Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Muy buenos días. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 346 diputadas y diputados, por lo tanto, presidenta diputada, hay quórum.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 12:22 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 16 de marzo de 2017.

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con modificación de turno de iniciativa.

De los diputados Rafael Hernández Soriano, Patricia García García, Norma Rocío Nahle García, Jesús Sesma Suárez, Moisés Guerra Mota y Omar Ortega Álvarez

Solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Gobernación

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado Veracruz

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para promover la cultura de la denuncia de los actos violentos en contra de las niñas, niños y adolescentes.

Del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para incluir en su legislación la alienación parental como forma de violencia familiar.

De la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se diseñen políticas estatales en materia de cambio climático.

Del Gobierno del Estado de México

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para diseñar políticas públicas en materia de cambio climático.

Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se difunda el calendario de las convocatorias dirigidas a instituciones de educación superior y personas interesadas en participar en los diferentes programas de fomento y apoyo a los investigadores del país.

De la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para redoblar esfuerzos en materia de políticas y programas sociales encaminados a atender a los adultos mayores.

Protesta de diputada

Homenaje al Periódico Excélsior por el Centenario de la Aparición de su Primer Ejemplar.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que adiciona un tercer párrafo al artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Lía Limón García e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un Capítulo VIII al Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

De Decreto por el que se declara el día 20 de marzo de cada año como el “Día del Internacionalista Mexicano”, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 7 Bis y 7-Ter de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 60 Bis 3 de la Ley General de Vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Ley del Seguro Social y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 78 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año, como “El Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional”, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Blandina Ramos Ramírez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o. y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29, 73 y 112 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que adiciona un artículo 1o. Ter a La Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 y 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 183 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 260 y 261 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o., 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 67, 112 y 113 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona un artículo 11 Bis y reforma el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú y Waldo Fernández González, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 45 bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández Leon, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonal, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 90, 91 y 92 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 335 Bis y reforma los artículos 337 y 338 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, César Camacho e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma un artículo 367 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo Décimo Transitorio del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 16 de junio de 2016, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Paloma Canales Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Que reforma y adiciona los artículos 74 y 146-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 64 Bis 1 de la Ley General de Salud, 31 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 89 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 39 de la Ley del Banco de México, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 3o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 46 y 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia de armonización legislativa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de regular el servicio de transporte terrestre al público en aeropuertos, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Alberto Blanco Zaldívar y Juan Corral Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 y adiciona un artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México, a cargo del diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús S. Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 213 y 244 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 2o. y 18 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o. y 28 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de contratación de migrantes repatriados, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por las diputadas Santos Garza Herrera, Flor Estela Rentería Medina y Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Martínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 6o., 21, 146 y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Armando Luna Canales, Juan Pablo Piña Kurczyn, José Refugio Sandoval Rodríguez y Vidal Llerenas Morales, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena, respectivamente.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 211 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 166 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 227 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, así como a Capufe, a realizar las acciones necesarias a efecto de que se realice el descuento conducente al peaje de las autopistas del país, cuando éstas se encuentren en obras o no cuenten con las condiciones óptimas para su circulación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Profeco, a emprender diversas acciones en defensa de los usuarios de aerolíneas comerciales, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas estancias de la administración pública federal, a intervenir y resolver de manera coordinada y conjunta, la situación de pobreza y abandono que presentan los habitantes de la meseta de Cacaxtla, Sinaloa, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sener y a Pemex, para que definan el estado actual del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, en lo que respecta a sus avances, el monto total de inversión, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la resolución de las controversias constitucionales en posesión de los Ministros de la SCJN promovidas por el Presidente de la República y por el Senado de manera pronta y expedita, a fin de generar certeza jurídica a las audiencias, los concesionarios y el ente regulador, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Condusef, al Bansefi, a difundir los principales motivos por los que se incrementó en 81.6%, las reclamaciones a Bansefi, y el porcentaje de éstas que son relativas a la entrega de apoyos de los programas federales, así como las medidas que están tomando a favor de los usuarios de la banca de desarrollo para reparar las deficiencias de la institución, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de México, a tomar medidas necesarias para reducir los gastos de campaña de los Partidos Políticos en el proceso electoral de la entidad, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Organismos Constitucionales Autónomos, a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en un 70 % los montos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental para el presente ejercicio fiscal 2017, para que dichos recursos se reasignen a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos y a programas de apoyo y reinserción de los mexicanos repatriados, a cargo del diputado Clemente Casteñeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados, a las legislaturas locales, a los presidentes municipales y entes públicos de las entidades federativas y municipios, realicen las acciones necesarias para cumplir con los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Pablo Basáñez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a definir acciones concretas para determinar el nivel de cumplimiento de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres, a que respete los derechos constitucionales de sus docentes y a que ninguna manera se vulnere lo establecido en el apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Magdalena Moreno Vega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la demarcación territorial Venustiano Carranza, para que de manera inmediata lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y la Merced, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a exhorta a los Congresos locales de diversas entidades federativas, a homologar sus legislaciones locales con los principios constitucionales de derechos humanos, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con los Tratados Internacionales suscritos por el gobierno mexicano para eliminar el matrimonio infantil, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud se coordine con las autoridades locales, con el objetivo de realizar campañas regionales para prevenir la propagación del virus de la influenza, suscrito por los diputados Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores, Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Policía Federal, para que evalúen la implementación, instalación y operación de un sistema de semaforización y alerta en las carreteras federales185, 185-D y 190, en la zona conocida como “La Ventosa”, en el municipio de Juchitán de Zaragoza y municipios aledaños, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de políticas públicas que concienticen a la población indígena a respetar la dignidad humana de las mujeres indígenas de la región de la montaña del Estado de Guerrero, la importancia de desterrar cualquier práctica que tienda a utilizarlas en matrimonios forzados, y los delitos que pueden configurase en caso de ser explotadas o utilizadas en acciones en contra de su voluntad, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al incremento de feminicidios en el Estado de México, suscrito por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, inicie el procedimiento de actualización de la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para garantizar la libertad de expresión, el ejercicio de la labor periodística y la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en México, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Con motivo del 18 de marzo, Aniversario de la Expropiación Petrolera en 1938, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 18 de marzo, “Día de la Expropiación Petrolera”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo de la Conmemoración de la Expropiación Petrolera en México, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

La diputada Ernestina Godoy Ramos(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Ernestina Godoy.

La diputada Ernestina Godoy Ramos (desde la curul): Gracias, señora presidenta, buenos días. Solo para manifestar que el día de hoy he presentado una solicitud para que, en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere en su calidad de representante de esta Cámara, se sirva requerir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reconozca a este órgano legislativo federal como tercero interesado en los procedimientos constitucionales interpuestos para impugnar la Constitución de la Ciudad de México.

Al haber participado diputados federales en representación de esta Cámara en la Asamblea Constituyente, resulta claro que este órgano, como integrante del Poder Legislativo, tiene interés en la defensa de la Constitución aprobada. Nos preocupa que las controversias presentadas desde los poderes federales buscan suprimir los avances en derechos y libertades, entraña una visión centralista, conservadora y autoritaria. Niega a la ciudad su autonomía para dotarse de una Constitución que reconoce los derechos ya establecidos en la Carta Magna federal, pero también los amplía y desarrolla.

Espero que los diputados constituyentes se porten a la altura, los diputados que fueron nombrados por esta asamblea y defiendan lo que fue aprobado en la Asamblea Constituyente. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se recibe la comunicación y será motivo de análisis por esta Mesa Directiva, gracias, diputada.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz(desde la curul): Presidenta

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Karina Barón.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Gracias, presidenta. Para comentar una situación muy grave que está sucediendo y que tiene que ver con el diputado Javier Guerrero, que desde el mes de diciembre pidió licencia a este recinto y que pertenecía al Grupo Parlamentario del PRI.

A partir de esa fecha ha habido una parálisis total en la Comisión de Desarrollo Social y esto ha impedido que las subcomisiones podamos continuar los trabajos legislativos, por lo que le pido a la Mesa haga un exhorto al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, para que designe, precisamente, al diputado o diputada que va a seguir coordinando la Comisión de Desarrollo Social y podamos avanzar, ya que ahí se concentran temas importantísimos y trabajo legislativo que no se ha podido avanzar a estas alturas del mes de marzo.

En su defecto o de lo contrario, si el grupo parlamentario no decide o sigue atrasando los trabajos, pues yo convocaría a los secretarios y secretarias de la comisión para que, conforme al Reglamento de Cámara, pudiéramos convocar a sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Barón. Queda asentada su expresión, misma que ha sido escuchada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política y por el grupo parlamentario al que hace mención. Gracias, diputada.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, señora presidenta. El motivo de mi intervención es para denunciar lo que está pasando en la zona Zoque, del estado de Chiapas, ya que existe un despojo de tierras, de bienes y de recursos naturales a varios pueblos, ya que gracias a la reforma energética que muchos acá aprobaron, sus partidos aprobaron, ahora cientos de pueblos están enfrentando un proyecto de muerte.

Estarles quitando doce pozos petroleros que van a impactar ecológicamente gravemente a esas comunidades, a esta región, y el pueblo se ha organizado y ha protestado y el gobierno federal, aquí lo digo con claridad, ha respondido con represión y con intimidación.

Es la fecha que la compañera Silvia Juárez Juárez está detenida y hay 32 órdenes de aprehensión en contra de compañeros que han protestado. Desde acá, como diputado exijo la liberación de Silvia Juárez y también exijo que cese de la represión contra los compañeros. Y lo más importante, que se detengan estos proyectos de muerte, que lo único que harán es traer destrucción y mortandad a nuestro pueblo. Gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Santiago, sus expresiones ya han quedado asentadas en el Diario de Debates.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Continuando con el orden del día, el siguiente punto es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes catorce de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos dieciocho diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del martes catorce de marzo de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De Mesa Directiva con la que comunica que recibió Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos que le fueron turnadas, relacionadas con el proceso de examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mi diecisiete. De enterado. Se tienen por atendidas, actualícense los registros parlamentarios y archívense los expedientes como como asuntos totalmente concluidos.

b) De la Junta de Coordinación Política, con la que comunica cambio de integrantes en el Parlamento Latinoamericano que se encuentra publicado en las pantallas de las curules. De enterado. Comuníquese.

c) De las diputadas y los diputados:

• Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos veintiséis, veintiocho, veintinueve, y treinta y cuatro de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis.

• Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos veinte, veintinueve, setenta y cuatro, y ciento nueve de la Ley de Migración, en materia de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, presentada el seis de octubre de dos mil dieciséis.

• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

• Juan Carlos Ruiz García, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo tercero al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer en dicho cuerpo normativo el idioma español como lengua oficial de la nación y el reconocimiento de las lenguas indígenas, presentada veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.

• Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios la iniciativas con proyecto de decreto:

– Que reforma y adiciona los artículos cuatrocientos ochenta y tres, y cuatrocientos ochenta y cuatro de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, presentada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis.

– Que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar a todos los policías municipales del país al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por los diputados Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, presentada cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

– Que adiciona la fracción vigésima novena-P bis al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Suscrita por los diputados Daniela de los Santos Torres e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, presentada el ocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas las iniciativas, actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite dieciocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento, y a los promoventes, según corresponda.

e) De la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite veintisiete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento, y a los promoventes, según corresponda.

f) De la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para realizar campañas informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para proteger a las especies en peligro de extinción. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

h) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, además de los reportes de información específicos. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

i) De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la que remite el Quinto Reporte Bimestral sobre el seguimiento a los plazos y compromisos de información previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil dieciséis. De enterado, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios los diputados: Roberto Guzmán Jacobo, de Morena; y Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México. La Presidenta hace aclaraciones.

j) De la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal electa en el Segundo Distrito Electoral del estado de Tlaxcala, a partir del once de marzo del año en curso, llámese al suplente. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

k) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma la fracción tercera del artículo ochenta y cuatro de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen; y a la Comisión Especial contra la Trata de Personas, para opinión.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Igualdad de Género, para dictamen.

l) Del Congreso del estado de Jalisco, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos dieciocho, veintidós, ciento ocho, y ciento diez, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

m) Del senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Décimo Segundo al Título Séptimo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

b) De Energía, por el que se adiciona una fracción cuarta al Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

La Presidencia informa a la Asamblea que conforme a lo acordado por la Junta de Coordinación Política, se procederá a la continuación de la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto abordados en la sesión del día nueve de marzo del año en curso, para posteriormente proseguir con los demás dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género enlistados en el Orden del Día.

En virtud de que los posicionamientos de los grupos parlamentarios fueron desahogados en la sesión anterior, se procede a la discusión en lo particular del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se adiciona una fracción quinta al artículo cincuenta a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos cincuenta y segundo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión y se desechan.

A las doce horas con diecisiete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos ocho diputadas y diputados.

En votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular los dictámenes, y se someten a votación nominal:

a) De la Comisión de Igualdad de Género con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción quinta al artículo cincuenta a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En votación nominal por cuatrocientos cinco votos a favor; dos en contra; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de perspectiva de género. En votación nominal por cuatrocientos siete votos a favor; y ocho en contra, se aprueba en lo general y en lo particular. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones el ciudadano Victorino Cruz Campos, diputado federal electo en el Vigésimo Primer Distrito Electoral del estado de Veracruz. Se designa una comisión que lo acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Desde su curul la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia que se posponga la discusión de dictámenes enlistados en el Orden del Día con los números tres y cuatro. Sobre el tema, realizan diversos comentarios desde sus curules las diputadas y los diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; Cristina Ismene Gaytán Hernández y Omar Ortega Álvarez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Norma Rocío Nahle García, de Morena; César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Araceli Damián González, de Morena; Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; y Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidenta hace aclaraciones y somete a consideración de la Asamblea, si se autoriza se posponga para la Sesión del jueves dieciséis de marzo, la discusión de los dos siguientes dictámenes enlistados en el Orden del Día de hoy de la Comisión de Igualdad de Género, los cuales son :

a) Por el que se reforman los artículos cuarenta y seis, cuarenta y nueve, y cincuenta de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

b) Por el que se reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En votación económica, se aprueba.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Igualdad de Género por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia y discriminación salarial. Se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, para fundamentar el dictamen y presentar propuesta de modificación al artículo seis fracción cuarta del proyecto en nombre de la Comisión. Por instrucciones de la Presidenta la Secretaría da lectura a las propuestas, que en votación económica se aceptan. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios interviene la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social;

La Presidenta agradece la presencia, en el Salón de Sesiones, del excelentísimo señor Daniel Hernández Joseph, embajador de México en la República Helénica, quien ha participado en la reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Grecia, que preside el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática.

Continúa la fijación de postura de sus respectivos grupos parlamentarios las diputadas y el diputado: Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena; Sasil Dora Luz de León Villard, del Partido Verde Ecologista de México; Karen Orney Ramírez Peralta, del Partido de la Revolución Democrática; Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Partido Acción Nacional; y Susana Osorno Belmont, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general el proyecto de decreto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. La Presidenta informa que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: diez y once, así como veintiocho, y treinta y tres, mismos que no están incluidos en el dictamen, y la adición de un segundo transitorio. En votación nominal por cuatrocientos veintitrés votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Desde su curul realiza comentarios la diputada Julieta Fernández Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación a la tragedia que ocurrió el día ocho de marzo en Guatemala, donde cuarenta niñas y adolescentes del Hogar Seguro Nuestra Señora de la Asunción perdieron la vida; y solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en su memoria. La Presidenta hace aclaraciones.

Continúa la discusión en lo particular y se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación de los artículos reservados a la diputada y a los diputados:

• José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, al artículo diez del proyecto de decreto, que en votación económica se admite a discusión e interviene en pro la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo particular, y de la misma manera se acepta la propuesta y se reserva para su votación en conjunto.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, al artículo once del proyecto de decreto, que en votación económica se admite a discusión. Sin oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo particular, de la misma manera se acepta la propuesta, y se reserva para su votación en conjunto.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, al artículo once, así como a los artículos veintiocho, y treinta y tres no incluidos en el dictamen, y adición de un segundo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto, en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos setenta y seis votos a favor; y treinta y cuatro en contra, se aprueba en lo particular los artículos reservados: diez y once con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia y discriminación salarial. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

A solicitud de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, la Presidenta invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de las niñas y adolescentes del Hogar Seguro Nuestra Señora de la Asunción, que perdieron la vida el pasado ocho de marzo.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y de los diputados:

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo sesenta y uno de la Ley de Instituciones de Crédito Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Laura Nereida Plasencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Igualdad de Género, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, que reforma el artículo dieciséis de la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo cincuenta y dos bis y reforma el artículo ochenta y cuatro de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• María del Rosario Rodríguez Rubio, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos veintiuno de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y veinte de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Deporte, para dictamen.

• Enrique Rojas Orozco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo primero y adiciona un artículo treinta y tres bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Gloria Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo ciento treinta y tres de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Jacqueline Nava Mouett, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

• Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículos cuarenta y uno bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Pesca, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Marina, para dictamen; y a la Comisión de Pesca, para opinión.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, que reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, que reforma el artículo cuarenta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Abdíes Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, que adiciona los artículos cuarenta, y cuarenta y cinco de la Ley Federal de Consulta Popular. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, que reforma y adiciona el artículo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se da cuenta al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de Junta Directiva de Comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

La Presidenta instruye a la Secretaria a dar lectura a los resolutivos de los siguientes Acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que evalúe la posibilidad de implementar mecanismos tendientes a fortalecer el Programa U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, para atender la declaratoria de emergencia epidemiológica EE42016, destinada a reducir el impacto en la población de los efectos nocivos en la salud, causados por el sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus.

• Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, así como a los ganadores de las licitaciones del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México, a promover la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales en la ejecución de las obras, a fin de fortalecer la economía nacional.

• Por el que la Cámara de Diputados rechaza la realización del concurso Mini Belleza Latina México, o de cualquier evento que promueva o atente contra el principio del interés superior de la niñez, así como en contra de los principios rectores establecidos por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En votación económica se aprueban los acuerdos. Comuníquense.

Desde su curul la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional realiza comentarios sobre el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al Programa U008 Prevención y Control e Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.

De conformidad con los artículos cien y cientos dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social:

– Que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, y cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo treinta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma los artículos cincuenta y nueve, ciento quince, y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma los artículos treinta y dos, y treinta y tres de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

– Que reforma y adiciona el artículo once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos diecinueve, treinta y tres, y treinta y cuatro de la Ley General de Desarrollo Social y segundo, y adiciona un treinta-bis a la Ley de Migración. Se turna a la Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, para dictamen; y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.

– Que adiciona el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos dieciséis, dieciocho, diecinueve, y veinte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo treinta y cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo trescientos veintiocho de la Ley General de Salud, en materia de donación y trasplantes de órganos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Alfredo Anaya Orozco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a llevar a cabo los estudios pertinentes para medir el potencial de energía geotérmica del área Los Negritos, en Villamar, Michoacán. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Adriana Elizarraráz Sandoval, y Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y a los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, para que garanticen y fomenten la participación de los deportistas individuales y de conjunto en la Olimpiada Nacional dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Congreso del estado de Guerrero, para que en el análisis y discusión de las iniciativas de ley y reforma en materia de reconocimiento, derechos y cultura indígena, se respeten todos los derechos indígenas contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Norma Xóchitl Hernández Colín, Alicia Barrientos Pantoja y Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, a derogar los artículos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que ha sido declarados inconstitucionales en materia de fotomultas. Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

• Melisa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la Secretaría de Salud, se brinden servicios de salud mental y acompañamiento emocional a los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de América, así como aquellos que sean deportados al territorio nacional. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a diseñar e implementar un programa de apoyo e inserción productiva para los migrantes deportados por el gobierno de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• María Verónica Agundis Estrada, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que incluya en su portal del programa Viajemos Todos por México, un vínculo que fortalezca la distinción otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a las diez ciudades mexicanas patrimonio mundial de la humanidad, con la leyenda "Conoce tu patrimonio". Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a distintas autoridades gubernamentales, a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el diecinueve de junio de dos mil dieciséis en diversas localidades del estado de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen; y a la Comisión Especial de Seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado diecinueve de junio de dos mil dieciséis.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a implementar las acciones necesarias para erradicar la violación de derechos humanos de los derechohabientes y la erradicación de la violencia obstétrica en clínicas y hospitales del instituto. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que diseñe e implemente las políticas públicas necesarias, que atiendan puntualmente a los migrantes en retorno. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• David Jiménez Rumbo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, así como a diversas Secretarías, para que de forma conjunta refuercen las medidas preventivas para llevar a cabo la revisión exhaustiva de aquellas personas que presenten proyectos productivos y que las mismas no estén vinculadas con la delincuencia organizada. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por el que se exhorta al gobierno municipal de La Barca, Jalisco y a la Conagua, a tomar medidas necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia, para garantizar el abasto de agua potable entre los habitantes de dicho municipio. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a promover convenios con prestadores del servicio público de transporte aéreo y del autotransporte terrestre con el fin de otorgar descuentos a personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Economía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que por su conducto y en el ámbito de su competencia, atiendan la situación que se vive a nivel nacional por el incremento en las tarifas de venta final de gas LP. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a incluir dentro del plan de estudio escolar de nivel básico como materia extracurricular, la técnica deportiva del yoga, a efecto de contribuir al desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes y combatir el acoso escolar. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ulises Ramírez Núñez, del Partido acción Nacional, por el que se exhorta al Congreso del estado de México, a transparentar en su sitio de internet, el trabajo realizado por las legisladoras, legisladores y comisiones del Congreso, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura del estado de Guerrero, para que a través de la Visitaduría General realice una inspección del Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia de Tabares, para que examine si en forma y términos establecidos por la Ley, se han dictado las resoluciones y acuerdos en las causas penales, particularmente en la 9/2013-II. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Exaltación González Ceceña y diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fortalecer la coordinación y relación con los legisladores integrantes de los Grupos Parlamentarios de la H. Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Miguel Alva y Alva, de Morena, relativo a la privatización del agua por parte del Congreso del estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, por el que se exhorta a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua, a calificar el impacto ambiental sobre la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands, así como en la construcción del acueducto Ejido Villa Hermosa-Mexicali, en Mexicali, Baja California. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, gire instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que suspenda la compra de armas de origen alemán que se pretende realizar, y su fabricación, hasta en tanto haga público el destino final de dicho material bélico. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a que atraiga el caso del asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto, y a realizar todas las diligencias necesarias para capturar a los responsables. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen; y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.

La Presidenta cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de jueves dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cuarenta y ocho minutos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia informa que se recibió escrito de las ciudadanas Maribel Martínez Ruiz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Gabriela Moreno Mayorga, con el que presentan iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones para fijar el precio de competencia de la gasolina en 10 pesos, así como 10 cajas cerradas y selladas que dicen contener las firmas que la respaldan.

Con fundamento en el artículo 132, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se remitió al Instituto Nacional Electoral a efecto de que éste verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica modificación de turno de iniciativa.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno al siguiente asunto:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, el 2 de marzo de 2017.

“Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.”

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de la iniciativa mencionada. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe, por favor, la Secretaría.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, y de conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, solicito se tenga por retirada de todos los registros parlamentarios la siguiente iniciativa presentada por el suscrito, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 22 de noviembre del 2016:

1. Que expide la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes. Turnada a la Comisión de Juventud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin otro particular, y seguro de contar con sus finas atenciones, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2017.— Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

La que suscribe, diputada Patricia García García, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones, para hacer efectivo mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el dictamen correspondiente.

Le envío un cordial saludo y le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.— Diputada Patricia García García (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de ser retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción XXI al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público y una fracción XV al artículo 42 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada el 2 de septiembre de 2016 y turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de ser retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 47 y un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada el 3 de agosto de 2016 y turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, sea retirada la siguiente iniciativa, presentada el pasado 4 de noviembre de 2016 y turnada a la Comisión de Salud.

• Que adiciona el artículo 104 de la Ley General de Salud, para establecer el registro nacional de niñas, niños y adolescentes con cáncer. Suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualice los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente, ordene se retire de los registros parlamentarios el punto de acuerdo siguiente:

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, al SAT y a la Unidad de Responsabilidades de Pemex, a iniciar una investigación sobre la contratación efectuada por Pemex Exploración y Producción, al amparo de la licitación pública internacional con TLC 18575004-519-13, a favor de empresas propiedad de Maclovio Yáñez Mondragón, ex subdirector de la región norte de Poza Rica de dicha empresa.

La proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 23 de febrero de 2017.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.— Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Quien suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente que tenga a bien dictar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades gubernamentales a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en diversas localidades del estado de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2017.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-1450 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG-UEL- 003-2017 suscrito por la licenciada Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a realizar las acciones necesarias a fin de prevenir y restaurar las afectaciones al medio ambiente, ocasionadas por el derrame de combustóleo en la laguna de Cuyutlán el miércoles 3 de agosto pasado, en el municipio de Manzanillo, en Colima.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Pemex.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio de fecha 20 de diciembre de 2016, número SELAP/UEL/ 311/2459/ 16, por el que comunica el oficio número DGPL 63-II-6- 1450, suscrito por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso, que hace referencia al acuerdo aprobado por el pleno en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, que a continuación transcribo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que, en el ámbito de sus facultades, realicen las acciones necesarias a fin de prevenir y restaurar las afectaciones al medio ambiente, ocasionadas por el derrame de combustóleo en la laguna de Cuyutlán el miércoles 3 de agosto del presente año, en el municipio de Manzanilla, en el estado de Colima...

Al respecto me permito señalar lo siguiente:

Sobre el particular le informo que en esta dirección no contamos con información relativa al derrame referido, ya que el incidente lo atendió de forma directa la Comisión Federal de Electricidad por corresponder a su ámbito de competencia el evento en la laguna de Cuyutlán, que se trató en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

En cualquier caso, en Petróleos Mexicanos (Pemex) tenemos la convicción de que nuestro actuar debe partir de la premisa de responsabilidad corporativa, la cual está presente en todos los ámbitos de la empresa y es un elemento fundamental en el desarrollo de nuestras actividades. Un pilar relevante de la responsabilidad corporativa se basa principalmente en el compromiso con la seguridad de los trabajadores e instalaciones, el medio ambiente, el desarrollo sustentable y el cuidado de todos los grupos de interés con los que interactuamos.

La seguridad industrial es un esfuerzo permanente desde hace más de 20 años, tiempo en el que hemos evolucionado y madurado de forma continua. Hoy podemos decir que contamos con un sistema robusto de gestión de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental. La efectividad en la implantación de este sistema, basado en mejores prácticas en materia de prevención de riesgos, ha generado un cambio de cultura no sólo en Pemex, sino en la Industria, mismo que permitió cambiar la tendencia de accidentabilidad y mantener indicadores de desempeño en este ámbito en línea, y en muchas ocasiones, por debajo de referencias internacionales. Con liderazgo, y un reforzado compromiso de toda la organización, Pemex ha logrado reducir los riesgos a las instalaciones de forma efectiva.

Esperando que la información proporcionada en el presente oficio sea de utilidad, quedamos a sus órdenes.

Atentamente

México, DF, a 6 de marzo de 2017.— Licenciada Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-1958 signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SCR/ 088/ 2017 suscrito por el licenciado Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a implantar las acciones y medidas necesarias a fin de incrementar el turismo social en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/ UEL/ 311/ 143/17, mediante el cual informa que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la unión emitió el punto de acuerdo que a continuación se transcribe para pronta referencia:

• La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, implemente las acciones y medidas necesarias a fin de incrementar el turismo social en México, para que todos los mexicanos tengan derecho al turismo mediante el desarrollo de políticas públicas que fomenten la recreación y el esparcimiento.

Sobre el particular, y toda vez que en el marco de las atribuciones encomendadas a la Subsecretaría de Calidad y Regulación, se ha designado a esta área como Enlace para la debida atención de las solicitudes de carácter legislativo que sean competencia de la Secretaría de Turismo, me permito hacer de su conocimiento que la Estrategia Nacional de Turismo Social está en marcha, como parte fundamental de la política turística de la segunda mitad de esta Administración, habiendo sido aumentado su alcance a Movimiento Nacional por el Turismo, bajo la campaña de “Viajemos todos por México”, el cual fue anunciado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la inauguración de la edición número 41 del Tianguis Turístico, el 25 de abril de 2016, presentándose formalmente desde entonces en cada uno de los estados que integran la federación, apoyados por los gobiernos locales y contabilizando un total de 23 entidades a fecha presente.

Este movimiento se apoya a través de una campaña de posicionamiento coordinada por el Consejo de Promoción Turística de México, y funciona privilegiando la perspectiva de mercado mediante el aprovechamiento de la capacidad e infraestructura subutilizadas, así como coordinando esfuerzos para fomentar la participación de todos los prestadores de servicios, asociaciones e instituciones relacionadas con el sector turístico, provocando precios accesibles que facilitan la oportunidad de viajar a más mexicanos, de diferentes capacidades adquisitivas.

Asimismo, se han firmado convenios con organizaciones sindicales emblemáticas llevando los beneficios del turismo a grupos sociales que antes no tenían un fácil acceso, además que, en coordinación y con el patrocinio de diferentes actores de la industria y de autoridades turísticas de los tres niveles de gobierno, se está movilizando a grupos y comunidades en condición de vulnerabilidad, visitando diferentes atractivos regionales y destinos turísticos nacionales.

Por otro lado, la Subsecretaría de Planeación y Política Turística (SPPT) de esta dependencia, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, ha contribuido al desarrollo del turismo social mediante el fomento de acciones específicas relacionadas con el derecho que tienen los jóvenes y las personas con discapacidad para aprovechar el turismo como un medio de recreación y desarrollo personal. Lo anterior, en alineación a los programas nacionales de juventud 2014-2018 y de la inclusión de las personas con discapacidad 2014-2018.

Para mayor referencia, adjunto al presente el formato que contiene las acciones realizadas en 2016 en materia de jóvenes y personas con discapacidad en el sector turístico, las cuales se realizaron en el marco de los grupos de trabajo respectivos que coordina la SPPT.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, 7 de marzo de 2017.— Licenciado Salvador Sánchez Estrada (rúbrica), subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Veracruz.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 39, fracciones XIV y XIX, del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz; en atención de su oficio número DGPL 63-II-3:1762 y del memorando PEPNNA/ PAMA: 359. 17, signado por la procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito comunicarle atentamente que a través de la circular PEPNNA/ PAMA: 0823. 17, emitida por la citada procuradora, se solicitó a los procuradores municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que organicen talleres, pláticas o cualquier otra actividad que resulte necesaria, a fin de prevenir la violencia en los hogares, así como establecer mecanismos de denuncia confidenciales, asequibles y compatibles con la niñez y juventud veracruzanas, coordinándose con la Procuraduría General de la República para tal efecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, a 6 de marzo de 2017.— Pedro Aquino Alvarado (rúbrica), director jurídico y consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz.»

«Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Veracruz.

Licenciado Juan Pablo García Arango, subdirector de Apoyo Jurídico Institucional.— Presente.

Con fundamento en el artículo 40 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz; en atención de su memorando número 121/ 2017, de fecha 28 de febrero del año que se cursa, por el que remite el oficio DGPL 63-II-3-1762, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en el que se exhorta a diversas secretarías de Educación, a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a los Sistemas Estatales DIF, a establecer una coordinación con la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia de los estados y de la Ciudad de México, para establecer mecanismos de denuncia confidenciales, asequibles y compatibles con la niñez y la juventud, así como promover campañas y cursos para prevenir la violencia en los hogares, por este medio me es grato comunicarle que el oficio mencionado se recibió en la procuraduría a mi cargo el 21 de febrero del año que transcurre, por lo que se emitió el oficio circular PEPNNA/ PAMA 0823. 17, de fecha 24 del mismo mes y año, a los procuradores municipales de Protección para que se sirvan organizar, talleres, pláticas o cualquier otra actividad encaminada a dar a conocer o divulgar la información en comento, promoviendo campañas y cursos para padres, madres y tutores de menores de edad a fin de prevenir la violencia en los hogares, así como estrechar los nexos con las instituciones de procuración de justicia, para obtener mecanismos asequibles con los niños y los adolescentes, debiendo informar sobre las acciones implantadas para lograr tal fin, de la cual tienen conocimiento nuestra directora general y la vicepresidenta de la Cámara de la Unión.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, a 3 de marzo de 2017.— Licenciada Irma Méndez Rojas (rúbrica), procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.»

«Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Veracruz.

Estimados Procuradores Municipales.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en la sesión celebrada el 9 de febrero de 2017 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se aprobaron los siguientes acuerdos: “ Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, y a las Secretarías de Educación de las entidades federativas y de la Ciudad de México a instaurar en el ámbito de sus atribuciones medidas para promover entre los niños y los adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra que se presenten en sus hogares. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Protección de Niñas; Niños y Adolescentes federal, estatal y de la Ciudad de México a establecer coordinación con la Procuraduría General de la República, y con las Procuradurías de Justicia de los Estados y de la Ciudad de México para que utilicen mecanismos de denuncia confidenciales, asequibles y compatibles con los niños y los adolescentes en todos los ámbitos de su actuación, proveyendo apoyo legal. Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional, estatales, de la Ciudad de México y municipales a promover en el ámbito de sus atribuciones campañas y cursos para padres, madres y tutores de menores de edad a fin de prevenir la violencia en los hogares”.

Por lo expuesto solicito a ustedes de la manera más atenta su valiosa colaboración, exhortándolos para que en el ámbito de su competencia y en la medida de sus posibilidades realicen la promoción y difusión campañas y cursos para para padres, madres y tutores de menores de edad a fin de prevenir la violencia en los hogares.

En razón de lo antes expuesto, por este medio se les exhorta a efecto de que se sirva organizar, talleres, pláticas o cualquier otra actividad encaminada a dar a conocer o divulgar la información en comento, promoviendo campañas y cursos para padres, madres y tutores de menores de edad a fin de prevenir la violencia en los hogares, así como estrechar los nexos con las instituciones de procuración de justicia, para obtener mecanismos accesibles con las niñas, niños y adolescentes, debiendo informar con la mayor brevedad sobre el cabal cumplimiento de lo anotado con antelación, anexando para tal efecto las evidencias documentales (fotografías, lista de asistencia e informe narrativo, o cualquier otro medio) de las actividades implantadas para lograr tal fin y ser enviadas al correo jea966@hotmail.com

Sin más por el momento, aprovecho el conducto para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, a 24 de febrero de 2017.— Licenciada Irma Méndez Rojas (rúbrica), procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con motivo del oficio número DGPL 63-II-1-1897, expediente número 4282, que remite el contenido del exhorto emitido por acuerdo de fecha 9 de febrero de 2017 por los diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que como representante del Poder Judicial de Hidalgo me confiere el artículo 93, párrafo segundo de la Constitución Política del estado y con respeto de la autonomía del Poder Legislativo, con relación al acuerdo en comento respetuosamente expongo:

El Poder Judicial de Hidalgo tiene acciones permanentes para conferir prioridad al interés superior del menor, detectando los casos de manipulación parental como forma de violencia familiar, cuando alguno de los padres manipula a un menor de edad con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.

Al efecto, en los consejos de familia del estado, órganos auxiliares de la administración de justicia, que cuentan con profesionales en la materia, al valorar psicológicamente por mandamiento judicial a los menores de edad, se advirtieron en Hidalgo 45 casos de esa naturaleza, los que, para las consecuencias jurídicas correspondientes, de inmediato fueron diagnosticados y reportados ante los propios jueces que ordenaron la valoración psicológica.

Por lo anterior, derivado del contenido del punto segundo del exhorto, me permito comunicarle que el Poder Judicial de Hidalgo asumirá en el ámbito de su competencia la promoción e instauración de protocolos de actuación destinados al seguimiento de los casos en que se advierta la manipulación de referencia, lo que desde luego causará un efecto positivo en nuestras acciones para dar prioridad al interés superior de la niñez, a fin de interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio del derecho de convivencia de un menor con sus padres.

Con lo anterior, solicito que se tenga como cumplido el atento exhorto enviado por la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 24 de febrero de 2017.— Magistrada Blanca Sánchez Martínez (rúbrica), Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al oficio número DGPL 63-II-3-1784, de fecha 9 de febrero de 2017, referente al dictamen de la Comisión de Cambio Climático que aprueba la proposición del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sobre el siguiente exhorto:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México para que diseñen políticas estatales en materia de cambio climático y se destinen para su ejecución recursos específicos en los proyectos de presupuesto de egresos de cada uno de los estados con la finalidad de que nuestro país contribuya a mitigar el cambio climático y pueda enfrentar sus efectos adversos.

Sobre el particular y para los efectos conducentes, le comento que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Plan de San Luis, el pasado sábado 17 de diciembre de 2016, se clasificó en 51 Programas Presupuestarios; a través de ellos se organizan, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas a cargo de los ejecutores del gasto público para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

En el anexo 11, del Presupuesto se describen los elementos programáticos relevantes de los Programas Presupuestarios, en el cuál se asienta lo siguiente:

Programa Presupuestario PP03.36 Cambio Climático.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Eje rector San Luis Sustentable.

Cabeza de sector Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.

Vertiente 3.4. Cambio Climático y Energías Renovables.

Objetivo elaborar instrumentos técnicos que orienten las políticas estatales sobre el cambio climático.

Programa sectorial medio ambiente y recursos naturales

Visión: San Luis Potosí se distinguirá por tener políticas ambientales que promuevan el desarrollo sustentable mediante el cuidado del medio ambiente, el manejo eficiente de los recursos naturales existentes en nuestra entidad, y la conformación de una sociedad ambiental mente responsable.

Indicadores del programa sectorial:

Porcentaje de cumplimiento de la agenda estatal de cambio climático

Porcentaje de inventario estatal y municipal de gases de efectos invernaderos.

Por lo manifestado anteriormente, esta dependencia considera que el gobierno del estado de San Luis Potosí, ha dado cabal cumplimiento al exhorto, a fin de que en el presupuesto se incluya una partida específica en materia de cambio climático, para el diseño e implementación de la política estatal y demás acciones encaminadas a enfrentar y mitigar los efectos adversos de este fenómeno.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 2 de marzo de 2017.— Yvett Salazar Torres (rúbrica), Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Gobierno del Estado de México.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.— Presente.

Distinguida diputada Cuenca:

Me es particularmente grato dirigirme a usted por este medio, y en atención a su oficio número DGPL 63-II-3-1784 y relacionado con el expediente número 4767, dirigido al doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador del estado de México, mediante el cual envía exhorto al ejecutivo estatal para diseñar políticas públicas en materia de cambio climático y se destinen para su ejecución recursos específicos en los proyectos de presupuesto de egresos del Estado.

Por lo anterior me permito informar a usted, que esta Secretaría del Medio Ambiente a través del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, cuenta con una política estatal en materia de cambio climático fundamentada en la Ley Estatal de Cambio Climático publicada el 19 de diciembre del 2013; a partir de la cual se han gestionado recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para proyectos y estudios encaminados a enfrentar y mitigar los efectos adversos de éste fenómeno, los cuales se enuncian a continuación:

1. Ley de Cambio Climático del Estado de México.

2. Programa Estatal de Cambio Climático (Peacc).

3. Inventario estatal de gases efecto invernadero.

4. Actualización de la estrategia estatal de energía en el Estado de México.

5. Mitigación al cambio climático con ahorro de energía en la red de alumbrado público en municipios del Estado de México.

6. Eficiencia energética y aplicación de energías renovables en el conjunto Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Primera etapa.

7. Atlas de Riesgos Ante el Cambio Climático del Estado de México.

8. Estrategia Estatal de Cambio Climático del estado de México.

9. Mitigación al Cambio Climático con ahorro de Energía en la Red de Alumbrado Público en municipios del estado de México.

10. Eficiencia energética y aplicación de energías renovables en el conjunto Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Segunda etapa.

11. Estudio del Sistema Integral de Movilidad Sustentable para el valle de Toluca.

12. Mitigación al Cambio Climático con ahorro de Energía en la Red de Alumbrado Público en Municipios del Estado de México

Derivado de lo anterior, se busca seguir promoviendo el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático, mediante el desarrollo de investigación científica y tecnológica, ciencia energética y energías renovables, en el ámbito de competencia al; es por ello que se proponen las siguientes acciones estratégicas que consolidan una política estatal en materia de cambio climático y postulantes para gestionarse con presupuesto PEF:

• Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia, tecnologías eficientes y cogeneración de energía, como la eólica, fotovoltaico, geotérmico, hidroeléctrico, nuclear y solar térmico.

• Aprovechar el potencial de las acciones de mitigación con la inclusión de la cogeneración eficiente, la eficiencia energética en la sustitución de luminarias, aire acondicionado, refrigeración eficiente y calentamiento de agua; hábitos de consumo, certificación, tecnología eficiente, procesos de trasformación, regulación y normatividad.

• Transitar a un modelo de ciudad sustentable con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.

• Sumarse al ejercicio de registro de emisiones en el sector privado y público.

• Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los sumideros naturales de carbono.

• Instrumentar acciones de eficiencia energética y utilización de energía renovable en proyectos de sector agrícola, pecuario, como el impulso de los biodigestores.

• Establecer mecanismos de monitoreo, reporte y verificación en operaciones de incendios forestales.

• Impulsar proyectos de aprovechamiento y generación eléctrica a partir de biogás proveniente de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas.

• Implantar un sistema de medición y contabilización de emisiones de contaminantes climáticos para el seguimiento de las fuentes de emisión, monitoreo y evaluación de la eficacia de las políticas implementadas para la reducción de emisiones de los contaminantes.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Metepec, México, a 10 de marzo de 2017.— Licenciado Raúl Vargas Herrera (rúbrica), Secretario del Medio Ambiente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Poder Legislativo Federal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-II-1-1573, expediente 3568, en el que comunica el acuerdo: “Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a publicar la convocatoria del programa de Investigación Científica Básica para 2016. Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta al titular del Consejo nacional de Ciencia y Tecnología a dar a conocer el calendario en que se publicarán las convocatorias dirigidas a científicos e investigadores de los programas de la institución a su cargo para lo que resta del ejercicio de 2016 y que en el inicio del próximo año haga público el calendario correspondiente a 2017”, para los efectos a que haya lugar.

Me permito dar respuesta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión:

• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico publicó la convocatoria del Programa de Investigación Científica Básica para 2016, el 19 de diciembre de 2016, la cual, se encuentra en proceso para la publicación de resultados de las pre-propuestas, se adjunta convocatoria.

Se adjunta el calendario 2017-2018 de los programas a cargo de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico. Es importante mencionar, que la publicación de convocatorias está sujeta a la disponibilidad presupuestal, por lo que dicho calendario podrá sufrir modificaciones.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.— Doctora Julia Tagüeña Parga (rúbrica), directora adjunta de Desarrollo Científico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Convocatoria de Investigación Científica Básica 2016

Considerando

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, PND, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco metas nacionales entre las cuales se encuentra la Meta Nacional III, México con Educación de Calidad;

Que en atención a los preceptos del PND se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología, que alimente el desarrollo de capital humano nacional y la capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado;

Que un objetivo asociado a la Meta Nacional III plantea hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible;

Que es una estrategia del PND que el Gobierno Federal contribuya significativamente a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del producto interno bruto, PIB;

Que la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), en su artículo 2, establece promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica, el desarrollo tecnológico y la innovación asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad;

Que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, PECITI, establece que para lograr la visión a mediano y largo plazo, México requiere pasar por cuatro etapas, vislumbrándose que en la etapa cuatro (madurez), la participación del gobierno del gasto en investigación científica y desarrollo experimental (GIDE), se destine en mayor medida a grandes proyectos de investigación básica y a la generación y capacitación del capital humano de alto nivel;

Que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), han constituido el fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de Investigación para la Educación” (Fondo), cuyo propósito es apoyar proyectos de investigación científica básica que generen conocimiento de frontera y contribuyan a mejorar la calidad de la educación superior y a la formación de científicos y académicos, por lo que con base en lo anteriormente descrito,

Convocan

A las instituciones de educación superior públicas y particulares, centros públicos de investigación y en general a instituciones del sector público, de los ámbitos federal o estatal, que realicen actividades de investigación que cuenten con una constancia de inscripción o preinscripción al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt), a presentar propuestas de investigación científica básica, de conformidad con lo estipulado en esta convocatoria y en sus términos de referencia (TdR). Las propuestas podrán presentarse en alguna de las siguientes áreas del conocimiento:

I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra

II. Biología y Química

III. Medicina y Ciencias de la Salud

IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta

V. Ciencias Sociales.

VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

VII. Ciencias de la Ingeniería Investigación

VIII. Multidisciplinaria

Para una guía de las disciplinas que pueden incluirse en cada una de las áreas del conocimiento, ver el numeral 2 de los términos de referencia.

Objetivo de la convocatoria

El objetivo de la convocatoria es el financiamiento de proyectos de investigación científica básica, en las áreas del conocimiento estipuladas, que generen conocimiento científico básico nuevo y de frontera y que formen recursos humanos de alta calidad.

Se podrán presentar al Fondo para concurso, propuestas nuevas o propuestas de continuación de proyectos previamente financiados por el fondo, mismas que se sujetarán a los procedimientos de evaluación, selección y aprobación determinados en la presente convocatoria.

Los investigadores de las instancias interesadas en participar deberán enviar, en formato libre y en cinco cuartillas como máximo, como primer paso, una pre-propuesta en la que se resuma los aspectos más importantes de la propuesta a presentar, dejando muy clara la contribución a la generación de conocimiento científico básico nuevo y de frontera, así como los planes de formación de recursos humanos de alta calidad. No se considerarán pre-propuestas que tengan como objetivo la aplicación de conocimiento (investigación aplicada), sin embargo se podrán considerar aquellas que tengan como finalidad contestar alguna pregunta fundamental, a partir de la cual se pueda después generar alguna aplicación (investigación básica orientada, ver TdR). Las pre-propuestas así sometidas y que sean evaluadas positivamente podrán proceder a enviar la propuesta completa para continuar con el proceso de evaluación.

Las modalidades de proyectos se describen en los términos de referencia de la presente convocatoria (ver numeral 1.2).

Las pre-propuestas y las propuestas completas recibidas se sujetarán a los procedimientos de evaluación, de selección y de aprobación establecidos en los TdR.

Juicios de valor

La selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios de los apoyos del Conacyt se realiza mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos, transparentes y públicos, sustentados en méritos y calidad, atendiendo las medidas de transparencia vigentes. Los apoyos que se otorgan están sujetos a procesos de evaluación, selección, formalización y seguimiento, en términos del marco normativo que corresponde a cada programa.

Es interés del Conacyt fomentar, en el marco de sus convocatorias, que las propuestas que recibe consideren la perspectiva de género, el cuidado del ambiente, la no discriminación por causas de nacionalidad, origen étnico, preferencia sexual, religión o cualquier atributo inherente a la persona, que pudiera interpretarse o resultar como un acto discriminatorio, así como la apropiación social del conocimiento.

Las solicitudes enviadas deberán ajustarse a las siguientes:

Bases

1. Presentación de las pre-propuestas y propuestas

1.1 Las instituciones de los proponentes deberán contar con una constancia de inscripción o de preinscripción al Reniecyt

1.2 Las pre-propuestas deberán ir acompañadas de una carta de postulación institucional de conformidad con los términos de referencia y en el formato establecido. La falta de este documento implica que la propuesta o será evaluada.

1.3 Las pre-propuestas y propuestas deberán ser elaboradas de acuerdo con los Términos de Referencia que forman parte de esta Convocatoria, disponibles en las páginas electrónicas www.conacyt.mx y www.sep.gob.mx y enviarse por Internet, apegándose a las actividades y fechas indicadas en los calendarios respectivos (sección 2.), vía el sistema de captura de propuestas del Conacyt.

2. Calendario

3. Consideraciones Generales

3.1 Las pre-propuestas y propuestas completas enviadas en tiempo por internet, vía el sistema de captura de propuestas del Conacyt, serán las únicas sometidas al proceso de evaluación. Una vez concluido el plazo para la presentación de propuestas, no será posible su reapertura.

