INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 21 de marzo de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 21 de marzo de 2017 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 78 de la Ley Aduanera, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión.

2. Que reforma los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México, a cargo del diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Marina, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, para que atiendan de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en el estado de Quintana Roo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas nacional y estatales del DIF, a implementar campañas de información dirigidas a las comunidades de mexicanos que se encuentran dentro de territorio de los Estados Unidos de América, a efecto de que cuenten con un plan preventivo de custodia para aquellos menores que pudieran ser separados de sus padres, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, a que hagan públicos los motivos del recorte de más de nueve mil millones de pesos del programa presupuestal de administración de agua potable correspondiente a la Conagua del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y garanticen el no aumento de tarifas por su suministro, suscrito por los diputados Oscar Ferrer Abalos, Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Alvarez y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE, a sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la subestación eléctrica Culhuacan en la Colonia Cerro de la Estrella, en la demarcación Iztapalapa de la CDMX, a fin de salvaguardar el derecho a la vida, el medio ambiente sano, la seguridad física y el desarrollo comunitario de los habitantes de dicha zona, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Protección Civil, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a desistirse de la acusación de portación de armas exclusivas del Ejército contra el doctor José Manuel Mireles; así como al juez federal quinto en materia penal, a dictar su traslado al penal de Morelia, Michoacán, para resolver de manera expedita su situación jurídica, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE, para que se realice la actualización correspondiente a los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple para los pensionados y jubilados, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhortar al Ejecutivo federal, a que permita la libre circulación en todo el territorio nacional de vehículos traídos al país por mexicanos repatriados de los Estados Unidos de América hasta por dos años previos a su regularización, suscrito por los diputados Juan Carlos Ruiz García y Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, incluya en la revisión a la Cuenta Pública 2016, una auditoría con enfoque vertical a los contratos que la empresa brasileña Odebrecht ha celebrado con las empresas productivas del estado, desde el 2010 a la fecha; asimismo, se solicita al titular de Pemex a colaborar para una efectiva rendición de cuentas y combatir la corrupción e impunidad, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo, a abstenerse de intervenir en la vida sindical de sus trabajadores y a reconocer diversos derechos del Sindicato Independiente de Trabajadores, Técnicos y Profesionistas de dicha institución, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, relativo a la evaluación de resultados y procedimiento operativo del 2017, para la aplicación del estímulo fiscal al diésel agropecuario, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a realizar campañas con carácter permanente de impulso y difusión de los destinos con el sello distintivo denominado: Paraísos Indígenas, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta diversas instituciones federales y de la CDMX, a emprender coordinadamente acciones urgentes para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos en dicha entidad debido al aumento de feminicidios, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a aumentar la cantidad que se podrá deducir del ISR respecto del estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios de enseñanza en educación básica y media superior, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la publicación de los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo al Migrante, así como a dar prioridad en la asignación de recursos a las entidades federativas con mayor recepción de migrantes y repatriados, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF, a incrementar el número de centros de asistencia social para atender las necesidades de la población infantil, especialmente la migrante; asimismo, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a supervisar que los centros de asistencia social den cumplimiento a los requerimientos que enmarca la normatividad a nivel nacional e internacional, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a exentar del pago del impuesto sobre tenencia en 2018, a los automóviles cuyo valor sea menor a 400 mil pesos y a abrogar de su legislación el cobro de ese impuesto a partir de 2019, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la SRE, a desarrollar estrategias integrales relacionadas con la defensa de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos de América y la renegociación del TLCAN, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al gobierno del estado de Oaxaca, a ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de infraestructura carretera en la región mixteca oaxaqueña, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.»

INICIATIVAS

LEY ADUANERA

«Iniciativa que reforma el artículo 78 de la Ley Aduanera, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, diputados federales Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Francisco Saracho Navarro, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras y Brenda Borunda Espinoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley Aduanera, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La Organización de las Naciones Unidas, define a la globalización como un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes, productos, información, conocimientos, cultura y mediante la integración económica, la cual se produce cuando los países reducen los obstáculos, como los aranceles de importación, y abren su economía a la inversión y al comercio con el resto del mundo.

II. El Estado Mexicano al ser parte de la comunidad internacional no es ajeno a este fenómeno, motivo por el cual actualmente cuenta con una red de 12 tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración siendo del interés de la presente propuesta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá el 17 de diciembre de 1992 y ratificado por el Senado de la República el 8 de diciembre de 1993 y el cual, tiene entre sus objetivos el de eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios entre los territorios partes.

En ese sentido, el anexo 300-A, apéndice 300-A.2 del TLCAN en el apartado referente a los vehículos usados, establece en su numeral 24 una eliminación gradual de las prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos usados provenientes de territorio de otra de las partes, señalando que para el 1º de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción en la materia .

III.En lo relativo a la importación definitiva de vehículos usados a México, existen diversos instrumentos jurídicos que la regulan, siendo este el caso de la Ley Aduanera, las Reglas Generales de Comercio Exterior y el “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, publicado con fecha del 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, cuya vigencia se ha prorrogado en distintas ocasiones, siendo la más reciente la publicada en el mismo medio de difusión el día 26 de diciembre del 2016, la cual amplía la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre del año 2017.

IV.En ese orden de ideas es importante señalar que el costo para realizar la importación de dichos vehículos usados está compuesto por diversos impuestos y derechos tales como el Impuesto General de Importación, el Impuesto al Valor Agregado, el Derecho de Trámite Aduanero, los costos de prevalidación y los honorarios del agente aduanal que realiza el trámite, entre otros.

Cabe mencionar que para determinar el monto para el pago de los conceptos antes mencionados, la autoridad utiliza como valor de referencia para determinar la base gravable el valor del vehículo de acuerdo al denominado anexo 2 de “precios estimados aplicables a la importación de vehículos usados por año modelo” el cual establece de manera unilateral el valor en dólares que la autoridad “considera” tienen los vehículos ahí enlistados, valores que cabe mencionar son totalmente ajenos a la realidad del mercado.

V.Con el objeto de ilustrar la presente iniciativa se realizara un ejercicio del costo aproximado que tendría el importar un vehículo usado de procedencia extranjera tomando como referencia un tipo de cambio de $20.00 pesos de acuerdo a lo siguiente:

Como se desprende de la tabla anterior, el costo aproximado para realizar la importación del citado vehículo con el precio “estimado” por la SCHP sería de alrededor de $22,921 pesos.

VI. Como ya fue mencionado en el IV considerando, los precios “estimados”por la SCHP son totalmente ajenos a la realidad, ya que el mismo vehículo del ejercicio anterior puede ser adquirido en el mercado por la cantidad de $3,995 USD, de acuerdo a consulta realizada con fecha del 4 de enero del 2017 a la página https://www.cargurus.com ( Anexo I), en ese orden de ideas, el mismo ejercicio pero tomando ese valor de referencia nos daría los siguientes datos:

Como se puede apreciar, existe una diferencia de $8,432 pesos a pagar por concepto de impuestos y derechos entre los que son determinados con base en los precios “estimados” de la SCHP y los que correspondería pagar si se tomara como base para el pago de los mismos a los precios reales de mercado, dicha diferencia representa por si sola un 10.55% del precio que paga la persona en el segundo supuesto por la adquisición del automóvil, por lo que en los términos del considerando VIII tendría que destinar de manera íntegra su salario equivalente a 1 mes 12 días de trabajo para poder cubrir únicamente la diferencia antes referida, esto sin tomar en cuenta el costo total de los impuestos y derechos del trámite.

VII. Como ya fue mencionado en el segundo párrafo del IV considerando, el citado anexo establece los “precios estimados” para los vehículos usados de una manera unilateral sin tomar en cuenta el hecho de que en Estados Unidos y Canadá, los vehículos sufren una acelerada y mayor depreciación en comparación con México, lo anterior debido a las condiciones económicas y de consumo de aquellos países, además de factores tales como la gran oferta de marcas y modelos, bajas tasas de interés, múltiples y atractivos programas de financiamiento además de una menor carga impositiva para la adquisición de vehículos nuevos, lo que provoca que resulte mucho más económica la adquisición de un vehículo usado en dichos territorios que en el mercado nacional, por lo que es común que los habitantes de la franja o región fronteriza adquieran dichos vehículos en aquellos países para posteriormente importarlos al territorio nacional, lo anterior sumado al hecho de que en la frontera no existen autos mexicanos usados a bajo costo.

VIII.Existe la errónea creencia de que los habitantes de la frontera norte del país debido a la cercanía que tienen con los Estados Unidos cuentan con un ingreso mayor y una mejor calidad de vida en relación con la de los habitantes del resto del país, situación que es totalmente falsa ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre del 2016 en los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en promedio el 63% de la población económicamente activa ocupada, percibía una remuneración de 3 o menos salarios mínimos diarios, lo que es equivalente a un ingreso mensual igual o menor a los $6,135.00 pesos mensuales.

Haciendo un ejercicio tomando en cuenta dicho ingreso y distribuyéndolo conforme a lo señalado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2014sin tomar en cuenta la inflación de los últimos dos años, obtendríamos los siguientes datos:

Como se desprende del ejercicio anterior, el presupuesto de las familias mexicanas de los estados fronterizos resulta ser muy ajustado, quedando poco o nulo margen para poder ahorrar y en su caso comprar o poder dar el enganche de un automóvil nuevo, sumado esto a que en muchas ocasiones dicho segmento de la población no son candidatos o no se encuentran posibilitados al pago de algún tipo de crédito, por lo que su única posibilidad es comprar un auto usado de procedencia extranjera, para posteriormente importarlos al territorio nacional al amparo de la Ley Aduanera o del decreto citado en el III considerando.

IX.La Ley Aduanera, entre otros ordenamientos jurídicos, es la que regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías, incluidos los vehículos usados en mención, por lo que es importante mencionar lo establecido en su artículo 64 el cual establece que la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que la ley en la materia establezca otra base gravable.

En el mismo sentido, también establece que el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, entendiéndose por este al precio pagado por ellas siempre y cuando concurran determinadas circunstancias, por lo que, de no ser así, se atenderá a lo establecido en el artículo 71 de la Ley, mismo que establece diversos métodos para determinar su valor y así la base gravable.

X.En el caso concreto de los vehículos usados, lo establecido en el considerando anterior no les es aplicable en virtud de dos elementos, el primero, los multicitados “precios estimados” y el segundo, por lo señalado en el último párrafo del artículo 78 de la Ley que determina que la base gravable para estos, será la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehículo nuevo, de características “equivalentes”, del año modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectúe la importación, una disminución del 30% por el primer año inmediato anterior, sumando una disminución del 10% por cada año subsecuente, sin que en ningún caso exceda del 80%.

XI.Como ya fue establecido en los puntos anteriores, tanto los precios “estimados” como el factor de depreciación que marca la Ley Aduanera no son apegados a la realidad por las razones antes expuestas, elevando así el costo para realizar la importación de los vehículos la cual en muchas ocasiones resulta mucho más costosa que el costo pagado por el mismo vehículo.

XII. En cuanto a la importación definitiva, las dificultades administrativas para realizar el trámite sumadas a la gran diferencia entre el valor efectivamente pagado y el valor que la SCHP asigna para determinar los impuestos y derechos de importación, generan que esta no se realice en los términos que marca la ley, por lo que actualmente en la región fronteriza circulan una gran cantidad de vehículos que han ingresado por las aduanas nacionales y se encuentran de forma irregular en el territorio nacional, generando entre otros, los siguientes problemas:

• No se cuenta con un registro o padrón que señale la cantidad de dichos vehículos circulando en la región o franja fronteriza.

• Carecen de placas o de algún tipo de registro que permita su identificación o la de su propietario, situación que genera que estos se puedan utilizar en la comisión de actos delictivos, aumentando así los problemas para brindar efectiva protección a la seguridad pública.

• Al encontrarse dentro del territorio nacional de manera irregular no cuentan con seguro de daños o responsabilidad civil;

• Se desconoce si estos cumplen o no con las normas en materia ambiental vigentes.

• El Estado mexicano deja de percibir ingresos por concepto de importación, registro vehicular, emplacamiento y verificación vehicular entre otros.

• Al carecer sus propietarios de una certeza jurídica con relación a sus automóviles, se generan condiciones para la realización de actos de corrupción por parte de las autoridades, ya que ante el miedo de estos a perder su patrimonio son susceptibles de extorsiones y abusos, en el mismo sentido, al carecer de dicha certeza jurídica, estos se vuelven vulnerables a ser víctimas de fraudes por parte de asociaciones que venden gestorías para la supuesta regularización de los vehículos, sin que estas tengan valor jurídico ante la autoridad.

XIII.En virtud de lo anterior, entendiendo que el mercado comercial se encuentra en constante cambio y evolución, conscientes de que el marco normativo debe siempre procurar el mayor beneficio para quienes se encuentran dentro de los supuestos que la ley plantea, es oportuno realizar esta propuesta en la que se actualice y se aumente el factor de depreciación marcado en el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley Aduanera, lo anterior a efecto de que los impuestos y derechos pagados para la importación de vehículos usados a la franja o región fronteriza se determinen tomando como referencia para su base gravable, precios más apegados a la realidad en relación a lo que efectivamente es pagado por los mismos en el mercado de autos usados de los Estados Unidos de América.

Expuesto lo anterior, sometemos a consideración de esta H. asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

“Artículo 78. ...

...Cuando la documentación comprobatoria...

...Como excepción a lo dispuesto en los párrafos anteriores, tratándose de vehículos usados, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley, la base gravable será la cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehículo nuevo, de características equivalentes, del año modelo que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectúe la importación, una disminución de 50 por ciento por el primer año inmediato anterior, sumando una disminución de 10 por ciento por cada año subsecuente, sin que en ningún caso exceda de 80 por ciento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml

2 https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-12-tratados-de-libre-comercio ?idiom=es

3 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

4 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/ regulares/enigh/enigh2014/tradicional/doc/resultados_enigh14.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputados: Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Nancy Sánchez Arredondo, Francisco Saracho Navarro, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras, Brenda Borunda Espinoza. (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO

«Iniciativa que reforma los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México, a cargo del diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Carlos Federico Quinto Guillén, en su carácter de diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el inciso b de la fracción IV y la fracción VII del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se adiciona la fracción IV Bis al artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México tiene un territorio nacional privilegiado, que alcanza 5 millones 120 mil 679 kilómetros cuadrados, de los cuales 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados corresponden a la zonas económica exclusiva y mar territorial, que incluyen a las islas, cayos, arrecifes, etcétera, por lo que cuenta con múltiples variedades y grandes cantidades de recursos naturales, tanto vivos como no vivos. Además, es oportuno reconocer que posee una ubicación geográfica estratégica, por su calidad bioceánica, con acceso a rutas marítimas fundamentales en materia de comercio que lo ubica en una posición privilegiada.

El Estado mexicano, como miembro de la Organización Marítima Internacional, ha firmado diversos convenios y tratados internacionales en materia marítima. Esto lo obliga a supervisar que las embarcaciones tanto nacionales como extranjeras, así como puertos e instalaciones portuarias, cumplan la normativa en seguridad y protección marítima, así como la aplicación del marco legal vigente en las zonas marinas mexicanas.

Por ello se deben establecer acciones de vigilancia en dichas zonas marinas, así como efectuar visitas e inspecciones a las embarcaciones para constatar que se cumplan las condiciones de seguridad y protección marítima, cumplimiento de la legislación en materia de explotación de recursos renovables y no renovables, salvaguarda de la vida humana en la mar, así como compromisos internacionales de los que México sea parte, para mantener en citadas zonas marinas un Estado de derecho que incentive las actividades marítimas que impactan en el desarrollo económico y social del país.

Resulta importante señalar que el Estado mexicano para el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de sus asuntos de orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo federal, cuenta con distintas dependencias a quienes, conforme a su ámbito de competencia les confiere atribuciones, mismas que se encuentran previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se da certidumbre jurídica a los actos de autoridad.

De acuerdo con lo anterior, las acciones de vigilancia en las zonas marinas mexicanas, así como visitas e inspecciones de las embarcaciones para supervisar que se cumpla con el del Estado de derecho, las realiza el Estado mexicano facultando a la Secretaría de Marina.

El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confiere a la Secretaría de Marina atribuciones, de las cuales resulta importante destacar

• Ejercer la soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio;

• Ejercer la vigilancia de las zonas marinas mexicanas; las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales nacionales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte en la Zona Contigua y en la Zona Económica Exclusiva, y funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho en citadas zonas;

• Ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas en el cumplimiento del orden jurídico nacional; seguridad marítima, salvamento en caso de accidentes o incidentes de embarcaciones y búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar y el control de tráfico marítimo; vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, así como en materia de protección marítima y portuaria;

• Establecer y dirigir el servicio de búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en la mar; regular y vigilar la seguridad de la navegación, así como proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima; e

• Inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia para preservar, las áreas naturales protegidas.

La realización de las tareas para cumplir estas atribuciones, requiere por su ámbito de competencia de una organización con personal altamente capacitado y medios especializados, con capacidad de presencia permanente en todo el territorio marítimo nacional para lo cual, el Estado mexicano cuenta con la Armada de México.

La misión principal de la Armada de México, para el Estado mexicano, es emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, por lo cual es una Institución nacional de carácter permanente.

La Armada de México es organizada, administrada y preparada por la Secretaría de Marina, la cual encuentra su fundamento en el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece:

...A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar, administrar y preparar la Armada...

La Armada de México lleva a cabo de manera cotidiana las atribuciones que la Ley Orgánica de la Armada le confiere como autoridad, entre las cuales se destacan

• Cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano.

• Realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional, en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes.

• Vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva.

• Garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, por sí o coadyuvando con las autoridades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos de la legislación aplicable.

Aunado a la obligación contraída por el Estado mexicano para cumplir con los tratados y convenios internacionales en materia de seguridad y protección marítima, resulta importante señalar que en las zonas marinas mexicanas, conformadas por el mar territorial, aguas interiores, plataforma continental, plataforma insular, zona contigua y la zona económica exclusiva, así como de las costas y recintos portuarios, pueden presentar a la comisión de hechos ilícitos de diversa naturaleza, por lo que Secretaría de Marina al estar ejerciendo sus atribuciones a través de la Armada de México, esta es la que advierte citados ilícitos, por lo que ha tenido que intervenir ejerciendo funciones tendientes al mantenimiento del estado de derecho en las áreas citadas.

Otro aspecto más por considerar son las bondades geográficas y de recursos naturales que se enunciaron al principio, lo cual propician el desarrollo de toda clase de actividades comerciales en el territorio nacional. En materia marítima, la ubicación de México y la disposición de sus límites territoriales resultan útiles para el comercio global, pero también se suelen presentar actividades del crimen organizado, encubiertas en dicha actividad, motivo por el cual se destaca la prioridad de mantener las zonas marinas, las costas y los recintos portuarios seguros, con el objeto de coadyuvar al desarrollo de los intereses marítimos nacionales.

