Comisión Permanente
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de EjercicioSUMARIO
De la Mesa Directiva, por la que se remite dictamen con punto de acuerdo en sentido negativo. Se archiva el expediente y se actualizan los registros parlamentarios
De la Procuraduría General de la República, mediante la cual remite el Informe Ejecutivo 2017 de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia. Se remite a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Gobernación, por medio de la cual comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de enero del año en curso, a efecto de atender la invitación que le extendiera el presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes Jara, para realizar una visita oficial a ese país. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo, y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores
De la senadora Martha Tagle Martínez, por la que comunica la reincorporación a sus labores legislativas. De enterado, se comunica a la Cámara de Senadores
Del diputado Jorge López Martín, se recibió solicitud de licencia para separarse de sus funciones como diputado federal, a partir del 31 de diciembre del año en curso. Aprobada, comuníquese a la Cámara de Senadores
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
La diputada Martha Hilda González Calderón, en nombre propio y de los diputados César Camacho, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo y Enrique Rojas Orozco, todos del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley del Servicio Militar, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, del Código Penal Federal, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, para dictamen
La diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen
El senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores
La diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para dictamen
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de seguridad cibernética. Se turna a la Comisión de Justicia de Cámara de Senadores
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para dictamen
La senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores
Para fundamentar los dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión, hace uso de la tribuna:
-El diputado Ricardo Ramírez Nieto, del PRI
Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta a la Segob y a la Sagarpa, para que de manera coordinada refuercen las acciones y estrategias de combate a la delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores del campo y sus familias.
Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta al Congreso del Estado de Quintana Roo, para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la pertinencia de integrar al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de esa entidad
Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil, a fortalecer las campañas nacionales de prevención que informen a la sociedad sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia
Dictamen de la Primera Comisión por el que se solicita al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la PGR y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informen sobre las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y la protección a las mujeres.
Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta a las entidades federativas que cuentan con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a difundir la información general y estadística sobre los casos de violencia de género, a fin de promover la transparencia de estos datos
Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus estrategias en materia de seguridad, a fin de combatir la incidencia de delitos cometidos en el transporte público
Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta al titular de la Delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México, a reforzar las medidas de seguridad pública. Se aprueban los puntos de acuerdo, excepto los reservados. Comuníquense
Para fundamentar los dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión, hace uso de la tribuna:
-El diputado Luis Fernando Antero Valle, del PAN
Dictamen de la Segunda Comisión por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el pasado 1 de enero de 2018, y le desea el mayor de los éxitos en su encargo
Dictamen de la Segunda Comisión por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a promover la buena alimentación en toda la población para disminuir el número de casos de enfermedades crónicas
Dictamen de la Segunda Comisión por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por la caída de un autobús de pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero del año en curso, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas
Dictamen de la Segunda Comisión por el que se exhorta a la SEP y al Conacyt a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias
Dictamen de la Segunda Comisión por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar campañas de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes
Dictamen de la Segunda Comisión por el que se solicita a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, considere la viabilidad de emitir un billete conmemorativo en el mes de abril de 2018, con motivo de la celebración de los cuatrocientos años de la fundación del Municipio de Córdoba, Veracruz.
Se aprueban los puntos de acuerdo, excepto los reservados. Comuníquense
Para fundamentar los dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión, hace uso de la tribuna:
-El senador Celestino Cesáreo Guzmán, del PRD
Dictamen de la Tercera Comisión por el que se exhorta al Ejecutivo Federal considere ampliar los programas de apoyo de agricultura en Calvillo, Aguascalientes, a través de la Sagarpa para sobrellevar el desastre agrícola presentado tras las recientes heladas
Dictamen de la Tercera Comisión en relación a la instalación de un parque industrial en Quintana Roo con incentivos fiscales.
Dictamen de la Tercera Comisión por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar una evaluación sobre los principales recursos pesqueros en costas mexicanas
Dictamen de la Tercera Comisión por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a investigar, inspeccionar y sancionar a quien resulte responsable por la contaminación del manantial de El Cubo, Guanajuato
Dictamen de la Tercera Comisión por el que se exhorta a la SCT a rendir un informe detallado sobre la auditoría financiera y de cumplimiento número 16-0-09100-02-0313 313-DE realizada por la ASF sobre el programa de caminos rurales
Se aprueban los puntos de acuerdo, excepto los reservados. Comuníquense
Para hacer comentarios sobre la situación política nacional, hacen uso de la palabra:
-La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del PES
-El diputado Luis Manuel Hernández León, de NA
-El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de MC
-El senador David Monreal Ávila, del PT
-El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del PVEM
-El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena
-La diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del PRD
-El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del PAN
-El diputado Ricardo García Portilla, del PRI
-El diputado Luis Fernando Antero Valle, del PAN, para referirse a hechos
-La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, para referirse a hechos
El tema se considera suficientemente discutido
A solicitud de la Presidencia, se da lectura a la lista de legisladores que conformarán la Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales del Año 2018, la cual deberá instalarse antes de la próxima sesión
EFEMÉRIDES
Con motivo del 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
Con motivo del 103 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, a cargo del senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI
Con motivo del 14 de enero, aniversario de la fundación del Conservatorio Nacional de Música, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
ASISTENCIA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
(Pase de lista)
Con la asistencia de 36 legisladores, hay quórum, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 13:04 horas): Muchas gracias, secretaria. Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, presidente.
«Primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 10 de enero de 2018
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Mesa Directiva
De la Procuraduría General de la República
Remite el Informe Ejecutivo 2017 de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.
De la Secretaría de Gobernación
Comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de enero del año en curso, a efecto de atender la invitación que le extendiera el Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes Jara, para realizar una visita oficial a ese país.
Reincorporación de legisladora
Solicitud de licencia de legislador
Iniciativas
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrita por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 58 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley del Servicio Militar, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, del Código Penal Federal, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y del Código Civil Federal, suscrita por los diputados César Camacho, Martha Hilda González Calderon, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo y Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 4o. y 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo doméstico, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de seguridad cibernética, a cargo del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por el diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión
Por el que se exhorta a la Segob y a la Sagarpa, para que de manera coordinada refuercen las acciones y estrategias de combate a la delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores del campo y sus familias.
Por el que se exhorta al Congreso del estado de Quintana Roo, para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la pertinencia de integrar al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de esa entidad.
Por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil, a fortalecer las campañas nacionales de prevención que informen a la sociedad sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia.
Por el que se exhorta al gobierno de la CDMX, para que, en la prestación de los servicios de albergues, se garanticen condiciones de estancia digna, sanitarias, de esparcimiento y de seguridad.
Por el que se exhorta al gobierno de la CDMX para que fortalezca las acciones para combatir la delincuencia e inseguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metrobús.
Por el que se reconoce el trabajo en defensa de los migrantes mexicanos a nivel nacional e internacional, que realiza la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en México.
Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, informe sobre los avances en la investigación de la muerte del C. Silvestre de la Toba Camacho.
Por el que se solicita al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la PGR y a la Fiscalía General del estado de Veracruz, informen sobre las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y la protección a las mujeres.
Por el que se exhorta a las entidades federativas que cuentan con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a difundir la información general y estadística sobre los casos de violencia de género, a fin de promover la transparencia de estos datos.
Por el que se exhorta al gobierno de la CDMX a fortalecer sus estrategias en materia de seguridad, a fin de combatir la incidencia de delitos cometidos en el transporte público.
Por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a fortalecer la estrategia de seguridad que evite el incremento de los delitos de alto impacto en la entidad.
Por el que se exhorta al titular de la Delegación Cuajimalpa de la CDMX, a reforzar las medidas de seguridad pública.
Dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión
Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el pasado 1 de enero de 2018, y le desea el mayor de los éxitos en su encargo.
Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a promover la buena alimentación en toda la población para disminuir el número de casos de enfermedades crónicas.
Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por la caída de un autobús de pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero del año en curso, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas.
Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS e ISSSTE, a crear campañas de salud para combatir la bulimia y la anorexia, mismas que informen en especial a las personas adolescentes de estas enfermedades y su tratamiento.
Por el que se exhorta a la SEP y al Conacyt a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias.
Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar campañas de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes.
Por el que se solicita a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, considere la viabilidad de emitir un billete conmemorativo en el mes de abril de 2018, con motivo de la celebración de los cuatrocientos años de la fundación del Municipio de Córdoba, Veracruz.
Dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión
Por el que se exhorta a la Profeco a continuar llevando a cabo campañas de verificación e inspección en las casas de empeño de todo el país y a las entidades federativas a realizar campañas de verificación e inspección para prevenir prácticas de abusos y engaños a la población.
Por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofece a fortalecer e inhibir alzas indebidas de los materiales para la construcción en las entidades gravemente afectadas por los recientes sismos.
Por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales para que, en coordinación con la STPS, refuercen las políticas públicas relacionadas con la creación y promoción de empleos de calidad.
Por el que se exhorta al Ejecutivo federal considere ampliar los programas de apoyo de agricultura en Calvillo, Aguascalientes, a través de la Sagarpa para sobrellevar el desastre agrícola presentado tras las recientes heladas.
En relación a la instalación de un parque industrial en Quintana Roo con incentivos fiscales.
Por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar una evaluación sobre los principales recursos pesqueros en costas mexicanas.
Por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a investigar, inspeccionar y sancionar a quien resulte responsable por la contaminación del manantial de El Cubo, Guanajuato.
Por el que se exhorta a la SCT a rendir un informe detallado sobre la auditoría financiera y de cumplimiento número 16-0-09100-02-0313 313-DE realizada por la ASF sobre el programa de caminos rurales.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que analice la posibilidad de que las becas puedan ser otorgadas también a estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos, a cargo de los diputados César Camacho y Miguel Ángel Sulub Caamal, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Durango a efecto de solicitar ante la Secretaría de Gobernación, declaratoria de emergencia por las fuertes nevadas y bajas temperaturas que han afectado hasta el momento a 27 de sus 39 municipios, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conafor, a implementar acciones prioritarias en el sureste del país, particularmente, en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para detener la pérdida de cobertura forestal en dichas entidades federativas, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a efecto de que, en coordinación con las entidades federativas refuerce las acciones destinadas a prevenir y reducir la violencia escolar, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX, a efecto de exponer a la opinión pública, los motivos por los cuales se realizó el aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2018, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX y al STC-Metro para implementar una campaña de verificación sanitaria de los comercios expendedores de alimentos y bebidas localizados al interior y en los alrededores de las estaciones del Metro, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a realizar un trabajo interinstitucional para promover e impulsar la producción y el reciclaje de árboles de navidad, a través de la Conafor, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inegi, a continuar y fortalecer la realización de censos, conteos, estudios y otros instrumentos estadísticos dedicados a visibilizar a la población con algún tipo de discapacidad en México, a cargo de la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, al IMSS y al ISSSTE, para que impulsen, fortalezcan y promuevan acciones para combatir la automedicación, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo al precio de la tortilla, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que en coordinación con las 32 entidades federativas, instrumenten campañas para concientizar a la población, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes, sobre el uso responsable de las redes sociales, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos, a informar sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la ASF correspondientes a la cuenta pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones federales a entidades federativas que presumiblemente representaron un daño a la Hacienda Pública por casi 960 millones de pesos, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresa su preocupación por la ola de violencia que vive el estado de Chihuahua, y exhorta al gobernador para que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, adopte urgentemente las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a agilizar el trámite de extradición del exgobernador del estado de Chihuahua, suscrita por la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fepade y a la PGR, a continuar con las investigaciones en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por el desvío de recursos públicos del erario de dicha entidad, a cargo de los diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener y a la SE, a frenar el alza de los precios de la tortilla, así como para reducir los precios del gas LP y de las gasolinas, con objeto de apoyar a la economía de las familias mexicanas, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la implementación de acciones para reducir la tasa de suicidios en el país, suscrito por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semar, a enviar un informe detallado sobre las solicitudes de compra de armamento al Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofepris, a redoblar esfuerzos de coordinación para la prevención, investigación e intervención ante el comercio de productos milagro, para evitar que puedan convertirse en un riesgo para la salud, suscrito por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inapam y al DIF, a sumar esfuerzos para la creación de albergues temporales a fin de recibir a adultos mayores y a menores de edad en la temporada invernal, suscrito por el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para establecer una norma oficial mexicana que regule el uso de dispositivos médicos y personales, con la intención de prevenir la transmisión de infecciones nosocomiales, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias y gobiernos estatales a fortalecer el fomento de los juguetes tradicionales, a cargo de la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, SE y a la Semarnat, a presentar un informe de las estrategias con las que México propone alcanzar la descarbonización de su economía hacia el año 2030 con trayectoria hacia 2050, así como los respectivos mecanismos o planes de contingencia que permitan garantizar el bienestar y desarrollo económico de las miles de familias de la región carbonífera que dependen de la extracción de dicho combustible fósil, de conformidad con los acuerdos y alianzas adoptadas en las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fepade, para que investigue el presunto uso de recursos ilícitos para el financiamiento de campañas durante el proceso electoral de 2016, a cargo de los senadores Luis Sánchez Jiménez y Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Con punto de acuerdo relativo a la detención de integrante de la Policía Federal bajo la causa 27/2015 radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Décimo Noveno Circuito, en Matamoros, Tamaulipas, suscrito por la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a que derogue el artículo Décimo Transitorio del Acuerdo número 17/11/17 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2017, suscrito por el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo relativo a los precios de las gasolinas e inflación, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a que emita las recomendaciones y lineamientos que considere necesarios para asegurar un blindaje de todos los recursos públicos durante el actual proceso electoral, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California Sur, a implementar acciones urgentes en materia de seguridad y justicia, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población, frente a la ola de violencia que vive esa entidad federativa, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, a la Secretaría de Cultura, y a la SE, así como a los Gobiernos Estatales y Municipales, para impulsar y difundir a nivel nacional e internacional el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, así como desarrollar y fortalecer el turismo artesanal en sus lugares de origen, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a intensificar las acciones tendientes a lograr la detención con fines de extradición del ex gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, a cargo de los diputados Cecilia Soto González, Rafael Hernández Soriano, Olga Catalán Padilla y José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Con punto de acuerdo relativo a los resultados en la aplicación de recursos de Programas de Desarrollo Rural Sustentable durante los ejercicios fiscales 2016-2017, suscrito por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la reducción de la pobreza y fortalecimiento del mercado y consumo internos, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Prodecon, a que implemente un programa de difusión y orientación respecto de las prácticas de las empresas facturadoras de operaciones simuladas a fin de salvaguardar los derechos de los contribuyentes en el