3.2 El responsable técnico deberá tener el grado de doctor y/o pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

3.3 El responsable técnico no podrá presentarse como responsable técnico de más de una propuesta.

3.4 Los responsables técnicos que tengan propuestas vigentes de las convocatorias de Atención a Problemas Nacionales 2015 o Fronteras de la Ciencia 2015, no podrán concursar como responsables técnicos en la presente convocatoria.

3.5 En el caso de que el responsable técnico haya enviado una pre-propuesta o propuesta de proyecto a las convocatorias de Atención a Problemas Nacionales 2016 o Fronteras de la Ciencia 2016, deberá explicar en qué difiere ese, del proyecto propuesto como responsable técnico en esta convocatoria.

3.6 Los responsables técnicos que tengan proyectos apoyados de investigación científica básica, cuya vigencia original sea mayor a 60 días naturales después de la fecha comprometida de publicación de resultados finales de la convocatoria, no podrán concursar en la presente convocatoria, aun cuando cierren anticipadamente el proyecto vigente.

3.7 Los cambios de responsable técnico, que estén en el supuesto del punto 3.5, y que sean realizados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria inhabilitan al responsable técnico original para presentar una propuesta en la presente convocatoria.

3.8 Las propuestas de responsables técnicos que hayan dejado de presentar informes técnicos o financieros de proyectos apoyados con anterioridad, podrán ser evaluadas pero, en caso de ser aprobadas, no se les entregarán recursos hasta que cumplan satisfactoriamente con dicha obligación.

3.9 No serán elegibles pre-propuestas o propuestas bajo la responsabilidad de investigadores que tengan adeudos o irregularidades en cualesquiera de las convocatorias anteriores del Conacyt, o procedimientos legales o administrativos en contra de éste o cualquiera de los fondos que opera.

3.10 No se permitirá el cambio de responsable técnico de la propuesta presentada, antes de la formalización del apoyo ni durante el primer año del proyecto, a menos que existan causas de fuerza mayor, que deberán ser comprobadas.

3.11 En los términos de referencia y en la Guía para la captura de solicitudes de apoyo se describen los criterios y requisitos de participación, evaluación, selección de pre-propuestas y propuestas, formalización y seguimiento de proyectos, así como los rubros financiables de la presente convocatoria.

3.12 El número y monto de las propuestas aprobadas, estará sujeto a su evaluación favorable ya la disponibilidad presupuestal del patrimonio del fondo.

3.13 El representante legal de la institución, bajo protesta de decir verdad, declarará en la carta oficial de postulación que la propuesta que presenta al Fondo o una variante de la misma, no ha tenido o tiene financiamiento de un programa, convocatoria o convenio con el Conacyt.

3.14 Las cuestiones de interpretación o las no previstas en esta Convocatoria serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo (CTyA) y sus decisiones serán inapelables.

3.15 La relación de propuestas aprobadas por el CTyA serán publicadas de acuerdo con lo estipulado en los calendarios respectivos (sección 2), en las páginas electrónicas del Conacyt

(www.conacvt.mx) y la SEP (www.sep.mx).

3.16 Las decisiones del CTyA serán definitivas e inapelables.

4. Mayor información

Esta convocatoria es responsabilidad de la Dirección de Investigación Científica Básica de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico.

Para soporte técnico, favor de recurrir a las direcciones:

nmurillo@conacyt.mx o soporte_icb@conacyt.mx

teléfono (55) 53-22-77-00, extensiones 6126 o 6128. Para aclaraciones, recurrir al personal de la Dirección de Investigación Científica Básica que se especifica en los términos de referencia.

Los términos de la presente convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas de la Ley de Ciencia y Tecnología y sus instrumentos normativos, de tal forma que los resultados emitidos solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en las presentes bases y sus TDR’s.

La presentación de propuestas en los términos de esta Convocatoria implica la aceptación expresa a los términos y bases, así como a la normatividad expedida por el Conacyt o aplicable al caso.

Emitida en la Ciudad de México, el 19 de diciembre de 2016.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo. Hago de su conocimiento que en el gobierno de Jalisco se ha recibido el oficio por medio del cual nos comunica el exhorto de la Cámara de Diputados para que en el ámbito de nuestras atribuciones legales, y con una perspectiva de no duplicidad, “se diseñen y pongan en marcha más políticas y más programas sociales encaminados a elevar la calidad de vida y hacer autosuficiente a la población de 60 años y más, asimismo, para que se amplíe el catálogo de beneficiarios de los programas y políticas existentes dirigidos a este sector poblacional”.

Al respecto le informo que para el gobierno del estado de Jalisco, atender a la población de adultos mayores es prioridad, por esta razón, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 tiene establecido dentro de sus objetivos, el Objetivo de Desarrollo 0018 que a la letra dice: “promover una sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, así como fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas respetando su identidad cultural”. El enfoque a la población de adultos mayores queda establecido en el Objetivo Sectorial OD1804 consistente en “reducir la vulnerabilidad de los adultos mayores”.

De igual forma, todas las acciones focalizadas a la atención de adultos mayores, tiene su fundamento en la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor de Jalisco que establece las condiciones necesarias para lograr la protección, atención, bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los 60 años de edad, para lograr su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultura.

Por otra parte, el decreto por el que se establece la Política de Bienestar para el gobierno de Jalisco, emitido por el titular del Poder Ejecutivo y publicado en el Periódico Oficial del estado de Jalisco, con fecha 6 de julio de 2013, instruye a todas las dependencias del Poder Ejecutivo, a que realicen un esfuerzo intensivo y coordinado para garantizar, mediante la priorización de políticas públicas, la generación de satisfactores integrales y con calidad de necesidades básicas como la alimentación, salud, educación, vivienda digna, trabajo digno, condiciones ambientales naturales y sociales óptimas, entornos rurales con infraestructura dotada de todos los servicios, incremento y calidad del tiempo libre, acceso amplio a bienes culturales, participación ciudadana efectiva en los asuntos públicos y certeza sobre la seguridad física y patrimonial, que contribuyan al bienestar individual y colectivo de las personas. Instruye además, a las Dependencias, a que pongan en el centro de su actuar a las personas a quienes se sirve, toda vez que estas son la razón del Gobierno de Jalisco. Por ello se ordena a que se instrumenten los mecanismos que permitan enfocar todos sus esfuerzos en este fin, por encima de cualquier otro. Por tal motivo, los programas y acciones dirigidos a la población de adultos mayores, se encuentran indisolublemente ligados a la política de Bienestar.

La Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor de Jalisco, determina que a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social le corresponde coordinar e implantar las acciones que se requieran para promover el desarrollo integral de las personas adultas mayores, reconociendo entre otros derechos, el de ser beneficiarios/as de programas de asistencia social cuando se encuentren en situación de riesgo, vulnerabilidad, desamparo, desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.

Entre los programas sociales que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social actualmente opera, tiene dos dirigidos a la población de adultos mayores, uno es el programa denominado Atención a los Adultos Mayores y el otro es el programa Bienevales para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

El Programa Atención a los Adultos Mayores tiene como objetivo: Reducir la vulnerabilidad económica y de carencias sociales de la población jalisciense adulta mayor de 65 años o más, que no recibe ingresos por jubilación o pensión de tipo contributivo o carezcan de solvencia económica para atender deficiencias médicas o capacitación para su integración social, mediante:

a) La entrega mensual de apoyos monetarios directos en una tarjeta bancaria electrónica.

b) Capacitación para su integración social comunal.

c) La entrega de insumos para la atención médica.

d) La entrega de aparatos de postura.

e) La entrega de implantes, implementos ortopédicos y otras ayudas técnicas como bastones de 3 o 4 puntos, muletas, andaderas, sillas de ruedas y camas de hospital a personas que padecen enfermedad o discapacidad, previa prescripción médica.

f) La entrega de insumos oftalmológicos.

g) Atención dental de primer orden.

La cobertura es estatal en los 125 municipios de Jalisco, conforme a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

El Programa Bienevales para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad tiene como objetivo: Contribuir a la economía de los hogares de los adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad permanente a través de la implementación de un mecanismo de subsidio al transporte, mediante la entrega de vales gratuitos para el acceso al transporte público, llamados Bienevales.

La cobertura de este programa es en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y en los municipios de Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, conforme a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

Para el debido cumplimiento de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor de Jalisco, se creó el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor con la finalidad de coordinar las acciones dirigidas a mejorar el nivel de vida de los adultos mayores.

La vigilancia de la citada ley está a cargo de El Poder Ejecutivo por conducto de las secretarías, organismos y dependencias de la administración pública estatal, así como del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, cada uno desde sus atribuciones y con la cartera acciones y programas establecidos para tal fin.

Por su parte, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del gobierno de Jalisco cuenta con un Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos, en el sistema dentro de sus distinto módulos de información, se puede encontrar un inventario de programas y acciones públicas que clasificados por etapa de vida, muestra todos aquellos dirigidos a la población de adultos mayores, la información se puede consultar en la siguiente liga: https://programas.app.ialisco.gob .mx/programas/sistema DeProgramasPublicos. El sistema es una herramienta que facilita a las personas localizar las acciones que el gobierno ha dispuesto para beneficiar a los sectores de población en situación de vulnerabilidad como lo es el sector correspondiente a los adultos mayores.

Le manifiesto que quedamos enterados de su exhorto sumándolo a nuestro compromiso de atender de forma integral a la población de adultos mayores en el estado de Jalisco.

Sin otro particular de momento quedo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 3 de marzo de 2017.— Licenciado en Contaduría Pública, Miguel Castro Reynoso (rúbrica), Secretario de Desarrollo de Integración Social.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

HOMENAJE AL PERIÓDICO EXCÉLSIOR POR EL CENTENARIO DE LA APARICIÓN DE SU PRIMER EJEMPLAR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Honorable asamblea, el segundo punto del orden del día es el reconocimiento que la Cámara de Diputados hace al periódico Excélsior, con motivo del centenario de la aparición de su primer ejemplar.

El 18 de marzo de 1917, los rotativos del Excélsior imprimieron el primer ejemplar de uno de los periódicos más antiguos del país. Excélsior ha venido contando fielmente la vida de México y del mundo durante los últimos cien años.

Esta Presidencia saluda y felicita al licenciado Pascal Beltrán del Río y a los distinguidos invitados que hoy nos acompañan del periódico Excélsior.

A cien años de presencia constante entre los mexicanos, cada uno de los medios de comunicación impresa, los más importantes, como en el caso del periódico Excélsior, ha tenido épocas de censura y caos, épocas de bonanza y de libertad de prensa. Excélsior ha sido durante estos cien años punto de reunión de grandes referentes del periodismo, como Miguel Ángel Granados Chapa, don Julio Scherer, Vicente Leñero, escritores y editorialistas de la talla de Torres Bodet, Ortiz de Montellano, Arqueles Vela, Juan José Tablada, Luis Spota, Jorge Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco, incluso podemos mencionar al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, como integrante de su consejo editorial.

Hoy la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de esta Presidencia, hace un merecido reconocimiento al periódico Excélsior por sus primeros cien años de vida, cien años de informar y participar en la vida política, social y cultural de este país.

A nombre del periódico Excélsior, recibe este reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados, su director editorial, el licenciado Pascal Beltrán del Río. Muchas felicidades al periódico Excélsior.

(Entrega de reconocimiento)

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido por favor en la curul del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Compañeros. Es para expresar en esta asamblea nuestro reconocimiento como periodista a la maestra Juana Montes de Oca, que fue una de los 382 votos con que se formó la Cooperativa Excélsior.

La maestra Montes de Oca tiene hoy 102 años de edad y sigue viviendo en su barrio de siempre, Peralvillo. Viva el periodismo libre.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputado Caballero.

TOMA DE PROTESTA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Fabiola Rosas Cuautle, diputada federal electa por el II distrito electoral del estado de Tlaxcala. Se designan en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: diputado Ricardo David García Portilla; diputado Juan Corral Mier; diputada María Élida Castelán Mondragón; diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez; diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez; diputada María Eugenia Ocampo Bedolla; y diputada Cynthia Gissel García Soberanes.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Ciudadana Fabiola Rosas Cuautle: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la unión?

La ciudadana Fabiola Rosas Cuautle: Sí, protesto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sonido, por favor en la curul del diputado Fernando Moctezuma.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Muchísimas gracias, presidenta. Sólo para solicitar, a través de usted y la Mesa Directiva que Petróleos Mexicanos pudiera enviarnos un reporte en relación con el siniestro ocurrido hace dos días en la planta de Salamanca donde lamentablemente falleció un trabajador y tres más se encuentran gravemente heridos.

Es una responsabilidad de todos velar por nuestros trabajadores en instituciones tan importantes como esta, y solicitamos amable y respetuosamente a través de ustedes, que nos pudieran ayudar para dar seguimiento a la atención de las familias y las personas afectadas, y que a su vez hagan una entrega pormenorizada de todo el resultado de la investigación a través de las comisiones respectivas. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Moctezuma solicito el que esto pueda ser presentado a la Junta de Coordinación Política, de tal suerte que nos sea remitido y el pleno pueda manifestarse. Muchas gracias.

La diputada Karina Padilla Ávila(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Karina Padilla.

La diputada Karina Padilla Ávila (desde la curul): Gracias, señora presidenta. El día de ayer nuevamente tuvimos otro lamentable y grave accidente en las instalaciones de Pemex en Salamanca, una explosión en la terminal de almacenamiento y reparto del combustible con un saldo lamentablemente de siete trabajadores heridos y el sensible fallecimiento de una persona.

Desde aquí la solidaridad para los familiares y amigos de estas personas y, por supuesto, solicitar como lo hemos venido haciendo de manera reiterada, que Pemex realice una investigación a detalle y dar seguimiento a estas conclusiones que realice. Pero no solamente del lamentable hecho del día de ayer, sino de lo que ha venido pasando de manera concurrente en la refinería de Salamanca. Exigimos una investigación mucho más amplia y que se dé a conocer el resultado de las mismas y las condiciones en las cuales están laborando nuestros compañeros dentro de la empresa, que lo dé a conocer a este recinto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Padilla, queda asentada su expresión. Solicito esta asunto sea turnado a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Jorge Ramos Hernández(desde la curul): Presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Jorge Ramos.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Sí. Gracias, presidenta. Únicamente para hacer una amable petición a la directiva para rendirle un minuto de silencio a los cuatro oficiales de la policía estatal preventiva en Baja California, que recurrieron al rescate de una persona que en el Cerro del Centinela, estaba extraviada por un día y en esa tarea que realizaron heroicamente nuestras fuerzas policiacas estatales lamentablemente perdieron la vida, así como la persona que fueron a rescatar.

Creo que en esta Cámara vale la pena honrar a aquellos actos heroicos y ejemplares, en donde las policías de nuestro país, y en particular en este caso de Baja California, hicieron. Y es una petición del Grupo Parlamentario del PAN de Baja California.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ramos. Se concede desde luego el minuto de silencio, y este se hará valer en el momento procesal legislativo oportuno. Gracias.

INICIATIVAS

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Lia Limón García e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Lia Limón García y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de esta iniciativa es asegurar una adecuada defensa en materia penal, particularmente se propone que las personas que son sentenciadas definitivamente en la etapa de apelación, tengan plena certeza del medio de defensa que tienen (el juicio de amparo directo), así como el plazo del cual gozan para la interposición de la demanda del referido juicio.

Para efectos de mejor entender la propuesta, a continuación se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y la redacción que plantea esta iniciativa:

La justificación de esta iniciativa es que haya claridad y transparencia en el enjuiciamiento penal y se cumpla con el principio de la fracción VI del Apartado B del Artículo 19 Constitucional, consistente en que a toda persona imputada le sean facilitados todos los datos para su adecuada defensa, y en el caso particular tenga absoluta y plena certeza respecto de que el juicio de amparo directo constituye el último medio de defensa, así como el plazo que tiene para ello.

Lo anterior, bajo una óptica de garantismo de los derechos de las personas sujetas a proceso, en otras palabras, lo que se busca es establecer con toda transparencia y claridad el recurso judicial a que tienen derecho, y no sólo ello, sino que la persona conozca con absoluta certeza el plazo para impugnar.

Se debe señalar que frecuentemente los procesos judiciales son complejos y en ellos se usan términos con los que las personas comunes no están familiarizados, por ello la adición que se propone es una garantía tutelar en materia penal, a efecto de informar al procesado sobre los alcances del juicio de amparo directo y con ello salvaguardar su adecuada defensa.

Particularmente, el problema que se pretende resolver es que existen procesados en materia penal que no tienen conocimiento de que el Juicio de Amparo Directo es la última instancia procesal en la cual pueden impugnar, por lo que con dicho medio de impugnación se agotan en el orden doméstico sus posibilidades de impugnar la sentencia que le resulta adversa.

En efecto, hay ocasiones que los procesados ya están en la etapa de amparo directo y no conocen tal situación procesal, tal falta de conocimiento se debe a:

• La complejidad de los procesos, donde en múltiples casos haya recursos intermedios y reenvíos procesales (aunque en teoría esto se acabará con el nuevo sistema de justicia penal).

• Una defensa penal inadecuada o poco profesional que no informa sobre la situación procesal que se enfrenta, es común que los procesados firmen documentos y promociones sin estar debidamente enterados de sus alcances.

• Una rotación o cambio constante de abogados defensores.

En consecuencia, estamos planteando una norma tutelar bajo una visión de sistema de justicia penal garantista, que se alinea dentro del principio de adecuada defensa, ya que a una persona al estar sentenciada en segunda instancia, se le informaría sobre su situación jurídica y la oportunidad de defensa que tiene a través del juicio de amparo directo.

En tal tesitura, el objetivo de la iniciativa es que haya claridad y transparencia en el proceso, especialmente sobre sus etapas y plazos.

Debemos transitar de aquellas formas en el sistema de administración de justicia donde era desconocido el recurso que procedía y daba pie a la interposición de medios de impugnación que no correspondían a la vía o supuesto de procedencia.

El tipo de normas que se proponen en esta iniciativa no son extrañas al orden jurídico mexicano, podemos citar que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en al menos dos preceptos se contempla un supuesto semejante al que propone esta iniciativa:

Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

...

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y

...

Artículo 39. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía administrativa y, en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.

(Énfasis añadido)

Esta norma en el ámbito administrativo ha contribuido a dar certeza jurídica sobre el medio de impugnación que corresponda, por lo que mutatis mutandis, si opera en el derecho administrativo, con mayor razón debiese ser aplicable en la materia penal donde está en juego la libertad de una persona, que representa un bien jurídico de mayor valía, por lo que debe gozar de una protección reforzada.

En este sentido, si bien algunos abogados consideran que este tipo de normas son superfluas y sólo benefician a defensores que no saben o no conocen la tramitación o secuela procesal, lo cierto es que la propuesta se dirige a proteger a la persona que puede verse afectada por una sentencia penal y no a sus abogados.

Bajo tal tesitura, la porción normativa que se adiciona tiende a asegurar la denominada “accesibilidad del recurso”, que es una de las medidas tendientes a garantizar el derecho humano de protección judicial, que garantizan en forma esencialmente concordante los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la tutela jurisdiccional, el cual se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades y garantías.

Así pues, la garantía procesal que se propone pretende dar seguridad al sentenciado, y aunque pareciera una obviedad, se debe señalar que durante la tramitación de un drama penal es mejor que exista una adecuada información al procesado a efecto de que conozca plenamente su situación jurídica.

Por otra parte, en el ámbito internacional, particularmente en el caso de España, se procura que exista una absoluta claridad para el justiciable o procesados sobre los recursos que proceden y de tal manera estar en aptitud de defenderse, por ejemplo, en el Proyecto de Justicia Europea se plantean las siguientes preguntas y respuestas sobre la situación que guarda una persona que ha sido sentenciada, veamos a continuación:

4. Mis derechos una vez que el tribunal dicte sentencia

¿Puedo recurrir la resolución que se dicte?

Sí; en caso de que no esté usted conforme con la resolución judicial, su abogado podrá interponer recurso.

¿Puedo recurrir la condena?

Sí; en caso de que considere que la condena no es justa, podrá recurrir contra ella.

¿De qué manera?

Deberá recurrir mediante un recurso de apelación que se presentará ante un tribunal superior, el cual conocerá del asunto.

¿Qué plazos se aplican?

Los plazos pueden variar dependiendo del procedimiento. Pueden ser cinco o diez días.

¿Qué motivos se pueden dar para la apelación?

Los motivos que pueden dar lugar al recurso de apelación son los siguientes:

Vulneración de derechos fundamentales, posible indefensión

Infracción de normas

Vulneración de normas procesales

Error en la apreciación de la prueba

Vulneración de la presunción de inocencia

¿Qué sucede si recurro?

Si usted interpone un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el juez, su contenido puede verse modificado o no. El tribunal de apelación puede confirmar la primera sentencia, o bien, modificarla.

¿Qué sucede si estoy en la cárcel cuando recurro?

Si usted se encuentra en la cárcel al recurrir, deberá permanecer en ella durante un plazo máximo igual a la mitad de la condena impuesta por la sentencia apelada.

¿Cuánto tiempo transcurrirá antes de que se conozca de la apelación?

No hay ningún plazo establecido.

¿Puedo presentar nuevas pruebas en la apelación?

En determinados casos sí. Se pueden presentar pruebas que sean importantes para la conclusión del caso y que no se hubieran conocido hasta ese momento o no se hubieran practicado con anterioridad.

¿Qué ocurre en la vista de apelación?

En la vista de apelación únicamente se tratará el contenido de la sentencia objeto de recurso. Tenga en cuenta que no es un segundo juicio.

¿Qué sentencia puede dictar el tribunal?

La sentencia que dicte un tribunal en apelación podrá anular o confirmar la anterior, o dictar una nueva sentencia distinta de la recurrida.

¿Qué ocurre si prospera o no prospera la apelación?

Tanto si prospera como si no prospera la apelación, la sentencia resultante será definitiva.

Si prospera la apelación se aplicará lo que determine el tribunal en la nueva sentencia, en caso de que el tribunal acepte la totalidad o parte de lo que reclamaba su abogado. Si la apelación no prospera se tendrá que aplicar lo que determine el tribunal en la sentencia, tanto si confirma la anterior sentencia como si la modifica.

¿Se puede volver a apelar ante un tribunal superior u otro tribunal?

Se puede apelar por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Si la primera sentencia fue revocada ¿me indemnizarán?

En principio, no. No obstante, si lo desea puede reclamar una indemnización ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Si prospera mi apelación, ¿quedará constancia de la condena?

Si prospera su apelación, no quedará constancia de la condena ni se le computarán antecedentes penales en este concepto.

De no prosperar la primera apelación, ¿se puede apelar otra vez?

Excepcionalmente podrá apelar en juicio de revisión ante el Tribunal Supremo por la existencia de hechos nuevos o no conocidos anteriormente.

¿Cuándo será definitiva la sentencia?

Cuando no sea posible apelar más.

Soy nacional de otro Estado miembro. ¿Me enviarán a mi país después del juicio?

En principio no le enviarán a su país. Únicamente cuando la condena sea inferior a seis años podrá sustituirse por la expulsión; Ud. podrá cumplir la condena en su país.

En este caso, ¿sería automático el traslado?

No, tendría que solicitar el traslado.

Si la sentencia es condenatoria, ¿se me podría juzgar nuevamente por el mismo delito?

No, en ningún caso se le podrá juzgar dos veces por lo mismo.

¿Se me podría juzgar en otro Estado miembro por el mismo delito?

No, en ningún caso se le podrá juzgar dos veces por lo mismo.

¿Se añadirá a mis antecedentes penales información sobre los delitos imputados y/o la sentencia condenatoria?

Si el resultado de la apelación es una sentencia condenatoria en la cual se le considere autor del delito, dicha información se añadirá a sus antecedentes penales.

¿De qué manera y dónde se guardará la información?

La información se inscribirá en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

¿Durante cuánto tiempo se guardará la información?

Hasta que se cancele, dependiendo de la duración de la pena.

¿Se podrá guardar sin mi consentimiento?

La información se guardará automáticamente sin su consentimiento.

¿Puedo oponerme a que se guarde la información?

Usted no podrá oponerse en ningún caso a que se guarde dicha información.

¿Qué derechos tengo si me condenan a ir a prisión?

Usted dispondrá del derecho:

A la vida;

A la no discriminación por raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad u otra condición personal;

A que la administración vele por su bienestar;

Al respeto de su integridad física y moral;

Al respeto de su dignidad e intimidad;

A mantener relaciones con sus familiares y amigos;

A recibir visitas (si procede);

A trabajar remuneradamente;

A participar en las actividades de la prisión;

A recibir beneficios por buena conducta;

A formular peticiones o denuncias y a recibir información sobre su situación penitenciaria y procesal.

¿Qué obligaciones tendré?

Estará obligado a permanecer en la cárcel a menos que se le indique lo contrario, a acatar las normas y órdenes, a colaborar activamente en la convivencia, a respetar a sus compañeros y autoridades, a utilizar adecuadamente las instalaciones de la cárcel, a limpiarse y vestirse correctamente y a participar en las actividades que organiza la prisión.

Si me pongo enfermo, ¿podré ir al hospital?

Sí, en caso necesario se le trasladará a un centro médico.

¿Cuándo quedaré en libertad?

Cuando lo determine el Tribunal que le condenó o el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

¿Me van a ayudar económicamente?

Si usted careciera de recursos financieros al salir de la cárcel, la administración le facilitará algún dinero para que pueda volver a su casa y costear los primeros gastos.

Como se aprecia, estas cartas informativas de derechos, tratan de resolver y dar las garantías suficientes para que las personas conozcan sus derechos, consecuencias y alcances de la etapa procesal de la apelación dentro del enjuiciamiento penal español; a través de un lenguaje claro y accesible para las personas.

Esto es precisamente lo que busca esta adición, dar certeza y garantía sobre la accesibilidad de los medios de impugnación como garantía del derecho humano a una adecuada defensa.

A mayor abundamiento, en la doctrina jurídica, al aviso sobre la procedencia de un recurso en particular se le conoce como “pie de recurso”, a continuación una aportación académica sobre tal figura:

Se llama popularmente pie de recursos, por colocarse de ordinario al pie o final del documento, a la advertencia o instrucción sobre los recursos que pueden interponerse, el plazo y los órganos ante los cuales deben instarse, advertencia que constituye uno de los requisitos tradicionales en la notificación de los actos.

...

Obligación de informar, cuando notifican un acto, sobre los recursos que proceden, el órgano ante quien han de interponerse y su plazo. Esa información, popularmente llamada «pie de recursos»... El incumplimiento de esa obligación por parte de la Administración no puede perjudicar en sus derechos e intereses a los ciudadanos afectados.

...

Lo que inicialmente fue una mera puesta en conocimiento del particular para que éste conociera la resolución que le afectaba, exigió luego... la certeza de la fecha en que el interesado tenía conocimiento del asunto para poder computar con exactitud si cumplía la orden dentro del plazo establecido o si utilizaba los recursos que la justicia le otorgaba dentro de los plazos señalados al efecto, o si, por el contrario, había contravenido la orden o dejado prescribir la acción procedente para impugnar la resolución... Pero aún se fue más allá. Se estimó que el particular no sólo debía tener conocimiento de la resolución que en el expediente hubiera recaído; sino que, además, la notificación debía decirle de modo claro los recursos que podía utilizar contra la resolución, así como las autoridades ante las que interponer los recursos y los plazos para ello, instruyéndole al efecto.

Otro argumento a favor de la presente iniciativa, radica en la certeza que debe existir sobre que las personas sentenciadas conozcan el plazo para impugnar en amparo directo, para tales efectos recurrimos a la Jurisprudencia por contradicción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que resolvió un criterio protector en cuanto toca al plazo para la promoción del Juicio de Amparo Directo respecto de sentencias dictadas antes de la nueva Ley de Amparo de 2013.

Tal criterio judicial deriva de que conforme a la anterior Ley de Amparo –vigente hasta el 2 de abril de 2013– tratándose de actos que afectasen la libertad personal no había plazo para la interposición de la demanda de amparo, sin embargo, con la nueva Ley de Amparo, se estableció que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años, veamos el precepto correspondiente:

Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.

(Énfasis añadido)

Y aún más, en el artículo quinto transitorio de la nueva Ley de Amparo, se establecía una suerte de irretroactividad que habría de dejar sin defensa a las personas sentenciadas, precepto que fue declarado inconvencional, de acuerdo a la siguiente tesis de jurisprudencia por contradicción:

Época: Décima Época

Registro: 2006652

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 7, junio de 2014, Tomo I

Materia (s): Común

Tesis: P/J. 45/2014 (10a.)

Página: 5

Actos privativos de la libertad personal. Los dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada y que al entrar en vigor la nueva ley aún no habían sido combatidos, son impugnables en cualquier tiempo.

El artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, mientras que su artículo quinto transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate.

Contradicción de tesis 371/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Vigésimo Segundo Circuito, Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito y Segundo en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de abril de 2014. Mayoría de nueve votos de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en contra de las consideraciones, José Ramón Cossío Díaz en contra de consideraciones, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan Nepomuceno Silva Meza; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Sergio Armando Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

Como se observa, el tema no fue menor y es aquí donde se aprecia que la complejidad de un sistema jurídico –por ejemplo los nuevos plazos conforme a la nueva Ley de Amparo– pueden dejar sin defensa a un particular, por lo cual reiteramos que debe existir total transparencia judicial hacía los justiciables, bajo una óptica de garantismo penal, donde la información del proceso judicial penal sea asequible para quien está atravesando por dicho procedimiento.

Además, en un nuevo sistema de justicia, la protección de las personas sujetas a proceso no debe hacerse depender de la presencia o no de un abogado defensor, sino que el tribunal debe adoptar una posición más proactiva en garantizar sus derechos, sin afectar su principio de imparcialidad. Igualmente debe atenderse a la condición o situación de aquellos que no son asistidos profesionalmente por un abogado avezado en el nuevo sistema de justicia penal.

En tal sentido, lo que se busca es que haya certeza jurídica y una adecuada defensa para los procesados, en un sistema de justicia transparente y accesible.

De lo que antecede, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 479. Sentencia

...

...

Tratándose de sentencias definitivas condenatorias, se le hará saber al sentenciado la posibilidad de impugnar a través del juicio de amparo directo, así como la fecha en que fenece el plazo para ello.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceeding s_-169-ES-maximizeMS-en.do?clang=es&idSubpage=4

2 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4673527.pdf

3 Quinto. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada y diputado: Lia Limón García,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Iniciativa que reforma los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Lorena Corona Valdés y diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración del pleno la presenteiniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109, fracción XV, y 140 de la Ley de Migración con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México, por su ubicación geográfica, ha sido históricamente un país importante para migrantes que buscan mejores oportunidades de vida, siendo país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes alberga una de las fronteras más grandes con aproximadamente 3, 000 kilómetros de distancia de un extremo a otro, y con mayor afluencia migratoria en el mundo.

Cada año, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, transitan aproximadamente 500, 000 migrantes indocumentados en el territorio nacional, provenientes mayormente de los países vecinos de Centroamérica. En 2016, de acuerdo a cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, estuvieron en estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, 188,595 migrantes. Lo que representa un gran reto en cuanto a la complejidad de la migración internacional de esta era.

El proceso de migración se torna complicado debido al enorme trayecto que estas personas deben recorrer para llegar de una frontera a otra, y por los riesgos que esto implica. Convirtiendo al migrante en una figura altamente vulnerable a sufrir cualquier tipo de agravio con respecto a sus derechos humanos. Vale la pena destacar que, en este mundo globalizado, el fenómeno de migración se ha convertido en una constante en la dinámica diaria de los Estados.

Siendo la migración un fenómeno económico y social de gran relevancia, así como un proceso humano fundamental y, que involucra la circulación de personas. Este debe ser regulado minuciosamente.

En el tema, México ha buscado posicionarse como un país solidario, respetuoso y garante de la vida y la dignidad humana, adoptando la mayoría de los tratados internacionales relacionados con derechos humanos, derechos de los migrantes y derechos de los refugiados.

En el orden jurídico nacional, el artículo 1o. de nuestra Carta Magna dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Lo que implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona, incluyendo extranjeros, sin importar el estatus migratorio de la persona. Lo que se reitera en el artículo 66 de la Ley de Migración que dispone en su primer párrafo que la situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades.

El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración

No obstante, la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes en México, en la práctica se violan. En el informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana”de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013 (CIDH), se hace énfasis en la profunda preocupación que existe en torno a la información obtenida de forma reiterada en este informe, en el que se señala que; los migrantes en situación irregular, así como de solicitantes de asilo y refugiados, son víctimas de continuos abusos, actos de violencia y violación a derechos humanos, cometidos entre otros por delincuentes y agentes estatales mexicanos.

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, y su implementación efectiva es sumamente necesaria para el desarrollo integral del individuo. Es deber de todos asegurar el respeto a los mismos y los Estados tienen la obligación de promoverlos, protegerlos, garantizarlos y respetarlos sin importar la condición migratoria de las personas.

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas aquellas personas que se hallen bajo su jurisdicción, proporcionando recursos eficaces y sancionando e investigando a quienes atenten en contra de los mismos. Incluyendo servidores públicos y terceros (artículos 8 y 25 de la CADH).

Entre sus funciones se encuentra el fijar límites a las actuaciones de todos los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico para garantizar un trato digno e igualitario a cualquier ser humano sin distinción alguna.

En este contexto, los migrantes gozan de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Por lo que los extranjeros que se encuentren en el país de forma irregular no podrán ser discriminados por su condición migratoria.

La prohibición de discriminación hacia las personas migrantes está igualmente reconocida como uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración. Además del derecho a la no discriminación, los migrantes irregulares tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la dignidad humana, a la atención consular, entre otros.

Es responsabilidad del gobierno mexicano representado por los agentes estatales, respetar los derechos humanos de las personas que transitan en calidad de migrantes a lo largo de su territorio, en términos del artículo 22 de la Ley de Migración.

Cuando no se respetan los derechos humanos, el servidor público migratorio incurre en responsabilidad administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 109, fracción III constitucional, que establece en su primer párrafo que “se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.”

En materia migratoria, cuando se incurre en responsabilidad administrativa se imponen sanciones, “con base en la gravedad de la conducta y el grado de responsabilidad del infractor.

Debido a la grave naturaleza de esta problemática surge la necesidad de adoptar medidas y aplicar sanciones lo suficientemente sólidas, que garanticen por parte de los servidores públicos el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes.

Por la relevancia de los derechos humanos de cualquier persona y en particular de los migrantes irregulares que se encuentran en situación de vulnerabilidad, la Ley de Migración establece que son infracciones graves, las previstas en las fracciones IV y VI del artículo 140 de la Ley de Migración, que a la letra dicen:

“Artículo 140. Los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las siguientes conductas:

I. a III. ...

IV. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria;

V. ...

VI. Por violación a los derechos humanos de los migrantes, acreditada ante la autoridad competente, y

VII ...”

El precepto citado, señala en su último párrafo que estas infracciones graves se sancionarán con la destitución. Sin embargo, la destitución del servidor público no es suficiente dado que, la gravedad de estas faltas es mayor, ya que atentan directamente contra la dignidad del ser humano al violar sus derechos humanos, lo cual es inadmisible para cualquier sociedad moderna. Por lo que se considera necesario aplicar sanciones equivalentes al daño cometido en contra de este grupo vulnerable.

Por lo anteriormente expuesto, con la presente iniciativa se propone reformar el último párrafo del artículo 140 de la Ley de Migración, para establecer que las infracciones graves se sancionarán además con la inhabilitación temporal la cual se entiende como: una sanción administrativa que establece el impedimento absoluto para laborar en la función pública por un tiempo determinado,conforme a la distinción sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro IV 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 543 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

Época: Décima Época

Registro: 2006017

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I

Materia(s): Administrativa

Tesis: 1a. CXXI/2014 (10a.)

Página: 543

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y destitución del empleo, cargo o comisión. Sus diferencias (legislación del estado de México).

La destitución e inhabilitación temporal previstas, respectivamente, en el artículo 49, fracciones III y V, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, del Estado de México, son sanciones administrativas distintas, aun cuando la segunda trae aparejada, en muchos casos, la destitución laboral del servidor público. Lo anterior es así, toda vez que la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público es el impedimento absoluto para laborar en la función pública por un tiempo determinado y la destitución simplemente implica la mera separación del cargo que desempeña un servidor público hasta la imposición de esta sanción. Así, cuando se impone únicamente como sanción la destitución, el servidor público, al no haber sido inhabilitado, no se enfrenta a impedimento alguno para acceder de nuevo al servicio público a partir de que cese el lapso de la destitución impuesta. Esto es, la sanción de inhabilitación es más grave que la de destitución, pues el servidor público no sólo enfrentará la destitución de su cargo, puesto o comisión, sino que estará impedido para desempeñar cualquier actividad dentro de la función pública por el tiempo que dure la inhabilitación impuesta.

Amparo directo en revisión 3683/2013. José Alarcón Fabila. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

De esta forma, cualquier servidor público del Instituto Nacional de Migración que viole los derechos humanos de los migrantes, violación que deberá estar acreditada ante la autoridad competente, no sólo enfrentará la destitución de su cargo, puesto o comisión; sino que estará impedido para desempeñar cualquier actividad dentro de la función pública por el tiempo que dure la inhabilitación impuesta por la autoridad competente.

Lo anterior, contribuiría no solo a desterrar la negligencia y prepotencia con la que suelen desempeñarse algunos servidores públicos, sino ayudaría a hacer consciencia sobre la función de servicio que los mismos desempeñan y la conveniencia de exigirles el estricto cumplimiento de sus obligaciones, así como el pleno respeto a algo tan básico y fundamental como lo son los derechos humanos.

Finalmente, con la presente iniciativa también se propone reformar la última fracción del artículo 109, a efecto de no limitar los derechos de los presentados en una estación migratoria a lo previsto en el precitado artículo o en las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría de Gobernación; es decir, se propone que también se consideren los derechos que prevén otras leyes, como sería cuando de forma excepcional un menor no acompañado sea alojado en una estación migratoria, resultaría aplicable la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 92 prevé las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y adolescentes. Se estima que esta reforma es indispensable, pues en los términos en que actualmente está redactado este artículo 109, se impide la aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otros ordenamientos aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa.

Fundamentación

Artículos 1, 4, 71, fracción II, 73, fracción XVI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se reforman los artículos 109, fracción XV, y 140 de la Ley de Migración

Artículo Único. Se reforman los artículos 109, fracción XV, y 140, último párrafo de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 109. ...

I. a XIV. ...

XV. Las demás que se establezcanen esta Ley, otras disposiciones jurídicas aplicables y en lasdisposiciones de carácter general que expida la Secretaría.

Artículo 140. Los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las siguientes conductas:

I. a VII. ...

Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución e inhabilitación temporal, la actualización de las conductas previstas en las fracciones IV y VI del presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Carrasco G. La Migración Centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados Unidos.CIDH [en línea] [ref. de enero-abril 2013] Disponible en web: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32330.pdf

2 Carrasco G. La Migración Centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados Unidos.CIDH [en línea] [ref. de enero-abril 2013] Disponible en web: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32330.pdf

3 [en línea], disponible en web: http://www.politicamigratoria.gob. mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_presentados_y_devueltos

4 PÉREZ, N.” La importancia de una ley migratoria en México” Sin fronteras IAP [en línea] [ref. de enero 2010] Disponible en web: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1870-75992010000200007

5 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el DOF el 05 de febrero de 1917.

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana. (2013) [en línea] Disponible en web: http://www.oas.org/es/ cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-mexico-2013.pdf

7 OAS. Convención Americana sobre derechos humanos[en línea] [s.f.] Disponible en web:http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_convencion_americana_sobre_derecho s_humanos.htm

8 Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Derechos Humanos” [en línea] [s.f.] Disponible en web: http://www.cndh.org.mx/Que_ son_Derechos_Humanos

9 Orozco Henríquez, J. Jesús. Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo X. Quinta Ed. Editorial Porrúa, México, 2000. p. 689.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada y diputado: Lorena Corona Valdés,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Iniciativa que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Daniela de los Santos Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XXIX-P Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La adopción tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia, en donde ya existían leyes que regulaban la adopción de un hijo, mientras que en Grecia el protocolo consistía en dejar al menor dentro de una vasija en un camino y esperar a que alguien lo rescatara. En Roma se crearon las primeras casas de acogida de huérfanos y fue a finales del siglo XIX que adoptar era considerado un privilegio.

A lo largo de la historia se repite la principal función de la adopción: perpetuar la estirpe, señala Manuel Baelo, autor de la tesis La adopción, donde señala que los rituales en torno al proceso adoptivo fueron tan diversos y complejos, que iban de lo tradicional a lo legal e incluso lo político.

Tradicionalmente había la práctica de colocar al menor por debajo de la falda de la madre adoptiva para simular la filiación biológica; durante la Guerra Civil la adopción era considerada como un “instrumento político e ideológico”, las organizaciones políticas comienzan a controlar la entidades benéficas y en las adopciones comienzan a ponderar los criterios políticos; por ejemplo en España los republicanos publicaron una ley que establecía la edad para poder adoptar o su revocación y enviaron masivamente a niños huérfanos en la guerra al extranjero para que fueran adoptados en otros países, mientras que los nacionalistas crearon instituciones de acogida para los niños e intentaron repatriar a los que los republicanos habían enviado al extranjero.

En la actualidad, la adopción ha sido reconocida como una medida de protección para los niños privados de un medio familiar; pero es ante todo la posibilidad de garantizar los derechos más elementales del menor que por diferentes causas ha crecido con carencias afectivas y materiales.

Como un mecanismo de combate, organismos internacionales han definido y ejecutado acciones que incentiven la adopción ponderando siempre el interés superior de la niñez por encima de la intención de los adoptantes a satisfacer su deseo de paternidad.

Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, que orienta las labores del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), establece claramente que todos los niños tienen derecho a crecer en un entorno familiar, y en la medida de lo posible, a conocer a sus familias y a ser criados por ellas. Debido a ello, así como a la importancia y al valor que tiene la familia en la vida de los niños, las familias que necesiten ayuda para poder criar a sus hijos tienen derecho a recibirla. Solamente cuando, a pesar de contar con acceso a esa ayuda, la familia no puede o no quiere criar al niño o la niña, se deben buscar soluciones adecuadas y basadas en la integración del niño a una familia estable.

Las adopciones son sin duda la vía para lograrlo, y ello debe hacerse a través de procesos lícitos, transparentes y que no supongan la explotación de los niños, niñas y familias involucrados en las mismas; sin embargo, generalmente las adopciones no se han realizado dando prioridad al interés superior de la niñez, ya que los requisitos impuestos y los procedimientos empleados no fueron suficientes para prevenir las prácticas deshonestas, lo que desafortunadamente ha dado lugar a la comisión de delitos como el secuestro y la trata de menores, sumada a las prácticas corruptas que implican la falsificación de documentos y el soborno.

En el ámbito internacional, el Unicef apoya las adopciones que se realizan de conformidad con las normas y principios del Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, cuyo objetivo es garantizar que los procesos de adopción sean adecuados y honestos, mediante el establecimiento de las obligaciones de las autoridades de los países de origen de los niños, así como las de los países que les reciben para su adopción, siempre observando el interés superior del niño.

Si bien dichas prácticas han establecido directrices claras para la implementación de mecanismos que permitan la integración de niños, niñas y jóvenes a un seno familiar que garantice la cobertura y protección de sus derechos más elementales, lo cierto es que hoy muchos países, incluido el nuestro, no cuentan con una legislación especializada y moderna que defina las bases en materia de adopción.

Lo anterior se suma a las prácticas ilegales de que generalmente se acompañan los procesos de adopción en nuestro país, donde se ponderan los intereses personales e incluso económicos, por encima de los intereses de los adoptados.

Por lo que hace al país, el marco jurídico de la adopción ha sufrido diversas transformaciones; hoy en día cada entidad federativa ha legislado de manera diversa en virtud de que el derecho de familia es materia local, por lo que se requiere armonizar la legislación, para lograr con ello que el objetivo de la adopción cumpla con su interés prioritario de protección y mejoramiento de la calidad de vida de los niños mexicanos.

A través de la presente iniciativa se pretende establecer como facultad del Congreso, legislar en materia adopción, ello con el objeto primordial de garantizar los derechos más elementales de la niñez de nuestro país, definiendo con claridad las vías y mecanismos específicos bajo los cuales habrá de resolverse el proceso de adopción en el país, erradicando con ello cualquier actividad dolosa que intervenga de manera negativa en dicho proceso y en general, al pleno desarrollo de la sociedad y la niñez para adoptar y ser adoptados.

En mérito de lo fundado y motivado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-P Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona la fracción XXIX-P Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a XXIX-P. ...

XXIX-P Bis. Para expedir la ley general en materia de adopción.

XXIX-Q. a XXX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada y diputado: Daniela de los Santos Torres, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,al tenor del siguiente

Planteamiento del Problema

Citando al constitucionalista Martín Eduardo Pérez Cázares, “hablar de policías en nuestros días, es trasladarnos a eventos desagradables, a malas experiencias, desconfianza, malos tratos, violaciones de derechos humanos, extorsiones, corrupción, secuestros, homicidios, etcétera, nunca vemos al policía como un ser humano, quien como todos tiene familia, obligaciones económicas y menos aún como un trabajador, quien cumple con una carga horaria excesiva, sin retribución alguna de horas extras, con un desempeño laboral riesgoso, y alto grado de peligrosidad para su integridad física al desempeñar su trabajo, con un sueldo raquítico, (lo que motiva en las más de las ocasiones a delinquir) en no menos veces, menospreciado por la sociedad, sin seguridad en sus empleos, sin embargo en ellos depositamos la seguridad de toda nuestra comunidad”. Si a lo anterior nos referimos al derecho humano consagrado en el artículo 123 constitucional que refiere que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” tendríamos que hacernos la pregunta si los elementos que integran las policías municipales, ¿tienen un trabajo digno y socialmente útil? Consideramos desde la óptica de la presente propuesta que un policía municipal no tiene un trabajo digno y en consecuencia tampoco podemos aspirar a que socialmente sean útiles.

De tal forma, que la presente iniciativa pretende sentar las bases de su incorporación de todos los policías municipales del país al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para no dejar al libre arbitrio de los presidentes municipales en turno la firma de convenios o no con alguna institución de seguridad social estatal o federal. Pues en muchos casos se argumenta como negativa a brindar la seguridad social a los elementos de la policía municipal por un tema presupuestal, es tiempo que las administraciones públicas municipales tomen conciencia que quienes están a cargo de la seguridad pública de los municipios, son seres humanos que también son madres o padres de familia, que también son hijas o hijos de alguien, que tienen una familia que demanda manutención, que día a día arriesgan su vida por salvaguardar el bien jurídico en riesgo de alguien más, porque ese es su trabajo, porque esa es su responsabilidad.

En cita de Hermann Heller (Teoría del Estado. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 2000. Página 260) refiere que las políticas públicas son “el arte de transformar tendencias sociales en forma jurídica”. Hoy la tendencia social es el respeto a los derechos humanos, de tal suerte, que la presente propuesta no busca discutir la naturaleza laboral o administrativa del policía municipal, ni debatirse en el debate pantanoso de la dogmática jurídica, sino es una propuesta funcional, práctica que surge de una realidad social, tan simple como decir los policías municipales gozarán de la seguridad social que la ley en la materia establece, independientemente de los procedimientos jurídicos que impliquen los conflictos que se susciten entre el policía y el municipio a consecuencia de un despido por citar un ejemplo entre otros, es decir, un ser humano se desempeña como policía municipal basta ese simple hecho para que tenga los beneficios que la seguridad social que en nuestro país se prevé en el artículo 123 constitucional apartado B fracción XI, con independencia de la necesidad que surja de dirimir una controversia jurisdiccional en un caso individual y concreto. Esto en atención de que en el artículo primero de nuestra constitución se establece claramente sin distinción alguna que todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales, de forma que el derecho humano genérico al trabajo digno y socialmente útil por supuesto que aplica al desempeño de las funciones que desarrolla un policía municipal pues el supuesto genérico que establece la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 8 y 10 claramente se encuadra la actividad del policía y el municipio.