Sin embargo, al marco legal del Estado mexicano se le requiere brindar la certeza jurídica suficiente para que la Secretaría de Marina actúe y mantenga el estado de derecho en el ámbito de su competencia, para que pueda realizar acciones de visita, inspección u otras acciones necesarias para dar cumplimiento a lo contenido en los tratados y convenios internacionales en materia de seguridad y protección marítima.

Además de los tratados y convenios internacionales en materia de seguridad y protección marítima, México también ha firmado; la Convención Interamericana contra el Terrorismo; el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, suscrito en la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima; el Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, entre otros.

Relacionado con la obligatoriedad de cumplir los convenios y tratados internacionales, cabe señalar que las naciones ribereñas acordaron mediante un pronunciamiento de los Estados parte establecer el orden en los océanos mediante la aplicación de los ordenamientos establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convemar). En el caso de México, la Constitución establece la obligación de todas las autoridades nacionales de cumplir los tratados internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República, de conformidad con el artículo 76 constitucional y con el orden jerárquico de las leyes.

Si bien los compromisos internacionales firmados por el Estado mexicano en estas materias se orientan al ámbito marítimo en sentido estricto, es facultad del Estado firmante, al momento de incluirlos en la legislación nacional, poder adecuarlos a sus propias necesidades, por ello la imperante necesidad de ampliar estas atribuciones de “vigilancia, visita, inspección u otras acciones” a las “costas y recintos portuarios”, para garantizar la seguridad, protección y desarrollo de toda actividad marítima.

Por todo lo anterior, resulta necesario adecuar el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para dotar a la Secretaría de Marina, de mejores y mayores elementos jurídicos para cumplir las atribuciones asignadas por el Estado para la vigilancia, seguridad y protección marítima, así como la preservación del estado de derecho en nuestros mares.

En razón de lo expuesto, resulta necesario dar certeza jurídica al ejercicio de la vigilancia, inspección, visita y otras funciones que realiza la Armada de México en las tareas de mantenimiento del estado de derecho, cumplimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales en las zonas marinas, costas y recintos portuarios.

Para resolver la problemática planteada anteriormente, se propone cambiar el término de “Policía Marítima” por el de “Guardia Costera” en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como armonizarlo en la Ley Orgánica de la Armada de México.

La Guardia Costera es una función reconocida internacionalmente que lleva a cabo las siguientes tareas en los estados ribereños:

• Búsqueda y rescate en el mar;

• Protección marítima y portuaria;

• Vigilancia de las zonas marinas y costas;

• Cumplimiento del orden jurídico en zonas marinas;

• Protección de tráfico marítimo;

• Protección de recursos marinos;

• Prevención y control de la contaminación marina; y

• Vigilancia y protección del medio ambiente marino.

Por lo anterior, y conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dichas tareas son atribuidas a la Secretaría de Marina, ejercidas a través de la Armada de México en funciones de Policía Marítima, por lo que esta propuesta de reforma, independientemente de fortalecer jurídicamente las tareas de la Armada, dotaría al Estado mexicano de la figura de una Guardia Costera, que es un término propio del ámbito marítimo reconocido internacionalmente y además, no se contrapone con los preceptos constitucionales y legislación secundaria.

La presente administración ha refrendado su compromiso con el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Marina para el ejercicio de las atribuciones que las leyes le otorgan, por lo que se reitera que el desarrollo de las facultades de la Guardia Costera es un asunto de la más alta prioridad para el Estado mexicano.

Finalmente, se hace constar en qué consiste el presente proyecto de decreto por el que se reforman el inciso b de la fracción IV y la fracción VII del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la adición de la fracción IV Bis al artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, que se señalan en el siguiente proyecto de decreto:

En razón de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el inciso b de la fracción IV y la fracción VII del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se adiciona la fracción IV Bis a la Ley Orgánica de la Armada de México

Único.Se reforman el inciso b de la fracción IV y la fracción VII del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se adicionan la fracción IV Bis a la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 30. A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a III. ...

IV.Ejercer:

a. ...;

b.Vigilancia, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.

Cuando en ejercicio de estas funciones, se presente la posible comisión de un hecho que la ley señale como delito, se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo; y

V. a VI. ...

VII.Mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas , costas y recintos portuarios, ejerciendo funciones de guardia costera a través de la Armada.

Ley Orgánica de la Armada de México

Artículo 2. Atribuciones de la Armada de México:

IV. Bis. Ejercerfunciones de guardia costera para mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, además de la seguridad y protección marítima, a través de acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.

Cuando en ejercicio de estas funciones, se presente la posible comisión de un hecho que la ley señale como delito, se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo;

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá promover la expedición de las disposiciones reglamentarias necesarias dentro de un término de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

Notas:

1 Cuentame.inegi.org.mx. (2017). Extensión territorial. Cuéntame de México [versión electrónica], disponible en http://cuentame.inegi. org.mx/ territorio/extension/default.aspx?tema=T [Consulta: 28 de enero de 2017.]

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm [versión electrónica. Consulta: 24 de febrero de 2017.]

3 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (2017). [Versión electrónica.] Disponible en

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf [Consulta: 29 de enero de 2017.]

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputado Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Marina, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE EXHORTA PARA QUE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO ATIENDAN LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a atender de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en Quintana Roo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina¸ diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a atender de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en Quintana Roo.

Consideraciones

A. Exposición de los hechos

1. Durante la madrugada del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se desarrolló la clausura del evento The BPM Festival en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Lamentablemente, en el mismo se desarrollaron eventos de violencia que ocasionaron el fallecimiento o lesiones de diversas personas.

2. The BPM Festivalcomunicó lo siguiente en su cuenta oficial de Facebook:

“Es con mucha tristeza que compartimos los reportes confirmados de la policía que las acciones de un sujeto solitario en Blue Parrot hace unas horas, resultaron en sucesos fatales con cuatro fallecidos y doce heridos. Este acto de violencia inició en Calle 12 frente al club y tres miembros del equipo de seguridad de BPM están entre esas vidas que perdimos, mientras trataban de proteger a los asistentes en el interior de la sede.

The BPM Festival ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales (Seguridad Pública / Policía Turística) durante el festival, para asegurar el bienestar de todos los asistentes. Estamos conmovidos con el dolor de este acto de violencia sin sentido, y cooperando plenamente con la policía local y funcionarios del gobierno a medida que continúan su investigación.

Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y sus familias y todos aquellos afectados por estos trágicos acontecimientos.

La familia The BPM Festival”

3. Diversos medios de comunicación han replicado la información publicada por The BPM Festivalsin la aportación de elementos adicionales sustantivos que comuniquen a la sociedad sobre las medidas gubernamentales para atender la situación.

4. El pasado diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se registró una balacera en instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ubicadas el municipio de Benito Juárez. El resultado fue la pérdida de la vida de cuatro personas.

5. A través de la cuenta de Facebook del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el Gobernador ha declarado que los hechos ocurridos el pasado dieciséis de enero revelan que grupos de delincuencia organizada afrontan a un gobierno que no otorga ningún tipo de concesiones hacia los mismos. En sus palabras “el ataque a las instituciones de justicia lo único que revela es que vamos en el camino correcto”; de igual forma, declaró que “ he hablado con el Secretario de Gobernación con quien he convenido el apoyo del Gobierno de la República mediante el envío de Fuerzas Federales, mismas que ya se encuentran en camino y cuyo objetivo será reforzar el mantenimiento del orden y la seguridad de todos los ciudadanos”, finalmente, afirma que “el estado está bajo control y en orden”.

6. El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el periodista Carlos Loret de Mola entrevistó al Secretario General de Gobierno del Estado de Quintana Roo y le cuestionó si “¿Está fuera de control el tema de seguridad en Quintana Roo?”; el Secretario respondió lo siguiente: “De ninguna manera, Carlos. Yo creo que es muy claro que el ataque armado que grupos criminales hicieron ayer a la Fiscalía de nuestro estado pues se marca en un contexto de combate a la corrupción”. De igual forma, se le cuestionaron las causas que originaron el ataque a la Fiscalía, a lo que el Secretario respondió “nosotros tenemos muy claro que desde luego es un acto del crimen organizado, eh, es muy probable que precisamente pues se dé como una respuesta a todas las acciones que este gobierno ha implementado”.

7. En lo que va del año, en el municipio de Benito Juárez se han cometido 23 homicidios. Cada tercer día, se conoce la comisión de un homicidio, situación que no ocurría desde hace cinco años.

8. En cuanto al sector económico y turístico, hoteleros de Cancún reportaron cifras a la baja de la visita de turistas “spring breakers” canadienses hasta en un cuarenta por ciento.

9. Además de los ataques a la Fiscalía estatal, se han generado diversos actos de violencia a funcionarios de instituciones de seguridad pública. Sirve como ejemplo lo sucedido en Cancún el pasado 14 de marzo de 2017.

10. Con base en la información generada por el Semáforo Delictivo de Latina Consultores, Quintana Roo ocupa el primer lugar en ejecuciones y homicidios registrando más del doble de la media nacional.

B. Prevención social del delito

1. A partir de las declaraciones de los servidores públicos estatales citados y los hechos narrados, podría concluirse que la problemática atiende a cuestiones regionales y, en cierta medida, aisladas de la dinámica nacional.

2. No obstante, el Estado Mexicano afronta desde hace diez años procesos de combate a la delincuencia organizada a nivel nacional que han obligado a coordinar a los tres órdenes de gobierno para compartir inteligencia, capacitación, recursos y estrategias.

3. Más allá del debate sobre la estrategia de seguridad interna y seguridad nacional, existen investigaciones de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., (en adelante “CIDE”) que alertan sobre fenómenos nacionales visibles alrededor del territorio nacional. Uno de los más importantes es el de la normalización de la violencia.

4. A propósito de lo anterior, Andreas Schedler, investigador del CIDE, argumenta lo siguiente:

“A nivel individual, también hay muchos signos de normalización de la violencia. Con rapidez osmótica y una ligereza que a veces pareciera festejar la transgresión de todos los límites civilizatorios, el lenguaje cotidiano ha sido un lugar privilegiado de normalización de la violencia. (...) Absorbiendo este universo de eufemismos y falsos tecnicismos, hemos creado un mundo donde la violencia es un fenómeno delimitado, comprensible, esperable. La normalización simbólica ha sido reforzada por múltiples estrategias de adaptación individual. Quizá la más importante ha sido el autoconfinamiento. En la medida en que el espacio público ha aparecido como territorio violento, los ciudadanos se han refugiado en sus espacios privados. (...) A nivel colectivo, hemos visto un abandono análogo del espacio público. Ha imperado la pasividad ciudadana, puntuada por breves olas de protesta masiva”

5. A lo largo del trabajo de Schedler, se acompañan cifras a nivel nacional sobre victimización, violencia y tasa de comisión de delitos que hacen evidente la necesidad del diseño de políticas públicas integrales, transversales y focalizadas. Sin lugar a dudas, los dos hechos ocurridos en Quintana Roo no pueden considerarse aislados o resultados de una estrategia del gobierno local en turno, sino que deben entenderse como parte de un fenómeno dinámico de alcances nacionales.

6. Sin embargo, los datos y las investigaciones no pueden dar como resultado la inmovilización gubernamental o el reparto plural de responsabilidades. En nuestro régimen democrático, deben ejecutarse acciones tendientes a fortalecer las redes de solidaridad política, entendida como “la disposición de socorrer a conciudadanos que sufren injusticias graves”, que resulte en la atención prioritaria de las necesidades emocionales de la comunidad política: fortalecer el tejido social.

7. Por eso, es relevante que el Estado de Quintana Roo, en coordinación con los dos órdenes de gobierno restantes, diseñe políticas públicas con enfoques democráticos para prevenir la comisión de nuevos hechos de violencia. Sin lugar a dudas, el modelo garantista de seguridad pública no puede visualizar como prioritario la ejecución de sanciones, sino esquemas comunitarios de prevención.

8. Así, Carlos Vilalta y Gustavo Fondevila, investigadores del CIDE, aportan elementos fundamentales en el debate académico de seguridad pública para el diseño de nuevos enfoques de prevención social del delito. En sus palabras:

“Las políticas en esta materia son las que se dirigen a influir en la motivación criminal (...) La bibliografía divide estas políticas en dos tipos generales (...): políticas de prevención del desarrollo del delito y políticas de prevención comunitaria del delito. (...) las segundas buscan cambiar condiciones sociales de las comunidades para prevenir la comisión de delitos [por ejemplo, deporte, cultura, etc.]. En México, si bien hay un grave déficit en el desarrollo de ambas, las políticas de prevención social del primer tipo son mucha más deficitarias y esto explica de forma parcial la alta tasa de reincidencia delictiva. (...) Una política contemporánea para prevenir el delito debe incorporar no sólo a los agentes tradicionales del sistema de seguridad y justicia criminar (policías, jueves y custodios), sino también a agentes de la sociedad civil (académicos y organizaciones de la sociedad civil –OSC-)”

9. México cuenta con el diseño legislativo suficiente para el diseño de políticas públicas que puedan entender las características regionales, inscritas en una dinámica nacional, para la atención comunitaria de hechos de violencia. En este sentido, resulta prioritario que la Cámara de Diputados, órgano de representación popular, supervise que las acciones ejecutivas para la prevención de la violencia se ajusten a criterios normativos y democráticos. La violencia no puede entenderse desde la arena electoral, sino que debe estudiarse desde las comunidades: las implicaciones sociales de estos fenómenos provocan la exclusión y la pérdida de empatía entre conciudadanos, lo que resulta profundamente antidemocrático.

C. Esquema normativo

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función concurrente entre los tres órdenes de gobierno en los siguientes términos:

“ Artículo 21. ...

...

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) a b) ...

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”

2. A partir de la lectura del artículo 21 constitucional, puede resolverse que la seguridad pública en el Estado Mexicano cuenta con una base mínima compartida para el diseño y ejecución de políticas públicas en la materia. Resalta que la Constitución es enfática en la necesidad de contar con acciones de prevención del delito.

3. El artículo 73 constitucional, faculta al Congreso de la Unión para “expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios”. De esta forma, el Congreso expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que instituye la creación y el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública: organismo que cuenta con atribuciones en materia de información, certificación y acreditación, así como de prevención del delito y participación ciudadana.

4. Como parte del diseño garantista del modelo penal constitucional mexicano, la Carta Magna reconoce el derecho de las víctimas u ofendidos a que se les repare el daño. En este sentido, el Congreso de la Unión ha expedido la Ley General de Víctimas, misma que establece el diseño de instituciones especializadas para la atención inmediata de víctimas y la reparación integral del daño.

5. Las anteriores normas generan las condiciones de operatividad de los tres órdenes de gobierno para coordinarse y atender de manera prioritaria los hechos ocurridos durante los últimos días en Quintana Roo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Gobierno del Estado de Quintana Roo y a los gobiernos municipales de la entidad a coordinarse de manera prioritaria, en los términos de las disposiciones generales en materia de seguridad pública, para diseñar acciones de prevención social del delito; investigación y sanción de los hechos de violencia ocurridos durante los meses de enero, febrero y marzo del 2017 y garantizar el derecho humano a la paz.

Segundo.Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Gobierno del Estado de Quintana Roo a establecer políticas públicas de prevención del delito focalizadas a la realización de eventos de entretenimiento masivo con perspectiva de juventud.

Tercero.Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Gobierno del Estado de Quintana Roo a establecer políticas públicas de prevención social del delito que acompañen a las acciones de combate a la delincuencia organizada.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Gobierno Federal, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo a coordinarse y ejercer sus atribuciones para garantizar la reparación integral del daño de las víctimas de los hechos criminales sucedidos.

Notas:

1 Cuenta de Facebook de The BPM Festival, disponible en: https://www.facebook.com/thebpmfestival/?fref=ts (Fecha de consulta: 16 de enero de 2017).

2 Animal Político, Atacan a balazos la Fiscalía de Quintana Roo en Cancún; hay cuatro muertos, dice el gobernador, disponible en http://www.animalpolitico.com/2017/01/fiscalia-cancun-ataque/ (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017).

3 Cuenta de Facebook del Gobierno del Estado de Quintana Roo, video titulado Gobernador Carlos Joaquín informa los pormenores de los acontecimientos de esta tarde en Cancún;, disponible en: https://www.facebook.com/GobQuintanaRoo/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017).

4 Op. cit.

5 Op. cit.

6 Cuenta de Noticieros Televisa en Youtube, video titulado Quintana Roo no es un narcoestado: Secretario de Gobierno - Despierta con Loret, disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=LvMIj7ymcXY (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017).

7 Op. cit.

8 Op. cit.

9 Televisa.News, Violencia en Cancún, Quintana Roo, disponible http://noticieros.televisa.com/videos/violencia-cancun-quintana-roo/ (Fecha: 16 de marzo de 2017).

10 Novedades Quintana Roo, Delincuencia toma Cancún (Video), disponible en http://sipse.com/novedades/delincuencia-disparos-detonaciones-ataque-policias-c rimen-organizado-246580.html (Fecha de consulta: 15 de marzo de 2017).

11 Noticaribe, Inseguridad impacta en la imagen de Cancún: temen que violencia dañe al principal destino turístico de México,disponible en http://noticaribe.com.mx/2017/03/16/inseguridad-impacta-en-la-imagen-de-cancun- temen-que-violencia-dane-al-principal-destino-turistico-de-mexico/ (Fecha de consulta: 16 de marzo de 2017).

12 El Sol de Salamanca, Balean y lanzan granadas en zona centro de Cancún, disponible en https://www.elsoldesalamanca.com.mx/mexico/reportan-balacera-en-zona-turistica- de-cancun (Fecha de consulta: 14 de marzo de 2017).

13 Héctor de Mauleón, La guerra de diez años, disponible en http://www.nexos.com.mx/?p=30935 (Fecha de consulta: 16 de enero de 2017).

14 Andreas Schedler, En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015), pp. 15 – 16.

15 Ibídem., p. 219.

16 Carlos Vilalta y Gustavo Fondevila, Perfiles criminales I: Frecuencias ydescriptivos, (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2013), p. 17

17 Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf (Fecha de consulta: 16 de enero de 2017).

18 Artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en Op. Cit.

19 Artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en Op. Cit.

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

PLAN PREVENTIVO DE CUSTODIA PARA AQUELLOS MENORES QUE PUDIERAN SER SEPARADOS DE SUS PADRES EN ESTADOS UNIDOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los Sistemas Nacional y Estatales del DIF a implantar campañas de información dirigidas a las comunidades de mexicanos en Estados Unidos de América a efecto de que cuenten con un plan preventivo de custodia para los menores que fueren separados de sus padres, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción III y, 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, cuyo resolutivo se propone de urgente y obvia resolución, en base a las siguientes

Consideraciones

Las relaciones entre Estados Unidos y México siempre has sido tan complejas como inevitables, sin embargo, desde que asumió la presidencia de aquel país Donald Trump el pasado 20 de enero, se encuentran en uno de los momentos más críticos de la historia por temas que van desde la amenaza de romper acuerdos comerciales hasta la construcción de un muro entre ambas naciones.