estado de Jalisco, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a realizar campañas de promoción del voto de las mujeres para el proceso electoral 2017-2018, suscrito por la senadora Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que evalúe la viabilidad de ampliar las áreas y espacios designados para el estacionamiento de motocicletas en las calles de la Ciudad de México, con el propósito de atender el crecimiento del parque de estas unidades y garantizar un orden en la vía pública, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta diversas autoridades federales y al Gobierno del estado de Chiapas, a tomar medidas urgentes para la solución duradera e integral de las situaciones de violencia y desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitlán y Chenalhó, en el estado de Chiapas, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, a dictaminar la iniciativa de Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofece, a la SE y a la Profeco, a realizar las acciones conducentes para mantener el precio sin incremento de la tortilla y de los demás productos de la canasta básica, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Municipal de Atlautla, a transparentar el ejercicio del presupuesto 2017, así como al Poder Legislativo del Gobierno del Estado de México, para que considere necesaria la fiscalización a dicha localidad, suscrita por la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que se evalúe la viabilidad de solicitar la adición de una base de datos de usuarios en el sistema informático de los puntos de venta de las tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas para emitir una representación impresa digital del comprobante de compra, suscrita por la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y SE para que, en coordinación con el gobierno de Baja California y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja California, con la finalidad de prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos, suscrita por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP, un informe detallado sobre el incumplimiento del convenio de Fortalecimiento Financiero, suscrito el 14 de diciembre de 2017 con el gobierno del estado de Chihuahua, a cargo de los diputados Cecilia Soto González, Rafael Hernández Soriano, Olga Catalán Padilla y José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Con punto de acuerdo relativo a la designación de las magistraturas pendientes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, suscrito por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo al diseño, ejecución, implementación y evaluación de políticas públicas, programas sociales o acciones que tengan como objetivo erradicar el trabajo infantil en el país, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la entidades federativas, a certificar a integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica bajo su mando, de conformidad con el Transitorio Tercero de los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la SHCP a esclarecer la distribución de recursos fiscales para el estado de Chihuahua, así como informe sobre las investigaciones relacionadas con el supuesto desvío de 250 millones de pesos para la triangulación de recursos públicos a campañas estatales de un partido político, a cargo del senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo relativo a la fiscalización de recursos para la reconstrucción y atención de damnificados por los fenómenos naturales del mes de septiembre pasado, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a investigar y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes por las agresiones que se han llevado a cabo durante las reuniones que el Partido Morena ha convocado a la ciudadanía en el periodo de precampaña a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a analizar la viabilidad de atraer el caso ocurrido en la comunidad La Concepción del municipio de Acapulco Guerrero, el pasado 7 de enero, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que instrumente y difunda las aplicaciones móviles, que propicien una adecuada prestación de los servicios cuyas actividades están sujetas a su regulación, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a atender con medidas urgentes el conflicto social-agrario entre los municipios de Chalchihuitlán y Chenalhó, en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Con punto de acuerdo por el que se condena cualquier tipo de agresión en contra de la libertad de expresión ejercida por periodistas y medios de comunicación, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a reforzar las campañas y acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades raras en México, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con la autoridad federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, para dar cuenta del proceso de instalación de la Zona Económica de Lázaro Cárdenas-La Unión así como de los trabajos, retos y avances en la elaboración del Programa de Desarrollo, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y a la Fepade, a continuar con las investigaciones sobre la canalización de recursos ilícitos de la compañía Odebrecht en las elecciones presidenciales de 2012 y los sobornos para obtener contratos públicos, así como a presentar los resultados y a los presuntos responsables, suscrito por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a que publique los sistemas de control e información de los permisionarios del Autotransporte Federal, así como el listado de permisionarios sancionados por incumplimiento de la normatividad, en materia de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a erradicar toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, en el marco de la firma de la Alianza Global para poner fin a todo tipo de violencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al Consejo Nacional de Protección Civil, en coordinación con sus homologas en las 32 entidades federativas, actualicen y diseñen un nuevo plan de protección civil escolar, para prevenir contingencias futuras que pongan en peligro a los alumnos, docentes y personal administrativo, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SHCP y la SE, en relación con las acciones y previsiones del estado mexicano ante la posible de salida de los EUA del TLCAN, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inmujeres y a sus homologas en las 32 entidades federativas, para que instrumenten los protocolos para prevenir y sancionar el hostigamiento, acoso sexual y todo tipo de violencia hacia las mujeres, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a tomar las medidas pertinentes que permitan a las personas con algún tipo de discapacidad emitir su voto el día de la jornada electoral de este año 2018, y garanticen el pleno goce de sus derechos políticos, suscrito por la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a investigar y auditar los recursos ejercidos por la administración de Graco Luis Ramírez Abreu, para el proceso de reconstrucción a consecuencia de las afectaciones generadas por los sismos a las viviendas y a la infraestructura carretera, educativa y de telecomunicaciones, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, buscar los acuerdos necesarios para que considere la construcción de rutas de evacuación inmediata en los edificios de la sede de San Lázaro, suscrito por la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Quintana Roo, para que fortalezcan las acciones en materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido de robos a negocios en diferentes municipios de la entidad, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Chihuahua, para que fortalezca su estrategia de combate al homicidio doloso, delito que ha aumentado de manera sistemática desde el inicio de la actual administración estatal, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a que lleve a cabo la fiscalización de distintas obras otorgadas por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública del Estado de Sonora, durante el período 2013-2015, que presuntamente habrían sido utilizadas para financiar la candidatura de Damián Zepeda Vidales a la presidencia de la Alcaldía de Hermosillo en el año 2015, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la CDMX, para que fiscalice los recursos ejercidos por las Delegaciones gobernadas por el Partido Morena, a fin de garantizar que éstos no sean desviados para financiar la precampaña y campaña de Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, para que presente un informe a esta Soberanía sobre la contratación del gobierno estatal de convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos con presunta empresa fantasma, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Puebla, para que a través de la Auditoria Superior de la entidad, audite el ejercicio, destino y comprobación de los recursos públicos destinados para la construcción de las ciclovias, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para que durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, acuerde la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los casos de tortura que atentan contra los derechos humanos en el estado de Chihuahua, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Agenda política
Comentarios relativos a la situación en el estado de Chihuahua, a cargo de los Grupos Parlamentarios
Comentarios relativos a las perspectivas del sector turístico para México, a cargo de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la situación política nacional, a cargo de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la situación económica del país, ante el incremento de precios en productos básicos, combustibles, constante devaluación del peso y presión inflacionaria, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efemérides
Con motivo del 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, suscrito por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con motivo del CIII Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915, a cargo del senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con motivo del 14 de enero, Fundación del Conservatorio Nacional de Música, suscrito por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cuatro de enero de dos mil dieciocho, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y tres legisladoras y legisladores, a las doce horas con veinticinco minutos del jueves cuatro de enero de dos mil dieciocho, el Presidente declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.
Desde su curul realiza diversos comentarios el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena. La Presidencia hace aclaraciones.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De la Secretaría de Gobernación, con las que remite:
Trece contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente del Segundo Receso. Se remiten a la Cámara de Senadores.
Los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al quinto bimestre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
El Informe correspondiente al segundo semestre de dos mil diecisiete, sobre los desarrollos y avances de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (GT-OMP). Se remite a la Cámara de Senadores.
El Informe de los Programas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Se remite a la Comisión de Radio y Televisión, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Cámara de Senadores.
b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la Información relativa a la evolución de las Finanzas Públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de dos mil diecisiete, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de dos mil dieciséis, la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.
c) De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con la que remite el Informe Anual sobre el Desempeño de sus Funciones, así como los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus Programas de Mejora Regulatoria. Se remite a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Senadores.
d) De la Cámara de Senadores, con la que remite los informes de actividades de los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Víctor Hermosillo y Celada, correspondientes al quinto año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. Se remiten a la Cámara de Senadores.
e) Del senador José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional, con la que solicita licencia por tiempo indefino para separarse de sus funciones como Senador de la República, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Senadores. Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación a la solicitud de licencia los legisladores: senador José María Tapia Franco, diputado Adolfo Mota Hernández, ambos del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva; y la senadora María Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional.
f) Del Senador Fidel Demédecis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, por la que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del dos de enero del año en curso.
g) Iniciativas con proyecto de decreto de los Congresos de los estados:
De Chihuahua, por el que se reforman y adicionan los artículos segundo y tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
De Nuevo León:
Por el que se reforma la fracción primera del artículo doscientos uno del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
Por el que se reforma la fracción primera del artículo ciento dos de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las legisladoras y a los legisladores:
Diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos séptimo, octavo, y doce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados.
Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, y suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo ciento veintitrés Constitucional, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Pública, de la Cámara de Diputados.
Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Federal de Insolvencia Económica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.
Diputada Araceli Damián González, de Morena, que reforma el artículo treinta y uno y adiciona un artículo doscientos treinta y tres bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.
Presidencia del diputadoRafael Hernández Soriano
Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo diecisiete de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres, y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.
Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos ochenta y siete, y ochenta y ocho de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo veintiuno de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Senadores.
Presidencia de la diputadaMaría Gloria Hernández Madrid
Diputado Rafael Hernández Soriano, y suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos treinta y nueve, y cuarenta de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.
Presidencia del diputadoRafael Hernández Soriano
Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a las legisladoras y a los legisladores:
Senador Esteban Albarrán Mendoza, y suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, a fortalecer los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para construcción, en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos registrados en el país. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho instituto por evidente conflicto de intereses. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los gobiernos de diversas entidades federativas, a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, para la integración y transparencia de sus bancos estatales de datos e información. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, y suscrito por los diputados Juan Romero Tenorio y María Chávez García, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a evitar cualquier medida que traiga como consecuencia la elevación de índices de contaminación y la consecuente violación a los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, y la megalópolis. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, y suscrito por el senador Mario Delgado Carrillo, ambos del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Ciudad de México, a investigar los actos encabezados por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de simpatizantes de Morena en Coyoacán y a brindar garantías de protección y seguridad durante todos los eventos públicos del proceso electoral dos mil diecisiete-dos mil dieciocho. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del "triángulo de la vida" y otras acciones sin fundamento técnico, que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se crea la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales Federales y Locales de dos mil dieciocho. Sin oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese. Desde su curul realiza comentarios sobre el Acuerdo el diputado Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza, la Presidencia hace aclaraciones.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que la Comisión Permanente condena los hechos recientes de violencia relacionada con servidores públicos y políticos. Sin oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese. Desde su curul realiza comentarios sobre el Acuerdo el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano. La Presidencia hace aclaraciones e instruye que se registren las expresiones en el Diario de los Debates.
Se recibieron las siguientes iniciativas con proyecto de decreto, y las proposiciones con puntos de acuerdo de las siguientes y los siguientes legisladores:
a) Iniciativas con proyecto de decreto
Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.
Diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo veinte bis siete de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.
Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
Diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo ciento veintitrés Constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados.
Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Diputados.
Diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional:
Que reforma los artículos tercero y séptimo de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados.
Que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.
Que reforma el artículo ciento treinta y dos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
Diputada Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de Crédito para la Mujer Rural. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Igualdad de Género, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión de la Cámara de Diputados.
Diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cuarenta y nueve, setenta y seis y setenta y siete de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se turna a las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, de la Cámara de Diputados.
Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos quinto, sexto, y cuarenta y ocho de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.
Diputado Edgar Castillo Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y ocho de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, de la Cámara de Diputados.
Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos sesenta y seis bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
Diputado José Luis Toledo Medina, del Partido Revolucionario Institucional:
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud, de la Cámara de Diputados.
Que reforma y adiciona los artículos primero y sexto de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, de la Cámara de Diputados.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del procesamiento de resoluciones. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.
Diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados.
Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona los artículos cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Educación, de la Cámara de Senadores.
Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión Especial de la Industria Automotriz, para opinión de la Cámara de Diputados.
Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se declara el dieciocho de julio de cada año como El Día Nacional del Servidor Público. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Senadores.
Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
Diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, del Partido Revolucionario Institucional:
Que reforma y adiciona el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.
Diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos treinta y seis bis, cuarenta, sesenta y sesenta y nueve de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
Diputada Yahleel Abdala Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dieciocho de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados.
Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados.
Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional:
Que reforma los artículos: octavo, noventa y nueve, ciento diez, ciento doce, y ciento cincuenta y cuatro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.
Que reforma el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.
Que reforma el artículo once de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados.
Que reforma el artículo ciento cuarenta y nueve ter del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
Que reforma los artículos quinientos setenta y ocho, y quinientos ochenta y cinco del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
Que reforma los artículos diez, y doce de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.
Que reforma el artículo ciento cuarenta y ocho del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.
Que reforma el artículo ciento cincuenta y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.
Que reforma el artículo cuarto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
Que reforma el artículo quince de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
Que reforma los artículos once, y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.
Diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional:
Que reforma el artículo ciento seis de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, de la Cámara de Diputados.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.
Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Partido Revolucionario Institucional:
Que reforma y adiciona el artículo cincuenta de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley Federal de Derechos. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.
