Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 11:53 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del orden del día.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 9 de marzo de 2017.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

Solicita cambios de integrantes en comisiones.

Del diputado José Máximo García López

Solicita el retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Gobernación

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad de las dependencias de gobierno.

Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para incluir en su legislación la alienación parental como una forma de violencia familiar.

Del DIF del Estado de México

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para la creación de Institutos Locales como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

Del Congreso del Estado de Guanajuato

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Cámara de Senadores

Remite Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de la Federación, a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo Nacional para que reduzcan su presupuesto, con el fin de dar atención al 100 % de los niños enfermos de cáncer en nuestro país.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua, a que emitan una opinión sobre la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands, en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que genere un acercamiento con las empresas que desean invertir en nuestro país, a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, enfocado en la colocación de satélites en el espacio, tal como ya lo ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con la empresa Airbus Safran Launchers, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial, a difundir el estado que guarda el proceso del Dr. José Manuel Mireles, para tomar las medidas pertinentes con objeto de garantizar su salud y resolver inmediatamente su situación jurídica, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia y discriminación salarial.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de perspectiva de género.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal.

Iniciativas

Que reforma los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 7 Bis y 7 Ter de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 60 Bis 3 de la Ley General de Vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Ley del Seguro Social y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 78 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año, como “El Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional”, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Blandina Ramos Ramírez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o. y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29, 73 y 112 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que adiciona un artículo 1o. Ter a La Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 y 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 183 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 260 y 261 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 19, 33 y 34 de la Ley General de Desarrollo Social y 2 y adiciona un 30 Bis a la Ley de Migración, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 8o., 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 67, 112 y 113 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículos 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 42 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona un artículo 11 Bis y reforma el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú y Waldo Fernández González, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 45 bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonal, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 90, 91 y 92 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 335 Bis y reforma los artículos 337 y 338 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, César Camacho e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma un artículo 367 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo Décimo Transitorio del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 16 de junio de 2016, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Paloma Canales Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 74 y 146-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 64 Bis 1 de la Ley General de Salud, 31 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 89 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 39 de la Ley del Banco de México, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 40 y 45 de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 3o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 35 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 52 Bis y reforma el artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, para que solvente y aclare en su totalidad, las observaciones de auditorías que aún están pendientes y que realizó la ASF en los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales, para que legislen en materia de seguridad vial, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, contra las mujeres y niñas, para la integración y transparencia del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a implementar un programa de orientación a padres de familia en las escuelas públicas sobre las consecuencias del uso de celular y otras herramientas tecnologías por niños, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la prevención de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y las actividades productivas, a cargo de la diputada Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita instituir “La Semana Nacional de la Salud” del 25 de febrero al 3 de marzo de cada año, así como exhortar a las autoridades de las instancias que conforman el Sector Salud, para informar a su personal sobre la nueva responsabilidad de realizar el Tamiz Auditivo Neonatal, a cargo del diputado Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar las acciones necesarias para que en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el IMSS realice a la brevedad las gestiones necesarias para la construcción de una Clínica de Nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la presidencia de la República, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a atender la sequía en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Zacatecas, a instrumentar las acciones necesarias en materia económica y social, para estructurar un plan de acción de atención a migrantes repatriados en la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, a llevar una investigación fehaciente sobre el asesinato de tres niños; así como el operativo policiaco ocurrido el 12 de febrero de 2017, en San Miguel de Allende, a cargo de Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Sagarpa para que, en el ámbito de su competencia, difundan el estado de avance relativo al primer año de aplicación y el plan operativo aplicable para el año 2017, de la implementación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca y a la Secretaría de Salud Federal, para que el Sector Salud de esa entidad concluya todas las obras inconclusas, en proceso de planeación y/o susceptibles de rehabilitación, a cargo de la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a que elimine el cobro de fotomultas a todos los automovilistas infraccionados, toda vez que el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, ha creado un precedente que determina inconstitucional diversos artículos del Reglamento de Tránsito de dicha entidad, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las 32 entidades federativas, a fin de fortalecer la institucionalización de las políticas de igualdad de género, conforme a lo dispuesto en los objetivos transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres 2013-2018, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades gubernamentales, a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en diversas localidades del estado de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo federal, a difundir las acciones que ha implementado para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas sobre refugiados y migración, particularmente, en lo relativo a reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayor número de solicitudes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con Motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles ocho de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y tres diputadas y diputados, a las doce horas con dos minutos del miércoles ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Mesa Directiva, con la que comunica modificación de turno de iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trata de personas, presentada por la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por el diputado César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión Especial Contra la Trata de Personas, para opinión.

• Por el que reforma y adiciona el artículo ochenta y nueve de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen; y a la Comisión Especial Contra la Trata de Personas, para opinión.

Modificados los turnos, se actualizan los registros parlamentarios.

b) De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, con la que remite el Informe de Actividades dos mil dieciséis-dos mil diecisiete. De enterado, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta informa a la Asamblea que para dar cumplimiento al Acuerdo aprobado el siete de marzo del año en curso se dará inicio a la Sesión Solemne en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a las doce horas con siete minutos se declara un receso.

A las trece horas con treinta minutos se reanuda la sesión.

A solicitud del diputado Gabriel Casillas Zanatta, del Partido Revolucionario Institucional, la Presidencia invita a la Asamblea a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de la licenciada Martha Elvia Fernández Sánchez, Presidenta Municipal Constitucional de Cuautitlán, Estado de México.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas:

• Yulma Rocha Aguilar, y suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarto, y ciento treinta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga los artículos nueve, treinta y cuatro, ochenta y tres, y ciento treinta y ocho, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo doscientos cincuenta y nueve ter al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Claudia Villanueva Huerta, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona una fracción sexta al artículo sexto de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

A las catorce horas con un minuto, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos cincuenta y siete diputadas y diputados.

• Modesta Fuentes Alonso, y suscrita por el diputado Miguel Alva y Alva, de Morena, que reforma y adiciona los artículos setenta y seis, y ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de migración. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen; y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.

• Claudia Sofía Corichi García, a nombre propio y del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que adiciona un artículo ciento dieciséis bis a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona los artículos ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete, y ciento cincuenta y nueve de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, y suscrita por diputados integrantes del Partido Encuentro Social, que adiciona el artículo séptimo de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo primero-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero constitucional y juicio político. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Igualdad de Género, por el que se reforman y adicionan diversas Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia violencia y discriminación salarial.

b) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se adicionan los artículos setenta y ocho, y ochenta y cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de perspectiva de género.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

De conformidad con el artículo ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática:

– Por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla, para que refuerce las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicar la violencia femenicida contra las mujeres poblanas. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

– Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que una vez iniciado el proceso de negociación con Estados Unidos de América sobre los temas de la agenda bilateral, la seguridad nacional de México sea colocada como la más elevada prioridad. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

– Relativo al comercio con mercados internacionales que vendan las gasolinas más baratas para beneficiar la economía de las familias mexicanas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Por el que se exhorta al gobernador del estado de Colima, para que refuerce las estrategias y políticas públicas, con el objeto de que se restablezca la seguridad, dada la continuidad de los altos índices de criminalidad que privan en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación y al Ejecutivo Federal, para extinguir cualquier causa penal y liberar de forma inmediata a los ciudadanos mexicanos, Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Baño Rodríguez, reconociéndolos como defensores de derechos humanos y victimas de detención arbitraria y tortura. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, instrumenten un programa de compensación económica para pescadores de curvina golfina de las comunidades de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, la Presidenta cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana jueves nueve de marzo de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con veintisiete minutos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.

Esta Presidencia saluda con mucho gusto al señor Álvaro Marchesi, ex secretario de Estado de Educación en España; y al señor Javier Palop Sancho, director de la Fundación España, invitados por el diputado Luis Manuel Hernández León, del grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Sean ustedes bienvenidos.

Continúe por favor la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez cause alta como secretaria en la Comisión Especial de la industria del cacao.

• Que la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez cause alta como integrante en la Comisión Especial de la industria del cacao.

• Que el diputado Samuel Alexis Chacón Morales cause alta como integrante de la Comisión Especial de la industria del cacao.

• Que el diputado Álvaro Rafael Rubio cause alta como integrante de la Comisión Especial de la industria del cacao.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 9 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes cause alta como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes cause alta como secretario de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes cause alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 9 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Mario Machuca Sánchez cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Mario Machuca Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 8 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de comisiones, comités, y grupos de amistad que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que el diputado Jorge Tello López cause baja como secretario de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Elías Ojeda Aquino cause alta como secretario de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Jorge Tello López cause baja como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Elías Ojeda Aquino cause alta como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Jorge Tello López cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Elías Ojeda Aquino cause alta como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Jorge Tello López cause baja como integrante de la Comisión Especial para el desarrollo sustentable.

• Que el diputado Elías Ojeda Aquino cause alta como integrante de la Comisión Especial para el desarrollo sustentable.

• Que el diputado Jorge Tello López cause baja como integrante del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y las Soberanía Alimentaria.

• Que el diputado Elías Ojeda Aquino cause alta como integrante del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y las Soberanía Alimentaria.

• Que el diputado Jorge Tello López cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Dinamarca.

• Que el diputado Elías Ojeda Aquino cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Dinamarca.

• Que el diputado Jorge Tello López cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Ucrania.

• Que el diputado Elías Ojeda Aquino cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Ucrania.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobadas. Comuníquense.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado José Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 y un capitulo vigésimo al título segundo de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez para el dictamen correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole mi respeto y consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017.— Diputado José Máximo García López (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1769, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0334/17, suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a las proposiciones relativas al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el pasado 9 de febrero del año en curso, cuyo resolutivo es el siguiente:

Único.La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analicen la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la información anexa a la Comisión Permanente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.— Licenciado Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo sobre la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad.

Hago de su conocimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje, le corresponde la expedición de dichos documentos; asimismo, establece que los pasaportes se expedirán en el territorio nacional por las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría y en el extranjero a través de las oficinas consulares. Por su parte, los documentos de identidad y viaje se expedirán en las oficinas centrales de la Secretaría, así como en las delegaciones y subdelegaciones de la dependencia ubicadas fuera de la Ciudad de México.

En relación con lo anterior, de conformidad con las disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, corresponde a la Oficialía Mayor fijar los lineamientos administrativos que regulen la expedición de pasaportes, y a la Dirección General de Delegaciones normar, autorizar y supervisar en territorio nacional las actividades y servicios de expedición de pasaportes y documentos de identidad y viaje; y, conjuntamente con la Dirección General de Servicios Consulares, coordinar y normar, la expedición de pasaportes ordinarios en las representaciones de México en el exterior.

Por lo anterior, se comunica que la impresión de los documentos citados se realiza de conformidad con los requerimientos de seguridad e identificación emitidos por la agencia de las Naciones Unidas denominada Organización de Aviación Civil Internacional, entre los cuales se establece la necesidad de numerar dichos documentos para identificarlos de manera individualizada.

En este sentido, toda vez que las libretas de pasaporte y documentos de identidad y viaje tienen el carácter de formas numeradas, su emisión e impresión necesariamente deberá ser realizada por las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en este caso la Tesorería de la Federación y la Dirección General de Talleres de impresión de Estampillas y Valores (TIEV).

Se transcribe la siguiente normatividad para pronta referencia:

Ley de Tesorería de la Federación

Artículo 11. La Tesorería tendrá a su cargo la emisión, custodia, control y distribución de las formas numeradas y valoradas que requiera para realizar directamente las Funciones de tesorería.

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación

Artículo 10. La Tesorería tendrá a su cargo la emisión, distribución, guarda, custodia y control de las formas numeradas o valoradas que se destinen a la expedición de los certificados especiales de Tesorería y las demás que requieran los servicios de Tesorería que preste directamente o cuya emisión deba efectuarse por disposición legal u orden de la Secretaría. Su impresión estará a cargo de la unidad administrativa competente de la Secretaría, salvo cuando los requerimientos tipográficos o de seguridad no puedan cubrirse; en este caso la impresión sólo podrá ser autorizada por la Tesorería, contratándose por conducto de las unidades administrativas correspondientes, con apego a las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones.

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Artículo 69. Compete a la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores:

I. Producir y suministrar formas numeradas o valoradas, marbetes, precintos, signos distintivos de control fiscal, estampillas postales y otros impresos con características de seguridad, así como publicaciones y materiales impresos que requieran las dependencias y entidades de la administración pública federal, las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría.

Con fundamento en lo anterior, el 9 de noviembre de 2011, se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SHCP, por conducto del TIEV, para la prestación del servicio de impresión y producción de libretas para pasaporte y documentos de identidad y viaje con una vigencia indefinida, toda vez que se trata de formas numeradas con características de seguridad.

Así mismo, se tiene conocimiento que el Estado mexicano, para dar cumplimiento al convenio, a través del TIEV, adquirió un “tren de producción” con un costo aproximado de 150 millones de pesos para la emisión de libretas de pasaporte y documentos de identidad y viaje.

Por lo expuesto, se hace de su conocimiento que por disposiciones de la normatividad antes citada, así como de conformidad con los instrumentos jurídicos que se tienen celebrados con la SHCP, no resulta procedente que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada la impresión de las libretas de pasaporte y documentos de identidad y viaje.

Lo que se comunica para los efectos conducentes, no omitiendo mencionarle que la presente opinión se circunscribe a la esfera de competencia de la Oficialía Mayor de esta dependencia.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.— Presente.

A través de este conducto y en relación a su oficio número DGL 63-II -1-1897 recibido ante la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado, el pasado veintidós de febrero este año, mediante el cual pone en conocimiento el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la sesión llevada a cabo el nueve de febrero de la presente anualidad, en la cual, entre otras cuestiones, se determinó lo siguiente: Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a Poderes Judiciales de las entidades federativas a priorizar el interés superior de la niñez en sus actuaciones, promoviendo e instrumentando protocolos de actuación en los casos en los que se detecte el síndrome de alienación parental de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio del derecho de convivencia de un menor con sus padres.

Al respecto, me permito informar a usted, que por lo que toca al reconocimiento de la alienación parental como una forma de violencia familiar, así como el establecimiento de las medidas necesarias para su detección, tratamiento y las sanciones correspondientes a quienes ejerzan esta conducta, corresponde al Poder Legislativo del Honorable Congreso del Estado.

Por otro lado, aún y cuando el Síndrome de Alienación Parental no ha sido reconocido por ninguna instancia o autoridad médica o psicológica de relevancia, como la Organización Mundial de la Salud o la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, es posible identificar el fenómeno de manipulación o control parental o marental en perjuicio de las hijas e hijos, por lo que este Tribunal Superior de Justicia ha puesto en marcha el funcionamiento de los Centros de Convivencia Supervisada, el que a través de las diversas técnicas y estrategias proveídas por la especialización de su personal, busca dar un valor agregado a dicha medida a través de la atención de la familia mediante un plan de intervención que incluya atención, educación y asesoría a quienes atraviesen por una crisis familiar específica. Esta reeducación se ciñe al establecimiento de “talleres psicoeducativos”, los cuales se imparten como forma integral de brindar un servicio adicional que favorezca el restablecimiento o el mantenimiento de estos vínculos, evidenciando los tipos y modalidades de la violencia y las formas de control y manipulación que afectan a hijos e hijas.

De igual forma, este Tribunal Superior de Justicia cuenta con profesionistas en psicología, los que cuentan con la formación y capacitación continua en materia de interés superior de la infancia y derechos de quienes integran este grupo, los que desarrollan sus funciones apegados a los diversos Protocolos de la Corte sobre las formalidades de la comparecencia, evaluación y atención de niñas, niños y adolescentes durante los procesos judiciales donde se ven afectados sus intereses o tienen alguna participación.

Además, por medio de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, se han llevado a cabo labores de promoción respecto a los derechos de la infancia como lo son, la conferencia El interés superior del niño y niña en el acceso a la justicia, verificada el 6 de octubre del año pasado, por la maestra Nelly Montealegre Díaz, procuradora federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF; asimismo, el siete de ese mes, la maestra Aracely Rojas Rivera, directora de la fundación ¿Y quién habla por mi? presidió la conferencia Recomendación número 12 de la Convención de los Derechos del Niño.

De este modo, el tribunal a mi cargo se encuentra comprometido por velar los intereses de la infancia y la adolescencia, realizando acciones tendientes a difundir y proteger aquellos medios que aseguren el efectivo goce de los derechos y garantías de los menores de edad, reconocidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, así como en los tratados firmados por el Estado mexicano.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Chihuahua, Chihuahua, a 2 de marzo de 2017.— Licenciado Julio César Jiménez Castro (rúbrica), Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«DIF del Estado de México.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Avala, vicepresidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Sirva el presente para reconocer a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por las actividades realizadas en beneficio de las personas con discapacidad y en atención de su oficio número DGPL 63-II-5-1805, mediante el cual hace del conocimiento del doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del estado de México, el acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas y los congresos locales para que en el ámbito de sus facultades impulsen la creación de los respectivos institutos locales como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

Al respecto me permito informar a usted que mediante el decreto número 523, la LVII Legislatura del estado de México aprobó la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo para las Personas con Discapacidad del Estado de México, cuyo título tercero considera la creación del Instituto para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que actualmente se encuentra en funciones.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 22 de febrero de 2017.—Adrián Paz Velázquez (rúbrica), director.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ciudad de México.— Presente.

En sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura celebrada hoy se dio cuenta con el oficio número DGPL 63-II-1-1887, de fecha 9 de febrero del año en curso, mediante el cual comunica la aprobación de un punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a reconocer en su legislación civil y familiar la alienación parental como una forma de violencia familiar, entendiéndose ésta cuando alguno de los padres manipula a un menor de edad con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores, estableciendo además las medidas necesarias para su detección y tratamiento, así como las sanciones correspondientes a los que ejerzan esta conducta.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Enterados y se informa que nuestro código civil sustantivo desde octubre de 2014 reconoce la alienación parental como una causa de cambio de custodia o suspensión de la patria potestad, entre otras medidas que establece el código adjetivo civil”.

Lo hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Aprovechamos la ocasión para enviar un cordial saludo y reiterar las seguridades de nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de febrero de 2017.— Por la Mesa Directiva del Congreso diputada Angélica Casillas Martínez (rúbrica), primera secretaria; diputado Juan Carlos Alcántara Montoya (rúbrica), segundo secretario.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:- «Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ciudad de México.— Presente.

En sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura celebrada hoy se dio cuenta con el oficio número DGPL 63-II-1-1886, de fecha 9 de febrero del año en curso, mediante el cual comunica la aprobación de un punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados que aún no cuenten con la ley estatal correspondiente a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil para que armonicen sus leyes locales con ella.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Enterados y se informa que en fecha 29 de noviembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 121, tercera parte, el decreto 118, mediante el cual se emitió la Ley para regular la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Guanajuato”.

Lo hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Aprovechamos la ocasión para enviar un cordial saludo y reiterar las seguridades de nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de febrero de 2017.— Por la Mesa Directiva del Congreso diputada Angélica Casillas Martínez (rúbrica), primera secretaria; diputado Juan Carlos Alcántara Montoya (rúbrica), segundo secretario.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Salud con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y de Educación de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de este padecimiento, y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomente en los médicos, la especialización en pediatría oncológica para lograr lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, para que en cada centro de salud se disponga de dos especialistas por cada 50 pacientes.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, celebre los convenios de colaboración correspondientes con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de que fomenten la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las instituciones de salud de los tres órganos de gobierno, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, mejoren la infraestructura de las instituciones de salud a su cargo para la atención de niños enfermos con cáncer.

Quinto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer el Programa de Acción Específico ‘Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018’, a fin de garantizar la cobertura universal para todos los casos de cáncer en menores no asegurados, así como el financiamiento de gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir ai máximo el porcentaje de abandono.

Sexto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo Nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios para dar atención a 100 por ciento de los niños enfermos de cáncer en nuestro país, reduzcan su presupuesto de manera proporcional en la que participan en e¡ Presupuesto de Egresos de la Federación, para que esos recursos se destinen a dicho fin.

Séptimo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, para que realicen campañas informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil y se integren a los esfuerzos realizados por la federación en este sentido.

Octavo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que establezca programas específicos orientados a la Investigación Biomédica del Cáncer Infantil con objeto de conocer a profundidad sus causas y comportamiento, dada la importancia que tiene para aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida durante el tratamiento.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Junta de Coordinación Política para su atención.

INICIATIVA DE SENADORES

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Luz María Beristain Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta.»

«Los suscritos, Luz María Beristain Navarrete, Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín Robles Montoya, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Lorena Cuéllar Cisneros, Héctor Yunes Landa, senadores integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Considerandos

Es una realidad que nuestro país se encuentra ante una problemática histórica, en la que el presidente de Estados Unidos ha decidido hacer deportaciones de mexicanos migrantes no autorizados en dicho país, de una manera agresiva, sin importar el daño que pueda causar a la preservación de la unidad familiar, interés superior de la niña, niño y adolescente, edad o tiempo de estadía de mexicanos en el país vecino del norte.

Es importante destacar que no obstante que la población de origen mexicano en Estados Unidos, es de aproximadamente 35.5 millones y genera 8 por ciento del producto interno bruto de ese país y que los migrantes de origen mexicano poseen 570 mil empresas: una de cada 25 en el país, Donald Trump ha endurecido cada vez más las deportaciones de mexicanos, aun cuando en las administraciones pasadas se había llevado una política migratoria con características humanitarias por parte del gobierno americano.

La presencia de mexicanos en los Estados Unidos de América (EUA) se ha ido incrementando, y se ha diversificado a diferentes estados, propiciando la presencia de mexicanos en todo el país debido a que en las últimas dos décadas, los migrantes mexicanos se han desplazado a zonas “no-tradicionales” como el medio oeste, durante los noventa, y el sur, entre 2000 y 2010.

Es importante señalar que las deportaciones de la administración del presidente Obama reflejaron continuidades y cambios, en relación con las de administraciones anteriores. Barack Obama heredó y expandió la capacidad de EUA para identificar, aprehender y deportar inmigrantes no autorizados.

En febrero de 2016, México y EUA concluyeron la actualización de los nueve Arreglos Locales de Repatriación de Frontera. Los arreglos firmados representaron una negociación histórica, en virtud de limitar las repatriaciones a 11 puntos fronterizos y uno en el interior del país; establecen horarios preferentemente diurnos para llevar a cabo las repatriaciones y eliminan la práctica de mantener las repatriaciones abiertas las 24 horas del día; determinan horarios aún más acotados para repatriación de personas vulnerables (entre ellos niñas, niños y adolescentes), entre otros. Resulta este acuerdo sumamente agravante para nuestros connacionales.

El pasado 21 de febrero del año en curso la administración de Donald Trump hizo públicos los memorandos que dan carta de naturaleza a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, en el inicio de una intensa persecución que se extenderá desde su frontera sur y hasta el interior de Estados Unidos.

De acuerdo con las nuevas directivas el Departamento de Seguridad Interna bajo la dirección de John Kelly, ha ordenado la contratación de hasta 15 mil agentes para los departamentos de inmigración y aduanas.

Además, ha ordenado la expansión del polémico programa de “comunidades seguras” para convertir a las policías estatales y locales en una extensión de la patrulla fronteriza en todo el país.

Las nuevas directivas dejan sin efecto las que ordenó la administración Obama para dar prioridad a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

Los esfuerzos, diálogos y avances entre México y EUA en materia de migración se han reducido, por lo que como legisladores debemos ser totalmente objetivos en el análisis de la problemática, ya que al paso de los días las afectaciones se agravan, es momento de tomar decisiones y soluciones.

En adición a lo anterior, en los memorandos publicados se autoriza a los agentes de migración deportar a ciudadanos de terceras naciones a la nación contigua o desde la cual cruzó la frontera. Es decir, aquellos ciudadanos que no sean de origen mexicano, pero que hayan ingresado desde México, podrán ser retornados de forma expedita.

Estas medidas implican y nos enfrentan a la deportación masiva de nuestros connacionales radicados en Estados Unidos además de personas que no sean de origen mexicano, por lo que nuestro país está frente a una gran problemática histórica y por ello es imprescindible que el estado realice las acciones necesarias que mitiguen el daño a nuestro connacionales, por ende se deben tomar medidas que reaccionen a las deportaciones de mexicanos, con la finalidad de evitar una crisis social.

En ese tenor la presente propuesta establece modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incentivar la contratación de mexicanos que hayan sido deportados y se encuentren en situación de vulnerabilidad, por medio de un estímulo fiscal.

Asimismo, hay que mencionar que con esta propuesta se les estaría dando a los mexicanos deportados las herramientas necesarias para poder obtener un empleo y con ello mejorar la situación de vida de los mexicanos.

Esta propuesta como se mencionó anteriormente fomenta la creación de empleo, atiende al respeto de los derechos humanos, poniendo un ejemplo en la comunidad internacional, donde se les da el respaldo que demandan los mexicanos deportados. Serán miles de mexicanos deportados y debemos estar preparados, por ello es necesario crear un andamiaje que permita brindar una respuesta al llamado social.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hay 55.3 millones de personas en pobreza, la realidad mexicana orilla a que en nuestro país tome acciones que generen el empleo, y que además se les facilite a las empresas la contratación a través de estímulos fiscales.

Ante las deportaciones masivas, de manera gradual irá incrementando el número de personas en pobreza, como legisladores debemos crear un blindaje que propicie el empleo y el desarrollo social en general.

Entendiendo al desarrollo social como un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.

Es menester señalar que según información que ha dado a conocer Denise Maerker, del 1 al 26 de febrero de 2017, se han deportado 11 mil 328 mexicanos deportados y se buscará deportar a 11 millones de mexicanos no autorizados que viven en Estados Unidos.

Por ello, el desempleo en nuestro país se está incrementando en miles, esta propuesta atiende a esa realidad que estamos viviendo y busca evitar como se mencionó anteriormente una crisis social en nuestro país.

Este estímulo fiscal solo aplicará para trabajadores deportados que se encuentren en estado de vulnerabilidad, con la intención de brindar un apoyo a quienes más lo necesitan, asimismo se establece un requisito consistente en que deben haber permanecido de manera ininterrumpida en otro país por 5 años, esto con la intención de apoyar a los deportados que de alguna manera ya habían desarrollado una vida en otro país y por su condición migratoria pierden todo lo que habían obtenido fuera de su país de origen.

Nuestro país debe de dar respuesta a las políticas migratorias de derecha y cumplir las obligaciones del estado, dando los empleos que demandan todos los mexicanos.

En concreto esta propuesta busca establecer un estímulo fiscal para que los patrones que contraten a mexicanos deportados obtengan un crédito fiscal de 10 por ciento sobre el salario de los trabajadores deportados, también se establece que dicho 10 por ciento se irá reduciendo 2 por ciento cada año, reduciéndose a un 8 por ciento el segundo año, 6 por ciento el tercer año, 4 por ciento el cuarto año y 2 por ciento el quinto año.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, así como 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el presente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un capítulo XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se adicionan un capitulo XII a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Capítulo XIIDel Estímulo Fiscal para el Fomento al Empleo para Mexicanos Deportados

Artículo 205. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto incentivar la contratación de mexicanos deportados de carácter permanente en territorio nacional.

Artículo 206. Los patrones que contraten trabajadores mexicanos deportados, tendrán derecho a un estímulo fiscal en el impuesto sobre la renta.

Se otorga un estímulo fiscal a los patrones en el pago del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a 10 por ciento del monto sobre el salario de los trabajadores contratados que hayan sido deportados, se encuentren en estado de vulnerabilidad y que por lo menos hayan permanecido de manera ininterrumpida por más de 5 años en otro país, dicho estímulo fiscal se irá reduciendo 2 por ciento cada año.

El monto del estímulo fiscal sólo será aplicable tratándose de trabajadores que perciban hasta 15 veces el salario mínimo general vigente.

Artículo 207. Para efectos de este capítulo se entenderá como:

I. Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo.

II. Trabajador: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo.

III. Salario: el que en los términos del artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 208. El estímulo fiscal a que se refiere el artículo 206 de esta ley se aplicará en el ejercicio fiscal de que se trate, así como en el cálculo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

La determinación del estímulo fiscal se podrá aplicar en los pagos provisionales se llevará a cabo en los mismos términos y condiciones establecidos en el artículo 206 de esta ley, pero considerando el salario pagado a los trabajadores deportados en el periodo al que corresponda el pago.

El patrón disminuirá de la utilidad fiscal que corresponda al pago provisional de que se trate, el monto del estímulo fiscal que resulte para el mes de que se trate.

Artículo 209. Para tener derecho al estímulo fiscal a que se refiere el artículo 206 de la presente ley, el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad de los trabajadores deportados que se contraten, con los requisitos siguientes:

I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Contratar a trabajadores deportados para ocuparlos.

III. Inscribir a los trabajadores deportados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero-patronales causadas tanto por los trabajadores deportados, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

Además, respecto de los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior, se deberá cumplir con las obligaciones de retención y entero a que se refiere el capítulo I del título IV de esta ley.

V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

VI. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso y la información mensual a que se refiere el artículo 210 de esta ley, de conformidad con las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado.

VII. Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 210. Los patrones que apliquen el estímulo fiscal adicional a que se refiere el artículo 206 de esta ley, deberán presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, en el mes en el que inicien la aplicación del estímulo fiscal, un aviso en el que manifiesten que optan por aplicar los beneficios establecidos en el artículo 206 de esta ley. Asimismo, a más tardar el día 17 de cada mes del año de calendario, los patrones deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, la siguiente información correspondiente al mes inmediato anterior:

I. Respecto de los patrones que apliquen el estímulo fiscal, lo siguiente:

a) El registro federal de contribuyentes.

b) Todos los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social asociados al registro federal de contribuyentes.

II. Respecto de los trabajadores deportados contratados, lo siguiente, por cada trabajador:

a) El nombre completo.

b) El número de seguridad social.

c) La clave única de registro de población.

d) El registro federal de contribuyentes.

e) El monto del salario base de cotización con el que se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

f) El monto de las cuotas de seguridad social pagadas.

III. El monto del estímulo fiscal aplicado en el mes de que se trate.

IV. La demás información necesaria para verificar la correcta aplicación del estímulo fiscal establecido en el artículo 206 de la presente ley.

El Servicio de Administración Tributaria deberá remitir copia de la información que presenten los patrones en los términos de este artículo al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 211. Los patrones que en un ejercicio fiscal incumplan con los requisitos establecidos en este capítulo para aplicar el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 206 de esta ley, perderán el derecho a aplicar dicho estímulo fiscal por la contratación de trabajadores deportados que se realicen en ejercicios posteriores a aquél en el que se incurrió en incumplimiento.

Artículo 212. Con independencia de las sanciones que se apliquen a los patrones que de manera indebida efectúen el estímulo fiscal prevista en el artículo 206 de esta ley, dichos patrones deberán pagar el impuesto sobre la renta que le hubiera correspondido de no haber aplicado en los pagos provisionales o en el ejercicio de que se trate el estímulo fiscal a que se refiere el mencionado artículo 206, debidamente actualizado y con los recargos que correspondan, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables, desde la fecha en la que se aplicó indebidamente el mencionado estímulo fiscal y hasta el día en el que se efectúe el pago.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Secretaría de Relaciones Exteriores. Mensaje de la Canciller en el Comité Judío-Americano (AJC) Global Forum. Consultado el 23 de febrero de 2017 en la URL:http://www.gob.mx/sre/art¡culos/mensaje-de-la-canciller-ruiz-massieu-en-el- comite-judio-americano-ajc-global-forum?idiom=es

2 La Jomada. Trump da luz verde a deportaciones masivas. Consultado el 23 de febrero de 2017 en: http://www.jornada, unam.mx/ultimas/2017/02/21/trump

3 Centro de estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados. Consultado el 1 de marzo de 2017 en: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_dsocial.htm

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de marzo de 2017.— Senadores: Luz María Beristain Navarrete (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica), José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero (rúbrica), Yolanda De La Torre Valdez (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Lorena Cuéllar Cisneros, Héctor Yunes Landa (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Saludamos con mucho gusto la asistencia de alumnos y profesores del tercer grado de bachillerato de la escuela de Ciencias y Humanidades ingeniero Agustín González Plata, invitados por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA CONAGUA A QUE EMITAN OPINIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA CERVECERA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, emitan una opinión sobre la instalación de la planta cervecera de la empresa Constelation Brands, en el municipio de Mexicali, Baja California.

La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Gracias, presidenta, con su venia. El agua es el esencial líquido, parte y origen de la vida. En gran parte de nuestro planeta escasea cada vez más, al menos en las condiciones de uso que el ser humano requiere para su subsistencia.

Desde hace ya décadas se nos ha venido diciendo que el agua algún día llegará al punto final, en el que difícilmente podamos tener acceso al líquido desalinizado que requerimos.

No olvidemos que tan sólo el tres por ciento del agua de este nuestro planeta azul, es agua dulce y de baja salinidad, es decir, apto para la vida humana. Esta amenaza mundial por supuesto que también afecta a nuestro país, pero sobre todo a las regiones del norte; el valle de Mexicali concretamente, aquel que algún día fue considerado la cuna del oro blanco, como se le hacía llamar al algodón, que hoy produce trigo, maíz, hortalizas y una gran variedad de cultivos, tiene hoy serios problemas por el agua, elemental líquido, para que se puedan desarrollar los cultivos en nuestro estado.

La fuente de abastecimiento de agua de los mexicalenses, y de gran parte de los ciudadanos de Baja California, cerca de cuatro millones de habitantes de Baja California, se está acabando. Baja California se está deshidratando.

Las causas pueden ser varias, ya sea una por sobreexplotación, descuidos, ineficiencias o efectos propios del incesante cambio climático que vivimos. La realidad es que cualesquiera que sean estas razones, algo tenemos que hacer para remediarlo.

Recuperar el ecosistema, relacionado con este valioso elemento, indispensable para la vida; pero no es responsabilidad de unos cuantos, es una responsabilidad que debe ser compromiso de todos, porque el problema tarde que temprano, quizá más temprano que tarde, nos alcanzará a todos por igual.

Viene lo anterior a manera de oportuno llamado a la conciencia de quienes desde el Poder Legislativo tenemos la oportunidad de hacer algo por nuestro esto o por la región que representamos. Los mexicalenses están verdaderamente temerosos por el destino que pueda darse al agua en momentos en los que la escasez de este líquido es una realidad innegable.

Es decir, existe verdadera preocupación por la subsistencia misma de hasta ahora ese fértil valle, que quede claro algo, los mexicalenses y los baja californianos no estamos en contra del progreso y del desarrollo de nuestra región, de nuestro valle, de nuestro estado. Sí apoyamos la generación de empleos, sí queremos inversión extranjera y nacional, sobre todo inversión del estado, en infraestructura que detone nuestras regiones.

Estos más de 500 millones de pesos que el gobierno de Baja California pretende invertir en la construcción del acueducto para la Cervecera Constellation Brands, debería considerarse en invertir en agroindustria, en el sistema de riego.

Sí entendemos de la importancia de las nuevas empresas que se deben de establecer en la región, pero jamás entregar los recursos naturales que tenemos porque la instalación y la generación de empleos, señores y señoras diputados, no puede ser a costa de dañar seriamente nuestro ecosistema.

La instalación de esta empresa no puede ser a costa de todo, y poner en riesgo la subsistencia del valle de Mexicali, así como todo el estado que requiere y que bebe y toca el agua del río Colorado.

Por esa razón, demandamos orden, claridad, transparencia, honestidad en el proceso de establecimiento de cualquier de cualquier empresa que pueda causar estragos al medio ambiente. Pero en este momento nos ocupamos de esta empresa cervecera, la Constellation Brands, las autoridades responsables de la administración del agua, y del cuidado de nuestro medio ambiente deben dilucidar las sospechas que pesan sobre la instalación de esta empresa trasnacional, que por desgracia nació en un pantano que apesta.

Señoras y señores legisladores, quiero ver convertido a mi querido Valle en algo como hoy y tal vez mejor, verde y productivo. No lo quiero ver como un páramo inerte, ese Valle tiene que seguir siendo una importante región agrícola para nuestro país, tiene que seguir creciendo, progresando, generando empleos, diversificándose, tecnificándose, ahí sí queremos la inversión de esos 500 millones de pesos, pero necesitamos conocer la realidad de los mantos freáticos y de nuestras reservas de agua, hasta dónde podemos seguir explotando el acuífero, hasta cuándo los bajacalifornianos tendremos la seguridad del abastecimiento de agua doméstico, agrícola, independientemente de que también podamos saber con claridad del uso agrícola del agua de Baja California.

Han transcurrido un año y medio desde que se anunció el inicio de la instalación de esta empresa cervecera transnacional. Pero hasta ahora han sido más las dudas que las certezas, más las interrogantes que las respuestas, más los rumores que las verdades.

Es por eso que, atendiendo el reclamo social y recogiendo las inquietudes de los productores del valle de Mexicali, en mi carácter de legisladora federal, originaria por decisión propia de Baja California, de manera respetuosa pongo a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua, a que emitan una opinión sobre la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands en el municipio de Mexicali, Baja California, así como fortalecer e intensificar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a la construcción de dicha planta, a efecto de atender las preocupaciones que han nacido desde su instalación, desde su anuncio. Gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Saludamos la presencia de un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la carrera de administración pública, invitados por el diputado Ángel García Yáñez. Sean ustedes bienvenidos.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se considera de urgente resolución.

De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema, los siguientes diputadas y diputados: por el Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, estimados ciudadanos que nos acompañan en el Canal del Congreso.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son indispensables para una vida humana digna.

Por su parte, en febrero de 2012 México elevó a rango constitucional el derecho humano de acceso al agua, con ello se pretende que el abastecimiento sea suficiente, adecuado, de calidad conforme a las necesidades básicas de cada persona, para el consumo humano y el uso personal.

Referirnos agua como un derecho humano, es un paso esencial en el camino hacia una mayor justicia social, pero también ambiental, toda vez que la falta de agua es una de las principales causas de la desigualdad en México y propicia conflictos que ponen en riesgo la estabilidad social, económica y política de nuestro país.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza entendemos los riesgos que implica la falta del agua, por ello hemos sido enfáticos en la necesidad de cuidar este recurso y propiciar su uso de una manera sustentable, principalmente en aquellas regiones donde el agua es muy escasa. Actualmente, en el país se enfrentan graves problemas de disponibilidad de agua y Baja California es la entidad con el mayor problema de sequía en todo el territorio nacional, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México, emitido por la Comisión Nacional del Agua, conocida por todos nosotros como Conagua.

Por ello, la instalación de nuevas industrias en su territorio deben ser cuidadosamente analizadas para no tener los riesgos ni poner en riesgo ese recurso natural en esa región.

En ese sentido, coincidimos con el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, a emitir opinión sobre la posible instalación de una planta cervecera en el municipio de Mexicali, pues el manejo adecuado de este importante recurso garantiza el bienestar social, económico y la preservación de la riqueza ecológica de la sustentabilidad de nuestro país.

Compañeras y compañeros, no es un tema menor y menos en estos días que estamos discutiendo en la Comisión del Agua y Saneamiento una nueva ley. Es por eso que en todos estos pequeños detalles debemos estar muy atentos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Francisco Javier Pinto Torres.

Saludamos la presencia de estudiantes de la Escuela Primaria Carlos Espinosa Romero, de la Delegación Iztapalapa, del Distrito Federal, invitados a este salón de pleno por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de esta Mesa Directiva. Sean ustedes bienvenidos.

Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Social, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Mirza Flores Gómez. De Movimiento Ciudadano, por supuesto.

La diputada Mirza Flores Gómez:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, señora presidenta. Esta mañana el posicionamiento que tenemos los compañeros de Movimiento Ciudadano respecto del punto de acuerdo en el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua para emitir una opinión sobre la instalación de la planta cervecera, a cargo de mi compañera, la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, pues es un asunto que nos preocupa y que nos debe ocupar como Cámara de Diputados.

Este tipo de exhortos deben ser siempre muy puntuales, por lo que felicito a la diputada por tomar tan en serio los asuntos que están pasando, no sólo en su municipio, sino en su estado.

El tema de los proyectos de inversión en nuestro país, debe ser tomado como un foco central para la toma de decisiones dentro de los permisos que se otorguen para la inversión extranjera. En este momento en el que el país atraviesa por una condición complicada y delicada en tema de inversión, pues claro que son bienvenidos los inversionistas.

Por supuesto que queremos que haya mano de obra mexicana trabajando para la producción y la exportación de producto hecho en México, pero en estos casos se presentan dos grandes problemáticas.

Por un lado, podemos tener el grave problema de la sobreexplotación de nuestros recursos naturales por parte de industrias extranjeras, que pueden provocar el agotamiento o contaminación de estos recursos alterando de manera acelerada el ecosistema.

Pero por otro lado, que también es igual de importante, hay ocasiones en que estas inversiones dejan de lado la opinión de la comunidad y la ejecución de estos proyectos, pues los desvinculan de la planta productiva que las comunidades pueden verse beneficiadas.