En consecuencia, estamos en una época en la que debemos romper los paradigmas del pasado ocultos y protegidos en el andamiaje jurídico, como son no darle calidad de trabajador al policía sino darle una naturaleza administrativa, como si eso ayudará en algo o de algo. Es simple el policía es un ser humano que para bien del ciudadano arriesga su vida en proteger y servir, un ser humano con familia o seres amados a los que sirve y hace falta, que cada de su vida que la arriesga o llega a perderse, tanto la vejez como la muerte no distinguen de la naturaleza administrativa o laboral, a los huérfanos que deja un policía muerto en acción, cómo explicarles ese aspecto jurídico de debate entre lo administrativo y laboral, de ahí, de todo esto, lo simple dar seguridad social al elemento de las policías municipales incorporándolos al régimen obligatorio del ISSSTE, por el simple hecho de desempeñar ese trabajo o esa función administrativa de vigilancia, sin detenernos en qué procedimiento jurisdiccional se ocupe para dirimir una futura controversia que pueda o no suscitarse entre el policía y él municipio por violación a la ley del policía o por arbitrio del municipio. Con todo lo anterior es menester puntualizar que no se transgrede la autonomía municipal cuando se trata de proteger un derecho humano, sino obligar a que las administraciones públicas municipales reorganicen su presupuesto eliminando banalidades como pago de celulares, comidas, gasolinas y otros gastos que a costa del erario público, bien pudieran destinarse a cumplir las obligaciones que para la incorporación al régimen obligatorio del ISSSTE se necesita. Demos un paso en la prevención social de la violencia y la delincuencia, demos a nuestros policías municipales la seguridad social que es la oportunidad de brindarles un trabajo digno y dejemos que ellos hagan la parte que les corresponde y lo que esperamos de ellos que sean socialmente útiles.

Argumentos que sustentan la propuesta

En la mayoría de los municipios de México, nuestros elementos que integran a las policías municipales no cuentan con seguridad social, absurdamente brindan sus servicios durante toda su vida productiva sin aspirar a tener un ahorro para el retiro o una pensión y en el más lamentablemente de los casos si llegan a perder la vida a consecuencia de su desempeño como policías su familia queda desprotegida, tal vez, si tienen suerte les será entregado un seguro de vida raquítico y ello si cumplen con los requisitos que la aseguradora imponga.

Es decir, el derecho humano que reza nuestro artículo 123 constitucional no se ve protegido, ni garantizado por el Estado Mexicano en lo que refiere al personal que integran los cuerpos de policías municipales, de tal suerte, que exigimos mayor seguridad, exigimos eficiencia en la policía y nos olvidamos que la seguridad social es fundamental para alcanzar los principios constitucionales del trabajo digno y socialmente útil. Nos llenamos de discursos sobre el respeto de los derechos humanos y surge la interrogante sobre nuestros elementos de la policía municipal ¿También son humanos?, porque el olvido en que se encuentran en sus condiciones laborales pareciera un régimen de esclavitud disfrazada. ¿De qué sirve que a los policías los certifiquemos? ¿De qué sirve que se gasten millones de pesos en equipo táctico, vehículos, capacitaciones? Si lo principal que es la salud emocional del policía no se la brindamos, podemos tener un policía municipal que se traslada en un vehículo de lujo, que porte uniforme y equipo táctico de avanzada, que acreditó los exámenes de confianza, es decir, un policía que cuenta con preparación y equipamiento, pero eso de nada sirve si está preocupado por pagar la renta de su casa, por ver quien cuida a su bebe o si los hijos están enfermos pagar un médico o clínica particular, de nada sirve tener un policía que sabe que cada que sale a servicio su vida está en riesgo y tal vez esa mañana sea la última que salió de casa y no va a regresar porque perdió la vida evitando un delito y ese policía es el único proveedor de su familia y sin seguridad social no hay forma de tener una pensión, no dimensionamos la indignación de la viuda o los hijos no sólo por perder al ser amado sino la quincena siguiente no habrá más dinero para comer o ir a la escuela; ésta, por cruda que parezca, es la realidad que viven miles de policías con sus familias en nuestro país. Por ello, en el marco del respeto a los derechos humanos y la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como el interés superior del menor, atendamos la seguridad social en los cuerpos de las policías municipales, no dejemos al arbitrio de los presidentes municipales si desean o no realizar el convenio con el ISSSTE para la incorporación al régimen obligatorio, hagamos obligatoria la incorporación de todas aquellas personas que se desempeñan en las policías municipales, independientemente de la actividad que desarrollan, eso les permitirá tener acceso al sistema de ahorro para el retiro, a su pensión por vejez, por incapacidad, a que no tengan que preocuparse por la atención médica ni de ellos de los seres que aman que es su familia, que sepan que si pierden la vida en el cumplimiento del deber o a consecuencia de éste, su viudas, sus hijos o sus padres estarán bien, porque tendrán comida, vivienda y los medios para sobrevivir, así que en el sentido más lógico y común de todo ser humano si les ofrecemos un trabajo de éstas características en obviedad de razones ese tipo de trabajo se cuidan, se valoran y le cerramos la puerta a la tentación de la corrupción, del halconeo, del soborno, atendemos no sólo los satisfactores materiales de quienes nos cuidan, sino también los liberamos de la carga de la preocupación de quienes dependen de ellos, para que así se concentren en lo que hacen y sean a partir de brindarles un trabajo digno, sean socialmente útiles. Si queremos que nos traten a los civiles con respeto debemos respetarles sus derechos humanos. El brindar seguridad social a un policía estaremos atendiendo también a la salud emocional de ellos y de sus familias.

Fundamento legal

A) De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1o.En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaránde conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011

Artículo reformado DOF 14-08-2001

Artículo 115.Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

(...)

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

Párrafo reformado DOF 23-12-1999

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

Inciso reformado DOF 23-12-1999

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

(...)

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

Inciso reformado DOF 31-12-1974

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

Inciso reformado DOF 10-11-1972

XII. (...)

XIII. Los militares, marinos, personal del Servicio Exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

Fracción reformada DOF 10-11-1972, 08-03-1999, 18-06-2008

B) Ley Federal del Trabajo:

Artículo 8o. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.

Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ordenamiento a modificar

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputados: Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Iniciativa que adiciona el Capítulo VIII al Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo VIII, artículos 483 y 484, al Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En México, de acuerdo a datos del Inegi, tan sólo entre 2012 y 2014, se produjeron 13,317 accidentes de tránsito fatales.

Si se concatena ese dato con el hecho de que de acuerdo a la Secretaría de Salud, el 30 por ciento del total de muertes por accidentes de tránsito se debe al consumo excesivo de alcohol, aunado a factores como no usar cinturón de seguridad y el incremento de la velocidad, se puede concluir que, en ese período, el exceso en el consumo de alcohol, vinculado a los hechos de tránsito, produjo 3,995 defunciones aproximadamente. Cifra que lógicamente ha de elevarse, al tomar en consideración que, desgraciadamente, en ocasiones, en un accidente de tránsito fallece más de una persona.

Y si bien esos datos son los que de manera más severa revelan lo trascendente de este fenómeno causado por la combinación entre el consumo excesivo de alcohol y la conducción de vehículos automotores, es lógico que existe otro tipo de afectaciones humanas y materiales derivadas de este grave problema para la salud pública.

La Organización Panamericana de la Salud, considera que, entre las cinco razones cruciales para considerar al alcohol como una urgente prioridad de salud pública en las Américas, se encuentran las muertes relacionadas con el alcohol y el hecho de que éste es el principal factor de riesgo para la carga de la morbilidad en la Región; además, entre el 20 y el 50 por ciento de las fatalidades en accidentes de tránsito están relacionadas con el alcohol; siendo éste el quinto factor de riesgo más importante en lo que respecta a muertes prematuras y discapacidades en el mundo.

Es evidente entonces, que el uso nocivo del alcohol es un problema de salud pública, pues según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 3.3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo del alcohol y el 5.1 por ciento de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo del alcohol. Además, dicho consumo provoca defunción y discapacidad a una edad temprana, pues del grupo etario de entre 20 a 39 años, un 25 por ciento de las defunciones son atribuibles al consumo del alcohol. Por ende, dicha Organización estima que ésta problemática conlleva una pesada carga social y económica para la sociedad.

Entre los factores que influyen en el grave problema de salud pública que representa el consumo excesivo de alcohol en conjunción con los accidentes de tránsito terrestre, están los ambientales, los cuales a su vez incluyen la cultura y los niveles de aplicación y cumplimiento de políticas públicas pertinentes.

Por ello, la Organización Mundial de la salud ha manifestado que compete a los países la responsabilidad principal de formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas públicas para disminuir el consumo nocivo de alcohol. Entre esas políticas, se recomienda promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad.

En consecuencia, queda de manifiesto que las defunciones, morbilidad y lesiones provocadas por el consumo excesivo de alcohol, cuando se une a la conducción de vehículos de motor, es un problema grave de salud pública y corresponde al Estado aplicar políticas públicas pertinentes para salvar vidas y prevenir otros serios problemas vinculados con éste fenómeno, dando así respuesta a la resolución de 2010 de la Asamblea Mundial de la Salud, por la que se insta a los países para fortalecer las respuestas nacionales a los problemas de salud pública causados por dicho consumo.

Argumentos que la sustentan

Esta iniciativa pretende aplicar una política en materia de salubridad general tendente a inhibir ese grave problema. Pero no es suficiente una respuesta ligera a ese fenómeno tan perjudicial para la sociedad, más bien requiere ser decidida, responsable y pertinente. Decidida por parte de los órganos del Estado, responsable con la sociedad que exige de sus autoridades respuestas eficientes a los problemas que la aquejan y, pertinente, para inhibir tan dañino fenómeno.

Como se ha dicho, uno de los factores que influyen en el consumo nocivo del alcohol es la cultura. Que los consumidores sepan que conducir vehículos de motor con un consumo excesivo, sólo se sanciona administrativamente, con multas, o en el peor de los casos con breves arrestos, sin que se les pueda privar de la respectiva licencia por un espacio temporal considerable, se traduce en una conciencia colectiva de saber que tal hecho, sólo conlleva a una infracción administrativa, pero no constituye una grave transgresión social, que puede ocasionar serios problemas de salud, sociales y económicos.

Por ello, es pertinente responder a esa problemática con normas jurídicas que inhiban el consumo excesivo del alcohol combinado con la conducción de vehículos automotores. Y la mejor manera de hacerlo es empleando la norma penal, por contener sanciones más severas y tener, entre sus fines, la prevención general, prevención que en éste tema resulta de suma utilidad, pues se trata de salvar vidas, evitar graves traumatismos, físicos y psicológicos, y otros padecimientos, no sólo de las personas directamente involucradas en los hechos de tránsito, sino también de sus familiares, seres queridos y terceros afectados. Si no actuamos en ese sentido, seguirán aconteciendo, con desgracia sobre todo para nuestra juventud, más hechos que lamentar y que incluso podrían incrementarse en los años venideros.

Con esta iniciativa se eleva a delito, mediante la adición de dos artículos a la Ley General de Salud, la conducta antisocial de conducir vehículos automotores teniendo un elevado consumo de alcohol. Es decir, no cualquier grado de consumo, sino sólo aquel que evidentemente represente un grave riesgo para la salud pública, por estar íntimamente relacionado con muertes y serios traumatismos ocasionados en los percances automovilísticos.

Un grado tal de intoxicación que física y mentalmente hace muy difícil o imposible conservar el control adecuado de un vehículo sin riesgos para el conductor o para otros.

Al respecto, es necesario aclarar que para determinar el grado de consumo se utiliza el término alcoholemia, que es la concentración de alcohol presente en la sangre, que se expresa en forma de masa por unidad de volumen, expresándose en miligramos por 100 mililitros y se suele calcular a partir de una medición realizada en el aire aspirado.

Ahora bien, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica GPC, cuando se detecta una cantidad de alcohol de entre 150 a 200 miligramos en un decilitro de sangre, se está en presencia de una intoxicación etílica aguda, con características de marcha inestable, disminución de capacidad de atención, estando muy intoxicadas el 50 por ciento de las personas en ese estado, con ataxia o dificultad en la coordinación de movimientos y un grave deterioro mental y físico; y cuando se detecta en cantidad de entre 200 y 300 miligramos en un decilitro se presentan, además, náuseas, diplopía o fenómeno de ver dobles los objetos y alteraciones en el estado mental.

Entonces, a efecto de inhibir la conducción de automotores en esas condiciones riesgosas para el mismo conductor y para terceras personas, se sanciona como delito, a través de la adición de un Capítulo VIII, Artículos 483, al Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, el conducir vehículos de motor encontrándose con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 300 miligramos por 100 mililitros, con una pena de prisión de tres meses a dos años y multa de 50 a 150 días, además de la suspensión del derecho a conducir vehículos de motor por una duración de entre tres meses y dos años y, en su caso, la aplicación del tratamiento curativo que determine el Juzgador que no podrá exceder de la duración de la sanción privativa de libertad.

Tomando en cuenta la importancia de los bienes jurídicos que se pretenden proteger con la tipificación de esa conducta, como lo es la vida e integridad de las personas, principalmente, necesario entonces resulta la prevención de ese tipo de conductas, por lo que en caso de segunda condena por hechos de la misma naturaleza, el límite máximo de la suspensión del derecho a conducir vehículos a motor será de tres años. Y en caso de una tercera condena, las penas serán prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 300 días, además de la suspensión del derecho a conducir vehículos de motor por una duración de entre uno a cinco años y, en su caso, la aplicación del tratamiento curativo que determine el Juzgador que no podrá exceder de la duración de la sanción privativa de libertad.

Estos incrementos en los parámetros de la punibilidad no violentan el paradigma constitucional del derecho penal del acto, pues el mismo prohíbe a los jueces, en la individualización de la pena, tomar en cuenta antecedentes del sujeto, pero no impide al legislador utilizar esas valoraciones como criterio para elevar el parámetro de punibilidad, esto de conformidad con la Jurisprudencia 1ª/J. 80/2013, de la Décima Época.

Asimismo, a efecto de hacer viable la obtención de las pruebas pertinentes para determinar si se incurre o no en tales conductas, se adiciona el Artículo 484 al Capítulo VIII propuesto en el Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, para sancionar al conductor que requerido por un agente de la autoridad se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia, con penas de prisión de tres meses a un año y multa de 50 a 100 días, así como suspensión del derecho de conducir vehículos de motor por una duración de entre tres meses y un año.

No obsta a lo anterior la excluyente del delito prevista en el artículo 15, fracción VII, del Código Penal Federal, y en sus correlativos de las legislaciones estatales, que elimina el carácter delictivo a aquellas conductas desplegadas encontrándose su autor en un estado de inconsciencia respecto a lo ilícito de su actuar; pues esa misma excluyente encuentra excepción en lo que en doctrina se conoce como acto libre en su causa; es decir, que se puede reprochar penalmente al sujeto que se colocó libremente en un estado, por ejemplo, de intoxicación etílica, y en ese estado actualiza la conducta típica.

Por último, por tratarse de delitos que se establecen como resultado de una política para afrontar un grave problema de salud pública, se agregan al listado de delitos previstos en la Ley General de Salud que, por ser una ley expedida por el Congreso de la Unión, es de la competencia de las autoridades federales; sin embargo, de los artículos 4o., párrafo cuarto, 73, fracción XIX, último párrafo, Constitucionales, se desprende que en las materias concurrentes serán las leyes federales las que establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.

Como consecuencia de ello, se determina que serán competentes las autoridades de las entidades federativas para investigar y sancionar tales conductas, siempre y cuando no se actualice alguno de los siguientes supuestos:

a) Que el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto, o

b) Que el Ministerio Público de la Federación solicite al del fuero común la remisión de la investigación.

En éstos supuestos la autoridad federal tendrá competencia para investigar y sancionar dichos delitos. Para efecto de lo dispuesto en el inciso b), bastará con que el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades locales gozarán de plena validez.

Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia.

Cuando el Ministerio Público de la Federación conozca de dichos delitos podrá remitir al Ministerio Público del fuero común la investigación.

Fundamento legal

Como se ha dicho, el problema en análisis representa ser de salud pública; concretamente, la Ley General de Salud, en su artículo 3o., establece que es materia de salubridad general la prevención de accidentes y de la discapacidad, la prevención de enfermedades derivadas del alcoholismo y la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol.

Luego entonces, la competencia del Congreso de la Unión para conocer de ésta iniciativa se fundamenta en los artículos 4o., párrafo cuarto, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorgan facultades para dictar leyes en materia de salubridad general, como lo es la Ley General de Salud, además de establecerse que ésta materia será de competencia concurrente.

Por tanto, al tratarse de una iniciativa para tipificar un delito que se establece como resultado de una política para afrontar un grave problema de salubridad general, se agrega al listado de delitos previstos en la Ley General de Salud.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un Capítulo VIII, Artículos 483 y 484, al Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un Capítulo VIII, artículos 483 y 484, al Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Título Décimo OctavoMedidas de Seguridad, Sanciones y Delitos

Capítulo VIIIDelitos de Peligro Contra la Salud en Materia de Seguridad Vial

Artículo 483. A quien conduzca vehículos de motor encontrándose con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 300 miligramos por 100 mililitros, se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de 50 a 150 días, además de la suspensión del derecho a conducir vehículos de motor por una duración de entre tres meses y dos años y, en su caso, la aplicación del tratamiento curativo que determine el Juzgador que no podrá exceder de la duración de la sanción privativa de libertad.

En caso de segunda condena por hechos de la misma naturaleza, además de las penas de prisión y multa ya indicadas en el párrafo que antecede, se impondrá la suspensión del derecho a conducir vehículos de motor por una duración de entre tres meses y tres años y, en su caso, la aplicación del tratamiento curativo que determine el Juzgador que no podrá exceder de la duración de la sanción privativa de libertad.

En caso de una tercera condena por hechos de la misma naturaleza, los límites de punibilidad aplicables serán prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 300 días, además de la suspensión del derecho a conducir vehículos de motor por una duración de entre uno a cinco años y, en su caso, la aplicación del tratamiento curativo que determine el Juzgador que no podrá exceder de la duración de la sanción privativa de libertad.”

Artículo 484. Se impondrá prisión de tres meses a un año y multa de 50 a 100 días, al conductor que requerido por un agente de la autoridad se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia.

De los delitos a que se refieren el presente artículo y el que le antecede, serán competentes las autoridades de las entidades federativas para investigar y sancionar tales conductas, siempre y cuando no se actualice alguno de los siguientes supuestos:

a) Que el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto, o

b) Que el Ministerio Público de la Federación solicite al del fuero común la remisión de la investigación.

En estos supuestos la autoridad federal tendrá competencia para investigar y sancionar dichos delitos. Para efecto de lo dispuesto en el inciso b), bastará con que el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades locales gozarán de plena validez.

Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia.

Cuando el Ministerio Público de la Federación conozca de dichos delitos podrá remitir al Ministerio Público del fuero común la investigación.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información, Accidentes de tránsito fatales, Nacional, www3.inegi.org.mx./sistemas/biinegi/

2 Secretaría de Salud, Prensa, “30 por ciento de muertes por accidentes en la vía pública se debe al consumo de alcohol”, https://www.gob. mx/salud/prensa/

3 Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, “Alcohol y Salud Pública en las Américas”, www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol_public_ health_americas_spanish.pdf.

4 Organización Mundial de la Salud, Alcohol, Centro de prensa, www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/

5 Ídem.

6 World Health Organization, “Glosario de términos de alcohol y drogas”, www.who.int/substance_abuse//terminology/lexicon/_alcohol_ drugs_spanish.pdf

7 Gobierno Federal, “Guía de Práctica Clínica gpc, Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación aguda por alcohol etílico en adultos en el segundo y tercer nivel de atención”, www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/ISSSTE_256_13_INTOXICACI ÓNETILICA/ISSSTE_256_13_RR.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo de 2017.— Diputados: Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 20 DE MARZO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA DEL INTERNACIONALISTA MEXICANO”

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Iniciativa de decreto, por el que se declara el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y diputados del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ante la ausencia en México de un día dedicado a celebrar a los especialistas en el estudio de las naciones que integran la convivencia mundial y reconociendo la aportación de los profesionales de las relaciones internacionales para defender la soberanía nacional, así como vigilar que prevalezcan los principios de política exterior del país, surge la propuesta para declarar el Día del Internacionalista en México.

Hoy más que nunca, México requiere profesionales en asuntos internacionales desde todas las perspectivas posibles para extender y reforzar los lazos que lo unen a la sociedad internacional mediante un cuerpo diplomático robusto y audaz, presencia en los principales foros de discusión global, participación activa en los organismos internacionales y demás acciones bajo la guía de nuestros principios rectores de política exterior.

Es urgente reconocer el entorno mundial cambiante, incierto y complejo, pero que al mismo tiempo representa un reto para que el país diversifique sus estrategias de posicionamiento sea frente a otros Estados nación, regiones, bloques y alianzas globales. Por ello, el papel del internacionalista es fundamental dado su perfil de preparación, conocimientos, habilidades y competencias.

El término internacional se forma por la unión del prefijo inter, que significa “entre”, y del vocablo nacional, proveniente a su vez del latín natio, o “nacimiento”, “pueblo”, “especie” o “clase”. Así, internacional se refiere a las relaciones entre naciones, pueblos y sociedades; por lo que el internacionalista es el profesional cuyo campo de conocimiento lo constituye el estudio de las interacciones de los Estados-nación como principales actores de la Sociedad Internacional, así como el de sus integrantes y los fenómenos que la moldean.

La Real Academia Española define al internacionalista como la “persona versada en derecho internacional”. Por otra parte, el término también hace referencia a las personas instruidas en las áreas de política internacional, diplomacia, comercio exterior, finanzas y negocios internacionales, cooperación para el desarrollo y en general los estudios de las relaciones internacionales.

Desde su fundación, el Estado mexicano ha requerido los servicios de internacionalistas para defender la soberanía nacional frente a las amenazas externas, fortalecer la imagen del país y, en fechas más recientes, insertar a México en las dinámicas globales que abarcan los medios de comunicación, la cultura, los negocios, la academia y el fomento de la solidaridad internacional.

El diplomático moderno mexicano es a quien con mayor frecuencia se le identifica como internacionalista por razones naturales de su labor como ejecutor de la política exterior; asimismo, es el heredero de una tradición reconocida en el ámbito mundial dada su destacada participación en temas como la no intervención, la prohibición del uso de armas nucleares, el derecho al desarrollo, las negociaciones de tratados comerciales, entre otros.

No sólo el papel de los internacionalistas es importante hacia el exterior, también lo es dentro de nuestras fronteras dado que son quienes contribuyen a la comprensión internacional, la cual se funda en el principio de las relaciones amistosas entre los pueblos y Estados que tienen sistemas sociales y políticos diferentes, así como el respeto de los derechos humanos; concepto promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A través de la comprensión internacional se reconoce la importancia de interactuar en el escenario global con otros países y al mismo tiempo se valoran las características propias de la nación mexicana.

Nos encontramos ante una inmejorable oportunidad para reconocer asimismo la labor que históricamente ha desempeñado la Secretaría de Relaciones Exteriores; las aportaciones que han brindado al mundo ilustres hombres y mujeres mexicanos en materia de política exterior contenidos como principios dentro de nuestra Carta Magna; y la profesionalización de quienes se desempeñan en la Diplomacia, en la destacada figura del Instituto Matías Romero, reconocido a nivel internacional por su calidad.

Uno de los máximos exponentes de esta profesión fue el embajador emérito Alfonso García Robles, nacido en Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911. El ilustre diplomático fue embajador de México en Brasil, subsecretario y posteriormente secretario de Relaciones Exteriores en el periodo 1975-1976, funcionario de alto nivel en la Organización de las Naciones Unidas y presidente de la comisión encargada de redactar el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, mejor conocido como “Tratado de Tlatelolco”. Por esa labor, y por su continua aportación en el Comité de Desarme de las Naciones Unidas, el Comité Nobel del Parlamento Noruego le otorgó, junto a la diplomática y escritora sueca Alva Reimer Myrdal, el premio Nobel de la Paz en octubre de 1982. Es uno de los tres ilustres compatriotas que hasta ahora han recibido el prestigioso premio Nobel, en sus distintas categorías.

En 2017 se celebran los primeros 50 años del Tratado de Tlatelolco, sin duda un logro del liderazgo y visión de la diplomacia mexicana, firmado por los 33 países de América Latina y el Caribe, que estableció la primera zona habitada libre de armas nucleares en el mundo. El Tratado de Tlatelolco influyó en otras iniciativas regionales como los instrumentos jurídicos en África (Tratado de Pelindaba), el Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga), Sureste Asiático (Tratado de Bangkok), Asia Central, Antártida, así como tratados multilaterales: Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, el Tratado sobre control de armas nucleares en el fondo del mar, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Por lo anterior resulta importante reconocer la labor de los internacionalistas en México, quienes hacen uso de su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro país desde los sectores público, privado, civil y académico. Estimamos necesario que cada año se recuerde el valor de los esfuerzos que hacen posible el fortalecimiento de la identidad nacional en el exterior, así como las estrategias que permiten exaltar la presencia del país en el mundo.

Pocas naciones conmemoran en un día especial la labor del internacionalista; generalmente se dan sólo algunas referencias como sucede el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. Sin embargo, dada la trayectoria histórica de esta profesión, el número de instituciones de prestigio que enseñan esta disciplina, no sólo en el país sino en el extranjero, y el creciente interés por los estudios internacionales que se demuestra en la cantidad de egresados universitarios de esta carrera, es menester contar en México con una fecha para conmemorar esta noble profesión.

Con motivo de conmemorar el natalicio del ex embajador Alfonso García Robles, resulta pertinente que se establezca el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano. Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano

Único. El Congreso de la Unión declara el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputados: Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federalesintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6 fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estudio de la relación entre el hombre y el medio ambiente, así como de las externalidades de la misma no es una tarea reciente, si bien es cierto que hoy en día existe mayor vigilancia y participación de las autoridades para dar atención a la problemática ambiental, lo cierto es que el análisis de las acciones del hombre en contra de su medio natural y de las consecuencias negativas en él encuentran sus orígenes en la civilización agrícola de Egipto, quienes tenían grandes conocimientos prácticos sobre la acción del medio natural, lo que les permitía tener una agricultura fructífera, lo que derivó en una afectación ambiental debido a la modificación de suelos y desaparición masiva de especies silvestres.

Al paso de los años, la preocupación por la degradación de nuestros recursos naturales fue generalizándose, de tal suerte que los primeros trabajos para tratar este problema se dieron en los años 70, cuando las Naciones Unidas convocan a una conferencia en Estocolmo sobre el medio ambiente, con la participación de 110 países y cuyo objetivo era elaborar un plan de acción práctico mundial, dando origen a la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

Esta declaración contiene 109 recomendaciones que pueden agruparse en 5 grandes rubros:

1. Aspectos ambientales del manejo de los recursos naturales;

2. Planificación y administración de los asentamientos humanos para el mejoramiento ambiental;

3. Identificación de los principales contaminantes y su control;

4. Aspectos educacionales, socioculturales y de información respecto a los asuntos ambientales, y

5. Medio ambiente y desarrollo.

De igual manera dicha conferencia le dio origen al Día Mundial del Medio Ambiente y consecuentemente se adoptó un nuevo concepto de educación ambiental; al respecto, en nuestro país, fue en el mandato del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), como una alternativa de atención a la problemática ambiental.

Muestra de la intención de atender prioritariamente la afectación a nuestro medio ambiente, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se refirió que las soluciones de la problemática ecológica dependen en gran medida de la participación activa y consciente de todos los sectores de la población, por lo que era necesario ejecutar acciones en materia de educación ambiental, a través de un proceso continuo y permanente que se inicie en los grados preescolares y siga a lo largo de las diferentes etapas del sistema educativo.

Otro ejercicio fue el que implementó la Comisión Nacional de Ecología en 1987, dirigiendo sus principales trabajos a la educación ambiental, a través del fortalecimiento a las acciones para promover la conciencia ecológica con la participación de la comunidad docente, desarrollando talleres en materia de conservación de los recursos naturales, especialmente en la reforestación.

La educación ambiental está dirigida a la construcción del conocimiento y su comunicación, la misma representa un reto importante para el educador que debe desarrollar las mejores técnicas pedagógicas para que los estudiantes logren relacionar los nuevos conocimientos con aquellos que ya tienen y no habían sido apreciados como parte de una cultura ambiental.

La formación de una cultura de respeto hacia cualquier manifestación de vida existente en nuestro entorno, exige hacer análisis y evaluaciones que permitan conocer los mecanismos que pongan un alto al deterioro de los recursos ambientales ya impactados, las técnicas de recuperación hacia éstos y las acciones y programas que garanticen la conservación futura del mayor número de recursos naturales aun existentes en nuestro planeta.

Al respecto, Febres, en su obra La Gestión Ambiental: bases conceptuales de la educación para un desarrollo sostenible, refiere que la “tendencia pedagógica para el Desarrollo Sustentabledebe ser la de promover una cultura de paz, alentar procesos sociales integradores, favorecer el uso de tecnologías no agresivas con el ambiente, apuntalar la justicia social y disminuir sostenidamente la pobreza”; de lo que se entiende que no se requiere de elementos técnicos estrictos que nos lleve a pensar que como personas y estudiantes comunes no puedan comprender, se habla más de la generación de la consciencia y a integración de todos los grupos poblacionales en la ejecución de estrategias para mejorar nuestro entorno natural.

No obstante ello no significa que no deban considerarse los elementos tradicionales dentro del proceso educativo, tales como los planes de estudio, los libros de texto, los materiales didácticos y todos aquellos materiales que abonen a la impartición de conocimientos en materia de educación ambiental.

Sin duda las acciones que se han desarrollado a lo largo de la historia establecieron bases sólidas para el diseño y ejecución de políticas públicas que exalten la importancia de la educación ambiental como una herramienta indispensable para combatir la degradación de nuestro medio natural.

Al paso de las décadas, el daño y deterioro de nuestros ecosistemas se tornan mucho más graves y urgentes de atender, ello, debido al acelerado crecimiento poblacional que trae consigo el crecimiento de las zonas urbanas y por ende desaparición de espacios verdes, así como el aumento en la generación de residuos y contaminantes.

No somos omisos a los logros alcanzados, cada vez somos más las personas preocupadas e interesadas por hacer algo que beneficie su entorno, no obstante, es una realidad innegable que las acciones implementadas por nuestras autoridades se han quedado cortas, no por falta de capacidad, sino por la falta de concientización y participación social.

Es lamentable seguir observando la indiferencia de personas que aseguran no tener en sus manos la implementación de acciones que aunque parecen mínimas o insignificantes, la suma de ellas impactaría de manera positiva en la conservación de los recursos naturales con los que aún contamos.

Parte indispensable en la toma de consciencia es la disponibilidad de información, para ello resulta indispensable integrar a los contenidos de los planes y programas educativos, la materia de educación ambiental, ello, convencidos de que es una herramienta necesaria para desarrollar conocimientos básicos en materia ambiental.

Actualmente nuestro sistema educativo ha evolucionado, de tal forma que hoy dos derechos humanos tan elementales como la educación y el derecho a un medio ambiente sano se fusionan para el cuidado de nuestro entorno y especialmente para beneficio de las personas.

La política educativa actual ha mostrado un grado de inclusión al tema ambiental verdaderamente innovador e importante para lograr poner un alto a las afectaciones ambientales, ejemplo de ello es la introducción de la materia ambiental dentro de los fines de la educación en la Ley General de Educación, tal y como se señala en los siguientes preceptos jurídicos:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a X. [...]

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII. a XVI. [...]

Para su implementación, la referida Ley General igualmente establece que la encargada de la determinación de dichos planes y programas de estudio es la Secretaría de Educación, tal y como se cita en el siguiente artículo:

Artículo 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así como aquéllas que en su caso, formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, históricos, artísticos y literarios, la Secretaría de Cultura propondrá el contenido de dichos planes y programas a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente, conforme al párrafo primero de este artículo.

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Cultura, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.

En cumplimiento a dicha atribución, el pasado 20 de julio de 2016, la Secretaría de Educación dio a conocer el “Modelo Educativo 2016”, mismo que surge ante la necesidad de hacer compatible el modelo educativo vigente con los retos actuales y las demandas de un mundo globalizado.

Dicho Modelo Educativo 2016 reorganiza los principales componentes del sistema educativo para garantizar una educación de calidad basada en 5 ejes:

1. Escuela al Centro: Este enfoque implica desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las autoridades educativas conocer y atender, con oportunidad y pertinencia, las necesidades de las escuelas. En otras palabras, el modelo busca crear una escuela renovada y fortalecida que cuente con una organización, recursos, acompañamiento, infraestructura, docentes y servicios que conviertan las aulas en auténticos espacios de aprendizaje.

2. Contenidos: La selección de los contenidos básicos que integran el currículo nacional debe ser resultado de una visión multidisciplinaria en la que participen docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Esta definición debe tener como base el diálogo sobre lo deseable y lo posible, aquello fundamental que debe ser común y el aliento a la mejora de la calidad.

3. Maestros: Para lograr la transformación de la educación, además de una nueva gestión del sistema educativo que permita llevar el planteamiento curricular a las aulas, se requiere de una revisión de la formación y el desarrollo profesional docentes. La profesionalización de los maestros debe comenzar desde su formación inicial y ser un continuo durante toda su vida laboral.

Se refuerza la confianza en el profesionalismo de los maestros y deja de considerarlos preponderantemente como transmisores de conocimiento prescrito en un currículo vertical, poco abierto a la creatividad y la adaptación a diferentes entornos. Más bien, la premisa del modelo educativo 2016 es que los maestros son agentes capaces de discernir sobre la aplicación del currículo frente a alumnos de características heterogéneas.

4. Inclusión y Equidad: En materia de inclusión, es necesario crear las condiciones para garantizar un acceso efectivo a una educación de calidad y reconocer las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos.

En materia de equidad, es preciso redoblar esfuerzos para destinar mayores recursos educativos a la población en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. Esto es fundamental para que respuestas diferenciadas a necesidades diversificadas contribuyan a eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación, el aprendizaje y la participación.

5. Gobernanza: El principio de autoridad que rige la gobernanza del sistema educativo se encuentra alimentado por valores éticos, jurídicos y políticos, que parten de la escuela hasta alcanzar la más alta jerarquía. Los principales valores que lo nutren son el respeto, la confianza, la honestidad y la responsabilidad. En materia de división de responsabilidades, esto supone que el maestro, el director, los padres de familia y el supervisor el modelo educativo 2016 deben dividir y compartir atribuciones, así como dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones que a cada uno corresponden.

En el caso que nos ocupa, son los contenidos uno de los elementos de mayor relevancia para dar viabilidad al modelo de forma integral; como Partido Verde celebramos la integración de la materia ambiental como uno de sus ejes prioritarios tal y como se muestra en la siguiente tabla:

PROPUESTA DE APRENDIZAJES FUNDAMENTALES l CIENCIAS SOCIALES

Documento completo disponible en: https://www.gob.mx/ cms/uploads/docs/Propuesta-Curricular-baja.pdf

Lo anterior, sin duda, habla del interés del gobierno de la República para desarrollar acciones que se adecuen a las demandas actuales de la situación ambiental por la que atravesamos, sin embargo, consideramos que se requiere de la inclusión explícita de la obligación de incluir dichos aprendizajes -materia de educación ambiental- en el texto de la legislación, lo que garantizará su cumplimiento sin pretexto de ser omisos al mandato de una política pública tan importante e indispensable como lo es la educativa.

En mérito de lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación

Único.Se modifica la fracción XIdel artículo 7o.de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a X. [...]

XI. Inculcar e impartir de manera obligatoria la materia de educación ambiental que incluyalos conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII. a XVI. [...]

Artículo Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Continuando con el orden del día, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Santos Garza Herrera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Santos Garza y adicionalmente las diputadas Flor Estela Rentería Medina y Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Santos Garza Herrera: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los más grandes pensadores de nuestro tiempo, Norberto Bobbio, se refirió al momento en el que nos encontramos como el tiempo de los derechos y qué bueno que sea así, pero no se trata solo de reconocerlo, sino de trabajar día con día para hacerlo realidad, pasando de su reconocimiento legal a su vivencia real.

Un Estado constitucional y democrático de derecho es también un estado que sabe ponderar y equilibrar adecuadamente todos los intereses legítimos, buscando siempre la mayor protección para el medio ambiente.

La iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta honorable asamblea sigue precisamente este hilo conductor, pero tratándose del medio ambiente.

En nuestro país, la política ambiental es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y tiene como objetivo garantizar la sustentabilidad de nuestros recursos naturales, a fin de que puedan ser utilizados racionalmente y asegurados por las futuras generaciones.

El derecho a un medio ambiente adecuado alcanza la categoría de derecho humano, consagrado así en nuestro artículo 4o. constitucional. Eso implica que como todo derecho, es una obligación de protección y garantía de parte del Estado.

La política ambiental en el territorio nacional se rige por el Capítulo III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual en el artículo 15 enumera un catálogo de lineamientos en distintas áreas, como la obligación de las autoridades a proteger el equilibrio ecológico, el derecho de las comunidades indígenas a los recursos naturales y el combate a la pobreza, con un enfoque económico y como un prerrequisito para el desarrollo sustentable.

La iniciativa que hoy planteamos busca fortalecer el enfoque social de las políticas ambientales, agregando una nueva fracción al artículo 15, para instituir que en la aplicación de políticas ambientales siempre será una prioridad causar las menores afectaciones posibles a las personas que ahí habitan.

En el actual marco legal, por ejemplo, cuando se declara por parte del gobierno federal una nueva área natural protegida, conlleva de una buena parte el gran esfuerzo por preservar los recursos naturales para el futuro, pero también implica para las personas en la localidad, un reajuste sin precedentes en su calidad de vida.

Quienes conocemos de viva experiencia estos casos, sabemos que las familias muchas veces pierden su trabajo, su hogar y su proyecto de vida, y que en la búsqueda de certidumbre al medio ambiente podemos dejar en la incertidumbre a comunidades enteras.

Reconocer que las personas y su modo de vida son una prioridad, no sólo legítima la política, sino que muestra el compromiso del Estado por un desarrollo sustentable que contemple el equilibrio ecológico.

Por todo esto es que presentamos esta iniciativa, para fortalecer la protección ambiental y socializarla aún más en beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Garza Herrera. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

ABROGA LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, adelante, diputada.

La diputada Eloisa Chavarrias Barajas:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nuestra Constitución Política establece: es obligación de los ciudadanos contribuir para los gastos públicos de la federación de la Ciudad de México, de los estados y municipios en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Todas las personas estamos obligadas a contribuir con el Estado, es la razón de ser de los impuestos. Los ciudadanos que adquieren un bien determinado, que se encuentre considerado dentro de una ley impositiva estará obligado al pago del impuesto correspondiente, es el caso del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Isan, cuya ley entró en vigor el 1 de enero de 1997, es indudable que uno de los bienes más onerosos para los mexicanos es la adquisición y manutención de un vehículo automotor.

Se tiene registrado que en el tiempo de su posesión se podrían pagar hasta ocho gravámenes, entre impuestos y derechos, entre los que se encuentran el Isan, el IVA, la tenencia vehicular, derecho de refrendo, emplacamiento, verificación, ISR, la enajenación, licencia de manejo, renovación de tarjeta de circulación con chip, el IEPS en gasolinas y sus incrementos, lo que indudablemente ha significado una excesiva carga tributaria para los contribuyentes.

Derivado de lo anterior, el costo hace que una cantidad considerable de estos vehículos sea adquirida a través de créditos que se pagan durante varios meses o años, lo cual hace que el precio final sea muy elevado.

Además, deben considerarse los seguros de todo tipo, porque así lo requieren los bancos. La justificación de la implementación de este impuesto es que los poseedores de vehículos automotores utilizan calles, avenidas, carreteras, etcétera, para transitar, haciendo necesario destinar recursos públicos para su conservación y ampliación.

Sin embargo, este argumento es falaz, puesto que aunque no sean propietarios de vehículos, uno de los derechos humanos fundamentales es la movilidad a lo largo y ancho del territorio nacional.

Los impuestos especiales deben cubrir una función específica y temporal y no convertirse en una carga al infinito para el consumidor.

Hoy la delicada situación de inversión en México nos debe obligar a revisar los impuestos y hacer que en México podamos fortalecer el mercado interno, ser más competitivos y poder voltear los ojos hacia otros mercados.

La Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos tiene una vigencia de 20 años, tiempo suficiente para prorrogarla y sustituirla por una acorde a los nuevos tiempos.

La abrogación de esta ley será en beneficio del consumidor que verá abaratados los costos reales de un vehículo.

Lo que se pretende con esta acción legislativa es promover el consumo interno de vehículos a precios competitivos. Es cierto que la eliminación de este impuesto, que en el PAN creemos hoy por hoy no tiene razón de ser, puede presentar una merma en los ingresos públicos, pero aquí lo importante es impulsar el mercado interno y que se conserven miles de empleos. Estos recursos pueden compensarse con el incremento en la compra de vehículos nuevos y la mayor dinámica del mercado interno por la eventual reducción de los precios.

Con esta propuesta queremos promover una nueva dinámica en el mercado, en donde la adquisición de un automóvil nuevo ayude a la renovación del parque vehicular y contribuir de manera importante al cuidado del medio ambiente.

Señoras y señores, con esta iniciativa queremos impulsar la economía mexicana. Apostamos también a que la abrogación de esta ley para eliminar el impuesto sobre automóviles nuevos sea un acto de justicia y de aliento hacia la población, en especial de aquellos que cumplen con sus obligaciones impositivas y que han sido tan castigadas en los últimos años con impuestos, impuestos y más impuestos, sin que se observen beneficios palpables para las familias mexicanas. Se trata de una acción a favor de todos los ciudadanos mexicanos. Es cuanto, compañeros diputados, señora presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Chavarrías Barajas. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá:Con su venia, diputada presidenta. Saludo con respeto a mis compañeras diputadas, a mis compañeros diputados. Presento ante esta soberanía iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud.

Agradezco a la Federación Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello; a su presidente, el doctor Francisco Javier Mina Rodríguez; al vicepresidente, doctor Rodolfo Lugo Saldaña, por su apoyo académico a estas iniciativas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial cada año hay aproximadamente un millón 250 mil accidentes de tráfico con muertes consecuentes. De acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud, se prevé que en 2020 habrá cada año dos millones de muertes por accidentes de tráfico.

Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en personas de 15 a 29 años y en México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tráfico, ya que en nuestro país fallecen 24 mil personas cada año.

Por otro lado, en México las lesiones causadas por accidentes de tránsito siguen encontrándose entre las 10 principales causas de muerte. Para prevenir los accidentes de tráfico es importantísimo identificar las causas que las producen y entre las principales causas de los accidentes viales se encuentra una patología que se llama Síndrome de Apnea obstructiva del sueño, que en México 2.2 de las mujeres y 4.4 de los hombres mayores de 40 años padecen esta patología.

¿Y de qué se trata esta enfermedad? Compañeras diputadas, compañeros diputados, son aquellas personas que roncan, son aquellas personas que producen ronquidos ruidosos y que se caracterizan por un colapso repetido de la vía área alta y con un ausencia de flujo aéreo por más de 10 segundos como consecuencia: esto se define como apnea.

Cinco apneas por noche de sueño producen aproximadamente cinco minutos de ausencia de oxigenación cerebral, oxigenación cardiaca y oxigenación de los tejidos del organismo. Esto se asocia a una disfunción cerebral muy importante y se manifiesta por aquellas personas que duermen, pero que no descansan, amanecen al día siguiente con sueño, amanecen somnolientas y con ausencia importante de concentración.

Existen otras patologías que afectan esta enfermedad como la insuficiencia cardiaca, la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar; en el sistema cerebro-vascular hay isquemias transitorias, cuando a la gente se le olvidan las cosas.

Por otro lado, produce trastornos neuropsiquiátricos como la ansiedad, la depresión y alucinaciones, lo cual tiene un impacto directo en la vida de cada una de estas personas, inclusive afectan de manera importante sus relaciones interpersonales, es decir, hay mujeres que se separan de sus parejas, de sus maridos, porque tienen un marido que ronca y que ronca mucho; hay ausentismo laboral; y, por supuesto, a lo que yo me refiero, accidentes de tráfico.

Los indicadores mencionados confirman que los accidentes de tráfico son más frecuentes en aquellas personas que padecen de apnea, por lo tanto las posibilidades de accidentes de tráfico son menores en aquellas que no lo padecen, por lo que resulta sumamente importante para la prevención de accidentes, que aquellas personas que conducen sean sometidas a un examen para conocer si tienen Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño. Y en caso de que así sea, pues sean sometidas a un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico.

Es por ello que ante esta soberanía vengo a presentar la iniciativa con ley y decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, donde todas las instituciones de salud pública deberán tener las herramientas para hacer estos exámenes. La Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Semar y las instituciones de salud pública, por ello deberán generar convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con las federaciones de especialistas del ramo, con consejos, con sociedades, para que se determinen los exámenes...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame un segundo, diputado, por favor. Sonido en la curul del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Para hacerle una pregunta, si me lo permite el señor diputado.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá: Sí, con mucho gusto.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, diputado. Lo que nos dice usted en la fundamentación de su iniciativa es que las personas que roncan son más propensas a tener problemas mentales, a separarse de su pareja y a causar accidentes de tránsito. ¿Es así?

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá:Es correcto, diputado. Es así.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Continúe, diputado, por favor.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá: ...por lo que pretendemos que determinen exámenes sicofísicos integrales que se deben practicar a aquellas personas que conducen, para que se les otorgue o se les revalide su licencia de conducir.

Asimismo, para prevenir esos accidentes, estas instituciones de salud pública de nuestro país deberán de generar la atención médica y/o quirúrgica en su caso. Es cuanto, diputada presidenta. Espero su respaldo, compañeras diputadas y compañeros diputados. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por la diputada Daniela de los Santos Torres. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

De igual forma, saludamos la presencia de maestros jubilados del estado de Morelos que hoy nos visitan, invitados por la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Paloma Canales Suárez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 125 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Paloma Canales Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Paloma Canales Suárez:Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Es innegable que los derechos de los niños son la columna vertebral para sociedades más justas e igualitarias.

En la larga travesía que ha implicado para el ser humano reconocer que todos tenemos derechos por igual sin importar la etnia, la religión o la cultura, también se ha logrado acuñar el concepto urgente de que los niños son seres vulnerables y que deben de ser protegidos para evitar en la mayor medida posible cualquier abuso, maltrato, injusticia, que provenga del mundo de los adultos.

En el plano internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado que ha sido suscrito por la mayoría de los países en el mundo. En él se establecen una amplia gama de disposiciones que abarcan derechos y libertades civiles al entorno familiar, la salud básica, el bienestar, la educación, la recreación, las actividades culturales y las medidas especiales necesarias para su protección.

La convención contiene varios principios fundamentales que sustentan todos los demás derechos de la infancia. Se trata de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la supervivencia, y el desarrollo y la opinión del niño.

Al respecto, dentro de nuestro sistema jurídico, el interés superior del menor es reconocido expresamente por nuestra ley fundamental en el párrafo noveno del artículo 4o., a partir de la entrada en vigor del correspondiente decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2011, estableciéndose como principio rector en todas las decisiones y actuaciones del Estado, el cual deberá velar por su cumplimiento con la finalidad de garantizar de manera plena, sus derechos.

Asimismo, la protección jurídica de este medular sector se consolida con la publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el 4 de diciembre de 2014, ordenamiento que vino a sustituir la anterior Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En este sentido, si bien es cierto en la fracción IV del artículo 125 de la referida ley general, quedó asentada la atribución del denominado Sistema Nacional de Protección Integral, consistente en promover en los tres órdenes de gobierno el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Consideramos que, atendiendo a la trascendencia que implica el buscar garantizar la satisfacción de las necesidades e intereses elementales del rubro social que nos ocupa, es necesario precisar, señalar en dicho apartado legal, la forma de materializar tan relevante facultad.

