relativa en los lugares autorizados, previo cumplimiento de requisitos y condiciones derivadas de la ley.”

Para el caso de la posesión se define la prohibición expresa de que sea indebida.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando se violenta la posesión y la portación debida por parte de la población?

De acuerdo con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio se necesita la orden de un Juez de Control de armas de fuego de uso exclusivo, para vincular a proceso y como medida cautelar, obtener prisión preventiva por posesión o portación de arma de fuego sin el permiso correspondiente; con lo que el representante Social de la Federación adscrito busca conseguir sentencia condenatoria del imputado.

Como se puede apreciar, para esta violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos; ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, procede prisión preventiva oficiosa a quienes cometan este acto, lo que sin lugar a dudas hace débil la certeza jurídica en el actuar de la autoridad para casos como este, que en el país son recurrentes.

La discusión jurídica se centra en que en el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva, cuando se presenta el imputado ante el juez se descubre que no se requiere retenerlos, con lo que salen libres.

Estamos hablando de una vacío donde la autoridad, llámense fuerzas federales, estatales, municipales o el propio Ejército, se empeñan y se arriesgan al detener a las personas armadas en el país, para que después en automático salgan y lleven sus procesos en libertad.

Nos referimos a una situación que inclusive pone en riesgo a la autoridad y la deja vulnerable por dos frentes; represalias de parte del propio imputado y sanciones derivadas de supuesta violación de derechos en la propia detención del entonces implicado ante la falta de contundencia en la ley.

También debemos tener conciencia que existen dos tipos de infractores, aquellos que son personas comunes que infringen la norma al portar sin permiso un arma de fuego, que por cierto casi siempre la llevan consigo para defensa personal, de manera ocasional o fortuita; y por otro lado, aquellos que pretenden o han cometido algún ilícito o que su actividad es delinquir.

La presente iniciativa busca centrar el esfuerzo de la prisión preventiva en estos últimos, que al final al ser liberados solamente alargan el período en que en libertad continúan haciéndole daño a la sociedad.

Teóricamente sin embargo, existen límites y elementos en la prisión preventiva que si bien no son tan rígidos como en el arraigo, si merecen consideración.

La regla general debiese ser la libertad del imputado o procesado mientras se resuelve su responsabilidad penal. Es este sentido se define que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva, por lo que no puede ser impuesta per se.

Es por tal que se debe realizar una reflexión de proporcionalidad entre la prisión preventiva, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Sin este ejercicio la medida será considerada arbitraria y violatoria a los derechos humanos.

Pero qué tal si pudiéramos expresar en la ley las razones comunes o evidentes por las que en la actualidad se otorga, convirtiéndola en oficiosa en ciertos supuestos, otorgando certeza legal al individuo, seguridad a la propia sociedad y fortaleciendo el actuar de la autoridad.

¿Cómo podríamos lograr la distinción apropiada?

La respuesta es simple, por el calibre y longitud de las armas que se le descubren al retenido y por la reincidencia o la existencia de antecedentes penales.

Son dos supuestos donde se reconoce que no es lo mismo descubrir a una persona sin antecedentes en portación o posesión de algún arma de calibre pequeño sin el permiso correspondiente; que ser prendido con una o unas armas largas de uso exclusivo y/o tener antecedentes penales.

Se trata pues de dos tipos distintos de infractores, y quisiéramos que para los primeros la ley quede como se encuentra en la actualidad, mediando la consideración de la libertad del imputado en lo que se determina su responsabilidad; mientras que para los segundos, se aplique prisión preventiva de manera oficiosa.

No obstante lo anterior, la propuesta gira alrededor de que la prisión preventiva sea en general oficiosa cuando se presente la portación de armas prohibidas y de armas de fuego, procediendo el juez a determinar en qué casos procede la libertad, de acuerdo con los supuestos antes señalados, que de alguna manera ya previstos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 160 al 163 del Código Penal Federal relacionados con armas prohibidas y en los artículos del 9 al 12 y del 81 al 85 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lo anterior enviaría un mensaje contundente alrededor de que la ley se encuentra del lado de la población y no del infractor. Donde se reconoce la honorabilidad de las personas en principio, pero se actúa de frente contra la reincidencia o de las conductas por encima de lo tolerable.

No podemos seguir viendo casos de personas que son detenidas en portación de armas de alto poder y al siguiente día salen libres, ya sea por la ausencia de la oficiosidad en la prisión preventiva o porque la autoridad no actúa a tiempo para solicitarla al juez correspondiente.

Otro elemento para aplicar la oficiosidad es el número de armas del portador, casi siempre relacionado directamente con actividades de la delincuencia organizada como ya se supuso, específicamente con el comercio ilícito de las mismas.

Se estima que en México circulan alrededor de 15 millones de armas ilegales, de las cuales el 80 por ciento provienen de Estados Unidos. Asimismo, que el 65 por ciento de éstas se encuentran en poder del crimen organizado, además de que actualmente existe un mercado negro de armas ilegales que se estima es de 130 millones de dólares anuales.

Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a la consideración de la asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo Único.Se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

I. a XI. (...)

XII. Portación, posesión y transmisión de la propiedad de armas prohibidas y armas de fuego sin el permiso o la licencia correspondiente, previstos en los artículos 160, 161, 162 y 163 del Código Penal Federal y en los artículos 81, 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85, 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas 2013, SCJN, Fundación Konrad Adenauer. Estándares jurisprudenciales sobre tutela judicial en materia penal.

2 Ídem.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 28 de febrero de 2017.— Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



LEY AGRARIA

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, en materia de plena disposición de derechos ejidales, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma los artículos 14, 23, 44, 46, 56, 57, 61, 62,75, 78, 80, 81, 82, 83, 152, 155, 156 y 161; todos de la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La tenencia en la tierra ha tenido una base histórica fundamental; la transformación en el campo ha sido paulatina y es a partir del año de 1992 que se da la reforma constitucional que tenía como base el cambio de régimen de derechos del ejidatario sobre sus tierras, así como el hecho de que se pueden comercializar las tierras ejidales, en un régimen de propiedad privada, otorgándole la seguridad jurídica y obtener mayores y mejores aprovechamientos sobre sus tierras.

La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 tuvo como finalidad el cambio de régimen de derechos del ejidatario sobre sus tierras, pasando de un derecho de naturaleza indefinida sobre tierras colectivas que impedían su comercialización y vinculaban al ejidatario a intereses de terceros, al régimen de propiedad privada, el cual, sin desvincular al ejidatario de la colectividad a la que pertenece, le confería la seguridad jurídica que se requiere para realizar cualquier acto jurídico que le permitiera obtener de sus tierras el mayor provecho posible.

Es momento de concretar los objetivos establecidos en la reforma constitucional de 1992, al tiempo que, en un marco de desarrollo y competitividad, se impulse el desarrollo del campo mexicano, a través del otorgamiento del dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores.

Después de 24 años de la reforma constitucional al artículo 27, la presente iniciativa pretende reformar algunos puntos que han ido quedando pendientes como el facultar a la asamblea ejidal para determinar la asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el ejido podrá darle un rumbo certero al destino de las tierras que no esté dentro de las formalidades parcelarias, en favor de los ejidatarios y al uso de servicios públicos o de interés público.

Se plantea la posibilidad de la adopción del dominio pleno de parte de los titulares de derechos ejidales, fincando las bases para que ejidatarios y comuneros, puedan transformar la propiedad social e incorporarla al régimen de propiedad privada; reconoce la asignación, delimitación, usufructúo, de la propiedad de sus parcelas, que fueron dotadas al ejido en lo general y asignadas en lo particular al titular de la parcela, así como también certifica los actos de sucesión.

Con estas modificaciones, la Ley Agraria faculta a la asamblea ejidal para determinar la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de población agrario podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarias o de los que carezcan de los certificados correspondientes y, consecuentemente, destinarlas al asentamiento humano, al uso común o a parcelarlas en favor de los ejidatarios, y al uso de servicios públicos o de interés público.

En cuanto a la aplicación del dominio pleno y su adopción ya sea como individuo o como asociados ejidales, resulta necesario revisar, modificar y con ello actualizar la tramitología burocrática para que esta se adecue efectivamente a la realidad imperante, en la que se encuentra la tenencia y propiedad de la tierra.

La indeterminación de la ley es en cierto grado necesario, sin embargo en exceso puede convertirse en arbitrariedad, esta situación es la que acontece en la ley agraria en lo que se refiere a domino pleno y la adopción del mismo, debido a que este mecanismo no se encuentra debidamente clarificado como concepto ni como procedimiento, a saber, la asamblea ejidal, tras cumplir varios trámites y algunas formalidades especiales, puede autorizar o no, en base a sus propios criterios subjetivos, que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el “dominio pleno” de sus parcelas, es decir, que se conviertan en propietarios de ellas.

Sobreproteger es limitar, este es el supuesto en el que se encuentran miles de sujetos de derechos agrarios a los cuales se les aplican figuras arcaicas y sujetas a la discrecionalidad de las autoridades, estas situaciones inciden en la continuación de un modelo burocrático que constituye desde hace muchos años un caldo de cultivo para la corrupción.

La movilidad social de sujetos agrarios de un ejido a otro por cuestiones de índole familiar como el matrimonio es otro de los factores que motivan la presentación de esta iniciativa, pues es necesario facultar a sujetos de derechos agrarios como avecindados y posesionarios para adoptar el domino pleno de sus tierras.

Por otro lado, ponderar la decisión de una mayoría sobre la voluntad individual, constituye en la actualidad una vulneración de derechos, por ello es necesario reconocer la autonomía de un sector de la sociedad que se ve afectado por situaciones como ésta que acontece hasta el día de hoy en el campo mexicano.

La reforma que se plantea a continuación tiene como fin último respetar la decisión de los sujetos de derechos agrarios para adoptar o no la propiedad de las tierras asignadas y con ello hacerlas susceptibles de enajenación, simplificar la tramitología para la adopción del domino pleno para que incluso cuando las tierras del ejido no se encuentren asignadas en su totalidad baste con la nueva delimitación al interior para que los sujetos con derechos agrarios tengan la facultad de adoptarlo en el momento que lo deseen.

Son muchas las trabas que se presentan a los ejidatarios para ejercer los derechos sobre sus tierras, por ello es necesario hacer lo que en nuestras manos se encuentre un mecanismo legal lo suficientemente ágil y dinámico para marcar la diferencia.

La propuesta de esta reforma es hacer más agiles las asambleas con menos requisitos para los tramites en lo personal y se mantienen las resoluciones que involucran a todo el ejido y se clarifica las aportaciones que los ejidos hacen para obras de infraestructura e interés público.

Se establece un nuevo concepto con respecto a la delimitación, el concepto achurado que actualmente existe pero que no se encuentra contemplado en ninguna legislación. Dicho término tiene su origen en los decretos de dotación que fueron ejecutados y medidos y que en los planos de delimitación no aparece pero que en la realidad son excedentes de tierras.

Dichos excedentes de tierras son reconocidos de hecho como propiedad del Ejido, más no se encuentran delimitados con planos y éstos registrados en el Inegi ni en Registro Agrario Nacional.

Es por eso la motivación de que sean delimitados y entregados a hijos de ejidatarios con residencia probada en el ejido y avecindados de acuerdo a lo que establece el artículo 57.

Para el caso de las donaciones se establecen requisitos y procedimiento de inscripción.

Las modificaciones propuestas para las tierras de uso común así como las tierras parceladas, facultando a la asamblea a emitir una nueva delimitación, parcelamiento y asignación a sujetos de derechos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados u otros, que a su vez se adecue el término no solo de usufructo y posesión, sino que se amplía insertando el termino de propiedad de las parcelas.

Asimismo, se clarifica la facultad jurídica que poseen los sujetos de derechos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados u otros. Ya que han existido diferentes criterios y conceptos a quien se le otorga el dominio pleno y desde la visión legislativa esta facultad la tiene la persona independientemente que tenga una o varias parcelas, y no la propia tierra.

Es así que considerando que es una demanda permanente de los ejidos y que es oportuno, fundamental y necesario el contar con un ordenamiento adecuado y que otorgue certeza jurídica a los núcleos ejidales de nuestro país, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura nuevamente presentamos esta iniciativa de nuestro partido que reforma diversos artículos de la Ley Agraria, la cual, en su momento por razón del artículo 89 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados no fue analizada ni dictaminada durante la LXII Legislatura.

Al tenor de lo anterior y considerando que en México la gran mayoría de las tierras son de propiedad social, es importante que desde esta soberanía se den los cambios en el marco legal para la adquisición de dominio pleno de sus parcelas y propiedades ejidales y transformarlas para que sean económicamente productivas, por lo que someto a consideración el presente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 14, 23, 44, 46, 56, 57, 61, 62,75, 78, 80, 81, 82, 83, 152, 155, 156 y 161; de la Ley Agraria.

Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus parcelas. Además, gozarán de los otros derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.

Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;

III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros;

IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;

V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;

VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, donaciones a la federación, estado o municipio, para obras de infraestructurafundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;

IX. Reconocimiento de la propiedad de los ejidatarios sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;

XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;

XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y

XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 44. Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en:

I. Tierras para el asentamiento humano;

II. Tierras de uso común,

III. Tierras parceladas; y

IV. Tierras para infraestructura, interés público o servicio público.

Artículo 46. El ejido, por resolución de la asamblea y los ejidatarios, podrá otorgar en garantía el usufructuo de las tierras de uso común o parcelado. Esta garantía deberá constituirse ante notario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad que corresponda.

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, cuando se trate de tierras de uso común, el acreedor, por resolución del tribunal agrario, podrá hacer efectiva la garantía.

Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, para infraestructura, interés público o servicio público, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:

I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;

II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos;

En el caso de tierras achuradas estas se asignaran a hijos de ejidatarios con residencia probada con el debido parcelamiento económico.

III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo y

IV. Podrá donar las áreas necesarias para infraestructura, interés público o servicio público a favor de la federación, los estados y municipios.

En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los títulos de propiedad o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.

Para el caso de las donaciones a la federación, estados o municipios el Registro Agrario Nacional emitirá el título de propiedad respectivo y lo inscribirá ante el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 57. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción II y III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:

I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;

II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;

III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más.

IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.

Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción IV del artículo 56, deberá existir solicitud previa a la asamblea ejidal por conducto del comisariado ejidal con los siguientes requisitos:

I. Superficie requerida y plano georreferenciado de la misma;

II. Descripción de la obra de infraestructura a realizar, la causa de interés público a satisfacer o el servicio público que se pretenda prestar.

De esta solicitud deberá darse vista a la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará que se cumplan con los requisitos.

Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal.

Artículo 61. La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras.

La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva. Incluidas las relativas a infraestructura, interés público o servicio público.

Artículo 62. A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos de propiedad y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley.

El Registro Agrario Nacional emitirá el título de propiedad y lo someterá a inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda.

Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Artículo 75. En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:

I. La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley;

II. El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan. Esta opinión deberá ser emitida en un término no mayor a treinta días hábiles para ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que, para los efectos de esta fracción, el ejido pueda recurrir a los servicios profesionales que considere pertinentes.

III. En la asamblea que resuelva la aportación de las tierras a la sociedad, se determinará si las acciones o partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejidal o a los ejidatarios individualmente considerados, de acuerdo con la proporción que les corresponda según sus derechos sobre las tierras aportadas.

IV. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.

V. Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su responsabilidad, deberá hacerlo.

VI. Igualmente, podrá haber usufructuo de la propiedad de las tierras de uso común, en caso de hacerse efectiva una garantía, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos previstos por el artículo 46.

Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan deberán ajustarse a las disposiciones previstas en el Título Sexto de la presente ley.

En caso de liquidación de la sociedad, el núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de acuerdo a su participación en el capital social, y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria, tendrán preferencia, respecto de los demás socios, para recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.

En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrá derecho de preferencia para la adquisición de aquéllas tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad.

Artículo 78. El derecho de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditará con el título de propiedad, certificado parcelario o certificado de derechos agrarios, expedido por el Registro Agrario Nacional, el cual contendrá los datos básicos de identificación de la parcela.

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población, así como a personas ajenas al ejido.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá facultar a los ejidatarios, avecindados, posesionarios y otros a solicitar el dominio pleno de su o sus parcelas y otorgará a los solicitantes la propiedad de dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley.

Artículo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios, avecindados, posesionarios y otros interesados asumirán la propiedad de sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.

Artículo 83. La asignación en propiedad de las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.

La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes.

Artículo 152. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional:

I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;

II. Los títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros, donaciones de interés público a la federación, estados y municipio.

III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales;

IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley;

V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales;

VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título Sexto de esta ley;

VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y

VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes.

Artículo 155. El Registro Agrario Nacional deberá:

I. Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;

II. Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso;

III. Registrar las transmisiones de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, así como las operaciones de los censos ejidales;

IV. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo; y

V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el artículo 56 de esta ley.

Artículo 156. Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a propiedad privada y de ésta al régimen ejidal, así como la adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario. Nacional de toda traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles.

Artículo 161. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará facultada para enajenar a título oneroso, mediante subasta pública, terrenos nacionales a los particulares, cuando estos cuenten con vocación agropecuaria , el valor base de la subasta será de acuerdo al valor comercial que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine el Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Registro Agrario Nacional contará con el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir los títulos de propiedad a favor de los ejidatarios que cuenten con la resolución emitida por la respectiva asamblea ejidal en que se hizo constar el dominio pleno sobre sus parcelas.

Para efectos del párrafo anterior, el Registro Agrario Nacional deberá dar de baja de sus registros las tierras que se encuentren inscritas mediante certificado parcelario y deberá expedir el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad en que se encuentren las tierras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.— Diputado Gerardo Federico Salas Díaz(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de uso de la fuerza, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM

Lorena Corona Valdés, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Problemática

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia emitida el 27 de agosto de 2014, respecto al uso de la fuerza, determinó que para garantizar el derecho a la vida se debe contar con una adecuada legislación sobre el uso de la fuerza y para tal efecto se debe adecuar el derecho interno. Además reiteró que es indispensable que el Estado a) cuente con la existencia de un marco jurídico adecuado que regule el uso de la fuerza; b) brinde equipamiento apropiado a los funcionarios a cargo del uso de la fuerza, y c) seleccione, capacite y entrene debidamente a dichos funcionarios.

En México, a nivel federal no contamos con una ley que regule el uso legítimo de la fuerza poniendo en riesgo el derecho a la vida y a la integridad personal en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a nivel local solo algunas entidades federativas han expedido leyes sobre el uso de la fuerza, entre ellas, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.

De conformidad con el artículo 1o. constitucional las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Tomando en cuenta que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son fuente de obligaciones internacionales para nuestro país, ante el vacío legal a nivel federal y las legislaciones disímbolas a nivel local, se estima necesario facultar al Congreso de la Unión para que expida una ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de uso legítimo de la fuerza de las instituciones de seguridad pública, con base en los principios de legalidad, oportunidad, estricta necesidad, congruencia y proporcionalidad.

Más aún que la Comisión Nacional de Seguridad ha manifestado la necesidad de contar con una Ley General en la materia, con el ánimo de coadyuvar, se presenta esta iniciativa de reforma constitucional.

Argumentación

La facultad estatal para emplear la fuerza tiene su origen con el mismo nacimiento del Estado pero la vigencia de esta facultad está íntimamente ligada a un concepto fundamental de las sociedades modernas: el Estado de Derecho que se refiere al Estado cuyo poder y actividad se encuentran regulados y controlados por la ley.

A este respecto, resulta conveniente mencionar al sociólogo alemán Max Weber quien concibe el Estado como: “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”.

El uso legal de la fuerza no se satisface únicamente con la circunstancia de que la actuación de la autoridad tenga base en un marco jurídico, sino que requiere que la aplicación de la normativa específica se realice conforme a los requerimientos de un estado de derecho.

Las regulaciones sobre el uso de la fuerza se encuentran contenidas en el marco jurídico internacional y nacional.

Marco Jurídico Internacional

La relación entre uso de la fuerza y derechos humanos es muy estrecha, razón por la cual los principales instrumentos internacionales sobre la materia han abordado el tema.

El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone el “derecho a la vida” y establece en el numeral 1 que:

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”

Por su parte el artículo 5 de la misma Convención prevé el “Derecho a la Integridad Personal” y dispone en los numerales 1 y 2 que:

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Conforme a los artículos 1, 2, y 3 los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

– Cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley.

– En el desempeño de sus tareas respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

– Podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza debe ser excepcional y conforme al principio de proporcionalidad. El uso de armas de fuego se considera una medida extrema.

Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Dentro de la estructura de los principios básicos se puede advertir que son aplicables en tres momentos:

– Cuando existe paz social y orden público el Estado deberá cumplir sus obligaciones de legislar de manera adecuada el uso de la fuerza y tomar las medidas administrativas necesarias para el efecto de asegurar la vigencia de los agentes policiales y de las demás personas ante cualquier tipo de escenario que involucre derechos fundamentales como la vida y la integridad y seguridad personal.

– Cuando se presentan acontecimientos que generan una alteración al orden público y existe transgresión a los derechos de las personas, los agentes policiales deberán de emplear las normas para llevar a cabo la resolución de la situación en apego a las prerrogativas esenciales aplicando el uso de la fuerza bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

– Una vez que se ha utilizado la fuerza en determinada situación se deberán generar las acciones pertinentes para asegurar el debido empleo de la fuerza en la intervención policial y en caso de existir transgresiones a los derechos humanos, establecer los procedimientos de responsabilidad correspondientes.

Los principios básicos especifican las condiciones que deben cumplirse para el empleo de armas de fuego, entre ellas:

– Que la proporcionalidad debe evaluarse en relación “a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga”;

– La necesidad de reducir al mínimo los daños y lesiones. Bajo estas premisas, los principios básicos describen aquellas situaciones en que podrán emplearse armas de fuego, siempre bajo las condiciones anteriores:

– En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves.

– Para evitar un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida; y

– Con objeto de detener a una persona que represente una seria amenaza para la vida y oponga resistencia a la autoridad o para impedir su fuga, siempre y cuando resultaren insuficientes medidas menos extremas.

En cualquiera de estas situaciones, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida, por lo cual se establece la obligación de los gobiernos de proveer armamento no letal que permita el “uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego”.

El uso de la fuerza en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

En su Informe Anual 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala en su Capítulo IV.A Uso de la Fuerza, que “en todo Estado, particularmente en sus agentes del orden, recae la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. De esta obligación general, nace la facultad de los Estados de hacer uso de la fuerza, misma que encuentra sus límites en la observancia de los derechos humanos, pues “[s]i bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores”. Los derechos fundamentales a la vida e integridad personal previstos en los artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, 4 y 5 de la Convención Americana, no solo comprenden la obligación estatal negativa de no privar la vida o imprimir sufrimiento a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sino que además exige proteger y preservar tales derechos.

Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han coincidido en que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

El principio de legalidad en el uso de la fuerza se relaciona con la obligación estatal de adecuar a la normativa interna los principios y estándares internacionales, así como también dejar sin efecto las disposiciones que lo contraríen.

Sobre el uso de la fuerza letal el derecho internacional de los derechos humanos ha hecho particular énfasis al indicar que su uso excepcional habrá de estar regulado por ley de manera lo suficientemente clara, y además su interpretación deberá ser restrictiva, para así minimizar su empleo en toda circunstancia

El principio de absoluta necesidad refiere a la posibilidad de recurrir a “las medidas de seguridad ofensivas y defensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o la integridad personal de cualquier habitante”.

En el caso Hermanos Landaeta Mejía y Otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia emitida el 27 de agosto de 2014, respecto al uso de la fuerza, determinó que Venezuela no cumplió con su obligación de garantizar el derecho a la vida mediante una adecuada legislación sobre el uso de la fuerza, vulnerando el derecho a la vida (artículo 4) y la obligación de adecuar el derecho interno (artículo 2). Además reiteró que es indispensable que el Estado a) cuente con la existencia de un marco jurídico adecuado que regule el uso de la fuerza; b) brinde equipamiento apropiado a los funcionarios a cargo del uso de la fuerza, y c) seleccione, capacite y entrene debidamente a dichos funcionarios.

Marco Jurídico Nacional

Al Estado le corresponde la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, así como la responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social.

De los artículos 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo y 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende respectivamente:

– Que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

– Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

– Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

De los preceptos transcritos se deduce el derecho a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, a la fecha a nivel federal no se cuenta con un ordenamiento legal que brinde certeza a las personas y a los funcionarios públicos sobre el uso legítimo de la fuerza.

A nivel federal existen antecedentes de disposiciones reglamentarias sobre el uso de la fuerza, las cuales fueron expedidas por:

– La Procuraduría General de la República a través del Acuerdo A/080/12 para fijar las reglas del uso de la fuerza para la Policía Federal Ministerial.

– La entonces Secretaría de Seguridad Pública mediante el Acuerdo 04/2012 por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública.

– La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina a través del Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas publicado el 30 de mayo de 2014.

En relación con el uso legítimo de la fuerza ,la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que sus objetivos son hacer cumplir la ley, evitar la violación de derechos humanos y garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público ,mantener la vigencia del Estado de derecho, salvaguardar el orden y la paz públicos.

Conforme al artículo 2o., párrafo primero de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de la propia Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, en términos del artículo 3o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El noveno párrafo del artículo 21 constitucional prevé que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna.

El párrafo último del artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que las Instituciones Policiales siempre que usen la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado en la Recomendación General 12 de 26 de enero de 2006 “que sobre el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley existen principios comunes y esenciales que rigen el uso de las mismas, como son la legalidad, la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. La legalidad se refiere a que los actos que realicen dichos servidores públicos deben estar expresamente previstos en las normas jurídicas. La congruencia es la utilización del medio adecuado e idóneo que menos perjudique a la persona y a la sociedad. La oportunidad consiste en que dichos funcionarios deben actuar inmediatamente, con su mejor decisión, rapidez y eficacia cuando la vida u otro bien jurídico de alto valor estén en grave e inminente peligro y no haya más remedio que neutralizar con la fuerza o con las armas rápidamente al causante del mismo. Mientras que la proporcionalidad significa la delimitación en abstracto de la relación de adecuación entre medio y fin en las hipótesis imaginables de uso de fuerza y armas de fuego y la ponderación de bienes en cada caso concreto”.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la verificación de la legalidad y de la proporcionalidad en el uso de la fuerza conforme a las tesis siguientes:

Época: Novena Época

Registro: 162994

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXIII, Enero de 2011

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LIII/2010

Página: 61

Seguridad pública. La razonabilidad en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos exige la verificación de su legalidad.

La legalidad en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos es un principio exigido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer los principios rectores de la función de seguridad pública y también es un elemento necesario para analizar la razonabilidad en el uso de la fuerza. Desde esta última perspectiva, la verificación de la legalidad en el uso de la fuerza pública requiere que: 1) Encuentre fundamento en una norma jurídica preestablecida, constitucional o legal, pudiendo estar complementada por normas reglamentarias e inclusive protocolarias, a fin de que con base en lo dispuesto se actúe cuando la normativa respectiva lo autorice, tomando en cuenta que la naturaleza y riesgos que implica esa actividad para los derechos humanos de los civiles tornan necesaria la existencia de directrices en la ley conforme a las cuales los agentes del Estado hagan uso de la fuerza pública, especialmente de la letal; 2) La autoridad que haga uso de ella sea la autorizada por la ley para hacerlo; y, 3) El fin perseguido con su uso sea lícito, legítimo y constitucionalmente admisible. Esto es, se trata de una valoración particular del caso que puede involucrar variables de orden fáctico y que comprende tanto la verificación de la legalidad de la causa bajo la cual se justificaría la acción de uso de la fuerza pública como los objetivos con ella perseguidos. Así, en tanto el fin perseguido por la acción encuadre en el marco de las facultades y deberes del Estado, la acción policiaca y el uso de la fuerza podrán ser constitucionalmente disponibles para cumplir con su función auxiliar de aquél.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época

Registro: 162992

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXIII, Enero de 2011

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LVII/2010

Página: 63

Seguridad pública. La razonabilidad en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos exige la verificación de su proporcionalidad.

La proporcionalidad es un elemento necesario para analizar la razonabilidad en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos. Desde esta perspectiva, la verificación de la proporcionalidad, como parte del análisis de su razonabilidad, se distiende en diversas vertientes: por un lado , exige que la fuerza guarde relación con las circunstancias de facto presentes, como son las características del sujeto (objeto) de la acción, ya sea individual o plural, tales como su peligrosidad, las características de su comportamiento ya conocidas y la resistencia u oposición que presente; por otro, implica un deber de guardar conformidad, no sólo con el objetivo por ejecutar, sino con aquellos otros que, en aras del respeto a los derechos de las personas, deben cuidarse en ese tipo de acciones, como son la prevención de otros o mayores brotes de ilegalidad, fuerza o violencia. Asimismo, la proporcionalidad en el uso de la fuerza pública también está referida a la elección del medio y modo utilizados para llevarla a cabo (el medio reputado necesario), lo que implica que debe utilizarse en la medida en que se cause el menor daño posible, tanto a los sujetos objeto de la acción como a la comunidad en general y, bajo ese parámetro, lo demás será un exceso.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LVII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Es importante enfatizar que no basta con que en la Constitución Federal se prevea la facultad de la autoridad de brindar seguridad pública o que existan leyes que la regulen y que establezcan de forma genérica la facultad de emplear la fuerza pública, sino que es necesario contar con normas específicas que permitan a las instituciones policiales desarrollar de manera profesional sus funciones con pleno respeto a los derechos humanos.

Al Estado le corresponde determinar en qué momento y bajo qué circunstancias se hará uso del monopolio de la fuerza legítima con la finalidad de preservar el estado de derecho.

Se advierte que el Estado mexicano ha realizado esfuerzos destinados a regular el uso legítimo de la fuerza, para salvaguardar un bien jurídico, o en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho, siempre y cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y dentro del principio de proporcionalidad, por lo que tanto los cuerpos policíacos como las fuerzas armadas han expedido normas reglamentarias que regulan al interior el uso de la fuerza; sin embargo, a nivel federal no contamos con una ley que la regule y a nivel estatal existen leyes que la regulan de forma discrecional y diferente como es en las entidades federativas del estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.

Por ello, se pone de manifiesto la necesidad de que en el país contemos con una Ley General sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, con el fin de que se empleen los mismos criterios en los tres órdenes de gobierno.

Por lo expuesto, se estima necesario que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir una ley general que regule en los tres órdenes de gobierno el uso legítimo de la fuerza de las instituciones de seguridad pública, con base en los principios de legalidad, oportunidad, estricta necesidad, congruencia y proporcionalidad.

Fundamentación

Artículos 1, 14, 16, 21, 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma la fracción XXIII del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XXII. ...

XXIII.Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación , las entidades federativas y los municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución y expedir una ley general en materia de uso legítimo de la fuerza de las instituciones de seguridad pública, con base en los principios de legalidad, oportunidad, estricta necesidad, congruencia y proporcionalidad.

XXIV. a XXX. ...”

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general correspondiente, de conformidad con lo previsto en el presente decreto.

Notas:

1 V. Boletín Jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, No. 1, Agosto-Octubre 2014, [en línea], disponible en página web: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/boletin1 spa.pdf

2 V. El uso legítimo de la fuerza policial: Breve acercamiento al contexto mexicano, [en línea], disponible en página web: http://luisfelipeguerreroagripino.org/pdf/articulos/complicacionesjuridicas/201 3_6_el_uso_leg.pdf

3 Webwe, Max, El político y el científico, Alianza editorial, Madrid, p. 82.

4 Adoptada el 22 de noviembre de 1969, en vigor el 18 de julio de 1978 y ratificada por el Estado Mexicano el 2 de marzo de 1981.

5 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, disponible en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp42_sp.htm

6 Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx

7 La debida regulación del uso de la fuerza como medida de respeto y protección de los derechos humanos de los habitantes de Nuevo León, [en línea], disponible en página web: http://bibdigital.flacso.edu.mx: 8080/dspace/bitstream/handle/123456789/4025/Irazoque_E.pdf?sequence=1

8 [en línea], disponible en página web: http://www.oas.org/es/cidh/ docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap4A-fuerza-ES.pdf

9 V. Boletín Jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, número 1, agosto-octubre 2014, [en línea], disponible en página web: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/boletin1 spa.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de febrero de 2017.— Diputada Lorena Corona Valdés(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que deroga diversos artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Ariadna Montiel Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se derogan diversos artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Exposición de Motivos

El 1 de enero de 2017 entró en vigor la nueva política de precios de los combustibles derivada de la reforma energética y el Pacto por México. Como consecuencia, los precios se incrementaron desmesuradamente, generando indignación y manifestaciones sociales en gran parte del país. El gobierno federal ha reiterado que no dará marcha atrás y continuará con la aplicación de las distintas medidas y etapas que implica.

La política de precios de los combustibles aplicable para el 2017 y 2018 se encuentra contenida en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, la cual fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, con excepción de Morena, el 20 de octubre de 2016 y por la Cámara de Senadores el día 26 de octubre de 2016, y publicada por el Ejecutivo Federal el 15 de noviembre de 2016.

En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación de 2017, presentada por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2016, señala en las páginas LXIX, L y LI, que después de haber adelantado la libre importación de gasolinas prevista por la reforma energética para el 1 de enero de 2017, es necesario, como medida complementaria, adelantar igualmente la flexibilización de los precios, y apunta textualmente:

El siguiente paso que se propone, con el que se consolidaría la reforma energética en materia de combustibles fósiles, es la liberalización gradual y ordenada de los precios al público de las gasolinas y el diésel. En la Ley de Hidrocarburos se estableció que ello ocurriera a más tardar en 2018. Dado que se considera que ya están listas las condiciones fiscales y se están fortaleciendo las capacidades de la autoridad reguladora, se propone a esa Soberanía que la liberalización de precios entre en vigor a partir del 1 de enero de 2017 de forma gradual.

En consecuencia, la iniciativa del Ejecutivo consistió en adicionar a la Ley de Ingresos el capítulo III, “De las medidas administrativas en materia energética”, así como los artículos transitorios décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, todos ellos concernientes a la flexibilización de los precios de los combustibles.

El artículo 25 añade nuevas obligaciones a los permisionarios de las actividades reguladas por la Secretaria de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, a los titulares de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano; y señala explícitamente que en caso de no cumplirse serán acreedores a sanciones.

El artículo 26 propone dotar de facultades adicionales a la Comisión Reguladora de Energía a las establecidas en los Artículos 22 y 41 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Económica. Dichas facultades son: la administración de un sistema de información de precios de combustibles, proporcionar información por región de los precios de adquisición, y la regulación provisional de los precios de los combustibles.

El artículo 27 establece la facultad de la Comisión Reguladora de Energía para establecer los precios máximos del gas licuado de petróleo, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica.

El artículo décimo primero transitorio derogó los plazos y las disposiciones previstas para la libre importación y determinación del precio en condiciones de mercado, contenidos en las fracciones III y V del artículo quinto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, y la fracción I y el último párrafo del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

El artículo décimo segundo señala la política de precios para 2017 y 2018, en la cual se faculta a la Comisión Reguladora de Energía para emitir los acuerdos y el cronograma de flexibilización de los precios.

Los artículos décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto establecen los plazos para que los titulares de los permisos de expendio al público informen el precio de venta de los combustibles, así como el plazo a partir de 2019 para que Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva.

Así, desde el 1 de enero de 2017, entró en vigor las nuevas disposiciones enfocadas a liberar el precio de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano.

Entre las medidas establecidas se encuentran éstas:

1. Los titulares de permisos de venta al público tienen la obligación de reportar a la Comisión Reguladora de Energía, con una hora de anticipación, la modificación de los precios, así como diariamente y anualmente los volúmenes de compra y venta.

2. Adelantar la liberación de los precios.

3. La Comisión Reguladora de Energía deberá emitir los cronogramas de liberación y acuerdos para que los “precios al público se determinen bajo condiciones de mercado”.

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel.

5. Para establecer el precio de la gasolina, se considerará:

a) El precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso;

b) Las diferencias en la calidad de los mismos;

c) Las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo;

d) Las diversas modalidades de distribución; y

6. Emitir un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios

Derivado de estas medidas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre el acuerdo número A/059/2016 y el 27 de diciembre el acuerdo 98 /2016. Asimismo, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público difundió el comunicado 193, “Metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel, así como precios máximos vigentes en enero de 2017”.

El acuerdo número A/059/2016 contiene el cronograma de flexibilización de la Comisión Reguladora de Energía para la gasolina y el diésel, el cual estableció cinco etapas, áreas de aplicación, como se muestra:

El acuerdo 98/2016 estableció las regiones, la metodología para la determinación de los precios máximos y la vigencia de los precios de las gasolinas y el diésel para 2017. A su vez, el comunicado 193 de la Secretaría de Hacienda informó los precios máximos vigentes a partir del 1 de enero de 2017.

El Grupo Parlamentario de Morena ha señalado los efectos de la política de precios de los combustibles cuando se determinan en condiciones de mercado, principalmente en lo que respecta al incremento que supone y las consecuencias que tendrá en las actuales condiciones económicas., pues la economía nacional y la industria petrolera de nuestro país no tienen las condiciones para enfrentar la competencia internacional.

Insistimos: nuestra discrepancia es por principios, pues la ideología económica en boga –que tiene una fe ciega en que las más diversas problemáticas derivadas de la vida social pueden traducirse, entenderse y solucionarse en el marco de la competencia mercantil capitalista– exige que los asuntos directamente públicos sean dejados a la “mano invisible” del marco. La historia ha puesto en evidencia que los precios cuando son determinados por el mercado no pueden controlarse de modo alguno y que es necesaria la intervención del Estado.

Por ello, la presente iniciativa propone derogar las disposiciones en materia de precios contenidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Planteamiento del problema

Con base en lo anterior, la problemática que busca resolver la presente iniciativa es revertir los incrementos en los precios de los combustibles, lo cual implica que su precio no se determine en condiciones de mercado.

La nueva política de precios de los combustibles tiene sus bases en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se inició el “deslizamiento gradual” de los precios de los combustibles.

En 2008 se inició el proceso para eliminar el subsidio a los combustibles. El subsidio a los combustibles era parte de una política de precios administrada exclusivamente por el Estado, la cual tenía como base la rectoría del Estado en la industria petrolera y la satisfacción de las necesidades de consumo de energéticos a través de Petróleos Mexicanos.

Sin embargo, con la llegada de los gobierno neoliberales, dicha rectoría ha sido suplantada por la competencia mercantil capitalista. En ese proceso histórico se inscribe la eliminación del subsidio a los combustibles.

Para la ideología económica del libre mercado, los precios de las mercancías tiene que determinarse autónoma y libremente, sin intervención del Estado, a partir de las leyes de la oferta y la demanda, las cuales llegaran por gracia y obra de la “mano invisible” a un punto de equilibrio y a la dotación correcta de recursos entre los diferentes agentes y sectores de la economía.

En esa lógica, el subsidio a los combustibles, y en general todo tipo de subsidio, genera una distorsión de la competencia y de los mercados, pues sostiene un precio artificial, lo cual modifica las decisiones de los “agentes económicos”.

Así, en 2008 se empezó a eliminar el subsidio a las gasolinas a través de “deslizamientos” en el precio, es decir, se empezó a quitar el subsidio a la par de ir trasladando un impuesto en su precio, con objeto de que la gasolina llegará a un precio equiparable al mercado internacional.

En el sexenio de Felipe Calderón, el precio de la gasolina Magna pasó de 6.7 a 9.7, un incremento de 44 por ciento. La gasolina Prémium pasó de 8.2 a 10.5, un incremento de 28 por ciento. Por su parte, el diésel, de 5.6 pesos llegó a 10, un incremento de 76 por ciento; como se muestra a continuación:

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos institucional, Pemex.

El 11 de diciembre de 2013 se aprobó la reforma energética, la cual reformó, entre otros artículos, el 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de abrir las puertas a empresas privadas, nacionales o extranjeras, en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural, así como de petroquímicos y petrolíferos; actividades anteriormente exclusivas del Estado.

De esta forma, se facultó a la Comisión Reguladora de Energía para otorgar los permisos de almacenamiento, transporte y distribución, a la par que se facultó a la Secretaria de Energía para otorgar permisos de tratamiento y refinación de petróleo y gas natural.

Dicha modificación permitió la participación de privados en las actividades de almacenamiento, transporte y distribución. Lo correspondiente a las actividades de comerció de gasolinas, diésel y gas licuado se estableció un proceso gradual de apertura y liberación en la Ley de Hidrocarburos, en su artículo décimo cuarto transitorio.

Ahí se señala que en materia de precios:

1. En 2014 aumentos controlados.

2. De 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017, política de precios máximos establecida por el Ejecutivo federal.

3. Desde el 1 de enero de 2018, precios determinados por el libre mercado.

En materia de importación de gasolinas:

1. De 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016, Pemex es la única empresa autorizada para importar gasolina y diésel.

2. A partir del 1 de enero 2017, libre importación de gasolinas y diésel.

En materia de comercio al público:

1. 1 de enero de 2016, permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía.

2. Contratos de suministro con Pemex vigencia al 31 de diciembre de 2016. A partir de 2017, los contratos celebrados serán en condiciones de libre mercado y dejarán de estar condicionados a otro tipo de contratos.

Gráfico 2. Proceso de liberación y apertura de los combustibles

Sin embargo, el Ejecutivo federal decidió adelantar el proceso de importación de gasolinas y diésel al 1 abril de 2016. Peña Nieto declaró:

Aquí quiero anunciar que vamos a adelantar nuestra apertura: a partir del 1 de abril de 2016, cualquier empresa podrá importar gasolinas y diésel lo que podrá reflejarse en mejores precios en el país.

Derivado de esta medida, México importa 66 por ciento de las gasolinas que se consumen (560 mil barriles en octubre de 2016). De 2013 a 2016 se ha reducido la elaboración de productos petroleros, de 1 millón 456 mil barriles diarios en 2013 a 1 millón 249 mil barriles diarios. Sin embargo, a pesar de ello, el precio, no sólo no bajo como lo dijo Peña, por el contrario, aumentó como se verá más adelante.

La importación de gasolinas representó uno de los negocio más importantes, pues de enero a mayo de 2016, alcanzó la suma de 3 mil 808 millones de dólares. México adquiere gasolinas principalmente de Estados Unidos, Países Bajos, España, India, Bahamas, Antillas Holandesas, Francia, Trinidad y Tobago y Corea del Sur.

Como se mencionó, igualmente se adelantó el proceso para la determinación en condiciones de mercado de los precios de los combustibles en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Derivado de ello, en el comunicado 193 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se dio a conocer el precio máximo de los combustibles a partir del 1 de enero de 2017. De este modo, de la entrada en vigor de la Reforma Energético a enero de 2017, los precios se han incrementado desmesuradamente, como se observa:

Fuente: Elaboración propia con información de Pemex y la SHCP.

Otra medida derivada de dicho proceso es el establecimiento de 83 regiones las cuales tendrán precios distintos entre sí, como se muestra en el cuadro 2:

Cuadro 2. Regiones y precios de los combustibles

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo 98/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación..

Así pues, se observa una disparidad entre el precio de cada una de las regiones. En el caso de la gasolina Magna, su precio va de 15.33 a 16.59 pesos, una diferencia de 1.26. La gasolina Prémium tiene un rango de precio de los 17.11 a 18.41, una diferencia de 1.30. En diésel, el rango de precios es de 16.41 a 17.68, con una diferencia de 1.27.

Una de las cuestiones de la regionalización, es que sólo se establecen precios para 1 mil 450 municipios de los 2 mil 450 que hay en el país. Esto implica que mil municipios no tienen reglamentación al respecto.

Los municipios más pobres del país, de acuerdo con el Coneval, como Juan Tepeuxila, Oaxaca; Aldama, Chiapas; San Juan Cancuc, Chiapas; Mixtla de Altamirano, Veracruz; Chalchihuitán, Chiapas; Santiago Textitlán, Oaxaca; San Andrés Duraznal, Chiapas; Santiago el Pinar, Chiapas; Sitalá, Chiapas, y San Simón Zahuatlán, Oaxaca, no tienen reglamentación sobre el precio de los combustibles.

Otra cuestión es que existen inequidades en los precios considerando la situación de pobreza de los municipios. Así por ejemplo, el municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado de Guerrero, con un porcentaje de pobreza de 92.6 por ciento, tiene uno de los precios más altos de los combustibles: Magna 16.59 pesos, Prémium 18.36 y diésel 17.66. Contrario al precio que el municipio de San Nicolás de la Garza, con un porcentaje de pobreza del 12.8, y que es uno de los 5 municipios con menor índice de pobreza en el país, tendrá precios inferiores, pues la gasolina Magna costará 16.31, Prémium 18.19 y diésel 17.03.

Así pues, esta medida tendrá un efecto negativo en el bolsillo de la ciudadanía de los municipios más pobres, mientras que se beneficiará a los municipios con menores índices de pobreza, acentuando las desigualdades sociales.

Por otra parte, igualmente se observa que dentro de una misma entidad federativa, existirán diferentes precios. En el caso de la Ciudad de México, se establecieron cuatro precios distintos, como se observa:

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP

Aunado a lo anterior, y si no fueran ya suficientes la disparidades en el precio, se determinaron plazos en los cuales los precios tendrán una vigencia definida.

1. Vigencia de los precios máximo mensual del 1 de enero al 4 de febrero de 2017.

2. Vigencia de los precios máximos para la segunda semana de febrero del 4 de febrero al 10 de febrero de 2017.

3. Vigencia de los precios de la tercera semana de febrero del 11 al 17 de febrero de 2017.

4. Vigencia de los precios de 24 horas a partir del 18 de febrero de 2017.

Esto implica que en febrero se tengan más aumentos, y que a partir del 18 de febrero puedan ser diarios.

Adicionalmente, se determinó que a partir del 18 de febrero de 2017 los ajustes tengan las siguientes reglas:

1. Martes, miércoles, jueves y viernes: vigencia de los precios de 24 horas.

2. Sábado, domingo y lunes: vigencia de los precios sábado a lunes.

Obsérvese entonces lo que ello implica que del 1 de enero al 17 de febrero, los precios varíen 4 veces, pero que dado lo anterior, a partir del 18 de febrero, pueda varias 221 veces, es decir, gracias a las medidas contenidas en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2017, el precio de los combustibles tengan 225 variaciones, frente a las 12 habidas en 2016.

El problema de la liberación de los precios de la gasolina es que el Estado renuncia a encargarse de los asuntos públicos. Tal renuncia está llevando al país a una crisis mayor, pues no van a reducirse los precios de los combustibles, se sumergirá a Pemex en una crisis mayor y las empresas transnacionales sólo se llevaran las ganancias que obtengan a su país de origen.

No suficiente con ello, la política de precios de las gasolinas derivada de la reforma energética guarda un secreto más y es el tener un objetivo estrictamente recaudatorio y cubrir los huecos de la desatinada política fiscal y tributaria del gobierno de Peña Nieto.

La recaudación vía el impuesto especial sobre producción y servicios de las gasolinas y diésel, que la Ley de Ingresos de 2015 estableció en 30 mil 321 millones de pesos, se estima para 2017 en $284 mil 432 millones de pesos, es decir, un incremento de más del 1 600 por ciento en un periodo de 3 años.

En consecuencia, cabe preguntarse cuál es el beneficio de la liberación de los precios para la ciudadanía. Claro está a nuestros ojos que los hogares no tendrán un solo beneficio y que estas medidas solo impactarán de forma negativa a la economía del país.

Por lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se derogan diversos artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017

Único.Se deroganlos artículos 25, 26, 27, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, para quedar como sigue:

Artículo 25. Derogado.

Artículo 26. Derogado.

Artículo 27. Derogado.

Artículo Décimo Primero. Derogado.

Artículo Décimo Segundo. Derogado.

Artículo Décimo Tercero. Derogado.

Artículo Décimo Cuarto. Derogado.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Quedan sin efecto los acuerdos números A/059/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre, y 98 /2016, publicado el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y el comunicado 193, “Metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel así como precios máximos vigentes en enero de 2017”, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Tercero.De la fecha de entrada en vigor del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2017, los precios máximos de venta público de los combustibles será el que se indica a continuación:

Gasolina menor de 92 octanos $13.16

Gasolina de 92 octanos o más $13.97

Diésel $13.77

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.— Diputada Ariadna Montiel Reyes(rúbrica).»

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.



LEY DE MIGRACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración.

El diputado Liborio Vidal Aguilar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenas tardes.

El día de hoy vengo ante esta soberanía a presentar una iniciativa que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley de Migración y que agrega un capítulo con 16 artículos nuevos. A esta iniciativa le llamamos “Regreso a Casa”.

Como mexicanos, tenemos la urgente necesidad de garantizar las condiciones necesarias de reinserción a la sociedad de nuestros hermanos que ya están regresando a nuestro país. Los tiempos nos plantean un gran reto, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para dar la cara a cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad de los mexicanos.

La política de deportación de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos de Norteamérica se ha intensificado. Las cifras son alarmantes y la situación se ha recrudecido con la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump.

Pero permítanme compartirles algunos datos de la grandísima importancia de nuestros compatriotas que radican en los Estados Unidos, allá viven 55.3 millones de hispanos, de los cuales 35.3 millones son mexicanos y de estos 5.7 millones son migrantes indocumentados.

Resulta difícil comprender la política migratoria norteamericana si revisamos la importancia demográfica y económica de los latinos, y particularmente de los mexicanos para la economía de ese país. De acuerdo con un reporte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, gran parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos residen en California y Texas, que son las dos mayores economías de la Unión Americana.

De acuerdo con cifras estatales, tan sólo los mexicanos migrantes, sin considerar a los mexicanos de segunda y tercera generación, contribuyen con el 12 por ciento de la riqueza generada en California y con el 10 por ciento de la riqueza generada en estados como Nevada y Arizona.

Según estimaciones recientes, los mexicanos, incluidos los de segunda y tercera generación, contribuyen el 8 por ciento del PIB de los Estados Unidos. Un mito de la retórica antimexicana es que nuestros inmigrantes desplazan a los ciudadanos norteamericanos de sus puestos de trabajo.

De acuerdo con el último estudio de la Asociación para una Nueva Economía Americana, el 40 por ciento de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que aportan 10 millones de empleos, fueron creadas por inmigrantes de primera y segunda generación.

De acuerdo con el estudio del total de Pymes en Estados Unidos, el 12 por ciento son propiedad de inmigrantes mexicanos y generan anualmente una estimado de 17 mil millones de dólares en ingresos. Estos datos desmienten las pretensiones de radicalizar la política de deportación norteamericana.

No obstante tenemos que reconocer que la decisión de expulsar a migrantes indocumentados es una atribución soberana del gobierno de ese país, pero no a costa de la violación de los derechos humanos, del fomento al racismo, de la generación de miedo en las familias y del atropello a la dignidad de nuestros compatriotas.

Ante este panorama la reinserción social de los migrantes indocumentados se convierte en una tarea urgente, es por eso que la iniciativa de ley “Regreso a Casa” plantea diferentes medidas entre las que podamos destacar lo siguiente: facilitar la reinserción de migrantes que retornen al país por vía voluntaria, repatriados y deportados; fundar el respeto, protección y garantía irrestricta de los derechos humanos de repatriados y deportados mexicanos en su regreso y reinserción al país.

Incorporar en las definiciones de la Ley de Migración, el concepto de deportado mexicano y de repatriado. Actualizar la Ley de Migración con un conjunto de nuevas disposiciones, entre las que destaquen artículos que garanticen derechos a los repatriados mexicanos y sus familias, para la creación de programas que los apoyen, protejan y orienten en materia legal, educativa, de salud, de vivienda, de inclusión al mercado laboral formal; capacitación para el emprendimiento, seguridad social, desarrollo cultural y laboral, a fin de facilitar su reinserción a nuestro país.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, por las consideraciones anteriormente expuestas les pido que juntos hagamos de esta iniciativa una realidad. Es momento de ser solidarios con nuestros hermanos. Si nos quedamos cruzados de brazos seremos cómplices de un tirano que está legitimando con decretos una crisis humanitaria silenciosa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Liborio Vidal Aguilar, diputado de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 73; y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los diversos artículos 6o., numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete respetuosamente a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

En los últimos quince años, la política de deportación de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos de Norteamérica se ha intensificado de manera notable, mostrando una trayectoria indudablemente creciente. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interior del Gobierno de los Estados Unidos ( Department of Homeland Security, DHS) (véase, Gráfica 1), se observa que en el año 2000 la cantidad total de personas de cualquier nacionalidad deportados de los Estados Unidos ascendió a 185 mil 475 personas, mientras que en 2015 esta cifra llegó a 333 mil 341 personas deportadas, lo que supone un incremento de 79 por ciento en la capacidades de deportación de las autoridades norteamericanas. Esta tendencia de deportación del gobierno de Estados Unidos de América (EUA) alcanzó su punto más alto en el año 2013, donde se registraron 438 mil 424 deportaciones.

La intensificación en el patrón de deportaciones del gobierno del EUA coincide con la política de fortalecimiento presupuestario de sus agencias de seguridad nacional, como el Departamento de Seguridad Interior, el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y el U.S. Customs and Border Protection(Patrulla Fronteriza) , lo que ha redundado en mayores capacidades para deportar inmigrantes de todas las nacionalidades. El fortalecimiento de esta política persecutoria cobró auge a raíz de sucesos recientes como los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Gráfico 1. Personas deportadas de los Estados Unidos (2000-2015). Todas las nacionalidades

Fuente: DHS Compendium of Yearbook of Immigration Statistics

En el caso de la deportación de paisanos mexicanos, las cifras son devastadoras, en los últimos quince años, en el periodo que comprende de (2000-2015), el gobierno de EUA, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Interior, ha deportado a 3 millones 483 mil 611 connacionales, con un promedio de 217 mil 726 mexicanos deportados cada año. Por ejemplo, (véase, Gráfica 2) en el año 2000 la cantidad de mexicanos deportados ascendió a 150 mil 68 connacionales, mientras que esta cifra para 2015 asciende a 242 mil 456, lo que representa una tasa de crecimiento en la deportación de mexicanos de 61.56 por ciento. De hecho, históricamente la nacionalidad mexicana es la que lidera el total de las deportaciones llevadas a cabo por el gobierno de EUA (véase Gráfica 3).

Del total de deportaciones hechas de todas las nacionalidades por el gobierno de EUA en el año 2000, 80.91 por ciento correspondió a connacionales mexicanos, mientras que para 2015 esta cifra se redujo a 72.74 por ciento. Pese a esta reducción, que se puede explicar por un aumento en la deportación de personas de otras nacionalidades, el porcentaje promedio de mexicanos deportados, como proporción del total de deportados de todas las nacionalidades, se ha mantenido en un nivel estable del 72 por ciento.

Gráfico 2. Mexicanos de los Estados Unidos (2000-2015).

Fuente: DHS Compendium of Yearbook of Immigration Statistics

Gráfico 3. Mexicanos deportados de los Estados Unidos como proporción de los deportados de todas las nacionalidades. (2000-2015).

Fuente: DHS Compendium of Yearbook of Immigration Statistics

Si bien es cierto, se espera que la situación actual de las deportaciones de mexicanos se recrudezca con la reciente llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, la política de deportación en EUA alcanzó cifras record durante la administración del presidente Barack Obama. De acuerdo con datos publicados por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de Norteamérica ( Department of Homeland Security, DHS), tan sólo durante la administración Obama, en el periodo de 2008-2015 fueron deportadas 3 millones 134 mil 948 personas, de las cuales, el 71.21 por ciento, esto es, 2 millones 232 mil 644 personas fueron mexicanos. En términos reales, durante el periodo 2000-2007 que comprendió la administración del presidente Bush fueron deportados un millón 250 mil 967 mexicanos, esto implica que, la administración del presidente Obama duplicó, en comparación con la de su antecesor, la cantidad de mexicanos deportados alcanzando cifras record, como el año 2013, donde se deportaron 314 mil 904 connacionales deportados.

Importancia de los mexicanos en Estados Unidos de América

De acuerdo con los últimos censos disponibles en EUA, la población latina en este país ha dejado de ser una fuerza minoritaria en ese país, en 1980 apenas representaban 6.5 por ciento de la población de EUA con 14.8 millones de habitantes. En cambio, para 2014, los latinos representan ya 17.3 por ciento de la población total en Estados Unidos. Lo anterior implica que en EUA viven 55.3 millones de hispanos, de los cuales, 64 por ciento son mexicanos. Esto quiere decir que los mexicanos representan la minoría más importante de hispanos en la Unión Americana, con más de 35 millones 371 mil 314 de mexicanos, de los cuales, 32.9 por ciento, o sea, 11 millones 629 mil 734 son nacidos en México y 23 millones 741 mil 580 son mexicanos nacidos en territorio norteamericanos (mexicanos de primera y segunda generación).

Gráfico 3. Distribución de latinos en Estados Unidos por nacionalidad. (2014)

Fuente: Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 2014

Resulta difícil comprender la política migratoria de los Estados Unidos si revisamos la importancia demográfica y económica de los latinos, y particularmente los mexicanos, para la economía de este país. De acuerdo con un reporte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los más de 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos residen en California y Texas, que son las dos mayores economías de la Unión Americana. De acuerdo con cifras estatales, tan sólo los mexicanos migrantes, sin considerar a los mexicanos de segunda y tercera generación, contribuyen con el 12 por ciento de la riqueza generada en California y con 10 por ciento de la riqueza generada en estados como Nevada y Arizona. De acuerdo con estos datos, las principales ciudades con más inmigrantes mexicanos (Los Ángeles, Chicago y Dallas) son economías que han crecido en los últimos años por encima de la media nacional. Los migrantes mexicanos, de acuerdo con estimaciones recientes, contribuyen con el 16 por ciento de la producción agrícola y pesquera en ese país. De acuerdo con estimaciones de la Fundación BBVA Bancomer, los mexicanos, incluidos los de segunda y tercera generación, contribuyen con 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de EUA.

Un mito esencial de la retórica antimexicana en Estados Unidos es que los inmigrantes mexicanos desplazan a los ciudadanos norteamericanos en sus puestos de trabajo. Los datos desmienten puntualmente esta afirmación. De acuerdo con el último estudio del Partnership for a New American Economy, 40 por ciento de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que aportan 10 millones de empleos, fueron creadas por inmigrantes de primera y segunda generación. De acuerdo con el estudio, 28 por ciento de los negocios creados en los últimos años son propiedad de inmigrantes, y emplean a 10 por ciento de los trabajadores estadounidenses. Del total de Pymes en Estados Unidos, 12 por ciento son propiedad de inmigrantes mexicanos. Esto quiere decir que, alrededor de 570 mil empresas en Estados Unidos, o sea 1 de cada 25, son propiedad de inmigrantes mexicanos, y generan anualmente un estimado de 17 mil millones de dólares en ingresos.

Los latinos en Estados Unidos no sólo crean empresas, también sostienen una parte importante del consumo en este país. La población latina en Estados Unidos también representa un mercado de consumo fundamental para esta economía. De acuerdo con cifras de la Universidad de Georgia, el gasto de los consumidores en Estados Unidos representa 70 por ciento del PIB y los hispanos representan el mayor mercado minoritario en este país con un poder de compra que supera los 1.5 trillones de dólares, cerca del 11 por ciento del consumo total en los Estados Unidos para 2015. De acuerdo con estimaciones de Banco de México, el salario mensual promedio de un trabajador mexicano en Estados Unidos es de 2 mil 190 dólares y el monto promedio mensual de una remesa enviada a México es de 317 dólares. Lo anterior implica que, más de 87 por ciento del salario de un trabajador mexicano se queda y es gastado en la economía de Estados Unidos.

Otra parte de la retórica antimexicana en Estados Unidos se basa en la falacia de que los inmigrantes mexicanos reciben beneficios sociales sin pagar impuestos. Diversos estudios desmienten esta afirmación. Por ejemplo, en los últimos 15 años, el Sistema de Administración de Seguridad Social en Estados Unidos ha ingresado más de 90 mil millones de dólares por concepto de descuentos a los salarios de trabajadores inmigrantes que usan números de seguridad social prestados para trabajar. Por este mismo rubro, el Medicare, que es uno de los programas más importantes de cobertura social administrado por el gobierno de los Estados Unidos, ha recibido casi 21 mil millones de dólares. De acuerdo con datos del Institute for Taxation and Economic Policy, en promedio en los últimos años, las familias de inmigrantes indocumentados pagaron 11 mil millones de dólares en impuestos locales y estatales (1.2 mil millones en impuestos sobre la renta, 1.6 mil millones en impuestos sobre la propiedad y 8.4 mil millones en impuestos sobre ventas). De acuerdo con estimaciones de The Council of the Americas, los inmigrantes en Estados Unidos pagan aproximadamente mil 800 dólares más en impuestos de lo que reciben en beneficios públicos. Finalmente, de acuerdo con estimaciones de la Fundación BBVA Bancomer, el Sistema de Administración de Seguridad Social en Estados Unidos es financiado en su mayoría por trabajadores de entre 20 y 39 años de edad, de este segmento poblacional 18 por ciento son inmigrantes y 6 por ciento son inmigrantes nacidos en México.

Finalmente, para destacar su importancia en los Estados Unidos debo decir que los mexicanos son una fuerza social que se ha integrado plenamente a la sociedad norteamericana. En los últimos años, 143 mil 446 mexicanos han obtenido su residencia permanente, 89 por ciento de ellos por relaciones familiares con ciudadanos estadounidenses. De hecho, de acuerdo a diversas encuestas hechas por el Pew Research Center,los llamados mexicanos de primera y segunda generación, o sea hijos adultos de padres inmigrantes mexicanos se integran de mejor forma a la sociedad estadounidense. De acuerdo con encuestas, 60 por ciento de los hispanos de segunda generación se consideran a sí mismos como “estadounidenses típicos”, el doble que los inmigrantes de primera generación.

Los datos ya expuestos desmienten rotundamente el discurso antimexicano que ha caracterizado a la actual administración del presidente Trump y vuelven totalmente injustificadas sus pretensiones por radicalizar la política de deportación en Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen en Estados Unidos aproximadamente 5.7 millones de mexicanos migrantes indocumentados. Aún y cuando el presidente Trump ha indicado que el esfuerzo de deportación que llevará a cabo su administración se enfocará en aquellos inmigrantes que cuenten con antecedentes criminales, es necesario que el gobierno mexicano tome medidas y contemple seriamente la posibilidad de que, en los próximos años, millones de connacionales puedan ser deportados.