Entonces, va en dos sentidos esta preocupación, los recursos naturales y la desvinculación de las comunidades en donde se instalan este tipo de inversiones. En este sentido, aunque resulte complejo, es fundamental encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos y el potencial de desarrollo de estos proyectos de infraestructura frente a las afectaciones de largo plazo, que pueden generarse en materia de medio ambiente y derechos sociales.

Por ello, más allá de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua emitan una opinión sobre el proyecto que se desarrolla en Mexicali, es necesario priorizar la consulta y la opinión de las comunidades afectadas y de expertos en la materia.

Debemos de hacer integral este tipo de decisiones, debemos de poner mucha atención y mucha preocupación del cuidado, sí celebrar la inversión extranjera pero siempre con poniendo un alto hasta que no se revise minuciosamente el cuidado de nuestros recursos naturales, que como mexicanos debemos de vigilar de manera sumamente responsable.

Por eso celebro este punto de acuerdo, que no nos dejemos llevar sólo por la inversión, sí que se invierta en México, son bienvenidos, pero sí debemos de cuidar que se vigile el tratamiento y el uso, no sólo del agua, sino de todos nuestros recursos naturales.

Es importante decir que la industria cervecera en este país es la segunda industria más importante después de la industria automotriz. Genera muchas fuentes de empleo y una derrama económica muy importante para todo el país.

A nivel internacional, México es el cuarto exportador de cerveza, compitiéndole muy de cerca con Alemania. Eso habla muy bien de México, pero nunca descuidando el cuidado a nuestros recursos naturales. Vamos a favor en Movimiento Ciudadano, diputada Nancy. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Flores. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso de la diputada presidenta. El primer tema que salta aquí a la vista es la pregunta sobre por qué esta soberanía tendría que solicitar a Conagua una opinión sobre un tema de esta naturaleza. Uno supondría que Conagua lo va a hacer. Es decir, aquí la primera pregunta tiene qué ver con qué problemas tiene Conagua que en algo de esta magnitud no ejerce la facultad que es la gobernanza del agua en el país.

Si uno analiza, por ejemplo, los resultados de las auditorías de alto desempeño como de gestión de recursos de Conagua, encuentran problemas en la gobernanza y encuentra problemas específicos en la obra. Por ejemplo, si uno analiza lo que ha hecho en el sistema Cutzamala, que es algo que a los capitalinos nos importa de manera importante, pues la auditoría dice que Conagua no cumplió los estándares de seguridad, higiene y limpieza en los trabajos de contrato de obra pública. Es decir, Conagua no está asegurando que la calidad del agua que recibimos en el valle de México sea la adecuada.

Primero tendría que haber, entonces, una reflexión en el sentido de que la autoridad federal encargada de asegurarnos que efectivamente haya un buen manejo de los recursos hidráulicos no está haciendo su trabajo.

Y como la autoridad federal no está haciendo su trabajo en materia de agua, ya conocemos pues los famosos escándalos del exdirector de la Comisión Nacional del Agua, que usaba su helicóptero para llegar a su casa o que, por ejemplo, tuvo a bien destinar una buena cantidad de recursos a una universidad que después le dio un doctorado honoris causa y toda una leyenda de eso.

Evidentemente, se está reflejando que entonces tampoco hay certeza en la inversión. Como precisamente Conagua no está haciendo su trabajo, entonces los inversionistas se encuentran en este momento ante una disyuntiva en la que con toda razón las personas de Baja California preguntan si esta inversión va a quitarles el agua y la respuesta es que no sabemos porque la autoridad encargada de esta tarea, la Conagua, porque este es un tema federal, simplemente no hace su tarea.

Esta es la muestra de que tenemos una falla muy grave en la Conagua y que todas estas maravillosas historias del director de Conagua, con su helicóptero y dando dádivas a universidades para que le den un doctorado honoris causa, se están reflejando precisamente en una política hidráulica equivocada.

Nosotros nos vamos a abstener en la votación de este punto justo porque lo que tendría que haber, en todo caso, es un llamamiento a cuentas al director de la Conagua para que explique por qué no ha dado su opinión. Por qué justo la autoridad responsable, que yo entiendo que es la federal, explique por qué tenemos esta incertidumbre y por qué las personas de Baja California, efectivamente, no están seguros de si esto se va a llevar a cabo. Que sirva esto como una muestra de que en la Comisión Nacional del Agua se están haciendo muy mal las cosas. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Vidal Llerenas.

Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Jonathan Peled, embajador del Estado de Israel en México, quien acompañado por el señor Yariv Levin, ministro de Turismo de ese gobierno, y la señora Michal Rozin, integrante de la Comisión para la Promoción del Estatus de la Mujer, del Parlamento de ese país, sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Grupo de Amistad México-Israel, presidido por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Este cuerpo colegiado les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y los lazos de amistad entre ambas naciones. Sean ustedes bienvenidos.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado José de Jesús Galindo Rosas, hasta por tres minutos.

El diputado José de Jesús Galindo Rosas:Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. La escasez de los recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias en todo el mundo.

La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. El objetivo número seis de desarrollo sostenible planteado por la ONU, establece que se debe garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, ello implica que para mitigar la escasez de agua se debe proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso.

En virtud de ello, garantizar el derecho de acceso al agua demanda el compromiso y la voluntad política de los tres niveles de gobierno con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, especialmente en las regiones en donde escasea el vital líquido.

En México, el principal usuario del agua es el sector agrícola, con aproximadamente el 80 por ciento del agua concesionada a este sector, un 16 por ciento a las ciudades y el restante para la industria. Muchas regiones de nuestro país sufren de una fuerte crisis por falta de agua y en específico en el estado de Baja California se han afectado a los sectores agrícolas y ganaderos, los cuales han sufrido en salitramiento de sus tierras, reducción de cultivos, muerte de ganado y aumento en los precios del vital líquido. Esta crisis de insuficiencia de agua afecta también a los sectores industrial y doméstico.

Al respecto, como lo señala la exposición de motivos del punto de acuerdo que estamos discutiendo, el 31 de enero del año en curso, el Monitor de Sequía de México, emitido por la Conagua, señaló que la ciudad de Tijuana y Mexicali registraban una sequía severa; Tecate y Playa de Rosarito con sequía moderada, y Ensenada anormalmente seco. Esto coloca a Baja California como a la entidad con el mayor problema de sequía en todo el territorio nacional.

La preocupación social que existe en Baja California sobre el acceso al agua es vigente. Recientemente el Congreso del estado abrogó la Ley del Agua Estatal, ante la preocupación de diversos actores sociales que apuntaban hacia la privatización de este servicio.

No obstante, esta polémica fue reavivada con el anuncio de la instalación de una planta cervecera del Grupo Constellation Brands, la cual se tiene previsto utilice aproximadamente 20 millones de metros cúbicos del agua al año.

Esta planta cervecera ha prendido nuevamente los focos de alarma en algunos sectores de la sociedad bajacaliforniana, sobre todo considerando el impacto que ha tenido una instalación de este tipo de industrias en otros estados, por ejemplo Coahuila.

Aunado a lo anterior está el hostigamiento del que han sido objeto los agricultores del valle de Mexicali con la intención de orillarlos a vender sus tierras y su derecho de agua a favor de la fábrica, lo cual hace de esta situación un conflicto social que puede tener consecuencias graves si no se actúa a tiempo para hacer prevalecer el interés social por encima de los intereses económicos.

Por lo anterior y, a efecto de que el Estado garantice el derecho que toda persona tiene en México al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde compartimos la idea de que Semarnat y Conagua emitan su opinión respecto a la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands en Mexicali y que se fortalezca el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a la construcción de dicha planta, con la finalidad de atender las preocupaciones ciudadanas respecto a dicho proyecto. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado José de Jesús Galindo Rosas. Por el Grupo Parlamentario del PRD tiene el uso de la palabra por tres minutos el diputado Francisco Xavier Nava Palacios.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios:Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. En tiempos recientes el estado de Baja California y, en particular, los habitantes de Mexicali, le han dado al país una muestra de dignidad y de cómo llevar a cabo una resistencia civil ordenada, pacífica y contundente. También nos han mostrado cómo la privatización del agua se configura como una forma de despojo que la sociedad civil no está dispuesta a permitir.

El despojo del agua en Baja California no comenzó con la Ley Estatal del Agua ni con el intento de privatizar el servicio público de suministro. El despojo comenzó hace ya muchos años cuando en perjuicio de los agricultores del valle de Mexicali comenzaron a proliferar pozos clandestinos, al parecer invisibles para la autoridad del agua.

Para nadie es un secreto, no al menos al interior de la Conagua, que el organismo de Cuenca Península de Baja California es un organismo corrupto y que incluso no sólo permite el establecimiento de pozos clandestinos, sino que además facilita su regularización a pesar de la veda declarada para frenar la sobreexplotación del acuífero; nos consta porque hemos acompañado a los agricultores del valle de Mexicali en sus denuncias en contra de pozos irregulares, y hemos sido testigos de cómo la autoridad no ejecuta ningún acto de autoridad. Vaya, ni siquiera se digna a realizar visitas de inspección.

Para agravar esta situación, los agricultores que sí cuentan con una concesión legal, son presionados por las empresas y según su dicho, y esto es muy grave, hasta coaccionados por los propios funcionarios públicos para que vendan, es decir, transfieran su título de concesión vigente a las grandes empresas consumidoras de agua, en este caso en particular, es el caso de una cervecera norteamericana.

Qué bueno que este punto de acuerdo contenga esa denuncia, y celebramos que sea el grupo mayoritario en esta Cámara quien lo haga. ¿Por qué razón? Porque queremos que ese mismo grupo parlamentario, en congruencia, sostenga ese mismo razonamiento a la hora de discutir la nueva Ley General de Aguas.

Queda de manifiesto y perfectamente claro, que la transferencia de concesiones y el cambio indiscriminado de uso de agua, ha propiciado el despojo y la sobreexplotación.

La transferencia de títulos de concesión y los cambios en el uso de agua originalmente autorizados, deben quedar terminantemente prohibidos en la futura ley general.

Se debe, además, transformar de fondo el régimen de concesiones justo para que no sucedan cosas como lo que está sucediendo en la capital del estado de San Luis Potosí, donde miles de familias están a punto de quedarse sin agua porque la operación del régimen de concesiones de la Ley de Aguas no contempla la salvaguardas suficientes para hacer prevalecer el derecho humanos al acceso al agua.

Esas son parte de las propuestas de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, los cuales estaremos muy pendientes de la respuesta que debe dar Conagua a este punto de acuerdo, por el cual el grupo parlamentario del PRD votará a favor en esta sesión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Xavier Nava Palacios. Por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Exaltación González Ceceña.

El diputado Exaltación González Ceceña:Con su venia, presidenta. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está a favor de este punto de acuerdo.

Es tiempo ya de que el gobierno federal defina políticas que favorezcan el desarrollo económico y social de Baja California, que se manifieste por apoyar a industrias que en un marco de legalidad generen inversión y empleo directo, además de una derrama económica para toda la sociedad.

Es tiempo ya de que el gobierno federal se ponga a trabajar de manera integral para sentar las bases de un mayor crecimiento en la industria en el sector agropecuario y en el área urbana.

Es por ello que vamos a votar a favor del punto de acuerdo, pero a la vez proponemos dos aspectos muy importantes para el Grupo Parlamentario del PAN. Primero que nada, que en la Comisión Nacional del Agua que depende de la Semarnat, lleve a cabo un estudio técnico integral de la situación física del manto acuífero del valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, porque se habla mucho de escasez, pero se adolece de estudios técnicos recientes que permitan una planeación efectiva al respecto.

Asimismo, el gobierno federal, y que se oiga muy bien hasta la Sagarpa, debe brindar los apoyos necesarios y suficientes para que en el valle de Mexicali se utilicen nuevas tecnologías de riesgo, a fin de hacer un uso eficiente del agua.

Y, a propósito de la Semarnat, exigimos al titular de esta dependencia del gobierno federal que libere de los manifiestos de impacto ambiental a los pescadores de corvina del Alto Golfo de California. Son miles de familias del puerto de San Felipe, Baja California; y del Golfo de Santa Clara, en Sonora, las que dependen de esa honesta actividad.

Déjenme decirles, amigas diputadas y diputados, que anoche estalló la violencia en Santa Clara, Sonora, en donde miles de familias desesperadas por la falta de respuesta de la Semarnat quemaron patrullas, camiones particulares, casas en donde vivían los inspectores de la Semarnat y pangas de los mismos inspectores. Estamos mostrando imágenes de lo que ocurrió ayer en Sonora. No queremos que esto ocurra más en Baja California.

Los diputados del PAN reprobamos los hechos de violencia, pero a la vez le exigimos a la autoridad federal que aplique políticas públicas que ayuden al sector agropecuario de Baja California, de Sonora, así como a los pescadores del Alto Golfo de California.

En Acción Nacional hemos reiterado que, para que México crezca, debemos impulsar la inversión, la productividad y la competitividad. Estamos convencidos de que, sobre todo en tiempos como los actuales, con un crecimiento mediocre de la economía nacional, los gobiernos tienen la obligación de generar incentivos para la inversión y la creación de empleos. Como vemos, el gobierno federal le sigue debiendo a los estados del norte, y sobre todo Baja California y a Sonora. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Exaltación González Ceceña. Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra la diputada Nancy Sánchez Arredondo.

La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo:Gracias, presidenta. No debemos revolver la magnesia con la gimnasia, como dicen coloquialmente.

El tema del agua, este que nos ocupa, esta amenaza que hay en Baja California de que se instale una empresa depredadora, es un tema exclusivamente del gobierno del estado de Baja California, de Kiko Vega. El tema de la pesca del alto Golfo, que tengo años tratando ese tema que por cierto usted, diputado, y todos los diputados de Acción Nacional no se han metido, mucho menos el gobernador de Baja California, que no ha abierto la boca para defender a los pescadores del alto Golfo, a diferencia de la gobernadora de Sonora, que ya tomó cartas en el asunto para atender este tema que desgraciadamente estalló.

Pero yo quisiera ver al gobernador de Baja California hablar de los pescadores de San Felipe, que hable a favor de ellos porque también son de Baja California. Pareciera que son de otro planeta o que el propio gobernador vive en la luna, porque no se le ha visto defender la pesca en el puerto de San Felipe.

No revuelvan las cosas, señores, atiendan lo que corresponde. Hay una ausencia de gobierno en Baja California, y ustedes también son responsables. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Nancy Sánchez Arredondo. Sonido, por favor, en la curul del diputado Exaltación González Ceceña. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Exaltación González Ceceña(desde la curul): Para alusiones, presidenta. Aquí dejar en claro que a los diputados del Partido Acción Nacional de Baja California y de todo el país, la parte esencial que nos interesa es el desarrollo social, económico de esta gran nación y sobre todo de Baja California.

Ya es tiempo que se deje de manosear desde el punto de vista político el tema del agua. Hay quien confunde el manto freático con el manto acuífero. Ahí sí hay confusión. El valle de Mexicali requiere de un estudio científico sobre la situación física del manto acuífero. Nuestro manto freático nos afecta muchísimo a todos los cultivos.

Desde hace 25 años la Comisión Nacional del Agua no ha hecho ningún estudio integral sobre la situación del manto. Le exigimos al gobierno federal, para que la Conagua aplique los recursos necesarios y suficientes para que se haga este estudio.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión. Sonido, por favor, en la curul del diputado Alfredo Ferreiro. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco(desde la curul): Sí, diputada presidenta, es sobre el mismo asunto de Baja California con el tema del agua. Baja California, como ya se dijo aquí, es un estado que carece de agua, que está considerado como un estado de gravedad en el aspecto acuífero y hay zonas del estado de Baja California, como se dijo aquí Ensenada, donde hay comunidades dentro de la ciudad, colonias en la ciudad, que tienen 18 o 20 días a veces sin recibir ninguna gota de agua.

Baja California tiene problemas serios de abasto de agua potable y en Mexicali, al querer autorizar esta compañía... Quiero decirles que esta compañía ya se autorizó, los permisos ya se dieron. Pero aquí el problema es este: si el estado trae problemas de agua, entonces la política industrial del estado está equivocada, Baja California no puede promover industria que consuma altas cantidades de agua, porque no tiene agua.

Entonces, esta empresa que viene a consumir más de 20 millones de metros cúbicos de agua al año en Mexicali, pues es un error que el estado haya promovido esa empresa.

En el Partido Encuentro Social reprobamos la política industrial del estado que debe promover industria que no tenga y que no consuma altas cantidades de agua. Eso lo digo para no distraer el tema fundamental, Baja California no tiene agua, ¿para qué promover industria que la tiene? Es todo.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ferreiro.

El diputado Abel Murrieta Gutiérrez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Voy a conceder el uso de la palabra al diputado Abel Murrieta y después preguntaré a la asamblea si el asunto está o no suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra, el diputado Abel Murrieta. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Abel Murrieta Gutiérrez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. En el mismo punto del agua. Agradecer a todos los partidos que se están sumando al análisis de esta situación, que se toma como ejemplo Mexicali, pero que gran parte del país tiene el mismo problema.

Lo que sí hay que dejar claro y agradezco a esos miembros de las diferentes bancadas que se están sumando por el problema, pero también decir y precisar que el problema no solamente es el agua, sino los actos de corrupción también que a veces hay detrás de ellos.

Tenemos que limpiar, efectivamente, las formas que se están haciendo, pero es muy grave que en Mexicali no solamente se hable de problemas de agua, sino de corrupción en las obras que se están llevando a cabo.

Que además tendríamos que analizar también como Cámara incluso, ¿cómo es posible que se permitan llevar a cabo las inversiones y las construcciones que ya están, sin tener todavía resuelto el problema del agua? Creo que por ahí también deberíamos escarbarle a este tipo de situaciones, que además no es nuevo.

Qué bueno que hoy nuestros compañeros nos apoyan, pero no nos apoyaron en Sonora, donde también se construyó un acueducto, violando, es más, sin estudios de impacto ambiental. Ese acueducto funciona todavía sin estudio de impacto ambiental, por eso hay que pedir congruencia y estamos en la misma situación.

El planteamiento de la diputada Nancy Sánchez va hacia el gobierno federal, va ordenándose, no tiene ningún problema, pero también hay que ser congruentes y no decir nada más algunas de las cosas que ellos consideran. El estudio tiene que ser y eso es precisamente lo que está pidiendo la diputada Nancy Sánchez. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Vamos a solicitar a la asamblea se pronuncie si el asunto está o no suficientemente discutido.

El diputado Jorge Ramos Hernández(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concedo una intervención más, quien está solicitando el uso de la palabra Jorge Ramos.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. A propósito del interés que ahora tienen sobre el tema del agua, aquellos que en 1988 tenían a Baja California con baldes de agua y con tinacos, dándole abasto al 60 por ciento de la población del estado y que ahora coincido con el diagnóstico de que nuestro estado tiene un serio problema de abasto de agua.

Estamos dependiendo de una sola fuente de abastecimiento, que es el río Colorado y en manos de este presidente de los Estados Unidos, Baja California está en una situación de alta vulnerabilidad y en un tema también de la Agenda Nacional de Riesgos, y como tal hay que tratar ese tema.

Por qué no decimos que las comisiones del agua de Baja California están en los 10 primeros lugares, que ocupamos los primeros cuatro lugares en eficiencia física y en eficiencia operativa de los organismos.

Por qué no decimos que en Baja California el 90 por ciento del agua es tratada a nivel terciario.

Por qué no decimos que a pesar del abandono del gobierno federal, en recursos federales para atender ese estado noble, en donde la gente paga costo real del costo del agua, por qué escucho oradores que viven en municipios donde está subsidiada el agua a darnos consejos.

Baja California lo que ocupa es dinero del gobierno federal, ocupamos recursos federales de la CNA que se destinan a los proyectos de abasto estratégicos de Baja California, y a los esfuerzos que estamos haciendo allá en Baja California con el tema de la desalación con la autorización del gobierno federal, para que a falta del recurso público estemos atendiendo con estrategias de fondos privados.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Concluya, por favor, diputado Ramos.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Concluyo con esto, ocupamos dinero no consejos. Ocupamos acciones no grilla. Ocupamos acciones. Ocupamos colaboración y unidad de todos los partidos para sacar adelante a nuestro estado en Baja California.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se ha agotado la lista de oradores registrados. Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.

EXHORTA A LA SCT PARA QUE GENERE UN ACERCAMIENTO CON LAS EMPRESAS QUE DESEAN INVERTIR EN NUESTRO PAÍS, A FIN DE DESARROLLAR LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con el artículo 76 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier Herrera Borunda, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que genere un acercamiento con las empresas que desean invertir en nuestro país, a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, enfocado en la colocación de satélites en el espacio, tal como ya lo ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con la empresa Airbus Safran Launchers, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda:Muchas gracias, presidenta, con su venia. Estimados compañeros, una de las estrategias más importantes que debemos privilegiar en este país, sobre todo en materia económica, es fortalecer las condiciones que tenemos de ventajas competitivas precisamente en nuestro territorio.

Para México la industria aeroespacial representa una ventana de oportunidad para el crecimiento del empleo, el bienestar de miles de mexicanos y mexicanas que se benefician del establecimiento de este tipo de empresas en el territorio.

Empresas especializadas en la industria aeroespacial interesadas en diversas actividades primordiales en el sector se han visto atraídas por las ventajas competitivas que representa el país, como son la localización geográfica, los tratados comerciales, lo cual facilita las exportaciones porque este tipo de industrias requiere de varios componentes y de varias participaciones.

La experiencia acumulada que tiene México, las habilidades que se han generado, el ensamblaje, los servicios técnicos que se dan aquí y sobre todo los costos competitivos que se tienen. Porque el mexicano, además de ser una mano de obra que cuesta menos en términos comparativos con lo que cuesta en Estados Unidos, principalmente aquí en este sector tenemos una mano de obra muy calificada.

La importancia que representa la industria aeroespacial ha llegado al punto tan importante en el país que hoy por hoy se ha convertido en el objeto del 47 por ciento de la inversión extranjera en México, la cual se calcula en cerca de mil 600 millones de dólares anuales para 2020. Inversión que ayuda, sin duda, a mejorar los servicios y la calidad de vida de las regiones en donde se localiza. Estamos hablando de 18 estados de república, pero principalmente en el norte y en el bajío. La mayor parte de estas inversiones se encuentran también en la zona de Querétaro.

Es importante que ante la amenaza que representa la entrada del nuevo gobierno a Estados Unidos, donde constantemente Donald Trump está amenazando industrias para desincentivar que vayan e inviertan en otros territorios, pero sobre todo que inviertan en México, nosotros no podemos basar nuestra ventaja competitiva como país simplemente en que tenemos una mano de obra más barata.

Tenemos que privilegiar los sectores en donde tenemos mano de obra más capaz, más hábil y esa es precisamente la industria aeroespacial. Cuando digo más hábil es que hemos podido desarrollar no solo las competencias de la gente en el sector de la industria, sino también en la preparación.

Hay instituciones académicas, como el Instituto Politécnico Nacional, que tiene un centro especializado en investigación de ingeniería aeronáutica. También la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Aeronáutica de Querétaro, por solo mencionar algunas. Es decir, en este sector, principalmente, estamos logrando que México tenga ventajas competitivas que hacen mucho más importante el que este tipo de industrias vengan al país.

Por eso el punto de acuerdo que tenemos es un exhorto al gobierno federal. Existió un acercamiento por parte de la empresa Airbus Safran Launchers que está interesada en invertir en México, pero hay muchas empresas que están interesadas en invertir en México en el sector aeroespacial, sobre todo en el tema de más alta tecnología, que es la colocación de satélites.

El exhorto precisamente, y a lo que les pido el apoyo a ustedes, es para que la SCT en conjunto con la Agencia Aeroespacial Mexicana, le den respuesta y generen acercamiento con este tipo de industrias, privilegiemos nuestras competencias donde las tenemos, privilegiemos precisamente las ventajas competitivas que tiene el país.

Les pido, por favor, compañeros, que consideren este punto de urgente u obvia, ya que el desarrollo del país no puede esperar, las soluciones las tenemos que dar a los ciudadanos el día de hoy es un momento oportuno ante la amenaza que representa el gobierno de Donald Trump. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Javier Herrera Borunda.

Saludamos con gusto a alumnos y catedráticos del estado de Guanajuato, de la licenciatura de derecho de la Universidad EPCA, invitados por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez. Sean ustedes bienvenidos. De igual forma, saludamos a alumnos de la Universidad Univer Milenium del Plantel Ixtapaluca, del Estado de México. Invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidos.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se consideran de urgente resolución. En consecuencia y, de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema los siguientes diputados y diputadas. Por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, hasta por tres minutos.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En esta ocasión me refiero a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Espacial Mexicana para que se acerquen a empresas con intenciones de invertir en nuestro país para concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial.

Como todos saben, el 31 de julio de 2010 entró en vigor la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

No cabe duda que nuestro país es un destino de inversión adecuado y fértil para cualquier industria. En este caso queremos dar mayor impulso al desarrollo de la industria aeroespacial.

Las ventajas competitivas del país son evidentes. Su situación geográfica, la experiencia y prestigio de la manufactura mexicana y la apertura comercial que facilita las exportaciones internacionales hacen que nuestro país sea una excelente plataforma de exportación a nivel mundial.

Derivado de lo anterior, como menciona la proposición que estamos discutiendo, existen diversas empresas interesadas en aumentar la inversión en el sector aeroespacial, principalmente para el desarrollo de la industria satelital.

En Nueva Alianza somos los más entusiastas promotores del desarrollo científico y tecnológico del país, así como de la investigación y de la innovación.

Coincidimos en generar un acercamiento con empresas que deseen invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial; por eso estamos a favor de este punto de acuerdo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputada Campa Almaral.

Se encuentran de visita en este recinto, un grupo de invitados procedentes del municipio de Atlacomulco, Estado de México, quienes asisten a la invitación del diputado Fidel Almanza Monroy, y a quienes les damos la más cordial bienvenida.

Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, el diputado Salvador Zamora Zamora.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Con la venia de la presidencia. La industria aeroespacial en México ha tenido un importante desarrollo durante los últimos años. Hoy los beneficios de las innovaciones en este sector son innegables y su desarrollo e impulso a nuestro país, sin lugar a dudas, debe constituir una apuesta estratégica a largo plazo.

Frente al panorama adverso en materia comercial que podría enfrentar México en su relación con la nueva administración de Estados Unidos, la promoción y consolidación de esta y otras industrias, representa una verdadera apuesta estratégica.

La industria aeroespacial en México está fundamentalmente integrada por industrias extranjeras, por compañías armadoras y proveedores que generan decenas de miles de empleos. Para fortalecer esta política necesitamos desarrollar estrategias que hagan viable el aumento de la inversión en este sector mediante el impulso de la competitividad y la innovación.

Por ello, en Movimiento Ciudadano estamos a favor de generar y apoyar políticas encaminadas al progreso de la industria aeroespacial en nuestro país, como se propone en el presente punto de acuerdo.

Hay que precisar que todos los ciudadanos, nosotros mismos, somos cotidianamente usuarios de las tecnologías que representan estas industrias aeroespaciales. Los talentos que tenemos en México, incluso se van a trabajar a otros lugares del mundo.

México ha puesto el ejemplo y Jalisco tuvo un encuentro en meses pasados en el Congreso del estado de Jalisco, donde diferentes diputados de diversos países en el mundo, invitados por la diputada Mirza Flores Gómez, estuvieron ahí discutiendo los temas relacionados a esta importante industria.

Sin embargo, algo que queremos dejar en claro es que en este proceso se debe desarrollar bajo las más estrictas políticas de transparencia y rendición de cuentas, evitando la discrecionalidad o los conflictos de interés.

Impulsar el desarrollo de cualquier industria y la atracción de inversiones productivas a nuestro país, requiere fundamentalmente de nuestra capacidad para desmantelar el régimen de corrupción que ha venido sucediendo en México durante los últimos años. La puesta que se plantea en este punto de acuerdo representa una nueva oportunidad para nuestro país en la diversificación de nuestra industria, en la atracción de inversiones y en la generación de riqueza y empleos, pero para lograrlo necesitamos más que buena voluntad de parte de las instituciones, necesitaremos políticas públicas consistentes y un compromiso institucional para generar condiciones óptimas, transparentes y claras para la inversión. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Zamora. Por el Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado David Gerson García Calderón.

El diputado David Gerson García Calderón:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y con el permiso de las diputadas y de los diputados. Hemos visto cómo la compañía europea ha lanzado satélites llamados Nueva Generación y ha mejorado la competitividad a nivel mundial.

Las razones son diversas desde la reciente fusión de Airbus en su división aeroespacial y Safran, se crea una plataforma industrial de producción global que proporciona una economía, una economía muy sólida. Esta conclusión y este punto de acuerdo nos parecen interesantes, porque varios especialistas han determinado que es necesario invertirle a estos temas.

Nuestro grupo parlamentario ha impulsado gobiernos democráticos, ha impulsado gobiernos muy cercanos a la gente, gobiernos donde hemos impulsado programas para la gente, pero también reconocemos que para un avance, para una mejor eficacia en la economía es necesario invertirle a estos temas, temas que hemos visto que en nuestro país últimamente ha ido avanzando, ha ido avanzando.

Y creo y es necesario para entrar en el tema competitivo que deberíamos votar a favor de este punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a generar con la Agencia Espacial –de la que hemos venido hablando– una inversión, una inversión que le permita a nuestro país avanzar en estos temas. En estos temas que muy poco y de manera significativa sí hemos avanzado, pero muy poco.

Hoy, que estamos hablando de un tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me gustaría agotar mi tiempo haciéndole un atento exhorto a la Mesa Directiva y también al Grupo Parlamentario del PRI.

Soy integrante de la Comisión de Comunicaciones, precedida por una gran mujer, lo reconozco, Ivonne Ortega Pacheco, que buscó y que tuvo una aspiración personal. Pero esa comisión se ha quedado acéfala, esa comisión no se ha convocado para revisar los temas que atañen a nuestro país en el tema de comunicaciones.

Y quiero hacer ese atento llamado porque con este punto de acuerdo no nada más es girar ese punto de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones, sino hay que darle un puntual seguimiento, una puntual atención. Y esa puntual atención la podemos dar desde la Comisión de Comunicaciones.

Por eso hago un atento llamado para que a la brevedad posible se convoque y se designe a una presidenta o a un presidente para que podamos seguir con los trabajos de esta comisión de manera diligente. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputados y diputadas.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado David Gerson García.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado José Everardo López Córdova.

El diputado José Everardo López Córdova:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, Acción Nacional considera que nuestro país requiere una economía competitiva y menos vulnerable frente a los ciclos económicos internacionales, capaz de crear empleos permanentemente.

Una economía fuerte exige un impulso a los sectores productivos para que se enfoquen en proyectos que generen mayor valor agregado a través de la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. El conflicto entre el crecimiento y la equidad, para ser evitable el tener un enfoque integrado de las políticas económicas y sociales que potencialice sus áreas de complementariedad, incorporando en la política económica los objetivos de equidad y crecimiento, en la política social los objetivos de justicia, eficiencia y visión de largo plazo.

Hoy es necesario que México mantenga los principios de libre comercio y apertura a los mercados, con reglas justas, claras, que den certeza jurídica para todos los participantes.

En Acción Nacional creemos que el libre mercado es necesario, pero insuficiente por sí mismo para garantizar el crecimiento con equidad y la competencia justa. Es por eso que al Estado le compete tener un papel central en el desarrollo, y a través de su acción subsidiaria debe corregir las desigualdades económicas y las limitaciones propias del mercado, así como la competencia desleal a través de la regulación eficaz que sancione las prácticas monopólicas o contrarias al espíritu verdadero de la libre competencia y el desarrollo económico.

Estamos a favor de que México sea un país de puertas abiertas a la inversión extranjera con responsabilidad, que genere los empleos necesarios y las oportunidades de desarrollo y prosperidad para todas las regiones de nuestra nación.

México debe y puede diversificar su comercio y renovar las estrategias para lograr tal cometido. Por supuesto que sí estamos de acuerdo en que más empresas en todo el mundo venga a invertir conforme a la ley en la materia, en nuestro país, pero sin descuidar la responsabilidad social que concierne, y máxime tratándose del sector aeronáutico y aeroespacial, que por su dinamismo y su empuje han impulsado en los últimos años fuentes de empleo para miles de mexicanas y mexicanos.

Por tales razones y, en congruencia con nuestro ideario económico humanista, nuestro grupo parlamentario votará a favor en este punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Everardo López Córdova.

Saludamos la visita que hace a este salón de plenos, un grupo de mujeres del municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, invitados por la diputada Érika Rodríguez. Bienvenidos a esta, su casa. De igual forma, saludamos a estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus Amealco, que estudian en la Facultad de Derecho, que fueron invitados por la diputada María García Pérez. Sean ustedes bienvenidos.

No habiendo más oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.

EXHORTA AL PODER JUDICIAL A DIFUNDIR EL ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DEL DOCTOR JOSÉ MANUEL MIRELES PARA GARANTIZAR SU SALUD Y RESOLVER SU SITUACIÓN JURÍDICA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial a difundir el estado que guarda el proceso del doctor José Manuel Mireles y para tomar medidas pertinentes con objeto de garantizar su salud y resolver inmediatamente su situación jurídica.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputada presidenta. Y agradezco la bondad de la diputada Margarita Cuata, por permitirme estar en este momento aquí, muchas gracias.

Y bien, pues resulta lastimoso, no sólo para el doctor Mireles, sino para la sociedad en general, que ex gobernadores como Duarte sigan libres, o que un juez federal le otorgue un amparo a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que continúen en prisión domiciliaria con los procesos legales en su contra.

Desde el 24 de febrero de 2013, fecha en que surgieron los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde se convirtió en una figura de referencia de estos grupos que luchan en contra del crimen organizado, quienes siguen libres, y aquellos que luchan, como el doctor, pues se encuentran presos.

Esto aunado a que los grupos del crimen organizado se están reagrupando y retoman el poder a lo largo y ancho del país, operando impunemente, así como muchos de los líderes que gobiernan este país.

El 26 de junio de 2014, el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, encabezó una operación de su grupo, para tomar el control de la Agencia Municipal de La Mira, ubicada en la zona costera de Michoacán, anunciando que se realizaría una operación similar en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Sin embargo, al día siguiente el doctor fue detenido junto con 83 integrantes de su grupo, acusados de portación de armas exclusivas del Ejército y estos fueron recluidos en la prisión federal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, ubicada a más de mil 400 kilómetros del lugar de su detención. Desde ese momento la salud del doctor Mireles era delicada, puesto que además de padecer diabetes, el 5 de enero de 2014 había sufrido un accidente en una avioneta, en el municipio de la Huacana, que le ocasionó traumatismo craneoencefálico y la mandíbula dislocada.

La defensa y la familia aseguran que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel, como son posesión de armas en uso exclusivo del Ejército y de drogas se sostiene, y que estaría en condiciones legales para su liberación.

La realidad es que el doctor Mireles sí es un preso político sometido, por supuesto, a un trato injusto por parte del gobierno federal.

Y no olvidemos recordar lo que hizo recientemente el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, al pedir disculpas por sembrar delitos que no existen, como fue el caso del acto de reconocimiento de inocencia y disculpas públicas a las tres indígenas ñañus que pasaron tres años y ocho meses encarceladas, y quien señaló y cito: “saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio, a quienes a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que le fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles, un usted disculpe”. Termino la cita.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena y las demás fuerzas políticas que integran esta Cámara de Diputados, que se sumen a la aprobación de este punto de acuerdo, debemos exhortar al Poder Judicial de la Federación para que, con estricto apego a la legislación aplicable, haga de su conocimiento público el estado que guarda el proceso del doctor Juan Manuel Mireles Valverde, así como para que se tomen las medidas pertinentes con el objeto de garantizar su salud y se resuelva inmediatamente, conforme a derecho, su situación jurídica y así evitar que se vulneren sus derechos humanos.

Yo no sé ustedes, pero nosotros queremos vivir el sueño del hombre libre, donde nuestros hijos vivan y cuando sueñen no se despierten con angustia. Gracias, querido doctor. “Los hombres no son nada, los principios lo son todo”. Benito Juárez García. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Norma Xochitl Hernández Colín. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados.

Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra, por tres minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en este país no hay justicia, porque si hubiera justicia personas inocentes como el doctor Mireles no estuvieran presas.

Del doctor Mireles, su único delito es haber defendido a los ciudadanos. En realidad el doctor Mireles se enfrentó al crimen organizado como pocos hombres y mujeres lo han hecho en este país. ¿Qué hubiera hecho cualquier ciudadano en su lugar cuando el crimen organizado era el que había tomado el control y el poder de las comunidades? Cuando el crimen organizado era el verdadero gobierno en la sierra de Michoacán y en muchísimos lugares de este país; cuando el Estado había fallado. Cuando había un vacío de poder en las comunidades; cuando las tropelías, las injusticias del crimen organizado, como violaciones, extorsiones a los campesinos eran la cosa de todos los días y los homicidios de los jóvenes.

El doctor Mireles hizo lo que legalmente se podía hacer, utilizar la legítima defensa, tomar las armas como un ciudadano, organizar a los ciudadanos y enfrentar lo que el gobierno federal, municipal y estatal no estaban haciendo, que era enfrentar al crimen organizado, y eso por supuesto que no lo iban a hacer con resorteras, tenían que hacerlo al mismo nivel que el gobierno, que el crimen organizado lo hacía. Con armas de fuego, sí.

¿Y por qué entonces el gobierno federal hoy lo reprime? Porque llegó el momento que lo que no hizo el gobierno federal y las autoridades estatales y municipales, lo hicieron las autodefensas, porque llegó el momento en que las autodefensas y el mismo doctor Mireles se había convertido en un personaje en todo el país, y había invitaciones de muchísimos estados y de muchísimas poblaciones para que encabezara un frente nacional de autodefensas.

Pero más aún, el proceso penal del doctor Mireles está plagado de irregularidades, de inconsistencias jurídicas, porque el mismo gobierno federal que no había podido con el crimen organizado de Michoacán y que no puede aún, se sentó a dialogar, le registró las armas de fuego, más de siete mil armas de fuego, incluso de las de uso exclusivo del Ejército estaban registradas por la misma Sedena, y aun así, incluso utilizaron a las autodefensas para combatir al crimen organizado que ellos no pudieron.

Pues hoy el señor Mireles es un perseguido político. Pues el señor Mireles está siendo violentado en sus derechos humanos más elementales: el derecho humano a la salud, porque no se le da el tratamiento adecuado, se le tiene en una cárcel de alta seguridad cuando no es un delincuente peligroso. Es decir, el gobierno federal lo utilizó y ahora lo reprime.

Por eso hoy le pregunto al presidente Peña Nieto: ¿Usted qué hubiera hecho si viviera en una comunidad como esta, asolada por el crimen organizado en donde violaban a las mujeres, en donde se asesinaban a los niños y a los jóvenes, en donde se extorsionaba a los campesinos? Usted hubiera hecho lo mismo, tomar las armas para enfrentar al crimen organizado.

Usted les ha fallado a los mexicanos y a los ciudadanos; porque el Estado no les dio la seguridad a las comunidades, las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles hicieron lo que debían de hacer.

Hoy exhortamos al Poder Judicial y a la PGR para que liberen a la brevedad a alguien que debíamos reconocerle el trabajo que hizo por el Estado mexicano. Es cuanto, presidenta y compañeras y compañeros diputados.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.

Saludamos y damos la bienvenida a alumnos de la escuela federalizada Jesús Reyes Heroles, procedentes del municipio de Nezahualcóyotl, invitados por el diputado Armando Soto Espino. Sean ustedes bienvenidos.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra por tres minutos la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones:Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores diputados. Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, siempre estaremos a favor de la prevalencia del estado de derecho y el respeto a las instituciones de seguridad y justicia reconocidas en nuestra Constitución Política, pues es ahí donde se garantizan derechos como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de los acusados a defenderse; tres acciones que fundamentan el sistema penal acusatorio.

De la misma forma se garantizan los derechos de las personas afectadas y que fueron violentadas en sus derechos humanos y patrimoniales cuando el actuar de una persona o grupo atenta contra ellos.

Si bien es cierto que resulta natural que los seres humanos nos defendamos frente a las amenazas que ponen en riesgo nuestra vida, nuestra familia y nuestro patrimonio, se debe señalar que en una sociedad el monopolio del uso de la fuerza es del Estado y sus instituciones quienes deben de someter a los criminales al impero de la ley, precisamente para evitar una confrontación entre civiles y que prevalezca la ley del más fuerte por encima del derecho y la razón.

