Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputadas y diputados, por lo tanto, diputada presidenta, hay quórum.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 11:55 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 23 de marzo de 2017.

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De los diputados Alma Carolina Viggiano Austria, David Sánchez Isidoro, Mariana Benítez Tiburcio, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Clemente Castañeda Hoeflich

Solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Gobernación

Remite dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Remite ocho contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para incluir en su legislación la alienación parental como una forma de violencia familiar.

Del Gobierno del Estado de Quintana Roo

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para proteger a las especies en peligro de extinción.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite el segundo informe semestral 2016 del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que contiene el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes propiedad del Gobierno Federal.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Informa que los informes finales de la Evaluación de Procesos del Programa Apoyo a la Educación Indígena 2016 y de la Evaluación Integral de las Políticas de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía, se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica del consejo.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como “Día de la Nación Pluricultural”.

Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Síndrome de Down”.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compra consolidada de medicamentos por parte del IMSS y del ISSSTE, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 60 Bis 3 de la Ley General de Vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Ley del Seguro Social y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año como “Día Nacional de la Herbolaria y la Medicina Tradicional”, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29, 73 y 112 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que adiciona un artículo 1o. Ter a La Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 y 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 183 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 260 y 261 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o., 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 67, 112 y 113 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 11 Bis y reforma el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú y Waldo Fernández González, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonal, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 90, 91 y 92 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 335 Bis y reforma los artículos 337 y 338 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, César Camacho e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma un artículo 367 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo Décimo Transitorio del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 16 de junio de 2016, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 74 y 146-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 39 de la Ley del Banco de México, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 3o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 46 y 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia de armonización legislativa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

De Decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Alberto Blanco Zaldívar y Juan Corral Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 y adiciona un artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Tomas Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús S. Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 213 y 244 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 2o. y 18 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o. y 28 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de contratación de migrantes repatriados, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Martínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 6o., 21, 146 y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Armando Luna Canales, Juan Pablo Piña Kurczyn, José Refugio Sandoval Rodríguez y Vidal Llerenas Morales, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena, respectivamente.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 211 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 166 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 227 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 58 y 389 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Rodrigo Abdala Dartigues y Magdalena Moreno Vega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 22 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Elías Ojeda Aquino, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 417 Bis y reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de consumo responsable e inteligente de bienes y servicios, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y suscrita por los diputados del estado de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que expide la Ley General de Consulta Indígena y reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Susana Corella Platt e integrantes de la Comisión Especial de Minería.

Que reforma y adiciona el artículo 100 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 50 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2 y 6 y adiciona un artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, César Camacho, y Azul Etcheverry Aranda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad de dictámenes

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal.

Proposición de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita la suspensión del proyecto El Zapotillo, en tanto se actualiza y acredita la información sobre los caudales de la cuenca del Río Verde para su uso en la región de Los Altos de Jalisco y la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo la preservación de la cultura de los Tohono O´odham en el desierto de Sonora, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, implemente el fomento de campañas e incentivos fiscales orientados a la deducibilidad, aplicación de tasas cero y fomento de la exención de impuestos directos e indirectos en los casos previstos por las leyes vigentes que alienten el consumo interno del mercado nacional, preferentemente en las zonas fronterizas y limítrofes del país, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y a la SEP, a proteger y conservar el patrimonio lingüístico de nuestro país, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Legisladores que representarán al Congreso de la Unión en la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en junio del presente año, a realizar las gestiones necesarias con los integrantes de la comisión de Congresistas estadounidenses para que se posicione en la agenda del Congreso Norteamericano la aprobación de una reforma migratoria que resuelva de fondo la residencia de nuestros connacionales en el país vecino, suscrito por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y a la Conafor, a incentivar programas de reforestación y conservación de áreas naturales con especies nativas en el estado de Zacatecas, para la conservación y ampliación de los bosques en dicha entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Profeco, a emprender diversas acciones en defensa de los usuarios de aerolíneas comerciales, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, así como al Registro Agrario Nacional, a impulsar un programa especial para regularizar la totalidad de predios ejidales y comunales de las localidades de San Luis Potosí, que por problemas e inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el programa Fanar, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a las instituciones de salud y a los gobiernos de las entidades federativas del país, para que instituyan y pongan en marcha una estrategia integral para la prevención y atención del problema del suicidio en México, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, para que proporcionen la información técnica y suficiente, tendiente a realizar las investigaciones que determinen la causas que provocaron el incendio en el malecón Cancún Tajamar, el 20 de marzo del año en curso, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que establezca programas sociales emergentes sectorizados para atender las necesidades de los municipios aledaños a las Zonas Económicas Especiales, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar el abasto de Oseltamivir en farmacias, clínicas, hospitales y centros de salud en toda la República Mexicana, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFT y al Conapred, a combatir la violencia y discriminación de género que se presenta en publicidad comercial y que se difunde a través de medios de comunicación, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de un programa de intervención en la zona de Anapra en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que en coordinación con las instancias competentes realicen acciones tendientes a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres, conforme al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres del año 2016, durante los procesos electorales locales 2016-2017, que se llevan a cabo en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que se revise el acuerdo 696 y haga de conocimiento público sus resultados, y que el mismo se modifique para alcanzar mejores estándares de aprendizaje y no solo de aprobación, suscrito por los diputados Felipe Reyes Álvarez y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a través de la Profepa, para que inicie las investigaciones correspondientes para que se determinen la causa que ocasionó el incendio ocurrido el pasado 19 de marzo del presente año, en el malecón de Tajamar, en Cancún, estado de Quintana Roo, y en consecuencia se sancione a quien resulte responsable, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas, a implementar las acciones necesarias para poner en operación el Hospital Comunitario de Sombrerete, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que esta soberanía condena los ataques sucedidos en las inmediaciones del parlamento del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el pasado 22 de marzo de 2017, expresando su solidaridad con las y los parlamentarios, así como con el pueblo británico, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a implementar diversas acciones y estrategias en materia de vinculación laboral de los migrantes mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Comisión Reguladora de Energía y de la COFECE, para que se analice el mercado de gas LP y determinar si existen condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la investigación de las fosas clandestinas encontradas en el predio Colinas de Santa Fe, Veracruz, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que considere en la medida de sus posibilidades presupuestarias, llevar a cabo una campaña de reforestación que permita sustituir por especies nativas las palmeras del municipio de Torreón, en el estado de Coahuila, afectadas por el Amarillamiento Letal, suscrito por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a atraer el caso del asesinato del periodista Ricardo Monlui Cabrera y realizar las diligencias necesarias para capturar a los responsables, suscrito por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Cuitláhuac García Jiménez, Renato Josafat Molina Arias y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para rendir un homenaje al escritor Juan Rulfo en el Centenario de su natalicio, a conmemorarse el próximo 16 de mayo de 2017, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, para que instrumenten y desarrollen a nivel nacional programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los estudiantes sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a difundir la información relativa a las acciones que ha implementado para la protección de los migrantes en el periodo de enero de 2017 a la fecha en territorio nacional y en el extranjero, así como el status en el que se encuentra el proceso de implementación del Protocolo de Actuación para Asegurar el Respeto a los Principios y la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Procedimientos Administrativos Migratorios, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener, a suspender la Ronda 2.2 de las licitaciones en materia de extracción y explotación de hidrocarburos en el estado de Chiapas, en virtud del incumplimiento de los procedimientos previstos en la Ley para la Consulta de los Pueblos Indígenas y la amenaza latente de despojo y destrucción de sus territorios y recursos naturales, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales, estatales y municipales, a fin de atender la problemática relativa a las áreas naturales protegidas del estado de Jalisco, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del estado Chiapas, a liberar inmediatamente a los ciudadanos Rafael Jiménez Aréchar, Mercedes del Carmen Robles Bustamante, Sairy Jazmín Martínez Camacho, Jorge Ricardo García Ramos y Óscar Alfonso Constantino Ortega, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la Federación y del Gobierno del estado de Chiapas, para que implementen las acciones necesarias para garantizar la integridad y salvaguarda de la reserva ecológica Quenvó-Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, municipio de dicha entidad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la colocación de parquímetros en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a retirar inmediatamente la caseta de peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1, ubicada en el kilómetro 2+100 de la carretera federal no. 180 Matamoros-Puerto Juárez, en dicha entidad, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, a sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la Subestación Eléctrica Culhuacan en la Colonia Cerro de la Estrella, en la Demarcación Iztapalapa de la CDMX, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 20 de marzo, celebración de los 20 años de la Reforma Constitucional en materia de Doble Nacionalidad, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 24 de marzo, “Día Mundial de la Tuberculosis”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos dos diputadas y diputados, a las doce horas con siete minutos del martes veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la diputada y los diputados:

• Sara Latife Ruiz Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos veinticinco, ciento veintiocho, ciento veintiocho bis, y ciento veintiocho ter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor presentada el siete de marzo de dos mil diecisiete.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga los artículos diez, y once de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, presentada el dos de febrero de dos mil dieciséis.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades gubernamentales a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el diecinueve de junio de dos mil dieciséis, en diversas localidades de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso, presentada el nueve de marzo de dos mil diecisiete.

Se tienen por retiradas las iniciativas y la proposición, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite once contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento, y a los promoventes, según corresponda.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que:

• Remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de febrero de dos mil diecisiete, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Informa que durante el mes de febrero de dos mil diecisiete, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, numismáticos y dos animales entre otros. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

d) Del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, por el que remite iniciativa que reforma el artículo dieciocho-A de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Desde su curul el diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Partido Revolucionario Institucional, realiza comentarios sobre el lamentable fallecimiento del diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidenta dirige unas palabras e invita a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

Se da cuenta con comunicación de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, por la que con fundamento en el artículo ochenta numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados solicita retirar el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta y seis, cuarenta y nueve, y cincuenta de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se devuelve a la Comisión de Igualdad de Género. Desde sus curules intervienen las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, Cecilia Guadalupe Soto González, Cristina Ismene Gaytán Hernández, ambas del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidenta hace aclaraciones.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y de los diputados:

• Sara Latife Ruiz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

– Que reforma los artículos veintitrés, y veinticuatro de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

– Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por el que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero, once, y catorce, de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, y suscrito por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Renato Josafat Molina Arias, de Morena, que deroga el artículo trescientos cinco de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés, y suscrito por los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Erik Juárez Blanquet, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Lorena del Carmen Alfaro García, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintiocho, y ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Verónica Delgadillo García, y suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, y Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, y suscrita por diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

A las trece horas con quince minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos siete diputadas y diputados.

• Cristina Ismene Gaytán Hernández y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que expide la Ley General de Derechos Culturales. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos trescientos veintidós, trescientos veintitrés, y trescientos veinticuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Javier Octavio Herrera Borunda, y suscrita por los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo séptimo y adiciona los artículos séptimo-bis y séptimo ter de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres, y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ramón Bañales Arambula, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y cinco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios interviene la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social;

Desde sus respectivas curules realizan comentarios respecto al dictamen a discusión las diputadas: Norma Rocío Nahle García, de Morena; Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; y María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano. La Presidenta informa a la Asamblea que en atención a la solicitud de diversos grupos parlamentaros, se pospone este debate en tanto se logran los consensos que permitan su continuación, mientras eso sucede se procede a abordar el siguiente dictamen enlistado en el Orden del Día.

En consecuencia se inicia la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el que se reforma el artículo segundo de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Carlos Gutiérrez García, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano; Magdalena Moreno Vega, de Morena; Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Tania Victoria Arguijo Herrera, del Partido de la Revolución Democrática; Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Partido Acción Nacional; y Bernardino Antelo Esper, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y nueve votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo de la Ley de Ciencia y Tecnología. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Se retoma la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Continúa la fijación de posturas de sus respectivos grupos parlamentarios e intervienen las diputadas y el diputado: María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Partido Verde Ecologista de México; Karen Hurtado Arana, del Partido de la Revolución Democrática; Renato Josafat Molina Arias, de Morena; Angélica Moya Marín, del Partido Acción Nacional; y Araceli Guerrero Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidenta instruye a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación presentada por la Comisión, que en votación económica se aprueba y se incorpora al dictamen.

Desde sus curules realizan comentarios las diputadas Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional; Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; e Irma Rebeca López López, de Movimiento Ciudadano.

En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y tres votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la modificación aceptada por la Asamblea. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno, de urgente u obvia resolución, y se concede el uso de la palabra a las diputadas:

• Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales, a realizar las acciones necesarias a efecto de que se realice el descuento conducente al peaje de las autopistas del país, cuando éstas se encuentren en obras o no cuenten con las condiciones óptimas para su circulación. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a la diputada y los diputados: Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México; Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social;

Desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios las diputadas y el diputado Antonio Amaro Cancino, del Partido Revolucionario Institucional; Norma Rocío Nahle García, de Morena; y Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano. Quedan asentadas sus expresiones en el Diario de los Debates.

Continúa con las intervenciones de los diputados: Cuitláhuac García Jiménez, de Morena; y Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional;

Desde su curul realiza comentarios el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional. Quedan asentadas sus expresiones en el Diario de los Debates.

En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

• Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a diversas estancias de la administración pública federal, a intervenir y resolver de manera coordinada y conjunta, la situación de pobreza y abandono que presentan los habitantes de la meseta de Cacaxtla, Sinaloa.

Desde su curul, realiza comentarios el diputado David Epifanio López Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.

En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Chávez García de Morena; y al diputado José de Jesús Galindo Rosas, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de Efeméride con motivo del doscientos once Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Intervienen para referirse al tema las diputadas y los diputados: Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social; Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Elías Ojeda Aquino, de Morena; Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Partido Verde Ecologista de México; Eva Florinda Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional; y Antonio Amaro Cancino, del Partido Revolucionario Institucional.

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que presente un proyecto de reglas de operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores, en el que derogue la fracción segunda, del artículo setenta y cinco de dichas reglas y establezca el apoyo económico otorgado a los pequeños productores beneficiarios del Programa de Incentivos para Maíz y Frijol, a dos mil doscientos pesos por hectárea para insumos para la producción, fertilizantes y que es exactamente lo que se aportaba en el Ejercicio de dos mil dieciséis. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de Comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y ocho de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión.

• Carlos Federico Quinto Guillén, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos treinta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Marina, para opinión.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• José Luis Toledo Medina, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, para que atiendan de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en el estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los sistemas nacional y estatales de Desarrollo Integral de la Familia, a implementar campañas de información dirigidas a las comunidades de mexicanos que se encuentran dentro de territorio de los Estados Unidos de América, a efecto de que cuenten con un plan preventivo de custodia para aquellos menores que pudieran ser separados de sus padres. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Óscar Ferrer Abalos, Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que hagan públicos los motivos del recorte de más de nueve mil millones de pesos del programa presupuestal de administración de agua potable correspondiente a la Conagua del Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil diecisiete y garanticen el no aumento de tarifas por su suministro. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Ernestina Godoy Ramos, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la subestación eléctrica Culhuacan en la Colonia Cerro de la Estrella, en la demarcación Iztapalapa de la Ciudad de México, a fin de salvaguardar el derecho a la vida, el medio ambiente sano, la seguridad física y el desarrollo comunitario de los habitantes de dicha zona. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, del Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a desistirse de la acusación de portación de armas exclusivas del Ejército contra el doctor José Manuel Mireles; así como al juez federal quinto en materia penal, a dictar su traslado al penal de Morelia, Michoacán, para resolver de manera expedita su situación jurídica. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se realice la actualización correspondiente a los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple para los pensionados y jubilados. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Juan Carlos Ruiz García y Baltazar Martínez Montemayor, del Partido Acción Nacional, por el que se exhortar al Ejecutivo Federal, a que permita la libre circulación en todo el territorio nacional de vehículos traídos al país por mexicanos repatriados de los Estados Unidos de América hasta por dos años previos a su regularización. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, incluya en la revisión a la Cuenta Pública dos mil dieciséis, una auditoría con enfoque vertical a los contratos que la empresa brasileña Odebrecht ha celebrado con las empresas productivas del estado, desde el dos mil diez a la fecha; asimismo, se solicita al titular de Petróleos Mexicanos, a colaborar para una efectiva rendición de cuentas y combatir la corrupción e impunidad. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo, a abstenerse de intervenir en la vida sindical de sus trabajadores y a reconocer diversos derechos del Sindicato Independiente de Trabajadores, Técnicos y Profesionistas de dicha institución. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Alex Le Baron González, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la evaluación de resultados y procedimiento operativo del dos mil diecisiete, para la aplicación del estímulo fiscal al diésel agropecuario. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Luis de León Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, a realizar campañas con carácter permanente de impulso y difusión de los destinos con el sello distintivo denominado: Paraísos Indígenas. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Concepción Villa González, de Morena, por el que se exhorta diversas instituciones federales y de la Ciudad de México, a emprender coordinadamente acciones urgentes para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos en dicha entidad debido al aumento de feminicidios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a aumentar la cantidad que se podrá deducir del Impuestos Sobre la Renta respecto del estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios de enseñanza en educación básica y media superior. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Luisa Sánchez Meza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la publicación de los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo al Migrante, así como a dar prioridad en la asignación de recursos a las entidades federativas con mayor recepción de migrantes y repatriados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a incrementar el número de centros de asistencia social para atender las necesidades de la población infantil, especialmente la migrante; asimismo, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a supervisar que los centros de asistencia social den cumplimiento a los requerimientos que enmarca la normatividad a nivel nacional e internacional. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a exentar del pago del impuesto sobre tenencia en dos mil dieciocho, a los automóviles cuyo valor sea menor a cuatrocientos mil pesos y a abrogar de su legislación el cobro de ese impuesto a partir de dos mil diecinueve. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a desarrollar estrategias integrales relacionadas con la defensa de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos de América y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al gobierno del estado de Oaxaca, a ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de infraestructura carretera en la región mixteca oaxaqueña. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen

La Presidenta cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de jueves veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.

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El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Virgilio Caballero. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para presentar y expresar nuestro enojo, nuestra protesta, nuestra indignación por este nuevo asesinato de una periodista, Miroslava Breach, que fue corresponsal de La Jornada durante 15 años y fue asesinada ayer en Chihuahua.

Pedirle a través de este recurso al gobernador que no deje pasar esto —el gobernador de Chihuahua— como un crimen más. ¿Cuántos periodistas más deben ser asesinados para que pueda llevarse a cabo una investigación seria? Estamos con La Jornada y lamentamos enormemente esta pérdida. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Sus expresiones han quedado registradas. Sonido por favor en la curul del diputado Ángel Hernández de la Piedra.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra(desde la curul): Muchas gracias, presidenta, en ese mismo sentido. El día de hoy, a las 7:15 horas, fue despojada de su vida la periodista Miroslava Breach. La periodista Miroslava se convierte en la tercera periodista asesinada en menos de un mes, junto con Ricardo Mounli Cabrera, asesinado en Veracruz apenas el domingo pasado, y Cecilio Pineda Birto, en Guerrero, el 2 de marzo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos había documentado 122 homicidios de periodistas a nivel nacional desde el año 2000, de los cuales 20 se han registrado en el estado de Veracruz. A esta cifra hay que sumar ahora el asesinato de Miroslava.

En esta Cámara de Diputados, Morena ha puesto sobre la mesa el tema de las agresiones a la violencia que sufren los periodistas, de los cuales las proposiciones con punto de acuerdo respecto a los casos de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera, Anabel Flores Salazar, Francisco Pacheco Beltrán e Iris Velázquez, siguen pendientes o fueron desechadas.

El pleno de esta Cámara no debe quedarse únicamente en el discurso condenando los actos de violencia contra los periodistas. Debemos vigilar que las autoridades encargadas de castigar estos crímenes hagan su trabajo y reforzar el marco jurídico, para ampliar la protección a los periodistas para que puedan ejercer su profesión sin el miedo latente en el que viven hasta el día de hoy. Es cuanto, diputada.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Hortensia Aragón.

La diputada Hortensia Aragón Castillo(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Quisiera decirles, comentarles a mis compañeros diputados y diputadas, que Miroslava Breach Velducea fue una mujer ejemplar, no sólo porque fue una periodista honesta que hizo siempre su trabajo de la mejor manera, que se vinculó siempre con el tema de los derechos humanos, que estuvo hasta el día de ayer escribiendo sobre el crimen organizado y la violencia que se ha recrudecido en el estado de Chihuahua.

Ella escribió en muchos periódicos y actualmente escribía para El Norte de Ciudad Juárez y La Jornada. Una mujer que se hacía cargo de su hijo y se hacía cargo de hacer bien su trabajo; por hacer bien su trabajo el día de hoy recibió ocho impactos de bala.

Yo les pido no un minuto de silencio para Miroslava Breach, sino para todos los periodistas que por hacer bien su trabajo, están siendo callados de la manera más vil, como se puede silenciar a alguien.

Es por esos sentimientos encontrados, de manera lamentable, porque yo fui enterada hace días de que había sido amenazada de muerte, y debiera de haber solicitado la protección que se requería para ella, y esos sentimientos encontrados me obligan a plantear que no puede ser lo que se está viviendo en el corazón de la comunicación de la sociedad, lo que hoy tenemos.

Esta Cámara de Diputados y diputadas está obligada, señora presidenta, a hacer algo, y conmino a los grupos parlamentarios, todos, a que se presente una acción concreta que permita proteger y garantizar el trabajo de los y las periodistas en México. Lamento mucho, mucho, no haberlo dicho a tiempo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Hortensia Aragón. Desde luego se obsequia el minuto de silencio para tener lugar a ello en el transcurso de la sesión.

Han solicitado la palabra un número importante de diputados, a los que voy a ir dando conforme lo han ido solicitando. Sonido, por favor, en la curul del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Primero condenar este hecho, como diputado del estado de Chihuahua condeno el suceso para nuestra amiga Miroslava.

A Miroslava Breach Velducea me tocó tratarla en dos ocasiones, en dos momentos, pues, de mi vida política, cuando tuve la oportunidad de ser en dos ocasiones diputado local. A Miroslava la caracterizaba su periodismo crítico, la caracterizaba su periodismo firme, la caracterizaba ser una persona echada para adelante, defensora de las instituciones cuando ella consideraba que había que defenderlas, pero también crítica de las mismas cuando consideraba hacerlo de acuerdo a su formación periodística.

Lamentamos profundamente este hecho porque es el segundo que se presenta en los últimos cinco meses en Chihuahua, y en las mismas características. Primero fue Jesús Adrián, de GRD Noticias, saliendo igual de su casa, lo privaron de la vida un sábado. Hoy es Miroslava saliendo de su casa, con ocho impactos de bala que la privan de la vida.

Y es, para nosotros -reitero- doloroso, lamentable, de que regresemos en Chihuahua otra vez a estos escenarios de dolor, a estos escenarios de inseguridad.

Lo plantee cuando presenté el posicionamiento para solicitar la instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública por lo mismo, porque se presentan síntomas que se presentaron en la época más difícil que tuvimos en Chihuahua y esto es lo que no queremos que suceda. La coordinación institucional es lo mejor que debe de pasar y ahorita no existe. El trabajo en equipo es lo mejor que debe de hacerse y ahorita nadie nos convoca.

Por eso reitero el llamado respetuoso a los tres órdenes de gobierno para investigar este hecho, pero particularmente al gobernador del estado, al licenciado Javier Corral Jurado, para reiterarle la petición que le he formulado, que nos invite a platicar, a dialogar, para poder construir una estrategia de seguridad que sea eficaz, para poder hacer las reformas, si tenemos que hacerlas, desde esta Cámara de Diputados, para atender el problema de inseguridad, y si tenemos que colaborar con él, en temas de gestión de recursos, estamos para eso, pero necesitamos que el gobernador nos convoque a este diálogo que tengo desde el 23 de enero pidiéndole y no lo ha realizado. Muchas gracias, y nuestro pésame a la familia de nuestra amiga Miroslava Breach Velducea. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Domínguez Domínguez, queda asentada su expresión en el Diario de Debates. Sonido, por favor, en la curul del diputado Luis Fernando Mesta Soule.

El diputado Luis Fernando Mesta Soule(desde la curul): Sí. Muy buenos días. En Chihuahua estamos consternados los diputados chihuahuenses, los chihuahuenses, de haber perdido a una amiga del gobierno del estado, una amiga de los chihuahuenses y una gran reportera.

Por eso exigimos y solicitamos no sólo al gobierno del estado, sino también al gobierno federal y a todas las instituciones que tomen en cuenta estos sucesos para poder investigar a fondo y lograr que se lleve a justicia a quienes hayan perpetrado estos crímenes.

También exigimos que en esta Cámara se aprueben —las solicitudes— las iniciativas que se han presentado de los mandos mixtos, que pueden ayudar a reducir y proteger, reducir este tipo de crímenes y proteger a los que en el ejercicio de su profesión nos llevan a cabo una función tan importante para la sociedad.

Creo que debemos —me sumo al minuto de silencio, a las exigencias de justicia y a la exigencia de lo que nos toca hacer en esta Cámara. Hay que votar lo que tenemos que votar para que estas cosas, estas situaciones se reduzcan. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Mesta. Queda también asentada su expresión. Sonido, por favor, en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Gracias, señora presidenta. El motivo de mi intervención es para expresar que, a pesar de las constantes denuncias que hemos realizado por la crisis que vive el sector salud en el estado de Chiapas, el secretario de Salud, el doctor Francisco Ortega Farrera, insiste en actuar con opacidad, con corrupción y, lo peor, que ahora reprimiendo a las y los trabajadores.

Es por ello que le exijo al gobierno del estado de Chiapas que, ante la incompetencia y complicidad del actual secretario, ordene su inmediato cese, su inmediata renuncia. Ni la salud del pueblo de Chiapas ni los derechos laborales de las y los trabajadores pueden estar en manos de hombres viles, corruptos e incompetentes. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rafael Santiago. Sonido, por favor, en la curul de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en apenas cuatro días, tres atentados a periodistas, de los cuales dos están muertos. Fueron asesinados con balas certeras para acallar a voces críticas.

En Veracruz el caso de Ricardo Monlui es lamentable, porque Veracruz es el estado que más asesinatos de periodistas tiene. Ayer Miroslava, hoy Miroslava y también el atentado contra la periodista Alma, en Sinaloa. Los estados en donde se dan estos asesinatos son estados que no son precisamente seguros para los periodistas, pero ninguno de este país.

El día de ayer tuvimos reunión de la Comisión Especial de los Asesinatos a Periodistas y le pedí a la presidenta que le solicitara al fiscal un listado completo de los asesinatos de periodistas por estado, pero además el estado de las investigaciones, porque se dice luego que son asesinatos porque los robaron, porque les quisieron quitar el carro, etcétera, y son asesinatos certeros contra voces.

Por ello quiero pedirle de manera pública en este Congreso, a la presidenta, que comparezca el fiscal especial en la materia, para que nos explique las medidas de protección a los y las periodistas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Candelaria Ochoa. Sus expresiones quedan asentadas y se dará cuenta de ello para la comparecencia. Sonido, por favor, en la curul del diputado Agustín Basave Benítez.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez(desde la curul): Gracias, presidenta. Me sumo, desde luego, a la preocupación expresada por compañeras y compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, en el tema de los periodistas asesinados, pero quiero recordar a esta soberanía también en otro tema, que hoy hace 23 años fue asesinado Luis Donaldo Colosio y que no debemos los mexicanos olvidar esta efeméride, que no veo en el orden del día, por la sencilla razón de que no solamente mataron a un buen mexicano, sino porque ese crimen impune marcó, a mi juicio, el inicio de una espiral de descomposición en el tema de la violencia, que junto con otros factores -es un asunto desde luego multifactorial- ha llevado a México a donde estamos ahora precisamente con esta violencia desbocada.

El mensaje que se envió hace 23 años fue: Todo se vale y si es posible asesinar impunemente a alguien que apuntaba hacia el vértice del poder, es posible asesinar a cualquiera impunemente. Solamente quiero que se registre eso, presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Basave. Quedan asentadas sus expresiones.

La diputada Claudia Sánchez Juárez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Claudia Sánchez.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Diputada, para hacer manifiesta la preocupación que el grupo parlamentario de Acción Nacional y, particularmente, los diputados mexiquenses tenemos respecto de la operación de recursos federales en el Estado de México, en las próximas elecciones.

Quiero decirle, y hacer un recordatorio a esta asamblea, que Luis Miranda, quien se autodenomina operador político del gobierno federal y que actualmente lo está haciendo manifiesto, está desviando recursos para la operación política del gobierno federal.

En el Partido Acción Nacional seremos observadores y seremos acompañantes de la ciudadanía, porque en esta ocasión, por primera vez, se tiene la posibilidad de darle alternancia a este estado, que tanto lo necesita.

Me es importante manifestarle que el día de hoy el dirigente de nuestro partido, Ricardo Anaya Cortés, presentará una denuncia ante la Fepade, a partir del video que circula en redes sociales, en donde aparece una exdiputada federal del PRI del Estado de México, Maricruz Cruz Morales, desviando recursos de programas sociales federales hacia la Central Campesina Independiente, organización vinculada con el PRI.

No vamos a permitir que la dignidad de los ciudadanos mexiquenses se vea trasgredida por el uso de programas que tienen que ser permanentes y que no solo tienen que llegar en época electoral.

Los diputados de Acción Nacional vamos a luchar y vamos a estar presentes en estas elecciones, haciendo que la voluntad del pueblo mexiquense se dé a través del voto libre. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión en el Diario de Debates, diputada Claudia Sánchez y, desde luego, los integrantes de la Junta de Coordinación Política han tomado también conocimiento.

La diputada Yulma Rocha Aguilar(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Yulma Rocha.

La diputada Yulma Rocha Aguilar (desde la curul): Gracias, presidenta. También, para que quede manifiesto en esta asamblea, que los gobiernos no se pueden paralizar o truncar sus acciones por los temores electorales de un partido político, en este caso de Acción Nacional en el Estado de México, donde su candidata está colocada en el tercer lugar de las preferencias electorales.

Los programas sociales tienen mecanismos de protección y blindaje electoral. Nosotros le recomendaríamos a Acción Nacional que, en lugar de estos pronunciamientos, se vaya a trabajar con su candidata, para ver si así levanta en las preferencias electorales. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión. Continuamos con comunicaciones oficiales.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron...

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Mayra Enríquez.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Lo que aquí se ha planteado es la denuncia por el uso de los recursos públicos con fines políticos, partidistas, electorales en el Estado de México.

En ningún momento se planteó que se analizaran encuestas y creo que este no es tema de esta asamblea. Lo que nos corresponde, como diputados, como diputadas, es cuidar que el recurso público se aplique debidamente, y hay un video circulando en las redes sociales donde queda patente que ese recurso está utilizado para apoyar la campaña política de un partido que es el PRI.