Medidas de protección para mexicanos en Estados Unidos de América

Ante el eventual cambio político en Estados Unidos y la retórica antimigrante que caracteriza a la administración del presidente Trump, el Estado mexicano debe tomar medidas para hacer frente a las posibles consecuencias que esto traerá para nuestro país. Una de estas consecuencias es la deportación masiva de connacionales. Ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó la propuesta del Senado de la República para destinar los mil millones que devolvió el Instituto Nacional Electoral (INE) hacia la tarea de los consulados de México en ese país, con el fin de reforzar la defensoría legal para la protección de los connacionales.

A su vez, desde el pasado 11 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de la República anunció un paquete de once medidas para evitar que los paisanos en Estados Unidos sean víctimas de abusos y fraudes. Este paquete de medidas se pondrá en marcha a través de la embajada y los 50 consulados en la Unión Americana, saber:

1. Puesta en marcha del Centro de Información de Atención a Mexicanos (CIAM). Este número telefónico desde EUA sin costo ofrece un primer punto de contacto con el gobierno de México para quien requiera asistencia, información y protección consular.

2. Activación de una línea directa disponible 24 horas, para atender cualquier duda sobre medidas migratorias o reportar incidentes.

3. Fomentar entre la comunidad mexicana el uso de una aplicación gratuita para dispositivos móviles. Esta aplicación contiene información relevante sobre actualidad migratoria, así como datos de contacto de los consulados y prestadores de servicios migratorios.

4. Incrementar la presencia de consulados móviles y sobre ruedas, a fin de ofrecer servicios integrales de protección y documentación a un mayor número de personas en sus comunidades.

5. Incremento en el número de citas para realizar trámites de matrícula consular, pasaportes y actas de nacimiento, con la intención de promover que todos los mexicanos cuenten con documentos de identidad, se aumentaran el número de citas.

6. Intensificación en la promoción del registro y expedición de actas de nacimiento, de hijos de nacionales mexicanos nacidos en EUA.

7. Extensión en el horario de los departamentos de protección de los consulados para atender un mayor número de casos.

8 Acelerar la apertura de ventanillas de asesoría financiera y fortalecer la campaña de bancarización en toda la red consular.

9. Reforzar el diálogo con autoridades estatales y locales, en el entendido que las políticas locales determinan, en buena medida, la vida diaria de los mexicanos en EUA.

10. Estrechar la relación con organizaciones de derechos civiles.

11. Hacer un llamado a las comunidades a evitar toda situación de conflicto y a no incurrir en acciones que puedan derivar en sanciones administrativas o penales.

A pesar de los argumentos ya expuestos y de los esfuerzos del gobierno mexicano, es necesario reconocer que la decisión de deportar a migrantes mexicanos indocumentados es una atribución soberana del gobierno de los EUA, por lo que debemos estar preparados para eventualmente a recibir en nuestro país a una gran cantidad de compatriotas deportados.

Ante este panorama, la reinserción social de los migrantes indocumentados se prefigura como una tarea inminente e inevitable. Es por eso que la presente iniciativa de ley pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Migración para incorporar en su articulado la visión de la reinserción, en su acepción amplia, como una estrategia para hacer frente a una eventual deportación masiva de mexicanos en EUA. Entre las medidas legislativas planteadas en la presente iniciativa se encuentran las siguientes:

a. Facilitar la reinserción de emigrantes que retornen al país por vía voluntaria, repatriados y deportados mexicanos, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

b. Fundar el respeto, protección y garantía irrestricta de los derechos humanos de repatriados y deportados mexicanos en su regreso y reinserción al país, en los principios de reinserción cultural, reinserción económica y reinserción social.

c. Incorporar en las definiciones de la Ley de Migración, el concepto de Deportado mexicano, que comprende al mexicano que es expulsado de un país extranjero después de rechazar su admisión e internación.

d. Incorporar en las definiciones de Ley de Migración el concepto de Repatriado, que comprende a todo aquel emigrante mexicano que regresa al país voluntaria o forzosamente.

e. Actualizar la Ley de Migración con un conjunto de nuevas definiciones que permitirán al Estado mexicano hacer frente a una nueva realidad que enfrenten nuestros connacionales en EUA. Entre esas definiciones se encuentran las siguientes:

Retorno Forzoso: Regreso obligado de un emigrante mexicano al país fundado en una decisión administrativa o judicial por parte de las autoridades del país receptor.

Reinserción: Reinclusión o reincorporación de un emigrante mexicano que regresa al país en la sociedad de su comunidad de origen.

Reinserción Social: Reinserción de un emigrante mexicano que regresa al país en la estructura social de su comunidad de origen. Esto incluye, por una parte, la creación de vínculos personales (familia, parientes, vecinos) y por la otra el desarrollo de la estructura de la sociedad civil (asociaciones civiles, grupos autónomos y otros).

Reinserción Cultural: Re-adopción de los valores, formas de vida, idioma, principios morales, ideología y tradiciones de la comunidad de origen, por el emigrante mexicano que ha regresado al país.

Reinserción Económica: Reinserción del emigrante mexicano que ha regresado al país en el sistema económico de su comunidad de origen. El estado deberá ser capaz de proveer condiciones igualitarias para que el migrante que ha regresado pueda ganar su vida. En términos de desarrollo, la reintegración económica también tiene como objetivo el uso de los conocimientos adquiridos por el emigrante en el país extranjero para promover el desarrollo de nuestro país.

f. La presente iniciativa pretende incorporar a la Ley de Migración un título nuevo, con capítulo único, conformado por 16 artículos nuevos que pretenden hacer patente la obligación del Estado mexicano de ofrecer alternativas de desarrollo a los connacionales que puedan ser deportados de los Estados Unidos, basadas en los principios de la reinserción social, cultural y económica, y que tiene como objetivo:

Facilitar el retorno al territorio nacional, ya sea voluntario o forzoso, de emigrantes mexicanos y sus familias, así como la repatriación de emigrantes mexicanos que retornen al país por vía voluntaria o forzosa, mediante acciones que propicien el respeto, protección y garantía irrestricta de los Derechos Humanos de mexicanos en su regreso y reinserción al país.

La reinserción de repatriados mexicanos al país estará basada en los principios de reinserción social, reinserción cultural y reinserción económica.

Los repatriados mexicanos y sus familias tendrán el derecho de solicitar apoyo, protección y orientación en todo momento a las Autoridades mexicanas de acuerdo a sus atribuciones competenciales en materia legal, educativa, de salud, de desarrollo cultural y laboral a fin de facilitar su reinserción a nuestro país.

El gobierno de la República mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional del Emprendedor promoverán y tendrán programas permanentes en materia de capacitación para el trabajo y el emprendimiento dirigidos a repatriados mexicanos y sus familias.

Es obligación del gobierno de la República mediante la Secretaría de Educación Pública facilitar y contar con programas específicos destinados a los repatriados y sus familias de acreditación de los programas educativos oficiales a nivel básico, medio y medio-superior que consideren las particularidades de idioma y cultura que caracterizan a este sector poblacional.

Los repatriados tendrán derecho al pleno reconocimiento académico así como a la equiparación y revalidación gratuita en el sistema educativo nacional de sus estudios efectuados en el exterior, así como también de los grados, títulos, diplomas o certificaciones profesionales obtenidos de manera total y licita en el país de obtención.

Será obligación de los registros civiles estatales de tramitar y proveer por una única vez de un acta de nacimiento mexicana de manera gratuita a aquellos repatriados mexicanos que no cuenten con una o que jamás la hayan tramitado.

Los repatriados mexicanos tendrán derecho a contar con asistencia jurídica por parte de la Defensoría Legal Federal impartida por defensores de oficio capacitados en materia de idiomas y asuntos migratorios.

El gobierno federal mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de establecer incentivos tributarios específicos para repatriados mexicanos y sus familias, así como, para empresas y comercios que otorguen beneficios para el consumo o para la incorporación al sector laboral formal de repatriados dirigidos a:

- Adquisición de vivienda y construcción.

- Adquisición de Menaje de casa.

- Transporte.

- Bienes de capital e insumos para el desempeño de oficios o profesiones.

- Descuento en contribuciones de seguridad social para empresas que contraten trabajadores repatriados en sus primeros 2 años de retorno al país.

- Beneficios fiscales a quienes otorguen descuento en la adquisición de bienes de consumo básico a repatriados en sus primeros 2 años de retorno al país.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá proveer de un espacio en línea de bolsa de trabajo para repatriados mexicanos y sus familias en donde se compilaran las oportunidades de incorporación al sector laboral formal para este sector poblacional.

La Secretaría de Salud mediante sus representaciones municipales, estatales y federales brindará programas de asistencia y atención psicológica a repatriados y sus familias para su reintegración social a nuestro país.

Las autoridades mexicanas de nuestro país estarán obligadas a facilitar la incorporación a las prestaciones de salud y de seguridad social en los regímenes existentes para los repatriados mexicanos y a incluir en sus programas y conceptos de atención los cuadros característicos de repatriados mexicanos incluyendo su atención psicológica.

Los repatriados mexicanos y sus familias tienen el derecho de ser considerados por las autoridades mexicanas para los programas de vivienda y crédito para la vivienda digna en su retorno a nuestro país.

El gobierno federal deberá de propiciar la celebración de convenios con el sector privado y sociedad civil para la creación de programas productivos que faciliten la debida reinserción de los repatriados mexicanos en nuestro país.

Las medidas y establecimientos de recepción de deportados mexicanos y repatriados voluntarios estarán regidas por lo dispuesto en el capítulo V de la Ley General de Población de los Estados Unidos Mexicanos.

Los cuerpos diplomáticos mexicanos y sus representaciones en el extranjero tendrán como prioridad presupuestal y administrativa la defensa de los emigrantes mexicanos que se encuentren en procesos de repatriación forzosa, así como la obligación de difundir entre la comunidad migrante los beneficios y obligaciones en materia de repatriados que otorga el Estado mexicano.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración de este Honorable Congreso el siguiente proyecto de

Decreto Ley de Migración Título Primero Disposiciones Preliminares
Capítulo Único

Disposiciones Preliminares

[...]

Artículo 2. La política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente ley, se plasman en el reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades.

Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

Facilitar el retorno al territorio nacional, ya sea voluntario o forzoso de emigrantes mexicanos y sus familias, así como la reinserción de emigrantes que retornen al país por vía voluntaria, repatriados y deportados mexicanos, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional. El respeto, protección y garantía irrestricta de los derechos humanos de repatriados y deportados mexicanos en su regreso y reinserción al país, estará fundada en los principios de reinserción cultural, reinserción económica y reinserción social.

El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Autoridad migratoria, al servidor público que ejerce la potestad legal expresamente conferida para realizar determinadas funciones y actos de autoridad en materia migratoria;

II. Acuerdo de readmisión: al acto por el cual la Secretaría determina autorizar la internación al país de un extranjero deportado con anterioridad;

III. Asilado: a todo extranjero que sea reconocido como tal en los términos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político;

IV. Apátrida: toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado, conforme a su legislación. La ley concederá igual trato a las personas que tienen una nacionalidad pero que no es efectiva.

V. Centro de Evaluación: al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración;

VI. Condición de estancia: a la situación regular en la que se ubica a un extranjero en atención a su intención de residencia y, en algunos casos, en atención a la actividad que desarrollarán en el país, o bien, en atención a criterios humanitarios o de solidaridad internacional.

VII. Constitución: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Cuota: al número máximo de extranjeros para ingresar a trabajar al país ya sea en general por actividad económica o por zona de residencia.

IX. Defensor de derechos humanos: a toda persona u organización de la sociedad civil que individual o colectivamente promueva o procure la protección o realización de los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías individuales en los planos nacional o internacional.

X. Deportado mexicano: Nacional mexicano que es expulsado de un país extranjero después de rechazar su admisión e internación.

XI. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria;

XII. Extranjero: a la persona que no posea la calidad de mexicano, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Constitución;

XIII. Filtro de revisión migratoria: al espacio ubicado en el lugar destinado al tránsito internacional de personas, donde el Instituto autoriza o rechaza la internación regular de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos;

XIV. Instituto: al Instituto Nacional de Migración;

XV. Ley: a la presente Ley;

XVI. Lugar destinado al tránsito internacional de personas: al espacio físico fijado por la Secretaría para el paso de personas de un país a otro;

XVII. Mexicano: a la persona que posea las calidades determinadas en el artículo 30 de la Constitución;

XVIII. Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.

XIX. Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: a todo migrante nacional o extranjero niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal;

XX. Oficina consular: a las representaciones del Estado mexicano ante el gobierno de otro país en las que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger a los mexicanos que se localizan en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento;

XXI. Presentación: a la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.

XXII. Protección complementaria: a la protección que la Secretaría otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

XXII. Refugiado: a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado Mexicano y a la legislación vigente;

XXIII. Reglamento: al Reglamento de la presente Ley;

XXIV. Retorno asistido es el procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual;

XXV. Repatriado: Emigrante mexicano que regresa al país voluntaria o forzosamente.

XXVI.Remuneración: a las percepciones que reciban las personas en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos por la prestación de un servicio personal subordinado o por la prestación de un servicio profesional independiente;

XXVII. Retorno Forzoso: Regreso obligado de un emigrante mexicano al país fundado en una decisión administrativa o judicial por parte de las autoridades del país receptor.

XXVIII. Reinserción: Reinclusión o reincorporación de un emigrante mexicano que regresa al país en la sociedad de su comunidad de origen

XXIX. Reinserción Social: Reinserción de un emigrante mexicano que regresa al país en la estructura social de su comunidad de origen. Esto incluye, por una parte, la creación de vínculos personales (familia, parientes, vecinos) y por la otra el desarrollo de la estructura de la sociedad civil (asociaciones civiles, grupos autónomos y otros).

XXX. Reinserción Cultural: Re-adopción de los valores, formas de vida, idioma, principios morales, ideología y tradiciones de la comunidad de origen, por el emigrante mexicano que ha regresado al país.

XXXI. Reinserción Económica: Reinserción del emigrante mexicano que ha regresado al país en el sistema económico de su comunidad de origen. El estado deberá ser capaz de proveer condiciones igualitarias para que el migrante que ha regresado pueda ganar su vida. En términos de desarrollo, la reintegración económica también tiene como objetivo el uso de los conocimientos adquiridos por el emigrante en el país extranjero para promover el desarrollo de nuestro país.

XXXII. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación;

XXXIII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: al mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de confianza del Instituto.

XXXIV. Situación migratoria: a la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas;

XXXV. Tarjeta de residencia: al documento que expide el Instituto con el que los extranjeros acreditan su situación migratoria regular de residencia temporal o permanente;

XXXVI. Trámite migratorio: Cualquier solicitud o entrega de información que formulen las personas físicas y morales ante la autoridad migratoria, para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio de carácter migratorio a fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquélla documentación o información que solo tenga que presentarse en caso de un requerimiento del Instituto, y

XXXVII. Visa: a la autorización que se otorga en una oficina consular que evidencia la acreditación de los requisitos para obtener una condición de estancia en el país y que se expresa mediante un documento que se imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa también se puede otorgar a través de medios y registros electrónicos pudiéndose denominar visa electrónica o virtual. La visa autoriza al extranjero para presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar, según el tipo de visado su estancia, siempre que se reúnan los demás requisitos para el ingreso.

[...]

Título Noveno
Repatriación y Reinserción Capítulo Único
Disposiciones

Artículo 163. El presente capítulo tiene como objeto facilitar el retorno al territorio nacional, ya sea voluntario o forzoso, de emigrantes mexicanos y sus familias, así como la repatriación de emigrantes mexicanos que retornen al país por vía voluntaria o forzosa, mediante acciones que propicien el respeto, protección y garantía irrestricta de los derechos humanos de mexicanos en su regreso y reinserción al país teniendo en consideración las condiciones económicas internacionales y el endurecimiento de las políticas migratorias en el mundo.

Artículo 164. La reinserción de repatriados mexicanos al país estará basada en los principios de:

I. Reinserción Social.

II. Reinserción Cultural.

III. Reinserción Económica.

Artículo 165. Los repatriados mexicanos y sus familias tienen el derecho de solicitar apoyo, protección y orientación en todo momento a las autoridades mexicanas de acuerdo a sus atribuciones competenciales en materia legal, educativa, de salud, de desarrollo cultural y laboral a fin de facilitar su reinserción a nuestro país.

Artículo 166. El gobierno de la República mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional del Emprendedor promoverán y tendrán programas permanentes en materia de capacitación para el trabajo y el emprendimiento dirigidos a repatriados mexicanos y sus familias.

Artículo 167. Es obligación del gobierno de la República mediante la Secretaría de Educación Pública facilitar y contar con programas específicos destinados a los repatriados y sus familias de acreditación de los programas educativos oficiales a nivel básico, medio y medio-superior que consideren las particularidades de idioma y cultura que caracterizan a este sector poblacional.

Artículo 168. Los repatriados tendrán derecho al pleno reconocimiento académico así como a la equiparación y revalidación gratuita en el sistema educativo nacional de sus estudios efectuados en el exterior, así como también de los grados, títulos, diplomas o certificaciones profesionales obtenidos de manera total y licita en el país de obtención.

Artículo 169. Es obligación de los registros civiles estatales de tramitar y proveer por una única vez de un acta de nacimiento mexicana de manera gratuita a aquellos repatriados mexicanos que no cuenten con una o que jamás la hayan tramitado.

Artículo 170. Los repatriados mexicanos tendrán derecho a contar con asistencia jurídica por parte de la Defensoría Legal Federal impartida por defensores de oficio capacitados en materia de idiomas y asuntos migratorios.

Artículo 171. El gobierno federal mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de establecer incentivos tributarios específicos para repatriados mexicanos y sus familias, así como, para empresas y comercios que otorguen beneficios para el consumo o para la incorporación al sector laboral formal de repatriados dirigidos a:

I. Adquisición de vivienda y construcción.

II. Adquisición de menaje de casa.

III. Transporte.

IV. Bienes de capital e insumos para el desempeño de oficios o profesiones.

V. Descuento en contribuciones de seguridad social para empresas que contraten trabajadores repatriados en sus primeros 2 años de retorno al país.

VI. Beneficios fiscales a quienes otorguen descuento en la adquisición de bienes de consumo básico a repatriados en sus primeros 2 años de retorno al país.

Artículo 172. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá proveer de un espacio en línea de bolsa de trabajo para repatriados mexicanos y sus familias en donde se compilarán las oportunidades de incorporación al sector laboral formal para este sector poblacional.

Artículo 173. La Secretaría de Salud mediante sus representaciones municipales, estatales y federales brindará programas de asistencia y atención psicológica a repatriados y sus familias para su reintegración social a nuestro país.

Artículo 174. Las autoridades mexicanas de nuestro país están obligadas a facilitar la incorporación a las prestaciones de salud y de seguridad social en los regímenes existentes para los repatriados mexicanos y a incluir en sus programas y conceptos de atención los cuadros característicos de repatriados mexicanos incluyendo su atención psicológica.

Artículo 175. Los repatriados mexicanos y sus familias tienen el derecho de ser considerados por las autoridades mexicanas para los programas de vivienda y crédito para la vivienda digna en su retorno a nuestro país.

Artículo 176. El gobierno federal deberá propiciar la celebración de convenios con el sector privado y sociedad civil para la creación de programas productivos que faciliten la debida reinserción de los repatriados mexicanos en nuestro país.

Artículo 177. Las medidas y establecimientos de recepción de deportados mexicanos y repatriados voluntarios estarán regidas por lo dispuesto en el capítulo V de la Ley General de Población de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 178. Los cuerpos diplomáticos mexicanos y sus representaciones en el extranjero tendrán como prioridad presupuestal y administrativa la defensa de los emigrantes mexicanos que se encuentren en procesos de repatriación forzosa, así como la obligación de difundir entre la comunidad migrante los beneficios y obligaciones en materia de repatriados que otorga el Estado mexicano.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 DHS Compendium of Yearbook of Immigration Statistics, https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook

2 Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 2014, http://www.pewhispanic.org/2016/04/19/statistical-portrait-of-hispanics-in-the- united-states/

3 Los mexicanos en Estados Unidos: la importancia de sus contribuciones

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Liborio Vidal Aguilar,Adolfo Mota Hernández, Alfredo Anaya Orozco, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Genoveva Huerta Villegas, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, Santos Garza Herrera, Sara Latife Ruíz Chávez, Sara Paola Galico Félix Díaz, Virgilio Daniel Méndez Bazán, Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Liborio Vidal Aguilar. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.

Sonido en la curul del diputado Cervera. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Felipe Cervera Hernández (desde la curul): Señor presidente, para que a través suyo le solicite autorización al diputado Vidal, para adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado está de acuerdo. Está a su disposición en la Mesa Directiva para la firma correspondiente, diputado.



LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas en una intervención, el diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La primera, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. La segunda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa y delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

El diputado Eukid Castañón Herrera:Con el permiso de la Mesa Directiva, amigos y amigas diputados, el robo de los hidrocarburos es un tema de enorme preocupación para la nación; primero, porque representa un grave problema de seguridad en las poblaciones aledañas donde se registran las tomas clandestinas de los oleoductos y quitan la tranquilidad a las familias de estas regiones; segundo, porque significa un enorme daño al erario público, debido a los costos financieros, así como de abasto.

Debemos tener en cuenta que la seguridad energética es parte de la seguridad nacional cuya afectación repercute en todos los sectores: en el sector social, en el sector industrial y en el tema ambiental. El robo y comercialización de los hidrocarburos es un medio de financiamiento de los distintos grupos del crimen organizado, lo cual potencializa las acciones delictivas de las células delincuenciales. Adicionalmente, las medidas administrativas y legislativas para combatir el robo de hidrocarburos no han tenido el impacto para disminuir este fenómeno criminal y cada día se incrementa el robo directo en oleoductos, así como el robo de pipas que transportan los combustibles.

La gravedad del fenómeno delictivo del 2000 a 2015 en territorio nacional es de 14 mil 168 tomas clandestinas detectadas y en el 2014 Pemex dio a conocer que cada dos horas es vulnerada una infraestructura de esta empresa productiva del Estado, con la finalidad de extraer gasolina, diésel, gas, petróleo crudo y petroquímicos, incrementándose en 14 años la tasa porcentual que refleja la incidencia delictiva en un 2,622 por ciento.

Sí, amigos y amigas diputadas, 2,622 por ciento, lo que establece o equivale una alza anual promedio de 187 por ciento. Hoy vemos de manera preocupante que los beneficios obtenidos de esta actividad ilícita están enriqueciendo a poblaciones enteras, lo que indica que este tipo de actividades están trastocando el tejido social de nuestro país, lo cual no lo podemos permitir.

La impunidad con la que actúan las personas y grupos que roban y lucran con los hidrocarburos, en parte es por la debilidad de la estructura jurídica que debe soportar las acciones de autoridad del Estado.

Algunos datos. Entre 2009 y 2014, Pemex sufrió el equivalente a la sustracción de 7.5 millones de barriles y el daño fue de 46 mil millones de pesos, las reparaciones de infraestructura y tecnología afectada por el crimen organizado equivalen a 6 mil 543 millones de pesos en el 2013, en 2008 esta suma era de 529 millones 801 mil pesos, lo cual muestra un incremento de mil 135 por ciento.

Este problema que hoy entra en el tejido social del país, debe ser atendido por los tres niveles de gobierno, de manera consistente, contundente, pero sobre todo con mano firme. Necesitamos fortalecer las medidas.

Por ello, es que hoy presento ante ustedes dos iniciativas con proyecto de decreto, una para reformar el párrafo segundo, del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estar en condiciones de otorgar, de manera oficiosa, la medida cautelar de prisión preventiva a quien se le impute la presunta comisión de uno o varios delitos en materia de hidrocarburos, elevando la gravedad de la conducta a nivel constitucional.

La segunda iniciativa pretende reformar diversas disposiciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual considera la modificación de 11 artículos, que buscan incrementar la prisión y las multas.

Concluyendo. La información muestra que entre 2006 y 2014, en términos del anterior sistema de justicia penal, se iniciaron 10 mil 487 averiguaciones previas, de las cuales solamente el 14 por ciento obtuvieron auto de formal prisión. Los otros obtuvieron su libertad ante el Ministerio Público, como el juez, pero 2 mil 250 fueron consignadas sin orden de aprehensión.

A los diputados y diputadas, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a las presidencias respectivas donde se turnen estas dos iniciativas, hago un llamado respetuoso para sacar adelante estas reformas que ayuden al combate de estas prácticas. Y en la medida de lo posible evitar que se siga corrompiendo el tejido social de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir ysancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Eukid Castañón Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos en materia de sanciones

Considerando

Que la seguridad energética es un elemento parte de la seguridad nacional, cuya afectación repercute en todos los sectores industrial, civil, ambiental e institucional, y que se alcanza por medio de diversas fuentes, infraestructuras, equipamientos y medios tecnológicos, evidenciando así el carácter poliédrico del concepto y por tanto la gravedad de su menoscabo.

Que uno de los múltiples medios de financiamiento de los distintos grupos de crimen organizado en el país es el robo y venta de hidrocarburos, lo cual implica una afectación a la seguridad energética.

Que, no obstante se han ejercido medidas administrativas y legislativas para combatir el robo de hidrocarburos, éstas no han demostrado tener un impacto benéfico directo ante el fenómeno criminal.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece en su meta nacional México en Paz, objetivo 1.2 “Garantizar la Seguridad Nacional”, en las líneas de acción de su estrategia 1.2.1. Impulsar el desarrollo del marco jurídico en materia de seguridad nacional, que fortalezca las capacidades de las instituciones del Estado y de su personal con funciones relacionadas con la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, en el marco de un estado democrático y de derecho; objetivo 1.3 “Mejorar las condiciones de seguridad pública” y objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad”.

Que una de las funciones de la pena es motivar a los ciudadanos a no lesionar o poner en peligro bienes jurídicos penalmente protegidos.

Que por la relevancia que reviste el fenómeno criminal atentatorio contra la seguridad energética, y por tanto seguridad nacional, además de la compleja situación que genera el robo de hidrocarburos y las consideraciones previamente expuestas, he tenido a bien proponer mayores mecanismos jurídicos que aseguren una efectiva administración de justicia en la materia, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

El Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al periodo 2013-2018, realza el objetivo de un México en Paz, consistente en lograr un pacto social fortalecido entre el Estado y la ciudadanía que responda a los retos democráticos y de seguridad que enfrenta el país, teniendo como algunas implicaciones, entre otras, el fortalecer la gobernabilidad democrática; garantizar la seguridad nacional; mejorar las condiciones de seguridad pública; garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente; y salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen humano.

En cuanto a la particular meta de garantizar la seguridad nacional, es necesario, entre otras, políticas que permitan identificar y prevenir la actualización de fenómenos, sobre todo delictivos, que pretendan atentar contra los intereses estratégicos nacionales y un marco legal que responda a las amenazas que enfrentamos.

Acorde a la problemática actual que vive nuestro país en materia energética, es innegable que el uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de la sociedad, y su escasez derivaría en un gran obstáculo para el desarrollo de cualquier economía. Es por ello que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país, garantizando sus fuentes, e identificando de manera anticipada los requerimientos asociados al crecimiento económico y extendiéndolos a todos los mexicanos, además de los beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía.

Atendiendo a estudios de la Dirección General de Análisis Legislativo (Instituto Belisario Domínguez) de la Cámara de Senadores y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 88 por ciento de la energía primaria que se consume en México proviene del petróleo, la fuente de energía más utilizada en el mundo; es el principal insumo para la generación de energía eléctrica en la producción de combustible para transporte y en la industria y solo en 2015, por ejemplo, el petróleo aportó 7 por ciento al producto interno bruto nacional (PIB) –no obstante en determinados periodos alcanzó a más de 10 por ciento del producto nacional– y constituyeron los ingresos petroleros 30 por ciento de los ingresos presupuestarios del sector público. La energía, como se desprende de los argumentos vertidos, es de gran trascendencia para el desarrollo nacional en todos sus ámbitos, y por tanto para la seguridad nacional. De manera equivalente, en el plano de la seguridad económica se incluye la energía desde una perspectiva disciplinar propia de la economía, siendo lo principal la garantía del flujo energético necesario para el funcionamiento de la industria, el transporte y el consumo doméstico.

La ciencia jurídica no es ajena a la respuesta que debe darse a la escasez de los recursos energéticos dada la finitud de materias primas, como se observa desde el 2013, año en el que inició una disminución en la producción de petróleo crudo, cayendo entre esa fecha y 2015 en 244 mil barriles diarios, pero limitarse al hecho de la escasez y no a sus causas no es conceptualmente suficiente para una consideración completa de la seguridad energética, habiendo más factores que inciden en ésta, por ejemplo, la vulnerabilidad de las fuentes que proveen dicho suministro.

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 señaló en este sentido que los grandes obstáculos en el sector energético del país son la disminución de la producción de petrolíferos –mientras que, a la inversa, su demanda seguía incrementándose–, las pérdidas no técnicas y el mercado ilícito de combustibles. En el caso del petróleo, los factores que agravan esta clase de pérdidas son la presencia de una actividad creciente de robo y la insuficiencia de recursos humanos y materiales dedicados a la persecución de esos actos ilícitos; tan solo en 2013 el robo de combustible ocasionó pérdidas económicas que fueron superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía y mayor en 600 millones al presupuesto de la Cámara de Diputados, sin hacer mención que se registró casi un aumento de tomas clandestinas en 70 por ciento en el subsecuente 2014.

En atención al fenómeno delictivo, las amenazas, riesgos y agresiones sobre el sector energético pueden ser de distinto origen y causalidad, no obstante, se circunscribe el mismo a la actuación de los grupos del crimen organizado, quienes derivado de las continuas actuaciones de instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno y militares, tanto en el plano internacional y nacional, han abierto, además del narcotráfico, nuevas vías de financiación, tales como el robo de hidrocarburos, trata de personas, secuestro, entre otras, con el objetivo de diversificar éstas, lo cual a su vez les confiere mayor solidez frente a las actuaciones del Estado tendientes a minimizarlas.

Es a partir de 2010 que los cárteles mexicanos diversificaron sus actividades delictivas, situando el robo de hidrocarburos como fuente prioritaria e inmediata de recursos para la compra de armamento, vehículos, elaboración de drogas sintéticas y pago de nóminas para el sostenimiento de sus operaciones. Muestra de lo anterior es que el Cártel de Sinaloa relega el robo de combustible como segunda fuente de financiamiento, y ese mismo estado concentra 13 por ciento de las tomas clandestinas de todo el país en el año 2014, diferenciándose en la actualidad dos principales modalidades de sustracción: robo de pipas (camiones cisterna) y robo directo en oleoductos.

En lo que respecta a las cifras del robo de combustible, cabe destacar el número de tomas detectadas desde 2004 a 2014:

Y a manera de ampliación, de acuerdo con solicitudes de información formuladas por Etellekt a Pemex Refinación, de 2000 a 2015, se detectaron en territorio nacional un total de 14 mil 168 tomas clandestinas. Informaría a su vez en 2014 el subdirector de Distribución de Pemex Refinación, Francisco Fernández Lagos, el alarmante promedio de perforación de ductos para extracción de gasolina, diésel, gas, petróleo crudo o petroquímicos: cada dos horas es vulnerada infraestructura de Pemex para la comisión del ilícito.

Aunado a lo expuesto:

• Entre 2009 y 2014, Pemex sufrió pérdidas por valor de 46 mil millones de pesos

• En el año 2009 las pérdidas de Pemex ascendieron a 3 mil 500 millones de pesos, aumentando en el año 2014 a 17 mil millones de pesos;

• Solo en el año 2014 se sustrajo combustible equivalente a 7.5 millones de barriles;

• Sumado a lo anterior, debe contemplarse el gasto realizado por concepto de reparaciones de infraestructura y tecnología afectada por el crimen organizado equivalente a 6 mil 543 millones de pesos, que anexados a las pérdidas de la materia prima, contabilizan 25 mil 543 millones de pesos tan sólo durante 2013. En el 2008 el monto erogado por Pemex para la reparación de ductos sumó 529 millones 801 mil pesos, por lo que en 6 años los gastos de Pemex por ese concepto se incrementaron mil 135 por ciento.

Como es de observarse en la tabla incorporada al presente, el impacto de la delincuencia organizada en el sector energético se aprecia a partir de datos que apuntan a una actividad de mayor escala, lo cual también ha generado distorsiones en el mercado formal, que se desprenden de los datos publicados en informes de Pemex, en los cuales se identifica un incremento inversamente proporcional en el número de estaciones de servicio respecto a los ingresos por venta total de gasolina, es decir, desde 2010 se reporta una caída en la venta total de gasolina magna en estaciones de servicio, pero continúa incrementándose el número de estaciones que distribuyen el producto, por lo tanto, en lugar de que de un mayor número de estaciones se vea reflejado el incremento de la venta de combustible que reporta Pemex, ésta ha descendido indicando la existencia de un canal paralelo de comercialización de producto robado, incluso estimaciones de Pemex reflejan que cerca de 80 por ciento del combustible robado tiene como destino probable las franquicias del mismo, lo cual refleja a su vez un alarmante incremento en la comisión de ilícitos en la materia.

Ventas de gasolina magna en estaciones de servicio 2008-2013

Fuente: Etellekt, 2015

Número de estaciones de servicio de Pemex 2000-2014

Fuente: Etellekt, 2015

Ahora bien, los cárteles responsables del robo de combustible varían en función de la zona geográfica nacional de la que se trate, pudiendo en algunas ocasiones circunscribirse a un solo grupo de crimen organizado, o en su defecto en varios, lo cual conlleva al incremento paulatino de la violencia y afectación de las instituciones de seguridad pública, ya por corrupción o bien por enfrentamientos directos, debido a la disputa de las zonas estratégicas que permiten la instalación de tomas clandestinas. Debe destacarse que los estados más afectados por este fenómeno delictivo son Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, estado de México, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, debido a que en ellos el sector industrial es muy relevante, y por tanto, lo es la infraestructura de oleoductos que provee de energía a todo ese sector.

Número de tomas clandestinas por entidad: México, 2000-2014

Fuente: Etellekt, 2015

En el plazo comprendido entre 2000 a 2014, la tasa porcentual que refleja la incidencia delictiva incrementó en un 2 mil 622 por ciento, obteniendo un promedio de alza anual de 187 por ciento, esto sin descartar la posibilidad de que dicha incidencia delictiva aumente drásticamente en los años subsecuentes debido a la liberalización de los precios de las gasolinas, lo cual podría conllevar a incrementos bruscos en los precios de venta al público como consecuencia directa de su liberalización al mercado energético, el cual se rige por leyes económicas; la oferta y demanda, por ejemplo, del crudo en el mercado internacional, están afectadas significativamente por factores externos y contingentes como la perspectiva política inducida por organismos internacionales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), factores especulativos por lanzamiento de contratos futuros sobre petróleo en los principales mercados de materias primas en el mundo, la aplicación de tecnologías ambientales en el proceso de refinación de gasolinas, tecnologías en materia de energías renovables, fortaleza o debilidad del dólar, entre otros.

En síntesis, las consecuencias del robo de combustible pueden enunciarse en distintos rubros:

1. Económico:

Ya que el ingreso perdido que se estimaba por el concepto de combustibles repercute directamente en la inversión a la cual se destinaría la utilidad. Sólo en 2014 se llegaron a registrar pérdidas por valor de mil 159 millones de dólares. La tendencia seguida es muy preocupante, especialmente si se atiende a las estimaciones de Amegas (Asociación mexicana de empresarios gasolineros), la cual afirma que el crimen organizado podría estar controlando 20 por ciento del mercado nacional de combustibles.

2. Político:

En el aspecto de perjudicar la imagen del país, y por tanto, desplazar, tanto nacional como internacionalmente, a los posibles inversores privados en materia de hidrocarburos, ya sea por los daños a la infraestructura, robos de vehículos y tecnología o los altos índices de secuestros de trabajadores de la industria petrolera, pues una de las principales motivaciones de la Reforma Energética aprobada en 2013 derivó de la necesidad de adicionar la participación de particulares para fomentar la competencia en la industria energética nacional. Esta preocupación fue incluso manifestada por quien fuere embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, señalando que las empresas se ven obligadas a incrementar sus costos operativos debido a los gastos que realizan para hacer frente al escenario de inseguridad, lo que afecta los flujos de inversión extranjera. De ahí que advirtió la necesidad de incrementar la cooperación internacional para frenar a los grupos delictivos y sus redes con presencia internacional, así como continuar con los esfuerzos gubernamentales para fortalecer a las instituciones de seguridad en el país.

3. Social:

Se traduce en este rubro la problemática del desabastecimiento en regiones del país, afectando a cientos de estaciones de abasto de combustible automotriz. En el caso de puebla, a principios de 2015, se le atribuyó a este fenómeno el desabasto en por lo menos 120 gasolineras de un total de 465.

4. Ambiental:

Derivado de las fallidas extracciones de combustibles por los grupos de crimen organizado, existen fugas de combustible, incendios o explosiones que sin duda son nocivas para el medio ambiente; existe contaminación ambiental atribuida a las “ordeñas”.

Tal como se desprende de la exposición previa, el robo de combustible supone una actividad ilícita en crecimiento y que ocasiona importantes pérdidas económicas e impacta otras esferas de interés general, sobre todo la de seguridad energética, la cual a su vez incide en el aspecto económico, político e institucional, sobre todo en el militar, ya que el abasto de energía es presupuesto de una adecuada defensa nacional. En Jalisco, por ejemplo, tanquetas y unidades blindadas que conformaban el Operativo Jalisco quedaron paradas por falta de combustible, en medio de la movilización y el desplazamiento de equipo y personal militar para atrapar al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Por ello y por otros efectos negativos se han implementado una serie de medidas encaminadas a disuadir la comisión de delitos en la materia que se pudieran producir, por ejemplo, dejando de transportar combustible listo para el consumo, siendo únicamente este tratado a medias; la Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito, la cual cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina y la Policía Federal (PF) para mantener la vigilancia de la Red Nacional de Ductos, entre otras, pero que de acuerdo con las cifras citadas no parecen acercarse a un escenario de mejoría en el combate a la delincuencia.

Como se observa, para contrarrestar las distintas acciones lesivas del crimen organizado, así como de una adecuada procuración y administración de justicia, son necesarias mayores medidas de seguridad y contramedidas preventivas que pueden implementarse con diversos medios, desde la protección física hasta la instrumentación de mecanismos jurídicos, pues los resultados de las acciones penales parecerían insuficientes atendiendo a información que afirma que entre 2006 y julio de 2014 se iniciaron 10 mil 487 averiguaciones previas, con un total de 3 mil 808 personas detenidas de las cuales solamente mil 484 tuvieron autos de formal prisión, es decir, solo 14 por ciento. Los otros detenidos obtuvieron su libertad ante el Ministerio Público o por el juez, pero 2 mil 250 fueron consignadas sin orden de aprehensión.

Resultado de las acciones emprendidas en la Procuraduría General de la República (2006-2015)

La falta de efectividad de las instituciones de seguridad y procuración de justicia es un factor esencial que contribuye al incremento del fenómeno delictivo en el país, ya que la inseguridad y la efectividad de las instituciones para perseguir y sancionar al delincuente tienen un nexo indisoluble, pues si no existe capacidad para sancionar al que infringe la ley penal, luego entonces existirá misma incapacidad para garantizar la seguridad del ciudadano.

Dicha impunidad, como es lógico, fomenta la corrupción dentro de las empresas petroleras, en este caso la empresa productiva del estado, Pemex, pues de 2006 a 2014 la misma ha interpuesto 141 denuncias ministeriales en contra de empleados y ex empleados de la empresa por la presunta comisión de delitos relacionados con el robo de combustibles, concentrando 81 por ciento de las denuncias los estados de Tabasco, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo y Sinaloa, lo preocupante es que solo 10.5 por ciento del total de trabajadores y/o ex trabajadores denunciados por el delito de robo de hidrocarburos fueron condenados.

De manera paralela, en una línea doctrinal, el derecho penal es un mecanismo público de control social formal, al cual el Estado confía los bienes jurídicos consensuados socialmente como los de mayor valía para la sociedad y cuya afectación o lesión, implican la necesidad, como ultima ratio, de una reacción severa por parte del sistema jurídico, y la comprensión de este mecanismo nos lleva necesariamente a las teorías relativas de la pena, es decir, aquellas teorías que afirman que la pena debe cumplir necesariamente una función social.

Por lo anterior, se publica el 12 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual instauró los tipos penales y sanciones de las diversas conductas por las que se afecta el patrimonio en materia de hidrocarburos, a fin de inhibir la comisión de estos delitos.

Debemos distinguir dos formas distintas de prevención: la prevención general y la prevención especial.

La prevención general establece que la función motivadora del derecho penal se dirige a todos los ciudadanos dentro de dos variantes que existen al interior de esta teoría: la prevención general negativa y la prevención general positiva. La primera de ellas se caracteriza por ver a la pena como un mecanismo de intimidación para motivar a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos penalmente protegidos y se verifica en la norma penal, es decir, a través de una vinculación psicológica al tener el ciudadano común conocimiento de la sanción para que no se decida éste a cometer un hecho delictivo (“A” de hidrocarburos conlleva la sanción “X”, por lo tanto, mejor no “A”).

Además, la función motivadora de la pena puede o no ejercer dicha función, atendiendo al tipo de delito de que se trate, por ejemplo, en el caso de los delitos pasionales, pues la decisión de delinquir en estos casos no es producto de una evaluación racional de los pros y los contras de la acción. En este sentido, la función de prevención general negativa tendría que limitarse solamente a los delitos en los que el agente hace efectivamente una ponderación de costos y beneficios de su actuación, así las cosas, la aplicación de la teoría de la prevención general negativa se reduciría sólo a los delitos en los que el agente cumple el modelo de sujeto que actúa racionalmente, por lo que, en este caso, pueden encuadrar los cometidos en materia de hidrocarburos al existir un pleno proceso deliberativo y racional para la comisión de la conducta, por ejemplo, la elección de los medios y valoración futura de las estrategias para la sustracción de petroquímicos de infraestructura o instalaciones de Pemex, y la posterior ponderación de los beneficios que conllevaría la venta de los mismos. Aunado a ello, también debe reconocerse que la pena genera el fortalecimiento en la convicción de la población sobre la intangibilidad de los bienes jurídicos, es decir, su respeto.

La llamada teoría de la prevención especial de la pena sostiene a su vez que la pena debe intimidar al delincuente para que no vuelva a cometer hechos delictivos. Si es que la pena impuesta al delincuente no le produce un efecto intimidante, la teoría de la prevención especial establece que, en estos casos, la pena tendrá que asumir la labor de corregir a este sujeto inintimidable.

En este entendido y circunscribiéndonos a las teorías de la prevención, se sostiene que la función de la pena es motivar al delincuente o a los ciudadanos a no lesionar o poner en peligro bienes jurídicos penalmente protegidos, en este caso de manera prioritaria la seguridad energética y seguridad nacional, hecho que actualmente no sucede como se observa en las estadísticas y datos ya expuestos, por lo que la finalidad expresa plasmada en el dictamen de la citada ley que consiste en proteger de la delincuencia –principalmente de la organizada– los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, claramente no se ha alcanzado, precisamente, porque no existe una incidencia directa sobre el individuo a través de la motivación de la pena por ser ésta insuficiente.

En la misma línea argumentativa y a manera de refuerzo, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se implanta el sistema de justicia acusatorio y oral para dejar a un lado el inquisitorio, además de que se realza un tema fundamental de interés nacional, que es la lucha contra la delincuencia organizada.

La reforma constitucional citada, modifica, entre otros, los artículos 19 y 16 constitucionales, impactando la forma en la que debe otorgarse la prisión preventiva e incorpora la medida cautelar del arraigo tratándose de casos de delincuencia organizada.

En ese mismo sentido, los delitos que ameritan el otorgamiento oficioso de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo en comento son:

a. Delincuencia organizada;

b. Homicidio doloso;

c. Violación;

d. Secuestro;

e. Trata de personas;

f. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos;

g. Delitos graves que determine la ley en contra de:

i. La seguridad de la nación;

ii. El libre desarrollo de la personalidad; y

iii. De la salud.

En un análisis de los diversos delitos respecto de los cuales es procedente la prisión preventiva oficiosa, es innegable que comparten éstos dos elementos en común, a saber:

1. Se trata de delitos cuya comisión presupone la existencia de un alto riesgo de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, o bien, que pueda obstaculizar la investigación o afectar la integridad de las personas involucradas en la conducta indagada; y

2. Son conductas que, además de lesionar los bienes jurídicos más importantes para la sociedad, como lo son por mencionar algunos: la vida, la salud, la libertad y la integridad y permanencia del Estado mexicano, es inconcuso que por lo menos de los 9 delitos señalados, 8 encuentran relación directa con el crimen organizado –sin desconocer que pueden presentarse de forma aislada–, sobre todo con sus principales formas de financiamiento como lo son:

a. El secuestro;

b. La trata de personas;

c. El narcotráfico (delitos contra la salud);

d. Pornografía infantil (delitos cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad), entre otros tantos.

Por lo tanto, es correcto concluir que la reforma constitucional en cita no encuentra su motivo únicamente en las particularidades de la personalidad del imputado, como se expresa en el dictamen emitido por Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados respecto la reforma al sistema penal en comento, sino también como medio resultante de una política de combate al crimen organizado, que a su vez justifica la inclusión a nivel constitucional de la figura del arraigo, ya que como se demuestra, son objeto de este tipo de medidas cautelares las conductas que, además de ser también características de organizaciones criminales, tienen como finalidad el financiamiento de las mismos, lo que como efecto indirecto conlleva a un impacto negativo en la seguridad nacional, y una herramienta eficaz para atacar dicho financiamiento lo son también las sanciones idóneas.

En atención a los argumentos vertidos en cuanto a que los delitos cometidos en materia de hidrocarburos constituyen una vía fundamental de financiamiento del crimen organizado; obedeciendo la misma lógica de incorporación de los delitos respecto de los cuales es procedente la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, que atiende al combate efectivo de la delincuencia organizada; considerando la función de la pena en el derecho penal como mecanismo de prevención del delito y corrección del delincuente; profundamente consternado por los alarmante índices delictivos en materia de hidrocarburos que han ido en constante aumento, además de las aparentes insuficientes medidas para la prevención y combate de dichas conductas, es que resulta fundamental elevar las sanciones contempladas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016, puesto que éstas no resultan lo suficientemente elevadas para poder generar la convicción o bien motivación de no incurrir en conductas delictivas en la materia, proponiendo lo siguiente:

Es por lo anteriormente expuesto, con la única pretensión de atacar de manera más eficiente y eficaz este fenómeno delictivo que merma la seguridad energética de nuestro país, perjudica el combate en materia de crimen organizado y que por tanto amenaza la seguridad nacional, que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos en materia de sanciones

Único. Se reforman los artículos 8; 9 incisos a), b), c), d) y tercer párrafo; 11 y 12, fracciones I, II y III; artículos 13 y 14; artículo 15, párrafos primero y segundo; artículos 16, 17, 18 y 19, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 8. Se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien: (...)

Artículo 9. Se sancionará a quien:

(...)

Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la siguiente manera:

a) Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 4 a 6 años de prisión y multa de 4,000 a 6,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

b) Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente a 1,000 litros, se impondrá de 6 a 10 años de prisión y multa de 6,000 a 10,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

c) Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros pero menor a 2,000 litros, se impondrá de 10 a 12 años de prisión y multa de 10,000 a 14,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

d) Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 12 a 17 años de prisión y multa de 12,000 a 17,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Para los efectos de los supuestos señalados en la fracción III incisos a), b) y c) del presente artículo deberá mediar querella del órgano regulador o parte agraviada.

En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, objeto de las conductas descritas en las fracciones I, II y III, se impondrá de 12 a 17 años de prisión y multa de 12,000 a 17,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, siempre que se acredite que por las condiciones en que se encuentra contenido dicho volumen, se presuma que se trata de cantidades mayores a los 2,000 litros.

Artículo 11. Se sancionará de 10 a 15 años de prisión y multa de 7,000 a 12,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.

Artículo 12. (...)

I. Hasta 5 años de prisión y multa hasta de 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente. II. De 5 a 8 años de prisión y multa de 200 hasta 320 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando exceda de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, pero no de quinientas.

III. De 8 a 17años de prisión y multa de 320 hasta 800 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando exceda de quinientas veces el mismo.

(...)

Artículo 13. Se sancionará de 3 a 7 años de prisión y multa de 6,000 a 9,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante la autoridad competente.

(...)

Artículo 14. Se sancionará de 8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al que comercialice o transporte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, cuando no contengan los marcadores o las demás especificaciones que para estos productos establezca la autoridad competente, determinados en la documentación que así lo prevea.

(...)

Artículo 15. Se impondrá de 6 a 8 años de prisión y multa de 6,000 a 8,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al arrendatario, propietario o poseedor o a quien se ostente como tal, de algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes.

Se impondrá de 9 a 16 años de prisión y multa de 9,000 a 16,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito objeto de la presente ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad o no lo denuncie a las autoridades correspondientes.

Artículo 16. Se impondrá de 5 a 8 años de prisión y multa de 5,000 a 8,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien:

(...)

Artículo 17. Se impondrá pena de 12 a 20 años de prisión y multa de 12,000 a 20,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien:

(...)

Artículo 18. Se impondrá pena de 17 a 25 años de prisión y multa de 17,000 a 27,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta ley.

Artículo 19. Se sancionará de 10 a 14 años de prisión y multa de 10,000 a 14,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obligue o intimide mediante coerción, amenaza o cualquier tipo de violencia, a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta ley.

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno Federal. Pág. 39.

2 Ibídem

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. Pag. 78

4 Instituto Belisario Domínguez. Robo de hidrocarburos en México. Mirada Legislativa. Senado de la República. Núm. 81 junio 2015 Pág. 1

5 De Espona, Rafael. El moderno concepto integrado de seguridad energética. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento Opinión 32/2013, publicado el 2 de abril de 2013. Pág. 6

6 Instituto Belisario Domínguez. Op cit. Pág. 5 Véase también: Secretaría de Energía (Sener), Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, Sener, México, 2013;

7 De Espona, Rafael. Op Cit. Pág. 7

8 Instituto Belisario Domínguez. Op Cit. Pág. 1

9 Montero, José Ignacio. El robo de combustible en México en el contexto del narcotráfico: Una vía alternativa de financiación. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento Opinión 55/2016 publicado el 2 de junio de 2016. Pág. 2

10 Véase también: Carriles, Luis, “La logística del robo de combustibles”, Periódico El Economista, México, 28 de septiembre de 2014.

11 Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

12 Montero, José Ignacio. Op Cit. Pág. 9

13 González, Nayeli, “La ordeña a Pemex, sólo con expertos; criminales usan alta tecnología”, Periódico Excélsior, México, 4 de febrero de 2014. Citado en: Idem. Pág 5.

14 Tabla: Elaboración de José Ignacio Montero, con datos de la Cámara de Diputados, PEMEX y Consultoría Etellekt. Citado en: Ídem. Pág 3.

15 Entrevista de Francisco Fernández Lagos, Subdirector de Distribución de Pemex Refinación a el periódico El Universal, el día 2 de febrero de 2015. Disponible en www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/ordenia-de-ductos-riesgo-de-seguri dad

16 Staff Oil & Gas Magazine, “Pierde Pemex 46 mmdp en robo de combustible”, Revista de la industria del petróleo y el gas, 20 de febrero de 2015. Citado en: Ibid.

17 Higa, Daniel, “Robo de hidrocarburo en tomas clandestinas generaron pérdidas de 17 mil millones de pesos en 2014”, Bolsamanía, 21 de abril de 2015. Citado en: Ibid.

18 Nájar, Alberto, “La pérdida de miles de millones que causa el robo de combustible en México”, BBC Mundo, Ciudad de México, 16 de febrero de 2015. Citado en: Idem. Pág 4.

19 Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

20 “Tamaulipas, sólo 19 detenidos por ordeña de gasolinas” en Milenio en línea, fecha de publicación: 17 de junio del 2014, Disponible en: http://www.milenio.com/policia/Tamaulipas-solo-detenidos-ordena-gasolina_0_3191 68104.html Citado en: Ibidem.

21 Procuraduría General de la República. “Asegura PGR 25 mil litros de hidrocarburo en Acayucan, Veracruz”. Miércoles, 3 de junio de 2009. Boletín 590/09 Consúltese en: http://archivo.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol09/Jun/b59009.shtm

22 Nuche, Asael. Op Cit. S.P.

23 Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

24 El Cártel de los Zetas, no reduce al narcotráfico su principal vía de financiación, sino que existen 25 vías diferentes para lograrlo, entre las que destacan sobre todo el robo de combustible, trata de personas, extorsión y secuestro. Staff Puebla On Line, “Los Zetas, responsables del robo de combustible en Puebla: Fiscalía”, Periódico Puebla On Line, México, 24 de febrero de 2016.

25 “Aunque el estado de Veracruz se mantuvo a la cabeza en este delito en el periodo que comprende de 2000 hasta el 2010, Sinaloa lo rebasó al incrementarse entre el 2010 y el 2011 en 183% el número de tomas. Durante el 2014, Tamaulipas fue el estado que presentó el mayor número de tomas clandestinas, con un total de 691, lo que equivale al 16.4% del total nacional. Le siguieron Guanajuato con un total de 546, Sinaloa con 519, Jalisco con 361, Puebla con 319, Tabasco con 312. En otras palabras, a nivel nacional, seis estados concentran el 65% de las tomas clandestinas. Cabe señalar que en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, de 2013 a marzo del 2015, el número de tomas clandestinas superó al de los dos sexenios anteriores al sumar 8,259 contra 5,909 de los 12 años previos.” NUCHE, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

26 Ibídem.

27 Ruiz-Caro, Ariela. El papel de la OPEP en el comportamiento del mercado petrolero internacional. Cepal. Santiago de Chile, abril de 2001. Consúltese en: http://archivo.cepal.org/pdfs/2001/S0103287.pdf

28 González, Nayeli, “Crimen controla el 20% de gasolinas; pierden terreno los emprendedores”, Periódico Excélsior, México, 20 de enero de 2015.

29 Trabajadores de Pemex en Coatzacoalcos ya no se ponen uniforme por temor a ser secuestrados”, en Plumas Libres, fecha de publicación: 01 de septiembre del 2014, [Fecha de consulta: 01 de septiembre del 2014]. Disponible en: http://plumaslibres.com.mx/2014/08/29/trabajadores-de-pemex-en-coatzacoalcos-ya -se-ponen-uniforme-por-temor-ser-secuestrados/

30 Rivera Carolina. “Pandillas y crimen afectan inversión extranjera: Anthony Wayne”, en Milenio, fecha de publicación: 02 de junio del 2015, [Fecha de consulta: 03 de junio del 2015] Disponible en: http://www.milenio.com/policia/embajador_EU-Anthony_Wayne pandillas_crimen_organizado-crimen_internacional_0_529147212.html

31 “27 mil barriles de gasolina son robados cada día, dice director de Pemex Refinación”, Periódico Sin Embargo, México, 23 de septiembre de 2015.

32 S.A. “Hay desabasto de gasolina y diésel en el país por robo, confirma Pemex”. Periódico en Línea Teléfono Rojo, México, 23 de diciembre de 2016.

33 Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

34 Véase también: CESEDEN, La tercera revolución energética y su repercusión en la seguridad y defensa, Documento de Seguridad y Defensa nº 36, Madrid, Ministerio de Defensa, 2010.

35 Véase: http://www.proceso.com.mx/408687/desabasto-de-combustible-paraliza-acciones-mil itares-en-jalisco

36 González, Nayeli, “Pemex ya no usará ductos para gasolinas; se enfrenta a delincuencia”, Periódico Excélsior, México, 18 de febrero de 2015.

37 El objetivo principal de la Estrategia es prevenir y abatir el robo, extracción, adulteración y comercialización de los productos petrolíferos, acciones que atentan contra la seguridad nacional y ponen en peligro la vida de habitantes en comunidades aledañas a las instalaciones. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre robo de hidrocarburos”, Gaceta Parlamentaria, N° 3716-I, martes 26 de febrero de 2013, México. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx

38 De Espona, José. Op cit. Pág 10

39 Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre robo de hidrocarburos”, Gaceta Parlamentaria, 27 de octubre de 2014, México. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx Véase también: Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3716-I, martes 26 de febrero de 2013. Comunicaciones oficiales: De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre el robo de hidrocarburos. (2013, febrero 26) En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXII Legislatura, Gaceta Parlamentaria año XVI, número 3716. Consúltese en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130226-I.html#ComunicacionO ficial6

Citado en: Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

40 Jaime, Edna; Tapia F., José; Goode, Maralá; et al. (2010). SISS: Sistema de índices e indicadores en seguridad pública. México: México Evalúa. Citado en: Ibid

41 Pemex, Sisi: 1857200244814, 17 de diciembre de 2014 Citado en: Ibid

42 Pemex, Sisi: 1857200244914, 17 de diciembre de 2014. Citado en: Ibid

43 Véase: Miguel Ángel Mancera Espinosa. ¿Derecho penal del enemigo en México? Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pág.587. Consúltese en: ttp://www.corteidh.or.cr/tablas/a20478.pdf

44 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Segunda, por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pág. 6.

Consúltese:http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/ docs/dictamen_151215.pdf

45 Cavero, Percy. Acera de la Función de la Pena. Universidad de Piura. S.A. Pág. 4. Consúltese en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_80.pdf

46 Feuerbach, Tratado de Derecho penal, (trad. Zaffaroni/Hagemeier), Buenos Aires, 1989, § 13 Citado en: Ibid.

47 Vid., con mayores detalles, Roxin, en Problemas básicos, p. 18. Citado en: Ibid.

48 Ibíd.

49 Vid., Jakobs, en El sistema funcionalista, p. 43. Citado en: Cavero, Op Cit. Pág. 5

50 Véase: Von Liszt, «Der Zweckgedanke im Strafrecht», en Strafrechtliche Aufsätze und Vörtrage, T. I (1875-1891), Berlin, 1905 (reimp. Berlin, 1970), p. 126 y ss. Citado en: Idem. Pág. 6

51 Ibíd.

52 Ibíd.

53 Especie de medida cautelar necesaria para asegurar los fines del proceso penal cuando otras medidas cautelares (como la colocación de localizadores electrónicos o vigilancia de una persona, por ejemplo) no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

54 Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de Documentación, Información y Análisis. Cuaderno de Apoyo. Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública (Proceso Legislativo) (18 de junio de 2008) SAD-07-08. Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf

55 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Eukid Castañón Herrera,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Anaya Orozco, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloisa Chavarrias Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Janette Ovando Reazola, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, José Hernán Cortés Berumen, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Karina Padilla Avila, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Mercedes Aguilar López, María Verónica Agundis Estrada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Pedro Garza Treviño, Rene Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Sergio Emilio Gómez Olivier, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Eukid Castañón. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Eukid Castañón Herrera:

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Eukid Castañón Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa y delitos cometidos en materia de hidrocarburos

Considerando

Que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana;

Que derivado de la reforma constitucional citada, el artículo 19 constitucional incorpora la característica de oficiosidad en la medida cautelar de prisión preventiva respecto determinados delitos enunciados en el segundo párrafo del mismo, siendo uno de ellos la delincuencia organizada;

Que la Seguridad Energética es un elemento parte de la Seguridad Nacional cuya afectación repercute en todos los sectores industrial, civil, ambiental e institucional, y que se alcanza por medio de diversas fuentes, infraestructuras, equipamientos y medios tecnológicos, evidenciando así el carácter poliédrico del concepto y por tanto la gravedad de su menoscabo;

Que uno de los múltiples medios de financiamiento de los distintos grupos de crimen organizado en el país es el robo y venta de hidrocarburos, lo cual implica una afectación a la Seguridad Energética;

Que, no obstante se han ejercido medidas administrativas y legislativas para combatir el robo de hidrocarburos, éstas no han demostrado tener un impacto benéfico directo ante el fenómeno criminal;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Meta Nacional “México en Paz”, objetivo 1.2 “Garantizar la Seguridad Nacional”, en las líneas de acción de su estrategia 1.2.1. Impulsar el desarrollo del marco jurídico en materia de Seguridad Nacional, que fortalezca las capacidades de las instituciones del Estado y de su personal con funciones relacionadas con la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en el marco de un Estado democrático y de Derecho; objetivo 1.3 “Mejorar las condiciones de seguridad pública” y objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad”.

Que por la relevancia que reviste el fenómeno criminal atentatorio contra la Seguridad Energética, y por tanto Seguridad Nacional, además de la compleja situación que genera el robo de hidrocarburos y las consideraciones previamente expuestas, he tenido a bien proponer mayores mecanismos procesales que aseguren una efectiva administración de justicia en la materia, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

El Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al periodo 2013-2018, realza el objetivo de un México en Paz, consistente en lograr un pacto social fortalecido entre el Estado y la ciudadanía que responda a los retos democráticos y de seguridad que enfrenta el país, teniendo como algunas implicaciones, entre otras, el fortalecer la gobernabilidad democrática; garantizar la Seguridad Nacional; mejorar las condiciones de seguridad pública; garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente; y salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen humano.

En cuanto a la particular meta de garantizar la Seguridad Nacional, es necesario, entre otras, políticas que permitan identificar y prevenir la actualización de fenómenos, sobre todo delictivos, que pretendan atentar contra los intereses estratégicos nacionales y un marco legal que responda a las amenazas que enfrentamos.

Acorde a la problemática actual que vive nuestro país en materia energética, es innegable que el uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de la sociedad, y su escasez derivaría en un gran obstáculo para el desarrollo de cualquier economía. Es por ello que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país, garantizando sus fuentes, e identificando de manera anticipada los requerimientos asociados al crecimiento económico y extendiéndolos a todos los mexicanos, además de los beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía.

Atendiendo a estudios de la Dirección General de Análisis Legislativo (Instituto Belisario Domínguez) de la Cámara de Senadores y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 88% de la energía primaria que se consume en México proviene del petróleo, la fuente de energía más utilizada en el mundo; es el principal insumo para la generación de energía eléctrica en la producción de combustible para transporte y en la industria y solo en el año 2015, por ejemplo, el petróleo aportó 7% al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) -no obstante en determinados periodos alcanzó a más de 10% del producto nacional- y constituyeron los ingresos petroleros el 30% de los ingresos presupuestarios del sector público. La energía, como se desprende de los argumentos vertidos, es de gran trascendencia para el desarrollo nacional en todos sus ámbitos, y por tanto para la Seguridad Nacional. De manera equivalente, en el plano de la Seguridad Económica se incluye la energía desde una perspectiva disciplinar propia de la Economía, siendo lo principal la garantía del flujo energético necesario para el funcionamiento de la industria, el transporte y el consumo doméstico.