b) Proposiciones con puntos de acuerdo:
Diputada Cecilia Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los Partidos Políticos Nacionales y Locales, a incluir a una persona mexicana, migrante o binacional, dentro de los diez primeros espacios de las listas de candidatos de representación proporcional a nivel federal y de las entidades federativas. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en coordinación con el Gobierno del estado de Zacatecas, refuercen y reencausen las políticas públicas relacionadas con la creación y promoción de empleos de calidad en la entidad. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a los hechos de violencia electoral en la Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, a realizar y difundir auditorias de contratos, licitaciones y adjudicaciones relacionadas con la empresa francesa Veolia. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a rendir un informe detallado sobre la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-09100-02-0313 313-DE, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, y a supervisar y evaluar periódicamente las áreas encargadas de la gestión y operación del programa de caminos rurales. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar un estudio diagnóstico de cobertura nacional en el que se determine la presente salud poblacional de los principales recursos pesqueros en costas mexicanas. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputado José Luis Toledo Medina, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Congreso del estado de Quintana Roo, para que se realicen adecuaciones a su legislación vigente y se contemple al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de dicha entidad, y en su caso, se expida una Ley dirigida a regular este sector. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones previstas en el artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice observaciones a la totalidad de la Ley de Seguridad Interior, que permita aplazar su publicación y entrada en vigor. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente, debido a los daños al ambiente y a la salud. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputada María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente campañas de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a atraer el caso relativo al homicidio del ombudsman de Baja California Sur. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz, a esclarecer e impulsar las investigaciones en torno a la desaparición de cincuenta mujeres en la entidad, en noviembre de dos mil once. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, considere la viabilidad de emitir un billete conmemorativo en el mes de abril de dos mil dieciocho, con motivo de la celebración de los cuatrocientos años de la Fundación del municipio de Córdoba, Veracruz. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrito por la diputada Delfina Gómez Álvarez, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Sonora, a que instruya al secretario de Educación y Cultura de la entidad a la reinstalación inmediata de cincuenta y tres maestros cesados injustamente. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputada Araceli Damián González, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a desistir en la negación de pensiones por viudez a parejas del mismo sexo, puesto que viola los derechos humanos de acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a emitir una imagen simbólica de la antigua ciudad maya y bosques protegidos de Calakmul, Campeche, presentándola como patrimonio mixto, cultural y natural de la humanidad. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputada Araceli Damián González, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a respetar el principio de presunción de inocencia y valorar de inmediato las pruebas de inocencia aportadas por la defensa de Laura Carranza Leal, a quien se le acusa de delitos contra la salud por el envío de un medicamento controlado para su madre, paciente con esquizofrenia. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las treinta y dos entidades federativas, a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a promover la buena alimentación en toda la población para disminuir el número de casos de enfermedades crónicas. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrito por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrantes de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que investiguen, inspeccionen y sancionen a quien resulte responsable por la contaminación del manantial de la comunidad El Cubo, Guanajuato. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a fortalecer la estrategia de seguridad, ante el incremento sostenido de los delitos de alto impacto en la entidad. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y al Servicio de Administración Tributaria, a realizar una investigación sobre la contratación por parte del gobierno estatal de convenios en materia de servicios periodísticos con presuntas empresas fantasmas, asimismo, informen sobre las sanciones administrativas y penales impuestas a los servidores públicos involucrados. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, relativo a estrategias en materia de contención, programas preventivos y acciones de política pública encaminadas a fortalecer las medidas de seguridad del sistema de metrobus, ante el incremento de asaltos y robos con violencia en la red del sistema de transporte. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al municipio de La Paz, Baja California Sur, a informar esta soberanía sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a la Cuenta Pública dos mil dieciséis. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, para que lleve a cabo una fiscalización de los recursos asignados al partido Morena, a fin de conocer si el uso y destino de los mismos, se ha aplicado conforme a la normatividad en la materia, en virtud de los señalamientos de diversos medios de comunicación que indican que éstos podrían haber sido utilizados para financiar las aspiraciones políticas de su presidente nacional. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos, para que presente un informe sobre el avance en los trabajos de reparación, mantenimiento y reconstrucción de diversas obras públicas realizadas durante la actual administración, en las que fueron denunciadas presuntas irregularidades en los costos, planeación y licitaciones en la construcción a mediados del año dos mil diecisiete. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputada Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y a sus homólogas, a efecto de que cumplan y difundan el Manual de Seguridad Escolar. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, resuelve nominar a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en México (REDODEM), para recibir el Premio Nobel de la Paz dos mil dieciocho. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el pacífico desarrollo del proceso electoral a realizarse en este año. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada Sara Paola Galico Felix Díaz, de Morena, por el que se exhorta a la Delegación Cuajimalpa, a que implemente diversas acciones para incrementar la seguridad de los habitantes, a fin de evitar que continúen haciéndose justicia por propia mano. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la instalación de un parque industrial en Quintana Roo. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a los órganos directivos de la Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de la República, a que la información difundida por el área de Comunicación Social, sobre la Ley de Seguridad Interior, se apegue a los principios de imparcialidad, objetividad, veracidad, accesibilidad y recoja las opiniones a favor y en contra de dicha Ley. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que inicie de oficio el procedimiento para emitir la Declaración de Denominación de Origen del Nopal. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incorporar al Reglamento en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y sus derivados, las disposiciones necesarias para el uso terapéutico garantizando el derecho a la salud de las y los mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades para que se aceleren las investigaciones de desvío de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la vigilancia de recursos destinados a la reconstrucción en las entidades afectadas por el sismo del siete de septiembre pasado. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que envíen a esta soberanía, en un plazo no mayor a diez días hábiles, un informe respecto de la situación de inseguridad en que se encuentran las familias que dependen del campo mexicano y las principales afectaciones por parte del crimen organizado al sector. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a dar máxima publicidad a las acciones que ha emprendido en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera en temas de educación financiera en los diversos niveles educativos. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para que la Mesa Directiva del Senado de la República, solicite se dictamine la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos setenta y nueve, ochenta y tres, y cuatrocientos veinticinco de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realicen un análisis sobre el plan fiscal aprobado por el gobierno de los Estados Unidos de América para el año dos mil dieciocho, y establezcan las acciones que tengan como resultado el control de la inflación, el fomento a la productividad y competitividad de las empresas mexicanas. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que informe sobre acciones y avances que ha logrado en la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de dos mil diecisiete. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, para que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dé cuenta del incremento de los precios de las gasolinas y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo las acciones para disuadir la colusión entre empresas gasolineras. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, relativo a convocar a un periodo extraordinario para impulsar una reforma hacendaria. Turno: Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.
Diputado José Luis Toledo Medina, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo, así como a la Profeco, realicen las investigaciones necesarias con respecto al servicio brindado por Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la comparecencia del Presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejeros de Especialidades Médicas (CONACEM), para que detalle las acciones que esa instancia realiza. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Nacional Electoral, y a la Auditoría Superior de la Federación, para que se investigue el posible desvío de recursos públicos y la creación de empresas fantasma para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, en el año dos mil dieciséis, así como al Gobierno del estado de Chihuahua a informar sobre dicho asunto. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos (ESTA). Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo, para dictamen.
Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, para que se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación, y la Procuraduría General de la República, en relación con la violencia en los procesos políticos locales. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senador Mario Delgado Carrillo, del Partido del Trabajo, por el que se solicita el deslinde de responsabilidades de dirigentes partidistas del Partido Revolucionario Institucional, y funcionarios federales por su posible participación en el desvío de doscientos cincuenta millones de pesos para las elecciones de Chihuahua en el año dos mil dieciséis. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las entidades federativas, a impulsar acciones y políticas públicas que permitan destinar mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en sus municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a informar a esta soberanía sobre el desahogo de la indagatoria del caso Chihuahua - Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las Instituciones encargadas del desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales, a promover la infraestructura física y aplicar recursos financieros y materiales para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales de la población. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Senadores del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas, para que intensifiquen la difusión o en su caso, implementen campañas de reciclaje de árboles navideños naturales secos. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, audite la licitación de placas realizada por el gobierno el estado de Yucatán con motivo del reemplacamiento vehicular dos mil diecisiete, y a la Procuraduría General de la República, para que investigue probables delitos cometidos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senador Isidro Pedraza Chávez del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno y a la Fiscalía General del estado de Jalisco, para que se agilice la investigación del asesinato de Saúl Galindo Plazola y los recientes asesinatos políticos cometidos en la costa sur de dicha entidad, y que soliciten a la Secretaría de Marina, un informe e investigación del comportamiento de sus elementos en dicha zona. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que brinde las garantías de seguridad en todo el país durante los procesos electorales de dos mil dieciocho. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a trabajar de manera coordinada para reforzar la seguridad en las entidades donde se celebrarán comicios electorales y garantizar la vida e integridad de la ciudadanía en general. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senadores del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas lleven a cabo campañas de verificación e inspección en las casas de empeño en todo el país. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica generen acciones que garanticen una competencia de mercado justa y que brinden seguridad en el servicio para los usuarios de transporte marítimo mixto y de pasajeros, en los puertos del estado de Quintana Roo. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, para que se cite a comparecer al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que explique la situación que guardan las investigaciones del Caso Odebrecht con exfuncionarios de Pemex y de la administración pública federal. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a que garanticen atención y apoyo permanente a seis mil personas indígenas que se encuentran en situación de extrema urgencia, al haber sido desplazadas de sus comunidades en el estado de Chiapas. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senadores del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que en la prestación de los servicios de albergues, se garanticen condiciones de estancia digna, sanitarias, de esparcimiento y de seguridad. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el accidente aéreo de una avioneta en la provincia de Guanacaste, República de Costa Rica. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno para que se realicen investigaciones sobre los recientes asesinatos cometidos en contra de militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que incentiven los apoyos de producción, regulación, publicidad y de competencia económica de la industria lechera de México. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputado Rafael Hernández Soriano y suscrito por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que explique las acciones económicas y fiscales para enfrentar las repercusiones inflacionarias a consecuencia del alza de la tasa de interés instrumentada por Banco de México, y para que exponga las medidas para enfrentar las eventuales consecuencias de la reforma fiscal en el ámbito de la inversión productiva. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por la caída de un autobús de pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero y envía sus condolencias a las familias de las víctimas mortales. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a crear campañas de salud para combatir la bulimia y la anorexia. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que continúe y refuerce las acciones encaminadas a combatir la delincuencia e inseguridad dentro del Sistema de Trasporte Colectivo Metro y del Metrobus. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que intensifique las campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano y de la realización de la prueba del Papanicolaou a mujeres. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Nacional Electoral, y a la Secretaría de la Función Pública, para que investiguen el probable desvío de doscientos cincuenta millones de pesos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el año dos mil dieciséis, al Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a convocar a una mesa interinstitucional en la que participe el gobierno federal, sociedad civil y sector privado, con el fin de definir una estrategia integral respecto al problema del cáncer en México. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el pasado primero de enero de dos mil dieciocho. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional:
Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que utilicen los remanentes de la denominada compra consolidada, en la adquisición de medicamentos innovadores y biotecnológicos para cubrir enfermedades curables en el país. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a las treinta y dos entidades federativas para que a nivel nacional se ponga en circulación la campaña de salud Check Up, con la finalidad de detectar y tratar a tiempo la diabetes, obesidad e hipertensión. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Salud ambas del estado de Jalisco, para que implementen acciones de prevención de accidentes de tránsito en niños jaliscienses. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, para que incentive acciones para atender y reducir la problemática del suicidio en jóvenes y adultos en la entidad. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Se levanta la sesión a las catorce horas con nueve minutos, y se cita para la que tendrá lugar el día miércoles diez de enero del dos mil dieciocho, a las once horas.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Está dispensada la lectura. Y no habiendo que haga el uso de la palabra para objetar el acta, se considera aprobada el acta. Nada más consulte, si es así.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Correcto. Aprobada el acta.
Continuamos con Comunicaciones, secretaria.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente. Mesa Directiva
Honorable Asamblea:
Esta Presidencia comunica que se recibió dictamen de proposición con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, de la siguiente comisión:
Primera
Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a formular observaciones sobre la Ley de Seguridad Interior que permita aplazar su publicación y entrada en vigor.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2018. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se archiva el expediente como un asunto concluido. Continúe la Secretaría con las comunicaciones de la Procuraduría General de la República.
o
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Procuraduría General de la República.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Estimado señor diputado
Me refiero al ejercicio denominado Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el impulso de esta Procuraduría, y que se llevó a cabo entre mayo y agosto del presente año en gran parte del territorio nacional.
Al respecto, me permito hacerle llegar un ejemplar del informe ejecutivo de dicha consulta, en el cual encontrará un análisis puntual de los principales problemas que actualmente enfrenta la procuración de justicia penal en México. Dicho documento tiene como propósito constituirse como un insumo útil para la construcción de un modelo de procuración de justicia que permita responder a las demandas de nuestra sociedad en la materia. (1)
(1) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo A.
Espero que este documento de estudio le sea de utilidad
Atentamente
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017. Licenciado Alberto Elías Beltrán (rúbrica), subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y a la de Justicia de la Cámara de Senadores.
o
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Por este conducto me permito remitir copia del oficio número DEP-0033/18 signado por el Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de enero de 2018.
El motivo de la visita es para atender la invitación que le extendiera el Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes Jara, para realizar una Visita Oficial a ese país.
La Visita Oficial del Presidente Peña Nieto se llevará a cabo en reciprocidad a la que realizó a México su homólogo paraguayo el 26 agosto de 2016 y representará una oportunidad para fortalecer al más alto nivel las relaciones entre ambas naciones, considerando que la última visita de un mandatario mexicano a ese país sudamericano tuvo lugar en 2002.
La presencia del Presidente de México en Paraguay contribuirá a dar continuidad al renovado dinamismo de la agenda bilateral y robustecerá la cooperación para el desarrollo entre ambos países, en particular en temas de gestión de riesgos, ciencia, tecnología e innovación, movilidad estudiantil, laboral, entre otros.
Asimismo, esta visita cumpliría con los objetivos de la política exterior del gobierno del Presidente Peña Nieto, particularmente el de fortalecer la presencia de México en América del Sur, donde Paraguay ocupa un lugar especial en la estrategia de diversificación de los mercados de proveeduría mexicana.
Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará el informe correspondiente.
Por lo anterior se solicita se dé cuenta al Pleno de esa Soberanía de dicha comunicación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 9 de enero de 2018. Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Relaciones Exteriores.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Presente.
Estimado Señor Subsecretario.
Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, con fundamento en el Artículo 16, fracciones I, inciso c) y III, del Reglamento Interior de la SER, en apego a las facultades de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para informar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de enero de 2018, a efecto de atender la invitación que le extendiera el Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes Jara, para realizar una Visita Oficial a ese país.
La Visita Oficial del Presidente Peña Nieto se llevará a cabo en reciprocidad a la que realizó a Méx.ico su homólogo paraguayo el 26 de agosto de 2016 y representará una oportunidad para fortalecer al más alto nivel las relaciones entre ambas naciones, considerando que la última visita de un mandatario mexicano a ese país sudamericano tuvo lugar en 2002.
Los primeros contactos diplomáticos entre México y Paraguay se iniciaron el 22 de febrero de 1831, cuando nuestro país nombró un Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, como representante ante los gobiernos de la República de Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia. A 186 años, las relaciones entre ambos países se caracterizan por el buen entendimiento político, la cooperación y la afinidad en temas de interés común tanto en el plano bilateral como en los foros regionales y multilaterales.
En los últimos años. Paraguay ha buscado un mayor acercamiento con México. En el ámbito político, el gobierno paraguayo valora el respaldo brindado por México en 2012 para evitar su expulsión de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), durante el proceso de destitución del expresidente Lugo. A partir de este suceso, se ha acrecentado la confianza mutua, permitiendo fortalecer y elevar el diálogo político al más alto nivel.
Cabe destacar que la administración del Presidente Cartes emuló la iniciativa del Presidente Peña Nieto del Pacto por México, con el Acuerdo por Paraguay el cual se instituyó como la antesala para las reformas estructurales llevadas a cabo en esa nación.
Los mandatarios de ambos países han sostenido dos encuentros bilaterales en el marco de la Conferencia Iberoamericana en 2013 y 2014, en tanto que a nivel de Cancilleres se han registrado siete reuniones en los últimos años. Adicionalmente, en marzo de 2016 se se celebró en Asunción la V Reunión del Mecanismo de Consultas y Coordinación México-Paraguay, principal mecanismo de diálogo político institucional.
Estos encuentros permitieron que la visita a México del Presidente Cartes en 2016 concluyera con la actualización del marco jurídico bilateral mediante la suscripción de diez nuevos acuerdos en un amplio abanico de temas que incluyen la cooperación en materia de turismo, encadenamientos productivos, servicios postales, cultura, salud, equidad de género, y colaboración entre las Academias Diplomáticas de ambos países, entre otros.
En este contexto, la presencia del Presidente de México en Paraguay contribuirá a dar continuidad al renovado dinamismo de la agenda bilateral y robustecerá la cooperación para el desarrollo entre ambos países, en particular en temas de gestión de riesgos, ciencia, tecnología e innovación, movilidad estudiantil, laboral, entre otros.
Asimismo, esta visita cumpliría con los objetivos de la política exterior del gobierno del Presidente Peña Nieto, particularmente el de fortalecer la presencia de México en América del Sur, donde Paraguay ocupa un lugar especial en la estrategia de diversificación de los mercados de proveeduría mexicana.
Finalmente, la visita coadyuvará a mejorar la articulación de apoyos mutuos y consensos en foros internacionales en temas como democracia, migración y combate al narcotráfico, entre otros.
Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviara a esa Soberanía el informe correspondiente, en los términos del propio Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted.
Atentamente
Ciudad de México, a 9 de enero de 2018. Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), director general.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo y a las de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para conocimiento.
REINCORPORACIÓN DE SENADORA
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos correspondientes, remito a ustedes oficio de la senadora Martha Tagle Martínez, por el que informa su reincorporación a sus actividades legislativas.
Atentamente
Ciudad de México, a 8 de enero de 2018. Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»
«Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Presente.