No se puede negar que la situación de seguridad por la que atravesó Michoacán hacia algunos fue crítica, sin embargo con la llegada del presidente Peña Nieto, quedó establecido desde los primeros días de su mandato que la seguridad sería retomada por el Estado mexicano. En consecuencia las autodenominadas autodefensas que se formaron en distintos estados como Michoacán, debían desaparecer, para lo cual fue envidado un comisionado especial que ayudara al gobierno del estado en el restablecimiento del gobierno constitucional y la transición de estos grupos armados hacia un reconocimiento e incorporación a las fuerzas de seguridad municipales y estatales.

Sin embargo el doctor Mireles se negó a entregar las armas y a reencauzar su lucha a través de las instituciones previamente establecidas y reconocidas en la ley. Esa decisión llevó a las autoridades federales a girar en el año 2014, las órdenes de aprehensión en su contra por violación a disposiciones federales como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde creemos firmemente en que a los individuos sujetos a proceso se les debe proteger para que no sean vulnerados sus derechos humanos, incluido el derecho a la salud, a un juicio justo y apegado a derecho, aunque no compartimos los argumentos esgrimidos por la promovente.

Sin embargo, apoyamos la solicitud para exhortar al Poder Judicial Federal a que se ciña a los términos y plazos establecidos en el sistema penal mexicano para dictar sentencia conforme a derecho en este asunto, y nos pronunciamos también porque se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho del doctor Mireles a que su salud sea atendida adecuadamente. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones. Por el Grupo Parlamentario del PRD tiene el uso de la palabra, por tres minutos, el diputado Erik Juárez Blanquet.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y quien mejor que los michoacanos para dar fe de esta especial circunstancia.

Primer acto, en el año 2013 ante la falta de contundencia del gobierno federal y estatal de aquel entonces, para enfrentar a la extendida delincuencia organizada, diversas comunidades de Michoacán decidieron tomar las armas y cuidarse a sí mismos, ya que nuestras autoridades, el propio Estado mexicano fue rebasado y se mostró incapaz de garantizar a los ciudadanos una de sus más importantes garantías que es la seguridad.

Segundo acto, posteriormente y gracias al éxito que tuvieron los autodefensas, el respaldo decidido de la población, el gobierno federal no tuvo más remedio que incorporarlos a la formalidad, y apoyado del comisionado Castillo para la seguridad de Michoacán, y servidor público multitareas, les dio el reconocimiento oficial y la venia presidencial.

Pero no nos perdamos, este caso es eminentemente político ya que el resto o al resto de las autodefensas al incorporarse a la fuerza rural, se les permitió mantener las armas aunque fueran del uso exclusivo del Ejército, delito de que acusan o del que acusan al doctor, al médico Mireles.

Es de sentido común, compañeros y compañeras, señalar que el caso Mireles ya era de por sí excepcional, pues por su propia seguridad, por ser el rostro mediático y simbólico de los autodefensas necesitaba garantías y una de ellas era la de la portación de sus armas, pues –como él mismo lo señala– era probable que atentaran contra su vida al deponerlas, como es probable que haya sucedido con el caso de la avioneta en la que viajaba en el municipio de La Huacana, Michoacán.

Mireles, es cierto, comete el error de no solicitar el mantenimiento de sus armas sólo por su seguridad personal, sino también por la seguridad del Estado.

Tercer acto, hoy, cuando la problemática de seguridad ha sido asumida por las autoridades locales de manera eficiente, vemos que quienes contaron con el beneplácito peñista hoy se encuentran encarcelados acusados por delitos federales.

Dejemos muy en claro esto. Este caso es eminentemente político, pues cuando un hombre decide proteger a sus paisanos y es encarcelado, sin garantías, sin proteger sus derechos humanos, sin acceso al debido proceso, y sin acceso a atención médica adecuada; mientras a un hijo del exgobernador, Rodrigo Vallejo Mora, a él, que le fueron comprobados vínculos con la delincuencia organizada, quedó libre con el pago de una fianza irrisoria de siete mil pesos; y a la muestra Elba Esther Gordillo, acusada de corrupción y evasión de impuestos, destructora de la educación de este país, por motivo de salud se le manda a su casa a purgar su condena. ¿Cómo se llamó la obra? México, el país que criminaliza a sus ciudadanos y premia a los personajes más siniestros de nuestro país.

Avisamos que el voto de nuestra fracción, la del PRD, será a favor de este exhorto y punto de acuerdo. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Erik Juárez Blanquet. Les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes y profesor de la Universidad Internacional de la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, invitados por la diputada federal Rosalina Mazari Espín. Sean ustedes bienvenidos.

Por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene el uso de la palabra por tres minutos, el diputado José Antonio Salas Valencia.

El diputado José Antonio Salas Valencia:Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores diputados, en la mayoría de las entidades del país actualmente los mexicanos vivimos un entorno de inseguridad, violencia y alta incidencia delictiva. Esta grave situación ha evidenciado el fracaso de la estrategia federal en materia de seguridad y el fracaso del Mando Único Policial como modelo de protección para la población.

En muchas comunidades las autoridades han sido sobrepasadas, y en algunos casos suplantadas, por el poder del crimen organizado. Frente a ello, las instituciones del Estado exhiben su debilidad y sus deformidades fruto de carencias estructurales y decisiones políticas equivocadas o corrompidas. Fue por estos motivos que en 2013 surgieron en tierra caliente, en el estado de Michoacán, grupos de autodefensas que se levantaron en armas como una reacción al asedio de grupos criminales. En estos grupos criminales habían establecido un régimen de extorsiones, secuestros, abusos sexuales y asesinatos contra los habitantes de esa región. Ante el escenario, el gobierno federal no tenía una estrategia definida para enfrentar la crisis michoacana, quizá ni siquiera un diagnóstico certero de la situación.

Indudablemente, los grupos de autodefensa surgieron como una reacción legítima frente a la opresión y la impunidad, pero no debe perderse de vista que no solo se hallaban fuera de la ley sino que implicaban muchos riesgos, tales como la infiltración por delincuentes, conflictos armados internos, abusos contra la población por falta de disciplina y desafíos a la autoridad del Estado.

Tampoco puede negarse que el gobierno del estado de Michoacán, con más recursos que los ayuntamientos y facultado para prevenir y perseguir los delitos, fue particularmente omiso durante el periodo de la lucha entre los cárteles y ello implica el surgimiento de los grupos de autodefensa, entre cuyos fundadores se encuentra el doctor José Manuel Mireles Valverde, quien hoy se encuentra encarcelado bajo un proceso dudoso e irregular, así como lo fue también la estrategia que se implementó para tratar de incorporar a las autodefensas a los órganos del Estado.

En los hechos, la heterogeneidad y la precaria disciplina en las filas de aquella fuerza rural dieron lugar a rivalidades entre líderes, cuya manifestación más trágica ocurrió cuando dos grupos de autodefensa se enfrentaron entre sí, con saldo de 11 muertes.

Compañeras y compañeros, las consecuencias del poderío y la impunidad de la delincuencia organizada han sido devastadoras para la economía, la vida social y la política en Michoacán. Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN considera que el caso del doctor José Manuel Mireles tiene particular relevancia y atención especial.

No podemos dejar que las detenciones y encarcelamientos de los mexicanos sean asuntos políticos. No podemos permitir que la justicia del ex líder de las autodefensas ceda ante los intereses del gobierno federal. Pero tampoco podemos exigir su liberación, sin el procedimiento legal correspondiente. A diferencia de otros partidos, en el PAN sí creemos en la ley, si creemos en el debido proceso y sí creemos en las instituciones.

Por nuestra parte y ante la inacción del gobierno federal, en el PAN seguiremos trabajando por la reconstrucción institucional de Michoacán y la seguridad de todos los mexicanos. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado José Antonio Salas Valencia.

Por el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra, por tres minutos, el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda:Con su permiso, señora presidenta. Michoacán ha vivido, efectivamente, una etapa difícil y más en los años 2011, 2012 y 2013, pero hoy, hoy Michoacán tiene otra cara, se respira otro ambiente y en Michoacán podemos decir que el apoyo y la estrategia clara y contundente del gobierno de la república ha dado resultados tangibles, que nosotros, los michoacanos, podemos atestiguar y de eso da cuenta la vida cotidiana de quienes allá hacemos lo que para Michoacán consideramos será el futuro inmediato de las y los michoacanos.

Hoy, en esta honorable Cámara de Diputados nos sumamos, el Grupo Parlamentario del PRI, a solicitar, de manera expresa, a un Poder que desde hace varios años analiza y tiene conocimiento de lo que ha sido el proceso bajo el cual ha estado sujeto el doctor José Manuel Mireles, michoacano, originario de Tepalcatepec, nos sumamos porque consideramos que el Poder Judicial federal debe dar cuenta del estado que guarda este proceso.

Nos sumamos porque consideramos que teniendo los derechos de todos los ciudadanos, se deba de conocer con claridad en qué grado y en qué condiciones se encuentra este proceso, pero no solamente eso, sino también preocupados por su salud, solicitamos que se dé un informe claro y contundente del estado que guarda su salud.

Abono en el sentido de por qué el gobierno de la república a través de una clara idea de cómo abordar y atacar el problema, que no solamente en Michoacán como entidad surgió, sino en varias entidades, en Michoacán un plan denominado Plan Michoacán quedó muy claro, no solamente con estrategias de seguridad y de la llegada de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales, sino que también acompañado de programas específicos de desarrollo social, el gobierno de la república direccionó más de 45 mil millones de pesos para aquel Michoacán que entonces, después de haber sufrido dos administraciones se encontraba en una circunstancia que había que abordar de manera inmediata.

En Michoacán ha funcionado el mando único. En Michoacán el gobierno federal ha hecho presencia constante. Y en Michoacán nosotros atestiguamos que el gobierno de la república seguirá apoyando a los michoacanos.

Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI, hoy, en este día nos sumamos a este punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial para que dé cuenta del estado que guarda el proceso bajo el cual está sujeto el doctor José Manuel Mireles. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Víctor Manuel Silva Tejada. Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido.Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.

Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules dictamen de la Comisión de Igualdad de Género con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80, 82, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 12 de octubre de 2016, el diputado Renato Josafat Molina Arias, la diputada Rocío Nahle García del Grupo Parlamentario de MORENA, y otros diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2. Con fecha 12 de octubre de 2016, la presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 14 de diciembre de 2016 mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-7-1558, la mesa directiva se autorizó prórroga para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa propone: el establecimiento de un procedimiento sencillo, claro y ágil, para determinar si se declaran o no las Alertas de Violencia de Género solicitadas, dado que se trata de un mecanismo con el que se pretende enfrentar las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres que se están presentando en un territorio determinado, por lo que la implementación de este mecanismo no puede esperar a tramites tortuosos y burocráticos.

De igual forma propone adicionar un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer un procedimiento sencillo y con plazos puntuales para eventualmente declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en este sentido la iniciativa plantea que en caso de que la solicitud para declarar alerta de violencia de género sea aceptada, el grupo que se conformaría para estudiarla y analizarla tendría hasta 30 días naturales para determinar si es procedente o no declararla, de esta forma la Alerta de Violencia de Género se estaría declarando en un término mucho más breve.

Así mismo propone una nueva integración para el grupo que estudiaría y analizaría la solicitud, así además de especialistas, lo integrarían representantes de las dependencias que participan en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también serían invitados a participar representantes de la entidad federativa y del o los municipios sobre los que se solicita declarar la Alerta de Violencia Género contra las Mujeres.

Para una mayor difusión a la declaratoria, se propone que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Para reconocer formalmente la participación que los gobiernos municipales deben de tener en este tema, se propone reformar el artículo 25 para hacer mención expresa a los Ayuntamientos que deberán ser notificados también de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Para un análisis más escrupuloso por parte de la Comisión se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

Consideraciones:

Primera.Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por lo que esta materia es de derechos humanos, regulada en nuestra Ley Suprema y como tal debe dársele el análisis requerido, en virtud de poder salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad. Se hace hincapié en la obligatoriedad de los tratados en los cuales México haya sido firmante, dentro de los cuales se encuentra la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)” en vigor desde el 3 de septiembre de 1981.

Segunda. De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su primer párrafo el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:

“ Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, considerado como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es así que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación desigual que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer en todos los ámbitos: social, laboral, económico, de salud, etc.

Tercera. Los promoventes hacen las siguientes observaciones:

“ La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres “es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia... es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo...”

El artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que: “Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”

Por su parte en el artículo 23 del mismo ordenamiento se dispone que: “La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.”

En el artículo 24 se menciona que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se emitirá cuando:

“ I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.”

Y el artículo 25 dispone que “Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.”

Todo el procedimiento para que se pueda eventualmente declarar la Alerta de Violencia de Género queda regulado en el Capítulo I del Título III del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Conforme a dicho procedimiento los plazos para que pueda ser declarada la mencionada Alerta, son muy amplios o imprecisos, por lo que la Alerta puede llegar a declararse hasta incluso después de un año de haber sido presentada la correspondiente solicitud:

a) Desde la presentación de la solicitud y hasta la admisión de la misma pueden transcurrir hasta 8 días hábiles (casi dos semanas);

b) Desde la admisión de la solicitud y hasta la conformación y primera reunión del Grupo de Especialistas que estudiará y analizará la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las Mujeres, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud dan lugar a la declaratoria, pueden transcurrir hasta otros 5 días hábiles (una semana);

c) Para la realización del estudio y análisis antes mencionados, el Grupo de especialistas contará con 30 días naturales (un mes), emitiendo un informe;

d) En el artículo 38 del Reglamento se dispone que: “La coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe.... a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, para su análisis.” (no se menciona ningún plazo para realizar este análisis);

e) En el cuarto párrafo del artículo 38 se dispone que “En caso de que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, su aceptación. (tres semanas);

f) Si el titular del Ejecutivo de la Entidad Federativa acepta las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo tendrá seis meses para implementar las acciones propuestas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo (Seis meses);

g) Al término de los seis meses mencionados en el punto anterior el titular del Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá rendir un informe sobre las acciones realizadas el cual deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud de esa información. (una semana);

h) Una vez recibido el informe de la entidad federativa, el grupo de trabajo emitirá un dictamen sobre dicho informe en lo concerniente al cumplimiento o incumplimiento de las acciones propuestas, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que ésta a través de la Comisión Nacional, determine si la entidad federativa implementó o no dichas propuestas. (No se menciona plazo para la emisión del dictamen de cumplimiento o incumplimiento).

i) En caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen.

j) Si a juicio del Grupo de Trabajo y de la Secretaría de Gobernación, si fueron atendidas e implementadas las acciones propuestas en las conclusiones del Grupo de Trabajo, no se declarará la Alerta de Violencia de Género.

Como puede observarse se trata de un procedimiento largo, contrario a la celeridad con que debiese de emitirse la declaratoria, ya que se trata de un mecanismo de emergencia, ante violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, así basta señalar que hasta la presente fecha se han emitido sólo tres declaratorias de Alerta de Violencia de género, las cuáles se declararon hasta después de un año de que fueron solicitadas:

a) Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para el estado de México.- El 28 de abril de 2014 dio inicio la investigación para la declaratoria, la cual se emitió hasta el 31 de julio de 2015.

b) Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para el estado de Morelos.- la solicitud se presentó el 27 de mayo de 2014 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, después de todo el procedimiento ya referido, la Declaratoria finalmente se emitió hasta el 10 de agosto de 2015.

c) Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para el estado de Michoacán.- La solicitud se presentó el 19 de diciembre de 2014 por la organización Humanas Sin Violencia, después de todo el procedimiento ya referido, la Declaratoria finalmente se emitió hasta el 27 de junio de 2016.

El 2 de febrero de 2006 se presentó en la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue suscrita por las entonces diputadas Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, presidentas de las Comisiones de Equidad y Género, Especial de Feminicidios de la República Mexicana y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, respectivamente. En la exposición de motivos de la citada iniciativa es posible observar que las proponentes destacaron como una de las aportaciones más relevantes de su iniciativa la incorporación e implementación de la alerta de género:

“ En este sentido una de las aportaciones más relevantes de la Ley, es sin duda la implementación del concepto alerta de género, contemplado en el Capítulo VII de dicho título, cuyo objetivo es ubicar las zonas del territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres, lo que permitirá detectar en que órdenes de gobierno no se cumple la Ley, además de la zona en la que más se violentan los derechos de la mujer; y de esa manera sancionar a quienes la transgredan.

Y sobre todo implementar las acciones que desalienten la violencia, y que permitan suspender la declaratoria de alerta de género, que es vista como una circunstancia temporal, con la intervención de un consejo de integración nacional que asuma la responsabilidad de la violencia de género en una zona determinada.

...

No obstante, el título cuarto está dirigido a un consejo nacional asesor de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que estaría conformado por representantes de las entidades federativas, para que el presente ordenamiento sea debidamente aplicado al contar dicho consejo con facultades y obligaciones expresas, destacando la operatividad de la declaratoria de alerta de género y lo relacionado con el agravio comparado”2

Es evidente que la intención de las proponentes de esta ley en cuanto a la Alerta de Género, era que ésta fuese un mecanismo que permitiera implementar acciones que desalentaran la violencia, “destacando la operatividad de la declaratoria de alerta de género”. Finalmente en la ley no se recogió esta visión y lo que ahora tenemos es un procedimiento no operativo, largo y tortuoso para que pueda declararse una Alerta de violencia de género, muestra de ello es que, como ya se mencionó, desde la publicación hace ya casi 10 años (en febrero de 2007) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sólo se han declarado tres Alertas de Género: la primera el 31 de julio de 2015 para los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del estado de México; la segunda el 10 de agosto de 2015 para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec del estado de Morelos y la tercera el 27 de junio de 2016 para los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío del estado de Michoacán.

En el informe 2015 de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pueden encontrarse las solicitudes de Declaración de Alerta de Género, que aún están en trámite:

“ Nuevo León . La solicitud fue presentada 13 de enero de 2012 por Arthemisas por la Equidad. Durante 2015 se impulsó un proceso de investigación para determinar la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

• Chiapas. La solicitud fue presentada el 25 de noviembre de 2013 por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Durante 2015 se impulsó en proceso de investigación para determinar la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

Colima. La solicitud se presentó el 22 de diciembre de 2014 por el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y la Fundación Ius Género. El 4 de noviembre de 2015, venció el plazo de seis meses para que el gobierno del estado implementara las propuestas y conclusiones establecidas en el informe del grupo de trabajo. El gobierno estatal presentó el informe sobre la implementación de las propuestas planteadas por el grupo de trabajo; información que está siendo valorada para determinar si procede o no la declaratoria de AVGM.

• Baja California . La solicitud se presentó el 27 de enero de 2015 por la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. El 12 de diciembre de 2015, venció el plazo de los seis meses para que el gobierno del estado implementara las propuestas y conclusiones establecidas en el informe del grupo de trabajo. El gobierno estatal presentó el informe sobre la implementación de las propuestas planteadas por el grupo de trabajo, el cual está siendo valorado para determinar si procede o no la declaratoria de AVGM.

• Sonora. La solicitud se presentó el 25 de mayo de 2015 por Manitas por la Equidad y No Violencia, A.C., y Alternativa Cultural por la Equidad de Género, A.C. El 9 de noviembre de 2015, se notificó el informe elaborado por el grupo de trabajo al gobierno estatal y a la organización solicitante. El 1º de diciembre de 2015, el gobierno del estado remitió la aceptación formal a las conclusiones y propuestas del grupo, el cual cuenta un plazo de seis meses para cumplir con las propuestas del grupo de trabajo.

• Veracruz. La solicitud se presentó el 9 de septiembre de 2015 por Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C. El 22 de septiembre se llevó a cabo la primera sesión del grupo de trabajo encargado de la investigación correspondiente y el 21 de octubre de 2015 se entregó a la Segob el informe final.

• Querétaro. La solicitud se presentó el 29 de octubre de 2015 por Salud y Género Querétaro, A.C., y Desarrollo Comunitario para la Transformación Social A.C. Del 11 de noviembre al 10 de diciembre, el grupo de trabajo integró el informe respectivo y lo notificó a la Segob.

• San Luis Potosí. La solicitud se presentó el 23 de noviembre de 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. El 2 de diciembre de ese año, se instaló el grupo de trabajo encargado de elaborar el informe y los días 3 y 4 del mismo mes se llevaron a cabo las visitas in situ. El 31 de diciembre de 2015 se entregó a la Segob el informe final del grupo de trabajo.

• Quintana Roo . La solicitud se presentó el 4 de diciembre de 2015 por el Consejo Estatal de las Mujeres en Quintana Roo y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. El 31 de diciembre de 2015 se admitió la solicitud y los primeros días de 2016 se instalará el grupo de trabajo encargado de estudiar y analizar la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres en la entidad.”3

Ante esta situación se requiere de un procedimiento sencillo, claro y ágil, para determinar si se declaran o no las Alertas de Violencia de Género solicitadas, se insiste que se trata de un mecanismo con el que se pretende enfrentar las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres que se están presentando en un territorio determinado, la implementación de este mecanismo no puede esperar a tramites tortuosos y burocráticos.

De esta forma se propone adicionar un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer un procedimiento sencillo y con plazos puntuales para eventualmente declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en este sentido la iniciativa plantea que en caso de que la solicitud para declarar alerta de violencia de género sea aceptada, el grupo que se conformaría para estudiarla y analizarla tendría hasta 30 días naturales para determinar si es procedente o no declararla, de esta forma la Alerta de Violencia de Género se estaría declarando en un término mucho más breve.

Por otra parte se propone una nueva integración para el grupo que estudiaría y analizaría la solicitud, así además de especialistas, lo integrarían representantes de las dependencias que participan en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también serían invitados a participar representantes de la entidad federativa y del o los municipios sobre los que se solicita declarar la Alerta de Violencia Género contra las Mujeres.

Para una mayor difusión a la declaratoria, se propone que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Para reconocer formalmente la participación que los gobiernos municipales deben de tener en este tema, se propone reformar el artículo 25 para hacer mención expresa a los Ayuntamientos que deberán ser notificados también de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.

“ Las acciones tendentes a la atención y prevención de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y sobre todo la que se ejerce en su expresión más extrema que es el feminicidio, no pueden esperar largos plazos para su implementación, son acciones que con el carácter de urgente deben de ser implementadas, que mucho menos deben de estar sujetas a consideraciones de índole política.

La Alerta de Violencia de Género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres ámbitos de gobierno, para que de manera coordinada se enfrente, erradique y prevenga, de forma pronta y expedita, sin dilaciones, la violencia feminicida en un territorio determinado, siempre con perspectiva de género y enfoque de derechos”. (sic)

Cuarta. Considerando que la iniciativa en estudio tiene dos vertientes, 1) Por un lado el reformar el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres el cual refiere que: “Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa” agregándole “ y a los Ayuntamientos de que se trate”.

Al respecto y toda vez que la alerta de violencia de género constituye en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, aunado a que obedece a una situación de violencia feminicida entendida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Aunado que como hace referencia la proponente, dicha medida finalmente se ejecuta en un territorio integrado ya sea por uno o varios municipios de una entidad federativa; luego entonces y a efecto de guardar congruencia con lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a la letra establece: “La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”. Es viable dictaminar en sentido positivo la propuesta de iniciativa en estudio, estrictamente en lo concerniente al presente considerando, dado que el Ayuntamiento es el órgano colegiado de gobierno integrado por un Presidente, uno o más síndicos y regidores según corresponda en proporción a la población que lo integra; y el Municipio es el ente abstracto conformado por un territorio, población y gobierno (ayuntamiento).

2) Y por otro lado la propuesta versa en adicionar un artículo 25 Bis, en el que en términos generales establece un nuevo procedimiento para la emisión de la declaratoria, tal y como se ha hecho constar en el considerando que antecede; en tal sentido y toda vez que por técnica legislativa los enunciados lingüísticos que propone la iniciativa en estudio, no obedecen a estipular una orden, mandato, imposición, prohibición, permiso o facultad, lo cual en términos de la doctrina en materia de fuentes del derecho, establece para el caso de las leyes, el cual se lleva a cabo a través del proceso legislativo en el que el protagonista es el legislador; sino por el contrario se desprende una regulación meramente procedimental, la cual es facultad del poder ejecutivo a través del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tal y como lo señala Gabino Fraga el “reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de su facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el poder legislativo”. Se trata de un “acto de carácter meramente administrativo que emana generalmente de una autoridad administrativa y es un medio para la ejecución de las leyes.”

Por lo que se torna necesario en primer término definir lo que es la ley y lo que es un reglamento:

“La palabra “ley” proviene de la voz latina lex, que, según la opinión más generalizada, se deriva del vocablo legere, que significa “que se lee”. Algunos autores afirman que lex se deriva de ligare, haciendo resaltar el carácter obligatorio de las leyes”. La ley es una regla general escrita, como consecuencia de una operación del procedimiento (legislativo), que hace intervenir a los representantes de la nación, que declara obligatorias las relaciones sociales que se derivan de la naturaleza de las cosas, interpretándolas desde el punto de vista de la realidad.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos les es “la norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados partes para la formación de las leyes”.

La Ley tiene cierta preferencia, que consiste en que sus disposiciones no pueden ser modificadas por un reglamento; sin embargo, el reglamento basa fundamentalmente su existencia en la ley.

En tal orden de ideas, el reglamento según la Real Academia: “es la colección ordenada de reglas o preceptos que por autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación o de una Dependencia o un servicio”.

Por su parte el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analizando sus características lo define como una norma de carácter general, abstracto e impersonal, expedido por el titular del Poder Ejecutivo para proveer la exacta aplicación de una ley previa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el Reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo, participa de los atributos de la ley, aunque solo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza, impersonal, general, abstracta misma en la que dos características separan de la Ley del Reglamento en sentido estricto este último emana del ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa de la exacta observancia de la ley, pero aun en lo que parece común en los ordenamientos, de carácter general y abstracto, se separa por la finalidad que en el área del Reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios que deberán implementarse para aplicar la ley a los casos concretos, atribuciones asignadas por la ley de la materia a determinados organismos de la administración pública.

Es decir, si bien la propuesta versa sobre el establecimiento de enunciados lingüísticos normativos tendentes a formar parte del contenido dogmático de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también lo es que material y pragmáticamente hablando en su esencia constituye una serie de enunciados normativos que en su caso regularían el aspecto adjetivo sobre la declaración de la alerta de violencia de género, por lo que a consideración de esta comisión dictaminadora la vía procesal legislativa sería otra, dado que nos encontramos ante una norma cuyo objeto es la exacta observancia respecto de la declaración de la alerta de violencia de género, plasmada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A mayor abundamiento a continuación se transcribe la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Novena Época

Registro: 166655

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, agosto de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 79/2009

Página: 1067

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES.

La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del Presidente de la República, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita.

Controversia constitucional 41/2006. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 3 de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el primero de julio en curso, aprobó, con el número 79/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil nueve.

Cabe destacar de la tesis anterior lo relativo a que la importancia de los reglamentos radica en que posibilitan proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, así como el principio de que los reglamentos no pueden contener cuestiones que son exclusivas de la ley; lo cual aplicado a contrario sensu significa que la ley no puede contener cuestiones que son exclusivas de los reglamentos, como es el caso que nos ocupa relativo al establecimiento del procedimiento para el caso de la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres.

Máxime que es el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que establece dicho procedimiento dentro del contenido de los artículos 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 Bis, 36 Ter, 37, 38 y 38 Bis.

Quinta. Por todo lo anteriormente analizado y argumentado, esta Comisión con fundamento en el numeral 1 del artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, aprueba con modificaciones la propuesta de origen base del presente dictamen, sometiendo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo Único.Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTICULO 25. Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa, así como a los Ayuntamientos de que se trate, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Título Tercero del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

2 Para consulta en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3260/7.pdf

3 Fraga Gabino “Derecho Administrativo” Editorial Porrúa. México 1993.

4 Para consulta en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3260/9.pdf

5 GAXIOLA MORAILA, Federico Jorge, “Ley”, Diccionario Jurídico mexicano, México, Porrúa 1996 t. III, p.1963

6 Opinión Consultiva número 6, párrafos 23 y 32. Informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Washington, D.C., 1997, p. 65.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de febrero de 2017.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano, Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karina Padilla Ávila, (rubrica), Karen Orney Ramírez Peralta, Sasil Dora Luz de León Villard, María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo, Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Gretel Culin Jaime, David Gerson García Calderón (rúbrica en abstención), Patricia García García (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica en abstención).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género. El primero con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así como también, un segundo dictamen, de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de perspectiva de género.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos, así como el artículo 80, 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 176 del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes.

1. Con fecha 13 de septiembre de 2016, la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

2. En misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa propone la creación del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como órgano encargado de la política municipal en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer así como para fomentar la protección y asistencia de las mujeres víctimas en su ámbito de competencia.

III. Consideraciones

La iniciativa hace alusión a la variación de culturas de una sola entidad geográfica y la interrelación con otras condiciones de vida, como lo son, la clase social, la edad, la religión, la política y las historias de la comunidad o familiares.

En la proposición, habla sobre la desigualdad entre la mujer y el hombre lo que ha generado desigualdad al acceso de oportunidades, situaciones de marginación y discriminación en materia económica, política, social y cultural en los ámbitos públicos y privados.

También hace alusión a la importancia de la interculturalidad dentro del marco de la igualdad de género, lo que beneficia a las personas a fortalecerlas en lo individual y familiar. Lo anterior auxilia a implementar programas o proyectos a fin de identificar usos y costumbres que ponen en riesgo los derechos humanos de mujeres y hombres de una comunidad determinada.

Menciona que el gobierno federal ha implementado políticas públicas que permitan a las mujeres gozar de una vida plena libre de violencia, con el fin de desarrollar y empoderar a este género.

Describe que las políticas públicas emprendidas por el gobierno federal, han obtenido un avance constante en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con el propósito de obtener un mejor desarrollo integral de las mujeres, asimismo, impulsarlas en el ámbito político, económico, social y cultural.

Señala que según información del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, en uno de sus puntos da prioridad a favorecer la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el trato entre los géneros, entre otras, para garantizar sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

En síntesis la legisladora pretende implementar una instancia que vigile y opere en las comunidades de los municipios las distintas acciones que cada día se realizan con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres, con esta propuesta adiciona un artículo 50 Bis para crear una estructura en cada municipio dentro del Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, dicha estructura deberá estar constituida por las personas que representen la máxima autoridad en el municipio.

Es por lo anterior que se sugiere adicionar el artículo 50 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

III. Consideraciones

Primera. De acuerdo al estudio y análisis de los argumentos esgrimidos en la “exposición de motivos” de la iniciativa en comento, esta Comisión dictaminadora concuerda con la proponente en que actualmente el gobierno federal ha puesto en marcha diferentes planes y programas a fin de hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, en el rubro de apoyo a las mujeres para una vida libre de violencia, es de resaltar que, de acuerdo con datos del gobierno federal en materia de “Perspectiva de Género”, el marco del Plan Nacional de Desarrollo incorporó la igualdad de género en todas las dependencias de la Administración Pública Federal como principio esencial, situándola como un importante eje en la toma de decisiones que se traducen en políticas, presupuestos, planes, estructuras y procesos institucionales.

En el año 2015 el gobierno federal puso en marcha el “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD)”, el cual establece las estrategias para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres mediante acciones afirmativas, para prevenir y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad o exclusión.

Aunado a lo anterior, dicho Programa PROIGUALDAD señala que, se fortaleció la coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de incorporar la estrategia transversal de la perspectiva de género en los programas sectoriales y especiales. Actualmente, 19 dependencias de la Administración Pública Federal han incorporado en sus programas y acciones, medidas afirmativas para acelerar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Segunda. Esta Comisión dictaminadora hace énfasis y amplía la información acerca de los avances que tenemos en la actualidad, cabe destacar que en materia de presupuesto, en coordinación con el Poder Legislativo, el gobierno de la república ejecutó en 2015 un presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres de 23 mil 907 millones de pesos, que representa un incremento, en términos reales, de 32.9% respecto de los 16 mil 752.9 millones de pesos aprobados en 2012.

Según datos del gobierno federal, incluso en materia política, dentro del marco de la obligatoriedad de los partidos políticos de garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, derivada de la reforma político electoral de 2014, entre noviembre de 2014 y enero de 2015, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) desarrolló el Programa Nacional de Empoderamiento Político para las Mujeres en colaboración con 10 partidos políticos con registro nacional, con el objetivo de fortalecer los liderazgos de las mujeres con pretensión de contender a algún cargo de representación popular en las 17 entidades que tuvieron proceso electoral a nivel local durante 2015.

Lo anterior resuelve la pretensión de la diputada en donde asevera que:

“ La forma en la que se nos construye como hombre y mujer, ha generado desigualdad entre los géneros; lo que impide que se tenga acceso a las mismas oportunidades para el desarrollo personal y colectivo.”

Esta dictaminadora señala que, en los datos del Congreso de la Unión, con base en la reforma Constitucional relativa a la igualdad de oportunidades en materia electoral, como resultado del establecimiento de cuotas de género y ahora de la paridad política, el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones se ha incrementado:

En la Cámara de Senadores aumentó su participación de 20.3% en 2006-2009 a 34.1% para 2012-2015.

En la Cámara de Diputados de 31.7% en 2009-2012 a 41.1% en 2012-2015.

Los resultados del proceso electoral del 7 de junio de 2015, muestran que de 300 diputaciones federales por mayoría relativa, en 117 fueron electas mujeres.

Tercera. Esta Comisión concuerda con los casos de éxito derivados de la reciente creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, para vigilar y proteger los derechos políticos de las mujeres con el fin de acotar la brecha de género en esta materia. Dicho órgano constituye una herramienta de incidencia política en la que participan actores estratégicos como; partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones del Estado mexicano.

Como se ha demostrado en párrafos anteriores es evidente el avance que se está llevando a cabo en esta materia, el Poder Legislativo de la mano de la ciudadanía a fin de brindar más y mejores oportunidades para las mujeres, sin embargo, las acciones emprendidas no son suficientes por lo que esta Comisión se encuentra convencida de hay áreas de oportunidad legislativa para mejorar la situación de las mexicanas mediante el impulso a políticas publicas enfocadas a la igualdad de género.

Por otra parte, esta Comisión considera viable la proposición de la iniciativa, ya que encuentra un amplio sustento dentro de la exposición de motivos en la que explique el objetivo de crear un “Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, sin embargo, a continuación se muestra la duplicidad de tareas que actualmente ejercen instituciones gubernamentales.

En relación a lo señalado por la legisladora proponente respecto de la adición del artículo 50 Bis, donde se señala lo siguiente:

“ Artículo 50 Bis. Para lograr en los municipios la integración y vigencia del Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres se creará el Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Que será un órgano ejecutor, con funciones de planeación y coordinación de los modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como para fomentar y gestionar la protección y asistencia de las víctimas en su localidad, según los ordenamientos aplicables a la materia.”

Según información de las funciones del Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dicha institución tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia que a la letra dice:

ARTÍCULO 6. Con motivo de la implementación del Programa, la Secretaría Ejecutiva del Sistema, a través de la coordinación interinstitucional, integrará un registro de los Modelos empleados por la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Dicho artículo integra los modelos empleados por la federación, las entidades federativas y los municipios; el cual es un sistema de información integral, automatizado y público; asimismo, desde la interpretación en sentido estricto hay una duplicidad de tareas tanto por dicha institución y la propuesta de crear una nueva estructura municipal.

Desde otro ángulo, esta dictaminadora reitera la inviabilidad de la iniciativa ya que el Reglamento de la Ley señala en su artículo 10 lo siguiente:

ARTÍCULO 10. El Modelo de Prevención es el conjunto de acciones encaminadas a promover y difundir los derechos de las mujeres e identificar factores de riesgo con el fin de evitar actos de violencia.

Sin perjuicio de lo previsto en el Programa, el Modelo se integrará por las siguientes acciones:

I. Sensibilizar, concientizar y educar para prevenirla violencia en todos sus tipos y Modalidades previstas en la Ley;

II. Diseñar campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y especializadas para disminuir el número de Víctimas y Agresores;

III. Detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de Violencia contra las Mujeres;

IV. Fomentar que los medios de comunicación promuevan el respeto a la dignidad de las mujeres y eviten el uso de lenguaje e imágenes que reproduzcan estereotipos y roles de género que refuerzan y naturalizan la Violencia contra las Mujeres;

V. Generar mecanismos para que la comunicación institucional se realice con un lenguaje incluyente y con Perspectiva de Género, y

VI. Todas aquellas medidas y acciones que sean necesarias para eliminar los factores de riesgo de Violencia contra las Mujeres.

Cuarta. Esta comisión dictaminadora resalta que la propuesta relativa a la creación de un Consejo Municipal implica un ejercicio de recursos para su operación, por lo que en aras de obtener un organismo viable y que permita cumplimentar los objetivos de la Ley, se propone establecer como obligación de los Municipios la creación del Sistema Municipal de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia en contra las Mujeres, sin acotar de manera expresa las facultades o integrantes de este sistema, para que los Municipios por sí mismos puedan establecer de acuerdo a cada una de sus estructuras los recursos necesarios e integrantes a fin de proveer una instancia que permita proteger y defender a las mujeres mexicanas. De tal manera, esta Comisión dictaminadora, considera necesario hacer modificaciones a la iniciativa de origen a fin de salvaguardar las aportaciones vertidas por la misma y en razón de ello coincide en agregar una fracción V al artículo en 50 y recorrer las subsecuentes.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Artículo Único. Se adiciona una fracción V, recorriendo las subsecuentes, al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 50. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Integrar el Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema Estatal;

VI. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades municipales contarán con un plazo de 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para integrar sus respectivos Sistemas Municipales de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano, Guadalupe González Suástegui, Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos, Angélica Reyes Ávila (rúbrica); Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy (rúbrica), Gretel Culin Jaime, Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Jorgina Gaxiola Lezama, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.»

«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de perspectiva de género

Honorable Asamblea

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y análisis, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o, 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, promovida por la Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ( PRI), en sesión de la Comisión Permanente de fecha martes 20 de diciembre de 2016, y turnada a esta dictaminadora por su Mesa Directiva el lunes 9 de enero de 2017 para la elaboración de su respectivo dictamen.

Este órgano de apoyo legislativo, es competente para conocer del asunto legislativo que se menciona, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1; 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos d), e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 numeral 1, fracción II, 82 numeral 1, 84, 85, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 285 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el presenteal tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 20 de diciembre de 2016, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o, 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de incorporación del enfoque: “Perspectiva de Género”, en la formulación de las iniciativas de Ley de la Cámara de Diputados.

II. Con fecha 20 de diciembre de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante Oficio No. D.G.P.L. 63-II-1-1630, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

III. Mediante oficio número CRRPP/1r2a/013-LXIII de fecha 27 de enero de dos mil diecisiete, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el martes 7 de marzo de 2017, a efecto de dar continuación a los trabajos de su Novena Reunión Ordinaria, declarada con carácter permanente, en su inicio de fecha martes 28 de febrero del año en curso; con la intención de someter a discusión el respectivo Dictamen a la Iniciativa señalada con anterioridad, y estar en condiciones de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados.

Contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto

A. La Iniciativa Proyecto de Decreto que se analiza, busca impulsar la incorporación transversal del enfoque de género en la elaboración de las iniciativas de ley, al tiempo que propone brindar las herramientas que contribuyan a la formulación asertiva de iniciativas legislativas orientadas a cerrar las brechas de la desigualdad originadas por la discriminación de género.

B. La Iniciativa Proyecto de Decreto que se analiza, busca impulsar la incorporación transversal del enfoque, y en su Exposición de Motivos, la Proponente señala que el Estado mexicano ha impulsado el proceso de armonización de los instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos de las mujeres y que éstos, adquieren una total relevancia a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que introduce los tratados internacionales como fuente de los derechos humanos en el orden jurídico nacional, con lo que le asigna a los derechos, consignados en los tratados, una jerarquía de norma constitucional.

Señala que el artículo 1o de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata expresamente que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales favoreciendo la protección más amplia a las personas. Además, establece la prohibición de toda forma de discriminación, entre ellas la de género. En tanto que el artículo 4o constitucional reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres; además de que mandata a las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, protejan, respeten y garanticen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales, que el Estado mexicano haya signado y ratificado, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en principio de pro persona.

C. De acuerdo a la Promovente, la inserción de las mujeres en el ámbito público, requiere de condiciones favorables para el pleno ejercicio de los derechos que le han sido negados históricamente.

La diferencia en trato regida por el género, ha causado desigualdad sistémica que requiere de respuestas integrales en el ámbito legislativo para lograr la igualdad sustantiva; debido a que la causa y efecto del proceso de inserción de medidas afirmativas en favor de la igualdad y la disminución de las brechas de desigualdad, exigen la transversalización del enfoque de género en la acción legislativa y en los estudios presupuestarios para el desarrollo de las políticas públicas en la materia.

