Comisión Permanente
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de EjercicioSUMARIO
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite trece contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente del Segundo Receso. Se remiten a la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2017. Se remite a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
De la Secretaría de Gobernación, por medio de la que remite el Informe correspondiente al segundo semestre de 2017, sobre los desarrollos y avances de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (GT-OMP). Se remite a la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Gobernación, por la que remite el Informe de los Programas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Se remite a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la cual remite la Información relativa a la evolución de las Finanzas Públicas requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de 2017, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2016, la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2017. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores
De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, mediante la cual remite el Informe Anual sobre el Desempeño sus Funciones, así como los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus Programas de Mejora Regulatoria. Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores
De la Cámara de Senadores, por medio de la que remite los informes de actividades de los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Víctor Hermosillo y Celada, correspondientes al quinto año de ejercicio de la LXIII Legislatura. Se remiten a la Cámara de Senadores
Del senador José Francisco Yunes Zorrilla, se recibió solicitud de licencia para separarse de sus funciones como diputado federal, a partir del 31 de diciembre del año en curso. Aprobada, comuníquese a la Cámara de Senadores
Del senador Fidel Demédicis Hidalgo, por la que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado, comuníquese a la Cámara de Senadores
Del Congreso de Chihuahua, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
Del Congreso de Nuevo León, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
Del Congreso de Nuevo León, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 102 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados
El diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 8o. y 12 de la Ley de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados
La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, en nombre propio y de la diputada Karina Padilla Ávila, ambas del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados
El senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Insolvencia Económica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores
La diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 y adiciona un 233 Bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados
El senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito de la Cámara de Diputados
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados
El diputado Rafael Hernández Soriano, en nombre propio y del diputado Francisco Martínez Neri, ambos del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados
El senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la PROFECO y a la COFECE, a fortalecer los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para construcción, en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos registrados en el país. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del INE a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho instituto por evidente conflicto de intereses. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
La diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de diversas entidades federativas a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, para la integración y transparencia de sus bancos estatales de datos e información. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, en nombre propio y de los diputados Juan Romero Tenorio y María Chávez García, todos del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a evitar cualquier medida que traiga como consecuencia la elevación de índices de contaminación y la consecuente violación a los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México y la megalópolis. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, en nombre propio y del senador Mario Delgado Carrillo, ambos del Grupo Parlamentario del PT, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ciudad de México, a investigar los actos encabezados por el PRD, en contra de simpatizantes de Morena en Coyoacán y a brindar garantías de protección y seguridad durante todos los eventos públicos del proceso electoral 2017-2018. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al CENAPRED a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico, que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales y Federales del año 2018. Aprobado, comuníquese
Se recibe acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente por el que se condenan los hechos recientes de violencia relacionada con servidores públicos y políticos. Aprobado, comuníquese
Desde su lugar el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de MC, hace comentarios respecto al asesinato del líder social, Salvador Magaña, coordinador municipal en La Huerta, Jalisco, de Movimiento Ciudadano y a la violencia sufrida por diversos periodistas:
ASISTENCIA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata:Se procede a pasar lista de asistencia.
¿Falta alguien más por pasar lista de asistencia? Virgilio. Diputado Virgilio. Presidente, tenemos 33 legisladores. Hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 12:25 horas): Por lo tanto se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura al orden del día. Está publicado en la Gaceta.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.
«Primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 4 de enero de 2018
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Secretaría de Gobernación
Remite trece contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente del Segundo Receso.
Remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2017.
Remite el Informe correspondiente al segundo semestre de 2017, sobre los desarrollos y avances de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (GT-OMP)
Remite el Informe de los Programas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Remite la Información relativa a la evolución de las Finanzas Públicas requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de 2017, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2016, la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2017.
De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Remite el Informe Anual sobre el Desempeño sus Funciones, así como los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus Programas de Mejora Regulatoria.
De la Cámara de Senadores
Remite los informes de actividades de los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Víctor Hermosillo y Celada, correspondientes al quinto año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Solicitudes de licencia de legisladores
Reincorporación de senador
Iniciativas del Congreso del Estado de Chihuahua
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Iniciativas del congreso del Estado de Nuevo León
Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 102 de la Ley del Seguro Social.
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrita por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 20 Bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley Federal de Insolvencia Económica, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 31 y adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 3o. y 7o. de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley de Crédito para la Mujer Rural, suscrita por la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 49, 76 y 77 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, suscrita por el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 5o., 6o. y 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 48 de la Ley Agraria, suscrita por el diputado Edgar Castillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 6o. de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del procesamiento de resoluciones, suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 7o., 8o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 58 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano
Que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
De Decreto por el que se declara el 18 de julio de cada año como “El Día Nacional del Servidor Público”, a cargo de la senadora María Del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano
Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 36 Bis, 40, 60 y 69 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por el diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 18 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 8o., 99, 110, 112 y 154 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 10 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 156 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 106 de la Ley Agraria, suscrita por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley Federal de Derechos, suscrita por el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que analice la posibilidad de que las becas puedan ser otorgadas también a estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos, a cargo de los diputados César Camacho y Miguel Ángel Sulub Caamal, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Partidos Políticos Nacionales y Locales, a incluir a una persona mexicana, migrante o binacional, dentro de los 10 primeros espacios de las listas de candidatos de representación proporcional a nivel federal y de las entidades federativas, suscrita por la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a evitar cualquier medida que traiga como consecuencia la elevación de índices de contaminación y la consecuente violación a los derechos humanos de los habitantes de la CDMX y la megalópolis, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrito por los diputados Juan Romero Tenorio y María Chávez García, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STyPS, para que en coordinación con el Gobierno del estado de Zacatecas, refuercen y reencausen las políticas públicas relacionadas con la creación y promoción de empleos de calidad en la entidad, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al CENAPRED, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico, que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Durango a efecto de solicitar ante la Secretaría de Gobernación, declaratoria de emergencia por las fuertes nevadas y bajas temperaturas que han afectado hasta el momento a 27 de sus 39 municipios, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a los hechos de violencia electoral en la Ciudad de México, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la CDMX, a realizar y difundir auditorias de contratos, licitaciones y adjudicaciones relacionadas con la empresa francesa Veolia, suscrito por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a rendir un informe detallado sobre la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-09100-02-0313 313-DE, realizada por la ASF, y a supervisar y evaluar periódicamente las áreas encargadas de la gestión y operación del programa de caminos rurales, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a realizar un estudio diagnóstico de cobertura nacional en el que se determine la presente salud poblacional de los principales recursos pesqueros en costas mexicanas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Quintana Roo, para que se realicen adecuaciones a su legislación vigente y se contemple al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de dicha entidad, y en su caso, se expida una Ley dirigida a regular este sector, suscrito por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones previstas en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice observaciones a la totalidad de la Ley de Seguridad Interior, que permita aplazar su publicación y entrada en vigor, a cargo de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA, a cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente, debido a los daños al ambiente y a la salud, suscrito por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente campañas de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes, suscrito por la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conafor, a implementar acciones prioritarias en el sureste del país, particularmente, en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para detener la pérdida de cobertura forestal en dichas entidades federativas, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a atraer el caso relativo al homicidio del ombudsman de Baja California Sur, suscrito por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz, a esclarecer e impulsar las investigaciones en torno a la desaparición de 50 mujeres en la entidad, en noviembre de 2011, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, considere la viabilidad de emitir un billete conmemorativo en el mes de abril de 2018, con motivo de la celebración de los cuatrocientos años de la Fundación del municipio de Córdoba, Veracruz, suscrito por el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sonora, a que instruya al Secretario de Educación y Cultura de la entidad a la reinstalación inmediata de 53 maestros cesados injustamente, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrito por la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofece, a fortalecer los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para construcción, en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos registrados en el país, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, a desistir en la negación de pensiones por viudez a parejas del mismo sexo, puesto que viola los derechos humanos de acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Cultura y al INAH, a emitir una imagen simbólica de la Antigua Ciudad Maya y Bosques Protegidos de Calakmul, Campeche, presentándola como “Patrimonio Mixto, Cultural y Natural de la Humanidad”, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a respetar el principio de presunción de inocencia y valorar de inmediato las pruebas de inocencia aportadas por la defensa de Laura Carranza Leal, a quien se le acusa de delitos contra la salud por el envío de un medicamento controlado para su madre, paciente con esquizofrenia, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a promover la buena alimentación en toda la población para disminuir el número de casos de enfermedades crónicas, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, para que investiguen, inspeccionen y sancionen a quien resulte responsable por la contaminación del manantial de la comunidad El Cubo, Guanajuato, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrito por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a efecto de que, en coordinación con las entidades federativas refuerce las acciones destinadas a prevenir y reducir la violencia escolar, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a fortalecer la estrategia de seguridad, ante el incremento sostenido de los delitos de alto impacto en la entidad, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX, a efecto de exponer a la opinión pública, los motivos por los cuales se realizó el “aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2018”, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y al SAT, a realizar una investigación sobre la contratación por parte del gobierno estatal de convenios en materia de servicios periodísticos con presuntas empresas “fantasmas”, asimismo, informen sobre las sanciones administrativas y penales impuestas a los servidores públicos involucrados, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a estrategias en materia de contención, programas preventivos y acciones de política pública encaminadas a fortalecer las medidas de seguridad del sistema de metrobús, ante el incremento de asaltos y robos con violencia en la red del sistema de transporte, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al municipio de La Paz, Baja California Sur, a informar esta Soberanía sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la ASF correspondientes a la Cuenta Pública 2016, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, para que lleve a cabo una fiscalización de los recursos asignados al partido Morena, a fin de conocer si el uso y destino de los mismos, se ha aplicado conforme a la normatividad en la materia, en virtud de los señalamientos de diversos medios de comunicación que indican que éstos podrían haber sido utilizados para financiar las aspiraciones políticas de su presidente nacional, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos, para que presente un informe sobre el avance en los trabajos de reparación, mantenimiento y reconstrucción de diversas obras públicas realizadas durante la actual administración, en las que fueron denunciadas presuntas irregularidades en los costos, planeación y licitaciones en la construcción a mediados del año 2017, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a sus homólogas, a efecto de que cumplan y difundan el Manual de Seguridad Escolar, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, resuelve nominar a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en México (Redodem), para recibir el Premio Nobel de la Paz 2018, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el pacífico desarrollo del proceso electoral a realizarse en este año, a cargo de los diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Delegación Cuajimalpa, a que implemente diversas acciones para incrementar la seguridad de los habitantes, a fin de evitar que continúen haciéndose justicia por propia mano, suscrito por la diputada Sara Paola Galico Felix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la instalación de un parque industrial en Quintana Roo, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los órganos directivos de la LXIII Legislatura del Senado de la República, a que la información difundida por el área de Comunicación Social, sobre la Ley de Seguridad Interior, se apegue a los principios de imparcialidad, objetividad, veracidad, accesibilidad y recoja las opiniones a favor y en contra de dicha Ley, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMPI, para que inicie de oficio el procedimiento para emitir la Declaración de Denominación de Origen del Nopal, suscrito por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incorporar al Reglamento en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y sus derivados, las disposiciones necesarias para el uso terapéutico garantizando el derecho a la salud de las y los mexicanos, suscrito por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX y al STC-Metro para implementar una campaña de verificación sanitaria de los comercios expendedores de alimentos y bebidas localizados al interior y en los alrededores de las estaciones del Metro, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del INE, a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho instituto por evidente conflicto de intereses, a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que se aceleren las investigaciones de desvío de recursos públicos en el INE, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a la vigilancia de recursos destinados a la reconstrucción en las entidades afectadas por el sismo del 07 de septiembre pasado, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la Sagarpa, para que envíen a esta Soberanía, en un plazo no mayor a diez días hábiles, un informe respecto de la situación de inseguridad en que se encuentran las familias que dependen del campo mexicano y las principales afectaciones por parte del crimen organizado al sector, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a dar máxima publicidad a las acciones que ha emprendido en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera en temas de educación financiera en los diversos niveles educativos, suscrito por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a realizar un trabajo interinstitucional para promover e impulsar la producción y el reciclaje de árboles de navidad, a través de la Conafor, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo para que la Mesa Directiva del Senado de la República, solicite se dictamine la Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, suscrito por el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de diversas entidades federativas, a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, para la integración y transparencia de sus bancos estatales de datos e información, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que realicen un análisis sobre el plan fiscal aprobado por el gobierno de los Estados Unidos de America para el año 2018, y establezcan las acciones que tengan como resultado el control de la inflación, el fomento a la productividad y competitividad de las empresas mexicanas, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI, a continuar y fortalecer la realización de censos, conteos, estudios y otros instrumentos estadísticos dedicados a visibilizar a la población con algún tipo de discapacidad en México, a cargo de la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX, para que informe sobre acciones y avances que ha logrado en la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo para que se cite a comparecer al titular de la SHCP, para que dé cuenta del incremento de los precios de las gasolinas y el IEPS, y por el que se exhorta a la Cofece para que lleve a cabo las acciones para disuadir la colusión entre empresas gasolineras, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a convocar a un periodo extraordinario para impulsar una reforma hacendaria, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo, así como a la PROFECO, realicen las investigaciones necesarias con respecto al servicio brindado por Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., suscrito por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejeros de Especialidades Médicas (Conacem), para que detalle las acciones que esa instancia realiza, suscrito por el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fepade, al INE y a la ASF, para que se investigue el posible desvío de recursos públicos y la creación de empresas fantasma para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016, así como al Gobierno del estado de Chihuahua a informar sobre dicho asunto, a cargo de los diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CDMX, a investigar los actos encabezados por el PRD, en contra de simpatizantes de Morena en Coyoacán y a brindar garantías de protección y seguridad durante todos los eventos públicos del proceso electoral 2017-2018, suscrito por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, al IMSS y al ISSSTE, para que impulsen, fortalezcan y promuevan acciones para combatir la automedicación, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la SRE, a aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos (ESTA), a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo para que se cite a comparecer a los titulares de la SEGOB y la PGR, en relación con la violencia en los procesos políticos locales, a cargo de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se solicita el deslinde de responsabilidades de dirigentes partidistas del PRI y funcionarios federales por su posible participación en el desvío de 250 millones de pesos para las elecciones de Chihuahua en el año 2016, suscrito por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, a impulsar acciones y políticas públicas que permitan destinar mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en sus municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria, suscrito por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fepade, a informar a esta Soberanía sobre el desahogo de la indagatoria del caso Chihuahua-PRI, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Instituciones encargadas del desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales, a promover la infraestructura física y aplicar recursos financieros y materiales para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales de la población, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que intensifiquen la difusión o en su caso, implementen campañas de reciclaje de árboles navideños naturales secos, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF audite la licitación de placas realizada por el gobierno el estado de Yucatán con motivo del reemplacamiento vehicular 2017, y a la PGR para que investigue probables delitos cometidos, a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno y a la Fiscalía General del estado de Jalisco, para que se agilice la investigación del asesinato de Saúl Galindo Plazola y los recientes asesinatos políticos cometidos en la costa sur de dicha entidad, y que soliciten a la Semar un informe e investigación del comportamiento de sus elementos en dicha zona, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo al precio de la tortilla, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que brinde las garantías de seguridad en todo el país durante los procesos electorales de 2018, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a trabajar de manera coordinada para reforzar la seguridad en las entidades donde se celebrarán comicios electorales y garantizar la vida e integridad de la ciudadanía en general, suscrito por el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas lleven a cabo campañas de verificación e inspección en las casas de empeño en todo el país, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE y a la Cofece generen acciones que garanticen una competencia de mercado justa y que brinden seguridad en el servicio para los usuarios de transporte marítimo mixto y de pasajeros, en los puertos del estado de Quintana Roo, a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo para que se cite a comparecer al titular de la Fepade, para que explique la situación que guardan las investigaciones del Caso Odebrecht con exfuncionarios de Pemex y de la administración pública federal, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que en coordinación con las 32 entidades federativas, instrumenten campañas para concientizar a la población, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes, sobre el uso responsable de las redes sociales, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al Conacyt, a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias, suscrito por la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a que garanticen atención y apoyo permanente a 6 mil personas indígenas que se encuentran en situación de extrema urgencia, al haber sido desplazadas de sus comunidades en el estado de Chiapas, suscrito por la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX, para que en la prestación de los servicios de albergues, se garanticen condiciones de estancia digna, sanitarias, de esparcimiento y de seguridad, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el accidente aéreo de una avioneta en la provincia de Guanacaste, República de Costa Rica, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno para que se realicen investigaciones sobre los recientes asesinatos cometidos en contra de militantes y funcionarios del PRD, a cargo de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos, a informar sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la ASF correspondientes a la cuenta pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones federales a entidades federativas que presumiblemente representaron un daño a la Hacienda Pública por casi 960 millones de pesos, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Sedesol, a la Secretaría de Salud, a la SE y a la Sagarpa, para que incentiven los apoyos de producción, regulación, publicidad y de competencia económica de la industria lechera de México, suscrito por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo para que se cite a comparecer al titular de la SHCP, para que explique las acciones económicas y fiscales para enfrentar las repercusiones inflacionarias a consecuencia del alza de la tasa de interés instrumentada por Banxico, y para que exponga las medidas para enfrentar las eventuales consecuencias de la reforma fiscal en el ámbito de la inversión productiva, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano y suscrito por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por la caída de un autobús de pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero y envía sus condolencias a las familias de las víctimas mortales, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, al IMSS y al ISSSTE, a crear campañas de salud para combatir la bulimia y la anorexia, suscrito por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX, para que continúe y refuerce las acciones encaminadas a combatir la delincuencia e inseguridad dentro del Sistema de Trasporte Colectivo Metro y del Metrobus, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que intensifique las campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano y de la realización de la prueba del Papanicolaou a mujeres, suscrito por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fepade, a la ASF, al INE y a la SFP, para que investiguen el probable desvío de 250 millones de pesos de la SHCP en el año 2016 al PRI, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a convocar a una mesa interinstitucional en la que participe el gobierno federal, sociedad civil y sector privado, con el fin de definir una estrategia integral respecto al problema del cáncer en México, suscrito por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el pasado 1 de enero de 2018, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE, para que utilicen los remanentes de la denominada compra consolidada, en la adquisición de medicamentos innovadores y biotecnológicos para cubrir enfermedades curables en el país, suscrito por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a las 32 entidades federativas para que a nivel nacional se ponga en circulación la campaña de salud “Check Up”, con la finalidad de detectar y tratar a tiempo la diabetes, obesidad e hipertensión, suscrito por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Salud ambas del estado de Jalisco, para que implementen acciones de prevención de accidentes de tránsito en niños jaliscienses, suscrito por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, para que incentive acciones para atender y reducir la problemática del suicidio en jóvenes y adultos en la entidad, suscrito por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Comentarios relativos a la generación de empleos durante la presente administración, a cargo de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios relativos a la “Situación Política Nacional”, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios relativos a la violencia contra representantes populares y militantes de los partidos políticos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios relativos a las Zonas Económicas Especiales como detonantes del desarrollo regional, a cargo de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Efeméride
Con motivo del 4 de enero, “Día del Periodista”, a cargo de la senadora Yolanda de la Torre Valdez, Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Gracias, secretaria.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Adelante, diputado Virgilio Dante Caballero. ¿Es en relación al acta?
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): No.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Entonces permítame que votemos la dispensa del acta.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Por favor.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.. Se dispensa la lectura
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinte de diciembre de dos mil diecisiete, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y cuatro legisladoras y legisladores, a las doce horas con cuarenta minutos del miércoles veinte de diciembre de dos mil diecisiete, el Presidente declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la Sesión de Instalación, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.
En su oportunidad realizan comentarios sobre los asesinatos de periodistas que se han registrado en los últimos años, y del periodista Gumaro Pérez Aguilando quien fue asesinado en Veracruz, las legisladoras y los legisladores: diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena; senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática; senadora Adriana Dávila Fernández, del Partido Acción Nacional; y diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia hace aclaraciones respecto a los temas que no se encuentren registrados en el Orden del Día.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De los legisladores: senador Fernando Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática; diputados: José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México; y Jesús Enrique Jackson Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por los que comunican la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del quince, dieciocho, y veinte de diciembre del año en curso, respectivamente. De enterado. Comuníquense.
b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite quince contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.
c) De la Cámara de Senadores, con la que:
• Remite el Presupuesto ejercido durante el mes de noviembre del año en curso y el Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de dos mil dieciocho. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
• Remite el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica la designación que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, para un segundo periodo, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, del primero de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.
• Remite oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que la Sexta Ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos, se llevará a cabo del veintitrés al veintiocho de enero de dos mil dieciocho en la Ciudad de Montreal, Canadá. De enterado. Se remite a la Cámara de Senadores.
• Comunica la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, durante el periodo del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. De enterado. Se remite a la Cámara de Diputados, y a la Cámara de Senadores.
• Remite del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el Informe semestral de labores, correspondiente al período del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis al quince de noviembre de dos mil diecisiete. Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
• Remite el Informe de la participación del senador Raúl Aarón Pozos Lanz, en la “Reunión del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe”, en el marco de la Centésima Trigésima Séptima Asamblea de la Unión Interparlamentaria en San Petersburgo, Federación Rusa. De enterado. Se remite a la Cámara de Senadores.
• Remite el Informe de la senadora con licencia Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de su participación en la Cuadragésima Sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, celebrado en la Ciudad de Roma, Italia los días cuatro, cinco, y seis de julio de dos mil diecisiete. De enterado. Se remite a la Cámara de Senadores.
• Remite el Informe de la participación de la senadora María de los Dolores Padierna Luna, del Partido del Trabajo, con motivo del acompañamiento de la Primera Ronda de Negociaciones para Modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado en Washington, D.C. del dieciséis al veinte de agosto de dos mil diecisiete. Se remite a la Cámara de Senadores.
• Remite el Informe de la participación de la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Partido del Trabajo, en la Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del PARLATINO. Se remite a la Cámara de Senadores.
• Remite el Informe de actividades de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, correspondiente al Segundo Año de la Sexagésima Tercera Legislatura. Se remite a la Cámara de Senadores.
d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite:
• Remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de dos mil dieciséis. Se remite a Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.
• Remite, en nueve tomos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, en cumplimiento del artículo cuarenta y dos, fracción sexta, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.
e) Del Servicio de Administración Tributaria, con la que informa que, durante el mes de noviembre de dos mil diecisiete, a través de las autoridades aduaneras competentes, destinó bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos alimentos y bebidas, artículos de limpieza, aseo personal, y productos químicos, entre otros. Se remite a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Senadores.
f) Del diputado Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Décimo Distrito Electoral en el estado de Veracruz, a partir del veintisiete de diciembre del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
g) Iniciativas con proyecto de decreto de los Congresos de los estados:
• De Jalisco, por el que se adiciona una fracción vigésima novena al artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• De Michoacán, por el que se reforma la fracción sexta, del artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
La Presidencia invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria del periodista Gumaro Pérez Aguilando, así como de todos los periodistas que han sido víctimas de la violencia en el país.
Se da cuenta con acuerdos de la Mesa Directiva:
• Relativo a las Sesiones, y Orden del Día, de la Comisión Permanente, que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se dispensa la lectura; y de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.
• Relativo a la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que ejercerá en el Primer Receso de Trabajo del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación nominal por unanimidad de treinta y cinco votos se aprueba el Acuerdo. Comuníquese.
• Relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
Se levanta la sesión a las trece horas con doce minutos, y se cita para la que tendrá lugar el día jueves cuatro de enero del dos mil dieciocho, a las once horas.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta. Ahora sí, señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza(desde la curul): Para hacer referencia a los asuntos que tienen que ver con las agresiones cometidas en la Ciudad de México en actos de precampaña política de la maestra Claudia Sheinbaum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿No tenían ustedes un punto de acuerdo del PT en ese sentido?
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): No.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Ese está...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está presentado por el PT el punto de acuerdo sobre la violencia en la Ciudad de México. Entiendo que es un punto de acuerdo PT-Morena. ¿No prefiere usted, señor diputado, que lo desahoguemos? Si no, le voy a dar un minuto a usted y un minuto a la contraparte, seguramente.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Lo desahogamos con el punto de acuerdo.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Adelante con las comunicaciones.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número CP2R2A.-6042 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPMAR/ 391/ 2017 suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a tener en cuenta la situación política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela al considerar las solicitudes de refugio o de ingreso al país que presenten personas de esa nación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.
En atención a su oficio SELAP/ 300/ 2144/ 17, recibido el pasado 28 de agosto de 2017, remito para los fines procedentes, copia del similar INM/ CAS/ 65/ 2017, suscrito por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de asesores del comisionado del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual responde el punto de acuerdo en el cual exhorta a que tomen en cuenta la situación política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela al considerar las solicitudes de refugio o de ingreso al país.
Con mi atenta y distinguida consideración.
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.— Licenciado Humberto Roque Villanueva (rúbrica), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado José Manuel García García, coordinador de Asesores, de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.
En atención a su oficio número SPMAR/ COORDAS/ 363/ 2007, mediante el cual solicita información para atender el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 23 de agosto del presente año, comunicado a la Secretaría de Gobernación por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo mediante oficio número CP2R2A.-6042, acuerdo que señala textualmente:
Primero. ...
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al Instituto Nacional de Migración para que el personal que realiza funciones migratorias y de protección en el territorio nacional, tenga en cuenta la situación política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela al considerar las solicitudes de refugio o de ingreso al país que presenten personas de esa nación.
Al respecto, me permito informarle que este Instituto ha gestionado oportunamente el flujo migratorio proveniente de la República Bolivariana de Venezuela, considerando la situación que prevalece en dicha Nación, por lo que desde 2013 a la fecha se han otorgado 103, 105 condiciones de estancia entre las que se incluyen a visitantes por razones humanitarias, residentes temporales estudiantes, residentes temporales y residentes permanentes. Es importante señalar el incremento sostenido en las solicitudes de trámites migratorios de esta nacionalidad al pasar de 12 mil 805 solicitudes en 2013 a 31 mil 57 en 2017.
Al igual que lo ha hecho con los flujos extraordinarios de nacionales de Haití, Cuba, Colombia y de países africanos y asiáticos, este Instituto continuará facilitando la movilidad de personas que requieren un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen, como establece nuestra política migratoria.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número CP2R2A.- 6025 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPMAR/ 395/ 2017, suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a continuar y fortalecer las acciones de orientación y asesoría sobre trámites migratorios a personas que así lo requieran en los aeropuertos internacionales del país.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.
En atención de su oficio número SELAP/ 300/ 2155/ 17, recibido el 28 de agosto de 2017, remito para los fines procedentes copia del similar INM/ CAS/ 66/ 2017, suscrito por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de asesores del comisionado del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se exhorta a continuar y fortalecer las acciones de orientación y asesoría sobre trámites migratorios a personas que así lo requieran en los aeropuertos internacionales del país.
Con mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2017.— Licenciado Humberto Roque Villanueva (rúbrica), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado José Manuel García García, coordinador de Asesores, de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.
En atención de su oficio número SPMAR/ COORDAS/ 364/ 2017, mediante el cual solicita información para atender el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 23 de agosto del presente año, comunicado a la Secretaría de Gobernación por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, mediante el similar CP2R2A.- 6025, acuerdo que señala textualmente:
Primero. ...
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta al Instituto Nacional de Migración a continuar y fortalecer las acciones de orientación y asesoría sobre trámites migratorios a personas que así lo requieran en los aeropuertos internacionales del país.
Al respecto, me permito informarle que el instituto toma nota del exhorto y refrenda su compromiso de continuar el desarrollo y fortalecimiento de acciones institucionales orientadas a brindar un servicio eficiente y oportuno a personas nacionales y extranjeras que requieren asesoría y orientación para realizar trámites migratorios en los aeropuertos internacionales del país, a través de los agentes federales de Migración destacados en dichas instalaciones.
Sin otro particular, le reitero mis permanentes atenciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.— Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número DGPL- 1P3A.- 406, signado por el senador David Monreal Ávila, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SPMAR/ 390/ 2017, suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esta secretaría a establecer convenios e implantar acciones que permitan atender a la población migrante en las entidades fronterizas; asimismo, establece que el Instituto Nacional de Migración está en la mejor disposición para acudir ante el Senado de la República, una vez que se acuerde la agenda con la Comisión de Asuntos Migratorios de ese órgano legislativo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.En respuesta del oficio número DGPL- 1P3A.- 4450, signado por el senador David Monreal Ávila, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPMAR/ 387/ 2017, suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esta secretaría a detallar y difundir el plan integral que se aplicaría a los jóvenes mexicanos afectados por el fin del programa DACA, así como seguir fortaleciendo el programa Somos Mexicanos, en apoyo de los connacionales que puedan ser deportados de Estados Unidos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número DGPL- 1P3A.- 3495, signado por la senadora Graciela Ortiz González, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPMAR/ 388/ 2017, suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número DGPL- 1P3A.- 4415, signado por el sendor David Monreal Ávila, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar DGV/ JDR/ 1.3.- 438/ 2017, suscrito por la maestra Jéssica Duque Roquero, directora general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a enviar los datos generales del vuelo 726 de la aerolínea Volaris que salió del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con destino a Chihuahua el pasado 23 de marzo; informar sobre las causas por las que se da una ida al aire, así como la frecuencia con que las aerolíneas realizan idas al aire durante el procedimiento de aproximación y aterrizaje; e indicar sobre la forma en que otorgan la calificación y certificación a los pilotos y copilotos de las líneas comerciales en el país.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-4401 signado por el senador David Monreal Ávila, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGV/JDR/1.3.-452/2017 suscrito por la maestra Jéssica Duque Roquero, directora general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia un informe en el que explique las razones y las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 de proyecto del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-406 signado por el Sen. David Monreal Ávila, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 307-A.-1287 suscrito por la Lic. María Luisa Decuir Viruez, Directora General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia a revisar los montos asignados al fondo fronterizo, a fin de que permita atender adecuadamente a las personas migrantes deportadas y a la población migrante en tránsito, en especial para las entidades fronterizas que mayor población migrante reciben, como lo son Baja California y Tamaulipas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-3492 signado por la Sen. Graciela Ortiz González, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DV/0027/2017 suscrito por el Mtro. José Enrique Prieto Vargas, Director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se solicita a esa Procuraduría informar sobre el grado de cumplimiento y las acciones que ha realizado para atender las recomendaciones que le han sido formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-3514 signado por la Sen. Graciela Ortiz González, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SCR/427/2017 suscrito por el Lic. Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia a continuar trabajando de manera permanente a fin de garantizar la seguridad de nuestros visitantes que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país ofrece.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-4403 signado por el Sen. David Monreal Ávila, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/JDR/1.3.-464/2017 suscrito por la Mtra. Jéssica Duque Roquero, Directora General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia a informar el estado de las solicitudes para el otorgamiento de permisos para administración, operación, explotación y en su caso construcción de aeródromos para el fomento al turismo, transporte de personas, medicamentos y productos básicos en el estado de Chiapas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-4411 signado por el Sen. David Monreal Ávila, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/JDR/1.3.-459/2017 suscrito por la Mtra. Jéssica Duque Roquero, Directora General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia a dar pronta solución y término a la obra del paso a desnivel que se construye en la avenida Aviación a Venta del Astillero, en la Carretera a Nogales, municipio de Zapopan, Jalisco, e informar los motivos de atraso en la obra, su fecha probable de culminación y el monto al que actualmente asciende su costo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-4416 signado por el Sen. David Monreal Ávila, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 900-03-05-00-00-2017-5457 suscrito por la L.C. Laura Padrón Ramírez, Administradora de Fiscalización a Grupos de Sociedades “5” del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a explicar las inconsistencias presentadas por OHL respecto a los ingresos reportados a la Bolsa Mexicana de Valores y el pago de impuestos por otra cantidad.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Cámara de Senadores.
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La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SNM/ 055/ 2017, el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios, envía los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al quinto bimestre del ejercicio fiscal de 2017, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de los anexos que en él se citan, en forma impresa y disco compacto, para que por su amable conducto sean remitidos a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. (1)
(1) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo“ A” .
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal que la Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral.
Sobre el particular, me permito enviarle el informe de utilización de tiempos oficiales, así como el informe de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal, ejercidos al quinto bimestre del año en curso, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.
Lo anterior, con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto en la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2017.— Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
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La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del oficio número DEP/1835/17 signado por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales envía el informe correspondiente al segundo semestre de 2017, sobre los desarrollos y avances de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (GT-OMP).
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Se hace referencia a los acuerdos alcanzados por el Grupo de Trabajo para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (GT-OMP) para informar periódicamente al Senado de la República sobre los desarrollos y avances de la participación de México en dichas Operaciones.
Al respecto, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento Interior de la SRE y en apego a las facultades que le confiere a la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento con la hoja de ruta para la participación gradual de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (OMP) que desglosa acciones de 2015 a 2020, me permito solicitar a usted sea el amable conducto para transmitir la comunicación anexa con el informe correspondiente al segundo semestre de 2017, el cual ya ha sido validado por los miembros el GT-OMP.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017.— Licenciado Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), director general.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Cámara de Senadores.
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La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. SNM/060/2017 el Lic. Andrés Chao Ebergenyi, Subsecretario de Normatividad de Medios, envía el informe de los Programas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en cumplimiento a lo establecido en el décimo párrafo del artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto, para que por su amable conducto sean remitidos a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al informe de los Programas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en cumplimento a lo establecido en el décimo párrafo del artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
Sobre el particular me permito enviarle el informe de mérito en forma impresa y electrónica, con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto por la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México a 19 de diciembre de 2017.— Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, y a la de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores. Adelante con las de la Secretaría de Hacienda.
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El secretario senador David Monreal Ávila: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los térmicos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2017. (2)
(2) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo“ A” .
Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2016.
De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2017.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017.— Vanessa Rubio Márquez (rúbrica), subsecretaria.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
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El secretario senador David Monreal Ávila: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Me permito hacer referencia a las obligaciones señaladas en el artículo 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), así como el artículo 9, fracción XXII, y 12 Quintus, fracción VI, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regu1atoria (COFEMER), por el cual se obliga a presentar ante el Congreso de la Unión un Informe anual sobre el desempeño de las funciones de esta Comisión, así como los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus Programas de Mejora Regulatoria.
Por lo anterior, me permito remitir de manera impresa dos ejemplares del Informe anual de desempeño de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) 2016-2017, para que por su amable conducto sean remitidos a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente. (3)
(3) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo“ A” .
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2017.— Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y a la de Comercio y Fomento Industrial de la de Senadores.
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El secretario senador David Monreal Ávila: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIII Legislatura.
Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.— Presente.
Atendiendo a mi convicción de rendición de cuentas y para cumplir con una de mis obligaciones como senadora de la República, con fundamento en el artículo 10, fracción VIII, del Reglamento del Senado de la República, remito a usted mi informe de actividades legislativas, el cual presenté el pasado 6 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, para informar a los chihuahuenses sobre las acciones y resultados de estos cinco años de trabajo. (4)
(4) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo“ A” .
En este sentido, le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea incorporado en la Gaceta Parlamentaria del Senado.
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017.— Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIII Legislatura.
Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.— Presente.
Por este medio y con fundamento en la fracción VIII, numeral 1, del artículo 10 del Reglamento del Senado de la República, remito a usted mi informe de actividades legislativas correspondiente al quinto año de ejercicio (septiembre 2016-agosto 2017) de la LXIII Legislatura.
Por lo anterior, adjunto ejemplar impreso del informe, así como la versión digital del mismo. (5)
(5) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo“ A” .
Sin otro particular, agradezco de antemano su atención al presente.
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2017.— Senador Víctor Hermosillo y Celada (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Cámara de Senadores.
SOLICITUD DE LICENCIA
El secretario senador David Monreal Ávila: licencia del señor senador José Francisco Yunes Zorrilla.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIII Legislatura.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El que suscribe, senador José Francisco Yunes Zorrilla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, numeral 1, fracción XIII; 11 ; 12 y 13, numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, solicito a usted respetuosamente someta a la aprobación del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo que he desempeñado como senador de la República, con efectos a partir del 31 de diciembre de 2017.
Sin otro particular, le agradezco la atención a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2017.— Senador José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pido a la Secretaría ponga a discusión la solicitud de licencia del señor senador José Francisco Yunes Zorrilla.
El secretario senador David Monreal Ávila: Punto de acuerdo. Único. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al senador José Francisco Yunes Zorrilla, para separarse de sus funciones como senador de la República, a partir del 31 de diciembre de 2017.
Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
El senador José María Tapia Franco (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Adelante, senador Tapia.