Buscamos este propósito a partir de la incorporación al texto de la legislación secundaria de las experiencias transmitidas a nivel internacional como son las Observaciones Generales que emite el Comité de los Derechos de Niños, en particular la número 19 sobre Gastos Públicos y los Derechos del Niño, cuyo objeto es garantizar la aplicación por parte de los Estados del artículo 4o. de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres protocolos facultativos en relación con el gasto público.

Es por ello que, recordando especialmente el principio de progresividad de los derechos humanos, así como el del interés superior de la niñez, reconocidos ambos en el texto vigente de nuestra ley fundamental, presento ante esta soberanía la propuesta de reforma legal en cuestión, cuya la finalidad es desarrollar la atribución del Sistema Nacional de Protección Integral que consiste en promover y elaborar proyectos de presupuesto para el sector de la niñez y la adolescencia en los diferentes órdenes de gobierno al sentar las bases mínimas que deberán atenderse en el proceso de aprobación de tales proyectos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputada Canales Suárez. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Blandina Ramos Ramírez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Blandina Ramos Ramírez y el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, ambos del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Blandina Ramos Ramírez:Gracias, presidenta. Diputadas y diputados, el Estado mexicano tiene una gran deuda con la pesca, esta actividad debería de ser estratégica y de interés nacional, no sólo por su aporte en la generación de empleos, sino también, por la producción de más de un millón 700 mil toneladas anuales de alimentos, de sus exportaciones por más de mil millones de dólares, sin dejar de lado su papel en el combate a la pobreza, sobre todo en el medio rural y como alternativa para una mejor alimentación de los mexicanos, pero paradójicamente, este sector se encuentra relegado en los tres niveles de gobierno.

La pesca y la acuacultura son actividades que mediante una adecuada política de Estado por parte del gobierno mexicano pueden constituirse como verdaderos enlaces del desarrollo nacional por cuanto significan, además, para la generación de más y mejores empleos, y para resolver el grave problema de desnutrición que lacera a millones de mexicanos, y que hasta hoy hemos desestimado cuando debería ser la prioridad de todos los gobiernos.

En lo referente a la acuacultura, entre sistemas controlados y pesquerías acuaculturales, esta actividad ha ido en aumento por la importancia que ha cobrado como actividad paralela a la pesca. Y es por eso que esta iniciativa presenta que a la actual Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados se le debería agregar este importante término, que se vuelve un tema sustantivo para el desarrollo de nuestra actividad económica.

Solicito, señora presidenta, que por su conducto esta iniciativa se turne a la Comisión de Pesca para su opinión. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramos Ramírez. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Y estamos a la reserva de revisar el turno que ha solicitado durante su intervención la diputada Ramos Ramírez, para revisar la procedencia del mismo.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los impuestos especiales sobre bienes y servicios, mejor conocidos como IEPS, se diseñaron para buscar inhibir el consumo de productos ligados a algún perjuicio social.

El IEPS grava bebidas alcohólicas, tabaco, pesticidas, plaguicidas, bebidas azucaradas, alimentos con alto contenido calórico, así como los juegos y apuestas, pero también se grava con el IEPS las telecomunicaciones que utilizan la red pública nacional y los combustibles fósiles, que estos dos últimos no son un perjuicio social sino al contrario.

Sin embargo, a pesar de que el IEPS está directamente relacionado con las problemáticas particulares y concretas, no hay claridad ni certeza de que el destino de su recaudación se destine a programas o proyectos enfocados a solucionar o paliar los efectos negativos como resultado de las actividades y productos gravados. Hay una gran opacidad en el manejo del mismo.

De hecho, en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se establece que el IEPS a gasolinas y combustibles fósiles se destinará a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

También se establece que los estados y municipios recibirán cuotas de recaudación por el IEPS en lo relativo a las bebidas alcohólicas y los tabacos. Sin embargo, los otros productos contemplados como gravados con impuesto especial, no tienen una distribución presupuestaria territorial específica. Es el caso de las gasolinas y de las telecomunicaciones y todas las demás que ya dijimos.

Por ello, la mayor parte de lo recaudado queda en las arcas federales y su seguimiento en cuanto destino final es prácticamente nulo, pues su rastro desaparece tanto en la Federación como en los estados y municipios.

Un caso para ejemplificar la opacidad con la recaudación del IEPS es, se gestiona, es la respuesta que la Secretaría de Hacienda dio a una solicitud de información que el periódico El Universal, en septiembre de 2016 le solicitó que informara sobre los programas a los que se había destinado la recaudación obtenida como IEPS a bebidas. La secretaría respondió que no existe un mecanismo que permita identificar el destino específico de los recursos recaudados mediante el IEPS.

Esto nos parece preocupante, pues la opacidad con la que los IEPS son administrados levanta muchas suspicacias sobre su papel y las cajas chicas o negras del gobierno federal.

Los problemas sociales que dan origen a estos IEPS siguen estando muy presentes en la sociedad mexicana.

Por ejemplo, México sigue teniendo un fuerte problema de obesidad, de diabetes, de hipertensión, vinculadas a comidas de alto contenido calórico y bebidas azucaradas. El 30 por ciento de los casos de cáncer siguen vinculados al consumo de tabaco y el uso de plaguicidas sigue erosionando aceleradamente las tierras de cultivo, contaminando ríos y sistemas de agua potable, además de causar cáncer en las poblaciones agrícolas. Estos son solo algunos ejemplos.

Recaudamos el IEPS, pero no se previenen los efectos negativos que están teniendo los productos perjudiciales.

Recordemos que e IEPS representó en 2016 el 8.5 de los ingresos del sector público, con un monto total de 411 mil 389.4 millones de pesos y, en 2015m representó el 11.14 por ciento de dichos ingresos, con un monto de 354 mil 299.5 millones, montos nada menores.

Creemos que la Secretaría de Hacienda debe integrar un anexo informativo dentro del proyecto de Presupuesto de la Federación, en el que se muestre de manera clara y comprobable la vinculación del monto obtenido por IEPS, por rubro, con el destino final por programa y orden de gobierno, a fin de poder dar seguimiento a los recursos, dar certeza sobre el uso eficiente de los mismos en programas vinculados a contrarrestar o eliminar las problemáticas sociales y saber la efectividad de los mismos.

Por ello propongo que se incluya un inciso d), recorriéndose el actual al e), al numeral 3 del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La adición que propongo es la siguiente:

e) La información de los programas y proyectos de inversión específicos, soportados por los ingresos obtenidos vía impuestos especiales sobre producción y servicios, su distribución en dependencias y entidades por unidad responsable y el nivel de desagregación de capítulo y concepto de gasto.

Esto nos ayudará a tener un seguimiento puntual de efecto del IEPS para mejorar los efectos perjudiciales que se proponen. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Ochoa Avalos. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, pero antes esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de invitados del diputado Marko Cortés, estudiantes de la Universidad de Washington, Estados Unidos. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”, Martin Luther King. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me dirijo a ustedes, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, cuya finalidad es contribuir a incrementar la donación altruista de sangre.

De acuerdo a lo que establece el artículo 4o., párrafo cuarto, de nuestra Constitución, que dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud y para acceder a esos servicios la ley definirá las bases y modalidades, así como la concurrencia de la federación y las entidades federativas.

En este sentido y como ley reglamentaria de dicho principio, la Ley General de Salud establece lo conducente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales de seres humanos.

A pesar de lo anterior y de lo que dispone en el artículo 341 Bis, respecto al deber de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de las entidades federativas para impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales y que se cuenta con una política en la materia, la realidad es que nuestro país está muy lejos de cumplir con los estándares que se requieren para el abasto de sangre y de sus derivados.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos altos la tasa de donación es del 33.1 por cada mil personas, mientras que en los países de ingresos medios es de 11.7 y de 4.6 en los de ingresos bajos.

Las transfusiones de sangre salvan vidas, pero muchos pacientes no tienen acceso a sangre segura para cuando la necesitan. Por eso, la Organización Mundial de la Salud pide que los países cuenten con un suministro de sangre inocua y adecuada. De igual forma, se requieren redes de suministros integradas para coordinar a nivel nacional todas las actividades relacionadas con la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre.

Para la OMS el Sistema Nacional de Transfusiones debe estar regido por un marco legal que promueva la uniformidad de las normas y de la cualidad y la seguridad de la sangre y sus derivados.

La Organización Mundial de la Salud afirma que la única forma de garantizar el suministro de sangre segura es por medio de la donación periódica por parte de voluntarios, que son los que tienen la menor prevalencia de infecciones transmisibles por la sangre.

Ahora bien, es necesario mencionar que la separación de los diferentes componentes de la sangre permite que una sola unidad beneficie a varios pacientes, proporcionando a cada uno de ellos únicamente el componente que necesitan.

La mayor parte de las donaciones de sangre que se hacen en nuestro país no son de modo completamente altruista. Y con ello no queremos decir que se comercialice, sino que las donaciones que se hacen, se hacen por reposición. Esto quiere decir que se realizan cuando algún familiar, amigo o conocido la requiere por algún procedimiento quirúrgico o porque padece alguna grave enfermedad.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, las donaciones altruistas representan solo el tres por ciento, lo que significa que en nuestro país representa el prototipo de donación familiar y no altruista. Y a pesar que cada año se incrementa el número de donantes altruistas, en nuestro país estos siguen siendo muy bajos en comparación con países en donde casi el 100 por ciento de los donantes son altruistas.

De ahí que en México se requiera crear una cultura de donación altruista. Y sobre todo, erradicar tabúes y atavismos en torno a este tema.

Precisamente por lo anterior, es necesario incrementar la promoción de la donación altruista de sangre. Ese es el objetivo que Nueva Alianza persigue con esta iniciativa, ya que mediante esa reforma se busca cumplir con las recomendaciones emitidas por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, que busca que para el año 2020 se cuente con un 100 por ciento de donaciones voluntarias.

México está muy lejos de la meta y de nosotros depende alcanzarla. Espero acompañen esta propuesta porque este esfuerzo es para garantizar la salud de todas las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Sánchez Ruiz. Túrnese a las Comisiones de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Sonido en la curul del diputado Moctezuma. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Solamente, presidenta, para solicitarle respetuosamente a mi compañera que acaba de intervenir haciendo esta iniciativa que nos permitiera adherirnos, porque la consideramos una de las principales formas de mantener la vida y apoyarnos mutuamente en la sociedad.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Sánchez Ruiz, ¿tiene algún inconveniente?

La diputada Karina Sánchez Ruiz (desde la curul): No.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Ha asentado que sí, por lo tanto está a disposición en la Secretaría de esta Mesa para la suscripción correspondiente.

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muchas gracias, diputada presidenta. El día de hoy presento ante esta soberanía una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger y atender a los niños que se encuentren viviendo dentro de un centro penitenciario con su madre.

Si bien las diversas leyes y normas penitenciarias han ido modificándose para que el sistema carcelario sea cada vez más eficaz, aún nos encontramos ante una legislación que es realmente poco amable con los pequeños que se encuentran en una situación por demás vulnerable.

De todos es conocida la realidad que se vive en centros penitenciarios. Hay hacinamiento, hay abusos, hay violencia. Esto es lo que viven todos los días los niños que se encuentran junto con su madre. Ahí tenemos las noticias recientes del penal de Topo Chico, que es un ejemplo de lo que está pasando con estos pequeños.

Y es que en la mayoría de los centros penitenciarios no disponemos de un espacio adecuado, no hay comida correcta para ellos, no se encuentran los medicamentos más indispensables, ni por supuesto que se les otorguen facilidades para su educación, espacios de juego, es más, a veces ni siquiera cuentan con algo tan básico como pañales.

Las investigaciones señalan que existen centros penitenciarios que albergan a hombres y mujeres que solamente son separados por una malla, lo que deja aún más vulnerables a los niños.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales, Inacipe, bajo la investigación del caso particular del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México, señala la falta de una política que no solo respete el derecho que tienen los niños a estar con su madre, sino que además garantice su integridad física, su integridad emocional para que ellos puedan vivir de la mejor manera con sus madres que están internas en el reclusorio.

En ese sentido quiero llamar la atención para agradecer y felicitar a la diputada Julieta Fernández, que justo ayer organizó una visita a este reclusorio, para conocer de frente y aunque sea muy doloroso, la situación que están viviendo ellos. Es una mujer, de manera activa y valiente, preocupada por la situación que guardan estos niños. Felicidades, diputada.

Lo anterior nos obliga a trabajar de manera pronta y efectiva en una legislación que los proteja en todo momento, teniendo como ejemplo otros países que ya aplican estas políticas, buscamos que se garantice que en los centros penitenciarios para mujeres haya unidades de estancia infantil, dentro de las mismas instalaciones, adecuadas para el desarrollo integral de sus hijos.

Proponemos implementar acciones, a efecto de garantizar que toda decisión de retirar al niño del centro penitenciario, deberá fundamentarse en la ley y en los reglamentos correspondientes y solo podrá realizarse por causas que realmente pongan en peligro su integridad, basado en un dictamen profesional de los especialistas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, encargado de supervisar el bienestar de los mismos, siempre y cuando se compruebe que se han adoptado las disposiciones alternativas para su cuidado.

Asimismo, se propone sensibilizar al personal sobre las necesidades de desarrollo del niño y que se les proporcione capacitación de manera permanente sobre su atención integral, a fin de que puedan reaccionar y atender correctamente en caso de alguna necesidad e inclusive de emergencia.

Queremos que todos esos niños, los niños y las niñas que merecen todo nuestro cariño, dejen de ser invisibles. Por ello proponemos que el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y sus similares en los estados, elaboren un programa semestral de inspección y de acciones coordinadas con otras dependencias competentes en los centros penitenciarios para vigilar e intervenir, así como para asegurar la aplicación y vigencia de los derechos de los niños.

Asimismo, como reconocimiento a todas aquellas personas que de manera solidaria ayudan a estos pequeños, establecer el poder realizar convenios de colaboración del gobierno con la sociedad civil para trabajar de manera conjunta en la implementación de programas de atención en beneficio de ellos.

Por último, en esta iniciativa proponemos que la ley contemple que los tres órdenes de gobierno consideren el presupuesto suficiente para atender a los niños que permanecen con su madre en los centros penitenciarios.

Compañeros diputados, es tiempo de voltear a ver a todos esos niños que tienen derechos y que sus derechos tienen que ser respetados. Es tiempo de que empecemos a vigilar que así sea para cada uno de ellos, pero sobre todo dándonos cuenta que son profundamente vulnerables y requieren de toda la protección posible y de todo el amor posible.

Yo creo, sin lugar a dudas, que es tiempo de que realmente seamos la voz de quienes hoy no tienen voz. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 81, 82, 85, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de la Minuta de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura de fecha 17 de agosto de 2016, la diputada Gretel Culin Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes, al Artículo del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados el proyecto en comento y ésta a su vez lo remitió a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen.

3. El día 18 de octubre de 2016, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en comento, con 438 votos a favor. Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó el dictamen a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

4. El Senado de la República recibió la Minuta el 26 de octubre del 2016. La Mesa Directiva de ese órgano legislativo instruyó turnar a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, dicho proyecto para su estudio y elaboración de dictamen.

5. Con fecha jueves 15 de diciembre de 2016, en términos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 84 votos a favor el dictamen correspondiente. El proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados en misma fecha.

6. En sesión ordinaria de fecha jueves 2 de febrero de 2017, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Minuta que reforma el Decreto referido en párrafos anteriores y turnó dicho proyecto a la Comisión de Energía para la elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

De acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 31 de enero de 2015, del artículo 3, fracción IV, de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Quintana Roo, se ubica dentro de una nueva zona geográfica para efecto de husos horarios, correspondiéndole el meridiano 75° grados al Oeste del meridiano de Greenwich.

La reforma publicada el 31 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), respecto al artículo 3, fracción IV, de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Quintana Roo se ubica dentro de una nueva zona geográfica para efecto de husos horarios, correspondiéndole el meridiano 75° grados al Oeste del meridiano de Greenwich.

Sin embargo, en el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo único, fracción IV,sigue determinando que el Estado de Quintana Roo estará sujeto al meridiano 90° grados por ubicación y por el meridiano 75° grados por horario estacional.

Si bien es cierto, que esta reforma no altera en absoluto el huso horario que rige actualmente al Estado de Quintana Roo, ambas Cámaras coinciden en el propósito de la realizar la reforma dado que el Decreto no fue reformado en forma conjunta con la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, lo que provocaba que dichas piezas jurídicas no estuvieren en concordancia. Por lo tanto, y en aras de evitar alguna confusión, la Cámara de Diputados consideró pertinente efectuar la homologación de los conceptos.

Dicho lo anterior, el Senado de la República avaló el objetivo de la reforma, pero aprobó con modificaciones la Minuta que turnó este órgano legislativo. La Colegisladora considera pertinente ajustar la redacción de la fracción IV, con la finalidad de suprimir la palabra “ argumentando que su eliminación es para darle congruencia a la presente norma ya que ninguna de las fracciones de dicho artículo se menciona el punto cardinal en el que están ubicados los meridianos y se sobre entiende que están ubicados al oeste, de acuerdo a lo siguiente:

Por lo expuesto anteriormente, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma al Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo siguiente:

Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes al Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Estado de Quintana Roo, sujeto al meridiano 75 grados por ubicación y 75 grados por horario estacional;

V. Todas las demás entidades integrantes de la federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

VI. Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional.

...

...

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la Minuta, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados alude a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para conocer y resolver la materia del asunto que se analiza.

B. Con fecha 29 de diciembre de 2001, se publicó en el DOF la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, en la que se reconoció para nuestro país la aplicación y vigencia de los husos horarios 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, de acuerdo a lo siguiente:

Para el efecto de la aplicación de esta Ley, se establecen dentro del territorio nacional las siguientes zonas y se reconocen los meridianos que les correspondan:

Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III y IV de este mismo artículo;

Referida al meridiano 105 oeste y que comprende los territorios de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora;

Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja California, y

Las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional aceptados.

Posteriormente, el Poder Legislativo aprobó la reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer en el artículo 2, la vigencia y aplicación del uso horario 75 grados, así como la de establecer en la fracción IV, del artículo 3, una nueva zona horaria en el territorio nacional, comprendiendo a la zona sureste, referida precisamente al meridiano 75 grados oeste y que corresponde al territorio del estado de Quintana Roo. En ese sentido, con fecha 31 de enero de 2015, se publicó en el DOFla reforma en los siguientes términos:

Se reforman los artículos 2; 3, numeral I y se adiciona un numeral IV, pasando el actual IV a ser V al artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Se reconoce para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de los husos horarios 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, aceptando los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que establece el meridiano cero.

Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III, IV y V de este mismo artículo;

...

Zona Noroeste: Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja California;

Las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional aceptados.

C. Con base en dicha Ley, el viernes 1 de marzo de 2002, se publicó el Decreto 3 por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a las atribuciones que otorgaba al Congreso de la Unión para establecer horarios estacionales. En este Decreto se definieron los husos horarios aplicables en las entidades federativas durante el verano (abril-octubre de cada año).

Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:

Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional;

Estado de Sonora, sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional;

Estado de Baja California, sujeto al meridiano 120 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional;

Todas las demás entidades integrantes de la Federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional.

Adicionalmente, con fecha 6 de enero de 2010, se publicó el DECRETO por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Se adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único. Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:

I. a V. ...

En los municipios fronterizos de Tijuana y Mexicali en Baja California; Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Anáhuac en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas, la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

En los municipios fronterizos que se encuentren ubicados en la franja fronteriza norte en el territorio comprendido entre la línea internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros, así como la Ciudad de Ensenada, Baja California, hacia el interior del país, la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D. Como ya se explicó anteriormente, durante la aprobación de la reforma de 2015 a la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, no se formalizó la reforma correspondiente al anteriormente referido, con la finalidad de concretar la armonización de dichos ordenamientos. Por lo que la reforma planteada en el presente dictamen versa exclusivamente en el ajuste de los conceptos entre dichas disposiciones y el huso horario de Quintana Roo será el mismo que se viene aplicando desde 2015.

E. Con fecha 5 de octubre de 2016, esta Comisión aprobó la reforma del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, avalando el objetivo de dicho proyecto y respetando la redacción original que propuso la Diputada Gretel Culin Jaime.

Si bien es cierto, que el concepto “ oeste” no está considerado en el resto de las fracciones que integran el “Artículo Único”, también es verdad que la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos sí emplea este término. Empero, tomando en cuenta que son ordenamientos complementarios, la que Dictamina no advirtió riesgo alguno que propiciara un conflicto en la interpretación de la norma, por lo que este cuerpo colegiado aprobó la reforma en los términos que fue presentada la iniciativa.

No obstante lo anterior, se coincide en la observación de la Colegisladora y para los efectos del inciso A) del artículo 72 constitucional, los diputados integrantes de la Comisión de Energía, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes al Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Estado de Quintana Roo, sujeto al meridiano 75 grados por ubicación y 75 grados por horario estacional;

V. Todas las demás entidades integrantes de la federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

VI. Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional.

...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=757732&fecha= 29/12/2001

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380123&fecha= 31/01/2015

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=734901&fecha= 01/03/2002

4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5127480&fecha= 06/01/ 2010

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 8 de marzo de 2017.

La Comisión de Energía, diputados:Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), presidenta; Jerico Abramo Masso (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Fernando Navarrete Pérez, Ricardo Taja Ramírez (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Augusto Rendón García (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Elio Bocanegra Ruiz, Julio Saldaña Morán (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), secretarios; José Antonio Arévalo González (rúbrica), Carlos Bello Otero, Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Susana Corella Platt, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Edna Ileana Dávalos Elizondo (rúbrica), Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Luis Manuel Hernández de León (rúbrica), David Jiménez Rumbo, Érick Alejandro Lagos Hernández, Nicanor Martínez Olguín (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:No habiendo oradores registrados en este tema, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto.

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. De viva voz:

La diputada Fabiola Rosas Cuautle (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: El sistema se encuentra aún abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 404 votos a favor, una abstención y cero en contra.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

EFEMÉRIDES

18 DE MARZO, ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA EN 1938

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto el orden del día es la efeméride con motivo del 18 de marzo, Aniversario de la Expropiación Petrolera de 1938. Tiene el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis hasta por cinco minutos.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Muy amables. Gracias. Muy amable, presidenta. Muchísimas gracias. La efeméride que el día de hoy presentamos, con motivo de la celebración del 18 de marzo por el Día de la Expropiación Petrolera, ha perdido su esencia. Y lamentablemente hoy podemos lamentarnos de que de nueva cuenta el petróleo de este país pasa a ser propiedad de todos, menos de los mexicanos.

La expropiación petrolera se dio el 18 de marzo de 1938, decretada por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río. Fue el resultado de implementar la Ley de Expropiación de 1936 y la reforma al artículo 27.

A principios de la década de los 30, la industria petrolera en México estaba dominada por compañías extranjeras. Los trabajadores del sector petrolero ya tenían en su haber varios intentos de querer organizarse, formando sindicatos para defenderse en su ámbito laboral. Lamentablemente sus condiciones laborales eran muy disparejas y no había una homologación.

Es hasta en el artículo 27 de la Constitución de 1917, promulgado por el presidente Venustiano Carranza, donde ya se concedía que los yacimientos, incluidos los de petróleo, eran propiedad de la nación. Cuando Lázaro Cárdenas asume el poder, hace valer esas acciones y facilita la oportunidad para la creación del sindicato de los petroleros. Y es por eso entonces que se atiende a la nacionalización del petróleo, gracias a la atención que un gran hombre puso en los trabajadores del pueblo de México.

Para 1935, y a pesar de las múltiples negativas y represiones de los trabajadores, lograron formar el sindicato y se generó el contrato colectivo de trabajo, pero fue hasta 1937 en que se pudo concretar la firma del mismo. Sin embargo, las empresas extranjeras no quisieron acatar la obligatoriedad que les impusieron de pagarle 26 mil millones de pesos al sector obrero, y entonces se amparan ante la Suprema Corte, que les niega la oportunidad del amparo y es con la intervención del presidente Lázaro Cárdenas del Río que se decreta la expropiación de Petróleos Mexicanos.

En ese entonces la ardua lucha de los que exigían sus derechos llevó a la unidad del país para lograr que Petróleos Mexicanos, que se denominaba ya con el paso del tiempo de esta manera, tuviera la oportunidad de ser una empresa exclusivamente nacional.

Con el paso de los años, el gusto nos duró muy poco. A pesar de que hubo excedentes durante el mandato de los presidentes del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón, que según la Auditoría Superior de la Federación fueron de un poco más de un billón de pesos, las empresas no fueron atendidas como se debía y a eso le sumaron los malos quehaceres y la voracidad de los líderes petroleros, que se despacharon con cuchara grande y que al día de hoy nos representan, uno de ellos nos representa en la Cámara de Senadores.

Esto ha significado que, de nueva cuenta, pretendiendo venderle al pueblo de México la idea de que con la intromisión de empresas extranjeras para venir a renovar a Petróleos Mexicanos se va a lograr, a través de la reforma energética, prosperar y llevar a este país hacia un estado en que se encontraba hasta antes de que los malos gobernantes y los voraces saqueadores de sindicatos sin escrúpulos lo sumiera en la desventura, en la falta de oportunidad de actualización, y sobre todo de aplicación de tecnologías de innovación, para seguir siendo Petróleos Mexicanos la mejor empresa que durante muchos años sostuvo la economía de este país.

Desafortunadamente en nuestro país lo que se logró construir con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con la concordancia de muchas conciencias, fue destruido por los pésimos gobiernos en muy poco tiempo.

Por eso el día de hoy me pregunto, y creo que ustedes también se deben preguntar, sobre todo esta pregunta es para el pueblo de México: el 18 de marzo de este año ¿tenemos algo qué conmemorar? Realmente no podemos conmemorar ya nunca más la expropiación petrolera, generada por un gran hombre con una visión de servicio y de unidad política, de fortaleza y de proyección para el pueblo mexicano, como fue Lázaro Cárdenas del Río.

Hoy debemos lamentar que en esta Cámara se tomaron decisiones para aniquilar esta gran empresa, lejos de fortalecerla, y que seguimos manteniendo detrás a líderes corruptos que se dicen sindicalistas, que lo único que han hecho es lastimar a los mexicanos. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Para presentar la efeméride por parte del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Nahle García.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, señora presidenta. Dieciocho de marzo ni modo que no lo festejemos, o que no nos acordemos y conmemoremos la fecha histórica del general Lázaro Cárdenas. Pero también es importante, porque vamos a señalar un 18 de marzo de 1938 y un 12 de diciembre de 2013, cuando Peña Nieto dio al traste la expropiación petrolera.

Los mexicanos patriotas estamos obligados a ejercer la memoria y la inteligencia al momento de conmemorar fechas como el 18 de marzo. Todos sabemos que a partir de esa fecha, contra todo pronóstico, México hizo la proeza en unos cuantos años de alcanzar la autosuficiencia energética que hoy no tenemos y que cada día estamos peor.

En las siguientes cuatro décadas, después de 1938, construimos una poderosa industria petrolera Pemex, Pemex, aunque la quieran vender o, como dijeron los del PAN, darle cristiana sepultura, de las mejores empresas petroleras del mundo aún en contra del Ejecutivo y de la administración.

Construimos refinerías, complejos petroquímicos, una red de ductos que hoy están subastando, tanques de almacenamiento que hoy les están prestando, precisamente, aquellos que expulsó Lázaro Cárdenas.

Fuimos orgullo petrolero por décadas, este país creció tan sólo en la última década, en los últimos dos o tres sexenios, Pemex aportó más de 600 mil millones de dólares a este país, dinero que no sabemos dónde está, dinero que se fue en gasto corriente y que hoy tienen a la empresa endeudada y que están alrededor zopilotes viendo a qué hora se muere para caer encima.

Eso es lo que tenemos que decir hoy aquí. Eso es lo que tenemos que señalarle a nuestras futuras generaciones y nosotros recordárnoslo puntualmente. Ningún país, ningún país del mundo renuncia a su riqueza petrolera y nosotros lo hemos estado haciendo, por eso es importantísimo recordar el 18 de marzo y la proeza del general Lázaro Cárdenas del Río.

En las rondas que están entregando y subastando, como si fueran de ellos, este irresponsable gobierno, voy a reproducir palabras nada menos del ingeniero Garaycochea, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera y maestro de generaciones, que ayudó a levantar la industria en este país: las petroleras internacionales y sus países obtendrán los mayores beneficios al utilizar sus recursos humanos y los caros equipos y materiales que fabrican y aplicarán al extraer nuestro petróleo.

Se estima que por cada dólar que entre al erario público nacional por extraer petróleo, entrarán al fisco extranjero más de 80 dólares por fabricar y utilizar sus equipos de perforación, tuberías, barrenas, separadores, bombas, turbinas, barcos, helicópteros, tanques de almacenamiento, plantas de licuefacción, fluidos para perforar y para fracturar los pozos. Todo eso nosotros lo levantamos. Todo eso, nuestros padres y nosotros pudimos hacerlo, hoy los entregan.

Yo creo que para ustedes es incómodo, y digo ustedes como PRI y como PAN que votaron a favor la reforma energética, ver que hay menos producción, los gasolinazos a la orden del día porque vendieron espejitos de oro, son producto del abandono de las refinerías que las tienen al 40 por ciento para abrir la puerta a los extranjeros.

Donald Trump nos ofende, nos insulta, quiere construir un muro y nosotros seguimos licitando rondas uno. Seguimos entregándole la propiedad de la nación. Es una vergüenza, indigna como mexicanos.

Por eso es que Morena, 18 de marzo, desde esta tribuna reclama con contundencia que se suspendan las nuevas convocatorias a las rondas de licitaciones para dar lugar a la reflexión nacional que nos permite rectificar el rumbo. Que se recupere urgentemente...

–Así hubieran chiflado cuando aceptaron la reforma energética. Respeten, porque para eso es esta tribuna. Esta tribuna es para decirle al pueblo lo que está pasando y las decisiones que se toman aquí–. Que se recupere urgentemente la capacidad de refinación nacional injustificadamente paralizada, condenándonos a importar gasolinas y petrolíferos en dólares.

Que respeten el empleo, el salario y los derechos de los trabajadores petroleros, hoy nuevas víctimas de esta reforma entreguista. Dieciocho de marzo de 1938, vamos a regresar a hacer la proeza que hizo el general Lázaro Cárdenas del Río. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Esta Presidencia saluda la presencia de estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, de la carrera de Derecho, del cuarto semestre, que hoy nos acompañan invitados por la diputada Patricia Sánchez Carrillo. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Ariel Juárez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Simplemente para pedir, presidenta, que las manifestaciones y chiflidos que hacen los diputados del centro de este recinto a mi coordinadora, creo que esa también es una violencia de género. Primero andan regalando rosas y después están haciendo manifestaciones como estas. No es correcto que le hagan esto a una mujer. Si no les gusta, a nadie se tiene aquí a fuerzas. Si no quieren cumplir con su responsabilidad, sí están obligados a respetar a una mujer.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión.

Para hablar de la efeméride, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la voz el diputado Cándido Ochoa Rojas.

El diputado Cándido Ochoa Rojas:Con el permiso de los presentes. Gracias a la trascendencia del acontecimiento que hoy nos ocupa, nuestro país impulsó su economía durante décadas. Por ello, podemos afirmar que el periodo conocido como el del desarrollo estabilizador no hubiera sido posible sin la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938.

Con el dinero producto de la industria petrolera en nuestro país se fabricaron puentes, se construyeron carreteras, hospitales y escuelas. Es decir, infraestructura básica que a la postre resultó posible la consolidación de un Estado de bienestar.

Sin embargo, el modelo que tanto éxito obtuvo por seis décadas se fue agotando. Por diversos motivos las ganancias de la industria petrolera nacional no se invirtieron para la mejor técnica de exploración y explotación. Asimismo, se descuidó la infraestructura necesaria para completar el ciclo de transformación del petróleo.

Por las razones señaladas, el gobierno del presidente Peña Nieto planteó al Congreso de la Unión la reforma energética, como un requisito para que nuestro país tuviera las bases mínimas para atraer mayores volúmenes de inversión y crear más y mejores empleos.

Era, pues, impostergable que el sector del petróleo se reactivara mediante la inyección de capitales. Solo de esta manera se podrán establecer las bases que nos posibilitarán combatir la pobreza, el desempleo, la inseguridad, en síntesis, mejorar los índices de desarrollo humano que tenemos en algunas regiones de nuestro país.

En ese sentido, reconocemos a los legisladores que nos precedieron, los cuales en conjunto con las legislaturas estatales y las autoridades del gobierno federal hicieron posible la reforma energética, la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2013, así como la legislación secundaria en la materia decretada en el 2014, establecen con absoluta claridad que los hidrocarburos son propiedad de la nación y que de ningún modo se renuncia a la rectoría y conducción del sector energético por parte del Estado mexicano.

Prueba de lo anterior es que hoy Pemex continúa siendo la compañía más grande de nuestro país, el mayor contribuyente fiscal y una de las mayores empresas de América Latina. Pemex está inmerso en una transformación profunda que implica la realización de diversos ajustes para sanear sus finanzas, algunos de ellos muy complejos, pero aun así sigue siendo la décima productora de crudo en el mundo; la décima segunda en producción de gas; la décima tercera en capacidad de destilación primaria; la décima séptima en reservas probadas de crudo; y la trigésima primera en reservas probadas de gas natural.

Otro logro de la reforma energética fue el éxito de la ronda 1.4, dicha ronda de licitación de aguas profundas otorgó ocho de 10 bloques a concurso y se estima que en 10 años la producción aumente 900 mil barriles adicionales; así mismo, se detonarán inversiones por 34 mil millones de dólares.

Por lo demás, nos queda claro que la tarea de transformar el sector energético nacional, no puede considerarse acabada debido a que todavía está en ciernes la implementación integral del proyecto de modernización de nuestra industria petrolera y eléctrica que resulte en mayor prosperidad y mejores condiciones de vida, tanto para los mexicanos de hoy, como para los que están por venir.

Este día, las y los legisladores del Partido Verde honramos la memoria del presidente Cárdenas y de los hombres y mujeres que contribuyeron a hacer posible la Expropiación Petrolera, pues esta fue pilar para afianzar la soberanía y el desarrollo nacional. A 79 años de la expropiación petrolera, el general Lázaro Cárdenas sigue siendo ejemplo e inspiración para quienes, como él, queremos construir un país próspero y moderno cuyos frutos alcancen a todos y todas las mexicanas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Cándido Ochoa.Para hablar de la efeméride por el Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la voz el diputado Julio Saldaña Morán.

El diputado Julio Saldaña Morán:Con su permiso, diputada presidenta. Con el permiso de todas y cada uno de los diputados. Hoy me queda claro que deberíamos de festejar –claro que sí–, pero hoy no hay nada que festejar después de ese 2013 muy lamentable que lastimó a los mexicanos.

El petróleo, como lo frasearan en su momento Meyer y Morales en su libro Petróleo y Nación, fue el energético sobre el que se fincó y desde luego se fortaleció la epopeya de transformar la estructura económica, social y política de este país.

En el proceso de la industrialización de nuestra gran nación, la industria petrolera afianzó y abasteció los combustibles indispensables desde finales de los años 30 hasta los primeros años de los 80, cuando nuestra economía crecía a ritmos agigantados, 6.5 por ciento, según refiere la historia económica. No hay comparación de esos años con los días de hoy.

De manera simultánea, acompañó la migración de la población agrícola a consolidarse en las zonas urbanas; mexicanas y mexicanos que constituyeron la mano de obra que formó y capacitó para integrarse e incorporarse al proceso productivo que se reproducía y desarrollaba vigorosamente. Ese fue el logro que tuvo el general Lázaro Cárdenas.

En este proceso se instauraron y consolidaron las instituciones de los más diversos frentes del país, para no explayarme mucho: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado, en el sector de salud ni se diga, la Universidad Autónoma de México, el mismo Instituto Politécnico Nacional, las carreteras y diversos logros que se obtuvieron de un logro de un gran hombre preocupado por esta nación.

Un amplísimo y variado marco institucional que en la actualidad todavía pervive con transformaciones o que están en proceso de cambio. Así, en este recorrido, arribamos al 2013, un año que marca un antes y un después en la estructura constitucional, legal e institucional de nuestro país.

Tras la promoción, impulso y promulgación de diversas reformas constitucionales por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, y en lo muy particular la reforma energética constitucional aprobada contra viento y marea, con una prisa acelerada, a voluntad de los recursos privados extranjeros, y así es como se da nuestra riqueza a otras instituciones que no responden a los intereses de esta gran población.

Y a menos de ocho meses después, las leyes secundarias en el 2014; había mucha prisa. ¿Cuál era la prisa? Enrique Peña Nieto. El rasgo más trascendente del cambio estructural del nuevo paradigma energético consistió en que se trastocó del entramado jurídico institucional, administrativo y funcional que había estado vigente por más de 75 años, desde la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en aquel entonces de 1938.

Hoy, en este curso del trayecto y del proyecto, aproximadamente desde el 2015 hemos sido testigos de una interminable serie de acontecimientos adversos en los resultados del sector petrolero a raíz de la implementación de la reforma energética. En este orden de ideas, destacan los retrocesos que hemos ya mencionado, el cinco por ciento en la producción petrolera, equivalente a 113 mil millones de barriles diarios de petróleo o la alarmante cifra histórica del 53 por ciento de la importación de la gasolina, y puede ser más, algunos lo niegan, pero hoy somos importadores de gasolina, ¿qué incongruencia?

Desde luego menciono, mención aparte que merece, los recortes que ha habido a la institución petrolera. Y hoy, en este gran día, y que ojalá pusiéramos atención todos, nada tenemos que celebrar, la riqueza de este pueblo y de los mexicanos la trasladamos a que 10 años más esta gran riqueza va a ser de la iniciativa privada extranjera, ese fue el mandato que siempre tuvo Estados Unidos haciendo presión a este gobierno actual. El anterior no pudo, pero este sí la concentró y la llevó a cabo. No podemos estar pensando que nos vaya bien si lo único que estamos generando con esta reforma es que vamos a generar más pobreza.

Yo le pregunto al presidente de México: ¿dónde está el dinero que se nos dijo y se prometió que nos iba a dar esta reforma tóxica, esta reforma energética que ha sido dañina y que no veo por dónde vaya a beneficiar a los mexicanos y a las mexicanas?

Hoy, hoy nada tenemos... Sí tiempo deberíamos de haber tenido –y ya voy a concluir, ya voy a concluir– la reforma energética es nociva, no ayuda a la economía de los mexicanos, y tiempo debimos de haber tenido para no permitir que se lograra la infame traición. Es cuanto, diputada, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Por parte del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Rafael Méndez Salas.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el 18 de marzo es una fecha emblemática registrada por siempre en la memoria nacional. La decisión tomada en aquél entonces por el presidente Lázaro Cárdenas, de expropiar la industria petrolera constituyó un parteaguas en la historia del Estado mexicano.

Los hechos del 18 de marzo dieron lugar a la creación de una de las empresas pilares del desarrollo del país y que, a casi 80 años de los acontecimientos que fueron su génesis, encara retos enormes.

Si bien el Constituyente de 1917 estableció la propiedad exclusiva del Estado sobre la riqueza del subsuelo mexicano, lo cierto es que hoy en día la conmemoración de la nacionalización del petróleo no debe ser un tema politizado en México.

Para el imaginario colectivo significa un triunfo del pueblo mexicano en la definición de su historia y la prueba de la conformación de un pueblo soberano. La expropiación petrolera de 1938 ha sido un referente del nacionalismo e identidad nacional que forjó a varias generaciones de mexicanas y mexicanos.

En Nueva Alianza somos conscientes de que la realidad de nuestro país es muy distinta a la de 1938, pero sabemos también que estamos listos para enfrentar los retos que las circunstancias nos imponen. Hoy, como ayer, la unión de los ciudadanos hará que la historia cambie.

Hemos sido lo suficientemente audaces para tener una visión a futuro, por ello se llevó a cabo la reforma energética. Claro que estamos en los albores de su implementación y aún no podemos ver los resultados de este cambio de paradigma, sin embargo estamos convencidos de que hicimos lo correcto.

Las y los diputados turquesa queremos ir más allá, es preciso cambiar la visión de la energía que mueve a este país, los costos económicos, sociales y ambientales, de no hacerlo serán enromes. La petrolización de la economía no es más el camino.

Nueva Alianza no impulsa sólo un discurso, sino decisiones y acciones afirmativas que potencialicen el rediseño de la industria petrolera en aras de brindarle mayor calidad, competitividad, transparencia y sustentabilidad.

Es preciso entender que si bien el petróleo es un pilar de nuestra economía no puede ser el único. En Nueva Alianza estamos decididos a cambiar la historia de nuestro país mediante la unidad nacional. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rafael Méndez.

Saludamos con gusto a alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, del Estado de México, invitados por el diputado Pablo Basáñez García, y de la misma forma a alumnos de la carrera de Ciencias Políticas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Miguel Ángel Huepa Pérez. Bienvenidos.

Por el Partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias, diputada presidenta. Amigas y amigos diputadas, diputados, amigas que nos ven por el Canal del Congreso.

En esta efeméride de la expropiación petrolera solo basta dar algunas cifras. Antes de la reforma energética, de cada peso 60 centavos se iban a la carga fiscal, hoy de cada peso cuando mucho 25 centavos se van a la carga fiscal.

Antes de la reforma energética, casi tres millones de barriles la plataforma petrolera, hoy si acaso dos millones es un éxito. Pero más allá, más pobres en términos sociales, se genera más pobreza, es decir, como bien se ha dicho en esta tribuna por compañeras y compañeros diputados, de la gran riqueza nacional se convirtió en una gran pobreza y vergüenza social.

Eso es lo que vivimos hoy lamentablemente, de manera paradójica, incongruente en la expropiación petrolera. No puede ser que la riqueza se convirtió en pobreza y la pobreza se convirtió en reserva electoral. Se genera la pobreza y se lucra cada vez que hay elecciones en este país, con ella. Es un crimen social.

No puede ser, porque un motor precisamente de la economía, un motor de la economía es, sin duda, esta empresa estratégica para generar riqueza social y no pobreza. Eso es lo que hoy celebramos de manera vergonzosa.

Hay que reconocerlo, le mintieron al presidente de la República, crecimiento económico después de la reforma energética 3.5 del PIB. Si cuando mucho llegamos al 1, 1.2, estamos evadiendo una responsabilidad en el compromiso de esa firma histórica de un pacto contra México. Esa es la gran verdad que se vive hoy en este país y hay que decirlo con todas sus letras.

No más mentiras, la sociedad está cansada de la corrupción, de la impunidad. No más espejos. Hoy los espejos son las reformas, antes los espejos precisamente era tangiblemente el espejo a los indígenas.

Así nos cuentearon los españoles. Hoy esos espejitos siguen siendo las promesas, siguen siendo lucrar con la pobreza, sigue siendo la despensa, sigue siendo la lámina, sigue siendo el derroche económico del poder público para agenciarse y mantenerse en el mismo a través de la corrupción y de la dádiva. No más espejitos, queremos realidades. Ya basta de corrupción.

Por supuesto, el Partido Encuentro Social siempre va a estar a favor de la gente que más lo necesita y lo que la gente hoy reclama es, cero impunidad.

¿Dónde están los directores de Pemex? ¿Los secretarios del ramo de hace 15 años? ¿Dónde están? Tenían que generarse refinerías. Hoy no hay gasolina porque no hay refinerías, se encareció la gasolina, el tema y la causa es la no generación, las no instalaciones de refinerías en este país. ¿Dónde están los responsables?

El pueblo, por supuesto, como siempre pagando las consecuencias, pero si a esas consecuencias le agregáramos justicia y cero impunidad sería el asunto parejo. Cárcel a los responsables de esta desastrosa política industrial petrolera, eso es lo que pedimos.

Una investigación a fondo y quiénes son verdaderamente los responsables de tener a este país, prometiendo, dando y siguiendo entregando espejitos y engañando, desde luego, a la Presidencia. Ya basta de corrupción. Ya basta de mentiras. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputado Gonzalo Guízar.

Saludamos a alumnos de secundaria de primero, segundo y tercer año, de la secundaria Monte Rosa, invitados por el diputado Santiago Torreblanca Engell, sean ustedes bienvenidos.

Por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra la diputada Nelly Márquez Zapata, hasta por cinco minutos.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata:El 18 de marzo de 1938 se tomó una de las decisiones más relevantes de nuestra historia reciente, la expropiación petrolera. Fue una decisión audaz y que en el corto plazo significó serias complicaciones.

La salida de las petroleras extranjeras del territorio nacional representó una traba para la venta de nuestros hidrocarburos en el mercado internacional e hizo necesario buscar nuevos contactos que poco a poco permitieron reanudar, tanto la venta de nuestro petróleo como la compra de refacciones, maquinaria y equipo, que eran necesarios para la operación de la recién creada empresa Petróleos Mexicanos.

La historia de Pemex es la historia de los mexicanos, es el centro de la política energética que tanto ha influido en nuestro desarrollo. El camino ha sido largo, ha habido errores importantes y los avances se han logrado de manera paulatina.

Hay que decirlo claramente, esa administración de la abundancia de la que alguna vez se habló, se convirtió después de algunas décadas en la administración de la ineficiencia.

La dependencia y el abatimiento de la producción de los mantos petrolíferos evidenciaron la necesidad de una reforma energética que le permitiría al país contar con capitales y medios para la explotación de esos recursos.

Esta reforma fue propuesta durante el sexenio pasado, misma que hubiera permitido avanzar más rápidamente tanto en la exploración como en la explotación y transformación de nuestros energéticos.

Sin embargo, la mezquindad de unos y los perjuicios de otros no permitieron que la reforma energética fuera una realidad en el sexenio pasado.

Pero el compromiso de Acción Nacional con el bienestar de los mexicanos trasciende colores partidarios y ello se vio reflejado en la aprobación de la reforma energética que hoy ya está en marcha.

Por nuestra parte, en el PAN reconocemos como una prioridad el fortalecimiento de nuestro marco jurídico para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos energéticos. Buscamos abrir las puertas para que México se convierta en un marco de referencia internacional por su política energética. Sin embargo, lamentamos mucho la ineptitud del gobierno de la República por no instrumentar correctamente la reforma energética.

Hoy, los medios de comunicación informan que la Comisión Reguladora de Energía y Pemex han argumentado problemas con la metodología en la subasta para el almacenamiento y transporte de combustibles líquidos, por lo que tuvo que ser suspendida.

Lo anterior es una verdadera pifia, dicha subasta fue suspendida horas antes de que concluyera la fecha límite para dar a conocer a los ganadores de la primera temporada abierta de ductos de Pemex.

Las instituciones informaron que la puja se repondrá como un nuevo procedimiento antes de que termine el mes en curso.

Ayer las empresas participantes en el proceso denunciaron que el error de la Comisión Reguladora de Energía se debió a que la subasta abrió con una tarifa diez veces por debajo de los costos de Pemex, lo que pone en evidencia la torpeza e incapacidad del actual gobierno priista para dar buenos resultados con esta reforma energética.

Señoras y señores legisladores, la relevancia de la industria petrolera para el crecimiento económico subraya año con año la importancia de conmemorar el 18 de marzo. La expropiación petrolera fue un hecho histórico muy positivo para nuestro país, pero es necesario que sigamos reforzándonos en que ese recurso, que sigue siendo nuestro, siga sirviendo para el desarrollo nacional.

La coyuntura actual nos exige trabajar más y mejor. El aumento en el precio de los combustibles ha generado descontento y decepción, ha puesto en duda la efectividad de la reforma energética. Pero no nos equivoquemos, el precio de los combustibles no es por la reforma energética sino que es por los altos impuestos que el gobierno de la República le impone a las gasolinas a costa de los bolsillos de los mexicanos.

Es tiempo de adecuarla a nuestra realidad, corregir la disparidad en los beneficios que se derraman en ella. Esto significa un gran reto que bien vale la pena afrontar.

Amigos y compañeros diputados, ayudemos a que salga adelante esa reforma energética en bienestar de los mexicanos y que el gobierno de la República no siga manipulando mal un recurso tan importante para México. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Nelly Márquez. Por el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, tiene el uso de la voz el diputado Alfredo Anaya Orozco.