La ciencia jurídica no es ajena a la respuesta que debe darse a la escasez de los recursos energéticos dada la finitud de materias primas, como se observa desde el 2013, año en el que inició una disminución en la producción de petróleo crudo, cayendo entre esa fecha y 2015 en 244 mil barriles diarios, pero limitarse al hecho de la escasez y no a sus causas no es conceptualmente suficiente para una consideración completa de la Seguridad Energética, habiendo más factores que inciden en ésta, por ejemplo, la vulnerabilidad de las fuentes que proveen dicho suministro.

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 señaló en este sentido que los grandes obstáculos en el sector energético del país son la disminución de la producción de petrolíferos -mientras que, a la inversa, su demanda seguía incrementándose-, las pérdidas no técnicas y el mercado ilícito de combustibles. En el caso del petróleo, los factores que agravan esta clase de pérdidas son la presencia de una actividad creciente de robo y la insuficiencia de recursos humanos y materiales dedicados a la persecución de esos actos ilícitos; tan solo en 2013 el robo de combustible ocasionó pérdidas económicas que fueron superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía y mayor en 600 millones al presupuesto de la Cámara de Diputados, sin hacer mención que se registró casi un aumento de tomas clandestinas en un 70% en el subsecuente 2014.

En atención al fenómeno delictivo, las amenazas, riesgos y agresiones sobre el sector energético pueden ser de distinto origen y causalidad, no obstante, se circunscribe el mismo a la actuación de los grupos del crimen organizado, quienes derivado de las continuas actuaciones de instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno y militares, tanto en el plano internacional y nacional, han abierto, además del narcotráfico, nuevas vías de financiación, tales como el robo de hidrocarburos, trata de personas, secuestro, entre otras, con el objetivo de diversificar éstas, lo cual a su vez les confiere mayor solidez frente a las actuaciones del Estado tendientes a minimizarlas.

Es a partir de 2010 que los cárteles mexicanos diversificaron sus actividades delictivas, situando el robo de hidrocarburos como fuente prioritaria e inmediata de recursos para la compra de armamento, vehículos, elaboración de drogas sintéticas y pago de nóminas para el sostenimiento de sus operaciones. Muestra de lo anterior es que el Cártel de Sinaloa relega el robo de combustible como segunda fuente de financiamiento, y ese mismo estado concentra el 13% de las tomas clandestinas de todo el país en el año 2014, diferenciándose en la actualidad dos principales modalidades de sustracción: robo de pipas (camiones cisterna) y robo directo en oleoductos.

En lo que respecta a las cifras del robo de combustible, cabe destacar el número de tomas detectadas desde 2004 a 2014:

Y a manera de ampliación, de acuerdo con solicitudes de información formuladas por Etellekt a Pemex Refinación, de 2000 a 2015, se detectaron en territorio nacional un total de 14,168 tomas clandestinas. Informaría a su vez en 2014 el subdirector de Distribución de Pemex Refinación, Francisco Fernández Lagos, el alarmante promedio de perforación de ductos para extracción de gasolina, diésel, gas, petróleo crudo o petroquímicos: cada dos horas es vulnerada infraestructura de Pemex para la comisión del ilícito.

Aunado a lo expuesto:

• Entre 2009 y 2014, Pemex sufrió pérdidas por valor de 46 mil millones de pesos;

• En el año 2009 las pérdidas de Pemex ascendieron a 3 mil 500 millones de pesos, aumentando en el año 2014 a 17 mil millones de pesos;

• Solo en 2014 se sustrajo combustible equivalente a 7.5 millones de barriles;

• Sumado a lo anterior, debe contemplarse el gasto realizado por concepto de reparaciones de infraestructura y tecnología afectada por el crimen organizado equivalente a 6 mil 543 millones de pesos, que anexados a las pérdidas de la materia prima, contabilizan 25 mil 543 millones de pesos tan sólo durante el 2013. En el 2008 el monto erogado por Pemex para la reparación de ductos sumó 529 millones 801 mil pesos, por lo que en 6 años los gastos de Pemex por ese concepto se incrementaron mil 135 por ciento.

Como es de observarse en la tabla incorporada al presente, el impacto de la delincuencia organizada en el sector energético se aprecia a partir de datos que apuntan a una actividad de mayor escala, lo cual también ha generado distorsiones en el mercado formal, que se desprenden de los datos publicados en informes de Pemex, en los cuales se identifica un incremento inversamente proporcional en el número de estaciones de servicio respecto a los ingresos por venta total de gasolina, es decir, desde 2010 se reporta una caída en la venta total de gasolina magna en estaciones de servicio, pero continúa incrementándose el número de estaciones que distribuyen el producto, por lo tanto, en lugar de que de un mayor número de estaciones se vea reflejado el incremento de la venta de combustible que reporta Pemex, ésta ha descendido indicando la existencia de un canal paralelo de comercialización de producto robado, incluso estimaciones de Pemex reflejan que cerca de 80 por ciento del combustible robado tiene como destino probable las franquicias del mismo, lo cual refleja a su vez un alarmante incremento en la comisión de ilícitos en la materia.

Ventas de gasolina Magna en estaciones de servicio 2008-2013

Fuente: Etellekt, 2015

Número de estaciones de servicio de Pemex 2000-2014

Fuente: Etellekt, 2015

Ahora bien, los cárteles responsables del robo de combustible varían en función de la zona geográfica nacional de la que se trate, pudiendo en algunas ocasiones circunscribirse a un solo grupo de crimen organizado, o en su defecto en varios, lo cual conlleva al incremento paulatino de la violencia y afectación de las instituciones de seguridad pública, ya por corrupción o bien por enfrentamientos directos, debido a la disputa de las zonas estratégicas que permiten la instalación de tomas clandestinas. Debe destacarse que los estados más afectados por este fenómeno delictivo son Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, estado de México, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, debido a que en ellos el sector industrial es muy relevante, y por tanto, lo es la infraestructura de oleoductos que provee de energía a todo ese sector.

Número de tomas clandestinas por entidad: México, 2000-2014

Fuente: Etellekt, 2015

En el plazo comprendido entre 2000 a 2014, la tasa porcentual que refleja la incidencia delictiva incrementó en un 2,622%, obteniendo un promedio de alza anual de 187%, esto sin descartar la posibilidad de que dicha incidencia delictiva aumente drásticamente en los años subsecuentes debido a la liberalización de los precios de las gasolinas, lo cual podría conllevar a incrementos bruscos en los precios de venta al público como consecuencia directa de su liberalización al mercado energético, el cual se rige por leyes económicas; la oferta y demanda, por ejemplo, del crudo en el mercado internacional, están afectadas significativamente por factores externos y contingentes como la perspectiva política inducida por organismos internacionales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), factores especulativos por lanzamiento de contratos futuros sobre petróleo en los principales mercados de materias primas en el mundo, la aplicación de tecnologías ambientales en el proceso de refinación de gasolinas, tecnologías en materia de energías renovables, fortaleza o debilidad del dólar, entre otros.

En síntesis, las consecuencias del robo de combustible pueden enunciarse en distintos rubros:

1. Económico:

Ya que el ingreso perdido que se estimaba por el concepto de combustibles repercute directamente en la inversión a la cual se destinaría la utilidad. Solo en 2014 se llegaron a registrar pérdidas por valor de 1.159 millones de dólares. La tendencia seguida es muy preocupante, especialmente si se atiende a las estimaciones de Amegas (Asociación mexicana de empresarios gasolineros), la cual afirma que el crimen organizado podría estar controlando un 20% del mercado nacional de combustibles.

2. Político:

En el aspecto de perjudicar la imagen del país, y por tanto, desplazar, tanto nacional como internacionalmente, a los posibles inversores privados en materia de hidrocarburos, ya sea por los daños a la infraestructura, robos de vehículos y tecnología o los altos índices de secuestros de trabajadores de la industria petrolera, pues una de las principales motivaciones de la Reforma Energética aprobada en 2013 derivó de la necesidad de adicionar la participación de particulares para fomentar la competencia en la industria energética nacional. Esta preocupación fue incluso manifestada por quien fuere Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, señalando que las empresas se ven obligadas a incrementar sus costos operativos debido a los gastos que realizan para hacer frente al escenario de inseguridad, lo que afecta los flujos de inversión extranjera. De ahí que advirtió la necesidad de incrementar la cooperación internacional para frenar a los grupos delictivos y sus redes con presencia internacional, así como continuar con los esfuerzos gubernamentales para fortalecer a las instituciones de seguridad en el país.

3. Social:

Se traduce en este rubro la problemática del desabastecimiento en regiones del país, afectando a cientos de estaciones de abasto de combustible automotriz. En el caso de puebla, a principios de 2015, se le atribuyó a este fenómeno el desabasto en por lo menos 120 gasolineras de un total de 465.

4. Ambiental:

Derivado de las fallidas extracciones de combustibles por los grupos de crimen organizado, existen fugas de combustible, incendios o explosiones que sin duda son nocivas para el medio ambiente; existe contaminación ambiental atribuido a las “ordeñas”.

Tal como se desprende de la exposición previa, el robo de combustible supone una actividad ilícita en crecimiento y que ocasiona importantes pérdidas económicas e impacta otras esferas de interés general, sobre todo la de Seguridad Energética, la cual a su vez incide en el aspecto económico, político e institucional, sobre todo en el militar, ya que el abasto de energía es presupuesto de una adecuada defensa nacional. En Jalisco, por ejemplo, tanquetas y unidades blindadas que conformaban el “Operativo Jalisco” quedaron paradas por falta de combustible, en medio de la movilización y el desplazamiento de equipo y personal militar para atrapar al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Por ello y por otros efectos negativos se han implementado una serie de medidas encaminadas a disuadir la comisión de delitos en la materia que se pudieran producir, por ejemplo, dejando de transportar combustible listo para el consumo, siendo únicamente éste tratado a medias; la “Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito”, la cual cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina y la Policía Federal (PF) para mantener la vigilancia de la “Red Nacional de Ductos”, entre otras, pero que de acuerdo con las cifras citadas no parecen acercarse a un escenario de mejoría en el combate a la delincuencia.

Como se observa, para contrarrestar las distintas acciones lesivas del crimen organizado, así como de una adecuada procuración y administración de justicia, son necesarias mayores medidas de seguridad y contramedidas preventivas que pueden implementarse con diversos medios, desde la protección física hasta la instrumentación de mecanismos jurídicos, pues los resultados de las acciones penales parecerían insuficientes atendiendo a información que afirma que entre 2006 y julio de 2014 se iniciaron 10 mil 487 averiguaciones previas, con un total de 3 mil 808 personas detenidas de las cuales solamente mil 484 tuvieron autos de formal prisión, es decir, solo el 14%. Los otros detenidos obtuvieron su libertad ante el Ministerio Público o por el juez, pero 2 mil 250 fueron consignadas sin orden de aprehensión.

La falta de efectividad de las instituciones de seguridad y procuración de justicia es un factor esencial que contribuye al incremento del fenómeno delictivo en el país, ya que la inseguridad y la efectividad de las instituciones para perseguir y sancionar al delincuente tienen un nexo indisoluble, pues si no existe capacidad para sancionar al que infringe la ley penal, luego entonces existirá misma incapacidad para garantizar la seguridad del ciudadano.

Dicha impunidad, como es lógico, fomenta la corrupción dentro de las empresas petroleras, en este caso la Empresa Productiva del Estado, Pemex, pues de 2006 a 2014 la misma ha interpuesto 141 denuncias ministeriales en contra de empleados y ex empleados de la empresa por la presunta comisión de delitos relacionados con el robo de combustibles, concentrando el 81% de las denuncias los estados de Tabasco, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo y Sinaloa, lo preocupante es que solo 10.5% del total de trabajadores y/o ex trabajadores denunciados por el delito de robo de hidrocarburos fueron condenados.

De manera paralela y en una línea doctrinal, el Derecho Penal es un mecanismo público de control social formal, al cual el Estado confía los bienes jurídicos consensuados socialmente como los de mayor valía para la sociedad y cuya afectación o lesión, implican la necesidad, como ultima ratio, de una reacción severa por parte del sistema jurídico.

En el mismo marco de los razonamientos anteriores, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se implanta el sistema de justicia acusatorio y oral para dejar a un lado el inquisitorio, además de que se realza un tema fundamental de interés nacional, que es la lucha contra la delincuencia organizada.

La reforma constitucional citada, modifica, entre otros, el artículo 19 constitucional, impactando la forma en la que debe otorgarse la prisión preventiva adicionando la naturaleza de oficiosidadcuando se trate de la comisión de determinados delitos ,es decir, de acuerdo a la naturaleza del vocablo y al citado artículo, no es necesario que el Ministerio Público solicite la aplicación de dicha medida, puesto que existirán supuestos en los que ésta se otorgue de manera “automática”, con la finalidad de garantizar el fin del proceso penal.

En ese mismo sentido, los delitos que ameritan el otorgamiento oficioso de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo en comento son:

a. Delincuencia organizada;

b. Homicidio doloso;

c. Violación;

d. Secuestro;

e. Trata de personas;

f. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos;

g. Delitos graves que determine la ley en contra de:

i. La seguridad de la Nación;

ii. El libre desarrollo de la personalidad; y

iii. De la salud.

En un análisis de los diversos delitos respecto de los cuales es procedente la prisión preventiva oficiosa, es innegable que comparten éstos dos elementos en común, a saber:

1. Se trata de delitos cuya comisión presupone la existencia de un alto riesgo de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, o bien, que pueda obstaculizar la investigación o afectar la integridad de las personas involucradas en la conducta indagada; y

2. Son conductas que, además de lesionar los bienes jurídicos más importantes para la sociedad, como lo son por mencionar algunos: la vida, la salud, la libertad y la integridad y permanencia del Estado Mexicano, es inconcuso que por lo menos de los 9 delitos señalados, 8 encuentran relación directa con el crimen organizado -sin desconocer que pueden presentarse de forma aislada-, sobre todo con sus principales formas de financiamiento como lo son:

a. Secuestro;

b. Trata de personas;

c. Narcotráfico (delitos contra la salud);

d. Pornografía infantil (delitos cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad), entre otros;

e. Además de conductas características de los “cárteles”, como son el homicidio doloso o delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

Por lo tanto, es correcto concluir que esta incorporación de la oficiosidad en la medida cautelar de la prisión preventiva no encuentra su motivo únicamente en las particularidades de la personalidad del imputado, como se expresa en el dictamen emitido por Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de Cámara de Diputados respecto la reforma al sistema penal en comento, sino también como medio resultante de una política de combate al crimen organizado, ya que como se demuestra, son objeto de este tipo de medidas cautelares las conductas que, además de ser también características de organizaciones criminales, tienen como finalidad el financiamiento de las mismas, lo que como efecto indirecto conlleva a un impacto negativo en la seguridad nacional en virtud de que dichos grupos delincuenciales incrementan su capacidad operativa y técnica, atentando contra el bienestar de la población e integridad y permanencia de las instituciones del estado.

Es por las consideraciones anteriores y los argumentos vertidos en cuanto a que los delitos cometidos en materia de hidrocarburos constituyen una vía fundamental de financiamiento del crimen organizado, y que consecuentemente, obedeciendo la misma lógica de incorporación de los delitos respecto de los cuales es procedente la prisión preventiva oficiosa, resulta primordial incluir dicha procedencia respecto la comisión de delitos en materia de hidrocarburos, siendo aquellos los determinados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016, en el siguiente sentido:

Por lo anteriormente expuesto, con la única pretensión de atacar de manera más eficiente y eficaz este fenómeno delictivo que merma la seguridad energética de nuestro país, perjudica el combate en materia de crimen organizado y por tanto amenaza la seguridad nacional, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa y delitos cometidos en materia de hidrocarburos

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 19. (...)

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y en materia de hidrocarburos.

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno Federal. Pág. 39.

2 Ibídem

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. Pág. 78

4 Instituto Belisario Domínguez. Robo de hidrocarburos en México. Mirada Legislativa. Senado de la República. Núm. 81 junio 2015 Pág. 1

5 De Espona, Rafael. El moderno concepto integrado de seguridad energética. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento Opinión 32/2013, publicado el 2 de abril de 2013. Pág. 6

6 Instituto Belisario Domínguez. Op cit. Pág. 5 Véase también: Secretaría de Energía (Sener), Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, Sener, México, 2013;

7 De Espona, Rafael. Op Cit. Pág. 7

8 Instituto Belisario Domínguez. Op Cit. Pág. 1

9 Montero, José Ignacio. El robo de combustible en México en el contexto del narcotráfico: Una vía alternativa de financiación. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento Opinión 55/2016 publicado el 2 de junio de 2016. Pág. 2

10 Véase también: Carriles, Luis, “La logística del robo de combustibles”, Periódico El Economista, México, 28 de septiembre de 2014.

11 Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

12 Montero, José Ignacio. Op Cit. Pág. 9

13 González, Nayeli, “La ordeña a Pemex, sólo con expertos; criminales usan alta tecnología”, Periódico Excélsior, México, 4 de febrero de 2014. Citado en: Ídem. Pág 5.

14 Tabla: Elaboración de José Ignacio Montero, con datos de la Cámara de Diputados, Pemex y Consultoría Etellekt. Citado en: Ídem. Pág 3.

15 Entrevista de Francisco Fernández Lagos, subdirector de Distribución de Pemex Refinación al periódico El Universal, el día 2 de febrero de 2015. Disponible en www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/ordenia-de-ductos-riesgo-de-seguri dad

16 Staff Oil & Gas Magazine, “Pierde Pemex 46 mmdp en robo de combustible”, Revista de la industria del petróleo y el gas, 20 de febrero de 2015. Citado en: Ibíd.

17 Higa, Daniel, “Robo de hidrocarburo en tomas clandestinas generaron pérdidas de 17 mil millones de pesos en 2014”, Bolsamanía, 21 de abril de 2015. Citado en: Ibíd.

18 Nájar, Alberto, “La pérdida de miles de millones que causa el robo de combustible en México”, BBC Mundo, Ciudad de México, 16 de febrero de 2015. Citado en: Ídem. Pág 4.

19 Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

20 “Tamaulipas, sólo 19 detenidos por ordeña de gasolinas” en Milenio en línea, fecha de publicación: 17 de junio del 2014, Disponible en: http://www.milenio.com/policia/Tamaulipas-solo-detenidos-ordena-gasolina_0_3191 68104.html Citado en: Ibídem.

21 Procuraduría General de la República. “Asegura PGR 25 mil litros de hidrocarburo en Acayucan, Veracruz”. Miércoles, 3 de junio de 2009. Boletín 590/09 Consúltese en: http://archivo.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol09/Jun/b59009.shtm

22 Nuche, Asael. Op Cit. S.P.

23 Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

24 El Cártel de los Zetas, no reduce al narcotráfico su principal vía de financiación, sino que existen 25 vías diferentes para lograrlo, entre las que destacan sobre todo el robo de combustible, trata de personas, extorsión y secuestro. Staff Puebla on Line, “Los Zetas, responsables del robo de combustible en Puebla: Fiscalía”, Periódico Puebla on Line, México, 24 de febrero de 2016.

25 “Aunque el estado de Veracruz se mantuvo a la cabeza en este delito en el periodo que comprende de 2000 hasta el 2010, Sinaloa lo rebasó al incrementarse entre el 2010 y el 2011 en 183% el número de tomas. Durante el 2014, Tamaulipas fue el estado que presentó el mayor número de tomas clandestinas, con un total de 691, lo que equivale al 16.4% del total nacional. Le siguieron Guanajuato con un total de 546, Sinaloa con 519, Jalisco con 361, Puebla con 319, Tabasco con 312. En otras palabras, a nivel nacional, seis estados concentran el 65% de las tomas clandestinas. Cabe señalar que en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, de 2013 a marzo del 2015, el número de tomas clandestinas superó al de los dos sexenios anteriores al sumar 8,259 contra 5,909 de los 12 años previos.” Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

26 Ibídem.

27 Ruiz-Caro, Ariela. El papel de la OPEP en el comportamiento del mercado petrolero internacional. Cepal. Santiago de Chile, abril de 2001. Consúltese en: http://archivo.cepal.org/pdfs/2001/S0103287.pdf

28 González, Nayeli, “Crimen controla el 20% de gasolinas; pierden terreno los emprendedores”, Periódico Excélsior, México, 20 de enero de 2015.

29 Trabajadores de Pemex en Coatzacoalcos ya no se ponen uniforme por temor a ser secuestrados”, en Plumas Libres, fecha de publicación: 01 de septiembre del 2014, [Fecha de consulta: 01 de septiembre del 2014]. Disponible en: http://plumaslibres.com.mx/2014/08/29/trabajadores-de-pemex-en-coatzacoalcos-ya -se-ponen-uniforme-por-temor-ser-secuestrados/

30 Rivera Carolina. “Pandillas y crimen afectan inversión extranjera: Anthony Wayne”, en Milenio, fecha de publicación: 02 de junio del 2015, [Fecha de consulta: 03 de junio del 2015] Disponible en: http://www.milenio.com/policia/embajador_EU-Anthony_Wayne pandillas_crimen_organizado-crimen_internacional_0_529147212.html

31 “27 mil barriles de gasolina son robados cada día, dice director de Pemex Refinación”, Periódico Sin Embargo, México, 23 de septiembre de 2015.

32 S. A. “Hay desabasto de gasolina y diésel en el país por robo, confirma Pemex”. Periódico en Línea Teléfono Rojo, México, 23 de diciembre de 2016.

33 Nuche, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

34 Véase también: CESEDEN, La tercera revolución energética y su repercusión en la seguridad y defensa, Documento de Seguridad y Defensa nº 36, Madrid, Ministerio de Defensa, 2010.

35 Véase: http://www.proceso.com.mx/408687/desabasto-de-combustible-paraliza-acciones-mil itares-en-jalisco

36 González, Nayeli, “Pemex ya no usará ductos para gasolinas; se enfrenta a delincuencia”, Periódico Excélsior, México, 18 de febrero de 2015.

37 El objetivo principal de la Estrategia es prevenir y abatir el robo, extracción, adulteración y comercialización de los productos petrolíferos, acciones que atentan contra la seguridad nacional y ponen en peligro la vida de habitantes en comunidades aledañas a las instalaciones. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre robo de hidrocarburos”, Gaceta Parlamentaria, N° 3716-I, martes 26 de febrero de 2013, México. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx

38 De Espona, José. Op cit. Pág 10

39 Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre robo de hidrocarburos”, Gaceta Parlamentaria, 27 de octubre de 2014, México. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx Véase también: Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3716-I, martes 26 de febrero de 2013. Comunicaciones oficiales: De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre el robo de hidrocarburos. (2013, febrero 26) En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXII Legislatura, Gaceta Parlamentaria año XVI, número 3716. Consúltese en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130226-I.html#ComunicacionO ficial6

Citado en: NUCHE, Asael. Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2015. Etellekt. Consúltese en: http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html

40 Jaime, Edna; Tapia F., José; Goode, Maralá; et al. (2010). SISS: Sistema de índices e indicadores en seguridad pública. México: México Evalúa. Citado en: Ibíd.

41 Pemex, SISI: 1857200244814, 17 de diciembre de 2014 Citado en: Ibíd.

42 Pemex, SISI: 1857200244914, 17 de diciembre de 2014. Citado en: Ibíd.

43 Véase: Miguel Ángel Mancera Espinosa. ¿Derecho penal del enemigo en México? Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pág.587. Consúltese en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/a20478.pdf

44 Especie de medida cautelar necesaria para asegurar los fines del proceso penal cuando otras medidas cautelares (como la colocación de localizadores electrónicos o vigilancia de una persona, por ejemplo) no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

45 Secretaría de Servicios Parlamentarios Centro de Documentación, Información y Análisis. Cuaderno de Apoyo. Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública (Proceso Legislativo) (18 de junio de 2008) SAD-07-08. Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf

46 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Eukid Castañón Herrera,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Calos Alberto Palomeque Archila, Edmundo Javier Aguilar Bolaños, Eloísa Chavarrías Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Francisco Javier Pinto Torres, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Janette Ovando Reazola, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Karina Padilla Ávila, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Mercedes Aguilar López, María Verónica Agundis Estrada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Salim Alle, Pedro Garza Treviño, René Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Sara Latife Ruíz Chávez, Sergio Gómez Olivier, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Karina Padilla Avila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Padilla, Karina Padilla. Adelante, diputada.

La diputada Karina Padilla Avila (desde la curul): Gracias, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Estado de Guanajuato, solicitarle al diputado adherirnos a esta iniciativa. Además de sumarnos a la exigencia por la falta de la eficacia en la atención de este tema del gobierno federal, sumarnos a la preocupación de la alza de este delito a nivel nacional y de sus terribles consecuencias que estamos padeciendo.

Hacer esta exigencia y este llamado a atención y solución de este delito que aqueja a todo el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. El diputado Eukid Castañón está de acuerdo con la adición y está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría para la firma correspondiente.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado, un momento, por favor.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Señor presidente, para sumarme a esta iniciativa también, ya que es un tema trascendente; 160 mil millones de pesos se están robando por conducto de la extracción de hidrocarburos, para sumarme a este tema. Nada más, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. El diputado Eukid ha manifestado su venia. Está a su disposición de la misma forma aquí en la mesa de la Secretaría.

VOLUMEN II



LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO Y LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 44 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro que reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

El diputado Waldo Fernández González: Gracias. Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, agradecer la colaboración del diputado local por Nuevo León, Guillermo Rodríguez Páez, en esta iniciativa.

Uno de los problemas más graves que observamos en la contratación de los llamados seguros de gastos médicos mayores es el hecho de que, conforme el asegurado va envejeciendo sus primas se vuelven cada vez más altas e impagables. Las aseguradoras, sin discriminación alguna, aumentan discrecionalmente los precios de las primas a pagar por los asegurados mientras estos envejecen, a pesar de haber pagado por el servicio durante décadas sin que exista un tope racional a dichos incrementos.

El resultado es que los asegurados, al envejecer, terminan por resistirse a renovar sus pólizas de seguros de gastos médicos porque se vuelven impagables, perdiendo con ello los derechos adquiridos que fueron sucediendo a través del tiempo.

En la actualidad los seguros de gastos médicos mayores son cada vez más importantes, porque ayudan a proteger el patrimonio de las familias mexicanas y ayudan también al Estado mexicano a paliar los graves compromisos presupuestarios que tiene para financiar los servicios de salud públicos; toda vez que permite concentrar todo el esfuerzo presupuestario en los derechohabientes que verdaderamente lo necesitan.

En nuestro país 8.9 millones de personas cuentan con un seguro de gastos médicos privados, lo cual representa tan solo el 7.5 por ciento de la población. Esto es así porque, de acuerdo con el especialista Joan Lanzagorta, un seguro de gastos médicos amplio para una persona completamente sana de 75 años cuesta alrededor de 150 mil pesos.

A diferencia de los seguros de vida, no existen seguros de gastos médicos de largo plazo, con primas niveladas que protejan al asegurado de estos incrementos cuando permanecen con la misma compañía. Por ello, muy pocas personas pueden pagar estas sumas en su etapa de retiro, cuando más lo necesitan, aun cuando han pagado el seguro de gastos médicos por años y años.

Las primas de seguros de gastos médicos son altas porque en México no existe una integración entre la seguridad pública y la privada, ya que en otros países el seguro privado es un complemento del sistema de seguridad pública social.

En nuestro país las familias y empresas que deseen optar por un servicio de gastos médicos mayores tienen que hacer un pago doble. Se tiene la obligación de cubrir las cuotas de seguridad social y se debe también pagar la prima de un seguro privado.

Por tal razón, resulta necesario establecer la obligación de las instituciones de seguros, de congelar el precio de las primas de los seguros de salud y de gastos médicos mayores cuando se reúnan los siguientes requisitos. Primero, que el asegurado haya renovado el contrato respectivo por más de 15 años; segundo, cuando el asegurado tenga 65 años de edad, y para tal efecto proponemos que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas deberá emitir las reglas respectivas.

Asimismo, proponemos que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros, vigile el cumplimiento de la presente disposición. En tal virtud, se propone adicionar un artículo 4 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, incorporando dicha disposición en el Capítulo Tercero del Título Primero, relativo a la prima, estableciéndose la obligación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para emitir las reglas respectivas y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros de vigilar su cumplimiento. Asimismo, se requiere adicionar la fracción II del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para evitar una antinomia.

Hoy en México pasar a ser parte de la tercera edad, lamentablemente implica pasar a ser parte de un grupo vulnerable. Espero que esta iniciativa cuente con la aprobación de la respectiva comisión. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 44 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro y reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Diputado Waldo Fernández González ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, y se Modifica la Fracción II del Artículo 200, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con base en lo siguiente:

Planteamiento del problema

Uno de los problemas más graves que observamos en la contratación de los llamados “seguros de gastos médicos mayores” se refiere al hecho de que su costo es cada vez más alto y los precios de los mismos aumentan considerablemente en la medida en que el asegurado envejece, sin que exista un tope a dichos incrementos, con lo cual, los asegurados terminan por desistir de renovar sus pólizas de seguro al volverse impagables, perdiendo con ello los derechos que fueron acumulando en razón de su antigüedad en el servicio.

Existen tres clases de seguro de gastos médicos mayores:

I. El individual y/o familiar, en el que el asegurado principal toma la decisión de contratar el seguro y paga el total de la prima;

II. El colectivo, en el que el asegurado principal participa en la decisión de contratación y contribuye en el pago de la prima; y

III. El de grupo, en el que el asegurado principal no decide sobre la contratación ni contribuye en el pago de la prima.

El seguro de grupo de gastos médicos mayores se divide a su vez en seguros de experiencia global y en seguros de experiencia propia.

El seguro de experiencia propia es aquel cuyo precio se determina conforme a su experiencia de siniestralidad, debido al tamaño de la mutualidad cubierta en el contrato.

Un seguro de gastos médicos mayores es esencial, ya que ayuda a proteger nuestro patrimonio en caso de que nosotros, o algún familiar contraiga una enfermedad grave, cuyo tratamiento puede tener un costo altísimo e imposible de pagar.

En México sólo el 7.6% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos privado.

De las 103 compañías de seguros que operan en nuestro país, solo 28 ofrecen productos de Gastos Médicos Mayores. Es un mercado fuertemente concentrado debido a su complejidad y requerimientos de infraestructura y servicio; así es que más del 70% de las primas de este ramo se concentra en tan solo 4 compañías.

La prima de un seguro de este tipo es elevada, por lo que sólo familias de clase media, media-alta y alta tienen los recursos económicos para poder acceder a él de manera individual, teniendo poco más de 3.5 millones de personas aseguradas.

En el caso de empresas, aún son pocas las que deciden otorgar a sus empleados una prestación de este tipo, ya que se requiere destinar una parte importante del presupuesto en adición a las cargas sociales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social por la Cobertura de Enfermedades y Maternidad.

En suma, en nuestro país se tienen 8.9 millones de personas que cuentan con un Seguro de Gastos Médicos privado, lo cual representa tan solo el 7.5% de la población.

Argumentos

Lamentablemente, en México, si queremos servicios de salud de calidad tenemos que pagarlos. Esto acrecienta las enormes diferencias sociales, sobre todo porque los seguros de gastos médicos mayores se vuelven impagables con la edad.

De acuerdo con el especialista Joan Lanzagorta, en 2015 un seguro de gastos médicos amplio para una persona de más de 75 años costaba más de 150,000 pesos.

Para una pareja, el costo se duplicaba.

Si tenías más de 80 años, la prima anual estaba entre 200,000 y 250,000 pesos por persona.

Muy pocas personas podrían pagar esto en su etapa de retiro, cuando más la necesitamos, aun si hemos pagado nuestro seguro muchos años sin haber tenido ningún siniestro.

A diferencia de los seguros de vida, no existen seguros de gastos médicos de largo plazo, con primas niveladas, que protegen al asegurado de estos incrementos siempre que permanezca con la misma compañía.

Agrega el especialista que, algunos agentes de seguros tratan de vender un seguro dotal grande, “para que puedan pagar su seguro de gastos médicos cuando sean viejitos”. Sin embargo, no garantizan nada: la inflación en estos productos sobrepasa, por mucho, la inflación anual. Además, la suma asegurada que habría que contratar para que realmente pueda alcanzar es de varios millones de pesos.

Empero, la prima de un Seguro de Gastos Médicos es alta porque en México no existe una integración entre la Seguridad Pública y la Privada, mientras en otros países el seguro privado es un complemento a la Seguridad Pública o Social, en México las familias y empresas tienen que hacer un pago doble:

En primer lugar, se tiene la obligación de cubrir las cuotas de la Seguridad Social y por otro lado se debe pagar la prima de un seguro privado si es que se quiere tener una protección de este tipo con acceso a proveedores igualmente privados.

En segundo lugar, se tiene el costo de los servicios médicos, en donde el rápido crecimiento de la tecnología médica y su alta especialización en el tratamiento de enfermedades ha producido sustanciales mejoras en la forma de atender los padecimientos, pero al mismo tiempo, ha impactado directamente en el costo de los servicios, más aún cuando se hace de manera irracional o con presencia de incentivos perversos hacia los médicos y/o profesionales de la salud.

Aunque el precio de medicinas y hospitalización crece menos de 4 por ciento al año, el costo de las pólizas de Gastos Médicos Mayores (GMM) sube hasta 20 por ciento anualmente.

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señalan que el incremento promedio anual en este segmento es de 9 a 14 por ciento. Y es que el aumento del precio de las pólizas supera la inflación médica –medicinas, estudios y hospitales– que se ubicó en 3.7 por ciento anual en junio de 2015, la tasa más baja en los últimos 15 años, según los precios al consumidor del Inegi.

Algunos especialistas atribuyen el aumento a que no hay topes en los cobros que hacen los médicos y los hospitales.

Por tal razón, resulta necesario establecer la obligación de las instituciones de seguros de congelar el precio de las primas de los seguros de salud y de gastos médicos mayores cuando se reúnan los siguientes requisitos:

I. Cuando el asegurado haya renovado el contrato respectivo por más de quince años;

II. Cuando el asegurado tenga más de 65 años de edad, y

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas deberá emitir las Reglas respectivas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa y de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros, deberá vigilar el cumplimiento de la presente disposición.

Para tal efecto, se propone adicionar un artículo 4 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, incorporando dicha disposición en el Capítulo III del Título I, relativo a “La Prima” estableciendo la obligación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para emitir las Reglas respectivas, y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa y de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros de vigilar su cumplimiento.

Asimismo, se requiere adicionar la fracción II, del artículo 200, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para evitar una antinomia.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 44 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, y se modifica la fracción II, del artículo 200, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Primero. Se adiciona el artículo 44 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo 44 Bis.La empresa aseguradora deberá congelar el precio de las primas de los seguros de salud y de gastos médicos mayores, cuando se reúnan los siguientes requisitos:

I. Cuando el asegurado haya renovado el contrato respectivo por más de quince años, y

II. Cuando el asegurado tenga más de 65 años de edad.

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas deberá emitir las Reglas respectivas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa y de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros, deberá vigilar el cumplimiento de la presente disposición.

Segundo. Se modifica la fracción II, del artículo 200, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 200. Las Instituciones de Seguros, al realizar su actividad, deberán observar los siguientes principios:

I. ...

II. Determinar, sobre bases técnicas, las primas netas de riesgo a fin de garantizar, con un elevado grado de certidumbre, el cumplimiento de las obligaciones que al efecto contraigan con los asegurados, debiendo observar lo señalado en el artículo 44 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro;

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Casares, Ricardo, “El reto del Seguro de Gastos Médicos en México”, PwC México, http://www.pwc.com/mx/es/industrias/articulos-salud/gastos-medicos.html

2 “Se encarecen 20% los seguros de gastos médicos mayores”, en Revista Punto de Vista, julio 28, 2015, http://www.revistapuntodevista. com.mx/mexico/se-encarecen-20-los-seguros-de-gastos-medicos-mayores/78177/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2017.— Diputados y diputadas: Waldo Fernández González,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Jorge Tello López, José Hernán Cortés Berumen, José Teodoro Barraza López, Julio Saldaña Morán, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Miguel Ángel Salim Alle, Sara Latife Ruiz Chávez, Sara Paola Galico Félix Díaz, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Fernández González. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sharon Cuenca Ayala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, presidenta. Con su venia. Buenas tardes. El día de hoy el tema que voy a presentar, la iniciativa, es un tema que se ha puesto recientemente en la agenda legislativa, no es un tema nuevo, es un tema que el año pasado nuevamente se reintegra a la sociedad, a peticiones ciudadanas y me refiero a la prohibición de los trailers con semirremolque o también conocidos fulles, en la carretera del país.

En diversos siniestros se ven involucrados autotransportes de carga y de doble remolque, lo cual ha traído diversas protestas ciudadanas porque ha habido muertes y esto lo que lo ha puesto nuevamente en la agenda de este Congreso. El año pasado, inclusive, se llevó a cabo un foro donde se escucharon diversas voces, en el Senado de la República, para escuchar a todos los expertos en este tema y poder así tomar decisiones legislativas.

Se han escuchado diversos argumentos, voces a favor, voces en contra y se ha coincidido en varios puntos. Uno de ellos es que el factor humano ha sido un factor importantísimo en este tema. En la conducción de estos tráileres el factor humano es quien tiene un papel, rol importante y es por ello que debemos tomar en cuenta por supuesto este elemento.

Otro de los argumentos en los que se ha coincidido es que no hay elementos contundentes que apunten que la prohibición de estos vehículos sea la solución a los accidentes carreteros. No hay datos estadísticos ni estudios científicos para sostener que la prohibición de estos vehículos va a disminuir los siniestros y el número de fallecimientos, por lo tanto.

En este sentido, para decidir sobre este tema debemos de garantizar diversas cosas, entre ellas la seguridad para la vida de las familias que a diario circulan por las carreteras de este país, el empleo de los conductores del autotransporte de carga federal, la aportación de estos autotransportes a nuestra economía, por supuesto también el cuidado al medio ambiente.

Es así que las decisiones legislativas que tomemos sobre la prohibición o no de estos vehículos, deben de tomar en cuenta todo lo que se ha referido y debe estar completamente sustentado no solamente en la percepción social, sino también en datos estadísticos, información científica y partiendo de un análisis en cuya ponderación se toman en cuenta los derechos, sin perder de vista por supuesto las vidas humanas.

Por ello, el fondo de esta problemática se encuentra en el exceso de velocidad, en el exceso de peso, carreteras estrechas, en mal estado, desconocimiento y aplicación de las normas, la corrupción, pero sobre todo en la falta de capacitación de conductores para enfrentar estas deficiencias.

Hay una exigencia de un tiempo de recorrido excesivo que les produce un cansancio que humanamente no es sostenible. Estos dos últimos elementos tienen que ver con el factor que mencionaba, que es el factor humano.

En el foro que refería en octubre del año pasado, en el Senado, se insistió mucho que este era uno de los principales causantes de los accidentes y también se reconoció que es un problema multidisciplinario y es un problema integral. Entonces, si el factor humano se considera como un factor importante en los accidentes, creo que es aquí donde debemos de atenderlo.

Se han presentado diversas iniciativas a la Ley de Autotransporte Federal, sin embargo la propuesta que presento el día de hoy es a la Ley Federal del Trabajo, respetando los derechos laborales de los conductores y dándoles sobre todo una capacitación idónea para que se pueda resolver de fondo la problemática en cuanto a los conductores.

En el Partido Verde impulsamos la capacitación de los conductores para fortalecer su preparación laboral, porque consideramos que esto sí podría disminuir los accidentes, salvaría vidas y no afectaría al empleo, ya que los autotransportes de carga son una importante herramienta de traslado de productos de la canasta básica, de mercancías, de enseres, etcétera, los cuales evidentemente inciden en la vida económica de nuestro país.

Sacar a estos vehículos de las carreteras y de las vialidades, va a incrementar los costos de esos productos y se va a perder la competitividad, y también afectaría al medio ambiente porque circularían más trailers de un solo remolque.

La presente iniciativa reforma la Ley Federal del Trabajo, adicionando tres artículos al capítulo Trabajo de Autotransportes, con el objetivo de fortalecer la competencia laboral mediante centros de descanso, educación y seguridad vial, educación en salud emocional, incentivos económicos, nutrición y, por supuesto, derechos sociales de los conductores, permitiendo así con estos elementos que la Secretaría de Transportes y la Secretaría de Comunicaciones trabajen conjuntamente para implementar este nuevo modelo.

Es importante referir que el año pasado el secretario Gerardo Ruiz Esparza, él mismo reconoció en noviembre, en los siguientes términos hizo referencia a los conductores, y cito: “el 80 por ciento de los accidentes son causados por factor humano. Eso ¿qué quiere decir? Que deberíamos estar, y mi sentir respetuoso, más preocupados por el cansancio del conductor, por las habilidades del conductor, por la pericia del conductor que, en un momento dado, en otros factores, nos va a generar que haya menos pérdidas de vida y menos accidentes”. Así lo reconoció el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En este sentido invito a todos ustedes, compañeros, y en especial a quienes han presentado de diversos grupos parlamentarios, han manifestado su interés y preocupación por este tema, para que se sumen a esta propuesta que presentamos hoy en el Partido Verde. Muchas gracias. Gracias, presidenta.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 263 Bis, 263 Ter y 263 Quáter de la Ley Federal del Trabajo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos años han ocurrido accidentes donde se ven involucrados vehículos de doble remolque, lo cual ha traído consigo la presentación de iniciativas de diversos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión a consecuencia de las protestas ciudadanas que han solicitado que estos automotores de grandes dimensiones salgan de circulación.

Las decisiones legislativas que se tomen sobre la prohibición o no del tractocamión doblemente articulado, debe estar sustentada no solo en la percepción social, sino también en datos estadísticos, información científica, pero sobre todo ante un análisis jurídico sobre la ponderación entre:

a)El derecho humano a la vida y a la seguridad de cualquier ciudadano mexicano y cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, contemplado como protección constitucional en el artículo 1o. constitucional en correlación con el artículo 4o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

b)El derecho humano a la libertad de actividad de industria, comercio o trabajo, siendo lícito, contemplado en los artículos 1o. y 5o. constitucionales, así como el derecho humano que se tutela en el artículo 25 constitucional, que obliga al Estado mexicano, a ser el rector del desarrollo nacional y el fomento al crecimiento económico, el empleo, el pleno ejercicio de la libertad y la competitividad, complementado con lo señalado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 26; relativo al derecho humano al desarrollo progresivo, incentivado por la vía legislativa u otros medios apropiados.

Con lo anterior se concluye que, tanto son derechos fundamentales el derecho a la vida de los ciudadanos, como el derecho fundamental a la libre actividad y al desarrollo económico, como tales, y que la decisión legislativa que se tome en favor de unos o de otros debe estar sustentada en los elementos que le apoyen para realizar la ponderación al caso particular y, así tomar las mejores decisiones en bien de la colectividad. Si esto no se hace en esta forma en un Estado democrático de derecho, la propia medida legislativa puede estar lesionando derechos humanos de quienes se les restrinja determinada actividad, negocio, tránsito, transporte, etcétera, máxime cuando dicha forma de comportamiento tiene precedentes de su existir, lo que significa que adquiere derechos y sólo mediante los instrumentos jurídicos adecuados, es posible disminuirlos o vedarlos mediante mecanismos jurídicos establecidos en el sistema de derecho interno.

Como dato importante se debe precisar que el sector transporte es un importante generador de empleos, puesto que registra más de 2 millones de empleos directos y contribuye con el 5.3 por ciento a la ocupación remunerada en México.

Es también este sector, una de las principales actividades económicas del país, participa con el 6 por ciento del PIB. El sector autotransporte en particular representa el 4.8 por ciento, en tanto el autotransporte de carga significa el 81 por ciento con respecto de los demás modos de transporte. Porque durante los últimos 6 años ha movilizado 498 millones de toneladas en promedio anual, cifra que representa el 82 de la carga terrestre y el 56 por ciento del total de la carga nacional. Se citan estos datos a efecto de resaltar la importancia en el sector económico que representa este Subsector del autotransporte federal de carga.

Por otro lado, es innegable que existe un problema de percepción social preocupante desde luego, sustentado en la pérdida de vidas humanas en accidentes carreteros, sobre todo donde existe intervención de los vehículos denominados “fulles” o doblemente articulados. Sin embargo, hasta el momento no existen datos estadísticos sólidos, ni estudios científicos uniformes, que garanticen que, con la prohibición de la circulación de este tipo de vehículos, la siniestralidad y el número de fallecidos en los caminos y puentes de jurisdicción federal se reducirá de forma sensible.

Sin duda, el fondo de esta problemática se encuentra en el desconocimiento y aplicación de la norma, exceso de peso, la velocidad, exigencia de tiempo por recorrido, carreteras en mal estado y estrechas, curvas de poca velocidad horizontales y verticales, pero, sobre todo, falta de capacitación para enfrentar estas deficiencias.

Mucho se ha dicho que el factor humano es uno de los principales causantes de estos accidentes. Es por eso que, en tanto se discute la prohibición o no del vehículo doblemente articulado, no debemos permanecer pasivos y nos corresponde como legisladores impulsar medidas legislativas y jurídicas para fomentar procesos de capacitación para certificar a conductores, quienes deberán acreditar experiencia y capacidades para operar vehículos de doble remolque; esto permitirá conducir con herramientas teóricas, técnicas y prácticas para enfrentar la complejidad de las carreteras del país. Las medidas antes señaladas con independencia que atacan una de las aristas sobre el fondo de la problemática, constituyen verdaderas acciones legislativas de prevención para reforzar la seguridad vial, reforzando las acciones en materias colaterales a la rama del autotransporte federal.

Estamos ciertos de que la implementación legislativa que se propone, permitirá prevenir y disminuir accidentes, decesos y discapacidades derivadas de accidentes donde intervienen conductores del autotransporte federal, aunque las cifras nos señalan que cada 15 minutos un mexicano muere por un accidente vial en algún punto del país, no necesariamente sea un vehículo doblemente articulado del autotransporte federal. Lo cierto es que, existe una correlación entre el riesgo de la vida moderna, ante el incremento del parque vehicular en lo general, con las pérdidas de vidas humanas, pero también hay que decir que de estos accidentes el 30 por ciento ocurre en las grandes ciudades.

Es de reconocerse que el problema es integral y multidisciplinario, pero el factor humano incide con un alto porcentaje en los accidentes viales donde se ven involucrados los vehículos de doble remolque. Por ello, la capacitación de los operadores debe ser rigurosa para que accedan a una conducción técnica, que les permita conocer correctamente y a detalle el comportamiento del vehículo, para lograr disminuir los accidentes, decesos, discapacidades y daños a la infraestructura carretera.

Se debe impulsar la profesionalización de los conductores de vehículos de doble remolque generando recursos humanos responsables y con la pericia suficiente para realizar su trabajo eficientemente, ya que su participación en la economía y competitividad en el traslado de mercancías de canasta básica, enseres, entre otros son necesarias para la productividad y desarrollo de nuestros estados y localidades.

Esto permitirá construir una cultura vial donde impere el respeto de las señalizaciones, los niveles de velocidad y la cultura de la legalidad con lo que se salvaguardará el derecho a la vida y a la salud, con independencia de las medidas legislativas, normativas y acciones concretas que se apliquen por las autoridades del ramo del autotransporte federal.

Es necesario que los sectores público y privado se sumen a las capacitaciones permanentes de los operadores de los vehículos de doble remolque ya que así podrán enfrentar las problemáticas externas que en ocasiones condicionan la buena conducción en carreteras y demás vialidades.

Con esto se da prioridad al sector de transporte terrestre de carga, que tiene gran importancia en el desarrollo y crecimiento de la economía del país, como se ha venido señalando.

Debemos apostar a la capacitación, a la incentivación de los conductores del autotransporte federal, por ser personas y estar protegidos tanto por la Constitución federal como por los Tratados Internacionales, para regular el uso racional del tiempo laborable de conducción, es decir, las horas de conducción, como medida de prevención por la seguridad vial de quienes son usuarios de las carreteras federales o de cualquier otra vía general de comunicación.

Recordemos, que capacitar permanentemente es socialmente responsable, lo cual beneficia directamente a prevenir accidentes, al incremento de la productividad, y la competitividad y la seguridad vial.

La capacitación permanente da como producto conductores más profesionales y mejor preparados en aspectos técnicos de la conducción, valores éticos y desarrolla el sentido de la responsabilidad y el acatamiento de las normas que regular el tránsito y el transporte en general, lo que desde luego incluye la profesionalización de los conductores de vehículos de doble remolque.

Como medidas adicionales a la capacitación y profesionalización de los conductores del autotransporte federal, y de manera particular para los que tienen la gran responsabilidad de conducir los tractocamiones doblemente articulados, se hace necesario tomar medidas inmediatas, de carácter legislativo, administrativo o de cualquier otra índole, consistentes en:

• Establecer requisitos más rigurosos para acceder a una licencia, que permita la conducción de este tipo de vehículos.

• Reforma a la Ley Federal del Trabajo, para proporcionar lo que impactará en mejores condiciones salariales y de seguridad social para los conductores de este subsector.

• Acciones legislativas que les permitan acceder a una calidad y protección de la vida, como derechos humanos que les son inherentes, desde una perspectiva integral, que mejore sus condiciones de desarrollo social y humano.

• Se evitarán accidentes que ocasionan congestionamientos viales para así proteger el medio ambiente.

Desde esta perspectiva se está legislando en materia preventiva para capacitar, incentivar y promover conductores sanos, confiables y responsables, ya que el 82 por ciento de accidentes donde se ven involucrados vehículos de doble remolque son causados por el conductor.

Con esta postura el Grupo Parlamentario del PVEM, nos pronunciamos por garantizar la vida y la salud como derechos humanos, por ello, consideramos que sería una política pública responsable invertir en la capacitación de los conductores para fortalecer sus competencias laborales, en tanto, se realiza la ponderación sobre el retiro o no de los vehículos doblemente articulados se haga, como se señaló con información que refiere la afectación a la vida económica del país será de gran magnitud, porque las toneladas de carga se tendrán que mover necesariamente con o sin doble remolque.

Sin embargo la carencia de dobles remolques puede representar un incremento sustancial de mayor parque vehicular sencillo en los caminos y puentes de jurisdicción federal, ya de por sí saturados y en algunos casos insuficientes, adicionando lo que sobre el tema manifiesta, la Asociación Nacional de Transporte Privado señala en el sentido de que: “eliminar los camiones con doble remolque incrementaría 30 por ciento los costos de mover las mercancías, pues se tendrían que utilizar más camiones”, y esto va acompañado del aumento de accidentes y congestionamientos viales, además de contaminación del aire. Como puede apreciarse el problema representa complejidad técnica, económica, social, de tránsito, de política pública y jurídica.

El Instituto Mexicano del Transporte en 2015 mencionó que, de los 22,036 accidentes registrados en las carreteras del país, los camiones con doble remolque se vieron involucrados en 1.2 por ciento de los casos y fueron responsables 0.8 por ciento de los accidentes.

Consideramos que el autotransporte de carga es el más importante insumo para desarrollar las actividades económicas del país. Su salida de las carreteras y vialidades incrementará los costos, perdiendo competitividad y potencial económico, es decir, afectaría el PIB e incrementaría los precios de las mercancías.

Al respecto, Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica ha señalado que: “La reducción de la capacidad de carga podría impactar de manera negativa en la eficiencia del transporte, incrementando el costo de productos particularmente en zonas alejadas, impactando a quienes menos recursos tiene. Además, menciona que eliminar los camiones de doble carga reduciría el transporte de 138.5 millones de toneladas”.

Por tanto, la capacitación profesionalizará a los conductores de los vehículos de doble remolque, de manera especial, pero dicha medida debe ser aplicada a todos los conductores del autotransporte federal, fortaleciendo la cultura vial y legal evitando actos de corrupción que permiten la obtención de permisos y licencias con irregularidades. Como se ha señalado la capacitación y la profesionalización de conductores debe ir direccionada a fortalecer sus competencias laborales.

En tal sentido, “competencia laboral” es la capacidad de una persona para desempeñar las actividades que componen una función laboral, según los estándares y calidad esperados por la industria. Incluye los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas.

Las competencias que se requieren para desempeñar una determinada actividad de trabajo se identifican en base al método del Análisis Funcional, que consiste en descomponer el propósito principal de una actividad en funciones claves y subfunciones, hasta llegar a definir unidades y elementos de competencias, realizables por un individuo.

Ahora bien, no sólo es importante modificar la ley laboral para fortalecer la “competencia laboral”, sino establecer mecanismos de evaluación y seguimiento y la correspondiente certificación de los conductores por la autoridad competente, a efecto de mantener un proceso integral de mejora constante en su “Capacitación”; proceso en el que necesariamente deben estar involucrados los patrones o permisionarios, así como las Cámaras, Asociaciones de este subsector y el propio hombre camión.

Es por esto, que se precisa apuntar que la Evaluación de Competencias Laborales es el procedimiento mediante el cual se recogen suficientes evidencias sobre el desempeño laboral de un trabajador, de acuerdo con los estándares de competencia laboral para el sector o subsector respectivo. En tanto que, la “certificación de competencia laboral” consiste en otorgar un reconocimiento formal a los individuos, por las capacidades adquiridas a lo largo de su vida laboral, independientemente del modo en que éstas hayan sido adquiridas, esta certificación implica la realización previa de actividades destinadas a evaluar las competencias de un trabajador.

Es por ello, que se considera que debemos reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de capacitación de conductores de vehículos en general, pero especial atención merece el conductor de vehículos doblemente articulado, no obviando que existe normatividad como el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y los lineamientos que deberán cumplir los centros de capacitación y adiestramiento para impartir los cursos de capacitación para obtener y renovar la Licencia Federal de Conductor Categoría E, para tractocamiones doblemente articulados (TSR y TSS) en todas sus variantes, destinados para la prestación del servicio de autotransporte federal de carga general; y/o para el transporte privado de carga general, y carga especializada que transporta materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, y para el transporte privado de los mismos, pero teniendo el cuidado necesario para legislar sin invadir las esferas competenciales que a cada legislación y autoridades compete.

Esto permitirá armonizar la normatividad legal y reglamentaria en esta materia significando mayor y armonización normativa entre las secretarías de Comunicaciones y Transportes; y del Trabajo y el sector privado para la mejora integral de la seguridad vial, y que sean para que los aproximadamente 300 centros de capacitación y adiestramiento tengan elementos suficientes para examinar y evaluar a los conductores de vehículos de doble remolque; pero a su vez también estos estén debidamente certificados, así como sus capacitadores, para lograr de forma efectiva mejorar la competencia laboral en el autotransporte federal.

Por ello, es importante destacar que se deben intensificar las acciones de capacitación y adiestramiento porque son el instrumento idóneo de desarrollo de las actitudes personales para lograr realizar las tareas de conducción con altos estándares de calidad, formando verdaderos profesionales del volante, que tengan la capacidad de resolver problemas de forma autónoma y flexible, porque estamos seguros de que la tarea de prevención garantiza en el presente y en futuro incrementar en los aspirantes a conductores del autotransporte federal los conocimientos y habilidades en las técnicas de conducción y operación de los vehículos, a través del adiestramiento en temas normativos, técnicos y de operación.

Las acciones anteriores, pretenden promover la profesionalización de los conductores e incrementar una cultura de prevención de accidentes y responsabilidad social en el cuidado al medio ambiente y la competitividad del subsector, así como el incremento a la seguridad vial.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 263 Bis, 263 Ter y 263 Quáter a la Ley Federal del Trabajo

Único. Se adicionan los artículos 263 Bis, 263 Ter y 263 Quáter a la Ley Federal del Trabajo

Capítulo VI Trabajo de autotransportes

Artículo 263 (...)

Artículo 263 Bis. Los patrones de los conductores que presten servicio en el autotransporte federal, transporte privado y auxiliares, en coordinación con las secretarías de Trabajo y Previsión Social y, de Comunicación y Transportes garantizarán y fomentarán la mejora continua de sus condiciones laborales a través de la capacitación y adiestramiento de conductores de autotransporte federal.

Esta capacitación y adestramiento serán certificados y supervisados por ambas secretarías, en el ámbito de sus competencias. Los patrones deberán contar con programas de capacitación y verificación permanentes. Las secretarías establecerán los mecanismos de coordinación para establecer un sistema de certificación de los programas de capacitación y de los capacitadores.

Los requisitos para ingresar a las capacitaciones y adiestramientos y certificaciones correspondientes quedarán sujetos a las disposiciones que establezcan las secretarías.

Artículo 263 Ter. Los conductores señalados en el artículo anterior, cumpliendo con los programas de capacitación y verificación dispuestos por las secretarías, tendrán derecho a que se les garantice lo siguiente:

I. Centro de descanso;

II. Educación en seguridad vial;

III. Educación en salud emocional;

IV. Seguridad social;

V. Nutrición;

VI. Incentivos económicos; y

VII. Las demás que establezca la presente Ley.

Artículo 263 Quáter. Los patrones de los conductores referidos en los artículos anteriores, deberán respetar y garantizar el cumplimiento de las jornadas laborales reguladas por la presente Ley.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero del año 2017.— Diputadas y diputados: Sharon María Teresa Cuenca Ayala,Alfredo Anaya Orozco, Felipe Cervera Hernández, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Genoveva Huerta Villegas, Pedro Luis Noble Monterrubio, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Susana Corrella Patt (rúbricas).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Cuenca Ayala. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Transportes, para opinión.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan los artículos 73, 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez:Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, Cámara de Diputados; buen día, pueblo de México. Uno de los asuntos que mayormente indigna a la población, está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los servidores públicos se asignan en este país.

En medio de esta insatisfacción con la escasa transparencia, constantemente surgen escándalos sobre el mal uso de estos recursos públicos, corrupción, la entrega de bonos multimillonarios como pago a legisladores por realizar labores que le corresponden.

Si bien es cierto, compañeros, que el representante popular tiene a su cargo la importante encomienda de hacer leyes, de ser una contraparte del Poder Ejecutivo, y asignar los recursos públicos de la nación, tareas que por sí mismas requieren de una remuneración acorde a sus labores, también existe el problema de que el 46 por ciento de la población en este país sufre de pobreza.

De acuerdo con el nuevo dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, los diputados y senadores han sumado 1.4 por ciento más a sus cuentas de este año. Por ello resulta ofensivo ver como miles de familias viven en condiciones de verdadera miseria, donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores de la población es abrumadora, en contraste con los servidores públicos, sueldos y prestaciones económicas que resultan, incluso superiores a las percepciones que el Ejecutivo Federal obtiene.

Ello, pese a que existe a un decreto de fecha 24 de agosto del año 2009, que precisa en el artículo 127, su fracción II, que ningún alto funcionario debe de tener un salario más alto que el Ejecutivo federal.

En Morena nos hemos propuesto a promover el ahorro sobre todo en los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios. Hay que tener en cuenta que desde el año 2000, prácticamente se duplicó el monto de presupuesto público federal en este país.

En estos años, el gasto gubernamental ha rebasado con creces la tasas de un 4 por ciento anual, un ritmo mucho más acelerado que lo que la economía nacional crece. Morena presentó el 3 de septiembre del año 2015, la propuesta de iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que tiene como objeto la aplicación de una política de austeridad, no de un gobierno, sino de Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública en beneficio de la sociedad.

En el pasado presupuesto Morena ha sido congruente, votamos en contra de este aumento desmesurado, injusto, pensando en favor de la clase social. Bajo los preceptos de austeridad republicana, y por ello donamos nosotros la mitad de nuestros ingresos a ocho universidades que hemos formado.

Por esto resulta oportuna la propuesta de una reforma constitucional que permita establecer dichos lineamientos dentro del marco legal vigente, y para ello pues propongo la reforma al artículo 73, fracción I –perdón, fracción XI–, y al artículo 127, fracción I, las cuales rezan de esta manera:

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. Se basarán en una política real de austeridad en la que se establezcan los límites o los topes máximos a los cuales deberán sujetarse las remuneraciones de los servidores públicos en los ámbitos federal, estatal y municipal, y de la Ciudad de México, de acuerdo a las adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos previstos, específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y el artículo 127, fracción I, establece lo siguiente: Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier otra, con excepción de los apoyos, los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Y concluyo, esta remuneración será determinada por el principio de equidad, de igualdad, disminuyendo la brecha entre los salarios de los altos funcionarios y los trabajadores de sueldo inferior, para reducir la desigualdad de ingresos entre ellos. Por su atención, muchas gracias y que pasen una excelente tarde.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, diputado a la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 73, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los asuntos que mayormente indigna a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los servidores públicos se asignan.

El problema se agudiza con una Reforma Laboral que flexibilizó el sistema de despidos y una Reforma Fiscal que endureció el régimen para los contribuyentes, que hacen que muchos mexicanos busquen la manera de sobrevivir y todo esto es debido a que existe nula transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que se entregan a los legisladores.

En medio de la insatisfacción por la escasa transparencia, constantemente surgen escándalos sobre el mal uso de recursos públicos, corrupción o la entrega de bonos multimillonarios como pago a los legisladores por realizar la labor que les corresponde.

Si bien es cierto que el representante popular tiene a su cargo la importante encomienda de hacer leyes, ser contraparte del Poder Ejecutivo y asignar los recursos públicos de la nación, tareas que por sí mismas requieren una remuneración acorde a sus labores, también existe el problema de que 46.2 por ciento de los representados vive en pobreza.

De acuerdo con el nuevo dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017, los diputados y senadores han sumado 1.39 por ciento más a sus cuentas este próximo año.

Es por ello que resulta ofensivo ver cómo miles de familias viven en condiciones de verdadera miseria y donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores de la población es abrumadora, en contraste con servidores públicos, sueldos y prestaciones económicas que resultan incluso superiores a las percepciones del propio presidente de la República, a pesar de que esto no debe ser posible de acuerdo a la aprobación del decreto presidencial de 2007, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de agosto de 2009, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación que precisa en el artículo 127, fracción II, que ningún servidor público podrá tener una remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Asimismo, el decreto señala que los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en la Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos.

En Morena nos hemos propuesto promover el ahorro sobre todo en los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios. Hay que tener en cuenta que desde el año 2000, prácticamente se duplicó el monto de presupuesto público federal en México. En esto años el gasto gubernamental ha crecido a tasas reales de alrededor de 4 por ciento anual, un ritmo mucho más acelerado de lo que creció la propia economía.