Lamento mucho que la diputada del PRI haga este señalamiento, en lugar de preocuparse porque se cumpla con la ley y porque se respete la legalidad, sobre todo, porque esa es su encomienda principal.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión. Continúe la Secretaría con comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

En uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente vengo a ejercer mi derecho de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, presentada por la suscrita el 6 de diciembre de 2016, durante el primer periodo de sesiones del segundo año legislativo, y turnada a la Comisión de Justicia.

Sobre el particular, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de esta Cámara.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Palacio de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Con un cordial saludo, me permito solicitarle de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea retirada la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados:

• Que adiciona los artículos 12 de la Ley General de Educación y 7 Bis de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva dar a mi petición, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado David Sánchez Isidoro (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Quien suscribe, Mariana Benítez Tiburcio, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito hacer efectivo mi derecho del retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al Procedimiento Penal Especial para pueblos y comunidades indígenas turnada a la Comisión de Justicia.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que se sirva dar al presente y hago propicio el medio para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputada Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito amablemente retirar de los registros parlamentarios la proposición con punto de acuerdo que presente el miércoles 25 de enero de 2017, la cual fue publicada en la misma fecha y turnada a la Comisión de Deporte:

• Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte a reconsiderar la decisión de retirar a Jalisco la sede de la Olimpiada Nacional de 2017.

Son otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito el retiro de la siguiente proposición con punto de acuerdo:

•·Que exhorta a todas las instancias que reciban recursos públicos a que en el ejercicio de sus facultades rescindan todo contrato actual o previsto para la adquisición de productos o servicios de las empresas Ford Motor Company y General Motors Company, presentada el 25 de enero de 2017.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-1769 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 110.5.2.-1223 suscrito por el licenciado Javier Delgado Parra, director general adjunto de Apoyo Jurídico Institucional de la Secretaría de la Función Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en cumplimiento de las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Función Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio número SELAP/ 300/ 332/17 de 10 de febrero de 2017, por el cual hace del conocimiento a esta secretaría, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 9 de febrero del año en curso, que señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad órgano y organismos de los poderes Legislativo. Ejecutivo y Judicial. Órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

Al respecto, con fundamento en el artículo 16.Bis, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, anexo al presente se acompaña nota de comentarios de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de esta secretaría en relación con el punto de acuerdo de referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2017.— Licenciado Javier Delgado Parra (rúbrica), director general adjunto de Apoyo Jurídico Institucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Función Pública.

Nota informativa

Asunto: Comentarios respecto del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para analizar la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad que emitan toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales.

I. Antecedentes.

En sesión celebrada el 9 de febrero de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad que emitan los mismos.

Lo anterior, con base en las consideraciones expuestas en el dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene el Punto de Acuerdo, de las cuales destacan las siguientes:

• “...Talleres Gráficos de México cumple con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable en la materia (elaboración de materiales electorales), tal y como se establece en el artículo 216 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales...”

• “...esta comisión dentro de los trabajos de la reunión ordinaria, estimó pertinente ampliar el acuerdo, con la finalidad de que el exhorto se haga a toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno que reciba y ejerza recursos públicos federales, para que analicen la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos por ejemplo actas que se utilizan en el registro civil, credenciales para estudiantes y empleados públicos, boletas, certificados, cédulas profesionales, material electoral, pasaportes, entre otros; de conformidad a la normatividad aplicable en la materia, por considerar que dicha acción contribuirá a fortalecer a Talleres Gráficos de México y asimismo dar garantía a cuestiones de seguridad nacional.”

II. Análisis

Se observa que el punto de acuerdo que nos ocupa, contiene en esencia el mismo exhorto que el realizado por la Cámara de Senadores mediante punto de acuerdo que aprobó en sesión del 29 de diciembre de 2016, que fue comunicado a la Secretaría de la Función Pública por el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, por oficio número SELAP/ 300/ 2911/16 de fecha 9 de diciembre de 2016, respecto el cual la Subsecretaría Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas emitió opinión que fue hecha del conocimiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a través del oficio número SRACP/ 300/ 041/ 2017.

En consecuencia, al tener el mismo sentido el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados que el del punto de acuerdo de la Cámara de Senadores, se considera que los comentarios formulados a éste último, resultan aplicables a aquél, por lo que a continuación se presentan los comentarios correspondientes para el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados:

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tratándose de las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice en este caso la federación, deberán hacerse asegurando al Estado las mejores condiciones en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Bajo esta premisa, es de señalar que no obstante que Talleres Gráficos de México pueda ser un proveedor de la más alta calidad en el mercado relacionado con la impresión de documentos, no es el único agente económico operando en el mismo. De hecho, de conformidad con datos obtenidos a través de CompraNet se observa lo siguiente:

De la información señalada en los cuadros anteriores, se desprende que existe una cantidad considerable de proveedores en el mercado, incluyendo a Talleres Gráficos de México.

En ese sentido, y con la finalidad de obtener los beneficios generados por la competencia económica, la Constitución Política previene, acorde con la teoría económica, que la licitación pública es el procedimiento de contratación que mejor garantiza la obtención de las mejores condiciones de contratación, por lo que la establece como procedimiento preferente, debiendo destacarse que si bien la Carta Magna permite el uso de otros procedimientos, los mismos sólo son admisibles cuando, en el caso concreto permiten obtener las mejores condiciones de contratación de una manera más eficaz. Entre dichos procedimientos se encuentra el de la contratación con dependencias o entidades, misma que se puede realizar sin sujetarse a los procedimientos de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), siempre y cuando la dependencia o entidad que fungirá como proveedora de los bienes o servicios tenga la capacidad para cumplir por si misma por lo menos con el cincuenta y uno por ciento del importe total del contrato (artículo 4 del Reglamento de la LAASSP).

Ahora bien, para determinar cuál es el procedimiento de contratación que debe preferirse en cada caso concreto, el artículo 26 de la LAASSP, previene que debe hacerse una investigación de mercado.

Por ello, para poder determinar si resulta conveniente contratar a Talleres Gráficos de México, es imprescindible que la investigación de mercado se desprenda que a través de dicha contratación efectivamente se obtienen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás que se estimen pertinentes en el caso concreto.

Luego entonces, se estima que sólo resultaría el procedente la contratación de Talleres Gráficos de México, si de la investigación de mercado realizada en cada caso concreto, se desprende que dicho ente público cuenta con la capacidad para cumplir por si misma por lo menos con el cincuenta y uno por ciento del importe del contrato y ofrece las mejores condiciones de contratación.

De no satisfacerse los requisitos mencionados, no resultaría recomendable, la contratación de los servicios que se pretende exclusivamente para Talleres Gráficos de México, porque al no promoverse la competencia son susceptibles de producirse, a largo plazo, efectos indeseados en el sector económico en que se presenta, tal fenómeno. En efecto, la falta de competencia en un sector económico puede producir: disminución de incentivos a innovar, desplazamiento de proveedores del mercado con el establecimiento de barreras de entrada y disminución de competitividad de precios y de calidad de los bienes o servicios.

El referido efecto de la falta de competencia, se generaría sobre un mercado de aproximadamente 156.3 millones de pesos anuales, toda vez que de los datos obtenidos de CompraNet del año 2011 al 2016, existieron 1,201 contrataciones del “Servicio de impresión de documentos oficiales para la prestación de servicio público” y de la “Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión” por un monto total de 937.6 millones pesos, lo que deriva en el promedio anual señalado.

Por otra parte, en relación a la mención que en el dictamen se realiza respecto a que la acción propuesta “contribuirá a fortalecer a Talleres Gráficos de México y asimismo dar garantía a cuestiones de seguridad nacional”, es de hacer notar, por un lado, que las contrataciones públicas no tienen como propósito fortalecer a una institución pública como proveedor del propio Estado, sino el obtener las mejores condiciones para el ente público que requiere el suministro de bienes o la prestación de servicios que le permitan cumplir sus funciones, y por el otro, que otros agentes económicos con la capacidad e infraestructura necesaria también podrían garantizar la seguridad requerida, para lo cual la dependencia o entidad de que se trate, tendría que establecer de manera clara y precisa, las condiciones de contratación.

III. Conclusión

En razón de lo expuesto, se estima que en lo concerniente a la administración pública federal no sería viable que se emitieran disposiciones jurídicas o directrices de política en materia de contrataciones públicas, con el fin de establecer que Talleres Gráficos de México pueda ser la única instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2017.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-7-1575, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SCR/ 105/ 2017, suscrito por el licenciado Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, y de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a destinar y ejercer de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, así como preparar el reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 3147/ 16, mediante el cual informa que la Cámara de Diputados emitió los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben para pronta referencia:

• La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias de la administración pública federal a destinar y ejercer de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

• La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias y entidades a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social los trabajos necesarios para preparar su respectivo reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad, en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Sobre el particular, y toda vez que en el marco de las atribuciones encomendadas a la Subsecretaría de Calidad y Regulación se ha designado a esta área como enlace para la debida atención de las solicitudes de carácter legislativo que sean competencia de la Sectur, me permito informarle que esta dependencia no cuenta con recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para llevar a cabo acciones afirmativas y específicas para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, es importante señalar que todas las acciones en la materia que emprendió la secretaría durante 2016, en alineación Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, se realizaron con recursos asignados a las unidades administrativas del sector turismo tomando en cuenta el presupuesto destinado al ramo 21.

En cuanto al segundo punto, me permito anexar el cuadro que contiene la información de las acciones e iniciativas que la Secretaría de Turismo, sus órganos desconcentrados y sus entidades sectorizadas, en el marco del Grupo de Trabajo Intersectorial de Accesibilidad Universal en el Sector Turismo, emprendieron en 2016 en materia de accesibilidad y diseño universal.

Asimismo, bajo la responsabilidad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se trabaja para que en el desarrollo, la modernización o el equipamiento de los centros integralmente planeados (CIP) se aplique la normatividad en la materia y lograr que la infraestructura, el diseño urbano y la edificación de proyectos turísticos desarrollados por dicha instancia tengan el enfoque de accesibilidad.

Los destinos turísticos que han realizado acciones encaminadas a beneficiar a personas con discapacidad incluyen los siguientes:

• Playa Delfines, Cancún, Quintana Roo;

• CIP Los Cabos, Baja California Sur;

• CIP Ixtapa, Guerrero;

• CIP Huatulco, Oaxaca;

• CIP Playa Espíritu, Sinaloa; y

• Proyecto turístico integral Litibú, Nayarit.

Otras acciones emprendidas por el Fonatur son las siguientes:

• Construcción del Micrositio de Igualdad, Equidad e Inclusión;

• Capacitación de personal de las brigadas de protección civil en oficinas centrales y en los CIP; y

• Cursos de capacitación de todo el personal del Fonatur impartidos por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conadis y CNDH, relacionados con el tema de accesibilidad, inclusión y no discriminación.

Por otro lado, le informo que a través de la Dirección General de Certificación Turística se promueve el distintivo de certificación de playas, marinas y embarcaciones Blue Flag.

Blue Flag es un distintivo internacional que reconoce las playas y marinas que han alcanzado la excelencia en calidad de agua, gestión y educación ambiental, seguridad y servicios, y cuenta con protocolos estandarizados y un estricto proceso de selección, verificación y seguimiento.

Blue Flag México

Para aplicar al programa Blue Flag México, los aspirantes deben solicitar la inscripción a la Coordinación Nacional, donde se realiza una revisión de la candidatura y, posteriormente, una visita de factibilidad para conocer el estatus de la playa o marina.

Una vez que se tiene a los candidatos, se someten a revisión por el Jurado Nacional, formado por la Secretaría de Turismo (que lo preside), y por entidades gubernamentales como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Cuando el Jurado Nacional aprueba la candidatura de la playa o marina mexicana, toda la información de ésta es enviada a la Coordinación Internacional, que presenta la candidatura ante el Jurado Internacional, el cual otorga el distintivo Blue Flag.

En particular, el numeral 33 de los Criterios Blue Flag para Playas 2016 especifica los requisitos en materia de accesibilidad.

Criterio 33: Al menos una de las playas Blue Flag del municipio, como mínimo, debe poseer rampas de acceso a la playa y sanitarios para personas con capacidades diferentes, excepto en los casos en que la topografía claramente no lo permita (criterio imperativo Blue Flag).

Este criterio aplica para los casos de municipios con más de una playa que cuente con el distintivo; de lo contrario, la primera playa Blue Flag deberá contar con la infraestructura necesaria para personas con discapacidad que les garanticen el acceso a la arena, al mar, a los edificios y sanitarios.

El acceso a la playa y al cuerpo de agua debe facilitarse mediante rampas adaptadas a los usuarios con diferentes tipos de discapacidad y que cumplan los más altos estándares de seguridad y normas aplicables. En lo posible, se recomienda que puedan acceder también hasta la playa y el baño. Es aconsejable que el diseño de las rampas y los materiales utilizados se integren bien en el entorno natural y, cuando ello sea posible, se utilicen materiales con menor impacto ambiental o reciclados. El diseño de los baños debe facilitar el uso de sillas de ruedas y facilitar otras necesidades de este tipo de usuarios.

Las rampas de acceso a la playa se ubicarán en las áreas de ésta donde sean más fáciles su localización y uso. Estos accesos deberán cumplir con las normas que estipulen su construcción. Además, cuando haya zonas de estacionamiento, deberán reservarse y señalizarse plazas para el estacionamiento de los vehículos de las personas con capacidades diferentes.

En caso de que las circunstancias físicas del terreno impidan la construcción de rampas de acceso, por ejemplo, costas fácilmente erosionables o con abruptos acantilados, que no permitan este tipo de rampas de acceso, el municipio solicitante puede solicitar una dispensa documentada.

En el caso excepcional de que ninguna de las playas candidatas a Blue Flag del municipio pueda contar con las mencionadas rampas de acceso para personas con capacidades diferentes, las razones deberán ser documentadas en su aplicación.

La información sobre dichos accesos y servicios adaptados en las playas deberá estar disponible en el panel de información de la playa y en la oficina municipal de turismo.

En el cuadro siguiente se detallan las playas y marina Blue Flag en México:

La Secretaría de Turismo otorga el sello de turismo incluyente, dirigido a las empresas turísticas que no solamente tienen conocimiento en materia de atención de personas con discapacidad, sino que cuentan con las instalaciones exteriores e interiores, señaléticas y servicios de información adecuadas para brindar un servicio de calidad a este segmento de mercado.

Dicho sello se desarrolló y analizó con un grupo de trabajo con expertos representantes del sector académico, funcionarios públicos e iniciativa privada, entre los que podemos mencionar el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Red Nacional para la Prevención de Discapacidades en México, Global Connection (agencia de viajes especializada en viajes para personas con discapacidad), Universidad Tecnológica de Santa Catarina Monterrey (Universidad Incluyente) y Fundación Unidos Somos Iguales ADP.

De igual modo, se consideró la siguiente normativa vigente para elaborar los indicadores del modelo del sello turismo incluyente:

• Ley de las personas con discapacidad en los estados de la República Mexicana.

• Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, el tránsito, el uso y la permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

• Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, para la atención integral de personas con discapacidad.

• Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público. Especificaciones de seguridad.

• Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

Para otorgar el sello de turismo incluyente, se evalúan un total de 52 indicadores distribuidos en 5 rubros, a saber:

1. Instalaciones exteriores;

2. Instalaciones interiores;

3. Habitaciones y baños;

4. Señalética; y

5. Servicios de atención e información.

En la actualidad, las empresas que cuentan con el sello que nos ocupa son las siguientes:

Asimismo, en diciembre de 2016 se obtuvo la Certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, que contiene como uno de los principales requisitos la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.— Licenciado Salvador Sánchez Estrada (rúbrica), subsecretario de Calidad y Regulación.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, artículo 23, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número STYFE/A/043/2017, de fecha 6 de marzo de 2017, signado por el licenciado Juan José León Gámez, asesor en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L.63-II-6-1613, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que observe el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, publicado en la Gaceta Oficial de esta Ciudad el 31 de diciembre de 2014, con el propósito de que no se lleven a cabo despidos injustificados de trabajadoras y trabajadores que han venido prestando sus servicios bajo los lineamientos del acuerdo mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Emery Troncoso Cordourier (rúbrica), subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Mejía Herrera, coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia Dolores García Medina, y en atención a los oficios SG/CEUPA/88.18/2017 y DGPL63-II-6-1613, por conducto de los cuales, se hace del conocimiento que con fecha 25 enero 2017, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar el siguiente punto de acuerdo:

“Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que, en materia de derechos laborales se observe el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el31 de diciembre de 2014...”

Al respecto, con fundamento en los artículos 5, 6 y 7 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 23 Ter y 30, fracciones XXI-XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 5, 6, 7, 8, 26 y 34 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal; me permito comunicarle el estado que guardan los derechos laborales del personal contratado bajo el régimen de Nómina 8, adscrito a esta secretaría.

Para tal efecto me permito anexar copia del oficio OM/DA/RH/STYFE/0068/2017, así como concentrado de los trabajadores adscritos al Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8), 2015-2017, en donde se especifican los montos de sus prestaciones y contraprestaciones.

De igual forma, y en conformidad con el artículo 30, fracciones XXI-XL, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, resultan atribuciones expresas de la Secretaría de Finanzas, el despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto público, el ingreso y administración del capital humano, así como representar el interés de la administración pública, en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos, ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal.

Por lo que esta secretaría carece de atribuciones suficientes para atender en estricto sentido lo exhortado por el punto de acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 marzo de 2017.— Licenciado Juan José León Gámez (rúbrica), asesor en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por instrucciones de la coordinadora de Enlace Legislativo, por este medio adjunto el oficio número SPC/026/2017, de fecha 2 de marzo de 2017, signado por el ingeniero Fausto Lugo García, secretario de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-4-1711, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y a las 32 entidades federativas del país para que en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para la concientización de la población sobre los factores de riesgo y la repercusión de las lesiones que traen consigo actividades como la pirotecnia y en especial, aquella en las que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Emery Troncoso Cordourier (rúbrica), subdirector de Información y Análisis Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestro Emery Troncoso Cordourier, subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinadora General de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En respuesta a su similar SG/CEL/PA/84.2/2017, donde adjunta el oficio número DGPL 63-II-4-1711 de fecha 25 de enero de 2017, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, el cual hace de conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno del órgano legislativo federal.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, remita a esta soberanía un informe detallado de las medidas de seguridad y criterios que se tomaron en cuenta para expedir licencias y permisos de operación, venta y almacenaje de los locatarios que operaban en el mercado de San Pablito en el municipio de Tultepec.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Salud, continúe brindando asistencia médica inmediata a la población, que ha sido víctima de las explosiones en el mercado de San Pablito, en el municipio de Tultepec, atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a su análoga en el estado de México, a continuar con la protección y atención a los derechos y las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, víctimas de las explosiones en el Mercado de San Pablito.

Cuarto. La Comisión Permanente con estricto respeto al principio de división de poderes, exhorta a los titulares, del Ejecutivo federal y de las 32 entidades federativas del país para que en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para la concientización de la población sobre los factores de riesgo y la repercusión de las lesiones que traen consigo actividades como la pirotecnia y en especial, aquellas en las que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes.

Quinto. La Comisión Permanente exhorta al Servicio de Administración Tributario a efecto de que refuerce todas aquellas medidas destinadas a prevenir y sancionar el contrabando de pirotecnia.

Sexto. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Economía lleve a cabo acciones dirigidas a fomentar, estimular y organizar la producción y exportación de la pirotecnia.

En atención a lo anterior y de conformidad con el artículo 23 Bis, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Distrito Federal, artículo 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 33, 34, 95 y 96 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; informo las acciones de la Dirección General de Prevención y la Dirección General de Emergencias Mayores:

• En el marco del Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México, se encuentra operando el Comité Técnico, mismo que depende de la Comisión de Coordinación del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, en el cual participan de manera activa las 16 unidades de protección civil delegacionales, en el cual se generan los mecanismos de coordinación entre las Unidades de Protección Civil, la secretaría y demás integrantes de1 sistema; en el referido órgano, se tratan diversas problemáticas que requieren de una solución integral con el apoyo de todos los integrantes.

• Para el uso, manejo, traslado, comercialización, almacenamiento, detonación y combustión de materiales explosivos, se ha invitado a este comité a personal de la Secretaría de la Defensa para fomentar los canales de comunicación, definir funciones, atribuciones y conocer los alcances de lo anterior, con la finalidad de salvaguardar los bienes, la vida y el entorno de la población.

• Asimismo de conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil para la Ciudad de México en sus artículos 95 que a la letra dice:

Toda persona que pretenda realizar alguna actividad o espectáculo en el que se programe el uso de fuegos pirotécnicos tendrá la obligación de presentar un programa especial con independencia de contar con un programa interno o especial y se estará al cumplimiento de las normas técnicas complementarias que sean aplicables.

Artículo 96. Para el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, la secretaría o la delegación según corresponda, analizará y resolverá la autorización del evento, en su caso, en apego al cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia y las normas técnicas.

• En los términos de referencia para la elaboración de Programas Especiales de Protección Civil TR-SPC-002-PEPC-2016 en su Capítulo II. Contenido del programa especial de protección civil, apartado: 2.5 Activación de artificios pirotécnicos y en su Capítulo III. Documentos complementarios que debe contener el programa especial de protección civil, apartados: 1.11 Permiso emitido por parte de la autoridad delegacional competente para la activación y quema de artificios pirotécnicos; 1.12 Copia del permiso general expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional al proveedor responsable de la activación de artificios pirotécnicos; 1.13 Copia de la autorización para la transportación y quema de los artificios pirotécnicos emitidos al proveedor correspondiente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional; 1.14 Copia del contrato de servicio en el cual deberá especificarse la potencia, tipo y cantidad de artificios a activarse.

• Cabe mencionar que el 2 de marzo de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Norma Técnica Complementaria (NTC-010-PIROTECNIA-2017) Instalación y quema de artificios pirotécnicos en espectáculos públicos y tradicionales en la Ciudad de México.

• La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Promoción y Difusión emite de manera preventiva boletines y volantes en redes sociales, durante las fechas de festejos patrios, así como en temporada navideña principalmente, en los cuales se exhorta permanentemente a la población para evitar el uso de pirotecnia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2017.— Ingeniero Fausto Lugo García (rúbrica), Secretario de Protección Civil.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por instrucciones de la coordinadora de Enlace Legislativo, por este medio adjunto el oficio número SEDEMA/ DEJ/ 2018/ 2017, de fecha 28 de febrero de 2017, signado por el licenciado Roberto Sanciprian Plata, director ejecutivo Jurídico en la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-3- 1688, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias correspondientes, implanten o en su caso, fortalezcan campañas de reciclaje de árboles de navidad a fin de ser depositados en los centros de acopio apropiados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Maestro Emery Troncoso Cordourier (rúbrica), subdirector de Información y Análisis Legislativo.»

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora General de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno. José María Izazaga, número 89, piso 15, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06080, entre Isabel la Católica y 5 de Febrero.— Presente.

En atención al oficio SG/ CEL/ PA/ 83/ 2017, de fecha 2 de febrero de 2017, signado por el maestro Emery Troncoso Cordourier, subdirector de Información y Análisis Legislativo en esa coordinación, por el cual solicita que esta autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria, para estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio número DGPL 63-II-3-1688, de fecha 25 de enero de 2017, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el que hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo, a través del cual se pide a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informe lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias correspondientes, implementen o en su caso, fortalezcan campañas de reciclaje de árboles de navidad a fin de ser depositados en los centros de acopio apropiados....

Al respecto, en el ámbito de competencia de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental adscrita a esta Secretaría del Medio Ambiente, me permito indicar lo siguiente:

1. En relación con el punto de acuerdo que nos ocupa, referente a llevar a cabo campañas de reciclaje de árboles de navidad, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Manejo y Regulación de Áreas Verdes Urbanas adscrita a la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, hago de su conocimiento que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, coordina la campaña denominada “Árbol por árbol tu ciudad reverdece”, la cual se realiza en conjunto con las 16 delegaciones políticas, cuyo propósito es recibir los árboles naturales de navidad ya secos a través de diversos centros de acopio instalados estratégicamente en toda la Ciudad de México.

En este sentido, las personas que lleven sus árboles de navidad reciben a cambio plantas de ornato o abono orgánico, con la finalidad de que sean aprovechados para la elaboración de abono orgánico y mulch, el cual será aplicado en los camellones, jardines, parques, bosques y áreas de suelo de conservación de la Ciudad de México.

2. Ahora bien, es importante destacar que esta Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Educación Ambiental, en la primera edición del Mercado de Trueque de 2017 realizada el domingo 8 de enero, organizó una campaña de reciclaje de árboles naturales de navidad usados, invitando a la población a llevar sus árboles para ser reciclados y convertidos en composta.

En esta edición del Mercado de Trueque, se contó con la asistencia de 2 mil 380 participantes, quienes intercambiaron residuos sólidos reciclables por productos agrícolas provenientes de Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y de la zona chinampera de Xochimilco; asimismo, en dicho evento fueron recibidos un total de 9 árboles de navidad para convertirlos en composta. Con esta actividad se promueve el consumo local y los residuos acopiados son trasformados en nuevos productos, con lo que se evita la extracción innecesaria de recursos naturales, generando así innumerables beneficios ambientales.

Finalmente, no omito manifestar que la Campaña de reciclaje de árboles naturales de navidad usados, realizada en el Mercado de Trueque el 8 de enero de 2017, fue difundida en diversos medios de comunicación, entre los que se encuentra la prensa escrita y digital, así como en las cuentas oficiales en redes sociales y la página web de esta Secretaría del Medio Ambiente. Se anexan diversas imágenes, con la finalidad de acreditar lo previamente señalado:

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017.— Licenciado Roberto Sanciprian Plata (rúbrica), Director Ejecutivo Jurídico en la Secretaría de Medio Ambiente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número JGDF/ AZPMNCHXTM/ CG/ 000050/ 2017, de fecha 14 de febrero de 2017, signado por el licenciado Erasto Ensástiga Santiago, coordinador general de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y comunicado mediante el similar DGPL 63-II-2- 1362, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al jefe delegacional en Xochimilco y a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta para que, en el ámbito de sus competencias, coordinen esfuerzos acerca de los programas, recursos e investigación implementadas para la prevención, atención y cuidado de las aguas de los canales de Xochimilco; asimismo para que instrumenten un programa de desarrollo de la conciencia, información y divulgación sobre la importancia de preservar dicha zona entre sus habitantes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Emery Troncoso Cordourier (rúbrica), subdirector de Información y Análisis Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestro Emery Troncoso Cordourier, subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

En atención a su oficio SG/ CEL/ PA7019.2/ 2017, mediante el cual informa sobre el punto de acuerdo de la cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Que a la letra dice:

Único. la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al jefe delegacional en Xochimilco y a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, para que en el ámbito de sus competencias, coordinen esfuerzos acerca de los programas, recursos e investigación implementadas para la prevención, atención y cuidado de las aguas de los canales de Xochimilco; asimismo, para que instrumenten un programa de desarrollo de la conciencia, información y divulgación sobre la importancia de preservar dicha zona entre sus habitantes.

Al respecto me permito informarle lo siguiente:

A finales del año pasado, la Comisión Federal de Electricidad estaba dando mantenimiento a su infraestructura sobre el Eje 5 Sur esquina Río Churubusco, delegación Iztapalapa y por accidente dañó la tubería que lleva el agua cruda, a la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, este incidente duró poco más de dos semanas y media para lograr reparar el daño, lo que ocasionó que los canales de la zona patrimonio (Xochimilco y Tláhuac) como nunca antes se había visto, bajaran considerablemente sus niveles lo que ocasionó molestia entre los habitantes de la zona que realizan sus actividades productivas, comerciales y turísticas y por consecuencia reclamo ante todas las Autoridades que tienen injerencia en la zona.

En ese sentido los titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; de la Secretaría de Gobierno; de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación; de Sistema de Aguas de la Ciudad de México; los jefes delegacionales de Xochimilco y Tláhuac; director general de Corena y un servidor nos convocamos y formamos un equipo multidisciplinario para analizar la problemática, causas y efectos así como analizar las alternativas de solución para atender este tema.

Se realizaron recorridos en toda la zona patrimonio para conocer la infraestructura existente, su estado de conservación, las condiciones en las que operan y las inversiones que se requieren para su adecuado funcionamiento.

Y se clasificaron las necesidades en tres vertientes siendo las siguientes:

- Dotar a la zona con el agua tratada de calidad que requieren los cuerpos de agua, para ello identificar cada una las plantas de tratamiento de aguas residuales que existen en la zona.

- Identificar cada una de las fuentes de contaminación de los cuerpos de agua existentes, (descargas de aguas residuales en toda la zona perimetral de canales la zona patrimonio) y la infraestructura existente que se requiere para evitar esto (cárcamos, red secundaria de drenaje, contrapendientes etcétera.)

- Generar infraestructura (vertedores, exclusas, costaleras etcétera) para que no se causen daños por inundaciones a los terrenos de cultivo y habitacionales que por los hundimientos diferenciales que se presentan en la zona.

He de informarle que periódicamente nos reunimos para conocer los avances y contratiempos que se presentan y de una forma coordinada estamos trabajando para atender este tema, por lo que podríamos decirle, que se está atendiendo la recomendación al respecto.

Asimismo existe el compromiso para realizar el programa de crear conciencia de la importancia del agua en la zona patrimonio.

Asimismo, me permito adjuntar al presente, las propuestas de obras necesarias para atender esta zona, para ver la posibilidad que se puedan etiquetar recursos desde el honorable congreso de la unión para poder realizar estas obras.

Sin otro asunto de que hacer mención, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de febrero de 2017.— Licenciado Erasto Ensástiga Santiago (rúbrica), Coordinador General de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a Comisión de la Ciudad de México, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por instrucciones de la coordinadora de Enlace Legislativo, por este medio adjunto el oficio número DGDS/ 141/ 2017, de fecha 15 de febrero de 2017, signado por el licenciado Armando Jiménez Hernández, director general de Desarrollo Social en la delegación de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar DGPL 63-II-3-1537, por el que se exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales a que, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, fortalezcan y brinden las facilidades necesarias para la adecuada operación del mecanismo para el adelanto de las mujeres a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, con la finalidad de no frenar el acceso de las mujeres a todos los beneficios del desarrollo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Emery Troncoso Cordourier (rúbrica), subdirector de Información y Análisis Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciada Patricia Mercado Castro, Secretaria de Gobierno del Distrito Federal.