Por medio la presente y en respuesta al oficio número DGPL-1R3A.-6, con fecha del 20 de diciembre del 2017 y con base en el artículo 14, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, notifico mi reincorporación al ejercicio de actividades legislativas como senadora de la República en aras de fortalecer nuestra democracia y abonar en la construcción de una mejor calidad de vida para la ciudadanía.
Comunico lo anterior para los efectos legales, reglamentarios y administrativos a que haya lugar.
Atentamente
Ciudad de México, a 3 de enero de 2018. Senadora Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
SOLICITUD DE LICENCIA
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIII Legislatura.
Diputado Jorge López Martín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Me dirijo a usted, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción XVI, 12, numeral 1, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitarle licencia por tiempo indefinido al cargo de diputado federal en la LXIII Legislatura, con efectos a partir del lunes 15 de enero de 2018.
Por lo expuesto y fundado, le solicito respetuosamente otorgue el trámite constitucional y legal correspondiente, ante el pleno de la Comisión Permanente.
Sin otro particular, agradezco la respuesta a esta solicitud y reciba un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de 2017. Diputado Jorge López Martín (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Está a discusión el acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, lea usted por favor el punto de acuerdo.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:Punto de acuerdo único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jorge López Martín, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el III distrito electoral del estado de Aguascalientes, a partir del día 15 de enero del año en curso.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Tome la votación.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid:Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY DEL SERVICIO MILITAR, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO, CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, Y CÓDIGO CIVIL FEDERAL
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley del Servicio Militar, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional; de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil, de la Ley sobre el Contrato de Seguro, del Código Penal Federal, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y del Código Civil Federal, suscrita por los diputados César Camacho, Martha Hilda González Calderón, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo y Enrique Rojas Orozco, todos ellos del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, señor presidente, con su permiso. Los que suscribimos la presente iniciativa, doctor César Camacho Quiroz, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Enrique Rojas Orozco y la de la voz, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa en materia de protección civil, misma que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley del Servicio Militar, de la Ley Federal del Trabajo, entre otras.
En el ámbito de aportar elementos para la debida valoración de la propuesta que hoy presentamos, me permito sucintamente compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos considerado importantes sobre el tema que nos ocupa.
Nuestro país por su situación geográfica y condiciones de su diversidad climática, está sujeto al efecto de diversos fenómenos perturbadores con capacidad de afectar y dañar a amplios segmentos de la población, tanto en el altiplano, nuestros litorales y otras zonas que geográficamente son vulnerables.
A partir de la experiencia derivada de los sismos de 1985, hace más de 30 años, surgió en México el Sistema Nacional de Protección Civil, como estrategia compartida para prevenir y gestionar riesgos, situaciones de emergencia o desastres derivados de fenómenos naturales u ocasionados por el hombre.
La necesaria evolución de este sistema promovida y compartida por el gobierno y sociedad, encontró reflejo en la Nueva Ley General de Protección Civil de 2012, aportando nuevos conceptos como el de la Gestión Integral de Riesgos, figuras como el Atlas Nacional de Riesgos y organismos como el Comité Nacional de Emergencias, entre otros dispositivos.
Sin embargo, los recientes fenómenos perturbadores telúricos acaecidos en el pasado mes de septiembre del 2017, han traído consigo nuevas experiencias y por ende nuevos retos para fortalecer la cultura de la protección civil, y nuevos espacios de actuación para mejorar los dispositivos de prevención, reacción, atención de riesgos.
En este contexto las diputadas y los diputados presentamos esta iniciativa de reforma integral a la Ley General de Protección Civil que ha sido trabajada responsablemente, pero no solamente sobre la ley, también queremos incidir en el fortalecimiento de la cultura de la protección civil durante la vida de las personas a través de una formación y capacitación ordenadas que permitan potenciar esfuerzos y recursos atendiendo vertientes como la educación escolarizada, los espacios laborales y el Servicio Militar Nacional.
Establecer el seguro obligatorio para inmuebles de propiedad privada cubriendo adicionalmente el menaje de casa de sus moradores ante la presencia de fenómenos naturales perturbadores en términos de la Ley General de Protección Civil.
Crear el tipo penal de urbanización en zona de riesgo en congruencia con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil.
Precisar la competencia y alcance para la emisión de la declaratoria de suspensión de pago de peaje en zonas delimitadas a raíz de la declaratoria de zonas de emergencia o desastre.
Se propone incluir como requisito para la realización de contratos relacionados con inmuebles, lo relativo al nivel de riesgo de los mismos de acuerdo con la Ley General de Protección Civil y los Atlas de Riesgos correspondientes.
Los anteriores son los aspectos más importantes que a nuestra consideración contiene la iniciativa que hoy presentamos ante esta diputación permanente esperando que la misma cuente con la aprobación y respaldo de nuestros compañeros legisladores una vez que sea debidamente analizada en la comisión o comisiones que se determinen.
Agradeceremos su participación y aportaciones durante el proceso legislativo, mismas que abonarán en favor de una cultura de la protección civil más fuerte y actuante, frente a los retos presentes y adversidades futuras, las cuales siempre serán posibles, pero nunca deseadas. Muchas gracias, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Educación; del Servicio Militar; Federal del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; General de Protección Civil; y sobre el Contrato de Seguro, así como del Código Penal Federal, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y del Código Civil Federal, suscrita por los diputados César Camacho, Martha Hilda González Calderón, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo y Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, César Camacho Quiroz, Martha Hilda González Calderón, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo y Enrique Rojas Orozco, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II; 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, fracción II; 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, Ley del Servicio Militar, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de Protección Civil, Ley Sobre el Contrato de Seguro, Código Penal Federal, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y Código Civil Federal, en materia de Protección Civil.
Antecedentes
Hace 32 años, a raíz de los desastres ocasionados por el sismo de 8.1 grados en la escala Richter ocurrido el 19 de septiembre de 1985, que causó la muerte de miles de personas y pérdidas considerables al patrimonio público y privado en México, surge el Sistema Nacional de Protección Civil como respuesta a la necesidad de prevenir y gestionar riesgos potenciales o inminentes, así como situaciones de emergencia o desastres derivados de fenómenos naturales o factores antrópicos.
De esta manera, el 9 de octubre de 1985 se crea la Comisión Nacional de Reconstrucción, encargada de dirigir las acciones de auxilio a la población damnificada, además de sentar las bases para establecer los mecanismos, sistemas y organismos para atender mejor a la población en la eventualidad de otros desastres, incorporando las experiencias de instituciones públicas, sociales y privadas, de la comunidad científica y de la población en general. La Comisión se conformó con seis comités, a uno de los cuales, el de Prevención de Seguridad Civil, le fue encomendado:
* Diagnosticar los riesgos previsibles.
* Diseñar planes y programas específicos de seguridad civil.
* Recomendar los instrumentos de coordinación y concertación.
* Coordinarse con las acciones de estados y municipios.
* Organizar y establecer un sistema nacional de protección civil que garantice la mejor planeación, seguridad, auxilio y rehabilitación de la población y de su entorno ante situaciones de desastre, incorporando la participación de la sociedad en su conjunto.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Prevención de Seguridad Civil creó nueve subcomités que dieron entrada a la participación de diversas instituciones, organizaciones y especialistas en las distintas disciplinas relacionadas con la seguridad civil.
Resultado de las tareas encomendadas al Comité de Prevención de Seguridad Civil, como órgano de consulta y participación ciudadana, surge la propuesta de las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, la cual definió los preceptos legales, programas, estrategias, manuales e instrumentos de organización, operación y procedimientos destinados a lograr la protección de la población civil, tanto en su fase preventiva, como durante y después de los desastres, lo que dio lugar a lo que hoy es el Sistema Nacional de Protección Civil, el Sinaproc.
La aplicación de las estrategias e instrumentos para la prevención y gestión de los desastres dio lugar al surgimiento de nuevos elementos para su perfeccionamiento que llevaron a concluir sobre la necesidad de consolidar la normatividad que permitiera alcanzar mejores resultados en la planeación, coordinación y concentración de acciones y recursos, mediante el fortalecimiento de las acciones involucradas con la prevención y la gestión de los riesgos: el robustecimiento de la comunicación social; el fomento de la cultura de la protección civil; la reducción de vulnerabilidades de los sistemas afectables; la capacitación, adiestramiento y formación de personal directivo, técnico y operativo; la mejora en la gestión y administración de emergencias; la investigación y el desarrollo tecnológicos; la cooperación internacional; el tránsito de un sistema reactivo a uno preventivo, etcétera.
La primera Ley General de Protección Civil fue publicada el 12 de mayo del 2000, en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se establecieron las estrategias y mecanismos de coordinación para atender situaciones de emergencia. Seis años después, en febrero de 2011, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) propuso una agenda temática a la Comisión Especial en Materia de Protección Civil, surgida del esfuerzo coordinado de las autoridades federales responsables de la materia y de las direcciones estatales de Protección Civil, que incluyó la propuesta de impulsar una nueva Ley General de Protección Civil y la gestión de recursos para la protección civil, y la actualización de las reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).
La nueva Ley General de Protección Civil, publicada el 6 de junio de 2012, incluyó las disposiciones de su predecesora y perfeccionó sus alcances, incorporando conceptos como la Gestión Integral de Riesgos, que incluye acciones de identificación de los riesgos, previsión, prevención, recuperación y reconstrucción de lo afectado. La nueva ley agregó también figuras importantes como el Atlas Nacional de Riesgos, el Comité Nacional de Emergencias como mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia, los Instrumentos Financieros en caso de Declaratoria de Emergencia y/o desastre, y el sistema de donaciones. Como parte de las medidas de seguridad en la nueva ley, se estableció la obligación de elaborar programas específicos de protección civil.
Planteamiento del problema
Sin duda, la cultura de la protección civil ha cobrado una enorme importancia en nuestro país desde 1985 y ha tenido grandes avances, tanto en prevención como en la reacción ante eventos catastróficos o potencialmente destructivos. Sin embargo, los sismos ocurridos en septiembre de 2017 en nuestro país mostraron los vacíos legales y programáticos que aún no han sido cubiertos dado el supuesto de la ocurrencia de emergencias y desastres, como los que tuvieron lugar en esa fecha y, si bien la sociedad civil se volcó nuevamente a brindar su apoyo, sus recursos, sus conocimientos y sus capacidades, quedó de manifiesto que hace falta mucho por hacer todavía en términos de prevención y gestión integral de riesgos, y de las implicaciones derivadas de eventos catastróficos, entre otros, la ausencia de sanciones por atentar contra la seguridad de las construcciones que, en este caso, conllevaron la pérdida de vidas humanas y del patrimonio de las personas, entre otros daños sensibles.
Derivado de los sismos de septiembre de 2017, quedó de manifiesto que, si bien hemos avanzado un gran trecho en cuanto a la coordinación y capacitación en materia de protección civil, aún hace falta mucho por hacer para lograr que la participación de los ciudadanos sirva mejor al interés que los anima: el de ayudar. Miles de ciudadanos se volcaron a las calles justamente con el deseo de ayudar; sin embargo, en muchos de ellos la falta de conocimiento de los protocolos de seguridad, de actuación, de organización, entre otros, dio como resultado la desorganización en las tareas de rescate en algunos puntos de la ciudad, y en algunos casos los menos el caos, aunque debemos reconocer que finalmente sociedad y gobierno lograron trabajar juntos y tener grandes logros en las tareas realizadas. Esta situación puso de relieve la urgente necesidad de insistir en la formación y fortalecimiento de la cultura de la protección civil en todos los ámbitos donde las personas se desenvuelven: desde su primera infancia, pasando por sus años de formación escolar, durante la prestación de su servicio militar y su etapa de vida productiva, para que cada uno sepa qué hacer o qué no hacer en una situación de emergencia o de desastre, con el fin de facilitar las labores de rescate de quienes están capacitados para esa función, y que nuestra ayuda como voluntarios sirva de mejor manera al objetivo buscado. Y esa cultura de la protección civil debe fortalecerse también desde ámbitos diversos a la capacitación.
Tratándose del impulso de mejoras en cualquier aspecto para nuestro país, es importante acudir a experiencias internacionales exitosas, como las que tienen lugar en países como Japón expuesto, como México, a la ocurrencia de sismos de gran magnitud, con una larga tradición en materia de organización para la protección civil, donde la actividad de los voluntarios se organiza con anterioridad, es decir, al momento de una catástrofe ya hay roles preestablecidos, las personas que participan ya saben qué harán así como quiénes y cuántos los acompañarán, no es una reacción espontánea, que por muy bien intencionada que sea puede estropear las labores de rescate, poner en peligro a más personas e incluso a sí mismos por la falta de preparación y conocimiento sobre su rol como brigadista.
Durante los eventos derivados de los sismos de septiembre de 2017 fuimos testigos de que, para decenas de miles de ciudadanos, su opción primordial fue la de aportar su tiempo para apoyar en labores diversas y, con toda seguridad, muchos de ellos se ausentaron algunos días de su trabajo; probablemente muchos de ellos encontraron una respuesta adecuada en sus empleadores y no tuvieron que enfrentar la amenaza de despido ni todo lo que de ésta se sigue, pero tal vez otros sí tuvieron que enfrentar esa circunstancia. Esta situación nos pone de manifiesto también que es necesario diseñar mecanismos para proteger a quienes, estando capacitados para involucrarse en las labores de protección civil durante una situación de emergencia o desastre, puedan hacerlo sin temor a colocarse en el supuesto de causal de despido consistente en la repetida falta de asistencia al lugar de trabajo, en tanto que dicha falta estaría justificada. La capacitación en materia de protección civil para quienes prestan sus servicios en el sector público o privado no debe quedarse meramente en una obligación del empleador, sino convertirse en un incentivo para los trabajadores y, por tanto, un elemento más que abone a la construcción y fortalecimiento de una cultura de la protección civil en nuestro país.
Por otra parte, los derrumbes de inmuebles en Ciudad de México algunos de construcción reciente, ocurridos como consecuencia del sismo del 19 de septiembre, pusieron de relieve otros vacíos legales que es necesario llenar para conseguir el objetivo de mitigar las vulnerabilidades y los riesgos, específicamente en lo tocante a la protección de vidas humanas y de su patrimonio, y castigar a quienes atentan contra esos bienes tan preciados por una sociedad, como son la vida y el patrimonio de las personas. En lo tocante a la pérdida de vidas humanas y del patrimonio de las personas, así como el daño o pérdida de la infraestructura pública, si bien la Ley General de Protección Civil establece que será considerado como delito grave la construcción de infraestructura y asentamientos humanos en zona de riesgo, lo cierto es que no se ha desarrollado cabalmente el tipo penal y las sanciones aplicables. En este ámbito es necesario incidir también.
En cuanto a las medidas de mitigación de riesgos relativas al patrimonio mueble e inmueble de las personas, y al patrimonio público, hemos avanzado indudablemente en el diseño y aplicación de instrumentos de administración y transferencia de riesgos; sin embargo, aún es necesario establecer mecanismos legales que sirvan para que también el patrimonio privado quede cubierto por este tipo de instrumentos.