El senador José María Tapia Franco (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para en nombre del Senado de la República extenderle el mejor de los éxitos al senador José Yunes, en este nuevo proyecto que va a iniciar. Al mismo tiempo, reconocerle su patriotismo, su dedicación y su compromiso con el Senado en estos cinco años y meses que estuvo al frente y como compañero nuestro, y en reconocimiento a las grandes labores que deja como presidente de la Comisión de Hacienda y a través de nosotros, su compañero del Senado desea el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda que está a punto de emprender. Un saludo al senador José Yunes y mi reconocimiento permanente a su persona.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Muchas gracias, señor senador.
El diputado Adolfo Mota Hernández(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Seguramente con el mismo objeto, el senador José Adolfo Mota. Adelante. El diputado José Adolfo Mota. Son mis deseos, mi querido diputado.
El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Gracias, presidente. Coincidir con mi compañero senador en esta licencia que se le aprueba a un gran mexicano y a un gran veracruzano. Como veracruzano me uno a esa felicitación, desde luego que ha sido diputado federal también, ha sido senador de la República y creo que en estos cinco años de servicio en la Presidencia de la Comisión de Hacienda ha servido a México y su cometido, que es previsible y adivinable en esta sesión, estoy seguro que podrá recibir la mayoría de las simpatías en el estado de Veracruz. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Muchas gracias, diputado. Sin lugar a dudas sumamos también nuestro aprecio, nuestro reconocimiento y nuestro saludo al hoy senador con licencia Yunes Zorrilla, un extraordinario amigo.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Adelante, senadora Gómez del Campo.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente reconocer el trabajo de nuestro compañero José Yunes, al frente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, su institucionalidad, el manejo que le dio durante estos años a la comisión y además una persona que siempre privilegió el diálogo, el acuerdo y el consenso. Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Muchas gracias, senadora. Adelante, continuamos con las comunicaciones.
REINCORPORACIÓN DE SENADOR
El secretario senador David Monreal Ávila:
«Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.— Presente.
Por este medio y considerando la licencia que me fue concedida para separarme de mis funciones como senador de la República el 29 de diciembre 2017. Le hago de su conocimiento que a partir de esta fecha, 2 de enero 2018, me reincorporo a mis funciones como senador.
Lo anterior con fundamento en el artículo 14, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República.
Sin otro particular, agradezco la atención que sirva darle al presente.
Atentamente
Ciudad de México, a 2 de enero de 2018.— Senador Fidel Demedecis Hidalgo (rúbrica).»
Se recibió oficio del senador Fidel Demédicis Hidalgo, por el que se comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 2 de enero del año en curso.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se comunica a la Cámara de Senadores.
INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALESLEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
El secretario senador David Monreal Ávila: «Del Congreso del Estado de Chihuahua.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia de la iniciativa ante el H. Congreso de la Unión No. LXV/INICU/0008/2017 I P.O., por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua, propone reformar los artículos 2 y 3, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de que la Federación atraiga obligatoriamente homicidios de alto impacto y considerarlos como de delincuencia organizada.
Asimismo, me permito informarle que el dictamen que da origen al citado decreto, se .encuentra para su consulta en la página oficial del H. Congreso del Estado: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictamenes/archivosDictamenes/7 781.pdf
Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Chihuahua, Chihuahua, a 12 de diciembre de 2017.— Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Presidenta del Congreso del Estado.»
«Del Congreso del Estado de Chihuahua.
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer período ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, tiene a bien emitir la siguiente resolución con carácter de
Iniciativa ante el H. Congreso de la Unión
Primero. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, envía iniciativa ante el Congreso de la Unión, en la cual propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se reforma el artículo 3o., el primer párrafo; y se adiciona al artículo 2o., primer párrafo, la fracción XI; ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, paro quedar redactados de la siguiente forma:
Artículo 2o. ....
I. a X. ...
XI. Homicidio, previsto en el artículo 302; Homicidio en razón del parentesco o relación, previsto en el artículo 323; y Feminicidio, previsto en artículo 325, todos del Código Penal Federal.
Artículo 3o. Las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos del fuero común referidas en las fracciones V, VI, VII y XI así como las relativas a los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo competencia de las autoridades locales referidas en la fracción IV, todas del artículo 2o. de la presente Ley, atribuibles a personas que forman parte de la delincuencia organizada, serán investigadas, perseguidas y, en su caso, procesadas conforme a las disposiciones de esta Ley siempre que el agente del Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción o la competencia originaria, respectivamente. En estos casos, las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer tales delitos los cuales serán tipificados y sancionados conforme al ordenamiento penal de la entidad federativa aplicable en los casos de las fracciones V, VI, VII y XI del artículo 2o. de esta Ley o bien, conforme a la legislación aplicable en los casos de los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo referidos en la fracción IV del artículo 2o. de esta Ley.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. De conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia de la presente Resolución al H. Congreso de la Unión, para los efectos conducentes.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.— Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, Presidenta; diputada Carmen Rocío González Alonso, secretaria; diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, secretaria.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El secretario senador David Monreal Ávila: «Del Congreso del Estado de Nuevo León.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXIV Legislatura del Congreso de Nuevo León pone a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reforma de la fracción I del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se acompaña al presente copia del dictamen emitido por la Comisión de Legislación, aprobado en la sesión de hoy, y del acuerdo número 862, que contiene la iniciativa citada en el párrafo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes, con la atenta súplica de que nos den a conocer el trámite legislativo que se haya dado al presente.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.
Atentamente
Monterrey, Nuevo León, a 4 de diciembre de 2017.— Diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica), primera secretaria; diputada Eva Patricia Salazar Marroquín (rúbrica), segunda Secretaria.»
«Del Congreso del Estado de Nuevo León.
Acuerdos
Primero. La Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Nuevo León, con fundamento en los artículos 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Congreso de la Unión el análisis y, en su caso, la aprobación del siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforma la fracción I del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 201. ...
I. Que el Ministerio Público, el acusado o su defensa solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño;
II. y III. (...)
a) a e) (...)
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Remítase al Congreso de la Unión el presente acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus efectos constitucionales.
Monterrey, Nuevo León.— La Comisión de Legislación, diputados: Héctor García García (rúbrica), presidente; Óscar Alejandro Flores Escobar (rúbrica), vicepresidente; Andrés Mauricio Cantú Ramírez, secretario: Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Adrián de la Garza Tijerina (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Eustolia Yanira Gómez García (rúbrica), Eva Margarita Gómez Tamez (rúbrica), Samuel Alejandro García Sepúlveda, Eugenio Montiel Amoroso (rúbrica), Jorge Alan Blanco Durán (rúbrica), vocales.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El secretario senador David Monreal Ávila: «Del Congreso del Estado de Nuevo León.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXIV Legislatura al honorable Congreso de Nuevo León, pone a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reforma a la fracción primera del artículo 102 de la Ley del Seguro o Social.
Se acompaña al presente copia del dictamen emitido por la Comisión de Legislación, aprobado en la sesión del día de hoy, así como del acuerdo número 864 que contiene la iniciativa citada en el párrafo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes, con la atenta súplica de que nos den a conocer el trámite legislativo que se le haya dado al presente.
Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.
Atentamente
Monterrey, Nuevo León, a 5 de diciembre de 2017.— Diputada Laura Paula López Sánchez (rúbrica), primera secretaria; diputada Eva Patricia Salazar Marroquín (rúbrica), segunda secretaria.»
«Del Congreso del Estado de Nuevo León.
Acuerdo
Primero. La Septuagésima Cuarta Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su caso aprobación del siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforma la fracción primera del artículo 102 de la Ley del Seguro o Social, para quedar como sigue:
Artículo 102. ...
I. Que haya cubierto por lo menos diez cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio;
II. a III. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Remítase al Congreso de la Unión el presente acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus efectos constitucionales.
Monterrey, Nuevo León.— Comisión de Legislación, diputados: Héctor García García (rúbrica), presidente; Óscar Alejandro Flores Escobar (rúbrica), vicepresidente; Andrés Mauricio Cantú Ramírez, secretario; Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Adrián de la Garza Tijerina, José Arturo Salinas Garza (rúbrica) y Eustolia Yanira Gómez García, Eva Margarita Gómez Tamez (rúbrica), Samuel Alejandro García Sepúlveda, Eugenio Montiel Amoroso, Jorge Alan Blanco Durán (rúbrica), vocales.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
El secretario senador David Monreal Ávila: Es todo, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Concluimos con el apartado de comunicaciones.
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETOLEY DE EDUCACIÓN
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Adolfo Mota Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar los artículos 7o., 8o. y 12o. de la Ley de Educación, adelante, diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, presidente. Esta iniciativa con proyecto de decreto pretende adicionar una fracción al artículo 7, modificar la fracción III del artículo 8, y la fracción I y párrafo segundo del artículo 12, todos de la Ley General de Educación.
La Ley General de Educación menciona en su artículo 12, que de manera exclusiva le compete a la autoridad educativa federal la elaboración de programas educativos para toda la república. Los planes y programas de estudios para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Por eso, esta iniciativa propone que la autoridad educativa incorpore o elabore un programa pedagógico de desarrollo emocional, desde nivel preescolar hasta nivel medio superior dentro del programa educativo.
Algunos pensadores en la materia establecen que esto puede generar mejor autoconocimiento y toma de decisiones en el alumno, mejora en el desempeño del estudiante, proteger y evitar el estrés, las relaciones interpersonales, favorecer el desarrollo personal, otorgar capacidad de influencia y liderazgo, favorecer el bienestar psicológico, reducir la ansiedad y ayuda a superar la depresión, aumentar la motivación y alcanzar metas. Y a mejorar el bienestar y el equilibrio emocional de manera positiva.
Tiene, además, como objetivo, tres vertientes fundamentales: el preventivo, que pretende ayudar a los alumnos a reconocer las situaciones que pueden generar estrés en la escuela y constituyen un riesgo psicosocial. El objetivo es fomentar una cultura de prevención de riesgos para mejorar las condiciones de las escuelas, como son los problemas de estrés, ansiedad y nerviosismo.
Por lo mismo, en la fracción XVII pretende incluir en los planes textual y programas de estudios para la educación, de desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan tanto en niños de nivel primario como jóvenes de secundaria, hasta nivel superior, interactúen a nivel personal, social y ambiental.
Contribuirá a la convivencia humana tanto para los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando el desarrollo de habilidades socioemocionales.
El artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las siguientes atribuciones:
Fracción I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio, así como de desarrollo emocional para la educación preescolar, primaria y secundaria.
Desde el punto de vista psicopedagógico se ha observado la necesidad de la intervención socioemocional. En estos se encuentran varios antecedentes y en varios países que ya lo llevan a cabo.
Por lo mismo, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente —y sea tan gentil de trasladarlo a la comisión respectiva para su estudio y dictamen— esta propuesta de reforma, de actualización y formulación de los planes y programas de estudio, así como del desarrollo emocional. Es cuanto, presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 7o., 8o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Adolfo Mota Hernández, diputado integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 7, se modifica la fracción III del artículo 8 y se modifican la fracción primera y su párrafo segundo del artículo 12 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosDe acuerdo con el nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública presentado en julio del 2016, para el 2017–2018, éste deberá contener principios filosóficos y doctrinarios de la educación obligatorios, dentro de los más importantes menciona una propuesta pedagógica que incluye el desarrollo emocional.
Este contempla el desarrollo de habilidades socio-emocionales, lo que permitirá que tanto niños de nivel primario como jóvenes de secundaria hasta de nivel superior, interactuaren en diferentes niveles personales, sociales y ambientales.
Es un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Capacitar al alumnado de conocimientos y competencias emocionales que le permitan afrontar la vida tanto personal como profesional con éxito y aumentar su bienestar a nivel de salud y de convivencia.
Desde el punto de vista psicopedagógico, se ha observado la necesidad de la intervención socio-emocional (Álvarez, 2001) debido a los altos índices de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, abandono de los estudios, dificultades en la relación con los compañeros y compañeras. Esto provoca un claro déficit de madurez emocional y estados emocionales negativos, provocando así la escasa actitud y motivación de las personas estudiantes ante el mundo académico.
El desarrollo de la inteligencia emocional y, por lo tanto, el desarrollo de las competencias emocionales (Bisquerra 2000 y Goleman, 1995), se centra en la prevención de factores de riesgo en el aula (Ibarrola, 2004) con el fin de mejorar las calificaciones, la falta de motivación y las agresiones (Casel, 2003).
Un desafío fascinante para la escuela actual es educar a los alumnos tanto académica como emocionalmente. Este desafío está justificado por el número creciente de programas de prevención e intervención para jóvenes.
La inteligencia emocional consiste en una serie de actividades que sirven para apreciar y expresar de manera justa las emociones propias y las de otros, y para emplear la sensibilidad a fin de motivarse, planificar y realizar de manera cabal la propia vida.
Ésta tiene como objetivo su aplicación en tres vertientes:
* Preventivo: Pretende ayudar a los alumnos a reconocer las situaciones que pueden generar estrés en la escuela y constituyen un riesgo psicosocial, El objetivo es fomentar una cultura de la prevención de riesgos para mejorar las condiciones en las escuelas, como lo son los problemas de estrés, ansiedad o nerviosismo.
* Correctivo: Busca que los alumnos aprendan y obedezcan las normas y no que les provoque un daño, evitando que se sientan culpables o amenazados
* Contención: Se considera que su función es la de mantener una capacidad de respuesta constante, técnicas y herramientas para contener el enfado.
Es el modelo con mayor apoyo empírico, pero, paradójicamente, el más desconocido en el campo educativo y puede constituir un marco útil para los programas de inteligencia emocional en la escuela.
Lo anterior es de vital importancia para el sector educativo, para la prevención de incidentes, tragedias como la suscitada en el estado de Nuevo León los pasados días.
Por su parte, el gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, puso en marcha un programa piloto de mediación escolar en las secundarias técnicas, destinado a combatir la práctica del acoso conocido como bullying.
Por la que nombró 160 Mediadores Escolares y Promotores de la Paz, es una acción que se está llevado a cabo con apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Ley General de Educación menciona en su artículo 12 de manera exclusiva que le compete a la autoridad educativa federal la faculta de elaboración de programas educativos para toda la república los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Esta iniciativa propone que la autoridad educativa incorpore o elabore un programa pedagógico de desarrollo emocional desde nivel preescolar hasta nivel medio superior, dentro del programa educativo.
Ello generaría las siguientes consecuencias favorables como son:
1. Mejorar el autoconocimiento y la toma de decisiones
2. Mejora el desempeño del estudiante
3. Protege y evita el estrés
4. Mejora las relaciones interpersonales
5. Favorece el desarrollo personal
6. Otorga capacidad de influencia y liderazgo
7. Favorece el bienestar psicológico
8. Reduce la ansiedad y ayuda a superar la depresión
9. Aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas
10. Ayuda a mejorar el bienestar y el equilibrio emocional de manera positiva para poder conciliar el sueño
Es fundamental que el menor sepa que no está solo, que no es responsable de los hechos, y que este programa lo ayudará a superar este momento acudiendo a la escuela donde se aplicará cualquiera de las vertientes antes mencionadas (prevención, corrección y contención), al hablar con profesores y directivos y buscar una solución entre todos.
El objetivo es plasmar en la ley la aplicación en los planes y programas de estudio para la educación, el desarrollo de habilidades socio–emocionales, como se hizo en otros países, como España. La implementación de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) aprobada en 2013 por el Consejo de Ministros en España y que entró en vigor en el curso 2014/2015 para los cursos impares, y la nueva asignatura de “Educación Emocional y para la Creatividad” (EMOCREA) en España, y específicamente en Canarias, que ha desarrollado su aplicación curricular. Entre otros países como Argentina, Estados Unidos, Perú etc.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 7, se modifica la fracción III del artículo 8 y se modifican la fracción primera y el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley General de Educación
Artículo 7. ...
I. al XVI ...
XVII. Incluir en los planes y programas de estudio para la educación el desarrollo de habilidades socio – emocionales, que permitan que tanto niños de nivel primario como jóvenes de secundaria hasta de nivel superior, interactuaren a nivel personal, social y ambiental.
Artículo 8. ...
I. al II. ...
III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, el desarrollo de habilidades socio–emocionales, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y
IV. ...
Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio, así como de desarrollo emocional para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48; para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio, así como de desarrollo emocional para la educación normal y demás de formación de maestros de educación básica, la Secretaría también deberá mantenerlos acordes al marco de educación de calidad contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo nacional.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Diseño y evaluación de programas de educación emocional, Álvarez González, M. 2001, Barcelona.
2 Inteligencia emocional y su contexto, Rafael Bisquerra 2000
3 Inteligencia emocional, Daniel Goleman.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 20 días de diciembre de 2017.— Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado Mota. Efectivamente, su iniciativa se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Escucharemos ahora, por cinco minutos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Está suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila y será presentada por la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval. ¿Lo dije bien?
La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval:Así es, presidente. Gracias.
Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores. Acudo a esta tribuna a nombre de mi compañera y amiga la diputada Karina Padilla, a presentar esta iniciativa que tiene como objeto mejorar las condiciones laborales del personal de seguridad pública.
Mucho hemos hablado en esta Legislatura sobre cuál es el modelo que el Estado mexicano debe aportar y adoptar en materia de seguridad. Ha sido así porque la realidad nos sitúa en un escenario donde la capacidad policiaca del Estado en diversas regiones del país se ha visto rebasada por el poder de acción de grupos de delincuencia, que asechan a la sociedad y vulneran la capacidad de los gobiernos para hacerles frente. La realidad es que este gobierno está reprobado en materia de seguridad pública.
También, dadas las condiciones laborales tan extremas que sufren los elementos de seguridad pública, es cada vez más difícil reclutar a personas que tengan motivación y vocación para entrarle a una tarea que, además de complicada, pone en riesgo sus vidas.
Aunado a ello, el personal de las corporaciones e instituciones de seguridad pública en ocasiones se contrata bajo el régimen de honorarios, situación que a todas luces los sitúa en gran desventaja, al no contar con las condiciones policiacas propicias para garantizarles la cobertura de seguridad social, compensaciones, recompensas y otras prestaciones de ley que maximicen tratándose del desempeño vinculado con la seguridad pública nacional.
A lo anterior debemos sumar otro grave problema que viven día a día los operadores de las instituciones que forman el sistema nacional de seguridad pública, como es la jornada laboral excesiva a la que son sometidos.
La carencia de una ley o disposición que regule los horarios de trabajo de las fuerzas de seguridad pública, ya sea federal, estatal o municipal, han propiciado jornadas de entre 24 y 48 horas de trabajo continuo, impactando negativamente en su salud, en la convivencia familiar y en el rendimiento físico, intelectual y profesional. Los efectos físicos invariablemente repercuten en el desempeño profesional, pues se genera bajo rendimiento, reacciones lentas, disminución del estado de alerta y en ocasiones accidentes y lesiones, todo ello resultado de una falta de atención. En la medida de que el personal que desempeña estas funciones cuenten con mejores condiciones de salud y descanso serán más eficientes las actividades encomendadas.
Reconocemos que no es una labor fácil, es cierto, se requieren mayores recursos económicos, humanos, de infraestructura y capacitación, sin embargo frente a los argumentos que impera la premisa del respeto a los derechos laborales, sociales de todo ser humano, es por ello que ponemos a consideración que es necesario homologar la Ley Federal del Trabajo al Servicio del Estado, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de establecer la jornada máxima para los operadores de las corporaciones e instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proponemos que la jornada laboral no sea y no se pueda exceder de 48 horas semanales, complementando con 24 horas ininterrumpidas de descanso una vez por semana, de igual manera establecer que en caso de urgencia el horario no podrá exceder por máximo de dos horas extraordinarias en no más de tres eventos semanales.
En la iniciativa se detalla que la carga excesiva de trabajo no será justificada para dar lugar a la ampliación del horario laboral, precisando la facultad del superior jerárquico para recibir el trabajo que se encuentre a un pendiente o en trámite y este a su vez lo delegue a quien supla esta función.
Señoras y señores, con esta propuesta buscamos que quienes tienen a su cargo la noble tarea de proteger a la población estén en mejores condiciones de hacerlo. México necesita cuerpos de policías con mejores condiciones laborales, no basta de dotarles con el mejor armamento o el mejor equipo para hacer su trabajo, si velamos por la integridad de que quienes ponen en riesgo su vida al servicio de México, estaremos dando pasos más acertados en pro de la seguridad de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Karina Padilla Ávila, diputada federal integrante de la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia mejores condiciones laborales para las corporaciones e instituciones de seguridad pública, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLas condiciones laborales actuales implican acelerados modelos de producción y prestación de servicios cuya carga de responsabilidad invariablemente deriva en la reducción de los intervalos de descanso en la jornada de trabajo.
Sin embargo, esta tendencia es productora de riesgos ocupacionales, originando efectos crónicos a la salud de los trabajadores, lo cual afecta todo el entorno que los rodea, pues impacta en la economía y productividad de la entidad patronal, así como la convivencia y economía familiar principalmente.
Si bien la seguridad pública es una función del Estado, en el que sólo dependen elementos de seguridad pública estatal, en ocasiones se les contrata bajo el régimen de honorarios, situación que a toda luces los sitúa en gran desventaja al no contar con las condiciones propicias para garantizarles la cobertura de seguridad social, compensaciones, recompensas y otras prestaciones de ley, máxime tratándose de desempeño vinculado con la seguridad de la población.
A lo anterior, debemos sumar otro grave problema que viven en el día a día los operadores de las instituciones que formar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo es la jornada laboral excesiva a la que son sometidos.
La carencia de una ley o disposición que regule los horarios de trabajo de las fuerzas de seguridad pública, ya sea federal, estatal o municipal, ha propiciado jornadas de entre 24 y 48 horas de trabajo continuo, impactando negativamente en su salud, en la convivencia familiar, en el rendimiento físico, intelectual y profesional.
Los efectos físicos invariablemente repercuten en el desempeño profesional, pues generan bajo rendimiento, reacciones lentas, disminución en el estado de alerta, en ocasiones accidentes y lesiones, todo ello, resultado de la falta de atención, pues de acuerdo a estudios efectuados por universidades de Estados Unidos, Australia y Holanda, “los abusos en el horario de trabajo, originan cambios y alteraciones del ritmo cardiaco, de sueño, salud, rendimiento, disminución del estado de alerta, falta de atención visual, reacciones lentas, carencia en medidas de seguridad y generación de accidentes de trabajo y lesiones entre los policías.”
Es precisamente este exceso en las jornadas laborales, uno de los tantos problemas de las corporaciones policiales, tal vez el más complejo, pues involucra afecciones a la salud.
En diversos espacios de discusión, organismos internacionales, organizaciones dela sociedad civil, académicos, expertos en salud, así como mandos policiacos, han reiterado la necesidad de modificar desde ordenamientos legales los turnos u horarios laborales bajo los que se desempeñan las fuerzas policiales, argumentando que en la medida en que el personal que desempeña estas funciones cuenten con mejores condiciones de salud y descanso, serán más eficientes en las actividades encomendadas.
Pese a este reclamo y necesidad de décadas, no se ha avanzado en el tema, pues la implementación de este sistema, implica “mayor presupuesto y la contratación de más personal.”
Reconocemos que la labor no es fácil, es cierto que se requieren mayores recursos económicos, humanos, de infraestructura y capacitación; sin embargo, frente a estos argumentos, impera la premisa del respeto a derechos laborales y humanos (la salud) de todo ser humano.
Por ello y en consideración al panorama antes señalado, se hace necesario homologar la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de establecer la jornada máxima para los operadores de las corporaciones e instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual no podrá exceder de 48 horas semanales, complementando con 24 horas ininterrumpidas de descanso una vez por semana; de igual manera se establece que, salvo en caso de urgencia, el horario se podrá extender por máximo dos horas extraordinarias en no más de tres eventos semanales.
Por otra parte, preciso que no será justificación la carga excesiva de trabajo, para dar lugar a la ampliación de horario laboral, precisando la facultad de superior jerárquico para recibir el trabajo que se encuentre aún pendiente o en trámite, para que éste a su vez, lo delegue en el subordinado que lo supla en función.
De igual manera, en disposición transitoria, referimos que el incumplimiento de las disposiciones propuestas, dará lugar a sanciones administrativas correspondientes, que podrán ir desde una amonestación hasta destitución del cargo, sin menoscabo de sanciones de otra naturaleza a que haya lugar, generadas de la inobservancia a las disposiciones correspondientes.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
DecretoPrimero. Se adiciona un Capítulo II Bis, al Título Segundo de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado para quedar como sigue:
Título SegundoDerechos y obligaciones de lostrabajadores y de los titulares Capítulo II BisDe la jornada laboral para instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaArt. 31 Bis. Ningún funcionario público o elemento que forme parte de las corporaciones o instituciones referidas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, laborará jornadas mayores a cuarenta y ocho horas semanales, contando con un descanso ininterrumpido de veinticuatro horas por semana.
Artículo 31 Ter. En casos de urgencia, la jornada se podrá extender hasta por dos horas extras, debiéndose pagar las mismas y sin exceder tres eventos por semana.
Artículo 31 Quater. No será justificación para aumentar la jornada laboral las cargas excesivas de trabajo.
Segundo: Se reforma y adiciona el Capítulo II del Título Tercero, y se adiciona un artículo 45 Bis, 45 Ter, 45 Quater, 45 Quintus y 45 Aextus, todos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar:
Título TerceroDisposiciones comunes a los integrantesde las instituciones de seguridad pública Capítulo IIDe los sistemas complementarios de seguridad social, jornadaslaborales y reconocimientosArtículo 45 Bis. Ningún funcionario público o elemento que forme parte de las corporaciones o instituciones referidas en esta Ley, laborará jornadas mayores a cuarenta y ocho horas semanales, contando con un descanso ininterrumpido de veinticuatro horas por semana.
Artículo 45 Ter. En casos de urgencia, la jornada se podrá extender hasta por dos horas extras, debiéndose pagar las mismas y sin exceder tres eventos por semana.
Artículo 45 Quáter. No será justificación para aumentar la jornada laboral las cargas excesivas de trabajo.
Artículo 45 Quintus. Todos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública se regirán bajo estos supuestos. En caso urgente podrán laborar dos horas adicionales notificando dichas circunstancia, a su superior jerárquico para que éste tome las providencias relativas a la suplencia en la realización de sus funciones.
Artículo 45 Sextus. El incumplimiento de las disposiciones de este capítulo será sancionado en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin menoscabo de responsabilidades de naturaleza distinta a la señalada.
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de las Federación.
Segundo. En un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la legislatura de cada entidad federativa deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo.
Notas
1 http://prevencionar.com.mx/2015/04/09/las-jornadas-laborales-de-policias-en-mex ico-son-excesivas/
2 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08125. pdf
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los cuatro días del mes de enero de 2018.— Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
EXPIDE LA LEY FEDERAL DE INSOLVENCIA ECONÓMICA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Insolvencia Económica.
El senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros. Parte de la problemática de las familias en nuestro país tiene que ver muchas veces con el nivel de ingreso y las circunstancias de bienestar familiar, y nosotros hemos visto cómo nos impactan las crisis, particularmente en Estados Unidos.
La de 2008, que creó una gran recesión económica y que incluso algunos todavía no se han podido recuperar de eso. Allá se empezó por la insolvencia de los créditos hipotecarios. Nosotros, en nuestro país nos impactó porque hubo desempleo, hubo baja de importaciones, incluso hubo hasta baja de la entrega de las remeses que se llegan vía de los Estados Unidos.
Pero esto generó una característica. El incremento de la morosidad de los usuarios del servicio de créditos, ya sean de casas comerciales o de bancos, y que ha ido incrementando la morosidad en nuestro país, a grado tal que sí están protegidos los monopolios, pero no está protegido el consumidor. No tenemos protegido al ciudadano frente al gran poder que tienen los monopolios.
Esta ley que hoy presentamos busca crear las condiciones de equilibrio entre los monopolios financieros, entre los que prestan, entre los que dan créditos al consumo, para que podamos defender su derecho, su patrimonio, particularmente garantizando el respeto a los derechos humanos. Esta iniciativa es lo que pretende.
Muchos hemos visto cómo en México el consumo no se ha detenido. El ingreso de las familias sigue siendo permanente frente a la crisis y a la carestía y a lo que hay, y ¿cómo nos explicamos esta característica? Porque han sido o son sujetos de créditos al consumo en compras de autos, compra de tarjetas de crédito para despensa. En fin, ahí están los créditos que han ido generando un nivel de ingreso y de bienestar más o menos sostenido en las familias mexicanas.
Pero también se vienen dando morosidades que van a afectar en largo tiempo o en corto tiempo al ingreso y el patrimonio familiar, por eso es indispensable y oportuno plantearnos esta iniciativa que tiene que ver con el decreto por el que se expide la Ley Federal de Insolvencia familiar, y una de las características, estas leyes hay parecidas a estas, se han establecido en Francia desde 1989, y están protegiendo los derechos de los consumidores, en Bélgica, en el Reino Unido desde 1986, en Alemania y en España, Colombia, en Estados Unidos de América, y en nuestro país tenemos que actualizar este marco normativo para proteger al consumidor.
Hay, el 15 de mayo de 2013, ustedes deben de recordar, varios, que se hizo la reforma a la reforma financiera y había 13 decretos. Dentro de ellos se reformaban 34 ordenamientos jurídicos, y cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 en materia financiera, existen dos figuras que llamaron mucho la atención por el desequilibrio que generaban entre los usuarios de los servicios financieros y las entidades bancarias, y nos referimos al arraigo y al secuestro provisional de bienes. Y eso está ahí en la ley pendiente de que lo revisemos.
Si bien ya caminó, ahora hay que revisar cómo frenamos el impacto de estas dos medidas. Y estas dos medidas llaman la atención porque el artículo 7.7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice que nadie será detenido por deudas. Este principio limita los mandatos de la autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.
Y luego también el 11.1 y el 11.2 que tienen que ver con el respeto a la honra y al reconocimiento de la dignidad. Y en las medidas de estos decretos, del ahorro bancario que hablan del secuestro y del arraigo, hay una violación a los derechos humanos, por eso necesitamos actualizar este marco normativo.
La Ley de Insolvencia Familiar propone establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios financieros que se declaren en bancarrota, celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores, bancos o casas comerciales, de modo que cumplan sus deudas en mejores condiciones.
La iniciativa busca proteger la recuperación de la economía familiar o personal, normalizando la situación financiera y evitando la exclusión social o laboral.
Por otro lado, refuerza los esfuerzos por desarrollar en México una cultura de acceso al crédito de manera responsable a través de la información y educación financiera.
La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho de los usuarios a servicios financieros para declararse en quiebra frente a sus acreedores para permitir a los padres y madres de familia que se encuentren en situación de insolvencia económica, gozar de un instrumento jurídico para establecer un acuerdo de pago con sus acreedores, con el fin de no afectar a la economía familiar, núcleo de nuestra sociedad.
Con este proceso buscamos homogeneizar nuestra legislación a las mejores prácticas internacionales a fin de proteger el patrimonio de las familias en situaciones fuera de su control, como son los desastres naturales o el desempleo involuntario.
Con el uso del crédito genera un endeudamiento difícil de manejar, las ofertas de créditos como préstamos, tarjetas o líneas de financiamientos, representan un fenómeno global el cual ha generado consecuencias que se han catalogado como graves para el bienestar familiar.
Los créditos son un medio para la calidad de vida de las personas e incluso impulsan su avance social. Es por eso que debe de preservarse su disponibilidad a la mayor cantidad de personas posibles. Cuando un usuario de servicios financieros se enfrenta a la insolvencia en México, siendo madre o padre de familia, es inevitable la catástrofe condenándolo a perder el patrimonio y esperando que esto sea suficiente para saldar sus deudas.
De lo contrario, tendría que cubrir la totalidad del adeudo que se incremente con el tiempo, sin contar con los gastos personales al ya no contar con patrimonio, si lo sacan de su casa, tiene que pagar renta, y esto eleva el nivel de gastos que pueda tener una persona con insolvencia familiar.
El arraigo del deudor es violatorio a los derechos humanos, ya lo expresábamos hace rato, y está marcado en los tratados internacionales en los que México ha suscrito, por ser directamente la persona deudora que no es un delincuente y que se falta a su dignidad, y su derecho a la libertad personal, al derecho del libre tránsito y de trabajo y a la presunción de inocencia, de modo que la providencia precautoria del arraigo con la cual el juez prohíbe un posible demandado o deudor abandonar la demarcación geográfica en la cual se estableció, su juicio mercantil, se viola el espíritu al artículo 17 de la Constitución, que prohíbe sancionar con restricción de la libertad personal, a un deudor por penas de carácter puramente civil.
Esta iniciativa de ley que pretende crear esta Ley de Insolvencia Familiar, son 39 artículos, 6 títulos, 2 transitorios, el título quinto establece el procedimiento de insolvencia económica como lo declara cada ciudadano que quiera declararse en situación de insolvencia familiar, del artículo 12 al 21 viene el procedimiento, qué escrito debe de presentar, y el título sexto habla del procedimiento judicial donde se le pide al juez cuáles son los mecanismos que puede llevar con el deudor para poder establecer un mecanismo de insolvencia y negociar un plan de pagos en este sentido. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.
«Iniciativa que expide la Ley Federal de Insolvencia Económica, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Insolvencia Familiar, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La desfavorable situación económica por la que atraviesan millones de familias mexicanas hace que el problema del endeudamiento y la insolvencia sea cada vez más mayor, provocando nocivos efectos en la sociedad, esto se manifiesta en un estado de vulnerabilidad financiera por el incumplimiento de sus obligaciones, la pérdida de ingresos y grandes dificultades y carencias para cubrir las necesidades básicas personales o familiares para solucionar esta situación.
La más reciente crisis de 2008 originada en Estados Unidos de América (EUA) por una burbuja financiera de los créditos hipotecarios dando lugar a un crash bursátil histórico, se hizo visible dando paso a las quiebras de las entidades financieras de inversión, empresas de seguros y entidades hipotecarias, como consecuencia de la crisis de hipotecas, surgió una profunda recesión global. Para el caso de México, la contracción de la economía estadounidense, impactó vía las remesas que envían los trabajadores mexicanos a sus familias en nuestro país, por otro lado bajaron las importaciones compradas de EUA a México lo que ocasionó que el motor de nuestro crecimiento que son estas exportaciones se viera deteriorado, la caída del producto tuvo un impacto directo en el aumento de la tasa de desempleo y una disminución en el ingreso de las familias, de modo que la alternativa de las familias para cubrir sus necesidades dirías fue recurrir al crédito con altas tasas de interés que eventualmente fueron deudas que cayeron en la morosidad debido a los efectos de la crisis.
La crisis económica desató un aumento de la morosidad en carteras derivando en créditos vencidos, que los deudores no estuvieron en capacidad de cubrir traduciéndose en la pérdida del patrimonio de miles de familias, las cuales hasta la actualidad no se han podido recuperar de tan devastador golpe, como el que sufrieron cuando su poder adquisitivo se vio reducido a la mitad y sus deudas fueron aumentando día con día, agobiándolos por las altas tasas de interés que hicieron prácticamente impagables sus deudas cayendo en la catastrófica insolvencia.
Es necesario preguntarse cómo es que el consumo de las familias no se ha reducido aun cuando han reducido sus ingresos (gráfico 1), esto ha sido posible por el crédito al consumo. Como muestra la tabla 1, el crédito al consumo ha tendido a aumentar en el último año, pero también la morosidad. En la medida en que no haya incremento considerable en las percepciones de las familias el crédito al consumo seguirá en aumento y existe la posibilidad de que se caiga en mora. La morosidad es especialmente perniciosa en un entorno económico de incertidumbre, en vista de que durante los últimos años La proporción de trabajadores que ganan de 0 a 3 salarios mínimos –los más vulnerables a la pérdida de poder adquisitivo de estos– ha aumentado de 56 por ciento de los trabajadores remunerados en 2006 al 77 por ciento en 2016, Los trabajadores de mayor nivel de ingresos, es decir de 3 a 5 salarios mínimos y más, disminuyó de 29 por ciento a 23 por ciento. Hasta el segundo trimestre de 2017, el 41 por ciento de la población ocupada en México es decir 21.7 millones de personas gana menos de dos salarios mínimos
Gráfico 1. Población ocupada por nivel de ingresos (2006-2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017.
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el índice de morosidad de la Banca Múltiple fue de 2.17 por ciento para el mes de octubre de 2017, 2.09 por ciento el mes anterior. Se observa que la mayor morosidad y deterioro se registró en el crédito al consumo que tiene una morosidad de 4.62 por ciento (compuesto por tarjeta de crédito (5.75 por ciento), créditos personales (5.93 por ciento) y préstamos para adquisición de automotores (1.62 por ciento) y para adquisición de bienes inmuebles (7.43 por ciento), así como en los créditos a la vivienda con una morosidad de 2.65 por ciento).