El diputado Alfredo Anaya Orozco:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros, en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas tuvo la sensibilidad y la visión de Estado para asegurar que la riqueza de los recursos energéticos le perteneciera a su único y originario dueño: la nación, que somos todos los mexicanos.

La reforma energética, 75 años después, acreditando responsabilidad histórica, madurez política y vocación democrática, encabezados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, políticos de todos los partidos, senadores, diputados federales y locales, respondieron al mandato de la sociedad, anteponiendo el interés superior de la nación a cualquier otro y aprobaron el paquete reformista a la Constitución más relevante desde 1917, entre ellas, histórico por su origen, y por su trascendencia, se aprobó la reforma energética que reivindica lo que en su momento logró el presidente Lázaro Cárdenas, que el petróleo sea el símbolo del progreso de la nación.

Esta reforma mantiene la propiedad de todo sobre los hidrocarburos, pero el Estado reafirmó su rectoría en esta área estratégica del desarrollo nacional y asegura que la riqueza petrolera se traduzca en bienestar para todos. Permite que los particulares puedan participar en la exploración y extracción de hidrocarburos, a efecto de disminuir los riesgos financieros que implicaba que Petróleos Mexicanos lo hiciera sola, sin comprometer la propiedad de la nación sobre los energéticos que hay en el subsuelo.

Hizo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, empresas productivas del Estado, con lo cual adquirieron la responsabilidad de crear valor económico con responsabilidad social y ambiental, así como a operar conforme a las mejores prácticas internacionales; además, ambas empresas son más transparentes en sus operaciones y sobre todo más ágiles para recibir asignaciones y celebrar contratos; además es una reforma de vocación social, porque asegura que la riqueza petrolera se traduzca en bienestar para todos, bajará el costo de la luz y del gas.

Permite producir más fertilizantes para respaldar a los campesinos y procurar nuestra seguridad alimentaria. Asimismo generará más empleos y mejor pagados y se ha incrementado sobre todo la productividad de la economía sin deterioro del medio ambiente. Con la reforma, a todos nos va mejor.

Si Lázaro Cárdenas logró la Expropiación Petrolera, la reforma en la materia impulsó una revolución energética que culminará en progreso social si nos comprometemos todos con el interés superior de la nación.

Dijera Benjamín Franklin que la energía y la persistencia conquistan todas las cosas. Resuelta la primera con la reforma transformadora, nos corresponde a todos seguir persistentes para alcanzar el objetivo que todos queremos: Un México más próspero. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Anaya.

MINUTO DE SILENCIO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:La Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados lamenta el sensible fallecimiento de los agentes federales Noé Carrasco Cruz y José Alberto Zavala Martínez, así como de los rescatistas Roberto Carlos Munguía Medina y Roberto Caloca, acaecido el 13 de marzo del presente año en cumplimiento de su deber durante una operación de rescate en Baja California, e invita respetuosamente a la asamblea a ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.

Solicito también a nuestros invitados de galerías nos pongamos de pie.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias, tomen asiento.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Continuamos con el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Hortensia Aragón Castillo, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:Gracias, presidenta. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados y diputadas, doy lectura a este posicionamiento.

El dictamen que la Comisión de Educación pone hoy a consideración de este pleno, es producto del trabajo de deliberación, elaboración y consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión; quienes dialogamos con las autoridades educativas tanto federales como estatales, así como con los académicos y los representantes sindicales de las y los trabajadores.

Este dictamen tiene origen en una iniciativa preferente enviada a este Congreso por el presidente de la República el pasado primero de febrero, cuyo objetivo central era facilitar la inserción de los dreamers, que fueran objeto de deportaciones en los Estados Unidos, dentro del sistema educativo nacional.

Sin embargo el trabajo de consulta y consenso resultó no sólo creativo, sino mucho más productivo de lo que esperábamos. El trabajo que realizamos en conjunto con la Cámara de Senadores, produjo una minuta que tiene alcances mucho más grandes.

Debemos señalar también que el trabajo desarrollado en esta Cámara, una vez que el 28 de febrero recibimos la minuta en cuestión, ha sido arduo y consistente.

El día 2 de marzo esta comisión, a través de la aprobación de un acuerdo específico, determinó la metodología y la ruta crítica que nos guiaría en la elaboración del dictamen y en la que incluimos no sólo en intercambio interno, sino el trabajo con autoridades y expertos en materia que pusieron sobre la mesa las consideraciones que estimaron pertinentes para ilustrar a quienes conformamos esta comisión.

El viernes 3 de marzo del 2017 celebramos reunión de trabajo con el subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Otto Granados Roldán, y con su equipo.

El 7 de marzo celebramos una reunión de trabajo con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde expusieron sus consideraciones sobre la minuta preferente en aras de enriquecer el proceso de dictaminación, y así como estas, tuvimos otras y variadas reuniones sobre el tema.

El que ponemos a su consideración es un dictamen que atiende, como se pretendía originalmente, a toda aquella población que por circunstancias ajenas a su voluntad llega a nuestro país y tiene necesidad de incorporarse al Sistema Educativo Nacional; es decir, atendemos a las necesidades emergentes que imponen la movilidad y el tránsito migrante, no sólo el proveniente de los Estados Unidos, sino de todas aquellas personas que, independientemente de su situación migratoria, buscan en nuestro país la posibilidad de continuar con su preparación académica, posibilitando que la autoridad federal y local garantice el acceso a la educación obligatoria, aunque estas personas no cuenten con la documentación académica correspondiente.

También se crea un segundo elemento que contribuirá de manera decisiva a elevar la calidad educativa en nuestro país. La conformación de un sistema de calificaciones para reconocimiento de acreditación y revalidación y de equivalencias, que ya existe en diversos países y que nosotros deberemos edificar para que nuestras instituciones educativas tengan las posibilidades de competir a nivel internacional en condiciones de igualdad con otras instituciones educativas.

No se trata, como se ha señalado por diversos actores, de la renuncia del Estado a la rectoría de la educación. Esto desvirtúa, desde luego, el texto que hoy les presentamos y no reconoce la realidad histórica que enfrenta nuestro país en materia educativa.

Las instituciones educativas públicas resultan del todo insuficientes para atender la demanda que día con día crece en el territorio nacional.

El dictamen otorga a las instituciones educativas particulares la posibilidad de emitir revalidación parcial de estudios y, como el Estado conserva a través de las actividades de supervisión y sistematización de todos estos reconocimientos y revalidaciones, la rectoría la mantiene el Estado sobre la educación.

Debo señalar que el reconocimiento de validez oficial de estudios no constituye un elemento nuevo en este dictamen, lo que resulta novedoso es el procedimiento a través del cual las instituciones privadas y públicas van a prestar el servicio educativo, cómo van a ser controladas, cuáles van a ser los requisitos para expedir tal documentación y cómo va a operar el principio de máxima transparencia en esta materia.

Para ello se crea precisamente el Sistema de Información y Gestión Educativa, en donde serán registradas todas las constancias de revalidación y equivalencias. Adicionalmente, con estas nuevas disposiciones, la Secretaría de Educación Pública podrá retirar el reconocimiento de validez oficial si hay un mal uso de estas facultades.

También se contiene en este dictamen la facultad para que la autoridad educativa se obligue para implementar programas y acciones que tiendan a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad de manera prioritaria.

Esta es una gran novedad, ya que estamos ajustando el marco normativo a nuestro texto constitucional, estableciendo la posibilidad de que, ya sea por carácter socioeconómico, la identidad cultural, de origen étnico nacional, por situación migratoria, entre otras, existan políticas públicas dirigidas a la atención especializada de sus necesidades particulares y permitan el derecho de tránsito en educación.

Resulta ingente señalar que la autoridad educativa deberá implementar medidas específicas para atender a la población migrante que viene deportada de los Estados Unidos. Es importante que a la brevedad se establezcan los mecanismos que atienden las disparidades idiomáticas en materia de conocimiento de la historia nacional, entre otras muchas cuestiones, que deberán atenderse de manera emergente, para lo cual el diálogo que se estableció con la Secretaría de Educación Pública resultó del todo prolijo.

Es así que hoy, quienes integramos la Comisión de Educación, ponemos a su consideración este dictamen con el convencimiento pleno de que las disposiciones que en él se contienen no resolverán el problema educativo en nuestro país, pero sí coadyuvarán en el diseño de políticas públicas que alienten el desarrollo integral de las y los mexicanos, incluyendo a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad y aquellos que allende nuestras fronteras buscan mejores condiciones de vida.

Expresamos nuestra solidaridad para todos los ciudadanos del mundo, migrantes expulsados de todos los países, que sufren algún tipo de discriminación o persecución, porque ninguna persona por el solo hecho de ser diferente puede ser considerada ilegal. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputada Hortensia Aragón.

Saludamos con gusto la presencia en este salón de plenos, de alumnos de la Universidad del Istmo, invitados por el diputado José Antonio Estefan Garfias. De igual manera, a alumnos de la FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sean ustedes bienvenidos.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno. Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la voz el diputado Gonzalo Guízar Valladares.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, diputada presidenta. Nosotros, el Partido Encuentro Social, amigas y amigos, por supuesto que vamos a apoyar e impulsar este dictamen de Educación, sobre todo porque nuestra Ley de Migración en su artículo 8 es muy clara, muy precisa. Determina que los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como que en la prestación de servicios educativos ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.

Es decir, era una contradicción el marco actual educativo, sí había restricciones, no se cumplía el mandato de ley, ni el 2 de la Ley General de Educación ni el 8 de la Ley de Migración y otros más. Por supuesto, impecable el artículo 3o., donde se consagra expresamente nuestra Constitución General de la República.

Por eso vamos a favor, no solamente es un tema para dreamers, como bien decía la presidenta de la comisión, es un tema que va más allá, se aprovecha la inercia, la inercia de revalidación escolar, que era un problema, era una burocracia innecesaria, tramitología.

Se simplifican los trámites, hay una especie de mejora regulatoria con este mandato que hoy estamos, en su caso, aprobando por el pleno en su mayoría y que ahora estamos simplificando y estamos dándole a esos jóvenes, principalmente que vienen deportados voluntarios o no del extranjero, para que la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias de la federación tengan la facultad de atenderlos de manera eficiente y de manera eficaz.

Se trata entonces de dar un cumplimiento en un sentido humano estrictamente; es decir, pasar de la necesidad del derecho a la educación, la libertad de tránsito en la educación de los mexicanos, para darle una educación de calidad y darle la oportunidad con este programa de revalidación para que se incorporen al sistema educativo mexicano, que antes de esta reforma es totalmente un viacrucis, hay que decirlo.

De ahí que vamos a favor de esta iniciativa preferente del presidente de la República y, por supuesto, de esta minuta del Senado.

¿Qué otros elementos? Porque privilegia el aprovechamiento, el concepto de cualificación. Es decir, no podré acreditar documentalmente a dónde tengo derecho de incursionar en la educación básica superior, no lo puedo acreditar con documento, pero sí lo puedo acreditar con aprovechamiento, con un examen. Creo que eso es importante, que la autoridad educativa pueda tener la posibilidad, vea criterios objetivos claros, pedagógicos, con la metodología correcta, desde luego, darle el lugar que le corresponde sin que esta persona, joven, mujer, hombre, tenga la posibilidad de incursionar en el grado que amerite, de acuerdo a su talento y aprovechamiento.

Por eso vamos a favor, compañeros diputados y compañeras diputadas, vamos a favor porque la educación es realmente modernizar a la sociedad, la educación moderniza a la sociedad. No podemos hablar de una sociedad modernizada si no tenemos el acceso a la educación de manera igualitaria y equitativa, y esta iniciativa, precisamente, garantiza igualdad, garantiza equidad, garantiza menos tramitología, sobre todo a las personas en estado de vulnerabilidad, sea aquí en el terreno nacional o sea que vengan del extranjero, esa es la gran oportunidad, desde luego, que educar es lo mejor que puede hacer un Estado-nación si quiere realmente destacar, desarrollarse plenamente.

Donde exista el acceso a la educación, no habrá distinción de clases, esa es la realidad y hoy esta minuta tiene que ver con educación y para Encuentro Social, desde luego, en nuestros principios de los documentos básicos, totalmente a favor, porque la educación para nosotros es la oportunidad de incursionar en el desarrollo pleno de nuestro país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Gonzalo Guízar. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández León.

El diputado Luis Manuel Hernández León:Con su permiso, señora presidenta. La educación y sobre todo una educación pública de calidad, con equidad, nos unen a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Porque hay una conciencia clara de lo que representa la transformación de la vida misma de los seres humanos, de un ciudadano, de una sociedad, de una nación por la vía de la educación, y esto hay que reivindicar, por lo tanto, el trabajo de mis compañeras diputadas, de mis compañeros diputados, por el esfuerzo por reivindicar el diálogo que es útil a la sociedad y por la responsabilidad y compromiso con la única herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, que es una educación de calidad.

Hay muchos connacionales del otro lado de la frontera norte que no la están pasando muy bien, en donde están enfrentando una política agresiva impulsada por el actual presidente de los Estados Unidos de América. Y la respuesta que les damos desde este Congreso a ellos es que aquí está su patria, aquí está el Estado mexicano abriéndole los brazos y diciéndoles, aquí habrá una escuela, aquí habrá una maestra, un maestro, aquí habrá un sistema educativo, un nivel que los puede incorporar para que revaliden sus estudios de manera ágil y no se frustre su formación por una política migratoria, que el tiempo lo dirá, que es totalmente equivocada.

Por eso quiero felicitar a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Educación, y de manera particular a nuestra presidenta, la maestra y diputada Hortensia Aragón.

México enfrenta pues retos de corto y mediano plazos, pero en esta coyuntura, ante la eventual repatriación de connacionales, es necesario impulsar políticas que garanticen sus derechos fundamentales, como es el caso de la educación.

En Nueva Alianza hemos sido constantes promotores de una educación de calidad con equidad, laica, gratuita, obligatoria y accesible para todos y cada uno de los mexicanos sin excepción.

El dictamen que nos ocupa atiende la urgente necesidad de facilitar la inserción al sistema educativo nacional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de diversas entidades de nuestra nación.

Y hay una amplia coincidencia, por eso estamos contentos de que la educación nos sume a todos. Es un ejemplo de unidad nacional. Es un ejemplo de que cuando hay una visión y un compromiso podemos superar obstáculos.

En este sentido, el grupo parlamentario al que pertenezco considera que es correcto actualizar el marco normativo con el objeto de simplificar los trámites de revalidación de estudios que posibiliten tanto a repatriados, extranjeros o estudiantes en movilidad, en continuar sus procesos educativos.

Cabe mencionar que, si bien es importante abrir las oportunidades que garanticen el derecho a la educación, también lo es que la autoridad educativa cuente con los elementos operativos como normas de control, lineamientos y ciertos criterios aplicables para la revalidación de estudios.

En Nueva Alianza reconocemos que estas acciones tienen un alto impacto académico y social. No obstante, debemos asegurarnos de que estén acompañadas con los recursos humanos suficientes, económicos y pedagógicos que las circunstancias lo ameriten.

Es decir, los centros educativos tienen que estar preparados en infraestructura y pedagógicamente atentos para atender este nuevo elemento de las comunidades, reconociendo la diferencia cultural en un marco de respeto, privilegiando el derecho a la educación de calidad con equidad; dándole una lección al presidente de Estados Unidos, que es una nación que nació de inmigrantes. Aquí vamos a darle una lección de tolerancia, de respeto a la dignidad humana. Por su atención. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernández de León. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Máynez.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidenta. Con el permiso de los presentes. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí y con lo que ha dicho el presidente en sus discursos. A los migrantes mexicanos se les trata peor en México, los trata peor el gobierno de Enrique Peña Nieto, que el gobierno de Donald Trump.

El problema de los migrantes mexicanos no es nada más Trump, el problema es lo que sucede aquí. Y a mí me parece muy extraño que el Congreso no tenga empacho en asumirse como oficialía de partes constantemente del presidente.

El 17 de enero de 2017 propusimos una serie de iniciativas para la reinserción de los migrantes en materia educativa, en materia laboral y para su reinserción al sistema de salud, para facilitar la reinserción de los migrantes al Estado mexicano, nada de eso la ha importado a esta Cámara de Diputados, están en la congeladora esas iniciativas. Porque hoy el discurso que se van a aventar los grupos parlamentarios que apoyan esta iniciativa, por qué no lo aplican en salud, en trabajo, en vivienda, en toda una serie de temas en la que tendríamos que estar viendo cómo reaccionar frente a los migrantes y frente a los mexicanos que habitan aquí.

También había una iniciativa en ese paquete de iniciativas que presentamos, para reconfigurar la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Servicio Exterior Mexicano, los consulados y darles una dimensión de trabajo, de acompañamiento a la lucha de los migrantes mexicanos, a los ciudadanos mexicanos y de origen mexicano en Estados Unidos.

Y la verdad es que, respecto a esta iniciativa que tenía una visión corta, una visión muy pequeña del tema educativo, el gran mérito lo hizo el Senado de la República, particularmente la Comisión de Educación del Senado de la República y particularmente su presidente, el senador Juan Carlos Romero Hicks, porque dentro de esta lógica de sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo hubo al menos ausencia de mezquindad, hubo generosidad.

Y por lo menos la iniciativa que tenía que ver con el capítulo educativo de reinserción, que nosotros propusimos, fue tomada en cuenta para el dictamen, también la tomó en cuenta aquí la Comisión de Educación, la presidenta, toda su Junta Directiva, y a mí me gustaría destacar algunas cosas de nuestra iniciativa, que no venían en la iniciativa del presidente, que se incluyeron en el dictamen.

La actualización del marco regulatorio en general para la revalidación, pero desde un punto de vista que no nada más tiene que ver con la revalidación, con el acceso, con el tránsito o con la permanencia de los educandos en el sistema educativo, de los alumnos, de las niñas, de los niños, de los estudiantes, porque no es una ley para dreamers ni de cerca, no tiene ese planteamiento, ni siquiera va a ser la principal población beneficiada, ni siquiera está centrada en la educación superior.

Es un planteamiento que intentó hacer pasar por mediático el presidente, pero que no va por ahí el espíritu de la iniciativa, y afortunadamente mucho menos del dictamen.

La iniciativa nuestra, y ese espíritu lo retoma el Senado, la dictaminación, y en varios de sus artículos. Decía una cosa: el acceso a la educación es un derecho que está por encima de asuntos burocráticos absurdos, como la aportación de documentos. El acceso a la educación no es un derecho que pueda estar supeditado a que un estudiante tenga en ese momento documentos para recibir ese derecho.

Esa primacía está en todo el dictamen de la iniciativa, por eso estamos a favor. Creo que eso es lo más importante, porque eso es lo que hemos exigido para los ciudadanos mexicanos y de origen mexicano en Estados Unidos, que sus derechos no sean regateados, que, por cierto, somos mucho peores que los Estados Unidos con los migrantes en México, con los migrantes por ejemplo que vienen de Centroamérica.

México es un gran muro para Centroamérica. No tenemos autoridad moral como Estado, como país para hablar de este tema frente a Trump porque no hacemos la tarea en casa. Eso también venía en la iniciativa.

También recuperó el Senado –y lo confirmó la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados– un sistema de simplificación para las revalidaciones y las equivalencias, y sobre todo que estuviera en el centro de esta iniciativa el principio que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no se ha cansado de insistir que es el principio fundamental para verdaderamente reformar el sistema educativo en México, que es el principio de equidad y de inclusión social.

Que todas las medidas que tengan que hacer las autoridades para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes corran a cargo de las autoridades. Si un niño no tiene documentos es responsabilidad de las autoridades que los tenga. Si un niño se está quedando sin ir a la escuela por una deficiencia de las autoridades, no puede pagar esa ausencia de documentos, esa limitación el niño o la niña o el estudiante o el joven o la joven no lo puede pagar sin acceder a un derecho fundamental como es el derecho a la educación.

Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa felicitando el trabajo de las Comisiones de Educación tanto en esta Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Álvarez Maynez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Moreno Vega.

La diputada Magdalena Moreno Vega:Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, señores diputados y diputadas. Ante la amenaza de deportaciones masivas de mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos, es necesario apoyarlos y otorgarles todas las facilidades para su incorporación al sistema educativo nacional.

En la iniciativa que se presenta hemos encontrado varias deficiencias; esta debió salir más pulcra con modificaciones que vamos a presentar en reservas, les pido que las aprueben.

Es necesario señalar que hoy más que nunca es importante apoyar a los mexicanos repatriados y facilitar su ingreso a las escuelas, simplificando los requisitos para revalidar sus estudios, siempre y cuando la Secretaría de Educación Pública supervise y avale estas revalidaciones.

El gobierno de Donald Trump es hostil a México. En su primer mes de gobierno firmó órdenes ejecutivas que nos perjudican con muros y más policías; las redadas, las detenciones, las deportaciones y el miedo, abundan para nuestros connacionales y acosan a las comunidades de migrantes mexicanos.

Ante la amenaza externa el gobierno mexicano se ha mostrado sumiso y ha sido incapaz de detener la huida de millones de mexicanos que abandonan su país porque no hay oportunidades de trabajo ni de estudios; no hay esperanza de vida digna ni un futuro mejor.

Hoy el gobierno dice preocuparse por los mexicanos expulsados de Estados Unidos, pero no reconoce que él es responsable del desastre que vive nuestra nación, que el sistema ha aumentado la miseria y desigualdad que padecen millones de mexicanos.

Es un hecho que los mexicanos migrantes no quieren regresar a México; piensan que regresar es ir para atrás. Permítanme un ejemplo: hace 15 días más de 150 mil jóvenes presentaron su examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México; cumplieron con todos los requisitos exigidos, entre otros, tener más de siete de promedio. Y sin embargo uno de cada veinte será aceptado; más de 140 mil serán rechazados y su única oportunidad para continuar estudiando, serán las universidades privadas que están fuera de sus posibilidades económicas.

Morena está a favor de la educación, es nuestra prioridad; no hay mejor prueba que la mitad del salario aportado por todos nuestros diputados que se destina a las universidades creadas por Morena.

Los mexicanos queremos un nuevo modelo de sociedad, que no nos obligue a abandonar nuestro país; un proyecto alternativo de nación que nos proteja de las agresiones y las amenazas del exterior, que nos garantice el derecho a la educación desde preescolar hasta a universidad.

Ante los insultos y amenazas, estamos obligados a apoyar a los niños y jóvenes que ingresaron a Estados Unidos acompañando a sus padres en busca de una mejor forma de vida que México les negaba.

A estos jóvenes indocumentados que han terminado la escuela en Estados Unidos y ahora acompañan a sus padres deportados, es necesario garantizarles que podrán continuar con sus estudios en su país, pero es importante cuidar la calidad de la educación.

Los mexicanos que van a ganarse la vida a Estados Unidos lo hacen por necesidad no por gusto, lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza. Morena, siempre apoyará a nuestros paisanos migrantes, siempre estaremos a lado de los mexicanos repatriados.

Por las razones mencionadas, el voto de Morena será a favor de este dictamen. Espero que nos aprueben las reservas para perfeccionar esta ley. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Magdalena Moreno. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez:Buenas tardes compañeros diputados y compañeras diputadas, con la venia de la Presidencia. Se considera derechos humanos aquellos que tienen su origen en la propia naturaleza del ser humano, y es precisamente dicha característica que deriva de su carácter: inviolables, intemporales y universales, por lo cual deben ser garantizados para todas las mujeres y hombres sin distingo alguno.

En México, el derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 3o. de nuestra Constitución, así como su ley reglamentaria en donde se destaca la importancia del acceso a la educación para todos los mexicanos.

Debe ser, y debería ser nuestro principal objetivo, garantizar el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos implementando políticas públicas y reformas enfocadas al fortalecimiento de todos los niveles educativos que integran nuestro sistema educativo.

Un sistema educativo eficaz, eficiente, fortalecido, será por supuesto siempre un instrumento indispensable para superar las aún desigualdades que padecen millones de mexicanos a través del amplio abanico de oportunidades para prosperar y vivir dignamente.

Desde luego, estas oportunidades deben ser para todos los mexicanos, incluyendo también quienes viven más allá de nuestras fronteras, y me refiero principalmente a los que viven en Estados Unidos, por el nuevo gobierno norteamericano ha prometido una política de mano dura ante el tema de la migración, anunciando que anunciando que anulará decisiones ejecutivas que administraciones anteriores habían hecho, por lo cual esto les permitía la permanencia temporal en aquel país donde muchos jóvenes ingresaron, siendo menores de edad iniciaron ahí su formación académica.

En este sentido, ante el latente retorno de migrantes del país vecino, el Ejecutivo federal, a fin de garantizar el derecho a la educación de todos los mexicanos, ha propuesto al Congreso de la Unión una iniciativa de ley con carácter de preferente, la cual tiene como objetivo fundamental incorporar al sistema educativo nacional a los mexicanos que estudien en otro país, particularmente en Estados Unidos.

Uno de los ejes rectores de dicha reforma se centra en facilitar la incorporación de los migrantes que regresan al país sin importar su condición migratoria ni los documentos con que cuenten.

Con ello se busca garantizar que todas las personas dentro del territorio nacional cuenten con las mismas oportunidades al momento de transitar por los diferentes niveles de nuestro sistema educativo.

Una de las muchas problemáticas a las cuales se enfrentarían las niñas, niños y jóvenes deportados, al tratar de incorporarse a las diferentes instituciones de educación, es la compleja burocracia y los múltiples trámites de quienes se realizan.

Es por ello que la propuesta del Ejecutivo pretende eliminar el apostillado de todos los documentos para revalidación educativa, así como el requisito de traducciones, de calificaciones, planas de estudio, actas de nacimiento o cualquier otro documento de identidad personal, que en muchos de los casos representa un costo elevado para el estudiante y se traduce en un obstáculo más para continuar con su formación académica.

En este orden de ideas, otro eje fundamental de la presente reforma es la facultad que se les otorga a las autoridades educativas, a fin de que puedan autorizar a las instituciones educativas media superior proporcionar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura, asimismo se garantiza la coordinación entre las secretarías de educación con las secretarías de los estados para implementar estas políticas públicas en la materia.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen, porque consideramos de suma importancia contribuir a todas las personas que ejerzan plenamente sus derechos en territorio mexicano.

Se están realizando importantes esfuerzos con el propósito de apoyar a niños y jóvenes en situación de desventaja, y ante la compleja realidad que viven nuestros connacionales en el país vecino es nuestra obligación, a fin de garantizarles un adecuado proceso de incorporación al sistema educativo nacional, trabajar en ese tema. Es cuanto y muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Avendaño Bermúdez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Martínez Neri.

El diputado Francisco Martínez Neri:Muchas gracias, presidenta. Con su permiso y con el permiso de todos y todas. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos conscientes de que no hay desarrollo posible sin una apuesta clara en favor de la educación. Por ello, fortalecer la educación pública de calidad, laica y gratuita es un objetivo prioritario para nuestro partido.

Compañeros legisladores y legisladoras, aplaudo la discusión respecto de un tema tan relevante. Celebro todos los esfuerzos para visibilizar e incorporar a los migrantes dentro del sistema educativo nacional, pero sobre todo me congratulo por la disposición que han mostrado todos los grupos parlamentarios para abordar este importante tema.

En este tenor, es importante que asumamos un compromiso serio para que la incorporación de los migrantes al sistema educativo sea una realidad. Sin duda hubo avances importantes en comparación con la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, al incluir las propuestas de las autoridades educativas federales y locales, ONG, universidades, investigadores, la sociedad civil y de los propios legisladores en ambas Cámaras, presentadas en las audiencias públicas.

El dictamen, tal y como quedó redactado, no es de nadie en lo particular, es un producto de todos los que contribuimos para lograrlo. En el PRD, sabemos distinguir entre las iniciativas particulares y entre las iniciativas por México.

La problemática de la migración interna y externa no debería de atenderse como una respuesta coyuntural, sino como una propuesta de fondo que contemple los elementos necesarios para su implementación.

Permítanme aclarar este punto, los principales inconvenientes para la implementación y puesta en marcha de estas disposiciones son la falta de presupuesto y una valoración certera de la capacidad real de las instituciones de educación receptoras de la población objetivo. Incluso en el nuevo modelo educativo presentado por el presidente de la República el pasado lunes, 13 de marzo, algunas acciones se sujetan a la suficiencia presupuestal.

Entonces, ¿cómo hacer realidad la inclusión de nuestros connacionales al sistema educativo, cuando el presupuesto al Ramo 11 se redujo en 15.1 por ciento con respecto al año anterior? ¿Cómo lograr una inclusión y equidad educativa, cuando este problema presentó un recorte de 39.7 por ciento para el Presupuesto 2017?

Además, la Cuenta Pública de 2015 señala que se dejó de atender a estudiantes en situación vulnerable y/o con discapacidad y se desconoce si el programa contribuyó a mejorar los servicios educativos y a incrementar la cobertura, la inclusión y la equidad educativa de la población vulnerable y/o con discapacidad, prevaleciendo situaciones similares en programas como Escuelas de Calidad, Infraestructura y Equipamiento en los Planteles de Educación Básica.

Sí, estamos de acuerdo con facilitar los trámites para revalidación y equivalencias de estudios. Aprobamos el derecho al tránsito en el sistema educativo y, sobre todo, debemos recibir con los brazos abiertos a aquellos migrantes que regresen a nuestro país y deseen seguir estudiando.

Compañeros, legislar no significa dar respuestas coyunturales ni populares, legislar implica definir el rumbo de nuestro país, generar los mecanismos y las herramientas que propicien mejores condiciones sociales y económicas para nuestra población. Se trata de construir, reforzar y proponer ordenamientos jurídicos que den viabilidad a nuestras propuestas. Se trata de asumir responsabilidades y cumplir compromisos.

Nuestro voto es a favor de este dictamen, pero los exhorto, compañeros, a legislar en esta materia, diseñando adecuadamente las políticas públicas que hagan efectivo el derecho a una educación de calidad para la población migrante y, en especial, a la que vive aquí, en México, en situación de vulnerabilidad.

Démosle seguridad a nuestra población, a nuestros connacionales. Brindémosle la mejor herramienta para enfrentar el desarrollo de un mundo globalizado, esa herramienta, sin duda, es la educación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Martínez Neri. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado Joaquín Díaz Mena.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el acceso a la educación es un derecho fundamental y como tal es nuestro deber atender con oportunidad y eficacia la demanda de servicios educativos que la situación actual nos exige.

Por ello el día de hoy estamos discutiendo una iniciativa preferente del Ejecutivo federal, la Ley General de Educación tendrá cambios hoy, que traen muy buenas intenciones para atender la educación de nuestros paisanos repatriados y a sus hijos víctimas de la xenofobia de Donald Trump, por lo que los diputados del PAN apoyamos su aprobación.

Vemos buenas intenciones al quitar el apostillamiento y traducción con peritos a los certificados escolares emitidos en el extranjero, para nivel superior en básica se quitó en el año 2000 y en media superior en 2015.

Vemos buenas intenciones al otorgar facultades a las universidades públicas y a las privadas que tienen registro de validez oficial de estudios, para que puedan emitir revalidaciones de estudios de nivel licenciatura.

Y proponemos que el gobierno federal no debería descartar ofrecer estímulos fiscales a universidades privadas para ampliar su oferta y poder otorgar más becas particulares a los jóvenes repatriados.

En el PAN nos solidarizamos con los miles de jóvenes que regresarán al país a continuar sus estudios, pero esto no es suficiente. No basta con solamente buenas intenciones si no se concretan, hechos son amores y no buenas razones, reza el dicho popular.

Por todos es sabido que las universidades de México no tienen la capacidad suficiente para atender a la población estudiantil, si a ello sumamos los que se incorporarían con las deportaciones el problema será mayor. En todas las universidades del país se rechazan cada semestre a miles de aspirantes e incluso el rector de la UNAM ya advirtió que no tendrían espacios que ofrecer.

Decía Carlos Castillo Peraza que la educación es el único camino para que tengamos mexicanos más libres, y por eso en el PAN daremos nuestro voto a favor, para que nuestros connacionales tengan la facilidad de revalidar sus estudios permitiendo su movilidad. Pero exigimos también al gobierno federal que haga un ajuste urgente de recursos para atender este problema. Para que los millones de repatriados que son víctimas de las decisiones de Trump en Estados Unidos no pasen a ser víctimas de la ineficacia y la ineptitud del gobierno mexicano y quienes manejan el sistema educativo nacional.

Hoy más que nunca vemos improbable que se puedan abrir nuevas escuelas, pues hasta para atender las necesidades y rezagos de infraestructura en el nivel básico tuvieron que recurrir a endeudar al país por los próximos 20 años a través de los famosos bonos educativos. Deuda que tendremos que pagar los mexicanos y los gobiernos futuros.

Si el sistema educativo nacional no ha sido capaz de atender la demanda de nivel superior dejando fuera de las universidades públicas a miles de jóvenes que viven aquí, cómo es posible que nos pretendan hacer creer que van a poder atender a nuestros paisanos repatriados sin que la Secretaría de Educación haga un ajuste urgente y el gobierno federal se prepare para apoyar de manera extraordinaria a las escuelas de nivel superior.

Es relevante señalar que se deben destinar recursos para cumplir a cabalidad con el espíritu y el objetivo fundamental de esta iniciativa que vamos a aprobar hoy. De lo contrario, todo quedaría en buenas y humanitarias intenciones. Ojalá no le quede grande a la SEP el reto de atender a dreamersrepatriados.

No hacer estos ajustes sería caer en demagogia. Esta iniciativa presenta una solución a una realidad que ya nos alcanzó. Pero si el gobierno federal no asume su responsabilidad de llevarla a cabo sería letra muerta. Los diputados del PAN le exigimos al gobierno de Peña Nieto garantizar lo necesario para atender a los alumnos repatriados.

Ya les falló su gobierno una vez y por eso tuvieron que emigrar. Ojalá que a su regreso no les vuelvan a fallar.

En el PAN actuamos con responsabilidad hacia nuestros hermanos mexicanos. Por ello votaremos a favor para que se respeten sus derechos educativos en este de por sí difícil trance de tener que rehacer su vida familiar en nuestro país, dejando ahí su patrimonio y parte de su familia en Estados Unidos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Joaquín Díaz Mena. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón.

La diputada Martha Hilda González Calderón:La posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es precisamente explicar lo que este dictamen representa: la gran lección que México le da al mundo con este dictamen. En el sentido que en el marco de un entorno internacional adverso, nosotros establecemos las bases para que los hijos y las hijas de las familias de retorno puedan integrarse al sistema educativo nacional.

Como lo señala Magris: “La frontera es doble, ambigua. En unas ocasiones es un puente; en otras, tenemos que admitirlo, es una barrera”. Las circunstancias políticas en el vecino país han colocado a México en una coyuntura. Por un lado, acogiendo a las familias de retorno, no solamente en lo formal sino coadyuvando en la construcción o reconstrucción de su identidad y fortaleciendo el capital simbólico del que hablaba Bourdieu. Por el otro lado, preparando a la propia sociedad mexicana para integrar a nuestros paisanos y paisanas que vuelven a su patria, esta casa grande que es México.

Necesitamos ayudarles a reflexionar que hay que edificar ese lugar para la reflexión y tejido de experiencias e identidades fragmentadas, como lo señaló la investigadora Lucía Rodríguez.

En la dictaminación se llevó a cabo, como ya lo explicaron mis compañeras y compañeros, en coordinación con el Senado de la República, una amplia consulta, en donde participaron autoridades educativas, federales y locales, académicos y sociedad civil organizada.

Este ejercicio permitió escuchar todas las voces y enriquecer, por supuesto, el dictamen. De esta manera se le dan facultades a la Secretaría de Educación Pública, en concurrencia con las autoridades educativas locales, para establecer normas de control escolar que agilicen la incorporación de estudiantes, no importando ni su condición migratoria, ni la documentación con que cuentan.

El gran reto es, que con aquellos que han concluido sus estudios en el nivel medio superior para revalidarlos rápidamente y que se inicien en una carrera profesional o se puedan insertar en el mercado laboral.

La Secretaría de Educación Pública ha señalado en reiteradas ocasiones que la oferta total del lugares disponibles que ha habido hasta este año de nivel superior es suficiente y que gracias a la coordinación entre autoridades educativas, federales y estatales han permitido tener reservas para ubicar estudiantes de retorno.

¿Cuáles son las grandes aportaciones de este dictamen? Simplifica los trámites de revalidación de estudios conforme a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad, otorgando facilidades a toda la población, subrayadamente a los migrantes nacionales. Autoriza a las instituciones educativas debidamente reconocidas a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales, respecto de los planes y programas que imparten sin nunca perder sus facultades de evaluación y seguimiento en este rubro. Robustece, mediante la suscripción de acuerdos y convenios, el derecho de tránsito educativo entendido como la movilidad que realizan los estudiantes por un periodo determinado, ya sea en territorio nacional o internacional con el fin de fortalecer su formación académica.

Crea el marco nacional de cualificaciones, instrumento que permitirá desarrollar, clasificar y reconocer los conocimientos y destrezas a nivel internacional. Sabemos que la tarea apenas comienza, que es una tarea de todos, hemos recibido muchas observaciones y recomendaciones, como reforzar la coordinación institucional y la inclusión educativa, asegurar la interculturalidad, asesorar y formar docentes, provenientes de familias que retornan a su país, involucrar a la sociedad para integrar a estas familias, implementando esquemas de mediación escolar y comunitaria.

Felicito a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Educación, porque compañeras, entendamos, estamos concretando el ideal vasconceleano que decía: La enseñanza sirve para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se informa a la asamblea que con esta intervención concluyó el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Está a discusión en lo general.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general la diputada Patricia Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra. Tiene la palabra por tres minutos la diputada Patricia Aceves Pastrana, para hablar en contra de este dictamen; hasta cinco minutos.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana:Señora presidenta. Diputadas y diputados. Me dirijo al pueblo de México y en particular a los ciudadanos que tienen el privilegio de pertenecer o de haber egresado de una universidad pública, con el propósito de explicar las razones de mi voto particular en contra de la iniciativa presidencial.

Subrayo que en Morena nos solidarizamos con la lucha y las reivindicaciones de nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos, y rechazamos los abusos que está cometiendo Donald Trump.

También señalo que en Morena uno de los principios fundamentales es la defensa de la educación pública gratuita y de calidad como lo señala el artículo 3o. constitucional. Es por ello que rechazo este proyecto de dictamen porque en tres de los doce artículos que se modifican, se abre la puerta a la privatización.

Si el problema migratorio fuera realmente el centro de esta iniciativa, que no lo es, se hablaría de apoyar a las escuelas rurales y comunitarias en donde regresará el grueso de la población deportada. Asimismo se hablaría de aumentar el apoyo a las universidades e institutos públicos que son gratuitos, pero esto no sucede. Al contrario, hoy en día los alumnos de primer ingreso de los postgrados de excelencia de la UAM y del Instituto Politécnico Nacional, no tienen becas por los recortes presupuestales al Conacyt.

Si bien sólo se espera que regresen y se incorporen al nivel superior unos miles de estudiantes, el objetivo principal de este dictamen es actualizar el marco normativo que regula la revalidación de estudios, actualización que incluye el autorizar o delegar a las instituciones particulares de educación superior, la facultad de otorgar revalidaciones.

Este acto implica que el Estado abandona su responsabilidad para trasladarla a las instituciones privadas, a las cuales se eleva a la categoría de autoridades. En este punto es conveniente recalcar que en los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, se establece la facultad exclusiva. Y digo, exclusiva, porque así está marcado en la ley, de la autoridad educativa federal y de las locales para otorgar las revalidaciones de estudio.

Por lo tanto, en mi opinión, el trasfondo de esta reforma es abrir la puerta a las escuelas particulares y propiciar una reforma educativa en el nivel superior que promueva la privatización.

El titular de la SEP ha dicho que su reforma educativa busca recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Si el Estado realmente quiere reencauzar la educación y atender los problemas urgentes, lo peor que puede hacer es renunciar a sus atribuciones, pues con ello potencia el riesgo de una mercantilización de los servicios educativos en detrimento de la calidad.

Así lo señaló en el Senado la abogada general de la UNAM y también se perdería el control de los estándares que rigen a la educación superior, sector estratégico para el desarrollo del país, preocupación que comparten funcionarios y rectores de universidades públicas.

No me canso de repetir que la comisión que presenta el dictamen el día de hoy se llama Comisión de Educación Pública y que existe una Secretaría de Educación Pública, y en tanto estas no cambien su nombre al de educación privada, nuestra labor como legisladores es defender ese carácter público de la educación y entenderla como un bien social, como un derecho y no como una simple mercancía.

Estoy dispuesta a cambiar mi voto si alguien me da una explicación a la siguiente pregunta: ¿En qué les beneficia a los migrantes y a los mexicanos que el Estado delegue sus facultades exclusivas a las escuelas particulares de educación superior para revalidar estudios? La respuesta es muy simple, solamente beneficia a las instituciones particulares. Es muy claro.

En esta sesión se ha festejado la nacionalización del petróleo, en el futuro esta Cámara podrá celebrar la privatización de la educación superior. Compañeros legisladores, no le quitemos el privilegio a la juventud mexicana que nosotros sí tuvimos, de adquirir una formación profesional gratuita y de excelencia en las escuelas públicas. Viva la educación superior. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Pastrana. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general.

Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos:

Artículo 12, fracción IX, por parte del diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD; 14, fracción III, por parte de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD.

Artículos 14, fracción III; 33, fracción XI Bis; 63, párrafo cuarto, por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena; 14, fracción III; 63, párrafo primero, por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena; 14, fracción III; 56, párrafo primero; 63, párrafo cuarto; y artículo quinto transitorio, por la diputada Patricia Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema. Continúa abierto el sistema. ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 366 votos en pro, 5 abstenciones y 5 en contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general, y en lo particular los artículos no reservados, por 366 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por tres minutos la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, para presentar reservas al artículo 14, fracción III.

Se informa asimismo a la asamblea, que el diputado David Gerson García Calderón retira su reserva al artículo 12 del dictamen.

La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera:Cabe aclarar que esta ley no es propia de los mexicanos deportados, que son el 0.5, comparado con el masivo porcentaje de mexicanos viviendo aquí y que no les hemos garantizado un espacio en una escuela de calidad.

Con su venia, diputada presidenta. Este dictamen, que superficialmente parece reflejar buenos cambios y avances en materia educativa, realmente trae consigo una serie de lagunas y omisiones, pero solo voy a mencionar una.

Este dictamen abre la puerta para que algunas escuelas públicas y todas las privadas dejen de ser gestoras y sean emisoras directamente de la revalidación de estudios, aunque sea parcial, tomando como único criterio que tengan registro de validez oficial de estudios. Esto viene en el dictamen que se aprobó en lo general.

No viene el más importante, que sería la cuestión de conocimientos y destrezas para demostrar que la escuela es buena académicamente. Se necesita un mecanismo eficiente y no simples lineamientos, tomando como punto de partida la creación de un comité académico, profesional y expertos en cada área del conocimiento, que se encarguen de establecer los criterios para otorgar el permiso de revalidar. Todo esto dentro del marco nacional de cualificaciones y el sistema nacional de créditos académicos.

Estamos a favor del tránsito y movilidad académica, con conocimientos y equidad y calidad. En otras palabras, dejemos a los verdaderos expertos determinar qué escuelas públicas o privadas podrán revalidar estudios. Que ellos analicen cada escuela, en cuanto a su nivel académico, si cuenta con las herramientas y el personal calificado. De lo contrario, abrimos la puerta a que cualquier escuela patito revalide a diestra y siniestra, mientras haya dinero de por medio. Si consideran un negocio esta reserva, entonces vótenla en contra. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar modificaciones a los artículos 14, fracción III; 33, fracción XI Bis; y 63, párrafo cuarto, del dictamen, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con venia de la Mesa Directiva. El día de hoy pretendemos un parche legislativo, porque el problema es muy fuerte, es fuerte para los migrantes y con esta reforma no les garantizamos el derecho que deriva de la Constitución a acceder a educación gratuita, de calidad y en forma abierta.

Se pretende una simulación para revalidar estudios, pero no garantizamos el derecho a la educación de los niños, jóvenes que van a ser deportados o están siendo deportados con la política antiinmigrante del Trump.

En 2016, el propio subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación, de la Secretaría de Educación Pública, señala el regreso de 21 mil 113 jóvenes y 25 mil 248 jóvenes en nivel secundario, y él señala que el reto de esta política antiinmigrante es tener espacio y profesores suficientes para atender esta demanda derivada de la deportación de migrantes, niños, jóvenes que se encontraban amparados por un acto administrativo de Obama, respecto al poder estar residiendo en Estados Unidos únicamente aquellos jóvenes entre 15 y 31 años que estuvieran estudiando, que estuvieran cursando el bachillerato.

El gobierno federal se equivoca al proponer esta reforma, lo que tenía que haber propuesto es una política pública de reinserción y de garantía a la educación gratuita que establece el artículo 3o. constitucional.

La revalidación o reconocimiento de estudios no suple la omisión social, económica, a la que se van a enfrentar niños y jóvenes deportados, no la suple, pero sí crea un nicho de oportunidades para las escuelas privadas, puesto que se les autoriza con esta reforma otorgar reconocimiento y validez de estudios oficiales sin mayores trámites y con un proceso sumario.

Esta ley violenta diversas disposiciones constitucionales. Artículo 3o. establece el respeto a los derechos humanos y la independencia en la justicia, que toda educación que imparta el Estado será gratuita. Todo estudiante que acceda a revalidar sus estudios en una escuela particular no tendrá la gratuidad, tendrá que ajustarse a las tarifas que impongan las escuelas particulares.

El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas y establece la obligación para los particulares, que podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley.

El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares con condiciones, el reconocimiento no es abierto.

Y el inciso b) de la fracción VI, párrafo tercero de la Constitución determina obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley.

Este mandato constitucional se ve derogado con la autorización que van a tener las escuelas privadas de revalidar y reconocer estudios. No hay un cumplimiento expreso a que en cada caso se solicite el reconocimiento y validez oficial de la autoridad educativa.

Esta ley violenta y excluye a una reforma que acompañó a la reforma general de educación de 2013. Se excluye al Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Estamos omitiendo la evaluación de los jóvenes que se van a insertar a este sistema educativo. Estamos omitiendo la calidad con la que estos jóvenes se van a insertar.

Las escuelas raramente cumplen los estándares de calidad. Difícilmente con la demanda que se genere se van a cubrir estos dos criterios. Una evaluación objetiva que nos determine a qué grado se insertan estos niños y jóvenes. Y segundo, cuál es la calidad de la enseñanza que se les imparte.

El artículo 3o. constitucional establece la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y dentro de sus tareas está evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar primaria, secundaria y media superior.

Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden.

En el texto del dictamen que se presenta se diluye esta calidad, se diluye esta evaluación. Se pretende con esto engañar a la población. Con esta ley no abonamos recursos, puesto que en el transitorio se determina que no hay recursos adicionales y tampoco garantizamos a niños y jóvenes su acceso a la educación gratuita.

Estamos haciendo una simulación legislativa. Una simulación legislativa en demerito de garantías constitucionales que tienen los niños y jóvenes migrantes deportados por una política antimigrante de Donald Trump. Muchas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juan Romero Tenorio. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Para presentar propuesta de modificación al artículo 14, fracción III; LXIII, párrafo primero, tiene el uso de la palabra el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:Con su venia, diputada presidenta. El dictamen que hoy se discute busca que hagamos defensa de los derechos individuales y procuremos incondicional apoyo a nuestros hermanos mexicanos, quienes bajo las políticas del gobierno actual de Estados Unidos se ven obligados a regresar a su patria sin la posibilidad de completar sus estudios.

Se hizo ver, en su momento, que algunas de las bien intencionadas modificaciones podrían ser usadas de manera inapropiada por las instituciones educativas particulares que obtengan, a través de la Secretaría de Educación Pública, la posibilidad de otorgar revalidaciones y equivalencias parciales.