Debe decirse que, en los últimos años nos hemos enfocado más en la parte reactiva que en la proactiva, principalmente en términos de costos económicos por daños causados al patrimonio público y privado. Por ejemplo, los desastres naturales y antrópicos en nuestro país originaron daños y pérdidas por 61 mil 009 millones de pesos en 2013, cifra superior en 203 veces el presupuesto anual del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) de ese año, que ha sido el tercero con mayores daños y pérdidas desde 1980, y once veces superior al presupuesto asignado al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en ese año, el cual ascendió a 5 mil 508 millones de pesos. La cultura de la prevención debe fortalecerse allí donde hemos privilegiado la reacción, trátese de la prevención de riesgos respecto de la pérdida de vidas humanas, como de los riesgos relativos al patrimonio inmobiliario, tanto el público como el privado, además del patrimonio consistente en los bienes muebles.
Aunado al hecho de que nos hemos enfocado más en la recuperación que en la prevención, debe decirse que, si bien las reglas de operación del Fonden fueron simplificándose entre 2000 y 2014 con el fin de facilitar el acceso a los recursos para ayudar a la recuperación de las zonas afectadas por desastres, no ha sido suficiente para garantizar la oportunidad en la entrega de los recursos para la reconstrucción, puesto que la autorización de estos recursos depende de la disponibilidad presupuestaria, la cual pudiere resultar comprometida si es el caso de que los recursos se hubieran destinado a la reconstrucción de otras zonas dañadas, tal como ocurrió en México derivado de los sismos de septiembre de 2017, ambos de dimensiones catastróficas y de ocurrencia en fechas muy cercanas, y en zonas distantes una de la otra. Una situación de esta naturaleza puede poner en serio riesgo el acceso a los recursos para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas, y colocarlas en una situación de vulnerabilidad mayor a la que se encontraban antes del desastre, tal como lo plantea la Auditoría Superior de la Federación en su Evaluación 1647. En este aspecto debemos actuar también, tomando en consideración aquellas medidas que es necesario impulsar en relación con el patrimonio mueble e inmueble de los particulares que no alcanzan la protección dentro de los recursos del Fonden.
En nuestro país no hemos desarrollado una cultura para el aseguramiento del patrimonio inmobiliario de los particulares, no obstante que las pérdidas económicas derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales como sismos, ciclones o huracanes se multiplican año con año. En efecto, de acuerdo con datos sobre el impacto socioeconómico provocado por los desastres naturales entre 2000 y 2015 del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), durante ese lapso se dañaron 1 millón 279 mil 678 viviendas; mientras que el número de viviendas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 ascendió a 231 mil 341; estas últimas representarían un costo de reconstrucción por 48 mil millones de pesos. En esta misma publicación se establece que las pérdidas económicas no aseguradas se han incrementado en América Latina, pues mientras que en 1980 representaron el 75.9 por ciento del total de pérdidas económicas, para 2015 fue el 82.0 por ciento, lo que conlleva, además, implicaciones negativas a la recuperación económica de la región afectada. La utilización de instrumentos financieros para la transferencia de riesgos es poco frecuente en los propietarios de inmuebles en nuestro país, fuera del esquema de los que están sujetos a créditos hipotecarios; la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha señalado que sólo el 25 por ciento de las propiedades residenciales cuentan con un seguro contra daños por desastres naturales debido a la vigencia de un crédito hipotecario, y sólo el 8.6 por ciento tienen una póliza que cubra daños por desastres naturales como sismos y huracanes.
Es urgente, entonces, tomar medidas que abonen a la previsión y abonen al propósito de reducir el impacto de los daños que eventualmente pudieren causar los fenómenos perturbadores, reducir el riesgo y mitigar la vulnerabilidad de la sociedad en estas circunstancias.
Argumentación
La Protección Civil es considerada, de acuerdo con la ley de la materia, como la acción solidaria y participativa que prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social para salvaguardar la vida, integridad, salud y patrimonio de las personas, así como la infraestructura pública y privada, la planta productiva y el ambiente, frente a la eventual ocurrencia de fenómenos potencialmente destructivos, sean naturales o antrópicos.
En este sentido, la Protección Civil se enfoca en tres vertientes distintas:
1. De prevención frente a situaciones de emergencia o desastre, que consiste en la previsión de las consecuencias negativas que podrían resultar de fenómenos potencialmente destructivos o dañinos, y la toma de medidas para proteger la integridad de las personas y su patrimonio, la infraestructura pública y el medio ambiente;
2. Durante una situación de emergencia o desastre, que consiste en el auxilio inmediato a la población para evitarle riesgos o daños mayores y reducir su situación de vulnerabilidad derivada de tal emergencia o desastre; y
3. De recuperación, que consiste en la implementación de los apoyos necesarios para que la población afectada pueda recuperar el nivel de bienestar que tenía antes de que tuvieran lugar la emergencia o desastre.
Estas tres vertientes involucran, de manera independiente, esos mismos bienes jurídicos cuya salvaguardia es motivación principal de la Protección Civil, a saber:
1. La integridad física, es decir, la vida o la salud;
2. El patrimonio de las personas, es decir, su vivienda, enseres domésticos, su automóvil y otros bienes de valor económico o afectivo;
3. La seguridad jurídica, es decir, la certeza de que existen leyes, instituciones y mecanismos para su salvaguardia;
4. La seguridad económica, es decir, la garantía de preservación de la infraestructura productiva y la prevalencia de empleos, el abasto, y la recuperación de la economía de la zona en riesgo o dañada durante un fenómeno perturbador;
5. La infraestructura pública, es decir, los bienes y servicios básicos que requiere una sociedad determinada, que son gestionados con recursos públicos; y
6. El medio ambiente, es decir, todo aquello que permite la sustentabilidad y el equilibrio ecológico.
Tanto las vertientes de la Protección Civil como la consideración de los bienes jurídicos cuya salvaguardia se pretende, han encontrado en nuestro país generosos espacios en la norma, las políticas públicas, planes, fondos, programas, estrategias y líneas de acción que confluyen en el Sinaproc, el cual, a 31 años de su creación, sigue consolidándose como un mecanismo eficaz para lograr la adecuada coordinación y concertación de acciones de los tres ámbitos de gobierno, y de la sociedad civil con ellos.
Sin embargo, a pesar de los buenos antecedentes del Sinaproc, cada vez que los desastres lo ponen a prueba es posible apreciar aquellas aristas que aún necesitan ser pulidas y aquellos aspectos que deben ser mejorados, regulados, transformados o complementados, como quedó visto durante los eventos derivados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en nuestro país, cuya magnitud y potencial destructivo, así como su inusitada ocurrencia en lugares distantes y fechas próximas, puso delante nuestro las vulnerabilidades que nos generan tanto las fallas geológicas como la ubicación geográfica del territorio que habitamos, lo que nos hace blanco frecuente de fenómenos hidrometeorológicos, como las ausencias en la norma que rige la materia de la protección civil. Sobre estas últimas es que podemos y debemos actuar, a fin de que los potenciales efectos destructivos de las primeras, aunadas a otros factores de riesgo derivados de fenómenos naturales o antrópicos, puedan ser atemperados e inclusive reducidos a la mínima expresión posible.
Como resultado de los efectos devastadores de estos sismos, quedó de manifiesto que las vulnerabilidades de los ciudadanos, tanto en su integridad física como en su patrimonio, así como en el marco jurídico que asegure su plena protección y su seguridad económica, y las relativas a la infraestructura de servicios públicos, son muy amplias y que es necesario introducir medidas que sirvan al propósito buscado, es decir, el de reducirlas al máximo posible, mediante mecanismos y herramientas legales que permitan:
1. A los ciudadanos:
* Recibir formación en materia de protección civil en todos los ámbitos en los que ésta incide, a fin de consolidar una cultura tanto de prevención como de reacción y gestión de los riesgos;
* Estar preparados en términos de los protocolos de actuación frente a eventos de riesgo, emergencia o desastre, de acuerdo con sus capacidades y competencias, de forma que puedan involucrarse en las brigadas de auxilio en coordinación con las autoridades competentes, teniendo la certeza de lo que les corresponde hacer y de qué manera pueden auxiliar u orientar a quienes lo requieran;
* Poder involucrarse en las tareas de auxilio inmediato, durante el tiempo que dure la emergencia, sin poner en riesgo su situación laboral;
* Contar información suficiente sobre los potenciales riesgos de un inmueble que proporcione el Atlas de Riesgos correspondiente, al momento de realizar operaciones de compra o renta;
* Contar con la certeza de que su patrimonio mueble e inmueble contará con mejores mecanismos legales de protección.
2. A las autoridades:
* Incidir en el fortalecimiento de la cultura de la protección civil desde los primeros años y a lo largo de la vida de las personas, mediante el impulso de la formación y capacitación en esta materia, en los diversos ámbitos donde se desenvuelven: en el sistema escolarizado en todos sus niveles; durante la prestación del servicio militar; y en el ámbito laboral del sector público y privado.
* Introducir los mecanismos que permitan agilizar las tareas de evacuación de la población civil en zonas de riesgo ante la inminencia de un fenómeno potencialmente destructivo, así como en zonas en las que tenga lugar un desastre, mediante la declaratoria que se emita para exentar del pago de peaje durante el término que dure la emergencia o desastre;
* Diseñar y aplicar mecanismos adecuados para el diseño de seguros prototipo y su contratación en canasta que cubran el patrimonio mueble e inmueble de las personas; y
* Sancionar penalmente a quienes de una forma u otra participen en la construcción y realización de obras en zonas de riesgo, con autorización o sin ella, sin hacer el análisis correspondiente y, en su caso, sin tomar las medidas para su reducción, sea que se trate de obras de infraestructura pública o de construcciones privadas.
Sin duda, la reforma integral a la Ley General de Protección Civil impulsada hace unos días en esta Cámara de Diputados representa un gran avance en la materia. Sin embargo, estamos convencidos de que, a la luz de los sismos de septiembre de 2017 ocurridos en nuestro país, se requiere complementar el mandato de esa norma mediante la reforma a otros ordenamientos que contribuyan al logro de mejores resultados.
Por ello, requerimos trabajar en algunos cambios normativos para una mejor gestión de los riesgos derivados o que puedan derivar de fenómenos o eventos potencialmente destructivos.
Invitamos a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados y en el Senado de la República, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a especialistas y a los ciudadanos interesados en el tema, a participar en el análisis de esta propuesta y a involucrarse en la medida de su experiencia y sus conocimientos para abonar a la mejora del Sistema Nacional de Protección Civil y todo aquello que sea de beneficio para nuestro país y sus habitantes, tal como lo hicieron decenas de miles de nuestros compatriotas que salieron a la calle en medio de la tragedia a dar lo mejor de ellos.
Propuesta legislativa
Las propuestas que planteamos en la presente iniciativa están orientadas a:
1. Incidir en el fortalecimiento de la cultura de la protección civil desde los primeros años y a lo largo de la vida de las personas, mediante el impulso de la formación y capacitación en esta materia, en los diversos ámbitos donde se desenvuelven:
a) En el sistema escolarizado en todos los niveles, mediante la reforma al artículo 7, fracción XI, de la Ley General de Educación para darle un mayor alcance y especificidad a los fines que en materia de protección civil establece dicho artículo, lo cual serviría al propósito de complementar lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil en sus artículos 4, fracción II, 19, fracción XVI, y 43, fracciones II y III;
b) Durante la prestación del servicio militar, mediante la adición de un artículo 2 a la Ley del Servicio Militar para la incluir el tema de la capacitación en materia de protección civil que deberán los jóvenes que realizan su servicio militar, Esta capacitación vendría a reforzar, en su caso, la recibida a su paso por los distintos niveles educativos; y
c) En el ámbito laboral, mediante adiciones y reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para establecer la obligación de los empleadores de incluir lo relativo a la protección civil como asignatura obligatoria dentro de la que actualmente tienen en materia de capacitación, y para establecer como excepción a la causal de despido por faltas injustificadas el hecho de que los trabajadores participen en las tareas de protección civil en situaciones de emergencia o desastre, sujeto a que se encuentren capacitados e inscritos como voluntarios en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios a que se refiere la Ley General de Protección Civil. En el caso de los servidores públicos, se establece que constituirá un criterio de desempate para el otorgamiento de plazas o para efectos del escalafón, el hecho de que el trabajador se capacite permanentemente en materia de protección civil y esté inscrito en esta Red Nacional de Brigadistas Comunitarios.
2. Establecer el seguro obligatorio para inmuebles de propiedad privada que, además, cubran el menaje de casa de los ocupantes, cuya cobertura esté sujeta a la ocurrencia de fenómenos perturbadores en términos de la Ley General de Protección Civil, mediante la adición de un artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil, obligación de la que estarán exentas las personas ubicadas bajo la línea de bienestar, de acuerdo con las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres. Por otra parte y, en congruencia con la adición anterior, se propone adecuar la Ley sobre el Contrato de Seguro a fin de que las empresas aseguradoras no puedan cancelar esos seguros basados en la información sobre riesgos del inmueble brindada por el asegurado, quedando a cargo de la empresa aseguradora informarse directamente en el Atlas de Riesgos correspondiente, y tampoco podrá rescindirlo cuando el inmueble cambie de propietario, debiendo esperar a que el nuevo propietario actualice los datos correspondientes. Lo anterior para que el inmueble esté protegido en todo momento.
3. Crear el tipo penal de urbanización en zona de riesgo, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil, mediante la adición de un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal y la adición de tres nuevos artículos.
4. Otorgar la facultad al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de emitir la declaratoria de suspensión de pago de peaje en zonas delimitadas, una vez emitida la declaratoria de zona de emergencia o desastre en términos de la Ley General de Protección Civil, mediante la adición de una fracción IX al artículo 5.
5. Incluir como requisitos para la realización de contratos relacionados con inmuebles, lo relativo al nivel de riesgo de los mismos de acuerdo con la Ley General de Protección Civil y los Atlas de Riesgos correspondientes, mediante la adición de una fracción VI al artículo 2412 y una fracción IV al artículo 2283.
6. Establecer las disposiciones transitorias que conlleven a la adecuación de la legislación de las entidades federativas a las reformas y adiciones propuestas a los ordenamientos federales.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, Ley del Servicio Militar, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de Protección Civil, Ley Sobre el Contrato de Seguro, Código Penal Federal, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y Código Civil Federal, en materia de Protección Civil, en los términos siguientes:
Artículo Primero. Se reforma el artículo 7, fracción XI, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. ... a X. ...
XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales, a fin de generar y arraigar la cultura de la protección civil y la resiliencia en los estudiantes de todos los niveles educativos;
XII. ... a XVI. ...
Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 2 a la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue:
Artículo 2. La instrucción militar que se proporcione con base en la presente Ley, deberá incluir la capacitación básica en materia de protección civil y la relativa a las tareas que realizan las fuerzas armadas en esta materia, además del conocimiento de los protocolos aplicables en situaciones de emergencia o desastre. A la conclusión del servicio, los reclutas recibirán la constancia correspondiente.
Artículo Tercero.Se reforman y adicionan los artículos 47, fracción X, 132, fracción IX, y 153-A de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:
I. ... a IX. ...
X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. No se considera abandono de empleo o repetida falta injustificada del trabajador, cuando la ausencia se deba a su participación como voluntario durante una emergencia o desastre, o a su calidad de damnificado en términos de la Ley General de Protección Civil. El trabajador deberá contar con el registro correspondiente y presentar al patrón la constancia de su participación durante la emergencia o desastre.