El discurso de confrontación hacia México ha sido recurrente por parte del gobierno norteamericano a partir del ingreso de la actual administración, con las consecuencias políticas, financieras y sociales que todos conocemos.

Una de las consecuencias más dolorosas e indignantes es la zozobra y miedo con que viven decenas de miles de compatriotas por la posibilidad de ser encarcelados y deportados en cualquier instante.

A esta circunstancia, se le sumó la declaración que el pasado 6 de marzo hiciera el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, quien en entrevista para un medio de comunicación afirmó que está considerando una propuesta para separar padres e hijos, que crucen la frontera ilegalmente desde México. Lo anterior, a decir del funcionario, busca desalentar a las familias de efectuar la travesía para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Esta propuesta permitiría a los funcionarios de inmigración de ese país separar a los niños de los adultos con los que llegaron. Los adultos podrían permanecer bajo custodia o incluso ser deportados, y los niños quedarían a cargo del Departamento de Servicios de Niños y Familias para ser trasladados a otro lugar bajo estatus de protección, posiblemente en alguna familia o en los servicios de protección infantil del estado.

El anuncio de esta medida, que para efectos prácticos arrancaría del seno familiar a menores integrantes de familias de origen mexicano, generó álgidas reacciones en nuestro país. Sin embargo, este tema no es nuevo, ni privativo de la administración que encabeza el señor Donald Trump; baste recordar que, según el reporte “Familias Destrozadas” del Centro de Investigación

Aplicada (Applied Research Center), durante el primer semestre del 2011, bajo el régimen de Barack Obama, el gobierno norteamericano deportó a 46 mil madres y padres de niños ciudadanos de Estados Unidos.

Según el mismo estudio, se estima que hasta 5 mil 100 de estos menores fueron colocados en hogares de crianza sustitutos y perdieron el contacto con sus padres al ingresar a un sistema que no documenta adecuadamente los casos.

Ante la amenaza de crecientes niveles de detenciones y deportaciones, combinados con la falta de una política uniforme respecto a cómo las autoridades norteamericanas a diversos niveles deben lidiar con los niños de inmigrantes detenidos y deportados, está separando familias y poniendo en riesgo el bienestar de los menores que enfrentan obstáculos casi infranqueables para reunificarse con sus familias de origen.

Uno de los principales temores que tienen nuestros connacionales con status migratorio vulnerable es que sus hijos terminen bajo custodia del estado en hogares de crianza o sustitutos y que jamás puedan volverlos a ver.

A esta situación, ya de por sí dramática, se le suma el desconocimiento de la ley y los derechos que pueden hacer valer aún como indocumentados, así como el hecho de que, en la gran mayoría de los casos, no dominan el idioma inglés.

Por todo lo anterior, resulta de la mayor trascendencia el hecho de que los indocumentados que se encuentran en esta circunstancia diseñen un plan de cuidado para sus hijos. Para ello, uno de los aspectos más importantes es contar con una Carta o Poder de Custodia del menor para que, en caso de ser detenidos, garanticen al menos que sus hijos estarán bajo el cuidado de personas de su confianza.

La Carta o Poder apostillada de Custodia del menor que los padres le pueden entregar a un familiar o conocido, con residencia legales ese país otorga facultades a este para asumir temporalmente la custodia de sus hijos y tomar decisiones en su nombre durante su ausencia.

Por otro lado, resulta también importante que la gran cantidad de personas de origen mexicano que cuentan con ciudadanía norteamericana, sepan que pueden registrarse ante la autoridad de aquel país como hogares temporales sustitutos para acoger dentro de sus familias a los niños y niñas que hayan sido separadas de sus padres.

La Ley General de los de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 26 que El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial. Refiere que las autoridades competentes garantizaran que reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar, asegurándose, entre otras cosas de que sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, o bien, sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal.

Ahora bien, es importante tomar en consideración los efectos del impacto psicológico y de salud mental que el niño o niña pueda desarrollar ya que a además de sufrir el impacto psicológico de ser destituido de sus padres enfrenta el impacto psicológico de ser llevado a un hogar de crianza en donde no se habla su idioma, no se come su comida y no se tienen los mismos valores culturales.

Si bien es cierto que la referida ley es de observancia general sólo en el territorio nacional, también lo es que los derechos de los mexicanos y las obligaciones de sus autoridades, no se extinguen al cruzar una frontera. Es por ello que, en un afán proactivo y solidario, las instituciones de nuestro país deben velar por las familias de origen mexicano que puedan ser vulneradas por las determinaciones de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Honorable asamblea, ante las medidas que han anunciado quienes encabezan el gobierno norteamericano en contra de los indocumentados y que amenazan con separar a padres e hijos de familias mexicanas, debemos actuar con determinación, teniendo en consideración el interés superior de la niñez y respaldando solidariamente a los padres afectados.

Es por ello que, respetuosamente, solicito que apoyen esta propuesta. Su propósito es solicitar al Sistema Nacional DIF y a los Sistemas de las entidades federativas a implementar campañas de información dirigidas a las comunidades de mexicanos que se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos, a efecto de que los padres con riesgo de ser separados de sus hijos, cuenten con un Plan Preventivo de Custodia y de promover que familias de origen mexicano que cuenten con ciudadanía norteamericana se acrediten como Padres de Crianza o Sustitutos.

Por lo expuesto y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los sistemas Nacional y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a implementar campañas de información dirigidas a las comunidades de mexicanos que se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos de América, a efecto de que cuenten con un Plan Preventivo de Custodia para aquellas niñas, niños y adolescentes que pudieran ser separados de sus padres; haciendo particular énfasis en los siguientes aspectos:

1. Concientizar a los connacionales que cuenten con niñas, niños y adolescentes bajo su custodia y cuya situación migratoria les ponga en riesgo de ser detenidos y/o deportados, de la necesidad de que cuenten con una Carta o Poder de Custodia del menor en favor de una persona de su confianza cuyo status migratorio no sea vulnerable.

2. Promover que los ciudadanos de Estados Unidos de América de origen mexicano se acrediten como Padres de Crianza o Sustitutos, de conformidad con lo que establezca la normatividad de sus estados de residencia; a efecto de que puedan recibir en sus hogares a menores separados de sus padres por las autoridades de aquel país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A HACER PÚBLICOS LOS MOTIVOS DEL RECORTE EN EL PEF 2017 DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA POTABLE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP a hacer públicos los motivos del recorte, superior a 9 mil millones de pesos, del programa presupuestal de administración de agua potable correspondiente a la Conagua en el PEF de 2017 y garantizar la invariabilidad de tarifas por suministro, suscrita por los diputados Óscar Ferrer Abalos, Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados Óscar Ferrer Ábalos, Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo previsto en el artículo 6, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Argumentos que sustentan el presente punto de acuerdo

En México la sobre explotación de los 653 acuíferos con los que cuenta el territorio nacional, representan más de la mitad de la extracción de agua subterránea en el país, sumando la contaminación tóxica por actividades industriales, petroleras, mineras y agrarias envenena silenciosamente a millones de personas. Lo que ha colocado a México en una crisis hídrica. Además, el crecimiento demográfico y urbano, la industrialización, el avance tecnológico, el surgimiento de nuevas necesidades de diversos sectores de la población, políticas públicas inadecuadas o insuficientes, entre otros factores, provocan la ruptura del tradicional ciclo del agua y con ello la necesidad de considerar nuevos elementos para superar esta problemática estructural y de complejidad creciente. El problema del agua en nuestro país también se vislumbra a nivel internacional y amenaza convertirse como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI

El agua es un elemento esencial de la vida. Pero es más que esencial para calmar la sed o la protección de la salud; el agua es vital para la creación de puestos de trabajo y apoyar el desarrollo económico, social y humano.

Aun con esta problemática, el Ejecutivo propuso y esta Cámara de Diputados aprobó, un recorte al propuesto a ejercer por la Conagua para el ejercicio fiscal 2017 de 14 mil 879 millones de pesos lo que representa una reducción de poco más de 38% respecto al presupuesto aprobado para 2016. El peso mayor a este recorte en forma más drástica fue a los programas que implican un beneficio directo a las comunidades, municipios y entidades federativas y por otra parte preserva el monto de recursos que implican un subsidio a la inversión privada a través de las asociaciones público privadas (APP). Como por ejemplo el presupuesto para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México el cual podría financiarse con inversiones privadas y no con el presupuesto federal

El peso del recorte se concentra en el programa Proagua mismo que a partir de 2017 será el único programa federalizado existente para atender las necesidades de construcción de infraestructura para la dotación de agua potable, drenaje y saneamiento, el recorte a ese tipo de acciones es de poco más de 9 mil millones ($9,030,425,862) ya que en el 2016 se contaba con un presupuesto en un orden cercano a los 12 mil 454 millones(entre el Proagua y el PROTAR –que para 2017 desaparece-), lo que representa una reducción nominal del 72.5%.

El programa Proagua es un subsidio, se trata de un programa descentralizado, su ejecución corre a cargo de las entidades federativas y afectará principalmente a los Organismos Operadores de Agua los cuales deberán cancelar la mayor parte de sus inversiones en infraestructura, lo cual les impedirá ampliar su cobertura de agua potable y saneamiento, incluso podrán mantener sus operaciones solo de manera parcial ya que parte de esas inversiones son destinadas al reequipamiento de pozos, a la sustitución de redes o a la construcción o rehabilitación de plantas potabilizadoras. De ese modo, los Organismos Operadores no podrán dar cumplimiento a la obligación constitucional de garantizar el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, ya sea porque no pueden ampliar la cobertura a los núcleos de población que carecen de este elemental servicio o porque no podrán mantener la operación del suministro de manera continua.

Esta situación no podrá ser revertida ni siquiera aumentando las tarifas y logrando ciertos niveles de eficiencia financiera lo que obligará a los organismos operadores a buscar financiamiento privado a con las posibles consecuencias que los Organismos Operadores privaticen total o parcial los elementos que componen la cadena del servicio público de suministro como lo es la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.

Este presupuesto es violatorio al derecho humano al agua plasmado en el artículo 4° constitucional el cual dice:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizara este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Una de las consecuencias de este decremento del presupuesto de Agua Potable será en encarecimiento del servicio, el cual ya fue anunciado en el Estado de México y en Baja California el cual ha desatado múltiples protestas.

Por otra parte se corre el riesgo de falta de presupuesto para infraestructura como en el Estado de Tabasco el cual se reduce este rubro en un 82 por ciento el cual puede enfrentarse a catástrofes por inundación.

Defender el agua como bien común y la gestión pública participativa de estos servicios, sin ánimo ni opción de lucro: por un lado, debe evitarse la patrimonialización privada y la mercantilización de los derechos concesionales; y por otro, los servicios de agua y saneamiento, en la medida que son servicios de interés general vinculados a derechos humanos y ciudadanos, que por su naturaleza deben ser de acceso universal, deben ser gestionados bajo la responsabilidad de los ayuntamientos como servicios públicos sin ánimo ni opción de lucro, evitando su privatización.

El GP- PRD se opuso a esta disminución del presupuesto de administración del agua potable, al cual hizo propuestas alternas para aumentarlo, disminuyendo el presupuesto destinado a infraestructura realizada con inversionistas privados como el Aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de la presa el Zapotillo; las que fueron ignoradas por los grupos parlamentarios mayoritarios;

Por lo que exhortamos lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ante el recorte de más de nueve mil millones de pesos del programa presupuestal de administración de agua potable correspondiente a la Conagua del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, garanticen en todo el territorio nacional, sin aumento a las tarifas, el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, y que hagan públicas las razones de recortar este rubro que pone en riesgo el derecho humano al agua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2017.— Diputados: Óscar Ferrer Ábalos, Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez, Francisco Xavier Nava Palacios (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

SE EXHORTA A LA CFE A SUJETARSE AL PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SUSPENDER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CULHUACÁN EN LA COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA EN IZTAPALAPA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su enfoque preventivo y suspender la construcción de la subestación eléctrica Culhuacán, en la colonia Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, Ciudad de México, a fin de salvaguardar el derecho a la vida, un ambiente sano, la seguridad física y el desarrollo comunitario de los habitantes de la zona, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por medio de la cual se requiere a la Empresa Productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la “subestación eléctrica Culhuacán” en el inmueble ubicado en el número 131 de la calle Catarroja, en la colonia Cerro de la Estrella de la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, a fin de salvaguardar el derecho a la vida, el medio ambiente sano, la seguridad física y el desarrollo comunitario de los habitantes de dicha colonia, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. Desde octubre de 2014 los vecinos de la colonia Cerro de la Estrella en la delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México conocieron que la Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble ubicado en el número 131 de la Calle Catarroja, realiza trabajos de construcción de la “Subestación Eléctrica Culhuacán”.

2. El referido inmueble se encuentra en una colonia urbana con una población aproximada de 22 mil personas y 40 Unidades Habitacionales, en constantes problemas de servicios públicos como escases de agua e inundación así como socavones, grietas, y a escasos metros de dos escuelas primarias.

3. Los habitantes de la colonia desde esas fechas expresaron su preocupación por la integridad de sus familias, y se avocaron a solicitar información a la hoy empresa productiva del estado y al órgano político administrativo para que se informara públicamente de los alcances técnicos, de seguridad, protección civil, cumplimiento a las normas oficiales ambientales. Los ciudadanos acudieron a diversas instancias administrativas y con representantes populares a fin de buscar que la Comisión Federal de Electricidad cumpliera con proporcionar información a los habitantes para garantizarles el derecho a ser informados de los alcances y efectos de dicha construcción. Es el caso que la suscrita, en su oportunidad como diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizó una petición formal al Superintendente de la Zona Ermita de la Comisión Federal de Electricidad, la cual se gestionó a solicitud del entonces comité vecinal.

Problemática planteada

1. La construcción de grandes obras que afectan los servicios públicos en zonas urbanas es una problemática que enfrenta a habitantes con gobiernos y sectores empresariales cuando no se realizan consultando a la población y sin tomar en cuenta el impacto ambiental, de desarrollo urbano y de protección civil para prevenir desastres naturales o derivados de la acción humana.

2. La responsabilidad de los Gobiernos a través de sus entes que lo conforman es salvaguardar los derechos de la población en todos sus ámbitos. La visión actual de la forma de ejercer la gobernanza es promover, respetar y salvaguardar los derechos de los gobernados en todos sus ámbitos de aplicación, de ello deriva la legitimidad de sus acciones, más allá del simple cumplimiento de la norma legal.

3. La omisión de la Comisión Federal de Electricidad de informar públicamente las peticiones formuladas por los habitantes de la delegación en el sentido de que se les informe de los alcances técnicos, de protección civil y de seguridad aunado a la denuncia pública realizada por los vecinos de la Colonia de que los trabajos de construcción en el predio en cuestión han generado grietas a las dos escuelas primarias que se encuentran a no más de 50 metros, las cuales suspendieron clases a partir del 13 de enero del año en curso, ha generado una situación de confrontación a los habitantes con esa empresa productiva del estado y los trabajadores siendo el caso que los habitantes han realizado clausuras simbólicas de la construcción con riesgos de enfrentamientos.

4. La evidencia más objetiva de los daños que está generando los trabajos de construcción de la Subestación en la Colonia Cerro de la Estrella, se dieron apenas el 16 de enero pasado, cuando se denunciaron y comprobaron las fisuras en la infraestructura de la Escuela Primaria República de Indonesia y el levantamiento de carpeta asfáltica, según obra en los medios de comunicación y de expertos en protección civil.

Consideraciones

Primera.Que de acuerdo con el marco constitucional todo órgano del Estado, autoridad y aun incluso los particulares están obligados a respetar, promover y garantizar los derechos humanos de la población, siendo el caso que nuestro marco constitucional establece que toda la población tiene derecho al desarrollo, a la vida a la vivienda y al medio ambiente sano, y a la integridad física de sus familias.

Segunda. La Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, sienta las bases de coordinación en el Sistema Nacional de Protección Civil, fortalece la Gestión Integral de Riesgos y consolida el entramado institucional necesario para integrar un Sistema Nacional de Protección Civil, compuesto por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación, además de los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Dicho marco normativo de protección civil y el Sistema tiene como objeto proteger a las personas y su entorno de los riesgos asociados a diversos fenómenos tanto naturales como antrópicos, a través de la Gestión Integral de Riesgos imponiendo obligaciones de prevención y adecuación de las instancias gubernamentales a todas las instancias y niveles gubernamentales.

Tercera. Que de acuerdo con el Programa Nacional de Protección Civil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, existe el llamado enfoque preventivo de los “agentes perturbadores de riesgo” generados por factores humanos que permitan prevenir por virtud de las accione humanas “fallas en la red de distribución de agua potable, caída en las redes de energía, de transmisión de datos, bloqueos a servicios como seguridad pública, transporte o sanidad son sólo algunos de los ejemplos de sucesos de gravedad crítica que pueden afectar a los gobiernos, asociaciones y a los ciudadanos en general”.

Cuarta. Que la Comisión Federal de Electricidad en términos de la Ley de la Industria Eléctrica, y de la ley de la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa productiva del Estado sujeta al marco constitucional y al interés público, por lo tanto es su deber en sus acciones y fines debe ajustarse a las disposiciones de la Ley General de Protección Civil y al Programa Nacional de Protección Civil, entre ellas las derivadas del enfoque preventivo, a efecto de evitar factores de riesgo a la población y la infraestructura social.

Por lo anterior, se plantea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se requiere a la empresa productiva del estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la “Subestación Eléctrica Culhuacán” en el inmueble ubicado en el número 131 de la calle Catarroja, en la colonia Cerro de la Estrella de la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, a fin de salvaguardar el derecho a la vida, el medio ambiente sano, la seguridad física y el desarrollo comunitario de los habitantes de dicha colonia.