Tabla 1. Cartera de Crédito y morosidad de la Banca Múltiple (millones de pesos y porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Consultado el 18 de diciembre en http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=40 &Contenido=Boletines&Titulo=Banca por ciento20M%C3%BAltiple
Según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) la dinámica del mercado de trabajo durante los últimos años ha provocado que las carteras vencidas del Instituto hayan aumentado de 5.94 junio de 2016 a 8.16 por ciento en el mismo mes de 2017. Indicando que las cifras de esas carteras en el primer semestre del año suman 101 mil 109 millones de pesos, es decir, 10 mil millones más que al cierre de junio de 2016.
No sólo esta institución se ha visto afectada sino también otras entidades financieras, debido al impago provocado por el desempleo y una lenta recuperación de la economía, de seguir así el deterioro de la cartera podría ser más preocupante, hay que recordar que el Infonavit antes de que el crédito caiga en cartera vencida tiene un proceso de cobranza social en la que negocia con los deudores un aplazamiento de pagos o una mensualidad que se adapte a sus ingresos.
En una sociedad de consumo al entrar en situación de insolvencia familiar es una mala noticia para todos los agentes económicos. A esta situación no escapan las sociedades ni los comerciantes que suelen tener experiencia y conocimiento del mercado. Sin embargo, la situación es más grave y de consecuencias desastrosas cuando se trata de la insolvencia de personas físicas no comerciantes, pues ellas no cuentan con la magnífica garantía de limitar por anticipado su responsabilidad patrimonial. Por lo tanto proteger el crédito parece ser una condición sine qua non para recuperar las finanzas personales, satisfacer las obligaciones pendientes con los acreedores y evitar los perniciosos efectos económicos que se derivan de un incumplimiento parcial que se puede tornar definitivo y perjudique principalmente a la familia, el núcleo más importante para la construcción de la sociedad y a su vez nuestro país.
La situación que vivimos hoy en día es muy difícil, los incrementos salariales se mantienen por debajo de la inflación, las oportunidades de trabajo escasean y el desempleo aumenta, algunas personas lo pierden todo, cónyuge, familia, trabajo, incluso la salud, y hasta el crédito. Es importante mencionar que dentro de la discusión de los criterios económicos para el paquete económico 2018, uno de los riesgos para nuestra economía es el incremento sostenido de las tasas de interés por parte del Banco de México, lo que presionaría el incremento del crédito y reduciría el ritmo de crecimiento, y por otro lado, el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos que elevará las tasas de interés, que sería un segundo efecto en el incremento de las tasas de interés internas.
La historia nos ha demostrado que en presencia de incremento del costo del financiamiento (Crédito) en México, el fenómeno de la morosidad se incrementa, y a la fecha no contamos con un instrumento que equilibre los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios financieros cuando por razones ajenas a su persona no puede cumplir con el pago de sus deudas.
Actualmente, el marco jurídico de nuestro país las familias son mucho más vulnerables que en otros países, por tanto existe la necesidad de establecer un contrapeso para ayudar a las familias en la indefensión e impunidad, frente a los monopolios y los abusos que prevalecen, siendo estas la razones por las que el Estado mexicano no puede ser indiferente ante la insolvencia de las personas no comerciantes.
Como legislador, estoy convencido que tenemos que equilibrar la relación entre los usuarios de servicios financieros y sus acreedores, en situaciones que están fuera del control del consumidor, sobre todo cuando se afecta a la economía de una familia, es indispensable fortalecer a la parte más débil y afectada, por medio de una legislación que brinde protección al consumidor y a su vez a las familias mexicanas, generando las herramientas necesarias para que la parte más frágil en las relaciones de consumo esté en posibilidad de hacer frente a los problemas que puedan suscitarse con los proveedores de bienes y servicios.
En este mismo tema, durante el segundo periodo ordinario de sesiones el martes 29 de abril de 2014, los senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Jesús Casillas Romero, Raúl Aarón Pozos Lanz, Ricardo Barroso Agramont y Roberto Armando Albores Gleason, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Insolvencia Familiar. Sin embargo, en la sesión del 3 de noviembre de 2016 se aprobó el Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado con fundamento en el artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen, en el que se da por concluida la iniciativa.
La propuesta pretende establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios del servicio financiero que tengan una situación de insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con las instituciones financieras correspondientes y así poder cumplir sus obligaciones, asimismo busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, busca normalizar su situación financiera y persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso a crédito responsable, a través de la información y la educación financiera.
Los servicios financieros constituyen una herramienta para equiparar las fuerzas asimétricas del mercado; las cuales, al menos en América Latina, han provocado el endeudamiento de las personas y la insolvencia de los hogares, especialmente para los segmentos socio-económicos medios y bajos, generando un problema cuyas consecuencias se están sintiendo cada vez con más fuerza.
La exposición a la amplia gama de ofertas de acceso al crédito, ya sea a través de préstamos, tarjetas o líneas de financiamiento es un fenómeno global que ha generado consecuencias que en algunos casos pueden catalogarse como graves para el bienestar del consumidor y su familia, cuando el uso del crédito genera un endeudamiento que no puede manejarse.
Cabe señalar que el crédito es un mecanismo para mejorar la calidad de vida de las personas e impulsar el avance social y es precisamente por ello que debe preservarse su disponibilidad para la mayor cantidad de personas posibles. En tanto, es necesario que en el juego de estas dos variables se introduzca un elemento equilibrador, procurando por un lado proteger a aquellos que por determinadas circunstancias han caído en situaciones de endeudamiento severo y ayudarlos a salir de estas, y por el otro, buscar el camino que permita mantener al crédito como una herramienta de mejora de la calidad de vida de las personas.
Cuando las empresas enfrentan situaciones económicas que las llevan a la cesación de pagos o a dificultades para hacer frente a sus deudas, existe la legislación que les permite salir de ellas a través de los denominados concursos mercantiles. Estas soluciones tienen como explicación primaria la necesidad de tratar de evitar consecuencias que puedan generar mayores problemas. Pero si en lugar de empresas consideramos lo que ocurre a los consumidores frente a situaciones similares, en donde un consumidor es padre o madre de familia y del cual depende el resto de esta, es inevitable la catástrofe ya que se les condena a perder su patrimonio, esperando que con ello sea suficiente para honrar la totalidad de sus deudas porque si no es así, el pobre consumidor seguirá pagando el adeudo que se va incrementando con el paso del tiempo, además de todos los demás gastos que significan tener que pagar una renta por ya no contar con un patrimonio propio.
Una persona física que enfrenta dificultades para pagar sus deudas o que directamente no puede hacerlo, no tiene disponible un mecanismo como el concurso de mercantil, por lo tanto se necesita un mecanismo institucional para afrontar los casos fortuitos que afectan el desarrollo económico de las personas, una figura jurídica a la que puedan acceder los deudores que tengan un porcentaje de sus obligaciones vencidas o que no tengan activos para cubrir estas obligaciones. De tal modo que las ventajas de las deudas en un procedimiento concursal son de enorme trascendencia para la economía de un país, ya que incide en múltiples aspectos económicos y sociales.
En este contexto es importante conjugar los intereses del sistema financiero con los de las familias a las que la necesidad en medio de esta situación económica ha orillado a incurrir en un sobreendeudamiento. Es notoria la respuesta que dieron las legislaciones europeas, con las leyes de segunda oportunidad, en la cual al igual que sucede con las empresas, permite que el ciudadano que incurre en insolvencia no dolosa y cumpla una serie de requisitos, pueda obtener el beneficio de la nueva oportunidad. No se trata de alterar la legislación sobre garantías hipotecarias y poner el sistema financiero en riesgo, sino de atender situaciones especiales, con aplazamientos, quitas, o ampliación de plazos.
En las recientes reformas de las legislaciones concursales europeas incorporan la rehabilitación del deudor, un procedimiento especial para los consumidores o introducir medidas como proteger la vivienda habitual o penalizar a las entidades que han dado crédito sin respaldo, y que el deudor particular vea desaparecer sus deudas como sucede con la empresa cuando se liquidan.
Los ejemplos internacionales los encontramos en:
• Francia, desde 1989 se abordan en el Código de Consumo francés, los procedimientos de sobreendeudamiento y de restablecimiento personal para particulares. Cuando el deudor lo es por problemas sobrevenidos o bien ha asumido deudas excesivas sin tener conciencia de ello, se dirige a una comisión formada por miembros de la Administración, la banca y asociaciones de consumidores que median entre la entidad acreedora y el deudor, proponiendo un plan de pagos o de recuperación y puede solicitar al juez la suspensión de las ejecuciones iniciadas. Propone quitas, esperas, creación o sustitución de garantías, condonación de parte de la deuda, si no hay acuerdo, la comisión puede proponer aplazar el pago, reducir tipos de interés o cancelar deudas, incluidas las fiscales. La comisión también valora el grado de imprudencia o negligencia de la banca al conceder el crédito y la penaliza si se ha dado con alto riesgo. Este plan de pagos tiene una duración máxima de 10 años, excepto para la devolución de la hipoteca que puede pactarse más años. Si no se consigue acuerdo en esta primera fase administrativa, el deudor puede solicitar la apertura de la fase judicial. El juez puede imponer el plan de pagos. Para el caso que fracase el plan de pagos, el deudor puede solicitar el procedimiento de recuperación personal, que entró en vigor en 2003 y que permite eliminar las deudas de la persona físicas sobre endeudada. Se trata de un procedimiento judicial y colectivo de liquidación. Requisitos: buena fe, situación de insolvencia grave. Se liquidan los bienes en 12 meses, y se dicta una resolución de supresión y extinción de las deudas.
• Bélgica, el esquema sigue la línea marcada por el sistema francés. Existe un procedimiento de conciliación, que comienza por iniciativa del deudor o por orden judicial, para la búsqueda de una solución al sobre endeudamiento del particular. Si no se llega a un acuerdo entre acreedores y deudor, el juez es competente para establecer un proyecto de viabilidad económica limitado a un plazo máximo de cinco años.
• Reino Unido, la Insolvency Act, de 1986, dispone con qué carácter previo a la declaración de insolvencia las personas jurídicas y físicas pueden establecer convenios formales con sus acreedores, con el fin de aceptar una cantidad inferior a la deuda total. Estos acuerdos son vinculantes jurídicamente para todos los acreedores a los que se les haya comunicado. Asimismo, las personas jurídicas y físicas pueden establecer convenios informales con sus acreedores para aceptar una cantidad inferior a la totalidad de la deuda; estos acuerdos no son jurídicamente vinculantes. El procedimiento de insolvencia de las personas físicas supone la realización y distribución de los activos de una persona y generalmente el cese de toda actividad. En el caso de los particulares corresponde a un órgano jurisdiccional declarar la bankruptcy a instancia de un acreedor o del propio deudor. El juez está facultado para declarar a una persona en bankruptcy, que es un procedimiento judicial mediante el que un órgano jurisdiccional declara a una persona física en concurso de acreedores.
• Alemania, la legislación concursal establece un procedimiento único de insolvencia cuya finalidad es satisfacer a los acreedores de la forma más equitativa posible, permitir a las personas físicas empezar su actividad económica desde cero, lo cual se consigue renunciando al cobro de las deudas no pagadas tras la conclusión del procedimiento de insolvencia denominada condonación de la deuda restante (Restschuldbefreiung). El procedimiento puede iniciarse en relación con los bienes de cualquier persona física o jurídica, aunque ésta no de-sarrolle ninguna actividad empresarial (consumidores).
En primer lugar, el deudor o el acreedor deben presentar la solicitud, los motivos para iniciar el procedimiento de insolvencia son la incapacidad de hacer frente a los pagos o el endeudamiento excesivo. El primer supuesto se da cuando un deudor no puede cumplir sus obligaciones de pagos debidos (artículo 17, apartado 2, InsO). El endeudamiento excesivo se produce cuando los bienes del deudor ya no cubren las obligaciones existentes (véase el artículo 18, apartado 2, InsO). La valoración de los bienes del deudor debe basarse en la continuidad de la empresa, cuando las circunstancias permitan prever esta posibilidad. El riesgo inminente de impago puede ser motivo suficiente para que el deudor solicite la iniciación del procedimiento de insolvencia (artículo 18, apartado 1 InsO).
Para proteger a los órganos jurisdiccionales y a los deudores frente a solicitudes precipitadas o de mala fe, el acreedor debe presentar la solicitud junto con indicios razonables de que existe insolvencia y de su derecho a reclamar. Por último, también hay que garantizar la financiación del procedimiento de insolvencia. La solicitud de incoación del procedimiento se desestimará si los bienes del deudor resultan insuficientes para cubrir los costes del procedimiento (artículo 26, apartado 1, InsO)
• España, desde septiembre de 2004, entro en vigor de la Ley Concursal, por lo que ya no solo las empresas se pueden declarar en quiebra, también las personas físicas que se encuentran ante una situación de insolvencia. Se hace mediante un acuerdo con los acreedores sobre el pago y plazos de las deudas, para evitar así la liquidación en el caso de las empresas.
• Colombia, la Ley de Insolvencia para personas naturales no comerciantes contempla que las personas naturales no comerciantes se pueden acoger a este beneficio que evita que su patrimonio sea perseguido judicialmente por los acreedores en caso de entrar en cesación de pagos. Esa “protección” opera desde el momento en que se acepta la solicitud de del trámite de negociación de la deudas.
Para poderse acoger a este régimen, la persona natural debe cumplir una serie de requisitos y formalidades, y hasta que no se apruebe por la autoridad competente para que inicie el trámite de la negociación de las deudas, no se puede gozar de la especial protección del patrimonio que esta ley persigue.
Estados Unidos de América. El United States Bankruptcy Code tiene un gran arraigo y regula un procedimiento singular para personas físicas cuyas deudas no superen determinada cuantía, distinguiendo entre las ligadas a créditos no garantizados y las garantizadas cuyo importe puede ser superior. El procedimiento se inicia únicamente a instancia del deudor, quien presenta una propuesta al comisario ( trustee) con un plan de pago íntegro para sus créditos garantizados y un tratamiento no discriminatorio para los restantes créditos ordinarios, si bien el plan no requiere la conformidad de los acreedores, bastando la aprobación del tribunal tras la apreciación de la buena fe del deudor. Una vez cumplido el plan de pagos previsto, el deudor queda liberado de las deudas restantes.
El 15 de mayo de 2013, el Ejecutivo federal envió por conducto de la Secretaría de Gobernación, una propuesta de reforma financiera que consistió en 13 decretos que reforman 34 ordenamientos jurídicos. Posteriormente con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, en materia financiera, existen dos figuras que llaman la atención por el desequilibrio que generan entre los usuarios de los servicios financieros y las entidades bancarias, y nos referimos al “ arraigo” y al “ secuestro provisional de bienes”.
La primera figura es el arraigo donde se prioriza la ejecución de garantías de los bancos como una forma de “arraigo” definido cuando el acreedor fundamente temor fundado ante la autoridad de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda.
La segunda figura es el “secuestro provisional de bienes” en cualquiera de los siguientes casos, cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes. Es importante mencionar que las providencias precautorias podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en el ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio.
Ante esta situación el Poder Legislativo tiene que arreglar el marco jurídico para entre otras cosas cumplir con los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano como son:
a) El artículo 7.7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que textualmente señala: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. Por ello, la cárcel que se propone a las personas deudoras es violatoria, ya que su deuda no amerita cárcel cuando por causas ajenas al deudor se encuentre en desempleo involuntario que impida el cumplimiento de sus obligaciones con el acreedor.
b) La llamada reforma financiera viola el derecho del ciudadano a la Protección de la Honra y de la Dignidad artículo 11.1 y 11.2, los que establecen que: “11.1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y 11.2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.”
El último párrafo del artículo 17 de la Constitución mexicana expresamente establece que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”. Asimismo, el tercer párrafo del artículo 14 constitucional establece que “en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. En otras palabras existe una garantía constitucional que ampara a los ciudadanos frente a una deuda de carácter civil, y por civil también se entiende la mercantil.
Por tanto el arraigo del deudor, es violatorio de los derechos humanos y de tratados internacionales, por ser aplicado directamente a la persona deudora que no es un delincuente, por faltar a su dignidad humana, a su derecho a la libertad personal, a la libertad de libre tránsito y de trabajo, y a la presunción de inocencia. De modo que la providencia precautoria del arraigo con la cual un juez prohíbe a un posible demandado (deudor) abandonar la demarcación geográfica en la cual se entablaría un juicio mercantil, se viola el espíritu del artículo 17 constitucional, que prohíbe sancionar con restricción de la libertad personal a un deudor, por deudas de carácter puramente civil.
En este mismo sentido, señala la Jurisprudencia con número de registro 200080 P./J. 40/96, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Julio de 1996, página 5: “Actos privativos y actos de molestia. Origen y efectos de la distinción. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.”
En congruencia el Congreso de la Unión debe salvaguardar un sano equilibrio entre derechos y obligaciones en los contratos de crédito en México, a fin de hacer efectivos los derechos constitucionales de los ciudadanos con sus acreedores.
Por lo anteriormente expuesto, propongo establecer con este proyecto de ley una norma que otorgue a los usuarios de servicios financieros un derecho para declararse en quiebra frente a los acreedores. La propuesta considera un procedimiento administrativo y uno judicial que permitan a los padres o madres de familia que se encuentren en situación de insolvencia económica, gozar de un instrumento jurídico para establecer un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias en un plazo razonable. Esta propuesta por un lado no desconoce la obligación de pago de la deuda contraída, y establece una opción de apoyo sin abusos mediante un proceso de conciliación del deudor cuando por razones ajenas a su persona necesita que los intereses de su deuda no se capitalicen a un punto de insostenibilidad total de una unidad familiar.
Esta propuesta es un paso más en dirección a un estado de derecho que reconoce las demandas de la población por contar con un instrumento jurídico de protección cuando las excesivas tasas de interés se convierten en un obstáculo para enfrentar situaciones financieras fuera de la voluntad del ciudadano como son la enfermedad, el desempleo, los divorcios y los accidentes, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se expide la Ley Federal de Insolvencia Económica para quedar como sigue:
Ley Federal de Insolvencia Económica
Título Primero Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer los procedimientos administrativo y judicial que garanticen a los usuarios de los servicios financieros que se encuentren en situación de insolvencia económica por causa no dolosa, establecer un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias en un plazo razonable.
El Estado garantizará a las familias la protección de los bienes que constituyen su patrimonio para una vida digna y establecerá un sistema de asistencia jurídica y financiera gratuita para los deudores que se acojan a la protección de la presente ley.
Artículo 2.La presente ley y sus disposiciones reglamentarias establecerán los mecanismos para generar condiciones mínimas que permitan la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar la situación financiera del usuario de los servicios financieros que caiga en insolvencia y evitar cualquier situación de exclusión social.
Artículo 3.Los usuarios de los servicios financieros y los proveedores de dichos productos o servicios que desarrollen su actividad comercial y financiera en el territorio nacional, tienen derecho a acogerse a los mecanismos de protección establecidos por el Estado. Lo anterior no limita que dentro del procedimiento estipulado por la presente disposición, el usuario insolvente solicite la utilización de productos o servicios financieros de cualquier otra naturaleza.
Artículo 4.Serán aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 5.El procedimiento de insolvencia económica tiene por objetivo la protección de los derechos del deudor y del acreedor para que puedan acceder en igualdad de condiciones.
Artículo 6.A los efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Bancos comerciales: Instituciones de la banca múltiple que se dedican a la intermediación financiera, que pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios financieros.
II. Condusef:La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
III. Empleo informal: Todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación.
IV. Entidad Comercial: Las sociedades, compañías o agrupaciones que de manera habitual otorguen créditos, préstamos o financiamientos al público;
V. Entidad Financiera: Las instituciones de crédito, a las sociedades financieras de objeto limitado, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, a las sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y a las entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público;
VI. Entidades: Las Entidades Financieras y a las Entidades Comerciales.
VII. Insolvencia económica:La situación en la que se encuentra una persona física cuando ha contraído deudas por un monto tal que supera su capacidad de pago.
VIII. Sobreendeudamiento: El endeudamiento resultado de situaciones fuera de la voluntad del usuario de servicios y productos financieros, y que limitan o condicionan la capacidad de pago de las deudas de una persona física o su familia, bajo riesgo de quedar en condición de insolvencia económica.
IX. Usuario de servicios financieros: La persona física que contrata, utiliza o por cualquier otra causa tenga algún derecho frente a la Institución Financiera como resultado de la operación, producto o servicio prestado.
X. Usuario Insolvente: El usuario que inicie el procedimiento descrito en la presente ley, desde la fecha de su solicitud, hasta su resolución en definitiva.
Artículo 7.Quedan comprendidos en el procedimiento establecido en la presente ley todos los créditos que se hayan originado por causa o título anterior a la solicitud.
Artículo 8.Están exceptuadas de la aplicación de la presente ley, las pensiones alimentarias y las deudas de carácter empresarial.
Artículo 9.La presente ley se rige bajo los siguientes principios:
I. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor quedarán vinculados al procedimiento insolvencia, a partir de su iniciación.
II. Colectividad: La totalidad de los acreedores del deudor en insolvencia deben concurrir al proceso concursal.
III. Igualdad: Tratamiento equitativo todos los acreedores que concurran al procedimiento de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación legal de créditos.
IV. Eficacia: Maximización de los resultados del procedimiento de insolvencia, en beneficio real y material tanto del deudor como de sus acreedores.
V. Celeridad: Brevedad en los términos previstos del procedimiento de insolvencia.
VI. Transparencia: El deudor deberá proporcionar información solicitada por conciliador o juez según sea el caso, de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier oportunidad del procedimiento, por su parte el acreedor deberá suministrar al procedimiento de insolvencia la totalidad de la información relacionada con el crédito, sus intereses y sus garantías.
VII. Buena fe: Las actuaciones en el curso del procedimiento de insolvencia deberán estar investidas de la buena fe tanto del deudor como de los acreedores y demás sujetos intervinientes quienes deberán propiciar la negociación no litigiosa, pública e informada en relación con las deudas y bienes del deudor.
Título SegundoCausales de Sobreendeudamiento
Artículo 10.Para los efectos de esta ley el usuario de servicios financieros que sin mediar mala fe se ubica bajo el supuesto de sobreendeudamiento, tiene derecho a declararse en Insolvencia Económica y acogerse al procedimiento estipulado en la presente Ley, siempre que su situación patrimonial se ubique dentro alguno o varios de los siguientes supuestos:
I. Pérdida de empleo por causas ajenas a su voluntad;
II. Precariedad del empleo o empleo informal;
III. Incapacidad física temporal o permanente;
IV. Enfermedad grave o crónica que implique un gasto excesivo en tratamientos y/o medicamentos;
V. Separación personal, divorcio u otra figura establecida en el Código Civil;
VI. Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino;
VII. Aumento de gastos resultado de coyunturas especiales.
VIII. Cambio drástico de las condiciones de contratación del crédito.
IX. Las demás que establezca el reglamento.
Título CuartoDe la Autoridad
Artículo 11.La autoridad responsable de la aplicación de la presente Ley es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Dicha dependencia conducirá al procedimiento descrito en el artículo 12 de esta ley.
Son facultades de la Condusef en materia de declaración de Insolvencia Económica:
I) Garantizar a los usuarios de servicios financieros que se encuentren en una situación de insolvencia , un procedimiento simple, breve, confidencial y gratuito;
II) Elaborar los planes de saneamiento económico para cada caso;
III) Conformar y administrar el Registro de Conciliadores;
IV) Regular, impulsar y desarrollar el proceso administrativo estipulado por esta norma;
V) Dar inicio al procedimiento judicial remitiendo las actuaciones administrativas, en los casos en los que en éstas haya fracasado la conciliación;
VI) Autorizar a las personas usuarias de servicios financieros que se acojan al procedimiento establecido por esta ley a la adquisición de nuevos préstamos y créditos de acuerdo a las particularidades de cada caso; y
VII) Crear y diseñar programas de educación financiera y administración personal de las finanzas; que incluyan campañas en los diferentes medios de comunicación.
Título Quinto Del Procedimiento de Insolvencia Económica
Artículo 12. Un deudor de un crédito no comercial tiene el derecho de iniciar el procedimiento de insolvencia económica establecido en esta ley, cuando incumpla el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 60 días, o se admita a trámite uno o más recursos jurídicos de naturaleza judicial por incumplimiento de pago de sus obligaciones.
La solicitud para dar inicio al procedimiento de insolvencia podrá ser presentada ante cualquiera de los centros de atención de la Condusef.
Artículo 13.El usuario de servicios financieros en situación de insolvencia económica deberá presentar por escrito, personalmente o por medio de una asociación de consumidores, la solicitud de inicio del procedimiento administrativo establecido por la presente ley.
Dicho escrito deberá contener:
I. Nombre del solicitante, los motivos de su solicitud, y domicilio para recibir notificaciones;
II. Descripción de forma clara y precisa de los ingresos, el patrimonio, los gastos mensuales personales y de su familia, en su caso;
III. Señalar el mínimo de ingresos necesario para mantener con vida digna al grupo familiar;
IV. Señalar los créditos contraídos, gastos, compromisos financieros y no financieros que den certeza a la autoridad de su situación económica-financiera;
V. Detallar los datos de sus acreedores, con los montos adeudados a cada uno, respectivamente, y
VI. Presentar la documentación que respalde la información proporcionada.
Recibida la documentación por la Condusef, la misma será turnada a la Unidad de Conciliación, al cual estudiará y verificará la información proporcionada para determinar la suficiencia de la información proporcionada en un plazo no mayor a diez días naturales.
Artículo 14.La Condusef notificará al acreedor o acreedores del solicitante sobre la solicitud interpuesta, con la finalidad de que reporten por escrito, dentro del plazo de tres días naturales al de la notificación.
Al responder al escrito de solicitud el acreedor se referirá a los hechos que le competan conforme a hechos o actos jurídicos que se relacionan con el solicitante.
Artículo 15.Al término del plazo establecido para presentar contestación, la Unidad de Conciliación evaluará el caso, a efecto de emitir un dictamen técnico de la situación económica y financiera del solicitante. Durante el plazo de evaluación, las partes podrán presentar los elementos probatorios que estimen pertinentes o que sean solicitados por la autoridad.
La Unidad de Conciliación deberá resolver la procedencia de la petición o el archivo de la misma, decisión que deberá ser notificada a las partes. La procedencia se decide en todo caso antes de emplazar a la contraparte.
La decisión de negar la solicitud deberá ser fundada y motivada por la autoridad.
Artículo 16.El dictamen técnico de la Unidad de Conciliación que declare la procedencia de la solicitud deberá contener el plan de saneamiento económico, el cual será presentado a las partes en la audiencia de conciliación. El plan de saneamiento económico tendrá los siguientes objetivos respecto al deudor:
I. La economía no es un bien que se adquiere o pierde;
II. Recuperar su estabilidad financiera, la de los dependientes económicos mediante la determinación del monto;
III. Garantizar su subsistencia y la de sus dependientes económicos mediante la determinación del monto de sus ingresos que no será objeto de embargo.
IV. Evitarle cualquier situación de exclusión social e inestabilidad psicológica, y
V. Salvaguardar en todo momento la protección de los menores de edad y la unidad familiar.
Para el acreedor el plan de saneamiento económico debe contener:
I. Un plazo razonable de reestructuración del pago de la deuda;
II. Un acuerdo con el deudor para el pago de la deuda.
Artículo 17.Al momento en que la Unidad de Conciliación de la Condusef emita un dictamen que avale la solicitud de declarar la insolvencia economía del deudor se suspenderá cualquier causa judicial o extrajudicial existente o de acción posterior de los acreedores que pueda afectar el patrimonio del deudor o de sus avales solidarios.
Asimismo, una vez iniciado el procedimiento de conciliación entre las partes, el solicitante no podrá asumir nuevos empréstitos, créditos u obligaciones que afecte su patrimonio, salvo que exista autorización previa de la Unidad de Conciliación, la que será concedida sólo si el solicitante justifica su proceder de forma suficiente y válida ante ella. En tal caso, la Unidad de Conciliación instruirá al Buró de Crédito la suspensión del acceso o intercambio de la información personal y crediticia del solicitante de forma inmediata al momento de recibir la notificación correspondiente.
En caso de que el Buró de Crédito incumpla con lo establecido en el párrafo anterior, será sancionada conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros señalar la sanción específica o acatar el artículo.
Artículo 18.El coordinador de la Unidad de Conciliación deberá designar un conciliador del Registro de Conciliadores, quien estará a cargo de la audiencia a celebrarse.
El dictamen técnico y cualquier decisión adoptada por el equipo técnico de insolvencia deberán estar fundamentados y motivados.
Artículo 19.La Unidad de Conciliación citará al solicitante y al acreedor o acreedores, a efecto de celebrar la audiencia de conciliación.
La audiencia se celebrará con las partes que concurran a la misma, y en ella se debatirá el contenido del dictamen técnico. Las partes podrán realizar durante la audiencia las aclaraciones y observaciones que consideren necesarias y proponer soluciones alternas. El conciliador tratará de acercar posiciones, siempre asegurando la consecución de los objetivos previstos en el artículo 17 y asegurando en tanto como un nivel de vida digno al deudor.
Si de la audiencia existiera un acuerdo entre las partes, se hará constar en el acta respectiva, la que contendrá los términos del acuerdo alcanzado, y será firmada por las partes presentes en la audiencia y por el conciliador. La misma será, posteriormente, refrendada por el coordinador de la Unidad de Conciliación.
Artículo 20.La Unidad de Conciliación, con base en el informe del equipo técnico correspondiente, resolverá si el deudor deberá inscribirse en los programas de educación financiera que se impartan en las oficinas creadas para tal fin.
Artículo 21.Con la finalidad de documentar y dar fe de los actos y diligencias que se realicen durante el procedimiento administrativo de insolvencia, se formará un expediente, que será de libre acceso para las partes y sus apoderados.
Título Sexto Del Procedimiento Judicial
Artículo 22.Cuando en el procedimiento administrativo no se lograse un acuerdo conciliatorio, o en el caso de que no fuere exitosa la conciliación con uno o más acreedores, el usuario de servicios financieros podrá requerir la intervención del juez competente, a los efectos de que éste establezca un plan de saneamiento económico del deudor.
Será competente para conducir ante proceso el juez ordinario mercantil que corresponde según el domicilio del deudor.
Artículo 23.El solicitante realizará su petición ante la Unidad de Conciliación, la que deberá remitir el expediente administrativo al juzgado competente de turno. El procedimiento judicial establecido por esta ley será gratuito para el deudor.
Artículo 24.Recibido el expediente administrativo, el juez competente citará al deudor para que ratifique la solicitud.
Al ser admitida la voluntad ésta suspenderá todos los plazos procesales de las causas judiciales que se hubieran incoado contra el deudor, al igual que el curso de los intereses legales y moratorios que corrieran en perjuicio de aquel, declarándose de igual forma la indisponibilidad patrimonial del mismo.
El juzgado, admitida la demanda, ratificará la suspensión del acceso e intercambio de la información personal y crediticia relacionada al deudor por parte de las entidades administradoras de registro de historial o de información de crédito.
Artículo 25.El juzgado ordenará la notificación del acreedor o los acreedores, los que darán certificación a la solicitud, dentro del plazo que fije el juez.
Asimismo dispondrá que se fije un edicto o anotación judicial por cinco días naturales, que contenga un extracto del auto que admitió el expediente, emplazando a todas las personas o instituciones que tengan interés en el proceso.
Artículo 26.Vencido el plazo, el juez señalará una fecha y hora para la realización de una audiencia, a la que citará al deudor y a él o los acreedores, los que podrán presentar, hasta ese momento, los documentos probatorios que estuvieren en su poder, y que consideren relevantes para la resolución del mismo.
Artículo 27.El deudor podrá presentar una propuesta de pago, la que será valorada en la audiencia. En la misma, las partes podrán presentar los alegatos que a sus intereses conviniesen. El juzgado podrá suspender momentáneamente la audiencia por un máximo de tiempo no mayor de dos horas, a fin de que el acreedor o acreedores realicen las verificaciones técnicas que consideren pertinentes.
Artículo 28.El juez queda en libertad de hacer todas las consultas que estime necesarias con el objeto de llegar a un acuerdo entre las partes en relación a la propuesta de pago. Las opiniones del Juez en esta etapa procesal no le inhabilitarán para continuar conociendo la causa.
Artículo 29.En caso de que no sea posible un acuerdo entre el deudor y el acreedor o acreedores, el juzgado procederá a declarar la conclusión de esta etapa preliminar, pasando de manera inmediata a escuchar los argumentos a favor o en contra del trámite de reestructuración judicial del estado de insolvencia o de deuda.
Artículo 30.El juzgado podrá disponer de todos los medios probatorios para alcanzar la verdad en torno de los elementos materiales vinculados a la situación económica o financiera del deudor.
Artículo 31.Analizada toda la situación económica, jurídica, crediticia y financiera del deudor, el Juzgado dictará sentencia fijando:
I. El plan de reestructuración de deuda, con el objetivo de restablecer la situación financiera del deudor, permitiéndole la satisfacción de sus deudas, y garantizándole simultáneamente el bienestar de su familia y el mantenimiento de un nivel digno de vida;
II. La suspensión o la extinción de los procesos judiciales en desarrollo;
III. La condonación en su caso de las penalizaciones de los intereses por mora resultantes;
IV. La anotación correspondiente de la situación jurídica que se genere, dentro de los registros de historial crediticio que provean o administren los organismos administradores de esta clase de información, y
V. Toda otra cuestión que estime relevante.
Artículo 32.El juez en su resolución valorará, entre otras, las siguientes circunstancias con respecto al Consumidor deudor:
I. La voluntad mostrada para cumplir con sus obligaciones;
II. Historial crediticio antes de la situación de insolvencia;
III. La veracidad de los argumentos, y
IV. Evidencia de un consumo responsable.
Artículo 33.El plan de reestructuración de deuda no podrá establecer para su cumplimiento un plazo superior a los cinco años o el plazo de crédito contratado, lo que resulte mayor, y podrá contener medidas de reestructuración del pago de las deudas, de remisión de las mismas, de reducción o suspensión de la tasa de interés de mora, de consolidación, de creación o de sustitución de las garantías, entre otras medidas indispensables para adecuar el pasivo a las posibilidades de pago del deudor.
Artículo 34.El plan de reestructuración deberá observar la reserva del mínimo para su recuperación y la manutención de su familia de modo que su ejecución no venga a perjudicar la manutención y existencia económica básica del consumidor y de su familia, o el pago de los gastos corrientes de sobrevivencia, incluidos entre estos los servicios públicos domiciliarios; no siendo secuestrables o embargables los bienes, salarios o fondos que se le asignen al deudor, salvo orden en contrario emitida por el Juzgado.
Artículo 35.El plan de reestructuración deberá subordinar estas medidas al compromiso asumido por el deudor, que lleven a facilitar o a garantizar el pago de sus deudas o compromisos. El Juzgado examinará las condiciones, compromisos, situaciones o elementos impuestos al deudor.
Artículo 36.El procedimiento se extinguirá cuando:
I) El deudor deje de comparecer, injustificadamente, a cualquiera de las audiencias o etapas del proceso;
II) La actuación del deudor genere un fraude procesal, o la alguna motivación dolosa en su accionar, en claro perjuicio de un acreedor o acreedores; y
III) La constatación de alguna de las conductas descritas previamente dará lugar, además, a la imposición de multas o sanciones al deudor.
Artículo 37.Queda restringido de los beneficios de la presente ley el deudor que haya sido beneficiado anteriormente de los efectos de esta regulación en un plazo inferior a los dos años de haber concluido un procedimiento judicial similar.
Lo establecido en el párrafo anterior no procederá cuando el deudor demuestre que dejó de pagar o de cumplir con los acuerdos o la sentencia emitida en el contexto de este procedimiento, por causas superviniente estrictamente comprobadas de caso fortuito o fuerza mayor, declarado así por parte del juzgado.
Artículo 38.Una conducta de mala fe por parte del deudor generará el vencimiento anticipado de las deudas contempladas en el acuerdo, sentencia ejecutoriada o plan de reestructuración de deudas. Se define como conducta de mala fe:
I) Presentar declaraciones falsas o producir documentos inexactos con el objetivo de utilizar los beneficios del procedimiento fijado en esta ley;
II) Disimular o desviar, o intentar disimular o desviar la totalidad o una parte de sus bienes con idéntico objetivo;
III) Agravar su situación de endeudamiento mediante la obtención de nuevos préstamos o practicar actos de disposición de su patrimonio no avalados judicialmente durante el curso del procedimiento o durante la ejecución del plan o del acuerdo resultante de conciliación.
Artículo 39.Se reputa mala fe al acreedor que presente reclamaciones falsas o exageradas; o incidiese negativamente en la ejecución reiterada de actos dilatorios tendientes a la generación o aumento de la mora existente en el proceso de resolución final de esta clase de trámites judiciales.
Dicha conducta judicialmente comprobada por parte del Juez llevará a la imposición inmediata de sanciones o multas para dicho acreedor.