XI. ... a XV. ...
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
I. ... a VIII. ...
IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el artículo 5 de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Los patrones deberán observar esta misma disposición cuando sea el caso que el trabajador participe como voluntario en situaciones de emergencia o desastre, en los términos de la Ley General de Protección Civil, siempre y cuando esté registrado en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios;
X.... a XXVIII. ...
Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Del mismo modo, los trabajadores tienen el derecho a recibir la capacitación básica que les permita involucrarse y participar en las tareas de protección civil en términos de la Ley de la materia.
Artículo Cuarto.Se reforman y adicionan los artículos 43, fracción I, y 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1 de esta Ley:
I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a los Veteranos de la Revolución; a los supervivientes de la invasión norteamericana de 1914; a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios; a quienes participen como voluntarios en las tareas de protección civil y cuenten con su registro en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios en términos de la Ley General de Protección Civil; y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón.
II. ... a X. ...
Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:
I. Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva.
No se considera abandono de empleo o repetida falta injustificada del trabajador, cuando la ausencia se deba a su participación como voluntario durante una emergencia o desastre, en términos de la Ley General de Protección Civil. El trabajador deberá contar con el registro correspondiente y presentar al patrón la constancia de su participación durante la emergencia o desastre.
II. ... a V. ...
Artículo Quinto. Se reforman y adicionan los artículos 10, fracción V, 11, fracción V, 21, fracción I, y 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 10. Los servidores públicos de carrera tendrán los siguientes derechos:
I. ... a IV. ...
V. Recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor desempeño de sus funciones, y la capacitación básica en materia de protección civil que le permita involucrarse y participar como voluntario, en los términos de la Ley General de Protección Civil.
VI. ... a XI. ...
Artículo 11. Son obligaciones de los servidores públicos de carrera:
I. ... a IV. ...
V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización y educación formal, así como la relativa a la protección civil, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su nombramiento;
VI. ... a XI. ...
Artículo 21. El aspirante a ingresar al Sistema deberá cumplir, además de lo que señale la convocatoria respectiva, los siguientes requisitos:
I. ...
No podrá existir discriminación por razón de género, edad, capacidades diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia al servicio, pero en caso de igualdad de condiciones se observarán los criterios de preferencia a que se refiere la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
II.... a V. ...
Artículo 32. Cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Los candidatos que no cumplan con la calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.
En igualdad de condiciones, tendrán preferencia los servidores públicos de la misma dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros y tomando en consideración los criterios de preferencia a que se refiere la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Artículo Sexto.Se adiciona un artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 18 Bis. Los propietarios de bienes inmuebles, incluidos aquellos inmuebles sujetos a un crédito hipotecario, deberán contar con un seguro que cubra los daños que ocasionen los fenómenos perturbadores, o algún otro instrumento de administración y transferencia de riesgos que eventualmente determine la autoridad competente. Para el cumplimiento de esta obligación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México harán las gestiones necesarias para el diseño de contratos prototipo, de acuerdo con el nivel local de riesgo, y su contratación mediante una canasta estándar, además de diseñar las medidas pertinentes para garantizar que, según el caso, los particulares puedan realizar el pago del seguro del inmueble de su propiedad de manera conjunta con el impuesto predial o con alguna otra contribución local. Este seguro deberá considerar un porcentaje de la prima para cubrir los bienes muebles que integren el menaje de casa del ocupante del inmueble. Quedan exceptuados de esta obligación los inmuebles de particulares que quedan cubiertos por los Instrumentos de Administración y Transferencia de Riesgos a que se refiere la presente Ley.
Artículo Séptimo. Se adiciona un artículo 8 Bis y se reforma el artículo 107 de la Ley del Contrato de Seguro, para quedar como sigue:
Artículo 8 Bis. No aplicará al proponente lo previsto en el artículo anterior, tratándose del seguro obligatorio de inmuebles a que se refiere la Ley General de Protección Civil. La empresa aseguradora deberá considerar la información del Atlas de Riesgos correspondiente a la zona de ubicación de los mismos para la apreciación del riesgo.
Artículo 107. La empresa aseguradora tendrá el derecho de rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del cambio de dueño del objeto asegurado. Sus obligaciones terminarán quince días después de notificar esta resolución por escrito al nuevo adquirente, pero reembolsará a éste la parte de la prima que corresponda al tiempo no transcurrido.
Tratándose de los seguros obligatorios a que se refiere la Ley General de Protección Civil, la empresa aseguradora no podrá rescindir el contrato, el cual seguirá vigente hasta en tanto el nuevo propietario del inmueble actualice los datos del seguro correspondiente.
Artículo Octavo. Se adiciona el Título Vigésimo Séptimo denominado Delitos Relacionados con la Seguridad de las Construcciones, para quedar como sigue:
Titulo Vigésimo SéptimoDelitos relacionados con la seguridad de las construccionesArtículo 287 Bis. Comete el delito de urbanización en zona de riesgo el que, teniendo conferidas responsabilidades de toma de decisiones conforme a los ordenamientos aplicables, avale un proyecto de construcción, la construcción, edificación o realización de obras de infraestructura y/o de asentamientos humanos en zonas determinadas, sin elaborar previamente el análisis de riesgos o que, habiendo realizado dicho análisis, no hubiere definido ni tomado las medidas para su reducción o mitigación con base en la normatividad aplicable a la seguridad estructural de las construcciones.
Comete el mismo delito quien realice la conducta típica sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente, aun cuando hubiese elaborado el análisis de riesgos y tomado las medidas para su reducción o mitigación.
Artículo 287 Ter. Tratándose de obras de infraestructura pública federal, se impondrán de cinco a doce años de prisión y de mil a tres mil Unidades de Medida de Actualización al servidor público que cometa el delito de urbanización en zona de riesgo en la modalidad de autorización de proyectos de construcción, y/o de otorgamiento de los permisos necesarios para la construcción, edificación o realización de dichas obras, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrir de acuerdo con los ordenamientos aplicables.
La pena se aumentará hasta en un tercio para los servidores públicos que autoricen los reportes de avance de obra o estimaciones, y/o que reciban la obra concluida en los términos del proyecto de construcción autorizado, cuando sea el caso de que los peritajes, auditorías y otros mecanismos de control y supervisión respecto de dichas obras permitan concluir que se ha incurrido en el delito de urbanización en zona de riesgo.
Artículo 287 Quáter. Se impondrán de cinco a doce años de prisión y de mil a tres mil Unidades de Medida de Actualización a quien, teniendo el carácter de Director Responsable de Obra u otro similar, cometa el delito de urbanización en zona de riesgo tratándose de obras de infraestructura pública federal en la modalidad de elaboración del proyecto de construcción, la construcción, edificación, realización de dichas obras, presentación del reporte de avance de obra o estimaciones, y entrega de la obra concluida a la dependencia o dependencias de la Administración Pública contratantes, sin perjuicio de otras responsabilidades y sanciones previstas en la legislación aplicable.
La pena se incrementará hasta en un tercio en el caso de que la obra presente daños estructurales a juicio de la entidad y/o entidades designadas para realizar la revisión final de la misma, o que las deficiencias en su construcción puedan dar o den lugar a la ocurrencia de eventos que puedan causar o causen daños a la integridad física de los usuarios de dichas obras.
Artículo Noveno. Se adiciona una fracción IX al artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el corrimiento de la actual fracción IX que pasa a ser la fracción X, para quedar como sigue:
Artículo 5. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:
I. ... a VIII. ...
IX. Emitir la declaratoria de suspensión de cobro de peaje por tiempo determinado en las zonas que hayan sido declaradas de emergencia o desastre, en los términos de la Ley General de Protección Civil;
X. ...
Artículo Décimo. Se adiciona una fracción IV al artículo 2283, y una fracción VI al artículo 2412, ambos del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
De los Derechos y Obligaciones del Vendedor
Artículo 2283. El vendedor está obligado:
I. ... a III. ...
IV. A presentar al comprador la información sobre el nivel de riesgo de la zona de ubicación del inmueble motivo de la compra-venta, en los términos de la Ley General de Protección Civil y de acuerdo con el Atlas de Riesgos correspondiente.
De los Derechos y Obligaciones del Arrendador
Artículo 2412. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso:
I. ... a V. ...
VI. A presentar al arrendatario la información relativa al nivel de riesgo de la zona donde se ubica el inmueble arrendado, en los términos de la Ley General de Protección Civil y de acuerdo con el Atlas de Riesgos correspondiente.
Artículos TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El titular del Ejecutivo Federal emitirá las disposiciones reglamentarias correspondientes, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de las reformas y adiciones aprobadas en el presente Decreto.
Artículo Tercero. La Escuela Nacional de Protección Civil, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley General de Protección Civil, proveerá los contenidos en la materia de su competencia a la Secretaría de Educación Pública, con la periodicidad que ésta determine, a fin de dar cumplimiento a los fines de la educación propuestos en la Ley General de Educación.
Artículo Cuarto. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, las entidades federativas emitirán la normatividad necesaria para la creación de programas de seguro multirriesgo de inmuebles de particulares, de acuerdo con el nivel local de riesgo de las zonas habitadas, así como los mecanismos para su contratación en paquete y los que permitan asegurar el pago de las primas individuales, ya sea como complemento del impuesto predial u otra contribución local, y establecer las limitaciones que se aplicarán a los contratos que celebren los propietarios respecto de inmuebles de su propiedad que no cuenten con el seguro obligatorio o bien que el pago de la prima no se encuentre al corriente.
Artículo Quinto. En un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, las entidades federativas deberán adecuar su legislación penal para sancionar los delitos de urbanización en zona de riesgo en las modalidades relacionadas con obras de infraestructura pública de las entidades federativas, o bien de los municipios y/o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, imputable a servidores públicos y a particulares, así como en la modalidad relacionada con la obra privada, tanto en el otorgamiento de permisos como en la realización de dichas obras. La legislación local deberá considerar también las conductas de quienes construyan, edifiquen o realicen obras de infraestructura y asentamientos humanos sin el permiso de la autoridad competente o que, contando con tal permiso, realicen obras distintas a las autorizadas y/o en contravención al mismo que pudieren afectar la seguridad de las construcciones.
Artículo Sexto. En un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las entidades federativas deberán adecuar su marco jurídico a las disposiciones contenidas en este último, como corresponda, debiendo incluir, en su caso, la legislación relativa a la suspensión del pago de peaje en los tramos de jurisdicción local, en el supuesto de situaciones de emergencia o desastre declaradas en los términos de la Ley General de Protección Civil.
Notas
i De la reconstrucción a la gestión del riesgo. Prevención de riesgos sísmicos con base en la experiencia propia, la de Japón y la de Chile, Palazuelos Covarrubias, Israel y Vázquez Correa, Lorena, Mirada Legislativa número 135, de diciembre de 2017, publicación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, disponible en internet:
http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/ 3774/Mirada%20Legislativa%20135.pdf?sequence=1&isAllowed=y , consultado: diciembre de 2017.
ii Impacto Socioeconómico de los Desastres en México durante 2013, documento emitido por la Secretaría de Gobernación y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, disponible en internet:
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/21072014Resumen_ Ejecutivo_Impacto.pdf , consultado: noviembre de 2017.
iii Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, disponible en internet:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2013/PEF_2013_abro.pdf , consultado: noviembre de 2017.
iv Evaluación número 1647, Evaluación de la Política Pública de Protección Civil, documento emitido por la Auditoría Superior de la Federación, disponible en internet:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/ 2014_1647_a.pdf , consultado: noviembre 2017.
v Esquemas de aseguramiento para las viviendas ante catástrofes naturales, Notas Estratégicas número 19, de diciembre de 2017, publicación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, disponible en internet:
http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/ 3779/1%20Publicaci%C3%B3n%20NE%2019%20Aseguramiento%20de%20vivienda.pdf? sequence=1&isAllowed=y , consultado: diciembre de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de enero de 2018. Diputada Martha Hilda González Calderón (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a usted, estimada diputada. Su iniciativa se turna a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIALDE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Escucharemos por cinco minutos a la diputada María Verónica Agundis Estrada, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
La diputada María Verónica Agundis Estrada: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es lamentable que en México los delitos cometidos por menores de edad vayan en aumento, sobre todo los de bajo impacto en los que se ven involucrados drogas y armas de fuego, cada vez son más.
Y esto es debido principalmente al deterioro de las estructuras familiares, marginación, pobreza, debido también a que los criminales de manera más frecuente recurren a los menores para que estos cometan delitos.
Un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el comportamiento delictivo juvenil no es una cuestión de clases sociales, más bien tiene como origen la falta de estabilidad en el medio social en donde nuestros jóvenes se desenvuelven.
Nosotros, como representantes de la ciudadanía, tenemos un compromiso: debemos rescatar a nuestros jóvenes de la delincuencia, porque el número de menores infractores crece cada día de manera alarmante.
La falta de oportunidades limita su éxito individual y, por ello, nuestros jóvenes se involucran continuamente en actividades delictivas para allegarse por supuesto de dinero fácil, y esto para poder obtener un estatus o para poder integrarse a una sociedad que ha perdido el rumbo y ha perdido mucho valor ético y moral.
Es urgente por supuesto reconstruir el tejido social, recobrar estos valores sociales primordiales que otorga el sentido familiar. ¿Quién no recuerda a niños jugando en las calles y el respeto a los mayores?
También es cierto que la reinserción de los adolescentes infractores a la sociedad no se puede dar sin que se les ofrezcan oportunidades y mejoras en su entorno social y socioeconómico.
Sin embargo, no solo es trabajo de los jóvenes, es un trabajo de todos. Es necesario recobrar el buen comportamiento colectivo de la sociedad, que nos sirva como referente en la mejora de la calidad de vida para nuestra niñez y que influya en su proceder.
El objetivo principal de esta iniciativa es implementar y promover acciones de prevención para los adolescentes que se encuentran internados o que están involucrados o relacionados en situaciones delictivas.
Que los adolescentes cuenten con un verdadero apoyo y seguimiento por parte de las autoridades competentes en materia de trabajo social, que permita que los mandos focalicen la problemática para su rápida y debida atención, que el trabajo social realmente se realice de manera eficiente.
Un estudio individualizado del adolescente y de su entorno social, que otorgue los resultados necesarios para que las autoridades tomen cartas en el asunto y, en el ámbito de sus facultades, apliquen las medidas precautorias socioeducativas y familiares que contribuyan con su integración a la sociedad.
Estoy convencida de que el trabajo social eficiente es fundamental para la reinserción de nuestra juventud a la sociedad, porque nos da la oportunidad de detectar a los jóvenes potencialmente vulnerables o peligrosos y sus posibles causas.
La diferencia entre lo posible y lo imposible está en la determinación de una sola persona, es un tema sumamente importante. Hoy los centros de rehabilitación social, los tutelares de menores no los están reintegrando a la sociedad y estos jóvenes salen y en lugar de ser jóvenes delincuentes, después son potenciales delincuentes.