Por tal motivo esta remuneración debería ser acorde a las posibilidades presupuestales del gobierno y en orden a la realidad socioeconómica en la que se encuentra el país, pero tal parece que a los diputados de la derecha poco les importa que su nación sea víctima de la desigualdad extrema, pues hasta ahora, los esfuerzos por promover una política salarial más justa ha sido imposible ya que estos servidores públicos se auto asignan su salario.

Es indispensable realizar ajustes a esta remuneración, pero no sólo respecto a los legisladores, sino también a todas las percepciones que reciben los demás servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno, los cuales deben tener un límite y una proporción idónea en relación a sus funciones, tareas y logros que den resultados positivos a la sociedad gracias a su desempeño público.

En razón de ello, se considera pertinente revisar el marco constitucional que sustenta tales remuneraciones de los servidores públicos, incluidas las de los legisladores, de tal forma que permita crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados, y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes.

Morena presentó el 3 de septiembre de 2015 la propuesta de iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que tiene como objeto la aplicación de una política de austeridad no de un gobierno, sino del Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública en beneficio de la sociedad.

Regular mediante la ley las percepciones públicas, evitará los abusos que con cargo al erario se presentan día a día por parte de servidores públicos en todos los niveles de gobierno. Para ello, es preciso realizar reformas constitucionales que permitan que el Congreso de la Unión establezca las bases para determinar, con justicia y equidad, dichas retribuciones públicas.

En este contexto, la remuneración de los servidores públicos debe responder, entre otros, a criterios tales como las percepciones de los altos funcionarios públicos se determinen ya sea con base en los índices inflacionarios reconocidos oficialmente por las autoridades hacendarias o bancarias, por el grado de competencia profesional y la experiencia que tiene el funcionario para el puesto o por el nivel salarial del puesto que predomina en áreas similares en otras entidades públicas.

Las compensaciones y bonos, cuando existan, se determinen de acuerdo a la productividad y desempeño, así como el grado de responsabilidad y nivel jerárquico, de manera que se eviten disparidades inadmisibles entre cargos de características similares, con fundamento en el principio jurídico que establece que a trabajo igual corresponde salario igual. Asimismo, bajo el presupuesto del estado de derecho, es imprescindible reducir los márgenes de discrecionalidad de que actualmente disponen los servidores para determinar, por sí y ante sí, el monto de sus percepciones.

Si tenemos en cuenta que el aumento al salario mínimo para trabajadores en 2016 fue de 4.2 por ciento, se debe aplicar una fórmula para los servidores públicos para que dejen de servirse con la cuchara grande, ya que cada legislador gana en promedio 74 salarios mínimos, pero con los aumentos que se autorizan en cada presupuesto, podrían ganar mucho mas año con año.

Los diputados federales percibirán 1 millón 942 mil 911 pesos, esto de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF2017).

Sólo por concepto de sueldos 1 millón 264 mil 536 pesos, aunado a 678 mil 375 pesos de prestaciones que suman 52 mil 970 pesos de aportaciones a seguridad social; 17 mil pesos de ahorro solidario, monto aportado a su Fondo de Ahorro para el Retiro (Afore).

Asimismo, cada legislador percibirá 140 mil 504 pesos de aguinaldo y 33 mil 360 pesos de apoyo para despensa y 131 mil 588 pesos etiquetados bajo el rubro otras prestaciones que el documento no precisa a qué corresponde.

Por conceptos de seguros, los diputados destinarán 302 mil 882 pesos anualmente, de los cuales 45 mil 433 pertenece al seguro de vida institucional; 105 mil 709 es por seguro de gastos médicos mayores y 151 mil 740 por seguro de separación individualizado. A lo que las y los diputados de Morena renunciamos, en concordancia con la ley de austeridad que promovemos.

En el pasado presupuesto, Morena ha sido congruente, votó en contra de este aumento desmesurado, pensando en favor del pueblo, bajo los preceptos de austeridad, por ello donamos la mitad de la dieta que percibimos para las 8 universidades, que hemos formado.

Por esto que resulta oportuna la propuesta de una reforma constitucional que permita establecer dichos lineamientos dentro del marco legal vigente. La Constitución integra el marco jurídico nacional al cual deben subordinarse los ámbitos normativos federal y locales, de modo tal que una reforma como la que aquí se plantea busque establecer bases uniformes que, sin violentar la autonomía de las entidades federativas y los municipios, aseguren la justicia y transparencia en la determinación de las remuneraciones públicas.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, El diputado del Grupo Parlamentario de Morena somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman la fracción XI del artículo 73 y la fracción I del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Se reforma la fracción XI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a X. ...

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, basadas en una política real de austeridad en la que se establezcan los límites o topes máximos a los cuáles deberán sujetarse las remuneraciones de los servidores públicos en los ámbitos federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, de acuerdo a las adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

XII. a XXX. ...

Se adiciona la fracción I del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 127. Los servidores públicos de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Esta remuneración será determinada por el principio de equidad e igualdad, disminuyendo la brecha entre los salarios de los altos funcionarios y los trabajadores de sueldo inferior para reducir la desigualdad de ingresos entre ellos.

II. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Estudios realizados por el Coneval entre el 2012 Y 2014.

2 Aristegui Noticias. http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/ 09/09/presupuesto-2017-plantea-ligero-aumento-de-salario-para-funcionarios-de-p rimer-nivel

3 Artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo.

4 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/11/1127696

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez(rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Cañedo Jiménez. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jonadab Martínez García:Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Saludo también a quienes nos siguen a través de los medios alternativos de comunicación, como es el Canal del Congreso y los demás sistemas de redes sociales en nuestro país.

La propuesta que vengo hoy a presentar ante todos ustedes es muy noble, es muy sencilla y seguramente encontrará eco en quienes les tocará dictaminar esta iniciativa, porque propicia lo que hemos perdido en esta Cámara, que es precisamente el debate y la discusión en las comisiones que dictaminan nuestras iniciativas.

El objetivo concreto de la presente propuesta es establecer la obligación a los presidentes de las comisiones ordinarias, a que inviten a debatir a los proponentes de las iniciativas. Muchas veces nos toca que algunas iniciativas que presentamos las conocemos ya que están dictaminadas, no en el proceso de discusión o de debate al interior de la comisión.

Aprovecho para agradecer a diferentes presidentes de las comisiones que de manera cortés, amable y muy atenta han invitado a otros diputados precisamente cuando se cita y porque se va a discutir esa propuesta, pero como no es obligación algunos presidentes o presidentas no lo hacen. Por eso es que mi propuesta radica sencillamente en incluir en el artículo 177 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, incluir que así como se envía el dictamen a consideración a los integrantes de de esa comisión ordinaria, también se agregue una copia al proponente de esa iniciativa que estará a discusión en la siguiente reunión ordinaria de la comisión.

Es muy sencilla, como ustedes lo pueden ver esta iniciativa, pero tiene mucho fondo porque lamentablemente hemos perdido el sentido, la sensibilidad del debate, de escuchar los argumentos, de escuchar el soporte de ese diputado que propició una iniciativa y muchas veces nos vamos solamente por el texto leído, cuando a lo mejor en el espíritu principal de esa iniciativa había más fondo.

En esta misma tribuna he escuchado dictámenes que se han votado en contra, simplemente a lo mejor por una mala redacción o por no entender el espíritu de la misma. En esta iniciativa, si es de aprobarse en su momento de dictaminación, dará espacio, dará mucha oportunidad a que todos los diputados tengamos la libertad y el derecho de debatir nuestros puntos de vista en las comisiones ordinarias legislativas.

Sin más por el momento, agradezco su atención esperando que más de uno se pueda sumar a esta simple y sencilla iniciativa, pero muy fuerte en el fondo de la discusión en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenas tardes.

«Iniciativa que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jonadab Martínez García, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3, del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todos y cada uno de los legisladores que conformamos este Poder de Estado, tenemos el derecho de iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara (artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados).

En nosotros reside el poder de decisión sobre los asuntos esenciales de la vida nacional, lo cual conlleva un gran honor, pero también una gran responsabilidad.

Sin embargo, consideramos que en la práctica, en el ejercicio cotidiano, la redacción vigente del artículo que proponemos reformar solo genera malestar, desencanto y distanciamiento entre los legisladores, lo cual no debería de ocurrir.

El objetivo concreto de la presente propuesta es establecer la obligación del presidente de la Junta Directiva de una Comisión Ordinaria, de hacerle llegar al legislador iniciante el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto o de la proposición con punto de acuerdo de su autoría, antes de ser discutido por la Comisión a la cual haya sido turnado para dictamen.

Sabemos que cada uno de los proyectos que presentamos ante el Pleno de esta Asamblea, no son dictaminados de manera inmediata, sino que por el propio proceso legislativo, nuestras iniciativas con proyecto de decreto o proposiciones con punto de acuerdo, pueden tardar meses en ser dictaminados.

Ahora bien, si bien la convocatoria a reunión de comisión o comité deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación y enviarse a cada diputado o diputada integrante, así como a los diputados iniciantes de las iniciativas y proposiciones cuyo dictamen se vaya a discutir, salvo en caso de Reunión extraordinaria (artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados). No existe la obligación por parte del presidente de la Junta Directiva de las Comisiones Ordinarias de enviar el dictamen a discutir a los legisladores iniciantes, aun cuando obviamente estos son los primeros interesados en que su propuesta sea aprobada.

Sabemos que “en el proceso legislativo de dictamen, la comisión deberá convocar al diputado o diputada federal iniciante, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si éste no asistiere continuará el proceso de dictamen” (artículo 177, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados).

Al legislador iniciante se le convoca para “ ampliar la información acerca de su propuesta”, es decir, antes de que se emita un dictamen, pero una vez que este último se redacta, inexplicablemente no existe la obligación por parte del presidente de la Junta Directiva del Órgano de Apoyo Parlamentario, de remitirle en tiempo y forma un ejemplar del mismo para su conocimiento, y más aún cuando el dictamen es positivo.

Consideramos que las Comisiones Ordinarias se nutren de las propuestas de los legisladores, pero una vez que estas se dictaminan, aun siendo positivas y por ello mejorando el derecho positivo mexicano, el legislador iniciante es prácticamente ignorado, lo cual en nada motiva el trabajo parlamentario.

En ocasiones, el dictamen en donde es aprobada una propuesta del legislador, se hace del conocimiento al iniciante en el momento en que se lleva a cabo la reunión ordinaria de la Comisión dictaminadora a la cual fue turnada y en donde se discutirá su propuesta, o incluso cuando esta ya termino.

Pensamos que lo anterior es una falta de cortesía parlamentaria hacia el legislador iniciante, el cual lo hemos sido o lo seremos en algún momento.

Creemos que no debería de ser por medio de una solicitud al presidente de la Junta Directiva de la Comisión Ordinaria que dictamine, como el legislador iniciante pueda tener acceso al dictamen correspondiente a un documento de su autoría, y poder obtenerlo “por la buena voluntad” del citado presidente, sino que debe de ser una obligación por reglamento el remitirle un ejemplar del mismo, sin solicitarlo.

El reconocimiento de una Comisión Ordinaria en favor del creador de una iniciativa de ley con proyecto de decreto o un punto de acuerdo que ha sido dictaminado en sentido positivo es importante, ya que una propuesta de reforma, adición o derogación implica capacidad intelectual.

Así entonces, el legislador iniciante debe tener las mismas consideraciones que un miembro de la Comisión dictaminadora, es más, en caso de ser aprobada su propuesta debería tener un trato especial en el momento que es discutido el dictamen que aborda su propuesta, por haber mejorado el derecho positivo en nuestro país.

No solo se trata realizar un trabajo de la manera correcta, de dar resultados concretos, sino de reconocer el esfuerzo en su justa medida cuando se alcanza el resultado buscado.

El filósofo griego Aristóteles sentencio: “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito”.

Una iniciativa con proyecto de decreto o un punto de acuerdo que son dictaminados en sentido positivo surgen de una idea, pero plasmar esta última de manera correcta en un decreto requiere de conocimientos.

Cuando una iniciativa de ley con proyecto de decreto o un punto de acuerdo es aprobado por una Comisión y por el Pleno de esta Cámara, se dejó de únicamente hablar y se dio lugar a la acción.

El legislar no es un ejercicio sencillo, e implica una gran responsabilidad, por el impacto positivo o negativo que ello puede tener sobre millones de personas.

Ahora bien, en el caso de que el dictamen emitido por una Comisión Ordinaria sea en sentido negativo, el diputado iniciante al no conocer en tiempo y forma el dictamen que la Comisión elabora en referencia a su iniciativa con proyecto de decreto o proposición con punto de acuerdo, lo deja en total estado de indefensión; al no poder defender o explicar a detalle su proyecto en caso de no estar de acuerdo con el dictamen; o bien conocer los errores cometidos en su argumentación o en la redacción de su proyecto de decreto a fin de mejorarlos en el futuro.

Sabemos que las Comisiones son los Órganos de Apoyo Parlamentario donde se discuten a fondo los asuntos que le fueron turnados para su dictaminación, y en donde se acuerdan los términos en los cuales una iniciativa con proyecto de decreto o una proposición con punto de acuerdo son aprobadas o rechazadas.

El punto que nos ocupa no es si el dictamen es en sentido positivo, con modificaciones o en sentido negativo, lo que interesa es que el legislador iniciante conozca con anterioridad a la celebración de la Reunión Ordinaria donde se discuta su propuesta, el dictamen en uno u otro sentido que emita la Comisión Ordinaria respectiva.

El cambio que proponemos es simple, sencillo, pero da “honor a quien honor merece”, sabemos que legislar no es una tarea fácil, que requiere de tiempo, esfuerzo, experiencia y conocimientos; y cuando ello se hace de la manera correcta, y mejora la convivencia social en este país, ello debe de reconocerse.

El pintor y escultor español Pablo Ruiz Picasso, pronuncio: “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”, y una iniciativa con proyecto de decreto o una proposición con punto de acuerdo cuyo dictamen es positivo, es precisamente esto, el esfuerzo y el trabajo del legislador, mismo que debe ser aplaudido.

Ante un trabajo de calidad, debe existir entre pares el reconocimiento, y más aún cuando se trata de implantar una legislación eficaz, que mejore el derecho positivo mediante transformaciones tangibles.

El proponer cambios a la legislación actual, la cual siempre puede perfeccionarse, y que sean aprobados por las Comisiones Ordinarias a quienes se turne para su dictamen, implica a fin de cuentas avances sociales y/o económicos en beneficio de millones de personas.

La aprobación de una iniciativa con proyecto de decreto o de un punto de acuerdo por parte de una Comisión Ordinaria de la Cámara de Diputados, fortalece la primacía objetiva de la ley sobre la posible arbitrariedad subjetiva del poder público, asegurando con ello el ejercicio pleno de los derechos humanos y sus garantías.

Una iniciativa con proyecto de decreto o un punto de acuerdo aprobados mediante un dictamen positivo, implica la defensa de los intereses colectivos a fin de generar bienestar económico y/o social, es la materialización de la voluntad de influir, de la ambición común, en resumen, es la voz manifestada de nuestros representados.

Estoy seguro que todos los legisladores hemos asumido nuestra encomienda como representantes populares con responsabilidad y sentido del deber, a fin de contribuir a la modernización y el progreso de nuestra nación, lo cual podemos hacer por medio de nuestro derecho de iniciar leyes.

Como legisladores tenemos un compromiso con los ciudadanos, con la democracia y con nuestra nación, tengamos esto siempre presente en el ejercicio de nuestras responsabilidades.

Los legisladores nos esmeramos por presentar propuestas viables, a fin de mejorar nuestro derecho positivo, por lo que espero que la presente iniciativa sea digna de estudio y reflexión, a fin de que pueda interpretar un reclamo valido de varios legisladores.

El legislar tiene solo un objetivo: el bien de todos, y en particular mejorar las condiciones de vida de los sectores más débiles de la sociedad.

En espera que los argumentos expuestos a su atención susciten en los legisladores la convicción de que la presente propuesta, si bien simple, es también necesaria, a fin de mejorar el proceso legislativo, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados a la LXIII Legislatura la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 177.

1...

2...

3.El presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes, así como entre el diputado o diputada federal iniciante, con cinco días de anticipación a la Reunión en que se discuta y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente se deberá circular con un mínimo de veinticuatro horas previas a su discusión y votación.

Notas:

1 “20 frases para felicitar el esfuerzo y reconocer los logros”, http://crecimiento-personal.innatia.com/, 31 de enero de 2017, http://crecimiento-personal.innatia.com/c-frases-para-felicitar/a-frases-para-f elicitar-el-esfuerzo-3205.html.

2 José Miguel Hernández Hernández, “Frases y citas celebres: Pablo Picasso”, 12 de enero de 2017, http://www.jmhdezhdez.com/2013/10/ frases-picasso-phrases-citas-celebres.html

Salón de plenos, a 7 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Jonadab Martínez García, Alfredo Anaya Orozco, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Luis Ernesto Munguía González, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Victoria Mercado Sánchez, Pedro Luis Noble Monterrubio, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Martínez García. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Sonido en la curul del diputado Pedro Luis Noble. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Gracias, presidenta. Para pedirle a la vicepresidenta, nuestra amiga Sharon Cuenca, que nos permita o que me permita adherirme a su iniciativa, que la encuentro suficientemente motivada y, por mi origen, también deseo suscribirla, si me lo permite. Gracias, diputada vicepresidenta, gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aquí en lo corto, la diputada ha asentido, nos ha aceptado su adhesión. Por lo tanto, está a disposición en la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Fernando Moctezuma. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Presidenta, con el objeto de si me lo permite el diputado Martínez García, que acaba de hacer uso de la palabra, para sumarme a su iniciativa, que a considero fundamental para el trabajo en comisiones, ya que coincidimos plenamente con él en que deberán tomarse en cuenta las iniciativas de los diputados en cada una de las reuniones que tienen las comisiones, para defender la misma.

No sé si de parte de él hubiera esta posibilidad de sumarme a su iniciativa, así como a la de mi compañera Sharon.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: ¿Tiene algún inconveniente, diputado Martínez García en la adhesión? Ha aceptado, por lo tanto, están a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva ambas iniciativas para la suscripción correspondiente.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Teresa Lizárraga. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Con el mismo tema, solicitar, ya dijo que sí, pero compartimos la inquietud, hace falta un trabajo a mayor profundidad y solicito suscribirla.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Teresa Lizárraga, el diputado ha aceptado, por lo tanto está a la disposición para la suscripción correspondiente.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Ralis Cumplido.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Gracias presidenta. Igualmente, solicitarle a nuestro compañero diputado Jonadab Martínez, si nos permite suscribir su iniciativa, que creemos que no solo es oportuna, sino muy importante para los trabajos de este Congreso.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El diputado Martínez García ha aceptado, diputado Ralis Cumplido, por si es tan amable de pasar a la Secretaría de esta Mesa para la firma correspondiente a la adhesión.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Verónica Agundis. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Presidenta, buenas tardes a todos. Esta iniciativa se presentó en el periodo pasado y fue aprobada iniciando este periodo, y fue precisamente que el diputado proponente estuviera presente cuando se dictaminan las iniciativas o las propuestas en cada una de las comisiones y que fuera obligatorio por cada uno de los presidentes presentarla. Lo votamos aquí, cada uno de los grupos parlamentarios participó y lo votamos a favor.

Yo creo que aquí, fue una iniciativa que propuso una servidora y agradezco que la refuerce el diputado Martínez y, bueno, pues aquí lo que está faltando es que verdaderamente nuestros presidentes de comisión, con mucho respeto, sí nos inviten cuando la Mesa Directiva dictamina nuestras propuestas, que eso sería lo más importante, para que realmente funcione el trabajo legislativo en esta Cámara. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada. Se registra en el Diario de los Debates su participación.

Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de alumnos de las materias técnicas de negociación y comercialización internacional, responsabilidad social y ciudadanía, del Instituto Tecnológico, del campus Monterrey, ubicado en Toluca, Estado de México, invitados por la diputada Martha Hilda González Calderón. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Con la venia de la presidenta. Compañeras y compañeros diputados, Nueva Alianza surge con principios muy claros ser un partido liberal que promueve la igualdad, la libertad y la dignidad de los ciudadanos. Por ellos trabajamos, por una sociedad cada vez más justa y equitativa, que fomenta el respeto pleno a los derechos humanos.

Como un partido preocupado y ocupado en mejorar la calidad de vida de las personas presento, ante esta soberanía, la iniciativa por la que se adiciona un sexto párrafo al artículo 4° de nuestra Constitución Política.

La propuesta tiene como objetivo incorporar el derecho a la ciudad, dentro del catálogo de los Derechos Humanos establecidos en nuestra máxima norma. Las ciudades son sistemas muy complejos, que se caracterizan por la concentración de población que interactúa y se relaciona con un territorio. Lo cual ocasiona que se incrementen todo tipo de necesidades, que de no solventarse de manera eficiente, derivan, invariablemente en una desigualdad social.

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En México, alrededor de 85.7 millones de habitantes, es decir, el 72 por ciento de la población vive en ciudades, y se prevé que para el año 2040 el número ascienda a más del 90 por ciento.

Es así que consideramos pertinente garantizar el derecho a la ciudad, cuyo objetivo primordial consiste en buscar reivindicación de las ciudades para la gente dentro de un marco de justicia social y espacial, equidad, democracia y sustentabilidad. De esta manera damos un paso más en la consolidación de los principales derechos fundamentales de la ciudadanía.

Con la reforma se podrán transformar las formas de urbanización para arribar a modos más democráticos de gestión urbana, logrando construir ciudades más inclusivas, seguras, resilentes y sostenibles.

De igual manera, se actualiza la legislación en concordancia con los diversos instrumentos internacionales, de los cuales México es parte, pues si bien el derecho a la ciudad se encuentra señalado en la Ley de Asentamientos Humanos. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es necesario eliminar el vacío existente en nuestra norma suprema. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Carlos Gutiérrez García, diputado a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos se rompió el paradigma tradicional que conservaba nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917.

A partir de junio de 2011 se modificó el título primero, capítulo I, del marco normativo constitucional, para quedar De los Derechos Humanos y sus Garantías, tomando como cimiento los derechos humanos establecidos en distintos ordenamientos internacionales, principalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Debemos recordar que esta proclamación establece como principio general la protección y el reconocimiento de los derechos de los miembros de la familia humana, lo que nos conlleva a evocar el principio pro persona.

La característica principal de este principio es la cobertura jurídica amplia de la que gozamos todos los seres humanos. Empero, nos hemos topado con una serie de inconvenientes que impiden alcanzar el pleno desarrollo humano y la reivindicación social de las personas. Dicha situación refleja magnos abismos entre la realidad y el progreso de las naciones.

De ahí que resulte necesario recapitular que a pesar de la existencia de un sinfín de derechos, un gran número de éstos aún no se encuentran reconocidos por las legislaciones de las naciones. En el caso de esta iniciativa nos referimos al derecho a la ciudad.

Uno de los objetivos primordiales de este derecho es buscar la reivindicación de las ciudades para la gente y no para los negocios privados, tutelado bajo los principios de justicia social y espacial, equidad, democracia y sustentabilidad.

Resulta cierto que cada sociedad destaca un elemento de la estructura social, lo cual puede repercutir en lo económico, lo político o lo ideológico, originando así un tipo de ciudad característico y con diferentes elementos urbanos dominantes.

En la actualidad coexisten adversidades dentro de las ciudades, como la falta de agua, movilidad y ordenamiento urbano, además de la realización de megaproyectos que favorecen directamente a los negocios privados, generando oposición social y contribuyendo a la división de la ciudad, reflejándose una ciudad exclusiva para ricos y otra excluida para pobres.

Ello viene a ser consecuencia de factores como el uso mercantil de la ciudad y la predominancia de industrias y de espacios mercantiles.

Viendo esta problemática, distintas organizaciones internacionales han desarrollado foros para tratar el tema. Tal es el caso del Foro Social de las Américas y el Foro Mundial Urbano, resultando de ambos un proceso amplio y democrático de debate y propuestas para lograr la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en la que se instauraron compromisos y medidas que deben ser asumidas por la sociedad civil y los distintos gobiernos, con el único propósito de que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades.

Como consecuencia de estos foros se dio vida a la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, la cual establece en su artículo 1o. que: “[...] Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, etnia u orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta [...]”.

Debemos estar claros que diversos actores de diversas regiones cuentan ya con el apoyo de autoridades locales y nacionales, así como de agencias de Naciones Unidas, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa Hábitat, para difundir, discutir y mejorar la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, con el fin de potenciar su articulación, tratamiento e inclusión en todos los estados.

En América Latina países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Venezuela ya iniciaron la promoción, discusión y enriquecimiento de este instrumento mundial.

Cabe mencionar que esta Carta de Derecho a la Ciudad ha estado en el centro del debate en escenarios internacionales y regionales como en el cuarto Foro Social Mundial (Mumbai, India, enero de 2004), el primer Foro Social de las Américas (Quito, Ecuador, julio de 2004), el segundo Foro Urbano Mundial (Barcelona, España, septiembre de 2004), el quinto Foro Social Mundial (Porto Alegre, enero de 2005), el sexto Foro Social Mundial Policéntrico (Caracas, Venezuela y Bamako, Mali, enero de 2006), así como en el Foro Social Europeo (ediciones 2005 y 2006).

Como corolario de estos foros destacan la implementación y el desarrollo de ciudades innovadoras, inclusivas y productivas, tomando en consideración los tipos de lazos sociales, las relaciones con la naturaleza, los estilos de vida, las tecnologías y los valores estéticos que desea cada persona, en aras de decidir en qué tipo de ciudad quiere vivir.

De lo anteriormente expuesto, consideramos necesario implementar el derecho a la ciudad dentro del catálogo de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de estar acorde con la vanguardia internacional, ya que actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades.

A rgumentos

Por principio de cuentas, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene el compromiso de asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, destacando en todo momento el valor y la igualdad de hombres y mujeres.

El mismo instrumento establece las directrices para la promoción, progreso social, y ampliación del nivel de vida de las personas, el cual está asegurado a través del principio pro persona.

En ese sentido, dicho principio busca el bienestar de la personas de una forma más amplia, considerando que al asociarlo con el derecho a la ciudad, nos da como resultado la protección de las personas dentro de una ciudad colmada de desarrollo y progreso social.

Como bien lo dijo el general Lázaro Cárdenas del Rio: “No es el gobierno quien interpreta las aspiraciones sociales, son los ciudadanos los que encauzan los deseos de transformación y renovación social”.

Bajo ese esquema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en el artículo 1o. que: “[...] todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte [...]”.

Debemos tener presente el significado del término “ciudad”, el cual considera que se trata de un área urbana que presenta una alta densidad de población, conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas. La diferencia entre las ciudades y otras entidades urbanas está dada por la densidad poblacional, el estatuto legal u otros factores.

Ahora bien, entendido el significado del término “ciudad”, debemos entrar en materia de lo que es el “Derecho a la Ciudad”. Para Henri Lefebvre, “[...] el derecho a la ciudad y a la vida urbana eran una condición básica de un humanismo y de una democracia renovada [...]”.

Empero, David Harvey reivindica que: “[...] el derecho a la ciudad no es el derecho a la urbe que tenemos, sino el derecho a cambiarla y a construir una ciudad mejor: una ciudad socialmente justa [...].”

Por su parte, J. Borja señala que: “[...] toda ciudad metropolitana debe tener lugares centrales polivalentes y con actividades y usos mixtos, de libre y fácil acceso universal para todos los ciudadanos [...]”. Cabe destacar que aunado a lo anterior, esta idea del derecho a la ciudad incluye el derecho a la felicidad colectiva, a la ciudad del deseo y el derecho a imaginar que otro mundo y otra ciudad son posibles.

Para Lorena Zárate, representante de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), el derecho a la ciudad está entendido como el uso y disfrute de las ciudades, bajo los principios de justicia social y espacial, equidad, democracia y sustentabilidad.

Por último, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad expresa que este derecho es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social.

Es categórico tomar en cuenta cada uno de los principios antes mencionados, debido a que dan sustento jurídico a la protección de las personas acreedoras del derecho a la ciudad.

De la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad se desprenden principios más objetivos en la materia, siendo estos la Gestión Democrática de la Ciudad, la Función Social de la Ciudad, la Función Social de la Propiedad, el Ejercicio Pleno de la Ciudadanía, la Igualdad y No Discriminación, la Protección Especial de Grupos y las Personas en Situación Vulnerable, el Compromiso Social del Sector Privado e Impulso de la Economía Solidaria y las Políticas Impositivas Progresivas.

Estos principios nos dejan en claro que el derecho a la ciudad articula el ordenamiento territorial y la planeación de las ciudades, zonas metropolitanas y sus áreas de influencia, con el logro de los derechos humanos establecidos en la Constitución y suscritos por México en tratados internacionales.

No debemos pasar por desapercibidas las acciones de accesibilidad universal, de género y seguridad, de ciudadanía, de gestión y sostenibilidad del espacio público, de transformación del espacio público y su vinculación con la movilidad urbana sustentable, de recuperación de espacios urbanos residuales y de resiliencia y sustentabilidad en el espacio público, mismas que dan sustento al derecho en comento.

Uno de los puntos medulares de la Carta Mundial es el que las ciudades están comprometidas a desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, así como a impedir la segregación y la exclusión territorial, y a priorizar la producción social del hábitat y el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada.

Del mismo modo, deben establecerse dentro de las ciudades garantías de protección que aseguren el derecho a la libertad y a la integridad de las personas. En el mismo tenor, las ciudades se comprometen a adoptar medidas destinadas a mejorar el acceso de todas las personas al derecho y la justicia.

Al respecto, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre 2015, adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se instauró un plan de acción que busca favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Dentro de esta agenda existe un compromiso común y universal a través de sus 17 objetivos y 169 metas en los ámbitos de lo económico, social y ambiental. Específicamente, el objetivo 11 de la agenda señala lo siguiente: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Aunado a esos objetivos internacionales, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 ha adoptado garantizar el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos.

Es de precisar que el objetivo 2.5 del PND busca proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna para los mexicanos y transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo urbano que fomente la consolidación de ciudades competitivas, densas, prósperas, justas, seguras y sustentables.

En el mismo sentido, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (2014-2018) ha promovido la transición hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente, el cual fomentará un crecimiento ordenado de las ciudades productivas.

Es necesario mencionar que la Política Nacional de Desarrollo Urbano vislumbra promover ciudades incluyentes que promuevan el máximo potencial de sus ciudadanos, vía el acceso libre e igualitario de todos sus derechos.

Del mismo modo, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2013-2018) establece, en su objetivo 3, el consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

No debemos dejar de lado que durante los últimos 50 años las ciudades y zonas metropolitanas en México han crecido aceleradamente. Para el año 2015, alrededor de 85.7 millones de habitantes, es decir, 72 por ciento de la población vive en ciudades. Aproximadamente 68.8 millones de habitantes viven en metrópolis, de las cuales, 57 por ciento habita en 59 zonas metropolitanas. No obstante, se espera que en el año 2030 vivirán en metrópolis 89.5 millones de personas y, para 2040, 99.8.

De ahí la importancia de considerar al derecho a la ciudad como parte de los derechos humanos enlistados en el artículo 4o. constitucional. La propuesta de esta iniciativa es restaurar el sentido de la ciudad, incorporando la posibilidad del “buen vivir” para todos desde una nueva perspectiva política.

Hoy una gran ciudad se expande más allá de su área administrativa original, llegando a los espacios de otras ciudades, conformando una grande área metropolitana, que escapa a la administración de la misma, con problemas como recaudación de impuestos, infraestructuras y mantenimiento, por lo que definir una ciudad por su administración se hace prácticamente imposible.

Si tomamos en cuenta que las grandes urbes van creciendo, tanto en habitantes como en espacios privados, observaremos una reducción de espacios de posible uso común o indistinto, en los que se articula la vida social, afectando la calidad de vida de los habitantes establecidos en las ciudades.

Más allá de mejorar la calidad de vida y el bienestar global, el cuidado hacia los menores en las ciudades puede ayudar a extender el sentido de pertenencia a las niñas, niños y adolescentes, repercutiendo en una forma práctica de la construcción de una ciudadanía responsable y democrática que genere mecanismos para poder expresar sus opiniones y así contribuir a edificar una ciudad colectiva.

Como antesala a la adecuación jurídica constitucional del derecho a la ciudad, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece, en su artículo 4, que: “[...] La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política [...]”.

Pese a que el derecho a la ciudad se encuentra citado en el texto de la ley antes mencionada, encontramos un vacío legal en la Constitución mexicana, ya que al ser éste un derecho humano reconocido por un instrumento internacional, debe encumbrarse en el máximo ordenamiento nacional.

No obstante el avance que hemos tenido en esta importante materia, aún existe una brecha muy amplia para solucionar los problemas generados en las ciudades del mundo. La Carta Mundial señala que según las previsiones, en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65 por ciento.

En Nueva Alianza consideramos que con la implementación del derecho a la ciudad se podrán transformar las formas de urbanización y arribar a modos más democráticos de gestión urbana para que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo sexto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

Todas las personas tienen derecho a la ciudad con el propósito de preservar su memoria e identidad cultural de acuerdo con los principios de sustentabilidad y justicia social.

...

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://definicion.de/ciudad/

2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1870-00632012000100006

3 Ibídem

4 Borja, J. (2008), “Los nuevos derechos ciudadanos”, en HIC al, El derecho a la ciudad en el mundo, México: HIC AL, pp. 291-297.

5 Ordorica Mellado, Manuel. “La Demografía en los primeros años del siglo XXI: una visión hacia el proceso de envejecimiento”. El Colegio de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputado Carlos Gutiérrez García(rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Gutiérrez García. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Hugo Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y deroga los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo. Nos han solicitado demorar un poco la intervención.



LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Por lo tanto procederemos a dar el turno de la presentación de iniciativas al diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Otniel García Navarro:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, entre las muchas materias en las que es necesario legislar para garantizarle a los mexicanos una mejor calidad de vida hay una que destaca, porque sin una adecuada protección no se puede concebir futuro ni vida. Me refiero al agua.

Hablar del agua es hablar de un recurso esencial para la vida en el planeta y fundamental para la prosperidad de cualquier región. Es hablar de la necesidad de generar compromisos en el presente para asegurar el futuro. Es hablar de un derecho humano.

El derecho humano al agua fue reconocido en el ámbito internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010. Mediante dicha resolución se exhortó a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, capacitación y tecnología para ayudar a los países; en particular, a los países en vías de desarrollo a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

A más de seis años de aquel histórico reconocimiento, hoy se vive una fuerte escasez de agua que afecta al mundo sin distinción de fronteras. El origen del problema es multifactorial, pero sin duda debemos destacar la indiscriminada urbanización, la severa contaminación y la mala gestión de los recursos hídricos.

De acuerdo con el programa conjunto de seguimiento de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, 2 mil 600 millones de personas carecen de acceso al saneamiento básico; mientras que 884 millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua potable.

En México el tema no es menor. De acuerdo al Inegi, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera significativa. En 1970 era de menos de 10 mil metros cúbicos por habitante al año. En 2005 esta disponibilidad disminuyó 55 por ciento, ubicándose en los cuatro mil 573 metros cúbicos y para 2010 disminuyó a cuatro mil 230 metros cúbicos anuales por cada mexicano.

Por lo anterior y con la convicción de garantizar recursos naturales suficientes para esta generación y para las generaciones futuras, presento ante ustedes iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo III Bis A, denominado: Medidas Compensatorias, y se reforman diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales.

Con ella, se dota a la autoridad del agua, de la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las mismas, así como la sanción a que serán acreedores quienes incumplan con dicha prescripción. Las medidas compensatorias tienen por objetivo que en los casos de concesiones o asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, quien obtenga el título de las mismas se trate de cuenca hidrológica o región hidrológica, destine el 30 por ciento de los recursos financieros al municipio o a la entidad federativa donde provenga el recurso hídrico.

Los que tendrán que ser destinados, por supuesto, para construir equipar, operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar la infraestructura hídrica del lugar de donde se extraiga el agua, además de la aplicación de acciones que permitan el manejo eficiente, la conservación del agua, el suelo, sumando la ejecución de medidas de restauración, recuperación de los recursos hídricos a su costa.

En el respeto a los derechos humanos al acceso al agua, en el respeto al medio ambiente, en el respeto al futuro de México, tenemos que promover acciones, pero sobre todo tenemos el compromiso de su protección. Esta iniciativa representa la oportunidad de abordar un tema en el que no deben existir colores políticos ni diferencias, sino coincidencias para lograr una legislación que proteja a los mexicanos de sus recursos hídricos, los recursos que son de todos los mexicanos. Ésa es nuestra obligación constitucional, legal y moral.

Los invito a conocer esta propuesta y a apoyar su proceso legislativo. Agua para todos significa bienestar para todos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Otniel García Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo III Bis A denominado Medidas Compensatorias, conformado por los artículos 29 Bis 7 y 29 Bis 8; reforma de las fracciones XXIII y XXIV del artículo 119 por técnica legislativa y adición de una fracción XXV; reforma de la fracción III del artículo 120 y el artículo 122; todos de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El reconocimiento que en los últimos años se ha otorgado por las naciones a los derechos humanos ha marcado una nueva era jurídica.

Así, el derecho humano al agua en el ámbito internacional fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010; por ello, apenas, a poco más de 5 años, de forma explícita el derecho humano al agua y al saneamiento, se incorporó en el campo internacional como elemento indispensable para la realización de todo el catálogo de derechos humanos, pues la vida, la salud, la educación, la vivienda, el derecho a una vida digna, no es posible alcanzarlos sin aquél, que se convierte en elemento indispensable para la realización de éstos.

Mediante dicha resolución se exhortó a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a proporcionar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Cabe señalar que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general número 15 sobre el derecho al agua; en este documento se precisó que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna.

Es por supuesto, obligación de los países proteger los derechos humanos, generando acciones que tengan como efecto respetar y hacer respetar los postulados en los que yacen los derechos humanos.

La escasez del agua afecta al globo terráqueo sin distinción de fronteras; problema que tiene como origen el crecimiento de las poblaciones, la indiscriminada urbanización, la severa contaminación y la mala gestión de los recursos hídricos, entre otros.

Algunos datos que resultan impactantes son los que diversas instancias internacionales han reunido; por ejemplo, según el Programa Conjunto de Seguimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2 mil 600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico, 884 millones de personas en el mundo carecen de un acceso seguro a agua potable; la OMS precisa que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas más básicas, que la fuente de agua debe situarse a no más de mil metros del hogar y que el tiempo necesario para el acopio de agua no ha de exceder los 30 minutos; de igual forma, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el costo del agua no debería superar 3 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Así, la tensión y la angustia que las naciones padecen por los altos índices del déficit hídrico en el mundo, nos lleva a poner en perspectiva el cumplimiento del ejercicio del derecho humano al agua, ya que, es deber de las naciones garantizar el acceso en condiciones de igualdad a cantidades suficientes y salubres del recurso, distribuyéndose en forma equitativa y sostenible, situación que redunda incluso en la consecución de la seguridad alimentaria.

Ha sido largo el camino que ha recorrido la postulación del derecho humano al agua en el ámbito internacional, pues a decir de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de ONU Habitat y de la Organización Mundial de la Salud:

“El concepto de la cantidad básica de agua requerida para satisfacer las necesidades humanas fundamentales se enunció por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 1977. En su Plan de Acción se afirmó que todos los pueblos, cualesquiera que sean su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas. En el Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, se confirmó este concepto. Posteriormente, varios otros planes de acción han mencionado el agua potable y el saneamiento como un derecho humano. En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, los Estados afirmaron que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo que incluye alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados. En el Programa de Hábitat, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) en 1996, el agua y el saneamiento también se consideraron parte del derecho a un nivel de vida adecuado”.

En el caso del Estado mexicano, mediante decreto aprobado por el Congreso de la Unión el 18 de enero de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero del mismo año, se reformó el párrafo quinto y se adicionó un párrafo sexto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, del artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante lo cual se elevó a rango constitucional el derecho al agua para uso personal y doméstico, así como el derecho al medio ambiente sano.

Así, el texto vigente del párrafo sexto del artículo 4o. constitucional precisa:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

El decreto en mención dispuso en su artículo tercero transitorio, la obligación de la emisión de una Ley General de Aguas, contando a la fecha con la Ley de Aguas Nacionales, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de 1992.

Sumado a lo anterior, nuestra Carta Magna contempla en su artículo 27 lo relativo a la propiedad de las tierras y aguas, puntualizando que aquellas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación; además en su tercer párrafo señala:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico...”.

Es por tanto, responsabilidad del Estado mexicano vigilar la prestación del servicio y por supuesto la calidad de los recursos entorno al abastecimiento de agua; cuya regulación relativa a la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr el desarrollo integral y sustentable se encuentra en la ya citada Ley de Aguas Nacionales.

El tema reviste tal importancia que incluso el artículo 7 de la precitada norma declara de utilidad pública:

“I. La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional;

II. La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de captación de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural o artificial de aguas para reabastecer mantos acuíferos acorde con las normas oficiales mexicanas y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia otras;

...

IV. El restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, incluidas las limitaciones de extracción en zonas reglamentadas, las vedas, las reservas y el cambio en el uso del agua para destinarlo al uso doméstico y al público urbano; la recarga artificial de acuíferos, así como la disposición de agua al suelo y subsuelo, acorde con la normatividad vigente;

V. El restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas vitales vinculados con el agua;

...”

De igual forma, el artículo 14 Bis 5, precisa los principios que sustentan la política hídrica nacional, que en sus fracciones I, II, VII y IX refiere:

“I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional;

II. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica es la base de la política hídrica nacional;

...

VII. El Ejecutivo federal se asegurará que las concesiones y asignaciones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas que correspondan, e instrumentará mecanismos para mantener o reestablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas hidrológicas del país y el de los ecosistemas vitales para el agua;

...

IX. La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos

...”

Resulta claro que la planificación hídrica a través de los programas y subprogramas hídricos para cada una de las cuencas hidrológicas o grupos de cuencas hidrológicas en sus vertientes de región hidrológica o región hidrológica administrativa, que operan los organismos y consejos de cuenca tiene por objetivo la gestión integrada de los recursos hídricos, la conservación de los recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente, además de que procuran atender los problemas de escasez o contaminación del agua, la ordenación del manejo de cuencas y acuíferos, corregir la sobreexplotación de aguas superficiales o subterráneas, y en general, atender los conflictos por la explotación, uso, aprovechamiento y conservación del agua en cantidad y calidad, la problemática de concesión, asignación y transmisión de derechos de uso de agua para su explotación, uso, y aprovechamiento, incluyendo su reúso, así como el control, preservación y restauración de la misma.

Sin embargo, la República Mexicana atraviesa por un desabasto importante de agua, ello a pesar de la aplicación de los programas y subprogramas; tal es el caso del estado de Durango cuyos recursos hídricos se encuentran en severo riesgo de extinguirse, lo que ha originado una serie de proyectos estratégicos a fin de dotar a la población del recurso natural, como el denominado proyecto Agua Futura, cuyo objetivo recae en abastecer del vital líquido a las generaciones futuras mediante esfuerzos y recursos de manera sustentable; pues en el caso de la ciudad de Durango, el acuífero Valle del Guadiana se encuentra sobreexplotado, ya que adolece de un déficit de 34.9 millones de metros cúbicos/año y se encuentra en veda de explotación, que además, posee una calidad deteriorada, debido a que el agua subterránea del acuífero tiene concentraciones por encima de lo permitido por la NOM-014-SSA1-1993-2000 en arsénico y flúor. Ante dicha circunstancia, el proyecto de Agua Futura permite garantizar el abasto de agua potable de calidad a la ciudad por los próximos 50 años, proyecto que busca replicarse en la región lagunera para el uso y disposición en el rubro doméstico, industrial y agrícola mediante el fortalecimiento de la infraestructura y la recuperación de los mantos freáticos; todo esto a consecuencia de la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

La explotación de los recursos hídricos sin la debida responsabilidad genera impactos negativos en aquellos lugares en donde se realiza, puesto que la exploración, la extracción y el procesamiento irresponsable provoca daños ambientales irreversibles y por lo tanto, traen aparejadas consecuencias dramáticas.

Por ello, el Estado mexicano tiene la obligación de implementar acciones eficaces tendentes a prevenir, mitigar, remediar, resarcir y compensar los potenciales daños de la actividad hídrica a que se ha hecho alusión. Pues además del claro agotamiento del recurso natural, la extracción no tiene un impacto económico en las regiones en que se realiza, aún más, se observa un terrible desabasto del líquido en muchas comunidades, lo que produce que no exista la posibilidad de garantizar un nivel de vida adecuado y digno a quienes en ellas habitan, pesando únicamente sobre sus hombros las secuelas adversas de la actividad.

Y si bien es cierto que se encuentra regulado la celebración de acuerdos o convenios para la realización de obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o potabilización para el abastecimiento del agua, con los fondos pertenecientes al erario federal o con fondos obtenidos con aval o mediante cualquier otra forma de garantía otorgada por la federación siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. Que las obras se localicen en más de una entidad federativa, o que tengan usos múltiples de agua, o que sean solicitadas expresamente por los interesados;

II. Que los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios respectivos participen, en su caso, con fondos e inversiones en la obra a construir, y que se obtenga el financiamiento necesario;

III. Que se garantice la recuperación de la inversión, de conformidad con la legislación fiscal aplicable, y que el usuario o sistema de usuarios se comprometa a hacer una administración eficiente de los sistemas de agua y a cuidar la calidad de la misma; en relación con esta fracción, la Autoridad en la materia adoptará las medidas necesarias para atender las necesidades de infraestructura de las zonas y sectores menos favorecidos económica y socialmente;

IV. Que en su caso los estados, el Distrito Federal y municipios respectivos, y sus entidades paraestatales o paramunicipales, o personas morales que al efecto contraten, asuman el compromiso de operar, conservar, mantener y rehabilitar la infraestructura hidráulica, y

V. Que en el caso de comunidades rurales, los beneficiarios se integren a los procesos de planeación, ejecución, operación, administración y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Resulta necesaria la formulación de acciones que garanticen el abastecimiento del agua, además de su distribución equitativa y sostenible para que se asegure el futuro de los recursos hídricos para las generaciones presentes y futuras, como estrategias de carácter prioritario que permitan la seguridad humana y un nivel de vida adecuado.

Pues tal como asegura Manuel Perló Cohen: “el agua se ha convertido en el bien emblemático cuyo suministro y calidad se enfoca, en un primer momento, en los habitantes de mayores ingresos económicos o que habitan zonas de mayor plusvalía. Se ha llegado incluso al extremo de dejar sin agua a comunidades que tradicionalmente poseen un yacimiento para hacer uso del mismo en pos de explotarlo a favor de estos ciudadanos de “elite” y aún más dejar sin agua a la comunidad de donde el agua es originaria.

Por todo lo anterior, es que someto a consideración: iniciativa con proyecto de decreto que contiene adición de un capítulo denominado: De las Medidas Compensatorias, dotando a la Autoridad del Agua de la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las mismas, así como la estipulación de la falta y sanción a que serán acreedores quienes incumplan con dicha prescripción. Dichas medidas compensatorias tiene por objetivo que en los casos de concesiones o asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, quien obtenga el título de las mismas, se trate de cuenca hidrológica o región hidrológica destine 30 por ciento de los recursos financieros al municipio o entidad federativa de donde provenga el recurso hídrico, los que serán destinados a construir, equipar, operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar la infraestructura hídrica del lugar donde se extraiga el agua; además de la aplicación de acciones que permitan el manejo eficiente, la conservación del agua y el suelo, sumado a la ejecución de medidas de restauración y recuperación de los recursos hídricos a su costa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un capítulo III Bis A denominado Medidas Compensatorias, conformado por los artículos 29 Bis 7 y 29 Bis 8; reforma de las fracciones XXIII y XXIV del artículo 119 por técnica legislativa y adición de una fracción XXV; reforma de la fracción III del artículo 120 y el artículo 122; todos de la Ley de Aguas Nacionales

Único. Se adiciona un capítulo III Bis A denominado Medidas Compensatorias, conformado por los artículos 29 Bis 7 y 29 Bis 8; reforma de las fracciones XXIII y XXIV del artículo 119 por técnica legislativa y adición una fracción XXV; reforma de la fracción III del artículo 120 y el artículo 122; todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Capítulo III Bis A
Medidas Compensatorias

Artículo 29 Bis 7. En los casos de concesiones y asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, quien obtenga el título de las mismas, se trate de cuenca hidrológica o región hidrológica, será responsable de otorgar las siguientes medidas compensatorias:

a) La asignación de 30 por ciento de los recursos financieros obtenidos de la explotación, uso o aprovechamiento, al municipio o entidad federativa de donde provenga el recurso hídrico, mismos que serán destinados a construir, equipar, operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar la infraestructura hídrica del lugar donde se extraiga el agua;

b) La aplicación de acciones que permitan el manejo eficiente, la conservación del agua y el suelo; y

c) La ejecución de medidas de restauración y recuperación de los recursos hídricos a su costa.

Artículo 29 Bis 8. “La Autoridad del Agua” será responsable de vigilar el cumplimiento de las medidas compensatorias contempladas en el artículo 29 Bis 7 de esta ley.

Artículo 119. “La Autoridad del Agua” sancionará conforme a lo previsto por esta ley, las siguientes faltas:

De la I. a la XXII. ...

XXIII. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los artículos 113 y 113 Bis de esta ley, sin contar con título de concesión;

XXIV. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los artículos 113 y 113 Bis de la presente ley, en cantidad superior o en forma distinta a lo establecido en el respectivo título de concesión; y

XXV. Incumplir con las medidas compensatorias a las que alude el artículo 29 Bis 7 de esta ley.

Artículo 120...

De la I. a la II.

III. 1,500 a 20,000, en el caso de violación a las fracciones II, III, IV, V, VII, IX, XIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXIII, XXIV y XXV.

Artículo 122. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXIII y XXV del artículo 119 de esta ley, así como en los casos de reincidencia en cualquiera de las fracciones del artículo citado, “la Autoridad de Agua” impondrá adicionalmente la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los pozos y de las obras o tomas para la extracción o aprovechamiento de aguas nacionales.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo estipulado en el presente decreto.

Notas:

1 Disponible en: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml En línea: [18 de febrero del 2016]

2 Disponible en: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml En línea: [18 de febrero del 2016]

3 Disponible en: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/ facts_and_figures_human_right_to_water_spa.pdf En línea: [18 de febrero de 2016]

4 Naciones Unidas Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU Habitat, Organización Mundial de la Salud, El Derecho Humano al Agua. Folleto Informativo No 35, pp. 3-4

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma: DOF 29-01-2016

6 Artículo 1º de la Ley de Aguas Nacionales, expedida el primero de diciembre de 1992, siendo su última reforma el 11 de agosto del 2014.

7 Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica está a su vez integrada por subcuencas y estas últimas están integradas por microcuencas, (Fracción XVI del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.)

8 a. “Región hidrológica”: Área territorial conformada en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explotación, uso o aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada por una o varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica son en general distintos en relación con la división política por estados, Distrito Federal y municipios. Una o varias regiones hidrológicas integran una región hidrológico - administrativa, y

b. “Región Hidrológico - Administrativa”: Área territorial definida de acuerdo con criterios hidrológicos, integrada por una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos y el municipio representa, como en otros instrumentos jurídicos, la unidad mínima de gestión administrativa en el país; (incisos a y b de la fracción XVI del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales)

9 Fracciones II y III del artículo 15 de la Ley de Aguas Nacionales.

10 Disponible en: http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/GOBERNADOR_DURANGO.pdf En línea: [20 de febrero de 2016]

11 Citado por Aguilar Obregón, Erick Alejandro Rafael, Derecho

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Otniel García Navarro,Adolfo Mota Hernández, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Santos Garza Herrera, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbricas).»

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Otniel García Navarro. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Hugo Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y deroga los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Honorable asamblea. Ha sido parte de la agenda legislativa del Partido Encuentro Social poner el dedo en la llaga con respecto al tema de los salarios mínimos.

Hemos llegado aquí, y desde esta tribuna inclusive, a debatir de manera seria la necesidad de verdaderamente impulsar que el salario mínimo en nuestro país pueda otorgarle a los mexicanos una vida digna.

De las primeras iniciativas que solicitamos y que pusimos a consideración de esta asamblea, había una muy importante que tenía que ver con la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Votamos a favor cuando decidimos desindexar el salario mínimo como un tema de multas. Hemos estado muy puntuales señalando y volviendo a señalar la necesidad de reactivar el salario mínimo vigente en nuestro país.

Desafortunadamente tuvimos que retirar por proceso parlamentario esta importante iniciativa. Hoy la estamos volviendo a presentar sabiendo de la necesidad real que existe en nuestro país de poner todos los elementos para que el salario mínimo vigente de nuestro país empiece a recuperarse.

Aquí ha habido en este modelo económico ganadores y perdedores; y los perdedores hemos sido la mayoría de los mexicanos. Los trabajadores que con 70 pesos al día, sería ridículo estar pensando que podrían siquiera llegar a sobrevivir. Ese es el nivel, el triste nivel del salario de los trabajadores en nuestro país.

Tiene que seguir aportando nuestra asamblea, esta Cámara de Diputados, la posibilidad de poner todos los elementos para la recuperación que hoy en nuestro país es urgente. Desafortunadamente –tenemos que decirlo de manera clara y contundente– se levantan muchos discursos demagógicos, se vienen y se proponen cosas absolutamente imposibles de verdaderamente llegarse a tener una realidad y todo mundo quiere defender el salario mínimo, pero pocos ponen elementos para que eso suceda. Miren, la Conasami fue un organismo fundado en 1962, generalmente sesiona una vez al año, y ha sido uno de los principales obstáculos para la recuperación del salario de los trabajadores.

Quisiéramos ver en esta tribuna a todos los líderes sindicales, a todos los líderes de trabajadores verdaderamente pugnando para esta recuperación, porque vuelvo a insistir, ese modelo económico ha hecho a muy pocos ricos, y a la mayoría de la gente pobre.

¿Cuál es la mejor manera de redistribuir la riqueza? Algunos siguen pensando de manera ortodoxa que es vía los impuestos. Nosotros, ahí está en nuestra declaración de principios, pensamos que la mejor manera de redistribuir la riqueza es el salario; la necesidad de tener un mejor salario hoy se hace imperiosa en los tiempos en que estamos viviendo en este país.

Quisiera yo pedirle a todos estos partidos que dicen representar a la izquierda, se pronuncien ya a favor de seguir poniendo elementos, elementos que fortalezcan la posibilidad de tener un mejor salario. Quisiera yo pedirle a todos aquellos que criticamos al modelo económico, que demos un paso para empezar a reformar con esta desaparición, vuelvo a insistir, la posibilidad de un salario que sea real, que sea lo suficientemente importante para que los mexicanos podamos tener una vida digna.

Quisiera hacer un llamado a todos los diputados que estamos de acuerdo en la recuperación del salario mínimo, que empecemos a poner bases legales y que empecemos en estos momentos por desaparecer la Conasami. Este es el motivo de nuestra iniciativa y mucho vamos a agradecer su apoyo. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y deroga los artículos 94 a 96 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Hugo Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado perteneciente a la LXIII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se deroga el artículo 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde su establecimiento en 1917, el salario mínimo, su alcance y los elementos para determinarlo han sido temas de debate; a lo largo de la historia se han hecho al menos cuatro reformas constitucionales en la materia, por lo que hoy que vuelve a ser tema de discusión, es necesario repensar y analizar los mecanismos, procedimientos y sobre todo el funcionamiento de las instituciones encargadas de fijarlo.

La figura del salario mínimo fue establecida por primera vez en la Constitución de 1917. En el artículo 123, fracción VI, de la Carta Magna se estableció que el salario mínimo debería ser suficiente “para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia”.

En 1917, el artículo 123 implantaba que los salarios mínimos debían ser fijados por comisiones especiales en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que debería instalarse en cada estado.

Este mecanismo funcionó poco más de una década pero de manera precaria y anárquica, pues la expedición de leyes reglamentarias en la materia a nivel estatal fue limitada.

La Ley Federal del Trabajo, que reglamentaba el artículo 123 constitucional, fue expedida en 1931 y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1933, reforzaron la idea de un sistema de fijación de los salarios constituido por comisiones especiales integradas en cada municipio.

A principios de la década de los sesenta, se modificó nuevamente el proceso para fijar los salarios mínimos; se decidió fijarlo por zonas económicas en vez de municipios y se encargó ese procedimiento a dos instancias. Para ello, en 1962 se modificó el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, y se crearon la Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos. Básicamente, las comisiones regionales fijaban los salarios, pero sus decisiones debían ser autorizadas por la Comisión Nacional.

Esta dinámica se mantuvo vigente por 23 años con algunos cambios, como la reducción del número de comisiones regionales que pasó de 111 a 67, y la homologación de los salarios mínimos de los campesinos con los de los trabajadores de zonas urbanas en 1981.

En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una iniciativa del Poder Ejecutivo que reformó nuevamente el sistema. A partir del 1 de enero de 1987, los salarios mínimos fueron fijados por una sola Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Entre otras cosas, dicha reforma señalaba que los salarios serían fijados por áreas geográficas que podían estar integradas por uno o más municipios, de una o más entidades federativas, sin limitación alguna.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado, su máximo órgano de decisión es el Consejo de Representantes y está integrado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno.

La representación del gobierno es compuesta por el presidente de la comisión y dos asesores designados por el Secretario del Trabajo y Previsión Social; asimismo, por un número igual, no menor de cinco, ni mayor de quince, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones.

Tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

Ley Federal del Trabajo

Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Aunque con algunos cambios, esta estructura es la que sigue funcionando en la actualidad. Por ejemplo, en 2012 se redujo de tres a dos el número de zonas para el nivel de salarios y en el 2015, se dio el cierre definitivo de las áreas geográficas de dicho salario, con lo que por primera vez desde 1917, en México se cuenta con un solo salario mínimo para todo el país. La última modificación que se hizo relacionada con el salario mínimo fue a finales del año pasado, en la que se decretó la “desindexación del salario mínimo”, en la cual ya no será utilizado como unidad de medida o referencia para el pago de obligaciones, multas y sanciones, previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

Con la desvinculación del salario mínimo, las percepciones de los trabajadores podrán aumentar sin que esto repercuta en aumentos o modificaciones en los pagos de derechos y sanciones.

Con esta reforma constitucional, el artículo 123 quedo de la siguiente manera:

Artículo 123.-

VI.Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. (Párrafo reformado DOF 27-01-2016).

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

El debate actual sobre el salario mínimo se debe a que éste, ha perdido significativamente su poder adquisitivo, y la mayoría de los promotores e involucrados en la discusión, aceptan que los trabajadores pueden comprar cada vez menos cosas para satisfacer sus necesidades básicas. En este mismo sentido, la Conasami perdió desde hace mucho tiempo razón de ser y el objeto para la que fue creada, constituyéndose en un gran “Elefante Blanco” con carga burocrática y gastos al erario, que de ninguna manera justifican su actuación y mucho menos sus resultados.

Muestra de ello, es que sindicatos de diversas corrientes e instancias de investigadores –como el Observatorio del Salario Mínimo de la Universidad Iberoamericana de Puebla– se han pronunciado por la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por inoperante, a la que se le otorgó para 2016, un presupuesto de 37 millones 741 mil pesos.

De este monto, 8 millones 186 mil pesos son para el pago de salarios al personal permanente; y 528 mil a trabajadores eventuales. Además están presupuestados 12 millones 468 mil pesos para el pago de otras prestaciones sociales y económicas para trabajadores y funcionarios de la dependencia.

El documento oficial del Presupuesto de Egresos para 2016 da cuenta de dichas cifras y detalla que, además, se destinará un monto de un millón 809 mil pesos para el pago de estímulos a servidores públicos de la Conasami.

Un rubro más es el referente a pagos de remuneraciones adicionales y especiales para el personal de esta dependencia, el cual asciende a un millón 453 mil pesos, entre otros renglones.

Del total de la partida destinada a esta comisión, 28 millones 970 mil pesos serán para el pago de servicios personales, es decir, 76.8 por ciento de los recursos que recibirá.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos destina más de 20 millones de pesos de su presupuesto federal anual a pagar la elaboración de estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo.

Aun cuando cada año se define en esta instancia que el porcentaje del aumento sea igual a la inflación estimada; incluso, en los dos sexenios pasados el ajuste para los salarios obreros ha sido de 2 pesos en promedio, es decir, 730 pesos de aumento en un año.

Esta instancia, calificada de inoperante y obsoleta por gremios como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano y la Nueva Central de Trabajadores, paga al Presidente de la Conasami, Basilio González, una cantidad similar al sueldo de 115 personas que ganan el mínimo; quien desde 1991 ha estado al frente de la Comisión y se ha relegido cinco veces (25 años).

Copias del presupuesto de la Conasami en 2014, 1 indicaron que Basilio González tiene un sueldo de 2 millones 81 mil 600 pesos anuales, más 39 mil 600 de un bono de protección al salario, 75 mil 800 pesos de pago de seguros, 275 mil 211 pesos por concepto de fondos y seguros de ahorro para el retiro.

270 mil pesos por condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras remuneraciones, que dan un total 2 millones 798 mil 600 pesos.

En tanto, en esta dependencia un coordinador general gana un millón 856 mil 125 pesos anuales; un director de unidad, 809 mil; director de área, 801 mil 600 pesos al año. En contrapartida, los analistas, profesionales especializados y dictaminadores ganan 191 mil 900 pesos anuales, menos de lo que gana el presidente de la Conasami en un mes, según los documentos referidos.

La comisión no tiene ingresos, únicamente utiliza presupuesto federal. Gasta un millón 877 mil pesos en actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, otros 28 millones 282 mil pesos en la elaboración de estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo, de los cuales 20 millones son el pago de servicios profesionales de estos análisis, y 7 millones 600 mil por gasto de operación de los mismos informes.

Anualmente, cuando se instala la sesión de la comisión para la revisión de los salarios mínimos, los representantes gubernamentales, obreros y de los patrones revisan los informes económicos que se presentan. No obstante, en los pasados 13 años, más allá de dichos análisis, el incremento a los salarios mínimos se fija de acuerdo con la inflación prevista para el año siguiente.

Cabe referir que la Conasami depende de la partida global de la Secretaría del Trabajo, la cual según el Presupuesto de Egresos, en 2016 manejará recursos por 4 mil 674 millones de pesos, 11.4 por ciento menos que en 2015.