Transitorios
Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento.
Notas
1 Boletín de derecho comparado, biblioteca jurídica virtual, Enrique de la Madrid, no.95.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/95/art/art6.htm
2 Red jurídica europea en materia civil y mercantil.
3 Boletín de derecho comparado, biblioteca jurídica virtual, Enrique de la Madrid, no.95.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/95/art/art6.htm
4 Red jurídica Europea en materia civil y mercantil.
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ger_es.htm
5 Red Jurídica Europea en materia civil y mercantil. Quiebra española
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_spa_es.htm
6 http://www.gerencie.com/vigente-la-ley-de-insolvencia-para-personas- naturales-no-comerciantes.html
7 Biblioteca jurídica del instituto de investigaciones jurídicas UNAM.
http://www.gerencie.com/vigente-la-ley-de-insolvencia-para-personas- naturales-no-comerciantes.html
8 Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, ratificado por México el 3 de febrero de 1981. Sitio en Internet:
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_ Derechos_Humanos_firmas.htm#México:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.— Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Su propuesta se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El senador David Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, nada más para solicitar en el tema anterior si me permite adherirme a la iniciativa del senador Isidro.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Queda usted adherido, si el senador está de acuerdo, adelante. La senadora Diva Gastelúm también quiere adherirse.
El senador Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): Sí, sí, todas, todas, por favor. Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Muchas gracias.
LEY GENERAL DE SALUD
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Araceli Damián González. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 y adiciona un 233 Bis a la Ley General de Salud.
La diputada Araceli Damián González:Gracias, diputado presidente. La iniciativa que presento persigue reformar el artículo 31 y adicionar el 233 Bis de la Ley General de Salud. Esta iniciativa tiene como objeto mejorar el marco regulatorio de la producción de medicamentos en México.
Según el gobierno federal existe una cobertura del 100 por ciento en materia de los servicios de salud. Sin embargo, la última Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares muestra que las familias, las personas que requirieron atención médica, cuando se levantó la encuesta, declararon —el 43 por ciento— que lo hizo de manera privada los gastos relacionados con la salud, aun cuando contaban algunos de ellos con la supuesta cobertura del Seguro Popular, del propio IMSS y del propio ISSSTE.
Como presidenta de la Comisión de Seguridad Social, recibo día a día quejas sobre la falta de medicamentos en nuestro país y, sobre todo, en las instituciones de salud. Por eso consideramos muy importante mejorar la producción de medicamentos en nuestro país, dado el inevitable gasto que tienen que hacer las familias en la materia.
Lo que buscamos es hacer más eficiente el funcionamiento de la industria farmacéutica y además estimular la producción nacional de genéricos, porque está sucediendo algo realmente grave en nuestro país: hay una utilización abusiva de patentes.
Estamos en la necesidad de garantizar condiciones de acceso favorable y fortalecer el rol regulador del Estado mexicano. La salud y el bienestar de millones de mexicanos depende de su acceso a los medicamentos. Hay familias, las más vulnerables, que tienen que tomar la decisión entre dejar morir a un familiar porque no pueden comprar su medicamento, o darle de comer al resto de la familia, y nosotros queremos, en Morena, que esa situación se acabe, que no sea por un problema de falta de capacidad económica o de falta de producción de genéricos y abuso de patentes lo que impida a las familias, a los enfermos sobrevivir.
Estamos teniendo una industria en donde el 80 por ciento de la compra y venta de medicamentos está controlado por un puñado de empresas, que además de imponer precios a los medicamentos también hacen que los medicamentos aumenten de precio en mayor proporción que el Índice General de Precios al Consumidor en alrededor de 10 por ciento.
Hemos fracasado en la liberalización de las patentes, por lo que consideramos que es necesario que se aumente la producción de genéricos.
También queremos que el Estado mexicano tenga los instrumentos necesarios para suspender temporalmente la vigencia de algunas patentes cuando ello se requiera para garantizar el derecho a la salud. En algunos casos, a nivel internacional la utilización de licencias de explotación obligatoria se ha erigido como una solución eficaz, solvente y socialmente comprometida con la sociedad.
Otras medidas que queremos impulsar en esta iniciativa es la creación de un procedimiento especial, transparente, de impugnación de patentes, porque es ahí donde estamos teniendo serios problemas con el abuso de las patentes secundarias.
Impulsamos también con esta iniciativa, medidas para desconcentrar el mercado farmacéutico y promover en su seno de esta rama industrial, una competencia efectiva. Queremos y proponemos incrementar por tanto la gravedad de sanciones vinculadas a las conductas monopólicas y oligopólicas de estas empresas.
Lo anterior busca que los más pobres, a través de estas modificaciones, tengan la posibilidad de acceder a los medicamentos y tener una mejor calidad de vida y mejores condiciones de acceso a este derecho humano fundamental en nuestro país, que día a día se viola, tanto por las instituciones de salud como por las propias empresas farmacéuticas. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma el artículo 31 y adiciona el 233 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 y se adiciona el artículo 233 bis de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa presente iniciativa persigue reformar el artículo 31 y adicionar el 233 bis a la Ley General de Salud, con la finalidad de reforzar la calidad del marco regulatorio de la industria farmacéutica en México. Se trata de ampliar los mecanismos legales disponibles de intervención para el estado, de modo que se coadyuve a solventar algunas de las disfuncionalidades estructurales identificadas que afectan al acceso a las medicinas en nuestro país. Las reformas que se proponen tienen la finalidad de proteger la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, hacer más eficiente el funcionamiento de la industria, estimular la producción nacional de genéricos, limitar la utilización abusiva de patentes, garantizar condiciones sociales de acceso y fortalecer el rol regulador del estado sobre el sector.
Desde diferentes perspectivas, la industria farmacéutica es un sector estratégico de la economía mexicana. Por un lado, la salud y el bienestar de la sociedad dependen en buena medida del correcto funcionamiento del sector, por lo que la primacía del interés público y el establecimiento de marcos regulatorios exigentes deberían ser inherentes al mismo. El funcionamiento del mercado de las medicinas tiene un impacto central en indicadores de salud pública como la esperanza de vida o la incidencia de enfermedades tratables, sobre los cuales el estado tiene un mandato elemental de protección. Además de lo anterior, desde el punto de vista económico, el sector farmacéutico es intensivo en conocimiento y acumula amplias capacidades para trasladar significativos derrames de innovación al resto de la economía. En 2016, el valor del mercado de las medicinas en México se estimó en 200 mil millones de pesos. Por lo anterior, garantizar la transparencia, la competencia y la responsabilidad social de la industria farmacéutica se configura como una tarea de máximo relieve.
El derecho a la protección de la salud está reconocido por la constitución mexicana y por diversos tratados internacionales, incluyendo la declaración universal de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado tiene la doble responsabilidad de garantizar el derecho a los servicios de salud y el abasto suficiente, accesible y de calidad de medicamentos. En México, la industria farmacéutica representa más de 1 por ciento del PIB, 2,7 por ciento del PIB manufacturero y es capaz de satisfacer la mayor parte de la demanda nacional de medicinas. También nuestro país se ubica en el primer lugar de América Latina en términos de exportaciones de estos productos. Además, el crecimiento del mercado de medicamentos ha sido muy relevante en los últimos años, acumulando sobresalientes tasas interanuales de expansión. Sin embargo, la dinámica inflacionaria de algunos precios en el sector se traduce en el establecimiento de obstáculos de acceso a las medicinas y en amenazas sobre las condiciones de salud de la población. Esto último, lógicamente y de manera injusta, golpea con especial intensidad a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Corresponde al Estado, en las diferentes fases de su ciclo productivo, una labor de regulación y vigilancia del mercado farmacológico. Resulta central asegurar que el proceso de producción, distribución y comercialización de medicamentos se desarrolle con transparencia, eficiencia económica y austeridad; vigilando siempre que los precios intermedios y finales que se abonan por este tipo de productos de primera necesidad sean justos. La presente iniciativa, desde diversas dimensiones, propone una serie de reformas legislativas conducentes a mejorar el marco regulatorio de la industria farmacéutica en México.
Problemas del mercado farmacéutico en México
En México, las características y desarrollo de los mercados farmacéuticos exigen reforzar los mecanismos de regulación pública. Es necesario que se produzca una cohabitación razonable entre el ánimo de lucro de productores y distribuidores, y las necesidades sociales de abasto. Hay que subrayar que el negocio farmacéutico mexicano es especialmente lucrativo por cuanto permite retener a los distribuidores, en concepto de beneficios, hasta 42 pesos por cada 100 del costo del producto. Una tasa de beneficios de tales características implica que existe margen suficiente para ajustar las ganancias de las grandes corporaciones con la finalidad de garantizar un nivel equilibrado de precios y la extensión de los niveles de acceso. Hay que señalar que más del 90 por ciento de los fármacos son producidos por empresas consideradas como grandes, lo que da cuenta de las características del mercado de los medicamentos en México.
Algunos estudios han determinado, mediante análisis econométricos, que existe un relevante grado de concentración en la producción de fármacos en México. Hace años un reducido grupo de empresas acumulaba más del 80 por ciento de las ventas en el país, tendencia hacia la concentración que se ha agudizado en la última época. Ello se traduce en que nos encontramos ante un mercado oligopólico en el cual existe el riesgo de que se formen los precios de manera anticompetitiva, empujándolos al alza, perjudicando a los consumidores y menoscabando la salud pública. En general, el Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de la Competencia Económica (Cofece), tiene la obligación de garantizar el desarrollo de mercados competitivos y la libre formación de los precios en la economía. Sin embargo, esta obligación general se traduce en un mandato más relevante y concreto sobre aquellas áreas que tienen un sobresaliente impacto social, como las relacionadas con la salud y el bienestar de la población.
A lo largo de los últimos años, algunas reformas sanitarias -como la introducción del Seguro Popular- han incrementado el monto de los recursos públicos destinados a la compra de medicamentos. Esto implica que la mayoría de las adquisiciones de fármacos en México son realizadas por el estado. En ese aspecto, el funcionamiento anticompetitivo o irregular de los mercados farmacéuticos afecta doblemente a la sociedad. En primer lugar, como se señala, los precios generales de los medicamentos son empujados artificialmente al alza, perjudicando la accesibilidad de este tipo de productos básicos a la sociedad en su conjunto. En segundo término, esta situación daña particularmente a las finanzas del estado mexicano, por cuanto precisamente es el sector público el principal comprador de medicinas en el país.
Las disfuncionalidades en los mercados de medicamentos provocan que exista una espiral inflacionaria en los precios, los cuales han crecido a un ritmo superior al de la expansión de la economía. A nivel nacional , el crecimiento de los precios de los fármacos en México es superior a la media latinoamericana y supera en un 10 por ciento el índice general de inflación en el país. El poder de mercado que ejercen los productores de medicamentos en México y la insuficiente regulación pública ponen en riesgo la accesibilidad de este tipo de bienes. A nivel internacional, algunos países han prohibido que la producción y la distribución de fármacos esté concentrada en las mismas empresas, precisamente para evitar el surgimiento de posiciones de poder y el desarrollo de prácticas monopólicas que afecten a la sociedad. Sin embargo, en México está permitido que productores o distribuidores controlen prácticamente la totalidad del proceso productivo de las medicinas, incrementándose el margen de ganancias y presionando los precios al alza.
Patentes y genéricos
Como resulta conocido, las patentes permiten a los laboratorios comercializar en exclusiva sus nuevos medicamentos durante un periodo improrrogable de 20 años. Una vez vencida la patente, otras farmacéuticas tienen la posibilidad de producir y vender versiones genéricas con el mismo componente activo e idénticos efectos terapéuticos. La regulación del sistema de patentes persigue proteger los derechos de propiedad intelectual y la apropiabilidad de los beneficios derivados de la investigación y la innovación. En ese aspecto, a nivel internacional, se considera que 20 años es un margen suficiente para compensar el costo de investigación de nuevos productos. Empero, cualquier regulación sobre patentes y genéricos debe hilvanar un delicado equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y el derecho del conjunto de la sociedad a disfrutar, en condiciones de accesibilidad plenas, de nuevos fármacos y medicamentos que coadyuven a mejorar la situación general de la salud pública.
En México, el otorgamiento de patentes lo realiza el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). Por su parte, es la Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios (Cofepris) la que otorga los registros a los medicamentos genéricos, tras la caducidad de la patente y una vez acreditada la biocomparabilidad con el fármaco de referencia. El vencimiento y la posterior utilización de las patentes es, por tanto, una de las principales vías mediante la cual los beneficios derivados de la innovación y la investigación se trasladan al conjunto de la sociedad. Por ello, una adecuada regulación del mercado farmacéutico debe considerar la necesidad de establecer la garantía de que el vencimiento de patentes se traduzca, de manera mecánica, en la producción y comercialización de genéricos.
Precisamente sobre la anterior cuestión, recientemente la Cofece ha elaborado una investigación que identifica serios problemas y obstáculos a la explotación de patentes vencidas. La Comisión señala que en México el comienzo de la producción de medicamentos genéricos, luego del vencimiento de la patente, es anormalmente demorado en comparación con otros países, situación que ocluye la competencia del sector y empuja al alza los precios, perjudicando al conjunto de la sociedad. De manera paradójica, Cofece señala la existencia de patentes vencidas pertenecientes a medicamentos altamente rentables que no son producidos por ningún fabricante. También se explica que la reducción de los precios de las medicinas como consecuencia de la entrada de genéricos en el mercado es menos pronunciada en México que a nivel comparado.
El citado informe de investigación de Cofece denuncia que un problema central en este ámbito es que Cofepris no ofrece información completa y accesible sobre el estado de las patentes, su situación de vencimiento o su relación con fármacos de referencia. Ello dificulta el acceso al mercado de nuevos competidores potencialmente interesados en la producción y comercialización de genéricos. La iniciativa que se promueve persigue garantizar la existencia de información pública, actualizada y accesible sobre patentes y genéricos, con la finalidad de estimular la producción y comercialización de los últimos.
La presente iniciativa, por tanto, persigue desarrollar mecanismos de estímulo y fomento de la producción de genéricos destinados a mejorar las condiciones sociales de acceso a las medicinas. Para la producción y la comercialización de un medicamento genérico es necesario acreditar su biocomparabilidad; es decir, la analogía de efectos e impactos terapéuticos respecto de una medicina de referencia. La Norma Oficial Mexicana 177-SSA1-2013 regula el procedimiento para demostrar que un medicamento es intercambiable como requisito ineludible para la producción y la comercialización de los denominados genéricos. La citada disposición establece que:
“Para establecer la biocomparabilidad de los medicamentos biotecnológicos se requieren llevar a cabo pruebas que demuestren su seguridad, eficacia y calidad. Para efectos de lo anterior, la Secretaría (...) determinará las pruebas de biocomparabilidad caso por caso. Para asegurar la validez de las pruebas preclínicas, clínicas y analíticas es necesario que éstas se realicen, de manera científica, técnica, con calidad y apego a la regulación, por Terceros Autorizados, Centros de Investigación o Instituciones Hospitalarias que sean capaces de demostrar su competencia técnica y cumpliendo con lo establecido en esta Norma y en las demás disposiciones jurídicas aplicables”.
En consulta con empresarios del ramo, éstos nos han trasladado los serios obstáculos que encuentran para financiar los procesos de investigación conducentes a la acreditación de la bioequivalencia y, posteriormente, a la comercialización de medicamentos genéricos. En ese sentido, resulta necesario desplegar instrumentos de apoyo y coinversión desde el sector público, de forma que las investigaciones destinadas a cumplir con los requisitos legales para la distribución de genéricos puedan ser asumidas por el sector público en beneficio del conjunto de la sociedad. La reforma legislativa que se propone pretende impulsar la exploración de innovadores formatos de colaboración público privada y coinversión encaminados a garantizar y promover la difusión de los medicamentos genéricos en beneficio de los consumidores.
En relación a lo anterior, una demanda generalizada de los fabricantes es la necesidad de abaratar el elevado costo de investigación que concluye en la difusión de fármacos genéricos. Estos costos, en ocasiones, operan como serios obstáculos financieros a la producción y distribución de este tipo de medicinas más accesibles. En este campo, existen fórmulas de colaboración entre fabricantes e instituciones públicas; por ejemplo, sería muy positivo que, ante la producción de un nuevo genérico por parte de un laboratorio, el estado mexicano- en determinados casos y bajo apego a los protocolos configurados al respecto- pudiera financiar e implementar los procesos de investigación conducentes a establecer la biocomparabilidad y, posteriormente, la comercialización del producto.
En ese sentido, se reitera la necesidad de hacer compatible el derecho a la salud pública con el derecho de fabricantes a retener las ganancias de sus innovaciones. Existen casos que ponen de manifiesto que el ejercicio abusivo de patentes constituye un serio obstáculo para la promoción y la defensa de la salud pública.
Un caso célebre ha sido el del medicamento Harboni (nombre comercial), cuya sustancia activa es Sofosbuvir, para el tratamiento de la Hepatitis C. Se trata de un fármaco con un extraordinario grado de efectividad sobre la enfermedad, al acumular un 95 por ciento de éxito. Antes de la aparición de dicho medicamento, la Hepatitis C se trataba de una enfermedad crónica y tratable, pero incurable. El coste del tratamiento por paciente, negociado a precios preferentes por el Instituto Mexicano del Seguro Social, es de 9500 dólares. No obstante, a través de la producción de genéricos, la terapia costaría entre 100 y 250 dólares por persona. Los costes de producción de dicho fármaco son moderados; los precios exorbitantes se explican exclusivamente a causa de la cobertura que ofrece la explotación privilegiada de la patente que lo protege.
Se trata de una medicina que tiene la posibilidad de desplegar significativos impactos en la curación de una enfermedad crónica, eliminando virtualmente su tasa de mortalidad. En segundo lugar, desde el punto de vista operativo, se trata de un fármaco cuyos costes y complejidad de fabricación son limitados. En tercer término, desde el punto de vista del estado, adquirir la medicina a los precios de mercado presiona de forma sustantiva las finanzas públicas, detrayendo recursos que deben ser destinados a otros fines. Por todo lo anterior, nos encontramos ante un caso en el que sería conveniente el otorgamiento de una licencia obligatoria de explotación. Este último instrumento permite la utilización del principio activo de medicamentos sujetos a patentes con la finalidad de producir genéricos a unos costes socialmente mucho más razonables. La presente iniciativa propone regular y estimular el otorgamiento de licencias obligatorias por motivos de salud pública.
Irregularidades en el mercado farmacéutico mexicano
El 20 de octubre del 2016, el Periódico Reforma publicó una información que señala que la Comisión Federal de la Competencia Económica (Cofece) había iniciado una investigación por prácticas de colusión que afectan a empresas farmacéuticas. Estas irregularidades son consecuencia de la estructura oligopólica de los mercados que varias investigaciones académicas ya habían referido; no obstante, se trataría de la primera investigación que impulsa Cofece en el sector de la salud que involucra a este tipo de empresas. El titular de la autoridad investigadora de la Cofece afirmó que se están investigando prácticas colusivas de fabricantes, distribuidores y comercializadores de medicamentos, quienes, evitando la competencia, perjudican a los consumidores.
Según el representante de la Cofece, existen indicios preliminares de que se desarrollan prácticas de intercambio de información y de fijación coordinada de precios. Se asegura que, en estos casos, el sobreprecio para el consumidor puede alcanzar hasta el 30 por ciento, siendo este incremento en insulina de hasta el 57 por ciento. En la misma línea anterior, la COFECE ha objetado propuestas de concentración en el mercado de los medicamentos. En ese aspecto,
“El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) objetó la concentración entre Sanofi y Boehringer Ingelheim International en el sector de la salud humana, pues de realizarse en los términos en los que fue presentada pondría en riesgo el proceso de competencia en el mercado de medicamentos para la tos con flemas de venta libre en México.”
Los problemas de monopolios y restricción de la competencia que afectan a la industria no se limitan al ámbito comercial; han desplegado sus impactos en las adquisiciones y compras públicas de medicamentos:
“El 8 de abril de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la legalidad de la resolución que emitió la extinta Comisión Federal de Competencia en 2010, en contra de las empresas farmacéuticas Baxter, Fresenius, Eli Lilly y Pisa por cometer prácticas monopólicas absolutas, consistentes en acuerdos colusorios en los procesos de licitación de dos grupos de medicamentos: (i) insulina humana; y, (ii) soluciones electrolíticas y sueros (que incluyen agua inyectable, cloruro de sodio, cloruro de sodio y glucosa, glucosa y solución Hartmann) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2003 y 2006.”
En documentos posteriores que detallan el citado ejercicio de prácticas colusivas, el posicionamiento de la Cofece sobre ésta última cuestión indica que:
“ La colusión consistió en acuerdos entre estas empresas para establecer, concertar y coordinar posturas en licitaciones públicas con el objeto de repartirse los contratos concursados, lo cual se pudo detectar a través de un análisis económico respecto de los resultados de las licitaciones realizadas durante el 2003 y el 2006. Esto tuvo por consecuencia un incremento artificial de los precios de la insulina y sueros. La coordinación entre los competidores se vio favorecida por ciertas condiciones de mercado tales como la homogeneidad de los bienes licitados, la frecuencia de las convocatorias, la asignación de múltiples contratos, la descentralización de las adquisiciones y el intercambio de información entre las empresas involucradas. Por otra parte, la resolución de la Suprema Corte determinó que las multas impuestas a las empresas participantes en el cártel, que en total sumaron 151 millones 679 mil pesos, debían ser modificadas (o recalculadas), orden que la Cofece acatará con total y pleno respeto a la SCJN. Para estimar el daño patrimonial que esta práctica ocasionó al IMSS, la Cofece realizó una evaluación Ex Post con base en las mejores prácticas internacionales, cuyos resultados sugieren que, en promedio, el IMSS pagó durante el periodo referido un sobreprecio de 22.9 por ciento en sus compras de sueros y de 57.6 por ciento en las de insulina humana, lo que equivale a alrededor de 622.7 millones de pesos (a precios de 2014). Estos recursos hubieran permitido al IMSS adquirir, por ejemplo, 727 ambulancias o 2 mil 168 incubadoras”.
En efecto, de 2010 a 2016 el precio de las medicinas ha sido un 10 por ciento superior al índice de precios al consumidor en general. Ello expresa que, como ocurre en otros casos, la inflación de la economía no está repartida de modo simétrico e igualitario entre productos; al contrario, el alza en los precios de productos básicos como alimentos y medicinas perjudican de modo grave el bienestar general de la población y afectan particularmente a las clases más desfavorecidas.
El significativo incremento en los precios de los medicamentos, aunado a su naturaleza de productos de primerísima necesidad, ha provocado incluso el desarrollo de significativos segmentos irregulares en dicho sector. La Unión Nacional de Empresarios Farmacéuticos ha valorado el mercado ilegal de fármacos en unos 8 mil millones de pesos al año. Además, en los últimos 17 años la Cofepris ha intervenido más de 350 toneladas de medicamentos en un total de 152 operativos. Lo anterior se relaciona de forma clara con el elevado precio de algunos medicamentos, situación que fomenta y estimula el ejercicio de prácticas fraudulentas e ilegales que, además, comprometen gravemente la salud pública.
Por otro lado, la depreciación que viene sufriendo la moneda mexicana es un factor que está coadyuvando al incremento del precio de los medicamentos importados, situación que también perjudica particularmente a las familias de ingresos más bajos. Según refleja el Diario El Universal, “de acuerdo con INEGI, las familias con ingresos de hasta 2,220 pesos al mes, las más pobres del país, sufrieron una inflación del 5.33 por ciento en medicamentos y servicios médicos durante la primera mitad de octubre en relación a la quincena similar del año pasado”. Desde que existe la serie histórica de este indicador, no se había registrado un incremento de tal entidad para ningún estrato de ingresos. La información aclara que “las familias que perciben entre $2,221 pesos y $6,661 padecieron un aumento de 5.04 por ciento, mientras que las que reciben ingresos superiores a $13,222 pesos resistieron una inflación de 4.78 por ciento”.Los datos reflejan que las familias más pobres tuvieron que destinar al gasto en medicamentos un porcentaje superior de su ingreso en relación a las clases medias o altas. Esta situación da cuenta del impacto regresivo y antisocial que tiene todo incremento en el precio de las medicinas, situación que debe neutralizar una intervención responsable del Estado en el sector.
Si no se realizan las reformas oportunas, el escenario futuro para los precios de las medicinas continuará siendo preocupante. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias ha señalado que los fármacos van a experimentar una inflación de hasta el 35 por ciento, sólo durante el año en curso. A pesar de que el precio de los medicamentos importados aumenta en aproximadamente 20 por ciento, el valor de los nacionales también sufre un crecimiento destacable de hasta el 10 por ciento. Por ello, si bien la situación de la moneda mexicana en los mercados internacionales es un factor que agudiza el problema, parece claro que el mercado farmacéutico sufre una serie de disfuncionalidades regulatorias propias que son la causa central de esta espiral inflacionaria que tanto perjudica a la sociedad mexicana.
Las irregularidades que afectan al sector farmacéutico han llegado incluso a conocerse a través del escándalo de los Panamá Papers, en los cuales “ se exhibe una presunta simulación en la compra de la distribuidora Marzam por parte del fondo holandés Moench Cooperatief, la cual habría sido vendida por Genoma Lab en 350 millones de pesos”. Como refiere el Periódico Reforma, “ se sospecha que una parte fue aportada por Marina Matarazzo de Escandón, esposa de Pablo de Escandón, dueño de la distribuidora Nadro”. La situación descrita ha justificado que Alejandra Palacios, titular de la Cofece, haya llamado “cárteles” a algunos participantes en el sector salud, en relación a la ilegítima práctica de repartirse los mercados.
Estos señalamientos tan graves por parte de la autoridad técnica encargada de velar por el libre desarrollo de la competencia económica, en el marco de la investigación citada, deben arrojar resultados públicos útiles para sancionar las prácticas comerciales fraudulentas, incentivar el refuerzo de la legislación y mejorar el desempeño social del sector en México. La presente iniciativa pretende reforzar el marco regulatorio existente en la materia y ampliar los mecanismos de intervención disponibles del estado en la industria farmacéutica con la finalidad de mejorar la calidad de sus actividades.
Además de los fallos de mercado, recientemente algunos trabajos periodísticos han señalado evidencias de claras irregularidades que afectan a las compras públicas de medicinas. Una amplia investigación periodística del Diario El Universal ha señalado que la empresa que concentra un monto mayor de contratos públicos es el grupo farmacéutico “Fármacos Especializados” y sus subsidiarias “Fármacos Especializados y Selecciones Médicas del Centro”. Este consorcio consiguió 44 mil millones de pesos a través de 1,940 contratos. Además de la concentración, resulta especialmente sorprendente que 75 por ciento de los contratos celebrados entre las dependencias del gobierno y Fármacos Especializados se hayan concretado mediante la modalidad de adjudicación directa. Cuando esto último ocurre, no existe competencia y la administración tiene escasas posibilidades de establecer condiciones favorables para el interés público. La presente iniciativa persigue prohibir expresamente que las compras públicas de medicamentos se concentren de manera exorbitada en los mismos fabricantes y productores.
Por si la adjudicación directa y la concentración exorbitada de contratos en un solo consorcio no fuesen suficientes, algunos de los acuerdos celebrados tienen elementos opacos. Como ha destacado el Universal, “El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (Censida) adjudicó en 2013 a Grupo Fármacos Especializados un contrato por casi 621 millones de pesos por la compra de antirretrovirales. El precio unitario pagado en al menos tres medicamentos genéricos supera el costo máximo que en 2016 indica la lista del programa de Acceso Gratuito a Tratamiento a Personas con VIH.” Otro caso ocurrió en 2014, cuando “Selecciones Médicas del Centro -subsidiaria de Grupo Fármacos Especializados- vendió “servicios integrales de invasión mínima” al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nuevo León a través de adjudicación directa por más de 37 millones de pesos. La compra incluyó equipos para procedimientos como laparoscopias y colonoscopias, instrumentos que tienen en cartera la mayoría de proveedores (incluso están disponibles en Amazon) y no justifican una compra por adjudicación directa.”
Los casos mencionados muestran que el empleo masivo y generalizado de la adjudicación directa no ha estado motivado de forma suficiente. Además de encarecer el costo de las contrataciones públicas, la adjudicación directa excluye la libre concurrencia de aspirantes y se desenvuelve en un marco más opaco que el de las licitaciones. Otro caso documentado de irregularidades ocurrió en 2013, cuando el “Grupo Fármacos Especializados vendió al gobierno del Estado de Colima el antipsicótico Abilify, por 865.05 pesos cada paquete de 20 tabletas de 15 mg con la sustancia activa Ariprazol. En una farmacia común la misma medicina se puede comprar por 270 pesos”.
Por otro lado, a través de la compra de medicamentos consolidada que realizó el IMSS en 2014, el mencionado grupo consiguió un contrato récord de tres mil millones de pesos. La salida del mercado de “Casa Saba” permitió al consorcio “Fármacos especializados” ocupar una posición de poder e intensificar sus procesos de contratación con la actual administración.
El sistema farmacéutico mexicano cuenta con una serie de disfuncionalidades y opacidades que lo convierten en foco de nepotismo y corrupción con singular impacto en el bienestar social. Según El Universal, “de acuerdo con fuentes internas en el sistema de salud, es común que el precio de los medicamentos sea inflado por las distribuidoras -a veces hasta 30 por ciento por encima del precio de venta al público- y que ese sobrecoste se reparta en efectivo o en forma de regalos entre varios de los participantes del proceso de compra.” Lo anterior alienta la necesidad de articular un reajuste legislativo conducente a mejorar la regulación y a ofrecer renovados instrumentos de intervención pública, capaces de solventar la crítica situación descrita.
Propuestas de reforma legislativa
Tanto desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados, como desde la perspectiva de los procesos de contratación pública, la situación de la industria farmacéutica en México precisa ser revisada. Es necesario que las instituciones públicas implicadas promuevan una transición hacia formas competitivas de funcionamiento en el sector de los fármacos en nuestro país. Al mismo tiempo, las compras públicas de medicinas, escenario en el que se compromete la salud de millones de ciudadanos, tienen que transparentarse y hacerse de manera más eficiente a través de una mejora en la calidad del marco normativo existente.
A nivel internacional, determinados casos destacados han generado precedentes regulatorios útiles para México, debido sobre todo a que, las regulaciones impuestas se han logrado realizar en concierto con los cánones que rigen el comercio internacional. Así, por ejemplo, en mayo del 2007, el gobierno brasileño hizo pública su decisión de suspender la vigencia y validez de la patente del antirretroviral “Efavirenz”, un medicamento contra el SIDA, perteneciente a la gigante farmacéutica estadounidense “Merck”. Como resultado de la citada medida del gobierno brasileño, se generó de forma automática en ese país una expansión del acceso a la citada medicina y un significativo decremento en sus precios. Todo ello se implementó de acuerdo a la normativa vigente en la materia en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en plena observancia de la legalidad internacional. Lo anterior muestra que existen posibilidades para que el estado mexicano inicie una transformación jurídica para contar con los mecanismos legales oportunos para ejercer la suspensión de patentes por razones de interés público, de modo que se incremente la eficacia regulatoria e interventora sobre el sector.
La amplitud de las fallas de mercado, ineficiencias, inflación e irregularidades que afectan al sector farmacéutico en México son consecuencia de la existencia de un marco regulatorio insuficiente y de escasa calidad. Lo actualmente establecido en la Ley General de Salud y en los Reglamentos correspondientes se ha revelado como ineficaz para controlar y evitar el surgimiento de prácticas anticompetitivas e irregulares con un impacto social negativo. Algunas de las políticas públicas y normas que se sugieren incorporar serían las siguientes:
a) Establecimiento de programas sociales destinados a garantizar el abasto social de medicamentos y la plena accesibilidad de todos los sectores sociales a estos bienes de primera necesidad. En concreto, se propone la configuración de un fondo presupuestario para financiar subsidios a la adquisición de medicamentos, cuya implementación será progresiva y deberá priorizar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, precisamente aquellos que -de acuerdo a los datos expuestos y como resultado del proceso inflacionario descrito- encuentran crecientes dificultades para poder adquirir fármacos. Esta medida, además, tiene un efecto dinamizador del mercado mexicano de las medicinas, por cuanto tiene la capacidad de ampliar la deprimida demanda y capacidad de compra de relevantes segmentos sociales de nuestro país.
b) Refuerzo de los mecanismos de vigilancia y supervisión sobre los mercados farmacéuticos, con la finalidad mejorar los procesos de identificación y sanción las prácticas colusivas. Teniendo en cuenta la importancia social del mercado farmacéutico y las serias disfuncionalidades identificadas, sería razonable que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal de la Competencia Económica conformaran grupos de trabajo específicos sobre el mencionado sector. Existe la necesidad de impulsar una supervisión técnica permanente de nivel que periódicamente emita recomendaciones y opiniones sobre la situación de la industria y los precios de las medicinas. Por ejemplo, en Estados Unidos existen instituciones de vigilancia específicas sobre el sector farmacéutico, lo que demuestra que la centralidad de la industria justifica articular este tipo de mecanismos especiales.
c) Promoción de la competencia en los mercados de medicinas y de la desconcentración de las empresas farmacéuticas. En primer lugar, una política pública positiva sería la prohibición de que una sola empresa controle la fase de producción y de distribución de los medicamentos en México. La reforma propuesta se encamina a ese objetivo. Hay que señalar que en el mercado de los fármacos existe una nítida separación entre los procesos de producción y de distribución de las medicinas. En ese sentido, las diversas reformas propuestas impactan, fundamentalmente, en la fase de producción, tratando de estimular la industria nacional y el abasto suficiente y de calidad.
En segundo término, la presente iniciativa propone límites en la cuota de mercado que puede acumular una sola corporación. El límite propuesto alcanza hasta el 25 por ciento del total del mercado, bajo la premisa económica básica de que cuanto más intensa y real sea la competencia en el mercado, mejores condiciones de calidad y precio serán ofrecidas a los consumidores y al conjunto de la sociedad. Subsidiariamente, se trata, también, de un cambio que busca mitigar las condiciones oligopólicas del mercado que han sido descritas en la exposición de motivos. En adición, un 25 por ciento de la cuota total de mercado es un límite lo suficientemente flexible como para no obstaculizar el crecimiento de las empresas farmacéuticas o la obtención de una posición legitima de liderazgo de alguna de ellas derivada de mejores calidades, innovaciones o precios.
En tercer lugar, el Estado puede incentivar, por ejemplo, mediante la conformación de un código ético de buenas prácticas, la contratación pública con empresas que muestren una conducta socialmente responsable. El cuarto punto podría ser que- mediante la inversión pública en innovación y desarrollo biotecnológico- el Estado mexicano comience a desarrollar y expandir su propia industria pública de producción de fármacos, lo cual fomentaría la competencia con el sector privado y aseguraría un mínimo abasto social. En quinto lugar, sería necesario que el Estado no permitiera la fusión de empresas farmacéuticas cuando ello de lugar al incremento en la tasa de concentración de dicho mercado. Por último, se propone prohibir de forma expresa que las compras públicas de medicinas se articulen mediante adjudicaciones directas, que, como hemos señalado, han sido una de las fuentes de opacidades, sobreprecio e irregularidades.
d) Impulso en los procesos de centralización y consolidación de las compras de los medicamentos por parte de las instituciones sanitarias y de seguridad social. Ello debe servir para reducir el precio de compra de los fármacos por parte del Estado mexicano, contribuyendo a controlar la inflación de las medicinas y a garantizar un surtido social suficiente. Este proceso, sin embargo, debe dotarse de mecanismos de vigilancia y transparencia que eviten el desarrollo de prácticas opacas; indicios de las cuales han sido mencionadas en la presente iniciativa.
e) Fomento de la producción de medicamentos genéricos y regulación social del uso de las patentes. En ese aspecto, se han mencionado precedentes internacionales que conforman un amplio catálogo de políticas públicas disponibles para incentivar la producción de genéricos y limitar el uso mercantil de las patentes. La presente iniciativa propone explorar fórmulas de asociación y colaboración público privadas, así como de coinversión, en el campo farmacológico encaminadas a dinamizar la industria nacional de medicamentos genéricos.