Sin embargo, es innegable que se requiere de acciones que beneficien a los estudiantes mexicanos en general y, en particular, a los estudiantes que por la intolerancia sean repatriados con la completa violación de sus derechos humanos; truncando sus sueños, desarrollo y las múltiples posibilidades de una vida mejor.

En Morena la educación es uno de los pilares fundamentales del proyecto de nación, que desea la mejora de las condiciones de vida de la sociedad mexicana. Es para nosotros esencial que se apoye de una manera efectiva a los mexicanos estudiantes de cualquier grado de escolaridad, a quienes la intolerancia les quita injustamente de sus formas de vida.

Como legisladores, es parte de nuestro deber que se impida que los trámites de revalidación de estudios para nuestros compatriotas no sean objeto de lucro, ni sean onerosos a quienes se encuentran en situación precaria cuando intentan reconstruir su forma de vida de nuevo en México.

Es por ello, que la gratuidad en estos trámites es la opción que se muestra como óptima para contribuir a quienes desean mejorar su calidad de vida, no tengan obstáculos por tener que cubrir gastos que quizás no puedan erogar. Es por ello que solicito a todos ustedes, ante todo como mexicanos, que aprueben esta reserva a los artículos 14 y 63, la cual señala que los trámites de revalidación y equivalencia sean gratuitos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernández de la Piedra. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra, la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 14, fracción III; 56, párrafo primero; 63, párrafo cuarto; y artículo quinto transitorio, hasta por cinco minutos.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana:Señora presidenta, diputados, diputadas. La SEP ha reglamentado cotidianamente sus facultades de revalidación mediante diversas normas, particularmente el acuerdo número 286, por el que se establecen los lineamientos, las normas y criterios generales a que debe ajustarse la revalidación.

Consideramos que basta con hacer una adecuación especial a este acuerdo para que responda a la necesidad inmediata de los connacionales repatriados, a fin de simplificar los requisitos de revalidación eliminando la postilla de los documentos, la entrega de planes y programas de estudio cursados o la presentación de los antecedentes académicos, y de esa manera ayudar a los migrantes que deseen incorporarse al sistema educativo nacional.

No es necesario cambiar estos tres artículos a los que me referí, el 14, el 56 y el 63. La SEP tiene la facultad, es su facultad de elaborar el acuerdo 286 y de modificarlo, y se podría hacer la revalidación que se está proponiendo y esta simplificación administrativa con solo modificar este acuerdo 286.

Por ello, como alternativa propongo que la SEP haga eficiente su oficina de acreditación, incorporación y revalidación de estudios que hoy en día, según lo declaró el mismo secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, cuenta con procedimientos tediosos, largos e ineficientes.

Aunado a ello, la SEP también podría dictar lineamientos para el 286, suscribir convenios también de colaboración con las entidades federativas para atender a todos los migrantes y usuarios en general.

Es preferible implantar una simplificación administrativa de los procedimientos de la SEP conservando así el control de las facultades exclusivas del Estado, que abrir la puerta a la privatización de la revalidación de estudios y a la mercantilización de los servicios educativos.

Realmente cuando yo escuchaba las intervenciones en la Cámara de Senadores de que los procedimientos, la tramitología, el calvario, el viacrucis que pasaban los mexicanos debido a que los procedimientos de la SEP son muy engorrosos, pues a mí me llamó la atención de que por qué la SEP si tiene ese diagnóstico, pues por qué no hace eficientes sus servicios, si para eso está.

Y esto es muy fácil, se deshace de la responsabilidad, no puede con la papa caliente, según dijo el secretario, y entonces se la da a las escuelas privadas, y con eso se abre la revalidación sin ton ni son; se abre, como ya se liberalizó la gasolina, ya vimos los resultados, pues ahora se van a liberalizar las revalidaciones de estudios, y se abre al negocio de las revalidaciones a modo y de las licenciaturas a modo; cualquiera puede pedir una licenciatura a modo, una revalidación a modo.

La misma SEP puede solicitarles a las escuelas particulares que lo hagan, pero para preparar a todos los maestros que necesita para su nuevo modelo educativo.

Por las razones anteriores, entonces propongo en las reservas que entregué, una redacción alternativa a los artículos 14, 56 y 63, donde se suprimen las referencias autorizar o delegar a las instituciones particulares la facultad de revalidación de estudios, a fin de resguardar las facultades exclusivas que corresponden a las autoridades educativas.

Por último nada más mencionaré que esta iniciativa es el inicio de otras iniciativas que se presentarán en esta Cámara en el mismo sentido.

El día de mañana inicia, en Hidalgo, el Congreso Internacional para la Evaluación de la Educación Superior, y su propósito es poner las pautas para formar el Sistema Nacional de la Educación Superior. El mismo senador Romero Hicks lo señaló en el Senado, que con los resultados de este congreso se va a hacer la iniciativa, que muy pronto será presentada aquí en esta Cámara, para aprobar este Sistema Nacional de la Evaluación de la Educación Superior.

Todos los que hemos estado en la academia, en las instituciones educativas, sabemos lo que esto significa y lo sabemos desde los años noventa. Sabemos que está sobre nuestras cabezas de las universidades públicas la cuestión de la evaluación que ahora al parecer será realizada por las instituciones privadas y también por organismos internacionales.

Así que esta es la primera de muchas que vendrán después. Así que piensen bien qué van a hacer. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Pastrana. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

Saludamos la presencia en este salón de plenos de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, de Ciudad Obregón, Sonora, quienes asisten por invitación del diputado Abel Murrieta Gutiérrez. Sean ustedes bienvenidos.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 12, 14, 33, 56, 63 y quinto transitorio, que fueron reservados para ser, en su caso, aprobados en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos 12, 14, 33, 56, 63 y quinto transitorio en términos del dictamen.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Alguien más falta por emitir su voto? ¿No? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 283 votos a favor, 5 abstenciones, 40 en contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobados los artículos 12, 14, 33, 56, 63 y quinto transitorio en los términos del dictamen por 283 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación. Pase al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Continúe, por favor, la Secretaría.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Jorge Ramos Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada Karina Padilla Ávila cause baja como integrante de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 16 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobadas. Comuníquese.

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La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Botello.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez(desde la curul): Gracias, presidenta. Para solicitar que en virtud de que el estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar de los estados más violentos del país, de acuerdo a lo publicado ayer en El Universal, por el periodista Héctor de Mauleón, con datos de la consultora Latina y que así lo han estado confirmando los datos mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pedir al gobierno del estado de Guanajuato, como ya se ha hecho en exhortos anteriores, transparente todo lo relacionado con el Programa Escudo, que no ha dado resultados en el combate a la inseguridad y la violencia.

Fueron 124 ejecuciones en enero, 174 en febrero de este año, las mayores en la entidad son muestra de esta grave situación que estamos viviendo los guanajuatenses.

Exhorto al gobierno del estado de Guanajuato para que haya una mayor coordinación con los municipios en el combate a la ola de violencia e inseguridad que se está viviendo. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sí, diputada. Quedó asentada su expresión. Para poder proceder a este exhorto es necesario que sea turnado a la Junta de Coordinación Política. Sonido, por favor, en la curul de la diputada Alejandra Gutiérrez.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos(desde la curul): Sobre el pronunciamiento de la diputada, yo solamente quiero señalar que sí es bien importante que se enseñe a revisar los índices. Es muy diferente el número de delitos y el tipo de delitos y sobre todo se tiene que considerar el número de población de cada estado, y yo exhortaría a que se siga trabajando en equipo gobierno federal, porque los delitos son federales, y se necesita una intervención de los tres ámbitos de gobierno.

Tenemos municipios de diferentes partidos, tenemos al estado, tenemos a la federación y tenemos que trabajar los tres en coordinación y cada uno hacer lo que nos toca, pero yo también invitaría a la diputada a que también abone a la transparencia y que también cumpla con la ciudadanía de León, Guanajuato, y que le rinda cuentas de lo que tiene por ahí pendiente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Luis Manuel Hernández. Queda asentada su expresión, diputada Alejandra Gutiérrez.

El diputado Luis Manuel Hernández León(desde la curul): Gracias, señora presidenta. Para sumarme al exhorto por ser originario de Guanajuato y conozco lo que acontece en la entidad. A nadie le sirve que escondamos los problemas, hay un problema en la entidad, igual que en otras, pero lo menos que podemos hacer es esconder los problemas.

Exhorto a que no eludamos la responsabilidad de sumar nuestras voces por la mejor calidad de vida de nuestros paisanos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Su expresión ha quedado asentada, diputado.

Proceda la Secretaría a dar lectura al encabezado del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se rechazan las declaraciones del secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, John Kelly, en las que afirma que los niños que crucen la frontera de México-Estados Unidos de manera indocumentada podrían ser separados de sus padres.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión rechaza las declaraciones del secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, John Kelly, en las que afirma que los niños que crucen la frontera de México-Estados Unidos de manera indocumentada, podrían ser separados de sus padres.

Segundo.La Cámara de Diputados expresa su profunda preocupación por estas declaraciones, en virtud de que representan una amenaza hacia las personas migrantes y sus familias, además de que las mismas representan y fomentan la violación de Derechos Humanos y contravienen diversas convenciones internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias.

Tercero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la red consular, implementen campañas de información para las comunidades de connacionales que viven en los Estados Unidos de América y que tengan la custodia de niñas, niños y adolescentes, respecto a las acciones que deben emprender para salvaguardar el derecho de los menores en el caso de que los padres sean deportados por las autoridades migratorias.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión insta a las autoridades estadounidenses a respetar en todo momento los Derechos Humanos de las personas migrantes y sus familias, durante su ingreso, tránsito y retorno de los Estados Unidos de América.

Quinto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión apela a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos a que exhorten al gobierno de los Estados Unidos de América para que respete los compromisos y principios adquiridos en el seno de dichas organizaciones y respete los derechos humanos de los migrantes mexicanos y sus familias.

Dado en el Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 16 de marzo de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 16 de marzo de 2017 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

2. Que reforma los artículos 64 Bis 1 de la Ley General de Salud, 31 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 89 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sener y a Pemex que definan el estado actual del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en lo que respecta a sus avances, el monto total de inversión, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, relativo a la resolución de las controversias constitucionales en posesión de los ministros de la SCJN promovidas por el presidente de la República y por el Senado de manera pronta y expedita, a fin de generar certeza jurídica a las audiencias, los concesionarios y el ente regulador, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y el Bansefi a difundir los principales motivos por los que se incrementó en 81.6%, las reclamaciones a Bansefi, y el porcentaje de éstas que son relativas a la entrega de apoyos de los programas federales, así como las medidas que están tomando a favor de los usuarios de la banca de desarrollo para reparar las deficiencias de la institución, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de México, a tomar medidas necesarias para reducir los gastos de campaña de los partidos políticos en el proceso electoral de la entidad, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo y a los organismos constitucionales autónomos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en un 70% los montos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental para el presente ejercicio fiscal 2017, para que dichos recursos se reasignen a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos y a programas de apoyo y reinserción de los mexicanos repatriados, a cargo del diputado Clemente Casteñeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados, a las legislaturas locales, a los presidentes municipales y entes públicos de las entidades federativas y municipios, realicen las acciones necesarias para cumplir con los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los Municipios, a cargo del diputado Pablo Basáñez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a definir acciones concretas para determinar el nivel de cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres, a que respete los derechos constitucionales de sus docentes y a que ninguna manera se vulnere lo establecido en el apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Magdalena Moreno Vega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la demarcación territorial Venustiano Carranza, para que de manera inmediata lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y La Merced, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales de diversas entidades federativas, a homologar sus legislaciones locales con los principios constitucionales de derechos humanos, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano para eliminar el matrimonio infantil, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud se coordine con las autoridades locales, con el objetivo de realizar campañas regionales para prevenir la propagación del virus de la influenza, suscrito por los diputados Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores, Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Policía Federal, para que evalúen la implementación, instalación y operación de un sistema de semaforización y alerta en las carreteras federales185, 185-D y 190, en la zona conocida como “La Ventosa”, en el municipio de Juchitán de Zaragoza y municipios aledaños, del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, relativo a la implementación de políticas públicas que concienticen a la población indígena a respetar la dignidad humana de las mujeres indígenas de la región de La Montaña, Guerrero, la importancia de desterrar cualquier práctica que tienda a utilizarlas en matrimonios forzados, y los delitos que pueden configurase en caso de ser explotadas o utilizadas en acciones en contra de su voluntad, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

14. Con punto de acuerdo, relativo al incremento de feminicidios en el estado de México, suscrito por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, inicie el procedimiento de actualización de la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la libertad de expresión, el ejercicio de la labor periodística y la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en México, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, para opinión.»

INICIATIVAS

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

«Iniciativa que adiciona el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Delia Guerrero Coronado, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

México ha presentado en los últimos años un incremento de proyectos inmobiliarios, desde la construcción de viviendas hasta la modernización, construcción o ampliación de centros comerciales, hospitales o escuelas.

Esto se debe a que hoy en día en el territorio nacional habitan más de 120 millones de personas que día a día requieren de mayores cantidades de bienes y servicios, por ello, la expansión de nuevos establecimientos mercantiles se ha vuelto una necesidad para poder cubrir la demanda de los consumidores.

De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, los establecimientos mercantiles se definen como: “Local ubicado en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro”.

Los establecimientos mercantiles se dividen en tres rubros:

1. Bajo impacto: Tiendas de abarrotes, cafeterías, talleres mecánicos, lavanderías y tintorerías, autolavados, papelerías, estacionamientos, venta de abarrotes y comestibles, estéticas y peluquerías, baños públicos, salones de fiesta, hospitales y clínicas médicas, conventos, asilos.

2. Impacto Vecinal: Salones de fiestas, restaurantes, hospedaje, clubes privados, salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros.

3. Impacto zonal: Bares, cantinas, pulquerías, cabarets, centros nocturnos, peñas, discotecas y centros de juego con apuestas y sorteos.

Las ventajas competitivas de México, como su cercanía con Estados Unidos y el incremento de comercio con China, lo han consolidado como una potencia mundial en el desarrollo de todo tipo de establecimientos de operaciones de compra y venta, prestación de servicios de salud, hospedaje o centros de trabajo, pero también de esparcimiento, entretenimiento y recreación.

El crecimiento de los establecimientos mercantiles está ligado al proceso de urbanización en México. A partir de la década de los ochenta, nuestro país se tornó predominantemente urbano. Mientras que en 1900, el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde habitaban 1.4 millones de personas (10.4 por ciento de la población total), para la década de los ochenta, 36.7 millones de personas, que representaban más de la mitad de la población, residía en localidades urbanas. Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que en las décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030, la población urbana en México pasará de 71.6 por ciento a 83.2 por ciento

A manera de ejemplo, hoy en día, existen en nuestro país 584 centros comerciales que generan 530,000 mil empleos y ventas anuales por 2,550 millones de dólares. De acuerdo con International Council of Shopping Centers, México es el país líder en Latinoamérica, superando a Brasil que cuenta con 511 centros, aunque con prácticamente el doble de población.

Reporte 2015, International Council of Shopping Centers (ICSC)

Asimismo, de acuerdo a las “principales cifras del sistema educativo nacional 2015-2016”, publicado por la Secretaría de Educación Pública, en México existen 3 mil 724 universidades privadas, que albergan a un total de un millón 400 mil 972 alumnos de licenciatura y posgrado.

En el caso de hospitales, México en comparación con países de la OCDE, cuenta con una mayor cantidad de hospitales privados, superando a países como Canadá, Chile y Francia.

Fuente: Estadísticas de la OCDE, Health Care Resources Stats, 2014.

Tan solo en nuestro país, existen un total de 4 mil 354 hospitales, de los cuales 3 mil 60 pertenecen al sector público.

Sin duda alguna, el proceso de transformación impulsado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha incrementado la confianza de los inversionistas en el país, lo que permitirá atraer capitales y generar más empleos para los mexicanos, consolidando a México como líder mundial en el sector de los bienes y servicios.

Como prueba de esto, tan solo en el año 2015, se aperturaron 15 nuevos centros comerciales más en nuestro país, con 450 mil metros cuadrados y una inversión aproximada de 5 mil 500 millones de pesos. Adicionalmente, se pronostica que en la próxima década, se abrirán alrededor de 200 centros comerciales más, con lo que nos estaríamos acercando a la cifra de 800 centros comerciales.

Asimismo, el Grupo Empresarial Ángeles, el cual cuenta con servicios de hospedaje, salud, banca, entre otros; anunció en 2015 inversiones por 2 mil 500 millones para la construcción de nuevas infraestructuras de hospedaje y para el caso de las estructuras de salud se anunció una inversión de 2 mil 200 millones de pesos para la construcción de seis proyectos hospitalarios.

En síntesis, el crecimiento de las plazas, centros comerciales, hospitales, escuelas y centros de trabajo, han dado como resultado la construcción de ciudades más incluyentes que permiten a la población tener acceso a más bienes y servicios de mejor calidad.

México, ha demostrado ser un país que puede adaptarse a los cambios demográficos, tecnológicos y sociales, en aras de proveer servicios que se encuentren a la vanguardia en diferentes ámbitos de servicios y consumo de bienes, mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes.

Las perspectivas de crecimiento en los próximos años, se ven favorables para mercados como los de la salud, el comercio o el hospedaje, por lo que los legisladores tenemos la obligación de procurar la mejor interacción entre consumidores, productores y oferentes de bienes y servicios, buscando con ello el máximo beneficio para los agentes involucrados.

Independientemente de la actividad económica a la que pertenezcan, los establecimientos comerciales involucran servicios asociados que son indispensables para su funcionamiento.

Bajo este tenor, una de las áreas de mejora indudablemente es el funcionamiento de los estacionamientos, por los cuales hoy en día se cobra una cuota variable, muchas veces excesiva, en perjuicio de los consumidores.

Ante esto, la presente iniciativa busca establecer la gratuidad del servicio de estacionamiento en los establecimientos mercantiles con superficies mayores a 100 metros cuadrados; ello con la finalidad de fortalecer la capacidad de compra de los consumidores y, en esa medida, beneficiar al mercado interno de nuestro país.

Cabe señalar que esta medida no afectaría a la micro, pequeña o mediana empresa pues este tipo de negocios se asientan en superficies menores a los 100 metros cuadrados.

De acuerdo con el Inegi, en México existen 25 millones de vehículos en circulación, los cuales son utilizados como una forma de transporte segura y rápida, especialmente para las operaciones de compra/venta cotidiana de millones de familias, como el abastecimiento de víveres, la adquisición de bienes, tan sólo por nombrar algunos usos.

Adicionalmente, el Índice Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, publicado por la misma institución antes señalada, demuestra que existe un incremento de 4 puntos base para el mes de octubre del año 2016 con respecto al mismo mes del año 2015, sobre el gasto en servicios donde se incluyen servicios como: alquiler de viviendas, fideicomisos, hoteles, transporte aéreo o estacionamientos.

Este incremento, se explica principalmente por el aumento del parque vehicular en nuestro país, y a la construcción de nuevos centros comerciales, hospitales, hoteles, centros de entretenimiento, escuelas, centros de trabajo y viviendas.

Por lo que respecta a la prestación de servicio de estacionamiento, existen estimaciones por parte de empresas especializadas en la materia en las que señalan que existen 11 mil estacionamientos formales, los cuales generan por si solos, 40 mil millones de pesos, presentando un crecimiento de este servicio de entre 6 y 8 por ciento anual.

De esta manera, el ingreso por concepto de estacionamiento se ha convertido en la segunda o tercera fuente de recursos para todos aquellos establecimientos que cuentan con espacio para estacionamiento.

Sin embargo muchos de los establecimientos comerciales, señalan que, contar con servicios de estacionamiento resulta ser una práctica muy rentable debido a los bajos costos de operación y mantenimiento, permitiendo a los establecimientos obtener ganancias extraordinarias por este servicio, sin que ello implica un costo de alto impacto.

Además, en la mayoría de los casos, desde centros comerciales, instituciones de gobierno, hasta escuelas hospitales o corporativos, contratan un servicio particular de automatización de estacionamiento permitiendo con ello ofrecer un sistema más eficiente que favorezca el incremento de tránsito vehicular y a su vez el ingreso por este servicio.

Debido a esta condición de bajo costo y gran rentabilidad, es que hoy se dan casos de abuso donde tan solo en la Ciudad de México, existen establecimientos como Hoteles que tienen tarifas que van de los 110 hasta los 58 pesos por hora de estacionamiento. Estas tarifas se refieren a un incremento entre el 7 y hasta un 81 por ciento tan solo en 5 años.

Dentro del sector salud, se tienen registros de hospitales que tienen tarifas de entre 40 pesos por hora, hasta 480 pesos en caso de permanecer entre 12 y 24 horas, siendo esta última la tarifa máxima.

Si bien en algunos establecimientos no se cobra por el uso de sus lugares de estacionamiento, estos representan una minoría en comparación con los que sí lo hacen.

Hay que decir que la cuota por estacionamiento difícilmente tiene una justificación, tomando en cuenta que la mayoría de los establecimientos han adoptado sistemas automatizados para la expedición de boletos y el cobro del servicio.

Por otra parte, debe señalarse que la legislación en materia urbana en la mayoría de las entidades federativas, ya obliga a los dueños de los establecimientos mercantiles a contar con un número determinado de lugares de estacionamiento para efectos del otorgamiento del permiso correspondiente.

En concreto, la gratuidad de estacionamiento en establecimientos mercantiles con superficies superiores a los 100 metros cuadrados, supone un beneficio para los consumidores. No obstante, el objetivo de esta iniciativa es hacer extenso este beneficio a la mayor cantidad de clientes posibles, por lo que es indispensable que la gratuidad que se propone sea de efecto retroactivo.

Argumentos en contra de la gratuidad en el servicio

Ahora bien, es verdad que los desarrolladores de los establecimientos mercantiles, tiendas departamentales, hospitales, escuelas o corporativos, realizan importantes inversiones para la construcción de los estacionamientos. La firma Newmark Grubb calcula que el costo promedio de construcción de un metro cuadrado de cajón oscila entre los 3 mil y los 5 mil pesos. Sin embargo, si tomamos en cuenta que cada año se generan ganancias superiores a los 2,500 millones de dólares, es evidente que los desarrolladores recuperan su inversión.

Otro argumento que se ha manifestado en contra de la gratuidad de los estacionamientos refiere que de llegar a concretarse, los administradores de los establecimientos mercantiles dejarían de contar con recursos para garantizar la seguridad de las personas y la protección de los vehículos. Al respecto, lo primero que hay que señalar es que la seguridad pública es una competencia de las autoridades de los municipios y, en su caso de los estados, no de los establecimientos mercantiles. En segundo lugar, es bien sabido que los establecimientos mercantiles cada vez hacen un uso mayor de sistemas de video vigilancia que forman parte de los gastos de inversión que de cualquier forma tendrían que realizar. Así, el argumento de la seguridad se diluye cuando se confronta con este tipo de consideraciones.

Aunado a lo anterior, es de subrayarse que no existe una política regulatoria bien definida para determinar las tarifas en los establecimientos. De la misma forma existen aquellos que no cobran por el uso de sus estacionamientos, como se comentó en párrafos previos, también hay algunos otros que cobran tarifas excesivas.

Uno de los actores que se han manifestado en contra de la gratuidad del servicio de estacionamiento es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC (ANTAD), una organización que representa al comercio detallista nacional del país e integra a 106 cadenas, incluidas 35 de autoservicio, 17 departamentales y 54 Especializadas.

De acuerdo con la ANTAD, la gratuidad del servicio de estacionamiento para sus clientes viola la libertad de empresa, de comercio y el derecho a una legítima retribución, establecidos en el artículo 5o. de la Constitución.

En virtud de lo anterior, la ANTAD ha tramitado amparos en distintitas entidades federativas donde se ha intentado legislar a favor de la gratuidad, logrando que tribunales colegiados de circuito les den la razón.

En el Distrito Federal, este tipo de recursos incluso fueron considerados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para revertir las reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles, aprobadas en diciembre de 2010.

La presente iniciativa es respetuosa tanto de la opinión de la ANTAD, como de las interpretaciones de los tribunales colegiados de circuito, hay que decir que los alcances de las jurisprudencias emitidas hasta la fecha son aislados y con efectos únicamente para quienes han aprobado los amparos, por lo que no representan ningún impedimento para aprobar esta reforma, al no haberse agotado el procedimiento establecido en el artículo 107 constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, cosa que no ha sucedido.

Esto se debe a que la SCJN, de acuerdo con el artículo 107, fracción II, párrafo tercero de la Constitución y la Ley de Amparo señala:

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificara a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijaran sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

En ese sentido, cabe apuntar que si bien la SCJN registró un expediente para iniciar el procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad en contra de las reformas que promovían la gratuidad del servicio de estacionamiento en establecimientos mercantiles en la Ciudad de México, este trámite no agotó el procedimiento sobre controversias establecido en el artículo 107 constitucional.

Por ello, el Poder Legislativo tiene plena facultad para legislar en esta materia, especialmente considerando los excesos que llegan a cometerse en perjuicio de la población usuaria que visita estos establecimientos.

En el Distrito Federal, donde el costo promedio por hora de estacionamiento es de 10 pesos, cinco centros comerciales cobran el doble y hasta casi el triple de esta tarifa, como en el caso de Perisur, que cobra 26 pesos por hora, llegando a ganar prácticamente 1 millón de pesos por día.

Con esta iniciativa no sólo evitaremos este tipo de cobros excesivos sino que también se alienta el crecimiento de los establecimientos mercantiles, centros de trabajo, hospitales, etcétera; pues se liberaría a la población en general, de un importe que finalmente podrían destinar para adquirir otro tipo de artículos y servicios en dichos establecimientos.

Asimismo, al eliminar el cobro excesivo en los establecimientos actuales (como los antes señalados), implicará un beneficio no solo para los consumidores por acceder a más bienes o servicios, sino también a los prestadores de servicios y proveedores al contar con un mayor nivel de ingreso.

Como complemento de esto último, los establecimientos mercantiles que cuentan con servicio de estacionamiento, tendrán la posibilidad de acercarse a otros sectores de la población, quienes veían en esta condición una limitante para visitar estos establecimientos u optaban por otros medios de transporte.

En ese sentido y de acuerdo a lo señalado, el beneficio por ofrecer este servicio de manera gratuita, se contempla como una opción cada vez más viable, debido a que estimular el consumo en épocas de incertidumbre como la actual, permite reducir efectos inflacionarios y desestabilizaciones económicas.

Esto se debe a que, al enfrentarnos a un entorno adverso en que las relaciones comerciales con el exterior están sufriendo diversas modificaciones, provoca pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional frente a otras divisas lo cual se traduce en encarecimiento de bienes y servicios; por ello, ofrecer esquemas nuevos de beneficio para los consumidores como lo es la gratuidad de un servicio como el estacionamiento, permitirá que los millones de dólares que se percibían por este concepto ahora se trasladen a la adquisición de más bienes y servicios.

Con estas acciones de traslado de recursos hacia los proveedores y productores, creará un ambiente de estabilidad en los precios al mantener constante el nivel de consumo, estimulado por el ofrecimiento de gratuidad en el servicio de estacionamiento.

Sin embargo, para que esto mismo se genere, es necesario que la aplicación de esta condición sea para todos los establecimientos mercantiles desde centros comerciales, hasta dependencias de gobierno, hospitales, escuelas, centros de trabajo, entre otros.

En lo que respecta a los estacionamientos públicos, si bien no son el objeto esencial de esta iniciativa, también se pretende incorporar expresamente la facultad de las entidades federativas para regular las tarifas que se cobran en ellos. De esta manera, las legislaturas locales contarán con la competencia explícita, así como un plazo determinado –estipulado en el apartado transitorio- para expedir ordenamientos que eviten el cobro de tarifas excesivas y prácticas abusivas en perjuicio del consumidor.

Por otro lado, también se estipula que la normatividad en materia de estacionamiento deberá garantizar condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, entre otras cuestiones que atiendan al interés público.

Marco jurídico

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

El artículo 73, fracción XXIX-C faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos.

El 26 de noviembre del año 2016 se publicó, la Nueva Ley General de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; donde se establecen las nuevas condiciones para organizar y desarrollar una nueva estrategia de planeación urbana en la que se puedan cumplir objetivos de reducción de riesgos de desastre, un manejo sustentable y responsable de los recursos sustentables y promover el respeto de movilidad entre los individuos.

Esta nueva legislación, se nos presenta como una nueva oportunidad para garantizar a todos los individuos de nuestro país mejores condiciones de vida, no solo por la eliminación de una tarifa irregular, sino por el hecho de que protege el ingreso familiar, sin embargo, esta opción más allá de ser vista como una restricción para los empresarios, puede presentarse transformarse como una condición de incremento en el uso de servicios específicos como hospedaje, salud o restaurantes, o por el lado de la venta de bienes.

En el Congreso de la Unión tenemos la facultad para recoger estas iniciativas y plasmarlas en una legislación de orden general, con el objeto de que en todo el país se establezca el estacionamiento gratuito en establecimientos mercantiles.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional.

En su artículo 3o., esta ley señala que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, entre mediante: la distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el territorio nacional; la adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población; la estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; el ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población; el desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad.

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, por su parte, establece como el primero de sus objetivos el controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes; para lo cual, dispone como una de las estrategias el mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para fomentar ciudades compactas. Una de las líneas de acción en este punto consiste en realizar estudios sobre los requerimientos de cajones de estacionamientos en normativas locales, para hacer eficiente su uso.

El marco jurídico vigente puede ser complementado con una reforma que, mirando por el bien común, ordene la gratuidad de los estacionamientos en los establecimientos mercantiles, la regulación de los estacionamientos públicos y la previsión de garantizar cajones de estacionamiento para los vehículos de las personas con discapacidad.

La eliminación de las tarifas por servicio de estacionamiento en establecimientos mercantiles o centros de salud o trabajo, debe inclusive aplicarse a los establecimientos existentes; la ampliación de esta iniciativa beneficiará a todos los clientes o usuarios sin distinción de poder adquisitivo, condición social o región geográfica.

La aprobación de esta reforma es una decisión acertada, no solo porque corrige una anomalía, sino por los efectos benéficos que traerá consigo para el bolsillo de los mexicanos.

La gratuidad del servicio de estacionamiento en tiendas, centros comerciales, hospitales y otros establecimientos mercantiles, es hoy en día una demanda de la sociedad mexicana.

Iniciativas en los Estados

Es importante mencionar que esta iniciativa se suma a otros esfuerzos legislativos de orden local que buscan eliminar el cobro de este servicio. En diversas entidades de la República ya se han planteado iniciativas en este sentido, algunas de ellas con éxito.

En el Distrito Federal se propuso dar dos horas de estacionamiento gratuito a clientes, como parte de una iniciativa integral para regular a los estacionamientos.

En San Luis Potosí, se propuso establecer en la Ley de Desarrollo Urbano del estado que “tratándose de actividades comerciales, el uso de los cajones de estacionamiento a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser sin costo para el usuario, a excepción de las que, su actividad directa sea exclusiva de ese servicio”.

En Baja California, se propuso reformar la Ley de Edificaciones para garantizar el acceso gratuito de los consumidores a los estacionamientos comerciales.

En Coahuila, se planteó reformar Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado, a efectos de precisar la obligatoriedad de los comercios de brindar a sus usuarios consumidores un cajón de estacionamiento gratuito sin costo alguno.

En Veracruz y Guerrero, se propusieron reformas a la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas y a la Ley de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con este mismo propósito.

En febrero de 2015, el Congreso de Morelos dio el siguiente paso al aprobar reformas Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable para establecer que en todos los centros y plazas comerciantes el estacionamiento para los clientes deberá ser gratuito.

Argumentos a favor de la gratuidad para los establecimientos que ya cuentan con permisos

La presente iniciativa propone también precisar en un artículo tercero transitorio que la gratuidad del servicio de estacionamiento, se aplicará no solo en los fututos establecimientos, sino que sería aplicable también para aquellos establecimientos mercantiles que tienen permisos vigentes y que fueron obtenidos antes de la entrada en vigor de la presente iniciativa.

En ese sentido, no pasa desapercibido que el artículo 14 de la Constitución instituye que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Al tenor de lo anterior, lo primero que se debe señalar es que esta reforma no da lugar a un perjuicio, sino que establece una disposición normativa que, atendiendo el interés público, funda un beneficio social.

Dicho de otra forma, se corrige una deficiencia legal que tiene actualmente repercusiones económicas negativas para la sociedad.

Existen antecedentes recientes y muy conocidos que nos dan la razón en cuanto a la aplicación de este tipo de efectos retroactivos.

Un ejemplo de esto, lo podemos observar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, que en su artículo 118, fracción quinta, prohibió expresamente a los operadores de redes de telecomunicaciones el cobro de cargos de larga distancia nacional a partir del 1 de enero de 2015.

De esta manera, se enmendó desde la ley un cobro que simple y sencillamente no tenía razón de ser para los consumidores.

Hoy, los efectos de esta reforma son una realidad palpable para los millones de usuarios de telefonía del país.

Al igual que los cargos de la larga distancia, el cobro por el servicio de estacionamientos para los clientes de los establecimientos mercantiles no tiene razón de ser.

Ciertamente, en aquel entonces, los legisladores pudieron haber argumentado la irretroactividad de la ley, pero prevaleció el bienestar social y el interés público.

Por otro lado, pero no menos importante, es de advertirse que, si establecemos la obligación de la gratuidad solamente para los nuevos competidores, generaríamos una desigualdad de trato en la ley, al establecer diferencias entre los que obtuvieron permisos antes y después de esta reforma.

Por esta razón, sería previsible que aquellos actores interesados en obtener licencias o permisos para establecimientos mercantiles en el futuro, recurran a amparos argumentando, en este caso, la desigualdad de trato en la ley.

Los diputados del PRI seguiremos promoviendo iniciativas para favorecer al mercado interno, procurando que el crecimiento económico se traduzca en beneficios sustantivos para las familias mexicanas.

Con base en lo anteriormente expuesto, tengo a bien proponer a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la subsecuente, al artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; para quedar como sigue:

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y establecerá las disposiciones para:

I... a VII. ...

VIII. Establecer la obligación para los titulares de permisos, licencias de construcción o usos de suelo de establecimientos mercantiles, de contar con un número de cajones de estacionamiento adecuado para su funcionamiento. Para el caso de los establecimientos con superficies mayores a 100 metros cuadrados, el servicio de estacionamiento deberá ser prestado a sus clientes de forma gratuita durante las primeras dos horas, y garantizando condiciones de seguridad y de accesibilidad para las personas con discapacidad, entre otras cuestiones que atiendan al interés público.

IX.Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento, y

X.La prevención, vigilancia y control de los procesos de ocupación irregular de las tierras.

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.A partir de la entrada en vigor del presente decreto, los Congresos locales contarán con 60 días naturales para realizar las reformas correspondientes, a efecto de garantizar la prestación gratuita del servicio de estacionamiento para clientes de los establecimientos mercantiles con superficies mayores a 100 metros cuadrados, en términos de lo dispuesto en el artículo 52, fracción IX, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Tercero.La gratuidad del servicio de estacionamiento será aplicable a los establecimientos mercantiles con permisos y licencias de construcción o usos de suelo otorgados antes de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, última reforma publicada el 08 de junio de 2015.

2 Ibídem.

3 Reporte 2015, International Council of Shopping Centers (ICSC)

4 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, SEP, 2016. Visto en: http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifr as/principales_cifras_2015_2016_bolsillo_preliminar.pdf

5 Banco de datos de la OCDE, consultados el 17 de enero en: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#

6 Ver, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2016/03/25/planean-inau gurar-15-nuevos-centros-comerciales-en-2016

7 Ver, http://www.dineroenimagen.com/2015-06-12/47520

8 Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, INEGI, consultado el 16 de enero de 2017.

9 Ver, http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/estacionamientos-son-negociazo-tienen-m argenes-de-hasta-80.html

10 Ibídem.

11Ver, http://ciudadanosenred.com.mx/estos-son-los-10-estacionamientos-mas-costosos-en -el-df/

12 Ibídem.

13 Nota, “Ganan 5 malls más por estacionamientos”, 24 de septiembre de 2015. http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx? id=650072&md5=df1aec8bd6470d7093f855d514e5009a &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

14 Ver, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf

15 Iniciativa de decreto que crea la Ley de Estacionamientos públicos del Distrito Federal, presentada por los diputados, Israel Betanzos Cortes y Raúl Antonio Nava Vega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 9 de diciembre de 2009. http://www.aldf.gob.mx/archivo-e87dc25355cd81e4d97dabafe 8c1dc4a.pdf

16 Iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 156 de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, presentada por el diputado José Francisco Martínez Ibarra, el 19 de marzo de 2015. http://189.206.27.36/iniciativas/796.pdf

17 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, 23 y 25 de la Ley de Edificaciones del estado de Baja California, presentada por los diputados Irma Martínez Manríquez y José Alberto Martínez Carrillo, el 4 de junio de 2015. http://www.congresobc.gob.mx/www/gaceta/XXI/gace-par-ord-04-06-15_COMPLETO.pdf

18 Iniciativa que adiciona la fracción XXXV al artículo 3, la fracción XIV al artículo 271 y un segundo párrafo al artículo 263, todos de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el diputado Luis Gurza Jaidar y Shamir Fernández Hernández, el 3 de septiembre de 2015. http://congresocoahuila.gob.mx/portal/?page_id=10623

19 Iniciativa de reforma a la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Jesús Vázquez González, el 30 de septiembre de 2015. http://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXIII/GACETA101.pdf

20 Iniciativa propuesta por la diputada Rosaura Rodríguez Carrillo, el 16 de octubre de 2015. http://congresogro.gob.mx/index.php/fotos/3620-proponen-estacionamiento-gratuit o-en-centros-comerciales

21 https://www.diariodemorelos.com/content/ser%C3%A1-gratis-lugar-para-estacionar- en-las-plazas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD, LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y LEY DEL SEGURO SOCIAL

«Iniciativa que reforma los artículos 64 Bis 1 de la Ley General de Salud, 31 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 89 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64 Bis 1 de la Ley General de Salud; 31 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y el 89, fracción V, de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Gratuidad de la emergencia obstétrica

El 28 de mayo de 2009 se realizó la firma del Convenio General Interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas por parte de los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como una estrategia para contribuir en la reducción de la mortalidad materna en el marco de los compromisos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM).

En esa línea, el 12 de noviembre del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de modificación a la Ley General de Salud (LGS) en su artículo 64 Bis 1, que a la letra dice:

Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente ley, prestarán atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Posteriormente, con fecha 19 de diciembre de 2016, se adicionaron las disposiciones para la atención de la urgencia obstétrica en el Reglamento de la LGS en Materia de Prestación de Servicios Médicos, que en el artículo 115 Bis 5, fracción V, se menciona que corresponde a la Secretaría de Salud: “Impulsar la celebración de instrumentos jurídicos, mediante los cuales las Instituciones de salud determinen los montos que éstas deberán pagarse derivado de la prestación de servicios médicos que se hayan causado por la atención de las urgencias obstétricas brindados a las pacientes que son derechohabientes de otra institución de salud, así como los mecanismos de pago correspondientes”. En particular el transitorio tercero, especifica el tiempo para formalizar los instrumentos jurídicos: “contarán con 90 días...”.

El problema, sin embargo, consiste en que el índice de mortalidad materna sigue siendo elevado y el número de casos e incidentes relacionados con la negativa de hospitales a cumplir con los preceptos antes mencionados es alarmante. Por ello, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional proponemos la presente iniciativa con el objeto de establecer la gratuidad de la emergencia obstétrica en la legislación mexicana, a partir del mandato constitucional consagrado en el artículo 73, que instituye nuestra facultad de legislar por la salubridad general de la República.

Contexto del problema

El tema de la mortalidad materna ha estado presente desde hace al menos unos 50 años en nuestro país, pero ha sido a partir de la Declaración de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) en 2000, cuando se ha puesto mayor énfasis en las políticas de salud y en la búsqueda de soluciones al problema de la discriminación hacia la mujer. Esto, en razón de que el Objetivo 5 de esta Declaración incorporó Mejorar la salud materna.

Entre las metas de dicho Objetivo se encontraban

Meta 5.A Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 5.1 Tasa de mortalidad materna

5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado Meta 5.B Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 5.3 Tasa de uso de anticonceptivos

5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes

5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas)

5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar

En ese sentido, de acuerdo con los indicadores 2014 del observatorio de mortalidad materna en México, hacia 2013 la razón de mortalidad materna (RMM) se ubicó en 38.9, es decir que representó un avance importante sobre la base establecida por los ODM de 88.7 decesos por cada cien mil nacidos vivos en 1990. Aunque es significativo el avance histórico, el problema es que aún no se alcanza el objetivo de llegar a 22 fallecimientos por cien mil nacidos vivos en México en 2015, como se estableció en la prospectiva de 2000.

La verdad sea dicha, las estadísticas son muy útiles, pero poco ayudan a dimensionar el drama real que significa que el hecho de que cientos de mujeres mueran por razones asociadas con el alumbramiento y que, a decir de los especialistas, serían evitables. Por ejemplo, se estima que en México fallecen cada año en promedio mil 192 mujeres durante el parto o a consecuencia de él. Entre los años de 2003 y 2012, la cifra acumulada fue de 11 mil 915 decesos, pudiendo haberse evitado alrededor de 85 por ciento.

La situación es que a los problemas de cobertura médica se suman los de discriminación e inequidad. De entrada, porque el mapa de mortalidad materna muestra que las tasas son más altas en algunos de los estados más pobres del país, varios de los cuales cuentan con población indígena. Como se muestra en el siguiente cuadro:

Evolución de la razón de mortalidad materna (RMM), 2010-2014

Fuente: con base en los datos de la Dirección General de Información en Salud, http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio. org.mxs (Consultado el 25 de marzo de 2016).

Como se ve, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, son los estados con mayor rezago en el abatimiento de la mortalidad materna y, por supuesto, con respeto a los ODM.

Índice de mortalidad materna

Fuente: 55. Dirección General de Información en Salud, (tomada de “Observatorio de mortalidad materna en México. Indicadores 2014”, página 16). La franja azul indica la distancia entre las tasas de RMM y los ODM.

Sabemos que entre las principales causas se encuentran: las infecciones bacterianas, embolismo del líquido amniótico, toxemia del embarazo, embarazo ectópico, hemorragias obstétricas, sepsis durante el puerperio y complicaciones de un aborto. Evidentemente, a éstas hay que agregar una serie de problemáticas de salud cuya causalidad responde a múltiples factores que se agravan por la marginación o exclusión social, como la malaria, la anemia e infección por VIH o sida. Si bien las causas relacionadas con problemas en la atención (causas obstétricas directas) tienen una tendencia descendente en los últimos años, las debidas a enfermedades distintas a las propias del embarazo (causas obstétricas indirectas) han ido en aumento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las principales causas de mortalidad materna en el mundo se encuentran:

1. Condiciones médicas preexistentes agravadas por el embarazo (como diabetes, paludismo, VIH, Obesidad): 28 por ciento.

2. Hemorragias graves: 27 por ciento.

3. Hipertensión inducida por el embarazo: 14 por ciento.

4. Infecciones (generalmente después del parto): 11 por ciento.

5. Parto obstruido y otras causas directas: 9 por ciento.

6. Complicaciones de un aborto: 8 por ciento

7. Coágulos de sangre (embolias): 3 por ciento.

En el siguiente cuadro se ilustran las principales causas de muerte materna en México, proporcionándonos una mejor idea de la multicausalidad de esta problemática que no se reduce al fallecimiento de la madre sino, en muchos casos, a la de los bebés.

Defunciones maternas por principales causas de muerte y porcentaje, 2014

Aborto: 80 (9.2 por ciento)

Enfermedades hipertensivas del embarazo: 179 (20.5 por ciento)

Hemorragia del embarazo, parto y puerperio: 125 (14.3 por ciento)

Otras complicaciones principalmente del embarazo y parto: 132 (15.1 por ciento)

Sepsis y otras infecciones puerperales: 15 (1.7 por ciento)

Complicaciones venosas en el embarazo, parto y puerperio: (0.9 por ciento)

Otras complicaciones principalmente puerperales: 50 (5.7 por ciento)

No especificada: 3 (0.3 por ciento)

Causas Obstétricas Indirectas: 280 (32.1 por ciento)

Total: 872 (100 por ciento)

Fuente: Con base en la información proporcionada por la Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud, México, 2016.

Para los legisladores del PRI es claro que se trata de un auténtico problema de salud pública a nivel nacional y por ello no podemos cejar en los esfuerzos por abatir este fenómeno que tiene en verdad varios rostros: la violación de los derechos humanos de las mujeres y niños, la discriminación, la inequidad, la miseria y la exclusión. No podemos seguir viendo cómo nacen niños y niñas en medio de avenidas o, peor aún, en patios de hospitales, cuyo personal se negó a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Recordemos que en distintos municipios se registraron muertes de mujeres cuyo parto tuvo lugar en la vía pública, entre los que se pueden mencionar el de Chilón, en Chiapas, en donde se contaron seis decesos maternos ocurridos en las calles; los de Metlatónoc y Acapulco, en Guerrero, también se encuentran entre los municipios donde fallecieron mujeres al dar a luz en la vía pública (con cuatro y tres casos, respectivamente); los de Guadalupe y Calvo, así como Bocoyna, ambos ubicados en Chihuahua; y el de Aquila, en Michoacán, se suman a la lista de localidades que presentaron más casos de muerte materna en vía pública.

En cuanto a los municipios que registraron muertes ocurridas en hospitales de la Secretaría de Salud y Seguro Popular, se encuentra que en Iztapalapa (delegación del Distrito Federal), se registraron más decesos al sumar 148, por 119 en Ecatepec, estado de México. Esto sólo por referir los trágicos casos de defunción de la madre, pero las cifras son muy superiores si se cuentan los alumbramientos en la vía pública en los que al final las madres y sus críos recibieron algún tipo de atención. Esta situación no puede continuar así.

Como todos sabemos, la Carta Magna consagra para todas las personas el derecho universal a la salud en el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional. Incluso, ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

A su vez, el artículo 1o. constitucional prohíbe la discriminación motivada por “... origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud (...) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Bajo ese marco, la Ley General de Salud (LGS), que objetiva el mandato constitucional, establece en la fracción IV del artículo 27 la atención materno-infantil como parte del esquema de servicio básico del derecho de protección a la salud, mientras que el artículo 35 de la LGS impone los criterios de universalidad y gratuidad en el uso de los servicios: “Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los Usuarios”.

Ello no obstante, el reconocimiento de los derechos maternos a la salud, especialmente en los casos de emergencia obstétrica, ha sido resultado de recientes cambios en las leyes impulsados durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Fue así como el 12 de noviembre de 2015 se publicó el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En los tres casos se instituyó el principio de la atención a las mujeres embarazadas por urgencia obstétrica.

Más recientemente, el 19 de diciembre del 2016, se adicionaron las disposiciones para la atención de la urgencia obstétrica en el reglamento de la LGS en Materia de Prestación de Servicios Médicos, mismo que en su artículo 115 Bis 5, fracción V, se menciona que corresponde a la Secretaria de salud: “Impulsar la celebración de instrumentos jurídicos, mediante los cuales las Instituciones de salud determinen los montos que éstas deberán pagarse derivado de la prestación de servicios médicos que se hayan causado por la Atención de las Urgencias Obstétricas brindados a las pacientes que son derechohabientes de otra institución de salud, así como los mecanismos de pago correspondientes”.

El problema es que desde 2015 a la fecha se han manifestado una serie de inconvenientes por la falta de coordinación entre instituciones en los tres órdenes de gobierno; por el manejo, administración y disposición de los recursos y, desde luego, porque no son suficientes éstos para atender la gran demanda de los servicios. Consideramos que el primer paso para solucionar las trabas consiste en incorporar el concepto de gratuidad, pues, aunque hemos dicho que ya forma parte del servicio básico de atención a toda la población, el punto es que aún encontramos muchos casos de negación del servicio de atención a las mujeres embarazadas relacionados con los recursos, por lo que hace falta adicionar la gratuidad al servicio de emergencia obstétrica, para efectos de eliminar cualquier tipo de obstáculo.