En respuesta a su oficio número SG/SSPDRVP/ 31.3/ 2017 dirigido al licenciado Valentín Maldonado Salgado, jefe delegacional en Coyoacán en dónde se hace del conocimiento sobre el punto de acuerdo relativo a ejercer en su totalidad el presupuesto asignado al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Al respecto le informo lo siguiente:

La jefatura de la Unidad Departamental (JUD) de Equidad, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social no son responsables del presupuesto asignado, sin embargo a fin de atender el punto de acuerdo referente al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, la JUD de Equidad se encarga de realizar las siguientes acciones sin que medie un presupuesto asignado para este rubro.

Talleres

Programa de talleres delegacionales que se imparten en la Casa de las Mujeres Ifigenia Martínez, adscrita a la JUD de Equidad, impartiendo los temas de derechos humanos, no discriminación, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la diversidad sexual, equidad de género, violencia, violencia en el noviazgo, bulliyng, empoderamiento, VIH y métodos anticonceptivos por parte del equipo multidisciplinario (trabajo social, psicología y abogacía) en dónde el objetivo de los talleres es bajo una metodología teórica-dinámica, así como de brindar una atención individual de casos sobre discriminación, inequidad, donde se proporciona atención, asesoría multidisciplinaria para su canalización a estancias de especialidad para su atención, denuncia o queja, según el interés de la o el solicitante.

Campañas

Campañas diseñadas en materia de información promoción y educación para crear conciencia en la población sobre derechos humamos, no discriminación, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la diversidad sexual, equidad de género, violencia, violencia en el noviazgo, bulliyng, empoderamiento y del fenómeno de la discriminación y el, respeto a la diversidad así como métodos anticonceptivos.

• Campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las Mujeres y las niñas en Coyoacán, dirigido al público en general.

• Aniversario de la Casa de la Mujeres Ifigenia Martínez, en Delfín Madrigal 665.

• Día Internacional de la Mujer, dirigido al público en general.

Programas de sensibilización implantados por el personal del área de la JUD de Equidad y Casa de las Mujeres Ifigenia Martínez y al público en general

• Información, orientación y capacitación sobre el uso del silbato como medida de prevención ante un ataque de acoso en el transporte público y Metro retornando el programa Estrategia 30-100 del Inmujeres impartido a las alumnas de belleza, asistente educativo y secretariado en español del Centro Comunitario Ana María Hernández.

• Información, Orientación y Capacitación sobre el uso de los métodos anticonceptivos impartido por Mexfam a las alumnas de belleza, asistente educativo y secretariado en español del Centro Comunitario Ana María Hernández, así como a las usuarias que asisten a la Casa de la Mujeres Ifigenia Martínez.

• Información, orientación y capacitación sobre el uso de la Guía para las Personas Adultas Mayores en Materia de Derechos Humanos en la Procuración de Justicia Penal impartido en la unidad habitacional Copilco-Universidad-Fovissste, torre 30.

Capacitación al personal del área de la JUD de Equidad y Casa de las Mujeres Ifigenia Martínez y al público en general

Cine-Debate

Cortometraje de películas enfocadas a los derechos humanos no discriminación, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la diversidad sexual, equidad de género, violencia, violencia en el noviazgo, bulliyng, empoderamiento y del fenómeno de la discriminación y el respeto a la diversidad así como métodos anticonceptivos.

Historias Cruzadas, Tierra Fría y Valiente, Préstame tus ojos, etcétera. Proyectados en la Casa de las Mujeres Ifigenia Martínez.

Conferencias

Se realizan conferencias con temas de interés en el foro Ana María Hernández:

• Seguridad Pública: Prevención del Embarazo

• Doctora Silvia Barcenas: Adicciones

• Conferencia: Masculinidad y prevención de la violencia, impartido por Hombres por la Equidad

Atentamente

Armando Jiménez Hernández (rúbrica), director general de Desarrollo Social.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado Valentín Maldonado Salgado, jefe delegacional en Coyoacán.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el Manual Administrativo de la secretaria de Gobierno en el apartado de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, me permito referir lo siguiente:

Derivado del punto de acuerdo suscrito por el vicepresidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitido mediante oficio DGPL 63-II-3-1517, me permito informar que se solicita al órgano desconcentrado que representa la realización de las siguientes acciones, mismas que se detallan en las documentales anexas.

Primero.La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades , federativas, así como a los presidentes municipales, a que en el marco de sus facultades y responsabilidades ejerzan de manera eficiente, en tiempo y forma la totalidad del presupuesto asignado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, etiquetado a los mecanismos para el adelanto de las mujeres en el Anexo 13, “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, asimismo, que etiqueten a dicho programa mayores recursos estatales; con el fin de asegurar políticas, programas y acciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres para eliminar las desigualdades o de, género.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta a la y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales a que, de conformidad a lo dispuesto en las Reglas de Operación del “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, fortalezcan y brinden las posibilidades necesarias para la adecuada operación del mecanismo para el adelanto de las mujeres, a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, con la finalidad de no frenar el acceso a las mujeres a todos los beneficios del desarrollo.

En virtud de lo anterior, es menester que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean implementadas las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve, sea enviada la información solicitada, a fin de dar cumplimiento al referido punto de acuerdo y estar en condiciones de otorgar una respuesta al órgano legislativo citado contando con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento me permito enviar un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de enero de 2017.— José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, gobiernos de los estados y autoridades municipales; y de lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en el manual administrativo correspondiente, por este medio adjunto el oficio número MACO 008- 40- 400/ 0113/ 2017, de fecha 14 de febrero de 2017, signado por el licenciado Jorge Muciño Arias, director general de Desarrollo Social en la delegación La Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 63-II-3-1537, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a los presidentes municipales a que, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, fortalezcan y brinden las facilidades necesarias para la adecuada operación del mecanismo para el adelanto de las mujeres a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, a fin de no frenar el acceso de las mujeres a todos los beneficios del desarrollo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2017.— Maestra Nancy Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.— Presente.

Por instrucciones del jefe delegacional, se da respuesta a su oficio número SG/ SSPDRVP/ 031.9/ 2017, en el cual solicita que sea enviada la información relativa al punto de acuerdo remitido mediante el similar DGPL 63-II-3-1537, donde se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y los presidentes municipales a que en el marco de sus facultades y responsabilidades ejerzan de manera eficiente, en tiempo y forma la totalidad del presupuesto asignado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género, etiquetado a los mecanismos para el adelanto de las mujeres en el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, y que se etiqueten a dicho programa mayores recursos estatales, a fin de asegurar políticas, programas y acciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres para eliminar las desigualdades de género; asimismo, a que de conformidad con lo dispuesto en las reglas de operación de dicho programa, fortalezcan y brinden posibilidades para la adecuada operación del mecanismo para el adelanto de las mujeres, a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, con objeto de no frenar el acceso a las mujeres a todos los beneficios del desarrollo.

Al respecto, me permito informar a usted que la delegación La Magdalena Contreras, durante el ejercicio de 2017, hará extensivo este punto de acuerdo a las áreas de esta delegación a efecto de que se tomen en cuenta las recomendaciones establecidas en dicho acuerdo.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2017.— Licenciado Jorge Muciño Arias (rúbrica), director general de Desarrollo Social.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado Fernando Mercado Guaida, jefe delegacional en La Magdalena Contreras.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el Manual Administrativo de la Secretaría de Gobierno en el apartado de funciones, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, me permito referir lo siguiente:

Derivado del punto de acuerdo suscrito por el vicepresidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitido mediante el oficio número DGPL 63-II-3-1537, me permito informar que se solicita al órgano desconcentrado que representa la realización de las siguientes acciones, detalladas en las documentales anexas:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y los presidentes municipales a que en el marco de sus facultades y responsabilidades ejerzan de manera eficiente, en tiempo y forma la totalidad del presupuesto asignado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, etiquetado a los mecanismos para el adelanto de las mujeres en el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”; asimismo, que etiqueten a dicho programa mayores recursos estatales, con objeto de asegurar políticas, programas y acciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres para eliminar las desigualdades de género.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y los presidentes municipales a que, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, fortalezcan y brinden las posibilidades necesarias para la adecuada operación del mecanismo para el adelanto de las mujeres, a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, a fin de no frenar el acceso a las mujeres a todos los beneficios del desarrollo.

En virtud de lo anterior, es menester que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se implanten medidas en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve sea enviada la información solicitada, a fin de dar cumplimiento al referido punto de acuerdo y estar en condiciones de otorgar una respuesta al órgano legislativo citado contando con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento me permito enviar un cordial saludo.

Atentamente

José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, artículo 23, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número DEL-AZCA/DGA/ 2017-0306, de fecha 23 de febrero de 2017, signado por el licenciado Víctor Manuel Motta Mercado, director general de Administración en la Delegación de Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar D.G.P.L.63-II-3-1537, por el que se exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales a que, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, fortalezcan y brinden las facilidades necesarias para la adecuada operación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, con la finalidad de no frenar el acceso de las mujeres a todos los beneficios del desarrollo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2017.— Maestra Nancy Mejía Herrera (rúbrica), Coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciado José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de Vía Pública en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

En atención a su oficio SG/SSPDRVP/031-1/2017, mediante el cual se desprende el punto de acuerdo relativo a ejercer en su totalidad el presupuesto, asignado en el “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, suscrito por el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitido con el oficio D.G.P.L 63-II-3-1537, en el cual informa que solicita al órgano desconcentrado que representa la realización de las siguientes acciones, mismas que se detallan en las documentales anexas:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a los presidentes municipales, a que en el marco de sus facultades y responsabilidades ejerzan de manera eficiente, en tiempo y forma la totalidad del presupuesto asignado en el “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, etiquetado a los mecanismos para el adelanto de las mujeres en el Anexo 13, “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Asimismo, que etiqueten a dicho programa mayores recursos estatales; con el fin de asegurar políticas, programas y acciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres para eliminar las desigualdades de género.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a la y los presidentes municipales a que, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación del “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, fortalezcan y brinden las posibilidades necesarias para la adecuada operación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, con la finalidad de no frenar el acceso a las mujeres a todos los beneficios del desarrollo.

Por lo anterior me permito informar a usted, que este órgano político administrativo ha dado cumplimiento al punto de acuerdo otorgando recursos para el área funcional 124201, “Acciones en pro de Igualdad de Género”, donde se pretende alcanzar una meta de ocho asuntos, otorgando un monto de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), específicamente para dar atención a la Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia, impartiendo talleres de capacitación, asesoría jurídica, psicológica y cultural.

Es importante comentar que durante el desarrollo del Ejercicio Fiscal 2017, la delegación Azcapotzalco implementará métodos, para ampliar recursos para esta importante labor.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2017.— Licenciado Víctor Manuel Motta Mercado (rúbrica), director general de Administración.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Doctor Pablo Moctezuma Barragán, jefe delegacional en Azcapotzalco.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el Manual Administrativo de la Secretaría de Gobierno en el apartado de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, me permito referir lo siguiente:

Derivado del punto de acuerdo suscrito por el vicepresidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitido mediante oficio D.G.P.L.63-II-3-1537, me permito informar que se solicita al órgano desconcentrado que representa la realización de las siguientes acciones, mismas que se detallan en las documentales anexas:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a los presidentes municipales, a que en el marco de sus facultades y responsabilidades ejerzan de manera eficiente, en tiempo y forma la totalidad del presupuesto asignado en el “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, etiquetado a los mecanismos para el adelanto de las mujeres en el Anexo 13, “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Asimismo, que etiqueten a dicho programa mayores recursos estatales; con el fin de asegurar políticas, programas y acciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres para eliminar las desigualdades de género.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, así como a la y los presidentes municipales a que, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación del “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, fortalezcan y brinden las posibilidades necesarias para la adecuada operación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente, con la finalidad de no frenar el acceso a las mujeres a todos los beneficios del desarrollo.

En virtud de lo anterior, es menester que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean implementadas las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve, sea enviada la información solicitada, a fin de dar cumplimiento al referido punto de acuerdo y estar en condiciones de otorgar una respuesta al órgano legislativo citado contando con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento me permito enviar un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de enero de 2017.— José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de Vía Pública.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, artículo 23, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número JD/00126/2017, de fecha 15 de febrero de 2017, signado por la licenciada Dione Anguiano Flores, jefa delegacional en Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L.63-II-3-1538, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a las y los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad LGBTTTI, por parte de servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2017.— Maestro Emery Troncoso Cordourier (rúbrica), subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de Vía Pública.— Presente.

En relación a su oficio SG/SSPDRVP/032.8/2017, en el cual solicita a este órgano desconcentrado la realización de estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra la población LGBTTTI, me permito infórmale que con fecha de 29 de enero de 2016 se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el programa social denominado “Poder de la Diversidad”, lo anterior tomando en consideración los datos de la Clínica Especializada Condesa, donde se estima que alrededor de 175,000 personas pertenecen a la población LGBTTTI y que de ellas un alto porcentaje habita en zonas de bajo y/o muy bajo desarrollo social. La delegación Iztapalapa tiene como objetivo contribuir al empoderamiento e inclusión social de la población LGBTTTI, mediante orientación sobre derechos humanos y un apoyo económico que permita la obtención de servicios médicos de calidad con perspectiva de género y no discriminación.

Por otra parte el día 15 de julio de 2016 se instala el Consejo Delegacional para la Atención, Prevención y Eliminación de la Discriminación de la Diversidad Sexual (LGBTTTI), el cual es un órgano colegiado, de carácter consultivo, de opinión y coordinación de las acciones en materia de diversidad, y sus objetivos se encaminan a la formalización, coordinación, concentración y vinculación entre los sectores público, social y privado, para la definición de políticas públicas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población LGBTTTI de Iztapalapa.

Asimismo la Dirección General de Desarrollo Social se reestructura sustancialmente, creando la Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad adjunta a la Coordinación de Participación e Integración Social dependientes de la Dirección de Equidad e Inclusión Social, cuyo objetivo es establecer mecanismos de inclusión social y equidad los cuales propicien una eficiente lucha contra la pobreza, discriminación y reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales de la ciudadanía de la demarcación, lo anterior en atención con fundamento en los artículos 115, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 33, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México se dictaminó de manera favorable el dictamen de estructura orgánica OPA-IZP-19/010816 de este Órgano Político, el cual entró en vigor el día 10 de agosto de 2016; finalmente dicha Jefatura de Unidad Departamental opera desde el Centro de Atención Integral para la no Discriminación inaugurado el día 16 de agosto de 2016, con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas públicas encaminadas a la prevención, atención y eliminación de la discriminación de la población LGBTTTI.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Iztapalapa, Ciudad de México, a 15 de febrero de 2017.— Licenciada Dione Anguiano Flores (rúbrica), jefa delegacional en Iztapalapa.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Licenciada Dione Anguiano Flores, jefa delegacional en Iztapalapa.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 32 Ter de Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el Manual Administrativo de la Secretaría de Gobierno en el apartado de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, me permito referir lo siguiente:

Derivado del punto de acuerdo suscrito por el vicepresidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remitido mediante oficio D.G.P.L.63-II-3-1538, me permito informar que se solicita al órgano desconcentrado que representa la realización de las siguientes acciones, mismas que se detallan en las documentales anexas:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la y los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los presidentes municipales, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad LGBTTTI, por parte de los servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de los miembros de la comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden mexicano.

En virtud de lo anterior, es menester que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean implementadas las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve, sea enviada la información solicitada, a fin de dar cumplimiento al referido punto de acuerdo y estar en condiciones de otorgar una respuesta al órgano legislativo citado contando con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento me permito enviar un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de enero de 2017.— José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de Vía Pública.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Tribunal Superior de Justicia de Campeche.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Acuso recibo de su oficio número D.G.P.L. 63-II-1-1897, de fecha 9 de febrero de 2017, a través del cual, informa que en sesión celebrada el nueve de febrero del año en curso, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el siguiente acuerdo: “Primero: La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos de las entidades federativas a reconocer en su legislación civil y familiar a la alienación parental como una forma de violencia familiar, entendiéndose ésta cuando alguno de los padres manipula a un menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores, estableciendo además las medidas necesarias para su detección, tratamiento así como las sanciones correspondientes a los que ejerzan esta conducta. Segundo: La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los Poderes Judiciales de las entidades federativas a priorizar el interés superior de la niñez en sus actuaciones, promoviendo e instrumentando protocolos de actuación en los casos en los que se detecte el síndrome de alienación parental de niñas, niños y adolescentes con la finalidad de interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio del derecho de convivencia de un menor con sus padres”. En tal virtud, se le hace del conocimiento que este Poder Judicial del estado de Campeche, con fecha diecinueve de enero de dos mil quince, adoptó el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en sesión ordinaria de fecha 2 de marzo de 2017, el pleno de este tribunal acordó quedar debidamente enterados, y expedir una circular para el conocimiento de los órganos jurisdiccionales, de este honorable Tribunal Superior de Justicia. De igual forma, se le comunica que se integró una comisión formada por las magistradas Alma Isela Alonzo Bernal, y Leonor del Carmen Carrillo Delgado, y el magistrado José Antonio Cabrera Mis, para emprender acciones a fin de instrumentar protocolos de actuación en los casos en que se detecte el síndrome de alienación parental de niñas, niños y adolescentes con la finalidad de interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio de1 derecho de convivencia de un menor con sus padres; mismas que de forma, enunciativa consistirán, entre otras:

A) Recopilar información estadística a través de la Dirección de Evaluación y Seguimiento de este honorable Tribunal Superior de Justicia que permita conocer el número de casos en los que se decretó visitas y convivencias entre las y los menores y sus padres; y cuántas se están llevando a cabo con efectos favorables y cuántas no.

B) Se diseñe e imparta a través de la Dirección de Capacitación y Actualización de este honorable Tribunal Superior de Justicia un curso-taller dirigido a juezas y jueces, y personal de psicología y operativos de los juzgados familiares para profundizar en el conocimiento del tema denominado síndrome de alienación parental.

C) Instrumentar los protocolos de actuación que se utilizarán para detectar, interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio de derecho de convivencia de un menor con sus padres por la concurrencia del síndrome de alienación parental.

Lo que comunico a usted, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a 3 de marzo de 2017.— Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc (rúbrica), secretaria general de Acuerdos Interina del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Gobierno de Quintana Roo.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.— Presente.

En respuesta de su oficio número DGPL 63-II-2-1387, dirigido al gobernador del estado, a través del cual se exhortó a las autoridades ambientales de las entidades federativas para que se integren y apoyen los trabajos realizados por la federación tendentes a proteger las especies en peligro de extinción en el país, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, contador público Carlos Manuel Joaquín González, me permito hacer de su conocimiento:

Con fecha 6 de enero de 2017 se emitió el oficio número 011/2017, a través del cual se turnó su exhorto a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. En atención de lo anterior, el biólogo Alfredo Arellano Guillermo, secretario del ramo correspondiente, emitió el similar SEMA/ DS2/ 0195/ 2017, de fecha 23 de enero de 2017, en el cual informó que el 16 de enero del año en curso se llevó a cabo una reunión de trabajo con diversos especialistas en la materia, previamente a la instalación del comité establecido en la Ley de Vida Silvestre para Quintana Roo, en la cual se discutieron los mecanismos para su instalación, el que buscará la participación del sector institucional, académico y social, y tiene como finalidad la conservación y el mejoramiento de los mecanismos de protección de la vida silvestre y su hábitat en el estado.

Asimismo, reiteró su disposición para apoyar en los trabajos del Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad (integrado por la Conabio, la Conanp y la Conafor).

Sin más por el momento, envío cordiales saludos y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Atentamente

Chetumal, Quintana Roo, a 27 de enero de 2017.— Licenciado Miguel Ramón Martín Azueta (rúbrica), jefe del despacho del Gobernador.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Hago referencia a lo que establece el artículo 11, párrafos octavo y noveno, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 (LIF), los cuales a la letra señalan:

“Artículo 11. ...

“De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes propiedad del gobierno federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará, en un fondo que se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste, y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. En el mecanismo previsto en el presente párrafo, se podrá, aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deba realizar por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional; con independencia de que el bien haya o no sido transferido a dicho organismo por la entidad transferente.

“Para los efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del gobierno federal de las autoridades mencionadas en el párrafo citado”.

Al respecto, me permito remitir a usted copia del oficio DCFAl044/2017 con su respectivo anexo, suscrito por el doctor Jesús Puente Treviño, director corporativo de Finanzas y Administración del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la finalidad de dar cumplimiento a dicho artículo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.— Maestro Antonio Rojas Navarrete (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Rodrigo Reina Liceaga, jefe de Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Presente.

A efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 11, párrafos octavo y noveno, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (LIF), que a la letra dicen:

“De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes propiedad del gobierno federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo que se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste, y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. En el mecanismo previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deba realizar por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional; con independencia de que el bien haya o no sido transferido a dicho organismo por la entidad transferente.

“Para los efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del gobierno federal de las autoridades mencionadas en el párrafo citado”.

Al respecto, envío a usted el informe del segundo semestre de 2016, de las operaciones a cargo de este organismo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2017.— Doctor Jesús Puente Treviño, director corporativo (rúbrica).»

« Informe Semestral a la Cámara de Diputados en atención el artículo 11, párrafo noveno, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016

Contenido del Informe

Desglose de operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del gobierno federal.

Se informa que en la quincuagésima tercera sesión ordinaria de la honorable Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), celebrada el 17 de diciembre de 2015, autorizó que, de los ingresos obtenidos por el SAE producto de la enajenación de bienes propiedad del gobierno federal transferidos por la Tesorería de la Federación, se deposite un monto de 20 millones de pesos en el Fondo a que hace referencia el artículo 11, párrafo octavo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (LIF).

Al respecto, se informa que, con fecha 31 de marzo de 2016, fueron depositados 20 millones de pesos en el Fondo a que se refiere el citado artículo de la LIF, los cuales fueran utilizados para cubrir el gasto de operación del SAE; en particular, el servicio de vigilancia de Bienes Asegurados transferidos al SAE.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de generar información útil y oportuna para la toma de decisiones, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social, así como en cumplimiento con el numeral 25 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) llevó a cabo la Evaluación de Procesos del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 2016, cuyo objetivo es contar con un análisis sistemático de la gestión operativa del programa para valorar si dicha gestión permite el logro de sus objetivos así como hacer recomendaciones que permitan instrumentar mejoras en su implementación.

Además, de conformidad con las atribuciones Coneval antes señaladas y en cumplimiento con el artículo 52 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, en donde se señala que la evaluación periódica de las políticas públicas de fomento y apoyo a los organismos del sector estará a cargo del Coneval, se coordinó la realización de la Evaluación integral de las Políticas de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía, cuyo objetivo de evaluar la instrumentación de las políticas públicas de fomento y desarrollo del Sector Social de la Economía con la finalidad de generar información útil que contribuya a dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la materia.

En este sentido, me permito enviarle las ligas donde puede consultar los informes finales de las evaluaciones referidas, esperando que sean de utilidad para las importantes funciones que usted desempeña.

a) Evaluación de Procesos del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 2016

http://coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/Eval_Procesos_PAEl.zip

b) Evaluación Integral e las Políticas de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía

http://coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/ Evaluaciones_Programas_Sectoriales.aspx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017.— Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

MINUTAS DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE OCTUBRE COMO “DÍA DE LA NACIÓN PLURICULTURAL”

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 12 de octubre como “Día de la Nación Pluricultural”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-2P-156

Por el que se declara el 12 de octubre como “Día de la Nación Pluricultural”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como “Día de la Nación Pluricultural”.

Transitorios

Primero. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas serán los responsables de organizar, convocar y coordinar la participación ciudadana e institucional para la conmemoración relacionada con esta efeméride nacional.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel Sarahí Ríos de Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

DECRETO POR EL SE DECLARA EL 21 DE MARZO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN”

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 21 de marzo como el “Día Nacional del Síndrome de Down”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-2P-157

Por el que se declara el 21 de marzo como el “Día Nacional del Síndrome de Down”

Artículo Único: El Honorable Congreso de la Unión, declara el 21 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Síndrome de Down”, a partir de su entrada en vigor con la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de contar con políticas de inclusión de las personas que tienen algún tipo de discapacidad de manera específica del Síndrome de Down.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel Sarahí Ríos de Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente me permito informar a usted que el pasado 14 de marzo del presente el diputado Manuel Espino Barrientos solicitó separarse de este grupo parlamentario para asumir la condición de diputado sin partido, por así convenir a sus intereses.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 6, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito informar a las instancias correspondientes para la actualización de registros parlamentarios y administrativos a los que haya lugar.

Anexo copia simple de dicha solicitud del diputado Espino Barrientos.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado. Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.

MINUTOS DE SILENCIO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Solicito a las diputadas y los diputados ponernos de pie para brindar un minuto de silencio por el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, quien se desempeñaba como corresponsal del periódico La Jornada.

(Minuto de silencio)

Tomen asiento. Muchas gracias.

La diputada Brenda Velázquez Valdez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Brenda Velázquez.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. El 9 de diciembre del año pasado fue asesinado el periodista Jesús Adrián Rodríguez, en Chihuahua. El 3 de marzo de este año, Cecilio Pineda Brito, en Guerrero. La semana pasada, el 19 de marzo, Ricardo Monlui, en Veracruz. Y hoy amanecemos con la lamentable noticia del homicidio de la periodista Miroslava Breach, en Chihuahua. México es el quinto lugar donde resulta más peligroso ejercer el periodismo, según datos de la Unesco.

Respecto de estos homicidios se ha pronunciado el alto comisionado de las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros organismos internacionales para condenar los asesinatos de estos periodistas. Es verdaderamente lamentable que tengamos en México un problema tan grave de represión y de limitación a derechos fundamentales como son la libertad de expresión, el derecho a la información y a difundir la misma.

Derechos que están reconocidos en nuestra Carta Magna y que se ven afectados con tanta frecuencia, que hemos visto la necesidad de crear instituciones, mecanismos, comisiones legislativas, etcétera, y el problema no solo se corrige sino que parece empeorar.

En Acción Nacional condenamos estos asesinatos y hacemos un llamado enérgico al gobierno de la República para que de una vez por todas se ponga fin a la violencia contra los periodistas en México y se garantice su vida, seguridad e integridad y el libre ejercicio de su labor periodística. Exigimos a la FEADLE atraiga el caso y que se castigue a los responsables.

Como presidenta de la Comisión de dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, hemos estado trabajando fuertemente en este tema, ayer nos reunimos con los fiscales, el procurador de Tamaulipas y dos fiscales del Estado de México y ya están pactadas otras reuniones con diferentes fiscales, procuradores y de derechos humanos de toda la República Mexicana. La próxima semana vamos a traer al fiscal para que comparezca ante nuestra comisión y exigir cuentas de estos lamentables asesinatos que han pasado. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Velázquez, queda asentada su expresión.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Acosta Naranjo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Una atenta sugerencia, en estos momentos en todas las sesiones se utiliza el recurso de hablar desde nuestra curul sobre temas de importancia local o nacional. Sería conveniente que la Junta de Coordinación Política, y la Mesa Directiva, volviera a abrir el tema de la agenda nacional para la discusión de diversos temas y no tener que usar el recurso un poco artificioso, y yo la entiendo a usted, de pedir desde la curul para poder manifestar nuestra opinión sobre temas de importancia local o nacional.

El Congreso de la Unión, una de sus funciones es discutir la situación política nacional y que cada quien fije postura. Es una atenta sugerencia para que un punto del orden del día que siempre existía en el Congreso y que hoy ha desaparecido en esta legislatura, sea reabrir los temas de importancia nacional para que las distintas expresiones parlamentarias se manifiesten sobre ellos. Es un grave error haber cancelado el tema de la agenda nacional que era una tradición del Congreso mexicano. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Acosta Naranjo. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política han escuchado su expresión y desde luego creo que es un tema importante el que comenta. Gracias.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido por favor en la curul del diputado Antonio Ixtlahuac Orihuela.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Gracias, presidenta. Sumado a las expresiones del diputado Agustín Basave, yo le pediría también que le pudiéramos conceder un minuto de silencio a la muerte de Luis Donaldo Colosio a 23 años de acaecido, personaje importante de la política, por lo tanto también le pido que le pueda otorgar este pleno y esta Cámara de Diputados a Luis Donaldo Colosio Murrieta un minuto de silencio.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sí, diputado, se otorga el minuto de silencio en honor de la memoria de Luis Donaldo Colosio, y quizá este sea el momento oportuno. Solicito a las diputadas y diputados ponernos de pie para brindar un minuto de silencio por la memoria de Luis Donaldo Colosio.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Tomen asiento por favor.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

México se encuentra en un complejo escenario donde la corrupción e impunidad han debilitado el estado de derecho, por ello es importante fortalecer y reparar las instituciones del poder público para salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos y hacer de ellos una práctica cotidiana, donde el Estado actúe responsablemente, afrontando de manera pronta, expedita y efectiva toda situación que menoscabe o anule los derechos de las personas por agentes del Estado o por la acción delictiva de individuos u organizaciones criminales.

El desplazamiento forzado interno ocurre como un hecho que trastoca la normalidad en la vida de las personas y las obliga a cambiar su residencia sin más consideraciones que intentar salvar su vida, la de otras personas o sus bienes porque no cuenta con más alternativas, vulnerando así sus derechos al libre tránsito, a la salud, la seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación, entre otros.

Los primeros antecedentes en México relativos al tema de desplazamiento forzado interno por motivos de violencia comenzaron con conflictos del ámbito internacional cuando se abrieron las fronteras y se brindó ayuda para los refugiados a través de organizaciones no gubernamentales y de la población fronteriza.

Son casos emblemáticos por el número y la situación internacional en que ocurrieron los casos. En 1938, los refugiados de la Guerra Civil Española y en 1981, los refugiados de Guatemala que consiguieron asilo en Chiapas.

En años recientes, el problema del desplazamiento forzado interno ha afectado a nuestro país a partir de la espiral de violencia que se generó de una incorrecta estrategia de militarización de la seguridad pública, las medidas aisladas y ausentes de una concepción integral de combate a los grupos delictivos dedicados al trasiego de drogas y a la comisión de otros delitos vinculados, en diferentes entidades del país, lo que ha provocado que decenas de miles de personas hayan abandonado sus hogares por amenazas a su integridad y a su vida propia o de la familia.