Opiniones desfavorables a la existencia de la Conasami

Respecto de las funciones de esta comisión, los dirigentes de la Nueva Central Sindical, Benito Bahena, de la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez y Francisco Hernández Juárez, aseveraron que no se justifica la existencia de esta instancia. Pidieron su desaparición y se manifestaron por la creación de un instituto del salario, que cambie la tarea de la Conasami como fijadora de los techos de revisión salarial, por la de fomento al mejoramiento del poder de compra de los trabajadores.

Al respecto, el Observatorio de Salarios Mínimos de la Universidad Iberoamericana de Puebla, asienta en su informe más reciente que la Conasami, además de que incumple con su cometido central que es tutelar el derecho a un salario digno de los trabajadores, tampoco desempeña funciones que tiene encomendadas por la Ley Federal del Trabajo y no lleva a cabo tareas como la elaboración de estudios sobre salarios, condiciones laborales y situación económica; ya que la mayor parte de éstos los desarrollan especialistas a los que les paga por honorarios.

Cuestiona ese Observatorio la tarea de la comisión, y añade que lejos de velar por los intereses de los trabajadores, ha servido de “ dique” contra la recuperación de los salarios en el país.

Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), cuyos sindicatos firmaron un posicionamiento sobre la urgente recuperación de los ingresos de los trabajadores, en el que señalan que la Conasami no tiene razón de ser.

Dado que los salarios llevan cuatro décadas de perder su poder de compra, y el aumento a los mínimos es más un techo para todas las revisiones contractuales; por lo que demandaron su desaparición.

Efectivamente, el salario mínimo en México no sólo ha perdido su valor adquisitivo a través de los años y es el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que de acuerdo con la más reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 3 este indicador se fija sin metodología, sin análisis macroeconómico e, incluso, sin información sobre las condiciones de vida de los trabajadores y del presupuesto que requieren para satisfacer las necesidades de sus familias.

Tampoco se identificó la realización de estudios para analizar el presupuesto indispensable para la satisfacción de las necesidades de cada familia y las condiciones de vida de los trabajadores del salario mínimo, lo que limita conocer con precisión si el salario mínimo se fijó en forma razonable a las necesidades básicas de la población.

La investigación de la ASF llega a esta conclusión luego de revisar catorce años de información sobre el cumplimiento de la Conasami a las obligaciones que le impone la Ley Federal del Trabajo para determinar el pago base a los trabajadores.

Así, luego de auditar los Informes Mensuales y Anuales generados entre 2001 y 2014, encontró que, en ese periodo, la Conasami realizó sólo el 40 por ciento de los estudios necesarios para el establecimiento del salario y dejó fuera, por ejemplo, incluso análisis “macroeconómicos” que sustenten el monto de los cambios al precio del trabajo.

La ASF indica que revisó también las resoluciones que cada año publica la Conasami para establecer los “factores considerados para el incremento de los salarios”, detectando, de la misma forma, que el establecimiento de metas para variables como inflación, poder adquisitivo, inversión y productividad, dice la investigación, carecen en realidad de criterios metodológicos.

Luego analiza la evolución del salario mínimo entre 2001 y 2014, cuando pasó de 40.4 pesos diarios a 67.3, para advertir que el incremento anual, de cuatro por ciento en promedio, es “nominal”. Pero si se compara con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, agrega, y se encuentra el salario “real”, el resultado es que, entre 2001 y 2014, el salario perdió 2.4 pesos; es decir, un promedio de tres décimas de punto porcentual menos cada año.

El promedio de un salario mínimo entre los países de la OCDE es de 696.9 pesos diarios y 20 mil 905.6 pesos al mes, cifra superior en 10.3 veces el salario mínimo vigente de México en 2014, lo que ubica a nuestro país en el último lugar de la lista. En México, durante 2014, un salario mínimo mensual fue de 2 mil 19.0 pesos, significativamente menor en comparación con el de Luxemburgo o el de Francia, donde su valor fue superior en 18.2 y 17.8 veces, respectivamente.

La auditoría a la “fijación anual del salario mínimo” forma parte de una amplia revisión de la ASF a la Política Laboral del Gobierno Federal, la cual, cita la ASF, se propone “regular y modernizar las relaciones laborales a fin de que los mexicanos cuenten con un trabajo digno y socialmente útil”. Para lograr lo anterior, agrega, los trabajos deben ser formales, productivos, seguros, con un salario justo y que se desarrollen en un ambiente de paz y justicia laboral.

Pero el resultado, encontrado por la ASF, es que “las medidas de seguridad insuficientes, el detrimento de la paz y justicia laboral, la reducción del poder adquisitivo de los salarios, la baja productividad laboral, la inflexibilidad del mercado laboral, el insuficiente acceso al empleo formal y las altas tasas de ocupación en el sector informal tienen un efecto negativo en las relaciones laborales y el trabajo digno”.

Las causas de dichos problemas, añade, fueron la deficiente supervisión que verifique el cumplimiento de la Ley Laboral, la inobservancia de los derechos laborales, el bajo crecimiento de los salarios respecto de la inflación, la escasa capacitación a los trabajadores, así como insuficientes promoción y apoyo al empleo que vinculen la oferta y la demanda, entre otras.

Otra opinión que abona a una mayor contundencia, es la opinión del líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, quien integra la parte de los trabajadores en la representación tripartita dentro de la Conasami, ya que tras reconocer que hay inconformidad con la Conasami, Aceves del Olmo expuso que la Comisión ha quedado rebasada y destacó que “estamos en contra del 3 o 4 por ciento de incremento a los mínimos (...) y aunque no hay ese tipo de salarios en los contratos de la CTM, ha habido un freno para no encarecer las nóminas de los empresarios y a nosotros nos prohibían que se lograran salarios más altos y ponían topes”.

Luego entonces, no existe una razón coherente para seguir manteniendo un organismo, que no sólo no da los resultados para los cuales fue creado, sino que además malgasta recursos pagando estudios que no cumplen con un análisis integral del contexto económico para fijar el salario mínimo, menos aún en tiempos que se vislumbran difíciles en materia económica, y en los cuales se requiere de hacer recortes presupuestales en las áreas que así lo ameriten.

En contrario sensu, se considera que esta función podría ser realizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por contar con las áreas especializadas en la materia, además de que esta encomienda, podría realizarla con un presupuesto menor al que actualmente se destina para la Conasami.

Para ello, se pretende reformar la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Y derogar los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo; este último incluso, derivado de la determinación de que ya no existirán zonas geográficas, por tanto tampoco tiene razón de ser.

Para pasar las atribuciones y funciones, que actualmente posee la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le otorgará parte del presupuesto asignado originalmente a la Conasami. Deberá considerar también la actual conformación del Consejo de Representantes integrado por 11 representantes de los trabajadores, 11 representantes de los patrones y un representante gubernamental. Debiendo en su caso, aplicar un proceso de elección abierta en el que concurran directamente y de manera transparente los trabajadores y los patrones del país, que desean participar en dicho proceso de selección y representación.

Asimismo, por tratarse de un organismo público descentralizado, creado mediante decreto del Congreso de la Unión de fecha del 21 de noviembre de 1962, deberá extinguirse de forma similar. Y como consecuencia de modificar nuestro máximo ordenamiento y leyes secundarias; implicará a su vez, la extinción y por ende, liquidación de dicho organismo.

De tal forma, se establece en el derecho transitorio un proceso de liquidación del organismo en cita, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; quien por sí o por conducto de terceros -en términos de las disposiciones aplicables- intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

No pretendemos que con la eliminación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se dé en automático la recuperación del poder adquisitivo, que más nos gustaría. Lo que se busca, es no seguir destinando presupuesto a una comisión que no ha presentado variaciones en sus determinaciones para fijar los aumentos al salario mínimo, y que esta función consideramos, bien la podría realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción vi del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se derogan los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo

Primero: Se reforma la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 123...

...

A...

I a V...

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Segundo: Se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar de la siguiente manera:

I a III...

IV. Establecer los salarios mínimos en el país. Podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

V a XXXIV...

Tercero: Se derogan los artículos 94, 95 y 96 de la ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 94. Se deroga.

Artículo 95. Se deroga.

Artículo 96. Se deroga.

Transitorios

Primero. Se abroga el decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se extingue el organismo público descentralizado, creado por decreto del Congreso de la Unión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

Cuarto. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos podrá ejercer los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017, y cumplir compromisos financieros, hasta 30 días posteriores de la entrada en vigor del presente decreto.

Parte del remanente a su proceso de liquidación, será transferido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda cumplir de mejor manera su nueva responsabilidad.

Quinto. En la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017 y posteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar en su propio presupuesto, los montos requeridos para ejercer la nueva encomienda asignada, que en ningún caso podrá ser más allá de un tercio de los montos que se le designaba a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con su correspondiente ajuste inflacionario.

Sexto. La liquidación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Séptimo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su carácter de coordinadora de sector, señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público.

Dicha Secretaría, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto y demás disposiciones aplicables; asimismo, resolverá cualquier situación inherente a dicho proceso.

Octavo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para hacer frente a la liquidación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Noveno. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables; pudiendo tomar parte del remanente presupuestal autorizado para el ejercicio fiscal de 2017, y patrimonio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para ello.

Décimo. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y del Trabajo y Previsión Social se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el párrafo anterior sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables.

Décimo primero. El Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que en su caso, hubiere. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Décimo segundo. Los remanentes que resulten a la conclusión del proceso de desincorporación tendrán el tratamiento que corresponda en términos de las disposiciones aplicables.

Notas:

1 Tomado de http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/ CP/2014/tomo/VII/PBJ/PBJ.03.AEPE.pdf

2 Informe 2015 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, tomado de file:///C:/Users/Usuario/ Downloads/InformeSalariosMinimos2015%20(1).pdf.

3 Evaluación Número 1643 “Política Laboral” de la Auditoria Superior de la Federación. Tomado de http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1643_a.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputado Hugo Éric Flores Cervantes(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Hugo Flores Cervantes. Túnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, y a la Comisión de Gobernación de la misma forma, la parte que le corresponde, para dictamen.



LEY DE LA POLICÍA FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8°, de la Ley de la Policía Federal.

El diputado Jorge López Martín:Buenas tardes, saludo a la Mesa Directiva, y con la venia de nuestro distinguido señor presidente. En esta sesión ha habido dictámenes muy interesantes y muy serios, por supuesto, pero dos de ellos hablaban en parte de la problemática que les voy a presentar.

Uno, hablaba del robo de combustibles que es un hecho que agravia y que vulnera las finanzas de nuestro país, y otro de ellos que habla también de la cantidad de accidentes que ocurren relacionados con un tipo de vehículos.

En Acción Nacional lamentamos profundamente que millones de mexicanos deban de enfrentarse todos los días con el problema de la inseguridad. Actualmente, la Sociedad Mexicana está atadas a una forma de vivir oprimida por la violencia y la criminalidad, y hay lugares en donde estos problemas son particularmente comunes.

Hoy nos preocupa la enorme cantidad de muertes y delitos que tienen lugar en las carreteras federales. En las carreteras federales en las cuales no se cuenta con los mecanismos de protección necesarios para que la población pueda transitar de forma segura. Ello se debe a la falta de vigilancia y a la poca colaboración que existe entre diversas autoridades y sobre todo, a la falta de actuación por parte de la Policía Federal.

Como resultado vemos que se han disparado el número de accidentes y delitos tales como robo, homicidio, secuestro o cualquier otro tipo de violencia en estas vías de jurisdicción federal.

Todos los días se escribe una o varias historias atroces y de profundo dolor en las carreteras de nuestro país. Nadie puede decir que no conozca de una ausencia de un familiar o amigo cercano que haya fallecido en un accidente.

Esas pérdidas nunca se esperan, pero tampoco nunca se olvidan. Es una dolorosa realidad, que la inseguridad en las carreteras de México las ha convertido en verdaderas rutas y paraísos del hampa. Tan solo en los últimos cuatro años el robo de combustible, del cual habló mi compañero Eukid Castañón, pasó del cuarto al segundo lugar en incidencia por tipo de producto de conformidad con el informe más reciente de FreightWatch International.

Se roba y se vende combustible en las carreteras ante la complacencia de la Policía Federal Preventiva a plena luz del día en nuestro país. Tenemos que considerar inevitablemente que los robos a transporte de carga generan pérdidas enormes que perjudican cada vez más a los transportistas y a la economía de nuestro país.

Las cifras son alarmantes, pues desde el 2012 el valor de la carga robada crece en un 30 por ciento cada año y de estos robos más del 60 por ciento se llevan a cabo con agresión y violencia.

La inseguridad en el autotransporte rebasa en 15 por ciento del producto interno bruto nacional, según el centro de estudios económicos del sector. Y, mientras los ciudadanos exigen seguridad y justicia, el gobierno parece voltear hacia otro lado.

La transformación institucional de las fuerzas de seguridad, plasmada como meta en el actual Plan Nacional de Desarrollo, ha quedado tan sólo en un buen deseo por parte de esta administración federal.

Siendo que es una obligación legal la prevención de accidentes por parte de la PFP, precisamente los accidentes se han incrementado, decía, de manera alarmante. Hoy en México fallecen más de 25 mil personas al año en la red de carreteras federales, cuando en el 2014 se registraron menos de 19 mil.

Estos números son sólo algunos eslabones de una larga cadena de fallas en la política de seguridad de la actual administración. Lamentablemente, hemos observado una escalada exponencial en los índices de violencia, aunado a una escandalosa pasividad por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y garantizar justicia.

En el caso de las vías de transporte el tema de la inseguridad ha venido a modificar patrones de conducta de la población al tiempo que ha mermado el desarrollo económico. Por ello, cada vez es más importante asegurar mecanismos que fortalezcan las obligaciones de la policía federal en las carreteras.

Y ese es el objetivo de la iniciativa que hoy vengo a presentarles, esta iniciativa, que adiciona la fracción VI al artículo 8° de la Ley de la Policía Federal, para que ésta policía federal se vea obligada a rendir un informe estadístico de los accidentes que ocurren en los caminos, puentes y autopistas de jurisdicción federal, que deberá de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de enero de cada año.

Señoras y señores diputados, los accidentes y delitos en las carreteras son problemas graves que no podemos pasar por alto y que debemos de combatir. Como legisladores estamos obligados a cuidar, vigilar y legislar para que el Ejecutivo, a través de la Policía Federal Preventiva, tome cartas en el asunto y cumpla con su obligación. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 8o. de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 y 102, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, conforme a lo siguiente

Planteamiento del problema

En México es bien sabido que las carreteras federales no cuentan con los mecanismos de protección necesarios para poder circular de forma segura, en este sentido también debemos precisar que debido a la falta de vigilancia, y la poca colaboración que existe entre diversas autoridades y de la Policía Federal, quienes en última instancia, quienes son los encargados de velar por la seguridad y tránsito en estas zonas de tránsito federal, ha ocasionado y permitido el incrementado de los crímenes en las carreteras del país. Es este sentido han venido a la alza el número de accidentes, así como los delitos, tales como robo, homicidio, secuestro, o cualquier otro tipo de violencia, dichos delincuentes ya tiene bien determinado un modus operandi y quienes llegan a ser en mayor número víctimas son los transportistas. La falta de vigilancia en carretera por parte de las Policías Federal, estatal, etcétera, es un determinante y aliciente, para el robo de carga de mercancía particularmente en las noches y madrugadas, cuando la vigilancia es mínima o nula.

Los accidentes en las carreteras federales según la Comisión Nacional de Seguridad, se presentan de forma súbita e inesperada, y se determinan por condiciones y actos irresponsables que pueden ser previsibles, estos accidentes se atribuyen a factores humanos, vehículos automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos.

Cuando se llegan a presentar accidentes en carretera con cualquier tipo de transportes los policías están en ocasiones coludidos, con grupos de personas que se encargan de dirigir las grúas en caso de accidentes, obligando a los usuarios a rentar dicho servicio cuando a veces no es necesario, y si no lo requieren no les dan las atenciones necesarias.

Exposición de Motivos

En México fallecen aproximadamente 24 mil personas al año en accidente de tránsito, y nuestro país ocupa el séptimo lugar en el mundo de muertes por accidentes de tránsito; ya que se estima que 55 personas mueren cada día por estas causas, según la Organización Panamericana de la Salud. En el mundo, anualmente estos accidentes ocasionan la muerte de aproximadamente 1,25 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

La misma Policía Federal ha reportado que lo que genera los accidentes, en las carreteras federales, en el 80 por ciento de las veces se deben al conductor, 7 por ciento al vehículo, 9 por ciento a los agentes naturales y solo el 4 por ciento al camino.

Una de las funciones primordiales de la Policía Federal, es la Prevención de Accidentes, para poder llevarla a cabo, se hace uso de diferentes campos de estudio, dentro de la que destaca la estadística, que se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar y analizar datos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones.

Accidentes Clasificados por Tipo

Los accidentes en carreteras federales son los hechos que se presentan en las carreteras, en los cuales se involucran diferentes vehículos, por ejemplo: automóviles, autobuses, camiones y motocicletas, El tránsito que circula por una carretera, se considera un sistema compuesto por los siguientes elementos:

1. El conductor

2. El vehículo

3. El camino (estado físico de la carretera y aspectos climatológicos)

Si llega a ocurrir un accidente, generalmente estos elementos interactúan entre sí.

La principal causa de mortandad en accidentes viales sucede en carreteras. En la Red Carretera Federal que asciende a 48 mil 300 kilómetros, en el año 2014 se registraron 17 mil 939 accidentes y en lo que fue el año 2015 ocurrieron por lo menos 2 mil 666 con una cifra estimada de daños materiales de $170 millones 597 mil 530.

Según estadísticas del banco de indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que a continuación se presenta son cifras de los accidentes ocurridos en los años 2014 y 2015 en todo el país, que si bien es cierto han ido a la baja, sin embargo no existe como tal un registro focalizado, y llevado a cabo por la Policía Federal.

Hechos violentos que acontecen en las carreteras

Tal parece que las carreteras resultan un peligro para la ciudadanía ya que los ilícitos en transporte de carga se dan prácticamente en todo México, en los tramos de Sinaloa-Jalisco, México-Puebla, Puebla-Veracruz, Michoacán-Jalisco, México-Querétaro, Querétaro-Guanajuato y Guanajuato-San Luis Potosí-Monterrey, además en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas.

Recientemente se han hecho públicas diversas noticias en donde se dan a conocer cuáles son las carretas en las que más se presentan este tipo de hechos son La ruta México-México-Puebla-Veracruz, la cual es conocida por los transportistas y conductores como el “Triángulo de las Bermudas”, debido al gran número de camiones desaparecidos aparte de robos y secuestros.

Las intersecciones de carreteras nacionales señaladas como las más afectadas son entre Michoacán-Jalisco- Guanajuato, por la presencia de diferentes narco-cárteles. Otros resultan en la carretera de Morelia-Salamanca y de Pátzcuaro al Puerto de Lázaro Cárdenas.

El valor de la carga robada crece (desde 2004) en un 30 por ciento por año, en 2012 incluso ha rebasado la marca de 38 por ciento. Más de un 60 por ciento de los robos son llevados a cabo con agresión y violencia. Las pérdidas para empresas transportistas sumaron en los primeros 9 meses de 2013 por robo de mercancía y de camiones (tráileres) unos 486 incidentes con un valor de 243 millones de pesos de pérdidas.

Los robos a transporte de carga generan pérdidas enormes que perjudican cada vez más a los transportistas y la economía del país. Hoy en día muchas empresas transportistas aseguran las mercancías, ya que el delito que más se comete es el robo en las carreteras del país.

El modo más común de los delincuentes consiste en secuestrar a los conductores de los camiones, robar la mercancía o inclusive el tráiler completo. En muchas de las veces 8 o 10 delincuentes armados obligan al chofer a detener su unidad, lo secuestran temporalmente para luego dejarlo en libertad en un paraje solitario.

En algunas ocasiones los delincuentes engañan a los conductores con retenes de policías falsos o vehículos militares camuflados. En el noreste de México los “narco bloqueos” son comunes por parte de los cárteles que se dedican también al robo de mercancías, secuestros o cobro de cuotas de pasaje de los conductores.

Un grupo de delincuentes se encarga de robar la mercancía y llevarla a un lugar seguro (bodegas preparadas con el equipo necesario, como para mantener congelado los productos). En la mayoría de los casos el tracto camión es encontrado en un lugar y la caja sin mercancía en otro lugar distante.

Otra agravante es el crimen organizado quienes utilizan a su favor la tecnología según asociaciones de empresas de seguridad privada indican que el costo de la inseguridad en el autotransporte Privado en México sobrepasa el 15 por ciento del PIB Nacional, según el Centro de Estudios Económicos del Sector.

“En lo que va de este año 2016 se han robado aproximadamente 663 unidades de carga lo que representó pérdidas por más de 600 millones de pesos. De los robos reportados se recuperó el 50 por ciento de las unidades. En un comunicado hecho por la CANACAR se manifestaron en contra de estos hechos lo que ha provocado grandes pérdidas en este sector, en este sentido se sabe que los productos más robados son alimentos, bebidas, misceláneos, ropa, zapatos y materiales para construcción. El SESNSP reporta diversos tramos carreteros con una mayor incidencia de robos como es el corredor México-Puebla-Veracruz; México-Querétaro; Córdoba-Orizaba, entre otros:

1. México-Puebla-Veracruz

2. México-Querétaro

3. Córdoba-Orizaba

4. Puebla-Orizaba

5. Texcoco-Lechería

6. Av. López Portillo-Tultitlán -Cuautitlán Izcalli

7. Circuito Mexiquense tramo Huehuetoca

8. Reynosa-Nuevo Laredo “La Rivereña”

9. Ciudad de México Delegaciones: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco (central de abastos) y Venustiano Carranza.

“Para nuestros afiliados, el tema de la inseguridad ha venido a modificar otros aspectos de la operación de la actividad. Esto tiene que ver con el sector asegurador pues ante la creciente actividad delictiva, compañías aseguradoras ahora definen al autotransporte como un mercado de alto riesgo, por lo que han comenzado a retirarse”.

La presente iniciativa tiene como objetivo resaltar esta obligación de la Policía Federal, debido a que actualmente se han presentado un sin número de accidentes, así como de delitos debido a la ausencia de la policía federal en las carreteras, lo que ha facilitado los hechos delictivos que se han cometido en las carreteras más transitadas en nuestro país.

Por lo antes expuesto y fundado someto a consideración del pleno de este honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 8, recorriéndose las demás fracciones en su orden de la Ley de la Policía Federal

Único. se adiciona la fracción VI recorriéndose las demás en su orden del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal. Lo anterior para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

I a V. ...

VI. Rendir un informe estadístico de los accidentes ocurridos en los caminos, puentes y autopistas de jurisdicción federal, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de enero de cada año. El informe deberá contener los datos referentes al año inmediato anterior.

VII. a la XLVIII. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 https://www.gob.mx/policiafederal

2 Ibídem

3 http://canacar.com.mx/noticias/incrementa-robo-al-autotransporte-carga/

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 23 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Jorge López Martín,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Carlos Alberto Palomeque Archila, Enrique Cambranis Torres, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jonadab Martínez García, José Hernán Cortés Berumen, José Teodoro Barraza López, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Pedro Garza Treviño, René Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Sergio Gómez Olivier, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado López. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen. Sonido en la curul del diputado Jonadab Martínez García. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Buenas tardes, presidenta, muchas gracias. Solamente para pedirle al proponente de esta iniciativa la autorización para suscribir la misma, dado a que el tema de la seguridad vial es un asunto muy importante y trascendente en la vida y en la víctima de las personas que transitan todos los días en caminos federales. Muchas gracias, señorita presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: El diputado Jorge López ha aceptado que se adhieran a su iniciativa, y pueden pasar a esta Mesa Directiva a firmarla.



EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 73, DEL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 84 Y DEL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la fracción XXVII del artículo 73, del primer y segundo párrafo del artículo 84, y del artículo 86, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, en esta misma intervención hará la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, también de la Constitución Política. Adelante, diputado.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con su venia, presidenta. El día de hoy me presento ante ustedes, diputadas y diputados, para presentar dos iniciativas que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una, en relación de reglamentar, en su caso, el caso de la renuncia del Ejecutivo federal, y otra que tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos.

El pueblo mexicano está cansado de tantos dispendios y tanto uso poco racional y eficiente de las finanzas públicas, y de cierta manera los partidos políticos carecen de credibilidad ante la opinión pública. Hoy sufrimos una crisis impresionante económica, social que lleva a pensar la pertinencia o no de mantener a los partidos políticos en el sistema mexicano.

Se ha llegado a plantear de manera clara que se elimine el financiamiento público a los partidos. Otros más audaces, que desaparezcan los partidos políticos y se le dé entrada solamente al caso de los independientes.

Afirmo que es fundamental fortalecer la figura de los partidos políticos, ya que estos demuestran los postulados ideológicos de lo que hacen mención y deben transmitir a todos y cada uno de todos los mexicanos y, con ello, que tenga el mexicano, el Estado mexicano la posibilidad de decidir con uno o con otro partido. Pero también estoy convencido que debemos regular la conducta y participación de estos partidos políticos, para tener de manera clara que sean estos eficientes en el gasto del financiamiento público y, también de manera clara, lograr que no sea un tema exclusivamente mediático.

Se han presentado iniciativas donde se dice que se elimine el financiamiento a los partidos políticos. No puede haber un error más grave que este, porque entonces le daríamos entrada a sectores distintos a financiamiento público que fueran privados, de dudosa procedencia y que puede traer como consecuencia que la delincuencia organizada entre dentro de los procesos electorales.

Por ello, la propuesta que hoy presento tiene tres finalidades primordialmente: una, ampliar el umbral para que los partidos políticos tengan financiamiento público a través del 5 por ciento. Esto obliga a los partidos políticos a ir a las calles, a hablar con los ciudadanos y garantizar que son la mejor oferta política, que está sea innovadora, que sea tendiente a las necesidades de la población y, con ello, si no logra el 5 por ciento, no tendría derecho al financiamiento público.

Otro es cerrarle a la iniciativa privada las manos para que no entre dentro de los partidos políticos.

Por último, reducir el financiamiento público. Creo que es fundamental lograr que se reduzca al 50 por ciento el financiamiento en términos de la Unidad de Medida Actualizada, hoy conocido como UMA, que será igual al financiamiento de los partidos políticos.

Alto al financiamiento excesivo a los partidos políticos y que logremos que se reduzca el umbral y garanticemos que la inversión privada saque las manos de los partidos políticos.

Por otro lado, la propuesta de iniciativa que presentamos tiene que ver con la renuncia del Ejecutivo.

Ahora quizá se cuestionen algunos por qué es necesaria la ley que regula la renuncia del presidente. Creo que si bien es cierto que aparece en la ley, tenemos, de manera clara, que regular y dar las bases. No es dedicatoria para nadie, simplemente es regular nuestro sistema mexicano. Es cuanto, señora presidenta

«Iniciativa que expide la Ley Reglamentaria de la Fracción XXVII del Artículo 73, del Primero y Segundo Párrafos del Artículo 84 y del Artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Uno de los temas pendientes en el Congreso mexicano que se ha postergado prácticamente desde que se promulgó nuestra Constitución, es el que tiene que ver con la expedición de la legislación secundaria para regular el proceso de renuncia del presidente de la República.

Si bien nuestra Constitución ya prevé la presentación de la renuncia por parte del presidente de la República ante el Congreso, existe cierta ambigüedad en torno a las causales que dan origen a tal renuncia.

Sin embargo, hay elementos muy importantes que debemos considerar para establecer las causas de la renuncia del presidente tomando en cuenta que un gobierno responsable no solo debe rendir cuentas respecto al ejercicio de su gobierno, también debe estar preparado para asumir las consecuencias derivadas de sus actos u omisiones, particularmente cuando estos puedan afectar la paz social o generar una crisis de gobernabilidad en el país, situación en la que estará obligado a presentar su renuncia ante el Congreso de la Unión.

Argumentos

Desde 1917, cuando se expidió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se contemplaban en los artículos 73 y 89 diversas disposiciones relativas a la presentación de la renuncia del cargo de presidente de la República ante el Congreso de la Unión.

En el artículo 73 se establece que el Congreso de la Unión, tiene dentro de sus facultades, la obligación de “aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República”. Así mismo, el artículo 86, que se mantiene intacto desde 1917, pues nunca ha sido objeto de reforma, establece que “el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que calificara? el Congreso de la Unión, ante el que se presentara? la renuncia.”

Este marco constitucional sirvió para que en su momento, el entonces presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio presentara su renuncia ante el Congreso de la Unión en el año de 1932, la cual fundamentó bajo la siguiente argumentación:

Honorable Congreso de la Unión

El artículo 86 de la Constitución Política de nuestro país establece que el cargo de presidente de la República “sólo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia.

Obedeciendo esa disposición constitucional, vengo a exponer ante Vuestra Soberanía las causas que me hacen renunciar al elevado cargo que desempeño, seguro de que la principal de ellas, la de carácter político, merecerá el calificativo de “grave”, que nuestra Carta Fundamental señala como condición necesaria para la justificación y hasta para la legalidad de la renuncia del Primer Magistrado.

La época, particularmente angustiosa en materia económica, por la que atravesamos, exige con mayor imperio aún que de ordinario, marchas de gobierno, procesos de administración pública, caracterizados por condiciones de estabilidad y de perfecto ajuste de las diversas dependencias y sectores gubernativos y políticos, que permitan un juego eficaz y continuado de las acciones puestas en ejercicio para el desarrollo normal de las actividades encauzadoras del Estado. Todo lo que estorbe o amenace esa estabilidad tan saludable; todo lo que impida ese perfecto ajuste necesario, produce graves retardos en el curso de la rehabilitación económica nacional; y por la situación de alarma frecuente o por lo menos de inquietud que los desajustes políticos y los frecuentes cambios administrativos traen consigo, no sólo se obstaculiza la marcha general del país, sino –lo que es aún más trascendental– se retarda o dificulta la franca conquista, la definitiva cristalización de nuestros ideales revolucionarios.

Ahora bien, siempre es por motivos de dos órdenes por los que se presentan en todos los países esas condiciones de inestabilidad y de falta de acción bien coordinada de los órganos de política y de gobierno, aun en aquellos casos favorables en que, como sucede ahora en México, todos los organismos administrativos y de control político tienen su razón, su legítimo origen, en un partido de principios; o por desacuerdo en tendencias o en programa, entre el Ejecutivo y los demás órganos políticos o de gobiernos, o por diversos criterios o divergencias graves y constantes de juicio en la apreciación de elementos humanos.

Si en el caso actual y como origen de la situación de crisis política crónica que debo reconocer que de hecho ha existido prácticamente desde la iniciación de mi gobierno, haciendo débil y pálida su acción, y mezquinos sus resultados; si como origen de esa situación existiera divergencia de principios fundamentales o dualidad de programa, consideraría de mi deber, para justificación histórica mi actitud de hoy, definir claramente y defender mi particular ideología o mis líneas y procedimientos personales de gobierno; pero como no es así y como quiero declarar enfáticamente que concluyo el ejercicio de mis funciones como presidente, sin creer haberme apartado del programa del Partido Nacional Revolucionario, y como conservo viva mi fe en los postulados económico-sociales y en los altos principios políticos que le dieron vida, y puesto que la disparidad de criterio –de todos modos creadora de un estado de crisis política casi constante– sólo se ha referido en el pasado y podría referirse en el futuro a personalidades y no a ideas, me excusará Vuestra Soberanía de analizar hechos concretos o de pretender siquiera insinuar de qué lado pueda hallarse la real conveniencia política o la razón.

Bastan esas circunstancias bien conocidas de frecuentes crisis del pasado; ellas me hacen sentir que podrían repetirse hasta el fin de mi gobierno con los consiguientes trastornos y retardos para el país, y no puedo aceptar, identificado como estoy con el pensamiento revolucionario que representa mi partido, que pudiera llegar a existir o a producirse alguna vez una situación de hecho en la que hubiera perdido el respaldo de ese partido y el apoyo –moral siquiera– de sus hombres más representativos, por lo que considero de utilidad real para el país dar la oportunidad, con mi renuncia, de que se mantenga y afirme la indispensable colaboración y solidaridad, resultados de una mayor y más constante confianza recíproca de todos.

La ilusión generosa del señor general Calles, que ha sido también la mía: la transmisión pacífica del Poder, es lo importante. La fecha de la transmisión no tiene el menor interés cuando la legalidad no ha sido quebrantada en lo más mínimo. En planos de política, la suprema razón de la persistencia es la unidad; la justificación patriótica única para seguir gobernando es el éxito que pueda estarse alcanzando en bien del país. Si la unidad se halla amenazada, si el éxito de la acción de gobierno se ha resentido y se resiente de esa falta de unidad y si, como pasa conmigo, me sigo considerando miembro del Partido Nacional Revolucionario por lealtad a sus principios, que encarnan, en el pensamiento original que le dio vida, el triunfo definitivo de la Revolución Mexicana, mi deber fundamental es renunciar al ejercicio del mandato que el pueblo me confió a través y por selección de ese Partido, para que con mayor unidad de acción en el futuro - ya que no de pensamiento - se logren plenamente las altas finalidades que todos perseguimos.

Creo de esta manera sellar con un rasgo de definitiva y declarada lealtad, mi modesta actuación como Primer Magistrado; creo contribuir así también a la consolidación de la Doctrina Calles, de aquella salvadora doctrina de 1928, ratificada hoy como ayer por hechos de su creador, que estableció que nada significan los sacrificios ante la necesidad de hacer de México un país de instituciones y de leyes, capaz de hallar en el libre juego de sus organismos legales democráticos y en el retiro de quienes sean menos necesarios o útiles en cada instante, la resolución de los más graves problemas políticos que puedan presentarse, para poder dedicarse de lleno el país a la resolución de sus problemas de verdadera altura y trascendencia: aquellos de naturaleza económico-social que son los que afectan de modo definitivo el porvenir de la patria, porque encierran en sí el problema de la mejoría de las grandes colectividades de México.

Sin pretender que la segunda razón, muy real de mi renuncia, mi quebrantada salud que no me permite, como desearía, dedicar a las serias atenciones de mi cargo ni la energía ni el tiempo precisos; sin pretender siquiera, repito, que esa causa de salud merezca el calificativo de “grave”, ya que la aceptación del honroso puesto de presidente de la República debe llevar implícito el sacrificio de la vida misma, totalmente puesta desde entonces al servicio del país mientras sea de real utilidad ese servicio, quiero presentar a Vuestra Soberanía mi ruego de que sea aceptada mi renuncia por la grave causa política anteriormente señalada; pero mi firme convicción revolucionaria y mi lealtad a los hombres y al partido que me llevaron al Poder, me impone la obligación de añadir aún algunas líneas para dejar en este documento, sino un consejo ni menos derrotero, sí un llamamiento sincerísimo a todos los hombres que han militado en las filas de nuestra Revolución. Sólo en afirmar el credo revolucionario de México; sólo en borrar divergencias y en apretarse en un fuerte haz de voluntades y de buenos propósitos; sólo en conseguir y conservar unidad real, en una palabra, se halla el secreto del éxito, no logrado, aun plenamente; que las altas cosas a buscar y los caminos para conseguirlas no son ya ni pueden ser materia de meditación o de duda: se hallan señaladas y concretadas en aquel mensaje presidencial del 1 de septiembre de 1928, del jefe actual de la Revolución Mexicana, cada una de cuyas palabras, que serán todas realidades con sólo que lo queráis vosotros, acepto y respaldo yo y lego como mi testamento político a todos mis conciudadanos, a mis compañeros de Partido y muy especialmente a mis partidarios y amigos. Estos últimos –los amigos y partidarios más fervientes– si lo fueron y lo son sinceros, renegarán de su partidarismo y amistad a mí si alguna vez se apartan con su conducta de las doctrinas y de la disciplina mental y política contenidas en aquel histórico mensaje.”

De esta manera podemos observar que las dos “causas graves” que argumentó en su renuncia el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio y que el Congreso convalidó como graves, fueron la relativa a su deteriorado estado de salud pero principalmente la concerniente a la crisis política que enfrentaba en ese momento su gobierno, derivada de la tensa relación con el “Jefe Máximo” de la Revolución, el expresidente Plutarco Elías Calles y que le impedía poder gobernar exitosamente.

A lo largo de la historia de nuestro país, han habido varios presidentes que han presentado su renuncia ante el Congreso, sin embargo la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio ha sido la única que se ha presentado desde que se promulgó la Constitución de 1917.

Este antecedente histórico nos permite enriquecer este proyecto de ley y colocar dentro de las causales que deben ser consideradas como graves para dar paso a la presentación de la renuncia del cargo de presidente de la República, el padecer alguna enfermedad grave que le impida al titular del Ejecutivo desempeñar el cargo eficazmente, así como también la incapacidad para mantener la gobernabilidad y la paz pública del país.

A las dos causales anteriormente señaladas también se propone añadir como causa de renuncia el hecho de poner en peligro la seguridad nacional. Finalmente, también se propone incorporar como causales de renuncia, las acusaciones que se hagan al presidente de la República por traición a la patria y delitos graves del orden común a las que hace referencia el segundo párrafo del artículo 108 constitucional.

Adicionalmente, a efecto de evitar que la renuncia del presidente de la República pudiese arrojar al país a una crisis derivada de un vacío de poder, hemos incluido también la disposición constitucional que establece en l que en cuanto se suscite la falta absoluta del presidente, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente el cargo, en tanto el Congreso lleva a cabo el procedimiento para nombrar a quien ejercerá la titularidad del ejecutivo de manera interina o como substituto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con el objeto de expedir una nueva Ley que regule el procedimiento para la presentación de la renuncia del cargo de presidente de la República ante el Congreso de la Unión y la responsabilidad del Secretario de Gobernación de asumir de manera provisional la titularidad del Ejecutivo Federal a partir del momento de la presentación de la renuncia del presidente.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción XXVII del Artículo 73 y del Artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular el proceso de renuncia del presidente de la República

Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria de la fracción XXVII del artículo 73, del primer y segundo párrafo del artículo 84 y del artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 1.La presente Ley es reglamentaria de la fracción XXVII del artículo 73, del primer y segundo párrafo del artículo 84, así como del artículo 86 constitucionales para establecer el procedimiento para la presentación de la renuncia del presidente de la República ante el Congreso de la Unión.

Artículo 2. Esta Ley, tiene por objeto establecer las causales graves por las que el presidente de la República, de conformidad con la fracción XXVII del artículo 73, así como el artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentará ante el Congreso de la Unión, su renuncia.

Artículo 3.Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Presidente de la República:El titular del Ejecutivo federal

II. Presidente del Congreso:El presidente de la Cámara de Diputados

III. Congreso: Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

IV. Comisión Permanente: Es el órgano del Congreso de la Unión que funciona durante los recesos de las Cámaras del Congreso para desarrollar las funciones que le confiere el artículo 78 Constitucional.

V. Juntas de Coordinación Política Unidas: Las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

VI. Sesión de Congreso General: Es la Sesión en la que se reúnen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en pleno.

Artículo 4.Las causales de renuncia al cargo de presidente de la República son:

I. Haber sido acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

II. Padecer una enfermedad grave que le impida desempeñar el cargo.

III. Acreditar incapacidad para mantener la gobernabilidad y la paz pública.

IV. Colocar al país, ya sea por acción u omisión, en una situación que ponga en peligro la Seguridad Nacional.

Artículo 5. Cuando el presidente de la República incurra en alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, presentará su renuncia al cargo de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Cuando el Congreso de la Unión se encuentre en sesiones, la renuncia se presentará ante el presidente de la Cámara de Diputados para que se convoque a Sesión de Congreso General a efecto de que los diputados y senadores conozcan de la renuncia.

II. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la renuncia se comunicará a la Comisión Permanente para que de inmediato se convoque a un periodo extraordinario a efecto de que el Congreso conozca de la renuncia del presidente de la República.

Artículo 6. En la sesión de Congreso General, el presidente del Congreso, turnará a las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, la carta de renuncia del presidente de la República.

Artículo 7.Las Juntas de Coordinación Política Unidas, emitirán una declaratoria sobre la renuncia del presidente de la República.

Artículo 8.El presidente del Congreso dará a conocer al pleno, la declaratoria emitida por las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras sobre la renuncia del presidente de la República.

Artículo 9.Cuando el pleno del Congreso conozca la declaratoria de renuncia del presidente de la República, el presidente ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 10. Una vez que el Congreso haya emitido la declaratoria de renuncia del presidente de la República, iniciará el procedimiento para nombrar al presidente interino o substituto en términos de lo que establece el artículo 84 constitucional y la legislación aplicable.

Artículo 11.A partir del momento en el que el presidente de la República presente su renuncia y en tanto el Congreso lleva a cabo el procedimiento para nombrar al presidente interino o substituto, el Secretario de Gobernación asumirá la titularidad del Ejecutivo Federal de manera provisional en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 12. Quien ocupe provisionalmente la Presidencia de la República, podrá proponer a la Cámara de Senadores el nombramiento del nuevo Secretario de Gobernación.

Artículo 13. Quien ocupe provisionalmente la Presidencia de la República, no podrá hacer nuevos nombramientos o remover de su cargo a los Secretarios de Estado, salvo que la Cámara de Senadores lo autorice.

Artículo 14. Quien ocupe provisionalmente la Presidencia de la República, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir de que termine su encargo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Diario de los Debates, Legislatura XXXV - Año I - Periodo Ordinario-Fecha 19320904-Número de Diario: 7 (L35A1P1oN007F19320 904. xml)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputado Omar Ortega Álvarez(rúbrica).»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Omar Ortega Álvarez:

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El mandato de la sociedad es claro, frenar y revertir el altísimo costo de nuestra incipiente democracia, que representa mantener del erario público a nuestras instituciones electorales, a los partidos políticos y la organización de las elecciones en general, por ello estamos obligados como Congreso de la Unión a actuar de inmediato para reencauzar este grave derrotero.

A lo largo de los últimos veinte años, a partir de la reforma electoral de 1996, el modelo de financiamiento de los partidos políticos que se aprobó en aquél entonces, ha sido objeto de subsecuentes críticas y señalamientos, como también de posteriores reformas que han modificado algunos de sus componentes, pero no sus partes sustanciales y sus principios originales, como lo son los criterios de distribución. Del total del financiamiento 70 por ciento se distribuye proporcionalmente a cada partido según su fuerza electoral y 30 por ciento restante se distribuye de manera igualitaria para todos los partidos políticos con registro. También se preserva y debemos seguir manteniendo el otro criterio, que determina la preminencia del financiamiento público sobre el privado, en una escala de 90 por ciento para el financiamiento público y 10 por ciento para el financiamiento privado.

Este debate ha sido provocado fundamentalmente debido a los cuantiosos recursos que de manera legal, pero también ilegal siguen alimentando los excesos en el gasto de los partidos políticos, sobre todo en tiempos electorales, mismos que han contaminado el propósito original que motivó la aprobación de la gran reforma de 1996. Este consenso muy amplio entre los actores políticos de esa época y las distintas fuerzas, destacadamente el PRD, entre ellas, promovió la generación de una fuente legítima de recursos para que los partidos políticos pudieran cumplir a cabalidad sus funciones constitucionales para encauzar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en los procesos electorales.

Sin embargo, en justicia, hay que reconocer que si bien es cierto que el financiamiento público, no es la única fuente de recursos que alimentan el excesivo gasto de los partidos políticos, este mantiene una serie de controles constitucionales y legales que lo regulan y limitan en cuanto a su origen, monto y destino, y sobretodo, que le permiten a las autoridades electorales fiscalizarlo. Esto es más recomendable por donde se le quiera ver, a diferencia de otras fuentes irregulares o privadas que fluyen en las campañas que disparan de manera exponencial el flujo de dinero durante las campañas electorales que son de difícil vigilancia y fiscalización y que pudieran ser operaciones de dudosa procedencia y un vehículo para el lavado de dinero y para la participación de la delincuencia organizada en los comicios.

La sociedad observa y condena con toda razón esta situación en su conjunto tanto el excesivo gasto de los partidos políticos, el costo real de las elecciones, los altísimos sueldos de los servidores públicos y el dispendio en el que incurre la autoridad electoral.

Por ello, proponemos que se ponga en la mesa de discusión, una nueva reforma electoral que atienda este reclamo, con el propósito de retomar y fortalecer los principios originales que fundaron este modelo de financiamiento que nutre nuestro sistema de partidos.

Argumentos

En agosto de 1996, una nueva reforma al artículo 41 fue publicada, estableciendo la garantía legal de los partidos políticos nacionales de contar equitativamente con los elementos para llevar a cabo sus actividades, el derecho a recibir recursos públicos a aquellos partidos que después de cada elección mantuvieran su registro, mediante ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y tendientes a la obtención de voto durante los procesos electorales. Para ello fueron establecidos los siguientes lineamientos:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijó de manera anual, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el órgano superior de dirección del IFE, el número de senadores y diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso y la duración de las campañas electorales.

El treinta por ciento de la cantidad total resultante de acuerdo a lo anterior, se distribuiría entre los partidos políticos de manera igualitaria y el setenta por ciento restante se distribuiría entre los partidos políticos de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, equivalía a una cantidad igual al monto del financiamiento público correspondiente a cada partido por actividades ordinarias en ese año y;

c) Se reintegraba un porcentaje de los gastos anuales que erogaban los partidos por concepto de actividades relativas a la educación, capacitación investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.

Aunado a esto, el 13 de noviembre de 2007 durante el gobierno de Felipe Calderón, se publicó una reforma más al artículo 41 constitucional, precisando las ministraciones que integran el financiamiento público a los partidos políticos nacionales, señalando en el segundo párrafo de la Base II, las siguientes:

a) Actividades ordinarias permanentes;

b) Las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y;

c) Las de carácter específico.

Además de lo anterior, esta reforma modificó el esquema del financiamiento público establecido que el financiamiento público se fijaría con base en el treinta por ciento de la cantidad total resultante aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el órgano superior de dirección del extinto IFE, el número de senadores y diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en las cámaras del congreso y la duración de las campañas electorales y distribuyéndose entre los partidos políticos de manera igualitaria. El setenta por ciento restante, se distribuiría entre los partidos políticos de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior, para establecer que:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, se fijaría de manera anual, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el distrito federal. El treinta por ciento de la cantidad resultante de la operación anterior, se distribuiría entre los partidos de manera igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior;

b) El financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto, se distinguiría entre elecciones a la presidencia de la República, senadores y diputados con un financiamiento del cincuenta por ciento del que corresponda a cada partido por actividades ordinarias en el año de la elección y en elecciones únicamente de diputados equivaldría al treinta por ciento del financiamiento por actividades ordinarias.

c) Por actividades específicas, el financiamiento público por partido equivaldría al tres por ciento del monto total del financiamiento que correspondía en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento que resultara de conformidad al esquema anterior se distribuiría entre los partidos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.

México, se ha distinguido a nivel mundial por contar con una diversidad de expresiones e ideologías políticas que se encuentren claramente representadas en el Congreso, como impulsor y defensor de las paridad y equidad de género, la integración de las juventudes en los cargos de representación y actualmente la participación de candidatos independientes en las elecciones a cargos públicos, pero desgraciadamente sobre sale también por contar con un sistema electoral y democrático de los más costosos y que menos resultados ha brindado.

El artículo 41 de la Carta Magna, precisa la naturaleza intrínseca y legal de los partidos políticos definiéndolos como “entidades de interés público”, consagrando además el fin natural de éstos que es “ promover la participación ciudadana del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”.

En la actualidad nuestro país destaca a la vez por un claro, autentico y general malestar en contra de los partidos políticos y lo que representan, ya que la apreciación genérica es que estos se han apartado de los fines esenciales y naturales de su reglamentación electoral y legal.

Para ello, basta considerar los resultados de las últimas elecciones federales que reportan cantidades considerables de abstencionismo y votos nulos.

Conforme a las cifras reportadas en la página oficial del INE, en las últimas elecciones para la designación de presidente de la República, senadores y diputados, se reportó una votación total emitida (no votación total valida emitida de 50 millones 323 mil 153 ciudadanos, lo que representa sólo el 63.34 por ciento de del listado nominal, a esta cifra debe restarse los votos nulos, los que de acuerdo a informes del INE en las elecciones federales de 2012 se registró el índice más alto de los últimos veinte años, reportando 1.2 millones para la elección de presidente, suma que fue rebasada en la elección de senadores A partir de 1991, es decir, desde que el extinto IFE (hoy INE) organiza las elecciones y hasta 2006, los resultados de votos nulos fluctuaban entre un millón de sufragios declarados legalmente nulos en cualquier nivel de elección, cantidad que aumento entre los años 2009 a 2012 entre un 2.4 y 2.8 millones de votos nulos en elecciones para legisladores, es decir, de cada 100 votantes, 2 anularon su voto.

En la elección presidencial, el 87 por ciento de los votos declarados nulos, fueron considerados como intencionales, esto refleja el hartazgo, cansancio, falta de credibilidad y confianza de la sociedad en los institutos políticos.

Por otra parte, se estima que las elecciones de 2012 tuvieron un costo 18 veces más alto que el promedio de cualquier elección celebrada en Latinoamérica, y que el costo real de la elección, incluyendo el financiamiento y prerrogativas indirectas, uso de tiempos de radio y televisión, superaron los 40 mil millones de pesos, lo que se traduce en posicionar a México a nivel mundial como uno de los países con un proceso electoral altamente costoso.

Por otra parte, se sitúa a México como uno de los países con mayor opacidad en cuestión de trasparencia por los partidos políticos, con un modelo de rendición de cuentas deficientes, falta de información y publicidad y eficacia política, situándolo a la par de naciones africanas como Botswana, Gambia, Kenia y Namibia.

Para 2015, se reporta un gasto de 300.48 pesos por voto y de acuerdo al INE los gastos operativos para esta elección ascendió a 13 mil 217 millones de pesos, cantidad que rebaso por mucho las suma calculada en 212 pesos por cada persona registrada en el padrón electoral.

En 2015, los resultados tampoco fueron favorables, pues el INE informo que únicamente el 47.71 por ciento de votantes registrados en la lista nominal asistió a las urnas a ejercer su derecho de sufragio, este es el reporte de la votación total emitida, sin considerar en esta suma los votos nulos, resultando en un 45 por ciento más del gasto programado en las elecciones de 2009.

Conforme a los datos del INE, actualmente (2017) México cuenta con un padrón electoral de 83 millones 563 mil 190 ciudadanos, sin embargo de este total, no todos los ciudadanos inscritos cuentan con credencial de elector actualizada y otros tantos no aparecen en el listado nominal, lo que implica un impedimento al ejercicio del derecho al voto.

El padrón electoral de acuerdo al INE, es el listado que contiene el total de ciudadanos mexicanos, mayores de edad que solicitaron su credencial para votar, por otra parte, el listado nominal es la base de datos nacional que registra todos los ciudadanos que recibieron su credencial para votar y si pueden votar en las elecciones. Existe una clara y evidente diferencia entre el padrón electoral y el listado nominal, este es; que solo los ciudadanos que se encuentren registrados en el listado nominal pueden ejercer el derecho al voto.

De acuerdo a los datos que aporta el INE en 2015, sólo el 95.78 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, se encontraba registrado en el listado nominal.

Estos datos proporcionan detalles de vital importancia e indispensables para sustentar la iniciativa de reforma que se propone, pues reflejan una inequidad y una realidad equivoca de la proporción que debe guardar el gasto público asignado a los partidos políticos como financiamiento y la participación de los mismos en la vida democrática del país.

Es un hecho notorio y del dominio público que las políticas públicas del gobierno federal en el alza de los hidrocarburos que invariable e indiscutiblemente han repercutido en todos los sectores sociales y ha generalizado el aumento del costo en bienes y servicios sin excepción, así como la postura del actual presidente de Estados Unidos de América han creado un ambiente de inconformidad e inseguridad en nuestro país, aunado a un clamor general de reducir los gastos públicos en todos los ámbitos, lo que incluye a los partidos políticos, quienes no pueden ser indiferentes, ni ajenos e insensibles al clamor de la ciudadanía, máxime que la mayoría de nosotros forma parte de un grupo político, considerando además como justo, necesario e indispensable el sumarnos a este descontento y ejercer medidas de austeridad que permitan una justa y equilibrada repartición pero sobre todo aplicación y ejercicio de los recursos público en sectores prioritario, como son la salud, la educación, la vivienda, los programas sociales, entre otros.

La reforma al artículo 41 de 2013 modificó el esquema para el financiamiento público a los partidos, mediante la fórmula de aplicar la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el setenta y cinco por ciento del salario mínimo vigente en la ahora Ciudad de México, lo que se traduce en un aumento en el financiamiento a los partidos en los tres rubros contemplados en el artículo 41, a saber, actividades ordinarias permanentes; financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto y; actividades específicas.

Bajo este esquema de financiamiento existe una desproporción y desequilibrio en los recursos asignados a los partidos políticos, primeramente no existe equidad para su asignación, ya que el inciso a) de la Base II del citado artículo, toma como parámetro para ello el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, aun cuando están impedidos de ejercer el derecho de voto (independientemente de la causa). Además de impedir al ciudadano el ejercicio de un derecho, impone una carga financiera no justificada, a ello, debe sumarse el abstencionismo que prevalece en el país independientemente del tipo de elección, y que de acuerdo a los datos del INE, rebasa el setenta por ciento del listado nominal (63.34) esto representa un porcentaje menor al setenta por ciento partiendo del padrón electoral.

Así, si sumamos un aproximado de 2.5 a 2.8 de millones de votos nulos, el porcentaje de la votación total valida emitida no alcanza el sesenta por ciento del padrón electoral.

De acuerdo al INE el financiamiento público para los partidos políticos en 2017, considerando únicamente los rubros de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas rebasan los cuatro mil millones de pesos, cantidad que a ojos de los ciudadanos es por demás exorbitante.

La presente iniciativa tiene como objetivo primordial reducir el financiamiento público anual otorgado a los partidos políticos para los rubros consignados en los incisos a), b) y c) de la Base II del artículo 41 de la Carta Magna, considerando que es necesario un recorte presupuestal que permita superar la crisis económica y financiera que atraviesa el país, sumarse al estado de austeridad y el reclamo social de manera autentica y solidaria, pero sobre todo adecuar la normatividad a la realidad electoral, social y democrática proponiendo para ello que la asignación de recursos se realice NO en base al número total de ciudadanos registrados en el padrón electoral, el que ya se ha dicho, incluye a ciudadanos injustificadamente impedidos a ejercer el derecho de voto consagrado en la fracción I del artículo 35 de nuestra ley suprema; sino partiendo del listado nominal, y conforme a los resultados de la votación total valida emitida es decir, restar el número de ciudadanos que voluntaria o involuntariamente no ejercieron el derecho de voto.

Partiendo del resultado final de la votación total valida emitida para el financiamiento de los partidos políticos, implica excluir del gasto público a los ciudadanos que por causas propias o ajenas no pueden ejercer el derecho al sufragio, sino además que los partidos políticos no reciban financiamiento público sumando a los ciudadanos que decidieron anular su voto.

Esto permite por una parte que la sociedad recobre la confianza en los partidos políticos; que estos a la vez realicen las funciones y actividades contenidas en el segundo párrafo del artículo 41 constitucional; que exista una mayor participación ciudadana en las elecciones al verse reflejado el trabajo de los partidos en pro de la sociedad, pero sobre todo una reducción en el gasto público.

Como otra variable que estamos planteando en la presente iniciativa, es que sólo los partidos que alcancen el cinco por ciento de la votación en una elección puedan acceder al financiamiento público, como un parámetro de control del propio sistema de partidos, con el propósito de que solamente aquellos partidos que representan verdaderamente posiciones políticas e ideológicas, con apoyo del electorado que se demuestre en las elecciones, al menos con ese porcentaje, puedan acceder a los beneficios de las prerrogativas.

Fundamento legal

Por lo expuesto, el que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 1o., 6, numeral 1 fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo de la fracción II, y el inciso a) de la Base II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41.

...

I. ...

II. ...

El financiamiento público para los partidos políticos que obtengan al menos el cinco por ciento de la votación después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijara anualmente, de acuerdo a la votación total valida emitida multiplicada por el cincuenta por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputados: Omar Ortega Álvarez,Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbricas).»

La iniciativa que reforma el artículo 41 constitucional será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a integrantes de la Agencia de Formación Izquierda Zitacuarense, del Partido de la Revolución Democrática, invitados por la diputada María Elida Castelán Mondragón. Sean ustedes bienvenidos.

Asimismo, saludamos a alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de Nayarit, invitados por el diputado Moisés Guerra Mota. Bienvenidos.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Yaret Guevara Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y del PRI.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez:Con su permiso, diputada presidenta. Estimadas y estimados compañeros diputados. México conserva una profunda riqueza cultural, como un carácter único de la herencia de sus pueblos originarios, que destacan por su vasto patrimonio de lenguas y cultura.

Dentro de esta riqueza cultural encontramos a los artesanos, quienes se erigen como portavoces manuales de la memoria y de la identidad colectiva del país. Los artesanos elaboran producto que son historia viva y el reflejo prevaleciente de una realidad que se mantiene a pesar de los diferentes cambios a los que son susceptibles.

La elaboración de artesanías representa un recurso económico para millones de artesanos que viven de ella. Sin embargo, la falta de diversos mecanismos, desde su concepción hasta su adquisición de parte del consumidor final, ha retrasado el crecimiento gradual de este sector.

Adicionalmente, son reiterados los casos en los que se ha evidenciado y denunciado el plagio de productos artesanales por diversos actores, mismos que han visto la axiomática vulnerabilidad en la que se encuentran los artesanos, en lo referente a la protección de sus artesanías, cuya elaboración la han aprendido y practicado por años.

En periodos cortos se reproducen de manera frecuente e irregular artesanías mexicanas, mismas que se elaboran en serie con una ínfima calidad y a precios irrisorios. Y por el otro lado, marcas internacionales han replicado patrones tradicionales de comunidades indígenas, trasgrediendo en dos sentidos la producción artesanal. Por un lado, en el tema de los ingresos y por el otro, el de la autoría.

Razón que nos motiva al diputado Juan Manuel Celis Aguirre y a la de la voz, a presentar el día de hoy la siguiente iniciativa, porque no podemos seguir tolerando este tipo de acciones en menoscabo de nuestros artesanos, sabiendo de la gran importancia que representan para México, visto desde lo económico, lo cultural y lo histórico.

Consideramos de suma trascendencia el impulso de diferentes mecanismos que sirvan como plataforma para que los artesanos y los productos que ellos elaboran evolucionen hacia un mejor futuro. Queda claro, México debe avanzar en la protección jurídica de las creaciones artesanales, y en consecuencia, de la seguridad legal para sus creadores, es decir, para los artesanos.

Cierto es que aun cuando se han emprendido diversos esfuerzos para reorientar el marco legal y proteger a este importante sector, parece ser un tema acotado que se reduce solo a particulares disposiciones que no logran darle la cobertura tanto al artesano como a sus creaciones.

Tal es el caso de la Ley Federal para el Fomento de la Misma Industria y la Actividad Artesanal, que tiene por objeto, entre otros, fomentar la actividad artesanal mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica. Así como a través de facilitar la Constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales y municipales.

La citada ley no resulta ser suficiente porque se limita a regular a las microindustrias y deja a un lado a los artesanos que no están constituidos en los términos de la misma.

Resulta impostergable que ante el universo y el escenario internacional marcado por la transición de la nación vecina enfocada en el proteccionismo de su mercado, el Poder Legislativo asuma con determinación y a través de la legislación, la protección de todas y todos los mexicanos, en especial como tema de esta iniciativa a nuestras comunidades indígenas en cuanto a su creatividad artesanal que simboliza orgullosamente nuestra identidad cultural como nación.

En el Partido Verde Ecologista de México tenemos muy presente que nuestra artesanía es valorada, apreciada y reconocida en muchas partes del mundo y que, además, es parte de un eslabón de la economía nacional que permite a miles de familias vivir de sus creaciones. Por lo que insistimos que es necesario asumir en estos momentos nuestro papel político y de compromiso social de hacer válida su protección y preservación.

Hoy proponemos reformar y adicionar la fracción IV del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer la autoría, propiedad creativa, individual y colectiva de su actividad artesanal como elementos que constituyen parte de nuestra cultura e identidad, para quedar como sigue.

Único. Se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 2° La nación mexicana es única e indivisible.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos, reconocer la autoría y propiedad creativa, individual y colectiva de su actividad artesanal y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Es en esta tesitura, compañeros, que el diputado Juan Manuel Celis y la de la voz les solicitamos su valioso respaldo para que podamos avanzar en un tema tan sensible para México. Por su atención, gracias, diputados. Es cuanto, presidenta diputada.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI

Los que suscriben, diputados Yaret Adriana Guevara Jiménez y Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón, Hersilia Córdova Morán, Edith Villa Trujillo y Héctor Javier Álvarez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el informe del relator especial José Martínez Cobo a la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención de Discriminación de Minorías (1986), se definió a las comunidades, pueblos y naciones indígenas como aquellas que “poseyendo una continuidad histórica con las sociedades pre-invasoras y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran disímiles de otros sectores de las sociedades dominantes en aquellos territorios o parte de los mismos... que componen actualmente sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base para su continuidad como pueblos en conformidad a sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales”.

A nivel mundial, se tiene un registro aproximado de 5 mil grupos indígenas que viven en más de 70 países. Las condiciones de rezago, pobreza, marginación y vulnerabilidad que enfrentan los pueblos indígenas, motivaron en 1994, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalará que cada día nueve de agosto se celebre en el mundo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el propósito fortalecer bajo el cobijo de la cooperación internacional, a las comunidades indígenas en sus derechos humanos elementales, que van desde: la educación, la salud, la vivienda, ambientales, por citar algunos.

El Banco Mundial refiere en un panorama general que los pueblos indígenas “constituyen sociedades y comunidades únicas; la tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están inextricablemente ligados a su identidad, cultura y economía”, asimismo, se detalla que 300 millones pertenecen a pueblos indígenas, equivalente al 4.5 por ciento de la población en la esfera mundial.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) expone en el estudio “Los pueblos indígenas: valorar, respetar y apoyar la diversidad” que tan sólo en América Latina prevalecen más de 400 grupos definidos como indígenas, en donde cada uno cuenta con su propia lengua y cultura.

No obstante, se tiene que estos pueblos indígenas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad, lo que permea categóricamente en su desarrollo y les ubica en condiciones de pobreza, exponiéndoles con frecuencia a situaciones de discriminación y desprotección en lo económico, político, social y cultural.