Notas:

1 http://www.jornada.unam.mx/2014/10/24/capital/041n3cap

2 http://www.aldf.gob.mx/video/comsoc-rechazan-construccion-subestacion-cfe-cerro -estrella—19749.html

3 Azteca Noticias, [16 de enero de 2017], en internet, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=li3RP1lt1sw

4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076 &fecha=30/04/2014

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076 &fecha=30/04/2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, el 21 de marzo de 2017.— Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

SE EXHORTA A LA PGR Y JUEZ FEDERAL QUINTO EN MATERIA PENAL, EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DEL DOCTOR JOSÉ MANUEL MIRELES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a desistirse de la acusación de portación de armas exclusivas del Ejército contra el doctor José Manuel Mireles; y al juez federal quinto en materia penal, a dictar su traslado al penal de Morelia, Michoacán, para resolver de manera expedita su situación jurídica, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Maynez, diputado ciudadano integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea el siguiente Punto de Acuerdo que por su naturaleza y dados los últimos acontecimientos se constituye como de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En Michoacán la inseguridad y violencia están lejos de terminarse, existen aún dos grandes pendientes con la historia: liberar al Dr. Mireles y a casi 300 autodefensas presos en penales de todo el país; y, pacificar y reconciliar a la región de la costa y tierra caliente de Michoacán.

El doctor José Manuel Mireles Valverde lleva casi mil días injustamente preso, por este experimento absurdo de armar y confrontar a los michoacanos ante la incapacidad del Estado mexicano para brindar la seguridad que por mandato constitucional y legal le correspondía.

Insistimos, la salida del gobierno federal desde hace cuatro años fue fácil: armar a hombres y mujeres libres con reclamos auténticos, que pretendían hacer efectivo el derecho de legítima defensa consagrado en el artículo 10 de nuestra Constitución Federal, para utilizarlos en una franca confrontación perversa, y hoy, una vez que ellos han realizado parcialmente este trabajo, son desechados y desarticulados como desde a mediados del 2014 lo hemos podido constatar.

Lamentablemente, primero los forman, arman, acompañan y luego los desmantelan porque los ven como amenaza y, ahora, los encarcelan o dejan a su suerte, para ser asesinados, a grado tal, que a Hipólito Mora quien es fundador, líder moral y hasta hace poco interlocutor válido con el Gobierno Federal de dichos grupos de autodefensa, se le ha encarcelado en dos ocasiones; al Dr. Mireles se le mantiene preso injustamente en un penal de máxima seguridad en Tepic Nayarit, con un estado de salud precario y frágil; a Enrique Hernández, de Yurécuaro, se le abandonó y lamentablemente fue asesinado mientras hacía actos de campaña como candidato a la presidencia municipal de dicho ayuntamiento; el homicidio hace unos días del jefe de los autodefensas de Tancítaro, Jesús Bucio Cortez; se le fabricaron cargos ridículos a Semeí Verdía líder de los autodefensas de Aquila para mantenerlo preso injustamente. La costa nuevamente vive una espiral de violencia.

Es decir, mientras que en el país hay 100 mil mexicanos a la espera de una sentencia, la justicia se mueve a capricho y al dedazo, en función de los experimentos federales y de la voluntad de unos cuantos, sin voltear a ver que aún queda la herida abierta de la liberación de más de 300 autodefensas legítimas injustamente recluidos.

Es urgente, que en un sano ejercicio parlamentario, planteemos la urgencia de implementar una estrategia social, no policiaca ni confrontacionista; se requieren de acciones que permitan pacificar y reconciliar a los habitantes de esa bella región del país.

En efecto, si persiste la visión armamentista los saldos en vidas y en ruptura del tejido social serán irreparables. Por ello, hago un llamado para que juntos construyamos una agenda de paz y perdón para Michoacán.

Este Estado, ha dejado de ser un asunto de importancia local o regional, para convertirse en un asunto de interés nacional e internacional. De ese tamaño es el asunto. Hace unos días, todas las fuerzas políticas aprobamos un punto de acuerdo para que el Consejo de la Judicatura nos informe sobre el estatus jurídico del doctor Mireles, con franqueza sigue siendo poco. Lo que hoy realmente necesitamos es involucrarnos activamente en este importante tema, por medio de una comisión especial, que logre apegado a la ley y a la justicia la liberación inmediata de los autodefensas legítimos injustamente encarcelados.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de esta Cámara acuerda exhortar a la Procuraduría General de la República para que se desista de manera lisa y llana de la acusación de portación de armas de uso exclusivo del ejército en contra del Dr. José Manuel Mireles, toda vez, de que él formaba parte de los grupos de autodefensa reconocidos y avalados incluso por el propio gobierno federal a través de la figura socio-política del comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.

Segundo. Se acuerda conformar una comisión plural de legisladores para la liberación del doctor José Manuel Mireles y más de 300 autodefensas injustamente presos.

Tercero.Se exhorta al juez quinto de lo penal en materia federal con sede en la ciudad de Uruapan Michoacán, para que en el ámbito de sus atribuciones, por el estado precario de salud y por la trascendencia social del inculpado, ordene el traslado del Dr. José Manuel Mireles Valverde al penal de Morelia, en tanto se obtiene su libertad.

Cuarto.Se exhorta al Poder Judicial de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones, resuelva de forma ágil, imparcial, pronta y expedita el caso del doctor José Manuel Mireles Valverde, en base al artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

SE EXHORTA AL ISSSTE PARA QUE REALICE ACTUALIZACIÓN DE BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE DE PENSIONADOS Y JUBILADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a actualizar los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple para pensionados y jubilados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados, integrantes del estado de Coahuila de Zaragoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, de acuerdo con sus competencias, se realice la actualización correspondiente a los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple para los pensionados y jubilados, en la misma forma en que lo hace para los trabajadores en activo y, para que, realice el pago retroactivo correspondiente a las diferencias por los conceptos antes señalados, lo anterior conforme a las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas instituyó el año 2016 como el año dedicado a la concientización y realización de esfuerzos dirigidos a la tutela de los derechos de las “Personas de Edad”, fundamentalmente llamando a la concientización sobre la discriminación de la que son objeto en múltiples esferas de la vida cotidiana.

La marginación y discriminación de la que son objeto es, hoy por hoy, una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. La discriminación, como se señala, puede ser advertida también en prácticas institucionales que socaban la dignidad de las personas adultas mayores, tal cual es el caso de la problemática que se identifica en la presente Proposición con Punto de Acuerdo.

Debe señalarse que, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es unas instituciones que más ha brindado apoyo los pensionados y jubilados ya que ha dado (por mandato legal) una Pensión Garantizada, una vez se cumplan con los requisitos de edad y años de cotización para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.

El derecho a una pensión, una vez cumplidos los requisitos señalados, constituye la garantía para que esos hombres y mujeres que durante tantos años contribuyeron al crecimiento de nuestro país, puedan finalmente disfrutar de ingresos periódicos con los que dignamente puedan satisfacer sus necesidades. Se trata de un derecho pero también de un reconocimiento solidario del Estado y de su sociedad, porque el sistema se funda en base al principio de la solidaridad social.

No obstante, el 31 de marzo de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”. En su artículo 18 transitorio, se dispuso que “los jubilados, pensionados o sus familiares derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta ley, gocen de los beneficios que les otorga la Ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento.”

En consecuencia, a los pensionados y jubilados resultan aplicables los beneficios previstos en la Ley abrogada del 27 de diciembre de 1983 que, en su artículo 57 disponía: “Los jubilados y pensionados tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados.”

Asimismo, el “Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, dispone en su artículo 43, párrafo tercero que:

“Asimismo, los pensionados tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten compatibles.”

Como parte de los conceptos que los pensionistas y jubilados reciben, se prevé el Bono de despensa y la Previsión Social Múltiple. El Bono de despensa es la gratificación mensual que se concede a los pensionistas directos. La Previsión Social Múltiple es la gratificación diaria que se concede a los pensionistas directos.

Pese a las anteriores disposiciones, un gran número de jubilados y pensionistas no han visto actualizados los conceptos antes referidos desde hace muchos años, existiendo una clara discrepancia con la actualización que sí han recibido los trabajadores en activo. Nos encontramos frente a una situación en la que se evidencia una discriminación evidente entre los trabajadores activos y aquellos que han pasado al régimen de jubilados o pensionados. Esta situación comporta además, consecuencias de profunda preocupación porque, por una parte, se vulneran derechos de un grupo social en estado de vulnerabilidad que, atento a su condición, debería gozar de una protección reforzada en nuestro ordenamiento jurídico y, por la otra parte, se incide en un aspecto esencial en tanto que no se logra acceder a una pensión digna que asegure las satisfacción de las necesidades básicas de las personas jubiladas o pensionadas.

El 26 de agosto de 2014, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó un acuerdo mediante el cual se exhortó al ISSSTE, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados para que valorarán la inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, lo relativo al pago retroactivo y de nivelación del bono de despensa y previsión múltiple de pensionados y jubilados del ISSSTE. Sin embargo, el Punto de Acuerdo mencionado no se tradujo en una respuesta clara e idónea a las necesidades de actualización requeridas por los jubilados y pensionados.

Cabe señalar que, el Poder Judicial de la Federación ha atendido ya esta problemática, reconociendo el derecho del que disponen jubilados y pensionados a que el Bono de Despensa y Previsión Social Múltiple les sean actualizados. En el Amparo Directo 235/2015, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito determino que, conforme al artículo 195 de la vigente Ley del ISSSTE, le corresponde a jubilados y pensionados la actualización de los conceptos aludidos. El artículo en cuestión dispone que:

“Artículo 195. El Instituto atenderá de acuerdo con esta Ley, a las necesidades básicas del Trabajador y su familia a través de la prestación de servicios que contribuyan al apoyo asistencial, a la protección del poder adquisitivo de sus salarios,con orientación hacia patrones racionales y sanos de consumo.”

Asimismo, con base en el artículo 43, párrafo tercero, del “Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado” el Tribunal Colegiado determinó que bastan dos requisitos para que jubilados y pensionados puedan tener derecho al aumento en las prestaciones económicas de bono de despensa y previsión social múltiple, los cuales son: (i) que las prestaciones hayan sido aumentadas de manera general a los trabajadores en activo; y, (ii) que resulten compatibles a los pensionados. Con base en ello, señaló:

“26. Consecuentemente, como en el caso se observa que la quejosa se jubiló conforme a la Ley del ISSSTE y dicho instituto le reconoció como parte de su pensión los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, puede afirmarse válidamente que si el incremento que solicita se aplica al personal operativo activo de las dependencias y entidades de la administración pública federal que rigen su relación laboral por los apartados A y B del artículo 123 constitucional, y fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sí tiene derecho, en su proporción, al aumento que por concepto de dichas prestaciones se otorgue a los trabajadores en activo, siempre y cuando se cumplan los dos requisitos establecidos en el artículo 43 del reglamento aplicable al caso.

27. En efecto, como se precisó, la quejosa pretende que, en su carácter de jubilada, se le incremente y pague la nivelación o actualización de los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, conforme se les paga a los trabajadores en activo de la administración pública federal, así como su pago retroactivo (de conformidad con el artículo 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de contenido similar al referido numeral 57 de la abrogada Ley del ISSSTE).

28. Por eso, como se dijo, son fundados los conceptos de violación que se expresan en la demanda de amparo, ya que, contrariamente a lo considerado por la Sala responsable, en el caso sí se actualiza también el requisito consistente en que el aumento de las prestaciones económicas de bono de despensa y previsión social múltiple, haya sido otorgado de manera general al personal operativo en activo.

...

35. Por tanto, si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le reconoció a la ahora quejosa, como parte de su pensión, los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, como se observa de los recibos de pago de pensión exhibidos, es inconcuso que tiene reconocida la calidad de personal operativo, pues percibe esos conceptos; por ende, de conformidad con el último párrafo del artículo 43 del reglamento aplicable, tiene derecho al aumento de la pensión de los referidos conceptos, ya que se actualizan los dos requisitos que establece el citado artículo (que las prestaciones hayan sido aumentadas de manera general a los trabajadores en activo y, que resulten compatibles a los pensionados), para que la actora, en su carácter de pensionada, tenga derecho, en su proporción, al aumento de las prestaciones económicas de bono de despensa y previsión social múltiple....”

Como se advierte, el propio Poder Judicial de la Federación ha reconocido que asiste el derecho a pensionados y jubilados a lograr la actualización de los conceptos antes indicados por lo que deben emprenderse acciones para que puedan ver incrementados sus ingresos y, así, conforme a derecho, gozar de una digna pensión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, de acuerdo con sus competencias, se realice la actualización correspondiente a los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple para los pensionados y jubilados, en la misma forma en que lo hace para los trabajadores en activo y, para que, realice el pago retroactivo correspondiente a las diferencias por los conceptos antes señalados.

Nota:

1 “Día internacional de las personas de edad, I de octubre”. Organización de Naciones Unidas. Consultado el 8 de marzo de 2017, disponible en http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputados: Armando Luna Canales, Jericó Abramo Masso, Francisco Saracho Navarro, Flor Estela Rentería Medina, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Jorge Enrique Dávila Flores (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE PERMITA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TRAÍDOS AL PAÍS POR MEXICANOS REPATRIADOS DE ESTADOS UNIDOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a permitir la libre circulación en todo el territorio nacional de vehículos traídos por mexicanos repatriados de Estados Unidos de América hasta por dos años previos a su regularización, suscrita por los diputados Juan Carlos Ruíz García y Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Carlos Ruíz García, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a que permita la libre circulación en todo el territorio nacional de vehículos traídos al país por mexicanos repatriados de los Estados Unidos de América hasta por dos años previos a su regularización, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según cifras del comisionado del Instituto Nacional de Migración, 219 mil mexicanos regresaron repatriados de Estados Unidos, voluntaria e involuntariamente el año pasado. En lo que va del presente año, ya han regresado a nuestro país casi 10 mil mexicanos según la misma fuente oficial. Estos números se verán incrementados por la política anti-migrante promovida por el Presidente de los Estados Unidos, que no quita el dedo del renglón y continua, como lo hizo desde su campaña, denigrando a los mexicanos que van a trabajar o estudiar a aquel país.

Lo anterior representa una situación de la más alta gravedad por múltiples razones, ya que nuestro país no tiene la capacidad para recibir a tal cantidad de mexicanos en su planta productiva, en sus escuelas para el caso de los estudiantes, en sus centros de salud para los enfermos, en sus campos agrícolas, entre muchos otros espacios que hoy apenas soportan a la población actual.

Estados como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, México y Puebla son los que más migrantes exportan a Estados Unidos, según se refleja en las cifras más recientes que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a este respecto. Llama la atención la edad a la que se van nuestros compatriotas a Estados Unidos, el 68 por ciento lo hace entre los 15 y los 25 años, que es precisamente la edad en la que se definen aspectos tan importantes como el profesional y laboral de una persona.

Es decir, permitimos que se marche nuestra fuerza productiva en la etapa más plena de su vida laboral. Ello tiene consecuencias inmediatas y en el largo plazo, como la pérdida de la competitividad nacional y la futura carencia de infraestructura para atender a aquellos mexicanos que decidan o deban regresar a su país a pasar la fase final de su vida.

En este orden de ideas, es pertinente reconocer los beneficios que, con su arduo trabajo, los migrantes acarrean a sus comunidades y a sus familias. Principalmente, debemos observar la derrama económica que generan con lo que favorecen la activación de la economía de sus comunidades, municipios y por ende de la economía nacional. No en vano las remesas se han colocado entre los tres primeros lugares de los ingresos con los que cuenta nuestro país, a la par de los ingresos por el petróleo.

En virtud de ello es que tenemos la gran responsabilidad de apoyar de todas las formas que estén a nuestro alcance a todos los mexicanos que quieren o deben regresar a su país, con el propósito de que su retorno y reinserción en su comunidad sea lo más ágil y fácil posible. Lo anterior, tomando en cuenta que según diversas estimaciones, aún existen unos ocho millones de mexicanos ilegales en Estados Unidos, por lo que el problema está por agravarse en los próximos años.

Por ello es que la presente proposición con punto de acuerdo plantea que los mexicanos que, por deseo propio o resultado de la política anti-migrante del Presidente de los Estados Unidos de América, regresen a México tengan la posibilidad de conservar los bienes que lograron acumular producto de su trabajo a lo largo de su estancia en aquel país.

Uno de tales bienes son los vehículos y camionetas que muchas veces adquieren para trabajar en el campo o para trasladarse a las grandes fábricas en las que laboran largas jornadas y no tienen para ellos transporte por su condición de migrantes ilegales. Es así que vehículos y camionetas se convierten en una valiosa herramienta de trabajo para los migrantes y es en la gran mayoría de los casos, el único bien que pueden conservar a su regreso a México.

A este respecto, sabemos que el 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados”, cuya vigencia fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2011 mediante el “Decreto que modifica el diverso por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados”.

De igual forma se publicó en diciembre de 2016 una reforma al Transitorio Primero del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011 y modificado mediante diversos publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 31 de enero de 2013, 30 de enero de 2014, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015, a fin de establecer la vigencia de dicho Decreto hasta el 31 de diciembre de 2017”.

Dichos documentos establecen, entre otros requisitos para internar a México vehículos usados de Estados Unidos, que se cuente con el certificado de origen y que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

Si bien dicha medida tiene medidas en favor de aspectos medioambientales y económicos, la situación que viven los migrantes repatriados a México amerita acciones contundentes que permitan paliar los retos a los que se enfrentan los miles de mexicanos que deben reinsertarse a la vida productiva de un país que les resulta ajeno tras muchos años de no vivir en él.

El presente documento propone que, de acuerdo a los decretos arriba citados, y los que tengan impacto a la importación de vehículos, permita a los mexicanos repatriados de forma voluntaria e involuntaria, ingresar al país sus vehículos libremente, para que puedan llegar a sus comunidades con uno de los bienes, que en el regreso conformarán su patrimonio y que tengan un plazo razonable para, entre otros tantos procesos que deberán realizar para su reinserción a la vida productiva, regularizar los vehículos que lograron comprar en su estancia en Estados Unidos.

En virtud de estas consideraciones, invito a mis compañeros legisladores a brindar su apoyo a los mexicanos que regresan a su país después de haber vivido en un país ajeno a sus costumbres, a su cultura, lejos de sus familias y de su comunidad. Tenemos el deber moral de apoyar con todas las herramientas a nuestro alcance a todos los mexicanos, en este caso a aquellos que buscan formar parte de sus estados tras un largo viaje.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a que gire las instrucciones pertinentes a fin de permitir la libre circulación en todo el territorio nacional de vehículos traídos al país por mexicanos repatriados de los Estados Unidos de América hasta por dos años previos a su regularización de conformidad con la normatividad aplicable.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2017.— Diputados: Juan Carlos Ruíz García, Baltazar Martínez Montemayor (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

SE EXHORTA A LA ASF A QUE AUDITE LOS CONTRATOS QUE LA EMPRESA BRASILEÑA ODEBRECHT HA CELEBRADO CON EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO; Y SOLICITA AL TITULAR DE PEMEX A COLABORAR PARA UNA EFECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a incluir en la revisión de la Cuenta Pública de 2016 una auditoría con enfoque vertical sobre los contratos celebrados de 2010 a la fecha entre la firma brasileña Odebrecht y las empresas productivas del Estado; y al director general de Pemex, a colaborar para una efectiva rendición de cuentas y combatir la corrupción e impunidad, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Julio Saldaña Morán, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62 numeral 3; 79 numeral 1, fracción I, y numeral 2, fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública la sanción impuesta a la empresa brasileña Odebrecht por actos de corrupción en diversos países. En dicho comunicado se señala que la empresa sobornó a funcionarios del gobierno mexicano por un monto 10.5 millones de dólares, citando como ejemplo que de ese monto, 6 millones de dólares fueron para un alto funcionario de una empresa controlada por el Estado.