El desplazamiento forzado interno es un problema serio en México. Según cifras proporcionadas por el Internal Displacement Monitoring Center, se calcula que sólo en 2014, 115 mil personas se vieron obligadas a dejar sus hogares. Este reporte indica que 2010 fue el año a partir del cual la cifra de desplazados se incrementó de manera exponencial. Antes de 2010 había, de acuerdo con el IDMC, 5 mil desplazados, para inicios de 2015 se estimaban 120 mil personas en esa situación.

El problema del desplazamiento forzado interno de ciudadanos mexicanos con motivo de la violencia generalizada, ha implicado movimientos importantes de población, no sólo al interior de nuestro país; según las autoridades de Ciudad Juárez, más de 20 mil personas se habrían ido a Texas, Estados Unidos, ante una situación de violencia que los obligó a dejar sus casas y cambiar de residencia.

Los enfrentamientos en Tierra Caliente, en Michoacán, también causaron que habitantes de ocho comunidades de la zona acudieran a albergues temporales. De acuerdo con Protección Civil de la entidad, entre el 23 y 24 de mayo de 2011, más de 10 mil personas huyeron de sus hogares por la violencia.

Según datos de Inegi, en 2010, 3.3 millones de personas de cinco o más años de edad vivían en una entidad diferente a la residencia que habían declarado en 2005. Esta cifra revela que las estimaciones que se realizan sobre la población desplazada podría presentar un subregistro, pues las personas que cuentan con apoyo familiar u otras redes de apoyo, estarían menos motivadas a reconocer su condición de desplazado o desplazada.

Argumentación

El objeto de esta iniciativa de reforma de la Constitución es incorporar mecanismos de protección y atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno para buscar con ello, la protección, el acompañamiento y el resarcimiento de los daños sufridos por las personas a partir de dicha condición.

El desplazamiento forzado interno, tiene la característica de ser una migración involuntaria obligada por situaciones ajenas a su control o por condiciones impuestas, ya sea por el Estado o por grupos o individuos de personas que propician un temor fundado de amenaza directa e inmediata a la vida, seguridad o libertad.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados define como desplazados internos a

... las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

En el caso de desplazamiento internacional, los afectados se denominan refugiados, y su protección resulta de interés tanto del Estado-Nación receptor como de la comunidad internacional, por ello existen diversos tratados Internacionales como el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1950), la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), la Declaración de Cartagena (1984), entre otros.

Sin embargo, el desplazamiento forzado interno es un problema del propio Estado y en el caso de México, esta responsabilidad también incluye a las entidades federativas; dado que son las autoridades locales las encargadas de asegurar la atención de los afectados así como garantizar la protección y atención a sus derechos humanos.

Si el Estado mexicano reconoce como una situación importante el atender a las personas desplazadas de otros países que se encuentran en México y otorgar medidas de protección a sus derechos; la ausencia de una reglamentación doméstica que por la misma situación atraviesan los ciudadanos mexicanos en el mismo territorio nacional, refleja una grave omisión porque a diferencia de la situación de los refugiados, no existe un sistema de normatividad supletoria internacional que proteja a los desplazados internos.

Pese a la existencia de los Principios Rectores sobre Desplazados Internos de la Organización de Naciones Unidas, estos lineamientos internacionales no son suficientes para abatir el desplazamiento forzado interno, ya que este fenómeno debe ser atendido por autoridades federales y estatales.

Por ello proponemos esta reforma constitucional, con la que se reconocería el fenómeno de desplazamiento forzado interno y se permitiría la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en beneficio de las víctimas que ha generado el desplazamiento forzado interno.

Las autoridades requieren un marco jurídico que permita determinar y coordinar responsabilidades. Así como diseñar e instrumentar políticas públicas que ubiquen, protejan atiendan de manera eficiente y garanticen la restitución de los derechos vulnerados a la población desplazada por diversos motivos, principalmente la violencia institucional o criminal.

Fundamento legal

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el numeral 1 del artículo 6, en el numeral 1 del artículo 77, y en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo decimocuarto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desplazamiento interno forzado, con el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona el párrafo decimocuarto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Es responsabilidad del Estado garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de derechos a las víctimas de desplazamiento interno forzado, ya sea de grupos o de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o catástrofes provocadas por el ser humano; con tal propósito la ley en la materia, determinará la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Mexico: limited response to displacement following local and regional conflicts, International Displacement Monitoring Centre, http://www.internal-displacement.org/publications/global-overview-2010-americas -mexico.pdf

2 “Suman 20 mil desplazados”, en periódico Reforma, 28 de mayo de 2011.

3 México y sus desplazados. Informe de Parametría, con base en la Encuesta Nacional de Vivienda de 2011.

4 Inegi. Duodécimo Censo de Población y Vivienda, 2010. Principales resultados.

5 Principios rectores de los desplazamientos internos, ACNUR, febrero de 1998, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/ doc.php?file=biblioteca/pdf/0022

6 Ratificado por la Cámara de Senadores el 17 de abril de 2000, lo que llevo a expedir la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Diario Oficial de la Federación, 27 de enero de 2011.

7 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Xavier Nava Palacios(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa que reforma la fracción del artículo 7 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, conforme a lo siguiente

Exposición de Motivos

Los medios de comunicación son un tema de alta relevancia ya que son instrumentos de comunicación que permiten contar con información, esparcimiento y toma de conciencia para formar opinión pública. Lo que comunican influye en la vida cotidiana, ya que tienen un efecto sensible e ideológico en el modo en que pensamos el mundo. Por medio de ellos hemos aprendido y unido ideas; construido relaciones sociales, familiares y laborales.

Siendo conscientes que algunos medios manejan temas educativos o de fomento a valores, la visión se centra en algunos tipos de violencia, ya sea escrita o visual. Sin embargo, también es promovida la violencia, tal vez de manera silenciosa y se llega a acatar como políticamente correcto.

Lo antepuesto se ve a diario sin necesidad de tener algunas escenas de violencia explícita, pero se ha fomentado el tema de la aceptación ante un núcleo o grupo que parte de tener una idiosincrasia de violencia en sus relaciones diarias o simplemente marcadas por los acontecimientos cotidianos de nuestra sociedad.

A lo largo de su tiempo, los medios de comunicación han establecido de lo que es el valor y el comportamiento tanto femenino como masculino, mediante la emisión de contenidos con representaciones sexistas, fortaleciendo con ello las inequidades entre mujeres y hombres, promoviendo la violencia entre ellos. Cuando hablamos de estereotipos nos referimos al conjunto de afirmaciones sobre las particularidades de todas las personas que integran un conjunto. Así, los estereotipos de violencia son el conjunto de publicaciones acerca de lo que desgraciadamente pasa en nuestra sociedad donde los más vulnerables son y serán las niñas y niños que se encuentran en el proceso de formación de desarrollo mental, emocional y físico

De esta manera, hay influencias que no son del todo adecuadas para los infantes por tratarse de situaciones inadecuadas tales como notas policiacas o imágenes perturbadoras, que podrían afectar el sano desarrollo de la niñez.

En la televisión, observamos en las noticias imágenes de violencia y se trata de justificar el acontecer que refiere la nota periodística, de cierta manera es verdad, pero hay que cuidar qué información llega a los infantes y reforzar sus vínculos con un sano crecimiento, donde se fomenten valores que sean positivos para su crecimiento y no reproducir esa violencia que diario atañe a la sociedad.

Toda información conserva una fuerte carga simbólica o de significado en cuanto al valor y el estatus del entorno social. Así, el modelo masculino aparece como el “ideal” al que cualquier persona debería aspirar; un modelo de violencia, que teniendo la oportunidad de una vida normal o nada fuera de lo cotidiano es parte de los programas televisivos, series, donde se moldea y se tocan temas de narcotráfico, violencia explícita, entre otros, la niña o niño al ser receptivo de esta información va creando un modelo o patrón que desea repetir.

Vivimos en una época donde los medios están saturados de cosas nocivas para la niñez, desde de palabras descompuestas hasta pornografía y un sin número de cosas que vulneran su crecimiento. Ahora bien, ¿qué hacemos para cuidar a la niñez de todo esto? No basta con simplemente prohibir que lo vean. Como Estado somos los responsables de las políticas públicas y de velar por aquellas cosas que nuestros hijos miran en la televisión, Internet, escuchan en la radio o leen en periódicos

No es poco casual ver como en ciertos programas dicen palabra obscenas y nuestros hijos inocentemente las repiten. No es poco casual ver como ellos escuchan música con letras inadecuadas para su edad y lo peor que se hacen virales imágenes de violencia explícita, incluso de menores a pesar de estar protegidos por la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Los estereotipos de violencia suelen derivar en situaciones de violencia familiar, inequidad, discriminación y desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, problemática que podría desarrollar del interior de los hogares hacia las entidades, escuelas, empresas y a la sociedad en su conjunto. Por tanto buscar alternativas para cambiar los viejos prejuicios y estereotipos sobre violencia constituye una preferencia urgente.

Afortunadamente, los medios de comunicación no sólo se conciben como agentes generadores de estereotipos. También pueden ser promotores de valores y desarrollos integrales positivos. Con un adecuado manejo informativo y una transmisión de imágenes no violentas, los medios de comunicación pueden ser grandes aliados para hacer conciencia de la no violencia, en buscar un cambio de conductas más pacíficas, en la denuncia, pero también en la promoción e incluso, la exigencia de generar programas y políticas públicas.

En México se cuenta también con leyes y acuerdos nacionales que respaldan la necesidad de crear espacios que fomenten la erradicación de todos los tipos de violencia, dignifiquen los derechos humanos y promuevan la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto, que reforma la fracción XIII al Artículo 7 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

Artículo 7. El sistema tendrá como principios rectores:

I. .........

XII. ...

XIII. Preservar los derechos de los menores, evitando influencias nocivas para su desarrollo en los contenidos, y

XIV. Los demás principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 marzo del 2017.— Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El marco de la sustentabilidad contempla componentes de enorme potencial ético y político para el fortalecimiento y articulación de las agrupaciones ciudadanas, tales como: la concepción de las personas -tanto hombres como mujeres- como sujetos de derecho; la coherencia entre las concepciones de lo público y lo privado en un marco de “bien común”; la coherencia entre la equidad y la democracia en los ámbitos de la convivencia social, entre los géneros y las generaciones, entre las culturas y los territorios. También aporta una crítica al paradigma dominante en las concepciones de desarrollo y en la concepción del futuro.

Los principales movimientos sociales a nivel mundial han aportado concepciones fundamentales para la sustentabilidad de nuestras sociedades en el marco de la globalización económica. Muchos actores de estos movimientos han posicionado sus reivindicaciones y propuestas en el marco del desarrollo, la acción política y los proyectos de convivencia y de sociedad.

La reflexión, diálogo y debate sobre los principios que deben orientar el desarrollo de sociedades sustentables es una tarea prioritaria en el actual contexto de globalización económica neoliberal. La traducción de estos principios en códigos de conducta y prácticas de gestión, económica, social, ambiental y política para los actores públicos y privados, es la forma de hacer operativa la sustentabilidad.

Dicha operativización requiere alianzas y articulaciones de los actores, para confrontar a los actores del mercado obsesionados con el logro del crecimiento sostenido del PIB mediante mecanismos de sobreexplotación del patrimonio natural y la persistente externalizacion de los costos sociales y ambientales. Enfrentar el desafío de cambiar el curso del modelo imperante requiere articulación y consensos ideológicos y programáticos entre los diversos movimientos sociales para generar procesos de construcción de paradigmas alternativos al modelo de desarrollo vigente.

Desde el paradigma de la sustentabilidad podemos identificar tres desafíos cruciales para sustentar a las comunidades humanas en nuestro planeta, el cual es, sin duda alguna, limitado: dar sustentabilidad a la especie humana; dar sustentabilidad al interior de las sociedades humanas; y dar gobernabilidad a las sociedades humanas dentro del sistema planetario.

Dar sustentabilidad de la especie humana en un planeta limitado

El primer desafío que enfrentamos es posibilitar la sobrevivencia de nuestra especie dentro de los límites biofísicos del planeta, reconociendo y visibilizando la existencia de tales límites. Este desafío supone una transición desde la perspectiva antropocéntrica hacia la perspectiva de la sustentabilidad, ubicando a las sociedades humanas dentro de un sistema natural mayor, que es el sistema biofísico planetario.

Este sistema planetario en que estamos inmersos posee limitaciones físicas y cuenta con recursos finitos, estructurados en sistemas físicos y biológicos conectados entre sí y destructibles. Los diversos subsistemas que integran este sistema mayor se caracterizan por su diversidad, equilibrio, complejidad y fragilidad. Entonces, el desafío que enfrentamos -si queremos sobrevivir como especie- es aprender a vivir dentro de esos límites y características biofísicas del sistema que nos alberga. Esta evidente realidad debe ser el punto de partida fundamental para nuestros sistemas económicos, tecnológicos, sociales y políticos. Por cierto, el reconocimiento de la importancia de la sustentabilidad y la necesidad de resguardar el equilibrio en el sistema planetario, no significa cerrar la posibilidad de buscar la ampliación de las potencialidades planetarias a través del conocimiento y la tecnología, ni impide la utilización de estas potencialidades.

El desafío de reconocer e internalizar la existencia de límites es crucial para la especie humana, a fin de asegurar la preservación de un planeta sano y un sistema de conocimiento adecuado sobre éste, para posibilitar la subsistencia de futuras generaciones.

Dar sustentabilidad a las sociedades humanas

Este desafío guarda relación con el acceso equitativo de las sociedades, comunidades y personas a los recursos necesarios para una vida digna. Esto es, asegurar condiciones comunes e igualitarias, que permitan el ejercicio de derechos humanos básicos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales (DESC) y de los pueblos, para la satisfacción de necesidades a través del tiempo.

Para ello, se requiere resolver los desafíos distributivos (en cuanto a ingresos, recursos, oportunidades y medios de vida en general) para alcanzar la equidad social y asegurar los derechos de subsistencia de las personas, los pueblos y las comunidades. La convergencia distributiva de los recursos naturales y de servicios ambientales disponibles, debe realizarse en base a cuatro criterios:

• Reconocimiento de la equidad de derechos básicos per cápita.

• Adopción de parámetros de dignidad, estableciendo los límites sociales permisibles (mínimos y máximos de consumo y acceso a los recursos) en base a “cuánto es suficiente” para una vida digna.

• Promoción de estilos de bienestar posibles de ser universalizados, en lugar de estilos de vida inviables desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental y la equidad social.

• Reconocimiento de las necesidades de las demás especies y de la especie humana en el futuro, a fin de no repartir (y agotar) la totalidad de recursos en el presente.

Para alcanzar una mayor equidad social, resulta fundamental la erradicación de todas las formas de discriminación que atenten contra el ejercicio de derechos por razones de sexo, etnia, raza, edad, religión u otras, que afectan y marginalizan a amplios sectores de la población.

Adicionalmente, se requiere asegurar los derechos de subsistencia de las personas, sus comunidades y pueblos: es necesario conservar la diversidad de razas, formas de conocimiento, formas de organización, cultura y patrimonio, teniendo en cuenta que la riqueza de las sociedades humanas y los individuos que las conforman radica en su diversidad y complejidad.

Dar gobernabilidad democrática a las sociedades humanas

La sustentabilidad requiere coherencia entre las necesidades humanas y la política, razón por la cual resulta fundamental la participación directa de los diferentes sectores de la población en las decisiones que afectan o condicionan su futuro, el de sus comunidades, sus recursos, su entorno y su cultura.

La gobernabilidad de las sociedades humanas requiere el reconocimiento y ejercicio del derecho de todas las personas a ser actores en la definición de su propio desarrollo. Esto significa, por ejemplo, asegurar el poder de decisión de las comunidades locales y todos/as sus integrantes sobre su territorio, sus actividades productivas y reproductivas, el uso de sus recursos, el modelo de desarrollo al cual quieren poner en servicio esos recursos, etcétera.

Además, la gobernabilidad requiere reconocer el derecho de las futuras generaciones a subsistir en condiciones de dignidad, a disfrutar de los recursos presentes y de un ambiente saludable. Por ello es necesario que los proyectos de desarrollo locales, nacionales y regionales, integren en su base criterios de solidaridad y reciprocidad, y sean capaces de asegurar en el largo plazo la productividad y equilibrio de los ecosistemas.

Por otra parte, resulta evidente que la construcción de sociedades sustentables no puede llevarse a cabo a través de un programa global impuesto desde organizaciones globales, como Naciones Unidas. Por el contrario, este es un proceso que debe apoyarse desde lo local, adoptando un paradigma de desarrollo cuyas raíces fundamentales están en los territorios. Por tanto, se requiere un nuevo modelo de gobernabilidad y cambios en la escala de los sistemas.

Los sistemas democráticos actuales no están siendo capaces de responder a este desafío. Por ello, resulta fundamental promover la descentralización, localización, transparencia, y participación directa de la sociedad civil en la toma de decisiones. Actualmente no hay condiciones políticas de gobernabilidad democrática y por lo tanto, los escenarios para revertir procesos que atenten contra la sustentabilidad de las sociedades humanas y del planeta pasan por la descentralización. Esto implica no solamente desconcentrar o distribuir poderes, sino replantearnos los mecanismos de representación y promover un significativo cambio en las escalas de evaluación y planificación, con énfasis en el nivel local.

Desafíos de la sustentabilidad en el contexto internacional

Los desafíos de la sustentabilidad, frente al proceso de globalización vigente y al modelo neoliberal imperante, requieren supeditar los mecanismos de mercado al resguardo del medio ambiente y al respeto y ejercicio de los derechos humanos, sociales, laborales y ambientales, reconocidos en los sistemas normativos nacionales y en Naciones Unidas. Hoy día este reconocimiento implica declaración de principios, pero su operativización está en franco retroceso frente al proceso de globalización neoliberal. Un primer paso sería lograr la preeminencia de los acuerdos y declaraciones de Naciones Unidas sobre el sistema de Bretton Woods, que significaría –por ejemplo- la preeminencia de los acuerdos ambientales multilaterales por sobre los marcos impuestos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) u otros acuerdos de libre comercio.

También en el ámbito internacional se requiere establecer un nuevo tipo de cooperación entre los Estados y un sistema financiero orientado a financiar la sustentabilidad, lo que obviamente no existe. Si se revisan las recientes reuniones de financiamiento para el desarrollo (antes y después de la Cumbre de Monterrey) y compromisos internacionales con el “desarrollo sustentable”, como los establecidos en la reciente Cumbre de Johannesburgo (Río+10, 2002), resulta evidente que los puntos menos claros de estos acuerdos son los relativos a financiamiento. Mecanismos como los partnershipo la creación de un Fondo de la Pobreza (que nosotros llamamos “el Bolsillo sin Fondo, porque todos los países lo aprobaron pero nadie comprometió recursos para su implementación), no comprometen a los países con los objetivos de la sustentabilidad ni revierten las actuales tendencias en sentido contrario.

Adicionalmente, se necesitan nuevos instrumentos económicos funcionales a la internalización de costos sociales y ambientales de las actividades económicas. Los fondos recaudados con la internalización de estos costos aportarían al objetivo de una mejor distribución de los ingresos, pero los actuales instrumentos económicos producen el efecto contrario: externalizan estos costos y promueven la competencia en base a “ventajas comparativas”, que se producen precisamente, a costa de la externalización de costos. Tal es el caso de la industria agroexportadora nacional, cuyos costos de producción son asumidos por el medio ambiente y los trabajadores, con graves consecuencias sobre su salud y su calidad de vida.

Delimitación conceptual

El concepto de desarrollo sustentable fue oficializado a nivel gubernamental a partir de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río en 1992, donde se establecen acuerdos para enfrentar los desafíos que presenta la finitud de los recursos del planeta y la destrucción de los sistemas que mantienen su estabilidad biofísica, tales como la biodiversidad y el sistema del clima. En Río ’92, también se establece la Agenda 21, una agenda de acción política para cada uno de los actores -incluidos la sociedad civil, el estado y el mercado-, para implementar la compatibilidad entre el desarrollo y el medioambiente.

Retomando el significado de sustentabilidad y desarrollo sustentable, se advierte que se pueden definir a través de múltiples variantes aunque provenientes del mismo tronco común conformado por la interrelación de los principios económico, social y ambiental. La apertura semántica también incluye aspectos, como ética, educación, cultura, entre otros, lo que ha ampliado el rango de las definiciones y ha generado una polémica conceptual mundial.

El principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la globalización como la marca de un límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio de la humanidad, se comprende que el desarrollo debe centrarse en los seres humanos y no sólo en los índices económicos.

La sustentabilidad es la equidad ecológica, económica y social, tanto para las presentes como para las futuras generaciones humanas. Esto deviene en tres reglas básicas:

• Las tasas de utilización de los recursos renovables no deben exceder las tasas de regeneración natural.

• La emisión de residuos no debe exceder la capacidad de asimilación de los ecosistemas.

• Los recursos no renovables deben explotarse de una manera casi sustentable, supeditando la tasa de agotamiento a la tasa de creación de sustitutos renovables.

El desarrollo sustentable es la mejora continua que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias, este término requiere que la sociedad tome en cuenta que: La sociedad es parte, y depende de los ecosistemas, por lo que es necesario respetar la capacidad de carga de estos. La sustitución de capital natural por otras formas de capital. Parte de las ganancias obtenidas por la explotación y agotamiento de los recursos no renovables se inviertan en capital social como fábricas, escuelas etcétera.

Es un proceso para mantener un balance dinámico entre la demanda de equidad, prosperidad y una mejor calidad de vida lo que es posible ecológicamente, por lo tanto este desarrollo no solo debe ser prolongado en el tiempo, sino también determinar el tipo de desarrollo que se requiere para tratar de alcanzar, a través de estado de sustentabilidad.

Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener, por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible, por contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas.

La idea de que habitamos una aldea global, ha cobrado arraigo y la comunidad internacional ha comenzado a tratar los grandes problemas mundiales de modo integral, incluyendo los asuntos ambientales, buscando la cooperación entre naciones, reflejándose en la política exterior de cada país.

Para México, dada su posición geográfica su riqueza de recursos naturales y su biodiversidad, el tema de la protección y conservación del medio ambiente adquiere especial relevancia y se ha convertido en uno de sus principales desafíos.

En este sentido, es importante incluir entre los principios normativos que guían nuestra política exterior, la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, el desarrollo sostenible, así como la mitigación y adaptación al cambio climático, entendiendo que vivimos en un mundo globalizado en donde la interdependencia y responsabilidad solidaria existente entre individuos, comunidades y naciones es indispensable para abordar la problemática medioambiental y encontrar soluciones efectivas a la misma.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como a continuación se presenta:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a IX. (...)

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, el desarrollo sostenible, así como la mitigación y adaptación al cambio climático; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. a XX. (...)

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de marzo de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Iniciativa que adiciona el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compra consolidada de medicamentos por el IMSS y el ISSSTE, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Jesús Sesma Suárez y diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las transformaciones que ha modificado de manera profunda la manera de administrar los recursos financieros de los gobiernos es la integración de los conceptos de eficiencia y eficacia en las funciones de la administración pública, tanto en la teoría como en la práctica.

Lo anterior se deriva de la evolución de los sistemas democráticos occidentales cuyas obligaciones con la ciudadanía encuentran una salida en la relación entre administración de recursos y el ejercicio de la política, señalándose ambos elementos como necesarios para el surgimiento de planes y acciones gubernamentales.

El poder político influye de manera directa en las decisiones de gobierno, pero no de manera preponderante, dado que se deben considerar factores administrativos (sobre todo en cuanto a los recursos disponibles y la necesidad constante de fortalecer las arcas públicas a través de la tributación obligatoria) y los mecanismos para acceder a ellos (leyes y reglamentos aplicables al acceso y uso de los recursos públicos).

Al pensar en esta relación entre política y administración pública, se puede reconocer un sistema complejo de actores que interactúan entre sí y en donde se involucran normas y valores que no necesariamente se encuentran en armonía, puesto que el ámbito social implica una ambigüedad de origen en dicha relación derivada de las constantes modificaciones del espacio público, el crecimiento en las demandas de la sociedad y la limitación de los recursos públicos.

En un intento por resolver el desequilibrio existente entre recursos y necesidades, se originó el concepto conocido como nueva administración pública, la cual surge en los países que adoptaron la democracia occidental cuyos gobiernos cuentan con la característica de operar bajo un sistema político-administrativo cuyo diseño requiere el surgimiento de instituciones especializadas en cada ramo de la administración pública.

Dichas instituciones se comportan de acuerdo con diversos intereses y normas; o, en una revisión más extensa, se rigen por una serie de “códigos de conducta profesional, procesos adecuados y un gobierno basado en reglas, responsabilidad democrática, ética del servicio público y participación de los grupos afectados” (Christensen, 2001).

Esta nueva concepción de lo que debe ser la administración pública implica la apertura del complicado entramado que se genera en el proceso de toma de decisiones, puesto que en la práctica hasta hace poco tiempo en México se consideraba un ámbito exclusivo de la clase gobernante, excluyendo a las voces de la sociedad civil.

El país cuenta con un sistema institucional federal integrado por 18 secretarías encabezadas por titular del Poder Ejecutivo, cada una con atribuciones específicas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, siendo una de ellas la Secretaría de Salud (Ssa), la cual tiene como misión “establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud, por medio de un sistema nacional de salud universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad” (Ssa, 2016).

Como se observa, la Ssa refiere como parte de su labor la participación de la sociedad, de manera que la gestión de recursos no quede supeditada al ámbito administrativo de la propia secretaría, sino que permita la observación del manejo de dichos recursos por los ciudadanos.

Uno de los grandes problemas del sector salud es la corrupción en la adjudicación de contratos para surtir de medicamentos a las diversas instituciones de salubridad pública, señalándose prácticas indebidas tales como licitaciones dirigidas, sobreprecios de hasta 300 por ciento, compras menores que las requeridas, robo de producto y enriquecimiento de funcionarios, afectando el financiamiento de dicho sector, pues tan sólo para el programa de Seguro Popular la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades en la adquisición de medicamentos en el orden de los 70 millones a los mil millones de pesos, encontrándose quebrantos en cinco estados hasta por mil 772 millones de pesos entre 2012 y 2014 (Robles de la Rosa, 2014).

La malversación de fondos públicos se observa en diversos ámbitos de la administración pública y en todos los niveles de gobierno, por lo cual el balance de poder, finanzas y sociedad se ha convertido en uno de los ejes principales para el fortalecimiento de las instituciones y el combate a la corrupción, pues los niveles de percepción de este fenómeno son motivo de alarma. En 2015, México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, ocupando el lugar 95 de 168 países de acuerdo con Transparencia Internacional (Transparency International, 2015). Otro organismo internacional, el Banco Mundial, ha calificado a nuestro país con 26 puntos de 100 en cuanto a indicadores de control de la corrupción, es decir, como uno de los países más corruptos.

En materia económica, países competidores como Brasil, China e India (parte del bloque de los BRICS), han mejorado los niveles de percepción de la corrupción en 11, 16 y 11 puntos respectivamente, mientras que México se ha estancado al aumentar sólo cuatro puntos en los últimos 21 años (Casar, 2016, pág. 16), y el 82% de las empresas que operan en nuestro territorio consideran que las prácticas de soborno y corrupción ocurren de manera común al interior de las organizaciones (Ponce, 2016).

Ante este panorama, es imperativo lograr que los recursos públicos sean ejercidos de manera transparente, privilegiando la eficiencia y la eficacia en el actuar de los funcionarios públicos. Una de las medidas que se tomaron en este sentido dentro del campo de la salud pública fueron las modificaciones que originaron la integración del concepto compras consolidadas como parte de un proyecto de contención de costos implementado desde 2012 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras instituciones de salud (Aguirre, 2014), de manera que se establecieran mecanismos fiscales para detener la fuga de capital público en dichas dependencias.

Como parte del proyecto nacional diseñado para el periodo 2012-2018 no se desestimó el alcance de la problemática en cuanto a la corrupción dentro de las instituciones de salud en particular, y en toda la administración federal en general, de tal manera que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se impulsan medidas que promuevan la transparencia, la eficacia y la eficiencia en las acciones del gobierno central, con la intención de generar las condiciones para atender las necesidades de la población por medio del ejercicio responsable de los recursos financieros públicos.

Lo anterior es consecuencia de la evolución democrática en nuestro país (y que es una tendencia a nivel mundial), tocando el accionar del gobierno federal, obligando a los tomadores de decisiones a avanzar en la integración de gobierno y ciudadanía en lo que respecta al proceso de políticas públicas, lo cual implica generar las condiciones necesarias para incentivar la eficacia, la eficiencia y la transparencia en dicho proceso. Lo anterior se deriva del compromiso que el gobierno federal ha impulsado desde el comienzo del presente sexenio, dado el crecimiento constante de la sociedad por participar en la toma de decisiones gubernamentales, lo cual se considera como uno de los factores críticos para el bienestar del régimen democrático, cuantimás cuando surgen eventos coyunturales tanto a nivel mundial como en el ámbito local.

No es un contexto sencillo, toda vez que una de las demandas más sentidas de la sociedad en general es el uso correcto de los recursos públicos, dado el pacto existente entre gobierno y ciudadanos, en donde se establece entre las obligaciones de ambos el correcto ejercicio de los medios financieros por el primero, y el sostenimiento del Estado y su sistema institucional de los segundos a través del pago de impuestos.

La transparencia en la toma de decisiones se concentra en el estado de derecho, que en términos laxos se refiere a la estricta observancia de la ley sin distinción de cargos, posición social ni económica, y que aplica tanto para gobernadores como para gobernados, siendo de especial atención el ejercicio de los recursos, toda vez que la capacidad de acción del Estado se materializa en las obras públicas y los servicios auspiciados por el mismo gobierno.

Como se mencionó, uno de los esfuerzos realizados por el gobierno federal ha sido el impulso al esquema de contrataciones consolidadas, * el cual permite adquirir servicios o productos a precios competitivos y cuyas reglas de operación privilegian las ofertas con mayor calidad y ahorro para el erario.

Los beneficios de esta estrategia son evidentes: para 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, incrementándose 9 por ciento la adquisición de dichos insumos en las entidades federativas vía este esquema debido al ahorro que significa y el avance en el combate del rezago del abasto de medicamentos en las farmacias del sistema nacional de salud (Ssa, 2015).

Instancias como el IMSS han aceptado la aplicación de esta estrategia para adquirir medicamentos, siendo ejemplo dicho instituto al encabezar las negociaciones para compra consolidada en 2016 por más de 48 mil millones de pesos, considerando el impacto positivo de esta estrategia en la economía, dada la garantía de mejora en las condiciones de calidad y precio de los medicamentos y material de curación (Ssa, 2015), lo cual es un beneficio para la atención de salud de los mexicanos.