Señala también, que ésta desigualdad de género, fue ya reconocida por la CEDAW (ó “ Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, por sus siglas en inglés), al establecer en su planteamiento primordial para que los países reconozcan la discriminación, tal como:

“ ...la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

D. En palabras de la Diputada Promovente, incorporar el análisis de género en la elaboración de las iniciativas permite realizar un análisis de la condición y posición de los diversos sectores de la población y poder reflexionar, identificar y analizar las distintas formas en que se manifiesta el sexismo tales como el androcentrismo, el dicotomismo sexual, la insensibilidad al género, la sobregeneralización, la sobrespecificidad, el doble parámetro y el familismo; ya que la cultura estereotipada hace creer a los hombres que surgen de mantener a las mujeres al servicio del sexo/género que se considera superior. Esta situación se logra haciendo creer a las mujeres que servir a los hombres es su función “natural”.

El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas, de modo que es imposible hacer una relación no exhaustiva sino ni tan siquiera aproximada de sus formas de expresión y puntos de incidencia; por lo que hacer un análisis desde la perspectiva de género, implica reemplazar las medidas por acciones correctivas que partan de las verdaderas necesidades de las mujeres, es decir, formular alternativas de solución a la problemática tomando en cuenta su posición de subordinación y desigualdad, cuando nos preguntamos cuáles son las implicaciones y efectos de la problemática en cada sexo, y qué resistencias han opuesto las mujeres y los hombres ante ese hecho o hechos similares, además de la relación existente entre ambas experiencias y por ende las soluciones se presentan tomando en cuenta las necesidades y conocimientos de ambos sexos.

E. De acuerdo con la proponente, es relevante precisar, que para alcanzar la igualdad de género, se hace referencia a los “Parlamentos sensibles al género” como una meta a lograr de los países; es decir; cuando éstos logran distinguirse por fundar su quehacer cotidiano en la atención de las necesidades e intereses de mujeres y hombres, observando en todo su actuar, su posición y condición desde la perspectiva de género, tanto al interior como en el ámbito de actuación. Es decir, cuando el principio rector de igualdad de género se consolida como base para el desarrollo del trabajo de las y los legisladores, por tanto, cuando se logra incorporar y transversalizar la perspectiva de género en el proceso y desarrollo del quehacer legislativo los parlamentos pueden ser más sensibles al género a través de la aplicación de legislaciones y políticas que respalden el principio de igualdad de género y la adopción de una legislatura que incorpore este enfoque; y de esa manera ser el ámbito legislativo un catalizador eficaz para impulsar un cambio y una transformación social y cultura y estructural para lograr la igualdad de acceso a las oportunidades entre mujeres y hombres.

La Promovente indica que la perspectiva de género no ha logrado permear en su totalidad al interior de los órganos que constituyen el Congreso de la Unión en nuestro país lo cual, limita su proceso de institucionalización, por lo que se requiere incorporar el enfoque de género en el proceso reglamentario para resolver las desigualdades de condiciones entre mujeres y hombres en la cultura organizacional de la cámara de diputados, por señalar algunos aspectos, incluyendo la incorporación transversal de instrumentos jurídicos reconociendo las desigualdades entre mujeres y hombres, reforzando las políticas incluyentes y las medidas afirmativas reconocidas por los organismos internacionales como uno de los mecanismos que compensan y revierten los efectos de la discriminación se enfrentan las mujeres en todos los ámbitos.

Consideraciones de la Dictaminadora

PRIMERA. Que esta Comisión es competente para conocer y emitir acuerdo sobre el contenido y alcances propuestos en la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o, 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, promovida por la Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

SEGUNDA. Quienes integramos esta dictaminadora, no pasamos por alto que con la incorporación de los principios universales de reconocimiento y protección de los derechos humanos en nuestro marco jurídico constitucional, nuestro país se encuentra obligado jurídica e institucionalmente, a respetar y garantizar los referidos derechos, de toda persona bajo su jurisdicción.

En este cambio de paradigma con la modificación en junio de 2011, a once artículos Constitucionales, destaca un tema medular que fue la inclusión de todos los derechos humanos de los tratados internacionales de los que México es parte, y que al tener conforme a nuestro Principio de Jerarquía Jurídica, un rango constitucional que se sustenta en el artículo 133 de nuestra propia Constitución General, representa una ampliación importante de los derechos constitucionales y de los alcances de facultades y obligaciones para las autoridades del país. Incorporación que fortalece nuestro sistema constitucional de reconocimiento y protección de Derechos Humanos.

Es así, que el artículo 1o de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación a toda autoridad en el ámbito de su competencia, de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, entre los que se encuentran el de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, en el caso del Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Diputados, resulta imperativo incorporar tanto en las diversas estructuras de toma de decisiones, como en el ejercicio de su atribución conferida de iniciar y aprobar leyes, la introducción de mecanismos y medidas que contribuyan a hacer realidad la igualdad entre géneros.

De ahí que este órgano dictaminador de apoyo legislativo considere de enorme trascendencia, la Iniciativa que se dictamina, ya que aporta propuestas al Reglamento de la Cámara de Diputados, que van encaminadas a garantizar la viabilidad y una real asimilación de la en la vida, usos, costumbres y prácticas parlamentarias de los grupos, áreas y demás entes que conforman la estructura orgánica de esa Soberanía.

TERCERA. Esta dictaminadora, observa que desde sus orígenes, la teoría de género ha tenido como valor fundamental la igualdad entre mujeres y hombres, entendida ésta, de acuerdo con su conceptualización, como un principio conforme al cual ambos géneros acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Es así, que en nuestro país contamos con diversos mecanismos jurídico - institucionales que promueven la equidad de género a escala internacional, mismos que México ha ratificado y que consisten en más de una decena de instrumentos internacionales que reconocen y promueven los derechos humanos de las mujeres. Estos Instrumentos Internacionales (Acuerdos, Tratados, Declaraciones, etc.), a pesar de que abarcan diversos ámbitos, tienen entre otros muchos objetivos, aunque unos de sus principales es la del Fomento a la Equidad de Género.

Entre estos instrumentos internacionales se destacan: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, el Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la Declaración y Programa de Acción de Viena, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y la Declaración y Programa de Acción de Beijing.

A escala nacional contamos con nuestra propia Constitución Política, que establece derechos básicos como la igualdad jurídica entre mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades entre todos los habitantes, además de Leyes específicas como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Asimismo, existen instituciones y otras instancias encargadas de velar por el bienestar de las mujeres como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) creado en 2001, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres.

CUARTA. Esta Dictaminadora coincide con la Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, Proponente del Proyecto de Decreto que se analiza, en cuanto a la falta de un trecho importante por recorrer para revertir en la convivencia social las condiciones de desigualdad de género, y también concuerda en que una forma de contribuir desde el seno de las tareas legislativas, es impulsando la incorporación transversal del enfoque de género en la elaboración de las Iniciativas de Ley; al tiempo que legisladoras y legisladores cuenten con las herramientas que contribuyan a la formulación asertiva de Iniciativas legislativas orientadas a cerrar las brechas de la desigualdad originadas por la discriminación de género.

De lo anterior, esta Comisión Dictaminadora estima procedentes las reformas propuestas al artículo 78, solo en cuanto a incorporar el planteamiento de la problemática desde la Perspectiva de Género; y con las hechas al artículo 85, en el sentido de plantear la problemática de un asunto desde la Perspectiva de Género, como uno de los elementos reglamentarios del cuerpo del Dictamen Legislativo.

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora tomando en cuenta que, en una adecuada implementación de la técnica legislativa, y debido a que los conceptos propuestos en las reformas al artículo 3, ya se encuentran plasmados, incorporados y reconocidos en la norma fundamental y en las leyes reglamentarias en la materia sobre igualdad de género, es por lo que esta dictaminadora no las considera procedente para integrarlas al Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.

Es por lo anterior, y con base en los razonamientos expuestos y fundados, las diputadas y los diputados que conformamos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se adicionan los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Perspectiva de Género.

Artículo Único. Se Adiciona una fracción III, recorriéndose en su orden la actual, al numeral 1 del artículo 78; y una fracción IV, recorriéndose igualmente en su orden actual, al numeral 1 del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 78.

1....

I. a II. ...

III. Problemática desde la Perspectiva de Género, en su caso;

IV. a XII. ...

Artículo 85.

1. ...

I. a III. ...

IV. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, así como la Perspectiva de Género, en su caso;

V. a XV. ...

2. ...

3. ...

Transitorio

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de marzo de 2016.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Edgar Romo García (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri, Jesús Sesma Suárez, secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Mario Braulio Guerra Urbiola, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se informa a la asamblea que la fundamentación de estos dos dictámenes se hará en un solo acto, así como los posicionamientos de los grupos parlamentarios. En consecuencia, tiene la palabra por 10 minutos, la diputada Laura Plascencia Pacheco, para fundamentar los dos dictámenes, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros de este recinto legislativo, el día de hoy acudo para fundamentar dos dictámenes que son de gran importancia para las mujeres mexicanas.

El primero de la Comisión de Igualdad de Género que adiciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con propósito de establecer la obligatoriedad para que cada municipio del país cuente con un sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Y el segundo dictamen, de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que adiciona el Reglamento de la Cámara de diputadas y diputados, para que garantice la elaboración de iniciativas y dictámenes con perspectiva de género.

En lo que corresponde al primer dictamen las cifras las hemos dicho siempre en esta tribuna. Seis de cada 10 mujeres en México sufren violencia en todos sus tipos y modalidades. La violencia encarnecida de un sistema patriarcal en México le cuesta la vida diariamente a siete mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. En México caminar por las calles como mujeres es en realidad muy inseguro.

Por ello la propuesta de dictamen, el primero de ellos, tiene por objeto crear el sistema municipal de atención, prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres en el ámbito municipal.

Para ello se adiciona la fracción V, recorriendo las subsecuentes, del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con esta reforma aseguramos el cabal cumplimiento de los diferentes municipios del país para que instalen sus sistemas y con políticas públicas puedan atender de manera local la violencia que se encuentra en cada uno de las diferentes localidades y que nos cuesta la vida a muchas mujeres en este país.

El segundo dictamen es en relación con una modificación al Reglamento de la Cámara de diputadas y diputados, para garantizar el principio de transversalidad de la perspectiva de género en dictámenes y en iniciativas.

Quiero en primer lugar compartirles que este enfoque de género no es nuevo, que desde hace muchísimos años, en específico en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, estableció a todos los Estados parte que participaron en esta convención la obligatoriedad de incluir en todas sus políticas, programas, presupuestos y legislación aplicable el enfoque de género.

¿Esto por qué es importante? Es importante porque desde hace muchísimos años las mujeres hemos tenido una gran discriminación en el marco jurídico mexicano. Muestra de ello es que, por ejemplo, con la reforma planteada se propone que se incluya la perspectiva de género en cada iniciativa que proponen las diputadas y diputados de este recinto legislativo, y también que las comisiones dictaminadoras incluyan la perspectiva de género en cada uno de los diferentes dictámenes, porque sabemos que no afecta igual a las mujeres respecto de los hombres.

Quiero, presidenta, aprovechar para destacar que con esta reforma en este dictamen que reforma y adiciona los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de diputadas y diputados en materia de perspectiva de género habremos de garantizar, desde el trabajo legislativo de esta Cámara de Diputadas y Diputados, desde las iniciativas y los dictámenes, tengan perspectiva de género.

Quiero aprovechar el tiempo restante en el reloj para hacer un pronunciamiento muy fuerte. Es increíble que el día de ayer en este recinto legislativo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, donde en todos los discursos estamos presentes, pero que el día de hoy en un acto de irresponsabilidad de los cinco dictámenes que tenían publicidad, tres de ellos fueron bajados, tres dictámenes que el día de hoy no habremos de revisar y que afectan, en verdad, la vida de las mujeres.

Quiero recordarles, compañeras y compañeros, la responsabilidad que tenemos cada una de las diferentes bancadas, en dar lo mejor por las mexicanas. Hoy me entristece y me enfurece que no discutamos tres dictámenes que son muy, muy importantes. Y quiero referirme en específico a uno de ellos que es en relación con la atención a las mujeres que sufren víctimas del delito de violación.

Año con año las mujeres sufrimos violencia de todos tipos y modalidades. En este país diariamente siete mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, y la violencia de género no ha sido erradicada.

El día de ayer en más de 56 países a nivel internacional, muchas mujeres paramos, y paramos para evidenciar y para visibilizar que no tenemos las mismas condiciones; para visibilizar que la violencia nos está matando, y que el día de hoy es increíble que hayan bajado estos tres dictámenes a discusión.

Yo les pido, compañeras y compañeros, que fuera de intereses políticos, partidistas, que fuera de intereses en su momento propios a la agenda política de cada bancada, veamos siempre en beneficio de las mujeres mexicanas.

No podemos seguir negociando en la legislación mexicana qué derechos se incluyen y qué derechos no se incluyen para las mujeres en México.

Estamos obligados, no solamente por el artículo 1o. constitucional que precisamente eleva a rango constitucional cada tratado y cada convención de la que México es parte. Y quede de manifiesto no solamente en la Convención de CEDAW, sino en la Convención Belem do Pará, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y sobre todo los compromisos en la Plataforma de Beijín, en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres.

Yo el día de hoy, presidenta, me siento muy mal porque no presentamos esos dictámenes a votación. A una servidora le gustaría que la opinión pública, que las mujeres mexicanas se dieran cuenta de qué diputadas y qué diputados están a favor de sus derecho y cuáles no, y que en el tablero se vea quiénes están a favor y quiénes en contra de qué dictámenes, y que la pluralidad de esta Cámara se respete, pero nunca sobre los derechos de las mujeres. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Laura Plascencia.

Saludamos a 42 alumnos del tercer semestre de la licenciatura en derecho, de la Universidad Abierta a Distancia de México, invitados por la diputada María Soledad Sandoval Martínez.

Asimismo a estudiantes del quinto semestre de la preparatoria del Colegio Anglo Mexicano de Querétaro, invitados por el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez.

Y alumnos de licenciatura de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Tejupilco, del municipio de Luvianos, Estado de México, invitados por la diputada María Elida Castelán Mondragón. Sean todos ustedes, bienvenidos.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de estos dos dictámenes, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes a todos. La violencia contra la mujer es definida por la Organización de las Naciones Unidas como todo acto que cause un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas, la coacción o la privación de la libertad.

La violencia contra las mujeres y las niñas deviene en una grave violación de sus derechos humanos, que además de afectar su bienestar, también impacta negativamente a sus familias y comunidades.

En México, aun cuando hemos avanzado con un amplio marco normativo que protege los derechos humanos de las mujeres, la violencia contra ellas sigue siendo un inconveniente pendiente de erradicar.

Según datos emitidos en el 2011 por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares, tenemos que el 63 por ciento de las mujeres de 15 años o más, han perecido algún incidente de violencia, ya sea física, sexual, emocional, económica o patrimonial, la cual proviene de su trabajo, escuela, comunidad, familia de su pareja actual, o de la última pareja a largo de su vida.

De estos datos, 12 entidades federativas se encuentran por arriba de la media nacional destacando los casos de la Ciudad de México y del estado de México por donde más del 72 por ciento de las mujeres han sufrido violencia de género. El ocho por ciento de las mujeres de 15 años o más, casadas o en noviazgo o en unión libre, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

Destaca los datos de México, los estados, perdón, de Michoacán, México, Puebla y San Luis Potosí, en el que se cifra alcanzó más del nueve por ciento. Pero la violencia contra las mujeres no ocurre exclusivamente en el ámbito de las relaciones de pareja: tan sólo en el último año reportado el 15.5 por ciento de las mujeres de 15 años o más fue víctima de violencia por parte de un desconocido, vecino o un amigo; 3.4 por ciento padeció violencia perpetrada por algún familiar distinto a la pareja; y el uno por ciento reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o compañero de la escuela.

Asimismo, el feminicidio ha alcanzado proporciones alarmantes en México, la tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres en el 2013 alcanzó el promedio nacional de 4.37 por ciento, sin embargo 13 entidades federativas se colocaron por encima de la media nacional; por ejemplo, el estado de Guerrero, en donde la tasa fue del 12.79 por ciento, y en el estado de Chihuahua con el 10.9 por ciento. Así las cosas.

En la fracción parlamentaria de Encuentro Social sabemos que es necesario reforzar nuestro marco normativo, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Precisamente los dictámenes que ahora nos ocupan progresan en ese sentido, toda vez que se forma la Ley General de Acceso a las Mujeres y a una Vida Libre de Violencia, al igual que el Reglamento de la Cámara de Diputados con el siguiente propósito:

1. Establecer en la ley la obligación de los gobiernos municipales de crear, con base en su estructura de personal y disponibilidad de recursos, su respectivo sistema municipal de atención y prevención y erradicación de la violencia en contra de la mujer.

2. Establecer la obligación por parte de la Secretaría de Gobernación de comunicar la alerta de género no sólo al Ejecutivo de las entidades federativas, sino también a los gobiernos municipales interesados.

3. Incorporar el enfoque de género como requisito para la elaboración de iniciativas y como elemento de la emisión de dictámenes, a fin de cerrar la brecha de desigualdad generada por la discriminación de género.

De ese modo el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social votaremos a favor de tan luminosos dictámenes, ya que con ello estaremos contribuyendo desde el ámbito de nuestra competencia a la transformación social e incluyente de nuestro país a favor de una vida libre de violencia, con el objeto del acceso equitativo, justo y digno de la igualdad de oportunidades que sean una realidad que venga a favorecer a las mujeres de esta gran nación. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Cynthia Gissel García Soberanes.

Está con nosotros y damos la más cordial bienvenida a los doctores Armando Mancilla Oliveros, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, y del doctor Ricardo Plancarte Sánchez, médico oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, acompañados por la diputada Evelyn Parra Álvarez. Sean ustedes bienvenidos a este recinto.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza respecto de los dos dictámenes, tiene el uso de la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, hasta por cinco minutos.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy, continuando con las acciones que mejoren la calidad de vida de las mujeres, daremos diversos pasos fundamentales al establecer significativas transformaciones en la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres en el país.

Al integrar a nivel municipal un sistema de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y también en este mismo nivel de gobierno el que participen de manera responsable, pero activa, en las alertas de género, estamos contribuyendo desde el Legislativo a mejorar las condiciones presentes y futuras de nuestro país.

En primer término me referiré a la multiplicidad de visiones que existen en las distintas zonas y regiones del país, una diversidad que debe favorecer la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el trato entre los géneros a fin de garantizar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres.

Por ello, en Nueva Alianza vemos con optimismo que a nivel municipal se implemente un sistema de atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, encabezado por la máxima autoridad a ese nivel de gobierno, pues ello permitirá contar con una instancia mucho más próxima y más cercana a la atención de la violencia de género, lo que dará como resultado una mayor protección y defensa de las mujeres en México.

Finalmente, y atendiendo una problemática muy sensible vemos muy favorable el que los ayuntamientos participen activamente en el combate y erradicación de la violencia de género. Un tema que hasta hoy solo era de competencia del gobierno federal y de los estatales.

En la actualidad, la violencia en contra de niñas y mujeres en sus diversas manifestaciones representa una grave violación a los derechos humanos.

En Nueva Alianza asumimos plenamente nuestra responsabilidad por mejorar las condiciones en que viven millones de mexicanas. Por ello, con acciones legislativas, como las que hoy estamos aprobando, estamos generando los mecanismos que subsanan en gran medida las distintas brechas de desigualdad que aún imperan en el país en contra de las mujeres.

Como todos sabemos, en 1995 la Organización de las Naciones Unidas incorporó la perspectiva de género como una de las estrategias mundiales para fomentar la igualdad, entre hombres y mujeres, lo que redundaría en una mayor justicia social.

En Nueva Alianza la lucha por la igualdad de género es un principio fundamental, pues creemos en una nación sustentada en valores, como el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, a la equidad, la igualdad y la justicia. Incorporar la perspectiva de género en el análisis de las iniciativas permite incluir disposiciones que partan de las verdaderas necesidades de las mujeres al formular alternativas de solución a las diferentes problemáticas, tomando en cuenta su posición de desigualdad.

En este sentido, coincidimos con el dictamen que pretende modificar los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para impulsar la incorporación transversal del enfoque de género como elemento para la elaboración de iniciativas y dictámenes.

La propuesta va encaminada a garantizar la viabilidad y una real asimilación de la perspectiva de género en la vida, usos, costumbres y prácticas parlamentarias de los grupos, áreas y demás entes que conforman la estructura orgánica de esta soberanía.

En Nueva Alianza estamos convencidos que mediante estas acciones afirmativas lograremos una verdadera transformación social, cultural y estructural, que permita alcanzar la igualdad de acceso a las oportunidades entre mujeres y hombres. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Angélica Reyes Ávila. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano respecto de los dos dictámenes, tiene el uso de la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, hasta por cinco minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidenta. Quiero empezar diciendo que aquí hay asesores que tienen más poder que los diputados y que estos dictámenes se bajaron, porque obviamente los coordinadores parlamentarios dieron el visto bueno.

Esos que ayer decían que nos mandaban una flor y que además nos felicitaban, hoy no están votando a favor de los derechos de las mujeres. Esa es la denuncia que tenemos que hacer en esta tribuna, que lo que hacen por un lado bien para que quedar bien con la opinión pública lo hacen mal cuando votan, y cuando vamos a votar los tres dictámenes en honor a las mujeres los bajan para que no los votemos, eso es lo que hace la práctica masculina en esta Cámara.

Me da mucho gusto que finalmente se apruebe el de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para incluir la perspectiva de género, pero no es suficiente. No sólo queremos un lenguaje con perspectiva de género, queremos la práctica diaria de todos los días, para que los hombres y las mujeres revisen su práctica parlamentaria, y por eso es lamentable que el día de hoy se hayan bajado los dictámenes. Si los consideraban mal hechos, no los hubieran subido a dar publicidad y a mandárnoslos a todas nosotras.

El otro dictamen que es para incluir el sistema de acceso a una vida libre de violencia en los municipios, es muy importante. Muy pocos municipios tienen este sistema, por eso votaremos a favor.

Creemos que no es suficiente, porque el municipio es el espacio más cercano a las mujeres. ¿Es necesario? Sí. ¿Es urgente? Sí. Pero necesitamos la disposición política, la voluntad política de todas y todos ustedes, para que esta iniciativa baje al lugar más cercano a las mujeres. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Candelaria Ochoa.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Magdaleno Moreno Vega. Magdalena Moreno Vega, una disculpa, diputada.

La diputada Magdalena Moreno Vega:Con su venia, señora presidenta. Diputados y diputadas, muy buenas tardes. En México existe un compromiso para adoptar políticas públicas y medidas legislativas de acción afirmativa, necesarias para eliminar disposiciones legales y otro tipo de obstáculos, valores y prácticas sociales que discriminan a las mujeres y a las niñas o que reproducen situaciones de desigualdad o marginación.

La violencia contra las mujeres en nuestro país no solo ha generado señalamientos por parte de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Interamericano ha sentenciado en seis ocasiones al Estado mexicano. La mitad de estas sentencias se refieren a violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

Uno de los problemas principales que tenemos para erradicar la violencia hacia las mujeres es la insuficiente armonización legislativa y la falta de coordinación entre los tres órganos de gobierno, el federal, estatal y municipal.

El artículo 1o. de nuestra Carta Magna establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

Entre estos convenios internacionales está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijín y la Convención de Belém do Pará, entre otras.

Cabe decir que el Estado mexicano debe rendir cuentas e informar avances ante estas instancias. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento que busca erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, para lo cual se creó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y es la base para elaborar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aunque ya se mandata en la Ley del Sistema Estatal de Prevención, quien sin duda contribuye a generar una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, esto no basta para solucionar el problema.

Estos instrumentos normativos, mecanismos y sistemas que de ella se desprenden, norman la participación de distintas autoridades de los tres órganos de gobierno para que en colaboración con la sociedad civil generen un cambio social. Por ello en este dictamen se integra el sistema municipal, de lo cual nos congratulamos porque el municipio es la célula más importante donde los ciudadanos acuden a manifestar sus necesidades, y sobre todo las mujeres.

Es necesario fomentar mecanismos que permitan implementar acciones para que las diversas normas, que regulan estos comportamientos atípicos en las entidades federativas, se armonicen con la legislación federal y diversos tratados internacionales, con la finalidad de crear concesiones que eviten en los tres órganos de gobierno la violencia contra las mujeres.

De ahí la importancia de este dictamen para integrar el sistema municipal de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, fortaleciendo así los mecanismos legales y administrativos que existen a nivel federal y estatal, con el fin de erradicar las causas de violencia, estableciendo estrategias coordinadas para impulsar la transformación cultural hacia la no violencia contra las mujeres.

Por esto, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor este dictamen. Morena está consciente que para alcanzar la igualdad de género es necesaria la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Tenemos que incorporar el proceso de valorar las implicaciones que tiene cualquier acción planteada, tanto para hombres como para mujeres.

Incorporar la perspectiva de género en nuestras propuestas es dar visibilidad a la situación que mujeres y hombres manifiestan en los distintos ámbitos de la vida social, económica y cultural. Mostrar la posición en que se encuentran mujeres y hombres frente a un determinado fenómeno y en un tiempo determinado, y medir la relación entre otras posiciones y la magnitud de la distancia que hace falta para alcanzar la equidad.

El análisis de género es un primer paso de una planificación sensible a las cuestiones de género, se centra en las desigualdades entre mujeres y hombres; detecta el lugar de las relaciones de poder entre hombres y mujeres e identifica los ajustes que deben impulsar las instituciones.

Es importante también que en nuestra iniciativa podamos desagregar los datos por género para dar cuenta de los distintos comportamientos de los fenómenos en estudio según la diferencia por sexo, geográficas, por ciclo de vida y por grupos étnicos.

Es necesario responder a las necesidades de la sociedad civil y evaluar el impacto de las políticas públicas o el desempeño de los planes y programas de igualdad. Por lo anterior, Morena también votará a favor este dictamen.

También queremos hacer la aclaración de que sobre el dictamen de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia del procedimiento para emitir la alerta de género, a partir de una iniciativa de nuestra diputada Rocío Nahle y el diputado Renato Molina, esperamos una mejor redacción que acelere el procedimiento en beneficio de las mujeres que sufren violencia. Si este dictamen se modifica lo respaldaremos con mucho gusto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Magdalena Moreno Vega. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Sasil Dora Luz de León Villard.

La diputada Sasil Dora Luz de León Villard:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. A nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, vengo a manifestar nuestro voto a favor de los dos dictámenes que presenta la Comisión de Igualdad de Género, y la de Régimen Parlamentarios, en virtud de los cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

El primero de los dictámenes contiene una iniciativa presentada por su servidora y respaldada por las diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista, mediante la cual se adiciona el artículo 50 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Parte importante de este órgano legislativo y en especial de la agenda política del Partido Verde, es transversalizar las políticas públicas que fortalezcan la igualdad, los derechos humanos y diluyan la discriminación en todas sus formas de expresión. Para ello, el generar una política pública integral es necesario articularla en sus tres niveles de gobierno y este es el espíritu de la reforma, incorporar a los municipios del sistema nacional, estatal y ahora municipal, a través de los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres mediante los sistemas municipales. Quiero resaltar que esta política pública fue puesta en marcha en mi estado, el estado de Chiapas.

A partir de la presente administración, que encabeza el gobernador del estado Manuel Velasco Coello, quien desde su inicio promovió la instalación de los consejos municipales, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los 122 municipios del territorio chiapaneco, acción que prevalece y se ha fortalecido con las permanentes instalaciones de los mismos; y con esta iniciativa, la inclusión y participación de los más de dos mil 400 municipios que conforman el territorio nacional estarán presentes.

Finalmente, quiero referirme al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se reforman y adicionan los artículos 78 y 85 de nuestro Reglamento, cuya finalidad es impulsar la incorporación transversal del enfoque de género en la elaboración de todas las iniciativas y dictámenes, en aras de contribuir a la formulación asertiva de documentos legislativos orientados a cerrar las brechas de desigualdad originadas por la discriminación hacia las mujeres que, como ya dijimos, no podemos seguir permitiendo.

Es por todo lo anterior que solicito a las y los diputados su voto a favor de los presentes dictámenes, en atención a darle seguimiento a lo presentado ya por la Comisión de Igualdad de Género. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Sassil De León Villard. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, en los dos dictámenes, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Karen Hurtado Arana.

La diputada Karen Hurtado Arana:Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Acudo a esta tribuna para respaldar el dictamen a discusión de la Comisión de Igualdad de Género que adiciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con un artículo 50 Bis y otro más de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Pese a que en nuestro país se ha hecho un importante esfuerzo por construir un andamiaje legal y políticas públicas para erradicar la violencia de género en sus diferentes expresiones, la realidad cotidiana nos muestra que estas formas de violencia están lejos de ser erradicadas.

Las estadísticas y las constantes denuncias de la violencia de género en contra de las mujeres nos indican que a 10 años de la entrada en vigor de la ley general de acceso, aún falta mucho por hacer.

Recientes datos proporcionados por el secretario de Gobernación señalan que el 67 por ciento de las mujeres en el país han sido violentadas alguna vez en sus vidas; el 47 por ciento agredidas por su actual o última pareja.

De la misma forma, señala la falta de denuncias de esta violencia debido a la misoginia propia del Ministerio Público subestimando las agresiones, lo que coloca a las denunciantes en una situación de mayor vulnerabilidad.

Es tal la magnitud de la persistencia de la violencia de género en el país que la alerta de género, instrumento que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, ha sido implementado en seis estados del país: el Estado de México con 11 municipios; Morelos ocho; Michoacán 14; Chiapas siete; Nuevo León cinco; Veracruz con 11 municipios.

Además de que existen diferentes procedimientos en trámite de alertas de violencia de género contra mujeres en: Colima, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

Debemos redoblar esfuerzos para abatir es flagelo que vulnera a toda la sociedad. Por ello nos parece de suma importancia la aprobación del presente dictamen, el cual otorga la atribución a los municipios para integrar el Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, e incorporar su contenido al sistema estatal. Con esta medida se posibilitará una reacción más cercana para la prevención y atención a la violencia de género.

También votaremos a favor el dictamen con reformas a los artículos 78 y 85 del Reglamento para incorporar en los contenidos de las iniciativas y de los dictámenes de esta Cámara de Diputados, la perspectiva de género.

Ayer conmemoramos el Día de la Mujer, y escuchando a mis compañeras diputadas en esta tribuna, leyendo muy diversas opiniones en los medios de comunicación nacionales e internacionales, en redes sociales, en estructuras formales de los gobiernos y en las manifestaciones callejeras, es claro que falta mucho por hacer para lograr que nuestros derechos como mujeres estén garantizados, para que tengamos acceso a una vida plena, digna, libre y sin violencia de ningún tipo.

La lucha es ardua y se tiene que dar en diferentes planos. Aquí podemos y debemos atender el plano legislativo, fortaleciendo el marco jurídico a favor de los derechos plenos de las mujeres, adolescentes y niñas.

El dictamen que estamos por votar y aprobar plantea modificaciones reglamentarias justamente para abonar en cultura de la equidad y de la igualdad entre los géneros. Tenemos que hacer visible este tema cada que podamos.

Es correcta la pretensión y la aspiración de ahondar en los contenidos de nuestras iniciativas y dictámenes de esta Cámara de Diputados, en la perspectiva de género, porque solo así, insistiendo una y otra vez en avanzar en este tema, en construir desde todos los ángulos un mundo equitativo, apalancando en leyes que dejen claro cuál es y debe de ser la perspectiva de género en todas las materias que constituyen el marco jurídico del país.

Ayer se dijo aquí “esta Legislatura es un ejemplo de paridad: somos 213 diputadas”. Pero falta, faltan mujeres en los organismos de dirección y falta impulsar lo que pretende esta reforma: la perspectiva de género en nuestro marco jurídico.

Sigamos trabajando en esa dirección. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Karen Hurtado García.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Cecilia Soto. Sí, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Con el objeto de referirme a la intervención muy adecuada de la compañera Karen y referirme también al trabajo de la Comisión de Género.

Quiero plantear la enérgica protesta de las legisladoras del PRD porque se excluyó de este debate en especial el dictamen sobre la norma oficial 046, que es la norma que tiene los protocolos para aplicarse en caso de violación. Como ya lo ha explicado la colega presidenta de la Comisión de Género, hay 900 mil violaciones al año de mujeres adolescentes y niñas en este país, y sólo cinco por ciento llegan a tribunales y se sentencian.

Me preocupa que esta norma lo que busca, este dictamen lo que busca, es que se aplique la norma. Los municipios la evaden, y en este sentido me parece absolutamente incongruente que el organismo que haya determinado quitar ese dictamen, supongo que es la Junta de Coordinación Política, está violando los derechos de las integrantes de la Comisión de Género y los derechos de las demás diputadas legisladoras.

Tengo entendido que la oposición a que se aplique esta norma es porque, en caso de embarazo, la víctima puede pedir la terminación legal del embarazo. Esto es no solamente un asunto de la norma, esto está protegido en nuestro Código Penal.

Si continúan haciendo este tipo de acciones que vulneran los derechos de las mujeres en México, vamos a acudir a las instancias a que haya que acudir, con un juicio de protección de los derechos políticos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión, diputada Cecilia Soto.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, respecto de los dos dictámenes, tiene el uso de la palabra la diputada Patricia García García hasta por cinco minutos.

La diputada Patricia García García:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha trabajado desde sus orígenes para que las mujeres tengamos una participación activa en la construcción del bien común. Una participación que nos permita aportar lo mejor de nosotras en la construcción de esa patria ordenada y generosa a la que todos aspiramos.

Para Acción Nacional dar un trato digno a las mujeres es generar y asegurar las necesarias suficientes condiciones de igualdad con los hombres, que les posibiliten, sí, sí igual acceso a las oportunidades, pero también el real ejercicio de sus derechos humanos.

Tenemos que prestar atención a la discriminación y a la violencia que se presenta contra las mujeres en el ámbito municipal. Hoy en día el espacio local sigue siendo representativo de los más bajos porcentajes de participación de las mujeres en cargos de gobierno, se ha constituido un escenario de discriminación y violencia contra las mujeres que deciden incursionar en los mismos.

Ante ello Acción Nacional reconoce la necesidad de impulsar acciones que contribuyan a garantizar en el ámbito municipal el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su igualdad de acceso a las mismas oportunidades que con los hombres; y advierte la relevancia de la propuesta que nos presenta a través del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, y que tiene como propósito instituir como una atribución a los municipios el integrar el sistema municipal de prevención y atención y erradicación de la violencia contra las mujeres e incorporar su contenido al sistema estatal correspondiente.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos de que incorporar esta atribución a los municipios potencializará la ampliación real y permanente de las opciones de las mujeres respecto a su acceso igualitario y a las oportunidades de desarrollo local, ya que para nosotros instituir un sistema municipal de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres es reconocer que combatir el problema de la desigualdad que impera entre los hombres y las mujeres corresponde a todas las autoridades municipales, no solo a las que se encargan de las cuestiones relacionadas a las mujeres.

De igual manera, reconocemos a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que somete a nuestra valoración la propuesta para establecer la obligación a las comisiones para que en el momento de emitir dictamen hagan referencia a la perspectiva de género, cuando así lo amerite. Ayudará a que esta Cámara cumpla también con su obligación de observar lo previsto en los tratados internacionales, en el caso específico aquellas que versan sobre la protección de las mujeres, como con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Compañeras y compañeros, los invito a que reflexionemos sobre una de nuestras principales responsabilidades como legisladores. Uno de esos deberes es crear, modificar normas jurídicas que respondan a la realidad social enfrentando la gran oportunidad de sentar las bases en el sistema jurídico justo, igualitario, que permita transitar a una sociedad democrática.

Hoy se nos presenta esta oportunidad, demos nuestro voto favorable a los dictámenes que se presentan a nuestra consideración en la comisión. Asumamos desde el Legislativo, que el derecho a la igualdad entre los hombres y las mujeres requiere que cada estado implemente acciones específicas y concretas para eliminar la discriminación real y comprobada contra las mujeres, a fin que puedan disfrutar de su derecho humano a la igualdad.

Esa es solo la manera de alcanzar la sociedad democrática e incluyente a la que todos aspiramos. Muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Patricia García. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Erika Rodríguez Hernández.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández:Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores: “La voluntad de las mujeres debe ser por ellas mismas. Es la revolución más acentuada que hemos tenido después de la francesa, de la rusa y la mexicana”. Griselda Álvarez.

Hoy es tiempo de culminar un nuevo proceso revolucionario haciendo de la igualdad de género una realidad y que en este momento lamentamos que tres dictámenes los hayan bajado.

De qué sirve hablar del Día Internacional de las Mujeres, de qué sirve decir que estamos en favor de los derechos de las mujeres si en este espacio, donde aquí se deben aplicar y respetar, estamos vulnerando a las mexicanas que hoy nos están escuchando y que piden a gritos realmente justicia e igualdad.

Acudo a esta tribuna de las decisiones para posicionar, a nombre de mi fracción parlamentaria, los proyectos de decreto por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Reglamento de la Cámara de Diputados, que hoy se someten a esta soberanía.

Ayer, sí ayer, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y quedó de manifiesto el largo trecho que falta por recorrer para alcanzar la igualdad y la justicia para ellas. Como cada año, se dieron a conocer cifras alarmantes de las múltiples formas de violencia que padecen las mexicanas. Se habló de marginación, abandono, violencia y el regateo en los espacios de toma de decisiones.

Quedó claro: más que un festejo, lo que hace falta son avances sustantivos en favor de las mujeres y de las niñas de México. Naciones Unidas, con motivo del 8 de marzo exhorta a las y los actores del proceso legislativo para dar pasos firmes para la igualdad de género.

Esto está sucediendo hoy aquí, aquí en esta legislatura histórica. Fiel a su compromiso, esta legislatura responde con hechos y acciones a las demandas más sentidas de la sociedad y trabajo paralelo con el Ejecutivo federal y en diversas instancias que atienden este tema.

Aquí hay ejemplos tangibles: además de las modificaciones de las diversas leyes, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios se estableció la primera maestría en género y derecho, está en curso y se desarrolla por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM.

De esta maestría surge el primer protocolo para legislar con perspectiva de género, mismo que se reforzará con las modificaciones al Reglamento de la Cámara de Diputados.

Todas estas acciones nos colocan los lentes que afinan la visión sobre la perspectiva de género. En estas tareas reconozco la voluntad y solidaridad, traducida en hechos de mi coordinador parlamentario, el doctor César Camacho Quiroz, estimado amigo. Muchos hechos y pocas palabras, es nuestro lema, aprecio mucho lo que haces en favor de los derechos de las mujeres.

En esta fecha tan señalada estamos colocando bases en la construcción de leyes no discriminatorias, debemos de garantizar a todas las mujeres de nuestro país el acceso a una vida libre de cualquier tipo de violencia.

Debemos de generar opciones de desarrollo en su propia localidad, en los municipios, que es donde se transcurre la vida cotidiana y familiar de las mujeres, ese es nuestro desafío, sin duda los paradigmas de esa están cambiando en esta LXIII Legislatura de la Cámara de las y los diputados.

Con acciones concretas en contra de la violencia, la discriminación y la igualdad de género, se está haciendo historia. Con dichas acciones reforzamos un compromiso fundamental de esta legislatura: alcanzar, mediante la transversalización, la igualdad entre mujeres y hombres.

Legislar con perspectiva de género significa construir un lenguaje incluyente, común y reivindicador. Significa cambiar desigualdades que retrasan el desarrollo y la calidad de vida de las mujeres.

Por esta razón, mi Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional votaremos a favor de este dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde busca, en este sentido, beneficiar, obligar y establecer en cada municipio el sistema para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, y lo más importante, que se involucren todos los municipios de nuestro país.

Votaremos también a favor del dictamen que reforma los artículos 75 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, donde reconozco el trabajo profesional de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Incorporar la perspectiva de género en la elaboración de iniciativas de ley rompe con esquemas de ciudadanía hegemónica y ahora atenderá la diversidad social y cultural.

En este sentido, diputadas y diputados, los convoco a votar a favor de estos dictámenes para seguir garantizando el derecho de las mujeres a la justicia, a la igualdad y a una vida libre de violencia.

Señoras y señores legisladores, estoy segura que todas y todos tenemos un compromiso con las mujeres mexicanas. No más asignaciones pendientes, igualdad por resultados. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Erika Rodríguez Hernández.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sonido, por favor, en la curul de la diputada Cecilia Soto.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidenta, quisiera pedirle, en base al artículo 177 de nuestro Reglamento, preguntara a la oradora si acepta una pregunta, 117.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Cecilia Soto, en términos del Reglamento no ha lugar a pregunta. ¿Quiere hacer alguna expresión? O inscribirse en la lista de oradores a favor o en contra es otra opción.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Me inscribo.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muy bien, ¿en qué sentido, a favor o en contra?