2. Según el Boletín Nacional número 12, publicado por Petróleos Mexicanos (Pemex) el 16 de febrero de 2017, la Unidad de Responsabilidades en Pemex, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, inició investigación para determinar si el soborno fue realizado a funcionarios de esta empresa productiva del Estado y en su caso sancionar a los responsables. Por ello, la Unidad de Responsabilidades realiza un minucioso análisis de todos los contratos celebrados entre Pemex y Odebrecht y sus filiales. Dicha investigación se encuentra en curso.

3. Por su parte, la empresa productiva del estado presentó el 25 de enero del presente año denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resulte responsable, por posibles actos delictivos ocasionados en su contra.

4. De manera puntual Pemex redacta que está colaborando tanto con la Unidad de Responsabilidades como con la Procuraduría General de la República en el esclarecimiento de los hechos, para que se sancionen a los responsables y se reparen los daños ocasionados.

Consideraciones

I. Durante la revisión de la Cuenta Pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría a Pemex Transformación Industrial (PTI), respecto al mantenimiento de la capacidad de producción, durante el periodo 2013-2017, así como le aprovechamiento de residuales de la Refinería Tula, en la que seleccionó una muestra de 37 contratos por un importe de 4, 807.22 millones de pesos (77.1 por ciento del monto total erogado por la empresa en 2015).

Entre los contratos revisados destaca el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 por un monto contratado de 1,436.39 millones de pesos cuyo objeto fue el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo; contratado con la empresa brasileña Odebrecht.

II. Derivado de la revisión señalada en el numeral 5, la ASF detectó diversas irregularidades, entre las que destaca lo siguiente:

• PTI realizó un gasto injustificado en su construcción, lo que repercutió en un alto costo del mantenimiento del inmueble de la entidad.

• La ASF constató que PTI no exigió a la contratista la información económica y legal de las empresas subcontratistas que permitiera evaluar que estaban en condiciones de realizar los trabajos de acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo. Tampoco acreditó con la documentación respectiva haber evaluado técnicamente a los subcontratistas que realizaron los trabajos de obra civil, de arquitectura y acabados en edificios, de estructura metálica, laboratorios de calidad, tuberías, obra eléctrica e instrumentación.

Si bien, la ASF detectó algunas faltas por parte de la contratista y de PTI, no derivaron en acciones, debido al alcance de la revisión.

III. Durante la revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF, auditó los 4,638.19 millones de pesos que Pemex Refinación erogó en los contratos de obra pública mixto a tiempo determinado número PR-OP-L-022/04P, y a precio alzado números PR-OP-L-024/04P, PR-OP-L-002/05P, PROP-L-001/05P y PR-OP-L-003/05P, en el Proyecto Asociado al Cierre Administrativo de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán.

• El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado número PR-OP-L-002/05P, tuvo por objeto el “Desarrollo de la ingeniería de detalle, procura de equipo y materiales, construcción, pruebas, capacitación, preparativos de arranque, arranque y pruebas de comportamiento para las unidades: Planta hidrodesulfuradora de gasóleos, planta de hidrógeno y planta recuperadora de azufre que incluye sección claus y sección de tratamiento de gas de cola, en la refinería General Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz”. Fue adjudicado mediante licitación pública internacional número 18572039-015-03, cuyo fallo fue dado a conocer en junta pública el 5 de enero de 2005 al grupo formado por las empresas Río San Juan Construcciones, SA de CV, Técnicas Reunidas, SA, y Constructora Norberto Odebrecht, SA (Mina Trico).

• Entre los resultados, destaca que, no obstante que Pemex Refinación solicitó recursos adicionales para la conclusión y finiquito de trabajos del proyecto Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán, en 2012, el Cierre Administrativo del Proyecto en general no se efectuó en 2012, como se señaló en los documentos proporcionados a la ASF.

IV. De conformidad con una investigación realizada por Animal Político, en febrero de 2011, la ASF entregó al órgano interno de control de Pemex una relación de las anomalías que un año antes había descubierto en la obra de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz. En los tres años siguientes, el órgano fiscalizador encontró más anomalías en la misma obra, pero Pemex nunca promovió sanciones contra la empresa. Por ejemplo, el costo de esa obra se disparó 66 por ciento, pues el contrato original otorgado a Odebrecht fue por 634.9 millones de dólares y al final le pagaron 1,055 millones de dólares. Además la constructora entregó la obra con cinco años de retraso; se había pactado finalizar en 2008 y se concluyó hasta 2013.

V. Si bien, la entidad de fiscalización superior ha realizado diversas revisiones en las que, como componentes de la muestra seleccionada, se encuentran contratos celebrados entre empresas productivas del estado y la empresa brasileña acusada de corrupción, Odebrecht, no se ha realizado una revisión puntual a todos los contratados celebrados entre ésta y otras empresas del Estado. Derivado de lo anterior, y en consideración del título cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es necesario que la ASF realice una revisión puntual de todos los contratos celebrados con la empresa Odebrecht así como sus filiales.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio a su autonomía técnica y de gestión, incluya en la revisión a la Cuenta Pública de 2016, una auditoría con enfoque vertical a los contratos que la empresa brasileña Odebrecht ha celebrado con las empresas productivas del estado, desde 2010 a la fecha. Asimismo, se solicita al titular de Pemex que, así como está colaborando con la Unidad de Responsabilidades y con la Procuraduría General de la República, colabore con la Auditoría Superior de la Federación para una efectiva rendición de cuentas, y así combatir la corrupción e impunidad.

Notas:

1 Auditoría de Inversiones Físicas: 15-6-90T9M-04-0523, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015.

2 Auditoría de Inversiones Físicas: 12-1-18T4M-04-0212, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO A ABSTENERSE DE INTERVENIR EN LA VIDA SINDICAL DE SUS TRABAJADORES Y RECONOCERLES DIVERSOS DERECHOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo a abstenerse de intervenir en la vida sindical de los trabajadores y reconocer diversos derechos del Sindicato Independiente de Trabajadores, Técnicos y Profesionistas de la institución, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El sindicato representa una de las más importantes figuras del derecho laboral, la cual otorga a los trabajadores seguridad en la defensa de sus derechos y la obtención de mejores condiciones de trabajo en la relación obrero patronal.

Bajo este tenor encontramos que el Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del Instituto Mexicano del Petróleo (SITTPIMP) tuvo su origen el 6 de septiembre de 2012, fecha en que se constituyó siendo otorgada la toma de nota correspondiente en cumplimiento de ejecutoria, bajo número de registro 6090 por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Desde que se constituyó el sindicato a la fecha ha existido un acoso laboral e intimidación contra los trabajadores del sindicato independiente (SITTPIMP) de los mandos medios y superiores del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en un principio hubo bloqueo de la página web perteneciente al sindicato así como los correos electrónicos de los agremiados mismos que a la fecha continúan bloqueados.

La participación del sindicato ha sido minimizada e inclusive ignorada por parte del director general del Instituto Mexicano del Petróleo ya que en el mes de julio de 2015 el (SITTPIMP)presentó propuestas para la revisión del contrato colectivo de trabajo 2015-2017 que no fueron reconocidas por la autoridad antes mencionada y en el mes de agosto del mismo año fue realizada la revisión y aprobación del contrato colectivo de trabajo sin consultar a los trabajadores, como cada año desde hace 15 años.

Con fecha 30 de mayo 2016, en la asamblea general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, por medio del secretario general informa a los trabajadores que habrá despidos y hace la recomendación de no demandar despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya que éstas serán sustituidas por tribunales de justicia laboral.

Hecha esta declaración el 16 de junio 2016 es despedido el secretario general del sindicato independiente por instrucciones del director general del Instituto Mexicano del Petroleó, doctor Ernesto Ríos Patrón.

Sin embargo cabe mencionar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho de los trabajadores y de los empresarios para coaligarse en defensa de sus intereses, ya sea en sindicatos, asociaciones profesionales u otro tipo de agrupaciones, conforme a la fracción XVI, del apartado A del artículo 123.

El convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (número 87) establecido por la Organización Internacional del Trabajo nos precisa en su artículo 2 “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.

Por su parte, el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el sindicato es la “asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses”; a su vez en el artículo 133 se establece que “Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores”.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta representación nacional exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo reconozca al Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del Instituto Mexicano del Petróleo y respete el principio de pluralismo sindical reconocido en el artículo 123 constitucional asimismo en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo.Asimismo, se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Petróleo, doctor Ernesto Ríos Patrón, a que se abstenga de intervenir en la vida sindical de los trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, que respete sus derechos laborales, así como el pago de cuotas sindicales de los agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del Instituto Mexicano del Petróleo, y otorgue los permisos sindicales para la ejecución de la defensa de los trabajadores agremiados al mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

RELATIVO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL 2017, PARA LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL AL DIÉSEL AGROPECUARIO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la evaluación de resultados y procedimiento operativo de 2017 para aplicar el estímulo fiscal al diésel agropecuario, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado, Alex Le Baron González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para dar cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento, referente a que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), debe establecer las condiciones y mecanismos que permitan a los productores agropecuarios tener acceso a una cuota energética de diésel agropecuario a precios y tarifas de estímulo , para 2016 la SHCP publicó en DOF el 30 de diciembre de 2015, el acuerdo 29/2015 por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Con base en el marco anterior se establecieron los Lineamientos Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal al diésel agropecuario 2016, los cuales fueron publicados en el portal Sagarpa con fecha del 23 de junio del 2016, en los que se describen las actividades y responsabilidades de cada una de las áreas participantes y el procedimiento operativo.

El Estímulo Fiscal de diésel agropecuario 2016, es de aplicación nacional y su operación está a cargo de la Oficialía Mayor, encargada de establecer los procedimientos para afiliar y autorizar las estaciones de servicio que participan en la aplicación del beneficio, así como generar integrar e informar a Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo a los formatos establecidos, el monto de los consumos realizados, aplicando el procedimiento a los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2016 y Otoño –Invierno 2016/2017.

Este programa, estructurado por la Sagarpa, en coordinación con la SHCP y Pemex, está dirigido particularmente a los productores que forman parte del Padrón de diésel agropecuario que recibieron apoyo en el año 2013 (el programa se había suspendido a partir de 2014 y durante 2015).

En el caso del diésel agrícola, la SHCP solicitó depurar el padrón de acuerdo al esfuerzo para la desincorporación que realizó la Sagarpa en ejercicios pasados y suprimiendo a los beneficiarios que causaron baja por defunción o falta de renovación de su registro por tres años consecutivos.

Por otro lado, la Sagarpa exhortó a los productores involucrados a que acudieran al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural correspondiente para reinscribirse como beneficiarios del programa antes del cierre de ventanillas; para el 30 de octubre del 2016.

Cabe reiterar que el objeto del apoyo es beneficial a los productores agropecuarios aplicando una exención del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que está incluido en el costo total del litro de diésel al público en general. Además, de acuerdo al Procedimiento Operativo, el consumo de la cuota energética del Estímulo Fiscal al diésel agropecuario 2016 para el ciclo Primavera-Verano 2016, deberá consumirse exclusivamente en el periodo de abril a diciembre de 2016 y la correspondiente al ciclo Otoño-Invierno 2016/2017 en el periodo de agosto de 2016 a junio de 2017.

Es necesario que los productores del país sean apoyados por el estímulo fiscal con el que el gobierno federal se ha comprometido y así apoyar a estos sectores elementales de nuestra economía, para que se cumpla con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo sexenal.

Asimismo, en los Lineamientos generales para la aplicación del estímulo fiscal al diésel agropecuario y pesquero se establece que la unidad responsable, en este caso, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, perteneciente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la encargada de llevar a cabo la supervisión, evaluación y generar los estados de avance.

De esta manera exhorto a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que, en el ámbito de su competencia, haga de conocimiento público cuales han sido los indicadores estratégicos de gestión y evaluación, los resultados relativos al primer año de aplicación, así como el programa operativo del año 2017 de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, para conocer en qué situación se encuentra, y cuáles han sido las problemáticas que ha enfrentado dicho apoyo.

En ese sentido me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que en el ámbito de su competencia haga de conocimiento público un estado de avance relativo al primer año de aplicación y el programa operativo aplicable para el año 2017 de la implementación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Alex Le Baron González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

SE EXHORTA A SECTUR A REALIZAR CAMPAÑAS DE IMPULSO Y DIFUSIÓN DE LOS DESTINOS CON EL SELLO DISTINTIVO PARAÍSOS INDÍGENAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a realizar campañas permanentes de impulso y difusión de los destinos con el sello distintivo “Paraísos Indígenas”, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular la Secretaría de Turismo a realizar campañas con carácter permanente de impulso y difusión de los destinos con el sello distintivo denominado: Paraísos Indígenas.

Consideraciones

En nuestro país, la política en materia de turismo está enmarcado en el Programa Sectorial de Turismo (Prosectur) 2013-2018, en correspondencia al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, particularmente a su objetivo 4.11 que dispone, “aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país”, del cual se desprenden cuatro estrategias: impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos; e impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.

Prosectur es el documento rector de la planeación del Ejecutivo federal en materia turística y en él se plasman los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores concretos del sector. Este instrumento de política pública señala que México es reconocido por el turismo de sol y playa pero que existen señales claras de su agotamiento. No obstante, el mismo documento refiere que existen otras áreas de oportunidad para desarrollar productos turísticos atractivos y sustentables como lo representa el turismo cultural, de negocios, ecoturismo y aventura, turismo de salud, deportivo y de lujo.

Cabe reconocer que México es uno de los países con mayor turismo cultural del mundo. La riqueza cultural, geográfica e histórica de nuestro país se aprecia a través de sus destinos turísticos, su gastronomía, su arquitectura, sus tradiciones y todo lo que forma parte integral de un pueblo.

Al amparo de ello, la Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) en el marco de la estrategia de consolidación de los proyectos de turismo de naturaleza pusieron en marcha el concepto o marca: “Paraísos Indígenas”, mismo que es un sello distintivo que agrupa a los sitios turísticos con alto valor natural, cultural e histórico bajo el resguardo de comunidades cuyo esquema de organización, basado en sus usos y costumbres, le permite conservar, transmitir y compartir su herencia y conocimiento ancestral.

Sobre ese particular, el informe al cuarto trimestre de 2016, sobre el cumplimiento de objetivos y metas de programas sujetos a reglas de operación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, particularmente del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena señala que

En el marco de la estrategia de consolidación de los proyectos de Turismo de Naturaleza, el 1 de septiembre se suscribió el convenio modificatorio con la Secretaría de Turismo (Sectur), mismo que considera un monto total de 52,906.8 miles de pesos para fortalecer los proyectos, en infraestructura y equipamiento, servicios de calidad, certificación y capacitación, plan de señalética, cultura (cocineras), difusión y promoción, así como en bellezas naturales e identidad.

Al 31 de diciembre, derivado de la validación social y de campo, se apoyaron 219 proyectos turísticos de la marca Paraísos Indígenas en 18 entidades federativas: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Como parte de las acciones de fortalecimiento a la marca, en abril de 2016 se apoyó con acciones de estandarización de esta marca y del servicio, además de los 219 proyectos se apoyó con el equipamiento turístico de 104 proyectos incorporados a la marca por un monto de 36,284.4 miles de pesos en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y en la Ciudad de México.

Cabe destacar que además, Paraísos Indígenas se ha instituido en espacios de intercambio cultural que permite a los visitantes conocer y valorar la sabiduría de los pueblos originarios y que al mismo tiempo permite a las comunidades locales beneficiarse de la existencia del sitio.

La CDI apoya el programa que nos ocupa, a través de recursos y capacitación, el crecimiento de las capacidades locales de las comunidades indígenas, pero además refuerza otros temas de importancia como la administración, la promoción y la responsabilidad social.

A pesar de lo anteriormente expuesto, lo cierto es que el concepto del Programa Turístico. “Paraísos Indígenas”, es poco conocido y resulta lamentable pues constituye una oportunidad de desarrollo regional que permite construir condiciones de bienestar y cohesión social en las comunidades indígenas del país.

Dado ello, esta propuesta acude a la Secretaría de Turismo, toda vez que es la dependencia que ejerce la facultad de formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional que corresponde al Poder Ejecutivo federal, según se estipula en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como el artículo 4 de la Ley General de Turismo.

Más aún, señala el mismo ordenamiento en su artículo 2, fracción II, que la Secretaría de Turismo en la instancia que debe de establecer las bases para la política, planeación y programación de la actividad turística en todo el territorio nacional, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado...

Ciertamente se llevan décadas de políticas de apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas con escasos resultados. Cada secretaría de Estado de la administración pública federal, e incluso, cada programa público orientado a la atención de la población indígena ha operado bajo sus propios criterios, lo que desarticula el aspecto público, reduce su eficacia y en más de las ocasiones no considera la participación de las comunidades indígenas.

Por ello, mediante este recurso legislativo se realiza un exhorto al titular de la Secretaría de Turismo, como una acción afirmativa encaminada a fortalecer la cadena productiva en aras de mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas.

Incluso, de acuerdo con el World Economic Forum, México se ubica en el 4to lugar a nivel mundial de riquezas naturales, muchas de las cuales son habitadas por comunidades indígenas. De igual forma lo posiciona en el lugar número 11 en el mundo, en lo referente a recursos culturales. Esta riqueza cultural en gran parte se debe al aporte histórico que han brindado los pueblos y comunidades indígenas del país.

Dado lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al titular del se exhorta al titular la Secretaría de Turismo a realizar campañas con carácter permanente de impulso y difusión de los destinos con el sello distintivo denominado: Paraísos Indígenas.

Referencias:

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=529946

2 Programa Sectorial de Turismo (Prosectur) 2013-2018.-

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572 &fecha=13/12/2013

3. Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.-

http://www.gob.mx/cdi/prensa/paraisos-indigenas-un-concepto-unico-de- turismo-que-beneficiara-a-las-comunidades-originarias.

4. Informe del Cuarto Trimestre de 2016 sobre el cumplimiento de objetivos y metas de programas sujetos a reglas de operación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

5. Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.- www.cdi.gob.mx.

Otras fuentes consultadas:

1. Ley General de Turismo.- www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio.

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio.

3. Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.- www.cdi.gob.mx.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

SE EXHORTA A DIVERSAS INSTITUCIONES A EMPRENDER ACCIONES URGENTES PARA ENFRENTAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CDMX

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones federales y de la Ciudad de México a emprender acciones coordinadas urgentes para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos debido al aumento de feminicidios en la entidad, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a que emprendan coordinadamente acciones urgentes para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos en dicha entidad federativa.

Exposición de Motivos

De acuerdo con datos recientes, tan solo en el año 2011 el 42 por ciento de las mujeres mexicanas sufrió algún tipo de violencia. De esta violencia, resulta sumamente preocupante que la violencia que mostró un mayor grado de crecimiento fue la violencia letal, es decir los homicidios violentos de mujeres (por el hecho de ser mujeres).

Investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y particulares ha establecido que, sin considerar la cifra negra previsible (que se estima mucho más alta), en el país se presentan 150,000 denuncias en forma anual, por actos de violencia de género; de las cuales aproximadamente sólo 16,500 fueron recogidas en una averiguación previa (actualmente carpeta de investigación), y de éstas “solo 2.4 por ciento terminaron con una sentencia condenatoria”.

Desafortunadamente, las cifras sobre homicidios violentos de mujeres en México varían dependiendo la fuente, pues no existe un sistema integral de información que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, los cuales conforman la violencia feminicida. Tampoco existe información sobre las características tanto de los hechos como de las víctimas y los agresores, la atención brindada, su eventual denuncia, sanción y reparación del daño. Aun peor, en México no se ha podido lograr que la totalidad de las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas integren sistemas de información que faciliten el seguimiento de los casos de feminicidio tal como están definidos en los respectivos códigos penales.

Lo anterior nos obliga a recurrir a distintas fuentes de datos para poder cuantificar los casos de feminicidios en México: encuestas en hogares, censos de gobierno, estadísticas vitales y registros administrativos, las cuales cubren distintas expresiones de la violencia feminicida, particularmente desde tres instancias administrativas: los servicios de salud y las instituciones de procuración y las de impartición de justicia. De igual forma, resulta en que una buena parte de las muertes violentas de mujeres queden en la impunidad porque no se investigan, ni se actúa con la debida diligencia. Muchos de los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados considerando que podrían tratarse de feminicidios.

Esta falta de datos oficiales sobre los homicidios violentos de mujeres en México, así como la falta de debida investigación de los hechos (la deficiente actuación del Estado), aporta información sobre la violencia estructural e institucional contra las mujeres que se vive en el país y el grave problema de feminicidios que tenemos.

Cabe recordar que la socióloga mexicana, Marcela Lagarde, acuñó el término de feminicidio como:

“el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Es decir, la impunidad constituye un problema de carácter estructural que se manifiesta en la ausencia de investigación y sanción de la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres, lo que contribuye al fracaso de la función disuasoria y sancionadora del sistema penal y a la consecuente perpetuación de un contexto de violencia contra la mujer.”

Tal es el caso de la Ciudad de México, donde de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio desde 2013 los asesinatos de mujeres o feminicidios han incrementado en violencia paulatinamente; es decir, no sólo los homicidios de mujeres han aumentado en la Ciudad de México, sino que también las vejaciones que sufren las mujeres en el proceso. En 2015 al menos 75 mujeres fueron asesinadas de manera brutal, mientras que de enero a junio de 2016, 36 asesinatos de mujeres fueron documentados; sólo 24 de ellos fueron investigados como feminicidios, de acuerdo con datos de la asociación. De igual forma, el Observatorio ha informado que las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, y Álvaro Obregón tienen las cifras más altas de feminicidios, así como de brutalidad.

Otro dato relevante se presenta en el Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México elaborado por el Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor número de mujeres violentadas sexualmente y también ocupa el segundo lugar entre las entidades federativas respecto al número de personas que figuran como víctimas en averiguaciones previas de delitos sexuales.

Probablemente el caso más emblemático de la brutalidad de los asesinatos de mujeres en la Ciudad de México sea el llamado multi-homicidio de la Colonia Narvarte, donde los y las abogadas del caso denunciaron deficiencia en las investigaciones y desestimación de una línea de investigación por feminicidio por parte de la PGJCDMX. El caso llamó más la atención de los medios y de la sociedad por el asesinato de un periodista, que también es grave, que por el asesinato brutal de mujeres.

Como señalaron varias organizaciones, los feminicidios de la Narvarte no son un caso aislado en la Ciudad de México, pues reflejan el contexto de violencia contra las mujeres que existe, donde se comenten delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres que perturban la paz; así como acciones y omisiones de las autoridades del Estado que violan sus derechos humanos, perpetúan la impunidad y la violencia de género.

Nuestra Constitución Política, en su artículo primero establece la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos; y prohíbe toda discriminación en razón del sexo. En el ámbito internacional y debido a la violencia sistemática contra las mujeres en diversos países del mundo, el Comité Sobre la Convención de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres de Naciones Unidas ha instado a los Estados parte en la Recomendaciones Generales núm. 12 y 19:

1. Una legislación vigente para proteger a la mujer de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etcétera);

2. Adoptar medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres;

3. Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos;

4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia.

De igual forma, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un contexto de violencia feminicida como el que se describe en el caso de la Ciudad de México, ilustra la necesidad de acciones gubernamentales de emergencia coordinadas para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal establece en su artículo segundo como objeto de este organismo la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Como ya se mencionó, la violencia feminicida que se ha incrementado en la Ciudad de México viola los derechos humanos de las mujeres y niñas que son diariamente violentadas en esta entidad federativa.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, con el objetivo de brindar seguridad a las mujeres y el cese de la violencia en su contra:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a que emprendan coordinadamente acciones urgentes para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos en dicha entidad federativa.

Notas:

1 Roberto Castro (2015). “ Lo que sabemos y lo que ignoramos”, enViolencias Invisibles. Revista NEXOS. México, Junio 2016, 20-23 págs.

2 En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la Violencia Feminicida: “Artículo 21. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

3 Ana Pecova (2015). “ Derechos de Papel”, enViolencias Invisibles. Revista NEXOS. México, Junio 2016, 29-31 págs.

4 ONU Mujeres, “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014”, disponible en: http://www2.unwomen. org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/02/violencia% 20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.p df?v=1&d=20160418T214527

5 UNETE, La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe, disponible en http://www.un.org/es/women/ endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf

6 Feminicidios en Ciudad de México, cada vez más violentos, disponible en http://regeneracion.mx/feminicidios-en-ciudad-de-mexico-cada-vez-mas-violentos/

7 CEAV, “Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México”, disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Resumen_ Ejecutivo_diagno_stico_violencia_Sexual_CEAV.pdf

8 Para mayor información ver: http://www.animalpolitico.com/ 2016/08/multihomicidio-la-narvarte-7-claves-las-autoridades-no-investigan-ano-d el-caso/; http://www.cimacnoticias.com.mx/node/ 70723

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputada Concepción Villa González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

SE EXHORTA AL EJECUTIVO A AUMENTAR CANTIDAD DEDUCIBLE DEL ISR, EN RELACIÓN CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aumentar la cantidad que se podrá deducir del ISR respecto del estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios de enseñanza en educación básica y media superior, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a aumentar la cantidad que se podrá deducir del Impuesto sobre la Renta, respecto del estímulo fiscal otorgado con relación con los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y media superior, otorgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Considerando necesario apoyar a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos, señaladamente en la educación de tipo básico y media superior, con lo que se fortalecería la consecución del objetivo de lograr una mayor cobertura educativa y permanencia en el sistema educativo nacional, a través de los programas presupuestales existentes, con fecha 15 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO del Ejecutivo Federal por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos.

El estímulo fiscal fue otorgado a las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los establecidos en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), consistente en disminuir del resultado obtenido conforme a la primera oración del artículo 177 de la Ley del ISR, la cantidad que corresponda conforme al artículo tercero de dicho decreto, por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge, o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente:

1. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y

2. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.

El DECRETO estableció que el estímulo fiscal no sería aplicable a los pagos que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno y aquellos correspondiente a cuotas de inscripción o reinscripción, y consideró asimismo que tampoco sería aplicable cuando las personas beneficiarias reciban becas o cualquier otro tipo de apoyo económico público para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.

Con el objeto de que la medida no afectara la progresividad de la estructura del ISR de personas físicas, se estimó necesario limitar el beneficio a un monto máximo anual, para lo cual se estableció que la cantidad que se podrá disminuir no excederá, por cada una de las personas físicas señaladas como beneficiarias del estímulo fiscal, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, siendo los siguientes:

Lo que buscó el DECRETO es que el estímulo fiscal otorgado fortaleciera la economía familiar, en la medida en que, en la determinación de su ISR anual, los padres o jefes de familia puedan disminuir el gasto por los servicios de enseñanza en educación básica y media superior, con lo que se generaría un ahorro fiscal y que, consecuentemente, pudiera traducirse en la generación de una mayor disponibilidad de recursos que las propias familias podrían destinar a otros rubros de gasto indispensables para el mejoramiento y bienestar del hogar.

Con la intención de procurar el acceso a la educación de las familias mexicanas, el presidente Enrique Peña Nieto, a través del DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, estimó oportuno mantener el estímulo por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior, otorgando, en los Artículos 1.8, 1.9 y 1.10 del citado decreto, el estímulo fiscal prácticamente en los mismos términos del decreto publicado el 15 de febrero de 2011y con la misma cantidad que se podrá disminuir del ISR.

El DECRETO del presidente Peña Nieto adicionó la disposición de que cuando los contribuyentes realicen en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, pagos por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de deducción que se podrá disminuir, será el que corresponda al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició, disponiendo además, como un elemento de apoyo adicional a la economía de las familias de México, que la limitante establecida en el último párrafo del artículo 151 de la Ley del ISR no le será aplicable a la cantidad que se podrá disminuir del ISR, es decir, que la cantidad a deducir por los gastos en servicios de enseñanza no se tomarán en cuenta para el límite global de las deducciones personales.

En nuestra consideración, el estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios educativos o de enseñanza no solo ha sido de gran importancia para el fortalecimiento de la economía de las familias, que por cierto el gasto en educación constituye el cuarto más relevante o en orden de importancia del gasto familiar, sino que además contribuye a fortalecer la oferta educativa en el país en el marco del Sistema Educativo Nacional y a elevar el nivel de enseñanza.

La educación privada en México ha tenido un creciente papel como integrante de la oferta educativa, tanto así que de acuerdo al documento La Educación Obligatoria en México, Informe 2016, existen 14 mil 692 planteles privados de educación preescolar, un 16.2 % de la oferta total, en donde estudian 677 mil 679 niños, el 14.1 % de los alumnos totales del nivel educativo: 8 mil 795 centros escolares de educación primaria, un 8.9 % del total, en donde están matriculados 1 millón 264 mil 264 alumnos, el 8.8 % del total de ellos de ese grado a nivel nacional; 4 mil 901 colegios privados de educación secundaria, un 12.7 % del total nacional, que concentran 569 mil 669 educandos, que representan el 8.3 % de los alumnos inscritos en el nivel; y, 5 mil 725 planteles de educación media superior, el 35.4 % del total, en donde estudian 906 mil 365 bachilleres, el 18.8 % de los estudiantes del nivel.

La educación privada contribuye a la tarea permanente del Estado de garantizar el ejercicio pleno del derecho humano a una educación obligatoria de calidad y, por ende, es hoy elemento notable del Sistema Educativo Nacional que promueve y fomenta, a la par de la educación pública, la formación de capacidades, valores y competencias de nuestros niños y jóvenes, que en el futuro mediato e inmediato se verá traducido en logros individuales desde luego pero también en desarrollo y progreso de la sociedad y del país.

No obstante la importancia del estímulo fiscal en beneficio de la economía familiar y a seis años de haber sido otorgado y tres de ratificado, creemos que hoy ya resulta insuficiente toda vez que para establecer el monto máximo de la deducción se estimó entonces conveniente el gasto de educación por alumno determinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de acuerdo a la información de la propia SEP en 2011, el que sin embargo actualmente ha aumentado, siendo el gasto promedio general por alumno en el país de 29 mil 400 pesos para el ejercicio 2015-2016; para prescolar de 17 mil 500 pesos; para primaria de 15 mil 900; de 24 mil 400 pesos para secundaria; de 33 mil 500 para bachillerato; y, de 23 mil 400 pesos para educación profesional técnica.

En ese contexto y dado que el estímulo no ha sufrido cambio alguno en su monto a deducir, consideramos se hace necesario se extienda el beneficio en la misma proporción en que ha aumentado el gasto por alumno, de ahí que lo que estamos solicitando es que el presidente de la República considere actualizar la cantidad que se podrá deducir del ISR respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en relación a los pagos por servicios de enseñanza, otorgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, para que consecuentemente sea de la siguiente manera:

Para robustecer nuestra consideración, es de destacar que la inflación en los servicios educativos o de enseñanza ha tenido en estos años un impacto, que se ha traducido en el aumento año con año de las colegiaturas que pagan los padres de familia, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha sido del 28.9 % en promedio; de 29.8 % en educación preescolar; de 32.6 % en primaria; de casi 30.0 % en secundaria, de 27.5 % a nivel bachillerato o equivalente; y, de 17.6 % en educación profesional técnica o carrera corta.

La actualización que se llegue a hacer de la cantidad que los contribuyentes, padres o jefas de familia, puedan disminuir del pago del ISR en relación con los pagos por servicios educativos o de enseñanza, creemos no resulta ni regresivo ni inequitativo, puesto que así como se consideró al momento en que fue otorgado, el estímulo fiscal seguirá quedando limitado a un monto máximo anual por nivel educativo.

Aunado a lo anterior, consideramos también que el que se aumente la cantidad que se podrá deducir del ISR respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en relación a los pagos por servicios de enseñanza, no afectará de ninguna manera los programas sustantivos destinados a la educación en nuestro país y no significará un costo oneroso a las finanzas del Estado, pues si bien las deducciones personales del ISR representan una pérdida de ingresos, para el caso de las deducciones por pago de colegiaturas representó para 2016 tan solo el 7.73 % del total de las deducciones en el ISR de personas morales y físicas, un 0.0128 % del Producto Interno Bruto del país.

El que se extienda el beneficio en la misma proporción en que ha aumentado el gasto por alumno, con lo que se actualizaría la cantidad que se podrá deducir del ISR respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en relación a los pagos por servicios de enseñanza, vendría en nuestra respetuosa consideración a complementar las diferentes medidas y acciones que responsablemente y para apoyar la economía familiar anunció el 9 de enero pasado el presidente Enrique Peña Nieto, y que tienen como objetivo contribuir a la estabilidad económica y social del país, la inversión, el empleo, el ingreso y el bienestar de las familias mexicanas.

Un estímulo fiscal que beneficie más a la población, económica y socialmente hablando, en contraste con el gasto fiscal que representaría, siempre es bienvenido y plausible, más cuando en la educación de nuestros niños y jóvenes están las bases para el desarrollo y prosperidad nacionales; cuando representa la educación igualdad, inclusión y cohesión; cuando representa inversión y es vital la educación de la política social de cualquier país.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a aumentar la cantidad que se podrá deducir del Impuesto sobre la Renta, respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en relación a los pagos por servicios de enseñanza, otorgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, en proporción al gasto de educación por alumno correspondiente a los tipos de educación básico y media superior, determinado por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2015-2016.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a considerar para los ejercicios fiscales 2018 y 2019 aumentar, en el momento oportuno que corresponda, la cantidad que se podrá deducir del Impuesto sobre la Renta, respecto del estímulo fiscal a que refiere el resolutivo primero de este Acuerdo, en proporción, respectivamente, al gasto de educación por alumno correspondiente a los tipos de educación básico y media superior para los ciclos escolares inmediatos anteriores a cada ejercicio o año calendario.

Notas:

1 El Título IV. DE LAS PERSONAS FÍSICAS, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) dispone que las personas físicas residentes en México están obligadas al pago del ISR que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado, en crédito, en servicios o de cualquier otro tipo.

2 El artículo 177 de la Ley del ISR, actualmente es el artículo 152 de la nueva Ley del ISR, que en la primera oración de su primer párrafo señala que las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX del Título IV. DE LAS PERSONAS FÍSICAS, de la Ley del ISR, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos Capítulos.

3 El artículo 37 de la Ley General de Educación señala que la educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria; y que la del tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.

4 El DECRETO consideró a los hijos adoptados como descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste.

5 El último párrafo del artículo 151 de la Ley del ISR dispone que el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15 % del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto; y que lo dispuesto en el párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III y V del propio artículo 151.

6 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La Educación Obligatoria en México, Informe 2016, p. 27, recuperado de http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/publicaciones/agosto/Informe2016-290 816.pdf

7 4° Informe de Labores 2015-2016 de la Secretaría de Educación Pública. Agosto 2016. P. 21. Recuperado de http://www.planeacion.sep. gob.mx/Doc/informes/labores/2012_2018/4to_informe_de_labores. pdf

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Índice de Precios al Consumidor. Educación. Visto en http://www.inegi.org.mx/sistemas/ IndicePrecios/Exportacion.aspx?INPtipoExporta=HTML

9 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Aspectos Relevantes del Presupuesto de Gastos Fiscales 2016. Agosto de 2016. P.12. Recuperado de

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/ agosto/cefp0212016.pdf

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de febrero de 2017.— Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE EXHORTA A LA SHCP A PUBLICAR LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO AL MIGRANTE Y ASIGNAR RECURSOS A ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR RECEPCIÓN DE MIGRANTES Y REPATRIADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a publicar los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo al Migrante y a dar prioridad en la asignación de recursos a las entidades federativas con mayor recepción de migrantes y repatriados, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Luisa Sánchez Meza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

México atraviesa por un momento crítico en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos: el discurso y las políticas anti-inmigrante que el presidente del país vecino, Donald Trump, ha manejado desde su campaña electoral y durante sus primeras semanas de mandato mantienen un ambiente de incertidumbre, sobre todo para los alrededor de 5.7 millones de mexicanos que residen en dicho país sin los documentos necesarios para ello.

La tensión generada entre la población hispana en Estados Unidos es tal, que un documento publicado a finales de febrero de 2017 por el Centro de Investigaciones PEW, “Latinos y la nueva administración de Trump”, revela que cuatro de cada diez hispanos tiene preocupaciones sobre su estatus en el país (independientemente de si cuentan o no con los permisos requerido); es decir, que la preocupación por su futuro en esta nación ha trastocado incluso a quienes se encuentran ahí legalmente.

Otro dato relevante de este documento, es que por lo menos la mitad de la población hispana ha declarado estar preocupados por la deportación inminente de algún conocido; mientras que 47 por ciento de la población (sin distingo de su condición migratoria) teme que algún familiar o conocido cercano sea deportado próximamente a raíz de las nuevas políticas de Trump. Este porcentaje se incrementa a 67 por ciento, al encuestar a personas que no son ciudadanas ni residentes estadounidenses.