Además, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, se proponen vías para restringir la utilización abusiva o ilegitima de patentes- en ningún caso, el adelanto de su caducidad- como las derivadas de innovaciones no relacionadas con el componente activo de los fármacos. En la misma línea, se propone que Cofepris tenga la obligación de mantener actualizada y accesible toda la información relevante sobre genéricos, patentes, trámites administrativos y requisitos técnicos necesarios para la producción y comercialización de este tipo de productos. Por último, la iniciativa impulsa obligaciones concretas tanto para médicos como para operadores sanitarios; ambos actores están llamados a ejercer un rol central en la tarea compartida de extender la utilización de genéricos. Como se ha mencionado en la exposición de motivos, se busca restaurar el equilibrio perdido entre el derecho de los fabricantes a retener y usufructuar las regalías de las investigaciones e innovaciones, con el también trascendente derecho del conjunto de la sociedad a disfrutar de los mejores insumos para garantizar y proteger la salud pública.
f) Incremento de la gravedad en las sanciones derivadas por prácticas económicas anticompetitivas en el mercado farmacéutico, en correspondencia con el elevado impacto antisocial de dicha praxis. Ello debe operar como un incentivo claro a respetar la competencia y a sancionar la colusión y la cartelización de la industria farmacéutica en México. Esto sería también expresión de una voluntad política resuelta, independiente y comprometida con la superación de los problemas que obstruyen el acceso de millones de ciudadanos a las medicinas en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 31 y se adiciona el artículo 233 bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo Único.Se reforma el artículo 31 y se adiciona el artículo 233 bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 31.La Secretaría de Economía, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca de la importación de insumos para la salud.
Para asegurar el abasto popular de medicinas fuera del cuadro de medicamentos básicos, se creará un programa para otorgar un subsidio. Las orientaciones y reglas de operación para el funcionamiento de este programa serán emitidas por la Secretaría de Salud, buscando garantizar el acceso de manera prioritaria, pero no exclusivo, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Para ello, la Secretaría establecerá porcentajes de descuento de acuerdo al nivel socioeconómico de quienes se atiendan en las instituciones públicas de salud. La Secretaría de Hacienda configurará un fondo presupuestario en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinado al programa de subsidios para medicamentos.
Artículo 233 bis. La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y el resto de autoridades sanitarias responsables atenderán las siguientes orientaciones:
I. Se garantizarán niveles suficientes de inversión pública en investigación y producción biotecnológica y farmacológica. Se promoverán mecanismos y acuerdos público-privados en investigación, innovación y producción nacional de medicinas.
II. Se promoverá, mediante estímulos financieros, fiscales o contractuales, la producción de medicamentos genéricos destinados a satisfacer las necesidades sociales de abasto. Las instituciones de salud públicas fomentarán fórmulas y protocolos de coinversión y colaboración con los fabricantes de fármacos genéricos, con la finalidad de repartir el esfuerzo entre el sector público y el privado. Las instituciones podrán aplicar los estudios clínicos a grupos de control destinados a desarrollar medicamentos genéricos. En toda investigación conjunta entre instituciones públicas y agentes privados se seguirán los protocolos establecidos para la investigación médica incluidos en esta Ley.
III. Se fomentará la firma de acuerdos entre empresas farmacéuticas, instituciones públicas, universidades y centros públicos de investigación a efectos de incentivar y promover la investigación, las coinversiones y la reducción del precio de las medicinas, mediante estímulos financieros, fiscales o contractuales.
IV. Se centralizarán las compras públicas de medicamentos para cada institución, garantizando la máxima transparencia, eficiencia y ahorro. Las instituciones sanitarias federales y de los estados de la república establecerán los mecanismos oportunos de cooperación destinados a efectuar compras masivas consolidadas de medicamentos. En ningún caso las compras públicas de medicamentos podrán concretarse mediante mecanismos de adjudicación directa.
V. Bajo estricto apego a motivaciones de interés público, y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, las instituciones podrán suspender temporalmente la vigencia jurídica de las patentes.
VI. Se podrán autorizar licencias obligatorias de explotación de patentes para la satisfacción de intereses sanitarios de carácter público. La Secretaría de Salud garantizará procedimientos expeditos y viables para el otorgamiento de las licencias obligatorias.
VII. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) garantizará que un mismo medicamento no esté protegido por más de una patente. El IMPI, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, no otorgará patentes relacionadas con segundos usos, formulación, innovaciones de proceso o formas químicas diferentes del ingrediente activo. La Secretaría de Salud configurará un procedimiento especial mediante el cual los interesados puedan impugnar la validez jurídica de las patentes, de acuerdo a la legislación vigente y a las mejores prácticas internacionales. El procedimiento de impugnación de patentes será dictaminado por un comité ad hoc creado por la Secretaría de Salud e integrado por tres científicos de reconocido prestigio en la materia, garantizando en los mismos la ausencia de cualquier tipo de conflicto de interés.
VIII. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) elaborará y mantendrá actualizado un registro público de patentes vencidas; así como toda la información relacionada con los trámites y requisitos administrativos y técnicos necesarios para la producción de genéricos. La Cofepris publicará periódicamente la lista de medicamentos cuyas patentes vencerán durante los tres años siguientes.
IX. Los médicos prescribirán la denominación genérica de los medicamentos en sus recetas, independientemente de la marca recetada.
X. Los dispensadores en farmacias tienen la obligación de informar al público sobre los medicamentos genéricos disponibles.
La Secretaría de Salud garantizará que los procesos de producción y distribución de fármacos no se monopolizan por las mismas compañías. En coordinación con la Comisión Federal de la Competencia, prohibirá fusiones que pudieran perjudicar la competencia en los mercados de las medicinas. La Secretaría y la Comisión Federal de la Competencia establecerán cuotas de mercado máximas para una sola empresa farmacéutica y configurarán mecanismos efectivos para prevenir la conformación de monopolios y oligopolios en el sector. Como máximo, una sola empresa farmacéutica podrá ser adjudicataria del 25% de las compras de medicinas del conjunto del sector público mexicano.
La Secretaría de Salud y la Comisión Federal de la Competencia crearán un comité permanente encargado de la fiscalización pública del funcionamiento de la industria farmacéutica. El comité emitirá recomendaciones regulatorias a la Secretaría, vigilará el cumplimiento de la presente legislación en el ámbito farmacéutico y elaborará un catálogo de sanciones antimonopólicas. El comité diseñará un código ético de obligado cumplimiento para las empresas participantes en licitaciones o adjudicaciones, el cual incluirá el fomento de la responsabilidad social de dichas instituciones. El ejercicio de prácticas monopólicas en el mercado farmacéutico conllevará la aplicación de penas muy graves por parte de Cofece que podrán incluir inhabilitaciones permanentes y sanciones económicas de hasta el 10% de los ingresos económicos anuales de las empresas involucradas. El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios regulará la composición y el funcionamiento del comité.
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a su publicación.
Segundo.La Secretaría de Salud tiene 60 días naturales a partir de la publicación del presente decreto para emitir las reglas de operación del programa de subsidios para medicamentos.
Notas
1 Cofece (2017) El vencimiento de patentes no se ha traducido en suficiente presión competitiva en el mercado, 9 de Agosto del 2017, disponible
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/ cofece-el-vencimiento-de-patentes-no-se-ha-traducido-en-suficiente- presion-competitiva-en-el-mercado
2 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
3 Heredia F. (2010) Situación del Sector Farmacéutico en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública: México DF.
4 Soto O (2016) El negocio de la distribución de medicamentos después de Saba, Revista Forbes, 18 de Diciembre del 2014, disponible el 18 de Octubre de 2016 en http://www.forbes.com.mx/el-negocio-de-la-distribucion-de-medicamentos- despues-de-saba/#gs.q8hbiGo
5 Torres Guerra, S., & Gutiérrez, J. P. (2009). Mercado farmacéutico en México: tamaño, valor y concentración, Rev Panam Salud Publica 25(1)
6 Rene Leyva, V. W. (abril de 2006). Secretaria de Salud. Recuperado el 03 de 06 de 2011, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0036-36342006000200012&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0036-3634
7 Heredia F. (2010) Situación del Sector Farmacéutico en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública: México DF
8 Cofece (2017) El vencimiento de patentes no se ha traducido en suficiente presión competitiva en el mercado, 9 de Agosto del 2017, disponible
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/ cofece-el-vencimiento-de-patentes-no-se-ha-traducido-en-suficiente- presion-competitiva-en-el-mercado
9 Cofece (2017) El vencimiento de patentes no se ha traducido en suficiente presión competitiva en el mercado, 9 de Agosto del 2017, disponible
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/ cofece-el-vencimiento-de-patentes-no-se-ha-traducido-en-suficiente-presion- competitiva-en-el-mercado
10 Ibíd.
11 Soto G. y Fuentes V. (2016) “Indagan colusión de farmacéuticas”, Reforma, 20 de Octubre del 2016.
12 Ídem
13 Cofece (2016) “Condiciona Cofece operación de Sanofi y Boehringer en el sector de salud humana para preservar condiciones de competencia en medicamentos para la tos con flemas”, 19 de diciembre del 2016, disponible en
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/ condiciona-cofece-operacion-de-sanofi-y-boehringer-en-el-sector-de-salud- humana-para-preservar-condiciones-de-competencia-en-medicamentos-para-la- tos-con-flemas
14 Cofece (2015) Caso de colusión en el IMSS, 8 de Abril del 2015, disponible en
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/ caso-de-colusion-en-el-imss
15 Sánchez Areli (2017) Estiman en 8 mil millones la venta de medicinas ilegales, Reforma, 18 de Septiembre del 2017.
16 Puga T. (2016) “Sufren pobres inédita alza a gastos médicos”, El Universal,26 de Octubre del 2010.
17 Ídem
18 Ocaranza C. (2016) Emporio farmacéutico, El Universal, 19 de Septiembre de 2016, disponible el 30 de Enero del 2019 en
http://data.eluniversal.com.mx/contratistas-poder/grupo_farmacos.html
19 Ocaranza C. (2016) Emporio farmacéutico, El Universal, 19 de Septiembre de 2016, disponible el 30 de Enero del 2019 en http://data.eluniversal.com.mx/contratistas-poder/grupo_farmacos.html
20 Ídem
21 Ocaranza C. (2016) Emporio farmacéutico, El Universal, 19 de Septiembre de 2016, disponible el 30 de Enero del 2019 en
http://data.eluniversal.com.mx/contratistas-poder/grupo_farmacos.html
22 Padilla J. (2015) Expropiar patentes en nombre de la salud pública: ¿una buena idea para España?, El Diario.Es, 14-01-2015, disponible en
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Expropiar-patentes- publica-Espana-Europa_0_345766434.html
23 Danzón P. (2014) Competencia en la industria farmacéutica, CRC América Latina, disponible el 26 de Octubre del 2016 en
file:///C:/Users/usuario2/Downloads/Competition%20and%20Antitrust%20 Issues%20in%20the%20Pharmaceutical%20IndustryFinal5%2019....pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.— Diputados: Araceli Damián González (rúbrica).»
Presidencia del diputado Rafael Hernández Soriano
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias, diputada Damián. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la iniciativa presentada por la diputada Damián.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: ¿Con qué objeto, senador Fernández?
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Para adherirme a la iniciativa de la diputada.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Si no tiene inconveniente la diputada Damián. Está a disposición del senador y quien guste signarla, en la Secretaría.
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano:Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador David Mon- real Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Quiero referirme en este posicionamiento a esta iniciativa de reforma. El juicio de amparo en México ha tenido una extensa evolución para consolidarse gradualmente a la luz del marco de derechos humanos, producto de las reformas constitucionales del 2011 y del progreso que ha tenido el sistema universal de protección de los derechos humanos, a través de diversos instrumentos internacionales.
Al día de hoy el amparo se ha convertido en un juicio autónomo de carácter constitucional, que tiene la finalidad de resolver las controversias enmarcadas en el artículo 103 de la Constitución General vigente.
El juicio de amparo principalmente procede cuando se han violentado derechos fundamentales y su objeto consiste en restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho constitucional afectado, volviendo las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación por la norma, acto u omisión de la autoridad.
Sin abundar en las generalidades que hacen del juicio de amparo un verdadero medio de control constitucional, es fundamental para los fines de la iniciativa que presento ante esta asamblea adentrarse un poco al amparo agrario, el cual doctrinalmente ha sido entendido como la instancia jurídica que tiende a proteger núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios y comuneros y aspirantes a esto en sus derechos agrarios, mediante el establecimiento de disposiciones especiales.
Cabe precisar que la Ley de Amparo, abrogada en el 2013, regulaba de forma particular el amparo en materia agraria, puesto que contemplaba un libro segundo, título único, capítulo único.
Ese segundo libro tuvo por objeto establecer medidas protectoras de carácter procesal en beneficio de los derechos colectivos de los núcleos de población comunal o ejidal, para generar el equilibrio real de las partes al reforzarse procesalmente la posición de la parte débil.
Una de las cuestiones que operaba a favor de los núcleos de población ejidal y comunal, era que la ley abrogada ampliaba el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, los actos que les afectaran. Sin embargo, en la estructura de la Ley de Amparo vigente, publicada el 2 de abril de 2013, la cual abrogó a la Ley de Amparo referida con antelación, la regulación del amparo agrario quedó completamente dispersa en el nuevo cuerpo normativo.
El cambio legislativo motivó el descontento y la preocupación por no contar en la nueva ley con una regulación de amparo agrario en un apartado específico. No obstante, cabe aclarar que sí se contempla el juicio constitucional contra los actos relacionados con la materia.
Si bien el amparo agrario no desapareció como tal, lo cierto es que su regulación en la Ley de Amparo vigente le impuso algunos cambios, de entre los cuales preocupa el plazo para interponer la demanda de amparo en materia agraria.
El artículo 17 de la Ley de Amparo vigente dispone ahora en su fracción III un plazo de siete años cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente o en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
Es viable sostener que, con el plazo de siete años que actualmente fija la Ley de Amparo, se impide el acceso a la justicia agraria, pues pese a los demás principios que impera en la materia, la norma se aleja de la realidad social, incentivando un trato desigual.
Estos núcleos de población históricamente han tenido que enfrentar diversos obstáculos para acceder a la justicia, ya que por factores económicos y sociales se mantienen en un estado de vulnerabilidad sin recibir una tutela efectiva por parte del Estado, cuestión que ha provocado una enorme brecha y un rezago que afecta el acceso colectivo y efectivo a la justicia.
Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa propongo modificar la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 102 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que la demanda de amparo, tratándose de actos que tengan o puedan tener efecto de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, pueda interponerse en cualquier tiempo tal y como lo disponía la Ley de Amparo anterior.
Con la modificación que propongo no se pretende colocar en una posición superior a los núcleos de población ejidal o comunal, en todo caso, se trata de una medida que los coloque en una posición de igualdad frente a los terceros que violenten o intenten violentar sus derechos.
El campo mexicano requiere seguridad jurídica en todo aspecto, pues sus habitantes se encargan de llevar en hombros una de las actividades más nobles del país. Los derechos de la población ejidal y comunal deben de ser protegidos frente a cualquier acto despótico que pretenda violentarlos.
Por ello, la oportunidad de interponer la respectiva demanda de amparo en cualquier momento es fundamental para garantizar un trato digno frente a los otros. Es cuanto, señor, presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El juicio de amparo en México ha pasado por un extenso y complejo proceso de evolución para consolidarse paulatinamente como se conoce en la actualidad. El amparo encuentra sus antecedentes nacionales en la Constitución de Yucatán, en 1841, diseñada por Don Manuel Crescencio Rejón.
Posteriormente, en el ámbito nacional mediante el acta constitutiva y de reformas de 1847, inspirada en el proyecto de Mariano Otero, se introdujeron diversas modificaciones a la Constitución de 1824. El artículo 25 de dicho documento dio nacimiento al juicio de amparo mexicano; establecía:
Artículo 25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la República, en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.
El texto citado con antelación sentó las bases fundamentales para concebir al amparo como un instrumento de protección de los derechos fundamentales de los habitantes del país frente a las disposiciones generales o actos de autoridad, aunque solo disponía la protección ante actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El juicio de amparo nació con la finalidad de proteger al gobernado frente a los actos despóticos de las autoridades del Estado, cuando esos actos contravenían o conculcaban alguna de las garantías individuales (hoy derechos humanos) otorgadas por la Carta Magna al gobernado, el amparo tenía la función de invalidar los actos que fueran contrarios a tales garantías.
Siguiendo linealmente con los antecedentes y evolución del juicio de amparo, es importante hacer referencia al texto constitucional de 1857, el cual en su artículo 101 mejoraba lo establecido en el Acta de Reformas de 1847, extendiendo la acción protectora del Estado a leyes y actos de cualquier autoridad, incluyendo aquí también las violaciones verificadas por el Poder Judicial.
A la postre, en 1917 con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 1857, se consolida el juicio de amparo en los articulo 103 y 107; en el primer precepto se dispuso en forma clara la procedencia del amparo, y en el segundo se establecieron las bases a que se sujetan los procedimientos respectivos.
Con la publicación de la Carta Magna de 1917, se expidió en 1919 la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución. Después, ésta fue derogada por la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1936, la cual en 1968 cambió de nombre a Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue abrogada el 2 de abril de 2013 para dar paso a la nueva ley vigente, objeto de la presente iniciativa.
Con el devenir y la evolución del juicio de amparo mexicano, es una realidad que su naturaleza y finalidad han cambiado con el paso del tiempo, para consolidarse paulatinamente a la luz del marco de derechos humanos producto de las reformas de 2011.
El amparo se ha convertido en un juicio autónomo, de carácter constitucional que tiene la finalidad de resolver las controversias que menciona el artículo 103 de la Constitución vigente:
Artículo 103. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte;
II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; y
III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
En la fracción I del precepto citado con antelación reside el control de constitucionalidad, ya que el amparo procede contra normas, actos y omisiones de cualquier autoridad que viola los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.
Por otro lado, se sostiene que la sola fracción primera, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales mantienen el orden constitucional a través de las garantías de seguridad jurídica y el principio de legalidad que se plantean en los preceptos referidos. Por su parte, la segunda y tercera fracción contienen el llamando amparo por invasión de esferas o Soberanía, el cual es procedente cuando la mencionada invasión violente derechos fundamentales de los gobernados; pese a lo anterior, se considera que ambas fracciones son producto histórico del Constituyente de 1856.
El juicio de amparo principalmente procede cuando se ven violentados derechos fundamentales (derechos humanos), y se sustancia conforme a los procedimientos y formas del orden jurídico que la Constitución Federal determina, la ley reglamentaria y la jurisprudencia. Asimismo, en términos generales el objeto del juicio de amparo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violentado, volviendo las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación por la norma, acto u omisión de la autoridad.
Sin adentrase en las demás generalidades que hacen del juicio de amparo un verdadero medio de control constitucional, es fundamental, para los fines de la presente iniciativa, adentrarse al amparo agrario, el cual doctrinalmente ha sido entendido como “la instancia jurídica que tomando en cuenta la desigualdad de las relaciones que se dan entre los sectores sociales, tiende a proteger a núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios y comuneros, y aspirantes a esto, en sus derechos agrarios, mediante el establecimiento de disposiciones especiales que obligan al órgano de control a suplir las deficiencias que éstos pudieran presentar en sus exposiciones, en el ofrecimiento de pruebas, en sus comparecencias y alegaciones y , en general, en cualquier diligencia o etapa procesal correspondiente al juicio de garantías”.
La Ley de Amparo abrogada en 2013 regulaba de forma particular el amparo en materia agraria, pues consideraba un libro segundo, titulo único, capítulo único. Cuando en su momento surgió la división de la Ley de Amparo en dos libros, se buscó que el segundo libro tuviera “por objeto establecer medidas protectoras de carácter procesal en beneficio de los derechos colectivos de los núcleos de población comunales o ejidales, así como respecto de los individuales de sus integrantes, de acuerdo con los lineamientos esenciales del derecho procesal social, en el cual impera el principio de la igualdad por compensación, es decir, el equilibrio real de las partes, al reforzarse procesalmente la posición de la parte débil”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que las características del juicio de amparo en materia agraria son distintas del juicio de amparo en general, puesto que en la estructura del libro segundo se tenían las siguientes:
1. Estatuía un régimen procesal específico de amparo, para proteger y tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios.
2. Consignaba para el juzgador la obligación de suplir la deficiencia de la queja, tanto en la demanda, como en la revisión.
3. Señalaba qué personas están legitimadas para interponer la acción constitucional en nombre de un núcleo de población.
4. Simplificaba la forma de acreditar la personalidad.
5. Otorgaba facultades al juzgador para allegarse las constancias que justifiquen dicha personalidad.
6. Establecía la improcedencia del desistimiento, de la caducidad y del sobreseimiento por consentimiento.
7. Instalaba la posibilidad jurídica de continuar el trámite de un amparo promovido por un campesino, por aquel que tenga derecho de heredarlo.
8. Ampliaba el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, actos que afecten a núcleos ejidales o comunales, lo que se traduce en la prohibición de sobreseer en el juicio con base en la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73, cuando el amparo se haya interpuesto por dichos núcleos.
9. Limitaba el derecho de reclamar, en un término de 30 días, actos que causen perjuicios a ejidatarios o comuneros.
10. Facultaba a los jueces de primera instancia para admitir la demanda de amparo y decretar la suspensión provisional, en los casos en que se reclamen actos que atenten o puedan tener como efecto privar de sus derechos a un núcleo de población.
11. Instituía la obligación del juez de recabar, oficiosamente, las pruebas que se consideren convenientes y le dan amplias facultades para acordar las diligencias que se estimen pertinentes y para solicitar de las autoridades los elementos probatorios idóneos, lo que implica la prohibición de resolver en contra de los ejidatarios, comuneros o núcleos de población por deficiencia de pruebas.
12. Obligaba a examinar los actos reclamados tal y como aparezcan probados aun cuando sean diferentes a los invocados en la demanda.
13. Fijaba un término de 10 días para interponer el recurso de revisión.
14. Prohibía que se tenga por no interpuesta la demanda o el recurso de revisión por falta de copias y, obligan a ordenar su expedición.
15. Implantaba el derecho de los núcleos de población para hacer valer su queja en cualquier tiempo.
16. Instauraba la obligación del Ministerio Público de vigilar que se cumplan las sentencias dictadas en favor de los núcleos ejidales o comunales.
17. Exigía la procedencia de la suspensión de oficio cuando los actos reclamados entrañan la afectación de los bienes agrarios de núcleos de población, o bien, su sustracción del régimen jurídico ejidal.
18. Ordenaba la no exigencia de la garantía para que surta efectos la suspensión.
19. Decretaba la obligación del Juez de acordar las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios, la naturaleza y los efectos de los actos reclamados.
20. Determinaba la obligación de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados, no sólo de la manera más precisa que conduzca al conocimiento exacto de los hechos, sino también, acompañándolos de todos los elementos y constancias para precisar los derechos agrarios y los actos reclamados.
21. Sujetaba a término y a requisitos para rendir los informes justificados.
22. Creaban el régimen para evitar que los ejidatarios, comuneros y núcleos de población puedan quedar sin defensa.
Como se infiere de las características citadas, el amparo agrario se concebía fácilmente como una institución dotada de principios y reglas procesales propias; sin embargo, actualmente en la estructura de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, la regulación del amparo agrario quedo completamente dispersa en el cuerpo normativo.
En su momento se sostuvo que la nueva Ley de Amparo eliminó el amparo agrario, puesto que, según el Bufete Jurídico Tierra y Libertad A.C., al borrar los 22 artículos del libro segundo de la Ley de Amparo, se dejó a los indígenas y campesinos en total estado de indefensión, pues lo percibieron como una forma de perder el derecho esencial para oponerse a los actos arbitrarios de despojo de sus tierras y recursos naturales por autoridades de todos los niveles de gobierno.
Aun cuando la posición referida entrañaba la preocupación por no contar en la nueva ley con una regulación del amparo agrario en un apartado específico, la realidad es que sí contempla el Juicio Constitucional contra actos que puedan privar de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
Si bien el amparo agrario no desapareció como tal, su regulación en la Ley de Amparo vigente le impuso algunos cambios, entre ellos el plazo para interponer la demanda de amparo en materia agraria.
Por regla general, el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente dispone un plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, no obstante, también establece una serie de plazos excepcionales para ciertos casos, de entre los que se destaca el contenido en la fracción III, que a la letra dice:
Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados.
De la lectura se desprende que el plazo para interponer la demanda de amparo en materia agraria es de siete años, plazo que a simple vista pereciera razonable si se compara con la regla general (quince días); sin embargo, es un hecho que no se vela fielmente por una protección especial a estos núcleos de población, los cuales históricamente han tenido que enfrentar diversos obstáculos para acceder a la justicia, ya que por factores económicos y sociales se mantienen en un estado de vulnerabilidad, sin recibir una tutele efectiva por parte del Estado.
Lo anterior cobra sentido si se considera que la Ley de Amparo abrogada en 2013 preveía
Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal.
Si se compara el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente con el precepto antes citado, es evidente el cambio legislativo realizado, el cual en términos generales fijó un plazo perentorio para la presentación de la demanda de amparo en materia agraria, es decir, se limitó el derecho a interponer el respectivo juicio de amparo a los núcleos de población ejidal y comunal cuando algún acto los prive de sus derechos agrarios.
Desde el proceso legislativo de la Ley de Amparo hubo legisladores que solicitaron no se procediera con esa modificación, para que quedara en los términos de la Ley de Amparo vigente en ese entonces, a fin de que el amparo agrario procederá en cualquier momento. No obstante, los esfuerzos y el debate no estuvieron a la altura para entender y atender las necesidades reales de esos núcleos de población.
Los argumentos que sostuvieron la propuesta de fijar ese plazo perentorio no fueron de peso, al contrario, se prestaron a intereses lejanos al bienestar de la población ejidal y comunal. Es posible sostener lo anterior si se toma en cuenta que con el plazo de siete años que actualmente fija la Ley de Amparo, se impide el acceso a la justicia agraria, pues pese a los demás principios que operan en la materia (como la suplencia de la queja), la norma se aleja de la realidad social, incentivando a que se les siga tratando de forma desigual.
Para algunos, siete años podrá ser un plazo razonable e incluso benigno y propio de un Estado paternalista; sin embargo, es innegable que la materia agraria y todos sus ámbitos son tema pendiente en la agenda del Estado mexicano, lo que ha provocado una enorme brecha y un rezago que afecta, incluso, el acceso efectivo a la justicia.
Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa se propone modificar la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 102 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que la demanda de amparo, tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, pueda interponerse en cualquier tiempo, tal y como lo disponía la Ley de Amparo anterior.
No se pretende colocar en una posición superior a los núcleos de población ejidal o comunal, en todo caso se trata de una medida que los coloca en una posición de igualdad frente a los terceros que violenten o intenten violentar sus derechos, puesto que como se ha expuesto, se trata de un sector que por sus características y lamentable realidad se ve expuesto a diversos abusos.
El campo mexicano requiere seguridad jurídica en todo aspecto, pues sus habitantes se encargan de llevar en hombros una de las actividades más nobles del país. Los derechos de la población ejidal y comunal deben ser protegidos frente a cualquier acto despótico que pretenda violentarlos, por ello, la oportunidad de interponer la respectiva demanda de amparo en cualquier momento es fundamental para garantizarles un trato digno frente a otros.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Primero. Se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo
I. y II. ...
III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, podrá interponerse en cualquier tiempo;
IV. ...
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Acta Constitutiva y de Reformas, 18 de mayo de 1847, consultada el 11 de diciembre de 2017 [en línea], disponible en
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/reformas-1847.pdf
2 Espinoza Barragán, Manuel Bernardo. Juicio de amparo, Oxford, México, 2000, página 268.
3 Fix-Zamudio, Héctor. “El juicio de amparo en materia agraria”, en Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, número 116, México, 1980, página 461.
4 Amparo en revisión número 1043/67, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pleno, séptima época, volumen 103-108, primera parte, página 13.
5 Zamora, Bárbara; y García, Santos. “Cuestionan que la nueva Ley de Amparo deje en total indefensión a los campesinos”, en La Jornada, 20 de febrero de 2013, consultado el 18 de diciembre de 2017 [en línea], disponible en
http://www.jornada.unam.mx/2013/02/20/correo
[1]6 Véase la versión estenográfica de la discusión suscitada en la Cámara de Senadores el martes 11 y el jueves 13 de octubre de 2011, consultada el 18 de diciembre de 2017 [en línea], disponible en
https://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/sites/default/files/4.%20 Discusi%C3%B3n%20C%C3%A1mara%20de%20Senadores%2011%20y%2013 %20oct%202011_0.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de diciembre de 2017.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Rubén Flores Marquez.»
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias, diputado Monreal Ávila. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
LEY FEDERAL DE DERECHOS
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muchas gracias, buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que presento y de la cual fue un tema abordado por mi compañero diputado Clemente Castañeda Hoeflich el periodo pasado, y que hoy se materializa por su servidor, busca reformar los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos, esto en pro de la ciencia en nuestro país, a través de la reducción de los costos relacionados a la aplicación y obtención de patentes sobre variedades vegetales.
El registro sobre nuevas variedades en nuestro país juega un papel esencial en la conservación de la biodiversidad, pues además de ayudar a incrementar la diversidad, permite hacer frente a los cambios climáticos a través de la creación de variedades que resisten condiciones adversas y resistencia a enfermedades. Todo esto ya debidamente protegido por la Ley de Variedades Vegetales.
La creación de nuevas variedades ha sido por muchos años uno de nuestros más sólidos logros en el terreno de la ciencia y tecnología como mexicanos. Sin embargo, en el país los costos involucrados en la creación, promoción y protección de patentes frecuentemente son elevados en términos relativos, particularmente en aquellos casos donde la patente en cuestión es registrada por un investigador a carácter personal y sin el apoyo económico o logístico de instituciones educativas públicas o privadas.
Compañeros legisladores, la propiedad intelectual es uno de los pilares de la economía global y es deber del sector público garantizar su protección, pues todo invento que no cuente con una protección apropiada invariablemente corre el riesgo de ser robado por la competencia, replicado y comercializado sin autorización de sus creadores. Esto lo hemos visto y es costumbre, dándoles así la espalda a los ciudadanos o investigadores que estuvieron detrás de esa misma patente.
Un sólido y, sobre todo, accesible sistema de patentes y procesos resulta primordial, sobre todo fundamental. En 1996 nuestro país se vio envuelto en un problema que revela la importancia de apoyar el registro de variedades vegetales. Este problema surgió cuando un agricultor estadounidense registró en su país una variedad específica de frijol azufrado que se había cultivado en México durante muchos siglos.
Este registro que otorgó al agricultor derechos exclusivos de producción y distribución del material genético robado se convirtió en un impedimento para sus productores mexicanos que buscaban comercializar sus cosechas en el mercado de Estados Unidos.
Si bien el gobierno mexicano participó en litigios posteriores y después de años y años de demandas y juicios, la patente fue correctamente revocada, el daño ya estaba hecho: cientos de toneladas fueron perdidas entre las disputas y durante años los agricultores mexicanos se vieron incapaces de comercializar un cultivo que habían utilizado sin problema durante décadas.
Casos como el anterior demuestran la evidente necesidad de contar con un sistema, no solo que proteja la producción científica de México, sino que resulte asequible para ayudar a nuestros agricultores e investigadores y otorgar y dar certeza a su trabajo.
Actualmente un investigador que busque realizar el registro correspondiente, no gastará menos de 30 mil pesos durante el proceso, esto sin contabilizar la cuota de refrendo anual a la que estará sujeto para mantener dicho registro vigente. En un país donde las expectativas salariales promedio son bajas, los costos relativos resultan considerablemente altos.
El propósito de reducir en 50 por ciento los costos de transacción relacionados al registro de variedades vegetales abona, compañeros, a la efectiva protección de las mismas, así como un incentivo para que aquellos agricultores e investigadores que buscan aprovechar de forma responsable los resultados de su propia labor.
Esperando contar con su apoyo y dar afirmativa a esta iniciativa, le agradezco mucho la atención prestada. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos, con base en lo siguiente:
Exposición de Motivos
La propiedad intelectual es uno de los pilares de la economía global. La apertura de los mercados internacionales ha significado que innovaciones tecnológicas e industriales, antes protegidas en mayor o menor medida por las barreras propias del comercio nacional, se hallen expuestas a la competencia y la ambición de actores internacionales. Los costos relacionados a la innovación se suman, hoy en día, en los miles de millones. Con cada nueva innovación el costo del siguiente “paso” se incrementa sustancialmente, razón por la que instituciones públicas y privadas realizan importantes esfuerzos por brindar mayor seguridad jurídica y certidumbre comercial sobre sus activos. Todo invento que no cuente con protección apropiada invariablemente corre el riesgo de ser “robado” por la competencia, replicado y comercializado sin la autorización de su creador.
Bajo los supuestos anteriores, el valor de un sólido sistema de patentes y los procesos necesarios para mantenerlo resulta claro. Si la adecuada protección de la propiedad intelectual desarrollada por talento mexicano es un elemento clave para mejorar nuestra competitividad, el gobierno mexicano debe ser proactivo.
Una posible área de oportunidad, en este contexto, es el análisis y la reducción de los costos asociados al proceso de registro. Todo sistema de patentes opera a través de costos específicos que buscan incentivar aplicaciones meritorias y reducir el número de registros sin el sustento técnico necesario. En cada país, las instituciones competentes seleccionan de forma cuidadosa el balance que les permita obtener este equilibrio, ajustando las tarifas disponibles conforme es necesario. En economías donde el desarrollo y la investigación de nuevos activos tecnológicos es generalizada en diversas industrias y posee un carácter intensivo, como en Estados Unidos, Alemania o Japón, los costos relativos son considerablemente más altos que los mexicanos. El perfil de la economía mexicana, sin embargo, no es equiparable, al menos en la intensidad de su producción tecnológica, al de aquellos países.
En México, los costos involucrados en la creación, promoción y protección de patentes frecuentemente son elevados (en términos relativos), particularmente en aquellos casos donde la patente en cuestión es registrada por un investigador a carácter personal, sin apoyo económico o logístico de instituciones educativas públicas o privadas. De acuerdo al estudio citado en la realización de esta iniciativa, un registro promedio llega a representar un costo superior a los 50 mil pesos para quienes acceden a este servicio. Adicionalmente, los tiempos requeridos son sustanciales pues el proceso llega a tomar entre tres y seis años, en promedio.
Tomando en consideración que cada clase de innovación cuenta con costos específicos a su proceso de registro y que existen importantes espacios de mejora , la siguiente iniciativa busca emprender un esfuerzo focalizado en la actualización de los costos relacionados a la aplicación y obtención de patentes sobre variedades vegetales en México.
La Ley Federal de Variedades Vegetales las define como subdivisiones de especies vegetales que constituyen un grupo definido con características específicas y cuyo contenido genético es estable y homogéneo.
En México, la creación de nuevas variedades vegetales ha sido, por años, uno de nuestros más sólidos logros en el terreno de la ciencia y tecnología. Desde 1996 (fecha de creación del registro), el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) ha otorgado poco más de mil 300 títulos de obtentor a diversas instituciones e investigadores por el desarrollo de nuevas subespecies destinadas al uso agropecuario.
La creación (en 1996) del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y la entrada en vigor de la normatividad correspondiente son el antecedente directo de los esfuerzos emprendidos en el fortalecimiento de estos activos estratégicos. México cuenta con una larga tradición en el desarrollo de semillas, extendiéndose desde la década de los sesenta e incrementando en intensidad desde entonces. En este contexto, las medidas adoptadas para la protección adecuada de este material son relativamente recientes y, no sorpresivamente, pudieron responder a coyunturas particulares que demostraron los peligros relacionados a un registro deficiente.
En el mismo año que marcó la creación del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, un agricultor estadounidense registró exitosamente en su país una variedad específica de frijol azufrado que había sido cultivado en México durante siglos. Este registro, que otorgó al agricultor derechos exclusivos de producción y distribución del material genético robado, se convirtió en un impedimento insorteable para productores mexicanos que buscaban comercializar sus cosechas en el mercado de Estados Unidos. El gobierno mexicano vio que su participación en los litigios posteriores era esencial y, después de años de demandas y juicios, la patente fue correctamente revocada. El daño, sin embargo, ya había sido hecho. Cientos de toneladas de valor fueron perdidas entre las disputas y durante años los agricultores mexicanos se vieron incapaces de comercializar un cultivo que habían utilizado sin problema durante décadas. El agricultor tomó provecho de la falta de normatividad e instituciones que encontró en México y cometió uno de los casos más reconocidos de biopiratería en tiempos recientes.
Casos como el anterior demuestran, sin duda alguna, la evidente necesidad de contar con un sistema que proteja la producción científica de México y que pueda dar certeza a nuestros agricultores e investigadores. Dicho sistema debe de contemplar la existencia de instituciones que tengan la capacidad técnica y logística para llevar a cabo sus obligaciones y cuenten con procesos que permitan a los usuarios un acceso seguro. En los hechos, la esfera institucional ha demostrado ser efectiva en sus funciones, permitiendo al país incrementar de forma consistente sus registros. El acceso, sin embargo, ha sido hasta el momento posible sólo en la medida en que investigadores e instituciones han podido sortear los costos involucrados.