Se trata de contribuir –desde nuestro carácter de legisladores– en la consolidación de una nueva visión social, humana y de género, la cual se ha plasmado en la presente administración en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Salud y el Programa de Acción Específico Salud Materna y Perinatal –todos– para el periodo 2013-2018.

No permitamos más muertes de mujeres o niños, madres e hijos por deficiencias en la atención, ni mucho menos por la pobreza.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa busca garantizar con mayor efectividad el acceso de forma expedita, oportuna, digna y gratuita de todas las mujeres embarazadas a los servicios de obstetricia y de salud en general que afecten su estado durante el embarazo, el parto y el puerperio. Por tal motivo, se propone adicionar los conceptos de gratuidad y obligatoriedad en la atención en las Leyes General de Salud, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Por lo expuesto y motivado me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el artículo 64 Bis 1, de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Ley General de Salud

Artículo 64 Bis 1. Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente Ley, prestarán atención gratuita, obligatoria y expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento

Segundo. Se reforma el artículo 31 Bis, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo 31 Bis. Para el instituto, será gratuita y obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Tercero. Se reforma el artículo 89, fracción V de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Ley del Seguro Social

Artículo 89. El instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las siguientes formas:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Para el Instituto, será gratuita y obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con 90 días naturales para llevar a cabo las adecuaciones a los reglamentos y normas correspondientes, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Notas:

1 Sistema de Información de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ¿Qué son y para qué sirven?Dirección en: Internet: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi-win/odmsql.exe/OBJODM0050 ,E Fecha de consulta 10 de junio de 2015.

2 “La tasa de mortalidad materna es el número anual de muertes de mujeres por cada 100 mil niños nacidos vivos por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo (excluyendo las causas accidentales o incidentales). La TMM para el año especificado incluye las muertes durante el embarazo, el parto, o dentro de 42 días de interrupción del embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo” (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2223.html). Consultada el 20 de febrero de 2017).

3 Los Objetivos del Milenio, https://www.unicef.org/spanish/statistics/index_24304.html

4 UNICEF https://www.unicef.org/spanish/statistics/index_24304. html

5 Mario Luis Fuentes, “Mortalidad materna: signo de inequidad”, en México Social (http://www.mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/492-mort alidad-materna-signo-de-inequidad). Consultado el 21 de febrero de 2017.

6 En http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/INDICADORES_2014_Web. pdf (consultada el 21 de febrero de 2017).

7 Salvar Vidas Maternas, OMS (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortali ty-infographic-es.jpg?ua=1). Fecha de consulta 21 de febrero de 2017.

8 Tomada de Observatorio de mortalidad materna en México, cit. pp. 11 y 12.

9 “Crean mapa sobre mortalidad materna en México” (en http://www.informador.com.mx/impresion/570120). Última consulta, 21 de febrero de 2017.

10 Carbonell, José, Carbonell Miguel, “El derecho a la salud: Una propuesta para México”, UNAM-IIJ- Serie Estudios Jurídicos, Número 218, Primera edición, México, 2013, fecha de consulta 26 de junio de 2015, en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/ 7/3274/3.pdf

11 Ley General de Salud, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm

12 De la segunda meta del PND llamada “México Incluyente”, se desprendió la estrategia de Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna (Estrategia 2.3.3 contenida en el Objetivo 2.3). Para un análisis detallado de la política pública para abatir la mortalidad materna véase Claudia Gamboa Montejano y Sandra Valdés Robledo, “Mortalidad materna en México. Marco conceptual, derecho comparado, políticas públicas, tratados internacionales, estadísticas y opiniones especializadas”, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Subdirección de Análisis de Política Interior,Septiembre, 2015, páginas 33-41.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de marzo de 2017.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SOLICITA A LA SENER Y A PEMEX QUE DEFINAN EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sener y a Pemex que definan el estado actual del proyecto Aceite Terciario del Golfo respecto a los avances, el total de inversión, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Carmen Pinete Vargas, diputada federal de la LXIII Legislatura, y presidenta de la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita al secretario de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que defina el estado actual del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, en lo que respecta a sus avances, el monto total de inversión al momento, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen.

I. Antecedentes

Sin duda, hablar de petróleo, no solo en México sino en todo el mundo, nos refiere a la idea de fortaleza económica y de riqueza, ya que su cotización en el mercado internacional es muy alta.

De acuerdo con datos del Inegi, la industria petrolera en nuestro país representó en el año 2014, seis por ciento del producto interno bruto, cifra menor al diez por ciento que significaba hace veinte años.

En países como el nuestro, en pleno siglo XXI hablar de las regiones en donde se extrae petróleo debería llevar aparejado hablar de desarrollo social y económico, no solo del estado, mucho menos de unos cuantos, sino de todos los ciudadanos.

Sin embargo la realidad en zonas de explotación petrolera en el estado de Veracruz, es por demás lejana de ese ideal de desarrollo, fortaleza económica y riqueza.

La paraestatal Petróleos Mexicanos cumplió este 2015, 77 años desde su creación. En 1926, 12 años antes, fue descubierto al noroeste de Veracruz en una extensión de 3,800 kilómetros, uno de los mayores yacimientos petroleros de nuestro país, conocido como el “Paleocanal de Chicontepec”, que desde 1978 se menciona como una de las mayores acumulaciones de petróleo y gas en América.

La explotación petrolera en dicho paleocanal fue pospuesta durante varias décadas. En esta tribuna se debatieron en múltiples ocasiones las posibilidades y obstáculos de su aprovechamiento.

Tres sexenios tuvieron que pasar para lograr una reforma energética que permitiera los cambios necesarios para detonar la producción de hidrocarburos en el país y crear la tecnología necesaria para su explotación.

El paleocanal de Chicontepec a pesar de haber iniciado operaciones en el año de 1952, cobró singular relevancia en el año 2006 cuando Pemex inició trabajos de exploración y explotación asignándole el nombre de proyecto “Aceite Terciario del Golfo”.

I. Consideraciones

Uno de los factores de importancia del también llamado “oro negro”, es que es un recurso natural no renovable, de ahí que su correcto y eficiente aprovechamiento sea imprescindible.

El proyecto “Aceite Terciario del Golfo” aprobado en el 2006 ha presentado múltiples adecuaciones, aumentando cada vez más el monto de inversión requerido, acumulando de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos un monto superior a los cincuenta mil millones de pesos.

El año pasado, fue anunciado por el titular de la paraestatal que se implementarían paquetes de licitaciones para la iniciativa privada en cuatro áreas principales con 12 proyectos, entre los que se encuentra el proyecto “Aceite Terciario del Golfo” y que significarían inversiones por alrededor de 77,000 millones de dólares como parte de la llamada Ronda Uno.

Sin embargo, es sumamente preponderante que Petróleos Mexicanos aclare qué es lo que realmente ocurre con el proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, ya pasó la ronda cero, continúa la ronda uno, y ahora se pospone lo concerniente a Chicontepec para la tercera ronda de acuerdo con la información del sitio web de Pemex que cito:

“Como parte de la estrategia de exploración y producción, la tercera ronda de licitación de Contratos Integrales se enfoca a campos en Chicontepec.” (...)

En diferentes ocasiones se ha analizado este tema, tanto en esta Honorable Cámara de Diputados donde se constituyó una comisión especial desde la LXI Legislatura, como en la Cámara de Senadores, sin embargo, parece que solo se destinan y destinan recursos para un proyecto vendido como la joya de la corona pero que en la realidad no ha significado ningún beneficio que como mínimo fuera equiparable a la inversión.

II. Proposición con punto de acuerdo

Por lo anterior, en mi calidad de Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y Presidenta de la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, definan el estado actual del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, en lo que respecta a sus avances, el monto total de inversión al momento, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen, así como lo que se tiene proyectado.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 16 de marzo de 2017.— Diputada María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN POSESIÓN DE LOS MINISTROS DE LA SCJN, PROMOVIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y POR EL SENADO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la pronta resolución de las controversias constitucionales en posesión de los ministros de la SCJN promovidas por el presidente de la República y el Senado para generar certeza jurídica a las audiencias, los concesionarios y el ente regulador, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en donde se estableció la obligación al estado mexicano de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, además de establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

De igual manera se reconoció por primera vez dentro de nuestra Carta Magna el Derecho de las Audiencias como un derecho humano, estableciéndolo en el artículo 6o. de la Constitución.

Para regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en nuestro país, la reforma de telecomunicaciones incluyo la creación de Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Un año y un mes después se publicó en el DOF la ley secundaria de telecomunicaciones, la cual conforme al artículo 1, tiene por objeto regular, entre otros, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; el espacio que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; las redes públicas de telecomunicaciones; la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión; la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión restringida y abierta.

Por otra parte se establece dentro de la ley los derechos de los usuarios y las audiencias, así como el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto a los derechos de las audiencias el artículo 256 establece cuales son los derechos de las audiencias, que a la letra señalan:

I. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación;

II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad;

III. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta;

IV. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa;

V. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales;

VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria;

VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios;

VIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y

X. Los demás que se establezcan en ésta y otras leyes.

De igual forma, el artículo señala que los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias, debiéndose ajustar a los lineamientos que emita el instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por otra parte el artículo 259 establece que concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que será el responsable de recibir y dar seguimiento a las observaciones, sugerencias, o peticiones de las personas que componen la audiencia.

Derivado de las facultades que le confieren al Instituto y cumpliendo con los ordenamientos que establecen la obligación de emitir lineamientos conforme a lo establecido en los artículos 256 y 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el pasado 21 de diciembre del 2016 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias. Los cuales fueron producto de una amplia consulta con expertos en el tema.

El artículo 1 de los lineamientos establecen que el objetivo de los mismos son regular en el marco de competencia del Instituto, la defensa de las Audiencias del Servicio de Radiodifusión y del Servicio de Televisión y/o Audio Restringidos, así como asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.

Además, los lineamientos precisan y agrupan los derechos de las audiencias por servicio o por el grupo específico al que van dirigidos, por ejemplo, audiencias infantiles y audiencias con discapacidad.

Se establecen mecanismos para la materialización de derechos de las audiencias; para el nombramiento de defensores, para la presentación y atención integral de quejas por parte de las audiencias.También reglamentan las multas para quienes incurran de posibles violaciones a derechos de las audiencias.

Por otra parte los lineamientos establecen la obligación a los concesionarios de radiodifusión y televisión el diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, es decir, el distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, y la prohibición de transmitir propaganda o publicidad como si fuera información periodística o noticiosa. También se incluyen disposiciones especiales para las audiencias infantiles y con discapacidad, guías electrónicas de programación, además de la figura de la defensoría de audiencia.

Actualmente existen legislaciones en el mundo que consideran como una función primordial del Estado, el proteger y clarificar los derechos de las audiencias respecto de los contenidos que se difunden en radio y televisión.

Es importante señalar que de no hacerlo así, en el país se continuaría manipulando lo que las audiencias ven a través de la televisión y escuchan a través de la radio, donde la línea entre información noticiosa y opinión de quien la presenta no queda definida por reglamentación.

Sin embargo, dichos lineamientos fueron rechazados por algunos concesionarios de radiodifusión y televisión, refiriendo que violentan la libertad de expresión y constituyen una censura previa.

El titular del Ejecutivo Federal presento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 35/2017 en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, señalando como autoridad demandada al Congreso de la Unión, argumentando que Invadieron facultades que, constitucionalmente, corresponden al Ejecutivo Federal, solicitando se declaren inválidos los Lineamientos Generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la Defensa de las Audiencias, por estar fundados en tales preceptos.

De la misma manera el Senado de la República por conducto del presidente de la Mesa Directiva la controversia constitucional 34/2017 a los Lineamientos Generales Sobre la Defensa de las Audiencias, argumentando que, invaden la esfera de competencias del Congreso de la Unión, para normar los derechos de las audiencias. Ello, en virtud de que vulnera los principios pro persona y de interdependencia, indivisibilidad y de progresividad de los derechos humanos.

Señalando, además, que contravienen e invaden la competencia electoral, establecida en el artículo 41 constitucional a favor del Congreso de la Unión, al no distinguir la publicidad comercial de la publicidad de partidos políticos y autoridades electorales.

No obstante resulta relevante señalar, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones actuó conforme a derecho y emitió los lineamientos conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que dicho artículo se le faculta al instituto la atribución respecto a la regulación, promoción y supervisión “de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones... garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución”.

Al respecto el artículo 28 a la letra señala:

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.”

Por otra parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia 117/2014 resuelta el 2 de enero del 2015, ya ha establecido un precedente al respecto, determinando por unanimidad que al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le fueron otorgadas facultades regulatorias en el sector de su competencia para el cumplimiento de sus fines, es decir, no sólo se encuentra en posibilidad de emitir disposiciones administrativas para regular cuestiones técnicas y económicas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, sino que además, puede expedirlas para resolver cuestiones regulatorias sustantivas que condicionan el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

Si México pretende transitar hacia una verdadera democracia participativa, es necesario que se le otorguen a los mexicanos todas las herramientas posibles para consolidar criterios certeros sobre su entorno, ahí debemos de defender el derecho de las audiencias a recibir información sin manipulación y tenemos que hacerlo de manera transparente, albergando únicamente en nuestras decisiones, la esencia de la transparencia y la objetividad.

Derivado de lo anterior y con el debido respeto a su soberanía, exhortamos a su alta investidura de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que realicen un análisis amplio y profundo de las controversias constitucionales mencionadas y las resuelvan mediante un análisis de convencionalidad y constitucionalidad de las disposiciones controvertidas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con respeto a la plena autonomía jurisdiccional y al principio de división de poderes; exhorta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ámbito de sus facultades resuelvan las controversias constitucionales 34/2017 y 35/2017 promovidas por el Senado de la República y el Presidente de la República respectivamente de manera pronta y expedita, a fin de generar certeza jurídica a las audiencias, los concesionarios y el ente regulador.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE EXHORTA A CONDUSEF Y BANSEFI A DIFUNDIR LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE SE INCREMENTRON LAS RECLAMACIONES A BANSEFI

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y a Bansefi a difundir los principales motivos del incremento de 81.6 por ciento en las reclamaciones a éste, la proporción de las relativas a la entrega de apoyos de los programas federales y las medidas que se toman en favor de los usuarios de la banca de desarrollo para reparar las deficiencias de la institución, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción II; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Según la Ley de Instituciones de Crédito, la banca de desarrollo, forma parte del Sistema Bancario Mexicano; son entidades de la administración pública federal; cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios; son constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito; con el objeto fundamental de facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros, proporcionando asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el desarrollo.

Los bancos de desarrollo facultados por ley para abrir cuentas de ahorro al público en general son:

• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC. (Bansefi)

• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC. (Banjercito)

2. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene dentro de su misión, proteger los intereses de los usuarios de servicios financieros, mediante la regulación de las instituciones financieras

3. Según su ley orgánica, Bansefi debería realizar funciones de banca social para fomentar el hábito del ahorro, el sano desarrollo del sector, así como el desarrollo económico nacional y regional del país, proporcionando asistencia técnica y capacitación a los integrantes del sector. Recordando que esta misma ley, define al sector como:

“Al conformado por las personas físicas y morales que, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Directivo, tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.”

Para dar cumplimiento con estos mandatos “Bansefi ofrece servicios financieros principalmente a la población de escasos recursos, a personas que viven en localidades alejadas o de difícil acceso en las que no existe presencia de intermediarios financieros formales, y a beneficiarios de apoyos sociales. Para ese público ha diseñado cuentas de ahorro que se abren con montos bajos y brinda servicios como envío y recepción de remesas de dinero de Estados Unidos de América a México o dentro del país.”

4. Bansefi, según su página electrónica “A junio de 2012, cuenta con 494 sucursales en toda la República, que administran más de 11 millones de cuentas, ofrecen productos de ahorro, envío y pago de remesas de dinero, colocación de microseguros de vida y otros productos y servicios financieros, y distribuyen diversos apoyos gubernamentales”.

Sin embargo, en la dirección electrónica http://www.bansefi.gob.mx/Pages/Sucursales.aspx se contabilizan 858 sucursales, asimismo, en la página http://www.bansefi.gob. mx/Docs/Logros por ciento202015.pdf se indica que al cierre del ejercicio de 2015 contaba con 536 sucursales.

Asimismo, en el documento de Bansefi denominado Comentarios de la administración sobre la información financiera relativa a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, se indica que a diciembre de 2016 cuenta con 523 sucursales.

Datos que concatenados, revisten de vital importancia, ya que debido a sus diferencias y falta de claridad, generan incertidumbre en los usuarios, ya sea porque aún se encuentran en funcionamiento diversas páginas electrónicas de la institución o porque las mismas no han sido actualizadas.

5. De acuerdo a información del propio banco, “Bansefi se ha convertido en una pieza clave para la entrega de recursos de los programas gubernamentales hacia sus beneficiarios... en 2011, abrió cuentas de ahorro y entregó tarjetas bancarias a las 6.5 millones de familias beneficiarias del Programa Oportunidades. Bansefi utiliza tarjetas con chip con capacidad para almacenar huellas digitales, lo que tendría que garantizar la seguridad y transparencia de la dispersión de los apoyos.”

6. En lo que va de la presente administración federal, Bansefi ha tenido cuatro directores generales:

1) Jorge Estefan Chidiac

2) Paulina Alejandra del Moral Vela

3) María Fernanda Casanueva de Diego

4) Virgilio Andrade Martínez

Lo anterior resulta relevante, ya que tanta veleidad de nombramientos, deja constancia de la falta de continuidad y poca importancia que se le ha dado a tan trascendente institución y las funciones que lleva a cabo.

7. Bansefi por ley está obligado a proporcionar a las autoridades y al público en general información relativa a sus operaciones, así como indicadores que midan los servicios con los que atiende al sector que establece su ley orgánica y contratos constitutivos, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para esto debe utilizar medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología que le permita dar a conocer esta información.

8. Las reclamaciones por parte de los usuarios de la banca, en el periodo de enero-septiembre de 2015 a enero-septiembre de 2016, se incrementaron en 81.6 por ciento, pasando de mil 540 a 2 mil 797. Pese a lo anterior, el índice de desempeño de atención a usuarios para 2016 se mostró más alto comparado con 2015, pasando de 5.13 a 5.86 (en una escala del 0 al 10). Durante 2016 a pesar de tener mayor número de reclamaciones sólo tuvo dos sanciones, por un monto de 59 mil 820 pesos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, ante esta honorable soberanía, solicito sea aprobado los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a hacer del conocimiento público:

a) Los motivos por los que se incrementó, en el periodo de enero-septiembre de 2015 a enero-septiembre de 2016, en 81.6 por ciento, las reclamaciones a Bansefi y el porcentaje de éstas que son relativas a la entrega de apoyos de los programas federales, especificando el programa y la dependencia que lo administra y;

b) Las medidas que están tomando a favor de los usuarios de la banca de desarrollo, específicamente de Bansefi, para reparar las posibles deficiencias de la institución respecto al manejo de las cuentas de los usuarios, especialmente de aquéllos receptores de apoyos gubernamentales.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC, a dar cumplimiento con el artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito y hacer del conocimiento público:

a) El número de cuentas que administra al cierre de 2016;

b) El número exacto de sucursales que existen en el país;

c) Los motivos por los que no se ha actualizado la información de su página de internet, referente a las sucursales y cuentas administradas;

d) Las acciones que esté realizando respecto a las reclamaciones que tiene por los servicios que debe ofrecer, así como el número de éstas, que han sido atendidas, las que se han dejado de atender, las razones de esto y;

e) Las medidas que, administrativamente, se estén tomando para solventar los múltiples cambios en el nombramiento del titular de la dirección general.

Notas:

1 Véanse los artículos 3o. y 30 de la citada ley.

2 Véase: http://www.gob.mx/condusef/que-hacemos

3 Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, artículos 2 y 3. (Subrayado propio).

4 Véase: http://www.bansefi.gob.mx/AcercaDe/Pages/InclusionFinanciera.aspx

5 Con información de la página electrónica: http://www.bansefi.gob. mx/AcercaDe/Pages/InclusionFinanciera.aspx

6 Véase: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195603/Comentarios_de_la_administ raci_n_sobre_los_resultados_del_ejercicio_2016.pdf

7 Ídem

8 Véase artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito.

9 Véase: http://www.buro.gob.mx/tbl_general_comparativo.php?id_ sector=37&id_periodo=12&IdIF_Filtro=0 http://www.buro.gob. mx/tbl_general_comportamiento.php?id_sector=37&id_periodo=12#.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO A TOMAR MEDIDAS PARA REDUCIR GASTOS DE CAMPAÑA EN EL PROCESO ELECTORAL DE LA ENTIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de México a tomar medidas para reducir los gastos de campaña de los partidos políticos en el proceso electoral de la entidad, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas y los diputados que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción I, y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea las siguientes:

Consideraciones

En 2017 habrá elecciones locales ordinarias en Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz. Este proceso electoral será uno de los más costosos en la historia moderna de nuestro país, así lo muestra el segundo reporte electoral 2017 de la firma Integralia Consultores: “El costo presupuestario total de la democracia electoral mexicana en 2017 asciende a 29 mil 525 millones de pesos. No incluye aportaciones privadas a campañas ni tampoco el financiamiento ilegal que no se reporta a las autoridades.”

Diversos estudios realizados por universidades, señalan que el costo de la democracia mexicana es el más alto de Latinoamérica: 18 dólares por voto contra 29 centavos de dólar en Brasil. Según la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, el promedio del financiamiento público en México fue 18 veces superior al de los países de América Latina. Otro estudio de la Organización de Estados Americanos observa que México tiene el monto más elevado de subsidio directo a partidos y campañas en la región.

El panorama económico para este año no es nada alentador y las condiciones de vida de todos los mexicanos se han visto afectadas, ya que hubo reducciones considerables a diversos rubros como el de desarrollo social, salud, educación, cultura y agricultura. No obstante, el financiamiento público para lo partidos políticos ya sea por actividades permanentes o para la obtención del voto, ha aumentado considerablemente. En el reporte antes mencionado, se concluye que el “tope de gasto de campaña de gobernador en estado de México, el más alto del país: 285 millones de pesos. Creció 16.4 por ciento en términos reales con relación a la última elección de 2011.” Un estudio comparativo realizado por el periódico local Alfa Diario, concluye que esta cantidad es equivalente a la construcción de mil 140 casas de interés social, e podrían adquirir 17 millones 812 mil kilos de frijol, 25 millones 909 mil kilos de arroz o 20 millones 357 mil kilos de tortillas.

Aunado a ello, es necesario referir que en el estado de México no ha habido alternancia. Es decir, el Partido Revolucionario Institucional ha gobernado por más de siete décadas; manteniendo organizaciones corporativas por medio de los recursos públicos y prebendas. Cada tres años, el gobierno local en turno destina una cantidad ilimitada de recursos de origen público y privado para intervenir de manera ilegal en las comunidades con mayores índices de pobreza en aras de obtener su apoyo mediante la compra del voto, ya sea con dinero o en especie.

Las prácticas corporativas y clientelares además del excesivo financiamiento público a los partidos políticos durante el proceso electoral, violan sistemáticamente los principios rectores de la Constitución Política para la realización de elecciones libres y auténticas. Así como se han dado –de manera unilateral- los recortes presupuestales a diversos rubros que afectan directamente a la población; nosotros como representantes populares, por un principio de congruencia y plena austeridad republicana, debemos ser conscientes e implementar las medidas necesarias para reducir el exorbitante financiamiento público a las campañas políticas.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al Congreso del estado de México a que se tomen las medidas necesarias para reducir a la mitad el tope de gastos de campaña para la obtención del voto en el proceso electoral ordinario 2016-2017 con el que se renovará la gubernatura de la entidad.

Notas:

1 Obtenido de:

http://integralia.com.mx/content/estudios/Prueba1/ Segundo%20Reporte%20Electoral%20Integralia%202017.pdf

2 Véase: www.nexos.com.mx/?p=25810

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputados: Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Villa González, Magdalena Moreno Vega, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

REDUCCIÓN EN UN 70 POR CIENTO DE LOS MONTOS DESTINADOS A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a los organismos constitucionales autónomos a realizar adecuaciones presupuestarias para reducir en 70 por ciento los montos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental en 2017 y reasignar esas economías a los programas de defensa legal de migrantes mexicanos y apoyo y reinserción de los repatriados, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y organismos constitucionales autónomos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en 70 por ciento los montos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental para el presente Ejercicio Fiscal de 2017, para que dichos recursos se reasignen a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos y a programas de apoyo y reinserción de los mexicanos repatriados, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Durante la campaña presidencial del ahora presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, se manejó un agresivo discurso en el que se amenazaba con deportar a millones de mexicanos que viven de forma indocumentada en este país, que ascienden a 5.3 millones, según el Pew Research Center.

“Los que vinieron ilegalmente, se tienen que ir”, fue una de las frases expresadas durante la campaña, al mismo tiempo amenazando con encarcelar a los que tuvieran antecedentes criminales. Adicionalmente, aseguró que aumentaría la cantidad de agentes de migración y las redadas a migrantes.

Estas expresiones con las que amenazaba con la deportación de millones de inmigrantes se reafirmaron una vez que Donald Trump se convirtió en presidente electo, y según The New York Times continuó dando indicios de que intensificaría la expulsión de personas que se encuentran de forma tanto documentada como indocumentada en Estados Unidos.

Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 3.2 millones de mexicanos cuentan con residencia legal permanente. Sin embargo, éstos de igual forma estarían sujetos a deportación y enfrentar problemas con la ley, sumando 8.5 millones de mexicanos que corren el riesgo de ser deportados. Adicionalmente existe el riesgo de la cancelación de programas de alivio migratorio como lo es el de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA (por sus siglas en inglés), en el que están inscritos aproximadamente 500 mil mexicanos.

Las amenazas del ahora presidente Donald Trump han comenzado a materializarse en los recientes días, esto a través de múltiples redadas en 6 estados del vecino país, resultando en más de 350 detenidos. Según estimaciones de uno de los oficiales que participó en las redadas un 70 por ciento de los arrestados eran objetivos de los agentes federales, mientras que el resto eran personas que “estaban en el lugar incorrecto en el momento equivocado”.

Anterior a estas acciones, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que entre otras medidas solicitaba el aumento de las fuerzas de seguridad para aumentar la efectividad de las redadas contra inmigrantes indocumentados, haciendo énfasis en personas con antecedentes criminales pero también incluyendo personas que han cometido faltas menores.

Según Steve Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York “Estos arrestos no hacen más que desgarrar familias, dañar nuestras economías y corroer los lazos de confianza que unen a nuestras comunidades, todo bajo el falso pretexto de la seguridad pública”. Igualmente, Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream, expresó que “Estas (redadas) son claramente la primera ola de ataques bajo la administración Trump, y sabemos que no será la única”.

Estos hechos indican que las acciones de la administración de Donald Trump incrementarán las deportaciones de inmigrantes mexicanos, pero también el retorno voluntario a las comunidades de origen de los mismos, dado que esta figura les permite evitar pérdidas materiales y separaciones familiares causadas por una eventual deportación expedita.

II.Ante este escenario es urgente que el gobierno mexicano tome acciones puntuales y eficientes y se destinen los recursos necesarios para procurar la ampliación y fortalecimiento de tres políticas fundamentales:

1) La defensa legal de inmigrantes en el proceso de deportación.

2) La asesoría para facilitar el proceso de adquisición de la ciudadanía de los inmigrantes mexicanos que cuentan con residencia legal dentro de Estados Unidos.

3) El fortalecimiento de los programas de reinserción de mexicanos que han sido deportados, considerando las diferentes habilidades y grados de especialización laborales con los que cuentan los migrantes retornados.

III. En los últimos cuatro años, considerando los ejercicios presupuestales del 2013, del 2014, del 2015 y del 2016, se constata que sólo en el gasto erogado para el rubro de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, se reasignaron más de 12 mil millones de pesos.

En promedio, cada año, el concepto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, recibió 3 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado, es decir, dicho concepto, tuvo incrementos presupuestales que exceden en 87 por ciento lo aprobado por la Cámara de Diputados.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, de conformidad al Clasificador por objeto del gasto, dentro del capítulo 3000 Servicios Generales, se inscribe el concepto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, el cual asciende a 3 mil 120 millones de pesos.

Esta cantidad, sin considerar que históricamente suele terminar duplicándose, constituye un monto de recursos públicos importante, por lo que, ante la coyuntura actual, consideramos que la mayor parte de los recursos aprobados para este concepto deben reasignarse para atender con mayor capacidad la emergencia por migración forzada que se prevé.

Proponemos que 70 por ciento de los recursos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental, vía adecuaciones presupuestarias, se reasignen para fortalecer los mencionados programas de defensa de mexicanos en Estados Unidos y de reinserción en nuestro país. En este sentido, proponemos que en el marco de la normatividad vigente, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Constitucionales Autónomos, realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para reducir su gasto y respectivos presupuestos destinados a la Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en un 70 por ciento el monto aprobado en el concepto del gasto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental que se encuentren asignados en sus respectivos Ramos presupuestales para el presente ejercicio fiscal de 2017, para que dichas adecuaciones se reasignen a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos en Estados Unidos de América y a programas de apoyo a los mexicanos repatriados dentro de las dependencias, entidades o ramos que correspondan.

Segundo. Se exhorta al Poder Judicial y al Senado de la República, así como organismos constitucionales autónomos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en un 70 por ciento el monto aprobado en el concepto del gasto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental que se encuentra asignado en sus respectivos presupuestos para el presente ejercicio fiscal de 2017, y que el remanente de dicha adecuación se deposite en la Tesorería de la Federación para su reasignación a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos en Estados Unidos de América y a programas de apoyo a los mexicanos repatriados.

Tercero. Se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en un 70 por ciento el monto aprobado en el concepto del gasto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental para el presente ejercicio fiscal de 2017, y que el remanente de dicha adecuación se deposite en la Tesorería de la Federación para su reasignación a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos en Estados Unidos de América y a programas de apoyo a los mexicanos repatriados.

Notas:

1 “Overall Number of U.S. Unauthorized Immigrants Holds Steady Since 2009”, Pew Research Center, (20-09-2016). http://www.pewhispanic.org/2016/09/20/overall-number-of-u-s-unauthorized-immigr ants-holds-steady-since-2009/

2 “6 promesas de campaña que Donald Trump ha cambiado una semana después de ganar las elecciones en Estados Unidos ”, BBC, (15-11-2016), recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37989894

3 “¿Podrá Trump deportar a tres millones de inmigrantes?” The New York Times, (17-11-2016), recuperado de: https://www.nytimes.com/ es/2016/11/17/que-representaria-la-promesa-de-trump-de-deportar-hasta-tres-mill ones-de-inmigrantes/

4 “Estimates of the Lawful Permanent Resident Population in the United States: January 2013” US Department of Homeland Security, (01-09-2014), traducción propia, recuperado de: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/LPR%20Population%20Estimat es%20January%202013.pdf

5 “Trump defiende redadas contra indocumentados”, El Universal, (13-02-2017), recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/menu/2017/02/13/trump-defiende-redadas-c ontra-indocumentados

6 “ICE rechaza hablar de redadas, pero sus últimos operativos recuerdan esas viejas prácticas”, Univisión, (13-02-2017), recuperado de: http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/redadas/ice-rechaza-hablar-d e-redadas-pero-sus-ultimos-operativos-recuerdan-esas-viejas-practicas

7 “Detenidos en Nueva York casi 40 inmigrantes en las redadas de esta semana”, El Nuevo Herald, (12-02-2017), recuperado de: http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article132285384.html#stor ylink=cpy

8 “Federal agents conduct immigration enforcement raids in at least six states”, The Washington Post, (11-02-2017), traducción propia, recuperado de: https://www.washingtonpost.com/national/federal-agents-conduct- sweeping-immigration-enforcement-raids-in-at-least-6-states/2017/02/10/ 4b9f443a-efc8-11e6-b4ff-ac2cf509efe5_story.html?postshare=7561486776867727 &tid=ss_tw&utm_term=.9156594440eb

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

REALIZACIÓN DE ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores, las legislaturas locales, los alcaldes y los entes públicos de los estados y los ayuntamientos a realizar acciones para cumplir la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Pablo Basáñez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Pablo Basáñez García, presidente de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana exige gobiernos abiertos que entreguen buenas cuentas, hagan más con menos y cuiden el dinero de todos.

Hoy la calidad de nuestra democracia depende de la calidad del gasto público; por esa razón, debemos mejorar el ciclo presupuestal con más transparencia en el ejercicio, mayor seguimiento y evaluación así como una mejor rendición de cuentas y más prudencia financiera.

En la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión conscientes de esta exigencia ciudadana, aprobamos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios con la finalidad de transparentar las finanzas públicas subnacionales y permitir a la autoridad hacendaria federal emitir alertas sobre el endeudamiento público.

Con ello, no sólo se dio inicio a la transformación del modelo hacendario mexicano, de ampliar los controles técnicos y reducir la discrecionalidad, de promover la responsabilidad financiera y limitación del acceso a deuda que ponga en riesgo la viabilidad en estados y municipios. En este sentido, la Ley de Disciplina Financiera es un disolvente de la opacidad local y un poderoso instrumento de la modernidad del país que queremos ser en el Siglo XXI.

Con este ordenamiento, las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

A fin de reconocer buenas prácticas de gobierno abierto, calidad del gasto público, prudencia financiera, exhortar a una mayor transparencia y acompañar la instrumentación de esta Ley en el marco de una nueva gobernanza hacendaria, esta soberanía aprobó crear la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios.

Uno de los objetivos de dicha comisión es la realización de estudios, análisis y presentación de estrategias para el fortalecimiento hacendario, así como establecer alianzas y convenir con Instituciones de los sectores público, privado y social, para generar acciones de profesionalización en la materia.

Atendiendo lo señalado por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios referente al esfuerzo hacendario, la responsabilidad hacendaria y financiera, la contratación de deuda y obligaciones y su uso responsable, el sistema de alertas, el balance presupuestario y el registro público único, se considera que corresponde a los gobernadores de los estados, legislaturas locales y presidentes municipales, dar puntual cumplimiento a los principios y criterios citados en el articulado de la ley, para con ello promover un balance presupuestario sostenible, garantizar finanzas públicas sanas, la adecuada implementación de recursos y la gestión responsable por parte de los servidores públicos estatales y municipales de los recursos públicos.

Aunado a ello, el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que “...las entidades federativas y, en su caso, los municipios realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo”.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita de manera respetuosa a los gobernadores de los estados, legislaturas locales, presidentes municipales y entes públicos de las entidades federativas y municipios, que realicen las acciones necesarias para cumplir los criterios establecidos en el articulado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como impulsar y promover a por todos los medios la rendición de cuentas, la transparencia presupuestal, la gestión basada en resultados, el fortalecimiento de las haciendas públicas y evitar el sobreendeudamiento.

Segundo.Sesolicita a los gobernadores de los estados, las legislaturas locales, presidentes municipales y entes públicos de las entidades federativas y municipios, que aprueben, publiquen, armonicen, difundan y hagan cumplir sus leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, de conformidad con el artículo tercero de las disposiciones transitorias del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, que establece que las entidades federativas y en su caso los municipios contarían con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de las disposiciones de dicho ordenamiento, para armonizar su legislación local con las disposiciones contenidas en dicha ley, plazo que feneció el 25 de octubre de 2016.

En virtud de lo anterior, se sugiere que los ordenamientos jurídicos locales que debiesen ser homologados conforme a la normatividad aplicable en materia de Disciplina Financiera, son los siguientes:

• Constituciones Políticas de los Estados.

• Leyes de Coordinación Fiscal.

• Leyes de Coordinación Hacendaria.

• Leyes de Hacienda para los Municipios.

• Leyes de los Gobiernos Municipales.

• Leyes de Deuda Pública Estatal y Municipal o de Obligaciones, Empréstitos y Deuda.

• Leyes de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria.

•Leyes de Administración Financiera.

• Leyes de Asociaciones Público Privadas o de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios, de Contratación Pública de los Estados, de Adquisiciones y Obras, de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos o de Inversión Pública a Largo Plazo.

• Leyes de Fiscalización Superior.

• Leyes Orgánicas Municipales.

• Leyes Orgánicas del Poder Legislativo de los Estados.

• Leyes Orgánicas para la Administración Pública.

• Leyes Municipales del Consejo de Armonización Contable de los Estados

• Leyes de Planeación Estratégica.

• Leyes de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público.

• Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los Estados y los Municipios.

• Leyes de Remuneraciones de los Servidores Públicos de los Estados.

•Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado.

• Leyes Reglamentarias para la Contabilidad de las Tesorerías Municipales del Estado para la Formación, Comprobación y presentación de sus cuentas a la Contaduría Mayor de Hacienda.

• Códigos Financieros.

• Códigos de la Hacienda Pública o Hacendarios.

• Reglamentos del Registro Estatal de Deuda Pública o del Registro Único de Deuda Pública.

• Reglamentos de la Leyes Orgánicas del Poder Legislativo de los Estados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputado Pablo Basáñez García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE EXHORTA A LA SRE A DEFINIR ACCIONES PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a definir acciones concretas para determinar el nivel de cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. En días pasados, la Auditoría Superior de la Federación entregó a esta Cámara de Diputados elInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. En dicho documento se informa, entre otras cosas, de la realización de la auditoría de desempeño número 32-GB a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, la cual tuvo como objeto fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, para el ejercicio fiscal 2015.

La auditoría de desempeño en cometo “comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la SRE en 2015, en los tres componentes para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos: 1) Cuidado en el seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 2) Armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales y 3) Contribución en el cumplimiento a las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos internacionales, a fin de evaluar el desempeño de la dependencia, para dar cumplimiento a los compromisos contraídos en los tratados internacionales”.

En lo que respecta al punto 1) Cuidado en el seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos se hicieron las siguientes recomendaciones:

“ 15-0-05100-07-0032-07-001 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de establecer un indicador sobre el seguimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, con variables controladas por la dependencia, a fin de evitar que factores externos influyan en el cumplimiento de las metas establecidas, en términos de los artículos 3 de la Ley de Planeación, y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas”.

“15-0-05100-07-0032-07-002 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de elaborar un diagnóstico sobre las deficiencias y limitaciones en materia de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que impiden informar sobre el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, conforme a lo programado para el ejercicio fiscal en curso y, con base en los resultados , elabore programas de trabajo por cada dirección general responsable, que le permita tener un mayor efecto en la implementación de la política exterior relacionada con las obligaciones de las que México es parte, de conformidad con los artículos 3 y 7, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas”.

En cuanto al número 2) Armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales se recomendó lo siguiente:

“15-0-05100-07-0032-07-003 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de contar con un mecanismo para el registro y generación de información clara y confiable, respecto del total de reservas y declaraciones interpretativas que se tienen y las que fueron retiradas de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que guarde congruencia con el indicador de retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los tratados internacionales de derechos humanos, a fin de asegurar una adecuada rendición de cuentas, en términos de del artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas”.

“ 15-0-05100-07-0032-07-004 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de establecer un indicador para medir el avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los tratados internacionales de derechos humanos, cuya meta sea de cumplimiento anual, a fin de evaluar periódicamente su logro, que permita garantizar el cumplimiento de la meta de mediano plazo, en términos del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014- 2018, además del artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas”

En lo que respecta al punto número 3) Seguimiento de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias dirigidas al Estado mexicano, en la auditoría se hicieron las siguientes recomendaciones:

“15-0-05100-07-0032-07-005 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de institucionalizar mecanismos para dar seguimiento a las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los organismos internacionales, a fin de establecer un manual de procedimientos para el mejor funcionamiento de las unidades administrativas, de conformidad en el artículo 11, fracciones II y IV, del Manual General de Organización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas.”

Además, en dicha auditoría se hicieron recomendaciones de desempeño en los siguientes temas: rendición de cuentas; sistemas de evaluación del desempeño y sistema de control interno. En total, en la auditoría se realizaron 8 recomendaciones.

Finalmente, en el dictamen de dicha auditoría se señala, entre otras cosas que:

“En los diagnósticos de la planeación de mediano plazo se reconoce que el problema público es el insuficiente seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuyas causas identificadas se refieren a debilidades para establecer mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y con los organismos internacionales en la materia; y como efecto específico se advierten deficiencias en la garantía, el respeto y la protección de derechos humanos”

Y continúa diciendo que:

“En opinión de la ASF, en 2015, la SRE no cuenta con un grado de seguridad razonable para determinar el nivel de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que presenta deficiencias en la coordinación con la APF y con los organismos internacionales por lo que prevalece el problema público que dio origen a la política pública, cuyo efecto específico es una contribución limitada a la garantía, el respeto y la protección de derechos humanos”.

2. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de “Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte”.

Por lo anteriormente fundado y motivado, ante esta honorable soberanía, solicito sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a:

a) Definir las acciones concretas que realizará para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos y, a hacer del conocimiento público, la información sobre dichas acciones;

b) A hacer pública la información sobre los mecanismos de coordinación y de seguimiento que llevará a cabo con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y;

c) A hacer del conocimiento público la información respecto de qué dependencias y entidades de la Administración Pública Federal han participado en los mecanismos de coordinación para atender, informar y dar cumplimiento a todas las obligaciones del Estado mexicano en materia de Derechos Humanos que derivan de Tratados Internacionales y otros instrumentos.

Notas:

1 Disponible en línea: http://informe.asf.gob.mx/#0

2 Las Auditorías de Desempeño están orientadas a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si éstos fueron realizados con eficacia, eficiencia y economía, así como su impacto -social y económico- y beneficios para la ciudadanía.

3 Disponible en línea: http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx

4 Artículo 28, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/Leyes Biblio/ pdf/153_191216.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

SE EXHORTA AL COLEGIO DE BACHILLERES A QUE RESPETE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE SUS DOCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres a respetar los derechos constitucionales de sus docentes y no vulnerar lo establecido en el Apartado A del artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Magdalena Moreno Vega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Magdalena Moreno Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 y numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño han declarado que la reforma educativa respeta los derechos laborales de los docentes. Esto es falso.

La reforma educativa ha provocado graves afectaciones a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Las modificaciones a la Constitución y las nuevas leyes del desempeño docente han quebrantado las relaciones laborales de los profesores, establecidas y reguladas en el artículo 123, de la Ley Federal del Trabajo y en la ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

La actual legislación instauró nuevas relaciones laborales entre los trabajadores de la educación y el Estado. De facto se pretende hacer a un lado a los sindicatos, a los contratos colectivos de trabajo y anular el principio de bilateralidad. El gobierno intenta asumir unilateralmente el control de las relaciones laborales.

En el caso particular del Colegio de Bachilleres, desde el 2013, la directora Sylvia Ortega Salazar, suspendió en forma unilateral la asignación de horas/clase y grupos en los que ya habían sido contratados decenas de profesores y los puso a disposición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). A partir de ese momento comenzó a negar la basificación a los docentes que tienen derecho de acuerdo a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

En junio de 2014, con el propósito de conjurar una inminente huelga, la representación legal del Colegio y la organización sindical en algunos planteles acordaron que un número de horas serían asignados con el objetivo de resolver los problemas laborales existentes y al mismo tiempo respetar lo establecido en la Cláusula 80 del Contrato Colectivo de Trabajo en donde se establece que:

“ Para cubrir las horas clase serán considerados, en primer término, todos los profesores de la misma área y plantel; en segundo lugar, los profesores del plantel que cubran el perfil correspondiente; en tercer término los profesores interesados de “El Colegio”. Sólo en caso que las horas no sean solicitadas por el personal académico de “El Colegio”, su cobertura podrá convocarse al exterior.”

En el caso de los profesores que fueron despojados de su materia de trabajo el Colegio se comprometió a dar una respuesta por la vía conciliatoria. Asimismo, se ratificó que la reforma educativa no afectaría las relaciones laborales que se mantendrían regidas por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política y por la Ley Federal del Trabajo.

En los semestres posteriores, el Colegio violentó lo pactado. No se restituyeron las horas/clase, ni los grupos a los profesores que fueron afectados. Todos los grupos fueron enviados al Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEE y en los planteles ingresaron nuevos profesores, a los que se asignaron horas clase en forma unilateral y por demás irregular por parte de los directores y los jefes de personal.

La vida académica e institucional del Colegio se alteró profundamente. En todos los planteles se afectaron los derechos de decenas de profesores y cientos de alumnos se quedaron sin maestro hasta por un mes.

Ante los manejos irregulares, la representación sindical solicitó a los directivos del plantel el cumplimiento de la cláusula 73 que establece el derecho a la información de todos los movimientos en materia laboral, tanto del personal administrativo como del docente, sin embargo las autoridades han argumentado diversos pretextos para negar la entrega de la documentación solicitada y así poder actuar unilateralmente.

Profesores con años de antigüedad y experiencia ya no han podido incrementar horas, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 80 del Contrato, pues han quedado relegados y se les ha dado prioridad a los profesores de nuevo ingreso, a quienes se les ha otorgado más grupos de lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Éstos últimos han alcanzado paquetes de hasta 27 horas y en varios casos se ha flexibilizado el perfil de estos docentes en detrimento de los estudiantes.

Todas estas anomalías se han cometido en nombre de la reforma educativa, los docentes han sido castigados con los procesos de evaluación y no han visto los supuestos “beneficios”. Los profesores han manifestado su descontento ante las irregularidades, la falta de transparencia y claridad, por lo que demandaron la cancelación del segundo proceso de evaluación ante las diversas anomalías en las que la Dirección del Colegio de Bachilleres ha incurrido.

Los profesores que serán evaluados han manifestado su inconformidad porque se les comunica en forma extemporánea las características de los exámenes a que serán sometidos y no se les da a conocer oportunamente la página de internet en donde se pueden consultar los parámetros a tomar en consideración. Violentando el artículo 68, fracción II de la Ley del Servicio Profesional Docente que señala: “Conocer con al menos tres meses de anterioridad los perfiles, parámetros e indicadores, con base en los cuales se aplicarán los procesos de evaluación”.

Por las razones expuestas anteriormente sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la directora del Colegio de Bachilleres, Sylvia Ortega Salazar, para que respete los derechos constitucionales de los docentes de esa institución y de ninguna manera se vulnere lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. Se exhorte a las autoridades del Colegio de Bachilleres a respetar el Contrato Colectivo de Trabajo, los derechos laborales de los profesores de la institución y respetar en todo momento el principio de bilateralidad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Magdalena Moreno Vega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE EXHORTA A LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE MEJORE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA DE LA ZONA DE LA CANDELARIA DE LOS PATOS Y LA MERCED

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la demarcación territorial Venustiano Carranza a mejorar de inmediato los servicios públicos y la imagen urbana de la Candelaria de los Patos y La Merced, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La delegación Venustiano Carranza es una de las 16 jurisdicciones territoriales-administrativas que integran la Ciudad de México; la cercanía con el centro histórico de esta metrópoli y contar con centros de abasto como la Merced y el Mercado de Jamaica, El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, entre otros sitios, la convierten en una demarcación con un amplio movimiento comercial y laboral.

Fue creada en diciembre de 1970, mediante decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; su nombre se origina en el hecho de honrar la memoria del distinguido mexicano de Cuatro Ciénegas, Coahuila; quien siendo titular del Ejecutivo Federal promulgó la constitución que actualmente nos rige.

La delegación Venustiano Carranza está conformada por 70 colonias desplegadas en 3 mil 220 manzanas a lo largo de una superficie de 34 kilómetros cuadrados. Se estima una población cercana 427 263 habitantes de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015.

Uno de los barrios más conocidos de esta delegación, son la Candelaria de los Patos, que se ubica en la parte frontal de la Cámara de Diputados, y la Merced cuyo emblemático mercado es bastante conocido en la Ciudad de México por ser un centro de abasto popular en el que se adquieren diversas mercancías, esencialmente de la canasta popular a precios muy económicos.