El temor de que se registren deportaciones masivas, especialmente de connacionales radicados en Estados Unidos, se incrementó después de que el gobierno de Donald Trump anunciara nuevas directrices de control migratorio tales como la contratación de 15 mil agentes, acelerar los procesos de expulsión de inmigrantes indocumentados, dar más autoridad a la agencia federal para hacer cumplir las leyes migratorias, así como otorgar más poderes a los agentes estatales y locales para que colaboren en la revisión de estatus migratorios de quienes ellos consideren podrían ser un riesgo para la seguridad nacional.

El gobierno de México enfrenta grandes retos y es su obligación estar preparado para un eventual retorno masivo de mexicanos, tanto aquellos que por voluntad propia decidan abandonar los Estados Unidos para volver a su país natal o bien, los que a causa de este endurecimiento de control migratorio, sean objeto de deportación por las autoridades estadounidenses.

Bajo esta coyuntura, es menester que las entidades federativas, sobre todo aquellas que se distinguen por ser principales receptoras de migrantes y repatriados que vienen de los Estados Unidos, cuenten con las herramientas suficientes para atender una contingencia, por lo que hoy más que nunca se requiere que los recursos que fueron asignados para el Fondo de Apoyo al Migrante (FAM) del ejercicio fiscal de 2017 estén listos para su disposición a la brevedad posible.

De acuerdo a los lineamientos de operación del FAM de 2016 este fondo tiene como objetivo el “apoyar a los trabajadores migrantes en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan”.

Este recurso fue establecido por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 y así contar con los medios económicos para auxiliar a los trabajadores migrantes en retorno y sus familias, quienes dependen en gran medida de las remesas que reciben.

El 30 de abril de 2013, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el Programa Especial de Migración 2014-2018, mediante el que se establecieron los objetivos, estrategias y líneas de acción en lo referente a esta temática, alineado al Plan de Desarrollo Nacional que rige las acciones del gobierno federal.

Es precisamente en este documento donde se plasma la relevancia del Fondo de Apoyo al Migrante, que está contemplado en muchas de las 26 estrategias que define el gobierno federal para la atención de la problemática migratoria, tales como:

• Fortalecer las acciones de planeación, monitoreo, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política migratoria

• Fortalecer la incorporación de la migración en la agenda global de desarrollo

• Fortalecer la vinculación entre las personas migrantes mexicanas y sus comunidades de origen o de residencia habitual

• Promover la inserción laboral de las personas migrantes, a partir del reconocimiento efectivo de sus derechos y considerando criterios diferenciados

• Fortalecer los mecanismos de repatriación de mexicanos y retorno asistido de extranjeros, especialmente poblaciones en situación de vulnerabilidad.

• Profesionalizar a los servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio.

• Desarrollar esquemas de atención especializada para la integración de personas migrantes, repatriadas, refugiadas y quienes reciben protección complementaria.

• Entre otros

En ese sentido, resulta contradictorio que en los últimos dos ejercicios fiscales, la propuesta del Presupuesto de Egresos para la Federación del Ejecutivo dejó en ceros el rubro asignado al Fondo de Apoyo al Migrante. Fue una labor titánica de parte de los miembros de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXIII Legislatura el gestionar que se reincorporara esta partida al Presupuesto de Egresos para los ejercicios fiscales 2016 y 2017.

Además para el ejercicio fiscal del 2016, las reglas de operación de este fondo no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación sino hasta septiembre pasado, es decir, tres meses antes de que concluyera el año.

Cabe señalar que no sólo el recurso asignado para el Fondo de Apoyo al Migrante ha ido de más a menos, sino que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ha demorado en emitir sus Lineamientos de Operación en los últimos años fiscales:

• Para el ejercicio fiscal de 2014, los emitió el 4 de marzo de 2014.

• Para el ejercicio fiscal de 2015, los emitió el 30 de abril de 2015.

• Para el ejercicio fiscal de 2016, los emitió el 7 de septiembre de 2016.

En la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXIII Legislatura, de la cual tengo el honor de formar parte en calidad de secretaria, exigimos a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que diera celeridad a la publicación de estos lineamientos en el ejercicio fiscal anterior y es que los programas de apoyo para migrantes y repatriados, así como la operatividad de albergues y migrantes que dependen de este recurso para su funcionamiento, estaban en crisis.

Como diputada federal, promoví un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Ejecutivo federal realizar las acciones pertinentes para la publicación inmediata de los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo al Migrante (FAM) y de esta forma , contar con los recursos para atender la problemática que desde mayo de 2016 se registra en Baja California, con la llegada de migrantes de Haití y otros países del Caribe, África y estados de la República Mexicana, quienes arribaron a la frontera con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos.

Posteriormente, el pasado 29 de junio se convocó a una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en las instalaciones de la Cámara de Diputados para que fueran ellos quienes explicaran las reglas de operación de este recurso. Para tal caso, se trasladaron hasta la Ciudad de México los representantes de las Oficinas de Atención al Migrante de 27 entidades federativas y conocer de primera mano los requisitos para operar los recursos de dicho fondo.

No obstante durante la reunión de trabajo, los funcionarios de la SHCP admitieron no disponer de información sobre los lineamientos del FAM, además de desconocer la fecha en que se publicarían en el Diario Oficial de la Federación, generando incertidumbre entre autoridades locales, asociaciones civiles que dependen de esos recursos y los propios legisladores ahí reunidos.

No sólo es necesario que los lineamientos de este Fondo de Apoyo al Migrante, que para el ejercicio fiscal de 2017 se le asignó un total de 263 millones de pesos, sean publicados durante el primer trimestre del año, sino que también se requiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tome en cuenta los siguientes puntos al momento de designar montos para las entidades federativas:

En los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo al Migrante para el 2016, en su capítulo IV relativo a la distribución de los recursos, señalan que ésta se hizo tomando en consideración el número de repatriados según su entidad federativa de origen, dando prioridad a Oaxaca, Michoacán y Guerrero, mientras que los estados fronterizos que se caracterizan por recibir a esta población vulnerable, darles albergue y apoyo para trámites, credencialización e inclusive empelo, quedaron en desventaja a la hora de la asignación del dinero.

Tabla 1 Distribución del FAM por entidades federativas, 2016

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha asignado recursos priorizando a los estados expulsores y no a los receptores de migrantes, situación que resulta lesiva para estados como Baja California que el año pasado recibió el mayor número de repatriados y de los cuales, muchos de ellos permanecen por meses o inclusive años ya sea por la cercanía con Estados Unidos (donde están sus familiares) o para trabajar y generar dinero que les permita empezar de cero en su país natal, México. Pese a esto, Baja California sólo recibió 7.7 millones de pesos del Fondo de Apoyo al Migrante.

Tabla 2 Unidad de Política Migratoria, 2016

Información del Instituto Nacional de Migración señala que durante 2016 fueron repatriados 219 mil 932 mexicanos, la mayoría originarios de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, de regresar a su lugar de origen estarían encontrando condiciones de precariedad sobre todo en lo relativo al empleo ya que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que precisamente estos estados cuentan con una tasa de informalidad elevada, de 82 a 71.8 por ciento.

Resulta pertinente replantear este indicador como base para la asignación de recursos en los estados y es que el espíritu del Fondo de Apoyo al Migrante es precisamente atender a los repatriados en retorno, mismos que al volver a México, por lo general deciden quedarse, ya sea de manera temporal o permanente, en estados fronterizos o zonas de mayor pujanza que las regiones de las que salieron años atrás.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que publique los Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo al Migrante del ejercicio fiscal de 2017 en el Diario Oficial de la Federación a más tardar durante el primer trimestre del presente año, a efecto de que la distribución de los recursos se realice en consideración de las entidades federativas receptoras de repatriados y migrantes.

Notas:

1 Forbes México, “Estados Unidos tiene 5.7 millones de mexicanos indocumentados”, http://www.forbes.com.mx/5-7-millones-mexicanos-indocumentados-eu/#gs.9icUlYQ, consultado en febrero de 2017

2 Pew Research Center, “Latinos and the new Trump Administration”, http://www.pewhispanic.org/2017/02/23/latinos-and-the-new-trump-administration/ , consulado en febrero de 2017

3 La Opinión, “Nuevas directrices de Trump pasan por alto hablar sobre el futuro de DACA”, http://laopinion.com/2017/02/21/nuevas-directrices-de-trump-omiten-decision-sob re-futuro-de-daca/, consultado en febrero de 2017

4 Diario Oficial de la Federación, “Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo al Migrante”, http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle.php?codigo=5451774&fecha=07/09/2016, consultado en septiembre de 2016

5 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, http://pnd.gob.mx/, consultado en febrero de 2017

6 El Financiero, “Repatriados encontrarán empleo precario en sus estados de origen”, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/repatriados-encontraran-empleo-precario -en-sus-estados-de-origen.html, consultado en febrero de 2016

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 21 de marzo de 2017.— Diputada María Luisa Sánchez Meza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTO RELATIVO A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF a incrementar los centros de asistencia social para atender las necesidades de la población infantil, especialmente la migrante; y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a supervisar que dichos centros cumplan los requerimientos fijados en las normativas nacional e internacional, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La migración ha sido un fenómeno que ha existido durante décadas, sin embargo, los perfiles que conforman los flujos migratorios han cambiado considerablemente al incluir a grupos de población cuyas características los sitúan ante mayores riesgos, tal es el caso de las niñas, niños y adolescentes.

Los flujos migratorios de menores huyendo de violencia social, pobreza, conflictos bélicos, grupos delincuenciales o simplemente en busca de un lugar de residencia que les permita tener una mejor expectativa de vida, han incrementado.

De acuerdo con lo señalado por el Unicef, “en el continente americano los migrantes de 0 a 19 años representan 23 por ciento del total de la población migrante internacional de esa región; los migrantes entre 15 y 19 años de edad representan 39 por ciento de la población migrante internacional menor de 20 años de la zona, mientras que el grupo de 0-4 años representa el 13 por ciento”.

Segunda. En México y de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación, en el 2014, el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró a 9 mil 90 adolescentes de edades entre 12 a 17 años; en 2015, a 17 mil 911; y de enero a julio del 2016, a 8 mil 370. En tanto, respecto a niñas y niños de 0 a 12 años, dicho instituto detuvo en 2014 a mil 853; en 2015, a 2 mil 457; y de enero a julio de 2016, a 956.

En total, durante 2014 fueron detenidos 10 mil 943; en 2015, 20 mil 368; y hasta julio de 2016, 9 mil 326 niñas, niños y adolescentes.

Tercera. La presencia de este grupo poblacional en el fenómeno migratorio, ocasionó la creación de procedimientos y protocolos de actuación específicos para atender a este sector. A nivel nacional, dichos procedimientos se encuentran regulados por diversas disposiciones como lo es el artículo 112 de la Ley de Migración, el cual establece que cuando algún menor sea puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, uno de los primeros pasos consiste en canalizar a la niña, niño o adolescente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF o del Distrito Federal con el objetivo de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione atención adecuada mientras se revisa su situación migratoria, tal y como a la letra se denota:

Artículo 112. ...

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata al niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

En concordancia con lo anterior, los artículos 94 y 95 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reiteran que para garantizar la protección integral de los menores, los Sistemas del DIF deberán contar con espacios habilitados para su alojamiento, en donde deberá prevalecer el principio de separación y, en su caso, el derecho a la unidad familiar.

Ahora bien, los lugares a que refieren los artículos mencionados son principalmente los centros de atención social (CAS), los cuales y de acuerdo con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son considerados como aquel lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar, que brindan las instituciones públicas, privadas y asociaciones.

Cuarta. A nivel nacional y de acuerdo con cifras de la Consulta Nacional de Centros de Atención Social de Niñas, Niños y Adolescentes Públicos y Privados identificados por las Procuradurías Estatales de Protección 2017, se tienen registrados un total de 161 CAS públicos a nivel federal, de los cuales 88 pertenecen al DIF Estatal, 65 al DIF Municipal y 8 de ellos a otras instituciones. Esto, en contraste con los privados, que ascienden a 859 en toda la República Mexicana. Es decir, los centros de atención social privados representan 84 por ciento; los públicos o a cargo del Estado, sólo 16 por ciento.

De lo anterior también se desprende que los CAS que reciben a niños y a adolescentes migrantes son sólo 188 a escala nacional, 89 públicos y 99 privados. Las mismas cifras demuestran que los estados de mayor importancia por su ubicación geográfica y de flujos migratorios altos poseen el menor número de CAS con esta característica. Por ejemplo: Baja California, dos estatales; Chihuahua, tres municipales; y Nuevo León, dos estatales. Mientras, para la frontera sur, Campeche, uno estatal y uno municipal; y el caso aislado de Chiapas, tres estatales y cuatro municipales, que a su vez es el estado con más CAS.

Ahora bien, si este hecho es contrastado con la cantidad de niñas, niños y adolescentes que cruzan las fronteras y se quedan varados en territorio nacional, resulta evidente que la atención y respuesta que el Estado está brindando a este fenómeno es insuficiente.

Quinta. En cuanto al ámbito internacional, es menester destacar que México ha asumido compromisos en el tema a través de instrumentos como la Convención Sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) en 1989 y ratificada por el país.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU a través de la observación general número 6 (2005) ha mencionado respecto del alojamiento de las niñas, niños y adolescentes que “debe disponerse lo necesario para que (...) sea adecuado (...) y este? separado de los adultos, a menos que lo contrario se considere conveniente en interés superior del menor.

La opinión consultiva OC-21/14, “Derechos y garantas de niñas y niños en el contexto de la migración o en necesidad de protección internacional”, establece que es primordial que los centros de asistencia donde permanezcan los menores, se garantice el alojamiento y manutención, además de que se brinde una adecuada atención médica, asesoramiento legal, apoyo educativo, así como servicios encaminados a proveer una atención especializada de acuerdo a las necesidades particulares que cada uno presente.

Sexta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como refiere en el Informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional, ha documentado que en ocasiones, cuando las niñas, niños y adolescentes son trasladados a un albergue o centros de Atención Social, éstos no tienen instalaciones adecuadas para alojar a la niñez migrante o no cuentan con el personal suficiente y capacitado para la atención de dicho grupo en situación de vulnerabilidad, lo que ha provocado que los menores se alejen o huyan del mismo sin poder recibir la atención integral que requieren. Motivo por el cual, dicho organismo ha realizado diversos llamados para ampliar el número de CAS y albergues para este sector de la población.

Séptima. Lo anterior pudo ser constado a través de las visitas que realicé a las ciudades de Tijuana y Tapachula. La primera como parte del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, en el que participé el pasado mes de diciembre. Y, la segunda, realizada en el mes de enero, como resultado de mi interés por conocer la situación prevaleciente al respecto en la zona sur. En ambas visitas y a partir de la serie de recorridos y entrevistas que sostuve con autoridades, representantes de organismos internacionales y asociaciones civiles, confirmé que una de las más grandes deficiencias es en primera instancia, la falta de CAS que respondan a la alta demanda de la niñez migrante. Y en un segundo plano, la serie de carencias que presentan los que actualmente operan, como la falta de infraestructura, y de capital humano, entre ellos de salud, que les brinden asistencia médica o incluso la falta de defensores legales que puedan proporcionarles la asistencia legal que requieren para conocer sus derechos.

En virtud de ello y como resultado de la alta demanda y la falta de CAS que acojan a la niñez, especialmente a la migrante, en diversas ocasiones han tenido que ser llevados y resguardados en las estaciones migratorias. Según el informe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, se tiene documentado que durante el 2016, fueron detenidos en estaciones migratorias 40 mil 542 niños y adolescentes, pese a que el artículo 111 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es muy claro en su prohibición:

Artículo 111. En ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria.

Las consecuencias de este hecho, han generado que en repetidas ocasiones la CNDH haya realizado una serie de recomendaciones al Instituto Nacional de Migración y al DIF para evitar la detención de los menores en estos lugares.

Octava. Resulta alarmante no sólo que a nivel nacional sean sólo 89 los CAS públicos que reciben a la población de niñas, niños y adolescentes migrantes, sino que además, en una vertiente específica de este sector como lo son los no acompañados, en toda la República Mexicana sólo se cuente con 9 CAS para su atención.

Además de ello y como se evidenció en párrafos anteriores, la crisis que enfrentan dichos centros está relacionada también con su incumplimiento en los requerimientos mínimos que enmarca la normatividad nacional e internacional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es la autoridad designada para registrar, certificar y supervisar los CAS. Para ello, el 30 de mayo de 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia publico? en el Diario Oficial de la Federación, el Manual de Supervisión de Centros de Asistencia Social, que regula el procedimiento para realizar la vigilancia de dichos centros.

Novena. En estas circunstancias, es imprescindible recordar que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la protección del interés superior de la niñez, lo que incluye garantizar de manera plena sus derechos y estableciendo como obligación del estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones.

Resulta imprescindible tomar las acciones necesarias que permitan potenciar las capacidades de las instituciones públicas y privadas del país que prestan servicios de asistencia social, así como incrementar la eficacia, eficiencia, calidad y amplitud de los servicios y profesionalización del capital humano, todo ello bajo una supervisión constante de los organismos responsables de estos servicios.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que se incremente el número de centros de asistencia social para atender las necesidades de la población infantil, especialmente la migrante.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que supervise que los centros de asistencia social den cumplimiento a los requerimientos que enmarca la normatividad a nivel nacional e internacional.

Notas:

1 Unicef, La travesía. Migración e infancia, noviembre de 2011, página 8.

2 Secretaría de Gobernación (2016). Estadísticas migratorias [electrónico]. Recopilado de world wide web el 10 de marzo de 2017, http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sin tesis_Graficas/Sintesis_2016.pdf

3 SNDIF (2016). Protocolo de Actuación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados no Acompañados.

4 Informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México y con necesidades de protección internacional (2016). Electrónico. Recopilado de world wide web el 18 de febrero de 2017, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_NNACMNA.pdf

5 Opinión consultiva OC-21/14, “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración...”,párrafos 181 y 182.

6 Ibídem, página 114.

7 Secretaría de Gobernación (2016). Estadísticas migratorias [electrónico]. Recopilado de world wide web el 10 de marzo de 2017, http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sin tesis_Graficas/Sintesis_2016.pdf

8 CNDH (2017). Recomendación al INM por sobrepoblación en estación migratoria [electrónico]. Recopilado de world wide web el 13 de marzo de 2017, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_013.pdf

9 Consulta Nacional de CAS de Niñas, Niños y Adolescentes Públicos y Privados identificados por las Procuradurías Estatales de Protección, 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE GUERRERO RESPECTO AL COBRO DE TENENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero a exentar del impuesto sobre tenencia en 2018 los automóviles cuyo valor sea menor de 400 mil pesos y abrogar de su legislación ese gravamen a partir de 2019, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Roberto Guzmán Jacobo, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Como es sabido, en 1961 se creó el impuesto federal a la tenencia vehicular, a través de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con el propósito de fondear los Juegos Olímpicos de 1968 que tuvieron lugar en el país.