Dado el ahorro que se generó entre 2014 y 2015, en este año participaron 21 entidades federativas, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales y Hospitales Federales de Referencia y Regionales de Alta Especialidad (hospitales federales y servicios de atención psiquiátrica), de la Secretaría de Salud, el ISSSTE y los servicios de salud de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, así como de Petróleos Mexicanos en compras consolidadas de medicamentos.

Otro ejemplo del interés que se genera por incluir este esquema como una medida para el ahorro y la eficiencia en el gasto público, es la compra consolidada de medicamentos por parte del ISSSTE que para 2017 se estima en un monto de 10 mil millones de pesos destinado a la adquisición de aproximadamente 25 mil claves de fármacos y otros insumos para la salud, siendo el cuarto año consecutivo en el cual participa dicha dependencia, y que ocuparía el segundo lugar como comprador de importancia bajo este esquema, sólo por debajo del IMSS (Notimex, 2016).

Los esfuerzos anteriores coinciden con lo estipulado en el PND en cuanto a los objetivos 2.3, “Asegurar los servicios de salud”; y 2.4, “Ampliar el acceso a la seguridad social”, considerando los beneficios que en cuanto a ahorro y calidad de los medicamentos adquiridos por medio de la contratación consolidada, al mismo tiempo que ello significa un mejor manejo de los recursos públicos y simplifica el acceso a la información pública al reducir en un solo procedimiento la compra de productos médicos.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública como consecuencia de diversos factores que impiden a los pacientes adquirir sus medicinas, siendo uno de ellos la opacidad de quienes las adquieren y los tratos con los distribuidores.

Ante este panorama y la constante participación de las dos instituciones de salud pública con mayor número de derechohabientes en el esquema de compra consolidada de medicamentos, consideramos incluir en la ley la obligación de adquirir insumos y servicios por dicho medio, a fin de combatir la corrupción y el desabasto de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.

La Secretaría de la Función Pública, en los términos del reglamento de esta ley, podrá promover contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las dependencias y entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a través de la suscripción de contratos específicos.

En el caso de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, la contratación consolidada será obligatoria.

Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios.

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

* De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, este concepto se concibe como una estrategia de contratación mediante la cual los requerimientos de varias unidades administrativas de una dependencia o entidad o de varias dependencias o entidades que pueden realizar contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se integran en un solo procedimiento de contratación, a fin de presentar su demanda de manera agregada y así obtener mejores condiciones en cuanto a precio (ASF, 2016).

Referencias

Aguirre, A. (11 de noviembre de 2014). “Compras consolidadas”, en El Economista. Obtenido de

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2014/11/11/compra s-consolidadas

ASF. (6 de junio de 2016). Contrataciones públicas que garanticen las mejores condiciones para el Estado. Obtenido de

http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/contrataciones-consolidadas

Casar, M. A. (Octubre de 2016). México: anatomía de la corrupción. Obtenido de https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2016/ 10/M%C3%A9xico-Anatom%C3%ADa_de_la-Corrupci% C3%B3n_2da._edici%C3%B3n_Final.pdf

Christensen, T. (2001). “La nueva administración pública: el equilibrio ente la gobernanza política y la autonomía administrativa”, en Gestión y Política Pública,55-100. Obtenido de http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.X_No.1_1ersem/CT _VoI.X_No.I_1sem.pdf

Notimex (17 de septiembre de 2016). 20 minutos. Obtenido de http://www.20minutos.com.mx/noticia/136638/0/issste-preve-mas-de-10-mil-mdp-par a-compras­consolidadas-en-2017/

Ponce, K. (18 de mayo de 2016). “Dinero en imagen”. Obtenido de El Financiero: http://www.dineroenimagen.com/2016-05-18/73089

Robles de la Rosa, L. (23 de mayo de 2014). “Se fugan 1.7 mil millones de pesos para medicamentos”, en Excélsior. Obtenido de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/26/961416

Ssa (14 de septiembre de 2015). Secretaría de Salud, blog. Obtenido de https://www.gob.mx/salud/articulos/ compra-consolidada-de-medicamentos?idiom=es

Ssa (12 de septiembre de 2015). Secretaría de Salud, prensa. Obtenido de http://www.gob.mx/salud/prensa/en­2016-la-compra-consolidada-de-medicamentos-se ra-de-48-miI-millones-de-pesos

Ssa (2016). ¿Qué hacemos? Obtenido de http://www.gob.mx/ salud/que-hacemos

Transparency International (2015). Corruption Perceptions Index. Obtenido de http://www.transparency.org/research/cpi/overview

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 60 Bis 3 de la Ley General de Vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

La protección de la biodiversidad es una cualidad de concientización que diferencia una sociedad de otra. En mayor medida, la protección hacia la biodiversidad se centra en factores regulatorios y de carácter gubernamental como primeros eslabones que procuran configurar la conducta de la sociedad.

El ser humano desde sus orígenes ha sido beneficiario de los bienes y servicios de la naturaleza, en su conjunto, estos bienes han aportado alimentación, salud, vestuario e incluso recreación. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la población y el esquema actual de desarrollo económico, ponen en grave riesgo la existencia de los bienes y servicios para las generaciones futuras, además; algunas conductas sobre las especies animales obligan a repensar la relación del ser humano sobre éstas, ya que el progreso de los valores éticos sobre el trato digno de las especies, plantea un paradigma al marco legal de los aspectos recreativos para los que son utilizadas: como es el caso de los delfinarios.

Los delfinarios en México son una industria “recreativa” que opera teniendo en cautiverio a delfines con fines comerciales como eje rector, situando como oferta de mercado actividades de nado y contacto físico con estas especies.

Desde la década de los 70 aparecieron los primeros delfinarios en el país, teniendo todos y cada uno de ellos una naturaleza y objeto comercial y de lucro; negocios cobijados bajo la inexistencia de normas jurídicas regulatorias en ese momento, y actualmente favorecidos por la negligencia y complicidad de las autoridades ambientales mexicanas.

Si bien, en la Ley General de Vida Silvestre se establece que “el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de pesca, salvo las especies o poblaciones en riesgo”, la gestión y el desarrollo de normas oficiales mexicanas (NOM) para estipular los lineamientos operativos fueron esgrimidos por los propios intereses de los empresarios de delfinarios, principalmente Convivencia Marina (Convimar), SA de CV, quienes participaron en los trabajos de desarrollo de estas normas especificando a su gusto desde el tamaño de las pozas, estanques o piletas de confinamiento, hasta las condiciones de trato y de traslado.

En este sentido, se destaca la NOM 135-SEMARNAT-2004, que derivada de la presión social, optó por brindar al menos lineamientos de bienestar a las condiciones a que deben ser sujetos los mamíferos marinos al interior de las instalaciones de confinamiento y de transporte. Los lineamientos son un logro de la sociedad civil organizada. Sin embargo, esta norma actualmente regula al programa nado con delfines y obedece a los intereses y conveniencia de los empresarios de delfinarios, obediencia que se puede observar en las graves situaciones de vulnerabilidad en las que son colocados los delfines, por ejemplo: permitir la entrada a un número de 10 personas en sesiones sin límite de tiempo con un delfín; un solo supervisor para más de treinta personas; jornadas de más de una hora de explotación por delfín, situación de grave daño físico y psicológico para los delfines.

Se observa, la norma contraviene los lineamientos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, atinentes a la protección y mantenimiento de áreas naturales como zonas de protección y refugio, esto con el propósito de que los delfines en cautiverio queden expuestos por completo al contacto e interacción humana y sin ninguna necesidad de supervisión por un profesional acreditado.

Sin embargo, desde el año 2002, en el artículo 60 Bis, de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (LGVS) se prohíbe la captura y aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos con fines comerciales o de subsistencia; subsecuentemente en 2005 y, con la última reforma en noviembre del año 2010, el artículo 55 Bis, de la ley en comento, prohíbe la importación y reexportación de mamíferos marinos que no sea estrictamente con fines científicos.

Las anteriores disposiciones formales y vigentes, son producto de la armonización legal del país con la política internacional de empoderamiento a la conservación de los cetáceos, evidenciando las consecuencias irreparables relativas a la captura, confinamiento y cautiverio de los mamíferos marinos. Cabe señalar lo dispuesto en el artículo IV de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), suscrito por México desde marzo de 1991, lo que hace de su aplicación y observancia una condición de carácter obligatorio al gobierno mexicano, imponiendo a este, el deber de impedir el comercio de especies contenidas en los apéndices I, II y III de este cuerpo normativo. En su apéndice II se incluyen todas las especies de delfines actualmente bajo confinamiento dentro de los delfinarios en México.

El Cites dicta las obligaciones que un estado parte tiene para limitar o prohibir el comercio de delfines, y enuncia la prohibición del comercio que vulnere la supervivencia de estas especies, así como también, de toda aquella exportación (comercio) que no tenga como fin su conservación dentro de su hábitat. Además el inciso (b) de la fracción 2 de este mismo artículo, dice que dicho comercio no puede contravenir las disposiciones en materia de la legislación vigente del estado parte, es decir, en este caso los artículos 55 Bis, y 60 Bis, de la LGVS. Esta última situación y fundamentación jurídica derribó la argumentación de la propuesta legislativa presentada en el Senado mexicano en el año de 2008, que buscaba permitir y regular la captura de mamíferos marinos con fines comerciales en México.

En el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), de la que además México fue sede de la decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 13) el año pasado, se deriva como principal objetivo la preservación y conservación del patrimonio biodiversitario, incluido el génico, estableciéndolos como derechos. Al respecto, es de señalar México suscribió este acuerdo internacional desde junio de 1992. Uno de los principales postulados de este convenio, es el de hacer de la conservación in situ (la conservación que se realiza estrictamente dentro de los ecosistemas y hábitats naturales) directriz sine qua non de la política pública internacional, es decir, dicta que la única conservación de especies efectiva, es aquella que se realiza en el hábitat natural o ecosistema de la población o individuo originario en cuestión.

La aplicación de este convenio tratándose de delfinarios tiene un marco claro y conciso. Primero, establece una política de protección a los ecosistemas mediante medidas especiales para la conservación de la biodiversidad, esto significa, áreas naturales sin modificación realizada por el hombre para la conservación de las poblaciones de especies. Segunda, la recuperación de poblaciones de las especies dentro de hábitats naturales. En cualquiera de los dos planteamientos está presente el requisito de llevarse a cabo en ecosistemas o hábitats naturales entendidos como áreas protegidas. Lo anterior resulta en que el CBD obliga a México a atender los lineamientos de un sistema de conservación de especies in situ, así como también, a respetar el estado natural de la biodiversidad que se sitúa en vulnerabilidad ante las actividades humanas; de lo cual, se desprende que la industria de los delfinarios contraviene las obligaciones adquiridas por México en el CBD.

La lógica de la política inmanente a la CBD, nos dice que ningún acuario ni estanque cumple con las condiciones y situaciones de un hábitat natural, por lo que los delfinarios no tienen un fin científico, pues no permiten el estudio de las conductas naturales de los delfines, mucho menos su reinserción al ecosistema.

Por tanto, en el actual marco jurídico y legislativo mexicano e internacional, los delfinarios son una industria que resulta una antinomia o contradicción legal auspiciada por la negligencia o complicidad de las autoridades ambientales en México. Basta señalar que mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) expide permisos y licencias de captura y cautiverio de mamíferos marinos, el Código Penal Federal establece en su artículo 420 lo siguiente:

“Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos”.

Mención distinguida merece la tesis proveída por la propia Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en el estudio Océanos y costas Análisis del marco jurídico e instrumentos de política ambiental en México, mismo que dice:

“Por otro lado, otra especie relevante son los delfines mismos que se encuentran ampliamente distribuidos de manera abundante en las costas mexicanas. Los diversos tipos de tursiones se encuentran catalogados en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 como sujetos a Protección Especial. Cabe señalar que aun cuando no se encuentran en peligro de extinción, dado el interés por esta especie tan carismática en delfinarios y espectáculos, podrían llegar a una situación de riesgo.”

En suma, se puede concluir por un lado que las normas oficiales mexicanas auspiciadas por la Semarnat con el “apoyo” de Convimar SA de CV, presenta vacíos normativos que han permitido la trata irresponsable de las especies marinas, lo anterior, a pesar de que la LGVS, la CDB, la Cites y estudios de carácter científico demuestran la flexibilidad de estas normas. Aunado a ello, los “delfinarios” no persiguen stricto sensufines científicos, sino más bien, recreativos. En ese sentido, contravienen las disposiciones legales actuales y es necesario terminar con esas prácticas.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se adiciona el artículo 60 Bis 3, a la Ley General de Vida Silvestre y se reforma al artículo 420, fracción II, del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 60 Bis 3. Queda prohibido todo aprovechamiento en vida, captura y cautiverio de mamíferos marinos.

Queda prohibida toda reproducción y crianza de mamíferos marinos con fines de aprovechamiento.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 420, fracción I, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. ...

I. Capture, dañe, prive de la vida, explote a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, efectúe crianza y cautiverio de estas especies con fines comerciales, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan, derogan y dejan sin efectos todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. Conforme a los listados e inventarios de la Semarnat y de la Dirección General de Vida Silvestre, se efectuarán inspecciones a cada delfinario en México registrado y empadronado, a fin de vigilar que no se encuentre ningún delfín que no corresponda al registro actual al momento de entrada en vigor de esta iniciativa.

Cuarto. De acuerdo a la condición cualitativa de irretroactividad del marco jurídico mexicano, los delfines que en este momento se encuentran en cautiverio dentro de los delfinarios autorizados y acreditados por las instancias administrativas correspondientes, tendrán que recibir las atenciones y cuidados dentro de los lineamientos de trato digno y respetuoso establecidos en el artículo 78 Bis, de la Ley General de Vida Silvestre, en vigencia desde el año 2013. Todos los mamíferos marinos en situación de viabilidad para su reintegración al hábitat natural, deberán de ser sujetos a programas de rehabilitación y reintroducción, este proceso será en colaboración con la sociedad civil organizada. El cuidado, la atención y todos los requerimientos de cada uno de los delfines en cautiverio en México, será obligación de las autoridades ambientales federales mexicanas y de las empresas de delfinarios que operan con licencia y permiso de dichas autoridades. La vida, salud e integridad de estos delfines serán responsabilidad de la Semarnat. Lo anterior quedará bajo la observación y vigilancia ciudadana.

Notas:

1 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) se erigió en junio de 1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil.

2 Sofía Cortina Segovia, Gäelle Brachet Barro, Mariela Ibáñez de la Calle y Leticia Quiñones Valades. “Océanos y costas. Análisis del marco jurídico e instrumentos de política ambiental en México”. Semarnat. México. Octubre de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.— Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación. Iniciativa suscrita por ella y por el diputado Camacho y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz: Con el permiso de la Mesa Directiva, honorable asamblea. Apreciadas y apreciados compañeros, la iniciativa que hoy vengo a presentar propone reformar la fracción V del artículo 12 y adicionar un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley General de Educación.

Esta iniciativa es producto de un profundo trabajo de reflexión entre diversos miembros del Grupo Parlamentario del PRI, entre los que destacan nuestro coordinador, el doctor César Camacho Quiroz, así como compañeros integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Los libros de texto gratuitos han sido uno de los principales estandartes de la política educativa mexicana. Es una política sui generis del período revolucionario que ha tenido un papel destacado en el México contemporáneo. A lo largo de un complejo proceso histórico el Estado mexicano ha logrado hacerse de los medios legales, institucionales y humanos necesarios para editar, producir y distribuir libros de texto gratuitos con la convicción que, además de un derecho social, es un vehículo que faculte el diálogo y la equidad en la escuela. Desde 1960 a la fecha, la Conaliteg ha entregado más de cinco mil millones de libros, sólo en el actual ciclo escolar se distribuyeron cerca de 200 millones.

Los libros se entregan en propiedad a los estudiantes, lo que requiere que la SEP cada ciclo escolar emprenda la renovación total de la producción con el fin de atender la matrícula existente, ser parte de la afirmación que los alumnos conservan los libros una vez finalizado el ciclo escolar, sin embargo, la experiencia nos dice que esto no es así.

En algunos países desarrollados se espera que los libros de texto gratuitos duren tres, cuatro e incluso más años y que pasen de generación en generación. En México es una realidad diferente, al término de cada ciclo escolar, miles de libros de texto gratuitos en buen estado son desechados, de esta manera terminan en la basura miles de millones de pesos.

Reconocemos diversos esfuerzos de carácter local y nacional que promueven el reciclaje del papel y pese a ello, no existe una política de carácter nacional bien estructurada y definida que incluya la participación de todos los actores.

La propuesta de la presente iniciativa tiene como objetivo central promover y fomentar el uso responsable y el aprovechamiento y reutilización de los libros de texto gratuitos. Desde luego estamos conscientes de que hay libros de trabajo en los cuales los alumnos realizan anotaciones y por ello no son ni serán susceptibles de ser reutilizados.

También proponemos que se deberá analizar e impulsar el rediseño de libros y materiales, de tal forma que permita la separación de los cuadernillos de trabajo de los libros de texto o la generación de nuevas formas de interacción en clase para potenciar el contenido educativo impreso.

Estamos convencidos de que esta propuesta reportará valiosos y diversos beneficios, entre ellos: aprovechamiento de los recursos educativos y pedagógicos existentes, ahorro de papel y cuidado ambiental, ahorro presupuestal y fomento de una cultura del cuidado de los libros.

Consideramos necesario elevar a Ley General de Educación los conceptos: uso o empleo responsable, aprovechamiento y reutilización de libros de texto gratuitos.

Estimadas compañeras, apreciados compañeros, estamos convencidos de que los libros de texto son instrumentos de gran valía, que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje. La problemática planteada en la presente iniciativa concierne a la sociedad en su conjunto, cualquier libro que se reutilice contribuye a la aspiración social de fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.

Consideramos de gran importancia, utilidad, pertinencia y necesidad las reformas que se proponen en esta iniciativa. Reiteramos que esta propuesta no constituye en ningún momento la pérdida de la gratuidad de los libros de texto que se proporcionan a los alumnos; por el contrario, reconocemos la valía de la gratuidad de los libros de texto y los diversos materiales educativos. Y el Grupo Parlamentario del PRI reafirma su compromiso con este concepto.

Usar responsablemente, reutilizar, aprovechar son verbos que en la actualidad tienen un valor importante. Estoy convencida de que no hay acción más noble y responsable que contribuir al desarrollo sostenible del planeta. Con su respaldo a esta iniciativa lograremos juntos dejar una huella verde más firme en el camino de esta legislatura. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ortiz Lanz. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Saludamos con gusto la presencia de alumnos, acompañados por su profesor Sergio Serrano, de la Preparatoria 4, Vidal Castañeda y Nájera, de la UNAM, que hoy nos acompañan, invitados por el diputado José Santiago López. Sean ustedes bienvenidos.

Igualmente, saludamos a los estudiantes provenientes de la Universidad Marista de la ciudad de Mérida, Yucatán, invitados por el diputado Pablo Gamboa Miner. Sean ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población.

El diputado Ulises Ramírez Núñez:Con su permiso, ciudadana presidenta. Compañeros diputados, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población, bajo los siguientes argumentos.

Para nadie es un secreto el problema que nuestros connacionales están teniendo en Estados Unidos, producto de las políticas del nuevo presidente, Donald Trump. Cientos de compatriotas están siendo repatriados, están siendo muchos de ellos vejados en sus derechos humanos, están desintegrando sus familias, están haciendo cacerías en sus centros de trabajo y esto ha provocado un flujo muy importante de compatriotas que están regresando a nuestras ciudades, a sus centros donde nacieron y esto ha provocado una altísima preocupación en diferentes regiones de todo el país.

Por ello, al hacer una revisión de la Ley General de Población encontramos que en el artículo 83, particularmente en el capítulo quinto, encontramos que faltaba incluir en el trabajo de la planeación de vincular todas las actividades del gobierno estatal y municipal para apoyar a todos estos connacionales, faltaba en el artículo 83. Por eso estamos haciendo esta adición para incluir en el capítulo quinto, artículo 83, una modificación para quedar como sigue.

Artículo 83. El gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, deberá

1. Implementar programas que garanticen la atención integral de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados en materia de salud, educación y vivienda;

2. Facilitar la acreditación de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria y la revalidación de estudios;

3. Impulsar programas que faciliten la inserción de los repatriados en el mercado laboral, o en actividades productivas, y

4. Promover la inserción social de las personas mexicanas repatriadas al territorio nacional, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso sea digno, productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

Las entidades federativas establecerán oficinas de atención a mexicanos repatriados, con objeto de concentrar y facilitarles el acceso a la información, programas y apoyos. Con ello se pretende integrar a los tres órdenes de gobierno en el proceso de repatriación de nuestros connacionales. Espero contar con su respaldo.

También señalar, ciudadana presidenta, está enlistado también un punto de acuerdo, que he suscrito y espero también tener su respaldo, para apoyar la economía de las familias mexicanas ante el constante incremento del gas LP. Por su atención, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ulises Ramírez. Túrnese a la Comisión de Población, para dictamen.

Saludamos a estudiantes del Bachillerato Universal Prepa Sí, que hoy asisten a este salón de plenos, invitados por la diputada Cecilia Guadalupe Soto González. Sean ustedes bienvenidos. Igualmente saludamos, con mucho gusto, a alumnos de ciencias políticas de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, invitados por el diputado Raúl Domínguez Rex. Sean ustedes bienvenidos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina:Con su permiso, diputada presidente. Como miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, vengo ante esta tribuna a presentar la iniciativa que amplía los derechos de las mujeres que trabajan y la buena crianza de un gran número de mexicanos.

Diputadas y diputados, por primera vez en la historia de este Congreso, este pleno está representado por 42.6 por ciento de mujeres, de ustedes compañeras mujeres espero contar con su voto incondicional para este dictamen positivo de esta iniciativa.

Al 57.4 por ciento de hombres, les quiero recordar que cada conquista de las mujeres ha contado siempre con la sensibilidad de los hombres, y les pido que no olviden que cada uno de ustedes nació del vientre de una mujer. Hagamos lo mismo con las mujeres gestantes y lactantes que trabajan, ampliemos sus derechos, espero contar con su sensibilidad, estimados diputados, también para un dictamen favorable.

El artículo 123 constitucional ha tenido 27 reformas desde el año de 1929 hasta febrero de 2017, pero sobre el tema que nos ocupa sólo ha tenido una reforma, la que amplía de cuatro semanas como descanso obligatorio por razones de la gestación hasta 12 semanas.

Desde esta reforma de 1974 ya llevamos 43 años, no esperemos pasar otro medio siglo para reconocer lo que ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo. La recomendación es: los miembros deberán procurar extender la duración de la licencia de maternidad a 18 semanas, por lo menos. La iniciativa que propongo, propongo 18 semanas de descanso obligatorio para las mujeres gestantes y lactantes, seis semanas antes del parto y 12 semanas después del parto.

En términos de lactancia materna se fortalece el derecho de las mujeres a la lactancia de sus hijos, previsto en el mismo artículo 123 constitucional, en términos del cuidado y desarrollo integral infantil.

Propongo que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación.

Gozarán forzosamente de seis semanas de descanso, antes del parto, y 12 semanas después del parto, debiendo percibir su salario íntegro.

En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayuda para lactancia, del servicio de guarderías infantiles.

En la Ciudad de México, desde 2015, además de las 12 semanas constitucionales, conceden 18 semanas adicionales con el 40 por ciento de su retribución.

Espero, compañeras diputadas y compañeros diputados, verme favorecida con su voto para esta iniciativa, ya que las mujeres que trabajan necesitan del apoyo de nosotros los diputados y diputadas. Y no olviden, los hombres, que nacieron del vientre de una mujer. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Eva Cruz Molina. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Sesma Suárez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Salud Pública, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, suscrita por el propio diputado Jesús Sesma y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jesús Sesma Suárez:Muy buenos días, compañeros y compañeras. Con la venia de la Presidencia. El día de hoy el Partido Verde viene a presentar una iniciativa que pretendemos o estamos casi seguros que todas las fuerzas políticas aquí representadas nos apoyarán.

Y tiene que ver con los excesos de los funcionarios públicos. Cada vez es más común saber de los excesos en los que caen los altos funcionarios públicos, tanto de la federación como de los estados, utilizando artículos de lujo para cuestiones personales y de trabajo, o haciendo uso de sus personas subordinadas, que nada tienen que ver con el trabajo que desempeñan.

La gente está harta. En todos lados se comentan estos abusos. La gente no es insensible a lo que están viviendo sus gobernantes, sobre todo en esta época en que hay una crisis a nivel mundial y también a nivel nacional económicamente.

Se desatiende la seguridad pública. Es necesario que los funcionarios públicos dejen de contar con privilegios que dañan el erario público y que provocan que otras áreas importantes de gobierno, como es la seguridad pública, queden sin atenderse.

No más policías, no más soldados como escoltas personales. Una gran cantidad de policías federales o locales, así como soldados y marinos, están siendo utilizados como escoltas personales de funcionarios públicos federales, estatales y municipales.

Ciertos secretarios de Estado tienen más de nueve elementos utilizando a marinos, como ya lo comentamos, y no hay ningún fundamento de por qué los estén protegiendo o ante quienes.

Solo algunos funcionarios deben contar con escoltas por la naturaleza del trabajo que desempeñan. ¿A quiénes nos referimos? Al presidente de la República, gobernadores, procurador General de la República, comisionado nacional de la Seguridad Pública, secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, fiscales generales estatales y directores de policías estatales. Solo ellos deberían tener o contar con escoltas. El que quiera seguridad privada debe pagar por ella.

Debemos acabar con estos privilegios para que los policías, marinos, soldados que se dedican y protegen a la sociedad lo hagan y no hagan nada más uso de esa protección a estos funcionarios.

Un ejemplo de ello, y me refiero a que posiblemente todos aquí lo conocen, es la Ciudad de México. Quienes han podido estar en Polanco, por ejemplo, se reúnen en restaurantes, en cafeterías una gran cantidad de políticos y siempre acompañados de una gran cantidad de escoltas. Lo peor de todo es que la mayoría de estas escoltas son policías, soldados o marinos que cobran del erario público.

Esta legislatura va a tener que ser comparada con la anterior y con la que sigue. Con la anterior, por ser una legislatura que sacó las reformas estructurales que tanto necesitaba nuestro país. Y con la que sigue seguramente por ser recordada con todo lo que viene de las complicaciones que tienen que sacar.

Y esta legislatura, lamentablemente, pudiese ser una con una opacidad en temas de seguridad, y hay que decirlo, no es un tema nada más de esta iniciativa que tiene que ver con las iniciativas de seguridad interior que son de urgencia para poderlas sacar o de mando único. Los recortes presupuestales y los problemas económicos están evitando la aprobación de muchas iniciativas necesarias para la gente como las que ya mencionamos.

Y la propuesta concreta del Partido Verde, respecto a esto, es que con excepción del presidente de la República, de los gobernadores, del procurador General de la República, del comisionado nacional de Seguridad Pública, de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina y los titulares de las fiscalías generales y de los cuerpos policiacos de las entidades federativas, queda estrictamente prohibido que cualquier funcionario público cuente con escoltas pertenecientes a las policías estatales, municipales o del Estado Mayor Presidencial.

Existen otras iniciativas, como ya mencionamos, y que esperemos que haya una voluntad política de todos los grupos parlamentarios para poderlas sacar y esperemos que esta iniciativa que presenta el día de hoy el Grupo Parlamentario del Partido Verde, pueda tener la venia de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a la Presidencia.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Jesús Sesma Suárez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Magdalena Moreno Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Iniciativa suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena, al igual que por la diputada Magdalena Moreno Vega.

La diputada Magdalena Moreno Vega: Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados. El propósito de la inviolabilidad de los senadores y diputados en los Congresos constituyentes del siglo XIX y XX, así como del Constituyente Permanente en su momento, fue salvaguardar la libertad de expresión manifestada en el desempeño de sus cargos y por ende jamás podrían ser reconvenidos por ellas, por lo que en ningún momento por la expresión de sus ideas no podrán considerárseles como trastornadores del orden público y apologistas de un delito.

Habrá que recordar que la constante en los siglos mencionados, fue la clausura de varios Congresos, la persecución y encarcelamiento de legisladores. Así, Carlos María Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier, Juan Bautista Morales y José María Luis Mora, por instrucciones de Agustín de Iturbide fueron encarcelados en 1822; y con Victoriano Huerta, 84 diputados fueron encarcelados en 1913.

La doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta inmunidad es una garantía institucional en favor del Congreso y no un privilegio personal de los legisladores. El fuero constitucional solo opera a favor de los legisladores por las opiniones que manifiesten en el desempleo de sus cargos.

La inviolabilidad o inmunidad del legislador está llamada a cumplir la importante función de garantizar la total y absoluta libertad de palabra de aquel no como un derecho subjetivo otorgado a quien desempeña la función legislativa, sino como un instrumento que tiende a proteger la integridad de la corporación legislativa.

Es decir, es un instrumento jurídico del que fue dotado el Poder Legislativo directamente por el Constituyente, pero que se ejerce por los representantes que periódicamente lo encarnan. Luego entonces el fuero constitucional no es un privilegio, mucho menos sinónimo de impunidad.

En México ¿quiénes gozan del fuero e inmunidad procesal? El presidente de la República, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad, los secretarios de despacho federales y estatales, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los diputados de los 32 Congresos de las entidades federativas, los miembros del Poder Judicial de la Federación, así como los miembros de los 32 tribunales superiores de justicia de los estados, los consejeros de la judicatura federal y las 32 entidades federativas, el procurador General de la República y los procuradores de justicia de los estados, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías de las 32 entidades federativas, los servidores públicos de los organismos a que la Constitución de la República y de los estados les otorgue autonomía.

Así, atendemos al ámbito federal, estatal y municipal. Son miles de servidores públicos que gozan de fuero e inmunidad procesal. El respeto al estado de derecho y la igualdad ante la ley no puede ser socavado por los servidores públicos que gozan de fuero constitucional.

Es por ello que en nuestra propuesta se conserva la inmunidad parlamentaria. Consiste en que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas ni procesados o juzgados por ellas, y se conserva que el presidente de cada Cámara vele por el respeto de la inmunidad constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto donde se reúne a sesionar.

En tratándose de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podrán ser sujetos de responsabilidad penal durante el tiempo de su encargo por la comisión de delitos en términos que establezca la ley.

Por otra parte el artículo 112 constitucional establece que no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 incurra en la comisión de delitos.