De acuerdo con los montos disponibles actualmente en la Ley Federal de Derechos, un investigador que busque realizar el registro correspondiente gastará no menos de 30 mil pesos mexicanos durante el proceso, sin contabilizar la cuota de refrendo anual a la que estará sujeto para mantener dicho registro vigente. En un país donde las expectativas salariales promedio no alcanzan una tercera parte de la cantidad descrita, los costos relativos son considerablemente altos.
En 2015, los ingresos vinculados a los pagos por derechos de obtentor de variedades vegetales representaron tan solo 4 millones 974 mil 281 pesos para el Estado mexicano. El monto, si bien no insignificante, representa tan solo una fracción de los ingresos totales que obtiene anualmente el gobierno mexicano por concepto de derechos. Los beneficios financieros obtenidos por este rubro, adicionalmente, no son equivalentes a la inversión pública que se realiza año con año como parte del financiamiento para la investigación en el país.En ese mismo año, la Universidad Autónoma de Chapingo programó la construcción de un nuevo laboratorio especializado con un costo superior a los 60 millones de pesos. Si la inversión pública en investigación es considerablemente más elevada que los ingresos que obtiene del registro, se hace necesario el considerar que para el Estado resultaría más provechosa la protección de la inversión realizada que los posibles retornos que el registro pudiese arrojar.
Apoyado en esta exposición, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos con el propósito de reducir los costos de transacción relacionados al registro de variedades vegetales, argumentando que dichos costos son un impedimento para la efectiva protección de las variedades vegetales mexicanas, así como un obstáculo para aquellos agricultores e investigadores que buscan aprovechar de forma responsable los resultados de su propia labor.
Considerandos
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 101, establece al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas como la “ instancia coordinadora de las actividades para la participación de los diversos sectores de la producción, certificación y comercio de semillas” y plantea que se encontrará bajo el cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El artículo 102 de la misma legislación plantea como objetivos del SNICS el “ establecer y en su caso proponer, conjuntamente con las demás dependencias e instituciones vinculadas, políticas, acciones y acuerdos internacionales sobre conservación, acceso, uso y manejo integral de los recursos fitogenéticos, derechos de protección de los obtentores y análisis de calidad de semillas” y el “ promover la participación de los diversos sectores involucrados en la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales” .
La Ley Federal de Variedades Vegetales, en tanto, establece, en su artículo 3, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tiene la atribución de “ fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor, en las que participen las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, así como los sectores social y privado” y de “ proteger la Biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público, y que las comunidades tendrán el derecho de explotarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo” .
Finalmente, la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas define, en su artículo 4, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación también tendrá como atribuciones el “ promover la producción de semillas, dando prioridad a la de los cultivos considerados como básicos y estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable” y el “ fomentar la investigación, conservación, producción, calificación y utilización de semillas de variedades vegetales mejoradas y de uso común sobresalientes y celebrar convenios de colaboración, concertación y participación con instituciones públicas o privadas de enseñanza e investigación y con personas físicas o morales”.
DecretoPor lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos, quedando como sigue:
Artículo 87. Por los servicios que se presten al obtentor de variedades vegetales, se pagará el derecho del obtentor, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio y trámite de la solicitud de protección de derechos del obtentor $7,836.54
II. Por la expedición de la constancia de presentación $416.75
III. Por la expedición del título del obtentor. $3,834.82
IV. Por el reconocimiento del derecho de prioridad $416.75
V.- Por cambio de denominación $1,058.71
Artículo 88.- Por los servicios de registro de actos jurídicos relacionados con el obtentor de variedades vegetales, se pagará el derecho del obtentor, conforme las siguientes cuotas:
I. Por el registro de sucesión de los derechos de protección $740.98
II. Por cada copia certificada del título $211.62
III. Por el registro de la transmisión total o parcial del derecho $374.74
IV. Copia de la caracterización de la variedad protegida $211.64
V. Por la presentación de correcciones e información adicional por causa imputable al usuario $137.52
Notas
1 Editorial. The Cost of Innovation Has Risen, and Productivity Has Suffered. Londres. The Economist. 2017. Consultado en:
https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21729746- exploitation-currently-available-knowledge-far-complete-cost
2 Ángel, Sánchez; Hortal, Pablo; Cuesta, David. Patent Costs and Impact on Innovation: International Comparison and Analysis of the Impact on the Exploitation of R&D Results by SMEs, Universities, and Public Research Organizations. Bruselas. European Commission. 2014. Consultado en:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/ Publicaciones/Estudios-Articulos/2016_12_19_Costes_de_patentes_y_su_ impacto_en_innovacion.pdf
3 Quinn, Gene. The Cost of Obtaining a Patent in the US. Leesburg, Virginia. IP Watchdog. 2015. Consultado en:
http://www.ipwatchdog.com/2015/04/04/the-cost-of-obtaining-a-patent- in-the-us/id=56485/
4 Vega-González, L.R.; Hernández-Jardines, I.J. “The Costs of Patenting in Mexico”. En Revista Médica del Hospital General de México: Julio 2017. México. Hospital General de México. 2017. Consultado en:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185106317300331
5 Ibid.
6 Ley Federal de Variedades Vegetales. Artículo 2,. fracción IX. (Última Reforma: DOF 25-10-1996)
7 SNICS. Estadísticas de Variedades Vegetales. México. SAGARPA. 2017. Consultado en:
h ttp://snics.sagarpa.gob.mx/dov/Paginas/estadisticas-dov.aspx
8 Navas, María Elena. “El caso del frijol robado”. México. BBC Mundo. 2008. Consultado en:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7380000/ 7380466.stm
9 Ibidem. Consultado en: http://snics.sagarpa.gob.mx/dov/Paginas/estadisticas-dov.aspx
10 Quadratin Edomex. “Registrará Autónoma de Chapingo 20 Nuevas Especies Vegetales”. Toluca. Quadratin Edomex. 2015. Consultado en: https://mexico.quadratin.com.mx/Registrara-Autonoma-de-Chapingo-20- nuevas-especies-vegetales/
11 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Artículo 101. (Última Reforma: 12-01-2012)
12 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Artículo 102. Fracciones I y III. (Última Reforma: 12-01-2012)
13 Ley Federal de Variedades Vegetales. Artículo 3º. Fracciones I y XI. (Última Reforma: 25-10-1996)
14 Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Artículo 4, fracciones V y IX. (Última Reforma: 15-06-2007)
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Bien. Le agrademos también, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito de la Cámara de Diputados.
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Presento esta iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Hay un problema que el crimen organizado ha dejado muy fuerte, sobre todo en comunidades serranas, que es el tema del desplazamiento. Nosotros hemos trabajado con mucha insistencia este tema. Tenemos aproximadamente cinco años insistiendo sobre un fenómeno que deja a las familias totalmente indefensas, pierden todo, pero todo es todo, porque son expulsados y se pierde el trabajo, la escuela, el patrimonio que con mucha dificultad construyen las familias, sobre todo de la zona serrana.
Cuando se dio la Ley de Víctimas estuvimos insistiendo mucho en que el concepto quedara establecido. No lo logramos y fue hasta la segunda mejora que tuvo la Ley de Víctimas cuando logramos solamente el nombre, porque todavía el concepto no está como tal, y mucho obedece a que no tenemos datos claros de dónde están, cuántos salieron, cuántas comunidades.
Necesitamos recurrir a las instituciones que corresponde conocer de números y de estadísticas. Es de todos conocido que hay 12 entidades del país con marcado desplazamiento forzado interno. No es un supuesto de una familia que salió.
Desde el 94 tenemos el problema en Chiapas, que fue un tema distinto, pero al final del día fue el arranque de un fenómeno muy serio que teníamos. Hace muy poco, apenas ayer daban cuenta que aproximadamente mil familias habían regresado, pero muchas se quedaron también. Ahí es un enfrentamiento religioso, de usos y costumbres y demás.
Pero en el resto del país, como es el caso de Chihuahua, de Durango, de Guerrero, de Hidalgo, de Jalisco, de Michoacán, de Oaxaca, de Sinaloa, de Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, es muy marcado que este desplazamiento tiene un sello distintivo que tiene que ver con pandillas... Perdón, con grupos delincuenciales locales.
Ha habido muchos esfuerzos. Colombia tiene un esfuerzo muy interesante sobre el tratamiento que le dio al desplazamiento forzado, y a nivel nacional tenemos dos estados que ya tienen una Ley para Prevenir, Atender el Desplazamiento Interno, que son Chiapas y Guerrero.
Sin embargo, es necesario tener una estadística confiable. Primero cuántas comunidades, cuánta familia ha salido, pero sobre todo a dónde se han ido, qué están haciendo. ¿Cómo vamos a lograr el regreso o no regreso de ellos? o ¿cómo va a ser una especie de indemnización que nosotros estuvimos proponiendo anteriormente?
Por eso estamos proponiendo esta reforma de adición al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Inegi, para que genere indicadores sobre el desplazamiento forzado.
Necesitamos tener datos confiables, por eso esta propuesta dice de la manera siguiente en el artículo 21. El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, fenómenos y procesos sociales. Necesitamos saber, además de este fenómeno, otros más.
Y la adición es: los fenómenos y procesos sociales referidos en el párrafo anterior, hacen referencia, pero no se limitan solamente al desplazamiento interno forzable. Por su atención, muchas gracias. Buen año 2018.
«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Partido Revolucionario Institucional, senadora de la república en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona uno segundo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los antecedentes del desplazamiento interno forzado en México se remontan a finales del siglo XXI. En ese periodo dicho fenómeno se relacionaba directamente con los conflictos de las guerrillas, y las personas afectadas eran mayoritariamente provenientes de comunidades indígenas. En la actualidad, la migración interna forzada se inscribe en un contexto diferente, cuyas causas y consecuencias han cambiado.
De acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alrededor de 35 mil personas han sido desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados, y destaca que varias entidades federativas enfrentan este fenómeno social, principalmente.
Asimismo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, informó que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de migración forzada masiva en México, impactando en al menos 23,169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21,031 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia.
Sinaloa registró 6 eventos de desplazamiento masivos en el trascurso del 2016, representando 18.2 por ciento, con una población afectada de 4,208 personas. La localidad de Huixiopa, perteneciente al municipio de Badiraguato, fue la que presentó el mayor número de eventos de desplazamiento. A lo largo de 2016, tres veces se registraron eventos de desplazamiento masivo en la localidad. En una de las ocasiones el desplazamiento fue llevado a cabo por más de 96 por ciento de sus habitantes.
Si bien la mayor parte de la población desplazada forzadamente lo ha hecho por causas de violencia e inseguridad, las causas no se limitan sólo a ello. Existen otros motivos relacionados con los desastres naturales y los proyectos de desarrollo, los cuales han sido descritos en diversos informes internacionales y dentro de los Principios Rectores de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas.
Tan sólo en América Latina, Colombia es el país con el mayor número de desplazados por conflicto: 7.2 millones de personas. Además, el desplazamiento ocasionado por la violencia de grupos criminales y pandillas ha registrado cifras elevadas, siendo El Salvador el Estado con más casos: 40.3 millones de nuevos desplazamientos en 2016.
A escala internacional, de acuerdo con el Informe de Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado (2016) del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados a finales de 2016,
[...] había 65.6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Eso representaba un aumento de 300 mil personas respecto del año anterior, por lo que la población desplazada forzosamente en el mundo siguió en máximos históricos.
El mismo informe indica que el número de personas desplazadas por motivos de conflicto, violencia y desastres en el mundo, es dos veces mayor que el de refugiadas. En 2016, fueron registrados 31,1 millones de casos nuevos de desplazamiento, lo que representó un incremento de 3.3 respecto a 2015, y que equivale a una persona desplazada cada segundo. Además, destaca que las personas desplazadas internas están entre las más vulnerables del mundo. En contraste con los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen en su territorio.
La legislación nacional en materia de desplazamiento interno forzado ha tenido grandes avances. En la Ley General de Víctimas se establecen medidas de protección y amparo por parte del Estado mexicano a las personas desplazadas, y se reconoce el término de en los artículos 5o., 7o., 8o., 28, 38, 45, 47 y 79.
Instaura lo referente a
a) La obligación par parte de las autoridades respecto de la aplicación de la citada ley en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como las personas que se encuentran en situación de desplazamiento interno;
b) Que como parte de los derechos de las víctimas las políticas públicas que sean implementadas con base en la presente ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;
c) Que deberán contar con ayuda, asistencia y atención médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de dicho ordenamiento;
d) Respecto del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos;
e) Garantizar políticas y acciones que tengan por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudio; y
f) En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos de esta ley.
A escala estatal, dos leyes regulan la materia:
1. Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas, publicada en 2012, instaura en el artículo 30:
Para la atención de la población en situación de desplazamiento interno, el Consejo Estatal realizará el Registro Estatal de Población Desplazada. Este registro es una herramienta técnica que busca identificar a la población afectada y sus características. Tiene como objetivo mantener información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado y la asistencia humanitaria prestan a la población desplazada, a fin de que se supere esta condición.
2. Ley número 487, “para prevenir y atender el desplazamiento interno en Guerrero”, publicada en 2014, en el párrafo primero del artículo 33 señala:
Para la atención de la población en situación de desplazamiento interno, la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, realizará el Registro Estatal de Población Desplazada. Este registro es una herramienta técnica que busca identificar a la población afectada y sus características. Tiene como objetivo mantener información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el estado y la asistencia humanitaria prestan, a fin de que se supere esta condición.
A escala regional, la República de Colombia y Perú son los únicos países con leyes generales para la protección de personas desplazadas. La ley número 28223, sobre los desplazamientos internos del Estado de Perú”, establece en el párrafo primero del artículo 23:
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social elabora un Registro Único, a fin de asegurar el conocimiento por parte del Estado del número de desplazados, sus características y necesidades de los mismos.
Aunado a ello otros países como Uganda, en donde la situación del Desplazamiento Interno Forzado diverge significativamente de los Estados Americanos, en la Ley en el artículo 7°, sección 52 instaura la obligación de crear un registro del número de personas desplazadas a partir del cual se pueden crear políticas públicas.
Finalmente, en la actualidad no existe un marco legal de alcance global referente al tema, sin embargo, en 1988 la Asamblea General de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos pusieron a la mesa los principios rectores sobre Desplazamiento Interno Forzado.
Si bien no constituyen un convenio o tratado internacional, tienen gran respaldo de la comunidad internacional y son la base de muchas leyes nacionales sobre migración forzada.
Más aún, en 2009, en Kampala Uganda se logró la firma del instrumento jurídico de alcance regional más representativo en materia de Desplazamiento Interno Forzado: la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de las Personas Internamente Desplazadas en África. En ella, se reúnen los principales postulados del Pacto de la Región de los Grandes de 2006, así como los protocolos declaraciones, programas de acción y otros mecanismos regionales antes adoptados por la Unión Africana.
Al respecto la Convención de Kampala en su artículo 13 establece el deber de los Estados para la creación de un registro de personas desplazadas, así como la creación medidas necesarias para la medición, prevención y atención del Desplazamiento Interno Forzado,
El primer párrafo de la sección 1 del artículo 13 señala:
Los Estados parte deberán crear y mantener un registro actualizado de todos los desplazados internos que se encuentren dentro de su jurisdicción o control efectivo. De este modo, los Estados parte pueden colaborar con las organizaciones internacionales, organismos humanitarios o las organizaciones de la sociedad civil.
Con base en lo expuesto con anterioridad, observamos que, si bien ya existe un reconocimiento por parte del Estado Mexicano de las personas en situación de desplazamiento interno, aún no existe un registro nacional a través del cual se pueda conocer el número de casos que existen.
Por ello, igual que lo establecen algunas leyes estatales mexicanas, leyes nacionales de otros países e instrumentos jurídicos regionales, es fundamental la creación de un registro de desplazados en México que permita hacer un diagnóstico sobre los alcances que tiene el Desplazamiento Interno Forzado en nuestro país y con ello seguir realizando acciones a favor de la población desplazada.
Por lo mismo, el objetivo de la propuesta de iniciativa es reformar y adicionar el artículo 21 de Ley del Sistemas Nacional de Información Estadística y Geografía con la finalidad de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) genere los indicadores sobre el Desplazamiento Interno Forzado.
Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto
Único.Se reforma el párrafo primero y se adiciona uno segundo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, para quedar como sigue:
Artículo 21. El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, fenómenos y procesos sociales,salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.
Los fenómenos y procesos sociales referidos en el párrafo anterior hacen referencia, pero no se limitan al Desplazamiento Interno Forzado.
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cuadro comparativo
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Notas
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México. México, 2016, CNDH.
2 Ibídem.
3 CMDPDH, Obra citada.
4 Organización de las Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Recuperado el 18 de octubre de 2017,
http://www.acnur.es/PDF/0022_20120416132756.pdf
5 Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados IDMC (2016). Informe Global sobre Desplazamiento Interno. Recuperado el 15 de junio de 2017, en
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/downloads/ IDMC-GRID-2017-Highlights_embargoed-EN.pdf.
6 Agencia de la ONU para Refugiados ACNUR (19 de junio de 2017). Tendencias Globales Desplazamiento Forzado, en 2016. Recuperado de
http://www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf.
7 Ídem.
8 Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas. Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 355, 22 de febrero de 2016.
9 Ley número 87. Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 58 Alcance I, 22 de julio de 2014.
10 Documento de Doha para la Paz en Darfur, recuperado de
http://www.internal-displacement.org/static_content/law-and-policy/ sudan/DDPD-English.pdf
11 Véase Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos el 11 de febrero de 1998.
12 Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África, Kampala África, 23 de octubre 2009.
Fuentes de consulta
Fuentes bibliográficas
Torrens, Óscar. El desplazamiento forzado en México. Un acercamiento para su reflexión y análisis, México, Ciesas, Colegio de Sonora, Senado de la República, 2013, página 13.
Fuentes electrónicas
Agencia de la ONU para Refugiados, Acnur (19 de junio de 2017). Tendencias globales desplazamiento forzado, en 2016. Recuperado de
http://www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf.
Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Acnur (2016). Desplazados internos. Recuperado el 22 de junio de 2017 de
http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/desplazados-internos/.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “Desplazamiento forzado en México”, recuperado de
http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/.
Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados IDMC (mayo de 2016). Informe global sobre desplazamiento interno. Recuperado el 15 de junio de 2017, en
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/ downloads/IDMC-GRID-2017-Highlights_embargoed-EN.pdf
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017.— Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias a usted, senadora Diva Gastélum. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Presidencia de la senadora Adriana Dávila Fernández
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta senadora Adriana Dávila Fernández: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Rafael Hernández Soriano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Rafael Hernández Soriano:Con la venia de la presidenta. Acudo a esta tribuna a presentar propuesta que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de crear la Comisión de Planeación, de la Cámara de Diputados.
Esta propuesta tiene dos motivaciones centrales en las que quisiera referirme. El 10 de febrero de 2014 se publicó el decreto en el que se daban a conocer diversas disposiciones que habían sido reformadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de ellas la referente a la fracción VII del artículo 74 que otorga, se refiere a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y leeré textualmente. La fracción señala que: Es facultad exclusiva aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá por aprobado.
Derivado de esto es una obligación legal de este Congreso aprobar una reforma que trace la ruta jurídica para que esta Cámara, la de Diputados, ejercite y ejerza esta facultad constitucional, por ello la importancia de que se cree la comisión a la que nos estamos refiriendo.
Baste decir también, abundando en este sentido, de que existen comisiones que atienden en forma exclusiva tareas del Congreso que son muy importantes como la Comisión de Hacienda que conoce los temas inherentes a la política económica, que también está la Comisión de Presupuesto, que ejercitan ambas tareas en materia económica en un ámbito de colaboración entre poderes, es decir, no solamente están hablando de facultades legales de estas comisiones en forma específica, y es la segunda característica de esta propuesta de reforma, también abona en el fortalecimiento de las facultades del Poder Legislativo y desde luego a la sana convivencia en tareas de planeación nacional de coordinación con el Ejecutivo federal como ya lo hacen algunas comisiones como las que señalaba la de Hacienda y la de Presupuesto.
Luego entonces con estos dos argumentos que me parecerían suficientes, el legal y el del equilibrio entre poderes, proponemos la creación de la Comisión de Planeación y ello afectará desde luego a la Ley Orgánica en sus fracciones trigésimo octava del artículo 39 y numeral 6 del artículo 40. Es cuanto, presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXXVIII, y se recorren las subsecuentes, al artículo 39 y el numeral 6 al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente
Planteamiento del problema
En el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.
En el referido decreto se reformó la fracción VII del artículo 74 de la Carta Magna, la cual quedó en los siguientes términos:
VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;
Así, en el marco de la colaboración entre poderes, la planeación nacional del desarrollo es uno de los factores que tanto el Poder Ejecutivo federal como la Cámara de Diputados deben trabajar de forma coordinada. Por ello, le fue conferida la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.
Argumentos
La Ley de Planeación, al desarrollar las facultades exclusivas que le corresponden a la Cámara de Diputados para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, enfrenta un problema, ya que no existe una Comisión ordinaria que contribuya a que se cumplan con esas atribuciones constitucionales y legales.
Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público atienden diversas facultades constitucionales y legales en materia de presupuesto, cuenta pública, ingresos y todo lo relativo al ámbito financiero, pero ninguna tiene por objeto la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
Incluso, al revisar el procedimiento que debe seguirse para su aprobación, requiere de una instancia legislativa técnica, que se encargue de levar a cabo los trabajos correspondientes.
Por esa razón se propone la creación de la Comisión de Planeación, de carácter ordinario, que elabore dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla lo dispuesto en la fracción VII del artículo 74 constitucional y la Ley de Planeación.
Para tener mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta soberanía, a continuación, se muestra un cuadro comparativo, entre la norma vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa:
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan la fracción XXXVIII, y se recorren las subsecuentes, al artículo 39, y el numeral 6 al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se adicionan la fracción XXXVIII, y se recorren las subsecuentes, al artículo 39 y el numeral 6 al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 39. (...)
I. a XXXVII. (...)
XXXVIII. Planeación;
XXXIX. Población;
XL. Presupuesto y Cuenta Pública;
XLI. Protección Civil;
XLII. Puntos Constitucionales;
XLIII. Radio y Televisión;
XLIV. Recursos Hidráulicos;
XLV. Reforma Agraria;
XLVI. Relaciones Exteriores;
XLVII. Salud;
XLVIII. Seguridad Pública;
XLIX. Seguridad Social;
XL. Trabajo y Previsión Social;
LI. Transparencia y Anticorrupción;
LII. Transportes;
LIII. Turismo; y
LIV. Vivienda.
Artículo 40.
1. a 5. (...)
6. La Comisión de Planeación realiza la facultad prevista por el artículo 74, fracción VII de la Constitución y las contenidas en la Ley de Planeación.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»
La presidenta senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
Presidencia del diputado Rafael Hernández Soriano
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano:Hemos agotado el punto del orden que se refiere a la presentación de iniciativas.
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDOPREVENIR E INHIBIR INCREMENTOS INDEBIDOS EN LOS PRECIOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, EN LAS ENTIDADES AFECTADAS POR LOS SISMOS RECIENTES
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Iniciaremos el referente al punto de proposiciones de puntos de acuerdo. En este sentido damos la palabra, hasta por cinco minutos, al senador Esteban Albarrán Mendoza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica, a fortalecer los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para construcción en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos registrados en el país. Este punto de acuerdo está suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El senador Esteban Albarrán Mendoza: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 7 y 19 de septiembre se registraron dos fuertes sismos con una magnitud de 8.1 y 7.1 grados respectivamente, que registraron efectos devastadores en diversas entidades, y que dañaron la vivienda de miles de personas y lamentablemente también la pérdida de vidas humanas.
Esta emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado mexicano. Y una vez más destaco la solidaridad de la sociedad para apoyar a la población que resultó afectada.
Gracias a los avances en materia de protección civil, a la consolidación de una cultura de la prevención y la instrumentación de mecanismos de reacción, se pudieron reducir las afectaciones y salvar el mayor número de vidas.
De manera oportuna el gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas, instrumentó diversas acciones que atendieron la situación de emergencia y realizaron el censo de los inmuebles dañados. También se inició la fase de reconstrucción y los esquemas diseñados para reconstruir viviendas, apoyar a los comercios y rehabilitar la infraestructura pública.
Por ejemplo, el gobierno federal, junto con los gobiernos de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, destinó recursos para la reconstrucción de viviendas en estas tres entidades por más de 7 mil millones de pesos.
Se entregaron también apoyos a los damnificados en monederos electrónicos. En el caso de daño parcial, se proporcionó una tarjeta bancaria por 15 mil pesos para usarlos en la reparación de sus viviendas.
En los casos de daños totales, es decir, quienes perdieron sus viviendas, el apoyo fue de 120 mil pesos por vivienda. En estos casos, se entregaron dos tarjetas: una exclusivamente para adquisición de materiales y otra para cubrir otros gastos de reparación.
La atención del gobierno federal fue oportuna. Y, a través de un esfuerzo coordinado con las distintas Secretarías de la administración pública, se está trabajando para atender a los damnificados y los trabajos de reconstrucción en las zonas más afectadas, a fin de reestablecer la normalidad lo más pronto posible.
Sin embargo, una de las principales problemáticas que enfrentan los beneficiarios son los aumentos injustificados en los precios de los materiales de construcción, así como el acaparamiento en su venta. Diversas familias damnificadas han denunciado el abuso de los distribuidores, señalando que el material de construcción se ha incrementado hasta en un 100 por ciento, hecho que hace más difícil reconstruir o construir sus viviendas.
Compañeras y compañeros legisladores, ante este panorama se deben reforzar las acciones institucionales que contribuyan a salvaguardar la economía familiar y evitar que la población sea objeto de abusos y aumentos injustificados. Debemos continuar implementando acciones permanentes en las entidades federativas afectadas, con el propósito de proteger los intereses de la población damnificada.
Con este propósito sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofece, para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan los operativos para prevenir e inhibir los incrementos indebidos en los precios de los materiales en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos de septiembre del año pasado.
Asimismo, para que investiguen, y en su caso sancionen, posibles prácticas de acaparamiento de tales productos. El objetivo es garantizar que no se registren actos de especulación, actos de corrupción que afecten los precios de los materiales de construcción. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y la Cofece a fortalecer los operativos para prevenir e inhibir alzas indebidas de los materiales para construcción en las entidades gravemente afectadas por los recientes sismos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 7 y 19 de septiembre se registraron dos fuertes sismos con una magnitud de 8.1 y 7.1 grados Richter, respectivamente, dejando afectaciones materiales y la lamentable pérdida de decenas de vidas en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Los daños más severos se observaron en los estados de Oaxaca y Chiapas, dando como resultado viviendas inhabitables, techos colapsados y bardas caídas, las cuales dejaron a miles de personas sin patrimonio.
De esta manera, el gobierno federal instrumentó diversas acciones para atender la situación de emergencia y realizar el censo de los inmuebles dañados, se inició la fase de reconstrucción y los esquemas diseñados para reconstruir viviendas, apoyar los comercios dañados y reparar los espacios públicos.
El presidente de la República junto con los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, destinaron recursos para la reconstrucción de viviendas en estas dos entidades, más de 7 mil millones de pesos.
Se entregaron tarjetas bancarias a las familias afectadas, con las que pudieron disponer de recursos para la reconstrucción de sus viviendas. Se entregaron apoyos a los damnificados en monederos electrónicos. En el caso de daño parcial, se proporcionó una tarjeta bancaria por 15 mil pesos para usarlos en la reparación (materiales, mano de obra o autoempleo).
En los casos de daños totales, es decir, que perdieron sus viviendas, el apoyo fue de 120 mil pesos por vivienda. En estos casos, se entregaron dos tarjetas: una exclusivamente para adquisición de materiales y otra para cubrir otros gastos de reparación.
Ante estas emergencias, la atención del gobierno federal ha sido oportuna y, a través de un trabajo coordinado con distintas secretarías de la administración pública, se trabajó para atender a los damnificados y se comenzó los trabajos de reconstrucción en las zonas más afectadas, a fin de restablecer la normalidad lo más pronto posible.
Sin embargo, una de las principales problemáticas que enfrentan los beneficiarios son los incrementos injustificados en los precios de los materiales de construcción, así como el acaparamiento en su venta.
Así, por ejemplo, en Oaxaca en donde los precios de los materiales para construcción, arena y grava se han disparado. Diversas familias damnificadas han denunciado el abuso de los distribuidores, pues desde hace un par de semanas el material pétreo subió en promedio cien por ciento, hecho que hará más difícil construir con los pocos recursos que el gobierno federal está otorgando para las viviendas dañadas.
En las cribadoras instaladas en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, aseguran que la arena se encareció hasta 500 a mil pesos; mientras que la grava lo hizo de 600 a mil 200 pesos el viaje o el camión.
Tan sólo en el mes de octubre se recibieron 81 quejas por alza de precios en productos básicos en las entidades federativas que fueron afectadas por los sismos, incrementando el costo. La más alta fue la Ciudad de México donde se reportaron 60 inconformidades.
Otra de las acciones que debe de realizar la Procuraduría Federal del Consumidor es vigilar que los paquetes de construcción para zonas de Oaxaca y Chiapas se vendan sin un sobrecosto.
Lo anterior demanda reforzar las medidas de vigilancia e inspección en los mercados, hoteles, centros de materiales, tiendas de autoservicio, principalmente, para vigilar que se respeten los derechos de los consumidores.
Ante este panorama, es una prioridad la atención de los consumidores en una de las temporadas de mayor consumo del año, con el objetivo de realizar acciones preventivas, de orientación y atención de quejas.
Resulta indispensable evitar prácticas irregulares en detrimento de los consumidores siendo una oportunidad para incrementar la derrama económica de establecimientos y no un mecanismo de abuso.
Asimismo se requiere promover los derechos de los consumidores, garantizando relaciones comerciales justas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, a fin de evitar que se presenten irregularidades durante los próximos meses.
Después de los desastres naturales, el Estado mexicano debe continuar implementando acciones permanentes en las entidades federativas afectadas, con el propósito de proteger los intereses la población damnificada.
Resulta apremiante fortalecer los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para construcción, en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos que se registraron en el país. Asimismo, para que investiguen y, en su caso, sancionen posibles prácticas de acaparamiento de tales productos.
En este panorama, consideramos apremiante reforzar las acciones institucionales que contribuyan a salvaguardar la economía familiar y evitar que la población sea objeto de abusos y aumentos injustificados.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para construcción, en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos registrados en el país. Asimismo, para que investiguen y, en su caso, sancionen posibles prácticas de acaparamiento de estos productos.
Notas
1 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/informa-presidente-epn-que-los- gobiernos-de-la-republica-de-chiapas-y-oaxaca-destinaran-mas-de-7-mil- mdp-para-reconstruccion-de-viviendas
2 http://www.nvinoticias.com/nota/74490/se-disparan-precios-de-materiales- de-construccion-en-el-istmo-oaxaca
3 http://www.diarioaxaca.com/negocios/1-dinero/119665-productos-basicos- suben-de-precio-por-sismos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.— Rúbrica.»
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano:Gracias a usted, senador Albarrán. ¿Con qué objeto, estimado legislador?
El senador Jorge Aréchiga Ávila (desde la curul): Para solicitar sumarme a la iniciativa.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Si el senador Albarrán lo obsequia, desde luego está a disposición para firma en el área de Secretaría. El punto de acuerdo será turnado a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL CONSEJO GENERAL DEL INE A DESTITUIR AL TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN POR EVIDENTE CONFLICTO DE INTERESES
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano:Tiene la palabra por cinco minutos el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho instituto, por evidente conflicto de intereses. Adelante, senador.
El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, diputado presidente Rafael Hernández Soriano, diputado por la Ciudad de México.
Señoras y señores legisladores, vengo a esta tribuna sumamente preocupado, se trata de un asunto que a todas luces vulnera el principio de imparcialidad con que el Instituto Nacional Electoral debe actuar.
El pasado 18 de diciembre, el Consejo General del INE designó a Lizandro Núñez Picazo, como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Lizandro Núñez será el encargado de revisar los ingresos y gastos de todos los partidos políticos en las elecciones de este año 2018.
El nuevo titular de la Unidad de Fiscalización de INE presentó un día antes su renuncia al cargo de administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, con efectos a partir del 1 de enero de este año.
De acuerdo con sus antecedentes laborales, el nuevo responsable de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE fue colaborador del ahora precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, cuando estuvo al mando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal.
Si de profesionalismo y experiencia técnica se trata, hay muchos mexicanos y mexicanas que reúnen los requisitos para ocupar ese cargo tan importante en el INE.
Genera muchas sospechas la designación de Núñez. El INE debe dar vuelta atrás a esta decisión, de lo contrario desde hoy podemos afirmar que se están sembrando fundadas sospechas sobre la imparcialidad de la fiscalización de los recursos de la elección de 2018.
No se trata solo de cubrir los cargos vacantes. No se trata de que los partidos políticos se repartan cuotas, mucho menos tratándose de órganos autónomos del Estado Mexicano. De lo que se trata es de garantizar que en lo particular acudamos a los comicios de 2018, con las certezas y las garantías de que el árbitro actuará con legalidad y sin injerencia de interés político alguno.
La autoridad electoral debe brindar confianza a todos los ciudadanos mexicanos, la designación de Lisandro Núñez genera absoluta desconfianza y nosotros no podemos avalar dicha designación.
En Acción Nacional consideramos que este nombramiento tiene un fin claro que es de proteger los intereses del PRI y su precandidato presidencial. La decisión del INE es desafortunada y no podemos permitir que esto se consolide si queremos que haya equidad e imparcialidad en las elecciones de este año.
Por esa razón, estamos solicitando al Consejo General del INE la inmediata destitución de Lizandro Núñez Picazo como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, porque evidentemente existe un claro conflicto de intereses en su nombramiento.
En pocas palabras, en pocas palabras el que hace hasta algunos días o semanas era titular del SAT, empleado del precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, no puede ser el que fiscalice los gastos de campaña y de precampaña de todos los precandidatos. Evidentemente hay un conflicto de intereses. Por su atención, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del INE a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización por evidente conflicto de intereses, a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base a las siguientes
Consideraciones
Señoras y señores legisladores:
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer la designación de Lizandro Núñez Picazo como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien será el encargado de revisar los ingresos y los gastos de los partidos políticos en los comicios del próximo año.
Núñez Picazo presentó ayer mismo su renuncia al cargo de administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, con efectos a partir del 1 de enero de 2018.
De acuerdo con sus antecedentes laborales, el nuevo responsable de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE es una persona cercana al precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, cuando fue secretario de Hacienda.
En Acción Nacional consideramos que este nombramiento tiene un fin claro: proteger los intereses del PRI y su candidato presidencial relacionados con los gastos de la campaña presidencial, y actuar contra los partidos y candidatos de oposición.
La decisión del INE es desafortunada y no podemos permitir que esto se consolide, si queremos que haya equidad e imparcialidad en las elecciones del próximo año.
Por esa razón solicitamos al Consejo General del INE la inmediata destitución de Lizandro Núñez Picazo como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, pues hay un claro conflicto de interés en su nombramiento.
Si de profesionalismo y experiencia técnica se trata, muchas mexicanas y mexicanos reúnen los requisitos para ocupar ese cargo tan importante en el INE.
Sólo es cuestión de voluntad política del PRI. Caso contrario, desde hoy podemos afirmar que se siembran fundadas sospechas sobre la imparcialidad de la fiscalización de los recursos de la elección de 2018.
Por lo expuesto, ante esta soberanía presento la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta muy respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la destitución inmediata de Lizandro Núñez Picazo como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización por encontrarse en un evidente conflicto de interés que puede afectar la equidad y la imparcialidad del proceso electoral de 2018.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias a usted senador Ávila Ruiz. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano:¿Con qué objeto?
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Para adherirme.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano:Si lo permite el senador, desde luego está a disposición en el área de secretariado para ese fin.
Tiene la palabra, hasta por cinco...
El senador David Monreal Dávila (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano:A ver, senador Fernández, con qué objeto... Senador Monreal.
El senador David Monreal Dávila (desde la curul): Si nos permite adherirnos.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano:Si lo obsequia el proponente está a disposición de quien desee signarlo en el área de Secretaría.
EXHORTO A GOBIERNOS DE DIVERSOS ESTADOS A PUBLICAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CASOS DE VIOLENCIA, INCLUIDA LA FEMINICIDA
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de diversas entidades federativas a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, para la integración y transparencia de sus bancos estatales de datos e información. Tiene la palabra, diputada.
La diputada Olga Catalán Padilla:De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Somos el grito de las que ya no tiene voz. Anónimo.
Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy presento ante ustedes un exhorto a diferentes entidades federativas, con el objetivo de que se actualicen y se hagan públicas las cifras sobre feminicidios.