Yo creo que es un tema que debemos atender desde el origen, y el origen es la familia. En todos los foros que tenemos en materia de seguridad siempre nos vamos al origen. El origen es la familia, el origen son los valores y el origen es el entorno social y qué estamos haciendo con esto. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes, señor presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María Verónica Agundis Estrada, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 4 y una fracción VI al artículo 6 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con base a la siguiente:
Exposición de MotivosEl objetivo de la iniciativa es priorizar eltrabajo social como instrumento de prevención que atienda de manera eficiente, el desarrollo integral de los adolescentes para su integración a la sociedad observando su entorno.
En cuanto a las armas de fuego, la propuesta aborda la necesidad de inhibir los delitos de posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego, mediante la privación de la libertad por el menor tiempo posible, dando tiempo a trabajo social para realizar los estudio necesarios que den como resultado las razones que orillan al adolescente a cometer algún delito.
Es importante señalar que el trabajo social es la relación y el comportamiento de la sociedad que se caracteriza por contribuir en el conocimiento y la transformación de los procesos que determinan la participación de un individuo en el desarrollo y mejoramiento en situaciones complejas para el bienestar social.
La Convención sobre los Derechos del Niño promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en su artículo 1, definió al niño como: para los efectos de la presente Convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado la mayoría de edad.
La Organización de Estados Americanos define el término de menor como; la condición jurídica de la persona que no ha alcanzado cierta edad señalada por la ley para su plena capacidad; sin embargo, también son susceptibles a infringir una ley penal principalmente los adolescentes, por lo tanto pueden ser responsables y merecedores de una medida de sanción.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de los contextos socioeconómicos.
El objetivo es, precisamente, tomar las acciones de prevención para todos aquellos adolescentes que ya se encuentran internados o que están involucrados o relacionados en situaciones delictivas o al borde del delito tenga un apoyo y seguimiento detrabajo social que permita a los órganos de control focalizar la problemática para su debida atención.
Para lo anterior, es necesario realizar de manera eficiente un estudio individualizado del adolescente y su entorno social que arroje los resultados necesarios para que las autoridades, en el ámbito de sus facultades, apliquen las medidas precautorias socioeducativas y familiares que permitan su integración a la sociedad.
Es inevitable comenzar por el principio; eltrabajo social es fundamental para la reinserción a la sociedad y, en el caso de los adolescentes, realizar los estudios que detecten a los potencialmente vulnerables a cometer un delito o portar armas que pueda poner en peligro a la sociedad y derivar en su internación precautoria.
En los casos de reincidencia, eltrabajo social es un factor imprescindible y coadyuvante para detectar los focos rojos en la sociedad. Conocer el porqué de la reincidencia de adolescentes y los detonantes que los lleva a cometer actos ilícitos ayudará a los órganos competentes a mejorar sus acciones de prevención.
Es por ello que se considera de vital importancia la prevención integral desde el núcleo familiar de los menores, para alcanzar una vida plena y con esperanzas, así como lo mandata la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que a la letra señala:
Artículo 5. El Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y los ayuntamientos realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo.
Un estudio realizado por Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que, el comportamiento delictivo juvenil tiene como origen la falta de cohesión y estabilidad en el medio social en donde se desenvuelven, que limitan sus oportunidades de éxito individual y la imposibilidad de ascender en la escala social por medios legítimos, por lo tanto, los jóvenes se involucran en actividades delictivas como una manera de obtener estatus dado que en su entorno no les proporciona los medios para alcanzar sus aspiraciones económicas de manera honesta.
Este estudio también menciona que no es excluyente de las altas esferas sociales, puesto que existen otros factores de carácter individual o socio estructural que incitan los adolescentes a delinquir dejando al descubierto la complejidad de la conducta delictiva.
Los procesos sociales destacan entre las teorías sociales de desorganización que influyen en las fluctuaciones de criminalidad dado de la ausencia o la ruptura que mantienen la vida en común (familia, escuela, iglesia, entorno social, gobiernos) y el comportamiento colectivo de las personas, es decir, los jóvenes se identifican con ciertos grupos de referencia que, a su vez, tienen una fuerte influencia sobre sus valores.
Lamentablemente, en México los delitos cometidos por menores de edad van en aumento, sobre todo los de bajo impacto, en los que cada vez más se ven involucradas drogas y armas de fuego, debido principalmente al deterioro de las estructuras familiares, marginación y pobreza.
No obstante, la reinserción a la sociedad de los adolescentes infractores no se puede dar sin que se les ofrezcan otras oportunidades de mejora a su entorno social y económico.
Para atender esta problemática no necesitamos policías que cuiden niños, necesitamos educadores y trabajadores sociales que cumplan con su deber, que coadyuven con sus conocimientos a la reinserción social de los menores infractores que se les enseñe a convivir en la sociedad, que tomen conciencia de sus actos y en conjunto con las instituciones así abrirles camino para su desarrollo personal.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la situación en 2015 era así.
Como podemos observar, casi el ciento por ciento de los detenidos salen libres, si bien es cierto el internamiento no es la mejor opción para la reinserción social porque es sabido que pueden ser escuelas del crimen, también es cierto que los menores, así como los que los reclutan, ven como nicho de oportunidad la facilidad ser liberados y reincidir sin que esto los convierta en delincuentes habituales porque, como tal, no se ven como responsables penales y son vistas como personas que están en una etapa de inconciencia que hay que curar.
Sin embargo, es necesario atender de manera integral la corrección a sus actos mediante la educación y tratamiento terapéutico en todos los casos, haciendo énfasis en los casos en que se presuma la necesidad de alejamiento del entorno social mediante el internamiento.
Por lo anterior, se considera pertinente enfatizar en los objetivos y medidas precautorias y la necesidad de realizar estudios sociales del adolescente que permitan identificar la magnitud del daño comunitario, su posible atención y canalización y localización de casos de alerta así como el debido seguimiento y atendiendo al Artículo 253. Criterios de la prevención social de la violencia y la delincuencia de esta ley.
Por otra parte en relación aencontramos que la adolescencia es un período de preparación para la edad adulta durante el cual se producen varias experiencias de desarrollo.
Más allá de la maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y la capacidad de razonamiento abstracto.
Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede tener una influencia determinante.
Un adolescente no es plenamente capaz de comprender conceptos complejos, ni de entender la relación entre una conducta y sus consecuencias, ni tampoco de percibir el grado de control que tiene o puede tener respecto de la toma de decisiones.
Si bien es cierto, los delitos más frecuentes cometidos por adolescentes son contra la propiedad y robos, no deja de ser preocupante. En México hay 7 mil 786 menores privados de su libertad, 6 mil 866 por fuero común y 920 por el fuero federal, cifras que van en aumento por varios factores que, como se señaló anteriormente son:
El aumento de la pobreza de las familias, la falta de oportunidades, el desempleo, la desintegración familiar, entorno social, la curiosidad a lo desconocido, impulsos por edad o por inducción de otras personas, causas psicológicas o simplemente por los video juegos, películas o series en las que el uso de armas de fuego va en aumento.
Sin embargo, cada vez es más frecuente la utilización de armas para cometer ilícitos y en el caso de los adolescentes también ha crecido, puesto que son extremadamente vulnerables ser utilizados por otros para tomar, portar, e incluso utilizar un arma con sanciones mínimas.
Esta combinación ya ha tenido efectos irreversibles con resultados adversos, puesto que al no tener un razonamiento total sobre sus actos, puede originar disparos involuntarios, suelen utilizarlas para cometer delitos menores como el robo, lesiones y en algunos casos, incluso llegan a cometer crímenes.
En el 2016, el diario 24 Horas presentó un reportaje que en resumen indica lo siguiente;
En México hay miles de menores de edad que dejan de jugar o estudiar, para portar armas de fuego y participar en actos ilícitos bajo las órdenes de la delincuencia organizada.
La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) identificó a Los Zetas y laFamilia Michoacana como los grupos criminales que con mayor frecuencia atraen a los adolescentes para delinquir, de acuerdo con la información entregada a 24 Horas vía transparencia.
La mayoría de los infractores fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien determinó en cada caso la situación de los infractores acusados de posesión de arma de fuego o posesión de droga y algunos por informar a la delincuencia organizada, actividad conocida como halconeo.
En los últimos diez años el Ejército detuvo a 4 mil 232 menores de edad, entre ellos hay 485 mujeres, cantidad que representa el 11.4 por ciento de los detenidos que pertenecen a este grupo de edad, por su presunta participación en actividades criminales.
Entre el 1 de enero de 2006 y el 1 de enero de 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en diversas acciones en contra del crimen organizado la mayoría de los detenidos fueron sorprendidos con armas de fuego o en posesión de estupefacientes, registro que coincide con el de la Armada en cuanto a los motivos de las detenciones.
Por lo tanto, ponemos a su consideración la siguiente propuesta:
Por las consideraciones anteriormente expuestas, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de
DecretoSe adiciona la fracción XI al artículo 4 y una fracción VI al artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Único. Se adiciona la fracción XI recorriendo la subsecuente en el orden correspondiente al artículo 4 y una fracción VI al artículo 6 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para quedar como sigue:
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I al VIII. ...
XI. Trabajo Social: estudios para incidir con pertinencia y responsabilidad el procesos sociales de desarrollo en beneficio de la sociedad
X. ...
Artículo 7. La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante:
Ial V. ...
VI. La investigación social, planeación, administración, ejecución, supervisión y evaluación de programas y proyectos sociales; formación y organización de grupos para la prevención y atención de los problemas de los adolescentes, diseñar y desarrollar estrategias de intervención individual, grupal y comunitario, aplicar estrategias educativas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los adolescentes así como promover y fundamentar las políticas sociales de acuerdo con las necesidades colectivas
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Notas
1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ Informe_adolescentes_20170118.pdf
2 http://www.beta.inegi.org.mx/temas/poblacion/
3 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
Dado en la Comisión Permanente, con sede en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de enero de 2018. Diputada María Verónica Agundis Estrada.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada María Verónica Agundis Estrada. Su iniciativa se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Escuchemos con atención al heroico senador Isidro Pedraza.
El senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor presidente. Con su permiso y la atención de ustedes, compañeras y compañeros. Traigo una iniciativa que pretende reformar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ya estamos en pleno proceso electoral y hemos entrado a revisar siempre algunas deficiencias que tienen nuestras leyes, y por eso la oportunidad de hacer propuestas de iniciativa y de reforma para que estas equilibren y cumplan el cometido que pretendemos.
En este sentido, camina en dos propuestas. Uno por el lado de la equidad. Se ha estado avanzando para que los derechos de las mujeres que participan en política puedan ser realmente garantizados y plenamente cubiertos sus aspiraciones y los espacios de representación que vienen logrando. Sin embargo, no siempre es suficiente, es necesario ir profundizando en estas normas.
Hace algunos días, al interior de las sesiones del órgano electoral, el INE, se estableció un acuerdo donde llamaba a los partidos políticos a que en sus fórmulas a senadores pudieran garantizar que fuera siempre en una de las dos fórmulas una mujer. Esto de alguna forma garantiza la plena participación de las mujeres en el Senado, porque nos observaban que en el Senado de la República hay una participación muy por abajo del 50 por ciento de mujeres participando ahí.
De tal suerte que esta reforma pretende que, en 2014 se hizo la reforma y se estableció el principio de equidad de género, ya que dentro de la búsqueda de establecer métodos democráticos incluyentes se ha logrado una mayor estabilidad política, lo que ha originado un incremento de la participación política con equidad de género.
Es indispensable una mayor participación política de las mujeres, no solo dentro de los puestos de elección popular, sino también debe sustentarse dicha participación dentro del órgano rector electoral, tanto a nivel nacional como local.
Es en ese sentido que vamos a proponer reformas para que en los artículos 29, 36 y 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pueda abrirse la posibilidad de la equidad para que este organismo sea también integrado de forma paritaria por mujeres.
Esta observación vale la pena hacerla, porque, aunque se están dando los elementos y los pasos encaminados a eso, hay que ver también que el árbitro se ciña a esta responsabilidad.
Dos. Hace también algunos días, al INE, en el Presupuesto de Egresos de la Federación le recortó recursos, hubo un recorte de aproximadamente 800 millones de pesos, que de alguna manera decidió este órgano reducir y dejar prácticamente en cero la participación de los representantes legislativos en este órgano.
Esto es una condición de inequidad, que debe corregirse y que, por lo tanto, vale la pena que en el artículo 29 anexemos un artículo 2 que diga que el Instituto garantizará el pleno funcionamiento del Consejo General, asignando a sus integrantes de manera igualitaria los recursos presupuestarios, con la finalidad de disponer del personal necesario para el ejercicio de sus atribuciones.
Esta parte tiene que ver, compañeras y compañeros, porque en todo el devenir desde la creación del INE, desde 1946, cuando el presidente Ávila Camacho, promulga la Ley Federal Electoral, esta ha ido avanzando en la constitución de los órganos encargados de las elecciones y de manera permanente ha estado presente el Poder Legislativo en estos órganos, y entonces no somos un acompañamiento mudo y las funciones que realizamos al interior de este órgano deben contar con la igualdad de condiciones. Somos consejeros del Poder Legislativo ahí quienes estamos acreditados y no se puede mutilar este derecho.
Por eso la insistencia para que en su momento actualicemos la ley, la legislación, para que garanticemos que los representantes, todos los consejeros, tengan igualdad de condiciones, tanto en hombres como en mujeres, tanto en recursos como los espacios para trabajar, porque se da también la inequidad. Hay un concepto de inequidad.
Este órgano lo hemos luchado incansablemente y aquí vemos que desde el 77 se hizo la reforma política, donde se creó la posibilidad de incluir las minorías en las Cámaras. Desde el 77 yo he estado participando en procesos electorales y de manera sistemática hemos ido peleando porque la ley se mejore.
Hoy encontramos esta limitante en la actitud del órgano de no considerar esta parte del Poder Legislativo como una parte del órgano y mutilar facultades. Ya en su momento lo discutirán las Cámaras cómo tendríamos que ver cómo estos derechos se hacen valer, pero sí vale la pena hoy por lo tanto poner el dedo en esta deficiencia que contiene la ley para poder garantizar la equidad en la participación.
Desde 1990 se hicieron las reformas que crearon el Cofipe y siempre cuando se integró, al momento de su fundación, el Consejo General, máximo órgano de dirección del IFE, estaba compuesto por los siguientes funcionarios: el presidente del Consejo General, que era el secretario de Gobernación, algunos se acordarán. Seis consejeros magistrados, personalidades sin filiación partidista, con una sólida formación académica y profesional en el campo del derecho, propuestos por el presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. El director y el secretario general del Instituto. Dos diputados y dos senadores, representantes de los dos grupos parlamentarios más numerosos en cada Cámara. Un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo con los recursos que obtuvieran en la última votación, a veces tenían cinco o cuatro según la composición de este órgano, pero siempre estaban estas representaciones.
En el 94...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Senador, se fue el cronómetro, pero de acuerdo a mi reloj...
El senador Isidro Pedraza Chávez:¿Me falta?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Ya se cumplió el tiempo, pero continúe, por favor, para concluir.
El senador Isidro Pedraza Chávez:Muy bien, presidente, gracias. En el 94 se incluyó la figura de consejero ciudadano y es hasta el 96 en donde el órgano pasa a ser autónomo y deja de estar el gobierno arbitrando las elecciones, pero siempre han estado consejeros del Poder Legislativo solo con derecho a voz.