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): En contra de la Junta de Coordinación Política.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Estamos analizando los dictámenes. Nos referiríamos a ellos. Sonido, por favor, en la curul de la diputada Cecilia Soto.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Estimada presidenta, quiero saber quién decidió bajar de nuestro orden del día los tres dictámenes que fueron quitados. Quiero saber quién es el responsable de quitar especialmente el dictamen sobre la norma 046.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada, la Junta de Coordinación es un órgano colegiado, no se alcanzó el consenso. Puede usted participar a favor o en contra de los dictámenes motivo de discusión. Si gusta, ahorita me informa si es a favor o en contra. Sonido, por favor, en la curul de la diputada Mirza Flores.

La diputada Mirza Flores Gómez(desde la curul); Gracias, presidenta. Hacer un comentario respecto a la indignación que nos produce que hayan bajado los tres dictámenes de la Comisión de Igualdad. Pero lo que más nos lastima es que echen abajo la inclusión de la Norma 046 en la ley.

No nos vuelvan a mandar flores el Día de la mujer. No vuelvan a fingir que les importa que las mujeres estemos en esta Cámara. A fuerza y capricho se autorizó aquí que se discutiera en el pleno y se aprobara una ley el martes de la Ley Forestal, cuando muchos grupos parlamentarios solicitábamos examinar a detalle los últimos cambios, y a fuerzas se votó esa ley.

Pero no se trate de la Ley de Igualdad, no se trate de las condiciones de las mujeres en este país porque eso sí se puede postergar. Eso sí es anulado y eso sí los coordinadores del PRI y del PAN lo negociaron. Eso es inadmisible, que seamos la burla de los coordinadores en esta Cámara.

No nos permitamos las mujeres que estén en esa actitud de negociar. La Norma 046 es un derecho ganado de manera histórica para que las mujeres víctimas de violación sean atendidas de forma dental, psicológica y ginecológica. Es inadmisible que los hombres decidan en los cuerpos de las mujeres. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Mirza Flores. Queda asentada su expresión.

El diputado Francisco Martínez Neri(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Francisco Martínez Neri.

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): Muchas gracias. Para solidarizarme con las mujeres que han hecho uso de la palabra en este momento y para manifestar también que la Junta de Coordinación Política, como órgano, no tuvo nada que ver con el hecho que hoy se está comentando. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Araceli Damián.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): A mí me parece muy extraño que se haya tomado la decisión, como dicen que se tomó, y ahorita el diputado Neri está diciendo que es falso. Y aquí en la votación que hubo en la comisión el único voto en contra es del PAN.

Entonces, quiero preguntarle a usted, presidenta, ¿por qué se bajó ese dictamen? ¿Porque su partido votó en contra? Las mujeres tenemos derecho a que se nos practique un aborto en caso de violencia sexual. Queremos los derechos y el día de ayer estuvimos hablando del tema y tenemos derecho. Esos son ustedes, los del PAN, los que lo están deteniendo.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Damián, se nos informó que no había consenso por los grupos parlamentarios y pasó al pleno los asuntos en los que sí había consenso, mismos que todavía tenemos que continuar con la discusión, sin que esto implique que este tema pueda ser abordado en otro momento.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Clemente Castañeda.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Simplemente para dejar manifiesta la voluntad y decisión del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para que el dictamen en cuestión sea discutido en la sesión del día de hoy y votado de manera inmediata. No les vamos a regatear los derechos de la mujer. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión. Continuamos con el desahogo de los asuntos, ya ahorita autorizados en el orden del día y estaríamos al pendiente de cualquier otra indicación.

Solicito al pleno, me permita continuar con dos dictámenes que estamos en medio de una discusión.

Diputadas, diputados, permítanme un segundo. Pido a los coordinadores de los grupos parlamentarios, hacer la consulta para subir este tema, si resulta procedente. Mientras tanto solicito el que podamos continuar con los dos dictámenes que ya están en el orden del día.

Solicitamos que se haga la consulta a los coordinadores de los grupos parlamentarios para determinar si el asunto que les interesa es materia o no de esta sesión y, mientras tanto, podamos continuar con el orden del día ya aprobado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias, diputada. En absoluta sintonía con lo que está sucediendo, le solicito atentamente decrete un receso de cinco minutos para que los coordinadores puedan hacer la consulta necesaria.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 14:56 horas): Se concede el receso de cinco minutos para poder platicar en el salón tras banderas con los coordinadores de los grupos parlamentarios.

(Receso)

(a las 15:50 horas): Honorable asamblea, se reanuda la sesión e informo a ustedes que tras reunirse durante este receso la Junta de Coordinación Política, ha acordado en forma unánime, y ante mí, el siguiente procedimiento:

En la sesión del martes 14 de la próxima semana, se discutirán todos los dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género inscritos en el orden del día. La sesión iniciará concluyendo con la discusión de los dictámenes cuyo desahogo se llevaba a cabo antes del receso, y que son: el relativo al artículo 50 Bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Posteriormente continuaremos –reitero, continuaremos– con la discusión de todos los dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género inscritos en el orden del día, siendo los siguientes proyectos de decreto que reforman el artículo 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; los artículos 46, 49 y 50, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia y discriminación salarial.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y las proposiciones que no se presentaron en tribuna, para turnarlas a las comisiones que correspondan.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 9 de marzo de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 9 de marzo de 2017 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

3. Que reforma el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona el artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

5. Que adiciona un artículo 42 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

6. Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, para que solvente y aclare en su totalidad, las observaciones de auditorías que aún están pendientes y que realizó la ASF en los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales, para que legislen en materia de seguridad vial, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, contra las mujeres y niñas, para la integración y transparencia del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a implementar un programa de orientación a padres de familia en las escuelas públicas sobre las consecuencias del uso de celular y otras herramientas tecnologías por niños, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y las actividades productivas, a cargo de la diputada Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Protección Civil, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se solicita instituir La Semana Nacional de la Salud del 25 de febrero al 3 de marzo de cada año, así como exhortar a las autoridades de las instancias que conforman el sector salud, para informar a su personal sobre la nueva responsabilidad de realizar el tamiz auditivo neonatal, a cargo del diputado Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar las acciones necesarias para que en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el IMSS realice a la brevedad las gestiones necesarias para la construcción de una clínica de nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la presidencia de la República, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a atender la sequía en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas, a instrumentar las acciones necesarias en materia económica y social, para estructurar un plan de acción de atención a migrantes repatriados en la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, a llevar una investigación fehaciente sobre el asesinato de tres niños; así como el operativo policiaco ocurrido el 14 de enero de 2017, en San Miguel de Allende, a cargo del diputado Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Sagarpa para que, en el ámbito de su competencia, difundan el estado de avance relativo al primer año de aplicación y el plan operativo aplicable para el año 2017, de la implementación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Secretaría de Salud federal, para que el sector salud de esa entidad concluya todas las obras inconclusas, en proceso de planeación y/o susceptibles de rehabilitación, a cargo de la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la CDMX, a que elimine el cobro de fotomultas a todos los automovilistas infraccionados, toda vez que el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, ha creado un precedente que determina inconstitucional diversos artículos del Reglamento de Tránsito de dicha entidad, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión Ciudad de México, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las 32 entidades federativas, a fin de fortalecer la institucionalización de las políticas de igualdad de género, conforme a lo dispuesto en los objetivos transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades gubernamentales, a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en diversas localidades del estado de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la la Comisión Especial Seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el Municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016, para opinión.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal, a difundir las acciones que ha implementado para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas sobre refugiados y migración, particularmente, en lo relativo a reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayor número de solicitudes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.»

INICIATIVAS

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

«Iniciativa que reforma los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sara Latife Ruiz Chávez, diputada federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Procuraduría Federal del Consumidor protege y promueve los derechos de las y los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos para la población consumidora.

Lo anterior en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 que proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución y menciona en su apartado IV. Un México Prósperobuscar la creación de una cultura de consumo responsable, la modernización de las instituciones encargadas de la protección del consumidor, la incorporación de nuevos métodos de atención y servicio a los ciudadanos, y el fortalecimiento de la presencia de las instituciones y la certidumbre en los procesos constituyen desafíos para un Estado que busca incentivar la competencia y a la vez fortalecer la equidad respecto a las relaciones entre los consumidores.

Entre las distintas actividades desarrolladas en Profeco acordes al Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018, encontramos:

Actividades de protección de los derechos del consumidor en materia de prevención y corrección de prácticas que afectan al consumidor.

• Teléfono del Consumidor

• Teléfono del Consumidor en línea

• Buró comercial

• Módulos de asesoría e información

• Comportamiento comercial de proveedores

• Asesorías (correo electrónico, fax y escritos)

• Programa de Citas por Teléfono

• Quejas y conciliación

• Concilianet

• Registro Público para Evitar Publicidad

• Registro Público de Contratos de Adhesión

• Procedimientos por Infracciones a la Ley en materia de Servicios

• Arbitraje

• Dictamen

• Monitoreo de publicidad

• Acciones colectivas

Actividades de verificación y vigilancia

• Análisis de información comercial

• Asesoría en información comercial

• Capacitación en Información Comercial

• Comportamiento Comercial

• Normas Oficiales Mexicanas

• Servicio de verificación para ajuste por calibración de instrumentos de medición

• Red de Alerta Rápida

• Verificación de Estaciones de Servicio y Plantas de Gas L.P.

• Política preventiva de calibración

• Estudios de Calidad

• Pruebas de laboratorio

Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente

• Quién es Quién en los Precios

• Quién es Quién en los Créditos a Pagos Fijos

• Quién es Quién en el Envío de Dinero

• Monitoreo de tiendas en línea

• Resultados de encuestas y sondeos

• Revista del consumidor

• Programa de TV

• Programa de radio

• Redes sociales

• Atención a grupos de Consumidores de forma presencial

Con la finalidad colaborar con la meta de desarrollar las normas que fortalezcan la calidad de los productos nacionales, y promover la confianza de los consumidores en los mismos, se pretende fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor para garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras, dotándola de mayores recursos y capacidad de coacción para cumplir su objetivo a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Actualmente el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor menciona que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

La problemática radica en que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) no tiene facultades para el cobro de las multas que impone, por lo que las mismas son remitidas para su cobro al Servicio de Administración Tributaria y las Secretarias de Finanzas en cada estado acorde al Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo, el Artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas por inconsteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Con base en el fundamento legal anterior el Servicio Administración Tributaria y la Secretarías de finanzas de los gobiernos de los estados, regularmente cancelan las multas que emiten el conjunto de Instituciones que inciden desde sus ámbitos de competencia en la protección y promoción de los derechos del consumidor como lo es la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Situación que impide cualquier tipo de fuerza coercitiva por parte de la Procuraduría, para evitar abusos o prácticas comerciales desleales en el abastecimiento de productos o servicios.

Es importante recordar que la función de las sanciones son el medio coercitivo con el que cuenta la norma jurídica para forzar su cumplimiento en caso de que el gobernado incumpla sus obligaciones y que el derecho no es eficaz sin la existencia de disposiciones coercibles y como una forma de asegurar el cumplimiento que tienen los mismos ciudadanos con respecto a la sociedad. La sanción en forma de multa se aplica para obtener la observancia de la norma infringida y con la finalidad de obtener del sancionado una prestación económicamente equivalente al debe jurídico incumplido.

La procuraduría Federal del consumidor está facultada para imponer multas en las siguientes áreas:

• Quejas y Conciliación: como medidas de apremio derivado del procedimiento conciliatorio.

• Verificación y Vigilancia: a establecimientos comerciales (empresas de bienes y servicios), derivadas de infracciones por comportamiento comercial, metrología y normalización.

• Verificación de Combustibles: derivadas de las visitas de verificación realizadas a Gasolineras y/o Empresas Gaseras.

• Procedimientos: como resultado de un Procedimiento por Infracción a la Ley.

Por citar un ejemplo:

Durante el 2016, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) verificó 6356 estaciones de servicio (gasolineras) y emitió 1012 multas por un total de 316,000,000 millones de pesos, sin embargo no se tiene certeza del cobro de las mismas de las amonestaciones que impone.

La finalidad de la propuesta que hoy se pone a su consideración consiste en adicionar una fracción V al artículo 23 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que el patrimonio de la Procuraduría Federal del Consumidor también estará integrado por los ingresos provenientes de las multas que imponga y cobre en ejercicio de sus atribuciones, y modificar la fracción XII del artículo 24, para establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor tenga como atribuciones la de celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal, entidades paraestatales y empresas productivas del Estado y todos los que resulten necesarios para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y beneficio de los consumidores, tales como convenir el cobro y asignación de los recursos obtenidos por dichas sanciones

Es importante mencionar que la Procuraduría Federal del consumidor, ya cuenta con capacidad instalada para realizar esta gestión a través del personal en sus 56 delegaciones y subdelegaciones en el territorio nacional así como el sistema en línea “Profeco-MULTIP@GOS” donde recibe los pagos por concepto de calibraciones y las suscripciones a la Revista del consumidor, este sistema ofrece seguridad, legalidad y apego a la Ley. Por lo que estoy convencida de que la presente propuesta coadyuvará a aminorar las percepciones que la población tiene sobre los servicios públicos e instituciones del país, como abandono, insatisfacción, vulnerabilidad, desinformación, falsas expectativas, desconfianza, incredulidad y procesos truncos y fortalecerá la cultura de la legalidad tanto al interior de las instituciones, como en los distintos sectores que protegen, a fin de garantizar que, sin excepción, todos los actos que emitan a se apeguen a Derecho, para que la población tenga certeza jurídica y confianza en la actuación de las distintas autoridades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue

Artículo 23. El patrimonio de la Procuraduría estará integrado por:

I. Los bienes con que cuenta;

II. Los recursos que directamente le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Los recursos que le aporten las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal;

IV. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione en los términos que señale la ley de la materia; y

V. Los ingresos provenientes de las multas que imponga y cobre en el ejercicio de sus atribuciones;

VI. Los demás bienes que adquiera por cualquier otro título legal.

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I a XI...

XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales y empresas productivas del Estado, necesarios para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y todos los que resulten necesarios para elbeneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;

XIII a XVIII...

XIX. Aplicar y ejecutar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

Transitorios

Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga toda norma que se oponga al presente Decreto.

Tercero. Las sanciones pecuniarias que se hayan impuesto antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su determinación.

Cuarto. Los montos obtenidos por el cobro coactivo de las sanciones pecuniarias, durante el primer año, se dividirá entre Procuraduría Federal del Consumidor y el Sistema de Administración Tributaria al 50 por ciento.

Quinto. La Procuraduría celebrará convenios con el Sistema de Administración Tributaría, para que sea este organismo el que realice los procedimientos de ejecución coactiva de las sanciones pecuniarias que imponga, los cuales se harán conforme a los establecido en el Código Fiscal de la Federación; y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se realicen las ampliaciones líquidas a su presupuesto, durante el primer año.

Sexto. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor deberá adecuar el Estatuto Orgánico del descentralizado dentro de los 60 días siguientes a la publicación a la reforma del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Séptimo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las acciones necesarias para dotar a la procuraduría Federal del Consumidor de los recursos suficientes para la creación y funcionamiento de las áreas que ejecutarán coactivamente las sanciones que imponga dicha cantidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017.— Diputada Sara Latife Ruíz Chávez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, y Penal Federal, así como de la Ley General de Salud, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Al amparo de los principios de legalidad y de facultades expresas, la autoridad solo puede actuar conforme a aquello que la ley expresamente le determina.

En ese sentido y al tenor de la teoría de las fuentes del derecho, atendiendo particularmente a las fuentes formales y reales, pareciera que en ocasiones la doctrina debe oponerse a la Ley, cuando la primera a veces se traduce en el “querer ser”, mientras que la ley lo hace en el “deber ser”.

Debemos pues, destacar que la doctrina hoy surge de la ley, pues ésta, para cobrar vida debe estar justificada plenamente, ya sea en otras fuentes, como lo es la ley o derecho comparado, la propia doctrina, la jurisprudencia y la costumbre; sin embargo, hoy los órganos de creación de la ley, debemos actuar tomando como fuente del derecho también a las necesidades sociales y jurídicas para lograr un mejor desarrollo y armonía de nuestro pueblo.

En ese sentido debemos considerar a la ley como una fuente dinámica, y lo mismo debe ser la doctrina, de tal manera que ambas se complementen y no se opongan la una a la otra.

Hoy nuestro país está viviendo una serie de cambios sociales que obligan que las leyes deban ajustarse a la realidad social en el tiempo y espacio en que vivimos, sin que esto signifique que se puedan transgredir los derechos fundamentales de las personas, pero si velando por la paz y la seguridad de la nación ante todo.

Lo anterior deviene de los fenómenos que actualmente se derivan de la inseguridad, y a la argucia que encuentran los delincuentes en la ley para evadirse de la acción de la justicia. Me refiero al caso de los delitos contra la salud estipulados en el Código Penal Federal y Ley General de Salud, pues debido a omisiones en la norma hemos creado una puerta giratoria por la que los delincuentes continúan en las calles cometiendo ilícitos que son considerados como graves para la paz y seguridad nacional.

En atención a lo antes expresado, venimos a proponer una serie de reformas sobre la Prisión Preventiva que establece la Constitución Federal, y que se regula en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que ésta, actualmente se encuentra desvinculada de la Ley General de Salud, por lo que es necesario realizar adecuaciones para que la comisión de delitos contra la salud tenga claramente establecida la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pese a la gravedad de los mismos y el impacto negativo que generan en la seguridad y paz de la sociedad.

La propuesta en cuestión, consiste en armonizar el contenido de los artículos 19 Constitucional, segundo párrafo, relativo a la prisión preventiva oficiosa, respecto de delitos cometidos contra la salud y tipificados en el Código Penal Federal y la propia Ley General de Salud, de tal forma que no haya forma de evadir tal medida cautelar por la existencia de una antinomia en la Ley General de Salud, la cual hace referencia a las disposiciones locales que deben regular los procedimientos penales, así como referirse al Código Federal de Procedimientos Penales, en lugar del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Debido a estas consideraciones generales, se propone modificar los siguientes ordenamientos:

I. Código Nacional de Procedimientos Penales

Consideramos necesario reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que establece las causas de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, señalando en su fracción XI los delitos contra la salud, tipificados en el Código Penal Federal, que ameritan prisión preventiva oficiosa.

De esta manera, encontramos que en el citado artículo 167, fracción XI, se hace referencia a un artículo derogado, por lo cual es necesario eliminar la alusión al artículo 196 Bis, e incluir el artículo 193, segundo párrafo, mismo que se refiere a artículos de la Ley General de Salud, y que los considera un problema grave para la salud pública.

II. Código Penal Federal

Se hace necesario reformar al antes mencionado artículo 193 del Código Penal Federal, para efecto de incluir en su párrafo segundo a los artículos 234 y 235, ya que el primero de ellos, nos señala puntualmente cuales sustancias son las consideradas estupefacientes, mientras que el segundo se refiere a la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, y por lo tanto dejar sin interpretación la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en la comisión de este tipo de conductas.

III. Ley General de Salud

Se propone reformar el artículo 464 Tercero de la Ley General de Salud, que sanciona diversas conductas relativas al adulteramiento de medicamentos para uso o consumo humano, su alteración, venta distribución o transporte, entre otros supuestos, pero que términos generales representa un grave atentado contra la salud pública, por lo que es pertinente establecer la prisión preventiva oficiosa en la comisión de este delito.

La propuesta final, consiste en reformar el artículo 480 de la referida Ley General de Salud, toda vez que ésta hacía referencia a que los procedimientos penales, y en su caso las sanciones por los delitos contenidos en el capítulo en cuestión, se regirán por las disposiciones locales, cuando debe ser por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Además hacía referencia a que en los casos del destino y destrucción de narcóticos, y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, se deberán observar las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

En razón de lo anterior, se reforma totalmente el contenido del artículo 480, estableciendo que para la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la ley en cuestión, debe aplicarse lo conducente en el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por su parte, respecto a la destrucción de narcóticos hacemos referencia a que esta debe realizarse en concordancia a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente se establece en un tercer párrafo del multicitado artículo 480, que los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en el capítulo de referencia, estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa durante el proceso penal.

En términos generales las reformas en cuestión, van encaminadas a atender necesidades de carácter urgente en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que en aras de hacer perfecta la norma jurídica, esta deberá de sufrir ajustes para una mejor aplicación.

A continuación se expone la propuesta de redacción, mediante un cuadro comparativo sobre el texto vigente y la propuesta que formuló:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Decreto por el que se reforman, diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, y de la Ley General de Salud

Artículo Primero.Se reforma el artículo 167, fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 167. Causas de procedencia

..

..

..

..

..

...

I –X ...

XI.Contra la salud, previsto s en los artículos 193, segundo párrafo, 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

...

Artículo Segundo.Se reformaelartículo 193, párrafo segundo, del Código Penal Federal para quedar redactado de la siguiente manera:

De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos

Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicas y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicas y demás sustancias previstos en los artículos 234, 235, 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

...

...

...

Artículo Tercero.Se adiciona una tercera fracción al artículo 464 Ter; y se reforma y adiciona el artículo 480, ambos de la Ley General de Salud, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 480.- Para la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la presente Ley se aplicará en lo Conducente el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El Código Nacional de Procedimientos Penales regulará respecto el destino y destrucción de narcóticos.

Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en el presente capítulo, durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez,diputada federalintegrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numerales I y II, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México presenta una crisis económica, social e institucional; en los último mensajes del presidente de la República, éste hace un llamado a la unidad nacional ante los ataques y amenazas de menoscabo a nuestra soberanía por parte del presidente Trump; teniendo el carácter de representantes del pueblo, el Congreso de la Unión y el presidente Enrique Peña Nieto tienen -tenemos- la obligación de actuar con responsabilidad y en unidad; demostrar a los mexicanos y a las mexicanas que el aparato institucional del Estado tiene como fin último la protección más amplia de los derechos humanos de los gobernados.

Sin embargo, parece que la clase política que tiene poder de decisión al ser mayoría -junto con partidos satélites- en el Congreso, ha olvidado el fin para el cual fueron elegidos. Si queremos la unidad nacional, los partidos políticos y las instituciones debemos poner el ejemplo, tomar las mejores decisiones para garantizar la eficacia de los derechos humanos y el desarrollo económico y social; fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el aparato productivo nacional.

Aprobar leyes -con estricto apego a lo dispuesto en la carta magna- que beneficie al mayor número de personas, como lo son los consumidores o usuarios de servicios, por encima de intereses de un grupo de élite que de forma monopólica, unilateral, opas y discrecional detentan el control de un segmento del mercado, como lo es, el servicio de transporte de punto de origen o destino de los aeropuertos, sería un ejemplo de trabajo en conjunto entre los diversos actores políticos y demostrar que en la Cámara de diputados, también pasan cosas buenas. La legitimidad de las instituciones y reglas se encuentra directamente con el nivel de aprobación de parte de la sociedad y en tanto estoy segura de la ciudadanía está de acuerdo que este Congreso de la Unión apruebe la presente propuesta que tiene como finalidad reducir los precios de las tarifas de los servicios de transporte que tengan como punto de origen o destino los aeropuertos, además de reducir los tiempos de espera del usuario y por lo tanto, eficientar el servicio a través de la implementación de un esquema de libre competencia.

Al respecto, me permito retomar lo dispuesto por el artículo 28 de la constitución Política de los Estados Unidos, que de forma expresa prohíbe los monopolios y dispone que la ley deberá castigar severamentetoda concentración en una o poca manos de artículos así como todo tipo de asociación o acuerdo que tenga por objeto evitar la libre competencia o para que los consumidores paguen precios más elevados constituyendo una ventaja para un grupo determinado perjudicando a los consumidores.

“El tema de los contrapesos es crucial cuando de protección de consumidores se trata. En efecto, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, los consumidores en México a pesar de alcanzar más de 110 millones, han sido tradicionalmente un disperso y vulnerable universo, con escasa organización y representación. Fue hasta la primera década del siglo XXI que empezaron a surgir asociaciones civiles de consumidores pioneras en organizar y dar voz a sus miembros pero con retos enormes porque la ley, no obstante el mandato constitucional en comento, no ha propiciado cabalmente su organización. No fue sino hasta el an?o 2011 cuando se le otorgara a las asociaciones de consumidores la legitimación activa para iniciar juicios colectivos bajo estrictos requisitos, luego de una lucha que las organizaciones civiles iniciaron desde el an?o 2007 mediante un movimiento que culminó tanto con la reforma al 17 constitucional, que adiciona las acciones colectivas como derecho humano(...) como con las reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles y diversas leyes secundarias en materia de protección al consumidor, servicios financieros, protección ecológica y competencia económica.”

Al respecto, con la reforma Constitucional de junio de 2013, se crea la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un organismo autónomo, encargado de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados, fortaleciendo con ello, el derecho humano de protección al usuario a favor del bienestar de millones de consumidores mexicanos.

La Cofece el 10 de noviembre del año anterior, remitió a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la opinión OPN-010-2016, con las siguientes recomendaciones:

• “Eliminar las barreras a la entrada en el servicio de autotransporte de pasajeros en los aeropuertos nacionales. Para ello la SCT deberá otorgar los permisos de autotransporte federal de pasajeros desde los aeropuertos federales a todo aquel que cumple los requisitos correspondientes, sin sujetar dicha decisión a la opinión de los administradores aeroportuarios.

• En su caso, que la normativa tutele únicamente los objetivos de seguridad y calidad en el servicio, sin limitar artificialmente la oferta o incluir requisitos que pudieran excluir de manera injustificada a potenciales competidores. Para tal efecto, podría ser procedente revisar los requisitos que establece la normativa para obtener un permiso de autotransporte federal de pasajeros, así como los mecanismos para verificar su cumplimiento a lo largo del tiempo con el objeto de tutelar la seguridad de los pasajeros y la calidad en el servicio.”

Para llegar a tal conclusión, el organismo autónomo encargado de garantizar la libre concurrencia como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico en el Estado Mexicano, argumentó que los taxis son un medio de transportación terrestre desde y hacia los aeropuertos nacionales, por lo que la prestación de este servicio repercute en millones de viajeros. Hizo la clara distinción entre los dos modelos de acceso para la prestación de los servicios de transportación: exclusivo o restringido, y abierto.

El modelo de acceso exclusivo hace referencia a la modalidad consistente en que los aeropuertos concesionan a una o varias agrupaciones el derecho de prestar el servicio; las desventajas de este modelo radican en que puede que se otorguen condiciones preferenciales para las agrupaciones establecidas y la exclusión arbitrarias de otras compañías, siendo este modelo el que opera en los aeropuertos de México. De acuerdo al marco legal vigente en nuestro país, los taxis autorizados para transportar personas desde los aeropuertos tienen prohibido recoger pasaje fuera de los mismo, lo que propicia que los taxistas de regreso, hagan un viaje que no les reditúa ganancias económicas.

En el mismo documento, la Cofece señaló las ventajas del modelo de acceso abierto. La mayoría de los aeropuertos que adoptaron este modelo, realizan el cobro de una cuota que otorga el derecho de acceso al aeropuerto para prestar el servicio. Con estos ingresos se pueden financiar la operación de estos mecanismos. A través de este esquema, se pueden implementar diferentes formas de cobro al usuario: tarifas mínimas y máximas, taxímetros, por distancia, entre otras, lo que permitirá una mayor oferta que se traduce en un beneficio costo-calidad-eficiencia para el pasajero.

Al respecto, y atendiendo al reclamo de los mexicanos y las mexicanas de tener un medio de transporte en los aeropuertos seguros, eficientes, con mayor oferta y sobre todo, a un bajo costo.

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar a los mexicanos el efectivo acceso al derecho de defensa del consumidor y la prohibición de prácticas monopólicas consagrado en el artículo 28 de nuestra carta magna.

De conformidad con los compromisos internacionales asumidos por México a través de diferentes instrumentos jurídicos tal como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que en su artículo 39 dispone:

Artículo 39. Los Estados miembros, reconociendo la estrecha interdependencia que hay entre el comercio exterior y el desarrollo económico y social, deben realizar esfuerzos, individuales y colectivos, con el fin de conseguir:

a) Condiciones favorables de acceso a los mercados mundiales para los productos de los países en desarrollo de la región, especialmente por medio de la reducción o eliminación, por parte de los países importadores, de barreras arancelarias y no arancelarias que afectan las exportaciones de los Estados miembros de la Organización, salvo cuando dichas barreras se apliquen para diversificar la estructura económica, acelerar el desarrollo de los Estados miembros menos desarrollados e intensificar su proceso de integración económica, o cuando se relacionen con la seguridad nacional o las necesidades del equilibrio económico;

b) La continuidad de su desarrollo económico y social mediante:

i. Mejores condiciones para el comercio de productos ba?sicos por medio de convenios internacionales, cuando fueren adecuados; procedimientos ordenados de comercialización que eviten la perturbación de los mercados, y otras medidas destinadas a promover la expansión de mercados y a obtener ingresos seguros para los productores, suministros adecuados y seguros para los consumidores, y precios estables que sean a la vez remunerativos para los productores y equitativos para los consumidores,

Y retomando la opinión enviada por la Cofece a las Cámaras del Congreso de la Unión y a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de adecuar el marco normativo vigente para implementar la modalidad de acceso abierto para la transportación de pasajeros desde el aeropuerto, propiciando con ello, la libertad de competencia y evitando prácticas monopólicas que redunden en la concentración de la prestación del servicio en manos de unas cuantas personas o empresas, y con el objetivo de mejorar los precios y la eficiencia del servicio dado por los transportistas de pasajeros en los aeropuertos, solicito al pleno de ésta soberanía la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar de como sigue:

Artículo 47. Los permisos que otorgue la Secretaria para prestar servicios de autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajustaran a los términos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes, debiendo otorgarlos a todo aquel que cumpla con los requisitos correspondientes, sin sujetar dicha resolución a la opinión de los concesionarios o permisionarios aeroportuarios.

Las disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan, tendrán como objetivo fijar los criterios de seguridad y calidad para prestar el servicio; sin que constituyan en ningún momento, requisitos que limiten la competencia o que pudieran excluir a potenciales competidores.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones legislativas y administrativas contrarias a estas disposiciones.

Tercero.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un plazo no mayor a 180 días, previa opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica, deberá de emitir la reglamentación necesaria para la implementación de este nuevo esquema para la prestación del servicio de transportación terrestre de pasajeros.

Notas:

1 Labardini Inzunza Adriana, Del derecho de protección a los consumidores y a su organización, SCJN, IIJUNAM, 2013, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/33.pdf

2 Cofece, Opinión OPN-010-2016, 10 de noviembre de 2016, disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Opiniones/ V13/0/3653400.pdf

3 Artículo 39 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_cart a_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20II

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso IX y reforma las fracciones VII y VIII del artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Exposición de motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica a la ludopatía como “un trastorno del control de los impulsos”, por lo que no la considera como una adicción, sino como una enfermedad.

La Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos indica que la ludopatía “es un impulso irreprimible de jugar a pesar de ser consciente de sus consecuencias y del deseo de detenerse”.

En la actualidad ser víctima de ludopatía a temprana edad es más sencillo de lo que se creé; ya que los menores comienzan teniendo acceso a los juegos de video, teléfonos celulares, e internet desde que son muy jóvenes y generalmente sin una restricción de horario o vigilancia adecuada, por parte de sus padres o tutores.

La publicidad es un arma muy delicada para captar la atención de los receptores, al invitarlos a consumir, probar o realizar actividades, con anuncios en los que se muestra un estatus alto y dan la idea de lo fácil que es ganar dinero en juegos de apuestas, lo que logra convencer a los televidentes consiguiendo que el objetivo se cumpla.

En los países de la unión europea la publicidad sobre cigarrillos está erradicada de los medios televisivos desde hace diez años, y actualmente la legislación española prohíbe que se transmita publicidad sobre bebidas alcohólicas mayores a 20 grados; las de menor grado se restringen a un horario de 20:30 hasta las 6 de la mañana. A la par, algunos estudios han demostrado que la exposición a publicidad referente al alcohol, aumenta la percepción de los jóvenes e incrementa su consumo.

El programa Amphora (Alcohol Public Health Research Alliance) de la comisión europea en sus estudios indicó que la comercialización del alcohol en línea y la publicidad en patrocinios deportivos con marca de alcohol aumentan la probabilidad de que los niños de 14 años comiencen a beber. Al prohibir la publicidad se logra evitar que menores sean inducidos a que beban desde temprana edad, demostrando así que este tipo de medidas preventivas logran su principal objetivo.

Actualmente nos estamos enfrentando a un problema similar a los anteriores, pero con otro tipo de adicción. La publicidad en televisoras en horarios familiares y deportivos, cuentan con lo que parecen ser inofensivos comerciales sobre juegos en línea o apuestas deportivas en internet, que invitan a los espectadores a participar, lo cual dentro de la legislación no está prohibido y solo se tienen marcadas algunas especificaciones con las que deben contar los anuncios, como lo son el llevar la leyenda “solo mayores de 18 años” o “solo mayores de edad”, sin embargo, esto generalmente está escrito en pequeñas letras que suelen ser imperceptibles. El juego, al igual que el alcohol y el cigarro, pueden generar una adicción, estos últimos de tipo físico, y el juego de tipo psicológico, medicamente conocido como ludopatía.

Al permitir que exista y se transmita publicidad invitando a los televidentes a que participen en juegos de apuestas, en cualquier horario, se está propiciando que los menores se inicien en esta adicción, como ocurría con el alcohol y el tabaco.

Hace una década, la mayoría de las personas con ludopatía eran hombres mayores a los 48 años de edad, sin embargo, en los últimos años la edad de inicio a esta adicción ha ido bajando al grado de encontrar muchos pacientes de entre 18 y 25 años de edad, que tuvieron su primer contacto en los juegos de video, para posteriormente involucrarse en juegos de apuestas y terminar inmersos en la adicción.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es la encargada de poner las pautas para la publicidad destinada al público infantil, sin embargo, no se nos debe olvidar que los horarios familiares o de transmisiones deportivas, también son aptos para el público infantil, y que la publicidad que se transmite en estos horarios debe cumplir con lo que marca el artículo 276 de dicha ley.

Atendiendo a esto y en miras de salvaguardar la integridad de los menores y prevenir que puedan caer en adicciones como la ludopatía, propongo agregar un inciso al artículo 246, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Considerandos

La finalidad de las leyes respecto a los menores, debe garantizar el interés superior de la niñez y asegurar un libre desarrollo, armónico e integral, por lo que, el estar atentos a los contenidos en medios de comunicación es indispensable, tanto en la programación como en la publicidad que se transmite en los horarios familiares.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 68, establece la obligación de los concesionarios en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, que deberán abstenerse de “difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior de la niñez”.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 246, menciona varias restricciones respecto a la publicidad destinada al público infantil, aunque deja fuera el tema de adicciones de tipo psicológico, como la ludopatía.

Venezuela cuenta con una ley para el control de los casinos, salas de bingo y maquinas traganíqueles, la cual regula, autoriza y sanciona estos juegos, y donde en su artículo 29 establece la prohibición total de anuncios sobre juegos controlados, a través de cualquier medio de comunicación.

En España el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), emitió en 2015 un informe dando a conocer que un 96 por ciento de la publicidad trasmitida en la radio inducía a los juegos con apuesta “online”, esta propaganda era mezclada con información que los locutores difundían al hablar; en este sentido, la televisión representa el 55 por ciento con publicidad similar, contra un 45 por ciento de publicidad de juegos públicos (loterías y apuestas del Estado, entre otras). En abril del mismo año el gobierno español reformó el Real Decreto sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego y de juego responsable, que establece en sus artículos 10 al 22, los principios, protección a menores, disposiciones en materia de comunicaciones comerciales, apuestas, concursos y otros juegos.

Decreto

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente Iniciativa con proyecto de decreto que iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso IX al artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Único. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso IX y reforma las fracciones VII y VIII del artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 246.En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá:

I. a VI...

VII. Presentar, promover o incitar conductas de acoso e intimidación escolar que puedan generar abuso sexual o de cualquier tipo, lesiones, robo, entre otras ,

VIII. Contener mensajes subliminales o subrepticios, y

IX. Promover o incitar a participar en juegos de apuestas y sorteos, con la promesa de obtener una remuneración económica.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “La ludopatía en niños y adolescentes”, Sergio Torres García. 4 de diciembre de 2014. https://prezi.com/ilespwymu1lo/la-ludopatia-en-ninos-y-adolescentes/

2 Ídem.

3 “La publicidad del juego y apuestas, un serio reto para evitar generaciones de ludópatas”. Consejo Audiovisual de Andalucía. 30 de abril de 2015. https://blogcaa.com/2015/04/30/la-publicidad-del-juego-y-apuestas-un-serio-reto -para-evitar-generaciones-de-ludopatas/

4 10 “Main findings from AMPHORA”. AMPHORA 2010. http://www.amphoraproject.net/

5 “La publicidad del juego y apuestas, un serio reto para evitar generaciones de ludópatas”. Consejo Audiovisual de Andalucía. 30 de abril de 2015. https://blogcaa.com/2015/04/30/la-publicidad-del-juego-y-apuestas-un-serio-reto -para-evitar-generaciones-de-ludopatas/

6 “El 89% de los adictos al juego son hombres y de estatus social alto”. 20MINUTOS.ES/EUROPA PRESS. 28 de octubre de 2016. http://www.20minutos.es/noticia/166925/0/adictos/juego/ adiccion/#xtor=AD-15&xts=467263

7 “Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_090616.pdf

8 Ídem.

9 “Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214. pdf

10 “Ley para el control de los casinos, salas de bingo y maquinas traganíqueles”. Venezuela. http://www.defiendete.org/html/de-interes/ LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20PARA%20EL%20CONTROL%20 DE%20LOS%20CASINOS,%20SALAS%20DE%20BINGO%20Y%20MAQUINAS%20TRAGANIQUELES.htm

11 “CAA pide regular la publicidad de juego y apuestas ‘online’ por la “exposición” de menores a riesgos de adicción”. 20 minutos. Europa Press. 13 de marzo de 2015. http://www.20minutos.es/noticia/ 2403783/0/caa-pide-regular-publicidad-juego-apuestas-online-por-exposicion-meno res-riesgos-adiccion/#xtor=AD-15&xts=467263

12 “Real Decreto sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego y de juego responsable”. España.

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ 150323_Proyecto_RD_publicidad_y_JR_info_publica.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 febrero de 2017.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

«Iniciativa que adiciona el artículo 42 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La estructura económica y el mercado, en la actualidad han adquirido debido a diversos factores, exigencias que antes solo serían pensados para los regímenes políticos. El paradigma democrático y su ampliación a otras esferas, como lo es el mercado, ha generado relaciones más justas, donde tanto prestadores de servicios como consumidores mantienen equilibrio sano de las relaciones económicas. El involucramiento de la democracia en la estructura económica ha generado que las relaciones más que ser definidas por los grupos empresariales o el capital, puedan ser determinadas por los consumidores.

Que el esclarecimiento de la demanda se incline hacia los consumidores, habla de la activa participación de ellos respecto a los servicios que las empresas proporcionan, obligando a éstas a tomar en cuenta las opiniones, no sólo respecto a lo que los consumidores necesitan, es decir, cantidad, sino también en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos, así como que dichos servicios sean cumplidos en tiempo y forma. Cuando los consumidores exigen calidad más que cantidad se necesita un respaldo institucional que el Estado debe otorgar por medio de leyes e instituciones que protejan al ciudadano y sus intereses y derechos en su particularidad de consumidor.

Cuando la calidad se pone por encima de la cantidad, los servicios, para mantener su nivel frente a la demanda de los consumidores, necesitan de mayor inversión y flujo de dinero. Un caso específico y el que motiva la presente iniciativa, deriva de los hechos que acontecen día a día en los aeropuertos de México y que resulta en menoscabo de los derechos de los usuarios. Me refiero a que cuando se adquiere un boleto que da derecho al servicio de transportación aérea, el precio final del boleto está compuesto del precio por el servicio en sí mismo, más los impuestos y cargos extra. Por ejemplo, al precio base se le debe de sumar 16 por ciento correspondiente al IVA, así como la TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto), siendo ésta última, materia de la presente iniciativa.

“ La tarifa de uso de aeropuerto se aplicará a las personas que en calidad de pasajeros nacionales o internacionales aborden una aeronave de transporte aéreo al público en vuelo de salida y para ello usen las instalaciones del edificio terminal administrado por ASA y/o la sociedad concesionaria.”

Es decir, que al momento de pagar el boleto también se paga la TUA. Si por alguna razón el pasajero no abordara el vuelo –previamente pagado– la lógica indica que tiene el derecho a que se le reintegre la TUA y el IVA causado por la tarifa. Por lo que el consumidor debería de, en primer lugar, tener el respaldo legal e institucional para exigir que se respete el derecho a la devolución de la TUA, y en segundo lugar, tener acceso a un medio por el cual se le devuelva dicha tarifa.