Los servidores públicos enumerados en el artículo 111 de la ley fundamental, serán sujetos de responsabilidad penal por incurrir en conductas ilícitas y, por ende, no gozarán de la protección que actualmente otorga la Constitución de la república.

Por lo antes expuesto los ciudadanos y servidores públicos estarán sujetos al mismo ordenamiento jurídico penal por la comisión del delito. Nadie gozará de privilegios; todos, sin excepción, si incurrieran en hechos ilícitos, tendrán el trato igual ante la ley penal. Esperamos que todos los grupos parlamentarios con su voto favorable apoyen esta iniciativa. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Moreno Vega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Gracias, señora presidenta. Tanto entre los individuos como entre las naciones la vida es un péndulo. Los seres humanos y las comunidades de las que formamos parte oscilamos constantemente de un extremo y otro, en lo ideológico, en lo práctico y en la manera de concebir el mundo, en la forma de pretender resolver esta compleja problemática.

Tal vez el justo medio nunca lo encontremos, pero miren, en el camino construimos. En el camino, como decía Borges, encontramos a veces la felicidad. En materia de convivencia nacional, el planeta tierra ha oscilado entre el nacionalismo extremo y la globalización.

La Segunda Guerra Mundial, y la Primera, nos mostraron cómo los nacionalismos exacerbados contaminados de imperialismo acabaron con naciones enteras, con regiones completas del mundo y con millones de vidas, de tal manera que después de estas dos contiendas hubo un consenso universal para poder convivir a través de organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, y se dieron regionalmente intentos muy sanos y con resultados específicos como la Unión Europea de poder estructurar organizaciones supranacionales que permitieron a los países convivir.

En última instancia es un flujo constante, como decía Heráclito, en búsqueda por el justo medio, que aunque insisto, no es posible encontrar, debemos procurar hallarlo de alguna manera.

Es por eso que ahora el tema de convivencia internacional, vengo a presentar una propuesta a título personal, y a nombre de la fracción a la que pertenezco, para que México pueda constituir parte de parlamentos internacionales.

Ya existe en Europa un Parlamento Europeo, ya está la Constitución de Costa Rica, en la de Honduras, en la de El Salvador, en la de República Federal de Alemania la posibilidad de que esas naciones constituyan estructuras supranacionales de índole parlamentario. De tal manera que, viendo cómo ahora el mundo después de una tendencia sobre la globalización se está enconchando de nuevo —no voy a mencionar naciones ni individuos de recuerdo ominoso— pero viendo que se está, el nacionalismo exacerbado, multiplicándose con el riesgo de reproducirse, creo que es momento amigos, amigas de instituir en nuestra Constitución, en particular a través de una adición al artículo 39, la posibilidad de que México forme parte de un parlamento mundial.

Ya sé que no está a la vista, ya sé que no será inmediato, pero creo esta legislatura puede pasar a la historia como una legislatura que hizo una aportación extraordinaria para evitar el exacerbado nacionalismo.

No quiero decir con esto que el nacionalismo sea algo malo, su principal teórico, el filósofo alemán Johann Gottfried von Herder lo dijo: nacionalismo consiste en la convivencia pacífica de naciones en este mundo. Lo que pasa es que la convivencia a veces traspasa los límites del respeto y de la honorabilidad, de la dignidad. Es cuando los países, en su pretensión de ser únicos e irrepetibles, ven con desprecio a los demás y dejan de respetarlos.

De tal manera que abogo por un parlamento internacional, abogo por una comunidad mundial que resuelva los problemas de toda una humanidad, que de esta forma se vea impelida a tener más integración política, económica y social.

Esta iniciativa obviamente no es exclusivamente mía. Hace tiempo fue presentada en esta Cámara por un excelso legislador, maestro mío, don Juventino Castro, fue presentada con otros términos, otras palabras, pero aquí estuvo y desafortunadamente entiendo que precluyó con la muerte de este legislador, ha sido difundida por organizaciones civiles de orden mundial, por juristas como Francisco Plancarte y García Naranjo, de tal manera que no soy el único que pretende que México suscriba este tipo de organizaciones internacionales, de tal manera que la presento con mucho respeto esta tarde y les pido eventualmente su apoyo. Gracias, y buenas tardes.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Tamez Guajardo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Saludamos a alumnos y maestros de las escuelas primarias de la Zona Escolar 160, del distrito seis, de Puebla, invitados por la diputada Xitlalic Ceja García. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El diputado Luis Manuel Hernández León:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya finalidad es otorgar una segunda prórroga para pagos de amortización de capital e intereses cuando un trabajador deje de prestar sus servicios en el sector gubernamental.

El artículo 4o. de nuestra Constitución establece, en su párrafo séptimo, que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En congruencia con lo anterior, el artículo 4 de la Ley del ISSSTE establece que los préstamos hipotecarios y financiamiento en general para la vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación, etcétera, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, son prestaciones de carácter gratuito.

Asimismo, de acuerdo con lo que establece el primer párrafo del artículo 183 de esta ley, se prevé que en el caso de que el trabajador acreditado quede desempleado se le pueda otorgar una prórroga por un plazo máximo de 12 meses sin causar intereses moratorios, situación que le otorga una protección ante el desempleo para pago de los créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste.

Lo anterior puede parecer una ayuda para los trabajadores al servicio del Estado, y de hecho lo es, sin embargo esta norma no es equitativa con los derechos de los que gozan los trabajadores que se acogen al régimen de seguridad social previsto en el apartado A del artículo 123 constitucional. Lo anterior se hace evidente cuando analizamos que en la Ley del Infonavit se advierte que cuando un trabajador hubiere recibido crédito del Instituto, este le otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios.

Se establece además en este precepto, que durante dichas prórrogas los pagos de principal y los intereses ordinarios que se generan se capitalizarán al saldo insoluto del crédito, indicando también que las prórrogas que se otorguen al trabajador no podrán ser mayores de 12 meses cada una, sin exceder en su conjunto más de 24 meses, las cuales terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral.

Como podemos corroborar, los trabajadores al servicio del Estado que dejan de prestar sus servicios carecen de las mismas oportunidades de prórroga para los pagos de amortización, que aquellos que se acogen al apartado A del artículo 123 de nuestra carta magna.

En Nueva Alianza estamos comprometidos a mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores del país sin importar a qué régimen pertenezcan, por este motivo consideramos indispensable y posible mejorar la redacción del artículo 183 de la Ley del ISSSTE, para favorecer a los trabajadores en los casos ya mencionados.

Así, se busca que cuando un trabajador deje de prestar sus servicios le sea otorgada prórroga hasta por dos ocasiones, sin causar intereses en los pagos de amortización por concepto de capital e intereses. Lo anterior señalando que las dos prórrogas no podrán ser consecutivas y que cada una de ellas tendrá un plazo máximo de 12 meses, sin que puedan exceder en su conjunto más de 24.

Compañeras y compañeros, estamos convencidos de que coincidirán con la postura que en Nueva Alianza tenemos en ayudar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de nuestro país. A todos nuestros compañeros legisladores y, particularmente, a los que tenemos origen sindicalista, les solicitamos su apoyo y su respaldo a la iniciativa para favorecer a los trabajadores de México. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernández León. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Muchas gracias, diputada presidenta. Buenos días y buenas tardes a todos. Compañeros legisladores, a los invitados que nos acompañan en este recinto y a las personas que nos hacen el honor de seguirnos a través del Canal del Congreso.

En esta ocasión hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados, misma que solicito a la Presidencia sea insertada en sus términos en el Diario de los Debates.

Quiero explicar el objetivo que tiene la propuesta y los motivos que me impulsan a hacerlo. El objetivo es fortalecer el debate parlamentario, estimular la participación de las y los diputados, la discusión y aprobación de los proyectos que se presentan en este pleno, así como el enriquecer el debate parlamentario mediante la reforma al Reglamento, que inhiba la ausencia de los legisladores durante las sesiones del pleno, considerando que esta ausencia es un agravio a la representación que ostentamos como funcionarios.

Para nadie es secreto la molestia que genera en los ciudadanos la ausencia de los diputados durante la sesión del pleno y no puede ser de otra forma debido a la naturaleza de la actividad legislativa que tiene la Cámara de Diputados y siendo esta nuestra responsabilidad. Legislar es la tarea fundamental del Poder Legislativo y, para ello, la Constitución Política establece la obligación del Congreso General de reunirse en dos periodos de sesiones ordinarias al año.

Bajo este mandato constitucional, el Reglamento de la Cámara dispone que las sesiones del pleno preferentemente se realicen los días martes y jueves de cada semana. Asimismo, prohíbe que las reuniones de las comisiones empaten con las sesiones del pleno.

Sin embargo, la costumbre ha superado al marco jurídico y las comisiones en su mayoría convocan a sesión el mismo día y hora de la sesión del pleno, razón principal de la ausencia de los legisladores durante las sesiones, aquí en este recinto.

Ante tal circunstancia, es indispensable robustecer el Reglamento y en este sentido recalcar en las obligaciones de las comisiones y de los comités a cumplir con el marco jurídico, considerando que el pleno es el órgano de máxima decisión de la Cámara y que este parlamento se integra de 500 diputados y diputadas. Entonces, no es dable conceder que los curules se encuentren vacíos, cuando se supone que la obligación de cada uno de nosotros es asistir y permanecer en las sesiones a las que somos convocados.

Hacer lo contrario indigna al cargo que representamos, como representantes populares, tomando en cuenta que en esta soberanía se toman decisiones que impactan en la vida de los mexicanos. Por ello, la ética del legislador debe conducir la vida de la Cámara.

Sin embargo, la falta de regulación eficaz permite que se vote sin conocer el contenido de dictámenes, por lo que considero necesario incorporar la excusa del legislador para votar cuando por ausencia desconozca el dictamen y otorgar la facultad a la Presidencia de la Mesa Directiva, de recursar, recusar, perdón, a quien debiendo excusarse no lo hiciere.

Para el caso de las votaciones nominales, el presidente de la Mesa Directiva solicitará el bloqueo automático del acceso a los y las legisladoras ausentes, durante la discusión que sea por un periodo mayor de 30 minutos, algo que ocurre con frecuencia durante las votaciones nominales o a mano alzada, para los que no conocen el término de votación nominal.

Es la generación de la duda respecto del resultado de alguna votación, para obligar a que se reponga el procedimiento, dando con ello tiempo a convocar de manera urgente a los diputados y diputadas integrantes de un determinado grupo parlamentario para alcanzar el voto a conveniencia de este, mayoriteando la votación.

Desde luego que este es un acto desleal, por lo que también propongo el bloqueo de acceso al salón de sesiones desde el momento que dé inicio la votación nominal hasta el momento en que quede resuelta en definitiva la votación de que se trate.

Es decir, si habiendo duda de la votación y se requiera de una nueva votación, esta se efectúa en un clima de democracia.

Como pueden ver, la intención de la presente iniciativa es dignificar la actividad parlamentaria que genere mayor certidumbre, un piso parejo en el desarrollo de nuestra actividad en este recinto, y con ello generar mayor confianza en la ciudadanía. Es cuanto y muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Refugio Trinidad Garzón. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Saludamos con mucho gusto a representantes del municipio Santiago el Pinar, de Chiapas, invitados por el diputado Diego Valera. Sean ustedes bienvenidos. De igual forma saludo a estudiantes y profesores de la preparatoria, plantel sur, de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el diputado Braulio Guerra Urbiola. Bienvenidos.

Así como alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios número 6, de la delegación Tláhuac de la Ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Sean todos bienvenidos. Saludamos la presencia del grupo Mujeres de Corazón, invitados por la diputada Bárbara Botello, que hoy nos acompañan.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa suscrita por el diputado Blanco Zaldívar y Juan Corral Mier, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar:Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Saludo a la gente que nos acompaña a través del Canal del Congreso en su edición de este día.

Antes de empezar quiero, una vez más, mandar nuestro más sentido pésame por la irreparable pérdida de Miroslava Breach Velducea, compañera amiga de Chihuahua; periodista de La Jornada y de El Norte de Ciudad Juárez. Madre de familia, toda una emprendedora. Segundo periodista asesinado de Chihuahua en los últimos cuatro meses. A través de este medio les hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

Para empezar, quiero agradecerle y reconocer al diputado Juan Corral Mier, compañero diputado de la bancada, por contribuir, de hecho tener la idea de esta iniciativa. Para Acción Nacional el municipio es el eje de la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país.

Por ello, consideramos esencial la promoción de esta iniciativa para que se dote a los gobiernos municipales de estructura y personal que esté a la altura, que pueda ayudar al desarrollo de la comunidad, es esencial.

El gobierno municipal, como primera instancia de administración pública y la más cercana a la ciudadanía, es también el espacio donde se pueden llevar a cabo los procesos democráticos esenciales, favoreciendo la participación ciudadana en la vida pública.

Sin embargo, debemos reconocer que el desarrollo y el desencanto que ha tenido la democracia en nuestro país es una realidad. La ciudadanía está cansada, decepcionada y la razón es clara: no se pueden creer y no se sienten tomados en cuenta en esta acción democrática que estamos teniendo.

No es garantía de desarrollo ni mejoramiento de las condiciones de la vida de la población y ahí es donde el gobierno municipal juega un papel fundamental para que haya eficacia y legitimidad en los gobiernos más cercanos a la ciudadanía.

El problema de la mayoría de los gobiernos municipales es que están muy lejos de tener verdaderos procesos para la definición de políticas públicas. Ello, sin duda, entorpece sus labores y merma el cumplimiento de los objetivos de los gobiernos municipales.

En el PAN, consideramos importante construir un marco normativo que rija a los gobiernos municipales, acorde a las necesidades de la ciudadanía. Se trata pues, de impulsar la planeación y una política pública con visión de largo plazo, a la cual se asignen los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de la operación de todos los programas que los municipios tienen al alcance.

En ese sentido, la presente iniciativa propone la profesionalización del personal municipal como una alternativa efectiva que abona a la eficiencia y a la transparencia de los gobiernos municipales. El objetivo es que el personal que labora de la mano de los alcaldes, las gentes cercanas, las gentes que tienen, en las que descansan su trabajo, tengan conocimientos, habilidades y actitudes para cumplir con sus funciones.

Por ello, se hace necesario un programa de capacitación permanente y asesoría que permita contar con servidores públicos estables y profesionales en los asuntos públicos locales. El Servicio Profesional de Carrera Municipal, que es lo que estamos proponiendo hoy en esta iniciativa, contribuirá, entre otras cosas, a la optimización de los recursos públicos federales, a fin de que beneficien al mayor número de habitantes y este es un objetivo primordial en tiempos de recortes presupuestarios como los que hoy estamos viviendo en México; por supuesto que se requiere de un procedimiento claro en el proceso de reclutamiento del personal, la selección y los concursos de ascenso, así como los incrementos salariales que sean claros y transparentes.

Seguramente la opinión pública sobre el Servicio Civil de Carrera será positiva, pues significará que quien ostente un cargo lo obtiene gracias a su capacidad y preparación y no por otro tipo de prácticas desleales o ventajosas.

Adicional a lo anterior, se dotaría a los municipios de mayores oportunidades en el ejercicio de la administración pública municipal, dándoles mayores atribuciones al municipio en la materia, ya que contarán con recursos económicos necesarios para la creación de programas, mejorando la infraestructura en áreas de capacitación e invirtiendo en las áreas más urgentes y necesarias que cada municipio tenga.

Con este proyecto se abre un espectro amplio de grandes ventajas para los municipios, sin hacer a un lado que cada uno tiene una identidad y forma y naturaleza propia que en algunos casos, muy seguramente los procesos de adaptación y aplicación de esta reforma llevarán tiempos y acciones diferentes, pero que son necesarios acorde a las necesidades que vive el país.

Señoras y señores diputados, Acción Nacional concibe la política como una gran oportunidad para ayudar y servir al hombre y a la comunidad a la cual pertenecemos, más que para ser un dominio sobre los demás.

En congruencia, hoy pongo a su consideración la presente iniciativa. Es tiempo de que hagamos valer el pleno respeto a la autonomía municipal y brindemos las herramientas necesarias a las alcaldías para la justa profesionalización de su personal y el cumplimiento de sus objetivos planteados.

La reforma al artículo 115 constitucional que hoy estamos promoviendo, será sin lugar a dudas un parteaguas en la administración pública municipal. Es cuanto, señora diputada presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juan Blanco. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Saludamos con mucho gusto al profesor Cayetano Armenta, a la profesora María Elena Rubio, a la licenciada Miriam Armenta Rubio, de Guasave, Sinaloa, que hoy nos acompañan, invitados por el diputado Jesús López Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DEL BANCO DE MÉXICO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos el diputado Sergio López Sánchez, de Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México.

El diputado Sergio López Sánchez:Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Presentaré tres iniciativas en esta exposición. Presento iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México, la iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de zonas Económicas Especiales y el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera.

Hoy México se enfrenta a un contexto interno y externo complejo. En este ambiente algunas de las reformas estructurales que fueron propuestas por la actual administración federal presentan problemas de instrumentación y otras de maduración en un ambiente institucional complejo y debilitado.

Se estima que solo una de las reformas estructurales, en especial la hacendaria, presenta resultados relativamente positivos en términos de captación tributaria, pero reporta serios problemas en términos de transparencia y destino de los recursos.

También hay serios problemas en términos de eficiencia del gasto. El gasto presenta una trayectoria creciente en los últimos años, pero tiene un impacto prácticamente nulo en términos de crecimiento económico. En suma, el gasto crece pero no crece la inversión ni la economía.

Otro gran problema es que ese gasto viene acompañado de un endeudamiento creciente, a pesar de que los ingresos crecen. El asunto se hace más complejo si observamos la trayectoria del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, el cual en 2014 representaba 42 por ciento del PIB, y al mes de diciembre de 2016 llegó a 50 por ciento del PIB. Esto es realmente preocupante porque los niveles de endeudamiento crecen y la justificación que posibilitó flexibilizar el déficit, no se verifica.

El Banco de México y la Secretaría de Hacienda no toman medidas contundentes ante este problema y sólo coincide en proyectar a la baja las expectativas de crecimiento de la economía mexicana.

Por todo lo anterior, es importante promover urgentemente un cambio normativo que dé lugar y sustento a un cambio de estrategia de la política económica.

México debe alinear la política fiscal con la política monetaria para impulsar de manera consistente y con ejes de crecimiento endógeno, un mayor impulso a la economía mexicana.

Es necesario complementar la reforma hacendaria con una reforma monetaria con el fin de habilitar al Banco de México de más instrumentos para promover el crecimiento de la economía, sobre todo por los pobres resultados obtenidos en términos de crecimiento y desarrollo económicos de nuestro país en los últimos 20 años.

Para resolver este problema presentamos esta reforma monetaria con el fin de habilitar al Banco de México de instrumentos robustos para apoyar la economía real, el mercado interno, la inversión y el empleo.

El Estado, en cualquier economía del mundo, debe de ser robusto y garantizar estabilidad y crecimiento económico mediante el uso adecuado de instrumentos fiscales, monetarios y financieros.

El Estado debe posibilitar que nuestras instituciones y las políticas que de ellas emanen, promuevan la economía real, de tal manera que los agentes económicos incrementen la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo, el ahorro en un contexto de apertura económica y competitividad productiva; debe propiciar desarrollo económico en un ambiente de estrecha vigilancia de la evolución de los agregados fiscales, monetarios, inflación, nivel de las reservas y el tipo de cambio.

El Estado debe perseguir, alcanzar y sostener crecimiento económico real al menos del doble de lo que a la fecha se ha logrado y deber verlo como una consecuencia de la evolución estable del mercado interno y de los fundamentales macroeconómicos. Si el perfil de los indicadores reflejan estabilidad real, la consecuencia inmediata es la presencia de crecimiento económico, convirtiendo este proceso en un círculo virtuoso.

Por todo lo anterior, es prioritario que el Estado mexicano cuente con un banco central autónomo que contemple dentro de sus importantes objetivos la promoción del crecimiento económico.

La presente iniciativa tiene por objeto facultar al Banco de México para promover el crecimiento de la economía, con la finalidad de lograr un sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Adicionalmente, informo que presento dos iniciativas más, la primera reforma al artículo 12 de la Ley de Zonas Económicas Especiales con el fin de incorporar e incrementar los insumos nacionales a los procesos productivos de las zonas.

La segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Minera en materia de consulta indígena. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Sergio López Sánchez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

El diputado Sergio López Sánchez:

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY MINERA

El diputado Sergio López Sánchez:

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos de nivel preparatoria del Colegio La Florida de la Ciudad de México, quienes acuden a este salón de pleno invitados por la diputada María Ávila Serna. Sean ustedes bienvenidos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Elías Ojeda Aquino, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Elías Ojeda Aquino:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a propósito del 79 aniversario de la expropiación petrolera, ocurrido hace unos días, cabe hacer una reflexión sobre las reformas a la Constitución y a las maneras previstas en el mismo texto para modificar su contenido.

Hasta ahora se han publicado 231 decretos, 699 reformas y casi un millar de modificaciones a 114 de los 136 artículos, es decir, una transformación de más del 80 por ciento de la versión original de la Constitución proclamada en 1917.

Esto demuestra abuso, que se ha hecho de las reformas a la carta magna. No sólo es una numeraria, que francamente resulta excesiva, sino que representa un viraje de 180 grados sobre el contenido, sobre las decisiones políticas fundamentales que ha realizado primero el partido de Estado, el PRI, durante todo el siglo XX y desde los años 90, ese instituto político aliado con partidos satélite o aquellos que siempre han buscado revertir las conquistas fundamentales de la Revolución Mexicana.

Baste ver las reformas constitucionales que han sido el eje del Pacto contra México y que han resultado desastrosas para el país, como la mal lograda reforma educativa y la reforma energética. En nuestro marco normativo se impide hacer una revisión del procedimiento y del contenido de las reformas constitucionales.

Después de la reforma constitucional, en materia de derechos humanos, del año 2011 se introdujeron una serie de candados que impiden a los ciudadanos ejercer actos de revisión del contenido reformador de la Constitución.

Primero, el artículo 35, fracción VIII, numeral 3, impide realizar consultas populares sobre casi cualquier tema, por considerar que tiene efectos sobre la economía nacional. Es relativa a la forma de gobierno o a la seguridad nacional. Todas las tentativas que se hicieron al recolectar millones de firmas para solicitar una consulta fueron rechazadas por la Suprema Corte simplemente porque el texto constitucional lo prohíbe.

Por otro lado, en la nueva Ley de Amparo, en su artículo 61 señala que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Esto deja a los gobernados en estado de indefensión ante los abusos y la dictadura de la mayoría parlamentaria, sin importar que con sus votaciones se modifiquen decisiones políticas fundamentales.

La rectoría del Estado sobre la economía y la propiedad de los hidrocarburos, el gas y el petróleo, son un ejemplo claro cómo unos cuantos pueden votar en contra del interés popular mayoritario y otorgarle privilegios a una minoría, y aun peor, a las empresas extranjeras y hasta ahora nada puede hacerse porque ha quedado inscrito en la Constitución.

En tal virtud, propongo que se adicione un tercer párrafo al artículo 135 constitucional, donde se tenga la oportunidad de impugnar violaciones al procedimiento de reformas a nuestra Carta Magna, así como la infracción, restricción o menoscabo a las decisiones políticas fundamentales, mediante los medios de control constitucional como son el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que son mecanismos procesales que tienden a reivindicar el espíritu garantista de nuestro país.

Por ello, una reforma constitucional que permita el control a la Constitución y sus modificaciones, es indispensable. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ojeda Aquino. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 213 y 244 del Reglamento de la Cámara de Diputados, iniciativa que suscribe la diputada Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez y el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Buenas tardes, queridos compañeros. A quienes nos siguen por el Canal del Congreso y al pueblo de México, el día de hoy, a título de mis compañeros y el mío propio, presentamos ante ustedes esta iniciativa con el firme propósito de que la transparencia y la rendición de cuentas se haga propia de esta honorable Cámara de Diputados.

La confianza debe ser la base que sostiene a nuestra democracia, esa confianza hacia los servidores públicos y representantes de esta Cámara de Diputados no es inherente al hecho de ser diputados, se debe ganar por el cumplimiento de nuestras obligaciones día a día.

Hace algunos años, el 15 de septiembre de 2012, en que se conmemoró el Día Internacional de la Democracia, se dio a conocer la declaración sobre transparencia parlamentaria. Esta declaración sobre transparencia parlamentaria se constituyó como un llamado a los parlamentos nacionales y a los órganos legislativos subnacionales para poder promover la cultura de la transparencia.

La apertura parlamentaria en nuestro país ha sido una exigencia de los ciudadanos, pues cada día demandan más y más información de lo que sucede dentro de esta Cámara de Diputados.

Ciertamente, esta oportunidad de transparentar la rendición de cuentas hoy, le permite a los ciudadanos cotejar lo que sucede con el dinero del pueblo de México. Sin embargo, el pueblo de México considera que le hemos fallado y hay diversas organizaciones, entre ellos la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, que señala que en este continente americano, al que nosotros pertenecemos, únicamente el 51 por ciento de aprobación en transparencia legislativa se proyecta hacia los gobernados, en este parámetro se incluye al pueblo de México.

Ciertamente, nuestro país incrementó un poco, pues aumentó del 39.5 al 54.10 por ciento, sin embargo, esto fue un avance muy pequeño en razón de lo que demanda el pueblo de México.

Gracias a la oportuna aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, hoy los ciudadanos pueden accesar a los portales y realizar el seguimiento. Sin embargo, en el Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha actualizado, para que sea la rendición de cuentas oportuna y completa para los mexicanos que lo consulten.

Por ello, considero importante proponer a esta asamblea la armonización del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de precisar y hacer del conocimiento de los ciudadanos el cumplimiento de la obligación de la norma antes citada.

Mediante la modificación del artículo 213 y 244 del Reglamento de esta Cámara, nos permitirá la oportunidad de precisar la información que se pondrá a disposición del público, los tiempos en que se debe actualizar, para que sean acordes con las leyes de transparencia y acceso a la administración pública.

Es necesario que en temas de transparencia y rendición de cuentas estemos nosotros a la vanguardia, porque con ello enviaremos un mensaje preciso a los ciudadanos, de que en esta casa del pueblo se predica con el ejemplo.

No es tan difícil, compañeras y compañeros, pero sí existen serias deficiencias que nos recriminan y nos ponen en las primeras planas de los medios informativos para criticarnos y exponernos. No hay necesidad.

Hagamos que lo que parece turbio se convierta en transparente y que quede ahí para que todos puedan constatar que lo que se hace en esta Cámara de Diputados es servirle a los mexicanos, con transparencia y con honradez, pues para muestra basta un solo botón.

He de decirles que en la subrogación de los servicios de aseo y limpieza en esta Cámara de Diputados, año con año se erogan más de 30 millones de pesos. Sin embargo, no se sabe cómo, a quién ni en qué consisten los contratos que se adquieren con este personal de prestación de servicios.

Y lo peor de todo es que ni siquiera se tiene un señalamiento puntual de indagatoria de cómo se supervisa el cumplimiento del contrato de ambas partes y únicamente se limitan a contestar que el cumplimiento es exclusivamente a través de la observación, de los medios oculares.

Entonces, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, seamos transparentes. Esto es tarea de todos y el pueblo de México nos lo va a agradecer. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Rosa Alba Ramírez Nachis. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión nos dirigimos a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y VII del artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya finalidad era robustecer el marco normativo que regula los requisitos comerciales del comercio por Internet para brindar mayor seguridad en este tipo de transacciones.

Todos hemos hecho compras por Internet, esta práctica se ha vuelto cada vez más común. Y si para nuestra generación y la que nos antecede se ha vuelto una herramienta útil para las transacciones, para las nuevas generaciones se ha convertido en la forma primordial de comercio. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el comercio electrónico es el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación.

El comercio electrónico ha tenido un incremento sostenido a nivel mundial y nuestro país no ha sido ajeno a este crecimiento, en México, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Internet, el comercio electrónico ha registrado un crecimiento sostenido superior al 42 por ciento desde el año 2011. Alrededor de 45 millones de mexicanos utilizan Internet y más de 17 millones realizan compras por este medio.

La misma asociación menciona que en 2012 el 44 por ciento de los internautas mexicanos compraron algún producto o servicio por Internet en un sitio mexicano, lo cual representó un nueve por ciento con respecto al año anterior.

En la legislación nacional corresponde a la Ley Federal de Protección al Consumidor promover y proteger sus derechos, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En ese sentido, la referida ley establece en su artículo 1, fracción VII, que la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y la adecuada utilización de los datos aportados constituyen un principio básico de las relaciones de consumo.

En ese orden de ideas, la ley cuenta con un capítulo 8o. Bis referente a los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

La fracción II del artículo 76 de la ley vigente menciona que en las transacciones efectuadas los proveedores proporcionarán su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarles sus reclamaciones o solicitarles sus aclaraciones.

En Nueva Alianza consideramos que existe un vacío legal con solo la presentación de estos requisitos, ya que no conocemos mayores datos de la persona y del bien o servicio a comprar. Es por este motivo que resulta inaplazable fortalecer la información y los requisitos mínimos para proteger efectivamente a los consumidores.

En este sentido proponemos que se incluyan también el nombre o denominación social, la dirección física y virtual, los datos de contacto, como teléfono y correo electrónico, el precio de los productos o servicios; así como las condiciones para la compra, transporte y entrega de los mismos productos.

Todo lo anterior, a efecto de concertar una compra-venta virtual segura para el consumidor. Es una realidad que las transacciones virtuales en nuestro país no se encuentran del todo reguladas y aún carecen de obligaciones jurídicas adecuadas y pertinentes. Por esa razón, se aplica la legislación civil y mercantil de forma supletoria para cumplir con los requisitos que hacen legal la compra-venta.

En Nueva Alianza, queremos dar certeza jurídica a todos los consumidores del país, por ello proponemos que se incorpore una fracción al artículo 76 Bis de la ley, en el que se establezca que el proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara, segura y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en particular, tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población.

Las y los diputados turquesa estamos comprometidos con el bienestar y el desarrollo de todos los mexicanos, por ello, como parte de nuestra agenda legislativa, buscamos proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales, claras y seguras.

En Nueva Alianza estamos decididos a robustecer nuestro marco legal para tener un comercio electrónico más confiable. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Carlos Gutiérrez García. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología. Invitados por el diputado Baltazar Martínez Montemayor. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia.

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con su venia, diputada presidenta. A decir del Inegi, en los últimos cinco años se ha registrado un aumento de la esperanza de vida en México, siendo que para el año 2015 la media nacional se ubicó en 76 años de edad, esta cifra revela la transformación de la composición demográfica en el país.