Al respecto, México, conserva una profunda riqueza cultural que cuenta con un carácter único emanado de la herencia de sus pueblos originarios que destacan por su basto patrimonio de lenguas, arte y cultura y en donde cada uno de estos grupos, posee una forma autentica de garantizar su afinidad social y preservación.

En el país, existen cerca de 12 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas y con base al Atlas de los Pueblos Indígenas de México, existen “34 mil 263 localidades, que cuentan con una proporción de población indígena (PI) mayor o igual a 40 por ciento de su población total; también dos mil 118 localidades con una densidad de población de menos de 40 por ciento de PI y más de 150 indígenas; así como 27 mil 791 localidades con menos de 40 por ciento de PI y menos de 150 indígenas entre su población total”.

Ante la importancia de velar por el reconocimiento y respeto a las costumbres y tradiciones, es que se logró establecer en la Carta Magna diversas disposiciones que garantizaban la protección de los grupos indígenas. En el contexto de la reforma señalada, se incorporan una serie de derechos a la población indígena con el fin de su fortalecimiento jurídico y social.

Tras la reforma integral al artículo 2o. constitucional para sustentar el reconocimiento a los pueblos indígenas, se sustenta que “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas...”, con lo que se buscó concretar dos binomios particulares, la multiplicidad poblacional existente en México y la pluralidad de culturas existentes en el país.

Entre las diversas garantías que se atienden en el cuerpo del artículo 2o. constitucional se encuentra el derecho que tienen los grupos y pueblos indígenas de ser asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura en los juicios y procedimientos en los que sean parte; incrementar los niveles de escolaridad, con especial atención en la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, el impulso a concluir la educación básica, así como la educación media superior y superior con el establecimiento con un sistema de becas; asegurar el acceso a los servicios de salud; el mejoramiento de la vivienda con acciones de financiamiento público y privado con la cobertura de servicios elementales y básicos; la incorporación de las mujeres indígenas a participar en proyectos productivos, la protección en su salud, el impulso a su educación y su participación en las decisiones comunitarias; el apoyo a las comunidades en actividades productivas con enfoque en el desarrollo sustentable; la consulta a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; y uno de los derechos plasmado en la fracción IV del mencionado artículo, que, para los diputados proponentes requiere un énfasis especial:

IV. “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.

En la exposición de motivos que originó la iniciativa de reformas al artículo 2 constitucional, se reconoce que México tiene un origen en la unión de pueblos y culturas diferentes, y que la riqueza cultural nacional deriva justamente de su diversidad cultural. Tal reconocimiento visualiza que las comunidades indígenas de México, son la base de la identidad como Nación, esa identidad que se ve reflejada en sus conocimientos tradicionales, sus rituales, sus símbolos, sus costumbres, su cosmovisión, sus lenguas y su vestimenta, entre otros.

Como parte de la legislación secundaria, se cuenta con diversas leyes tendientes a la protección y salvaguarda de los derechos de los indígenas. Una de ellas es la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003, que de conformidad al artículo 1, tiene por objeto: Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos”.

Los conocimientos y elementos que constituyen la cultura y la identidad de las comunidades indígenas en México, tienen que ver con la transmisión ancestral milenaria sobre la percepción de la vida con el mundo y su entorno, su contacto con lo espiritual, las tradiciones orales, las creencias usos sociales, rituales, aplicación de la medicina ancestral y sus prácticas sobre el comportamiento de la naturaleza.

En este sentido, un signo cultural indiscutible de los grupos indígenas es el que hace referencia al reflejo de su identidad, misma que se materializa a través de expresiones como lo es la “artesanía”, que tal como la define el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart por sus siglas en lo subsecuente) es un “objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecha de procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas...se crea como un producto duradero o efímero, y su función original está determinada en el nivel social y cultural; puede destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien como implemento de trabajo”. El trabajo artesanal requiere inspiración y dedicación, por su propia naturaleza adquieren un valor único.

Carmen Nolasco Gutiérrez refiere que la producción artesanal es “aquella en la cual cada producto elaborado se parece a un prototipo imaginado y diseñado por el propio artesano, del que se seguirán sus lineamientos generales de elaboración y presentación, pero sin la intención, por parte del productor, de que, si los productos son múltiples, sean idénticos, ni entre sí ni con el prototipo y en el que, gracias a esa característica de no identidad, plasma parte de su propia creatividad”.

Las artesanías mexicanas, forman parte de una herencia cultural inigualable que ha permitido colocar al país con los más altos honores y reconocimientos. Tienen una gran trascendencia histórica y peso cultural; tanto por ser el reflejo del ambiente en donde se desarrolla como por ser parte del patrimonio cultural que se transmite de generación en generación, volviéndose en fuentes continúas de conocimiento.

La actividad artesanal en el caso de México, tiene registros muy antiguos, muchas de las piezas artesanales que hoy en día existen, datan de culturas prehispánicas, como la Maya, la Azteca, la Tolteca, la Olmeca, por citar algunas.

Adicional a su adjetivo cultural, esta actividad, se convierte en una alternativa laboral que en muchos casos, es la fuente principal de ingresos para las familias que de ellas dependen.

Con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi por sus siglas en lo subsecuente) se tienen contabilizados en México 8 millones de personas que se dedican a este oficio.

Con información del Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública (CESOP por sus siglas en lo subsecuente) de la Cámara de Diputados, se concentró cuantitativamente por entidad federativa la población económicamente activa, ocupada y aquella población que se dedica a la elaboración de artesanías, mismos resultados se presentan a continuación:

De todo este universo, Fonart, detalló que de la población dedicada a la actividad artesanal, cerca del 70 por ciento del total de trabajadores son mujeres.

En este mismo tenor, con cifras del cuarto trimestre de 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, se contabilizó que de los trabajadores subordinados remunerados por grupos de ocupación de las actividades netamente vinculadas al trabajo físico o manual se concentró el 26 por ciento de los trabajadores de procesos industriales o artesanales.

Con propia información del CESOP, se refieren datos en dos vertientes, la primera de ellas es que con base a un histórico se tiene que la mayor parte de la población ocupada en la actividad artesanal, percibe ingresos menores a un salario mínimo y que de la población económicamente activa del sector artesanal un porcentaje considerable no obtienen ingresos por el trabajo que desempeñan.

La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), hizo especial énfasis en la relevancia de la producción de artesanías, al considerarla una de las industrias creativas de mayor importancia para las economías en desarrollo, por la generación de artículos que tienen diversos usos, sean: utilitarios, decorativos, estéticos, artísticos, o tradicionales.

En este sentido, el Inegi, presentó en la “Cuenta Satélite del Turismo de México, 2014” que del total del valor agregado bruto del país durante 2014, el valor agregado bruto turístico, representó el 8. 6 por ciento y que de ese total, las artesanías como bienes, tuvieron un incremento del 1.3 por ciento con respecto de 2013.

El producto interno bruto de las actividades vinculadas a la cultura durante 2014, alcanzaron los 450 mil 683 millones de pesos lo que representó un 2.8 por ciento del PIB nacional; del total porcentual referido, las artesanías comprendieron el 21.7 del PIB de cultura.

En este marco contextual, se desdibuja la importancia que tiene la activad artesanal en México, visto desde un panorama económico (bienes turísticos), sin embargo, esto no se ve reflejado preferentemente en una mejor calidad de vida para los artesanos; tal como queda sucinto en el “Diagnóstico de la capacidad de los artesanos en pobreza de generar ingresos sostenibles” elaborado por Fonart, el cual expone que es recurrente la “insuficiente valoración de las artesanías es una de las causas de que los artesanos en pobreza no puedan generar ingresos sostenibles con su venta. En general, las artesanías mexicanas no se perciben como objetos costosos, por tanto el público que las consume está acostumbrado a pagar poco”. Es entonces donde impera el ejercicio recurrente del regateo al ser que no se le otorga el justo y real valor a los productos elaborados por los artesanos.

Por otro lado, el Fonart arguye que aún existe el arraigo entre los artesanos que de la idea en considerar que la venta de artesanías sólo tiene que cumplir “la supervivencia diría” (página 8), por lo que atención de rubros como el de alimentación, vivienda y salud es deficiente y reproduce un incipiente rezago entre los mismos.

Jorge Hernández Díaz en su libro Artesanías puntualiza que “las condiciones en las que producen los artesanos son en muchos casos similares a las que resaltaron en su momento estudios que hoy son clásicos...Las remuneraciones que reciben gran parte de los artesanos y artesanas siguen estando muy lejos de ser un ingreso que pueda proporcionar una vida digna para quien se dedica a estas actividades” (página 322).

Son diversos los elementos adversos a los que se enfrentan los artesanos, aspectos que inciden en alguna etapa de la cadena de producción, distribución y o consumo; ante esto, diversos son los esfuerzos que se han emprendido para reorientar el marco legal y proteger a este importante sector que tal como se ha hecho especial hincapié, es parte fundamental de la riqueza cultural de México y que a la vez contribuye de manera representativa en el rubro económico, sin embargo parece ser un tema acotado que se reduce sólo a particulares disposiciones que no logran atender en su extensión no sólo al artesano, sino a sus propias creaciones y el universo que a ellas le es inherente.

Uno de los principales esfuerzos es el que se cristalizó con la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1988, que en su apartado de disposiciones generales establece que:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se aplican en toda la República y tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para este último objeto.

En la citada ley, se define entre varias concepciones a los principales actores sobre las que actuará la misma: empresas micros industriales, artesanía y artesano:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Empresas micro industriales, a las unidades económicas que, a través de la organización del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que se sirvan, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen directamente hasta quince trabajadores y cuyas ventas anuales estimadas o reales no excedan de los montos que determine la Secretaría, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación;

II. Artesanía, a la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente, y

III. Artesanos, a aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía.

Cierto es que la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, representó un gran avance para impulsar a la microindustria artesanal, mediante la incorporación de apoyos económicos, sin embargo, resulta no ser suficiente, porque se limita a regular a las microindustrias y deja a un lado a los artesanos que no están constituidos en términos de esta ley.

Un aspecto que no se contempla de manera puntual en la Ley y que es de imperante trascendencia, es el que se refiere a la protección jurídica sobre la actividad artesanal de las comunidades indígenas; esta afirmativa, parte de los reiterados casos en los que determinados sectores, se ven mayormente beneficiados por el trabajo de los artesanos, quienes al no contar con los elementos necesarios, quedan vulnerables, lo que se vuelve en un ejercicio reiterativo que no contribuye en su desarrollo.

Al respecto, legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en ambas cámaras, han buscado atender la protección creativa de los artesanos y con ello, de las artesanías, presentado iniciativas de reforma a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial, asimismo, se han presentado iniciativas de ley general o federal para regular el sector artesanal específicamente, para dar protección a dicha actividad.

No obstante, los avances en materia han sido lentos, en gran medida porque se ha considerado que la Ley Federal de Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, atiende sino de manera integral, sí parcialmente al sector, de igual manera se ha argumentado que el FONART es lo suficientemente sólido para respaldar a los artesanos y a sus creaciones o que al no estar considerada en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una responsabilidad federal, compete a los estados legislar en materia de artesanías, situación que es cubierta de forma incipiente.

Particularmente en la actual legislatura de la Cámara de Diputados, se han presentado diversas propuestas bajo el interés de adecuar diferentes ordenamientos jurídicos que regulen la protección de las artesanías y de la capacidad creadora de los artesanos.

En noviembre de 2016, se evidenció una vez más la problemática de plagio a diseños textiles de la población de Santa Teresa Tlahuitoltepec, Oaxaca. En varios medios de comunicación se anunció que la diseñadora francesa Isabel Marant presentó como parte de su colección primavera-verano 2015 una blusa tradicional con los diseños de la población de Santa Teresa Tlahuitoltepec, Oaxaca. Ante este escenario, el gobierno oaxaqueño anunció que impugnará el juicio que inició la empresa de la marca de ropa Antiquité Vatic, con el que reclama derechos de autor por el diseño de la prenda presentada por la diseñadora Isabel Marant. La mencionada diseñadora, ha reconocido que en efecto el diseño de la blusa tiene su origen en la comunidad de Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Situación similar sucedió con la marca argentina Rapsodia, luego que se descubrió que existían muchas similitudes con los diseños de iconografía y patrones tradicionales de la blusa de la comunidad zapoteca de San Antonino Castillo Velasco, misma línea que fue presentada en la colección de invierno 2016 con el nombre de “Marion Missy”.

Los casos expuestos con antelación, recobraron especial importancia debido a su impacto mediático, sin embargo, en periodos cortos se reproducen de manera frecuente artesanías mexicanas, principalmente por las réplicas que se logran fabricar en serie en China, lo que transgrede en dos sentidos la producción artesanal, por un lado el tema de los ingresos y por el otro el de la autoría. Cabe mencionar que desde 2011 el gobierno federal informaba que dejaría de cobrar impuestos adicionales de entre 45 y 250 por ciento a la importación de 209 de los productos provenientes de China.

Para los artesanos, es un ejercicio diario la competencia desleal a la que se enfrentan, al ser que ante las condiciones existentes en el mercado, su posición es muy endeble.

La comercialización de las artesanías, se realiza de manera directa, es decir entre el artesano y el comprador. Lamentablemente, muchas de las artesanías que se elaboran en las diferentes regiones del país compiten contra producciones en grandes series de imitaciones. Este es sin duda, uno de los problemas paralelos más severos que enfrentan miles de artesanos, el referente al plagio en el diseño de sus trabajos, conducta que impacta negativamente económicamente a las comunidades originalmente creadoras.

La Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado sobre este tema a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”.

En este mismo contexto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI por sus siglas en lo subsecuente), ha subido el tópico a la agenda internacional con el objetivo de establecer los mecanismos para proteger a las manifestaciones culturales a través de un instrumento jurídico internacional que les proporcione la protección conducente.

Resulta necesario brindar la protección y certificación a las artesanías nacionales que se elaboran bajo distintas técnicas y con características únicas en diversas regiones y comunidades del país, esencialmente en las indígenas.

Si bien es cierto que igual existe el Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonart (implementado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que encarga de apoyar a los artesanos a mejorar la elaboración y venta de las artesanías, resulta insuficiente para la protección de la creatividad de los artesanos y sus artesanías.

Fonart brinda apoyo a los grupos de artesanos para el registro de marcas colectivas, las cuales han sido acompañadas en su gestión, proceso de evaluación, asesoría legal, entrega de materiales promocionales, orientación sobre el uso del material publicitario y en la elaboración de estrategias de difusión y promoción comercial de sus productos. Cierto es que con base a los requerimientos, el apoyo resulta en la mayoría de los casos un tema de difícil acceso y por ende, se beneficia a un reducido número de artesanos.

Cabe mencionar, que en materia de protección a la creación de artesanías tanto individual como colectiva, países como Perú, Bolivia y Guatemala, en su marco constitucional salvaguardan esta parte de su identidad cultural.

Constitución Política de la República del Perú

Artículo 2o. Toda persona tiene derecho:

Derechos fundamentales de la persona

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión”. (8. Véase Constitución Política de la República del Perú).

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

Capítulo Cuarto: Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

9.A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. (9.- Véase, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia).

Constitución Política de la República de Guatemala

Artículo 62. Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales.

La expresión artística nacional, el arte popular, el folklore y las artesanías e industrias autóctonas, deben ser objeto de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada a tecnificación”. (10.- Véase, Constitución Política de la República de Guatemala).

Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradición es, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”. (11.- Véase, Constitución Política de la República de Guatemala).

En la legislación reglamentaria, los países que cuentan con leyes de protección a los artesanos y a sus artesanías, encontramos a Argentina, Perú y Venezuela.

Argentina:

Ley Nacional de Artesanías. (Parlamentaria Dirección de Publicaciones (S-0779/04)

Artículo 1o. Objetivos Generales:

a) Establecer los lineamientos generales de una polí­tica artesanal, orientada fundamentalmente hacia los artesanos, de manera que con su participación efectiva logren el máximo desarrollo social, económico, político y cultural.

b) Coordinar de una forma dinámica y efectiva las distintas polí­ticas y recursos entre el estado nacional, las provincias, sectores sociales y privados, y organismos internacionales.

c) Fomentar y proteger la actividad artesanal, considerándola un pilar fundamental en la constitución de la identidad nacional.

d) Promover el constante perfeccionamiento del artesano.

e) Facilitar la concreción de canales tendientes a la comercialización de productos artesanales, consolidando de esta manera las fuentes laborales del sector.

Artículo 2o. Definición de artesanía:

Son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente o con máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de artesaní­as. Dichos objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y revitaliza la “identidad”, y deben conservar técnicas de trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de una determinada región.

Artículo 3o. Definición de artesano:

Es todo aquel que de una manera peculiar refleja la identidad cultural y el sentir propio de una determinada región, representando una forma de vida, de trabajo y de productividad”. (12.- Véase, Ley Nacional de Artesanías. (Parlamentaria Dirección Publicación es (S-0779/04)).

Perú:

Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal.

Artículo 1o. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para la implementación de la Ley Número 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal.

Artículo 2o. Definiciones

Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento se entiende por:

nPersona natural que se dedica, por cuenta propia o de terceros, a la elaboración de bienes de artesanía (artesano productor), y que desarrolle una o más de las actividades señaladas en el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. Además de producir, el artesano también puede comercializar directamente o a través de terceros, sus productos artesanales.

b) Artesanía: Actividad económica y cultural destinada a la elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra directa y ésta continúe siendo el componente más importante del producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus características distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos del valor histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen una función social reconocida, empleando materias primas originarias de las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de producción. De ser producidos industrialmente estos bienes pierden su condición de artesanía”. (13.- Véase, Ley N0. 29073, Ley del Artesano del Desarrollo de la Actividad Artesana, de Perú).

Venezuela:

Ley para el Desarrollo y la Creación Artesanal. (Gaceta Extraordinaria Nº 6.184 del 3 de junio de 2015)

Capítulo I

Disposiciones generales

Objeto

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto propiciar el desarrollo planificado y sustentable de la artesanía nacional, a través del establecimiento de las normas para el fomento, promoción y difusión de la artesanía: el fortalecimiento de la actividad artesanal en el país, mediante el debido abastecimiento de las materias primas y el correcto equipamiento de los talleres artesanales; el reconocimiento, la protección, la investigación, la formación y la capacitación permanente del artesano y artesana, en sus labores de diseño e innovación, producción y comercialización: el estímulo al financiamiento y la organización del sector artesanal; la defensa y la preservación del patrimonio artesanal tangible, en todo lo que signifique su conservación, enriquecimiento y restauración; así como la protección integral de los ecosistemas donde se desenvuelve la vida artesanal.

Ámbito de aplicación

Artículo 2. La presente ley se aplica en todo el territorio de la República, brindando especial atención a las entidades locales de los municipios, estados y regiones que se caractericen por tener un perfil histórico cultural artesanal o que tenga condiciones endógenas para el desarrollo artesanal, así como a las personas naturales y jurídicas vinculadas al desarrollo artesanal.

Declaratoria de interés público

Artículo 4. La artesanía se declara de interés público y goza de protección especial por parte del Estado, como manifestación pluricultural y componente de la identidad v diversidad cultural venezolana. ”. (14.- Véase, Ley Número 6.184, Ley para el Desarrollo y la Creación Artesanal, de Venezuela).

Queda claro, México debe avanzar en la protección jurídica de las creaciones artesanales y en consecuencia seguridad legal para sus creadores, es decir para los artesanos. Resulta impostergable que el nuevo escenario internacional marcado por la transición de la Nación vecina enfocada en el proteccionismo de su mercado, el Poder Legislativo debe asumir con determinación y a través de la legislación el proteger a todas y todos los mexicanos, en especial, como tema de esta iniciativa, a nuestras comunidades indígenas en cuanto a su creatividad artesanal tanto individual como colectiva, que simboliza orgullosamente nuestra identidad cultural como Nación, y que a efecto de fortalecer nuestra economía interna se salvaguarde nuestra riqueza artesanal. Tengamos en estos momentos muy presente que nuestra artesanía es valorada, apreciada y reconocida en muchas partes del mundo, y que es además parte de un eslabón de la economía nacional y que permite a miles de familias vivir de sus creaciones, por lo que insistimos, es necesario asumir en estos momentos nuestro papel político y de compromiso social de hacer valida esa su protección y preservación.

Finalmente, los proponentes consideramos que una de las características productivas más importantes de las comunidades indígenas de México es la elaboración de artesanías, actividad económica y social de subsistencia, por lo que resulta de suma urgencia e importancia se fortalezcan nuestras tradiciones, preservar los conocimientos ancestrales de los indígenas como parte de su patrimonio y del nuestro como Nación. Es por ello, que la iniciativa que presentamos tiene como objetivo que además de reconocerse en la fracción IV del artículo 2° constitucional, el preservar y enriquecer las lenguas de los pueblos indígenas, así como sus conocimientos y elementos de identidad cultural, como actualmente se establece, se reconozca su propiedad creativa individual y colectiva en su actividad artesanal. Sin duda, con esta reforma se dará certeza jurídica a los artesanos y a sus artesanías que son el reflejo de su espíritu creativo y que nos dan culturalmente hablando, identidad como Nación. Se busca además, sentar las bases para que de dicha reforma constitucional, derive la Ley reglamentaria correspondiente que proteja de manera integral a nuestras artesanías.

Por lo anterior y conforme a las consideraciones expuestas, presentamos a la consideración de esa honorable legislatura, iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la fracción IV del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción IV del Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

...

...

...

...

A. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos, así como reconocer la autoría y propiedad creativa individual y colectiva de su actividad artesanal y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. ...

VI. ...

VII. ...

...

VIII. ...

...

B. ...

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? En línea. Fecha de consulta 5 de enero de 2017. Disponible en: http://www.iwgia.org/cultura-e-identidad/identificacion

2 Kristyn Schrader-King. Pueblos indígenas: Panorama general. Banco Mundial. 29 de septiembre del 2015. En línea. Fecha de consulta 5 de enero de 2017. Disponible en: http://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples/overview

3 Fuentes, Mario. “México social: pueblos indígenas e incumplidas”. Excélsior. 15 de abril del 2014. En línea. Fecha de consulta 5 de enero de 2017. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/ 2014/04/15/954149

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero. Capítulo I. Artículo 2º.

5 Ibídem.

6 Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Capítulo I. Artículo 1.

7 “Es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que surge como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familiar de las y los artesanos; mediante su desarrollo humano, social y económico. Fue constituido el 28 de mayo de 1974 por mandato del Ejecutivo Federal con el objeto social de fomentar la actividad artesanal en el país”. Conoce Fonart. Secretaría de Desarrollo Social. En línea. Fecha de consulta 05 de enero de 2017. Disponible en: https://www.fonart.gob.mx/web/index.php/conoce-fonart/que-es-fonart

8 Fonart. Manual de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad. P. 14

9 Nolasco Gutiérrez, Carmen. “La Producción Artesanal y su contribución en la riqueza natural”. UNAM. México. Marzo 2014. Página 7.

10 México celebra en su día a más de 10 millones de artesanos. SIPSE.COM. 18 de marzo 2016. [en línea]. [Fecha de consulta 05 de enero de 2017]. Disponible en: http://sipse.com/mexico/celebran-mexico-mas-10-millones-artesanos-dia-196565.ht ml

11 Aguirre Quezada, Juan Pablo “Las artesanías en México” e-cesop. 14 de marzo 2012. En línea. Fecha de consulta 5 de enero de 2017. Disponible en http://cesop.blogspot.mx/2012/03/las-artesanias-en-mexico.html

12 Notimex. “Cultura aporta 2.8 por ciento del PIB nacional”. El Financiero. 30 de Junio del 2016. En línea. Fecha de consulta: 5 de enero de 2017. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/06/30/cultura-aporta-28-pib-nac ional

13 Fonart. Diagnóstico de la capacidad de los artesanos en pobreza de generar ingresos sostenibles. Página 14.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Yaret Adriana Guevara Jiménez,Edith Villa Trujillo, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Jesús Sesma Suárez, Luis de León Martínez Sánchez, Mariana Benítez Tiburcio (rúbricas).»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada Yaret. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a mujeres líderes visitantes de Promoción Política de la Mujer de Aguascalientes, invitadas por la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes.



LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6° y cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputada presidenta. Es muy importante para nosotros, comentar que esta iniciativa ya se ha ingresado con antelación.

Sin embargo, por razones que no entendemos, porque la única forma en que podemos entender es que no hay compromiso de ninguna de las fracciones parlamentarias para atender esta iniciativa, pues la han dejado precluir y es una situación bastante preocupante, porque más allá de que el principal objetivo de la seguridad social sea velar por las personas imposibilitadas de obtener un ingreso o las que deban asumir responsabilidades financieras excepcionales o puedan satisfacer necesidades a través de proporcionar recursos financieros, bienes o servicios, los principios fundamentales son la universalidad, igualdad, uniformidad en el trato, solidaridad y redistribución del ingreso, la suficiencia, la eficiencia, la sostenibilidad financiera y la responsabilidad, digo, aclaro, subrayo, la responsabilidad del Estado.

Sin embargo, pues esto no se cumple. El ISSSTE es una institución encargada de proporcionar seguridad social a los trabajadores del Estado, cubre de manera obligatoria un conjunto de 21 prestaciones, tres de ellas médicas, seis sociales, dos económicas, las cuales abarcan servicios de todo tipo, médicos, riesgos de trabajo, pensiones, ahorros para el retiro de préstamos, vivienda, servicios sociales y culturales.

El espíritu vanguardista de la Constitución y la visión social de la Ley Reglamentaria, respecto a la fracción XXIX del artículo 6o. y el cuadragésimo tercero y transitorio de la Ley del ISSSTE, imposibilitan el pleno ejercicio del derecho social que corresponde a cualquier persona trabajadora al servicio del Estado.

Muchos de nuestros asesores están en esta condición y que dispone que estas personas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contratos o que estén incluidos en las listas de raya, deben laborar por lo mínimo un año para poder ser consideradas personas trabajadoras, momento en el cual podrán ser integradas al régimen de seguridad social.

Esto, por supuesto nosotros decimos que supone una sistemática violación al derecho humano a la igualdad jurídica consagrada constitucionalmente y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a diversas recomendaciones provistas por la Organización Internacional del Trabajo.

Por supuesto también a tesis jurisprudenciales emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que las prestaciones de seguridad social no pueden estar consideradas a temporalidad alguna, siendo que la relación laboral se acredita desde la suscripción de un contrato respectivo.

Hacemos un llamado. El espíritu de esta iniciativa es que todos nuestros compañeros asesores y todos los compañeros, personas que estén en el supuesto de honorarios, desde el primer día tengan este servicio. Me parece totalmente injusto que tengan que esperarse un año.

Les hago un llamado: Por favor atiendan esta obligación. Sean sensibles, no le den la espalda al pueblo. No les den la espalda a nuestros trabajadores. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o. y cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los Artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 1991, la Organización Internacional del Trabajo produjo una de las definiciones de seguridad social con mayor aceptación a nivel mundial, entendiéndola como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.

Derivado de lo anterior, el principal objetivo perseguido por la seguridad social es “velar porque las personas que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados bienes o servicios”.

El propósito central de la seguridad social es otorgar protección a las personas, garantizándoles un nivel mínimo de bienestar sin distinción de su condición económica, social, o laboral, de forma tal que no dependan únicamente de su situación de inserción en el mercado laboral o de la adquisición de habilidades y conocimientos.

Como sus principios elementales se encuentra la universalidad en la cobertura, la igualdad, la equidad o uniformidad en el trato, la solidaridad, la redistribución del ingreso, la suficiencia de las prestaciones; la unidad y responsabilidad del Estado, la eficiencia y participación en la gestión; y la sostenibilidad financiera.

De tal forma, la seguridad social busca proteger a los individuos ante circunstancias previstas o imprevistas, permanentes o temporales que mermen su capacidad económica y frente a las cuales es posible establecer mecanismos precautorios, en cuyo financiamiento pueden participar el Estado, los empleadores y los trabajadores; como principales componentes integra rubros básicos como: vejez, invalidez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, desempleo y asignaciones familiares.

Adquiere mayor importancia cuando consideramos su potencial como instrumento de combate a la pobreza en general y para mejorar las condiciones de vida de determinados grupos de la población; su sistema se caracteriza por el tipo y la amplitud de los servicios que proporciona, por la definición de los proveedores, los beneficiarios de estos servicios y su forma de financiamiento.

En México, desde la Constitución de 1857 se vislumbraron los primeros atisbos para otorgar seguridad social o derechos a la clase trabajadora, los cuales se consagraron en el Artículo 5 de aquel ordenamiento, a saber:

5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno conocimiento. La Ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida ó el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación ó de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripción ó destierro.” (sic)

Al promulgarse la Constitución de 1917, se reivindicaron los derechos laborales al incorporarse novedosas disposiciones en beneficio de la clase trabajadora, como son las que contemplan responsabilidades de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la obligación de observar los preceptos legales sobre higiene, seguridad y la previsión popular.

En materia de seguridad social, la fracción XXIX del Artículo 123 del texto original de la Constitución, establecía lo siguiente:

XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de Instituciones de ésta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.” (sic)

Con posterioridad, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1929, la referida fracción XXIX del Artículo 123 de la Constitución, fue modificada para quedar como sigue:

XXIX. Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de la invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines análogos.” (sic)

El 5 de diciembre de 1960, fue publicado el Decreto que reformó y adicionó el Artículo 123 de la Constitución, mismo que fue dividido en dos apartados: en el “Apartado A”, se conservó el contenido del texto vigente anterior a esa fecha; y en el “Apartado B”, se incorporaron las normas que regulan las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y los Territorios Federales, con sus trabajadores y empleados.

Desde entonces, el sistema público de seguridad social del país incluye instituciones federales, estatales, empresas paraestatales y otros organismos sociales; sin embargo, recae casi por completo en dos instituciones; el Instituto Mexicano del Seguro Social, creado en 1942; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, creado en 1960.

Particularmente por lo que hace al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con lo establecido en la fracción XI del Apartado B del artículo 123 Constitucional, es la institución encargada de proporcionar los servicios de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios a los Poderes de la Unión; cubre de manera obligatoria un conjunto de 21 prestaciones, 3 de ellas médicas, 6 sociales y 12 económicas, las cuales abarcan servicios médicos, riesgos de trabajo, pensiones, ahorro para el retiro, préstamos, vivienda y servicios sociales y culturales; como se aprecia a continuación:

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. ...

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. a X. ...

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos”.

No obstante el espíritu de la seguridad social reconocido por el precepto constitucional citado, la ley que reglamenta el funcionamiento del Instituto, es decir, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, imposibilita el pleno ejercicio del derecho social que corresponde a cualquier trabajador que preste sus servicios al Estado.

Es el caso de lo dispuesto en la fracción XXIX del Artículo 6 y el Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto, que a la letra estipulan:

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XXVIII. ...

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

Cuadragésimo Tercero. A las personas que presten sus servicios a las dependencias o entidades mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y hayan laborado por un periodo mínimo de un año, se les incorporará integralmente al régimen de seguridad social con la entrada en vigor de esta ley.

Asimismo, se les incorporará con los tabuladores aplicables en la dependencia o entidad en que presten sus servicios mediante un programa de incorporación gradual, que iniciará a partir del primero de enero del 2008 dentro de un plazo máximo de cinco años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos para su incorporación”.

De lo anterior se desprende que las personas que presente sus servicios al Estado mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, pero no hayan laborado por un periodo mínimo de un año, no son considerados como trabajadores para los efectos de la Ley del Instituto, por lo cual no son integrados al régimen de seguridad social previsto en la Ley, y provisto por el Instituto.

Al respecto, es necesario mencionar que independientemente de la forma en la que perciben emolumentos los trabajadores al servicio del Estado, en su relación con el Estado se configuran los supuestos necesarios para el establecimiento de la relación laboral, por ende, dicha persona trabajadora debe contar con todos los derechos inherentes a la misma, mismos que se hallan consagrados en la Constitución y se encuentran actualmente soslayados por el contenido actual de la Ley del Instituto.

En apoyo a lo anterior, sirve de apoyo la Jurisprudencia en Materia Laboral, provista por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en marzo de 2005, que a la letra señala:

Trabajadores al Servicio del Estado. El vínculo laboral se demuestra cuando los servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo, aunque se haya firmado un contrato de prestación de servicios profesionales.

De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, con el rubro: “Trabajadores al servicio del Estado. Si demuestran que han venido prestando servicios a la dependencia estatal por designación verbal del titular, tienen acción para demandar la expedición del nombramiento o su inclusión en las listas de raya y, en su caso, todas las demás acciones consecuentes”, así como de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 96/95 de la que derivó, se advierte que aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o se demuestre la inclusión en las listas de raya, la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se da cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las características propias de una relación laboral. En ese sentido, si se acredita lo anterior, así como que en la prestación del servicio existió continuidad y que el trabajador prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica, se concluye que existe el vínculo de trabajo, sin que sea obstáculo que la prestación de servicios se haya originado con motivo de la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, éste debe tenerse por acreditado.

De lo anterior se colige que cuando la persona prestó de manera continua su trabajo, con base en el horario asignado a cambio de remuneración económica, existe una relación laboral entre ella y los Poderes de la Unión, por lo que existe obligación a cargo del patrón, de otorgar de manera inmediata, los servicios de seguridad social, sin que para ello, deba ocurrir un año, como lo establece la Ley del Instituto.

Con el contenido actual de las disposiciones que se pretenden modificar, se crea un estado de excepción en detrimento de un sector de trabajadores al servicio del Estado, quienes tienen que haber laborado por un periodo mínimo de un año para ser considerados como trabajadores y por ende, poder ser sujetos de la seguridad social, no importando que las necesidades de la misma no requieran de un lapso establecido para ser ejercibles.

Para efectos de la prohibición constitucional para la creación de estados de excepción de facto, sirve de apoyo el contenido del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En la inteligencia de lo anterior, se desprende que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones establecidos por ella misma, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, sino todo lo contrario, la Constitución prevé las bases mínimas para el otorgamiento de la seguridad social y la ley reglamentaria lo condiciona a la periodicidad de la labor desempeñada.

El mandamiento que funda y motiva el actuar del Instituto, va en contravención a lo dispuesto por la Constitución, lo cual debe ser enmendado a efecto de no hacer nugatorios los derechos humanos, sociales y laborales de las personas que prestan sus servicios a los Poderes de la Unión.

Para ilustrar lo anterior, sirve de apoyo la Tesis Aislada en Materia Constitucional, provista por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en septiembre de 2000, que a la letra describe:

Igualdad. Los conceptos de violación que se hagan valer respecto a la garantía prevista en el artículo 1o. de la Constitución Federal, no pueden entenderse si no es en relación directa con las libertades que ésta consagra.

Si bien es cierto que las garantías que otorga la Constitución Federal sólo pueden restringirse por disposición de la propia Ley Fundamental o por otra ley a la que la misma remita, también lo es que los conceptos de violación que haga valer el quejoso en el juicio de amparo, respecto al artículo 1o. de la Carta Magna que prevé la garantía de igualdad, sólo pueden entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Esto es, la violación que se produciría, en su caso, al artículo 1o. sólo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada.

La garantía de igualdad sólo puede entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Aunado a lo anterior, por mandato constitucional derivado de la reforma en materia de Derechos Humanos llevada a cabo en junio de 2011, existe obligación a cargo de todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; lo cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no lleva a cabo.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo establecido por el propio artículo 1o. de la Constitución, en relación con lo descrito en el Artículo 133 de la misma, los Tratados Internacionales suscritos y refrendados por el Estado Mexicano, son Ley Suprema en la Unión, a saber:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

De la anterior jerarquía de normas, con relación a lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución; se desprende que cualquier tratado internacional suscrito y ratificado por el Estado Mexicano, será aplicable en el país y que en caso de contraposición con una norma, deberá optarse por la disposición que mayor beneficio represente.

Es así como se genera la obligación para cualquier autoridad del Estado, el optar por un Tratado Internacional, por encima de la Ley del Instituto, si es que el primero provee la protección más amplia a las personas.

A efectos de ilustrar lo anterior, sirve de apoyo la Tesis Aislada en Materia Constitucional, provista por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en enero de 2013, misma que dispone:

Principio pro persona. Es un derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que requiere su vinculación con la violación de un derecho humano para su efectividad.

El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el once de junio de dos mil once, establece: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Dicha porción normativa contiene un derecho reconocido a los gobernados consistente en un principio de interpretación tanto conforme con los derechos humanos contemplados por la propia Constitución (interpretación conforme), como aquellos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte (interpretación convencional), siempre en busca de lo más favorable para la persona. No obstante lo anterior, tal derecho es un principio de interpretación pro persona que implica que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de acuerdo con la propia Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, constituyendo así, una herramienta hermenéutica para lograr la efectiva protección de los gobernados en relación, siempre, con un derecho humano que se alegue vulnerado. Esto es, si bien es cierto que tal principio interpretativo está reconocido en nuestra Constitución, también lo es que no es válido sostener su vulneración o transgresión autónoma, pues ésta siempre habrá de referirse al contenido y alcance de diverso derecho humano. En tales condiciones, es insuficiente que se invoque como argumento para estimar que el acto reclamado transgrede un derecho humano, el que no se observó el principio pro persona o se omitió llevar a cabo una interpretación conforme, pues tal expresión no puede ser, por sí sola, suficiente para estimar que se violó un derecho humano, sino que es necesario que se vincule con la vulneración de un derecho de esa naturaleza contenido en nuestra Constitución o en un tratado internacional que haya sido ratificado por nuestro país a efecto de que la autoridad jurisdiccional proceda a analizar si se da tal transgresión para, en su caso, proceder a realizar una interpretación conforme o en aplicación del control de convencionalidad atendiendo a lo que más favorezca al agraviado.

El principio “Pro Persona” contiene un derecho reconocido a las y los gobernados, consistente en la interpretación conforme de los derechos humanos contemplados por la propia Constitución y en los tratados internacionales, buscando el que contenga disposiciones más favorable para la persona, si es que éste se alega vulnerado; tal como se estima que ocurre con los artículos referidos de la Ley del Instituto, que no responden a las directrices establecidas por los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En abono de lo anterior, sirve la Tesis Aislada en Materia Administrativa, provista por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en febrero de 2005, que dispone:

Principio Pro Homine. Su aplicación es obligatoria

El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.

Este criterio obligatorio en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, tiene dos variantes, la primera, como preferencia interpretativa, conforme a la cual ante dos o más interpretaciones de la norma, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental y, la segunda, conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el intérprete debe preferir la que más favorezca a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas.

Con relación a lo anterior, es aplicable como normatividad de interpretación convencional, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, suscrito por el Estado mexicano el 17 de noviembre de 1988 y ratificado el 16 de abril de 1996, que en su Artículo 9 señala:

Artículo 9: Derecho a la Seguridad Social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto”.

Asimismo, resulta importante citar el contenido del Artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone:

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

De igual manera, es necesario rescatar el contenido de los artículos 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mencionan lo siguiente:

Artículo 9. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 10. Los Estados parte en el presente pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Artículo 11.

1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados parte en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.

Aunado a lo anterior, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo reafirmó que el derecho a la seguridad social es un derecho humano, reconoció que es, junto con la promoción del empleo, una necesidad económica y social para el desarrollo y el progreso.

Reconoció además, que la seguridad social es una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social, para promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la igualdad racial y para apoyar la transición del empleo informal al empleo formal.

La considera como una inversión en las personas que potencia su capacidad para adaptarse a los cambios de la economía y del mercado de trabajo, y que los sistemas de seguridad social actúan como estabilizadores sociales y económicos automáticos, ayudan a estimular la demanda agregada en tiempos de crisis y en las etapas posteriores, y ayudan a facilitar la transición hacia una economía más sostenible.

Asimismo, consideró las normas de la Organización Internacional del Trabajo relativas a la seguridad social, en particular el Convenio sobre la Seguridad Social de 1952, la Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida de 1944, y la Recomendación sobre la asistencia médica de 1944, haciendo hincapié en que dichas normas conservan toda su pertinencia y siguen siendo importantes instrumentos de referencia para los sistemas de seguridad social.

Como se aprecia en la normatividad internacional descrita, en todos se indica de manera explícita que toda persona, sin distingo alguno, tiene derecho a la seguridad social; de igual manera, el contenido del artículo 123 de la Constitución, tampoco refiere excepción expresa para el ejercicio del derecho social a la seguridad social, sin embargo, como ha quedado demostrado, la fracción XXIX del Artículo 6 y el Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto, restringen el ejercicio del derecho, ya que inscribe un requisito de temporalidad para el disfrute de la seguridad social a quienes presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya.

Al momento, el Instituto no cumple con su obligación constitucional de garantizar la seguridad social de todas las personas que prestan sus servicios al Estado, siendo que, como quedó acreditado, existe relación laboral reconocida por interpretación del Poder Judicial de la Federación.

Con relación a lo anterior y en atención a la obligatoriedad de la interpretación convencional que obliga a toda autoridad en el Estado Mexicano, sirve de apoyo la siguiente Tesis Aislada en Materia Constitucional, provista por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en septiembre de 2012, misma que a la letra dispone:

Principios de optimización interpretativa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal (universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad). Orientan la interpretación de los preceptos constitucionales en esa materia y son de ineludible observancia para todas las autoridades.

El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios orientan la interpretación de los restantes preceptos constitucionales en materia de derechos fundamentales, conduciendo a su realización y observancia más plena e inmejorable posibles, vinculando el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, por lo que se constituyen como auténticos principios de optimización e interpretación constitucional que el legislador decidió objetivar en la Norma Suprema y, que por ende, resultan de ineludible observancia para todas las autoridades, y más aún para las jurisdiccionales.

La valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción alguna; tales derechos han de apreciarse relacionados de forma que no es posible distinguirlos en orden de importancia, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible. En el caso que nos ocupa, el derecho consagrado en el artículo 123, en su relación con la garantía de igualdad, consagrada en el artículo 1, ambos de la Constitución; y además, con los Tratados Internacionales aplicables al caso concreto.

En concatenación con lo anterior, sirve de apoyo la Tesis Aislada en Materia Constitucional, provista por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en enero de 2012, que refiere:

Progresividad. Cómo debe interpretarse dicho principio por las autoridades a partir de la reforma que sufrió el artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

El principio de progresividad persigue, esencialmente, la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, por ello las autoridades deben estar atentas a la evolución de éstos, especialmente en los tratados internacionales, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el previsto en el tratado, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, en observancia al referido principio y acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

El principio de progresividad persigue la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, por ello las autoridades deben estar atentas a la evolución de éstos, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, en observancia al referido principio y acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social.

En conclusión, como se desprende con claridad del contenido de la presente Iniciativa, lo dispuesto por la fracción XXIX del artículo 6 y cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, una norma con menor jerarquía, va en contravención del contenido del artículo 123 de la Constitución, en su relación más estrecha con el artículo 1o. de la misma, al igual que va en con contra de diversos Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano; lo que sitúa a las personas en un estado de vulnerabilidad de difícil reparación.

Por lo anterior, considero urgente y necesario eliminar cualquier requisito de temporalidad que impida a las y los trabajadores al servicio del Estado, disfrutar, desde el inicio de sus funciones, de los beneficios de la seguridad social, con lo cual, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se erigirá, al igual que la Constitución, como una norma de avanzada que refleje las disposiciones del derecho internacional y represente de mejor manera la protección de los derechos humanos, sociales y laborales, a que toda persona tiene derecho.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Único. Se reforma la fracción XXIX del artículo 6 y el primer párrafo del cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a la XXVIII. ...

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta ley que presten sus servicios en las dependencias o entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo.

Cuadragésimo Tercero. A las personas que presten sus servicios a las dependencias o entidades mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo, se les incorporará integralmente al régimen de seguridad social con la entrada en vigor de esta Ley.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Organización internacional del Trabajo Organización de Seguridad Social. P.9.

2 IBÍDEM. P. 10. Av. Congreso de la Unión No. 66. Col. El Parque, México, DF. 15960 Venustiano Carranza, Edificio "F" piso 1.

3 MESA Lago. Carmelo. Las Reformas de Pensiones en América Latina y su Impacto en los Principios de Seguridad Social. P. 13.

4 GONZÁLEZ Roaro, Benjamín. La Seguridad Social en el Mundo. P. 14.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Norma Xochitl Hernández Colín. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Presidente.

La diputada Claudia Sofía Corichi García: Con su venia, presidente. Compañeras, compañeros legisladores...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame un segundo, diputada, por favor. Disculpe. A ver, sonido en la curul de la diputada.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Si, quisiera que se hiciera una rectificación de turno en mi iniciativa, y que vaya a Seguridad Social. El tema es seguridad social. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con mucho gusto lo analizamos, diputada, y si es procedente por supuesto que obsequiaremos su petición.



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 47-A, a la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Gracias, presidente., con su venia; compañeras y compañeros legisladores, legisladoras, a quienes nos ven a través del Canal del Congreso. La actual crisis entre México y Estados Unidos, pasará a la historia como lo hemos comentado, como uno de los episodios más complejos por los que el pueblo mexicano ha transitado.

En los últimos días, casi semanas, las denigrantes detenciones producto de las redadas a más de seis entidades de los Estados Unidos, y que han materializado los más profundos y oscuros deseos de la administración Trump, han llenado de miedo a nuestros migrantes.

Hasta ahora poco más de 700 migrantes han sido detenidos y la cifra sigue aumentando. Hace unos días tuvimos algunos la oportunidad de reunirnos con diversos líderes migrantes, y las historias que recogimos de esa experiencia, han sido uno de los tragos más amargos. Muchos de ellos cuentan cómo es que viven con miedo desde el 20 de enero; dicen vivir en la oscuridad, en la sombra, sin salir algunos ni siquiera al cine o ir a la farmacia porque tienen miedo, porque sus hijos les piden que se queden en la casa.

Muchas y muchos cuentan que si en México hubiera oportunidades dignas, jamás se hubieran ido a Estados Unidos. Otros narran sus experiencias de regresar un tiempo a su tierra, algunos deportados, otros por voluntad propia, y sentirse como indocumentados en su propio país.

Nuestros migrantes están consternados, no quieren, y esa es la realidad, en su mayoría, volver al México que les negó la posibilidad de soñar. Sin embargo las y los mexicanos del otro lado del río Bravo, tienen miedo y ello demanda, más allá de sus deseos de no volver, nuestra acción porque muchos más allá de que queramos o no, más allá de los deseos personales o particulares, van a ser deportados y esta es una realidad.

El esfuerzo de nuestros paisanos es tan tangible día a día a través de los casi 27 mil millones de dólares que envían, tan sólo en el último año, y que incluso representó, como ya lo dijimos la semana pasada ante un punto de acuerdo, uno de los principales ingresos, el primero, el principal ingreso de divisas al país, incluso más que los ingresos petroleros.

Desde el año pasado he atestiguado, en diversos espacios de esta Cámara de Diputados, una enorme preocupación de muchas y de muchos de nosotros sobre este tema. Se ha expresado la preocupación y apoyo a la situación que viven nuestros migrantes con la llegada Trump al poder. Por eso es que hay que pasar de las palabras a los hechos, para lograr garantizar que aquellos que sean deportados, sean recibidos con oportunidades, con verdaderas oportunidades en sus lugares de retorno, y por ello es indispensable que integremos un fondo de migralidad que es la propuesta que les traigo hoy, con la finalidad proveer de herramientas a estas ciudades y comunidades para que puedan ofrecer apoyos integrales a los millones de mexicanos y mexicas que volverán a nuestro país, por lo pronto varios miles, sin duda, y que buscarán como siempre, lo que han hecho, cumplir sus sueños y trabajar dignamente.

Debemos ayudarles a construir el llamado ahora de este lado, sueño mexicano, mexican dream. Ellos sin duda regresarán con un potencial enorme de reconstruir este país y con la voluntad de llevarlo a un mejor futuro. Tienen experiencia, tienen ganas, tienen sueños.

Y este es el caso, entre otros, de los dreamers, un bono demográfico e intelectual que no debemos pasar ni por un momento desapercibido. Debemos aprovecharlo de manera estratégica.

Los migrantes que retornan se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, muchos de estos dreamers regresarán porque si a sus padres los regresan, ellos querrán volver y nos lo han dicho, por lo que requieren de diversas atenciones que van desde albergues temporales, servicio médico, medios de comunicación, hasta auxilio para retornar a sus lugares de destino final, pero por supuesto también, oportunidades dignas de empleo que se acerquen a lo que ellos han hecho y en los que se han capacitado.

El aumento de población en las ciudades que reciben un gran número de migrantes, obligará en una actual coyuntura a las autoridades locales a realizar cuantiosas inversiones para dotar de servicios e infraestructura a los nuevos habitantes, así como promover actividades económicas para que las y los migrantes puedan incorporarse a la economía.

Esta situación resulta injusta en términos presupuestales, pues estas ciudades y comunidades deben hacer frente con recursos extraordinarios, además de manera desordenada a esta situación, siendo la coyuntura actual justamente como lo decía, una que debemos actuar sin premura, con oportunidades de ahora, para aquellos que van a volver.

Esta fotografía no es nueva para entidades federativas como Zacatecas o Michoacán, y por eso es que la defensa de nuestra gente también implica ayudarles a regresar con dignidad.

Este fondo de migralidad que hoy vengo a proponer a través de esta iniciativa, adiciona una fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 a la Ley de Coordinación Fiscal con la finalidad de garantizar que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos que distribuirían entre las entidades federativas en razón del número de repatriados y de inmigrantes internos que reciba cada una.

Se podrá destinar atender las necesidades básicas, albergue, alimentación, cuidados para la salud de migrantes retornados, así como construcción de infraestructura básica, inversión y programas de fomento al empleo productivo, entre otras cosas, pero sobre todo este fomento al empleo productivo de manera fundamental y condiciones dignas para aquellos estudiantes que traen un enorme bagaje, un enorme conocimiento y muchas ganas de que este país los reciba como ellos se merecen, de manera digna.

En México tenemos el imperante compromiso de ofrecerles esta alternativa y, sobre todo, con dignidad. Que ésa sea la palabra con la que recibamos a nuestros migrantes, respeto a sus derechos y, sobre todo, oportunidades y dignidad.

Estas condiciones para venir a soñar de este lado de la frontera las necesitamos generar ahora. Espero que muchas y muchos de ustedes puedan formar parte de este proyecto del Fondo de Migralidad para hacer realidad este regreso a casa. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros diputados.

«Iniciativa que adiciona los artículos 25 y 47-A a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25, y un artículo 47-A, a la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

I. México es un país de paso, de origen, de destino y de retorno de migrantes internacionales; además, tiene una activa migración interna, en ejercicio del derecho a la movilidad humana, que ocasiona el desplazamiento de millones de mexicanos desde sus lugares de origen hacia otras ciudades del país con capacidad de ofrecer educación, servicios y, sobre todo, empleo.

II. Anualmente ingresan a nuestro país cientos de miles de migrantes en situación irregular, la mayoría proveniente de Centroamérica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa que organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra de migrantes en situación irregular podría situarse en aproximadamente 400 mil migrantes al año. La mayoría de estos migrantes irregulares pretenden llegar a los Estados Unidos o a Canadá.

III. México también es un país de destino para miles de migrantes, en especial centroamericanos, que se dirigen principalmente, a estados fronterizos para trabajar como jornaleros en labores agrícolas o como trabajadoras domésticas en las principales ciudades de la frontera sur.

IV. Con cifras del INM, entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo 2 millones 423 mil 399 actos de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos. Sólo en 2012 se llevaron a cabo 369 mil 492 actos. Las autoridades migratorias estadounidenses informan que del año fiscal 2009 al 2011 llevaron a cabo un total de 1 millón 878 mil 293 eventos de deportación de migrantes mexicanos. De esa cifra de repatriaciones, el 34.2 por ciento sucedieron por Baja California, 33.2 por ciento por Tamaulipas, 17.7 por ciento por Sonora, 11 por ciento por Coahuila y 3.2 por ciento por Chihuahua. Cada vez más, las autoridades estadounidenses están enviando a los deportados, vía avión, hacia la Ciudad de México, buscando alejarlos de la frontera y con ello dificultar su regreso a Estados Unidos. En su mayoría, los repatriados fueron originarios de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, México, Puebla y Veracruz. De acuerdo con el Boletín Estadístico Mensual del INM, solo en enero de 2016 fueron deportados a México 14 mil 212 personas.

Sin embargo, actualmente se cierne la amenaza de un número aún mayor de deportaciones ante la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de América de Donald Trump.

V. Aun cuando el Gobierno Federal parece minimizar el problema, pues el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, expresó en una entrevista a Televisa que el número de mexicanos deportados desde Estados Unidosaún no ha aumentado en el gobierno del presidente Donald Trump y que es incluso ligeramente menor que el del año pasado, lo cierto es que, durante su campaña, Donald Trump dijo que realizaría deportaciones masivas de trabajadores indocumentados, entre los que se encuentran millones de mexicanos. Y asimismo en los últimos días agentes federales estadounidenses han arrestado a cientos de migrantes indocumentados en lo que catalogaron como operaciones de rutina. En este sentido, la organización Se Hace Camino Nueva York ha denunciado que estas redadas tienen el propósito explícito de separar a las familias.

VI. Según Los Ángeles Times,se calcula que unas 8 millones de indocumentados podrían estar sujetos a deportaciónbajo las estipulaciones de la orden ejecutiva de Donald Trump. En este sentido, el retorno de migrantes mexicanos representa un gran reto para el Estado mexicano que tiene que encontrar soluciones que permitan la protección y la integración social y económica de esos connacionales.

VII. La zona metropolitana de la Ciudad de México, polos de desarrollo turístico creados por políticas públicas y entidades fronterizas, han sido históricamente los principales polos de atracción para la migración interna.

VIII. Baja California es el estado norteño que más migrantes recibe al año, para el 2010 de acuerdo a Censo de Población y Vivienda del Inegi, llegaron a Baja California un total de 154 mil 29 inmigrantes, se espera que para 2014 esa cifra supere los 170 mil. Le siguen Nuevo León con 133 mil 657, Tamaulipas con 106 mil 410, Sonora con 78 mil 545, Coahuila con 61 mil 636 y Chihuahua con 58 mil 334.

IX. De las entidades fronterizas Baja California tiene el mayor porcentaje de población radicada que nació en otra entidad federativa, llegando al 41 por ciento, según el Estudio de Migración Interna de Inegi 2010. Más de 1 millón 300 mil residentes, de los 3 millones 150 mil que componían la población bajacaliforniana en el 2010 procedían de otras entidades federativas, en su mayoría de Sinaloa, Jalisco, Sonora, Michoacán, Distrito Federal, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Chiapas.

X. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, Conapo, históricamente, la migración interna ha sido el principal componente de los cambios observados en la distribución territorial de la población. Conapo estima que durante el periodo 1995-2000, alrededor de 6.9 millones de personas cambiaron de municipio de residencia. El destino de los migrantes en busca de mejores condiciones de empleo y bienestar son principalmente las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Cd. Juárez, Piedras Negras, y Nuevo Laredo.

XI. México tiene con Estados Unidos de América la frontera más activa del mundo, de acuerdo a estadísticas del Buró de Transporte de Estados Unidos el movimiento fronterizo de peatones representó por Baja California 5 millones 800 mil cruces de enero a abril de 2013, 3 millones por Tamaulipas, 2 millones 350 mil y 2 millones 100 mil por Sonora y Chihuahua respectivamente y 280 mil por Coahuila.

14 millones 500 mil cruces en vehículos en Baja California de enero a abril de 2013, 10 millones 220 mil por Tamaulipas, 6 millones 500 mil por Chihuahua, 4 millones 800 mil por Sonora y 2 millones 400 mil por Coahuila.

XII. Los migrantes que retornan se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, viviendo, muchas veces, a la intemperie, en improvisados campamentos bajo puentes, etc.; requieren atención en albergues con alimentos, servicio médico, medios de comunicación; auxilio para retornar a sus lugares de origen u orientación y apoyo para trasladarse a otras ciudades del país en las que puedan encontrar un empleo digno. El olvidarnos de éstos mexicanos hará que no pocos de ellos se refugien en el alcoholismo, la drogadicción, o sean reclutados por el crimen organizado. Por la seguridad de todos debemos de apoyar la integración de esos mexicanos.

XIII. Por otra parte, el aumento de población en las ciudades que reciben un gran número de migrantes obliga a las autoridades locales a realizar cuantiosas inversiones para dotar de servicios, de infraestructura y de seguridad a los nuevos habitantes, así como promover actividades económicas para que los emigrantes puedan incorporarse a la economía.

XIV. Es injusto que las ciudades y entidades federativas que reciben a los repatriados, principalmente las fronterizas y la capital del país, o a los emigrantes internos, no tengan ayuda financiera federal, tomando en cuenta que el origen de esos migrantes está en todo el país.

XV. El gobierno de Baja California ha iniciado cabildeos para lograr que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se integre un nuevo Fondo de Migralidad para atender los fenómenos arriba descritos.

XVI. Este fondo se formará con los recursos que al efecto se le destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se distribuirá entre las entidades federativas, de conformidad con las Reglas de Operación que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta el número de repatriados y de inmigrantes internos que reciba cada una.

XVII. Se formalizará adicionando una fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, por el que se regulan otros fondos como el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; etc. Asimismo, se adiciona un Artículo 47-A a la misma disposición normativa.

Por lo anteriormente expuesto es que, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adiciona un artículo 47-A a la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adiciona un artículo 47-A, a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

I. a VII. (...)

IX. Fondo de Migralidad.

Artículo 47-A. El Fondo de Migralidad se formará con los recursos que al efecto se le destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se distribuirá entre las entidades federativas, de conformidad con las Reglas de Operación que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta el número de repatriados y de inmigrantes internos que reciba cada una.

Este fondo podrá utilizarse, por las entidades federativas, para:

1. Atender las necesidades básicas; albergue, alimentación y cuidados para la salud de migrantes retornados;

2. Construcción de infraestructura básica urbana;

3. Inversión en seguridad pública; y

4. Programas de fomento al empleo productivo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2017.— Diputadas: Claudia Sofía Corichi García,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez(rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Corichi García. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a los presidentes del Consejo de Colaboración del municipio de Cuernavaca. Bienvenidas y bienvenidos.



LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 y 17 de la Ley General para el Control del Tabaco.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en diversas ocasiones me han dicho compañeros legisladores de mi bancada, de otras bancadas, familiares, amigos, me dicen: ¿Para qué sigues subiendo iniciativas antitabaco si tú fumas?

Y en realidad es una situación personal que vivo, yo fumo, pero mi reflexión es: ¿Por el hecho de que tenga esa adicción, tengo que renunciar al derecho de proteger a los niños y proteger a los jóvenes? No, compañeras y compañeros.

Tenemos que seguir legislando para evitar que esos niños y que esos jóvenes, como algunos de los que estamos aquí presentes, porque me los he encontrado en basamento o me los he encontrado acá afuera también fumándose su cigarrito, no les pase lo que a nosotros nos está sucediendo.

Saludo con afecto a todos aquellos que nos ven en el Canal del Congreso. Y es aquí donde decimos que el tabaquismo cobra vidas humanas diariamente, mientras que las leyes antitabaco las pueden salvar.

En ocasión anterior subimos una iniciativa en donde solicitábamos el apoyo de todos ustedes para subir el IEPS en el tabaco y sus derivados.

Hoy solicitamos su apoyo, compañeras y compañeros, en la presente iniciativa que tiene como finalidad el aumentar la edad mínima para la venta de cigarros a las personas en el país. Dicha medida sin duda alguna tenemos la fe y la esperanza que podrá contribuir a disminuir muertes por adicción al cigarro y al tabaco en edad temprana.

En México, 17.3 millones de personas fuman y 12 millones de personas son fumadores pasivos. Es decir, si tenemos en consideración que se calcula que la población total de nuestro país son 112 millones de personas, casi 30 millones son dañadas por el consumo del tabaco. Esto significa que casi 3 de cada 10 mexicanos son perjudicados con el humo de los cigarrillos.

La campaña de educación y las leyes para el control del tabaquismo podrían salvar un millón de vidas al año, según el Informe sobre el Control del Tabaco para la Región de las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud.

Especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, señalan que los jóvenes que han incurrido en el uso del alcohol y el tabaco antes de los 21 años de edad tendrán mayores probabilidades de transitar hacia el consumo de otras sustancias adictivas, como la mariguana, la cocaína y la heroína.

Todo individuo es propenso a volverse adicto a la nicotina y a otras sustancias antes de los 21 años, debido a que están teniendo el desarrollo cerebral. El cerebro de los adolescentes produce una gran cantidad de dopamina, además de que el lóbulo frontal del cerebro no se ha terminado de desarrollar, sino hasta los 21 años, lo que puede pasar rápidamente del gusto a la necesidad o incluso a la dependencia.

Es así que resulta urgente que el sector salud emprenda acciones para dar cumplimiento con el Convenio Marco para el Control del Tabaco, para evitar que los jóvenes empiecen a fumar, proteger a los no fumadores y ayudar a dejar a todas aquellas personas que sí lo hacemos.

En Estados Unidos ya son varios los estados que han modificado sus leyes para elevar la edad en la que está permitido fumar, siendo Nueva York el caso más paradigmático, cuando en el año 2013 estableció 21 años como edad mínima para fumar o para comprar cigarros.

Como país soberano tenemos la capacidad de establecer la edad mínima en la cual se pueden vender productos de tabaco, y para ello existe una Ley General de Control de Tabaco, la cual establece la edad en la que se pueden vender cigarros, específicamente en los artículos 15 y 17, materia de la presente iniciativa.

Compañeras y compañeros legisladores, han sido numerosos los esfuerzos de esta nación, nuestra nación, que ha hecho para prevenir las adicciones. No obstante, los diferentes niveles de gobierno deben adoptar políticas permanentes que permitan la mejora de la salud de los ciudadanos.

Diputadas y diputados, hagamos que esta legislatura pase a la historia salvando vidas; vidas que hoy son nuestros niños y son nuestros jóvenes; vidas que debemos asumir quienes ya estamos metidos en esto, asumir un reto y dejar el tabaquismo a un lado. Pero ocupamos también de empezar a modificar leyes que salven a nuestros niños y jóvenes. Es cuanto, señor presidente, por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 15 y 17 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 15 y I del 17 de la Ley General para el Control del Tabaco, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Las muertes que origina el consumo del tabaco son mayores a la suma de las que originan las demás drogas, legales e ilegales. Tan sólo en los Estados Unidos de Norteamérica provocan más de 480 mil muertes al año, según el Center of Desease Control and Prevention y, en el caso de nuestro país, es la principal causa de muerte no transmisible y prevenible.