En el país el número de homicidios va en aumento, tan solo las víctimas por homicidios dolosos con arma de fuego tuvieron un repunte de 40 por ciento en todo el territorio nacional entre enero y noviembre de 2017, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dentro de este clima de violencia generalizada las mujeres se han convertido en el foco de atención por parte de organizaciones nacionales e internacionales. El caso más emblemático es el de las muertas de Juárez, donde la impunidad y falta de acciones por parte del gobierno dieron lugar a que este fenómeno no fuera exclusivo de dicha localidad.
Actualmente doce entidades federativas tienen declarada la alerta de violencia de género, debido a los altos índices de violencia en sus diferentes tipos contra las mujeres, aunado a que en dichas entidades el número de feminicidios en los últimos años aumentó considerablemente.
Existen algunas organizaciones sociales que han intentado crear acciones para paliar la violencia ejercida contra las mujeres. Tal es el caso del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano contar la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, quienes han advertido que no existe claridad en las cifras y que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.
La violencia feminicida, aún con la importancia que representa para la sociedad y las autoridades no ha sido incluida en las encuestas oficiales. Debido a ello, la mayoría de los datos existentes provienen de organismos de la sociedad civil.
Es importante tener en cuenta que a pesar de que existen algunas cifras, a la fecha no se cuenta con mecanismos oficiales de registro, es decir, existe una deficiente implementación de los mecanismos establecidos por la ley, tal es el caso del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
En dicho banco solo se observan cifras sobre algunos tipos de violencia como la física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, sin considerar la violencia feminicida.
Es necesario contar con información confiable y oportuna, dirigida a las dependencias y organizaciones que lo requieran para el combate y erradicación de esta práctica. Es por lo anterior que queremos que se exhorte a los estados de Nuevo León, Estado de México, Chiapas y Jalisco a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, para la integración y transparencia de sus bancos de datos estatales sobre casos de violencia.
Concluyo con la siguiente frase: disculpen las molestias, pero nos están asesinando. Es cuanto, presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos gobiernos locales a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la feminicida, para la integración y transparencia de sus bancos estatales de datos e información, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Olga Catalán Padilla, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La situación de los derechos humanos en México enfrenta contradicciones: por un lado, avanzó en el reconocimiento de los mismos, pero por otro se observa un crecimiento en los altos índices de violencia que día con día cobran la vida de cientos de mexicanos.
En el caso de las mujeres, la violencia forma parte de una tradición cultural/histórica basada en la desigualdad y la indiferencia, dicha tradición se continua transmitiendo de generación en generación por medio de la familia, la escuela e incluso los medios de comunicación donde se ven reflejados estereotipos, actitudes y prácticas que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Desde hace muchos años se observa que las conductas misóginas y machistas han evitado que la problemática existente se vea como un fenómeno que involucra a todos los ámbitos (social, económico y político) e incluso se cree que son las mujeres las responsables de su victimización, ocasionando que la sociedad y el Estado se desvincule del fenómeno.
Actualmente existen diversas asociaciones e instituciones que se encargan de llevar un registro sobre violencia hacia las mujeres, tal es el caso del Inegi por medio de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, herramienta que en 2003 dio la pauta para dimensionar el fenómeno a nivel nacional y por entidad federativa.
Con base en datos de dicha encuesta en 2011, en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja; el 43 por ciento de las mujeres sufrió violencia emocional; el 24.5 por ciento violencia económica, el 14 por ciento violencia física y un 7.3 por ciento violencia sexual.
Aunado a los tipos de violencia mencionados y que se encuentran definidos dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas,3 es decir, la violencia feminicida.
Una propuesta para enfrentar a los feminicidios fue la creación de la Alerta de Violencia de Género, la cual se encuentra definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de México, en su artículo 22, respectivamente, donde señalan que:
Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
Desde hace algunos años el estado de México se focalizó por ser una de las entidades federativas con el mayor número de homicidios dolosos en mujeres y tener la mayor cantidad de feminicidios a nivel nacional.
En diciembre de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitiera la Declaratoria de Alerta de Género en el estado de México, dicha solicitud fue negada.
Fue hasta el 9 de julio de 2015, cuando el gobernador Eruviel Ávila Villegas, después de una serie de acontecimientos que evidenciaron la gravedad del problema en la entidad, solicitó al Sistema Nacional que decretara la Alerta de Género en 11 municipios del estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco de Solidaridad. El 28 de julio de ese mismo año fue decretada la Alerta de Violencia de Género en los 11 municipios señalados.
La violencia feminicida, aun con la importancia que representa para la sociedad y las autoridades, no ha sido incluida en las encuestas oficiales, debido a ello la mayoría de los datos existentes proviene de organismos de la sociedad civil.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México han advertido que no existe claridad en las cifras y que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.
En el siguiente cuadro se muestra la cifra oficial presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en comparación con la información recolectada por el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México de solo el año 2016.
Como puede observarse, existe una gran diferencia entre las cifras oficiales y las de la organización civil.
Aunado a las cifras de los municipios ya mencionados, también el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México declaró en su primer informe de actividades que el municipio de Nicolás Romero ha tenido la misma cantidad de homicidios hacia mujeres que Ixtapaluca y Tlalnepantla, siendo nueve en el 2016, pero cabe resaltar que dicho municipio no se encuentra declarado en Alerta de Violencia de Género.
Se debe resaltar que en un 44.8 por ciento de los municipios mexiquenses ha existido al menos un caso de feminicidio. Las cifras que dicha organización anunció son resultado de una investigación preliminar basada en el seguimiento de posibles casos de feminicidios y el acceso a algunos expedientes judiciales.
Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el año pasado existieron 275 casos de homicidios dolosos a mujeres. Con esta cifra suman un total de 727 las mujeres asesinadas y 217 casos de feminicidios en la administración de Ávila.
El periódico El Universal contradice la cifra, en una nota publicada el 23 de febrero del presente año menciona que las muertes de mujeres en 2016 fue de 340 casos, es decir un suceso más que en 2015, además de que con esta cifra se suma un total de mil 658 mujeres asesinadas en la administración de Ávila, lo que representa más de 70 por ciento de incremento respecto al sexenio anterior de Enrique Peña Nieto.
La siguiente gráfica muestra la evolución de los feminicidios desde 2011 hasta 2016 en los municipios con Alerta de Género, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México:
Es importante tener en cuenta que, a pesar de que existen algunas cifras, a la fecha no se cuenta con mecanismos oficiales de registro, es decir, existe una deficiente implementación de los mecanismos establecidos por la Ley, tal es el caso del Banco De Datos e Información del Estado de México sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BADAEMVIM), el cual se encuentra establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en su Capítulo II, artículo 37, fracción X:
....
I...
[...]
IX...
Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres y las niñas para integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;
En dicha fracción se expresa la publicidad de la información para la integración de los datos, pero en la actualidad no se encuentra la plataforma virtual en funcionamiento.
Por otro lado, la misma ley menciona, en su artículo 51, fracción XIV, que el Banco de datos es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México:
Integrar en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia los informes sobre la violencia contra las mujeres;
A pesar de que la Ley General y la Ley de orden estatal abordan la creación de un banco de información, se puede observar que hasta el momento no ha sido integrado aun cuando se cuentan con los recursos suficientes, así como con los lineamientos de operación para su elaboración e implementación.
La situación en la que se encuentra el estado de México es similar a la que reflejan las once entidades declaradas con Alerta de Género, pues de acuerdo con datos obtenidos de sus portales de internet, cuatro entidades no cuentan con un banco estatal de datos e información sobre casos de violencia y el Banco Nacional de Datos no cuenta con información sobre feminicidios en el país, siendo este un tipo de violencia considerado en la Ley de la materia.
Es necesario contar con información veraz sobre la situación en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia, es por ello que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en su artículo 37, fracción X, y el artículo 51, fracción XIV, las entidades deben rediseñar e implementar un Banco Estatal de Datos e Información con la finalidad de tener un sistema efectivo sobre la situación feminicida dentro de la entidad y con base en datos reales se generen políticas que contribuyan a disminuir, o en su caso, erradicar la violencia contra las mujeres, en especial la violencia feminicida.
Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:
Punto de acuerdoPrimero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a los gobiernos de Nuevo León, estado de México, Chiapas y Jalisco a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, contra las mujeres y niñas, para la integración y transparencia de sus Bancos Estatales de Datos e Información sobre Casos de Violencia.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir recomendaciones a las entidades federativas que tienen Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para que generen y reporten datos sobre la violencia feminicida que prevalece en sus entidades.
Notas
1 Cabe resaltar que dicha encuesta lleva seis años sin ser aplicada.
2 Inmujeres con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Bases de datos publicadas el 29 de julio de 2013, ajustadas a las Proyecciones de la Población en México que el Consejo Nacional de Población actualizó el 16 de abril de 2013.
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_ 171215.pdf
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_ 171215.pdf
5 http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html
6 http://edomexinforma.com/seguridadyjusticia/wp-content/uploads/2017/02/ CIFRAS-FEMINICIDIO-Y-HOM-DOL-MUJ_enero-2017xx.pdf
7 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/ 2017/02/23/aumentan-feminicidios-en-el-edomex
8 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob. mx/files/files/pdf/gct/2015/ago202.PDF
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2017.— Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica).»
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, senadora. Diputada, perdón. Son mis buenos deseos, todavía estamos en año nuevo. Gracias, diputada, muchas gracias. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente el punto de acuerdo de la diputada Olga Catalán Padilla.
EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EVITAR CUALQUIER MEDIDA QUE TRAIGA COMO CONSECUENCIA LA ELEVACIÓN DE ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, presenta proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a evitar cualquier medida que traiga como consecuencia la elevación de índices de contaminación y la consecuente violación de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México y la megalópolis, suscrito por los diputados Juan Romero Tenorio y María Chávez García, todos ellos del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, presidente, muchas gracias. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Morena estamos muy preocupados por las afectaciones a la salud de millones de personas a partir de la suspensión de las verificaciones vehiculares en la Ciudad de México. Esa medida podría causar la elevación de los niveles de contaminación ambiental, no solo en la capital del país sino en toda la megalópolis.
La contaminación del aire y sus efectos negativos en la salud no conocen fronteras. Estamos ante el umbral de una epidemia de enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía o el cáncer de pulmón, con el agravante de que los efectos más graves se producirán en las personas que ya están enfermas y en grupos vulnerables como niños, ancianos y familias de pocos ingresos que tienen acceso limitado a la atención médica.
La decisión administrativa realizada a espaldas de la sociedad y sin tomar en cuenta a la ciudadanía, académicos, expertos y científicos especialistas, nos pone a un paso de que la Ciudad de México y la megalópolis retomen el deshonroso primer lugar en índice de contaminación atmosférica. Sin duda volveremos a los niveles de la década de los ochenta, cuando todos los días teníamos contingencia ambiental.
Apenas el pasado 18 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2018, esto debido a que los 55 nuevos verificentros aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno capitalino, aún no terminan el proceso de instalación para poder operar, por lo que la dependencia suspendió las verificaciones vehiculares para autos con placas de la Ciudad de México durante el primer semestre de 2018. También anunciaron que a pesar de que no se realizaran verificaciones vehiculares, el programa Hoy No Circula no tendrá cambios en su aplicación con esta medida.
El gobierno de la Ciudad de México justificó la prórroga al decir que durante el primer semestre de 2018 se concluirá la instalación y puesta en marcha de los nuevos centros de verificación de la Ciudad de México, la fecha oficial era el 31 de diciembre de 2017.
El argumento es insuficiente y altamente cuestionable porque no informa sobre lo prioritario que es el impacto en la salud de los habitantes de la capital del país. Nada se dice sobre los daños a la población por la mala calidad del aire, los parámetros para medir e informar sobre el tema, ni sobre las acciones adoptadas para enfrentarla.
A la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que la persistencia de las condiciones de contaminación atmosférica es una violación continua a los derechos humanos. Asimismo, considera como una vulneración a los derechos, la omisión de las autoridades para implementar acciones para prevenir la contaminación, así como para aplicar sanciones a las empresas que las incumplan.
La realidad es que estamos ante una convocatoria fallida para la instalación de los nuevos verificentros. Se ha utilizado el poder público para impedir a los actuales verificentros que presten el servicio mediante una prórroga de actividades, únicamente con el propósito de beneficiar de manera artificial e ilegal a los 55 nuevos centros, anteponiendo intereses personales y de grupo. Esto no es una medida administrativa, es un acto de corrupción con el agravante de la afectación para millones de ciudadanos.
Los centros de verificación vehicular que actualmente operan deben seguir funcionando en tanto se instalan los nuevos porque, aunado a lo anterior, con esta medida el gobierno de Miguel Ángel Mancera manda a la calle a 2 mil 500 familias.
La gente está harta de la corrupción y de las medidas que toma el actual gobierno de la ciudad. Proceden a espaldas de los ciudadanos y en contra de la democracia. La posibilidad de continuar al frente del gobierno se les va de las manos con estas actitudes.
Por ello les pedimos, compañeros, que nos acompañen y voten a favor el punto de acuerdo que hoy se presenta. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a evitar cualquier medida que eleve los índices de contaminación y viole los derechos humanos de los habitantes de la megalópolis, a cargo de Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrita por Juan Romero Tenorio y María Chávez García, diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Juan Romero Tenorio, Virgilio Caballero Pedraza y María Chávez García, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Consideraciones
Primero. El Programa de Verificación Vehicular nació en 1996 y su objetivo consiste en revisar cada semestre los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos particulares, de carga, de transporte de pasajeros y taxis, matriculados o que circulan en la Ciudad de México.
Este programa es relevante porque facilita la operación del Programa Hoy No Circula que, a su vez, se hizo de carácter obligatorio y permanente en 1990, fecha en que sólo se restringía la circulación a 20% del parque vehicular particular y al transporte público durante un día laboral y a un horario específico. Así operó hasta 1997, toda vez que el 30 de diciembre de 1996 se publicó una actualización al acuerdo establecido en 1990 y ahí fue cuando se definieron las condiciones para exentar la restricción a la circulación.
De esta forma, los vehículos a gasolina modelo 1993 y posteriores así como los automotores pesados a diésel modelos 1998 y posteriores podían circular todos los días siempre y cuando presentaran bajos niveles de emisión, los cuales eran fiscalizados a través de la aplicación del Programa de Verificación Vehicular; así se han ido modificando los parámetros con que opera, siendo su actualización más reciente la anunciada el 30 de Junio de 2017.
Es así que el programa Hoy No Circula adquirió una doble función, por un parte evitaba la emisión de contaminantes provenientes del parque vehicular que debía descansar un día a la semana y por otro lado permitía reducir la tasa de emisión de contaminantes de los vehículos que entraban en los distintos programas para exentar la restricción a la circulación.
Las acciones que se impulsaron utilizando como incentivo la exención al programa Hoy No Circula fueron: la utilización en vehículos de gas licuado de petróleo y gas natural en sustitución de la gasolina y diésel, la autorregulación de unidades a diésel pertenecientes a flotillas de transporte de pasajeros y mercancías, la sustitución de convertidores catalíticos en mal estado, el cumplimiento acelerado de estrictas normas ambientales, e incluso el mejorar el programa de verificación de emisiones vehiculares de algunos Estados de la zona centro del país.
La aplicación de las medidas mencionadas en el párrafo anterior permitió abatir con gran éxito las emisiones vehiculares, pero al mismo tiempo propiciaron que el programa Hoy No Circula perdiera cobertura afectando paulatinamente la eficiencia del mismo y poniendo, hacia finales de la década pasada, en riesgo la continuidad de éste.
En el año 2003 se estimó en 3.2 millones el número de vehículos que conformaban a la flota vehicular matriculada en las dos entidades que integran la Zona Metropolitana del Valle de México. De esta flota vehicular, 1.8 millones de unidades estaban exentos del programa Hoy No Circula, lo que significa que diariamente dejaban de circular el 8.6% de la flota vehicular (276 mil vehículos), en lugar del 20% originalmente planteado.
La pérdida de cobertura del programa Hoy No Circula se debió al gran número de vehículos nuevos que anualmente se vendían en la ZMVM (cerca de 300,000 unidades), mismos que por sus emisiones vehiculares quedaban exentos de la restricción a la circulación.
Ello impacta negativamente en las condiciones de tránsito y en la velocidad de desplazamiento. La separación física entre los lugares de residencia y los denominados destinos funcionales –como los empleos, las escuelas o los servicios de salud– también son un factor importante, pues obligan a las personas a pasar más tiempo transportándose.
A ello se suman los desplazamientos internos, que en conjunto generan embotellamientos y consumo ineficaz de combustible. De acuerdo con el Índice de Tráfico TomTom, la Ciudad de México es la más congestionada del mundo, pues en relación con una situación de flujo libre, los tiempos de viaje se incrementan hasta 59%. Esto es, la velocidad promedio en horas pico oscila entre 8 y 11 km/h.
Segundo. Los Centros de Verificación Vehicular son los responsables de prestar el servicio de verificación y están obligados a contar con la infraestructura necesaria para evaluar las emisiones vehiculares de los vehículos que utilizan gasolina, gas natural, gas licuado de petróleo y otros combustibles alternos, de acuerdo a lo que establece en las Normas Oficiales Mexicanas y el Programa de Verificación Vehicular.
En el año del 2009, la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, creo el diseño de los Nuevos Equipos de verificación Vehicular denominado equipo GDF-2009, con Nuevos prototipos de analizadores, nuevos proveedores de equipo, obligando a los 83 verificentros existentes a cambiar línea por línea. Así como en el año de 2010 la Secretaria del Medio Ambiente, a su vez, realizó el Software con el que trabajan actualmente los verificentros de esta Ciudad, que es propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.
Asimismo, en el año de 2014, se crea el (CIVAR) Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental remota, desde donde en tiempo real, se vigila segundo a segundo las instalaciones y la operación de los verificentros de la Ciudad de México.
Con lo que se demuestra que los verificentros de la Ciudad de México que actualmente han actualizado semestre a semestre, con actualización en sus equipos de verificación vehicular, y NO tienen una antigüedad de veinte años como lo señala la Secretaria del Medio Ambiente.
Sin embargo, por una mala decisión en materia de política ambiental se está poniendo en riesgo la continuidad del Programa de Verificación Vehicular y con ello la salud de millones de habitantes de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.
Esto en razón que a partir de enero, los 74 verificentros que actualmente operan en la Ciudad de México se verán obligados a cerrar sus puertas, según informó la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad (Sedema) y en su lugar entrarán en operación 55 nuevos verificentros, que tendrán tecnología de punta, aunque aún no están listos y se desconoce cuál es el Plan y/o Nuevo Programa, así como la Nueva Tecnología, ya que las Bases para autorizar a estos nuevos verificentros, el equipo de verificación vehicular es el mismo. Solo se agrega la inspección físico mecánica“ Revista” que es competencia de la Secretaria de Movilidad, misma que no debe ser aplicada en los verificentros de la Ciudad de México.
Por esta razón, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, planteó la posibilidad de dar una prórroga para verificar vehículos a partir de enero. Esta prórroga aplicaría hasta que los 55 nuevos verificentros estén completamente listos.
“O sea, no podemos arrancar por arrancar ni mucho menos causarles molestia a las personas de que verifiquen y luego vuelvan a verificar. Hay que darle certeza, certidumbre y eso lo está trabajando la Secretaría de Medio Ambiente. Una opción puede ser que se hiciera una prórroga de verificación hasta el tanto no esté perfectamente establecido el sistema”.
Debido a que los nuevos verificentros, que sustituirán a los 74 en operación, aún no están equipados, Mancera dijo que se valora prórroga a verificación.
“Una opción puede ser esa, que se hiciera una prórroga de verificación hasta el tanto no esté perfectamente establecido el sistema”.
Mancera expuso que los nuevos verificentros no entrarán en operaciones si no se tiene certeza de que están al 100 por ciento para ofrecer el servicio.
“Decirle a la ciudadanía que vamos a cuidar que no tengan ningún problema, ninguna molestia eso es lo primero, segundo tenemos que ser muy responsables con la implementación”.
“Se está hablando con la CAME (Comisión Ambiental de la Megalópolis), ahora la Ciudad de México ha venido dando y sobre todo si nosotros homologamos, imagínate homologamos verificaciones con Michoacán, homologamos verificaciones con Guanajuato, estamos en la homologación de verificaciones con Querétaro, entonces debemos ser muy puntuales y muy responsables de los equipos y de los procedimientos”.
En tanto, la Secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, agregó que se está revisando el tema y se mantiene en comunicación permanente con la CAME.
La Sedema aclaró que el 31 de diciembre vencen las autorizaciones para operar los 74 verificentros que hay en la ciudad. Explicó que esto lo contempla la Convocatoria para Obtener Autorizaciones para Establecer y Operar nuevos Centros de Verificación Vehicular en el Distrito Federal, que en 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la entonces Dirección de Ecología de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Esta convocatoria estableció que el permiso para operar verificentros vence el último día de este año, según la Secretaria de Medio Ambiente.
Es totalmente falso que la Convocatoria del año 1995, establezca que se vencen los permisos al 31 de diciembre del año 2017. En virtud, de que dicha convocatoria NO tiene vencimiento, al contrario establece que los verificentros que sean aprobados deberán revalidar sus concesiones por periodo de cinco (5) años. Revalidaciones que los gobiernos de la Ciudad de México, respetaron hasta el año de 2015. Que fue cuando Sedema, tomo la determinación de Revalidar la Autorizaciones de los verificentros actuales solo por dos (2) años. Con lo que se demuestra que el vencimiento al 31 de diciembre del año 2017 lo impuso Sedema y No la Convocatoria de 1995.
Por tal motivo, el 14 de marzo de 2017, la Sedema publicó en la Gaceta Oficial el Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México
La convocatoria tuvo como propósito principal otorgar 55 autorizaciones para establecer y operar verificentros con una vigencia de 10 años, prorrogable por un periodo igual
Sin embargo los propietarios de los Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México (verificentros) señalan que lo que se busco era beneficiar a un grupo de empresarios ligados al Gobierno de la Ciudad y dejarlos fuera mediante la emisión amañada de la convocatoria respectiva y de manuales de operación infralegales, que en los hechos les impiden refrendar su concesión a pesar de que cuentan con la tecnología de punta más avanzada del país, personal capacitado, gozan de derechos adquiridos y han realizado inversiones cuantiosas en todos y cada uno de los verificentros.
Señalan que se viola la Ley al otorgarles concesiones a quienes no cumplían con los requisitos, desde no contar con los inmuebles apropiados, hasta no contar con las líneas de verificación, lo que se constata con el hecho de que no son operativos a la fecha y que solo podrán estarlo dentro de 6 meses.
Señalan que no se les ha notificado formalmente la resolución y que carece de publicidad las empresas ganadoras, por lo que han recurrido la Justica Federal en busca de protección en vista de que el pasado 19 de octubre del presente año, la Sema, público
“ Acuerdo por el que se modifica el aviso por el que se da a conocer el manual para la operación y funcionamiento de los equipos, instrumentos, instalaciones, y demás elementos necesarios para la adecuada operación y funcionamiento de los equipos y sistemas de verificación vehicular, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de agosto 2015.
Único. Se dejan sin efectos los numerales 6.2 y 6.3 del apartado 6. Operación y mantenimiento de los Centros de Verificación Vehicular del manual para la Operación y Funcionamiento de los Equipos, Instrumentos, Instalaciones y demás Elementos necesarios para la adecuada Operación y Funcionamiento de los Equipos y Sistemas de verificación vehicular, para quedar como sigue;
Contenido...
6....
6.1...
6.2. Se deja sin efectos.
6.3. Se deja sin efectos.
TransitoriosPrimero. Publíquese el presente acuerdo en la gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente acuerdo entra vigor al día siguiente de su publicación.
Tercero. El presente acuerdo no surtirá efecto respecto del quejoso del juicio de Amparo 589/2017, tramitado ente el Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, con motivo de la suspensión definitiva que le fue concedida, hasta en tanto quede sin efecto dicha medida cautelar.
Dado en la Ciudad de México, el día 18 de octubre del 2017.”(SIC).
En donde Sedema deja sin efectos el procedimiento de Revalidación 6.2, y Ratificación 6.3 del Manual de Operación, con la finalidad de no revalidar a los verificentros existentes,
Motivos por los que, se interpusieron Amparos y se han obtenido al menos 3 Suspensiones Definitivas en Juicios de Amparoen los expedientes 1358/2017, interpuesto ene l juzgado Quinto de Distrito En Materia Administrativa de la Ciudad de México, 1557/2017 y 1558/2017, interpuestos en el Juzgado Novenos de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, así como la suspensión definitiva en contra de la “ Convocatoria Pública para las personas físicas y morales que se interesen en el procedimiento para obtener 55 Autorizaciones para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México. Publicada el 14 de marzo del 2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Convocada y emitida ilegalmente por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México.”, en el amparo l 589/2017 en el juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, contra de la violación al derecho a Revalidar sus autorizaciones, siendo la intención de impedirles continuar prestando el servicio, y además en los otros 71 casos se encuentran Sub Iúdice, es decir pendiente de resolución judicial.
Incluso acusan a funcionarios del gobierno de la ciudad de extorsión abierta al imponerles un pago de $20.00 pesos (veinte pesos 00/100 M.N.) por cada vehículo que era sometido a revisión y lo que da un total de al menos $80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N) al año.
En este orden de ideas, el día 5 de diciembre, unos dos mil empleados de los centros de medición ambiental protestaron por el inminente cierre de sus centros de trabajo y demandaron extender la autorización y continuar en operación durante el primer semestre de 2018.
Ante ello, la Secretaria de Medio Ambiente dela Ciudad de México se vio obligada a publicar un comunicado en el que, en otros puntos, señala:
Con relación a la inconformidad que públicamente han expresado trabajadores de los Centros de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, quienes manifiestan que el gobierno local les negó permiso para operar a partir de enero, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) aclara que:
Dicho argumento es inexacto. Lo que realmente ocurre es que el 31 de diciembre de 2017 vencen las autorizaciones para Operar verificentros en la CDMX.
Así lo contempla la Convocatoria para obtener Autorizaciones para establecer y operar nuevos Centros de Verificación Vehicular en el Distrito Federal que en 1995 publicó en el Diario Oficial de la Federación la entonces Dirección de Ecología de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.
Por tal motivo, el 14 de marzo de este año, la SEDEMA publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Aviso por el cual se da a conocer la convocatoria pública para obtener la autorización para establecer y operar centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México.
...
El aviso hace hincapié en que únicamente se otorgaría autorización a los participantes que reunieran todos y cada uno de los requisitos establecidos tanto en la convocatoria como en las Bases de Participación.
Una vez analizadas las propuestas de los participantes, el 12 de mayo la SEDEMA notificó los resultados, mismos que pueden ser consultados en el enlace: http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/convocatoria-verificentros/resultados.html
...”
Cabe señalar que la “Convocatoria”, resulta ilegal en vista de las siguientes consideraciones.
1. No existe la declaratoria previa del jefe de Gobierno ante el cambio de los verificentros de la Ciudad de México, ante la necesidad de nueva tecnología y/o la necesidad de implementar nuevos verificentros en la Ciudad de México. Violando el estatuto de Gobierno artículo 93.
2. La convocatoria fue lanzada, emitida y pública por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, quien carece de facultades legales para convocar una nueva licitación de verificentros Nuevos. Tal facultad es de la Secretaria del Medio Ambiente.
3. Resulta ilegal que se establezcan procedimientos en los nuevos verificentros de la competencia de la Secretaria de Movilidad como lo es establecer la “Revista” a particulares.
Es importante señalar que los resultados de la convocatoria no están fundados ni motivados, no se describe la idoneidad de su propuesta, la capacidad técnica de los nuevos concesionarios, la ubicación física delos inmuebles donde se prestara él servicio de verificación, en suma cuales son las razones técnicas para considerarlos como ganadores de este concurso público, y en cambio y solamente contiene un listado de los ganadores, sin que medie acuerdo alguno.
Tercero. El párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina el derecho a un medio ambiente sano.
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de Salubridad General, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.
El párrafo quinto del mismo ordenamiento señala:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Es así que en consideración a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se señala que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, tiene la obligación de garantizar el respeto a este derecho.
Al suspender el servicio de verificación vehicular por el período de seis meses en el “Programa de Verificación Vehicular para el primer Semestre del Año 2018”, la Secretaria del Medio Ambiente, generará un daño y deterioro al Medio Ambiente, lo que dará motivo a un daño irreparable y grave en la Salud Pública de los habitantes de esta Ciudad.
El artículo 1° fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece como parte de su objeto el “ garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar” .
Asimismo, el artículo 131 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, señala como criterios para la protección a la atmósfera las políticas y programas de las autoridades ambientales, las cuales deben de estar dirigidas a garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria en la Ciudad de México, y que las emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes fijas o móviles, deben ser prevenidas, reguladas, reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para la salud y bienestar de la población y el mantenimiento del equilibrio ecológico.
Motivos por los que, fue creado el “Programa de Verificación Vehicular Hoy No Circula”, el cual, se ha tenido a lo largo de los años como la medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad de México, para prevenir, combatir, mitigar la contaminación ambiental, derivada de la medición de los máximos permisibles de emisiones contaminantes de los vehículos automotores que circulan en la Ciudad de México.
La aplicación del Programa de verificación vehicular, ha generado enormes beneficios a la población que reside en esta Ciudad, y el mismo es actualizado semestre a semestre, en coordinación con los Estados Aledaños, por lo que resulta ser un programa metropolitano, de interés general.
Siendo que, de suspender la verificación vehicular por un periodo de seis meses en la Ciudad de México, el “Programa de verificación Vehicular para el Primer Semestre del 2018”, en época invernal, donde el incremento de emisiones de los gases de efecto invernadero, aumenta, de forma considerable, viola en perjuicio de la población en general lo establecido en los artículos, 25 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud y el bienestar.
Es evidente que, al No existir la Fundamentación y Motivación, de los argumentos válidos para la suspensión de la verificación vehicular por un periodo de seis meses determinado el “Programa de Verificación” aludido, s e está en presencia de una afectación grave a la Salud de las personas, y de su bienestar.
Así como el actuar, sin consultar y sin dar a conocer las medidas preventivas y/o alternativas, o propuestas ambientales para la justificación de la Suspensión del Servicio de Verificación Vehicular por un periodo de seis meses, otorgando una “ prorroga en la verificación vehicular” , situación que el jefe de Gobierno, manifestó en declaraciones a los medios de comunicación, implica estar frente a un actuar a discrecionalidad y de poder, sin importar el daño al Medio Ambiente de la Ciudad de México, al caos vial que esto implica y el daño grave e irreparable a la Salud de los habitantes de la Ciudad de México.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México en protección a la Secretaria del Medio Ambiente, anteponen intereses muy personales, en vista de existir la violación al artículo 93 del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, al permitir como ejecutivo de esta Ciudad se realice un Nueva “Convocatoria Pública para verificentros de la Ciudad de México”, sin la Declaratoria Previa de la Necesidad del aumento y/o cambio de tecnologías en la verificación vehicular, y así autorizar establecer a 55 (cincuenta y cinco) nuevos verificentros que solo son un proyecto ficticio que No existe, anteponiendo una “Convocatoria fallida” a la Salud Pública y del Medio Ambiente.
Motivos por los que, se pretende suspender la verificación vehicular por el término de seis meses, para la instalación de los verificentros Nuevos. Aunado a la falta de un “Proyecto Real” en materia de verificación vehicular y mitigación de la contaminación ambiental en la Ciudad de México.
Al establecer una “prorroga” de seis meses sin la aplicación del servicio de verificación vehicular en el primer semestre del año 2018, implica que los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación matriculados en la Ciudad de México NO sometan sus unidades a la verificación de emisiones contaminantes, en los Centros de Verificación vehicular denominados “verificentros”, autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente dentro del periodo que les corresponda, en su caso, reparar los sistemas de emisión de contaminantes y sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen adecuadamente, así como NO reparar las fallas que hubiesen propiciado la no aprobación de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes en lo relacionado a la emisión de gases en el escape, gases volátiles, en los términos que determine el Programa de Verificación correspondiente.
Es evidente, que al no ser verificados por el periodo de seis meses, resulta muy grave y violatorio a lo establecido en el artículo 140 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, y el artículo 5 del Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en Materia de Verificación Vehicular.
Siendo que, los propietarios No someterán a revisión y mantenimiento los vehículos automotores que circulan en la Ciudad de México, lo que generara un incremento en los niveles de Contaminantes de compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno, que son precursores de ozono, ambos contaminantes de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud tienen impactos graves en la salud de la población y el Medio Ambiente de la Ciudad.
El ozono es un contaminante de extremo peligro en la Ciudad de México, de acuerdo a registros del propio Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, de la Secretaria del Medio Ambiente, el cual rebasa los estándares de Buena Calidad del Aire definidos en la NOM-020-SSA1-2014. Motivos por los que, para reducir los niveles de ozono y de partículas finas, es necesario reducir las emisiones de los contaminantes en los vehículos automotores como principal fuente de emisión de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.
En este orden de ideas, no debe suspenderse el servicio de la verificación vehicular, el cual se encarga de la medición de las partículas suspendidas y de medir los máximos permisibles de emisiones contaminantes.
Tal situación resulta muy grave, al ser de interés primordial para la sociedad, proteger el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la población, la salud y la calidad de vida, a través de la prevención, control y minimización de la emisión de contaminantes, por lo que resulta evidente que la colectividad en su conjunto se encuentra interesada en la implementación de las acciones que contribuyan al objetivo de ese interés público de preservar la salud de los habitantes de la Ciudad de México colectivo.
Cuarto.El derecho a la salud se refiere a un estado completo de bienestar que abarca factores determinantes entre los que figura el disfrute de un medio ambiente sano en sí mismo, es decir, propicio para la vida y libre de enfermedades que impidan su sostenibilidad y equilibrio.
Por el contrario, la contaminación del medio ambiente sería la introducción por el hombre de sustancias o energía que producen efectos perjudiciales.
En este contexto, el derecho a la salud implica una protección viable contra los peligros naturales y la ausencia de contaminación.
Así pues, los Estados deben adoptar medidas para mejorar todos los aspectos del medio ambiente, particularmente formular y aplicar políticas para reducir y suprimir la contaminación del aire, incluida aquélla causada por metales pesados.
Por el contrario, siempre que omita hacerlas cumplir, estaría faltando a su obligación de protección. Por ello, se considera que la protección del medio ambiente es una condición sine qua non para numerosos derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida y a la salud (véase cuadro 5). En opinión de Antonio Cancado, el derecho a un medio ambiente sano es una extensión natural de ambos derechos, en tanto protege no sólo la existencia física de las personas sino las condiciones y calidad en que ésta se da.
A la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha pronunciado en dos ocasiones sobre la calidad del aire. En la primera de ellas, la Comisión examinó la información que se otorga a la población sobre la calidad del aire, los parámetros para medir e informar sobre el tema y las acciones adoptadas para enfrentarla.
En una segunda oportunidad se pronunció sobre la persistencia de las condiciones de contaminación atmosférica, considerada una violación continua a los derechos humanos,y sobre la omisión de las autoridades para implementar acciones para prevenirla, así como para aplicar sanciones a las empresas que las incumplieran.
La CNDH pasó de considerar el medio ambiente como una condición para el disfrute del derecho a la vida y la salud, a valorar el derecho a un medio ambiente sano de forma autónoma.
En el Informe especial sobre el derecho a un medio ambiente sano y la calidad del aire en la ciudad de México, la CDHDF advirtió que las personas perciben como afectaciones a la calidad del aire, las actividades de los talleres y las fábricas que generan humo; la falta de planificación de obras viales; la deficiencia en el mantenimiento de vehículos de transporte público, y las actividades de los particulares que generan malos olores y contaminantes.
Doctrinalmente ha quedado establecido que el ser humano es parte del medio ambiente y que por ello debe ser salvaguardado. Esta idea surgió el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, que puede definirse como la existencia de un entorno favorable para el desarrollo de las personas, que les asegure salud, bienestar y una vida digna.
En un inicio se partió de la visión que concebía la protección del ambiente como medio para garantizar los derechos a la vida y la salud, pero luego se reconoció que éste merece protección por su propio valor y no sólo porque las personas puedan disfrutar de él.
A la par de este cambio de paradigma, la comunidad mundial consolidó avances en torno a la definición de las formas en que debe darse tal protección. En un inicio solamente se consideraron acciones para reducir los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente, sin embargo, después se entendió que para lograrlo deben observarse otros derechos humanos.
Con base en esta concepción son obligaciones del Estado, entre otras: el diseño de una estrategia o plan de acción para preservar la calidad del aire; la evaluación de las afectaciones que las actividades públicas y privadas puedan acarrear al aire, antes de su implementación; la definición y actualización de normas sobre la calidad del aire que se apeguen a los parámetros internacionales; la generación y difusión de información sobre la calidad del aire, y la creación de condiciones y mecanismos para la participación en materia ambiental.