Por ello, hoy más que nunca es necesario tomar medidas urgentes para atender las necesidades de este grupo que crece a una gran velocidad. Los adultos mayores se encuentran muchas veces en una franca situación de vulnerabilidad; la falta de políticas públicas y una legislación deficiente, provoca que sufran discriminación, aislamiento y vulneración a sus derechos humanos.

Uno de los problemas que enfrentan es el de no poder acceder a un crédito u otros servicios financieros, lo que supone una lesión a su independencia económica y un freno a su desarrollo personal y a la plena inclusión en sus comunidades.

Igualmente, existe un numeroso grupo de adultos mayores que trabajaron bajo un esquema en el cual no contaban con seguridad social y que hoy en día no cuentan con una pensión que les provea de los recursos necesarios para conservar un nivel de vida digno.

Las y los diputados de Encuentro Social creemos que es nuestra responsabilidad crear propuestas que contribuyan a erradicar todas las formas de discriminación, en este caso, la discriminación por edad. Es nuestro deber incentivar a la sociedad para fortalecer la independencia, la capacidad de decisión y el desarrollo personal y comunitario de los adultos mayores.

Al respecto, en septiembre de 2016 el pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la reforma que crea un nuevo tipo de hipotecas que se constituye sobre un inmueble, vivienda habitual y propia de un adulto mayor, para garantizar el capital que le concede una entidad financiera para cubrir sus necesidades económicas de vida. Dicha hipoteca, es decir la hipoteca inversa, garantiza el capital prestado que puede ser dispuesto mediante pagos periódicos durante el resto de su vida.

En el Estado de México se legisló sobre la materia en 2013 y en Jalisco, por su parte, el Congreso local reformó y adicionó diversos artículos para regular la denominada hipoteca pensionaria en el Código Civil.

La facultad para legislar sobre cualquier modalidad de hipoteca está constitucionalmente conferida a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sin embargo es competencia de este Congreso legislar en materia de comercio y servicios financieros.

Por lo anterior, esta iniciativa propone que esta Legislatura se sume a la labor de los congresos de los estados en los cuales ya se legisló sobre la hipoteca inversa, para que la figura se encuentre prevista en una ley mercantil. Se trata de una medida que busca empoderar a este grupo vulnerable. Es muestra de reconocimiento al trabajo y las aportaciones que los adultos mayores han hecho a nuestra sociedad.

Las y los diputados de Encuentro Social reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando a favor de los adultos mayores. Sabemos que son un pilar fundamental en las familias mexicanas y su bienestar es responsabilidad de todos. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Melissa Torres Sandoval. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Saludamos con gusto a alumnos de la Escuela Primaria Gabriela Mistral, de la Unidad Habitacional El Rosario, de Tlalnepantla; los mejores promedios que asisten acompañados por su directora Susana Zurita, a invitación de la diputada Angélica Mondragón Orozco. Sean ustedes bienvenidos.

Igualmente a estudiantes del Centro Universitario Continental de Pachuca, Hidalgo, invitados por la diputada María Gloria Hernández Madrid.

Así como a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, Guanajuato, invitados por la diputada Daniela de los Santos Torres. Todos sean bienvenidos.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, suscrita por la misma diputada e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza:Con la venia de la Presidencia. Antes que nada envío un saludo a la niña Valeria Plascencia Cabrera, representante del distrito 2 de Jalisco, en el pasado Parlamento Infantil organizado por esta Cámara de Diputados y como te lo prometí hace semanas, presento esta iniciativa de ley que es una inquietud general tuya y de todos los que participaron.

Compañeras y compañeros diputados, quiero iniciar preguntando si alguno de ustedes recuerda los temas o los resultados de las pasadas consultas infantiles en México. Esta iniciativa de ley busca ampliar el derecho a la participación de la infancia y brindar reconocimiento a que su opinión sea tomada en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre las problemáticas que enfrenta la niñez en México y en todo el mundo.

Recordemos que con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde 1989, ellos pasaron a ser sujetos de derecho, y por eso hoy los adultos conocemos cuáles son las necesidades de la infancia.

Recordemos que en este sentido la ONU ha señalado que si bien muchos niños que nacen hoy podrán disfrutar de grandes oportunidades que no estaban disponibles hace 25 años, lo cierto es que no todos tendrán la misma situación de crecer sanos e instruidos ni de ser capaces de desarrollar todo su potencial y de convertirse en ciudadanos que participen plenamente en sus sociedades.

Lo anterior, nos obliga a encontrar soluciones y que los gobiernos generen los mecanismos necesarios para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder al ejercicio pleno de sus derechos a través de su reconocimiento en la ley.

Es en este contexto que diferentes países han realizado esfuerzos para conocer las necesidades de los menores a través de encuestas o consultas directas a las niñas, niños y adolescentes, mismas que han permitido a los gobiernos saber con mayor precisión cuáles son sus preocupaciones y cuáles son los derechos que desean que se protejan de mejor manera por parte del Estado.

Es de destacar que en América Latina el interés de las niñas, niños y adolescentes por participar en las decisiones y en el proceso de diseño de políticas públicas se ha incrementado en los últimos años. No obstante sigue siendo baja su intervención en estas materias.

Resulta pertinente observar que los jóvenes están liderando nuevas formas de participación, expresión y apropiación ciudadana a través de las redes sociales, representando uno de los mayores retos de la gobernabilidad democrática en América Latina.

En cuanto a México, debemos señalar que desde el año de 1997, a la par de los procesos electorales, se han realizado ejercicios de participación y consultas infantiles con la finalidad de generar una cultura cívica entre los niños y adolescentes.

Los resultados de lo que han expresado en cada uno de estos espacios de participación son compartidos por el INE y diversas instituciones nacionales e internacionales, así como organizaciones y grupos de personas que se dedican a trabajar por el bienestar de la niñez y de la adolescencia mexicana.

Eventos como el pasado X Parlamento Infantil 2017, pone en evidencia el interés de participación, pero también la necesidad de conocer y crear una política bajo la sensibilidad y la visión de las niñas, niños y adolescentes.

Falta cerrar el círculo virtuoso que estos ejercicios de participación de la niñez mexicana han generado, dando un paso adelante para garantizar que las opiniones y puntos de vista de los menores sean realmente tomados en cuenta en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas.

Bajo esta lógica, en el Partido Verde consideramos imprescindible vincular los mecanismos de participación de la infancia de entre 10 y 17 años para el diseño y ejecución de las políticas públicas, así como la creación o perfeccionamiento del marco legal vigente, dando una interpretación más amplia al derecho de los menores a ser oídos y tomados en cuenta por las autoridades.

En virtud de lo aquí expuesto, la iniciativa que hoy presento ante ustedes pretende que se garantice a las niñas, niños y adolescentes de México no sólo su derecho a la participación, sino el derecho a que su opinión sea tomada en cuenta para la creación de leyes y políticas públicas, lo cual permitirá que los menores participen en la solución de los problemas en forma activa y no sólo como espectadores y/o denunciantes. Es cuanto.

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo.

La diputada Azul Etcheverry Aranda:Con su venia, señora presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. y adiciona al artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Antes de entrar de lleno al contenido de la iniciativa, permítanme darles un antecedente que seguramente muchos de ustedes recordarán: el Programa Bracero 1942-1964 es quizás el ejemplo más relevante que existe por su dimensión y su duración de los programas de trabajadores temporales a nivel mundial.

Los antecedentes inmediatos del Programa Bracero fueron el sistema de contratación conocido como Enganche y las deportaciones masivas de las décadas de los 20 y de los 30. El primer acuerdo bilateral del que se tenga noticia data de 1909, el último año de mandato de Porfirio Díaz, con el presidente de los Estados Unidos, William Taff.

En los primeros años de sus administraciones firmaron un convenio por la exportación de mil trabajadores que deberían ir a laborar a los campos de betabel, una industria que se considera como prioritaria para el gobierno americano, dada la ausencia de los climas adecuados para la producción de caña de azúcar.

El Programa Bracero tuvo notables ventajas, la primera fue acabar con el sistema de enganche, la contratación dejó de ser un negocio particular y pasó a depender de programas oficiales de carácter bilateral.

La segunda fue el reconocimiento explícito por parte de Estados Unidos de la existencia de un mercado de trabajo binacional, es decir no había que ir a otros países o continentes a buscar trabajadores. Desde muchas décadas pasadas se daba un flujo de trabajadores entre México y Estados Unidos.

La tercera ventaja fue su carácter temporal, los trabajadores iban y regresaban. Este punto es fundamental porque es un elemento de coincidencia plena con los dos gobiernos involucrados.

Hay que señalar que el Programa Bracero funcionó a lo largo de 22 años, tuvo sus altas y sus bajas pero no se puede decir que fue un convenio bilateral que funcionó durante dos décadas y movilizó a más de cinco millones de trabajadores. Esto no es un fracaso, de ahí la generación del acuerdo de trabajadores migratorios temporales que buscaba al campo y a la industria en Norteamérica. Con esto se buscaba reparar un error cometido por el gobierno al no entregar a sus legítimos beneficiarios el producto de esfuerzo de su trabajo en los Estados Unidos.

El 25 de mayo de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, la cual establece que el Ejecutivo federal elaborará fideicomisos de administración de dicho fondo.

El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social, en los términos establecidos en esta ley, a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan presentado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 y 1964. Los beneficiarios, además de los ex trabajadores migratorios, serán en su caso sus cónyuges o concubinas que acrediten su calidad mediante resolución jurídica, o hijos o hijas o legítimos herederos que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a los que se refiere la ley. Con la creación de este marco jurídico, el Estado mexicano reconoce la legitimidad y justicia sobre los derechos adquiridos de nuestros paisanos migrantes.

A más de 10 años de su implementación se han logrado avances, no obstante no han sido suficientes, por lo que resulta imprescindible flexibilicen los requisitos para obtener este derecho.

Derivado de la creación de dicha ley en 2006, el gobierno federal levantó un censo, dando un total de 222 mil trabajadores, de los cuales 190 mil ex trabajadores braceros han recibido de manera justa su apoyo social.

Esta ley no considera compensación, indemnización o retribución alguna, por lo que el tenor de la iniciativa entra en concordancia con la defensa de los derechos de los trabajadores.

El reconocimiento de los derechos que asiste a los ex trabajadores braceros sobre los cinco diferentes tipos de documentos reconocidos como probatorios, según el texto actual de la ley en vigor son:

1. Contrato individual de trabajo, celebrado por cualquier compañía o contratante en los Estados Unidos de América, al amparo del Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964;

2. Comprobante de pago emitido por el contratante referido en el inciso a) anterior;

3. Tarjeta de identificación consular 1-100 en plástico, en el papel;

4. Número de Security administration derivado del contrato de trabajo del Programa Bracero entre 1942 y 1964, debidamente certificado por una Oficina del Social Security Administration o, en su caso, certificado a través de la constancia de expedición ante la Embajada de los Estados Unidos de América en México, o de sus consulados en el territorio nacional;

5. Mención honorífica expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América, que forzosamente vincule al ex trabajador migratorio mexicano con el Programa Bracero 1942-1964.

En el texto actual de la ley en vigor se constituye un gran avance y, en otro sentido, el no reconocimiento del derecho que pudiera asistir a los segmentos mencionados representa las limitaciones de los vacíos y las ausencias que permean en su texto.

Es así que la presente iniciativa busca contribuir a brindar una solución de fondo e integral sobre la problemática existente y derivada por la creación del fideicomiso en 2006, en el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Con la presente reforma se pretende flexibilizar los requisitos para que todos los trabajadores ex braceros cumplan con los requisitos que marca la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Conclusión: se debe saldar la deuda histórica que se tiene con nuestros trabajadores ex braceros.

Y por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. y adiciona el artículo 10 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Etcheverry. La diputada Etcheverry presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. y adiciona un artículo 10 a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Saludamos, con gusto, a un grupo de ex braceros que trabajaron en Estados Unidos, de 1942 a 1964, invitados por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

Saludamos también a alumnos de primaria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal Profesor J. Jesús Romero Flores, de Michoacán, invitados por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza. Sean ustedes bienvenidos.

De igual manera, damos la bienvenida a Jóvenes Red Poblana, invitados por el diputado José Lorenzo Rivera Sosa.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social. El primero, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11, de la Ley General de Desarrollo Social. Y el segundo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social, le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Esta Comisión Dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa, con fundamento en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XX y, numeral 3; 45, numerales 1 y 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se abocó al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme las consideraciones de orden general y específico, así como a la votación que en el sentido del proyecto de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

A. En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el 4 de octubre de 2016, el diputado Ángel García Yáñez del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

B. Con fecha 5 de octubre de 2016, el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, la Iniciativa en comento, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa en estudio se divide en los siguientes apartados:

A. En la parte que se denomina planteamiento del problema, el legislador explica que, los derechos sociales son considerados derechos humanos colmados de implicaciones económicas, inherentes al entorno cultural, ecológico, político, etc. En ese sentido, una de las prioridades de la política social es buscar el pleno bienestar para las personas, tutelada por los principios de equidad, justicia social, tolerancia, responsabilidad, participación, sustentabilidad y sostenibilidad.

B. En el desarrollo de la iniciativa y para efecto de ilustrar y ampliar el significado de los términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, el legislador hace mención de diversos documentos e instrumentos internacionales relativos a la materia, tales como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague 1995, la Asamblea General sobre Copenhague+5, la Declaración del Milenio, el informe Brundtland y la Carta de la Tierra.

C. El promovente señala, que para lograr estabilidad social es preciso considerar que los seres humanos somos el núcleo de desarrollo sostenible, en función del derecho a disfrutar de una vida sana y productiva, en armonía con la naturaleza. Si a ello le aunamos un esquema sustentable basado en la administración eficiente y racional de los recursos, sin que se afecte a las generaciones futuras, tendremos como resultado un ambiente armonioso.

D. Asimismo menciona que en el contexto nacional, el instrumento encargado de sentar las bases en materia de desarrollo social es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual tiene como tarea primordial desarrollar al máximo el potencial del país, obteniendo un mayor crecimiento económico, más equidad social y plena protección de los derechos humanos.

E. Del mismo modo señala para poner en contexto la situación de cómo se encuentran los derechos sociales en el país, es importante atender los índices establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el cual ha determinado que el porcentaje de la población que se encontraba en pobreza para el año 2012 fue de 45.5% y, en 2014, incrementó a 46.2%.

F. En tenor, el trabajo social, la vida en familia, al participación en la vida cultural, el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación, en su conjunto, son considerados derechos sociales, los cuales, tal como se establece en el cuerpo de nuestra Carta Magna, el Estado tiene obligación de garantizar.

G.A su vez menciona que la política social internacional contiene términos como sostenibilidad y la sustentabilidad, que resultan ser innovadores para el entorno social nacional. La propuesta va encaminada a integrar éstos términos en la legislación nacional, como un objetivo de la Política Nacional de Desarrollo Social, logrando con ello una nueva visión jurídica integral.

H. Es importante puntualizar que el desarrollo sostenible tiene como propósito generar previsibilidad e indicar las reglas que deben mantenerse en el tiempo para que exista la posibilidad de que las condiciones dictadas tiendan a eliminar la incertidumbre.

I. Respecto al desarrollo sustentable, éste se dirige a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

J. Considera improrrogable generar los cambios normativos de impacto en la política social, que prioricen la intersectorialidad por medio del trabajo en conjunto de gobiernos locales, municipales y federal, en conjunción con la sociedad civil, en torno a lograr un desarrollo sostenible y sustentable, para que las personas disfruten de todos sus derechos y para que estos sean exigibles y demandables en el marco de la Ley.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERO:La iniciativa en estudio propone adicionar una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, que para mayor claridad se transcribe incluyendo la reforma planteada, para quedar como siguen:

SEGUNDO: La Comisión de Desarrollo Social, analizó el marco legal aplicable y vigente a efecto de determinar la viabilidad de la presente iniciativa, misma que tiene como origen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se encuentra basada en diversas cumbres y conferencias realizadas por organismos de carácter internacional tales como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague (1995), la Asamblea General sobre Copenhague y la Declaración del Milenio.

En ese sentido y en cumplimiento al artículo 133 Constitucional relativo al efecto vinculatorio de los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte y que a la letra establece:

“ Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

Esta Cámara cuenta con la facultad para establecer dentro de la Ley General de Desarrollo Social los objetivos y principios rectores de la política en la materia, así como para realizar la armonización del orden jurídico, lo anterior en concordancia con los tratados, convenciones o protocolos ratificados por el Senado.

En este orden de ideas, hay que tomar en cuenta el papel y liderazgo que ejerce la Organización de las Naciones Unidas y sus organizaciones en cuanto a la protección de los derechos humanos, mismos que al ser conscientes de la gran brecha que existe entre algunos de sus estados miembro y a través de distintas convenciones, desarrollan líneas de acción encaminadas a eliminar dichas brechas, promoviendo en todo momento el desarrollo sostenido, quedando plasmadas las acciones a implementar mediante instrumentos tales como tratados, declaraciones, protocolos, recomendaciones, planes y líneas de acción, los cuales al ser suscritos por los estados generan compromisos por parte de ellos para su cumplimiento.

TERCERO: Respecto a la propuesta del Legislador, coincidimos con la iniciativa cuando expresa que el instrumento encargado de sentar las bases en materia de desarrollo social es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual tiene como tarea primordial desarrollar al máximo el potencial de nuestro país, obteniendo un mayor crecimiento económico, mas equidad social y plena protección de los derechos humanos. Es por ello, que resulta importante mencionar que el tema relativo al desarrollo social, se encuentra consagrado en los artículos 25 y 26 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice:

“ Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.”

De la lectura literal de este artículo, se desprende que es facultad del Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, es decir, integral porque participan los estados y municipios, y sustentable porque están obligados a cuidar los recursos naturales para el futuro. Este mismo precepto constitucional, faculta al Estado para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional. Asimismo, señala que la Ley secundaria establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas de trabajadores y en general, todas las formas de organización social para la producción y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

En este mismo sentido, el artículo 26 constitucional faculta al Estado para organizar un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, misma que será deliberativa, mediante mecanismos de participación en la cual se aporten aspiraciones y demandas de la sociedad, y para mayor abundamiento se transcribe como sigue:

“

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

B. ...

C. ...”

CUARTO: Resulta menester mencionar que dentro del artículo 27 constitucional, se prevé regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

Sobre este mismo tema, como ya se mencionó, en 1998 se creó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reglamentaria de este tema fundamental establecido en el artículo 27 constitucional. Para 1994, se estableció en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la conformación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objeto de hacer cumplir las normas vigentes en materia medio ambiental, vigilar el uso consciente y responsable de los recursos naturales, sin dejar de lado la calidad de vida de la población y el desarrollo económico. Así, el desafío actual de México es continuar con su crecimiento económico bajo una ética de justicia social y de uso racional y eficiente de los recursos naturales, así como de la preservación del equilibrio ecológico. Esta visión de Desarrollo Sustentable se basa en la elaboración del Informe Brundtland de 1987 por la Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente y Desarrollo para la Organización de las Naciones Unidas.

QUINTO:Asimismo, la iniciativa en estudio, menciona los compromisos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague de 1995, en ellos se consideran tres compromisos principales: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, como componentes del desarrollo sostenible interdependiente. En consecuencia, cada uno de los Estados, deben tener una plataforma que contenga los requisitos mínimos para obtener un alto crecimiento económico, de producción, de empleo y de ingresos, además de establecer un sistema comercial no discriminatorio basado en acuerdos multilaterales y generar mercados dinámicos, abiertos y libres, que intervengan en otros mercados para prevenir y contrarrestar su ineficiencia, produciendo estabilidad con inversiones a largo plazo, custodiado por la competencia leal y la conducta ética, incluyendo así la creación y la aplicación de programas que habiliten a las personas que viven en la pobreza, para participar en forma plena y productiva en la economía y en la sociedad.

Como bien lo señala la iniciativa, los compromisos de los Estados parte, en la Declaración del Milenio, fue el tema de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, siendo necesario incorporar los principios de desarrollo sostenible a fin de integrarlos en las políticas y programas de cada uno de los Estados, con la finalidad de contribuir a revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Lo antes mencionado tiene lógica, ya que precisamente derivado de estos acuerdos internacionales a que se hace mención, en materia de política de protección del medio ambiente, México ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambienteel 28 de enero de 1988.

En este sentido, tiene razón el legislador cuando menciona que la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social de Copenhague de 1995, la establece tres políticas de desarrollo que los Estados parte deben adoptar: una Política de Desarrollo Económico, una Política de Desarrollo Social y una Política Sobre Protección del Medio Ambiente. Estos tres componentes, sin duda tienen una interdependencia.

Asimismo, las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable, nos dan cuenta que la aparición del concepto desarrollo sustentable, ha representado un cambio cualitativo que articula el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ecológica. Otro elemento a destacar sobre el tema de desarrollo sustentable, es la aportación de los movimientos sociales ambientalistas en la década de los años noventa. En esta etapa surge una propuesta de análisis para enfrentar los retos del desarrollo, conocida como desarrollo sustentable, durable o sostenible. Es una crítica al desarrollo económico en general, ante los altos niveles de degradación del medio ambiente.

El tema de desarrollo sustentable intenta construir una visión integral sobre los problemas más álgidos del cómo pensar el desarrollo, como una especialidad de la economía. Representa la interconexión orgánica de tres campos de conocimiento: lo económico, lo social y lo ecológico; lo cual implica un proyecto de transformación de la organización económica y social actual. Cabe hacer mención, que actualmente existe un debate abierto entre los actores de los movimientos ambientalistas, los científicos y académicos, sobre la importancia de abordar el problema del desarrollo sustentable desde una visión holística y multidisciplinaria, la construcción teórica, es decir, el pensamiento y lo social que significa el movimiento al que todos debemos participar.

SEXTO: En este orden de ideas, se considera que la adición de referencia, dará un mayor enfoque a las políticas públicas que instrumenten y desarrollen las dependencias y entidades del sector desarrollo social, para generar un mejor crecimiento económico y repartición de la riqueza que propicie la igualdad de oportunidades, sobre todo en la población que habita las regiones y zonas en desventaja y vulnerabilidad social.

A mayor abundamiento y como lo manifiesta la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros asuntos, fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas siguientes:

a) Combate efectivo a la pobreza;

b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; y

c) Atención a los derechos de la niñez; de la juventud; de los adultos mayores, y de las personas con discapacidad.

Aunado a ello, el Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social, establece como visión de la Dependencia lo siguiente:

[...] “México es un país incluyente, con cohesión social y que cuenta con un desarrollo sustentable, en el que las políticas de protección social sólidas y diferenciadas permiten que las personas de los sectores sociales más desprotegidos ejerzan efectivamente todos sus derechos y se desarrollen en igualdad de condiciones en el ámbito personal, comunitario y productivo” [...]

IV. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

ÚNICO: De acuerdo a las consideraciones vertidas en la iniciativa de mérito, esta Comisión realiza modificaciones considerando la importancia del desarrollo sostenible y sustentable de los derechos sociales, por lo cual se estima oportuno ya que dará fuerza y mayor claridad a la reforma planteada.

De esta manera, se propone la siguiente modificación al proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a IV. ..

V. Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales.

Finalmente y en virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, consideramos viable la reforma planteada en la iniciativa de mérito, que adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social; motivo por el cual, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo Único. Se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. y II. ..

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado;

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y

V. Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá realizar las modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de noviembre de 2016.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejandro Armenta Mier (rúbrica), María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica), David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez, Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes, Araceli Damián González (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes (rúbrica), secretarios; Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Mariana Benítez Tiburcio, Jorge Alejandro Carvallo Delfín (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), José de Jesús Galindo Rosas (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez, Angélica Moya Marín (rúbrica), Jorge Ramos Hernández, Dora Elena Real Salinas (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de MORENA.

Esta Comisión dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa, con fundamento en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XX, y numeral 3; 45, numerales 1 y 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I; y 158, numeral 1, fracción IV; y de más aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que en el sentido del proyecto de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de ésta Comisión Legislativa, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

I. ANTECENDENTES

A. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados, celebrada el 18 de octubre de 2016, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.

B. Con fecha 19 de octubre de 2016, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, la Iniciativa en comento para su estudio y dictamen correspondiente.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

A. El objetivo de la presente iniciativa pretende reformar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de eliminar la referencia puntual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya le es reconocida a la Ciudad de México.

B. De acuerdo con la autora de la iniciativa, el 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.

C. Menciona que con las reformas, el artículo 122 de la Constitución reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización social, política y administrativa; estipula que para su régimen interior adoptará la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico; además, menciona que para su ejercicio, su poder público se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

D. Asimismo, que con respecto al cambio de naturaleza jurídica y por consiguiente cambio de denominación de la Ciudad de México, el artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto de mérito establece que a partir de la fecha de entrada en vigor, todas las referencias que la Constitución federal y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, sin embargo, tal expresión no se realiza en el mismo tenor tratándose de la Asamblea Legislativa.

E. La promovente señala que esta armonización legislativa corre a cargo del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, derivado de su implementación se permite derogar leyes específicas, abogar cuerpos normativos, crear nueva legislación o reformar la existente, con la intención de hacer compatibles las normas del ordenamiento jurídico nacional, proveyendo certeza jurídica a quienes se ubican bajo sus supuestos.

F. Derivado de lo anterior, y en atención a que aún no ha sido promulgada la Constitución Política de la Ciudad de México, se estima prudente la presente reforma al artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de eliminar la referencia puntual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya le es reconocida a la Ciudad de México.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERO: La iniciativa en estudio propone reformar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, que para mayor claridad se transcribe incluyendo la reforma planteada, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Resulta menester mencionar que el principio constitucional federalista previsto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la base para el desarrollo social federal en México, estableciendo la concurrencia de Estados y la Ciudad de México, tanto en el diseño, acciones, estrategias y planeación de la política nacional del desarrollo social.

Asimismo, la propia Ley General de Desarrollo Social establece la competencia y la aplicación de la ley, señalando lo siguiente:

“ Artículo 4. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les competen, de acuerdo a sus atribuciones al Poder Legislativo”.

TERCERO: Es importante destacar, y como el propio autor de la iniciativa menciona en la exposición de motivos, el 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

Aunado a ello, cabe mencionar que la base jurídica de la Ciudad de México, está contemplada en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cual establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. De dicho artículo se desprende la forma de Gobierno, normas y garantías para el goce de los derechos humanos, el ejercicio del Poder Legislativo Local, facultades del jefe de Gobierno, el ejercicio del Poder Judicial, la división territorial de la Ciudad de México, la competencia y facultades de las alcaldías. Todo ello en relación a los términos establecidos a la Constitución Política de la Ciudad de México.

CUARTO: En razón de lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera que es de suma importancia que el Estado Mexicano actualice su marco jurídico constitucional y leyes secundarias. Por lo que concordamos con la exposición de motivos de la Iniciativa, en que resulta prudente eliminar la referencia de la figura Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas. Es por ello, que la reforma planteada por la promovente, dará mayor claridad y certeza jurídica, así como la comprensión en la lectura del artículo motivo de la reforma.

Finalmente y en virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, consideramos viable la reforma planteada en la iniciativa de mérito que busca reformar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social; motivo por el cual, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo Único. Se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley las legislaturas de las entidades federativas y los municipios emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de noviembre de 2016.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejandro Armenta Mier (rúbrica), María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica), David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez, Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes, Araceli Damián González (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes (rúbrica), secretarios; Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Mariana Benítez Tiburcio, Jorge Alejandro Carvallo Delfín (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), José de Jesús Galindo Rosas (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez, Angélica Moya Marín (rúbrica), Jorge Ramos Hernández, Dora Elena Real Salinas (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario para los dos dictámenes, diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social tiene el uso de la voz el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, hasta por cinco minutos.

El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes:Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social concebimos al desarrollo humano integral a partir de colocar a la persona humana con toda su dignidad en su dimensión personal y colectiva en su interrelación con el medio ambiente.

No coincidimos con aquellas que anteponen una visión antropocéntrica utilitarista, en la que la naturaleza se encuentra disponible para la satisfacción de las necesidades de la humanidad. Por el contrario, pensamos que la relación del ser humano con la naturaleza debe partir del deber ético de cuidar el entorno para asegurar el futuro de la comunidad.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 2014, en México hay 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza; dos millones más en comparación con el mismo estudio del año 2012. Destacan por su vínculo con el medio ambiente los 14.8 millones de mexicanos que tienen carencias por la calidad de espacios de la vivienda, y los 25.4 millones de mexicanos que no tienen acceso completo a los servicios básicos en las viviendas.

En el Censo de Población y Vivienda 2010 se identificó que en poco más de 28 millones de viviendas en México, es decir, cerca del 15 por ciento se cocinaba con leña o carbón, ello se debe en gran medida a las profundas desigualdades de infraestructura y desarrollo de capacidades institucionales en los gobiernos locales.

De acuerdo con el Inegi, en un total de dos mil 457 municipios y órganos político administrativos de la Ciudad de México, se desprende que 43 municipios de los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, México, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí, no disponen de servicios de agua potable para los habitantes, solo 827 municipios y delegaciones cuentan con los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Esto representa solo el 34 por ciento del total, mil 628 municipios, es decir, el 67 por ciento, no cuentan con servicios de tratamientos de aguas residuales municipales. Solo 680 municipios que representan el 27 por ciento implementan programas locales orientados a la gestión sustentable de servicios de agua potable y saneamiento.

Asimismo, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, arrojó lo siguiente: solo en seis entidades federativas se aplican programas o acciones en materia de administración pública sostenible. Nada más nueve estados aplican programas de auditoría ambiental.

En tal sentido, Encuentro Social apoya toda iniciativa que busque satisfacer las necesidades de las familias sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Por otra parte, somos conscientes de la importancia que tiene la armonización de las leyes, ya que ello permite a los ciudadanos, sin importar su formación profesional o su carencia de ella, entender por igual de la manera más clara los conceptos vertidos en las normas jurídicas que nuestro honorable Congreso de la Union emite.

Es por ello que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos en favor de los dictámenes que ahora nos ocupan por los siguientes motivos:

Primero. Se incorpora dentro de los objetivos de la política nacional de desarrollo social lo relacionado con la promoción del desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales.

Segundo. Se armoniza la Ley General de Desarrollo Social a la reforma constitucional en materia de política de la Ciudad de México al eliminar la referencia puntual que hace a la Asamblea Legislativa, a modo de generar una referencia a nivel de Legislatura de las demás entidades federativas.