En busca de este respaldo, propongo que se adicione el artículo 42 Bis de la Ley de Aviación Civil a fin de que, como país democrático, y autoridades justas que somos, proporcionemos a los ciudadanos de las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos. En este orden de ideas, propongo que el artículo adicionado otorgue el derecho al pasajero a que se le reintegren todas aquellas tarifas y los impuestos causados que sean cobradas por las aerolíneas distintas a las del precio base del servicio por concepto de “abordar una aeronave y para ello, usar las instalaciones aeroportuarias”, en caso de no actualizarse el supuesto contenido en la norma. El artículo propuesto dispone que la devolución de las tarifas cobradas podrá hacerse a través de medios electrónicos o con la sola exhibición del boleto o billete de pasaje; dejando a salvo los demás derechos de los pasajeros –que se deriven de la Ley de Aviación Civil, su reglamento, la Ley Federal de Derechos del Consumidor, y demás ordenamientos legales o administrativos–.

En México, los derechos del consumidor derivan del mandato del artículo 28 constitucional, que establece que:

“Artículo 28: (...)

La ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.”

Y considerando que la Ley Federal de los Derechos del Consumidor dispone:

“Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito”.

Por lo que frente a los abusos cotidianos, es necesario empezar con las situaciones más notorias y hacer cumplir lo ya establecido por las autoridades como el caso de la actualización del supuesto por el que se cobra la TUA y siempre en búsqueda de la protección máxima de los individuos que ya sea que se desarrollen como ciudadanos o como consumidores y se beneficien en amplitud de los servicios ofrecidos por el mercado, solicito el voto de las legisladoras y los legisladores a favor de la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona el artículo 42 Bis a la Ley de Aviación Civil.

Artículo 42 Bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en éste y otros ordenamientos, el pasajero tendrá derecho a que se le reintegre el costo de las tarifas establecidas por Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que le hayan sido cobradas por abordar una aeronave de transporte aéreo al público en vuelo de salida y para ello use las instalaciones del aeropuerto, cuando éste por cualquier razón no haya abordado la aeronave.

El reintegro se hará a través de los medios electrónicos correspondientes o con la exhibición del boleto al permisionario o concesionario .

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones legislativas y administrativas contrarias a estas disposiciones.

Tercero.Los concesionarios o permisionarios, con opinión favorable de la Procuraduría Federal del Consumidor, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán habilitar en sus sitios de internet el procedimiento de devolución de tarifas.

Notas:

1. DOF: 05/06/2000 , Art. 44 del ACUERDO que autoriza las tarifas y su aplicación por los servicios aeroportuarios que presta el organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares y las empresas de participación estatal mayoritaria, concesionarias de los aeropuertos que forman parte de los Grupos Aeroportuarios Centro-Norte y Ciudad de México.

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/ 25_Acuerdo_que_autoriza_las_tarifas_y_su_aplicacion_por_los_servicios_aeroportu arios.pdf

2 El artículo 68 del Acuerdo, dispone que todas las tarifas establecidas en este se les deberá aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo con la ley en esta materia.

3 Artículo 28 CPEUM, disponible en: http://www.ordenjuridico. gob.mx/Constitucion/articulos/28.pdf

4 Ley Federal de Derechos del Consumidor, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_281216.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

«Iniciativa que adiciona el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numerales I y II, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el inicio de la LXIII legislatura, los diputados ciudadanos hemos presentado iniciativas que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos y de las mexicanas; siendo prioridad para este grupo parlamentario legislar para que en el país se respeten los derechos humanos.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor es la instancia encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de comercio justo. Se creó en 1976, a partir de la promulgación de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Sin embargo, el 3 de febrero de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 28 constitucional, que elevó a rango constitucional la protección al consumidor. Al respecto, la comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, doctora Adriana Labardini Inzunza, señala:

Así, en ese marco de rectoría constitucional del Estado para el desarrollo y la equidad en la distribución de la riqueza, es que el artículo 28, al tiempo de enumerar las áreas estratégicas y las prioritarias, procede además en forma contundente con dos innovaciones. Primeramente establece una enérgica prohibición y orden de castigo severo a monopolios, prácticas monopólicas, exenciones de impuestos, protecciones a la industria así como a toda concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesario; y todo arreglo o colusión de productores u oferentes para evitar la libre concurrencia o la competencia. Y en segundo lugar, eleva a nivel constitucional el derecho a la protección de los consumidores y el mandato de propiciar la organización de los consumidores para la defensa de sus intereses, que si bien ya existía en leyes secundarias tales como la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente desde 1973, con esta reforma adquiere un carácter de derecho humano.

Hasta 2011 no se otorgaría a las asociaciones de consumidores la legitimación activa para iniciar juicios colectivos bajo estrictos requisitos, luego de una lucha que las organizaciones civiles iniciaron en 2007 mediante un movimiento que culminó tanto con la reforma al 17 constitucional, que adiciona las acciones colectivas como derecho humano (...) como con las reformas del Código Federal de Procedimientos Civiles y diversas leyes secundarias en materia de protección del consumidor, servicios financieros, protección ecológica y competencia económica.

Con la reforma de 2011 solamente otorga la legitimación activa a la Profeco para iniciar juicios colectivos, que por regla general, tienen por objeto exigir al proveedor del bien o servicio, la reparación del daño causado a un grupo de personas; pero el legislador no fue precisó si la Profeco cuenta con legitimación activapara acudir a los órganos jurisdiccionales a ejercer las atribuciones que le confiere la ley, entre otras, la defensa de los consumidores frente a prácticas abusivas.

Resulta pertinente citar la tesis número XCVII/2015:

Consumidor. El derecho a su protección tiene rango constitucional.

Tras la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, el Constituyente Permanente elevó a rango constitucional el derecho de protección al consumidor, y desde entonces prevé un mandato para que el legislador establezca reglas de protección al consumidor y reconoce el derecho de organización de los consumidores para la mejor defensa de sus intereses, lo cual responde a la situación de desventaja en que se encuentran como individuos aislados frente a los actores con los que interactúan en la dinámica del mercado, y al hecho de que existen derechos de los consumidores que, cuando son objeto de violación en masa o en grupo, adquieren mayor relevancia que lo que puedan representar las repetidas instancias de violación individual. En ese sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor da contenido al derecho social previsto en el artículo 28 constitucional, ya que en aquélla se atribuyeron a la Procuraduría Federal del Consumidor las facultades que se consideraron necesarias para que la protección del derecho de los consumidores sea eficaz y se establecieron los mecanismos para realizar dicha protección.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que el derecho de protección al consumidor es un derecho humano y de acuerdo a una interpretación pro persona, en la revisión del amparo número 4241/2013, determinó que en efecto, la Profeco cuenta con legitimación activa para acudir a los órganos jurisdiccionales en defensa de los derechos de los consumidores, coincidiendo con los argumentos presentados por esta instancia.

Naturaleza y atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor

(...) es un organismo descentralizado encargado de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como de procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Señala que lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es de orden público e interés social, siendo que sus disposiciones son irrenunciables.

Que en los términos del artículo 24, fracciones I a III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco tiene como atribuciones representar individualmente o en grupo los intereses de los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan.

Conforme a lo anterior es posible concluir que la Profeco cuenta con legitimación activapara acudir a los órganos jurisdiccionales a ejercer las atribuciones que le confiere la ley, entre otras, la defensa de los consumidores frente a prácticas abusivas.

La interpretación de la norma parece simple, pero la parte demandada adujo que en efecto, la norma legitima a la Profeco a defender los derechos de los consumidores individual o colectivamente ante las instancias jurisdiccionales, los intereses de los consumidores, pero de acuerdo con los artículos 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 578 y 579 del Código Federal de Procedimientos Civiles, “determinó que de su análisis se obtenía que el legislador estableció claramente que la acción que emprendiera la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ejercicio de una acción, ya fuera para la tutela de pretensiones cuya titularidad atañe a una colectividad de personas, o bien, de pretensiones individuales de las cuales son titulares los miembros de un grupo de personas, pero siempre que se promueva en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente, debía ejercerse y tramitarse necesariamente como acción colectiva en los términos del Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles”.Afortunadamente, este criterio no prevaleció en la decisión de la primera sala del máximo órgano jurisdiccional.

Expuesto lo anterior y puntualizando que la resolución emitida es una tesis aislada y, por tanto, no tiene carácter obligatorio; me refiero a la reunión de trabajo sostenida con la Procuraduría Federal del Consumidor con el objeto de fortalecer los derechos de los usuarios del transporte aéreo, en la cual la instancia manifestó su preocupación ante la laguna legal respecto de la legitimación activa de la Profeco para acudir a instancias jurisdiccionales y promover acciones diferentes a la reparación del daño por la vía civil para defender los intereses de los consumidores.

Hizo referencia a los problemas jurídicos que ha acarreado a la Profeco esta laguna legal, pues las aerolíneas se sirven de esta omisión para dilatar el procedimiento al interponer la excepción de falta de legitimación activa.

Cuando los consumidores exigen calidad más que cantidad, se necesita un respaldo institucional que el Estado debe otorgar por medio de leyes e instituciones que protejan al ciudadano y sus intereses y derechos en su calidad de consumidor.

Con objeto de otorgar de forma expresa y precisa las facultades necesarias a la Procuraduría Federal del Consumidor para que estélegitimada para promover todas aquellas acciones que sean necesarias para proteger los intereses y derechos de los pasajeros de avión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 Constitucional y adecuando la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al caso concreto: la defensa y protección de los derechos de los usuarios del transporte aéreo, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un último párrafo el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, para quedar de como sigue:

Artículo 17. En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.

Los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

La Procuraduría Federal del Consumidor difundirá, garantizará y protegerá los derechos de los pasajeros de avión. Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren los derechos individuales o colectivos de los usuarios, la Procuraduría está legitimada y podrá interponer cualquier acción, recurso, trámite o gestión que proceda ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas y ante los concesionarios o permisionarios, incluyendo las acciones colectivas de conformidad con lo dispuesto en el libro quinto del Código Civil.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Labardini Inzunza Adriana, Del derecho de protección a los consumidores y a su organización, SCJN, IIJUNAM, 2013, disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/33.pdf

2 Semanario Judicial de la Federación, “Consumidor. El derecho a su protección tiene rango constitucional”, libro 16, marzo de 2015, tomo II, página 1024.

3 Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así? como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

4 4241/2013 Amparo Directo en revisión.

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/ DetallePub.aspx?AsuntoID=159485

5 Ídem 2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

PROPOSICIONES

EXHORTA AL GOBIERNO DE GUANAJUATO PARA QUE SOLVENTE Y ACLARE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LA ASF PENDIENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a solventar y aclarar en su totalidad las observaciones de auditorías aún pendientes formuladas por la ASF en los informes del resultado sobre las Cuentas Públicas de 2011 a 2014, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se abre una nueva etapa en la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno.

En particular, con la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, misma que da a la Auditoría Superior de la Federación nuevas atribuciones, estas aplicarán a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016.

Sin embargo, antes de que estas nuevas atribuciones se pongan en marcha, es urgente que el estado de Guanajuato, como ente público fiscalizado, solvente por completo las observaciones que se encuentran aún pendientes, mismas que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, en particular, a lo que se refiere al Gasto Federalizado.

En el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2015 que presentó la Auditoría Superior de la Federación la semana pasada se destaca que Guanajuato es la séptima entidad del país que aún tiene observaciones pendientes de solventar y aclarar, correspondiente a cuatro ejercicios fiscales, de 2011 a 2014, por un monto de 6 mil 973.8 millones de pesos.

Asimismo, la entidad ocupa el último lugar del país en el monto de lo solventado de las observaciones de 2011 a 2014. De 6 mil 973.8 millones de pesos, sólo ha solventado 13.7 millones de pesos, es decir, el .19 por ciento.

En este sentido, es la séptima entidad del país con el mayor monto pendiente de solventar en el mismo periodo, con un monto de 6 mil 960.1 millones de pesos.

Del mismo lapso de 2011 al 2014, el estado de Guanajuato ocupa el lugar 13 de las entidades del país con el mayor número de importes resarcitorios, por un monto de 102.1 millones de pesos.

Con los datos anteriores, se revela que hay muy poca eficacia en el ejercicio del gasto público federal que ejerce el gobierno del estado de Guanajuato y peor aún, que incumple las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Considerando los montos de 2011 al 2014 pendientes por solventar, más el importe de los procedimientos resarcitorios, más el monto de lo observado en la Cuenta Pública 2015, tenemos que son 9 mil 295.4 millones de pesos los recursos en los que se detecta que hay irregularidades.

Lo anterior, hace del estado de Guanajuato, la séptima peor entidad del país en el manejo y ejercicio de los recursos públicos federales.

Como ha precisado la Auditoría Superior de la Federación en su último Informe del Resultado de la Cuenta Pública de 2015, la gestión del gasto federalizado es un proceso integrado “que abarca desde la transferencia de los recursos a las entidades federativas, hasta su ejercicio”, se resalta que “la mayor proporción del monto observado se presenta en la recepción y el manejo de los recursos por las secretarías de finanzas locales, y que incluye la ministración a los entes ejecutores y a los municipios”.

Lo anterior significa que los montos observados se originan en el ámbito de competencia de las haciendas locales, esto ocurre justamente en Guanajuato y que incluso propician que la entidad ocupe el lugar 11 de las entidades del país con el mayor porcentaje entre lo subejercido respecto al monto asignado en fondos y programas auditados, tales como son: Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; en los recursos a los Proyectos de Desarrollo Regional que los diputados etiquetamos directamente a los municipio; en PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); y en el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior.

El subejercicio pone el riesgo la ejecución en tiempo y forma de los recursos públicos, así como la entrega de recursos futuros.

Con los anteriores datos, no debe sorprender que en el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, en el que el promedio nacional es de 73.3 por ciento, Guanajuato esté entre las 7 entidades con el menor desempeño por debajo de la media nacional.

No sólo la hacienda local del Gobierno del estado debe corregir los procedimientos para el ejercicio del gasto en los diversos rubros que ha auditado el órgano técnico de fiscalización, sino que debe de terminar por subsanar las observaciones pendientes que, como se ha dicho anteriormente, son 6 mil 960.1 millones de pesos pendientes de solventar y aclarar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita al gobierno del estado de Guanajuato, solvente y aclare en su totalidad, en un lapso de 30 días naturales, las observaciones de auditorías que aún están pendientes y que realizó la Auditoría Superior de la Federación en los Informes del Resultado de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2017.— Diputada María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTA A AUTORIDADES ESTATALES LEGISLAR SOBRE SEGURIDAD VIAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales a legislar en materia de seguridad vial, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y a los Poderes Legislativos Locales para que legislen en materia de seguridad vial.

Consideraciones

I. Tener un accidente en nuestra persona, familia, amistades o conocidos es algo que no queremos conocer, pues nos afecta emocionalmente e incluso económicamente.

Pero lo más grave de tener un accidente automovilístico es la pérdida de un hijo o una hija, es algo doloroso y terrible para cualquier familia; toda vez que las niñas, niños y adolescentes son personas vulnerables en éste tipo de sucesos, pues va desde la perdida de la vida o la incapacidad parcial o total de nuestra hija o hijo.

II. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que “cada día alrededor de 3,500 personas fallecen en las carreteras. Decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año”.

La muerte por accidentes viales ocupa uno de los primeros lugares de causa de muerte en grupos etarios de 15 a 29 años; sin embargo, las niñas y niños de 0 a 15 años son víctimas mortales de accidentes automovilísticos por ser “usuarios vulnerables” por este tipo de accidentes.

El problema de los accidentes automovilísticos de acuerdo a la OMS es que: “Los vehículos vendidos en el 80 por ciento de los países del mundo no cumplen normas básicas de seguridad”.

De allí, la importancia de las recomendaciones que hace la OMS en materia de prevención de accidentes vehiculares, en la que establece:

a) Las sillas para lactantes o niños y elevadores pueden reducir el número de defunciones infantiles entre un 54 por ciento y un 80 por ciento en caso de accidente.

b) Más de la mitad de los países cuentan con leyes que exigen la utilización de este tipo de dispositivos en los vehículos.

c) Sólo 52 países, que representan apenas el 17 por ciento de la población mundial, tienen leyes sobre la contención de los niños que se ajustan a las prácticas óptimas. Dichas leyes aplican restricciones de edad (o peso o talla) para que los niños se sienten en los asientos delanteros.

En el 2015, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país fallecieron 655,688 personas y de las cuales por accidente vehicular fueron 16,305 personas. Lo anterior, representa el 2.4 por ciento de los fallecimientos en México, pero las muertes por accidentes ocupa el cuarto lugar como causal de la muerte de nosotros los mexicanos.

La Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Stconapra), menciona que México tiene las siguientes cifras en la materia:

a) El panorama de los accidentes viales en México es muy similar a lo que ocurren en el resto del mundo, cada año en promedio mueren 16,500 mexicanos por esta causa.

b) Los accidentes viales continúan siendo un importante problema de seguridad y salud pública al ser la primera causa de muerte en niños entre los 5 y 14 años y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.

c) Entre los niños, el grupo que registra la mayor tasa de mortalidad son los que tienen menos de 5 años.

d) Los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos, lo cual representa el 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), este porcentaje resulta de la carga a consecuencia de costos directos e indirectos y es lo que comúnmente caracteriza a los países de ingresos medianos como el nuestro.

Al desglosar la información por entidad federativa, el Stconapra, muestra que la muerte de niñas y niños, entre 0 y 9 años, se encuentra entre las primeras 10 causas de fallecimientos en nuestro país tal y como lo podemos ver el siguiente cuadro:

Lo que podemos observar es que en nuestro país, los fallecimientos de niñas y niños, menores de 5 años por causa de accidente vehicular está entre los 10 primeros lugares de mortandad infantil, salvo en tres entidades, pero en 29 estados está entre las 10 primeras causas de muerte de niños y niñas menores de 5 años.

Por otra parte, con información del INEGI que abarca de 1998 a 2015, indica que el primer lugar de muerte en niñas y niños de 1 a 4 años es por accidentes, como puede verse en la siguiente tabla:

Desglosando la información se puede observar que entre 1998 y 2015 fallecieron 7,809 niñas y niños por accidentes automovilísticos, que representan el 30 por ciento de las muertes por éste tipo de incidente en nuestro país en 17 años.

Estas muertes pudieron prevenirse si las niñas y niños hubiese tenido, en la mayoría de los casos, un sistema de retención infantil dentro del vehículo.

III. EL Stconapra identifica dentro de sus estrategias la legislación como un elemento clave de la seguridad vial, en materia de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), que son:

1. Establece como máximo 12 años para el uso de SRI.

2. Establece el peso como criterio para definir el tipo de SRI.

3. Obliga a los conductores o a personas adultas a llevar a los menores en SRI.

4. Impone sanciones por desobediencia.

Asimismo, el Stconapra muestra en su página electrónica los avances en la materia sobre los SRI, como puede verse en el siguiente cuadro:

El cuadro anterior, permite mostrar las siguientes conclusiones de nuestras entidades federativas:

a) 5 cumplen con los 4 parámetros.

b) 2 su regulación es de carácter municipal y no estatal.

c) 3 contemplan como 12 años para el uso del SRI.

d) 6 imponen sanciones.

e) 26 tienen incompletas los parámetros o los tienen inconclusos.

IV. La Convención de los Derechos del Niño, que entró en vigor para México en 1990, establece como uno de sus derechos es tener una vida saludable, a partir de la prevención y la atención en cualquier etapa de vida, tal como establece el artículo 24 que a la letra dice:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

De allí la importancia de cuidar la salud de niñas y niños para prevenir los accidentes automovilísticos. Por ello, laAsamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo cuarto período de sesiones, celebrada el 2 de marzo de 2010, aprobó su Resolución 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo en la que proclamó el período 2011-2010 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con la finalidad de reducir el número de accidentes y de víctimas de este tipo de incidentes;

Es importante mencionar que en dicha Resolución aprobó la atención a la niñez, al decir que:

2. Proclama el período 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial”

...

9. Pide también que se adopten medidas conjuntas multisectoriales para que la proporción de países que tienen una legislación completa sobre los principales factores de riesgo de los accidentes de tránsito, que incluyen la no utilización de cinturones de seguridad,dispositivos protectores para niños y cascos, la conducción en estado de ebriedad y la velocidad, aumente del 15 por ciento indicado en el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción a más del 50 por ciento cuando finalice el Decenio, y alienta a los Estados Miembros a que refuercen la aplicación de la legislación vigente en materia de seguridad vial en lo que respecta a esos factores de riesgo;

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su Resolución 51 del Consejo Directivo de la 63ª Sesión del Comité Regional, celebrada en Washington D.C., Estados Unidos, del 26 al 31 de septiembre del 2011, presentaron el Plan de Acción de Seguridad Vial que establece:

2. Instar a los Estados Miembros a adoptar políticas públicas intersectoriales que contemplen, entre otras, las siguientes medidas:

...

d) reducir la incidencia de los factores de riesgo (velocidad y consumo de alcohol) en los traumatismos causados por el tránsito y aumentar la tasa de uso de los equipos de protección (cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños en los automóviles);

...

i) hacer cumplir las leyes sobre el uso obligatorio de sistemas de sujeción para niños en los automóviles teniendo en cuenta la calidad y las normas de seguridad, y promover el uso de estos sistemas;

La OMS celebró la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados “Declaración de Basilea”, realizada en Basilea, Brasil, los días 18 y 19 de noviembre de 2015, donde propone:

OP3. Invitar a los Estados que todavía no lo hayan hecho a que redoblen sus esfuerzos por elaborar y aplicar planes nacionales de seguridad vial y adoptar legislación completa y hacerla cumplir, en consonancia con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, con objeto de alcanzar la meta de aumentar la proporción de países que tienen una legislación completa sobre los principales factores de riesgo, en particular la no utilización de cinturones de seguridad, dispositivos protectores para niños y cascos, la conducción en estado de ebriedad y la velocidad, del 15 por ciento a al menos del 50 por ciento para 2020, como se acordó en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 64/255 de 2010;

...

OP20. Promover la adopción de políticas y medidas para aplicar la reglamentación de las Naciones Unidas sobre seguridad de los vehículos o normas nacionales equivalentes con objeto de que todos los vehículos motorizados nuevos cumplan la reglamentación mínima aplicable para la protección de los pasajeros y otros usuarios de las vías de tránsito y estén equipados de serie con cinturones de seguridad, airbags y sistemas activos de seguridad, como el sistema de frenado antibloqueo (ABS) y el control electrónico de estabilidad (ESC);

La Organización de las Naciones Unidas presentó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nuestro país firmó el 27 de septiembre de 2015, en la que propone en su Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades que:

Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

Derivado de lo anterior, nuestro país para dar cumplimiento al Plan Mundial para el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, realizó las siguientes acciones entre 2007-2012:

– Firma de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

– Declaratoria para la Seguridad Vial, aprobada por unanimidad por la CONAGO.

– Declaración del Senado de la República 2011-2020. Decenio para la Seguridad Vial.

– Declaración del X Encuentro Iberoamericano de Responsables de Tránsito y Seguridad Vial.

– Declaración de México para la Seguridad Vial: la ruta para salvar vidas en Iberoamérica y el Caribe.

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Derivado de ello, tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, mencionan la importancia de la prevención de la salud, a través de “las instituciones del Sistema Nacional de Salud de manera conjunta con la sociedad para ‘Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud’”.

Es importante destacar que el diagnóstico jurídico que presenta el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes en el “Tercer Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial 2013”, sobre el estatus legislativo para prevenir accidentes automovilísticos en nuestro país dice que:

En cuanto a la organización política la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada estado y cada uno de sus municipios tengan la facultad de expedir reglamentos de tránsito. Esto permite que cada uno de los 2,457 municipios del país tenga su propio ordenamiento. Lamentablemente esto no ha sido de esa manera y si bien, existen municipios que cuentan con reglamento, se circunscriben a cuestiones meramente técnicas dejando de lado la previsión de medidas de seguridad vial como obligación para usuarios de las vialidades y autoridades. En algunos otros éstas si existen pero son abordadas en la ley de forma somera, y muy pocos realmente pueden afirmar tener una cobertura legal amplia. Un segundo punto sería la seguridad jurídica que ofrecen a los usuarios, puesto que no hay acuerdos en todos los Estados sobre a quien compete la reglamentación y la sanción y subsisten dos reglamentos de dos esferas de gobierno diferentes y en perjuicio una de la otra.

Por lo anterior, es que el Programa Específico Seguridad Vial 2013-2018, de la Secretaría de Salud, indica en su Objetivo 2. Proponer un marco jurídico en seguridad vial que incluya los principales factores de riesgo presentes en los accidentes viales establece lo siguiente

Estrategia 2.1. Promover la adecuación de un marco legal integral y homogéneo en materia de seguridad vial a nivel federal, estatal y municipal.

Líneas de acción:

2.1.1. Analizar el marco jurídico en materia de seguridad vial de nivel federal, estatal y municipal.

2.1.2. Proponer marcos legales en materia de seguridad vial que incorporen los principales factores de riesgo vinculados con accidentes viales.

Por lo anterior, es necesario apoyar la reforma al marco legal estatal que nos permita dar cumplimiento al Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, al Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2010, a la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados “Declaración de Basilea”, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y al Programa Específico Seguridad Vial 2013-2018 en materia de prevención de accidentes de niñas y niños menores de 12 años.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las Entidades Federativas de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz para que legislen en materia de seguridad vial considerando como prioritarios el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las Entidades Federativas de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua y Quintana Roo para que legislen con la finalidad de imponer sanciones por desobediencia en el uso obligatorio del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las Entidades Federativas de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas para que propongan reformas legislativas con el fin de establecer como máximo de 12 años para el uso sistemas de retención infantil.

Notas:

i Organización Mundial de la Salud, “Prevención de la violencia y los traumatismos. Accidentes de tránsito”, en: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/es/

ii Ibídem.

iii Organización Mundial de la Salud, “10 Datos sobre la seguridad vial en el mundo”, en: http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/ facts/es/index7.html

iv Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido”, en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/ vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp

v Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes/Secretaría de Salud, Tercer Informes sobre la situación de la seguridad vial, México 2013, México, Secretaría de Salud, 2013, p. 1.

vi La Convención cuenta con los instrumentos siguientes, que están en vigor y de los que México es Parte:

1. Enmienda, adoptada en Nueva York, el 12 de diciembre de 1995.

2. Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000.

3. Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000.

Trámite Constitucional:

Firma México: 26 ene 1990; Aprobación Senado: 19 jun 1990; Publicación DOF Aprobación: 31 jul 1990; Vinculación de México: 21 sep 1990 Ratificación; Entrada en vigor internacional: 2 sep 1990; Entrada en vigor para México: 21 oct 1990; Publicación DOF Promulgación: 25 enero 1991.

vii “Convención de los Derechos del Niño”, Secretaría de Relaciones Exteriores, en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONV. %20DERECHOS%20DEL%20NINO.pdf

viii Asamblea General de Naciones Unidas/Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, Plan de Acción de Seguridad Vial, en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_ docman&task=doc_view&gid=20497&Itemid=270

ix Ibídem.

x Organización Mundial de la Salud, “ Declaración de Brasilia. Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados Brasilia, 18-19 de noviembre de 2015” en: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Final_Draft_Brasilia _declaration_ES.pdf?ua=1

xi Presidencia de la República, “Cumbre de Adopción de la Agenda 2030”, en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/cumbre-de-adopcion-de-la-agenda-2030?i diom=es

xii Organización de las Naciones Unidas, “Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

xiii Secretaría de Salud, “ Programa de Acción Específico. Seguridad Vial 2013-2018”, en: http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/PAE_SV.pdf

xiv Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes/Secretaría de Salud, Tercer Informe..., Op. Cit., p. 3.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

PUBLICAR LA INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a publicar la información general y estadística de los casos de violencia, incluida la feminicida, contra mujeres y niñas, para la integración y transparencia del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación de los derechos humanos en México enfrenta un contexto opuesto, por un lado, avanzo en el reconocimiento de los mismos, pero por otro se observa un crecimiento en los altos índices de violencia.

En el caso particular de las mujeres, la violencia forma parte de una tradición cultural/histórica basada en la desigualdad y la indiferencia, dicha tradición se continua transmitiendo de generación en generación por medio de la familia, la escuela e incluso los medios de comunicación donde se ven reflejados estereotipos, actitudes y prácticas que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Aunado a lo anterior se puede observar que las conductas misóginas y machistas han evitado que la problemática existente se vea como un fenómeno que involucra a todos los ámbitos (social, económico y político) e incluso se cree que son las mismas mujeres las responsables de su victimización, logrando que la sociedad y el Estado se desvincule del fenómeno.

Actualmente existen diversas asociaciones e instituciones que se encargan de llevar un registro sobre violencia hacia las mujeres, tal es el caso del INEGI por medio de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, herramienta que en 2003 dio la pauta para dimensionar el fenómeno a escala nacional y por entidad federativa.

Con base en datos de dicha encuesta en 2011, en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja; el 43 por ciento de las mujeres sufrió violencia emocional; el 24.5 por ciento violencia económica, el 14 por ciento violencia física y un 7.3 por ciento violencia sexual.

Aunado a los tipos de violencia mencionados y que se encuentran definidos dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas,es decir, la violencia feminicida.

Una propuesta para enfrentar a los feminicidios fue la creación de la Alerta de Violencia de Género, la cual se encuentra definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en su artículo 22 respectivamente donde señalan que

Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Desde hace algunos años el Estado de México se focalizó por ser una de las entidades federativas con el mayor número de homicidios dolosos en mujeres y tener la mayor cantidad de feminicidios a nivel nacional.

En diciembre de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitiera la Declaratoria de Alerta de Género en el Estado de México, dicha solicitud fue negada.

Fue hasta el 9 de julio de 2015, cuando el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, después de una serie de acontecimientos que evidenciaron la gravedad del problema en la entidad, solicitó al Sistema Nacional decretara la Alerta de Género en 11 Municipios del Estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca,

Cuautitlán Izcalli y Chalco de Solidaridad. El 28 de julio de ese mismo año fue decretada la Alerta de Violencia de Género en los 11 Municipios señalados.

La violencia feminicida, aún con la importancia que representa para la sociedad y las autoridades, no ha sido incluida en las encuestas oficiales, debido a ello la mayoría de los datos existentes proviene de organismos de la sociedad civil.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, han advertido que no existe claridad en las cifras y que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.

En el siguiente cuadro se muestra la cifra oficial presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en comparación con la información recolectada por el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México de solo el año 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PGJEM y el Observatorio Ciudadano

Como puede observarse existe una gran diferencia entre las cifras oficiales y las de la organización civil.

Aunado a las cifras de los municipios ya mencionados, también el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, declaró en su primer informe de actividades que el municipio de Nicolás Romero ha tenido la misma cantidad de homicidios hacia mujeres que Ixtapaluca y Tlalnepantla, siendo nueve en el 2016, cabe resaltar que dicho municipio no se encuentra declarado en Alerta de Violencia de Género. Se debe resaltar que en un 44.8 por ciento de los municipios mexiquenses ha existido al menos un caso de feminicidio. Las cifras que dicha organización anuncio son resultado de una investigación preliminar basada en el seguimiento de posibles casos de feminicidios y el acceso a algunos expedientes judiciales.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el año pasado existieron 275 casos de homicidios dolosos a mujeres. Con esta cifra suman un total de 727 las mujeres asesinadas y 217 casos de feminicidios en la actual administración.

El periódico El Universal contradice la cifra, en una nota publicada el 23 de febrero del presente año menciona que las muertes de mujeres en 2016 fue de 340 casos, es decir un suceso más que en 2015, además de que con esta cifra se suma un total de 1658 mujeres asesinadas en la actual administración, lo que representa más de 70 por ciento de incremento respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto.

La siguiente gráfica muestra la evolución de los feminicidios desde 2011 hasta 2016 en los municipios con Alerta de Género, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México:

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Es importante tener en cuenta que, a pesar de que existen algunas cifras, a la fecha no se cuenta con mecanismos oficiales de registro, es decir, existe una deficiente implementación de los mecanismos establecidos por la Ley, tal es el caso del Banco de Datos e Información del Estado de México sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, el cual se encuentra establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en su Capítulo II, Artículo 37 fracción X:

Artículo 37....

I...

[...]

IX...

X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres y las niñas para integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

En dicha fracción se expresa la publicidad de la información para la integración de los datos, pero en la actualidad no se encuentra la plataforma virtual en funcionamiento.

Por otro lado, la misma ley menciona en su Artículo 51 fracción XIV, que el Banco de datos es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México:

XIV. Integrar en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia los informes sobre la violencia contra las mujeres;

A pesar de que la Ley General y la Ley de orden Estatal abordan la creación de un banco de información, se puede observar que hasta el momento no ha sido integrado aun cuando se cuentan con los recursos suficientes, así como con los lineamientos de operación para su elaboración e implementación.

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de México a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, contra las mujeres y niñas, para la integración y transparencia del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en su Artículo 37, fracción X y el Artículo 51 fracción XIV con la finalidad de tener un sistema de información sobre la situación feminicida dentro de la entidad y así con base en datos reales se generen políticas que ataquen el problema de fondo y por ende disminuya la violencia feminicida.

Notas:

1 Cabe resaltar que dicha encuesta lleva seis años sin ser aplicada.

2 Inmujeres con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Bases de datos publicadas el 29 de julio de 2013, ajustadas a las Proyecciones de la Población en México que el Consejo Nacional de Población actualizó el 16 de abril de 2013.

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215. pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215. pdf

5 http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html

6 http://edomexinforma.com/seguridadyjusticia/wp-content/uploads/2017/02/CIFRAS-F EMINICIDIO-Y-HOM-DOL-MUJ_enero-2017xx.pdf

7 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/ 02/23/aumentan-feminicidios-en-el-edomex

8 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/ files/files/pdf/gct/2015/ago202.PDF

Palacio Legislativo, a 9 de marzo de 2017.— Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A PADRES EN ESCUELAS PÚBLICAS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL USO POR PARTE DE LOS NIÑOS DE CELULAR Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de orientación a padres de familia en las escuelas públicas sobre las consecuencias del uso de celular y otros dispositivos tecnológicos por niños, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Alicia Barrientos Pantoja, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II; y 2 fracciones I y II, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a implementar un programa de orientación a padres de familia en las escuelas públicas sobre las consecuencias del uso de celulares por niños menores de 8 años.

Consideraciones

En los últimos años ha habido una cantidad notoria de avances tecnológicos cuyo uso trasciende a las nuevas generaciones que acceden a su uso a edades cada vez más tempranas. La televisión, los juegos de video, el internet y los aparatos tecnológicos, tales como el ipad, se han vuelto parte de la vida cotidiana de niños pequeños. Según investigadores, no son actividades apropiadas para menores de 8 años y requieren de vigilancia de los padres.

Existen teorías que sustentan que los aparatos de tecnología afectan y crean problemas en los niños pequeños si son utilizados por mucho tiempo. Destacan tres tendencias principales: la primera es el consumo diario que los niños le dan a estos medios; la segunda se refiere a que existe una imitación y aprendizaje del lenguaje que reciben; por último, el modo en que afecta la capacidad de atención el contenido de los videos y programas.

Según investigaciones de la Universidad de Chile, se determinó que a medida que crece un niño, mayor es el tiempo que dedica al celular. En el estudio se llegó a la conclusión de que los niños de entre 19 y 23 meses de edad (un poco menos de 2 años) usan un promedio de 3 horas al día el celular. Al dejar a un niño menor de 8 años usar el celular, es posible que se vea afectado negativamente a raíz de este estímulo. Este medio hace que la actividad que realice el niño sea solamente receptiva, lo que causa que se mantenga alejado de la realidad que lo rodea, es decir, se introduce en un mundo imaginativo y pierde su capacidad de interacción social. Si un niño permanece por mucho tiempo en este mundo imaginario, puede hacerse luego más difícil alejarlo de él.

Muchos niños ven televisión en línea y muchos envían mensajes de texto desde sus dormitorios después de la hora de apagar la luz, incluso imágenes sexuales explícitas por teléfono celular o internet, y aun así son pocos los padres que establecen reglas sobre el uso de esos medios.

Investigaciones realizadas alertan sobre las consecuencias del uso irrestricto de las tecnologías como el celular, ipad o tabletas:

1. Un desarrollo cerebral causado por la exposición excesiva a las tecnologías, puede acelerar el crecimiento del cerebro de los bebés entre 0 y 2 años de edad, y asociarse con la función ejecutiva y déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y de la falta de autocontrol (rabietas).

2. Retraso en el desarrollo del niño.

El uso de tecnologías limitando su movimiento y consecuentemente el rendimiento académico, la alfabetización, la atención y capacidades.

3. Obesidad infantil.

El sedentarismo que implica el uso de las tecnologías es un problema que está aumentando entre los niños. La obesidad lleva a problemas de salud como la diabetes, vascular y cardíaca.

4. Alteraciones del sueño infantil.

Los estudios revelan que la mayoría de los padres no supervisan el uso de la tecnología a sus hijos, en sus habitaciones, con lo que se observa que los niños tienen más dificultades para conciliar el sueño. La falta de sueño afectará negativamente a su rendimiento académico.

5. Enfermedad mental.

Algunos estudios comprueban que el uso excesivo de las nuevas tecnologías está aumentando las tasas de depresión y ansiedad infantil, trastornos de vinculación, déficit de atención, trastorno bipolar, psicosis y otros problemas de conducta infantil.

6. Conductas agresivas en la infancia.

La exposición de los niños a contenidos violentos y agresivos, puede alterar su conducta. Los niños imitan todo y a todos.

7. Falta o déficit de atención.

El uso excesivo de las nuevas tecnologías puede contribuir a déficit de atención, disminuir la concentración y la memoria de los niños, gracias a la gran velocidad de sus contenidos.

8. Adicción infantil.

Los estudios demuestran que uno de cada 11 niños de 8 a 18 años son adictos a las nuevas tecnologías. Cada vez que los niños usan dispositivos móviles, se separan de su entorno, de amigos y familiares.

9. Demasiada radiación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los teléfonos celulares como un riesgo, debido a la emisión de radiación. Los niños son más sensibles a estos agentes y existe el riesgo de contraer enfermedades como el cáncer.

10. Sobreexposición.

La constante y sobreexposición de los niños a la tecnología les hacen vulnerables, explotables y expuestos a los abusos en internet.

Además, los expertos opinan que aunque las nuevas tecnologías son parte de su vida, ellos creen que no deben sustituir a la lectura de un libro o al tiempo de juego con los hermanos y los padres. Por lo que hacen unas recomendaciones básicas a los padres de familia en el uso de los celulares y otras tecnologías:

1. Los bebés de 0 a 2 años no deben tener contacto alguno con la tecnología; los de 3 a 5 años deben restringir su uso a una hora por día; de 6 a 18 años la restricción debería ser a 2 horas por día.

2. Elaborar un plan de uso de los medios con reglas claras para la televisión, internet, teléfonos celulares y otros dispositivos.

3. Limitar el uso que hacen los niños del twitter y los mensajes de texto, así como mantener los teléfonos multiuso y las computadoras portátiles fuera de sus dormitorios.

4. Hablar en familia sobre las consecuencias del uso irrestricto de los medios pueden generar violencia, ciberacoso, bajo rendimiento escolar, obesidad, insomnio y otros problemas asociados.

A partir de este análisis, se puede observar que la mayoría de dispositivos electrónicos pueden afectar física y mentalmente a los niños, por lo que se debe tener especial cuidado en no caer en el exceso de su utilización, ya que todo lo que los niños aprendan en el celular o en línea tendrá consecuencias en su vida, se les debe enseñar a actuar con responsabilidad y a disfrutar todas las ventajas que ofrecen las tecnologías. Por lo tanto es necesario que los padres de familia y autoridades educativas reflexionen sobre el tema y decidan lo que es adecuado para los niños en su desarrollo, pero a un tiempo y edad razonable para utilizarlas.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno federal a implementar un programa de orientación a padres de familia en las escuelas públicas sobre el uso del celular y otras herramientas tecnológicas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputada Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y SUS CONSECUENTES AFECTACIONES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la prevención de incendios forestales y las consiguientes afectaciones a la población y las actividades productivas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal, a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas y a los gobiernos municipales a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y las actividades productivas.

Consideraciones

Según datos del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, del 1 de enero al 25 de agosto de 2016 se registraron 8 mil 599 incendios forestales en todo el territorio nacional, afectando una superficie de 261 mil 260.39 hectáreas. 96.21 por ciento de la afectación correspondió a estratos herbáceos y arbustivos, mientras que en vegetación de estrato arbóreo sólo se afectó 3.79 por ciento.

Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca, mismas que representan 78.43 por ciento del territorio nacional.

El combate a dichos incendios requirió de 239 mil 609 días-hombre, siendo la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los gobiernos de los estados y los municipios quienes aportaron 55.62 por ciento de estos recursos.