No obstante, pese a la inconformidad de la población, ese impuesto permanece hasta nuestros días en el sistema tributario de varias de las entidades federativas.

En enero de 2012, la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos fue abrogada a través de un decreto que modificó también la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. A partir de ese decreto el impuesto a la tenencia vehicular dejó de ser un gravamen federal y la decisión de aplicarlo o no y de cómo definirlo quedó como atribución de las entidades federativas.

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se aplica a cada automotor del que sea propietario un contribuyente. La tenencia se paga cada año calendario, dentro de los primeros tres primeros meses, salvo cuando el vehículo sea nuevo o importado, en cuyo caso el impuesto deberá calcularse y enterarse en el momento en el cual se solicite el registro del vehículo o el permiso provisional para circular.

Consideraciones

La precisión del monto del impuesto considera hoy dos fundamentos básicos: el valor del automóvil y la entidad federativa donde debe hacerse el pago. Esto último debido a que cada estado tiene su propia modalidad para determinar el valor actualizado de los vehículos y de esa manera el cobro de la tenencia, pudiendo contemplar para ello elementos como el modelo del auto, si es importado o de fabricación nacional, el número de pasajeros, el peso bruto vehicular, el tipo de placas que usa y el cilindraje del motor.

Adicionalmente, cada entidad federativa calcula factores de depreciación que aplican al valor de compra de los vehículos, determinando de esa manera el valor actualizado de los automotores.

Una vez conocido ese valor, puede conocerse el monto del impuesto a pagar, incluso si se alcanza el subsidio que algunas entidades federativas otorgan a vehículos cuyo valor actualizado no supere los precios máximos predeterminados por cada una de las entidades federativas.

Así, varios estados no aplican la tenencia vehicular, pero otros mantienen el gravamen y algunos de ellos fijan un subsidio.

Cinco entidades federativas han abrogado de su legislación el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nayarit y Yucatán.

Por su parte, 15 estados no cobran tenencia, pero el concepto permanece en su legislación; en consecuencia, hay la posibilidad de cobrarla nuevamente. Esos estados son Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Los estados que aún cobran el impuesto sobre tenencia o uso vehicular son 12, es decir, 37.5 por ciento de las entidades federativas del país. De igual manera, entre ellos hay diferencias: *

• Nuevo León anunció a mediados de enero de este año que el pago de la tenencia en esa entidad tendrá un descuento de 50 por ciento para el contribuyente que haga el pago en los primeros tres meses del año.

• Guerrero otorgará un subsidio de 100 por ciento a los automóviles cuyo valor actualizado no sea mayor de 200 mil pesos, sin incluir el IVA.

• La Ciudad de México y Sinaloa dispusieron, de manera independiente, para 2017, un subsidio de 100 por ciento para los vehículos cuyo valor actualizado no sea mayor de 250 mil pesos, IVA incluido. Oaxaca y Tamaulipas también fijaron esa cantidad.

• El estado de México asegura un subsidio de 100 por ciento a los automóviles cuyo valor actualizado no exceda de 350 mil pesos, sin incluir el IVA.

• En Querétaro, el subsidio de 100 por ciento aplica a automotores que tengan un valor menor de 400 mil pesos, siempre que el propietario viva en esa entidad federativa.

• En Baja California, el subsidio de 100 por ciento se asegura a los autos que tengan un valor menor de 500 mil pesos. En Tabasco hay la misma disposición para camionetas.

• Hidalgo y Tlaxcala ofrecen también un subsidio al pago de la tenencia; sin embargo, no se cuenta con más información.

Si bien la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso vehicular puede fortalecer los ingresos locales de las entidades federativas, también puede observarse que 20 de ellas, el 62.5 por ciento del total, no lo cobran.

La principal razón de ello es la gran inconformidad que ese impuesto provoca en la ciudadanía, por tratarse de un gravamen sin sustento y por afectar seriamente la economía de las familias y de las pequeñas y medianas empresas.

No obstante, en 2017 se observa que el estado de Guerrero es la entidad federativa que fija el nivel más bajo de valor actualizado de automotores para quedar exentos del pago del impuesto sobre tenencia vehicular: 200 mil pesos sin incluir IVA para vehículos que ya pagan tenencia y son de servicio particular y 300 mil pesos sin IVA si ya pagan tenencia y son de servicio público. Para el caso de vehículos nuevos el costo no debe ser mayor a 250 mil pesos sin IVA, si son para servicio particular, y 340 mil sin IVA, si son para servicio público.

En Morena consideramos que exentar únicamente del pago del impuesto de uso vehicular a los autos cuyo valor actualizado sea menor a los 200 mil pesos, si son de uso particular, y de 300 mil si son de servicio público, afecta severamente a las familias de clase media y a los pequeños y medianos empresarios de esa entidad federativa.

Baste señalar que en 2015, Guerrero fue uno de los dos estados que presentaron decrecimiento.

En la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 2017 se señala:

Con el fin de reactivar y estimular la inversión en el estado, en los diferentes sectores de la actividad económica, es interés del Ejecutivo del estado continuar aplicando una política fiscal de apoyo a las unidades económicas, para lo cual en el ejercicio fiscal de 2017, se prevé otorgar estímulos fiscales a empresas nuevas o establecidas...

Que se establece modernizar y fortalecer el marco jurídico fiscal, acorde a la situación económica y social, para que el cobro de las contribuciones se apegue a los principios de equidad y proporcionalidad jurídica.

Sin embargo, no hay relación entre los objetivos señalados en la Ley de Ingresos de Guerrero y su política fiscal.

De acuerdo con cifras del Inegi, la variación porcentual anual del producto interno bruto (PIB) nacional en 2015 fue de 2.53 por ciento. A nivel estatal esa variación fue de 5.54, 4.37 y 3.97 por ciento, en Baja California Sur, Nayarit y Yucatán, respectivamente, entidades federativas donde el pago de la tenencia vehicular fue abrogado.

En Chihuahua y San Luis Potosí la variación de su PIB fue de 4.79 y 5.38 por ciento, respectivamente, estados donde el pago de la tenencia ha sido eliminado.

En Baja California, la variación del PIB fue de 6.98 por ciento y aunque en él se paga tenencia, el subsidio de 100 por ciento se aplica a vehículos cuyo valor es menor de 500 mil pesos.

Por su parte, la variación porcentual anual del PIB de Guerrero fue de menos 0.32 por ciento en 2015 y en ese estado, como se anotó, el subsidio de 100 por ciento para el pago de la tenencia es para vehículos con valor menor de 200 mil pesos.

Con lo anterior se observa que entidades federativas con un desarrollo mayor a la media nacional han abrogado o eliminado el pago del impuesto al uso vehicular, o bien, han fijado un valor claramente alto a los automóviles que deben pagar ese impuesto, beneficiando de esa manera a las familias de clase media y fomentando el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como el de la industria automotriz.

Por ello proponemos que, en Guerrero, en 2018 el valor actualizado de los autos exentos de pagar el impuesto a la tenencia sea de hasta 400 mil pesos, más IVA. También proponemos que para 2019 ese impuesto haya sido abrogado de su legislación.

Con esta propuesta no se merman las finanzas de esa entidad federativa. La participación del impuesto sobre tenencia en los impuestos recaudados por el estado, en los ingresos locales y en el total de los ingresos y otros beneficios de Guerrero, no representa un monto que provoque un impacto negativo en las finanzas públicas del estado, aun cuando se observa un ligero incremento en 2016 y 2017.

1 Los recaudados por la entidad federativa.2 Ingresos estatales.3 Ingresos estatales más federales.

Fuente: Gobierno de Guerrero, Leyes números 145, 435, 672, 110 y 420 de Ingresos del Estado de Guerrero para los Ejercicios Fiscales de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Por lo expuesto se hace la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo de Guerrero a que, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, asegure en la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2018 que el subsidio de 100 por ciento al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se aplique a los automóviles cuyo valor actualizado sea menor de 400 mil pesos, sin incluir IVA.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo y al Congreso de Guerrero a abrogar de su legislación el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y que esa disposición sea aplicable a partir del 1 de enero de 2019.

Nota:

* Páginas web de los gobiernos de varios estados.

Financial Red México. Red de blogs especializados en economía, bolsa y finanzas.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE EXHORTA A LA SE Y A SRE A DESARROLLAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS Y LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la SRE a desarrollar estrategias integrales relacionadas con la defensa de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos de América y la renegociación del TLCAN, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Sergio López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se encuentra inmerso en un ambiente de incertidumbre externa por la llegada del nuevo presidente electo de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump. Sus declaraciones implican abiertas amenazas para México. Pretenden cambiar las actuales reglas migratorias y de intercambio comercial derivadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y adicionalmente propone la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre EUA y México, lo que impediría el intercambio comercial, el flujo migratorio y afectaría el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía mexicana.

A nivel interno, nuestro país se encuentra en un debate sobre las consecuencias de la reformas, en un ambiente de incertidumbre que se alimenta de la creciente devaluación del peso, presiones inflacionarias, creciente endeudamiento público y debilidad fiscal por la caída de los ingresos petroleros.

En este incierto ambiente, el gobierno se ve presionado a tener que revisar los términos en lo que fue negociado el TLCAN.

Ante esta situación, hay que decir que el modelo de globalización adoptado por México vía TLC ha dado como resultado un muy desequilibrado reparto de los beneficios, al favorecer básicamente a los grandes consorcios en detrimento de amplios segmentos de empresas y trabajadores; por la creciente automatización y la erosión de las organizaciones sindicales; por el retiro progresivo de las redes de protección social asociadas al concepto de estado de bienestar; por el abandono de políticas impositivas de corte redistributivo, y por el trato fiscal preferente que se ha dado al capital financiero sobre las actividades productivas.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de EUA confirma la necesidad urgente de definir una nueva agenda de desarrollo, que deje atrás la infructuosa búsqueda del crecimiento liderado por las exportaciones. El fracaso de esta estrategia ha sido evidente por largo tiempo, con la economía mexicana sumida por decenios en una trampa de lento crecimiento.

El desempeño de la economía nacional en los últimos años y en especial en 2016 se ha deteriorado por el persistente debilitamiento de la capacidad de arrastre de las exportaciones, el retraimiento de la inversión fija, el manejo restrictivo de las finanzas públicas, la salida neta de capitales, la volatilidad del tipo de cambio y el repunte de la inflación.

Las reformas estructurales de mercado, lanzadas a mediados de los años ochenta y profundizadas con Peña Nieto, además de no conseguir una expansión sólida y sostenida de la economía y del empleo, crearon agudas vulnerabilidades al acentuar la concentración en EUA del comercio exterior y los flujos de inversiones directas y financieras.

Concentrar nuestra relación en el TLCAN y otros acuerdos de libre comercio ha colocado al país en una posición de gran fragilidad ante medidas como las anunciadas por Trump.

Por estar en el TLCAN, México descuidó el fomento de una estructura productiva favorable a una mayor generación de empleo de calidad y creciente valor agregado y por ende renunció a una expansión consistente y duradera.

México, bajó los niveles de inversión pública en infraestructura y en el campo. El país se desindustrializa y el campo se abandona. Ante la falta de empleo e ingreso, la presión de migrantes hacia EUA continuará.

Con ello, México ha perdido la oportunidad de generar empleo e ingreso digno para todos mexicanos. Muchos de estos trabajadores hoy son migrantes que aportan mucho a la economía de EUA. Estos trabajadores generan tanta riqueza en EUA que mandaron en 2016, más de 26 mil millones de dólares. Monto equivalente al total de la inversión extranjera que nuestro país espera recibir durante 2017.

Ante todo esto, no vemos claramente las respuestas que el presidente Peña dará a los mexicanos expulsados por las políticas de Donald Trump, tampoco vemos qué medidas instrumentará para defender el patrimonio y los derechos de los migrantes que todavía se encuentran en EUA.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de los Mexicanos en el Exterior, a desarrollar una agenda integral para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos migrantes y residentes en Estados Unidos de América, que se verán afectados por las políticas migratorias de Donald Trump.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que desarrolle una estrategia integral que enfrente las consecuencias de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluya las alternativas comerciales para México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

SE EXHORTA A EJERCER LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA MIXTECA OAXAQUEÑA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y el gobierno de Oaxaca a ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, el mantenimiento y la reconstrucción de infraestructura carretera en la Mixteca, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Sergio López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos diez años, Oaxaca ha sido uno de los focos rojos en el país en términos económicos. De acuerdo con indicadores de la organización de la sociedad civil México, ¿Cómo Vamos? (2016) podemos notar un pobre desempeño en la economía oaxaqueña causada principalmente por una constante informalidad en el sector laboral y una pobreza latente.

De acuerdo con dicho estudio, entre 2006 y 2015 Oaxaca creció en promedio 2 por ciento anual, mientras que el país lo hizo a un ritmo de 2.4 por ciento, posicionándose como el quinto estado con la menor tasa de crecimiento durante ese periodo. La producción en Oaxaca ha estado caracterizada por amplias variaciones en sus tasas de crecimiento, alcanzando apenas un máximo de 5.9 por ciento durante el cuarto trimestre de 2011 y un mínimo de -4.5 por ciento durante el segundo trimestre de 2009.

Otro dato revelador, según el mismo estudio, es el de la población trabajando en la informalidad, la cual ha aumentado en los últimos diez años, pasando de un 70.4 por ciento en 2006 a un 74 por ciento en 2016, lo cual significa que 369 mil personas trabajan de manera informal. Estos datos son similares a la pobreza laboral, es decir, el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta alimentario con su ingreso laboral, la cual ha pasado de ser 59.7 por ciento de la población en el estado a 63.2 por ciento en 2016. Esto significa que existen casi 500 mil personas más en pobreza laboral de las que había hace 10 años.

Para lograr un crecimiento económico sostenido en uno de los estados más pobres del país como lo es Oaxaca, es fundamental invertir en factores tan diversos pero importantes como son el nivel de escolaridad, mejorar el poder adquisitivo de la población mediante un aumento al salario mínimo, o el de mejorar la productividad de los diversos sectores económicos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista es muy importante la inversión del Estado para relacionada la infraestructura de comunicaciones y transportes, y con esto mejorar la competitividad de la entidad.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal de IMCO (2016) podemos advertir un rezago económico de los estados del sur con respecto a los del norte y el bajío, explicado entre otras cosas por la baja productividad. De esta forma, mientras que en la Ciudad de México se producen 294 pesos por hora trabajada, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero el valor de la producción por hora trabajada alcanza apenas 64, 68 y 77 pesos, respectivamente.

Al respecto, dicho estudio recomienda cuatro principales características sobre las que deberían estar enfocadas las políticas públicas para aumentar la productividad y mejorar el desempeño económico: infraestructura física de calidad, inversiones de capital humano, existencia de un Estado de derecho y una ciudadanía dispuesta a exigir y monitorear los recursos públicos que se destinan a programas que tengan como fin acabar con esta brecha en el desarrollo.

En este sentido, mediante el presente proyecto con punto de acuerdo, pretendemos poner énfasis en exhortar a los gobiernos federal y estatal para que, en el ámbito de sus atribuciones y recursos, atiendan la infraestructura física del estado de Oaxaca, toda vez su papel determinante para la mejora en la productividad y el crecimiento económico, poniendo especial énfasis en las zonas con mayores índice de pobreza y marginación, como lo es la región de La Mixteca oaxaqueña.

Al respecto, señalaremos que la Mixteca oaxaqueña es una de las regiones más pobres y marginadas del país, está conformada por 155 municipios, de los cuales 46 presentan un muy alto grado de marginación, 48 grado de marginación alto, 59 grado de marginación medio y solamente dos municipios presentan grado de marginación considerado como bajo; es decir, que poco más del 60 por ciento de los municipios de la Mixteca presentan un grado de marginación entre alto y muy alto.

De acuerdo con el IMCO, la inversión en infraestructura física es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de los estados más rezagados en México, y dicha inversión debe estar enfocada a mejorar tanto la conectividad con el exterior como la comunicación interna. Esto mejoraría las condiciones de comercializar los productos del Estado con otras regiones e incluso con otros países, aprovechando las ventajas que se tienen mediante los diferentes tratados internacionales de los cuales el Estado forma parte.

No obstante el papel que representan las vías de comunicación federales para la conectividad exterior, y las carreteras rurales para la comunicación interior, todas las carreteras en Oaxaca presentan un grave deterioro producto de la difícil orografía de la entidad, el alto costo de inversión por el acarreo de materiales, pero principalmente por un abandono por parte de las autoridades y la corrupción en la ejecución de obra pública.

Según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oaxaca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en longitud de la red nacional de carreteras con 23, 395 kilómetros por superficie de rodamiento, sólo después de Veracruz, Jalisco y Sonora.

Sin embargo, con datos de Inegi, la mayoría de esta superficie de rodamiento está compuesta por caminos rurales “revestidos” y “brechas mejoradas”, representando casi el 60 por ciento de la red estatal total. Estas carreteras requieren una modernización adecuada mediante una completa reconstrucción, y cada año se ven deterioradas por la falta de presupuesto para su mantenimiento y por las inclemencias del tiempo.

Es así, que la falta de vías de comunicación adecuadas significa un obstáculo más para que la mixteca no logre salir del profundo rezago en el que se encuentra, rezago que ha durado muchos años.

A pesar de que la entidad ha recibido desde el año 2000 más de 25 mil millones de pesos en materia de infraestructura, los pobres resultados en crecimiento económico, productividad y conectividad de Oaxaca nos permiten afirmar que no existen políticas públicas enfocadas para mejorar la infraestructura carretera para que sea detonante en la economía y bienestar de los oaxaqueños.

Por ello, resulta para nosotros muy importante el que las autoridades correspondientes ejecuten de manera oportuna, clara y transparente los recursos que esta soberanía ha autorizado para la construcción y mantenimiento de carreteras federales y rurales, y que diseñen políticas públicas para mejorar la competitividad y productividad de Oaxaca, especialmente de la región Mixteca.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente dictamen con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir al Centro SCT Oaxaca a ejercer oportunamente los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2017 destinados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales en la región mixteca en el Estado de Oaxaca.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, con pleno respeto a su autonomía, para que en el ámbito de sus atribuciones y por conducto de su órgano público descentralizado “Caminos y Aeropistas de Oaxaca” se implementen acciones para solucionar el deterioro que presenta la infraestructura carretera en la región mixteca oaxaqueña; y a su vez, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que junto con este organismo estatal lleve a cabo acciones para rehabilitar, mantener, modernizar y concluir las carreteras, caminos y puentes del estado, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades en las ocho regiones de Oaxaca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.