Así, el Estado mexicano va a estar obligado a lo siguiente: atender las necesidades materiales de la población más vulnerable por su condición socioeconómica, pero al mismo tiempo a cuidar el medio ambiente para no comprometer la viabilidad de desarrollo para las generaciones venideras.

Asimismo, a cumplir cabalmente con los principios constitucionales de legalidad y de certeza, de tal manera que al actualizar el orden jurídico nacional se busca que la sociedad comprenda y tenga completa seguridad de los márgenes de actuación en el marco del Estado de derecho de sus acciones y de sus omisiones.

Un país con mejores leyes para todos es posible. Hagámoslo nosotros. Muchas gracias, es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Escobedo Miramontes. Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por la diputada Xitlalic Ceja García. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez.

El diputado Ángel García Yáñez:Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a esta honorable asamblea para manifestar, a nombre de mi grupo parlamentario, nuestra anuencia con el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

Agradecemos que acompañaran esta propuesta de Nueva Alianza que tiene como finalidad promover el desarrollo sostenible y sustentable de los derechos sociales que son, consideramos, derechos humanos con implicación en todos los ámbitos.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que mejorar el bienestar de las personas es el principal objetivo de la política. El desarrollo social constituye la posibilidad de satisfacer las necesidades y las aspiraciones humanas en relación a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, al empleo y sal salario, así como la igualdad y la equidad. Es decir, que implica una evolución o cambio positivo en la vida de los individuos para que, bajo los principios de equidad, justicia social, tolerancia, responsabilidad, participación, sustentabilidad y sostenibilidad, se reduzca la pobreza a través del desarrollo económico y humano.

El desarrollo social incluye también el derecho a disfrutar de una vida sana, productiva y en armonía con la naturaleza. Desafortunadamente los esfuerzos en esta materia no han sido suficientes.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 9.5 por ciento de la población nacional vive en pobreza extrema.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, enlistan a México como la segunda nación más desigual a nivel mundial y la décima segunda en Latinoamérica.

Por ello, en Nueva Alianza consideramos necesario actualizar nuestra política social a fin de que integre en sus objetivos el desarrollo sostenible y sustentable, con el objeto de incrementar los estándares de la calidad de vida de los mexicanos.

Las políticas de desarrollo sostenible y la sustentabilidad ambiental deben propiciar la armonización entre el proceso económico y la conservación de la naturaleza, favoreciendo un balance entre la satisfacción de necesidades actuales y de las futuras generaciones.

Compañeras y compañeros, debemos ser responsables y propiciar acciones sustantivas que promuevan una cultura de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputado García Yáñez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Marbella Toledo Ibarra.

La diputada Marbella Toledo Ibarra:Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes diputadas y diputados, legislar es la honrosa tarea de crear leyes justas que permitan la convivencia armónica entre todos.

Una relación de respeto entre gobierno y gobernados, por eso las leyes que aquí se generen y votemos, deben garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas y los derechos sociales de la comunidad. Los derechos humanos naturales son aquellos inherentes a las personas como la vida, la libertad, el respeto a la dignidad, entre otros.

En el caso de los derechos sociales surgen ante la necesidad de cumplir la ley en aquellos aspectos en los que las personas puedan sentirse desprotegidas como el trabajo social, la vida en familia, el derecho a la vivienda digna, el acceso a los servicios de salud, el derecho a la educación.

Sobre el particular cabe decir que los derechos a que se refiere esta iniciativa, se encuentran protegidos bajo múltiples tratados internacionales, por ejemplo, por el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El reconocimiento constitucional a estos derechos implica que todos deben ser salvaguardados por nuestro país. Desde esta perspectiva podríamos decir que el principal objetivo del derecho social es intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad para velar por la protección de las personas afectadas.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que actualmente en nuestro país existen alrededor de 55 millones de pobres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, cuyos datos revelan que la pobreza aumentó en los últimos seis años, lo que significa que estos millones de mexicanos no tienen cubiertas sus necesidades básicas y tampoco tienen la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, lo que da origen a que nuestro país tenga riesgo, no sólo de sufrir crisis humanitarias y económicas, sino también crisis en el medio ambiente.

En el presente dictamen se propone incluir una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, y así promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales, para que de esta manera además de que el Estado garantice el derecho social sea responsable de garantizar también la administración eficiente y responsable de los recursos naturales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades.

Compañeros legisladores, si bien es cierto que esta iniciativa persigue un fin noble, el desafío que tenemos por delante es de gran magnitud, pues no debemos olvidar nunca que el verdadero propósito del desarrollo es construir condiciones donde la asistencia social ya no sea necesaria.

Los diputados ciudadanos apoyamos en sentido positivo este dictamen, en el que se establece un equilibrio entre las políticas de gobierno, los gobernados, los derechos sociales y el uso responsable de los derechos naturales. De esta manera refrendamos nuestro compromiso social de legislar por las causas más justas y a favor de los que más lo necesitan, porque hacer lo correcto es amar a México. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Toledo Ibarra. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra por cinco minutos la deputada Norma Xochitl Hernández Colín.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputada presidenta. El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social establece los objetivos de la política nacional de desarrollo social, entre los que destacan: la generación de condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, la superación de la discriminación y la exclusión social, proveer un desarrollo económico con sentido social, fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de participación social.

Sin embargo, hasta la fecha los objetivos han sido omisos en mencionar cuál es su articulación con otras ramas relacionadas con el desarrollo social, como la economía y la ecología, y también cómo garantizar los derechos ambientales.

Actualmente no se dispone de cuáles son sus características en cuanto a la exigibilidad de estos derechos y a la responsabilidad del Estado para garantizarlos a través de la creación de diversos tipos de política.

Este dictamen que hoy vamos a votar propicia una mejor distribución de recursos económicos atendiendo las necesidades sociales, particularmente las de los grupos vulnerables. El tema de desarrollo sostenible y sustentable representa la interconexión orgánica de tres campos de conocimiento: el económico, el social y el ecológico, lo que implica un proyecto de transformación de la organización económica y social y actual, que debe ser reconocido por la legislación en materia de desarrollo social con el efecto de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la creación de políticas de desarrollo social sólidas e interrelacionadas con los factores que le son propios al desarrollo.

Respecto a la reforma al artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, comento lo siguiente: el 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México. Con las reformas al artículo 22 de la Constitución federal se reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa, con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización social, política y administrativa. Estipula que para su régimen interior adoptará las formas de gobierno republicano, representativo, democrático y laico.

Entre otros temas, el citado artículo dispone las bases fundamentales para la composición, funcionamiento y labor del poder que se encargará de elaborar la parte legislativa de la Ciudad, al que denomina como Legislatura de la Ciudad de México, proveyendo un cambio de denominación y de atribuciones con respecto al cuerpo colegiado que el artículo 8o. del Estatuto de Gobierno reconoce como Asamblea Legislativa.

Con respecto a la transformación de la naturaleza jurídica y de denominación, el artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto establece que a partir de su entrada en vigor todas las referencias que se hagan al Distrito Federal se entenderán hechas a la Ciudad de México, sin embargo, tal estipulación no se realiza en el mismo sentido cuando se habla de Asamblea Legislativa.

Lo anterior implica que los ordenamientos jurídicos que de manera específica hagan referencia a la Asamblea Legislativa, deben ser reformados para que este país cuente con un orden jurídico armónico.

Este proceso de armonización permite contar con leyes compatibles entre sí, que se encuentren encaminadas en un mismo sentido, que hablen sobre los mismos temas, en los mismos términos con los que se provea certeza jurídica a quienes se ubican bajo estos supuestos.

En atención a lo anterior, el pasado 18 de octubre presenté la iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de eliminar la referencia de Asamblea Legislativa para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya es reconocida en la Ciudad de México.

Con lo anterior, se preserva el espíritu de la reforma de la naturaleza jurídica de la Ciudad de México, se evita la remisión a una institución que cambiará denominación y se ejerce la labor parlamentaria que nos conmina a generar un ordenamiento jurídico armónico.

Por lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, solicito su apoyo para la aprobación de los dictámenes que presenta la Comisión de Desarrollo Social, por tratarse de temas que favorecen el ejercicio de los derechos sociales, culturales y ambientales y por tratarse de temas relacionados directamente con la creación de un orden jurídico relacionado entre sí. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Hernández Colín. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, campus Zona Verde, invitados por el diputado Marco Antonio Gama Basarte. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Alberto Couttolenc Buentello.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello:Con la venia de la Presidencia. A mediados del siglo pasado, el ser humano viajó por primera vez al espacio. Desde ahí observaron un planeta verde, dominado no por la actividad ni la infraestructura humana, sino por un conjunto de ecosistemas con multiplicidad de climas y delicados balances.

Sin embargo, la sobrepoblación y la constante depredación de los recursos naturales están modificando radicalmente nuestro medio ambiente. Esta nueva realidad difícil de esquivar debe ser primero reconocida y, luego, enfrentada.

No podemos negar que en los últimos 50 años, la humanidad ha dado pasos extraordinarios en diversos sectores, como la salud, la educación, transporte, comunicación, que a veces representan mejoras para nuestra calidad de vida, que indudablemente nos transmiten esperanza.

A pesar de lo anterior, los mismos procesos a través de los cuales se han generado mucho de estos adelantos, han provocado también tendencias negativas en nuestro planeta, como quiénes habitamos en él y ya esto no lo podemos seguir tolerando.

En este orden de ideas, cabe destacar un cierto sentido de emergencia, tanto en los gobiernos nacionales como en las diversas instituciones multilaterales. Debemos estar conscientes que es imposible separar las cuestiones del desarrollo económico con aquellas que involucran el medio ambiente.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que muchas formas de desarrollo agotan y erosionan los recursos medioambientales, mientras que por otra parte se debe entender que el deterioro del entorno natural puede representar un obstáculo serio para el desarrollo económico.

Y así es como surge el concepto de desarrollo sustentable, el cual se define como la satisfacción de las necesidades de una generación presente, sin, y resaltar sin, comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Asimismo, el desarrollo sustentable tiene la importante misión de lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el medio ambiente.

Por lo anterior expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, ya que en la propuesta que está a discusión se considerará el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente como aspectos primordiales de la política nacional del desarrollo social.

Por otra parte, y como ya sabemos, hace casi un año fue aprobada la reforma política para la Ciudad de México, sus alcances y repercusiones son múltiples, dichos cambios fueron implementados, en primer lugar, para darle una mayor autonomía a la ciudad más importante de nuestro país, y en segundo lugar, para brindarles mayores derechos a los ciudadanos de esta urbe.

En este sentido, y como ya comentamos al principio, uno de los cambios más significativos consiste en que la Asamblea Legislativa desaparecerá para convertirse en un Congreso local, por lo cual adquirirá la facultad de aprobar y rechazar reformas constitucionales, como el resto de los Congresos locales.

La reforma política de la Ciudad de México modificó 54 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y seguramente modificará diversos ordenamientos, tal es el caso de la Ley General de Desarrollo Social.

Por lo anteriormente expuesto, la promovente de la iniciativa pretende reformar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, en dicha iniciativa se pretende eliminar la referencia puntual a la Asamblea Legislativa, para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas.

Compañeras y compañeros, nuestra realidad jurídica y social es dinámica y cambiaria, en tal sentido debemos estar atentos y vigilantes para tratar de que nuestras normas no pierdan vigencia y sean útiles a la sociedad, solo de esta forma podremos garantizar la certeza jurídica que nuestro país requiere para seguir moviéndonos hacia adelante. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Couttolenc Buentello. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra la diputada Erika Irazema Briones Pérez. Y antes esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de estudiantes de la Universidad La Salle de Saltillo, invitados por el diputado Armando Luna Canales. Bienvenidos a este recinto parlamentario. Adelante, diputada Erika Irazema Briones.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez:Gracias presidenta, con su permiso. El dictamen que hoy nos ocupa en este pleno es una oportunidad para la reflexión de dos temas fundamentales: el desarrollo sustentable y la política social.

En los últimos años hemos notado cambios drásticos en nuestro entorno. Los constantes daños a nuestros ecosistemas que han llevado a inclemencias climáticas atípicas, inclusive desastrosas.

Estos son los gritos desesperados de un planeta que exige atención y medidas eficientes para su protección y cuidado.

Dados estos acontecimientos, es necesario replantear nuestra manera de ver las cosas y de implementarlas. Se necesita apostar por las energías limpias y renovables, así como acciones que tiendan a un equilibrio natural, sin generar grandes afectaciones a los bosques, a nuestros campos, a todos nuestros recursos naturales.

Ese es el significado de la sostenibilidad y sustentabilidad. La relación entre los conceptos de sustentabilidad y política social están mucho más cercanos de lo que creemos. Parecieran cosas distintas, porque el sistema de centralización de la administración pública pocas veces implementa acciones o programas planteados para diferentes regiones de nuestro país.

Somos un país diverso que es necesario implementar estos principios en la política social, pero al momento de la planeación de la política social se olvidan de las herramientas para superar la pobreza.

Puede, incluso, estar a la mano de las comunidades más necesitadas. Sin embargo, al ser un modelo único no se consideran estos factores, por lo que imponen un esquema que inclusive atenta contra los recursos naturales.

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho constitucional. El ejemplo de ayudar a conservar el equilibrio ecológico con acciones que el mismo modo incluya la disminución de la pobreza.

Por otro lado, la política social en nuestro país debe renovarse. Las políticas existenciales se han convertido en un instrumento electoral utilizado a favor de quienes quieren mantenerse en el poder, ya sea como personas o como partidos. Por este motivo debemos impulsar un cambio sistemático en la percepción y aplicación de los programas sociales en México.

El dictamen a discusión parece una propuesta concreta y acertada para iniciar ese cambio generacional y de perspectiva, para garantizar derechos a la educación, a la salud, a la alimentación nutritiva y de calidad, y disfrutar de un medio ambiente sano.

El trabajo y la seguridad social con un enfoque de equilibrio ecológico, y no solo eso, también de prosperidad ambiental, utilizando y reutilizando; aprovechando los recursos naturales sin generar daños irreparables a nuestro planeta.

En el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del presente dictamen en congruencia con nuestra agenda legislativa. Las políticas y acciones que promueven la sustentabilidad y son y serán bienvenidas, siempre y cuando no afecten los derechos sociales de las y los mexicanos.

Nuestra postura también incluye, como ya he mencionado, la intención de llamar a cerrar filas al oportunismo electoral. Sobre todo en estos tiempos, se debe dejar de lucrar con las necesidades de las familias y con las carencias en el hogar.

El siguiente ámbito que nos corresponde es el de actualizar nuestra legislación acorde a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas o, en su caso, de los mecanismos jurídicos ya actualizados.

Es precisamente lo que pretende el segundo dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social y en el cual el Grupo Parlamentario del PRD acompaña en esta propuesta de naturaleza necesaria para homologar y reconocer a la Ciudad de México como una entidad federativa y no como un distrito federal.

Aprovecho únicamente para recordar que la política social es una suma de esfuerzos de los Poderes de la Unión y de los niveles del gobierno. Por ello, debe ser responsable, eficiente y realmente solucionar las condiciones de pobreza de manera definitiva y no temporal. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputada Briones Pérez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Hugo Alejo Domínguez.

El diputado Hugo Alejo Domínguez: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros. La Ley General de Desarrollo Social tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.

Bajo este tenor, la Ley General de Desarrollo Social establece que son objetivos de la política nacional de desarrollo social, hacer efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales a través del acceso de las y los mexicanos a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a los servicios básicos, a la vivienda digna y a promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución, fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.

Sin embargo, en el marco de los grandes objetivos de la política nacional de desarrollo social, también es fundamental incorporar los principios de desarrollo sostenible y sustentable, en las políticas y los programas de desarrollo social, a fin de contar con alternativas que nos permitan asegurar el bienestar de las generaciones presentes sin poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras.

No debemos olvidar que el desarrollo sostenible exige el compromiso con una gestión y una política económica racional, una administración pública eficaz y previsible, la integración de las cuestiones ambientales en el proceso de adopción de decisiones y el avance hacia un gobierno más democrático.

Por otro lado, el desarrollo sustentable se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Debemos actuar no solo con carácter urgente sino también como un compromiso que ha de ser sostenido y sustentable y que debe mantenerse inquebrantable en el futuro.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos profundamente convencidos de que el desarrollo económico y el desarrollo social son componentes del desarrollo sostenible y sustentable que se fortalecen mutuamente, lo cual debe constituir el marco de nuestros esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todos los mexicanos.

Por ello, consideramos pertinente la modificación propuesta que adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, reforma que estimamos necesaria si queremos que la política nacional de desarrollo social tenga como objetivo fundamental el alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable, para que las personas disfruten de todos sus derechos y para que estos sean exigibles en el marco de la ley.

Por otra parte, consideramos también viable el dictamen que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social a efecto de eliminar la denominación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contenida en dicha disposición, con el fin de establecer una referencia común hacia las Legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya le es reconocida al Poder Legislativo de la Ciudad de México.

El objeto que se persigue es congruente con la reforma a los artículos constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, que modifica el régimen político y la naturaleza jurídica del Distrito Federal a fin de que se convierta en una entidad federativa más.

En particular con la reforma al artículo 122 constitucional, se reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa, con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización social, política y administrativa.

Se estipula la composición y funcionamiento del órgano que ejercerá el Poder Legislativo de la ciudad, al que denomina como Legislatura de la Ciudad de México, proveyendo un cambio de denominación con respecto a la denominación actual contenida en la Ley General de Desarrollo Social. El objetivo de estos dos dictámenes que hoy discutimos, no son menores, compañeras y compañeros diputados.

Como sociedad hemos fallado en atender más eficazmente a las necesidades más apremiantes de las personas, de sus familias y de sus comunidades. Es momento de cambiar el rumbo, es momento de hacer que las reformas que aquí aprobamos tengan un impacto positivo en toda la sociedad. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Hugo Alejo Domínguez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Dora Elena Real Salinas.

La diputada Dora Elena Real Salinas:Con su permiso, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. Pensar sosteniblemente es actuar responsable. Socialmente todo desarrollo es un proceso que mejora la calidad de vida de las personas, pero sólo el desarrollo sostenible fomenta la prosperidad, las oportunidades económicas y el bienestar social, sin comprometer a las futuras generaciones.

Por eso el desarrollo de la sociedad debe de ser viable económicamente, responsable con el medio ambiente y socialmente justo.

Los diputados del PRI nos comprometimos en nuestra plataforma electoral del 2015, a elevar las condiciones de vida de los mexicanos, de manera sostenible, sustentable y responsable. Por eso legislamos para impulsar un México garante del medio ambiente con estricto control y regulación del impacto ambiental que tiene las actividades productivas del país y con un crecimiento sustentable, ordenado e incluyente, y alcanzar un desarrollo ecológicamente sustentable, viable y sostenible, desde la perspectiva económica y que asegure el bienestar y la justicia social para los mexicanos.

Ya lo dijo Enrique Peña Nieto, la participación de la sociedad, la consistencia entre políticas públicas, un enfoque de derecho, un compromiso con la certidumbre para generar valor y una visión sostenible del desarrollo, son elementos esenciales para lograr el desarrollo con igualdad.

Por eso su gobierno ha recuperado el crecimiento de la productividad que hace sostenible el crecimiento de la economía, los salarios y el bienestar. Logrado la cobertura de agua potable en un 92.5 por ciento en beneficio de 110 millones de habitantes. Invertido más de 63 mil millones de pesos en el campo, y se estima rebasar la meta sexenal, de tener 500 mil hectáreas de riego tecnificado de la cuales hoy 450 mil ya cuentan con este sistema.

Disminuyó la deforestación en un 41 por ciento plantando 200 millones de árboles por año, de los cuales sobreviven seis de cada 10, y logrando producir 20 por ciento de la energía a partir de fuentes limpias, respecto a la meta de 35 por ciento planteada para el 2024.

En este sentido, los diputados priistas aprobamos incorporar la definición de desarrollo urbano sustentable con el propósito de asegurar el mejoramiento y crecimiento de los centros de población para que se ejecuten con estricta observancia, con el cuidado del medio ambiente.

Asegurar que en la planificación, construcción o rehabilitación de infraestructura deportiva financiada con recursos públicos, se observen criterios de sustentabilidad y pertinencia.

Obligar a las autoridades competentes a promover la incorporación de contenidos ecológicos en los ciclos escolares, subrayadamente en el nivel básico.

Garantizar el aprovechamiento sustentable de la energía y las obligaciones en materia de energías limpias, así como la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, y fijar normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos del país.

Ahora nos corresponde establecer como criterio de desarrollo de las personas y de sus derechos sociales una visión sostenible en consonancia con el cuidado al medio ambiente. Impulsar un desarrollo social que genere previsión y que tenga claridad sobre los indicadores que deben mantenerse para engrandecer sus alcances, al tiempo que procure la administración eficiente y racional de los recursos, permitirá un correcto desempeño de la política nacional en la materia.

Votaremos a favor del dictamen que incorpora una fracción al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales, generando un mayor enfoque en las políticas públicas que instrumenten y desarrollen las dependencias y entidades en la materia.

También lo haremos a favor del que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, para armonizar el nombre de la Ciudad de México. Impulsar el desarrollo nacional es una responsabilidad que hoy exige el máximo aprovechamiento de los recursos, pero también implica asegurarlos para el mañana.

Parafraseando a Mijaíl Gorbachov, trabajemos para que, cuando las generaciones futuras juzguen a las que vivieron antes, no pasemos a la historia como aquella que pudo hacer algo pero no le importó. Por eso debemos actuar en beneficio de la nación de esta generación y de las futuras. Muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Real Salinas.

Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de la Asociación de Mujeres Trabajando con el Corazón, del estado de Guanajuato, invitados por la diputada Bárbara Botello.

De igual forma saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, Hidalgo, invitados por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado. Sean todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si los dos dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Está abierto todavía el sistema.

¿Alguna compañera o compañero que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónica. Presidenta, se emitieron 389 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Perdón, está la diputada Tamayo. Está abierto, está abierto el sistema. A favor. No le reconoce la huella. ¿Falta alguien más? Está abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 384 votos en pro, cero en contra. No votó la diputada Tamayo, ¿sí votó? Trescientos ochenta y tres votos. Torreblanca a favor. Jesús Valencia, ¿sentido de su voto?

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: A favor. No entró tu voto, ¿verdad? A ver, Torreblanca sí voto en el tablero. Valencia no votó en tablero, ¿verdad? Bien. Jesús Valencia, ¿votaste en tablero? Señora presidenta, 384 votos a favor y cero en contra. A ver, un voto más, ¿nombre?

La diputada Olga María Esquivel Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Son 385 votos a favor.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Continúe, por favor, la Secretaría.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado Manuel Espino Barrientos cause baja como secretario de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que el diputado Manuel Espino Barrientos cause baja como secretario de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Adán Pérez cause alta como secretario en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado Luis Ernesto Munguía González cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobadas. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan. (*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

EFEMÉRIDES

CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DOBLE NACIONALIDAD

«Efeméride con motivo del 20 de marzo, celebración de los 20 años de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

El 20 de marzo de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de doble nacionalidad.

Con esta medida, el Estado mexicano tomó la importantísima decisión de que aquellos mexicanos que nacieran en otro país o que fueran hijos de mexicanos nacidos en país extranjero, aun cuando residieran en el extranjero y adquirieran otra ciudadanía o nacionalidad, lo pudieran hacer sin perder la nacionalidad mexicana.

Dicha reforma fue de enorme trascendencia debido a que durante la década de los años noventa del siglo pasado, los mexicanos que habían emigrado comenzaron a enfrentar el endurecimiento de las políticas antimigratorias de las naciones receptoras, fundamentalmente Estados Unidos, en donde se concentra la mayor parte de las y los connacionales.

El periodo previo a dicha reforma constitucional fue una época de ausencia de administración bilateral de la migración y en el que el flujo neto de migrantes creció de manera muy notoria, despertando en la Unión Americana una ola de rechazo social generalizado a los migrantes en general, y en particular a los indocumentados, especialmente hacia los de origen mexicano.

Para las autoridades mexicanas, ante la unilateralidad de Estados Unidos, solo una vía se planteaba como viable: el fortalecimiento de las medidas unilaterales de protección legal y de asistencia consular.

Nacionalidad y protección diplomática

Para el ejercicio de la protección diplomática, la nacionalidad del Estado reclamante ha sido y es uno de sus requisitos fundamentales. A través de la protección diplomática, el Estado protege sus propios derechos. Pero simultáneamente, los derechos que se consideran vulnerados, de manera inmediata, de una persona física o jurídica. La protección diplomática se convierte así, en un derecho de Estado, por cuyo ejercicio se protegen derechos individuales. Eso sí, solo puede hacerlo respecto a sus propios nacionales.

Si bien la nacionalidad es requisito para que el Estado ejerza la protección diplomática, en las relaciones internacionales es también requisito que en materia de nacionalidad también se cumpla el criterio de efectividad. Si bien todos los Estados son libres de otorgar la nacionalidad, el ejercicio de ese derecho es materia del derecho interno. Para reclamar la nacionalidad de una persona ante otros Estados, especialmente para ejercer la protección diplomática, es necesario que se cumpla con el principio de que la nacionalidad es efectiva, es decir, que exista un vínculo real entre el individuo y el Estado.

Las reformas constitucionales en materia de doble nacionalidad 20 años después

La hostilidad y la animadversión que ha expresado reiteradamente la administración del presidente Donald Trump en contra de nuestros connacionales nos exige elevar la voz de protesta y entablar una estrategia común para hacer frente, de manera inteligente y constructiva, a las amenazas que se ciernen contra las y los migrantes mexicanos.

La conmemoración de esta reforma es también ocasión propicia para avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos dejar de exigir a las y los mexicanos de segunda y tercera generación la renuncia de su nacionalidad de origen para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, ya que implica una transgresión a sus derechos humanos.

Sostenemos que no hay razones válidas para obligar a una persona a que abandone y deje de lado sus raíces culturales y sociales que le dieron una identidad.

De acuerdo con la Constitución mexicana, la nacionalidad mexicana adquirida por naturalización, se pierde por las siguientes causas, según el artículo 37 de nuestra Carta Magna.

“Artículo 37. ...

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero; y

II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.— Diputada Cecilia Soto González (rúbrica).»

“DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS”

«Efeméride con motivo del 24 de marzo, “Día Mundial de la Tuberculosis”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En el mundo hay un sinfín de enfermedades. La tuberculosis (TB) es una de las 10 principales causas de muerte en el planeta, esperemos que hoy en la conmemoración del Día Mundial de la tuberculosis hagamos una mayor conciencia con respecto a esta epidemia que afecta a una gran cantidad de personas en el mundo, redoblemos esfuerzos, hagamos campañas para informar cómo se puede prevenir y curar esta enfermedad.

La tuberculosis es una infección que la ocasiona la bacteria denominada Mycobacterium, es una afección que aqueja principalmente a los pulmones, pero también puede causar malestar en otras partes del cuerpo como el cerebro, los riñones e incluso puede llegar a la columna vertebral, los síntomas que hacen pensar que una persona está infectada de tuberculosis activa son: tos, fiebre, flema con sangre, debilidad, fatiga y pérdida de peso.

Muchas personas nos preguntamos de qué manera nos podemos infectar de TB. El contagio puede causarse al momento en que una persona que está enferma de tuberculosis, estornude, tosa, cante e incluso con el simple hecho de reír, ya que el germen que provoca la TB, se dispersan por el aire provocando que este se contamine en ese momento.

Este padecimiento, es conocido también con el nombre de bacilo de Koch aunque en menor proporción. ¿Y por qué es llamado así?, porque el descubridor de esta bacteria se llamó Robert Koch, en el año de 1882, cuando realizó la separación del germen que traían las flemas que expulsaban los enfermos con síntomas similares y de esa manera logró demostrar que en efecto ese bacilo era contagioso.

Es importante destacar que gracias al científico estadounidense Albert Schatz descubridor de la estreptomicina, la tuberculosis se pudo controlar y se empezó a prevenir, porque este fue el primer antibiótico contra dicha enfermedad, que se puede aplicar a diferentes tipos de tuberculosis, sin embargo, hay que recordar que existen diferentes formas de tuberculosis algunas de ellas son: tuberculosis pulmonar o extra pulmonar, tuberculosis miliar, tuberculosis cardiovascular, tuberculosis meníngea, tuberculosis pleural, tuberculosis oftálmica, entre otras.

En la actualidad, un tercio de la población mundial tiene tuberculosis latente, ¿esto qué significa?, que son personas que están infectadas con el virus de la tuberculosis pero que no se les ha desarrollado y por lo consiguiente tampoco pueden infectar a nadie, cabe mencionar que un 54 por ciento de fallecimientos en el mundo por tuberculosis, se aglomeran en cinco países que son: India, en primer lugar, seguida de Indonesia, en tercer sitio China, continuando con Nigeria, por último Pakistán.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), ha elaborado un estrategia que tiene como objetivo que para el año 2030 esta enfermedad epidemiológica ya se haya terminado y así poder tener un mundo sin muertes causadas por la TB, un planeta libre de esta enfermedad que desafortunamente ha cobrado millones de vidas en todo el mundo.

Las estadísticas que proporciona la OMS (2016) son alarmantes ya que nos menciona que en el mundo hay aproximadamente 10.4 millones de personas infectadas con TB y que de estas 1.8 han muerto, también indica que alrededor de un millón de niños entre 0 y 14 años tienen TB y que de esa población infantil 170 mil niños murieron. Es bueno mencionar que hay cerca de 480 mil habitantes que han desarrollado la tuberculosis multirresistente (TB MDR), No se puede dejar de lado el tema del tabaquismo, ya que este es el causante del 20 por ciento de los casos de tuberculosis activa. Todas estas cifras son hasta el 2015.

La OMS menciona que las personas con VIH tienen entre 20 y 30 por ciento de posibilidades de contraer la tuberculosis activa ya que es sabido que las personas infectadas con este virus, sufren de un sistema inmunológico demasiado bajo.

Para llegar a la meta de tener un planeta sin tuberculosis, se debe actuar en los países donde está el mayor porcentaje de casos y que son los países ya mencionados con anterioridad.

Así es que debemos poner manos a la obra para que la tuberculosis se pueda abatir para que deje de ser un grave problema de salud.

Notas:

1 http://www.webconsultas.com/tuberculosis/tuberculosis-712

2 https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/basics/tbinfectiondisease.htm

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 15:26 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 28 de marzo de 2017, a las 11:00 horas. Que tengan excelente tarde.

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