Asimismo, la misma instancia reportó que en lo que va del año se han perdido 26 mil 334 hectáreas. Siendo las entidades federativas con mayor número de incendios estado de México, Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Chiapas, que representan 81.07 por ciento del territorio nacional. También señaló que la mayoría de dichos incendios es provocada por la acción del hombre y sólo 2 por ciento son por causas naturales como las tormentas eléctricas.

Además de lo anterior, el Servicio Meteorológico Nacional, en su reporte del mes de febrero indica que debido a la ausencia de lluvias importantes durante la primera quincena de febrero “existen condiciones de sequía moderada hasta extrema (D1-D3), que aumentó 0.4 por ciento con respecto a finales de enero, para situarse en 7.36 por ciento al 15 de febrero de 2017. En el mismo sentido, el principal foco de sequía se localizó en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde la sequía extrema (D3) cubrió 7.2 por ciento de la entidad. Otras regiones empezaron a secarse, como San Luis Potosí que aumentó su porcentaje de sequía moderada a 18.5 por ciento. En Guerrero, la sequía moderada avanzó hacia la costa (entre San Jerónimo, Atoyac y Coyuquilla) debido a que la región contabilizo 98 días sin lluvia, la última tormenta se registró el 9 de noviembre de 2016.”

Por lo anterior, es necesario tomar en cuenta que 2017 podría ser un año “seco”, lo que generaría condiciones que podrían generar la ocurrencia de incendios, ya que las altas temperaturas y el viento generan condiciones ideales para la ocurrencia de dichos eventos, lo que ocasionaría un peligro para la población.

Aunado a lo anterior, en esta época del año se comienzan a implementar los métodos de preparación agrícola para la siembra, como el uso de fuego para efectuar las llamadas “quemas controladas”, las que muchas veces se salen de control y ocasionan incendios de gran proporción que lesionan no sólo el patrimonio forestal, sino causan pérdidas humanas y materiales.

Es por ello que, tanto los gobiernos federal, estatal y municipal, deberán mantenerse en alerta y activar los recursos humanos y materiales con los que cuentan para prevenir y combatir los incendios forestales.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal, a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas y a los gobiernos municipales, a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y las actividades productivas.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los sistemas estatales, delegacionales y municipales de protección civil a elaborar los planes específicos de protección civil, que permitan disminuir el riesgo y, en su caso, atender oportuna y adecuadamente a la población ante la ocurrencia de incendios forestales.

Tercero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las autoridades federales y estatales correspondientes a prevenir o, en su caso, atender las probables afectaciones al sector agropecuario y ganadero que pudieran presentarse ante las condiciones de sequía derivadas de la temporada de estiaje.

Cuarto.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las y los legisladores de los congresos locales de las 32 entidades federativas a establecer marcos jurídicos y normativos que permitan fortalecer las sanciones a quienes por omisión, error o acción sean responsables de provocar incendios forestes y afectaciones a la población a causa de éstas.

Notas:

1 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/5855Reporte%20Semanal%202016% 20-%20Incendios%20Forestales.pdf

2 http://www.proceso.com.mx/477024/reportan-dano-en-26-mil-334-hectareas-incendio s-forestales-en-lo-va-del-ano

3 http://smn.cna.gob.mx/es/incendios-forestales-mensual

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

INSTITUIR LA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD AUDITIVA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se instituya la Semana Nacional de la Salud Auditiva, del 25 de febrero al 3 de marzo de cada año; y se exhorta a las autoridades del sector salud a informar a su personal sobre la nueva obligación de realizar el tamiz auditivo neonatal, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jericó Abramo Masso, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante de la Coordinación del Estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Poseer la capacidad de escuchar es de vital importancia para cualquier persona, a través de ésta, se pueden percibir las palabras, el sonido del viento en los árboles, la música, las enseñanzas de un maestro o los consejos de un padre, todo llega por el sentido del oído.

Por eso, la discapacidad auditiva es, sin duda, una de las más perniciosas ya que, además de aislar a la persona que vive con ella tras un muro de silencio, es también difícil de detectar a simple vista, es una discapacidad invisible y silenciosa.

Cuando la pérdida de audición se presenta en un recién nacido o a muy temprana edad, resulta doblemente difícil de detectar, ya que en un bebé la sordera se esconde y los padres pueden tardar meses y hasta años en darse cuenta del problema de su pequeño o pequeña y, por lo tanto, comenzar a brindarle atención cuando ya se perdió un tiempo crucial.

Un niño o niña que no escucha, no podrá aprender a comunicarse, porque el lenguaje hablado se aprende en el hogar, con la familia y por imitación; nunca conocerá la voz de sus padres ni el nombre que escogieron para él o para ella. No sólo no podrá aprender a leer ni a escribir porque no sabrá los sonidos de las letras, también tendrá serias repercusiones en su desarrollo cognitivo. Y todo esto lo convertirá en un ser dependiente, aislado y poco productivo para sí mismo, para su comunidad y para su país.

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad [...] “en el mundo existen alrededor de 280 millones de personas sordas, de las cuales dos terceras partes viven en países en desarrollo”.

Po otra parte y de acuerdo con la misma fuente [...] “en México nacen anualmente de 2,000 a 6,000 niños (as) con hipoacusia”.

La hipoacusia es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos.

Aun cuando la discapacidad auditiva, es terrible, también es una de las pocas discapacidades cuyos efectos más graves se pueden evitar si se cumplen ciertas condiciones para ello.

La primera es la detección oportuna; si un niño o niña nace con algún grado de discapacidad auditiva y dicho problema es diagnosticado y tratado idealmente antes de que el o la menor cumplan tres años de edad, la evidencia dice que hay una gran posibilidad de que se logre habilitar al menor para que lleve una vida igual o muy parecida a la de cualquier persona.

Para lograr esta detección existe una prueba llamada Tamiz Auditivo Neonatal, la cual tiene un costo muy bajo, no es invasiva y se aplica desde hace ya varios años, de manera gratuita, en algunos hospitales públicos de México donde hay alta incidencia de nacimientos, mas no de manera universal. El Tamiz Auditivo Neonatal es una prueba gratuita, sencilla y rápida, que permite detectar presencia de hipoacusia o sordera en recién nacidos, sin causar dolor o molestia alguna.

La segunda condición es la de un acceso efectivo a las mejores y más modernas soluciones tecnológicas de salud, entre las que se cuentan auxiliares auditivos y, en casos de hipoacusia profunda, el implante coclear.

Este tratamiento debe comenzar antes de que el o la menor afectado cumpla los tres años de vida, o como muy tarde antes de los cinco años, ya que está comprobado que esa es la ventana durante la cual el cerebro puede aprender y desarrollar el lenguaje oral de la mejor manera, lo cual constituye la base para cualquier comunicación futura.

Si el tratamiento comienza después dichas posibilidades disminuyen, quizá pueda lograrse cierto grado de escucha y oralidad, pero no el mejor, teniendo muchas limitaciones.

Tanto el tamiz como el acceso a tratamiento con auxiliares y/o implantes cocleares se encuentran cubiertos por el Seguro Popular, al cual tiene derecho cualquier niño o niña en México desde el momento de su nacimiento.

Por ello y para abonar a garantizar el derecho a la protección de la salud de toda la población, esta Cámara de Diputados aprobó el pasado 27 de octubre de 2016, el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, mismo que fue publicado el 16 de diciembre del mismo año.

Estas reformas a la Ley General de Salud hacen obligatoria la aplicación del Tamiz Auditivo Neonatal a todos los recién nacidos, siendo responsabilidad de las autoridades del Sector Salud, federales y locales, el cerciorarse de su cumplimiento y, en caso de ser necesario, de dar seguimiento y apoyo a los niños y niñas que presenten pérdida auditiva apoyándolos con el tratamiento y el costo de las soluciones de salud que se requieran para darles la capacidad de escuchar.

Como todos sabemos, para exigir que un derecho se cumpla hay que conocerlo y, en virtud de el mencionado precepto es de reciente publicación, difundir y crear consciencia tanto del derecho que tienen los padres a exigir esta prueba gratuita en cualquier hospital del Sector Salud (sin importar dónde nació el bebé), como de la obligación que tiene el personal de salud de aplicarla de manera oportuna y eficiente, compartiendo rápidamente los resultados con los padres y, cuando haga falta, dar seguimiento a los casos de menores con algún grado de pérdida auditiva.

En virtud de lo anterior, considero que es necesario hacer del conocimiento de los padres esta vital información y a las autoridades y médicos del sector salud esta nueva responsabilidad, por lo que propongo ante este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que se instituya “La Semana Nacional de la Salud Auditiva” durante la semana del 25 de febrero (Día Internacional del Implante Coclear) al 3 de marzo (Día de la Pérdida de la Audición), en la cual este distinguido órgano legislativo, en coordinación con el Senado de la República, las autoridades de salud federales y estatales, además de diversas organizaciones de la Sociedad Civil que se ocupan del tema de Salud Auditiva, lleven a cabo una campaña de concientización sobre los derechos en salud auditiva neonatal en México.

Segundo. Esta Honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a las autoridades de todas las instancias que conforman el Sector Salud de nuestro país para que informen a todo su personal sobre la nueva responsabilidad de realizar el tamiz auditivo neonatal.

Nota:

1 Conadis, “Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana” consultado el 14 de febrero de 2016 en:

http://www.uam.mx/cdi/pdf/eventos/coloquio/tanit.pdf.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de marzo de 2017.— Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA DEL IMSS DE NIVEL 3 EN IRAPUATO, GUANAJUATO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones a fin de que en Irapuato, Guanajuato, el IMSS realice con la mayor brevedad gestiones para construir una clínica de nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227, firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la Presidencia de la República, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Lorena del Carmen Alfaro García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para poder contextualizar el exhorto objeto de este punto de acuerdo, se hace necesario establecer de manera concreta un marco conceptual y jurídico, para delimitar enseguida la problemática que da pie a este llamado.

Luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, los derechos humanos cobraron mayor relevancia en la década de los setenta.

Ahora, en el Siglo XXI, los Derechos Humanos son una base fundamental en las legislaciones de los países que han suscrito diversos instrumentos internacionales que se encuentran relacionados con dicho tema.

Retomando, a contrario sensu, la definición que Guillermo Cabanellas de Torres establece para el término Derechos Humanos, tenemos que se trata del respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad universal.

En la construcción de esta cultura de reconocimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos, la nueva tendencia internacional ha retomado como valores básicos superiores la libertad, la igualdad y la dignidad, que han de ser referente en la creación de las normas básicas de Derecho.

Así, en nuestro país, se cuenta con una amplia legislación que se ha desarrollado para garantizar el acceso a los Derechos Humanos. Lo cierto es que a partir de la suscripción de diversos instrumentos internacionales, el Estado Mexicano se encuentra obligado a recoger, desde la legislación, los diversos derechos a que somos acreedores por el hecho de ser humanos.

En tal sentido, la reforma del 10 de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el referente para la armonización y actualización de los ordenamientos que rigen en nuestro país, cobrando tal relevancia, que incluso, por ejemplificar el alcance de la reforma mencionada, se ha fortalecido el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Habiendo establecido lo anterior, y para efectos del presente exhorto, delimitaremos lo que en la legislación de nuestro país, se ha establecido en torno al derecho a la Salud.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, cuarto párrafo, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud,y deja al Legislador la facultad de normar los mecanismos para lograr este fin .

De lo anterior se deriva una amplia normatividad que establece mecanismos, acciones e instituciones que permiten dar cumplimiento al mandato constitucional.

Es así que la Ley General de Salud, establece en el artículo 1 Bis la definición de salud,como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Al respecto, no podemos dejar de considerar lo que en el ámbito internacional se define como salud. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece:

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

“La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.

“El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.”

(El resaltado es propio)

Como se puede ver, la legislación mexicana recoge el concepto internacional de Salud, dentro de la tendencia de reconocimiento, defensa y garantía de los derechos humanos.

Así también, el artículo 2 de la propia Ley General de Salud señala las finalidades del derecho a la protección de la salud en los siguientes términos:

“I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

“II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

“III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

“IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

“V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

“VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

“VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.”

Debemos contrastar la diferencia que existe entre el derecho a la salud, y el derecho a la protección de la salud, es decir, que siendo el primero un derecho universal, el segundo se convierte en el medio del Estado para garantizar el acceso al principal.

Es decir, el derecho a la salud es un derecho fundamental, y como tal, es deber del Estado Mexicano garantizarlo.

Así, uno de los medios para garantizar el derecho a la salud implementados por el Estado es la Seguridad Social, que se define en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social en los siguientes términos:

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Junto con las políticas sanitarias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una de las instancias que permiten acceder al derecho a la salud, y el Estado debe velar por generar las condiciones óptimas para su acceso.

Del Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2015, tenemos que a diciembre de 2015, el IMSS cuenta con 74 millones 32 mil 437, derechohabientes, siendo la institución de seguridad social con mayor número de derechohabientes.

Aunado a lo anterior, el propio instituto reconoce que se enfrenta a la transición demográfica y epidemiológica que trae como consecuencia una mayor prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos, cuya atención requiere de mayores recursos económicos y equipamiento necesario, considerando para su atención, algunas líneas de atención prioritaria, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del Objetivo 2.3. Asegurar el Acceso a los Servicios de Salud.

Ahora bien, Guanajuato se encuentra dentro de la Región Occidente, contando con atención en los tres niveles, conforme al siguiente número de unidades:

Primer nivel

Medicina Familiar: 36

Medicina familiar con UMAA*: 0

Unidades Auxiliares de MF: 4

Segundo nivel

Hospitales: 10

Hospitales con UMAA*: 0

UMAA*: 1

Tercer nivel**:2

*Unidad Médica de Atención Ambulatoria

**Incluye Unidad Médica de Alta Especialidad y unidades complementarias.

Cabe señalar de manera general en qué consisten los niveles de atención, conforme al régimen ordinario de atención del IMSS, lo que depende de la magnitud y complejidad de las necesidades de salud de la población:

• Primer nivel, se atiende primordialmente mediante servicios ambulatorios;

• Segundo nivel, se enfoca a brindar acciones y servicios de atención ambulatoria especializada, y

• Tercer nivel, se atienden las enfermedades de mayor complejidad que necesitan equipos e instalaciones especializadas.

Así, de las 25 Unidades médicas de tercer nivel, a 2015, se encuentran en la ciudad de León, Guanajuato, dos de ellas, mismas que corresponden al Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico Nacional del Bajío y al Hospital de Gineco Pediatría No. 48, Centro Médico Nacional del Bajío.

Para una población ya cercana a los seis millones de habitantes en el Estado (5,853,677 según el Inegi en 2015), parece insuficiente la infraestructura hospitalaria con que se cuenta, aún y cuando existen otros esquemas de atención como lo son el Seguro Popular y el ISSSTE.

Ante la explosión demográfica y la migración interna fomentada por las inversiones en determinadas zonas del país, cada vez se hace necesario mejorar y ampliar el espectro de cobertura del IMSS, para que los trabajadores que se encuentran afiliados y sus beneficiarios reciban una atención digna, igualitaria y oportuna.

Las cuestiones de salud, requieren las más de las veces de atención especializada y pronta. Cuando existe una enfermedad, no hay posibilidad de esperar a que se dé una atención cuando haya tiempo o lugar.

Según datos del IMSS, por lo menos en los últimos tres años, Guanajuato ha sido uno de los tres estados con un incremento en la tasa de empleo igual o superior al 7 por ciento.

A marzo de 2014, se reportaba 751,136 afiliados en la entidad; en marzo de 2015, 809,724; y, para marzo de este año, 854,710.

A julio de 2014, solo en el municipio de Irapuato se reportaban 91,689 afiliados, y considerando como tasa promedio de crecimiento el 7 por ciento, por lo menos para el año pasado debió darse un incremento aproximado en 6,418 personas derechohabientes.

Y tiene sentido pensar que se debe a las grandes inversiones que se han realizado en el estado de Guanajuato. Las nuevas empresas que se han establecido ahí, generan empleo y movimiento migratorio local, nacional e internacional también, denotando un crecimiento importante en la población de los municipios cercanos a donde se establecen las empresas inversoras.

Es el caso de Irapuato, que justo a principio de año se daba la noticia de la llegada de veintidós nuevas empresas, que significan por lo menos tres mil nuevos empleos.

Con ello, el Municipio de Irapuato requiere de más y mejor atención en servicios de salud, sin dejar de señalar que hoy, es insuficiente aún.

La Clínica Hospital del IMSS en Irapuato se inauguró en 1975 y los municipios que atiende la subdelegación son Irapuato, Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo y Cuerámaro. Los derechohabientes son atendidos en las clínicas familiares de sus municipios y en caso de requerir atención especializada son remitidos a la Clínica Hospital de Irapuato.

Ahora bien, la población del municipio de Irapuato entre 1975 y 2010 creció de 179 mil 532 habitantes a casi 530 mil; y para 2015, el INEGI reporta una población de 574 mil 344 habitantes.

Si bien se construyó una nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS de 17 consultorios, lo que los municipios de Irapuato y de la región requieren, es una clínica de nivel 3.

En el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2015,se señala que se ha cumplido con el compromiso CG-225 (sic) “construir una clínica de medicina familiar en Irapuato”, maquillando el compromiso, incluso asignando un número que no corresponde.

Por otro lado, el Municipio de Irapuato cumple con los requisitos que el IMSS establece para poder construir una Clínica de Tercer Nivel como es lo concerniente al terreno en que se construiría, ya que el municipio tiene una reserva de 27 mil metros cuadrados precisamente en la zona hospitalaria de la ciudad, zona en la que incluso se encuentra el hospital materno infantil, con lo que supera los 26 mil metros cuadrados que son el requisito mínimo para la construcción de un hospital según lo establecido por el IMSS.

Es así que el compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en el estadio Sergio León Chávez de la ciudad de Irapuato, por el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, ahora presidente, consiste en construir una “Clínica del IMSS en Irapuato”, y no una Unidad de Medicina Familiar, no ha sido cumplido.

No sólo es una promesa de campaña del Presidente Peña Nieto, hacia los irapuatenses, se trata de una imperante necesidad de los habitantes del Municipio de Irapuato y de la región misma, gracias al desarrollo que se ha dado en la entidad, ya que se ha consolidado como el clúster automotriz de la República Mexicana.

Se trata de un servicio al que los derechohabientes le aportan, y merecen que sea digno, suficiente y de calidad.

Se trata de un derecho humano fundamental que el Estado Mexicano debe proteger y garantizar, y que, de seguir sin dar solución efectiva, implicaría la flagrante violación al mismo.

No basta decir que hay unidades médicas, deben ser suficientes y de calidad, para garantizar la observancia de los valores fundamentales de libertad, igualdad y dignidad.

Las empresas y trabajadores de Irapuato y de la región afiliadas al IMSS están realizando sus aportaciones y el IMSS no les está garantizando el acceso a la salud.

Las personas merecen el respeto irrestricto a su dignidad humana. Es así que los asuntos de sanidad y salud, son una de las principales manifestaciones del cumplimiento del este deber fundamental en un estado democrático de derecho, dado que impacta de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de un territorio.

Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones que resulten necesarias para que en el Municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice a la brevedad las gestiones necesarias para la construcción de una Clínica de Nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la presidencia de la República.

Notas:

1 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 19ª Edición, 2008. Ed. Heliasta. Pág. 123.

2 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201505/030

3 http://datos.gob.mx/herramientas/afiliados-imss.html

4 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Gto/Poblacion/default.aspx ?tema=ME&e=11

5 http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/red_politica/RP-Compromisos/; https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Compromisos_de_Enrique_Pe%C3%B1a_como_candi dato_a_Presidente;

http://www.theacguys.net/irapuato/local/ prometen-donar-terreno-para-clinica-116923.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 7 de Marzo de 2017.— Diputada Lorena del Carmen Alfaro García.»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER LA SEQUÍA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender la sequía en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal José Antonio Estefan Garfias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La región del istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, ha sido severamente afectada por una sequía histórica y atípica. Con estadísticas de la Comisión Nacional del Agua se pronostica que en los próximos 3 años existirá una afectación directa a los campos de cultivo debido a la falta de precipitaciones presentadas en la región. En Jalapa del Marqués, uno de los municipios más afectados de la zona, y lugar donde se localiza la presa Benito Juárez, se estima que la producción pesquera y ganadera resultará dañada con un déficit de 40 por ciento de la producción total anual.

En materia ambiental, se han presentado diversas afectaciones que dañan las distintas actividades económicas de la región. El estado de Oaxaca es una de las entidades federativas que depende económicamente de las actividades rurales y pesqueras, por lo tanto, los acontecimientos actuales representan una situación de emergencia que requiere del apoyo federal en beneficio de los oaxaqueños.

Actualmente existen 29 municipios en la región del istmo de Tehuantepec que necesitan de atención urgente para la recuperación de los daños ocasionados por la falta de lluvias en la zona.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un fideicomiso que tiene como objetivo el apoyar a las entidades federativas en situaciones de emergencia para cumplir con los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y trasparencia. Como diputado federal del distrito V, atendiendo las demandas de la población istmeña, solicito que parte de los recursos del Fonden sean destinados para auxiliar las problemáticas de la población oaxaqueña. Asimismo, solicito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación elabore un proyecto integral y conjunto de acción que tenga como objetivo el resguardar y proteger a las familias oaxaqueñas afectadas, así como una correcta planeación para el uso y aprovechamiento del vital líquido tanto para consumo humano como para fines agrícolas.

Atendiendo al Programa de Empleo Temporal (PET), que tiene como principal finalidad el apoyar las situaciones sociales y afectaciones económicas en emergencias de toda índole, considero que es necesario que el gobierno federal tenga especial atención en Oaxaca.

La población oaxaqueña está sufriendo los daños ecológicos que a través de los años le hemos ocasionado al planeta. Deseo reiterar mi compromiso y mi total colaboración para realizar acciones de trabajo que pongan a salvo a los oaxaqueños.

Mi vocación de servicio me motiva a atender y a escuchar las necesidades de la población afectada. Deseo manifestar que los habitantes de los municipios del istmo de Tehuantepec no están solos.

Expreso todo mi respaldo a todos los campesinos, pescadores y población en general que ha sido afectada por la sequía. Mi solidaridad con todos ellos.

Por lo anterior, presento la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Gobernación para declarar a la zona del istmo de Tehuantepec y a los municipios que lo conforman como zona de emergencia y que recursos del Fonden sean destinados para restablecer las actividades económicas y comerciales de la región.

Segundo. Exhortar al titular del Ejecutivo federal a establecer Programas de Empleo Temporal (PET), a través de las dependencias federales competentes, para garantizar un sistema de fortalecimiento de protección laboral para la población civil afectada.

Tercero. Exhortar a la Comisión Nacional del Agua para que en conjunto con demás dependencias federales competentes realice una planificación estructural e integral de políticas públicas que tengan como principal objetivo el garantizar el abastecimiento, uso, consumo y aprovechamiento del vital líquido para los municipios pertenecientes al istmo de Tehuantepec.

Referencias:

www.gob.mx/semarnat#acciones

www.gob.mx/presidencia

www.proteccioncivil.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputado José Antonio Estefan Garfias (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

EXHORTA AL GOBIERNO DE ZACATECAS A ESTRUCTURAR UN PLAN DE ACCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES REPATRIADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a instaurar acciones socioeconómicas para estructurar un plan de atención de migrantes repatriados en la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

La emigración de Zacatecas hacia Estados Unidos de América, es un fenómeno que ha prevalecido durante décadas, incluso, según algunos especialistas en la materia, como el doctor Rodolfo García Zamora, sostienen que la migración ha sido un fenómeno que lleva por lo menos un par de siglos como fenómeno instaurado en la entidad.

Zacatecas se ha convertido en un referente de migración a nivel nacional. Algunos estudios han indicado que cerca de 1 millón 800 mil zacatecanos viven en los Estados Unidos, principalmente en California, Illinois, Texas y Oklahoma, siendo una comunidad organizada que aporta aproximadamente 1 mil millones de dólares anualmente, con algunas variaciones por la inestabilidad política entre Estados Unidos y México.

Zacatecas ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en captación de remesas, ello exhibe una dependencia del mercado regional a la economía de la importación de dólares para la subsistencia. Si se considera que el doctor Miguel Moctezuma Longoria, de la Unidad de Estudios en el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas ha explicado que cerca del 90% del destino final de las remesas es para gasto corriente, principalmente orientado al consumo de bienes y servicios, vivienda e inversiones fijas de capital de lento crecimiento, según lo descrito en publicaciones e investigaciones, entonces con ello se puede dimensionar la importancia de las remesas en la economía local y regional.

Los 19 mil millones de pesos que ingresan a Zacatecas anualmente son equiparables en similitud de cantidad al presupuesto total de un año del gobierno estatal.

Las remesas constituyen el ingreso más importante de la entidad zacatecana y, constantemente reactivan la economía para que no fenezca ante la pasividad de los mercados locales sin el incentivo del dólar en el mercado interno.

Las políticas públicas implementadas por el actual gobierno de los Estados Unidos, han puesto en duda la continuidad de una política exterior, implementada con bases en un tratado de integración gradual en materia económica, política y social. Las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, han sido contundentes y reactivas, provocando incertidumbre y la reacción de toda una nación en protección de sus connacionales ante un episodio de inestabilidad en política exterior que no se veía desde mediados del Siglo XIX.

México ha sido respetuoso de las políticas implementadas en cada nación, se ha respetado la política de la no intervención, sin embargo, en la actualidad, los mexicanos han sufrido ataques constantes, motivados por el odio, el racismo y la intolerancia.

Los zacatecanos han mostrado su inconformidad por la tibieza mostrada por parte de las instituciones mexicanas, donde ha prevalecido una causa de defensa de un tratado comercial que ha sido rebasado por el liderazgo que ha llegado a la Casa Blanca.

Nuestros connacionales radicados de manera legal o ilegal en EUA, principalmente los zacatecanos, no tienen certeza de ser bien recibidos en un estado que ha sido absorbido por la delincuencia organizada, la corrupción y la opacidad de los endeudamientos. Señor gobernador, como zacatecana y legisladora federal, estoy preocupada por el panorama poco alentador que se avecina ante el incremento de las hostilidades en contra de nuestros paisanos en los Estados Unidos. Ante el hecho anterior es inminente que exista esta inquietud para establecer mecanismos, al interior del Gabinete, así como al interior de las políticas públicas, económicas y sociales implementadas en la entidad y sustentadas en el Plan Estatal de Desarrollo, políticas que brinden seguridad a nuestros paisanos repatriados, quienes llegarán en condiciones vulnerables a la entidad.

Es necesario establecer políticas en materia educativa, social, vivienda, generación de empleos, inversiones, seguridad, desarrollo de proyectos productivos, proyectos del campo, fortalecimiento de infraestructura pública en salud, educación, transporte, seguridad. Los zacatecanos tenemos que ser un ejemplo nacional del trato digno a quienes han dado sustento económico a nuestro estado durante décadas.

Es primordial que desde su gestión, garantice un estado sólido, próspero, justo y en paz, para recibir a nuestra gente, a sus familias y a todo mexicano que llegue a establecerse a éstas tierras.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional del estado de Zacatecas a implementar las medidas necesarias dentro de sus facultades conferidas, para establecer los mecanismos conducentes para recibir a ciudadanos mexicanos repatriados de los Estados Unidos de Norte América a territorio zacatecano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

EXHORTA A LA PGJ DE GUANAJUATO A INVESTIGAR EL ASESINATO DE TRES NIÑOS Y EL OPERATIVO POLICIACO DE ENERO DE 2017, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato a realizar una investigación fehaciente sobre el asesinato de tres niños y el operativo policiaco efectuado el 12 de febrero de 2017 en San Miguel de Allende, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, a que lleve a cabo una investigación fehaciente sobre el asesinato de tres niños, y el operativo policiaco ocurrido el 14 de febrero de 2017, en San Miguel de Allende, Guanajuato, y se aclaren las irregularidades en el proceso, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 14 de enero pasado en San Miguel de Allende, Guanajuato, se suscitó un enfrentamiento entre la policía ministerial y presuntos delincuentes, por lo que fue suspendida la circulación en la carreta de San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo, por 6 horas aproximadamente.

En esa misma fecha los niños Adrián, Mateo y Gabriel de 4, 8 y 11 años de edad respectivamente, hijos de Antonio Luna y Juana Luna, fueron asesinados con un disparo en la cabeza.

El sábado por la noche y el domingo en la mañana se rumoraba que en la balacera hubo 3 niños muertos sin que fuera confirmado por la Procuraduría del estado y sin que existiera un informe oficial de sobre el motivo el operativo y el tiroteo.

48 horas después del incidente, el procurador general de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, envía un comunicado de prensa afirmando que hay tres niños muertos y que los menores fueron asesinados por su padre.

Los señores Antonio Luna y Juana Luna padres de los menores fueron detenidos por la policía. La señora Juana estuvo detenida durante nueve horas, al salir del Ministerio Público, en entrevista para para un medio local, la señora Juana Luna dio su versión de lo sucedido informando que su esposo Antonio Luna, trabajaba como velador en el lugar en lugar donde ocurrieron los hechos, que ella y sus tres hijos se quedaban con él durante las noches, y que el señor Luna tenía un arma de fuego que le fue proporcionada por el dueño de la propiedad que cuidaba.

Expone que la familia se encontraba dormida cuando se empezaron a escuchar los disparos, y seguido enviaron varios mensajes y llamadas telefónicas, primero a la policía y después al propietario de la finca y sus familiares.

La respuesta que obtuvieron de la policía fue que tenían ocho operativos y que no podían pasar por que estaba cerrado el paso, también reportó que varias personas entraron a la finca, echaron gas, los amenazaron, le quitaron la pistola a su esposo, los pusieron de espaldas, escucharon disparos, a ella pusieron la pistola en la cabeza pero ya no tenía balas y le se la devolvieron a su esposo, posteriormente fueron sacados de la propiedad por las mismas personas quienes les argumentaron ser policías, y finalmente cuando la señora preguntó por sus hijos, los policías le dijeron que estaban muertos, que su esposo los había matado.

La señora Juana denuncia haber sido encerrada en un cuarto con un oficial, sin permitirle ver a su esposo, poder realizar llamadas, contar con la presencia de un abogado y sin ser presentada ante un juez, aunado a esto indica que cuando declaró ante el Ministerio Público no le proporcionaron el nombre de la persona que le tomó la declaración, y le expusieron que para que se pudiera ir, tenía que firmar el escrito, mismo contenía algo que ella no había declarado, viviendo así un viacrucis por encontrar la justicia para ella y su familia.

Muy contrario al tiempo que toma en nuestro país la expedición de justicia, tan solo 6 días después de lo ocurrido, el día 20 de enero, el Procurador Carlos Zamarripa en conferencia de prensa informó que de acuerdo al nuevo proceso de justicia penal, el señor Antonio Luna había sido vinculado a proceso por una juez, afirmando que “le fue imputado diversos delitos entre ellos, homicidio en razón de parentesco en agravio de sus tres menores hijos y el delito de homicidio en razón de tentativa en agravio de su esposa” y que de acuerdo a los delitos es procedente que permanezca en prisión preventiva, a petición del Ministerio Público se concedió hasta un plazo de seis meses dar cierre a la información complementaria.

Hasta la fecha no se ha aclarado oficialmente que fue lo que ocurrió, y cuál fue el motivo del operativo policiaco; el porqué de los disparos, cuántos detenidos hubo y quienes eran los presuntos delincuentes, sin embargo, el único informe oficial de lo sucedido es el lamentable asesinato de 3 niños.

Considerandos

Debido a las presuntas irregularidades, derechos humanos requirió los informes a la PGJE, a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como el acceso a la carpeta de investigación.

La Secretaría de Gobernación menciona que “el debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o defender sus libertades; esto se conoce como ‘derecho a un recurso’. El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos; esto se conoce como derecho al debido proceso legal”.

Por antes mencionado y en miras de que la justicia se aplique de manera correcta como lo marca la ley, pongo a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato a llevar a cabo una investigación fehaciente sobre el asesinato de tres niños, y el operativo policiaco ocurrido el 14 de enero de 2017, en San Miguel de Allende, Guanajuato, y se aclaren las irregularidades en el proceso.

Notas:

1 Tres niños asesinados en operativo policiaco en San Miguel de Allende: Arnoldo Cuéllar, director de Zona Franca. (VIDEO), Aristegui Noticias 24 de enero del 2017.

http://aristeguinoticias.com/2401/mexico/ tres-ninos-asesinados-en-operativo-policiaco-en-san-miguel-de- allende-arnoldo-cuellar-director-de-zona-franca-video/

2 “Relato de una masacre en San Miguel Allende”. Nota Digital. 17 de enero 2017. http://notadigital.mx/wordpressND/?p=8228

3 Ídem.

4 Tres niños fueron muertos con el arma que portaba su padre, dice procurador de Guanajuato. Contra Punto TV, 21 de enero de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=_kmvNJ0mlgE.

5 “A Don Antonio le asesinaron a sus tres hijos”. El Debate. 31 de enero de 2017. http://www.debate.com.mx/mexico/A-don-Antonio-le-asesinaron-a-sus-tres-ninos—20 170131-0043.html

6 “¿Qué es el debido proceso?”. Segob https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-debido-proceso?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTA A SHCP Y SAGARPA PARA QUE DIFUNDAN AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÍMULOS FISCALES PARA GASOLINA Y DIÉSEL EN SECTORES PESQUERO Y AGROPECUARIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Sagarpa a difundir en el ámbito de su competencia el avance al primer año de aplicación y el plan operativo correspondiente a 2017 de la implantación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alex Le Baron González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para dar cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento, referente a que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), debe establecer las condiciones y mecanismos que permitan a los productores agropecuarios tener acceso a una cuota energética de Diésel Agropecuario a precios y tarifas de estímulo, para 2016 la SHCP publicó en DOF el 30 de diciembre de 2015, el Acuerdo 29/2015 por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Con base en el marco anterior se establecieron los Lineamientos Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal al Diésel Agropecuario 2016, los cuales fueron publicados en el portal Sagarpa con fecha del 23 de junio del 2016, en los que se describen las actividades y responsabilidades de cada una de las áreas participantes y el procedimiento operativo.

El estímulo fiscal de diésel agropecuario 2016, es de aplicación nacional y su operación está a cargo de la Oficialía Mayor, encargada de establecer los procedimientos para afiliar y autorizar las estaciones de servicio que participan en la aplicación del beneficio, así como generar integrar e informar a Pemex, de acuerdo a los formatos establecidos, el monto de los consumos realizados, aplicando el procedimiento a los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2016 y Otoño –Invierno 2016/2017.

Este programa, estructurado por la Sagarpa, en coordinación con SHCP y Petróleos Mexicanos (Pemex), está dirigido particularmente a los productores que forman parte del Padrón de Diésel Agropecuario que recibieron apoyo en el año 2013 (el programa se había suspendido a partir de 2014 y durante 2015).

En el caso del diésel agrícola, la SHCP solicitó depurar el padrón de acuerdo al esfuerzo para la desincorporación que realizó la Sagarpa en ejercicios pasados y suprimiendo a los beneficiarios que causaron baja por defunción o falta de renovación de su registro por tres años consecutivos.

Por otro lado, la Sagarpa exhortó a los productores involucrados a que acudieran al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural correspondiente para reinscribirse como beneficiarios del programa antes del cierre de ventanillas; para el 30 de octubre del 2016.

Cabe reiterar que el objeto del apoyo es beneficial a los productores agropecuarios aplicando una exención del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que está incluido en el costo total del litro de diésel al público en general. Además, de acuerdo al Procedimiento Operativo, el consumo de la cuota energética del Estímulo Fiscal al Diésel Agropecuario 2016 para el ciclo Primavera-Verano 2016, deberá consumirse exclusivamente en el periodo de abril a diciembre de 2016 y la correspondiente al ciclo Otoño-Invierno 2016/2017 en el periodo de agosto de 2016 a junio de 2017.

Asimismo, la SHCP publica mensualmente, el acuerdo tiene por objeto dar a conocer los estímulos fiscales, monto de los mismos, las cuotas disminuidas y los precios máximos al sector pesquero y agropecuario aplicable en todo el territorio nacional a la gasolina menor a 92 octanos y al diésel, desde enero 2016 a la fecha.

Es necesario que los productores del país sean apoyados por el estímulo fiscal con el que el gobierno federal se ha comprometido y así apoyar a estos sectores elementales de nuestra economía, para que se cumpla con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo sexenal.

De esta manera exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP ) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que, en el ámbito de su competencia, nos hagan de conocimiento público como fue aplicado el programa por estado y la cantidad de productores o pescadores beneficiados, la cantidad de litros de combustibles que se ejercieron bajo este esquema, la cantidad de estaciones de servicio de combustibles que participaron en cada región, así como los resultados relativos al primer año de aplicación y el proyecto para la implementación y el proceso operativo para el 2017, de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, esto nos ayudara a conocer la situación en la que se encuentra, y cuál ha sido la problemática que ha enfrentado dicho apoyo.

En ese sentido me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que, en el ámbito de su competencia, hagan de conocimiento público un estado de avance relativo al primer año de aplicación y el plan operativo aplicable para el año 2017 de la implementación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.— Diputado Alex Le Baron González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTA AL GOBIERNO DE OAXACA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA QUE SE CONCLUYAN, PLANEEN O REHABILITEN OBRAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Oaxaca y a la Ssa federal a efecto de que el sector salud de esa entidad finalice las obras inconclusas, en proceso de planeación o susceptibles de rehabilitación, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Eva Florinda Cruz Molina, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Considerandos

El día 2 de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Criterios Generales para el Desarrollo de Infraestructura en Salud firmados por el doctor José Ramón Narro Robles, secretario de Salud del Gobierno Federal.

En estos lineamientos, destacan dos de ellos en relación al Estado de Oaxaca, la fracción III., del Cuarto Lineamiento que dice que se privilegiará la rehabilitación de infraestructura sobre la sustitución, y el VII que establece que los Proyectos en abandono o suspendidos que no sean susceptibles de reactivación se someterán al análisis y opinión del Comité para el Seguimiento del Desarrollo de la Infraestructura Física en Salud, a fin de determinar las acciones que podrán llevarse a cabo para su aprovechamiento.

¿Por qué son pertinentes estos lineamientos para el estado de Oaxaca? Porque esta entidad federativa exhibe un sector salud caracterizado por la corrupción en su más alto grado, el de sus titulares; por la total impunidad en la comisión de estos ilícitos; litigios contra empresas constructoras; irregularidades en la tenencia de la tierra de las obras construidas; paros y huelgas de trabajadores incluso del Seguro Popular; obras hospitalarias inconclusas; obras en proceso que no pasan por años de su etapa de planeación; obras que requieren rehabilitación sin ser atendidas; y por todo ello, deficientes servicios médicos que vulneran el ejercicio pleno del derecho a la salud de los oaxaqueños, que violan el derecho humano a la protección de la salud y anulan una garantía constitucional del Estado Mexicano.

Según una nota de Televisa.News del 14 de noviembre de 2016, “El sector salud de Oaxaca se encuentra en coma. Es la segunda dependencia más endeudada en el estado. Tiene decenas de hospitales en obra negra, millones de pesos gastados sin comprobar y un ex secretario de Salud involucrado en acusaciones de corrupción durante los cinco años que estuvo en la dependencia.”

No obstante todas estas irregularidades, al término del sexenio del gobernador Gabino Cué Monteagudo, el Plan Anual de Inversiones 2017 de los Servicios de Salud de Oaxaca, sólo propuso obras de mejoramiento en su mayor parte, de 223 unidades sujetas a obras de inversión. El 84 por ciento de este Plan, sólo eran obras de mejoramiento a las que se destinaba el 90 por ciento de la inversión propuesta. Acciones consistentes en impermeabilización, pintura, instalación eléctrica, señalización, carpintería, casas de máquinas eléctrica e hidráulica y aire acondicionado.

Por otra parte, en la estructura de las obras de inversión en infraestructura física en salud en Oaxaca, se han privilegiado las obras en sustitución. Ello significa que los lineamientos emitidos no le favorecen porque según estos se “privilegiará la rehabilitación de infraestructura sobre las obras de sustitución. Este es uno de los problemas que hay que resolver. 51 obras en sustitución frente a 1 de rehabilitación en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud para el Estado de Oaxaca en 2016.

De acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, actualizado al mes de septiembre de 2016, había 145 obras de inversión en Oaxaca: 38 nuevas, 51 en sustitución, 6 en fortalecimiento, 28 en ampliación, 3 en ampliación y fortalecimiento, 18 en equipamiento y sólo 1 en ampliación y rehabilitación. Pero de todas ellas, al mes de septiembre de 2016 había 43 en proceso con estatus de planeación apenas.

La fracción XII del artículo segundo de los lineamientos define los Proyectos en estatus de planeación, como aquéllos que han pasado por un mecanismo de planeación, cuentan con registro en el Plan Maestro de Infraestructura, y se encuentran en espera de la asignación de financiamiento y/o inicio de obra. Pero en el caso de algunas obras en Oaxaca este estatus se está prolongando por años.