La presente iniciativa tiene como finalidad aumentar la edad mínima a que se podrán vender cigarros a los ciudadanos en el país. La medida contribuirá a disminuir las muertes por adicción al cigarro a temprana edad.

Para ello, retomamos las expresiones del gobierno federal vertidas en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, donde se señala lo siguiente:

El abuso de sustancias psicotrópicas constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época, que se presenta tanto a nivel nacional como internacional. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las regiones del país.

Los estudios epidemiológicos, tanto nacionales como mundiales, nos demuestran que este fenómeno es cambiante y se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y con sustancias más dañinas. Se observa además un aumento en el uso de drogas en la mujer, tanto legales como ilegales.

Ante este panorama, desde el inicio de la administración del gobierno federal tiene como tarea toral velar por la salud, el bienestar y la seguridad de la población del país.

Del tabaquismo se derivan padecimientos que en su conjunto constituyen un grave problema de salud pública, porque entre otras consecuencias, reducen la calidad de vida de los consumidores e incrementan significativamente el gasto personal, no solo por el gasto en tabaco, sino por el costo que representa el tratamiento de los padecimientos derivados de la adicción.

La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que el consumo de tabaco cuesta a la economía mundial 200 mil millones de dólares anuales, y agrega que si bien es la principal causa prevenible de defunción en el mundo, cada año mueren cerca de 6 millones de personas a consecuencia del tabaquismo, de las que más de 600 mil corresponden a fumadores pasivos.

Debido a las anteriores consideraciones, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos el firme compromiso y obligación de impulsar políticas públicas en favor del bienestar general pero, sobre todo, de la juventud.

En México, el tabaquismo deja un saldo diario de 147 personas muertas y, al año, 53 mil decesos de los 6 millones que fallecen en todo el mundo por el consumo directo o indirecto del tabaco; además, 6 de cada 10 mexicanos están expuestos al humo de cigarros.

Continuando con estas cifras, la OMS ha calculado que de mantenerse dichas tendencias, se alcanzará la terrible cifra de 8 millones de personas fallecidas en el mundo para 2030.

Asimismo, estima que alrededor de 700 millones de niños en el mundo, casi la mitad de la población infantil, respira aire contaminado por humo del cigarro, principalmente al interior de los hogares, lo que resulta un factor de alto riesgo para la salud de la niñez y contribuye en gran manera a las cargas del sistema de salud por el tabaquismo.

De igual manera, es de considerar que el tabaco causa la muerte de la mitad de los 100 fumadores que adquieren el hábito en la adolescencia y que si siguen haciéndolo reducen su esperanza de vida notoriamente, que en el país ya es cercana a 80 años.

En los países del continente americano hay unos 145 millones de fumadores, quienes representan el 12 por ciento del total mundial; de éstos, a México corresponden 17.3 millones, de los que 12.30 por ciento son niños y adolescentes, a quienes se añaden más de 12 millones de fumadores pasivos. Es decir, casi 30 millones de personas en México son dañadas por el consumo de tabaco, 1 de cada 4 habitantes, si consideramos que la población total en 2016 oscilaba entre 119 millones de personas.

“Que no se prohíba fumar en espacios interiores tiene uno de los efectos más fuertes en la niñez. El humo pasivo es dañino para los niños porque sus pulmones están en proceso de desarrollo. En los países donde se restringe a 100 por ciento, los padres de familia tienden a fumar menos en sus hogares”, afirma Matthew Myers, presidente de la campaña Niños Libres de Tabaco.

Las campañas de educación y las leyes para el control del tabaquismo podrían salvar un millón de vidas al año, según el Informe sobre el control del tabaco para la región de las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud.

Entre los compromisos internacionales, México ha suscrito desde el 27 de febrero de 2005 el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, donde como país nos hemos comprometido a reducir la oferta y la demanda de tabaco entre la población, mediante políticas públicas y acciones que generen conciencia y eviten el consumo a temprana edad.

Para ello, las directrices establecen que es necesario monitorear el consumo del tabaco y aplicar políticas de prevención; proteger a las personas del humo que se respira por su consumo; ofrecer ayuda para dejar de consumir los productos que se derivan del mismo; advertir sobre los peligros para la salud; hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio, y aumentar los impuestos a dicho producto.

Para el país, es materia de salud pública el emprender acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Convenio Marco para el Control del Tabaco, a fin de evitar que los jóvenes empiecen a fumar, proteger a los no fumadores y ayudar a dejar de fumar a quienes lo hacen.

Tales medidas de política pública son importantes, dado que los recursos públicos destinados para la atención terapéutica y de rehabilitación por los padecimiento asociados al consumo del tabaco se estiman en 75 mil millones de pesos al año, atendiendo enfermedades como cáncer de pulmón, garganta, cavidad bucal, estomago, colon, enfisema pulmonar, paros cardiacos, problemas de colesterol, bronquitis, degeneración de la retina, problemas en el embarazo, problemas dentales, entre otros muchos otros.

Han sido numerosos los esfuerzos de la nación para prevenir y combatir adicciones; se crearon los centros Nueva Vida, con el objetivo de dar atención temprana en el tratamiento de las adicciones; en 2008 se publicó la Ley General para el Control del Tabaco, a fin de tener una normativa especializada en la producción, la distribución y el consumo de este producto.

En 2011 se creó la Comisión Nacional Contra las Adicciones, organismo encargado de coordinar la política nacional en materia de control y combate de las adicciones.

Pese a dichos esfuerzos por parte del Estado mexicano, estas acciones no han sido las suficientes en el combate de las adicciones, incluyendo el tabaquismo, al grado de volverse un imperativo el que los diferentes niveles de gobierno establezcan mejores políticas que permitan elevar la salud de los mexicanos.

México ha implantado medidas estrictas en el etiquetado de las cajetillas de cigarros y en el gravamen a los productos del tabaco; no obstante, estas medidas con el paso del tiempo se han quedado rezagadas y ahora es necesario actualizar las políticas públicas para el control del tabaco, a fin de que esta adicción no incremente su número de víctimas mortales.

En países como Brasil, la legislación contra el tabaquismo es avanzada, existen leyes estrictas que prohíben totalmente fumar en lugares públicos y cerrados para disminuir el efecto del humo en los fumadores pasivos; mientras, en Estados Unidos de América son crecientes las entidades que aumentan la edad mínima para fumar.

La persistencia en el consumo del tabaco en los mexicanos adultos es del 23.6 por ciento, de los cuales, 34.6 por ciento corresponde a los varones y 13.5 por ciento a las mujeres. Empero, el análisis entre la población adolescente enciende focos rojos, pues en el rango de edad de 12 a 17 años se observa una prevalencia de fumadores de 12.3 por ciento y, al desagregarlo por sexo, se encuentra que 16.4 por ciento de los adolescentes hombres son fumadores, mientras que 8.1 por ciento de las adolescentes mujeres son fumadoras.

Pese a que en México ha disminuido la prevalencia actual del consumo del tabaco en adultos, en los jóvenes sigue siendo de los más altos índices de prevalencia en el continente, superados sólo por Brasil y Chile, según el Informe sobre el Control del Tabaco en las Américas 2011.

Argumentos

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 señala: “El tabaquismo continua siendo un gran problema de salud pública, especialmente entre los adolescentes, adultos jóvenes y las mujeres, con una tendencia al incremento en la frecuencia de consumo y la exposición al humo del tabaco”.

Especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” señalan que los jóvenes que han incurrido en el uso de alcohol y tabaco antes de los 21 años de edad, tendrán mayores probabilidades de transitar hacia el consumo de otras sustancias adictivas como la marihuana, la cocaína y la heroína.

Lo anterior se debe a que el cerebro de los adolescentes produce gran cantidad de dopamina, además de que el lóbulo frontal del cerebro no se ha terminado de desarrollar sino hasta los 21 años, lo que puede pasar rápidamente del gusto a la necesidad y la dependencia de sustancias como la nicotina en los casos en que el cerebro ha tenido que adaptarse a su uso constante.

Las investigaciones muestran claramente que respirar humo de tabaco causa cáncer, así como muchas y muy diversas enfermedades graves del aparato respiratorio y cardiovascular en niños y adultos, las cuales a menudo conducen a la muerte, lo que deriva en la conclusión de que no existe un nivel seguro de exposición al humo del tabaco.

En el país, cada fumador adulto consume 6.6 cigarros al día según la Encuesta Nacional de Adicciones, mientras que los adolescentes fuman 4.1. Otro dato relevante de las tendencias de los fumadores en el país, motivo de la presente Iniciativa, es que los fumadores comienzan el consumo diario en promedio a los 20 años, tal es la edad para los hombres y 21 años para las mujeres.

Para el consumo diario del cigarro por lo general hay una etapa previa de tabaquismo, donde el consumo es eventual, para posteriormente convertirse en una adicción.

En Estados Unidos, varios estados han modificado sus leyes para elevar la edad en la que está permitido fumar; siendo Nueva York el caso paradigmático que en 2012 estableció los 21 años como edad mínima para fumar y poder comprar cigarros. A éste le siguió Hawái en 2016 (1 de enero) y California (9 de junio), sin dejar de mencionar que muchas de las principales ciudades del vecino del norte tienen regulaciones muy estrictas para la compra-venta de cigarrillos a menores de 21 años.

Las razones para implantar dichas regulaciones son inobjetables, Michael Bloomberg, el entonces alcalde de Nueva York, al anunciar la vigencia de la medida en octubre de 2013 declaró: “Sabemos que la dependencia al tabaco puede comenzar muy pronto, luego de que un joven pruebe por primera vez el cigarrillo, por lo que es crucial que les detengamos antes de que comiencen a fumar. Aumentando la edad de fumar a 21 años, ayudaremos a prevenir otra generación con problemas de salud y con menos expectativa de vida como resultado de fumar”.

México ha adquirido un compromiso internacional, y con sus ciudadanos, de adoptar medidas legislativas que protejan a sus habitantes de la exposición al humo del tabaco; por ello, el objetivo de esta Iniciativa es elevar la edad para poder comprar productos del tabaco, toda vez que estará prohibido por la Ley General para el Control del Tabaco el comercializar, vender o suministrar dichos productos a quienes no acrediten ser mayores de esta edad.

En concordancia con los compromisos internacionales en materia de protección de la salud, así como en la búsqueda del bienestar de la ciudadanía mexicana, se estará cumpliendo cabalmente el combate de los males que afectan la salud pública de la sociedad, específicamente del cigarro.

La industria tabacalera, encabezada por las empresas Philip Morris International y British American Tabacco Company, despliega diferentes tácticas con el objetivo de degradar las políticas públicas dirigidas a controlar y disminuir el tabaquismo.

Incluso, se reconoce en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 el cabildeo que realiza la industria tabacalera entre los tomadores de decisiones para conseguir sus objetivos y evitar cualquier política que ataque la epidemia de tabaquismo.

No obstante, es nuestro deber como legisladores el velar por un bienestar mayor para los mexicanos, e implementar políticas y programas destinados al combate paulatino de las adicciones. De manera específica, lo que se plantea como logro final de esta iniciativa es disminuir significativamente la iniciación juvenil en el consumo del cigarrillo, por lo menos hasta una edad donde se es menos propenso a crear adicción a una sustancia nociva.

Teniendo en consideración la evidencia científica, la situación epidemiológica en el país y el compromiso de México en el combate a las adiciones y al tabaquismo, la presente Iniciativa plantea establecer a 21 años la edad mínima para poder comprar productos de tabaco.

La Ley General para el Control de Tabaco establece la prohibición de venta a menores de edad; con la aprobación de la presente reforma quedará prohibida la venta, el comercio, la distribución, la donación, el regalo o el suministro de productos del tabaco a menores de 21 años de edad.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 15 y I del 17 de la Ley General para el Control de Tabaco

Único.Se reforman las fracciones I y II del artículo 15 y I del 17 de la Ley General para el Control de Tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 15.Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones:

I. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas sobre la prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores de 21 años;

II. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco que acredite su mayoría de 21 años de edad con identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá realizarse lo anterior;

III. y IV. ...

...

Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:

I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de 21 años de edad;

II. y III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Disponible en http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_ TABACO.pdf

2 Organización Mundial de la Salud, 2014. Día Mundial sin Tabaco. Disponible en http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2014/ event/es/

3 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Dirección General de Servicios México. Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM. Tabaquismo y cifras de daño a la salud en México y en el mundo. Disponible en http://www.pve.unam.mx/eventos/ capsulasInf/capsulasInf18.pdf

4 UNAM, Obra citada.

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mujeres y hombres en México 2015. Disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101256.pdf

6 Disponible en http://www.sinembargo.mx/31-05-2013/638709

7 http://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article &id=551:informe-sobre-control-tabaco-region-americas-2013 &Itemid=215

8 Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Tabaco. Comisión Nacional contra las Adicciones, Secretaría de Salud, primera edición, México, 2012. Disponible en http://www.conadic.salud.gob. mx/ pdfs/ENA_2011_TABACO.pdf

9 Inegi. Obra citada.

10 Traducción libre, tomado de Statements of Mayor Bloomberg, Health Commissioner Farley and Finance Commissioner Goldman on City Council Passage of New Legislation to Further Reduce Smoking Rate, 30 de octubre de 2013.

Disponible en http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/351-13/statements-mayor-bloomberg- health-commissioner-farley-finance-commissioner-goldman-city

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Francisco Javier Pinto Torres,Eloisa Chavarrias Barajas, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Gretel Culin Jaime, Jesús Antonio López Rodríguez, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Luis Gilberto Marrón Agustín, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, René Mandujano Tinajero (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Javier Pinto Torres. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado cumplido. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Sí, presidente, únicamente para solicitarle al diputado Pinto si me permite suscribirme a su iniciativa. Pero, asimismo, hacer un pequeño comentario y decirle que eso que él solicita lo hemos solicitado de manera permanente a la Comisión de Salud, en donde algunos diputados y, específicamente, los del PRI, no nada más han atorado las iniciativas que van de cara a fortalecer la salud de los mexicanos, sino que no toman una definición clara y después de negarse a votarlas, las presentan ellos como si fuesen de ellos.

Debemos ser congruentes y es por eso que hoy no sólo apoyo la iniciativa del diputado Pinto, sino también solicito que vayamos de cara a la nación a buscar proteger sobre todo la salud de los que más lo necesitan. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. El diputado Pinto da su aceptación a esta suma y está a su disposición esta iniciativa aquí en la Mesa de la Secretaría.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO



LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura de fecha 13 de julio de 2016, la diputada Guadalupe Hernández Correa, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición Energética.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados el proyecto en comento y ésta a su vez lo remitió a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La diputada Hernández Correa refiere que la reforma que plantea a la Ley de Transición Energética -LTE- tiene como finalidad ampliar el concepto de Aprovechamientos Sustentables de la energía, introduciendo en dicho concepto el que se garantice en todo momento la salud de la población de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de lo anterior, la legisladora plantea la necesidad de disminuir los impactos negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía, con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las persona.

Por otra parte, la legisladora advierte que el cambio climático es la mayor amenaza ambiental de este siglo, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud y el desempeño gubernamental, así como la participación del Poder Legislativo son trascendentales para minimizar las consecuencias del cambio climático.

En palabras de la diputada, la mayor parte de la energía que consumimos en nuestro país tiene como origen el carbón y el petróleo y esto representa un riesgo a la salud de los mexicanos, demostrado en las contingencias ambientales que han afectado recientemente a los habitantes de la Ciudad de México y del área metropolitana. Asimismo, la diputada reconoce que la ley en estudio tiene una orientación al cuidado del ambiente, pero concluye que lo hace de manera ambigua y no contempla el uso de la energía en términos de la salud de la población.

Adicionalmente, la legisladora también hace referencia al contenido de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente como vehículo para materializar el espíritu constitucional referente a la presentación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente. En relación a dicho ordenamiento jurídico, la diputada también considera que la ley debería fortalecerse, respecto a la protección de la salud y el cuidado del medio ambiente.

Por lo expuesto anteriormente la diputada Hernández Correa propone la siguiente reforma:

Decreto

Único. Se reforma el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición Energética, para quedar como sigue:

Para efectos de esta ley se considerarán las siguientes definiciones:

I. Aprovechamiento sustentable de la energía: El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética, con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las personas.

Transitorio

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la iniciativa, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, alude a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para conocer y resolver la materia del asunto que se analiza.

B. El artículo. 1° de la LTE establece como objetivo central regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Este nuevo marco jurídico pretende incentivar y promover las inversiones para la reconfiguración de la matriz energética y hacer un uso más intensivo de las energías renovables. La consecución de estos propósitos plantea beneficios al medio ambiente, la economía familiar y la salud de todos los mexicanos.

C.Por otra parte, es importante señalar que la LTE establece un vínculo directo con la Ley General de Cambio Climático (LGCC), en cuanto a las metas de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y de generación de electricidad provenientes de fuentes de energía limpia.

Es decir, el objeto de la LGCC enmarca su trascendencia en materia energética al garantizar el derecho a un medio ambiente sano y reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático.

D.La que dictamina concluye que el diseño de ambos instrumentos jurídicos, es decir, la LTE y LGCC son complementarios en la procuración de un ambiente sano, el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, por lo que la propuesta de la diputada Hernández Correa, se considera un eslabón más en el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico tomando en cuenta que es congruente con los objetivos enmarcados en el artículo cuarto constitucional respecto a la garantía del derecho a un medio ambiente sano.

En este orden de ideas, la propuesta de la legisladora robustece la definición del aprovechamiento sustentable de la energía y con ello se enfatiza uno de los fines más distinguidos de nuestros ordenamientos jurídicos: la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud de la sociedad.

A partir de lo anterior, se considera que la reforma propuesta a la LTE permitirá ampliar el espectro y la visión de estado en la formulación de la política nacional, para que en las actividades de explotación, producción, transformación, distribución y consumo de energía, se haga un uso óptimo de la energía, tomando en cuenta la sustentabilidad, pero además, privilegiando el bienestar y salud de las personas, así como la protección del medio ambiente.

Bajo esta óptica, la reforma planteada busca incrementar la responsabilidad ambiental y contribuir a una reflexión y análisis mucho más profundo respecto a las obras o actividades que puedan afectar o dañar al medio ambiente.

La que dictamina considera que la reforma a la LTE favorecerá que la transición energética se realice con una visión mucho más integral y conlleve a una mejor salud de la sociedad y al respeto irrestricto del medio ambiente.

E. A partir de las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de la Comisión de Energía, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Decreto

Único. Se reforma el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de esta ley se considerarán las siguientes definiciones:

I. Aprovechamiento sustentadle de la energía: El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética, con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las personas;

II. a XL...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

La Comisión de Energía, diputados:Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), presidenta; Jerico Abramo Masso (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Fernando Navarrete Pérez (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Augusto Rendón García (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García, Elio Bocanegra Ruiz, Julio Saldaña Morán, Sofía González Torres (rúbrica), Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), secretarios; Leonardo Amador Rodríguez (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas, Susana Corella Platt (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Daniela de los Santos Torres, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Luis Manuel Hernández de León, David Jiménez Rumbo, Érick Alejandro Lagos Hernández, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Georgina Trujillo Zentella, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Georgina Trujillo Zentella:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. A nombre de todos los legisladores que integramos la Comisión de Energía, ponemos este día a consideración de ustedes el siguiente dictamen, que define con mucha mayor precisión el aprovechamiento sustentable de la energía.

Pretendemos con este dictamen apuntalar los objetivos de la Ley de Transición Energética, conforme a su artículo 2°, dentro de los cuales se encuentran apoyar la Ley General de Cambio Climático en todo aquello relacionado con las metas de reducción de gases y compuestos de efecto invernadero, para mejorar la salud y el medio ambiente.

Mediante la modificación de la definición del aprovechamiento sustentable de la energía, se plasma de manera expresa la procuración de la salud de la sociedad y la protección y el cuidado del medio ambiente, lo cual está en concordancia con lo dispuesto en los artículos transitorios décimo séptimo y décimo octavo, del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, y que sustentaron la creación de la Ley de Transición Energética.

Del análisis realizado al interior de la Comisión de Energía, consideramos que con la aprobación de este dictamen, la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático continuarán mejorando su cooperación y coordinación, ya que son instrumentos jurídicos en aras de la procuración de un ambiente sano del desarrollo sustentable, así como de la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Sin duda, esta reforma contribuye a un análisis más profundo respecto a las actividades que puedan afectar o dañar el medio ambiente y a la prevención de posibles afectaciones a los ecosistemas frente a los efectos de cambio climático, derivados de la industria eléctrica.

Esta propuesta constituye un eslabón más en el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico, tomando en cuenta que es congruente con los objetivos enmarcados en el artículo 4° constitucional, respecto a la garantía del derecho a un medio ambiente sano.

A partir de lo anterior, ampliamos el espectro y la visión de Estado en la formulación de la política nacional, para que en las actividades de explotación, producción, transformación, distribución y consumo de energía se haga un uso óptimo de esta, tomando en cuenta la sustentabilidad, pero además privilegiando el bienestar y la salud de las personas, así como la protección de nuestro medio ambiente.

Compañeras y compañeros legisladores, con esta reforma al artículo 3°, fracción III, de la Ley de Transición Energética, se robustecen dos de los derechos más importantes de nuestra Carta Magna, en su artículo 4°, la protección de la salud de las personas y un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Por esta razón, compañeras y compañeros diputados, los exhortamos a sumarse al apoyo de este dictamen y votar en su favor. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Trujillo Zentella.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra, hasta por cinco minutos cada uno. El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario Encuentro Social. El diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Fernando Navarrete Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con su permiso, señor presidente. El dictamen que hoy discutimos se refiere, una adición al artículo 3, con la finalidad de aprovechar el aprovechamiento sustentable de energía, protección ambiental y el equilibrio en los ecosistemas.

Se le está anexando al artículo 3, en su párrafo 1, una fracción que dice, dice: con la finalidad de proteger el medio ambiente, mantener el equilibrio en los ecosistemas para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las personas.

Es muy importante, sobre todo lo que venga a modificar el tema de las reformas a la Ley del Medio Ambiente, sobre todo porque esto va a formar parte de una cultura, una cultura de protección al medio ambiente.

En México vamos un poco atrasados en el tema de poder difundir lo que es la protección al medio ambiente. Hemos visto durante, pues algunos ya años, el deterioro del medio ambiente en toda la República.

Y nos preocupa mucho esto porque México trae un problema, sobre todo, de la dependencia en la energía, de la dependencia energética. Y nos preocupa que en México no estemos preparados, porque tiene la necesidad el país de poder producir grandes cantidades de gasolinas, de petróleo, de gas natural, de todo aquello que ayude a mover, como dice un eslogan: a mover a México.

Es importante que la cultura del medio ambiente esté arraigada en las familias de México, porque necesitamos ponernos de acuerdo para la protección de ella y, sobre todo, prepararnos para los cambios importantes que vienen en tecnologías, en lo que viene a medir el tema de la salud en el medio ambiente.

Es por eso que Encuentro Social aplaude esta medida y ojalá que todos los grupos parlamentarios podamos proponer cambios y reformas a la Ley del Medio Ambiente, que podamos proponer cambios y reformas al uso de la energía que utilizamos para mover a nuestro país.

Es por eso que es importante aprobar esta reforma y solicitarles a todos. Un gran tema que está pendiente en México es la autosuficiencia en la energía, es por eso que esta reforma está basada en algo importante para poder lograr que México tenga una vida más sustentable y que las familias de nuestro país tengan una salud mejor para todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ferreiro Velazco. Tiene la tribuna el diputado Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Manuel Hernández León:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en esta ocasión me refiero al dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3° de la Ley de Transición Energética, cuya finalidad es ampliar el concepto de aprovechamientos sustentables de energía.

Uno de los ejes estratégicos del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es precisamente el desarrollo sustentable, garantizar la salvaguarda del medio ambiente y establecer normas para que las industrias desarrollen a plenitud sus actividades, con absoluto respeto al entorno ecológico son principios en los que se basa nuestra labor legislativa.

El dictamen que se pone a consideración de esta asamblea pretende incrementar la responsabilidad ambiental y contribuir a una reflexión y análisis mucho más profundo respecto a las obras o actividades que puedan afectar o dañar al medio ambiente.

Lo anterior es acorde con el objetivo primordial, tanto en la propia ley que se pretende reformar como con los de la Ley General del Cambio Climático.

La primera señala que su propósito es regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes en la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos; mientras que la segunda busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para atender el cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Además de regular estas emociones y compuestos para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono, entre otras.

En congruencia con ello, la propuesta pretende definir el aprovechamiento sustentable, como el uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética, con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las personas.

En Nueva Alianza, consideramos que la nueva definición le otorga al precepto una finalidad concreta de la que el texto vigente carece y con ello un alcance normativo mucho más amplio. Por esta razón, manifestamos nuestra anuencia con la nueva redacción, al ser más acorde con los objetivos planteados en la Ley General del Cambio Climático que está estrechamente vinculada con el ordenamiento que estamos reformando.

Compañeras y compañeros diputados, en tener las políticas públicas de protección al ambiente y las leyes en que ésta se sustentan de manera integral y armónica, es una forma de hacerlas más eficaces. Con esto en mente, legislamos para garantizar a las nuevas generaciones un futuro sustentable.

En Nueva Alianza queremos un México más respetuoso del medio ambiente y de los recursos naturales, para ello nos esforzamos día a día. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Luis Manuel Hernández León. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

Esta Presidencia saluda a visitantes del estado de Querétaro, de los municipios de Peña Miller, San Juan del Río, Colón, Tequisquiapan, Querétaro, San Joaquín, y Pedro de Escobedo, invitados por la diputada federal María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien todavía es vicepresidenta. Adelante, diputado.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Gracias, presidente. Decía Marco Tulio Cicerón cada vez que subía a tribuna en el Senado de Roma: Carthago Delenda Est. Cartago debe ser destruida. Esto lo decía porque él tenía la obsesión de acabar con Cartago. Proporción guardada y 20 siglos después yo digo: Discursa Delenda Est. Los discursos deben acabarse o por lo menos limitarse.

De tal manera que en relación con este tema y reconociendo que la transición energética es inevitable y debemos todos apoyarla, qué bueno que ahora se agrega una frase que obliga a cuidar el medio ambiente. Los invito a votar en favor de este dictamen. Gracias y buenas tardes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Salomón Tamez Guajardo. Tiene el uso de la tribuna la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Guadalupe Hernández Correa:Con su venia, señor presidente. Diputados y diputadas. Buenos días a todos los presentes. Quiero dar las gracias a nombre de todos aquellos que aman y saben lo importante que es proteger a nuestra madre tierra y dar reconocimiento a los diputados federales que integran la Comisión de Energía, por dictaminar en positivo la iniciativa que presenté el 13 de julio del año pasado.

Uno de los aspectos más relevantes del ser humano es el derecho a un medio ambiente sano donde se vea favorecida su salud, su desarrollo y bienestar. En este sentido, se debe tener como principal objetivo cumplir lo establecido con nuestra Carta Magna en su artículo 4°.

El Estado mexicano está comprometido a trabajar implementando políticas públicas que construyan y fortalezcan dichas condiciones con base en un marco jurídico adecuado y específico.

Si bien es cierto que contamos con una ley especializada en la adaptación y mitigación del cambio climático, otra ley que tutela el derecho a un ambiente sano, la Ley de Transición Energética es un ordenamiento que contribuye a revertir las tendencias que amenazan a la naturaleza de la cual forma parte el ser humano; al mismo tiempo es una ley que protege la salud de la población al regular el aprovechamiento sustentable de la energía al fomentar las tecnologías limpias para su producción y al propiciar la reducción de gases de efecto invernadero protegiendo al ambiente y la salud de la población.

Sin embargo, era necesario incluir con claridad precisión una de las finalidades que debe contemplar esta ley reglamentaria. En este mismo orden de ideas, con la reforma que propongo, busco ampliar el concepto de aprovechamiento sustentable de la energía que establece dicha ley, incluyendo proteger el medio ambiente y el equilibrio de los ecosistemas para garantizar el derecho a la protección del desarrollo, el bienestar y sobre todo la salud de los mexicanos.

El INEGI y Semarnat, indican la mayor contribución de gases efecto invernadero producidos en el país, proviene del sector energético, el cual emite el 67.42 por ciento del total de las emisiones provocadas por distintas variables, de tal forma que si bien la reforma propuesta es tan sólo a la Ley de Transición Energética, al ampliar con claridad un concepto fundamental de esta señalando de forma explícita la finalidad del aprovechamiento sustentable de la energía, potencializa el andamiaje jurídico ambiental de nuestro país, a la par que brinda una protección más amplia a los derechos humanos como lo son el derecho a un ambiente sano, al desarrollo y la bienestar y a la salud.

El Grupo Parlamentario de Morena tiene presente que uno de los temas más relevantes en la actualidad es el medio ambiente, principio rector para crear las condiciones de vida adecuadas para que todos vivamos en un medio ambiente óptimo que se traduzca en una buena salud, desarrollo y bienestar. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Guadalupe Hernández Correa. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta presidencia saluda a integrantes de la Universidad Salvador Díaz Mirón, del estado de Puebla, invitados de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez. Bienvenidos, bienvenidas.

El diputado José Antonio Arévalo González:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados, el cambio climático es una realidad que no podemos minimizar. El clima mundial está cambiando derivado del calentamiento de la tierra, y esto trae consigo múltiples afectaciones a la salud humana, manifestándose en enfermedades infecciosas, alterando significativamente los ecosistemas y la producción de alimentos, aumentando la frecuencia y potencia de los fenómenos meteorológicos, tales como huracanes, cambios extremos de temperatura, inundaciones y sequías, lo cual sin duda alguna, impacta considerablemente en el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas.

Derivado de lo anterior, el cambio climático se ha convertido en una de las mayores amenazas para la conservación del entorno natural, por ello resulta prioritario legislar a fin de minimizar el impacto negativo de sus efectos, y una forma de lograrlo es reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero a través de la utilización de energías amigables con el medio ambiente.

Los retos ambientales del mundo actual, hace necesario que las agendas gubernamentales consideren como elemento fundamental dar un enfoque de sustentabilidad a los procesos de producción y distribución y consumo de energéticos en aras de no seguir alterando el equilibrio de los ecosistemas para ayudar con ello a mitigar los impactos del cambio climático.

México cuenta con 59 zonas metropolitanas de las cuales al menos seis registran mala calidad del aire, pues ellas se rebasan constantemente los índices tolerables de contaminantes atmosféricos.

Uno de los factores principales que genera esta situación, es el origen de la energía que consumimos, pues la mayor parte de ella proviene de la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

Dado que los combustibles fósiles son recursos no renovables, pero sobre todo que son altamente contaminantes, surge la necesidad de fomentar el uso de energías sustentables en el sector productivo, a fin de reducir la huella ecológica que las actividades cotidianas del ser humano dejan en el medio ambiente, y con ello generar las condiciones propicias para garantizar que las personas vivan adecuadamente.

La legislación mexicana contempla en el artículo 4° de la Carta Magna la obligación del Estado de garantizar el respeto al derecho de las y los mexicanos a un medio ambiente sano para su bienestar y desarrollo.

Asimismo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece los lineamientos para la preservación y restauración del medio ambiente en el territorio nacional y aquellas zonas sobre las cuales la nación ejerce soberanía. Por su parte, dentro de la Ley de Transición Energética se contempla el uso de energías sustentables dentro del proceso productivo de energéticos y combustibles.

El marco legal antes señalado precisa los espacios conquistados por la sociedad mexicana en términos del cuidado del medio ambiente, sin embargo aún hay mucho por hacer para asegurar la utilización de energías sustentables dentro del sector productivo e industrial que cada vez sea más utilizado.

Está demostrado que las energías limpias, como el sol, el agua, el aire y la biomasa, son una de las mejores alternativas para detener el deterioro ambiental; y los beneficios para la sociedad son integrales, pues además de proteger la naturaleza éstas tienen un gran potencial para contribuir a mejorar la economía y la salud de las familias mexicanas.

En este contexto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la aprobación del presente decreto, porque estamos plenamente convencidos de que la reforma propuesta permitirá abonar al cumplimiento del compromiso de nuestro país a generar el 35 por ciento de la electricidad que consumimos mediante energías limpias para el año 2024, en beneficio de la salud y el bienestar de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Arévalo González. Tiene el uso de la tribuna el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Julio Saldaña Morán:Con su venia, diputado presidente. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, la iniciativa a discusión busca el aprovechamiento sustentable de la energía, que tenga la finalidad de proteger el medio ambiente y de mantener el equilibrio en los ecosistemas para el adecuado desarrollo, bienestar y la salud, que es lo más importante, la salud de los ciudadanos, oportunidad para reflexionar sobre el tema de la energía y la sustentabilidad. Es una gran reflexión.

En la actualidad es más que evidente que no podemos seguir dependiendo de los ingresos petroleros y del gas, en un país de tanta oportunidad en energías renovables. Como dilapidamos durante años nuestra riqueza petrolera ahora cada vez más caro, y existen mayores riesgos industriales y ambientales al explotar los hidrocarburos. Ejemplo claro el aprovechamiento del gas de lutitas a través de fracturación hidráulica. Dios santo, qué contaminación. Dos. La búsqueda de hidrocarburos en agua profunda.

Asimismo, recordemos que una de las pruebas de la falta de sustentabilidad del actual modelo económico depredador de los recursos naturales es el cambio climático. Esto es causado principalmente por el modelo actual de producción energética global, que está contribuyendo con crecientes emisiones de gases que provocan el efecto invernadero en nuestro gran planeta.

Por eso, en los próximos años México va a cumplir metas de reducir emisiones de gases de efecto invernadero de manera voluntaria, a través de la Ley General de Cambio Climático.

Ya tenemos la primera meta de reducir emisiones en el año 2020, del 30 por ciento, con relación a la línea base. También en el año 2024 se debe generar un 35 por ciento de energía eléctrica proveniente de fuentes de energía limpia. La política y la planeación energética del país debe estar claramente articuladas a estas metas.

Por ello se necesita un cambio integral en el sector energético, que tenga el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable del país, en donde converjan en una acción integral programas y acciones que se dirijan a la protección del medio ambiente, al desarrollo económico y a la justicia social.

Es decir que de estos tres pilares del desarrollo sustentable, el económico, ya no sea el único que siga impulsando el proceso del desarrollo energético, en donde los temas sociales, como la pobreza y la desigualdad y los problemas ambientales, como la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, no sigan siendo relegados a un segundo plano.

Para esto se necesita un Estado mexicano fuerte, que ponga orden y rumbo a la adicción a los hidrocarburos, expresada en la fracasada reforma energética. Se necesita ordenar a exploración de los hidrocarburos con una visión de Estado, que trascienda los gobiernos sexenales en turno. Además, estamos mandatados a cambiar de manera responsable el modelo energético hacia las fuentes renovables de energía.

También debemos tener mayor eficiencia energética. No debemos seguir derrochando energía de una u otra forma.

Las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal deben ser también parte de esta revolución energética, deben tener capacidad para invertir en nuevas energías, investigar, innovar y producir nueva energía de fuentes limpias.

Necesitan ser mandatadas como empresas integrales y globales de energía, que nos brinden seguridad y soberanía energética al país. Pero, sobre todo, la transición energética debe ir encaminada a tener una visión de una vida digna para generaciones presentes, como las futuras, como es una real sustentabilidad energética.

Una visión de Estado debe tener el beneficio social, económico y ambiental, para que la gente de hoy y de mañana, con nuevos mandatos para la transición energética, tengamos mayor condición de vida.

Por lo anterior, represento al Grupo Parlamentario del PRD y en nombre –para decirlo más concreto– del Grupo Parlamentario del PRD, nuestro voto es a favor del dictamen de la Comisión de Energía, que esta iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición Energética, vamos desde luego a favor.

No sin antes hacer la mención que es una reforma más que se lleva a cabo. Hacer el exhorto en este pleno que debemos ser ya más eficientes en aplicar las diversas leyes, no sólo en el medio ambiente, en todo sentido, que se apliquen y se lleven a cabo. Esto nos anima y nos favorece a que vamos a favor, porque estamos apostando que no sólo es una reforma en el papel, sino una reforma que se lleve a cabo en el terreno para tener un mejor ambiente y así una mejor salud para los mexicanos.

Un fuerte saludo a todos los que coincidimos que debemos de tener unos mejores resultados, producto del trabajo de todos los grupos parlamentarios. El PRD, por ello y por mucho más vamos a favor. Saludos a todos los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Saldaña Morán. Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar:Buenas tardes, compañeros y compañeras. Diputado presidente, una despedida como te mereces, gracias por haber encabezado esta Mesa Directiva durante estos seis meses. Saludo a todos los compañeros diputados y diputadas, a los que nos están viendo por el Canal del Congreso.

Estamos hablando del dictamen que reforma la fracción I, del artículo 3o., de la Ley de Transición de Energía, y con todo respeto, al diputado Macedonio Tamez, creo que es importante que hagamos estas deliberaciones y sería bueno reducir los espacios, pero sí es importante que tengamos estos posicionamientos de los diferentes grupos. Claro, en esta ocasión nos toca una ley que es muy benévola, una reforma que hace que todos estemos en el mismo sentido.

Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se presenta aborda fundamentalmente tres ámbitos, que se encuentran estrechamente ligados, que es la producción de la energía, el cambio climático y la salud, son tres asuntos que nos preocupan mucho a todos.

La modificación de la Ley de Transición Energética precisa la finalidad y los objetivos en el uso y el proceso de producción de energía renovable y limpia, lo cual permite solventar una omisión de este ordenamiento al definir lo que se busca en el aprovechamiento sustentable de la energía.

Con esta reforma se orienta la acción del gobierno en toda la cadena de producción y consumo de energía sustentable. Es decir, se establece el camino y el horizonte, para contribuir a la protección del medio ambiente, al equilibrio de los ecosistemas nacionales y al cuidado de la salud de la población, con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los mexicanos y en todos los niveles de nuestro país.

La importancia de este cambio en la ley implica el reconocimiento por parte del Poder Legislativo de los efectos que hasta hoy han sufrido tanto el medio ambiente como la población con la producción de energía a partir de los métodos tradicionales, como son las fuentes fósiles.

Sus consecuencias han provocado el llamado cambio climático, que ha sido abordado ya muchas veces, que se ha traducido en la elevación de la temperatura a nivel global, fenómenos meteorológicos y climatológicos extremos entre los más conocidos por todos.

Sin embargo, se difunde sobre otros riesgos sanitarios vinculados a este patrón de consumo de energía generada a través de los fósiles, entre ellos la elevación de infecciones por causas alimentarias y contaminaciones en los mantos de agua que produce que se escasee el agua potable. El aumento en la desnutrición debido a la baja producción de víveres en las tierras áridas o pobres en nutrientes, principalmente en regiones marginadas o pobres que no tienen un apoyo extraordinario.

Con un contexto mundial y nacional donde las fuentes convencionales de energía fósil se reducen y los efectos del cambio climático están generando daños en la salud de la población, es fundamental impulsar la transición energética como lo estamos haciendo hoy, esta tarde.

La reducción de las emisiones de dióxido de carbono, a partir de energías renovables traerá ventajas en todos los ámbitos, principalmente en el sector salud, ya que permitirá reducir la tasa de mortandad mundial, y sobre todo, la tasa de mortandad infantil y la nacional a causa de la contaminación del aire.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoyará este dictamen que se discute para reconocer las necesidades que tenemos como nación de transitar hacia fuentes de energía renovable a la brevedad posible.

Nuestro grupo parlamentario presentó la Ley de Transición Energética hace unos años y ahora impulsamos toda actualización que permita una mejor implementación al respecto.

En este sentido es y será fundamental reconocer que para que la legislación general logre cumplir sus objetivos es necesario tener claridad de la meta a la cual se quiere llegar.

En el caso de la producción energética y la transición hacia fuentes renovables limpias es requisito indispensable incorporar en los principios que la sustentan, procesos y definiciones que permitan el ejercicio de derechos como el que tiene toda persona, a un medio ambiente sano y a buenas condiciones de salud.

Es, por lo tanto, que el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional votará a favor de este dictamen que reforma la fracción I del artículo 3° de la Ley de Transición Energética. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Blanco Zaldívar. Tiene el uso de la tribuna el diputado Fernando Navarrete Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

Esta Presidencia saluda la visita del Colegio de Arquitectos de Morelos. Bienvenidas, bienvenidos todos. Igualmente, a los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados del diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.

Igualmente saludamos a vecinos del municipio de Tecámac, invitados por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro. Y a invitados especiales de diferentes estados de la República, invitados del diputado Waldo Fernández González. Bienvenidas, bienvenidos todos. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Navarrete Pérez:Con su venia, señor presidente. Por supuesto que cuando acontezca, mi reconocimiento especial a su gestión. Y por supuesto el deseo del mayor de los éxitos a la diputada Murguía.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.

El diputado Fernando Navarrete Pérez: Estos primeros comentarios podrían parecer obviedades, pero creo que convienen por el tema que nos ocupa. El ambiente es lo que nos rodea, amalgama de ecosistemas, flora y fauna que hacen de México sinónimo de diversidad natural; medio en el cual se desenvuelve toda vida y también todo grupo social. Por eso, el ambiente es el entorno que compartimos todos y cuidar de él debe ser también responsabilidad compartida por todos.

Los diputados del PRI queremos un México con eficiencia energética y una consistente reducción de nuestra dependencia de nuestros combustibles fósiles, aprovechando el potencial en la generación de energía proveniente de fuentes renovables. Estamos comprometidos a trabajar por el futuro en aras de garantizarle un entorno sustentable a las próximas generaciones. Por eso, desde nuestra plataforma electoral, nos comprometimos a impulsar la generación de energías renovables y limpias, como lo ha reconocido el presidente Enrique Peña Nieto durante su gobierno.

México impulsa una audaz transición energética hacia fuentes más limpias y renovables, por eso su administración ha invertido más de 150 millones de dólares en la creación de los centros mexicanos de innovación en energía. Ha construido 27 parques eólicos, logro disminuir 48 por ciento el uso de combustóleo para la generación de energía eléctrica entre 2012 y 2015. Suscribió la iniciativa Cero Quema Rutinaria de Gas al 2030, promovida por el Banco Mundial, que busca conservar y aprovechar el gas asociado al petróleo en forma sustentable.

Ha logrado reducir 20 por ciento de la energía a partir de fuentes limpias, respecto de la meta de 35 por ciento planteada para 2024 y ha promovido la sustitución de maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración eficiente a través de incentivos fiscales.

En la misma concordancia, los diputados priistas de la LXIII Legislatura, aprobamos la Ley de Transición Energética que regula el aprovechamiento sustentable de la energía, promueve las energías limpias y reduce la contaminación en la generación de electricidad. Ahora, nos corresponde reformar esta ley para garantizar que se haga un uso óptimo de la energía, tomando en cuenta la sustentabilidad y privilegiando el bienestar y la salud de las personas, así como la protección al medio ambiente.

Nuestra Constitución Política mandata en su artículo 4° que todos los mexicanos tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantiza el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.

Al respecto, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, hemos realizado enormes esfuerzos para promover un sector energético responsable con nuestro medio ambiente, tal es el caso de la Ley de Transición Energética publicada el 24 de diciembre de 2015, la cual tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, facilitar el cumplimiento de las metas de energías limpias y eficiencia energética de una manera económicamente viable, así como determinar las obligaciones en materia de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Ello significó un gran avance para transitar hacia un modelo energético sustentable que garantice equilibrio entre el desarrollo del sector y el cuidado a nuestro planeta.

Votaremos a favor del presente dictamen que reforma el artículo 3 de la Ley de Transición Energética para fortalecer dicho ordenamiento, incorporando como una de las finalidades del aprovechamiento sustentable de la energía proteger el medio ambiente y mantener el balance en los ecosistemas para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las personas.

Compañeras, compañeros diputados, Margaret Mead estaba en lo correcto al afirmar que no tendremos una sociedad si destruimos le medio ambiente, pues en este se desarrolla la primera. Por eso es nuestra responsabilidad legislar para contribuir a heredar un México y un planeta sanos a las futuras generaciones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Navarrete Pérez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen.

La Secretaria Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falta de emitir su voto? ¿Algún diputado o diputada que falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 414 votos a favor, 1 abstención y 4 votos en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 414 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LX1II Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII; 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada el 16 de marzo de 2016 en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, presentó la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés y Mario Ariel Juárez Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena.

SEGUNDO. Con fecha 16 de marzo de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-688, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

TERCERO. Mediante oficio No. CCC/LXIII/0519 de fecha 18 de marzo de 2016 la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la iniciativa turnada, a los diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 11 de octubre de dos mil dieciséis, para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

SEGUNDO. Que la Iniciativa, ante la creación de la Secretaría de Cultura, busca reformar el ordenamiento jurídico que regula la protección, conservación, difusión e identificación de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos de la nación, dotando de certeza jurídica los efectos que produce ante su ejecución, mediante la actualización de la designación de las entidades de la Administración Pública Federal que se encuentran facultadas para llevar a cabo acciones orientadas a preservar el patrimonio material cultural mexicano en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

TERCERO. Como antecedentes, el diputado autor de la iniciativa que se dictamina, expone la publicación del “ publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de diciembre del dos mil quince.

CUARTO. Señala el autor que ante la reforma, adición y derogación de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, se omitió la reforma de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a las disposiciones que facultan a la Secretaría de Educación Pública para conocer, intervenir y fungir como la entidad de la Administración Pública Federal competente ante la conservación, protección, y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, solicitando realizar en la redacción de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la sustitución de toda mención referida a la Secretaría de Educación Pública por la Secretaría de Educación Pública.

Lo anterior, propone el autor de la iniciativa, con el único objetivo de “ ...no crear vacíos legales e inconsistencias entre la Ley Orgánica del INAH, la Ley que crea al INBA, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y, por supuesto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, en la que las atribuciones relacionadas con monumentos arqueológicos, históricos y artísticos se eliminaron del artículo 38, que corresponde a las atribuciones y facultades de la Secretaría de Educación Pública, y se trasladaron al artículo 41 bis y que corresponden a la actual Secretaría de Cultura”.

QUINTO. Atendiendo a la naturaleza que origina la Iniciativa objeto de dictaminación, la Comisión de Cultura y Cinematografía considera de suma importancia la aplicabilidad y ejecución del marco jurídico que regula la protección, preservación, conservación y difusión de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural de México.

Por ello, derivado del estudio realizado al Decreto que da lugar a la creación de la Secretaría de Cultura, se encontró que en los artículos transitorios se atiende a la problemática planteada en la multicitada iniciativa, estableciendo lo siguiente:

TRANSITORIOS

El presente Decreta entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Consejo Nacional paro la Cultura y las Artes se transforma en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada Secretaria, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán referidas a la Secretaria de Cultura.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de la Secretaria de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban a lo Secretaría de Educación Pública...

Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura.

Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.”

Lo anterior deja claro que en virtud de la transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a Secretaría de Cultura, transfiere todas las facultades del primero a la segunda y señala en el octavo transitorio que las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaria de Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que derivado del Decreto no hayan sido modificadas, y cuyas disposiciones prevean atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en el mismo Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura, como es el caso de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

SEXTO. La Comisión de Cultura y Cinematografía estima que la controversia señalada en la iniciativa se encuentra solucionada ante la correcta consideración y aplicabilidad del marco jurídico correspondiente a la regulación del patrimonio cultural nacional, pero es de gran relevancia prevenir confusiones ante la consulta de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, salvaguardando la convicción de tener un sistema normativo congruente.

SÉPTIMO. No obstante, se considera que el artículo quinto transitorio excede a lo planteado por los promoventes, ya que en el contenido de sus considerandos, así como en el texto de su proyecto de decreto no se contempla la modificación de trámite alguno respecto a la Secretaría o sus Institutos.

Derivado de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Cultura y Cinematografía, estima dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Laura Beatriz Esquivel Valdés y Mario Ariel Juárez Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena, en sentido positivo, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2o segundo párrafo; 3o fracción II; 5o segundo párrafo; 5o TER fracciones I, IV, V y VII; 14, 20, 34 bis y 46 primer párrafo, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

ARTICULO 2....

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

...

ARTICULO 3....

I. ...

II. El Secretario de Cultura;

III. a VI.. ....

ARTICULO 5. ...

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Cultura, previo procedimiento establecido en los artículos 5o. Bis y 5o. Ter de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO 5 TER. ..

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último.

II. y III. ...

IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario de Culturael expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de en un plazo de treinta días hábiles.

V. Recibido el expediente por el Secretario de Cultura, si se tratara de una declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Cultura enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VI. ...

VII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

...

...

ARTICULO 14. El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura.

ARTICULO 20. Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de Cultura y los Institutos competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo.

ARTICULO 34 BIS. Cuando exista el riesgo de que se realicen actos de efectos irreparables sobre bienes muebles o inmuebles con valor estético relevante, conforme al artículo 33 de esta Ley, la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sin necesidad de la opinión a que se refiere el artículo 34 podrá dictar una declaratoria provisional de monumento artístico o de zona de monumentos artísticos, debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma Ley, que tendrá efectos por un plazo de 90 días naturales a partir de la notificación de que esa declaratoria se haga a quien corresponda, en la que se mandará suspender el acto y ejecutar las medidas de preservación que resulten del caso.

Los interesados podrán presentar ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura objeciones fundadas, dentro del término de 15 días contados a partir de la notificación de la declaratoria, que se harán del conocimiento de la Comisión de Zonas y Monumentos Artísticos y de la Secretaría de Cultura para que ésta resuelva.

...

ARTICULO 46. En caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un asunto determinado, el Secretario de Culturaresolverá a cual corresponde el despacho del mismo.

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los procedimientos y trámites en los que intervenga la Secretaría de Educación Pública relacionados con el presente ordenamiento, deberán enviarse a la Secretaría de Cultura para su seguimiento.

TERCERO.Las declaratorias de monumentos que hayan sido expedidas al amparo de la presente ley antes de la reforma, así como sus inscripciones, subsisten en sus términos y se aplicará lo señalado en el artículo Transitorio Segundo.

CUARTO. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura deberá proceder a actualizar el reglamento de la presente Ley y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente Decreto.

QUINTO. Cada uno de los Institutos deberá realizar la actualización de los trámites relacionados con la presente reforma ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dentro de los cinco días siguientes a la publicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Santiago Taboada Cortina (rúbrica), presidente; Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel, María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Diana Marcela Márquez Canales (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez (rúbrica), Luis Manuel Hernández León (rúbrica), secretarios; María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, José Everardo López Córdova (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rubrica), José Santiago López (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Genoveva Huerta Villegas, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Genoveva Huerta Villegas:Con su permiso, señor presidente. El proceso de creación de la Secretaría de Cultura fue, sin duda, un paso importante en el camino hacia el fortalecimiento de la cultura en nuestro país, hecho de importancia, pues ve en la cultura un eje fundamental para el desarrollo de la nación, así como el combate a la pobreza.

Sin duda tener una secretaría permite la consolidación de la política cultural del Estado Mexicano, dirigida hacia la promoción y difusión de la cultura, la protección, la conservación del patrimonio cultural, los estímulos a la creación y el fomento al libro y a la lectura, entre otros. No podemos dejar a la deriva la legislación cultural, la cual debe ser clara y bien dirigida hacia la protección, la preservación y la difusión del patrimonio.

En este sentido, el dictamen que hoy la Comisión de Cultura y Cinematografía pone a consideración de este honorable pleno, tiene la intención de reformar el ordenamiento jurídico que regula la protección, conservación, difusión e identificación de los monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas de la nación.

Para actualizar la designación de las entidades de la administración pública federal que se encuentran facultadas para llevar a cabo acciones orientadas a preservar el patrimonio material cultural mexicano y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esto con el objeto de dar certeza jurídica sobre los efectos que produce ante su ejecución.

Ya ante la creación de la Secretaría de Cultura, las atribuciones referentes a la cultura y el patrimonio fueron transferidas a ésta desde la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, se omitió reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos respecto a las disposiciones que facultan a la Secretaría de Educación Pública para conocer, intervenir y fungir como la entidad competente para la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, resultando pertinente la sustitución de toda mención referida a la Secretaría de Educación Pública por la de Secretaría de Cultura.

Por lo anterior, la comisión presenta este dictamen como resultado de la importancia de aplicar y ejecutar el marco jurídico que regula la protección, preservación, conservación y difusión de los bienes muebles e inmuebles que constituye el patrimonio cultural nacional, pues es necesario no dejar cabos sueltos o vacíos legales para la aplicación de la ley, encaminada a proteger y preservar una de las riquezas más valiosas que poseemos como nación, que es precisamente nuestro patrimonio cultural.

Por ende, el presente dictamen reforma los artículos 2°, segundo párrafo; 3°, fracción II; 5°, segundo párrafo; 5° Ter, fracciones I, IV, V y VII. Así como los artículos 14, 20, 34 Bis y 46 primer párrafo, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, para armonizarla con la legislación vigente, transfiriendo a la Secretaría de Cultura las facultades que tenía en dicha ley la Secretaría de Educación Pública. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Huerta Villegas.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y los siguientes diputados: La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social; el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muy buenas tardes. Honorable asamblea, el 18 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la Secretaría de Cultura, órgano de la administración pública federal encargado de coordinar las políticas de carácter cultural y artístico que sustituyó al extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

La transformación del ente, que durante años fungió como brazo de la Secretaría de Educación Pública, como referente y guía cultural de México, provocó razonables desajustes de concordancia y armonización en diversas leyes, una de las cuales fue la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, a la que recayó el dictamen que ahora nos ocupa.

En este sentido, el presente dictamen tiene como finalidad sustituir las menciones que dicha ley hace de la casi centenaria Secretaría de Educación Pública por la de la naciente Secretaría de Cultura, con la intención de armonizar dicho ordenamiento jurídico al resto del marco legal vigente.

Asimismo, con las reformas propuestas se ayuda a facilitar la comprensión de la ley al ciudadano inexperto ajeno al manejo de leyes.

Si bien, en el régimen transitorio de la reforma que dio origen a la Secretaría de Cultura se prevé que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes pasarán a depender de la nueva secretaría, resulta conveniente eliminar la posibilidad de generar confusiones en la interpretación y en la asimilación de la ley.

Por otra parte, el dictamen propone muy acertadamente un artículo segundo transitorio, para establecer que los procedimientos y trámites en los que intervenga la Secretaría de Educación Pública, con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, deberán ser remitidas a la Secretaría de Cultura para su seguimiento.

De la misma manera, encontramos valioso el hecho de que en el cuarto transitorio se brinda un plazo de 30 días para que la Secretaría de Cultura proceda a la actualización y publicación de un nuevo reglamento de la ley, cuya comprensión tenemos claro abonará a un mejor entendimiento de nuestro patrimonio histórico.

Por último, el quinto transitorio mandata al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes, para que actualicen los trámites relacionados con la presente reforma ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

En vista que las reformas contenidas en el presente dictamen resultan necesarias para la mejor comprensión de nuestro marco jurídico, los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social habremos de votar en favor del presente dictamen, pues apreciamos todo esfuerzo legislativo que versare sobre armonizar la legislación, y por ende acercarla a todas las comprensiones y experiencias del conocimiento. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Norma Edith Martínez Guzmán. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Amigos de los medios de comunicación.

El 17 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual se crea la Secretaría de Cultura.

La nueva institución es la encargada de elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura, así como también con la participación de otras entidades federales de conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de nuestro país. Pese a que ya ha pasado más de un año de la creación de la Secretaría de Cultura, su existencia y atribuciones aún no se han plasmado en todas las normas que impacta y persisten omisiones importantes que dejan en la ambigüedad su responsabilidad.

Ejemplo de ello es que hasta el momento no se ha realizado la reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas para establecer en ella las facultades de la nueva dependencia.

El dictamen que hoy nos ocupa pretende enmendar dicha situación, al reformar el ordenamiento con el propósito de facultar a la Secretaría de Cultura para conocer, intervenir y fungir con la entidad de la administración pública federal competente ante la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, tal como lo señala la reforma de 2015.

En Nueva Alianza nos manifestamos a favor de hacer las modificaciones necesarias en aras de armonizar la legislación y de esta manera dotar de certeza jurídica y evitar los vacíos legales que tanto pueden afectar la eficiente protección, preservación, conservación y difusión de los bienes muebles e inmuebles que constituyen nuestra riqueza y patrimonio cultural.

Ese patrimonio que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y, sobre todo, muestra al mundo la gran riqueza de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Méndez. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Coincido con lo que hace un momento señaló aquí mi compañero diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, que se debería de utilizar el tiempo que estamos en este pleno para debatir, para debatir temas que no nos damos el tiempo de hacer ni en comisiones ni en el pleno, para llamar más continuamente a comparecer a los integrantes del gobierno federal, del gabinete del presidente, y para tener verdaderamente un modelo de fiscalización y rendición de cuentas en el poder legislativo.

Usar el tiempo del debate en iniciativas, que son adecuaciones, que van de consenso, pues es una muy mala práctica, es una práctica de simulación y es una práctica que dedica o administra de muy mala manera nuestro tiempo.

Así es que, bueno, yo no les quitaré más del suyo, nosotros vamos a favor de esta adecuación del traslado de funciones, que estaban en la Secretaría de Educación a la Secretaría de Cultura y creo que es una iniciativa que tendrá que salir por consenso. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Álvarez. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, efectivamente, es lindo ver que todos nos ponemos de acuerdo, aunque coincidimos en que esto finalmente es un asunto de trámite.

Pues como ya lo han dicho otros compañeros, la importancia que para México tiene la creación de la Secretaría de Cultura, como un organismo que facilite y reforme los modos y maneras en que se han realizado la promoción de la cultura tanto material como inmaterial de nuestra nación, así como la protección de los patrimonios material, natural e intangible, nos mueve como legisladores a buscar que las leyes que guíen y regulen las actividades cultuales se hallen libres de cualquier ambigüedad, que permita el uso discrecional de las mismas por parte de algunos individuos o grupos inescrupulosos, tanto en los sectores públicos como en el privado.

El pasado 8 de septiembre de 2015, dentro del paquete económico que presentó el Ejecutivo federal se incluyó una iniciativa de ley para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de crear la Secretaría de Cultura.

En dicha iniciativa se transfiere a la nueva dependencia la totalidad de atribuciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y las responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública en materia cultural.

Dentro de dicho paquete de reformas no se incluyó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que establece las competencias de las dos instituciones emblemáticas dentro de los ámbitos cultural y patrimonial en México. El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Cuando la Comisión de Cultura y Cinematografía dictaminó sobre la propuesta presidencial señaló dentro de los transitorios correspondientes que en las leyes que no se modificaran se entenderán como atribuciones de la Secretaría de Cultura las disposiciones que en esta materia anteriormente correspondían a la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, nos parece pertinente reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para evitar confusión tratándose del patrimonio como materia cultural, artística, histórica o monumental. Y por tanto, dividir los conceptos y señalar claramente la responsabilidad de la Secretaría de Cultura, que deja de ser competencia de la Secretaría de Educación Pública.

Efectivamente, en esta ley y en la Ley General de Bienes Nacionales se asientan atribuciones de la Secretaría de Cultura, pero a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Letras.

Las ambigüedades han permitido que se afecte el patrimonio arqueológico nacional con algunos gobiernos estatales, como ha sido recientemente el caso de Cholula y las obras de infraestructura efectuadas dentro de la poligonal perteneciente a la zona arqueológica, que todo fue hecho conforme a la interpretación de la ley y fue administrativamente correcto pero afectó nuestro patrimonio arqueológico por la emisión de permisos de un departamento del INAH al que no necesariamente le correspondía.

Como legisladores de Morena nos corresponde estar con México en la elaboración de leyes que nos beneficien a todos. Pero más importante, verificar a cada paso que estos pequeños huecos aparentemente despreciables sean eliminados para que la interpretación que se haga de cualquier ley no sea en favor de algunos y en detrimento del pueblo mexicano en general.

Es por esto que apelo al voto favorable al presente dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Hernández. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Gracias. En su sentido más amplio, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad.

La cultura brinda al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ésta la que hace de nosotros seres racionales, críticos y éticamente comprometidos. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten; de tal suerte que los Estados deben tomar las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo. En nuestra legislación el derecho a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia se encuentra consagrado en el párrafo decimosegundo del artículo 4° de nuestra ley fundamental. Asimismo, se establece que es obligación del Estado promover los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura.

En virtud de lo anterior y para proteger de mejor manera los derechos culturales consagrados en la Constitución Política de nuestro país y en todos los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano es parte, el pasado 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea a la Secretaría de Cultura.

En dicho decreto se estableció que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se iba a transformar en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirían a la nueva estructura institucional.

Asimismo, se estableció que la Secretaría de Cultura sería la institución encargada de conservar, de proteger y de mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que son patrimonio cultural de la nación, facultad que anteriormente la ley le otorgaba a la Secretaría de Educación Pública.

Lo anterior se expresa con claridad en el artículo octavo transitorio del decreto que da lugar a la Secretaría de Cultura, el cual menciona que las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación Pública, respecto a las atribuciones y competencias en la materia de arte y de cultura, se entenderían ya referidas a la nueva Secretaría de Cultura.

Derivado de lo anterior y con el objetivo de otorgar certeza jurídica a las instituciones antes mencionadas, sobre los efectos que produce la creación de esta Secretaría de Cultura consideramos pertinente la sustitución de toda mención referida a la Secretaría de Educación Pública por la Secretaría de Cultura en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Por lo que aquí he expuesto, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen, ya que con la armonización normativa propuesta se da mayor claridad y mayor certeza a las facultades y acciones de la administración pública federal en materia de conservación de las zonas arqueológicas y los monumentos artísticos e históricos con los que cuenta nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Sandoval. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, la diputada Cristina Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna para presentar el posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre esta actualización que sustituye a la denominación Secretaría de Educación por Secretaría de Cultura conforme a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública recientemente aprobada.

La creación de la Secretaría de Cultura fue la oportunidad del gobierno federal, para colocar la cultura como uno de los pilares de su gobierno, lo cual de haberse priorizado fortalecería las identidades y culturas existentes en el país, dando cumplimiento a nuestra Constitución, que establece la composición pluricultural y otorga el derecho a la cultura y a los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

Sin embargo, el mensaje del gobierno federal ha sido el contrario, los recortes presupuestales aprobados por esta Cámara de Diputados, afectaran sensiblemente a ese sector en particular al relacionado con la preservación, cuidado y mantenimiento de los monumentos y zonas arqueológicas, al presentarse una reducción de los recursos destinados al INAH, en un 12.30 por ciento, lo cual no parecería grave; sin embargo, hay que recordar, que los recursos generados por el INAH en materia de autogenerados, son devueltos en una parte mínima por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que complica su funcionamiento y a lo cual la reducción presupuestal aunada a este no regreso de los autogenerados, tienen un impacto mayor.