Quinto. El Programa para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 2011-2020 (Proaire III) elaborado con la colaboración de los gobiernos del entonces Distrito Federal y del Estado de México, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Salud, miembros de la todavía Comisión Ambiental Metropolitana, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la academia, partió de la consideración que la ZMVM es un ecosistema complejo en el que el desarrollo urbano determina la emisión de contaminantes y, al mismo tiempo, influyen los horarios laborales, escolares y de servicios; las normas formales e informales de las empresas; las tecnologías de la información; la productividad y la competitividad.
Baste señalar que las acciones contenidas en el PROAIRE III, en materia de Movilidad se encuentran, entre otros puntos: 1) Modernizar equipos en centros de verificación vehicular; 2) Homologar los procedimientos y criterios de verificación de los vehículos con placas federales y locales; 3) Actualizar el Programa Hoy No Circula., 4) Poner en operación una red de monitoreo que informe en tiempo real sobre la situación de los flujos vehiculares; 5) Actualizar la información ambiental de calidad del aire que se ofrece a los medios de comunicación. 6) Fomentar la participación ciudadana en la gestión de la calidad del aire.
Por su parte, el 1 de marzo de 2017 el gobierno federal, a través de la Semarnat, presentó la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) la cual establece el l nuevo marco rector para la gestión de la calidad del aire, en donde se enumeran las acciones anunciadas por la propia secretaría, en el contexto de la crisis ambiental del primer semestre de 2016.
La Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) es importante porque se trata del instrumento rector, con proyección a 2030, para la planificación de las acciones orientadas a controlar, mitigar y prevenir la emisión y concentración de contaminantes; y cuyo propósito es proteger la salud de la población, la flora y la fauna de los ecosistemas, así como contribuir al desarrollo económico sostenible.
Los cinco ejes que estructuran dicha estrategia pueden resumirse así: i) gestión integral, que contempla la coordinación entre las instituciones que inciden en la calidad del aire; ii) instituciones eficientes, es decir, que dispongan de capital humano para instrumentar políticas, presupuestos para gestionarlas e indicadores para evaluarlas; iii) empresas comprometidas con la calidad del aire, que establece el impulso a procesos productivos amigables con el ambiente y el desarrollo de un mercado de bienes y servicios sustentables; iv) producción de datos comparables sobre calidad del aire y el fortalecimiento de la investigación para la fundamentación de las políticas públicas, y v) divulgación de información para que las personas evalúen el impacto de la contaminación en su salud y los ecosistemas, con el propósito de incentivar su participación. La Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) viene a ser la nueva hoja de ruta para la gestión de la calidad del aire, anuncia acciones destacables en términos de derechos humanos, entre ellas:
1. La intención de divulgar las obligaciones y los derechos exigibles en materia de salud y medio ambiente, y las responsabilidades de las autoridades que inciden en la calidad del aire;
2. El fortalecimiento del sistema de denuncias de derechos humanos en tanto mecanismo de justiciabilidad para asuntos relacionados con la calidad del aire;
3. El diseño de una metodología para la implementación y evaluación de los Proaire;
4. La constitución de un mecanismo permanente para su coordinación, seguimiento y evaluación, con la participación de la ciudadanía.
Sexto. El pasado 18 de diciembre de 201y7, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informo el que durante el primer semestre de 2018 todos los automóviles de la Ciudad de México, estará exento de verificación.
La decisión se debe a que los 55 nuevos verificentros que se abrirán en la capital entrarán en operación hasta el próximo 30 de junio.
De esta manera, mediante un acuerdo meramente administrativo, sin tomar en cuenta ninguna política pública o acciones de gobierno alternativas para el cuidado del medio ambiente y la protección dela salud delos habitantes de la Ciudad de México y la megalópolis, las constancias de verificación vehicular 00, 0, 1 y 2 obtenidas durante el segundo semestre de 2017, continuarán siendo válidas durante los siguientes seis meses.
La Sedema detalló que la medida entrará en vigor desde el 1 de enero de 2018 y contemplan termine el 30 de junio, fecha en la que los nuevos centros de verificación deberán haber entrado en servicio. Todo de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en donde se publica Aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del Año 2018.
Ante la subida de los índices de contaminación atmosférica, Tanya Müller García, titular de la Sedema aclaró que en caso de que se presente alguna contingencia ambiental durante el próximo semestre, los automovilistas deberán ingresar a la página: http://verificentro.sedema.cdmx.gob.mx donde les indicarán las restricciones que se acatarán ante la falta de engomados.
Por tanto, de enero a junio, los automóviles respetarán el programa Hoy No Circula conforme a la calcomanía obtenida en el segundo periodo de 2017. Las unidades que seguirán circulando a diario son: los vehículos híbridos, aquellos que tengan placas de automóvil antiguo, automotores con placas de demostración, motocicletas y la maquinaria dedicada a la construcción y minería.
En consecuencia, con los argumentos y razones arriba señalados, es que presento ante este pleno la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión considera que la protección, preservación y mejora de la calidad del aire en la Ciudad de México afecta los Derechos Humanos de los habitantes de la Ciudad de México, que en consecuencia las medidas que se adopten en la materia por el Gobierno de la Ciudad deben observar y cumplir con las obligaciones constitucionales, legales y convencionales que garanticen los derechos a un medio ambiente sano, a la salud, a un nivel de vida adecuado y a la movilidad de los mismos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a evitar cualquier medida que traiga como consecuencia la elevación de los índices de contaminación y la consecuente violación a los derechos humanos de los habitantes dela Ciudad de México y la megalópolis.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que en ejercicio de sus atribuciones, jerarquía y competencia administrativa NO suspenda el servicio de verificación vehicular por el periodo de seis meses, comprendidos entre el primero de enero al 31 de junio del 2018.
Notas
1 Secretaría del Medio Ambiente, Gestión ambiental del aire en el Distrito Federal. Avances y propuestas 2000-2006.
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/gestion-ambiental- aire-memoria-documental-2001-2006/descargas/ gaa_avances_propuestas_2000_2006.pdf
2 Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, “Movilidad”
http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/movilidad/
3 TomTom Traffic Index, “Measuring congestion worldwide”.
http://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/
4 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos/Grupo de Parlamentarios Mexicanos para el Hábitat y Senado de la República, Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, México, ONU Hábitat/Grupo de Parlamentarios Mexicanos para el Hábitat, p. 42.
5 Evalúan suspender temporalmente verificación vehicular. El Asertivo, 6 de diciembre de 2017.
http://www.elasertivo.com/cdmx/evaluan-suspender-temporalmente- verificacion-vehicular/
6 Evalúa CDMX dar prórroga en verificación. Zócalo 6 de diciembre de 2017. http://wap.zocalo.com.mx/reforma/detail/evalua-cdmx-dar-prorroga-en-verificacio n
7 Ídem.
8 Ibídem.
9 Gaceta Oficial Ciudad de México. 14 de Marzo 2017. Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México.
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ d8bb85bea68508e8a12f1cd32c334b99.pdf
10 Real Academia Española. Sub iúdice. Loc. lat. (pron. corriente [sub-yúdise, sub-yúdize]; pron. latinizante [sub-yúdike]) que significa literalmente ‘bajo el juez’. Se usa con el sentido de ‘pendiente de resolución judicial’: «El tema se encuentra sub iúdice» (País [Esp.] 1.12.88). También puede escribirse con la grafía sub júdice: «Un Consejo de Ministros en el que tiene asiento un funcionario sub júdice» (Tiempo [Col.] 31.10.96).
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=HSwdK8CYmD6GoR53ig
11 Evalúa CDMX dar prórroga en verificación. Zócalo 6 de diciembre de 2017. Ob cit.
12 El 31 de diciembre vencen las autorizaciones otorgadas en 1995 para operar verificentros en el entonces DF.
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-31-de-diciembre- vencen-las-autorizaciones-otorgadas-en-1995-para-operar-verificentros- en-el-entonces-df
13 Comité desc, Observación General núm. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, aprobada en el 22º periodo de sesiones, 2000, párr. 4.
14 Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y el medio ambiente. Informe final de la Relatora Especial, señora Fatma Zohra Ksentini, doc. cit., párr. 180.
15 Ibídem, párr. 183.
16 Véase artículo 12.2, inciso b, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966.
17 Comité desc, Observación General núm. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, doc. cit., párr. 36.
18 Antonio Cancado Trindade, Medio ambiente y desarrollo: formulación e implementación del derecho al desarrollo como un derecho humano, San José, iidh (serie Para ong, núm. 8), 1993, p. 43.
19 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Los derechos humanos y el medio ambiente. Informe final de la Relatora Especial, Sra. Fatma Zohra Ksentini, op. cit., pp. 8 y 9.
20 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales et al., Programa para mejorar la calidad del aire de la zona metropolitana del valle de México 2011-2020, op. cit., pp. 157 y 158.
21 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Estrategia Nacional de Calidad del Aire. Visión 2017-2030, op. cit., p. 15.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_ Nacional_Calidad_del_Aire.pdf
22 Ídem, página 25 y 26.
23 Gaceta Oficial dela Ciudad de México 18 de diciembre de 2017. Aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del Año 2018
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Recinto de la Comisión Permanente, a 20 de diciembre de 2017.— Diputado: Juan Romero Tenorio (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Virgilio Caballero. Su proposición se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A INVESTIGAR LOS ACTOS ENCABEZADOS POR EL PRD, EN CONTRA DE SIMPATIZANTES DE MORENA EN COYOACÁN Y A BRINDAR GARANTÍAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Presenta punto de acuerdo que exhorta a la Ciudad de México —me imagino que al gobierno de la Ciudad de México— a investigar los actos encabezados por el Partido de la Revolución Democrática en contra de simpatizantes de Morena en Coyoacán, y brindar garantías de protección y seguridad durante todos los eventos públicos del proceso electoral 2017-2018. Está suscrito por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes. Con su venia, sus señorías.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Gracias, señor senador.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Gracias. Vivimos momentos delicados en la nación. Estamos frente a un proceso que se antoja complicado y a un año que representa grandes retos para el país y, frente a esto, debemos de sumarle ahora los hechos de violencia política en lo general, y en particular a los que han sucedido en la Ciudad de México en los últimos días.
Con esta gran preocupación venimos a presentar el senador Mario Delgado y su servidor el siguiente punto de acuerdo, derivado de los hechos de violencia generados en la delegación Coyoacán, donde funcionarios de esta demarcación agredieron a los asistentes al evento de la precandidata Claudia Sheinbaum, y con particular furia y demencia al periodista Ángel Bolaños.
Este es un acto de barbarie, sin justificación ni lógica, que confirma que la violencia es el miedo a la fuerza de las ideas. Esta agresión está claramente documentada. La evidencia está en video, en fotografías y testimonios que muestran la intencionalidad y la maldad del hecho.
Por lo tanto, exhortamos con un respeto honesto al jefe de gobierno para que tome las medidas para investigar y sancionar, pero también para evitar futuras acciones de esta naturaleza.
La angustia de los corruptos y de los voraces por preservar sus recursos y privilegios ha generado desesperación y esa desesperación ha reavivado su vocación criminal, por lo tanto no podemos ser omisos frente a esto.
Confiamos en que el jefe de gobierno tome cartas en el asunto y confiamos en que no sea parte de esta impunidad. Pero aun con esta confianza, esta confianza no nos releva de nuestro mandato de exhortarlo a tomar medidas.
La Comisión Permanente no puede ser indolente frente a la violencia, por lo que le solicito a sus señorías básicamente dos cosas: lo primero, aprobar en comisiones el punto de acuerdo donde respetuosamente se exhorta a investigar los hechos y a presentar un plan donde se den garantías para la seguridad de los actos públicos de todos los partidos.
Pero también le solicitaríamos, señor presidente, que en el posicionamiento que se hará de la Mesa Directiva sobre la violencia política, se incluya la mención sobre este tema.
Estos hechos son claros, obvios e indefendibles. También en justicia y para no generalizar, debemos de recordar que hace unos momentos los compañeros legisladores del PRD se manifestaron contra cualquier forma de violencia, lo que nos habla de su madurez, su sensatez y su responsabilidad ciudadana.
Señores y señoras, no podemos renunciar a los avances que se han tenido en la ciudad sobre la democracia y la civilidad en áreas de la barbarie y de un grupo específico de bandas de delincuentes venidos apolíticos. Por lo tanto, les pido su apoyo para estos dos temas, y es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a investigar los actos encabezados por el PRD contra simpatizantes de Morena en Coyoacán y brindar garantías de protección y seguridad durante todos los actos públicos del proceso electoral de 2017-2018, suscrita por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1, y numeral 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, en razón de las siguientes
Consideraciones
El viernes 15 de diciembre de 2017, a las 16:30 horas, se registró una agresión de supuestos representantes del gobierno de la delegación Coyoacán contra simpatizantes de Morena. Dicho enfrentamiento sucedió en el jardín Hidalgo, a unos minutos de iniciar un encuentro de ciudadanos con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en esa demarcación territorial.
Pese a que Morena, a través de su secretaria general, Bertha Luján, cumplió todos los requerimientos administrativos correspondientes para realizar el acto en el espacio público, la delegación decidió de último momento instalar un festival a fin de evitar el encuentro entre los dirigentes de Morena y sus simpatizantes.
Bertha Luján mostró que en los primeros días de diciembre enviaron un documento a las autoridades delegacionales para solicitar les permitieran el espacio para realizar el mitin. Sin embargo, las autoridades delegacionales, mostraron un documento fechado el 11 de septiembre donde les negaban el espacio porque ya tenían apartado el Jardín Hidalgo para eventos, documento suscrito por Ramón Felipe Moreno Carrasco, director de Gobierno de la delegación.
Con independencia de revisar el actuar de los servidores públicos de la delegación, al tratar de manera discriminatoria y discrecional las solicitudes, queda clara la vinculación entre autoridades de la delegación Coyoacán y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coordinados con el fin de evitar el evento de precampaña de la alianza “Juntos Haremos Historia”.
En la pasada elección, la competencia entre Morena y PRD fue intensa, con una diferencia arriba de 2 puntos porcentuales, entre el segundo y el primer lugar. Por ello, el PRD hará lo necesario, ejerciendo violencia inclusive, para retener a como dé lugar la nueva alcaldía.
La delegación no solamente montó un festival de manera repentina para evitar el acto de reunión de ciudadanos, violando posiblemente el derecho de reunión consagrado en la constitución política, sino amedrentó físicamente a los simpatizantes de Morena mediante un grupo de choque que inclusive agredió a representantes de los medios de comunicación.
Un par de reporteros tuvieron heridas graves, como se pudo apreciar en diversos medios de comunicación. Incluso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió un comunicado para condenar las agresiones las agresiones contra el reportero Jorge Chaparro y el camarógrafo Pablo Conde de la compañía Efekto Noticias.
Pese a que el gobierno de la ciudad reconoció lo grave de lo sucedido, es indispensable que las autoridades de gobierno y las autoridades electorales intervengan para que el proceso electoral de desarrolle de manera pacífica, brindado condiciones para que todas las fuerzas políticas lleven a cabo una precampaña y una campaña electoral dentro de la ley, con respeto mutuo y con la fuerza de la palabra, no de la violencia.
Por lo expuesto, el suscrito somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente cualquier tipo de violencia, incluida la violencia política que se presentó en Coyoacán, y exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación profunda de lo acontecido en días pasados en la plaza central de esa demarcación, con el fin de deslindar las responsabilidades a que haya lugar, en especial, la participación de servidores públicos de la delegación que violen el principio de imparcialidad y neutralidad.
Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la ciudad y a las autoridades electorales, para que en el ámbito de su competencia, brinden garantías especiales de protección y seguridad en actos públicos donde haya participación ciudadana para que esas jornadas de reunión de vecinos y ciudadanos se desarrollen en paz y hechos como los que se denuncian no se repitan.
Ciudad de México, a 4 de enero de 2018.— Senadores: Isidro Pedraza, Mario Delgado Carrillo (rúbricas).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Como usted lo ha solicitado, para ser resuelto en comisiones, se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
En relación a su segunda solicitud, suplico a los señores coordinadores que están supervisando la redacción del punto de acuerdo que presentará la Mesa Directiva en un momento más, a nombre de la Comisión Permanente para ser votado por esta Comisión Permanente, sean tan amables de tomar nota para que de manera genérica como está expresado en todos los demás, haya por supuesto, una mención que abarque la solicitud del senador Fernández Fuentes. Muchas gracias.
EXHORTO AL CENAPRED A REALIZAR UNA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN QUE INFORME A LA SOCIEDAD SOBRE LAS DIVERSAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE DESASTRE O EMERGENCIA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico, que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practiquen.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muchas gracias. Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El punto de acuerdo que hoy propongo, así como lo expone el señor presidente en su explicación, pide se exhorte al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad en su conjunto sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, de diferente naturaleza todas ellas, dando prioridad en lo referente a sismos, especialmente a la desmitificación de información errónea, como lo es, por ejemplo, el famoso triángulo de la vida, así como otras acciones sin fundamento técnico que ocasionan daño a la población que las practica.
Creo que todos aquí, los presentes, nos sentimos identificados al decir que el pasado 19 de septiembre, cuando ocurrió el sismo aquí en la Ciudad de México, nos enfrentamos al caos y a la desinformación, debido a que en el momento del sismo había dudas básicas sobre las cuales actuar para mantenernos a salvo.
Y es que frases como esas famosas: pégate al muro de contención, no uses las escaleras, ponte debajo del marco de una puerta, o métete debajo de un escritorio, entre otras, son mitos de creencia popular que, en caso de un desastre, en lugar de abonar a salvaguardar a la población, la perjudica.
Lo que este punto de acuerdo pide va más allá de realizar una campaña de publicidad, que desmiente esta clase de información que pudiera resultar errónea en caso de un sismo, sino más bien a brindar información verídica sobre el cómo actuar ante diferentes desastres naturales.
Debemos recordar que es trabajo tanto del gobierno como de la sociedad civil propiamente, contar con la información necesaria para hacerle frente a los diversos desastres naturales que se dan en nuestro país. Y la prevención y la educación son primordiales para lograr este fin.
De acuerdo a los estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ha experimentado un incremento de desastres naturales cuatro veces mayor que el resto de los países miembros de esa organización.
El sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, compañeros y compañeras, ha pasado a convertirse en el desastre más mortífero que México ha experimentado en lo que va del presente siglo.
Sabemos que los desastres naturales no pueden ser controlados y muchas veces ni siquiera se pueden predecir, como ocurre con los sismos, por lo que la prevención se convierte en la única herramienta para poder hacerles frente, la cual si es impulsada a través de políticas inteligentes y certeras se puede lograr empoderar a la población y permitirle ser más resilientes de frente a los desastres naturales.
Los reportes presentados por la OCDE en 2013 hicieron un llamado a que México incrementara sus capacidades preventivas y las situase al mismo nivel de los esfuerzos más recientes de coordinación intergubernamental.
Las campañas que se realicen deben de ser directas, de amplio alcance en la población y, sobre todo, didácticas. El contenido dentro de ellas debe ser sencillo y preferentemente ilustrado.
Recientemente la Cenapred ha iniciado mayores esfuerzos de desmitificación sobre esta y otras técnicas, a raíz de los sismos del 19 de septiembre. Carlos Valdés González, director del Cenapred, enfatizó que el llamado triángulo de la vida no solo no funciona en México, sino que tiene el potencial de ser letal en caso de ser usado durante un sismo, pues las construcciones mexicanas son demasiado pesadas, construidas con materiales muy diferentes, como en otras partes del mundo, como son ladrillo y concreto, como para que dicha técnica pueda funcionar en nuestro país.
La práctica aun así ha perdurado en la población como sabiduría popular, situación que verdaderamente es riesgosa para quienes decidan seguir ese consejo. Desmitificar es tan importante como informar de prácticas y técnicas correctas. Cualquier campaña de prevención tendría, bajo la evidencia expuesta, que llevar un componente adicional que buscase eliminar este elemento de desinformación.
Ante un desastre natural, el conocer cómo actuar correctamente nos puede salvar la vida. Por lo cual resulta indispensable que la población reciba solo información certera y veraz que le sea de utilidad para enfrentar un desastre, y poder salvar su vida y la de su familia. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Cenapred a realizar una campaña nacional sobre las medidas de protección en casos de desastre o urgencia, donde se dé prioridad a lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres, de acuerdo con lo fundamentado en el artículo 3; artículo 7, en sus fracciones II y III, artículo 19, fracciones VI y XVII; y el artículo 23 de la Ley General de Protección Civil, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad en su conjunto sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLa gran riqueza territorial de México es un elemento que distingue a nuestro país. Pocos países gozan de albergar la misma diversidad de ecosistemas, especies y geografía. La posición privilegiada que ocupa el país es un activo indispensable en el desarrollo nacional y un elemento identitario de extensa tradición. Sin embargo, esta evidente fortaleza no es ajena a retos considerables.
Los riesgos presentes en nuestro territorio forman obstáculos al bienestar de la población, complejizan el aprovechamiento de nuestros recursos y posicionan un reto a las instancias gubernamentales encargadas de hacerles frente. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) incluye entre sus consideraciones para la prevención y el estudio a los siguientes riesgos: inundaciones, sequías, tormentas eléctricas, granizo, ondas cálidas, ciclones tropicales, bajas temperaturas, nevadas, sismos, susceptibilidad de laderas, tsunami, sustancias inflamables, sustancias toxicas y residuos mineros. Cada región, entidad federativa y municipio es más susceptible a experimentar uno sobre otro, algunos de forma conjunta, o en distintas periodicidades. Los riesgos potenciales son tan diversos como lo es el territorio.
A pesar de lo presente que pueden ser percibidos, tanto el gobierno como la sociedad civil cuentan con herramientas conocidas para hacerles frente. La prevención, pilar de nuestras prácticas en materia de protección civil, ha sido por décadas la guía con la cual se han construido las políticas públicas en la materia. La actual administración federal ha hecho avances considerables en materia de prevención, pero lo cierto es que aún quedan grandes espacios en los cuales progresar.
De acuerdo a estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ha experimentado un incremento de desastres naturales (precedidos por riesgos naturales identificados) cuatro veces mayor que el resto de los países en la OCDE. El sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, en tanto, ha pasado a convertirse en el desastre más mortífero que México ha experimentado en lo que va del siglo. En su conjunto, desde el año 2000, el Cenapred ha registrado más de 8 mil defunciones y casi 28 millones de damnificados a causa de desastres naturales ocurridos en territorio nacional.
Este panorama pudiese parecer desolador, especialmente si se considera que los desastres naturales no pueden ser controlados. Sin embargo, la prevención sí puede ser impulsada a través de políticas inteligentes, empoderando a la población y permitiéndole ser más resiliente de frente a un nuevo desastre natural o humano.
El reporte presentado por la OCDE en 2013 no solo realizó un análisis de la condición actual del sistema de protección civil, también aventuró posibles soluciones para aquellas áreas donde fueron encontradas deficiencias. Yves Leterme, adjunto del secretario general del organismo hizo un llamado a que México incrementara sus capacidades preventivas y las situase al mismo nivel de los esfuerzos más recientes de coordinación intergubernamental. Adicionalmente, mencionó que era necesario que las autoridades reforzaran los esfuerzos por controlar el crecimiento urbano sin control y el uso inapropiado de suelos que presentasen riesgos potenciales.
Estudios sobre el control de riesgos han arrojado que, frente a la incertidumbre inherente a los desastres naturales, el mejor método para la prevención y la reducción de variables no controlables son las campañas de prevención. La finalidad de estas campañas son el informar a la población en general sobre las acciones que deben emprender en caso de un desastre. Estas campañas deben de ser directas, de amplio alcance en la población y didácticas. El contenido dentro de ellas debe de ser sencillo y preferentemente ilustrado.
Una campaña de prevención también debe de procurar, como complemento a las acciones recomendadas, un contenido donde se desmitifique a las acciones potencialmente nocivas que la población puede haber adoptado desde la desinformación. Un ejemplo claro, al menos en el caso mexicano, ha sido la adopción generalizada del llamado “triángulo de la vida”.
Recientemente, el Cenapred ha iniciado mayores esfuerzos de desmitificación sobre esta y otras “técnicas” a raíz de los sismos del 19 de septiembre. Carlos Valdés González, director del Cenapred, enfatizó en entrevista con El Universal que el llamado “triángulo de la vida” no solo no funciona en México, sino que tiene el potencial de ser letal en caso de ser usado durante un verdadero sismo. Las construcciones mexicanas son demasiado pesadas, construidas con materiales como ladrillo y concreto, como para que dicha técnica pudiese funcionar. La práctica, aun así, ha perdurado en la población como “sabiduría” popular, situación verdaderamente riesgosa para quienes decidan seguir el consejo.
Si bien esta práctica no ha sido impulsada por el Cenapred, lo cierto es que muestra una de las debilidades de las campañas de prevención que frecuentemente son impulsadas a lo largo del país. Desmitificar es tan importante como informar de prácticas y técnicas correctas. Cualquier campaña de prevención tendría, bajo la evidencia expuesta, que llevar un componente adicional que buscase eliminar este elemento de desinformación.
Fundamentado en esto, propongo que esta soberanía exhorte al Centro Nacional de Prevención de Desastres, de acuerdo con lo fundamentado en el artículo 3; artículo 7, en sus fracciones II y III, artículo 19, fracciones VI y XVII; y el artículo 23 de la Ley General de Protección Civil, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad en su conjunto sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican.
Considerandos
El artículo 3o. de la Ley General de Protección Civil establece que “los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo”.
El artículo 7o. de esta misma legislación, en tanto, define en sus fracciones II y III, que el Poder Ejecutivo federal es responsable (en materia de protección civil) de “promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, a fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes”; y de “contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural”.
Adicionalmente, su artículo 19o. otorga a la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil la atribución de “difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura nacional en la materia, con las reservas que correspondan en materia de transparencia y de seguridad nacional”; y de “fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos. Para esta tarea, debe considerarse el apoyo de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que cuenten con una certificación de competencia y que esté capacitada para esta actividad”.
Finalmente, el artículo 23o. define que “el Centro Nacional [de Prevención de Desastres] es la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. [...]”.
Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres, de acuerdo con lo fundamentado en el artículo 3; artículo 7, en sus fracciones II y III, artículo 19, fracciones VI y XVII; y el artículo 23 de la Ley General de Protección Civil, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad en su conjunto sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican.
Notas
1 Cenapred. Atlas Nacional de Riesgos. México. Gobierno de la República. 2017. Consultado en
h ttp://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/.
2 Cenapred. Guía de prevención de desastres. México. Gobierno de la República 2017. Consultado en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/163074/18—ilovepdf- compressed__1_.pdf.
3 Presidencia de la República. 6 Medidas en materia de prevención de desastres. México. Gobierno de la República. 2017. Consultado en
https://www.gob.mx/presidencia/artículos/6-medidas-en-materia-de- prevencion-de-desastres.
4 OCDE. Review of the Mexican National Civil Protection System. Paris. OCDE. 2013. Consultado en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/ review-of-the-mexican-national-civil-protection-system_ 9789264192294-en#.WiB52FXibIU#page32.
5 Ibid. Página 30.
6 Ángel, Arturo. Los sismos de septiembre son los desastres con más víctimas en lo que va del siglo en México. México. Animal Político. 2017. Consultado en
http://www.animalpolitico.com/2017/11/sismos-septiembre-desastres- letales-siglo/.
7 Ángel, Arturo. Epidemias, Huracanes, Frio Extremo, Explosiones: Los 25 desastres más mortíferos en México. México. Animal Político. 2017. Consultado en
http://www.animalpolitico.com/2017/06/desastres-mortiferos-mexico-epidemias/.
8 OCDE. México Must Invest More in Disaster Risk Prevention to Support Sustainable Development. Paris. OCDE. 2013. Consultado en:
http://www.oecd.org/gov/risk/mexicomustinvestmoreindisasterrisk preventiontosupportsustainabledevelopment.htm.
9 Íbid.
10 OCDE. Disaster Risk Assessment and Risk Financing. Paris. OCDE. 2012. Pág. 41. Consultado en:
https://www.oecd.org/gov/risk/G20disasterriskmanagement.pdf.
11 Íbid.
12 Redacción. “Triángulo de la Vida, no funciona en México: Cenapred. México”. El Universal. 2017. Consultado en
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/triangulo-de-la-vida-no- funciona-en-mexico-Cenapred.
13 Ley General de Protección Civil. Artículo 3o. (última reforma: DOF 23-06-2017).
14 LGPC. Artículo 7o., fracción II (última reforma: DOF 23-06-2017).
15 LGPC. Artículo 7o., fracción III (última reforma: DOF 23-06-2017).
16 LGPC. Artículo 19o., fracción VI (última reforma: DOF 23-06-2017).
17 LGPC. Artículo 19o., fracción XVII (última reforma: DOF 23-06-2017).
18 LGPC. Artículo 23o., (última reforma: DOF 23-06-2017).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado don Ernesto Ralis Cumplido. Detallada cuenta técnica de su proposición, que se remite a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen.
Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. El primero de ellos que crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales del año 2018. Adelante.
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales y Federales del Año 2018.
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales del Año 2018.
Segundo.La Comisión estará conformada por 12 integrantes, dos del PRI, dos del PAN, dos del PRD y un integrante por cada uno de los grupos parlamentarios de Morena, del PVEM, del PT, de MC, de NA y del PES. Todas las decisiones del grupo se tomarán por consenso, o en su caso, mediante el sistema de voto ponderado según su representación en la Comisión Permanente.
Los grupos parlamentarios informarán a la Mesa Directiva los nombres de los legisladores que integrarán la Comisión.
Tercero. Las actividades de la Comisión se circunscribirán a la observación y seguimiento del desarrollo de las etapas que comprenden los procesos electorales, federales y locales, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y de la Ciudad de México, y a las responsabilidades y atribuciones de las autoridades electorales para la organización y desahogo de sus procesos comiciales.
La Comisión se reunirá periódicamente, previa convocatoria que emita el Presidente en consenso con los secretarios.
El Presidente expresará la pluralidad interna, por lo que sus informes y manifestaciones deberán ceñirse estrictamente a los acuerdos tomados al seno de la Comisión.
Cuarto. La Comisión tendrá vigencia hasta la conclusión del primer receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y sus integrantes deberán presentar un informe de actividades, el cual será dado a conocer a ambas Cámaras en los medios de comunicación con los que cuenta el Congreso de la Unión.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 4 días del mes de enero de 2018.— Mesa Directiva: diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), presidente; senadora Adriana Dávila Fernández, vicepresidenta; diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica), vicepresidente; diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), secretaria; diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), secretaria; senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), secretario; José Refugio Sandoval Rodríguez, secretario; David Monreal Ávila (rúbrica), secretario.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Muchas gracias, secretaria. Continúe el procedimiento.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado, por lo tanto, comuníquese.
El diputado Luis Manuel Hernández León(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Señor diputado.
El diputado Luis Manuel Hernández León (desde la curul): Gracias, presidente. Solo para hacerle la observación. En el segundo punto del acuerdo, lo correcto es que diga: La comisión estará conformada por 12 integrantes, 2 del PRI, 2 del PAN, 2 del PRD y sería 1 por el resto. Debe decir, 1 por Nueva Alianza, 1 por Encuentro Social, 1 por, y sería lo correcto, con esa observación.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Es absolutamente atendible su observación, tomando en cuenta sobre todo que la conformación de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara son diferentes.
Por favor, hágase la corrección respectiva. Le agradezco mucho al diputado habernos hecho esta corrección después de la votación, muchas gracias.
Continúe la Secretaría. Por favor acérquennos el punto de acuerdo.
———————— o ————————
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Acuerdo de la Comisión Permanente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lea los resolutivos nada más. ¿Ya está incorporado este resolutivo? Permítame explicarle a la asamblea. Los señores coordinadores se han puesto de acuerdo para que se agregue un cuarto resolutivo que leeré de viva voz y formará parte de la votación. Adelante.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Acuerdo de la Comisión Permanente por el que se condenan los hechos recientes de violencia relacionada con servidores públicos y políticos.
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de sus integrantes, el siguiente acuerdo al tenor de lo siguiente:
I. El año pasado terminó con noticias trágicas relacionadas con el asesinato de actores políticos, algunos incluso, ejerciendo sus funciones como servidores públicos, democráticamente electos.
II. Lamentablemente, estos terribles actos han alcanzado diferentes regiones del país y a actores políticos de diferentes posiciones políticas.
III. Este pronunciamiento refleja la preocupación de todos los grupos parlamentarios ante estos sucesos. Desde esta tribuna legislativa condenamos cualquier acto de violencia y, en particular, aquellos que alcanzan a compañeros del servicio público.
IV. La violencia no solamente afecta a sus víctimas directas, sino a todo el entorno donde ocurren los hechos violentos. La violencia contra funcionarios democráticamente electos es un atentado contra la sociedad por completo.
V. Desde esta Comisión Permanente nos pronunciamos en contra de la violencia y de todos aquellos que a través de ella atentan contra la democracia y el estado de derecho. No podemos ceder ni claudicar ante estos hechos.
VI. Esta condena adquiere mayor importancia en estos momentos, cuando recién inicia el proceso electoral donde renovaremos cientos de cargos locales, ambas Cámaras Legislativas y elegiremos presidente.
VII. Es momento de que los tres órdenes de gobierno y los órganos constitucionales autónomos hagamos lo que nos corresponde y garanticemos que la siguiente elección sea una fiesta de la democracia.
VIII. México y sus instituciones son fuertes. Y cuando los grupos parlamentarios y la ciudadanía estamos de acuerdo, nuestras instituciones se fortalecen aún más. La violencia no tiene cabida en nuestro país y estando unidos es la forma de erradicarla.
Por lo anteriormente expuesto la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, adopta los siguientes
Acuerdos
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los asesinatos de Miguel Ángel Licona Islas su hijo Miguel Ángel Licona Pérez, Sabino Mejía Rodríguez, Arturo Gómez Pérez, Saúl Galindo Plazola, Gabriel Hernández Arias y Juan José Castro Crespo, Adolfo Serna Nogueda, Marino Catalán Ocampo y Salvador Magaña Martínez.
Segundo.Se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que establezcan los mecanismos de coordinación necesaria a efecto de resolver estos crímenes, y garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de paz, libre de violencia de cualquier tipo.
Tercero.Se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que instrumente las medidas necesarias para detectar y evitar el financiamiento ilegal o proveniente de cualquier tipo de actividad ilícita a través de la Unidad de Fiscalización y la comisión que la atiende.
Cuarto. Manifiesta su preocupación por los hechos acaecidos en la Ciudad de México y exhorta a las autoridades de los dos partidos involucrados a privilegiar el diálogo y evitar acciones que lesionen la democracia y la libre expresión de las ideas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.— Mesa Directiva: Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), presidente; senadora Adriana Dávila Fernández, diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica), vicepresidentes; diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y senador David Monreal Ávila (rúbrica), secretarios.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado, comuníquese.
Continúe la Secretaría. Diputado Ralis.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido(desde la curul): Para no solo asumirlo y firmar este tema, sino, además, como diputado lamento y condeno el asesinato de mi amigo, líder social, Salvador Magaña, coordinador municipal en La Huerta, Jalisco, de Movimiento Ciudadano. Exigimos que se esclarezcan las causas de su homicidio, sobre todo si están relacionadas con su labor como activista social y ecológico.
Asimismo, quisiera hoy que se conmemora el Día del periodista, no dejar de señalar que la violencia política se ha ensañado contra los comunicadores, suman ya 39 periodistas asesinados durante el actual gobierno, lo que sin duda pone en evidencia la incapacidad de las autoridades por otorgarles seguridad, proteger el derecho a la libertad de expresión y exhibe que el régimen está controlado por grupos de poder que a toda costa buscan perpetuar sus privilegios. En ambos casos exigimos, señor, se haga justicia. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Gracias, diputado. Las expresiones del diputado Ralis quedan inscritas en el Diario de los Debates. Y en relación al nombre de la persona a la que pide se incorpore la condena de esta Comisión Permanente, no creo que haya inconveniente por ningún grupo parlamentario. Por lo tanto, incorpórese al resolutivo primero el nombre del señor Magaña. Y, por lo tanto, continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata:Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
CLAUSURA Y CITA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 14:09 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 10 de enero a las 11 horas, no sin antes aprovechar desear a todos los señores legisladores y los señores asistentes muy feliz año.
RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 1 hora 44 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 33 legisladoras y legisladores
• Comunicaciones oficiales: 8
• Solicitud de licencia: 1
• Iniciativas de los congresos estatales: 3
• Iniciativas de legisladoras y legisladores: 8
• Proposiciones con punto de acuerdo: 6
• Acuerdos de la Mesa Directiva: 2
• Legisladoras y legisladores que participaron durante la sesión: 14
3 PRI 2 PAN 3 PRD 2 Morena 2 PT 2 MC
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)