Sin embargo estos dos barrios vecinos reflejan en mucho los marcados contrastes de la sociedad mexicana, por una parte se encuentran los dueños de comercios acreditados y en constante bonanza, los pequeños comerciantes, los trabajadores y cientos de personas principalmente de las clases populares que acuden abastecerse a este lugar, llama poderosamente también la atención la decadencia de ambos sitios, llenos de basura, de mugre; lugar en el que han sentado sus reales la indigencia, la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción y un sin número mal vivientes que crean inseguridad en la zona.

Ambos barrios se localizan en el perímetro de la delegación Venustiano Carranza, en donde el slogan de la actual administración es “Juntos somos la mejor delegación”, estos sitios son sin lugar a duda la mejor prueba del abandono, la negligencia y la incapacidad de las administraciones delegaciones para dar solución a las necesidades de seguridad, servicios de limpia, de alumbrado público, de atención a mercados (a la fecha, la actual administración no ha podido llevar a cabo la restauración de la nave central de este mercado incendiado hace unos años, en donde el anterior delegado solo le paso la responsabilidad al gobierno central), es decir, no se actúa con responsabilidad ante la creciente pauperización y deterioro de la zona. Pareciese dar la impresión que esta marginalidad que está presente en cada una de sus calles tiene algún o algunos beneficiarios.

De acuerdo a lo establecido en el art. 39 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde al titular de la delegación “Formular, ejecutar y vigilar el Programa de Seguridad Pública de la delegación en coordinación con las Dependencias competentes;”

El mismo ordenamiento legal en fracciones subsecuentes nos refiere además, la obligaciones de los jefes delegacionales, mismas que son de carácter sustantivo mas no adjetivo.

Fracción XXVII. Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las áreas comunes, vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos de conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dependencia competente; y,

Fracción XXXIV. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dependencia competente;

De lo anterior se desprende la necesidad de emprender el mejoramiento de estos barrios, con una gran tradición mercantil, como una obligación del titular de la demarcación, en donde se impulse la participación de la ciudadanía, de conformidad con lo señalado por la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal.

Hoy verdaderamente las autoridades de la delegación Venustiano Carranza deben hacer efectivo el lema de su administración de ser la mejor delegación de la Ciudad de México mediante la prestación óptima, eficaz y eficiente de los servicios púbicos al servicio de su población.

Los barrios de la Merced y la Candelaria de los Patos merecen ser dignificados, la mejor forma de hacerlo esta inicialmente en la prestación de servicios públicos de calidad y en programas de asistencia social que dejen el carácter clientelista con el que actualmente se aplican en la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe delegacional en Venustiano Carranza, Ciudad de México para que de manera inmediata lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y la Merced.

Notas:

i https://www.turimexico.com/ciudades-de-mexico/ciudad-de-mexico/historia-de-las- delegaciones-de-la-ciudad-de-mexico/historia-de-la-delegacion-venustiano-carran za-ciudad-de-mexico/ consultado el 13/03/2017

ii Número de habitantes http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 13/03/2017

iii Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en http://www.aldf.gob.mx/archivo-e6937bc8a449371542a9379c228a 8920.pdf consultado el 14/02/2017

iv Ibídem

v Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de marzo de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para dictamen.

SE EXHORTA A CONGRESOS LOCALES A HOMOLOGAR SUS LEGISLACIONES CON PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y TRATADOS INTERNACIONALES, PARA ELIMINAR EL MATRIMONIO INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos congresos locales a homologar sus legislaciones con los principios constitucionales de derechos humanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano para eliminar el matrimonio infantil, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, Érik Juárez Blanquet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, presenta ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde hace muchos años, nuestro país ha participado activamente en las convenciones internacionales para la defensa de los derechos de los menores.

En el año de 1989 participó en la Convención de los Derechos de la Infancia, en 1990 participó en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, en el 2002 participó también en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la infancia.

En el año de 1989 el gobierno de nuestro país, suscribió la Convención internacional sobre los Derechos de los niños y con ello se comprometió a cumplir una serie de medidas para garantizar en todo el país la protección y el bienestar de las personas menores de 18 años.

Como parte de los compromisos asumidos por México, en el año 2011, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional a los artículos 4 y 73 para establecer que el Estado mexicano velará que se cumpla el principio del interés superior de la niñez y garantizará de manera plena el ejercicio de sus derechos y se establece la facultad al Congreso para expedir Leyes que establezcan la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

En este sentido, el Congreso expidió en el 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en su artículo 45 se establece una disposición muy específica que instruye a las legislaturas locales de las entidades federativas a establecer como requisito para contraer matrimonio el contar con mayoría de edad.

Hasta hoy, algunas entidades ya han homologado sus disposiciones locales, sin embargo, aún hay nueve entidades del país que se resisten a cambiar sus ordenamientos y aún siguen contemplando el matrimonio infantil.

Tal es el caso de Sonora, Tabasco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Durango, Ciudad de México, Guerrero y Nuevo León, que permiten, ya sea en sus Códigos Civiles, como en sus Códigos Familiares, la posibilidad de que los menores de edad puedan contraer matrimonio con personas adultas o bien con otros menores y solo basta el consentimiento de los padres para poder llevar a cabo el vínculo matrimonial, lo cual también podría tratarse de una imposición, siendo esto violatorio de los derechos humanos y del principio constitucional relativo al interés superior de la niñez. Además, hay que decir que esta situación es considerada por Naciones Unidas como la manera más generalizada que existe de abuso sexual y explotación en contra de los menores.

En las entidades mencionadas, se están violando principios de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y también están actuando contrariamente a lo que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en las convenciones internacionales suscritas por nuestro país

Necesitamos garantizar el principio del interés superior de la niñez y evitar con ello que las propias leyes locales consientan que se siga transgrediendo la dignidad y el desarrollo de los menores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales de Sonora, Tabasco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a homologar sus legislaciones locales con los principios constitucionales de derechos humanos; con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y con los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano y aprobar las reformas necesarias para eliminar el matrimonio infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputado Erik Juárez Blanquet (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE COORDINE, CON AUTORIDADES LOCALES, CAMPAÑAS REGIONALES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse por la Ssa con las autoridades locales a fin de realizar campañas regionales para prevenir la propagación del virus de la influenza, suscrita por los diputados Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores, Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores, Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SS) del Gobierno Federal, se han reportado tres mil 114 casos de influenza desde octubre del 2016.

La mayoría de los casos por influenza han sido reportados en Nuevo León, San Luis Potosí, estado de México, Querétaro y la Ciudad de México; 229 personas han perdido la vida por la enfermedad desde octubre.

“Desde hace unos días hay una percepción clínica y social de que el número de casos de influenza ha aumentado, y en efecto, estamos ante más casos en los hospitales, que aún no se ven reflejados en los reportes oficiales; no obstante, mucha gente se ha enterado de que un familiar, un amigo o un conocido ha adquirido recientemente esta infección viral respiratoria”, señaló Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina a Boletín UNAM.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación anual para los grupos de alto riesgo, entre los que se encuentran los trabajadores sanitarios. Sin embargo, Rodríguez Álvarez advirtió que la vacunación ya no es eficaz a estas alturas del año, que es necesario “pedir a los enfermos que busquen atención médica, que no se automediquen, que no vayan a sus centros de trabajo ni a lugares públicos... que permanezcan en casa hasta que los den de alta. Asimismo, es importante hacer todo lo necesario para que no sufran complicaciones como neumonía, bronquitis o asma”.

Debido a los cambios bruscos de temperatura que se han dado en los últimos días, los contagios han ido en incremento, lo que hace necesario que las autoridades sanitarias alerten sobre esta situación a la población para así concientizar a los ciudadanos y poder evitar la propagación del virus.

Algunos de los síntomas de la influenza son: fiebre (generalmente alta y difícil de controlar); malestar general; sensación de cansancio; dolor muscular, de cabeza, garganta y cuello (a veces); salida de moco; estornudos y tos.

Es importante mencionar que las personas que se encuentran en mayor riesgo son:

• Mujeres embarazadas (en cualquier periodo de gestación)

• Niños menores de 5 años

• Adultos Mayores

• Personas con enfermedades crónicas

• Trabajadores sanitarios

La gripe se puede propagar rápidamente cuando una persona tose o estornuda y esparce por el aire gotículas que contienen el virus. También se puede propagar por las manos contaminadas con el virus.

La gripe estacional se propaga fácilmente, y su transmisión es rápida en entornos como las escuelas o las residencias asistidas.

Conviene tomar precauciones para limitar la transmisión. Cuando se tose hay que taparse la boca y la nariz con un pañuelo y después tirar este y lavarse las manos a fondo y regularmente.

La mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas de otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar graves complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o causar la muerte.

La gravedad de la gripa (nombre común que le da la sociedad a la influenza), puede derivar en una neumonía, que es la inflamación grave de los pulmones, complicación que puede llevar a la muerte.

La enfermedad puede ser leve o grave, e incluso mortal. La hospitalización y la muerte son más frecuentes entre los grupos de alto riesgo. Estas epidemias anuales causan en todo el mundo unos 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 250 mil a 500 mil muertes.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se coordine con las autoridades locales, con el objetivo de realizar campañas regionales para prevenir la propagación del virus de la influenza.

Notas:

1 http://www.sinembargo.mx/13-03-2017/3171728

2 http://www.proceso.com.mx/477825/casos-influenza-van-en-aumento-alerta-especial ista-la-unam

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputados: Modesta Fuentes Alonso, Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Roberto Guzmán Jacobo, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE EXHORTA A SCT Y A LA POLICÍA FEDERAL, PARA QUE EVALÚEN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y ALERTA EN LAS CARRETERAS FEDERALES EN LA ZONA CONOCIDA COMO “LA VENTOSA”, DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Policía Federal a evaluar la instalación y operación de un sistema de semaforización y alerta en las carreteras federales 185, 185-D y 190, en la zona conocida como “La Ventosa”, en Juchitán de Zaragoza y municipios aledaños del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe Yarith Tannos Cruz, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración y aprobación, en su caso, la presente proposición con punto de acuerdo por lo que para dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2, fracción I, del artículo 79 del ordenamiento antes invocado, sustento mi proposición en los siguientes fundamentos y razonamientos:

La zona conocida como “La Ventosa”, ubicada en la parte geográfica más angosta del istmo de Tehuantepec, precisamente en la jurisdicción de Juchitán de Zaragoza y otros municipios aledaños, debe su denominación, a las fuertes corrientes de aire que se generan, por los fenómenos naturales conocidos como “norte”, por la entrada de frentes fríos, agravados por la confluencia en dicha zona de los vientos provenientes de los golfos de México y de Tehuantepec, llegándose a registrar rachas superiores a los 190 kilómetros por hora, velocidad que equivale al nivel máximo de un huracán de categoría 3, en la calificación de la escala Saffir-Simpson, para la medición de huracanes.

El área antes mencionada es atravesada por las carreteras números 185, 190 y la supercarretera 185-D, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las que de manera frecuente, se registran accidentes vehiculares y hechos de tránsito ocasionados por las corrientes sostenidas y rachas de viento, que provocan la volcadura de unidades de autotransporte, conocidas como tractocamiones articulados y doblemente articulados, que por su volumen y dimensiones no resisten la fuerza de los vientos.

Las autoridades locales de protección civil, realizan acciones para hacer llamados a los conductores para circular con la debida precaución, a través de las radiodifusoras o mediante la exposición provisional de advertencias contenidas en mantas rudimentarias impresas, sin que estos esfuerzos resulten suficientes en todos los casos para prevenir los accidentes; amén de los operativos constantes que ejecutan las corporaciones policíacas viales, estatales y federales.

Es común enterarnos por los medios de comunicación escritos y electrónicos de noticias que dan cuenta de múltiples volcaduras en la región de La Ventosa, en las que obviamente, se ocasionan daños materiales, perjuicios a personas y empresas por las pérdidas o retraso de mercancías y lo que resulta más grave es la pérdida de vidas humanas. Sin dejar de apuntar que existe en la zona un latente riesgo de ocasionarse daños ecológicos y desastres masivos, pues es de todos sabido que hay unidades de autotransporte que trasladan como carga, materiales y residuos peligrosos.

Es oportuno asentar, que de acuerdo a fuentes oficiales consultadas en materia de protección civil estatal y seguridad vial federal, es decir, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Policía Federal Preventiva, tan solo en los últimos cuatro años y lo que transcurre del presente, se han registrado68 hechos de tránsito relacionados directamente con los vientos de la zona:

Año Accidentes

2013 15

2014 18

2015 19

2016 10

2017 6

Según lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. En tal sentido, el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, dispone en su artículo 4, que es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes operar la instalación, mantenimiento y actualización de los dispositivos para el control del tránsito, y que corresponde a la Policía Federal preservar la vida y la integridad física de los usuarios y proteger los bienes que lleven consigo al transitar por las vías federales, mediante la prevención de hechos de tránsito que resulten en daños o perjuicios a conductores, pasajeros, peatones o a vías federales.

De igual manera, es responsabilidad de la Policía Federal proporcionar a los usuarios de las vías federales, información acerca de situaciones anormales del tránsito por condiciones climatológicas o cualquier otra circunstancia que ponga en peligro la seguridad del tránsito.

Por lo anterior, se encuentra plenamente justificada la instalación, a la mayor brevedad posible de un sistema de semaforización y alerta, que mediante el uso de los avances tecnológicos y electrónicos, advierta a los conductores de vehículos de carga y demás unidades de motor de menores dimensiones, las condiciones prevalecientes en tiempo real, en cuanto a: i) velocidad máxima del viento, ii) prevención de la velocidad máxima permitida del traslado de la unidad y iii) Restricción total del paso, entre otros aspectos técnicos que se requieran para prevenir los accidentes en la zona.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal, para que en el ámbito de sus competencias, evalúen la implementación, instalación y operación de un sistema de semaforización y alerta en las carreteras federales185, 185-D y 190, en la zona conocida como La Ventosa, ubicada en el municipio de Juchitán de Zaragoza y municipios aledaños, del istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, para la prevención de accidentes vehiculares ocasionados por los fuertes vientos que se registran en dicha zona.

Dado en el Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Yarith Tannos Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONCIENTICEN A LA POBLACIÓN A RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA REGIÓN DE LA MONTAÑA, GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la implantación de políticas dirigidas a que la población indígena tome conciencia acerca del respeto de la dignidad de las indígenas de La Montaña, Guerrero, la importancia de desterrar cualquier práctica que tienda a utilizarlas en matrimonios forzados y los delitos que pueden configurase en caso de ser explotadas o utilizadas en acciones contrarias a su voluntad, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo: miles de personas víctimas de este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación.

Hoy en día, este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias que van de 32 mil a 36 mil millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las naciones Unidas.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento universal que aborda todos los aspectos de la trata de personas: prevención, persecución penal del delito, protección a las víctimas y promoción de la cooperación internacional.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el periodo que va de 2003 a 2006 las mujeres víctimas de trata se ubicaron entre 66 y 74 por ciento; de niñas, entre 10 y 16 por ciento; de niños, entre 12 y 16 por ciento, y de varones, entre 3 y 9 por ciento. De esta manera, el mayor número de víctimas correspondió a personas del sexo femenino, con un porcentaje que fluctuó entre 80 y 84 puntos para los años 2004 y 2006.

Según la UNODC, México tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas y cuatro grandes rutas para traficarlas.

El incumplimiento del Protocolo internacional en la materia y cambios constantes en las estructuras delictivas, han favorecido a que las redes de tratantes continúen operando con relativa facilidad.

De acuerdo con el reporte de la UNODC Guerrero, se encuentra como uno de los Estados con mayor incidencia de ese delito.

En los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatonoc aún sigue prevaleciendo la trata de personas, auspiciada por los denominados usos y costumbres.

Los padres de familia, bajo el argumento de los usos y costumbres de sus comunidades literalmente venden a sus hijas por un cartón de cerveza o un guajolote.

Por su parte, el organismo no gubernamental de Tlachinollan, reconocido mundialmente por su férrea defensa de los derechos humanos, ha denunciado públicamente que en la montaña de Guerrero, la marginación y pobreza extrema orilla a algunos indígenas nahuatlecos, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, por usos y costumbres, cuando las hijas cumplen 12 años, sus padres las entregan en matrimonio a cambio de una “dote” que se traduce en especie o en dinero en efectivo.

Tlachinollan documentó denuncias por la entrega de las hijas de entre 12 y 15 años de edad a cambio de dinero, según la práctica de usos y costumbres.

En algunos casos, las jóvenes son llevadas a las familias de sus novios a cambio de una “dote” de 100 mil pesos, lo que la organización no gubernamental calificó de “un comercio” que propicia la violencia familiar debido a que los novios consideran a las mujeres un objeto de su propiedad

La venta de niñas se mantiene en municipios como Cochoapan el Grande, Metlatónoc, Atixtlac y Acatepec, considerados entre los más pobres del país.

Por su parte, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Subdirección del Programa de Trata de Personas, durante la conferencia para prevenir la trata de personas, Libertad sin engaños ni promesas falsas, Meixueiro, celebrada en abril de dos mil dieciséis, señaló que las regiones de la Montaña, Acapulco y Costa Chica, son las que registran más casos de trata de personas en la entidad.

Explicó además que en la entidad, las personas que son captadas para la explotación laboral y sexual provienen de municipios como Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo, Cruz Grande, Alcozauca, Huamuxtitlán, Coyuca de Catalán y Xalpatláhuac.

Resulta evidente que estas prácticas no pueden ser avaladas o consentidas, es necesario respetar la dignidad humana de las mujeres indígenas, debemos buscar erradicar cualquier acción que tienda a violentar los derechos humanos de las mujeres, no podemos permitir más un matrimonio forzado o acordado por una dote.

Debemos respetar el derecho de las mujeres indígenas a decidir libremente, no podemos permitir que las mismas sean utilizadas como un objeto mercantil, debemos de desterrar las indebidas prácticas que laceren su condición de mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes y el federalismo, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que implementen políticas públicas que concienticen a la población indígena a respetar la dignidad humana de las mujeres indígenas de la Región de la Montaña del estado de Guerrero, la importancia de desterrar cualquier práctica que tienda a utilizarlas en matrimonios forzados, y los delitos que pueden configurase en caso de ser explotadas o utilizadas en acciones en contra de su voluntad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

RELATIVO AL INCREMENTO DE FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al incremento de feminicidios en el estado de México, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

Las y los diputados que suscriben, Sandra Luz Falcón Venegas, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Magdalena Moreno Vega, Jesús Serrano Lora y Concepción Villa González, todos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de México es uno de los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, conforman las treinta y dos entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. También es uno de los estados fundadores de la federación, y el de mayor densidad de población, con más de 15 millones de habitantes, por lo que se convierte en la entidad más poblada de nuestro país. Posee una superficie mayor a 22 mil kilómetros cuadrados y se divide en 125 municipios.

El estado de México ha sido cuna de grandes personalidades, incluyendo a mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, destacada escritora y religiosa nacida en San Miguel Nepantla; y a hombres como José María Velasco Gómez, destacado paisajista nacido en Temascalcingo; quienes han contribuido al desarrollo de la vida social, económica, política y cultural de la entidad, y cuyas aportaciones en diferentes ámbitos han ayudado también al desarrollo del país.

El estado de México contribuye con 9.5 por ciento al producto interno bruto (PIB) de México, lo que le posiciona como la segunda economía del país, según lo que ha publicado el diario El Economista, sólo detrás del Distrito Federal. El PIB estatal está compuesto en 28 por ciento por la industria manufacturera, de maquinaria y equipo, de electrónicos, automotriz, textil y maquiladora; 22 por ciento por el sector servicios; 20 por ciento por el comercio, hoteles y restaurantes; y 15 por ciento por los servicios financieros y actividades inmobiliarias.

Los últimos censos señalan que el estado de México tiene una población total de 15 millones 175 mil 862 personas; de las cuales 7 millones 778 mil 876 son mujeres y 7 millones 396 mil 986 son hombres. Entre los principales problemas que aquejan a la entidad destacan: la pobreza y la desigualdad, el crimen organizado, los feminicidios y la ausencia de transparencia en las tareas de gobierno.

De acuerdo con las conclusiones del reporte Midiendo el bienestar en los estados mexicanos,publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una persona que vive en el estado de México puede tener una probabilidad más alta de encontrarse en pobreza, cuatro años menos de esperanza de vida, una posibilidad siete veces mayor de abandonar la escuela, siete veces más probabilidades de trabajar muchas horas por un salario muy bajo y la posibilidad cinco veces más alta de sentirse inseguro en su propia localidad.

En lo que se refiere a los feminicidios, diferentes medios internacionales han dado muestra de la cantidad alarmante de dichos delitos perpetrados en el estado de México. El diario británicoseñala que en dicha entidad entre 2011 y 2012 un total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas. De ese total, 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad. Asimismo, recuerda que entre 2005 y 2011, cuando el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue gobernador del estado, fueron asesinadas mil 200 mujeres.

Por otra parte, el diario estadunidenseapunta que en un sexenio más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México y casi la mitad de ellas con armas de fuego. Esto ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.

Por estas y otras cifras el estado de México vive en la actualidad una situación dramática y alarmante, que nos preocupa y ocupa como legisladores. Por otro lado y durante la última década, esta entidad federativa se ha caracterizado por ser una de las que presentan mayores índices de desigualdad, pobreza y violencia.

El caso Tlatlaya es un botón de muestra que nos da cuenta de esta crisis generalizada que ha convertido al estado de México en uno más de los territorios ingobernables de este país, donde impera un ambiente de absoluta omisión de los graves problemas, violación de los derechos humanos y la impunidad hacia los actores involucrados.

En lo que respecta al feminicidio, el informe sobre este tema en México elaborado y publicado desde 2011 por la ONU Mujeres, el Instituto Nacional de la Mujeres y el Colegio de México,indica que el país ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se registra un aumento sostenido del delito desde 2007 y se estima que en nuestro país son asesinadas 6 mujeres al día.

Desde hace siete años, diversas organizaciones sociales encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)han demandado a las autoridades federales emitir la alerta de género en la entidad, pues consideran que existe “ una violencia estructural y sistemática contra las mujeres”, que se expresa en cientos de asesinatos y desapariciones de niñas y jóvenes con fines de trata.

De 2011 a 2014 se documentaron más de 800 muertes violentas de mujeres, de las cuales menos de una cuarta parte han sido reconocidas e investigadas como feminicidios por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. El menosprecio y el desdén por parte del gobernador Eruviel Ávila hacia esta grave crisis humanitaria, ha contribuido a la consolidación de una ignominia persistente.

En 2017 el 73 por ciento de los feminicidios registrados en el estado de México, las víctimas habían denunciado ante las autoridades ministeriales a su victimario, por lo que no se actuó a tiempo para evitar los crímenes, denunció la organización Mujeres en Cadena.

La dirigente de la agrupación, Xóchitl Arzola Vargas, indicó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los feminicidios en México aumentaron 40 por ciento entre 2006 y 2012 y 95 por ciento quedó impune.

Advirtió que en el estado de México continúan presentándose asesinatos de mujeres cada vez con mayor saña y violencia.

“Han sido desmembradas, calcinadas, torturadas y, en otros casos, empaquetadas, siendo abandonados los cuerpos en la vía pública, en basureros o lotes baldíos”, lamentó.

Para la activista la Alerta de Género “nació muerta” en el estado, pues sólo el año pasado, según cifras de la agrupación, se registraron 263 feminicidios, no obstante que se implementó en 11 de los 125 municipios mexiquenses.

Ecatepec ocupa el primer lugar en el número de feminicidios registrados, seguido de Nezahualcóyotl, Atizapán y Naucalpan.

“En lo que va del presente año, suman más de 45 feminicidios; sin embargo, para el Fiscal General de Justicia a mediados de febrero él contabilizaba sólo dos”, afirmó.

Si bien la Alerta de Violencia de Género para once municipios del estado de México fue declarada –de forma tardía– el 31 de julio de 2015; en 2016 y en lo que va de este 2017, los feminicidios siguen siendo una constante en la entidad. Durante los meses de este año, no ha disminuido y por el contrario se han reportado más feminicidios, sin que un sólo agresor haya sido detenido.

La Alerta de Género emitida en 2015 en el estado de México ha sido un fracaso, afirman organizaciones civiles, pues los 11 municipios donde se implementó siguen siendo los más peligrosos para las mujeres. Las fallas en la aplicación de los protocolos de este mecanismo, así como la indiferencia y omisiones por parte de las autoridades para investigar los asesinatos con características feminicidas, han contribuido en la comisión de este delito. El número de víctimas varía, mientras que el registro de los feminicidas es casi inexistente.

La entidad, cuna del priismo, es líder en asesinatos de mujeres, quienes primero son reportadas como desaparecidas y después de varios días o meses sus cuerpos, con signos de tortura o de abuso sexual, son hallados en zonas deshabitadas y de difícil acceso.

La entidad gobernada por Eruviel Ávila Villegas ya rebasó los niveles reportados por Chihuahua. En lo que va de 2017, en el estado de México se ha reportado la desaparición de 49 mujeres y el asesinato de 46.

Desaparecer mujeres para después asesinarlas brutalmente se ha vuelto una constante en el estado de México, convirtiéndose en el nuevo epicentro de los feminicidios a pesar de que en noviembre de 2015 la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Ecatepec de Morelos, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que de 2005 a 2014, en el estado de México desaparecieron 4 mil 281 mujeres. Mientras que el Observatorio Nacional del Feminicidio refiere que de enero de 2015 a junio de 2016 se reportó la desaparición de 2 mil 43 mujeres, y que 62 por ciento de las víctimas tenían entre 10 y 20 años de edad. En lo que va de 2017, 25 mujeres han desaparecido en la entidad, informó la organización Solidaridad por las Familias.

El Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el estado de México (Mexfem), alertó desde hace un par de años que “las acciones implementadas por el estado de México no corresponden a la verdadera problemática de la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia para las mujeres, pues aun cuando se dotaron de recursos y competencias a ciertas instancias, no resolvieron de fondo la discriminación e impunidad que persiste en estas instituciones, creando un contexto de simulación en esta entidad.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declare al estado de México, estado de emergencia, por el alza alarmante de feminicidios ocurridos en dicha entidad.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, extienda la alerta de violencia de género contra las mujeresa los 125 municipios del estado de México y haga públicos sus resultados.

Tercero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a que en el ámbito de sus atribuciones, active los protocolos adecuados para la atención, el tratamiento y el respeto irrestricto para las víctimas de la violencia de género en la entidad.

Notas:

1 Obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9 xico#Orig en.2C_fundaci.C3.B3n_y_evoluci.C3.B3n_territorial

2 Véase: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/ 2013/ 12/02/monterrey-tercera-economia-pais

3 http://www.elgrafico.mx/la-roja/07-03-2017/el-73-de-muertas-en-edomex-habian-de nunciado.

4 http://www.sinembargo.mx/10-03-2017/3169648

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputados: Sandra Luz Falcón Venegas, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Magdalena Moreno Vega, Jesús Serrano Lora, Concepción Villa González (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NOM-043-SSA2-2012, SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar por la Ssa el procedimiento de actualización de la NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación”, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sara Latife Ruíz Chávez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, inicie el procedimiento de actualización de la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, con la finalidad de incrementar las porciones de frutas, verduras, reducir el consumo de granos y cereales en particular las harinas procesadas como el pan y referir las bondades de la elección de productos lácteos con niveles bajos de grasas al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, la tendencia creciente de la sociedad hacia la obesidad y las enfermedades cardiovasculares ha generado una enorme preocupación en los sistemas de salud pública. El incremento exponencial de las personas con algún tipo o varios de estos padecimientos es una muestra ?más que evidente? del problema al que se enfrenta la sociedad mexicana de este siglo. Aunque los esfuerzos para combatirlos han sido muchos, los resultados no se han comprobado favorablemente aun; por ello es necesario reajustar las estrategias del pasado, así como implementar nuevas, a fin de modificar la propensión al consumo de alimentos que generen disfunciones en el organismo.

Hace más de cincuenta años, la población tenía como “enemigo mortal” a enfermedades como las diarreas, neumonías y paludismo. En el año 2005, ese dejó de ser un ámbito de preocupación que fue desplazado por la diabetes, enfermedades isquémicas cardiacas, cirrosis, enfermedades cerebro-vasculares y la enfermedad obstructiva crónica. Así, en el 2015, las diez principales causas de muerte de la población habitual fueron, en orden descendiente: las enfermedades isquémicas del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, accidentes vehiculares, enfermedades del hígado, enfermedades cerebro- vasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, agresiones, influenza e insuficiencia renal.

La cardiopatía isquémica es la consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo al músculo del corazón por un bloqueo parcial o completo de las arterias que suministran sangre al corazón, reduciendo la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente, cuestión que puede conducir a un infarto. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos con elevaciones de glucosa en la sangre de manera persistente que se puede deber a un defecto en la producción de insulina o a una deficiencia en su uso de la glucosa. Los tumores malignos son alteraciones en los tejidos con agrandamiento anormal. La mala alimentación es un factor determinante en la formación y evolución de los tumores. Las enfermedades cerebro-vasculares son un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro que afecta la función de una zona cerebral; aparejando problemas isquémicos o hemorrágicos.

El año pasado se publicó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (Ensanut 2016), instrumento encargado de develar la situación de la población total del país en la materia y de coadyuvar a que se generen políticas públicas que ayuden con la solución de los problemas presentados. En ella se observó un aumento en la prevalencia de diagnóstico médico por diabetes, sobre todo entre los mayores de 60 años de edad.

Tabla 1: Diabetes diagnosticada

Tabla 2: adultos diagnosticados con diabetes

El reporte de diagnóstico previo fue mayor para las mujeres con el 10.3 por ciento de las encuestadas afectadas, en localidades tanto urbanas como rurales. Los hombres en localidades urbanas tuvieron menor proporción de diagnóstico previo, en comparación con los habitantes de zonas rurales. La mayor prevalencia observada fue en la región sur del país, aunque en la zona centro, las mujeres presentaron la enfermedad en mayor porcentaje. El 87.8 por ciento de los adultos encuestados afirmó recibir tratamiento médico para su padecimiento. Dentro de las complicaciones, la mayoría reportó visión disminuida, daño en la retina, perdida de la vista úlceras y amputaciones; en mayor proporción que en 2012.

Tabla 3: Complicaciones reportadas en diabéticos

No obstante la prevalencia de adultos que conoce su estado de salud, el 46.6 por ciento de ellos no realiza las medidas preventivas para evitar o retrasar las complicaciones. Dentro de estas medidas se encuentra la revisión de pies, estudios de laboratorio para colesterol y triglicéridos, vacunas contra la influenza, y revisión oftalmológica.

Otra enfermedad relacionada con la mala calidad alimenticia es la hipercolesterolemia. El 44.5 por ciento de los encuestados afirmó haber recibido exámenes para su medición, de ellos, el 28 por ciento fue detectado con ella. En México, el 25.5 por ciento de la población padece de disfuncionalidad en la presión arterial.

Tabla 4: Casos de hipertensión arterial en adultos

En tema de la obesidad en el país es de suma relevancia puesto que la calificación, respecto de los demás países es que somos el que tiene mayores índices a nivel mundial. El sobrepeso y obesidad en niñas y niños en edad escolar fue del 33.2 por ciento, con un crecimiento de la obesidad en casi 1 por ciento. La mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso se encuentra en las zonas urbanas, para este rango de edad, equivalente al 35 por ciento, comparado con el 29 por ciento en las rurales (aunque éste incrementó 2 por ciento respecto del 2012).

Tabla 5: Sobrepeso y obesidad en personas de 5 a 11 años por sexo

El estado de nutrición de la población entre 12 y 19 años fue de 36.3 por ciento de adolescentes obesos (13.9) y con sobrepeso (22.4 por ciento), con una tendencia al aumento. Las mujeres adolescentes suelen superar en porcentaje a los hombres por casi 6 puntos porcentuales. No obstante lo preocupante de los números, la prevalencia combinada disminuyó 1 por ciento de la encuesta pasada a la actual en las localidades urbanas.

Tabla 6: Sobrepeso y obesidad en población de 12 a 19 años por sexo

En adultos de 20 o más años, la prevalencia combinada fue de 72.5 por ciento, cifra mayor a la del año 2012. Esta es mayor en mujeres que en hombres, 75.6 por ciento y 69.4 por ciento respectivamente. La obesidad mórbida es 2.4 veces mayo en mujeres. En las localidades rurales fue 11.6 por ciento mayor la prevalencia de sobrepeso, en comparación con las zonas urbanas; y 16.8 por ciento mayor en las zonas urbanas respecto de las rurales en obesidad. Las cifras para la población en edad adulta son de mayor preocupación en las mujeres por el alto crecimiento de ambos rubros en las últimas décadas y entre las encuestas.

Tabla 7: Prevalencia de sobrepeso y obesidad comparada en mayores de 20 años por sexo

En cuanto al consumo de alimentos de los encuestados, podemos observar la influencia directa de tal en el sobrepeso y obesidad. Las personas entre 5 y 11 años consumieron una pequeña cantidad de verduras (20 por ciento); cerca de la mitad consumió frutas y huevo; más del 60 por ciento consumió leguminosas, agua y lácteos; y más del 40 por ciento carnes no procesadas. El 62 por ciento consumió botanas, dulces y postres; el 53 por ciento comió cereales dulces; el 82 por ciento, bebidas no lácteas endulzadas y el 40 por ciento, bebidas lácteas endulzadas.

Los adolescentes consumieron en su gran mayoría agua (83 por ciento), más del 60 por ciento comió leguminosas y lácteos. Poco menos del 50 por ciento consume carnes y huevo. El 39 por ciento consume frutas y el 27 por ciento, verduras. Más del 80 por ciento consume bebidas endulzadas no lácteas y más del 60 por ciento ingiere botanas, dulces y postres. Alrededor del 20 por ciento de los adolescentes mexicanos consume carnes procesadas y comida rápida.

El agua simple es el producto más consumido en la población adulta. El 87 por ciento de los mayores de 20 años consume carne, con mayor incidencia en las localidades urbanas. El 76 por ciento consume legumbres, más en las regiones rurales. El 65 por ciento consume lácteos, mayormente en las ciudades. Más del 50 por ciento de los adultos en México consume huevo. El grupo de alimentos que menos se consume entre los adultos son las verduras, con un reporte de 43 por ciento de consumidores. Alrededor del 85 por ciento consume bebidas no lácteas endulzadas, el 46 por ciento cereales, dulces y el 41 por ciento come botanas, dulces y postres.

Con base en lo anterior se verifica la interconexión entre el consumo de productos procesados como harinas, bebidas endulzadas provenientes o no de los lácteos, botanas, postres, dulces, carnes procesadas y demás, con el aumento sostenido en la obesidad y el sobrepeso. La regulación de planes que ataquen directamente estas desviaciones en el consumo tiene como fin evitar las enfermedades que se posicionan en los primeros lugares de causa de muerte entre los mexicanos, aunado a la disminución de la calidad de vida que implica su padecimiento.

Así, además de buscar soluciones y estrategias de mejoramiento en la calidad de vida y salud de la población, es imprescindible que se lleven a cabo estrategias en las que la prioridad de consumo de alimentos esté enfocada hacia las verduras y, en menor cantidad, las frutas. La modificación en las proporciones de los tres tipos de alimentos señalados en el plato del buen comer es un paso en el mejoramiento de la información proporcionada a los consumidores.

Igualmente, las cantidades recomendadas en las cinco veces que se recomienda comer deben restablecerse y priorizar la ingesta de una cantidad mayor tanto de verduras y frutas como de lácteos bajos en grasa. De manera conjunta, también se debe establecer la inconveniencia de tomar bebidas endulzadas de origen diferente al lácteo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud inicie el procedimiento de actualización de la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación; con la finalidad de incrementar las porciones de frutas, verduras, reducir el consumo de granos y cereales en particular las harinas procesadas como el pan y referir las bondades de la elección de productos lácteos con niveles bajos de grasas.

Notas:

1 Ingei, Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido, Consulta de resultados: tabulados básicos, 2015. Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/ mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp.

2 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, octubre del 2016. Disponible en: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/encuestas/resultados/Ensanut.pdf.

3 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 47.

4 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 53.

5 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 56.

6 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 65.

7 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 67.

8 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 69.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Sara Latife Ruíz Chávez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EL EJERCICIO DE LA LABOR PERIODÍSTICA Y LA VIDA, SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la libertad de expresión, el ejercicio de la labor periodística y la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en México, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

1. Para la UNESCO, México es el quinto país en el mundo donde resulta más peligroso ejercer el periodismo y el más riesgoso en América Latina.

2. La CNDH informó a este Honorable Congreso de la Unión el pasado 25 de enero de 2017, que se tienen 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas.

3. Durante el tercer trimestre de 2016 fueron asesinados Pedro Tamayo, reportero de Tierra Blanca, Veracruz; Agustín Pavía, locutor de Huajuapan, Oaxaca; Aurelio Cabrera, reportero y director de un medio de Huachinango, Puebla; Jesús Adrián Rodríguez, reportero del grupo Radio Divertida de Chihuahua.

4. En lo que va del 2017 ha sido privado de la vida el periodista Cecilio Pineda Brito, editor del Periódico La Voz de Tierra Caliente, Guerrero; y se han reportado al menos 15 agresiones a periodistas en 13 Estados de la República.

5. En ninguno de estos casos documentados, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de los periodistas.

6. La omisión de las autoridades judiciales para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales en estos casos, envía un mensaje de permisibilidad de la violencia en contra de los periodistas en México, así como de desprecio hacia la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a la información.

7. Las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en relación con el asesinato del periodista Cecilio Pineda, son inaceptables, la respuesta del Gobierno Federal no puede ser: ?se lo advertimos?, el Estado, tal y como lo dice la Constitución, tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de los periodistas.

8. Rechazamos tajantemente la respuesta del Gobierno de la República ante el asesinato del periodista Cecilio Pineda Brito. Es inaceptable que el Gobierno Federal conociera las amenazas hechas al periodista 17 meses antes de su lamentable deceso.

9. Exigimos que se tomen las medidas necesarias para que se atienda de inmediato la situación de violencia en contra de los periodistas y medios de comunicación en México, y demandamos sensibilidad por parte del Gobierno de la República ante esta lamentable y dolorosa situación.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la República a cumplir con sus facultades constitucionales y legales a efecto de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio de la labor periodística, así como la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en todo el territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de marzo de 2017.— Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

Se turna la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, para opinión.

EFEMÉRIDES

“DÍA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA”

«Efeméride con motivo del 18 de marzo, “Día de la Expropiación Petrolera”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La expropiación petrolera se dio el 18 de marzo de 1938 decretada por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Rio, fue el resultado de implementar la Ley de Expropiación de 1936 y de la Reforma al artículo 27 Constitucional que fueron aplicados a las compañías petroleras que en eso tiempo operaban en nuestro país.

A principio de la década de los treinta, la industria petrolera en México estaba dominada por compañías extranjeras, los trabajadores del sector petrolero ya tenían en su haber varios intentos de querer organizarse formando sindicatos en sus respectivas compañías para poder defender sus derechos y de esa manera acceder a mejores condiciones laborales, así como la paga de salarios justos y la homologación de sus trabajadores en todo el sector.

En el artículo 27 de la constitución de 1917 que promulgara el presidente Venustiano Carranza ya estaba de manifiesto que todos los yacimientos incluido el petróleo pasan a dominio directo de la Nación, con esa modificación al mencionado artículo las compañías petroleras sacaron el mayor provecho antes de que se les aplicaran la ley.

Cuando Lázaro Cárdenas asumió el cargo de presidente de la República una de las primeras acciones que tomo fue la creación de sindicatos para proteger los derechos laborales de los trabajadores, y fue la lucha del sindicato petrolero la que hizo que el presidente tomará la decisión de nacionalizar el petróleo, gracias a esta política de apoyo a la clase obrera para que se organizara y pudiera exigir sus derechos laborales fue que se fundó primero Petromex, para después convertirse en lo que hoy es Pemex.

Para el año de 1935 y a pesar de las múltiples negativas y represiones los trabajadores lograron formar el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, que inmediatamente redactó un proyecto de contrato colectivo en el que solicitan que la jornada laboral no exceda de 40 horas y que si algún miembro del sindicato enfermara se le pagara integró su salario, este proyecto de contrato colectivo tenía la encomienda de sustituir todos los contratos colectivos que regían en las diferentes compañías petroleras.

Pero fue hasta el año de 1937 cuando el sindicato demandó la firma del contrato colectivo, que las compañías no aceptaron, entonces el sindicato emplazó a huelga el 17 de mayo de ese año, y la lucha porque se le reconociera al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el contrato colectivo que habían redactado para que aplicara en todas y cada una de las empresas que operaban en el País, esto se logró gracias a que la Junta General de Conciliación y Arbitraje falló en un laudo a favor del Sindicato, que obligaba a las compañías a pagar 26 millones de pesos al sector obrero, las compañías no acataron la orden de la Junta y buscaron ampararse ante la Suprema Corte de Justicia, quien les negó el amparo confirmando el falló de la autoridad laboral.

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia, las empresas extranjeras decidieron no cumplir con el mandato de la autoridad laboral y eso fue lo que provocó que el presidente Lázaro Cárdenas decretara la expropiación petrolera, convirtiendo a estas compañías en propiedad del Estado.

Es aquí, con la terminación de la ardua lucha porque se le reconocieran sus derechos laborales a los trabajadores del sector petrolero que nace como ya se había comentado con antelación primero Petromex, que ya después se convirtió en lo que hoy es Pemex que desde entonces y hasta antes de la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto era la única que podía explotar y administrar todos los yacimientos petroleros del país.

Por muchas décadas Pemex fue un gran modelo de empresa petrolera, pero en los últimos 25 años la paraestatal no se renovó tecnológicamente y esto le impidió convertirse en una empresa dinámica y de primer mundo, lo que a la postre provocó que la producción petrolera fuera muy limitada.

Con la reforma energética nos vendieron que al país le iba a ir bien, y la realidad es que no se ve ningún tipo de mejora en la economía de las familias mexicanas, al contrario cada día está más difícil la situación en la vida de la población, cada día hay más pobres.

Cabe recordar que fue en los últimos años donde se acrecentó el saqueo a Pemex, un ejemplo es el sexenio de Vicente Fox y en los 2 primeros años de Felipe Calderón, hablamos de los años 2001 al 2008, la empresa obtuvo excedentes petroleros por más de un billón de pesos revelo la Auditoria Superior de la Federación, en su informe de la cuenta pública de 2008.

La pregunta es: ¿dónde quedaron esos recursos de los excedentes petroleros?

Quizá en los bolsillos de las empresas extranjeros que operan al amparo del gobierno, o en los bolsillos de los funcionarios de primer nivel del gobierno, es una pregunta que la administración actual debería responder.

Desafortunadamente en nuestro país lo que se logró construir con tanto esfuerzo y dedicación, durante muchos años, fue destruido hundiendo por los pésimos gobiernos en muy poco tiempo, gobiernos que no supieron administrar a la empresa que desde su creación fue la base de las finanzas públicas.

Por eso hoy en el día de la conmemoración de la expropiación petrolera, es bueno preguntarnos:

¿Todavía lo debemos de festejar?

Notas:

http://lalupa3.webcindario.com/eventos/La%20expropiacion%20petrolera.htm

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2010/02/17/ excedentes-petroleros-superaron-1-billon

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

CONMEMORACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA EN MÉXICO

«Efeméride con motivo de la conmemoración de la expropiación petrolera en México, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Fue el 18 de marzo de 1938, cuando el General Lázaro Cárdenas del Río, que en ese entonces se desempeñaba como presidente de la República Mexicana, congregó a su gabinete para notificar la decisión de nacionalizar las empresas petroleras por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales. Tiempo más tarde el mensaje fue transmitido por radio a toda nación, anunciando así la expropiación petrolera.

Esta reforma significaba un gran paso para el rumbo del país. Regresaba la pertenencia legal del petróleo a México y a sus mexicanos, ya que en aquel entonces era explotado por 17 compañías extranjeras, además de que demostraba la defensa de los trabajadores de la industria y sobre todo el respeto a nuestras leyes.

Mostrando el apoyo hacia la decisión presidencial, se realizaron dos grandes marchas donde se manifestó el respaldo de todos los ciudadanos. Y es que si bien la expropiación petrolera tuvo como resultado el rompimiento de las relaciones diplomáticas de nuestro país con Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos, así como un embargo comercial de su parte, también significó la defensa de la dignidad mexicana y el inicio de una nueva era económica para el país.

Como consecuencia a la expropiación petrolera, el 7 de junio de 1938 se constituyó Petróleos Mexicanos como la única compañía con el derecho de explotar y administrar los yacimientos de petróleo en nuestro país.

Desafortunadamente toda esta gloria ha quedado atrás. La historia de nuestra independencia petrolera va del orgullo a la pena. Va de las honrosas historias de mexicanos que donaban ganado, joyas y dinero con la finalidad de cubrir la indemnización que el gobierno tenía que pagar a las compañías petroleras por su decisión, hasta el poder ejecutivo y legislativo actual que viviendo en la opulencia y acosta de su población, le arrebataron a la ciudadanía algo que tanto trabajo le costó.

Hoy que se conmemora la expropiación petrolera, lo menos que podemos hacer es hablar de frente y hacer una crítica responsable a la reforma energética impulsada por el ejecutivo federal, con la finalidad de que las generaciones presentes no olviden el orgullo que alguna vez significó esta etapa en la historia de México, y con la esperanza de que no olviden luchar por ella.

Seamos claros, la reforma energética es la jugada maestra de Estados Unidos para garantizar su seguridad energética a costa de nuestro país.

La reforma energética fue solo un ejemplo más de que el enemigo más peligroso de México es un mexicano, pues gracias a los intereses miserables de unos cuantos mexicanos, uno de los principales recursos de todo un país se ha puesto en riego.

La reforma ni trajo precios bajos, ni trajo transparencia, y mucho menos estabilidad económica.

La decisión en materia energética tomada en 1938 tuvo como resultado la unión social, así como marchas en apoyo a la decisión del ejecutivo, mientras que en 2013 y a la fecha, encontramos una población que ya no sabe cómo expresar su descontento ante las decisiones impuestas arbitrariamente por el gobierno federal, y a un ejecutivo cínico que parece tener profunda sordera.

Este 2017 arrancamos el año con la liberación del precio de las gasolinas, la cual solamente ha traído el descontento de los ciudadanos a flote; y es que en país donde el salario mínimo no ajusta y el precio del dólar se dispara, yo me pregunto: ¿qué esperaba el señor presidente?

A todos aquellos cómplices de una de las mayores deshonras que se le ha hecho al país, solo puedo esperar que vivan señalados gracias a la falta a la patria tan vil que realizaron, de igual forma deseo que el tiempo no tarde en traernos gobernantes responsables que rescaten no solo el petróleo de México, sino lo más importante, su dignidad.

Y es que como bien reza un grito escuchado popularmente en las manifestaciones: “País petrolero y el pueblo sin dinero”.

Notas:

1 “Expropiación Petrolera”. Industria Petrolera Mexicana. http://www.industriapetroleramexicana.com/2011/03/expropiacion-petrolera/

2 Ídem.

3 “La Expropiación Petrolera”. La Lupa. http://lalupa3.webcindario. com/eventos/La%20expropiacion%20petrolera.htm

4 “La disputa por el petróleo en México”. Jurídicas UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2729/5.pdf

5 “El presidente Cárdenas expropia la industria petrolera“. Memoria política de México. http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/3/18031938.html

6 “Reforma energética impuesta por Estados Unidos”. Regeneración. 31 de julio de 2014. http://regeneracion.mx/reforma-energetica-impuesta-por-estados-unidos/

7 “La Reforma Energética fracasó, ¿y ahora?”. El Financiero. 2 de enero de 2017. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-reforma-energetica-fracaso-y-ahora.ht ml

8 “MxM: Continúan las marchas contra el ‘gasolinazo’ en el país”. Excélsior. 22 de enero de 2017. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/22/1141443

9 “Dan fast track a la reforma energética”. El Universal. 12 de diciembre de 2013. http://archivo.eluniversal.com.mx/primera-plana/2013/ impreso/aprueban-diputados-reforma-energetica-43744.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 16:38 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 21 de marzo de 2017, a las 11 horas. Muchas gracias.

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