Existe sin embargo otro aspecto importante que demerita y obstruye el funcionamiento de dicho instituto. El caso omiso de parte de ciertas autoridades para acatar los veredictos en cuanto a monumentos históricos, y para muestra dos botones.

El primero. El 30 de abril del año pasado en la ciudad de Hidalgo de Parral, Chihuahua, fue demolido un monumento histórico que databa del siglo XVIII y que se encontraba listado en el decreto que lo declaraba como una zona de monumentos históricos en esta ciudad.

Esto se realizó sin autorización y violando el procedimiento de suspensión instaurado por el INAH. El gobierno del estado, entonces en manos del priista César Duarte, decidió iniciar los trabajos de demolición para colocar una escultura ecuestre dedicada a Francisco Villa. Al ser cuestionado por su servidora, el gobernador se limitó a contestar que tenía la disposición de componer lo que se tuviera que componer, como si un inmueble del siglo XVIII pudiera tener una fácil compostura.

El segundo caso en la Ciudad de México. Existen y se reportan graves casos de destrucción patrimonial. En la delegación Cuauhtémoc, gobernada por Ricardo Monreal, por ejemplo, han sido dañados, pese a las protestas de vecinos y en muchas ocasiones a pesar de las advertencias del propio INBA, inmuebles catalogados como monumentos históricos de esta ciudad ignorando el programa de desarrollo urbano delegacional. Esta destrucción patrimonial es lamentable y a muchas luces su gravedad no puede pasar desapercibida.

Como lo han mencionado varios especialistas, la irresponsabilidad de este gobierno delegacional está dañando el patrimonio cultural e histórico de la delegación Cuauhtémoc, más que incluso lo que ocasiona al propio sismo de 1985.

Este patrimonio también deriva en un derrame económico para el país. Conforme a datos oficiales, el comportamiento de la visita de extranjeros a zonas arqueológicas y museos en 2015 es indicativo de esta derrama económica.

De los 32 millones de turistas extranjeros que visitaron el país, el 15 por ciento lo hizo para visitar algún sitio patrimonial. De las 23 mil 226 visitas al patrimonio cultural, el 20 por ciento fue de extranjeros. Incluso en 2014 el ingreso de divisas por llegadas de turistas internacionales nos arroja 615 millones de pesos, de los cuales se contempla que cerca de 45 mil 465 millones de pesos fueron por ingreso a sitios, monumentos y zonas arqueológicas administradas por el INAH.

Para el Grupo Parlamentario del PRD la promoción, difusión, acceso y creación cultural son fundamentales en la construcción de ciudadanía y fortalecimiento del tejido social.

Desde aquí y con motivo de este dictamen hacemos un atento exhorto a la Secretaría de Hacienda para que regrese en su totalidad los autogenerados por acceso a monumentos y zonas arqueológicas a los institutos encargados de su resguardo, lo cual permitirá su adecuado funcionamiento, así como el cumplimiento de los contenidos del artículo 4° constitucional en materia de derechos culturales. Es cuanto, presidente diputado.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Gaytán. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. Con la creación de la Secretaría de Cultura, a través de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de otras leyes, se logra un avance trascendental en el diseño institucional que permite facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales a todos los ciudadanos y ciudadanas, y esto es así porque se le otorgan a la Secretaría de Cultura atribuciones que le permiten garantizar el derecho universal de acceso a la cultura y otorgar la seguridad del ejercicio de los derechos culturales bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Sin embargo es importante que continuemos con la revisión de la legislación buscando lograr una armonía de todas las normas en la materia. Aunado a ello también es nuestra tarea impulsar políticas públicas que contribuyan a ese ejercicio pleno del derecho a la cultura por parte de la población.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos de que la cultura es una de las herramientas fundamentales que permiten igualar la oportunidad a todos los ciudadanos, y en este orden de ideas coincidimos con las reformas contenidas en el dictamen que hoy discutimos porque creemos que debe existir claridad y congruencia entre las diversas leyes en materia de cultura.

Actualizar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en concordancia con lo previsto en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal –es por la que se crea la Secretaría de Cultura– resulta relevante porque permite eliminar aquellos elementos que puedan dificultar el entendimiento y aplicación de la ley.

En este sentido, daremos nuestro voto favorable al dictamen que nos ocupa, porque estamos convencidos de que la tarea de la Secretaría de Cultura resulta trascendental para el diseño institucional que coadyuve a facilitar el acceso de los bienes y servicios culturales a todas y todos los ciudadanos mexicanos. Y para ello, sin duda que se requiere de un marco legal claro, congruente y aplicable.

El trabajo de Acción Nacional siempre ha sido con el convencimiento de que las posibilidades que ofrece la cultura de nuestro país deben ser aprovechadas para hacer que contribuyan a lograr avances en todos los órdenes, y es por todo esto que sustituir toda mención referida a la Secretaría de Educación Pública por la Secretaría de Cultura, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, permite plasmar expresamente en la Ley de la Secretaría de Cultura que es una de las autoridades facultadas para la aplicación de esta misma. Y de esta manera queda clara la responsabilidad que tiene la Secretaría de Cultura para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

No olvidemos que la cultura es y debe ser una prioridad para todos el impulsar con esto el desarrollo de todo México. Muchas gracias. Con su permiso, es todo presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias diputada Rodríguez. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Marco Polo Aguirre Chávez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, escribiera André Malraux que la cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo vida; pues aunque los artistas están sujetos al tiempo su legado es perene, colectivo y trascendente.

México cuenta con un invaluable patrimonio cultural, producto de ciclos de continua creación, que es apreciado en todo el orbe, amalgama de olores, sabores, folclor y alegría. En suma, una cultura que inspira.

Una de las mayores riquezas de nuestra nación es su riqueza cultural, por eso los priistas nos asumimos en nuestra plataforma electoral, el reto para garantizar que todos los mexicanos puedan acceder a ella.

En ese sentido nos comprometimos a legislar para fomentar la apreciación del arte y la cultura nacional en los niños y jóvenes mexicanos, impulsar una cultura de la paz mediante el arte y promover la conservación de las tradiciones y el arte popular.

El gobierno de la República ha destinado más de 55 mil millones de pesos, cifra sin precedente en este ámbito, que está enfocado en tres grandes rubros: promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales; preservación, promoción y difusión del patrimonio de la diversidad cultural; así como el impulso de la educación e investigación artística.

Lo ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto, al cultura es una forma para favorecer la cohesión social. Por eso, desde la Cámara de Diputados los legisladores votamos a favor de la creación de la Secretaría de Cultura, encargada de desarrollar, promover y conducir la política nacional en la materia.

Pese a su corta vida, esta Secretaría ha tenido resultados importantes, pues ha beneficiado a más de 360 millones de personas dentro y fuera de nuestras fronteras, habiendo realizado 2.6 millones de actividades artísticas y culturales, desarrolla el Programa de Rescate de Espacios Públicos, que ha emprendido más de 65 mil acciones sociales en beneficio de 2 millones de personas para prevenir las conductas antisociales de riesgo y de violencia.

Debido a la reciente creación de la Secretaría de Cultura es preciso homologar el marco jurídico para evitar cualquier confusión en las atribuciones. Para dar vida a dicha Secretaría los legisladores reformamos más de 10 ordenamientos jurídicos, sin embargo la ley que regula nuestros monumentos y zonas arqueológicas se mantuvo intacta.

Votaremos a favor del presente dictamen para armonizar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, transmitiendo a la Secretaría de Cultura las facultades que anteriormente correspondían a la de Educación Pública, procurando principalmente la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de nuestros monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Asimismo, para conferirle la ejecución de campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a dichos monumentos, la conducción del procedimiento de declaratoria de nuevos monumentos y la realización de la declaratoria provisional para salvaguardar el patrimonio nacional. En suma, el presente dictamen robustece a la secretaría del ramo, promoviendo la identidad cultural y fortaleciendo nuestra unidad nacional.

Los legisladores tenemos el reto permanente de seguir legislando a favor de la cultura de nuestro país, pues esta trasmite valores compartidos, historias y objetivos de una generación a la siguiente, motivando a los diferentes grupos que integran una sociedad a crear y compartir una identidad colectiva. Es, en palabras de Milán Kundera, la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Aguirre. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

No habiendo artículos reservados, se solicita a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos, en un solo acto.

(Votación)

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Amigas diputadas y diputados, quiero informarles que inmediatamente después de que concluya esta votación tendremos una votación adicional, nominal en tablero, así es que queremos pedirles que por favor permanezcan en el pleno.

(Votación)

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Falta algún compañero diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 417 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 417 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea...

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputada, por favor. A ver, sonido en la curul de la diputada Araceli Damián.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Nada más para hacer del conocimiento público, que la semana pasada asistí a la Junta Directiva de la Comisión de Transparencia, porque se dictaminó, perdón, se votó la posibilidad de dictaminar un punto de acuerdo de las asociaciones público privadas, en el ramo de salud.

Desafortunadamente con el voto del PRI y del Verde echaron abajo ese punto de acuerdo en transparencia, el día de hoy tienen comisión, reunión de comisión, invito a las y los diputados que, por favor, respalden mi punto de acuerdo porque es muy importante, estamos hablando de un área de derechos humanos en materia de salud y no lo quieren transparentar.

Y ya les hemos advertido de desviación de recursos, así lo hicimos con Duarte, ahora lo hago con las APP.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Está registrada su intervención.

Continúe la Secretaría.

MINUTA



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto CS-LXIII-II-2P-152

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 2o.; la fracción IX del artículo 12; la fracción III del artículo 14; los artículos 32 y 38; el primer párrafo del artículo 56; el segundo párrafo del artículo 60; el primer párrafo del artículo 61, y el artículo 62; y se adicionan a la fracción VIII Bis al artículo 12; la fracción 1 Bis al artículo 13; la fracción III Bis al artículo 14; la fracción XI Bis al artículo 33; un nuevo cuarto párrafo, recorriéndose el actual para quedar como quinto, y los párrafos sexto y séptimo al artículo 63, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

...

...

Artículo 12. ...

I.a VIII. ...

VIII Bis.Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios de los educandos;

IX. Regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de créditos académicos, que faciliten el tránsito de educandos por el sistema educativo nacional;

IX Bisa XIV. ...

Artículo 13. ..

I....

I Bis.Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas a las que se refiere la fracción VIII Bis del artículo 12;

II.a IX. ...

Artículo 14. ...

I. a II Bis. ...

III.Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida. Asimismo, podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida en términos del artículo 63 de esta ley.

Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en el capítulo VIII de esta ley.

Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la Secretaría;

III Bis.Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia;

IV. a XIII. ...

...

Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o., de esta ley.

Artículo 33. ...

I. a XI. ...

XI Bis.Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de calidad.

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos referidos, así como, en el caso de la educación básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, saberes que previa evaluación demuestren los educandos.

Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior;

XII. a XVII. ...

...

Artículo 38.La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características 1ingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios. Para el caso de los servicios educativos correspondientes a los tipos medio superior y superior, las autoridades educativas promoverán acciones similares.

Artículo 56. Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado a revalidar o equiparar estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.

...

...

...

Artículo 60. ...

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República.

...

Artículo 61.Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría conforme a lo previsto en el artículo 63 de esta Ley.

...

Artículo 62.Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el sistema educativo nacional.

Artículo 63. ...

...

...

Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional.

Las revalidaciones y equivalencia otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la República.

Las autoridades educativas podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida.

Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones, cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en el capítulo VIII de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero.Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que cualquier modificación a su estructura orgánica derivada de la aplicación de este decreto se realizará mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Cuarto. En un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Educación Pública emitirá la normatividad a la que se refiere la fracción IX del artículo 12 reformada por el presente decreto.

Quinto. Para la emisión de los lineamientos, normas y criterios a los que se refieren los artículos 14, fracción III, y 63, contenidos en el presente decreto, la Secretaría dispondrá de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Sexto. Las instituciones públicas de educación superior a las que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podrán celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación de estudios, en tanto información pública, de acuerdo con la fracción II del artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa.

Séptimo.Con base en lo dispuesto en la fracción XI Bis del artículo 33, contenida en el presente decreto, las autoridades educativas podrán coordinarse con otras instituciones para implementar planes de emergencia y acciones afirmativas dirigidos a atender a las personas en situación de vulnerabilidad a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 32.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de los grupos parlamentarios.



ACUERDO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

La Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3, 33 y 34, párrafo I, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3 numeral 1 fracción XVIII, 8 numeral 1 fracción III y 79 numeral 1 fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados y;

Considerando

I. Que el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados responsable de la adecuada conducción de las sesiones de esta soberanía es la Mesa Directiva, y en ella recae la facultad de asegurar el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno;

II.Que de igual manera, ésta debe garantizar que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, Mexicanos y en el Reglamento de la Cámara de Diputados;

III.Que de acuerdo con el espíritu de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, su integración debe velar a que en ella se encuentren representadas equitativamente todas las fuerzas políticas que conforman la Cámara de Diputados, consolidando de esta manera la pluralidad de la Cámara, buscando facilitar los acuerdos y entendimientos necesarios que le permitan cumplir con sus funciones;

IV. Que ante el inicio del segundo año de la LXIII Legislatura, la Junta de Coordinación Política, con base en los principios de pluralidad y equidad, propuso al Pleno de esta soberanía la aprobación de un acuerdo parlamentario que estableció la composición de la Mesa Directiva con base en principios de equidad, pluralidad y proporcionalidad;

V.Que con base en dicho acuerdo, en la sesión preparatoria del segundo año de ejercicio llevada a cabo el 31 de agosto de 2016, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de los grupos parlamentarios por el que se postuló a las diputadas y diputados que integran la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, resultando electos los siguientes:

VI. Que en la sesión de la Junta de Coordinación Política llevada a cabo el lunes 27 de febrero del presente, el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que postuló al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para ejercer la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara ha sido el conducto para transmitir y hacer patente la voluntaria intención del diputado Bolaños Aguilar de separarse definitivamente del ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva, motivo por el cual, la primera vicepresidenta, diputada María Guadalupe Murguía Pérez asumirá el cargo de Presidente de la Mesa Directiva. A su vez, el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar ocupará la primera vicepresidencia.

VII.Que el artículo 77 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:

I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

VIII.Que el artículo 3 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosestablece que:

Artículo 3o.

1. El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.

IX.Que el artículo 33 numeral 1 de la misma Ley señala que:

Artículo 33.

1. La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

X. Que el artículo 34 numeral 1 incisos b) e i) del mismo ordenamiento establecen que:

Artículo 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

b) Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado;

i) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordenamientos relativos.

XI.Que el artículo 79 numeral 1 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputadosseñala que:

Artículo 79.

1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. Acuerdos parlamentarios, que son resoluciones económicas en materia del régimen interior de la Cámara, previstas en la fracción I del artículo 77 Constitucional,

XII. Que el mismo Reglamento establece en su artículo 3o., numeral uno, fracción XVIII, que el Pleno “Es la Asamblea general de la Cámara de Diputados”.

XIII. Que el mismo ordenamiento establece en su artículo 8o., numeral uno, fracción III, que es obligación de los diputados:

XIV.Que en función de los enunciados normativos reproducidos anteriormente, el Pleno de la Cámara de Diputados, en ejercicio absoluto de sus facultades soberanas, está plenamente facultado para determinar la integración de su Mesa Directiva en las condiciones que considere necesarias para el adecuado desarrollo de sus sesiones garantizando la pluralidad, equidad y con pleno respeto a la proporcionalidad de los grupos parlamentarios que conforman su Pleno;

XV.Que el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconoce la plena y absoluta validez de los actos, disposiciones, resoluciones, trámites y decisiones que emanen y sean dictados o instruidos por la Mesa Directiva que concluya el ejercicio del segundo año de la actual legislatura;

Y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3, 33 y 34, párrafo I, incisos b) e i), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3 numeral 1 fracción XVIII; 8 numeral 1 fracción III y 79 numeral 1 fracción primera del Reglamento de la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Para la conclusión del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el periodo que corresponde del 1 de marzo al 31 de agosto de 2017, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será ejercida por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez y la primera vicepresidencia por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo.El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconoce la plena y total validez jurídica de los actos, disposiciones, resoluciones, trámites y decisiones que emanen y sean dictados o instruidos por la Presidencia de la Mesa Directiva a la conclusión del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Tercero. La aprobación del presente acuerdo se llevará a cabo a través del sistema electrónico de votación.

Cuarto.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: No habiendo oradores registrados, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido el acuerdo. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del acuerdo.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del acuerdo.

(Votación)

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 387 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.



MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado secretario. Antes de cantar oficialmente la votación quisiera, amigas y amigos diputados, agradecer en todo lo que vale el acompañamiento y el apoyo que me han dado durante estos seis meses. Este día se cierra para mí en lo personal uno de los capítulos más importantes en mi vida política.

Muchas gracias. Se cierra uno de los capítulos más importantes de mi vida en mi profesión de la política, un capítulo que no hubiera sido posible sin el apoyo de mi coordinador Marko Cortés, sin la confianza de mis diputadas y diputados del grupo parlamentario y, sobre todo, sin el apoyo, la confianza, el acompañamiento, la solidaridad que todas y todos ustedes pusieron para que pudiéramos conducir estos seis meses de la mejor manera posible.

Les reitero que siempre fue mi convicción buscar que se abrieran los debates. Siempre fue mi convicción escuchar con respeto las diferentes opiniones sobre un mismo tema y me voy, de veras, satisfecho porque al menos gané algunos amigos que antes yo no conocía y con eso me siento muy muy agradecido.

Muchas gracias a todas y a todos. Y como en todos los momentos importantes de mi vida, mi familia siempre está adelante, y yo le agradezco a mi esposa que me acompañe este día, hoy aquí, tan importante para mí. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado el acuerdo por 387 votos. Unanimidad de los presentes, es mayoría calificada. Comuníquese.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Marko Cortés Mendoza. Adelante, diputado.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Muchas gracias, aún presidente Bolaños. Quiero a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, reconocerte tu disposición permanente para dialogar, pero a la vez para mantener la representatividad de la pluralidad de esta Cámara de Diputados, una posición que no es fácil porque convivías con la dualidad de ser parte de este grupo parlamentario, pero además de representar la pluralidad.

Debo decirte con orgullo, presidente Bolaños, lo hiciste muy bien, nos sentimos muy orgullosos de tu desempeño y como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, no me queda más que felicitarte y desearte mucho éxito en lo que venga. Enhorabuena para ti, para tu futuro, para tu familia.

Y no quiero dejar la oportunidad, también para decirle a mi amiga Lupita Murguía. Querida Lupita, sabemos de tu capacidad y estoy seguro que harás un gran desempeño también como presidenta de la Mesa Directiva, representante de esta Cámara y del Congreso de la Unión, toda nuestra confianza y sabemos que honraras también la confianza del resto de la Cámara de Diputados. Muchas felicidades y mucho éxito, Lupita. Y muchas felicidades, presidente Bolaños.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Marko Antonio Cortés Mendoza.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado César Camacho Quiroz.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, señor presidente. Efectivamente, no es sencilla la tarea de conducir y coordinar una asamblea de pares, en donde la pluralidad de su conformación aparece todos los días en los debates y en la intensa vida de esta Cámara de Diputados.

Por eso, mi bancada expresa una sensible felicitación por el recto desempeño en esta tarea nada sencilla, porque lo que expresa el artículo 22 en su numeral 1 de la Ley Orgánica, que el presidente de la Mesa expresa la unidad de la Cámara, en este poco más de un semestre, ha tenido verificativo. No es sencillo que sin abdicar de posiciones legítimas de carácter partidario, se acuda a la imparcialidad –que no neutralidad– que debe caracterizar el desempeño de una tarea tan delicada como esa. Felicidades por lo hecho hasta ahora y los mejores augurios para el desempeño profesional como político activo de un partido y activo de la política mexicana.

A Lupita, una expresión de enhorabuena y de esperanza fundada en que la Cámara de Diputados habrá de tener ahora en una mujer ejemplar y respetable una extraordinaria oportunidad para seguir construyendo consensos y darle paso franco a la democracia parlamentaria. Felicidades.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Camacho. Sonido en la curul del diputado Francisco Martínez Neri. Adelante, diputado.

El diputado Francisco Martínez Neri(desde la curul): Muchas gracias, presidente. De igual manera, para reconocer a título personal, como presidente de la Junta de Coordinación Política y a nombre de mis compañeros que conforman la fracción parlamentaria del PRD, reconocerle su trabajo frente a la Mesa Directiva.

Me tocó acompañarle en algunas actuaciones de protocolo y quiero decirle que siempre consideré que sus intervenciones estuvieron a la altura de la representación que debe siempre guardar una entidad como la nuestra, la Cámara de Diputados, cosa que le reconozco, le felicito.

Hoy termina una parte de su vida política al frente de esta Cámara, pero seguro que vienen cosas importantes más adelante que seguramente le seguirán distinguiendo. Mi reconocimiento personal, el reconocimiento de mis compañeros.

Desde luego, la bienvenida a María Guadalupe Murguía Gutiérrez, que en su carácter de mujer –quisiéramos tener muchas mujeres al frente– el día de hoy asume la Presidencia. Mucho éxito, María Guadalupe, estaremos muy en contacto contigo y desde luego, nuestros respetos y nuestro mejor augurio para que salgan bien los trabajos al frente de la Mesa Directiva. Felicidades a ambos. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Martínez Neri, muy amable. Sonido en la curul del diputado Javier Octavio Herrera Borunda; adelante, diputado.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nos sumamos también al agradecimiento, sobre todo al reconocimiento de una labor bien desempeñada, representándonos a todos sus pares en esa tribuna.

Reconocemos lo importante que es no tomar pasiones sino representar con dignidad a todo este órgano colegiado. Quiero decirle, presidente, que con su apertura todos los partidos políticos, todas las fracciones de este Congreso nos sentimos bien representados.

Pasó bajo su dirección, grandes discusiones: la Ley de Ingresos, la Ley de Egresos, largas horas, reformas constitucionales para mejorar la justicia laboral, la cotidiana; pasamos la reforma tan importante de brindarle autonomía al Canal del Congreso y todas esas discusiones llevan en su espíritu la buena conducción de los debates. Muchas gracias. Le auguramos, de veras, la mejor de las suertes en las tareas que vienen adelante, y le damos la bienvenida también a Lupita Murguía; éxito en esta nueva presidencia. De parte de Partido Verde Ecologista reconocemos el trabajo. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Herrera Borunda. Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Jorge Álvarez Maynez. Delante, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez(desde la curul): Gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de las diputadas y diputados ciudadanos, reconocer el esfuerzo, la entrega, la dedicación que ha tenido al conducir los trabajos de esta Cámara de Diputados, y de encabezar la presidencia de la Mesa Directiva.

Nos sentimos no solamente representados en nuestra compañera Verónica Delgadillo, sino también en la actuación y en la pasión con la que usted como presidente se ha dedicado en cuerpo y alma a cumplir con esta función. Lo felicitamos en medio, como sea dicho aquí, de una de las épocas más complejas para la actividad política que haya tenido lugar en la historia de la humanidad.

Nunca antes los políticos y las políticas habían tenido tal nivel de escrutinio, tal nivel de demanda ciudadana a través de las redes sociales. La tecnología de la información volvió nuestra época en un paralelo con lo que se diría en la democracia antigua y ahora cada ciudadano y cada ciudadana es una voz a la que hay que darle una respuesta.

Usted lo hizo con entrega y con profesionalismo y con absoluta dedicación. Eso lo reconocemos en Movimiento Ciudadano lo reconoce mi coordinador Clemente Castañeda, lo reconocemos todas las diputadas y todos los diputados de Movimiento Ciudadano, y también nos sentimos muy orgullosos de que sea una mujer quien encabezará ahora la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados y quien nos representará en los actos protocolarios y formales que esta institución tiene que cumplir y con los que tiene que dar cumplimiento en el marco de sus atribuciones constitucionales. Felicidades, presidente. Enhorabuena y éxito en su futuro personal y profesional.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Álvarez Maynez.

El diputado Alejandro González Murillo (desde curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Alejandro González Murillo. Adelante diputado.

El diputado Alejandro González Murillo (desde curul): Gracias, presidente. Igualmente no hay mucho qué decir, más que sumarnos al agradecimiento, al reconocimiento que todos los partidos han expresado en esta Cámara. Nada más que tenemos que agradecer y reconocer la pluralidad con la que se pudo conducir esta Cámara cuando usted estuvo al frente de esta Presidencia.

También reconocerle el trato de nuestra diputada Lupita que participa en la Mesa Directiva, siempre tuvo un lugar, siempre tuvo un espacio con usted. Muchas gracias. Felicidades nuevamente. También dar la bienvenida a la diputada Lupita Murguía, deseándole el mayor de los éxitos y pidiéndole también que respete la pluralidad, que respete el trabajo de todas las bancadas, que se respete, sobre todo, a las minorías. Felicidades y bienvenidos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado González Murillo.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Finalmente sonido en la curul del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez. Adelante, diputado.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Diputado Javier Bolaños Aguilar, expresarle mi más sincera felicitación por haber conducido los trabajos de esta Cámara de Diputados con imparcialidad, sensibilidad política y estricto apego a la ley que rige los trabajos legislativos que aquí realizamos.

Pero también manifestarle mi gratitud por el apoyo que le brindó a las tareas que realizamos a favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nos acompañó usted y nos apoyó de manera muy importante en la realización del primer encuentro. Felicidades, diputado.

Tenemos hacia usted esta enorme gratitud, y también decirle a Lupita que cuenta con nuestro apoyo, que le deseamos mucho éxito y ahí vamos todos de la mano. Gracias, y felicidades.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Coheto Martínez.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Norma Rocío Nahle García.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, diputado Bolaños. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena le deseamos éxito en su próxima encomienda. Creo que ha sido un periodo de experiencia, de aprendizaje para todos los diputados, pero sin duda para la Mesa Directiva. El Grupo Parlamentario de Morena mostró diferencias fuertes, sin embargo hemos transitado con una Mesa Directiva y le deseamos éxito en su próxima encomienda.

Diputada Guadalupe, esperemos un trabajo completamente profesional, sabemos que así será. Y Morena aquí ha estado haciendo señalamientos puntuales, no más –con el debido respeto– apagar el micrófono, eso no debe volver a pasar. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Rocío Nahle.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Mirna Saldívar. Adelante, diputada.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Presidente, felicidades por este periodo de conducción. El debate enriquece este recinto y usted apoyó en ese concepto importante. Además, conducir en la pluralidad y tolerancia es también su sello distintivo. Felicidades y éxito en lo que sigue de su carrera política.

Diputada Lupita, bienvenida. Y qué bueno que sea una mujer. Y es para nosotros, la mujer, un orgullo que usted vaya a conducir esta Mesa. Felicidades.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada. No puedo levantarme de esta curul sin agradecer a mis amigas diputadas y diputados, integrantes de la Mesa Directiva, por su acompañamiento durante todos estos seis meses. Creo que logramos consolidar un buen equipo de trabajo, se los reconozco y se los aprecio. La pluralidad de ustedes siempre estuvo manifiesta, más sin embargo el interés de México siempre prevaleció en nuestras decisiones.

De la misma forma agradecer a todo el equipo de la Mesa Directiva, Servicios Parlamentarios, un equipo muy profesional, que gracias a ellos hemos logrado sacar adelante todos estos proyectos. Muchas gracias a ellas y a ellos, integrantes del equipo de trabajo de la Mesa Directiva.

Se declara que han sido electos para integrar la Mesa Directiva como presidenta la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez y como primer vicepresidente el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para el periodo del 1° de marzo al 31 de agosto de 2017.

Felicidades, diputada Murguía Gutiérrez. Se le invita a que ocupe su lugar aquí en la Mesa Directiva. No quisiera, pero me tengo que ir.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Se invita a los presentes a ponerse de pie.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez



TOMA DE PROTESTA DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación. Si así no lo hago, que la nación me lo demande.

Solicito que pudieran continuar de pie.



TOMA DE PROTESTA DE LA PRIMERA VICEPRESIDENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y y prosperidad de la Unión?

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sí protesto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Si así no lo hace, que la nación se lo demande.

Tomen asiento, por favor.



MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputadas y diputados, todos representantes populares de cada uno de los mexicanos, es para mí un honor asumir la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura. Más allá de lenguajes y protocolos, hoy como nunca la sociedad tiene una alta expectativa respecto de lo que los legisladores podamos hacer por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Estamos ante una situación histórica inédita, el escenario internacional ha aumentado en su complejidad, nuevos nacionalismos, proteccionismos y actitudes extremas han surgido y, en el ámbito nacional, no se pueden ocultar problemas de inseguridad, actos de corrupción, deterioro del poder adquisitivo, condiciones que han generado indignación de la población, que ha salido a las calles a manifestarse y de manera muy aguda en las redes sociales.

Seríamos muy insensibles si no viéramos la realidad de frente, si no nos dejamos tocar por ella. Sin embargo, es importante que todos, comenzando por nosotros, advirtamos que la realidad, la realidad no es solo esta.

Estoy convencida que los grandes retos nacionales e internacionales que hoy tenemos son también nuevas oportunidades para nuestro país. Los tiempos difíciles son tiempos de revisar lo que estamos haciendo, tiempos para renovarnos, tiempos para crecer. Este es nuestro reto.

Hoy tenemos la oportunidad histórica de estar más cerca de la ciudadanía, y no me refiero a un pacto formal o a una promesa hecha ante un notario público, me refiero a una nueva actitud que necesitamos vivir en nuestra consciencia y en nuestro corazón, esta actitud de las mujeres y los hombres que descubren en el dolor y la preocupación de un pueblo el motivo para trabajar, para legislar y para elevar el nivel de debate.

Las diputadas y diputados de hoy estamos bajo permanente escrutinio, en el momento cultura y tecnológico que vivimos todo es transparente y todo se vuelve visible. Por ello, de la responsabilidad con que asumamos el trabajo legislativo dependerá que se reconozca nuestro papel en la sociedad.

Frecuentemente el descrédito de uno solo de los diputados se torna en el descrédito de todos. Por estas razones, me atrevo a decir que la oportunidad de esta legislatura consiste, si nos decidimos a ello, en mostrar un nuevo liderazgo social, un nuevo punto de referencia en momentos en que nuestra sociedad busca un lugar donde sea posible sumar voluntades.

Este es el momento de demostrar a los ciudadanos que podemos dialogar, debatir y alcanzar resultados, sí con pasión pero también con razón, con menos parcialidad partidista y más interés por el bien común de una sociedad cada vez más plural, cada vez más crítica y más exigente.

Pensemos en el reto que significan las políticas asumidas por el gobierno de Estados Unidos hacia México y hacia nuestros migrantes, los mexicanos dentro y fuera de nuestro país nos necesitan más que nunca.

El presidente Trump ha manifestado reiteradamente que Estados Unidos es una tierra destrozada por la migración y el comercio internacional, ante esta realidad alterna ha anunciado, entre otras acciones, medidas para eliminar el Obamacare, así como un incremento sustancial en los gastos militares, aun cuando el presupuesto militar de esa nación ya es con mucho el mayor del mundo.

Ante las implicaciones que estas medidas pueden significar para nuestros migrantes y para nuestro país, tenemos que estar atentos para defender contundentemente los intereses nacionales. Necesitamos negarnos a pagar lo que no le debemos a nadie. Necesitamos rechazar contundentemente actitudes injerencistas que agravian nuestra soberanía.

Tenemos que ser capaces de construir un diálogo de altura dentro y fuera de la Cámara, un diálogo con los miembros de la comunidad internacional, un diálogo con la sociedad mexicana y con los otros poderes, que genere confianza en los mexicanos. Yo asumo este compromiso.

En una palabra, tenemos que ser voz de quienes no tienen voz. Voz responsable, voz madura, voz valiente. El camino en defensa de nuestro pueblo, es un camino de unidad y de confianza.

La unidad de la que hablo no es la que suprime las diferencias o ignora las críticas. La unidad que hoy necesitamos es la que busca siempre el diálogo antes que la ruptura. Que mira por el bien superior de la nación.

Señoras y señores legisladores, tenemos que ser un puente entre el poder público y las demandas sociales. No construyamos muros mentales o políticos entre nosotros. En estos momentos necesitamos un nuevo acuerdo social que fortalezca la confianza de la sociedad. Éste es el momento de ganar credibilidad. Los diputados tenemos que ofrecer razones para obtener esa confianza. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de la representación que se nos ha conferido.

Debemos enfocar nuestro trabajo legislativo para que exista un México seguro, transparente, con desarrollo. Un México justo. Un gobierno austero, eficiente y confiable y una economía con un profundo sentido social.

Compañeros legisladores, estoy plenamente consciente de la alta responsabilidad que conlleva ser presidenta de la Cámara de Diputados. Estoy convencida que a través de nuestro trabajo y los consensos que alcancemos lograremos avances cruciales que fortalezcan a nuestro país.

Sin importar nuestros colores, la razón por la que estamos aquí es para servir a México. El futuro, diputadas y diputados, es nuestro y nosotros lo hacemos. Muchas gracias.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remite en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan.( *)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.



CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 16:35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 2 de marzo de 2017 a las 11 horas. Muy buenas tardes.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 36 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 339 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 22

• Licencia: 1

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 21

• Dictámenes a discusión de ley o decreto: 2

• Minuta: 1

• Acuerdo de los grupos parlamentarios: 1

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 42

4 PES

5 NA

4 MC

5 Morena

5 PVEM

6 PRD

6 PAN

7 PRI

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Aguirre Chávez, Marco Polo (PRI)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:237
Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:233
Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para referirse al acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, desde la curul:246
Arévalo González, José Antonio (PVEM)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética:222
Blanco Zaldívar, Juan Alberto (PAN)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética:224
Camacho Quiroz, César Octavio (PRI)
Para referirse al acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, desde la curul:245
Cañedo Jiménez, Roberto Alejandro (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:143
Castañón Herrera, Eukid (PAN)
Para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; y la segunda que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos:108, 122
Coheto Martínez, Vitalico Cándido (PRI)
Para referirse al acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, desde la curul:247
Contreras Julián, Maricela (PRD)
Para referirse a la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, desde la curul:69
Corichi García, Claudia Sofía (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 47 A a la Ley de Coordinación Fiscal:207
Cortés Mendoza, Marko Antonio (PAN)
Para referirse al acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, desde la curul:245
Cuenca Ayala, Sharon María Teresa (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo:137
Fernández González, Waldo (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 44 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, y reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas:133
Ferreiro Velazco, José Alfredo (PES)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética:220
Flores Cervantes, Hugo Eric (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y deroga los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo:163
García Navarro, Otniel (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales:157
Gaytán Hernández, Cristina Ismene (PRD)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:235
González Murillo, Alejandro (PES)
Para referirse al acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, desde la curul:247
Guevara Jiménez, Yaret Adriana (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 186
Gutiérrez García, Carlos (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 152
Hernández Colín, Norma Xochitl (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 197
Hernández Correa, Guadalupe (Morena)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética: 222
Hernández de la Piedra, Ángel Antonio (Morena)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: 234
Hernández León, Luis Manuel (NA)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética: 221
Herrera Borunda, Javier Octavio (PVEM)
Para referirse al acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, desde la curul: 246
Huerta Villegas, Genoveva (PAN)
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: 231
López Martín, Jorge (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8o. de la Ley de la Policía Federal: 171
Martínez García, Jonadab (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 147
Martínez Guzmán, Norma Edith (PES)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: 232
Martínez Neri, Francisco (PRD)
Para referirse al acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, desde la curul: 245
Méndez Salas, Jesús Rafael (NA)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: 233
Nahle García, Norma Rocío (Morena)
Para referirse al acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, desde la curul: 247
Navarrete Pérez, Fernando (PRI)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética: 226
Ortega Álvarez, Omar (PRD)
Para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera que expide la Ley Reglamentaria de la fracción XXVII del artículo 73, del primer y segundo párrafos del artículo 84 y del artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la segunda con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 176, 181
Pinto Torres, Francisco Javier (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 y 17 de la Ley General para el Control del Tabaco: 211
Rodríguez Rubio, María del Rosario (PAN)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: 236
Saldaña Morán, Julio (PRD)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética:223
Saldívar Paz, Mirna Isabel (NA)
Para referirse al acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, desde la curul:247
Sandoval Rodríguez, José Refugio (PVEM)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:234
Tamez Guajardo, Macedonio Salomón (MC)
Para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética:221
Trujillo Zentella, Georgina (PRI)
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética:219
Vidal Aguilar, Liborio (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración: 96

VOTACIONES

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelFavor

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Almanza Monroy, FidelAusente

10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

11 Alvarado Varela, Edith AnabelFavor

12 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor

13 Amaro Cancino, AntonioAusente

14 Anaya Mota, Claudia EdithFavor

15 Anaya Orozco, AlfredoFavor

16 Antelo Esper, BernardinoFavor

17 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

18 Arellano Núñez, EfraínFavor

19 Armenta Mier, AlejandroAusente

20 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

21 Barragán Amador, CarlosAusente

22 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

23 Basáñez García, PabloFavor

24 Bañales Arámbula, RamónFavor

25 Bedolla López, PabloFavor

26 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

27 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

28 Benítez Tiburcio, MarianaFavor

29 Bernal Casique, IvethFavor

30 Borunda Espinoza, BrendaAusente

31 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

32 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

33 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

34 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

35 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

36 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

38 Casillas Zanatta, GabrielFavor

39 Castillo Martínez, EdgarFavor

40 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

41 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

42 Ceja García, XitlalicFavor

43 Cervera Hernández, FelipeFavor

44 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor

45 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

46 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoAusente

47 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

48 Córdova Hernández, José del PilarFavor

49 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor

50 Corella Platt, SusanaFavor

51 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

52 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

53 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

54 Dávalos Elizondo, Edna IleanaFavor

55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

56 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

57 Díaz Montoya, RocíoFavor

58 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

59 Domínguez Rex, RaúlFavor

60 Elizondo García, PabloAusente

61 Escobar Manjarrez, GermánFavor

62 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

63 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

64 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente

65 Etcheverry Aranda, AzulFavor

66 Fernández Márquez, JulietaAusente

67 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

68 Gaeta Esparza, Hugo DanielAusente

69 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

70 Gamboa Miner, PabloAusente

71 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor

72 García Ayala, Marco AntonioAusente

73 García Barrón, ÓscarFavor

74 García Carreón, TelésforoAusente

75 García Navarro, OtnielFavor

76 García Portilla, Ricardo DavidFavor

77 Garza Herrera, SantosFavor

78 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

79 González Calderón, Martha HildaFavor

80 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor

81 González Salum, Miguel ÁngelFavor

82 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

83 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

84 Guerrero Coronado, DeliaFavor

85 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

86 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyAusente

89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

91 Hermosillo Arteaga, Carlos GerardoFavor

92 Hernández Madrid, María GloriaFavor

93 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelAusente

94 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

95 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

96 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

97 Iriarte Mercado, CarlosFavor

98 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

99 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor

100 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

101 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

102 Kuri Grajales, FidelFavor

103 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

104 Le Baron González, AlexFavor

105 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

106 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

107 López Velasco, Edith YolandaAusente

108 Luna Canales, ArmandoFavor

109 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

110 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

111 Majul González, SalomónFavor

112 Maya Pineda, María IsabelFavor

113 Mazari Espín, RosalinaAusente

114 Medrano Quezada, BenjamínAusente

115 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

116 Melhem Salinas, EdgardoFavor

117 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

118 Méndez Hernández, SandraFavor

119 Mercado Ruiz, DavidAusente

120 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

121 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor

122 Mólgora Glover, ArletFavor

123 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

124 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

125 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

126 Mota Hernández, AdolfoFavor

127 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

128 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

129 Muñoz Sánchez, RosalindaAusente

130 Navarrete Pérez, FernandoFavor

131 Nazar Morales, JuliánAusente

132 Nazario Morales, MatíasAusente

133 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

134 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

135 Oropeza Olguín, Nora LilianaAusente

136 Orozco Sánchez Aldana, José LuisAusente

137 Ortiz Lanz, Adriana del PilarAusente

138 Osorno Belmont, SusanaFavor

139 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

140 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

141 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

142 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor

143 Plata Inzunza, EvelioFavor

144 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

145 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

146 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

147 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

148 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

149 Ramírez Nieto, RicardoFavor

150 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor

151 Real Salinas, Dora ElenaFavor

152 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

153 Rentería Medina, Flor EstelaAusente

154 Rivera Carbajal, SilviaFavor

155 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

156 Rocha Aguilar, YulmaFavor

157 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

158 Rojas Orozco, EnriqueFavor

159 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

160 Romero Vega, EsdrasAusente

161 Romo García, EdgarFavor

162 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

164 Sáenz Soto, José LuisFavor

165 Salazar Espinosa, HeidiFavor

166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoAusente

167 Salinas Lozano, CarmenFavor

168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

169 Sánchez Coronel, CristinaFavor

170 Sánchez Isidoro, DavidFavor

171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

174 Sarabia Camacho, CarlosFavor

175 Saracho Navarro, FranciscoFavor

176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor

177 Serrano Hernández, MaricelaAusente

178 Silva Ramos, AlbertoAusente

179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

182 Taja Ramírez, RicardoFavor

183 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

184 Tannos Cruz, YarithAusente

185 Terrazas Porras, AdrianaAusente

186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

187 Toledo Medina, José LuisFavor

188 Torres Cantú, DanielFavor

189 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

190 Trujillo Zentella, GeorginaFavor

191 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

192 Valencia García, ÓscarFavor

193 Vallejo Barragán, ManuelFavor

194 Vargas Rodríguez, Federico EugenioFavor

195 Vidal Aguilar, LiborioFavor

196 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

197 Villa Ramírez, TimoteoFavor

198 Villa Trujillo, EdithFavor

199 Villagómez Guerrero, RamónFavor

200 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

201 Vélez Núñez, BeatrizFavor

202 Yerena Zambrano, RafaelFavor

203 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

204 Zepahua García, LillianFavor

205 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 172

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 33

Total: 205

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aguilar López, María MercedesFavor

2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

3 Alejo Domínguez, HugoFavor

4 Alemán Olvera, Emma MargaritaAusente

5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

6 Amparano Gámez, LeticiaFavor

7 Antero Valle, Luis FernandoFavor

8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

9 Barraza López, José TeodoroFavor

10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

11 Bello Otero, CarlosFavor

12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor

13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

16 Cambranis Torres, EnriqueFavor

17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

18 Castañón Herrera, EukidFavor

19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

23 Corral Estrada, HerminioFavor

24 Corral Mier, JuanFavor

25 Cortés Berumen, José HernánFavor

26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielAusente

30 Culin Jaime, GretelFavor

31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoAusente

32 Del Rivero Martínez, RicardoAusente

33 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

34 Döring Casar, FedericoFavor

35 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

36 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor

37 Flores Sosa, CésarAusente

38 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

39 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

40 García García, PatriciaAusente

41 García López, José MáximoFavor

42 García Pérez, MaríaFavor

43 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor

44 Garza Treviño, PedroFavor

45 Gómez Olivier, Sergio EmilioFavor

46 González Ceceña, ExaltaciónFavor

47 González Navarro, José AdriánFavor

48 González Suástegui, GuadalupeFavor

49 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

50 Hernández Ramos, MinervaFavor

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelAusente

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteAusente

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineFavor

72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

73 Osuna Carranco, Karla KarinaAusente

74 Ovando Reazola, JanetteFavor

75 Padilla Avila, KarinaFavor

76 Paes Martínez, JiselaFavor

77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

80 Ramírez Núñez, UlisesAusente

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeAusente

83 Rendón García, César AugustoFavor

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

88 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

90 Ruiz García, Juan CarlosFavor

91 Salas Díaz, Gerardo FedericoFavor

92 Salas Valencia, José AntonioFavor

93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

94 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

95 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente

96 Sánchez Meza, María LuisaFavor

97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

99 Taboada Cortina, SantiagoAusente

100 Talavera Hernández, María EloísaFavor

101 Tamariz García, XimenaFavor

102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

103 Triana Tena, JorgeFavor

104 Valenzuela Armas, RafaelFavor

105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

106 Vargas Bárcena, MarisolFavor

107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeAusente

108 Velázquez Valdez, BrendaAusente

Favor: 93

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 15

Total: 108

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIAusente

3 Aragón Castillo, HortensiaFavor

4 Arguijo Herrera, Tania VictoriaAusente

5 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

9 Bocanegra Ruiz, ElioFavor

10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor

11 Calderón Torreblanca, FidelAbstención

12 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

13 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

14 Catalán Padilla, OlgaFavor

15 Contreras Julián, MaricelaContra

16 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

17 Estefan Garfias, José AntonioFavor

18 Fernández González, WaldoFavor

19 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

20 Flores Sonduk, LluviaContra

21 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

22 García Calderón, David GersonFavor

23 García Chávez, Héctor JavierFavor

24 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

25 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

26 Hernández Mirón, CarlosFavor

27 Hernández Soriano, RafaelFavor

28 Hurtado Arana, KarenFavor

29 Jiménez Rumbo, DavidAusente

30 Juárez Blanquet, ErikFavor

31 López Sánchez, SergioFavor

32 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

33 Maldonado Venegas, LuisFavor

34 Martínez Neri, FranciscoFavor

35 Martínez Olguin, NicanorContra

36 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor

37 Martínez Urincho, AlbertoFavor

38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaFavor

39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

40 Octaviano Félix, TomásFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroContra

42 Ordoñez Hernández, DanielFavor

43 Ortega Álvarez, OmarFavor

44 Parra Álvarez, EvelynAusente

45 Peralta Grappin, HéctorFavor

46 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor

47 Pérez Alvarado, CandelarioAusente

48 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor

49 Reyes Álvarez, FelipeFavor

50 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

51 Saldaña Morán, JulioFavor

52 Santana Alfaro, ArturoFavor

53 Santiago López, JoséAusente

54 Saucedo Reyes, AraceliFavor

55 Soto Espino, ArmandoAusente

56 Soto González, Cecilia GuadalupeAusente

57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente

58 Valera Fuentes, Diego ValenteFavor

59 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

60 Wences Real, VictorianoAusente

61 Zambrano Grijalva, José de JesúsAusente

Favor: 45

Contra: 4

Abstención: 1

Quorum: 0

Ausentes: 11

Total: 61

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeAusente

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioFavor

7 Ávila Serna, MaríaFavor

8 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor

9 Canales Suárez, PalomaFavor

10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

11 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoAusente

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 De León Villard, Sasil Dora LuzFavor

16 De los Santos Torres, DanielaFavor

17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente

18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

19 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente

20 Galindo Rosas, José de JesúsAusente

21 Gaxiola Lezama, JorginaFavor

22 González Torres, SofíaFavor

23 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

24 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

25 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

26 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor

27 Limón García, LiaFavor

28 Machuca Sánchez, MarioFavor

29 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

30 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

31 Ochoa Rojas, CándidoAusente

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsAusente

37 Spinoso Carrera, EdgarAusente

38 Toledo Aceves, WendolinAusente

39 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

40 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente

41 Zamora Morlet, EnriqueAusente

Favor: 29

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 12

Total: 41

MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoFavor

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

10 Castro Vázquez, RogerioFavor

11 Chávez García, MaríaFavor

12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

13 Damián González, AraceliFavor

14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

15 Falcón Venegas, Sandra LuzAusente

16 Fuentes Alonso, ModestaFavor

17 García Jiménez, CuitláhuacFavor

18 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

19 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

20 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

21 Hernández Correa, GuadalupeFavor

22 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor

23 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

24 Llerenas Morales, VidalFavor

25 López López, Irma RebecaFavor

26 Molina Arias, Renato JosafatFavor

27 Montiel Reyes, AriadnaFavor

28 Moreno Vega, MagdalenaFavor

29 Nahle García, Norma RocíoFavor

30 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

31 Romero Tenorio, JuanFavor

32 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor

33 Serrano Lora, JesúsFavor

34 Tello López, JorgeFavor

35 Trejo Flores, MarianaFavor

36 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 35

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 36

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor

3 Cervera García, RenéFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

6 Delgadillo García, VerónicaFavor

7 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

8 Flores Gómez, MirzaFavor

9 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

10 Guerra Mota, MoisésAusente

11 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente

12 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

13 Martínez García, JonadabFavor

14 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

15 Munguía González, Luis ErnestoFavor

16 Ochoa Avalos, María CandelariaAusente

17 Orantes López, María ElenaFavor

18 Pérez Utrera, AdánFavor

19 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

20 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

21 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

22 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

23 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

24 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 21

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 24

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelFavor

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelFavor

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 11

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 11

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

2 Flores Cervantes, Hugo EricFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 González Murillo, AlejandroFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

8 Pineda Morín, AbdiesFavor

9 Torres Sandoval, MelissaAusente

Favor: 7

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelAusente

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Almanza Monroy, FidelAusente

10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

11 Alvarado Varela, Edith AnabelFavor

12 Álvarez Ortiz, Héctor JavierFavor

13 Amaro Cancino, AntonioFavor

14 Anaya Mota, Claudia EdithFavor

15 Anaya Orozco, AlfredoFavor

16 Antelo Esper, BernardinoFavor

17 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

18 Arellano Núñez, EfraínFavor

19 Armenta Mier, AlejandroAusente

20 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

21 Barragán Amador, CarlosAusente

22 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

23 Basáñez García, PabloFavor

24 Bañales Arámbula, RamónFavor

25 Bedolla López, PabloFavor

26 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

27 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

28 Benítez Tiburcio, MarianaFavor

29 Bernal Casique, IvethFavor

30 Borunda Espinoza, BrendaAusente

31 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

32 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

33 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

34 Camacho Quiroz, César OctavioFavor

35 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

36 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

37 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

38 Casillas Zanatta, GabrielFavor

39 Castillo Martínez, EdgarFavor

40 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

41 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

42 Ceja García, XitlalicFavor

43 Cervera Hernández, FelipeFavor

44 Chacón Morales, Samuel AlexisFavor

45 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

46 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoAusente

47 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

48 Córdova Hernández, José del PilarFavor

49 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor

50 Corella Platt, SusanaFavor

51 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

52 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

53 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

54 Dávalos Elizondo, Edna IleanaFavor

55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

56 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

57 Díaz Montoya, RocíoFavor

58 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

59 Domínguez Rex, RaúlFavor

60 Elizondo García, PabloAusente

61 Escobar Manjarrez, GermánFavor

62 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

63 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

64 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente

65 Etcheverry Aranda, AzulFavor

66 Fernández Márquez, JulietaAusente

67 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

68 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

69 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

70 Gamboa Miner, PabloAusente

71 Gárate Valenzuela, Paola IvethFavor

72 García Ayala, Marco AntonioAusente

73 García Barrón, ÓscarFavor

74 García Carreón, TelésforoAusente

75 García Navarro, OtnielFavor

76 García Portilla, Ricardo DavidFavor

77 Garza Herrera, SantosFavor

78 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

79 González Calderón, Martha HildaFavor

80 González Salas y Petricioli, María MarcelaFavor

81 González Salum, Miguel ÁngelFavor

82 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

83 Guerrero Aguilar, FabiolaFavor

84 Guerrero Coronado, DeliaFavor

85 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

86 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyAusente

89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

91 Hermosillo Arteaga, Carlos GerardoFavor

92 Hernández Madrid, María GloriaFavor

93 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelAusente

94 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroFavor

95 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

96 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

97 Iriarte Mercado, CarlosFavor

98 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

99 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueFavor

100 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

101 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

102 Kuri Grajales, FidelAusente

103 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

104 Le Baron González, AlexFavor

105 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

106 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

107 López Velasco, Edith YolandaAusente

108 Luna Canales, ArmandoFavor

109 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

110 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

111 Majul González, SalomónFavor

112 Maya Pineda, María IsabelFavor

113 Mazari Espín, RosalinaFavor

114 Medrano Quezada, BenjamínAusente

115 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

116 Melhem Salinas, EdgardoFavor

117 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

118 Méndez Hernández, SandraFavor

119 Mercado Ruiz, DavidAusente

120 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

121 Moguel Manzur, Zacil LeonorFavor

122 Mólgora Glover, ArletFavor

123 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

124 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

125 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

126 Mota Hernández, AdolfoFavor

127 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

128 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

129 Muñoz Sánchez, RosalindaAusente

130 Navarrete Pérez, FernandoFavor

131 Nazar Morales, JuliánAusente

132 Nazario Morales, MatíasAusente

133 Noble Monterrubio, Pedro LuisFavor

134 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

135 Oropeza Olguín, Nora LilianaAusente

136 Orozco Sánchez Aldana, José LuisAusente

137 Ortiz Lanz, Adriana del PilarAusente

138 Osorno Belmont, SusanaFavor

139 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

140 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

141 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

142 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor

143 Plata Inzunza, EvelioFavor

144 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

145 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

146 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

147 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

148 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

149 Ramírez Nieto, RicardoFavor

150 Ramírez Ponce, Miguel AngelFavor

151 Real Salinas, Dora ElenaFavor

152 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

153 Rentería Medina, Flor EstelaAusente

154 Rivera Carbajal, SilviaFavor

155 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

156 Rocha Aguilar, YulmaFavor

157 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

158 Rojas Orozco, EnriqueFavor

159 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

160 Romero Vega, EsdrasAusente

161 Romo García, EdgarFavor

162 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

163 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

164 Sáenz Soto, José LuisFavor

165 Salazar Espinosa, HeidiFavor

166 Salazar Muciño, Pedro AlbertoAusente

167 Salinas Lozano, CarmenFavor

168 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

169 Sánchez Coronel, CristinaFavor

170 Sánchez Isidoro, DavidFavor

171 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínFavor

172 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

173 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

174 Sarabia Camacho, CarlosFavor

175 Saracho Navarro, FranciscoFavor

176 Scherman Leaño, María Esther de JesúsFavor

177 Serrano Hernández, MaricelaAusente

178 Silva Ramos, AlbertoAusente

179 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

180 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

181 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

182 Taja Ramírez, RicardoFavor

183 Tamayo Morales, Martha SofíaAusente

184 Tannos Cruz, YarithAusente

185 Terrazas Porras, AdrianaAusente

186 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

187 Toledo Medina, José LuisFavor

188 Torres Cantú, DanielFavor

189 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

190 Trujillo Zentella, GeorginaFavor

191 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

192 Valencia García, ÓscarFavor

193 Vallejo Barragán, ManuelFavor

194 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente

195 Vidal Aguilar, LiborioFavor

196 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

197 Villa Ramírez, TimoteoFavor

198 Villa Trujillo, EdithFavor

199 Villagómez Guerrero, RamónFavor

200 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

201 Vélez Núñez, BeatrizFavor

202 Yerena Zambrano, RafaelFavor

203 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

204 Zepahua García, LillianFavor

205 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 171

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 34

Total: 205

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aguilar López, María MercedesFavor

2 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

3 Alejo Domínguez, HugoFavor

4 Alemán Olvera, Emma MargaritaAusente

5 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

6 Amparano Gámez, LeticiaFavor

7 Antero Valle, Luis FernandoFavor

8 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

9 Barraza López, José TeodoroFavor

10 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

11 Bello Otero, CarlosFavor

12 Bermúdez Méndez, José ErandiFavor

13 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

14 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

15 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

16 Cambranis Torres, EnriqueFavor

17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

18 Castañón Herrera, EukidFavor

19 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

20 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

23 Corral Estrada, HerminioFavor

24 Corral Mier, JuanFavor

25 Cortés Berumen, José HernánFavor

26 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

27 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

28 Cruz Blackledge, Gina AndreaFavor

29 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielAusente

30 Culin Jaime, GretelFavor

31 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoAusente

32 Del Rivero Martínez, RicardoAusente

33 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

34 Döring Casar, FedericoFavor

35 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

36 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaFavor

37 Flores Sosa, CésarAusente

38 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

39 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

40 García García, PatriciaAusente

41 García López, José MáximoFavor

42 García Pérez, MaríaFavor

43 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor

44 Garza Treviño, PedroFavor

45 Gómez Olivier, Sergio EmilioFavor

46 González Ceceña, ExaltaciónFavor

47 González Navarro, José AdriánFavor

48 González Suástegui, GuadalupeFavor

49 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

50 Hernández Ramos, MinervaAusente

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelAusente

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeFavor

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónAusente

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineFavor

72 Neblina Vega, Javier AntonioFavor

73 Osuna Carranco, Karla KarinaAusente

74 Ovando Reazola, JanetteFavor

75 Padilla Avila, KarinaFavor

76 Paes Martínez, JiselaFavor

77 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

78 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

79 Piña Kurczyn, Juan PabloFavor

80 Ramírez Núñez, UlisesAusente

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeFavor

83 Rendón García, César AugustoFavor

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

88 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

89 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

90 Ruiz García, Juan CarlosFavor

91 Salas Díaz, Gerardo FedericoAusente

92 Salas Valencia, José AntonioFavor

93 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

94 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

95 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente

96 Sánchez Meza, María LuisaFavor

97 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

98 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

99 Taboada Cortina, SantiagoAusente

100 Talavera Hernández, María EloísaFavor

101 Tamariz García, XimenaFavor

102 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

103 Triana Tena, JorgeFavor

104 Valenzuela Armas, RafaelFavor

105 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

106 Vargas Bárcena, MarisolFavor

107 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

108 Velázquez Valdez, BrendaAusente

Favor: 93

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 15

Total: 108

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeFavor

2 Alanis Pedraza, Angel IIAusente

3 Aragón Castillo, HortensiaFavor

4 Arguijo Herrera, Tania VictoriaAusente

5 Barón Ortiz, Natalia KarinaAusente

6 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelFavor

7 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

8 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

9 Bocanegra Ruiz, ElioFavor

10 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor

11 Calderón Torreblanca, FidelFavor

12 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

13 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

14 Catalán Padilla, OlgaFavor

15 Contreras Julián, MaricelaFavor

16 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

17 Estefan Garfias, José AntonioFavor

18 Fernández González, WaldoFavor

19 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

20 Flores Sonduk, LluviaFavor

21 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

22 García Calderón, David GersonFavor

23 García Chávez, Héctor JavierFavor

24 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

25 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

26 Hernández Mirón, CarlosFavor

27 Hernández Soriano, RafaelFavor

28 Hurtado Arana, KarenFavor

29 Jiménez Rumbo, DavidAusente

30 Juárez Blanquet, ErikFavor

31 López Sánchez, SergioFavor

32 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

33 Maldonado Venegas, LuisFavor

34 Martínez Neri, FranciscoFavor

35 Martínez Olguin, NicanorFavor

36 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor

37 Martínez Urincho, AlbertoFavor

38 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente

39 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

40 Octaviano Félix, TomásFavor

41 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor

42 Ordoñez Hernández, DanielFavor

43 Ortega Álvarez, OmarFavor

44 Parra Álvarez, EvelynAusente

45 Peralta Grappin, HéctorFavor

46 Pool Pech, Isaura IvanovaFavor

47 Pérez Alvarado, CandelarioAusente

48 Ramírez Peralta, Karen OrneyFavor

49 Reyes Álvarez, FelipeFavor

50 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

51 Saldaña Morán, JulioFavor

52 Santana Alfaro, ArturoAusente

53 Santiago López, JoséAusente

54 Saucedo Reyes, AraceliFavor

55 Soto Espino, ArmandoFavor

56 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

57 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente

58 Valera Fuentes, Diego ValenteFavor

59 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

60 Wences Real, VictorianoFavor

61 Zambrano Grijalva, José de JesúsAusente

Favor: 50

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 11

Total: 61

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeAusente

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioAusente

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioFavor

7 Ávila Serna, MaríaFavor

8 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor

9 Canales Suárez, PalomaFavor

10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

11 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoAusente

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 De León Villard, Sasil Dora LuzFavor

16 De los Santos Torres, DanielaFavor

17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente

18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

19 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente

20 Galindo Rosas, José de JesúsAusente

21 Gaxiola Lezama, JorginaFavor

22 González Torres, SofíaFavor

23 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

24 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelFavor

25 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

26 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor

27 Limón García, LiaFavor

28 Machuca Sánchez, MarioFavor

29 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

30 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

31 Ochoa Rojas, CándidoAusente

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaFavor

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsAusente

37 Spinoso Carrera, EdgarAusente

38 Toledo Aceves, WendolinAusente

39 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

40 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente

41 Zamora Morlet, EnriqueAusente

Favor: 28

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 13

Total: 41

MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoFavor

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

9 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

10 Castro Vázquez, RogerioFavor

11 Chávez García, MaríaFavor

12 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

13 Damián González, AraceliFavor

14 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

15 Falcón Venegas, Sandra LuzAusente

16 Fuentes Alonso, ModestaFavor

17 García Jiménez, CuitláhuacFavor

18 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

19 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

20 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

21 Hernández Correa, GuadalupeFavor

22 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor

23 Juárez Rodríguez, Mario ArielFavor

24 Llerenas Morales, VidalFavor

25 López López, Irma RebecaFavor

26 Molina Arias, Renato JosafatFavor

27 Montiel Reyes, AriadnaFavor

28 Moreno Vega, MagdalenaFavor

29 Nahle García, Norma RocíoFavor

30 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

31 Romero Tenorio, JuanFavor

32 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor

33 Serrano Lora, JesúsFavor

34 Tello López, JorgeFavor

35 Trejo Flores, MarianaFavor

36 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 35

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 36

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor

3 Cervera García, RenéFavor

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

6 Delgadillo García, VerónicaFavor

7 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

8 Flores Gómez, MirzaFavor

9 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

10 Guerra Mota, MoisésAusente

11 Hauffen Torres, Angie DennisseAusente

12 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

13 Martínez García, JonadabFavor

14 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

15 Munguía González, Luis ErnestoFavor

16 Ochoa Avalos, María CandelariaAusente

17 Orantes López, María ElenaFavor

18 Pérez Utrera, AdánFavor

19 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

20 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

21 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

22 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

23 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

24 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 21

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 24

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelFavor

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelFavor

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 11

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 11

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

2 Flores Cervantes, Hugo EricFavor

3 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

4 González Murillo, AlejandroFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

8 Pineda Morín, AbdiesFavor

9 Torres Sandoval, MelissaAusente

Favor: 7

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 2

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1