Destaca una de ellas, que se inauguró en dos ocasiones el inicio de la obra pero todavía sigue en proceso de planeación, la del Hospital General de Huajuapan de León “Enfermera María del Pilar Sánchez Villavicencio. En la misma categoría de planeación se encuentra la ampliación del Hospital Básico Comunitario de Chalcatongo de Hidalgo; el del Centro de Salud de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo; el Hospital Comunitario Ixtlán de Juárez; el Hospital Especializado de Juchitán de Zaragoza; la ampliación y equipamiento del Hospital General “doctor Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca de Juárez; el Centro de Salud de Ocotlán de Morelos; el Hospital de la Mujer Oaxaqueña de San Bartolo Coyotepec; el Hospital de Especialidades de la Niñez Oaxaqueña de San Bartolo Coyotepec; el Hospital Básico Comunitario de San Felipe Jalapa de Díaz; el Centro de Salud de San Juan Bautista Tuxtepec; el Hospital de Especialidad de San Juan Bautista Tuxtepec; el Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Mateo del Mar; la ampliación del Hospital General de Puerto Escondido; la ampliación del Centro de Salud Villa de Etla; la ampliación del Centro de Salud de San Pedro y San Pablo Teposcolula; la ampliación del Centro de Salud de Santa Catarina Ixtepeji; el Centro de Salud Santa María Camotlán; el Centro de Salud de Santiago Ihuitlán Plumas; la ampliación y equipamiento del Hospital General de Tehuantepec, y la ampliación del Centro de Salud de Soledad Etla, entre los más importantes.

Como puede observarse, en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud de 2016, sólo existe una obra en rehabilitación, y, de conservarse esta estructura el Plan Maestro, amenaza con reducir a su mínima expresión la inversión para Oaxaca, habiendo obras inconclusas desde hace 6 años que el gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal deben examinar y resolver aplicando con prioridad el lineamiento de la rehabilitación con acento en los hospitales y centros de salud antes mencionados en los que es aplicable este concepto y no como proyectos en abandono o suspendidos.

La urgente solución a estas situaciones -que como bien dice una periodista-, exhiben de manera dolorosa que el costo de la corrupción no sólo incluye los recursos públicos con lesiones graves al patrimonio nacional y estatal con pérdidas inauditas, sino que también exhibe la falta de atención o de controles de las instancias federales y estatales de los momentos o etapas de la planeación, de ejecución, y sobre todo, de control y supervisión de la obra pública, particularmente, de las obras de infraestructura en salud, al grado de que, en general, estas obras pueden seguir petrificadas en un estatus o bien seguir recibiendo financiamiento sin que se terminen. Pero aún más grave en todo esto, es el costo que tiene en el bienestar de comunidades enteras. Los hospitales y centros de salud inconclusos dejaron a su población objetivo sin acceso básico a la salud, en violación a un derecho humano y a una garantía constitucional del Estado Mexicano.

Debemos cumplir a cabalidad la meta de un México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que consiste en asegurar el acceso a los servicios de salud, garantizando el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca y al secretario de Salud del Gobierno Federal a poner orden en el Sector Salud de esa entidad y concluir todas las obras inconclusas, en proceso de planeación y/o susceptibles de rehabilitar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CDMX A QUE ELIMINE EL COBRO DE FOTOMULTAS A LOS AUTOMOVILISTAS INFRACCIONADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno local a eliminar el cobro de fotomultas a los automovilistas infraccionados, pues el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ha creado un precedente que determina la inconstitucionalidad de diversos artículos del Reglamento de Tránsito, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resuelve diversos amparos y declara la inconstitucionalidad de cinco artículos, 9, 60, 61, 62 y 64, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México por las llamadas “fotomultas”; ya que en la parte que prevén la imposición de sanciones patrimoniales por infracciones de tránsito, violan la garantía de audiencia previa del artículo 14 constitucional.

De acuerdo con información emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, dicho Reglamento viola el artículo 14 constitucional porque permite que con base en una foto el agente imponga una sanción administrativa o penal sin la participación ni la defensa previa del sujeto afectado.

El juez determinó que de acuerdo a la jurisprudencia de la SCJN (P./J. 130/2007), el hecho de un acto administrativo o una ley tengan una finalidad legítima pública, es insuficiente para afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por ende, el Reglamento de Tránsito viola el artículo 14 constitucional al permitir la imposición de sanciones patrimoniales sin permitir que los posibles infractores sean escuchados en su defensa de manera previa, siendo insuficiente que la normatividad prevea medios de defensa posteriores al acto privativo puesto que para ese momento ya está decidido el carácter de infractor del sujeto y determinada e impuesta la sanción patrimonial respectiva.

Agrega en la resolución que, una foto no debe generar en automático una obligación de pago, sino en todo caso es solamente un indicio que podría servir para iniciar un procedimiento en forma de juicio con la participación del infractor a fin de determinar si se debe o no imponer la “fotomulta”. Esta resolución crea un importante precedente que beneficiará a millones de automovilista de la ciudad de México, que se encuentran en la misma situación.

El juez señaló que el hecho de que el Gobierno de la Ciudad de México deba pagar el 46% del cobro de cada “fotomulta” a la empresa Autotraffic –que es la que opera la tecnología– puede ser un incentivo negativo para obligar a los ciudadanos a pagar sin previa audiencia y “se privilegie la ganancia del particular y de la administración”, en perjuicio de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

El juez ordenó que se le permita defenderse al ciudadano para evitar que la empresa de “fotomultas” privilegie su interés y descuide los fines públicos.

“De que el lucro de la empresa de tecnología se privilegie frente a los fines públicos y a los derechos fundamentales en perjuicio de los ciudadanos”.

La sentencia ordena al jefe de gobierno, y al secretario de Seguridad Pública capitalino, respetar los derechos de la audiencia antes de cobrar la sanción monetaria. Se ordenó a las autoridades capitalinas a:

1. Dejar sin efectos la boleta de infracción;

2. Devolver el pago realizado, en su caso; y

3. En caso de que la autoridad se encuentre facultada y decida nuevamente emitir la boleta de infracción se otorgue a la quejosa el derecho de audiencia previa en donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, lo que es posible realizar en forma ágil y simplificada.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, indican que de enero a diciembre de 2016, se aplicaron 597 mil 079 fotomultas, de un total de 100 millones 479 mil 356 imágenes detectadas; de las cuales se desecharon 99 mil 882, 283, que representan el 99.4 por ciento del total de imágenes detectadas:

Concepto Enero-diciembre

2016

Imágenes detectadas 100,479,356

Imágenes desechadas 99,882,283

Porcentaje de imágenes desechadas 98.8

Infracciones impuestas 597,079

De los anteriores datos, también podemos inferir que el programa de “fotomultas” no ha tenido los resultados esperados por las autoridades capitalinas, sumado a su inconstitucionalidad, es factible que se valore su utilidad y vigencia. Consideramos que la propuesta se fortalece y puedan ser canceladas; tal y como lo proponemos.

Recordemos que desde su entrada en vigor, el tema de las “fotomultas” generó inquietud entre varios legisladores y descontento entre la ciudadanía, hecho que motivó que el Jefe de Gobierno instruyera a transparentar la información para operar las “fotomultas”, y hacer público el contrato con la empresa Autotraffic.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que elimine el cobro de “fotomultas” a todos los automovilistas infraccionados, toda vez que el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ha creado un precedente que determina inconstitucional diversos artículos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Notas:

1 http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2017/n otaInformativa22.pdf

2 Ibídem.

Dado en la sede de la Honorable Cámara de Diputados, el 9 de marzo de 2017.— Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Ciudad de México, para dictamen.

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA REPÚBLICA MEXICANA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer la institucionalización de las políticas de igualdad de género, conforme a los objetivos transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo conforme a las siguientes consideraciones:

1. El término equidad de género, contiene un elemento de interpretación de la justicia social, generalmente basada en la tradición, costumbres, religión o cultura, más frecuentemente en detrimento de las mujeres, por ello en Naciones Unidas durante la conferencia de Beijing en 1995, se determinó y acordó que el término correcto es el de igualdad de género

Posteriormente, al emitir su recomendación general 28, el comité de La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), concluyó lo siguiente:

“Se exhorta a los Estados partes a utilizar exclusivamente los conceptos de igualdad entre la mujer y el hombre o la igualdad entre los géneros y no el concepto de equidad entre los géneros al cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención. En algunas jurisdicciones este último concepto se utiliza para referirse al trato justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede incluir un trato igual, o un trato diferente pero considerado equivalente en cuanto a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades”.

Por lo anterior, en el glosario de ONU Mujeres, se define a la igualdad de géneros como, la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños.

Esto conlleva a que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no se encontrarán condicionadas al sexo de la persona o individuo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos humanos y tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas.

2. Asimismo, el glosario de ONU Mujeres, define al empoderamiento económico de las mujeres, como:

“La igualdad de género en la economía se refiere al disfrute pleno e igual por mujeres y hombres de sus derechos y prerrogativas económicas facilitado por políticas y entornos institucionales propicios y el empoderamiento económico”.

“El empoderamiento económico es un pilar de la igualdad de género. Se refiere tanto a la capacidad de tener éxito y avanzar económicamente como al poder de tomar decisiones económicas y actuar de acuerdo a ellas. Empoderar a las mujeres económicamente es un derecho esencial para alcanzar la igualdad de género y lograr metas de desarrollo más amplias tales como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, y mejoras en la salud, educación y bienestar social.”

3. Ahora bien, de acuerdo con los datos del censo poblacional del Inegi, 2010, de la población total de 112 millones de mexicanos, 57 millones son mujeres mientras que los restantes 54 son hombres. No obstante, los datos referidos, es de todos conocido que la representación de las mujeres en áreas estratégicas no sigue ese patrón. De acuerdo con los datos de Gina Zabludovsky, se puede observar una subrepresentación de las mujeres en el ámbito laboral y más específicamente en el caso de puestos directivos, esto tanto en el ámbito público como privado

Por ejemplo, en 2007, las mujeres representaban el 39.5 por ciento de la población económicamente activa de las zonas urbanizadas, en el caso de ocupaciones como “funcionarias y directivos”, el porcentaje de presencia femenina disminuyó a un 28.9 por ciento; mientras que sólo representaban el 24 por ciento de funcionarios y directivos con ingresos mayores a los cinco salarios mínimos.

4. Ahora bien, a continuación, se exponen diversos datos o indicadores que, revelan de manera sustancial la desigualdad entre hombres y mujeres, cuando se analiza la participación de ambos, en la economía del país:

- Las mujeres en los países pertenecientes a la OCDE perciben 16 por ciento menos en su salario que los hombres. (OCDE, 2013)

- México ocupa el lugar 83 de 135 países en el último reporte de Brecha de Género del World Economic Forum. (World Economic Forum ,2013

- Las mujeres destinan más del 70 por ciento de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40 por ciento de sus recursos para dichos fines. (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Ammje, 2013)

- En la actualidad en México (2013) de cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abren tres están lideradas por mujeres.(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013)

- 37 por ciento aportan las mujeres empresarias de México al Producto Interno Bruto, destacan los reportes del Inegi. (Inegi, 2012)

- De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, el 99 por ciento salda sus deudas de manera íntegra. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013)

- Las mujeres en México sólo representan el 16 por ciento del sector empresarial de acuerdo con el Inegi (Inegi, 2012)

- Las mujeres tienen mayores tasas de graduación de educación terciaria (universitaria) que los hombres (21 por ciento comparado con 18 por ciento). (OCDE, 2011)

- Más de una tercera parte de las mexicanas entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja comparado con uno de cada diez varones. (Secretaría del trabajo 2011)

- La tasa de participación laboral femenina es la más baja de la OCDE después de Turquía: 48 por ciento (2012) de las mujeres mexicanas tienen un empleo comparado con el promedio de la OCDE de 62 por ciento (2011). (OCDE, 2011)

- Las mujeres ocupan el 31 por ciento de los puestos de alta dirección en México (32 por ciento en la OCDE), 7 por ciento de los miembros de la junta directiva de las empresas mexicanas son mujeres (10 por ciento en la OCDE), y sólo el 2 por ciento de las mujeres mexicanas son empresarias (en comparación con el 6 por ciento de los hombres). (OCDE, 2011)

- El 51 por ciento de los trabajadores por cuenta propia en el sector informal son mujeres. (OCDE, 2011)

- El 24.5 por ciento de las mujeres trabajan medio tiempo, solo 8.2 por ciento de los hombres trabajan bajo esta modalidad. (OCDE, 2 011)

- Carrera profesional: las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos gerenciales y tienen una participación de 1 mujer por cada 10 hombres en los puestos directivos. (OIT, 2012)

- Actualmente, las mujeres terminar la universidad con mejores calificaciones que los hombres, pero antes de que cumplan 30 años ya van a estar ganando 10 por ciento menos que ellos. (GEM, 2012)

5. Así las cosas, para la celebración del Día Internacional de la Mujer 2017, a celebrarse el próximo 8 de marzo, para la ONU Mujeres, el tema central será “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”; esto a que hoy en día, apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. Lograr la igualdad de género en el trabajo es indispensable para el desarrollo sostenible. La celebración de las Naciones Unidas el 8 de marzo exhorta a todos los actores a dar el paso por la igualdad de género, por un planeta 50-50 en 2030.

6. Ahora bien, en concordancia con lo anterior, el sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 61), que tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 13 al 24 de marzo de 2017, se centrará en el tema de “El empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”. La Comisión es una de las mayores reuniones anuales de líderes mundiales, ONG, actores del sector privado, socios de las Naciones Unidas y activistas de todo el mundo en centrarse en la situación de los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, en cualquier parte del mundo. El período de sesiones de este año se celebra en un momento crucial, debido a que el mundo laboral está cambiando a un ritmo rápido, impulsado por la innovación, la globalización y una mayor movilidad de las personas.

7. Los datos anteriormente referidos respecto de nuestro país, y las políticas que serán impulsadas desde la ONU, respecto a la igualdad de género a nivel mundial, sin duda ponen a nuestro país, en la posibilidad de superar paradigmas, hacer programas y políticas que impulsen el desarrollo económico y sin duda, desde la Administración Pública y la conformación de los Poderes debe ponerse el ejemplo. Actualmente la situación de la mujer en los altos cargos político-administrativos no dista de la desigualdad que se refleja del sector privado. Al comienzo del gobierno del Presidente Vicente Fox, las secretarías encabezadas por mujeres eran las de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Sin embargo, para 2003 sólo una mujer continuaba en el cargo: la de Relaciones Exteriores. El gobierno de Felipe Calderón tuvo cinco mujeres en el gabinete: Relaciones Exteriores; Desarrollo Social (los dos primeros años); Energía, Educación Pública; Trabajo y Previsión Social (los dos últimos años) y en la Procuraduría General de la República (PGR).

8. De acuerdo con datos disponibles en 2009, del total de las 59 subsecretarías dentro del gobierno federal, 45 estaban ocupadas por hombres y sólo 13 por mujeres, lo que representa solo el 22 por ciento. Lo anterior evidencia el rezago de las mujeres en la participación en altos cargos. Algunos ejemplos internacionales dejan el listón muy alto. Por ejemplo en Suecia las mujeres alcanzaron en 1999 el 52 por ciento de los puestos de más alto nivel. Por su parte, tanto en España como en Chile el porcentaje de mujeres en el gabinete llegó al 50.

9. Con relación a la participación de las mujeres en el Poder Legislativo, es conocido que ésta se ha visto favorecida por el establecimiento legal de cuotas de género en la lucha política por obtener mayores niveles de representación vía la votación directa de la población en ambas Cámaras. En 1996, en México, se establece un mecanismo a través del cual al nominar candidatos a diputados y senadores, la cuota de participación de las mujeres no puede ser menor a un 40 por ciento. Esta posibilidad nace de iniciativas de acción afirmativa hacia las mujeres en materia de representación, que se vieron reflejadas en modificaciones sustanciales en las leyes como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del año referido para darle sentido y cumplimiento a mandatos de orden internacional en la materia.

10. Sin duda el debate y la agenda pendiente está en nuestras manos, como legisladores, y sin duda también en manos del Ejecutivo Federal que para ello avanza en esta dinámica y en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 está presente y de manera amplia coloca su rubro III. México Incluyente, como eje rector en la concreción de condiciones de igualdad y establece como Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Dentro de sus estrategias transversales la Perspectiva de Género ocupa y cruza a todo el Plan Nacional de Desarrollo como compromiso de Estado. En este sentido el 20 de agosto de 2013, se publicó, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, el cual define la agenda por atender y plasma los Objetivos destinados a darle curso y cumplimiento, entre ellos el Objetivo transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional y su Estrategia 6.2 Promover la igualdad de género en las oportunidades y resultados de la democracia y el desarrollo político

Datos que nos señalan la importancia y la necesidad de actuar como legisladores son los siguientes:

- En las presidencias municipales, la participación de las mujeres en 2013, era apenas un 6.9 por ciento; las regidoras y síndica representaban en 2011, un 38.5 por ciento y un 26.8 por ciento.

- La presencia de mujeres en los poderes Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno se encuentra lejos de la paridad, del total de personas en puestos directivos superiores, las mujeres no alcanzan ni un 24 por ciento.

- En cuanto al Ejecutivo federal, la participación femenina en los mandos medios y superiores representa apenas el 35.5 por ciento y se concentra en la más baja jerarquía (subdirectoras, jefas de departamento, enlaces). La representación femenina en las entidades federativas en puestos de alta dirección apenas alcanza un 14.6 por ciento.

- En la Suprema Corte de Justicia Nacional, sólo 2 de los 11 ministros son mujeres. De los magistrados del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia en 2012, 28.6 por ciento eran mujeres.

- Finalmente, la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión en las estructuras sindicales es de menos de un 4 por ciento

11. En este sentido, en la medida en que las mujeres no podamos tener un mayor acceso a los altos cargos de la Administración Pública las políticas públicas seguirán con un sesgo que refuerza al status quo. Sólo con un acceso más equitativo a este espacio público, por antonomasia, las decisiones colectivas reflejarán también el verdadero interés de la única mayoría social que padece las condiciones de una minoría.

Punto de Acuerdo

Único: El Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal y a los de las 32 entidades federativas, para:

a) Fortalecer la institucionalización de las políticas de igualdad de género, conforme a lo dispuesto en los objetivos transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, Proigualdad 2013-2018.

b) Incrementar la participación de las mujeres en todos los cargos, principalmente en los de dirección y confianza de las dependencias de la administración pública estatal, con la finalidad de favorecer su empoderamiento.

Incorporar las políticas de igualdad de género que coadyuven con el tema y objetivo central de ONU Mujeres, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer: “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacía un planeta 50-50 en 2030”.

Palacio Legislativo Federal, a 9 de marzo de 2017.— Diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES A ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 19 DE JUNIO DE 2016 EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OAXACA, OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades gubernamentales a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en diversas localidades de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 21 de febrero de 2017, en respuesta a la petición de la Comisión Especial de seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016 de la Cámara de Diputados Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rindió un informe sobre los avances en la investigación que realiza en torno a las presuntas violaciones a derechos humanos en las comunidades de Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Vigueras y Hacienda Blanca, Oaxaca.

En voz del titular de la CNDH, la Comisión Especial fue informada que la integración del expediente que podría esclarecer la verdad de los hechos en donde ocho personas perdieron la vida y más de 100 fueron lesionadas, ha enfrentado diversas dificultades. Entre ellas destacan:

• La indebida preservación del lugar de los hechos;

• La existencia de contradicciones entre los diversos testimonios recabados, lo que ha obligado a que los mismos se contrasten y confronten con otros elementos objetivos de convicción, a fin de dilucidar lo que realmente aconteció;

• El hecho de que las respuestas de autoridades a las solicitudes de información no siempre han sido oportunas ni incluyen todo lo requerido.

En el marco de lo señalado, la CNDH también dio cuenta de algunos avances del análisis e investigación de información vertida por distintos organismos como las instituciones de salud y las estatales.

Al respecto, sobresale un oficio del Director del Hospital Regional del el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Oaxaca, que señala haber recibido en sus instalaciones a policías federales quienes le solicitaron atender a sus elementos lesionados y que, por cuestiones de seguridad, la población civil lesionada no fuera recibida. El encargado del hospital fundamentó su respuesta negativa a la petición argumentando que ¨por ley se encontraba obligado a prestar el servicio a quien lo requiriera”.

En este sentido, resulta por demás alarmante para la Comisión Especial que, el cuerpo policiaco federal cuya misión es garantizar la seguridad e integridad de la población mexicana, sea la que haya intentado obstaculizarla el pasado 19 de junio.

Aunado a lo anterior, de los avances presentados por la CNDH, se distingue también un giro en torno a la versión de los cuerpos policiacos y ministeriales que aseguraba que la no portación de armas de fuego al inicio del operativo había sido certificada por un Notario Público.

“Previo al inicio del operativo, a las 4.30 de la mañana en el destacamento de la Policía Federal ubicado en San Pablo Etla el Notario Público número 65 de la ciudad de Oaxaca sólo hizo un recorrido visual, sin verificar a detalle a los integrantes de las corporaciones policiacas y señaló que “...sólo portan kit policiaco antimotines y no armas de fuego ni punzo cortantes, sólo lanzadores simples de agentes químicos” asimismo, que inspeccionó los vehículos terrestres que tuvo a la vista, certificando que “en su interior no existían armas de fuego ni punzocortantes”. Sin embargo, se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo.”

Frente a esto, destaca la denuncia del organismo de derechos humanos sobre no haber recibido aún copia de otras carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de la República que, aunque están relacionadas con los hechos de cuenta, no se acumularon a la carpeta principal. ¨Para un caso de esta envergadura resulta indispensable que las autoridades brinden a la CNDH, con oportunidad, toda la información que les sea requerida y que la misma se actualice cuando ello sea necesario¨, señaló Luis Raúl González, titular de la comisión.

Sin embargo, pese a los obstáculos propiciados por autoridades gubernamentales, la CNDH ha logrado recabar 830 actas circunstanciadas, 124 actas derivadas de entrevistas y certificaciones médicas, 273 videos y 594 fotografías proporcionadas por habitantes, recabadas de medios de comunicación y videos proporcionados por la instituciones de salud oaxaqueñas, que suman 59 horas, 27 minutos y 59 segundos de grabación. Aún faltan los videos de la Procuraduría.

Es así como el Organismo Nacional de derechos humanos, señaló a la Comisión Especial, encontrarse en la etapa final de integración, esperando que toda la información faltante le sea proporcionada inmediatamente para poder concluir satisfactoriamente la investigación.

Como Atenco, Tlatlaya o Ayotzinapa, lo ocurrido el 19 de junio merece una investigación completa, objetiva, imparical, integral y exhaustiva que le permita saber a la ciudadanía mexicana qué fue lo que ocurrió y fincar las responsabilidades administrativas y jurídicas que sean necesarias para borrar la impunidad que a más de ocho meses impera, garantizar la verdad y la no repetición de los hechos.

En el marco de lo narrado, integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán, e incluso el propio Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, han sido blancos de distintos ataques, amenazas y hostigamientos. El más reciente ha ocurrido el pasado 5 de marzo del año en curso, en donde integrantes del Comité sufrieron un atentado mientras se dirigían a la comunidad en la sierra mixteca en donde trabajan.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que las instituciones relacionadas con el caso, respondan a las inquietudes de la CNDH, y que la Procuraduría General de la República entregue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda la información del caso para facilitar la labor de investigación del organismo y no dilatar más la justicia y la verdad. De igual forma, garantizar la seguridad e integridad de las víctimas sobrevivientes y de sus defensores, debe ser una prioridad.

De esta manera, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a facilitar los trabajos de investigación y a coordinarse efectivamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en torno al caso de los lamentables hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en las comunidades de Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Vigueras y Hacienda Blanca, del estado de Oaxaca, con base en su misión de contribuir a garantizar el Estado democrático de derecho.

Segundo.La Cámara de Diputados solicita a los titulares de la Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Seguridad a acudir a una reunión de trabajo con la Comisión Especial de Seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a reconocer a los integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán como personas defensoras de derechos humanos, y a otorgar medidas cautelares para cada uno de ellos y para el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con el fin de garantizar su integridad, vida y seguridad.

Nota:

1 CNDH. 2017. “Informe CNDH”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión especial seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016, para opinión.

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DIFUNDIR ACCIONES EN CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA CUMBRE DE NACIONES UNIDAS SOBRE REFUGIADOS Y MIGRACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal, a difundir las acciones que ha implementado para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas sobre refugiados y migración, particularmente, en lo relativo a reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayor número de solicitudes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera.La protección internacional de los refugiados surgió en el Siglo XX tras los dos grandes hechos bélicos que acontecieron en la primera mitad. Fue así que la primera institución creada para tal fin tuvo su origen después de la Primera Guerra Mundial cuando la sociedad de naciones nombró, en 1921, al delegado de Noruega, Fridjof Nansen, alto comisionado para los refugiados.

Posteriormente, y derivado de los diversos crímenes que se cometieron en contra de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) nació la ONU en 1945 y dos años más tarde, en 1947, la Organización, Internacional para Refugiados (OIR) con carácter provisional, siendo 1949 el año en el que se designó un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El marco normativo que sustentó el mandato y los principios sobre los cuales se asentó, fundamentalmente, la protección internacional a los refugiados y, en este sentido, el mandato de la ACNUR, son la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 de julio de 1951) y su protocolo sobre el estatuto de los refugiados (Nueva York, 31 de 1967).

Dicha convención establece que un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.”

Segunda 3.Hoy en día la protección internacional a los refugiados constituye una preocupación central en el entorno internacional, pues aunque la tasa de crecimiento se ha ralentizado en comparación con los incrementos registrados en el último par de años, el número actual de desplazados en el mundo es el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial. Tan sólo, entre 1996 y 2015, observó un aumento del 75 por ciento, pasando de 37.3 millones en 1996 a 65.3 millones, a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o las violaciones de derechos humanos, de los cuales 21.3 millones eran refugiados. Específicamente, el número total de refugiados se incrementó en un 55 por ciento en sólo cuatro años, pues en 2011 la cifra era de 10.4 millones de personas.

Cabe destacar que, de la cifra de 2015, los menores de 18 años representaron, prácticamente, la mitad de la población refugiada en 2015, frente al 41 por ciento en 2009.

Ahora bien, en cuanto a las regiones que dan acogida a los refugiados, los países en desarrollo acogieron al 86 por ciento de los refugiados bajo el mandato de la ACNUR -frente al 70 por ciento de hace dos décadas.

Tercera.En este contexto, durante el Siglo XX, México se distinguió por observar una tesis inalterada de albergue a quienes sufren persecución por motivos políticos en sus países de origen, o bien, que no pueden permanecer en ellos por situaciones de conflictos armados o violencia generalizada.

De esta forma, desde los españoles en las décadas de los treinta y los cuarenta, hasta los centroamericanos en los ochenta y noventa, han encontrado en nuestro país asilo o refugio, lo que se ha traducido en la permanencia dentro del territorio nacional de personas que requieren de atención de sus necesidades, no sólo inmediatas, sino de mediano y largo plazo.

Cuarta. Con el fin de procurar medios de ayuda y protección a los refugiados y, justamente, a partir de la llegada masiva de centroamericanos al sur del país en la década de los ochenta, la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, emitió el acuerdo por el que se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), organismo de carácter permanente e intersecretarial.

El decreto de creación de la Comar estableció como sus objetivos principales: (1) Estudiar las necesidades de los refugiados extranjeros en el territorio nacional; (2) Proponer las relaciones e intercambios con organismos internacionales creados para ayudar a los refugiados; (3) Aprobar los proyectos de ayuda a los refugiados en el país; y (4) Buscar soluciones permanentes a los problemas de los refugiados.

Para el cumplimiento de su encomienda, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados cuenta con un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la cual está integrada por tres unidades de apoyo, consistentes en las direcciones de Protección y Retorno; de Asistencia y Desarrollo y de Administración y Finanzas, siendo las dos primeras, las más determinantes en cuanto a su actuación.

La trascendencia de la Dirección de Protección y Retorno radica en que es la encargada de dirigir los procedimientos en materia de protección para atender en tiempo y forma, las solicitudes de refugio que recibe la comisión. Por otro lado, entre sus facultades también está la de dirigir los procedimientos de elegibilidad de los casos individuales de los solicitantes de refugio, con el objetivo de verificar que cumplan con la normatividad aplicable; y finalmente, la de evaluar las solicitudes de refugio para su atención, inmediata con base en los procedimientos establecidos en la normatividad nacional e internacional en la materia.

Por su parte, la Dirección de Asistencia y Desarrollo es la encargada de programar, a través de citas, la atención a las solicitudes de los refugiados y favorecer el avance de las gestiones en cada caso que se presente; lograr el acceso a servicios públicos de salud, educación y demás necesidades prioritarias; así como revisar e integrar la documentación en el expediente para tramitar la regularización migratoria o reunificación familiar de los refugiados, legalizando su estancia en el país.

Quinta.Resulta preocupante que la Comar, por un lado, sólo cuente con tres oficinas en toda la República y carezca de oficiales de protección en los puntos de mayor tránsito de migrantes -y, por tanto de mayor incidencia de solicitudes de refugio-, tanto en la frontera norte como en la sur, esto es, en Tijuana y Tapachula.

Lo anterior pudo ser constado como parte de las visitas que realicé a ambas ciudades. La primera como parte del Programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, en el que participé el pasado mes de diciembre. Y, la segunda, realizada en el mes de enero, como resultado de mi interés por conocer la situación prevaleciente al respecto en la zona sur. En ambas visitas, a partir de la serie de recorridos y entrevistas que sostuve con autoridades, representantes de organismos internacionales y asociaciones civiles, verifiqué que una de las más grandes deficiencias en la implementación de los mecanismos para la protección de la población inmigrante y refugiada es la insuficiente y, en algunos casos, nula presencia de la oficiales de protección de la Comar.

En este sentido, de acuerdo con la investigación que organizaciones de la sociedad civil realizaron para el informe: Un Camino Incierto; Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México, se documentó que en todo el país dicha comisión solamente cuenta con 15 oficiales de protección para garantizar el acceso a la protección internacional a una población de más de 100 mil personas migrantes detenidas a lo largo de 2015, hecho alarmante toda vez que en concordancia con información de ACNUR, en los últimos años se ha incrementado el número de personas que buscan protección como refugiados en México. Tan sólo en 2016, 8,781 personas solicitaron la condición de refugiado, lo que representó un incremento de 1,067 por ciento en comparación con el número de solicitudes recibidas en e1 2011. Y, para 2017, estima se alcanzarán las 20 mil, situando a México en una situación de gran complejidad y en una inusual ola de solicitudes de refugio, en gran medida, derivadas del “cierre” de la frontera sur de los Estados Unidos.

Sexta. Aunado a lo anterior, el artículo 21 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a la letra dice:

Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento.

Durante el procedimiento el solicitante podré promover por sí o a través de su representante legal. Si el solicitante se encuentra en alguna estación migratoria, se deberán tomar las medidas para garantizar la comunicación con su representante legal o, en su caso, con la persona de su confianza de conformidad con las disposiciones aplicables. En todo momento las entrevistas se deberán desahogar de manera personal con el solicitante, pudiendo estar acompañado por su representante legal.”

Sin embargo, la CNDH ha documentado a través de actas circunstanciadas, así como de varios de los expedientes de queja cuya autoridad presuntamente responsable es la Comar, que muchas de las entrevistas que los servidores públicos de esa institución realizaron a los solicitantes que se encuentran en una estación migratoria, fueron realizadas vía telefónica e incluso después de más de 30 días de iniciado el procedimiento.

La relevancia de que las entrevistas sean vía telefónica no radica únicamente en el incumplimiento de los dispuesto en la legislación, sino en que los elementos que la autoridad valora para determinar el reconocimiento o no de la condición de refugiado están relacionados con la credibilidad en las declaraciones, por ello se torna imprescindible que las entrevistas se lleven a cabo de manera personal.

Al respecto, es menester destacar que el aumento en las detenciones efectuadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha coincidido con un incremento en las capacidades de la Comar, de tal suerte que, a pesar de que el INM incrementó sus acciones de control, la cantidad de agentes entrenados y capaces de detectar a personas vulnerables que requieren de protección internacional, de hacer entrevistas y de atender a las solicitudes. Esto es, la Comar no ha respondido a dicha necesidad, lo cual es explicado, fundamentalmente, por la ausencia de un presupuesto acorde a los retos que enfrenta la institución.

Séptima. Finalmente, vale la pena recordar que el pasado mes de septiembre, durante la celebración de la primera Cumbre de Naciones Unidas sobre Refugiados y Migración 2016, en la que se aprobó la Declaración de Nueva York, el Presidente de la República refrendó su compromiso frente a los estados parte, de que como parte de los trabajos en el tema de los migrantes y refugiados, se estaban impulsando siete acciones concretas, de las que destaca la cuarta referente a reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayor número de solicitudes, a lo que indicó que incrementaría el 80 por ciento del personal en la comisión, situación que al día de hoy sigue sin darse cuenta de ningún avance al respecto.

Octava. Si bien es cierto que el sistema de protección jurídica internacional y nacional cuenta con los recursos y garantías suficientes para que los derechos de este colectivo en estado de vulnerabilidad sean respetados, las políticas y prácticas de los estados no siempre son congruentes con este marco de protección.

En el caso de nuestro país, a pesar de que la función de la Comar es fundamental en la protección de los solicitantes de refugio, derivado de las visitas y entrevistas efectuadas, como de investigaciones de la sociedad civil, es posible afirmar que dicha institución no está cumpliendo con su mandato a cabalidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal para que haga pública la información relativa a las acciones implementadas para dar cumplimiento a los compromisos enmarcados en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Refugiados y Migración, realizada en la ciudad de Nueva York en septiembre pasado, particularmente, en lo relativo a reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registra un mayor número de solicitudes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que garantice la presencia física de un mayor número de oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en las fronteras norte y sur del país que asegure la atención suficiente y adecuada que establecen las disposiciones legales aplicables.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de las medidas implementadas como respuesta a las acciones del Presidente de los Estados Unidos, se contemple un incremento en el número de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Notas:

1 https://dipublicus.wordoress.com/2013/03/27/derecho-internacional-de-los-refugi ados/

2 http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/refugiados/

3 Agencia de la ONU para los Refugiados (2015). Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2015. Forzados a huir. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 22 de febrero de 2017) http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/ Documentos/Publicaciones/2016/10627 )

4 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61817/AACOMAR.pdf

5 Knippen, José. (2015). Informe Un camino Incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México. [Electrónico].(Recopilado de world wide web el 18 de febrero de 2017 https://www,wola.org/sites/default/files/ Un%20camino520incierto Nov2015.pdf)

6 Informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México y con necesidades de protección internacional. (2016), [Electrónico].(Recopilado de World Wide Web el 18 de febrero de 2017 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe NNACMNA pdf), p. 105.

7 Por ejemplo, entre 2014 y 2015, el presupuesto de la COMAR no subió en términos reales. Knippen, Op. Cit., p. 14. En 2015, la COMAR recibió alrededor de 22 mdp, mientras que en 2016 pasó a 22.5 mdp, es decir tres mdp menos que el año anterior. http.//www.eluniversal. com.mx/artículo/periodismo-de-investigación/2016/06/20/México-tierra-de-refugia dos. Y, en 2017, recibió 25 millones de pesos nuevamente apenas los mismos niveles en términos reales que el año anterior. http://www.pressreader.com/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 02 de marzo de 2017.— Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

EFEMÉRIDES

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

«Efeméride con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de buen gobierno.

Kofi Annan

El Día Internacional de las Mujeres es un día para reflexionar en torno a los progresos alcanzados en la eliminación de las distintas brechas de desigualdad aun imperantes en todo el mundo, brechas en las que nuestro país sigue ocupando uno de los lugares preponderantes en cuanto al cumplimiento cabal de estas deudas y otros derechos de las mujeres.

El 8 de marzo, también es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo y que según Onumujeres: cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales, como esta que quiere crear Donald Trump, y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para recodar este día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Es importante mencionar, que las mujeres no sólo necesitamos hacer uso de la voz un día como hoy, sino que es necesario que esta sensibilidad, sobre todo de los diputados, permanezca todo el año en el trabajo legislativo, dando prioridad a la agenda de género, a la agenda de las mujeres en erradicar las brechas de desigualdad, en prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra.

Por otra parte, el mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres.

Precisamente, es por eso que este 8 de marzo las Naciones Unidas reflexionarán sobre cómo acelerar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para impulsar la aplicación efectiva de los nuevos objetivos. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la iniciativa Demos el Paso de ONU Mujeres y otros compromisos existentes en materia de igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres.

Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030 son:

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

También, este 8 de marzo, las mujeres de más de 40 países del mundo convocamos a un paro mundial: ¡Un día sin nosotras!

El objetivo de esta acción es para que en realidad se valore y se concientice sobre la importancia del trabajo que realizamos las mujeres en la actividad pública, en el trabajo doméstico no remunerado, en la industria, en el comercio, en el hogar, en la crianza, en las oficinas de las empresas y en las del gobierno, en los deporte, en las organizaciones sociales y, en general, en todas las actividades humanas donde el trabajo y poco reconocimiento de las mujeres ha sido más que evidente.

¡Ni una más! ¡Nunca más un mundo sin nosotras! Son algunas de las consignas que a manera de exigencia corearemos miles de mujeres en este país y por supuesto en esta Cámara y en todos los espacios donde interactuemos reclamando nuestro derecho a ser escuchadas y a ser tomadas en cuenta.

Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030.

Es cuánto.

Nota:

1Texto disponible en

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)»

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

«Efeméride con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Podemos narrar paso a paso el largo camino que las mujeres hemos tenido para la reivindicación de nuestros derechos, pero algo que siempre tendremos presente es el día 8 de marzo, fecha en que celebramos el reconocimiento de lucha y en que se levanta la voz a favor de la mujer; sin duda, es un día que no puede pasar inadvertido.

“El día internacional de la mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían Libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino”.

Esta lucha nos ha demostrado que con sororidad se puede superar cualquier reto presentado en el camino, que podemos trabajar hombro a hombro para obtener resultados mejores, para superarnos y buscar que las generaciones siguientes no pasen lo que muchas de nosotros hemos sufrido por ser mujeres.

La lucha de las mujeres en México, por el reconocimiento de nuestros derechos, ha sido larga y aún no concluye. Ha sido una revolución silenciosa, pacífica. Desde tiempos remotos las mujeres hemos luchado, primero, por nuestros derechos laborales, después por nuestro derecho a la educación, por reconocer nuestros derechos políticos y, finalmente por nuestro derecho a la salud, a una vida libre de violencia, por nuestros derechos humanos, por nuestra dignidad.

Hoy en día la mujer se encuentra representada en los diferentes poderes de gobierno, sin embargo, esto no es un garante de encontrar apertura y no discriminación en el ejercicio de nuestros derechos; es por eso que nosotras seguimos en pie de lucha, en este largo camino de reivindicación nos encontramos funcionarias públicas, empresarias, activistas, políticas, artistas, reporteras y muchas más mujeres que seguimos uniendo fuerzas por un país 50/50, en el que no sólo se reconozcan nuestros derechos, sino también en el que no exista violencia directa y única contra la mujer.

Tenemos claro que para poder generar una cultura de respeto a los derechos humanos de la mujer se deben realizar dos acciones paralelas indispensables:

• Generar una armonización jurídica para que exista congruencia con los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito en materia de derechos de la mujer.

• Establecer políticas públicas con enfoque de género.

Dentro del Poder Legislativo la Comisión de Igualdad de Género ha luchado incansablemente por una armonización y uniformidad legislativa con perspectiva de género, sin embargo con el avance social y su desarrollo, los retos cambian y las necesidades exigen aún más, por eso en esta LXIII Legislatura seguimos trabajando de manera incansable para hacer de esto una realidad –reivindicar los derechos laborales de nosotras las mujeres– para construir un país de trabajo distinto para nosotras, generando una mayor apertura laboral, alentando a ir más allá de las opciones tradicionales, en el área de servicio y atención, logrando así conseguir empleos en las diferentes esferas laborales.

La aplicación de la acción positiva para las políticas públicas han jugado el papel principal de la reivindicación de los derechos de la mujer en la administración pública y desde la Cámara de Diputados hemos luchado en promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

No hemos alcanzado el objetivo por completo, sin embargo, seguimos trabajando por hacerlo, mujeres como tú, como yo, seguimos firmes debemos “contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres promuevan la incorporación de la perspectiva en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional”.

Notas

1 ONU Mujeres, 2011.

2 Inmujeres, 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.— Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 15:53 horas): Se levanta esta sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 14 de marzo de 2017 a las 11 horas.

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