Por eso insistir en esta parte de que se rescate esta posibilidad que ha sido amenazada ahora con los recortes al presupuesto que enfrentó el INE y que ha habido una tácita oposición del presidente del órgano a solicitar una ampliación de recursos cuando en el Decreto de Egresos de la Federación establece la probabilidad de que el presidente pueda pedir recursos adicionales.
Esta parte sí lastima y sí va realmente a debilitar este proceso en el que nos estamos enfrentando y vale la pena que empecemos a discutir este escenario de corregir esto. Gracias, señor presidente.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116; 117; 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55; 56; 62; 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; 8, fracción I del Reglamento del Senado; así como al artículo décimo tercero del acuerdo relativo a la sesiones de la Comisión Permanente del primer receso de tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
La democracia en México como eje regente de la vida pública, ha sufrido transformaciones después de un largo proceso por institucionalizar la misma, por ello se han creado diferentes reformas legislativas que han intentado dar mayor certeza jurídica al ejercicio democrático nacional, para lo cual resulta importante enlistar cronológicamente los momentos más importantes, de este proceso, de la siguiente manera:
1) 1946: El presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De igual forma, la Ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral.
2) 1973: Desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, en su lugar, el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. En este órgano participan con voz y voto, los representantes de todos los partidos políticos con registro legal.
3) 1977: El Gobierno Federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas no incluidas y propiciar su representación en los órganos legislativos.
La LOPPE modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo- en igualdad de condiciones.
La Comisión quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público.
El Instituto Federal Electoral, Órgano Especializado en Materia de Elecciones (1990-2014)
4) 1990: Como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.
Al momento de su fundación, el Consejo General, máximo órgano de dirección del IFE, estaba compuesto por los siguientes funcionarios:
El presidente del Consejo General, que era el Secretario de Gobernación.
Seis consejeros magistrados, personalidades sin filiación partidista con una sólida formación académica y profesional en el campo de derecho, propuestos por el presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
El director y el secretario general del Instituto.
Dos diputados y dos senadores (representantes de los dos grupos parlamentarios más numerosos en cada Cámara).
Un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo con los resultados que obtuvieran en la última elección.
5) 1994: La reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de Consejeros Ciudadanos, personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran. Por su parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General. En este año, el Consejo General del IFE quedó organizado de la siguiente forma:
Un presidente del Consejo General (Secretario de Gobernación)
Seis consejeros ciudadanos
Cuatro consejeros del poder legislativo
Representantes de los partidos políticos con registro
6) 1996: El Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre los aspectos más importantes de esta reforma destacan los siguientes:
El nuevo artículo 41 de la Constitución estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.
Se estableció en nueve el número de miembros del Consejo General con derecho a voto, por lo que el Consejo General quedó constituido por:
El Consejero presidente del Instituto (con derecho a voz y voto)
Ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto)
Un Secretario Ejecutivo (sólo con derecho a voz)
Consejeros del Poder Legislativo (sólo con derecho a voz)
Representantes de cada partido político con registro (sólo con derecho a voz)
7) Reforma electoral 2014
Uno de los objetivos principales de esta Reforma consistió en homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, garantizando así altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. El aspecto más sobresaliente de la reforma es la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE).
El INE, además de organizar los procesos electorales federales, se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas. De esta forma, es más fácil para la ciudadanía participar y ejercer su derecho al sufragio.
El Consejo General del INE está integrado por 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como Consejero presidente y los 10 restantes como Consejeros Electorales.
El INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización de elecciones, tanto a nivel federal, como local. El SPEN garantizará que todos sus miembros cuenten con los conocimientos y méritos profesionales necesarios.
El Consejo General del INE designará a los consejeros de los organismos electorales locales y podrá asumir las funciones que le corresponden a dichos institutos en los casos que la ley prevea. A petición de los partidos políticos, podrá organizar la elección de sus dirigentes.
Garantizando que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas.
Verificando que se cumpla el requisito mínimo (2 por ciento de la lista nominal) para solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizará las actividades necesarias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados.
Se fortalecen las condiciones de equidad durante las elecciones, al mejorar la impartición de justicia electoral y hacer más eficiente la imposición de sanciones.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la instancia encargada de resolver procedimientos sancionadores expeditos y no el INE como antes ocurría.
Gracias a ello, se delimita mejor las competencias de las autoridades jurisdiccional y administrativa, y así se permite que la labor del INE se concentre en la organización de procesos electorales.
Con el propósito de sancionar conductas que pretendan vulnerar las condiciones de equidad en las elecciones, se establecen tres causales para la anulación de elecciones:
1. Exceder el gasto de campaña autorizado en un cinco por ciento.
2. Comprar tiempo o cobertura informativa en radio y televisión.
3. Recibir o usar recursos ilícitos o públicos.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
Se establecen obligaciones para vigilar de modo más efectivo el uso de recursos que hacen los partidos durante las campañas, lo que fortalecerá la transparencia y la equidad en las contiendas.
Ahora el INE se encarga de fiscalizar los recursos de los partidos políticos no sólo a nivel federal, como sucedía antes de la reforma, sino también a nivel local.
Para generar resultados más oportunos, el INE realiza la fiscalización de forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.
El Congreso de la Unión expidió las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución que establecen, al menos, lo siguiente:
La ley general que regule los procedimientos electorales:
Inciso h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.
Como se ha mostrado con los datos anteriormente citados, nos damos cuenta del largo proceso de transformación que se ha dado en materia electoral a lo largo de la historia de México, nos muestra una constante evolución para el claro ejercicio de la democracia en un proceso electoral incluyente, equitativo y participativo.
Dentro del afianzamiento de los métodos democráticos para alcanzar la estabilidad política, se ha hecho necesario incrementar la participación política con equidad de género, y para ello es indispensable un incremento real de la participación política de las mujeres, no solo dentro de los puestos a elección popular, sino también debe sustentarse dicha participación dentro del órgano rector electoral, tanto a nivel nacional como estatal y municipal.
Lo que dará como resultado un proceso electoral más amplio, y capas de conjugar las diferentes aristas en una integración total en la ejecución el Proceso Electoral.
Que de acuerdo con José Woldenberg y Ricardo Becerra definen al proceso electoral como [...] la condición y la expresión práctica de la democracia.
Ya que en el proceso electoral se manifiestan las preferencias de los ciudadanos de una determinada comunidad política, que está constituido por una serie de etapas en las cuales tiene lugar, característicamente, la designación de los titulares del gobierno y del Poder Legislativo. [...] En él se manifiestan las opciones, las ideas y la fuerza de los actores (partidos y agrupaciones) que aspiran al gobierno o a los cargos legislativos, pero también y sobre todo en el proceso electoral cristaliza la participación y la decisión de los ciudadanos en torno a quienes deben ser sus gobernantes y legisladores. (2004, 597).
El Derecho Electoral puede entenderse en dos sentidos (Nohlen 2007, 367): En sentido estricto: como sinónimo de sufragio. Consiste en el derecho de votar (sufragio activo) y de ser elegido (sufragio pasivo).
El sufragio activo tiene ciertos atributos o características inherentes al Estado constitucional moderno y concretamente a las democracias representativas, a saber: universal, igual, libre, directo y secreto. En sentido amplio: como el conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentos, instituciones y principios referentes a la organización, administración y realización o ejecución de las elecciones; la constatación de validez de los resultados electorales; así como el control legal y constitucional de los mismos a través de su impugnación.
Siendo necesario que dentro del Instituto Nacional Electoral se impulse una filosofía democrático social y el proceso electoral permita una mayor y más calificada participación de los representantes de poder legislativo en el Congreso General del Instituto Nacional Electoral, en la orientación de las actividades gubernamentales, propiciando en todo momento una adecuada y eficiente representación popular, incorporando a las nuevas generaciones al ejercicio del poder público, facilitando la articulación de los intereses partidarios, dando conductos para su expresión legítima, alcanzando resultados que correspondan efectivamente a sus atribuciones, sin menoscabo de limitaciones presupuestarias existentes.
Este precepto nos indica la conveniencia de que los integrantes del Congreso General del INE necesitan apropiadamente de toda la experiencia, especialización y conocimiento en las tareas de dicho organismo, sirviéndose de los especialistas mayor calificados, lo cual generaría una mejora en la práctica electoral.
En la democracia moderna, nutrida por la diversidad ideológica, con la reciente reforma electoral de 2014, debe complementarse por los partidos políticos, quienes son los que cumplen y deben cumplir funciones fundamentales.
Por lo que para cada representante del Poder Legislativo dentro del Congreso General del Instituto Nacional Electoral, se le debe dotar de las herramientas necesarias para su desempeño, garantizando el pleno funcionamiento del Consejo General, asignando a sus integrantes, de manera igualitaria los recursos presupuestarios suficientes, con la finalidad de disponer del personal necesario para el ejercicio de sus atribuciones en su constitución e incorporarlos plenamente a los organismos todas las corrientes de opinión a la dirección del mecanismo que instrumenta y da forma o la soberanía de la Nación.
En materia de paridad de género en cuanto a lo que respecta a la presente iniciativa, es necesario establecer con acciones afirmativas el respeto a la mujer, ya que es una lucha que está presente en la vida institucional del país y ha fijado en gran medida nuestro rumbo en la vida democrática y el respeto de los derechos humanos.
Debemos reconocer que el respeto y protección de los derechos de la mujer ha significado grandes avances en nuestro país, no solo desde la legislación, también se ha logrado gradualmente establecer una conciencia social sobre los temas de género; como el acceso a una vida libre de violencia para la mujer, la paridad horizontal y vertical en las candidaturas para los tres órdenes de gobierno, la ampliación y aceleración de la participación política de la mujer, erradicar la violencia política contra la mujer, el empoderamiento de la mujer en política, la formación y fortalecimiento del liderazgo político de la mujer; estos temas entre muchos otros, han orientado a posicionar e impulsar una Agenda Legislativa en materia de Género, sin embargo su avance y su gradual materialización en ordenamientos jurídicos, sigue en el camino de la consolidación.
Es importante establecer que el respaldo a la mujer debe encausarse desde los principios y valores que reconozcan con igualdad a mujeres y hombres. La paridad de género, el respeto a la mujer debe establecerse por convicción y conciencia, no por obligación; porque no se trata solo de apoyar a la mujer a integrarse a los espacios de acceso al poder político, se requiere de pleno respaldo en el ejercicio del poder político.
De acuerdo con la OCDE el último estudio realizado en 2012 sobre la búsqueda de la igualdad de género, los países miembros identificaron las tres cuestiones más importantes de desigualdad de género: la violencia contra las mujeres; la persistente disparidad salarial entre los géneros; y la distribución desigual del trabajo no remunerado.
Las diferencias entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social y económica de los países, y el tamaño de esas brechas ha cambiado poco en los últimos años. No obstante, las tasas de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo se ha acercado a las tasas de los hombres en las últimas décadas, pero en todos los países de la OCDE las mujeres siguen teniendo menos probabilidades que los hombres de dedicarse al trabajo remunerado.
Cuando las mujeres trabajan son más propensas a hacerlo a tiempo parcial, tienen menos probabilidades de avanzar a puestos directivos, son más propensas a enfrentarse a la discriminación y ganan menos que los hombres.
Las mujeres en la OCDE, en promedio ganan casi un 15 por ciento menos que sus homólogos masculinos, una tasa que apenas ha cambiado desde 2010.
Las desigualdades de género también están presentes en la vida pública: en promedio en los países miembros de la OCDE, las mujeres están sub-representadas en cargos políticos, con menos de un tercio de los escaños en las cámaras bajas de las legislaturas nacionales.
La acción afirmativa es necesaria, pero por si sola es insuficiente para lograr la igualdad de género. Se requiere en establecer oportunidades de liderazgo femenino; los modelos de conducta masculina en la alta dirección requieren impulsar el cambio en los estereotipos y normas de género que continúan obstaculizando el acceso de las mujeres al liderazgo.
En el informe también se detalla que no solo se deben impulsar el aspecto social, sino también la cuestión económica en los procesos de acción: reducir la brecha del género en la participación de la fuerza de trabajo en un 25 por ciento para el año 2025, según lo acordado en el G-20, podría agregar 1 por ciento al crecimiento del proyectado del PIB en los países de la OCDE en el periodo 2013-2025 y casi 2.5 por ciento si las diferencias de participación de genero se redujeran a la mitad en 2025.
También el informe refiere que México ha implementado políticas para empoderar a las mujeres, particularmente en el ámbito político, contando ya con un número importante de mujeres en el Congreso, en gran medida por el sistema de cuotas en el proceso electoral.
Se menciona también que México ha logrado grandes avances en programas educativos: la matricula preescolar es gratuita y casi se ha conseguido que sea universal, las becas facilitan que más mujeres adolescentes permanezcan en la enseñanza media superior, y la tasa de inscripción en la universidad son similares entre hombres y mujeres.
Se ha invertido en estancias infantiles ofreciendo a las mujeres que trabajan fuera de su hogar opciones para el cuidado de sus hijos. Se precisa que entre los jóvenes mexicanos el nivel de educación de las mujeres es similar al de los hombres. Sin embargo México es uno de los países miembros de la OCDE con mayores brechas de empleo, generando consecuencias negativas para el crecimiento económico.
Los avances son significativas, pero a México le falta un largo camino por recorrer para llegar a la igualdad de género, en este sentido esta propuesta pretende continuar en la búsqueda de la equidad de género ahora dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Por lo anteriormente expuesto solicito que esta soberanía apruebe la siguiente Iniciativa que Reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Libro Tercero De los Organismos Electorales
Título Primero Del Instituto Nacional Electoral
Capítulo IDisposiciones Preliminares
Artículo 29.
1. El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.
2. El Instituto garantizara el pleno funcionamiento del Consejo General Asignando a sus integrantes, de manera igualitaria los recursos presupuestarios con la finalidad de disponer del personal necesario para el ejercicio de sus atribuciones.
...
...
...
... .
...
Artículo 36.
1.El Consejo General se integra por un Consejero presidente, diez Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo.
2...
3...
4...
5.Los Consejeros Electorales serán elegidos de conformidad con el procedimiento establecido por el Apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución; garantizando en todo momento el pleno cumplimiento al principio de paridad de género.
6...
7...
8...
9...
10...
...
...
...
Artículo 42.
1.El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un Consejero Electoral.
2.Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes ; garantizando en todo momento el pleno cumplimiento al principio de paridad de género.
3...
4.Todas las comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los partidos políticos, salvo los del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y Denuncias, y Fiscalización ; garantizando en todo momento el pleno cumplimiento al principio de paridad de género.
5...
6...
7...
8...
9...
10...
Notas
1 Contenido retomado de:
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/ menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/
2 http://www.ine.mx/sobre-el-ine/reforma-constitucional-2014/
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
4 Extracto tomado del Libro de texto Derecho Electoral Mexicano, consultado en:
http://www.te.gob.mx/ccje/archivos/libro_derechoelec.pdf
5 Op. Cit.
6 OCDE. Los avances en materia de igualdad de género son demasiado lentos, dice OCDE. 4 de octubre de 2017. Consultado en:
www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-avances-en-materia-de-igualdad- de-genero-son-demasiado-lentos-dice-ocde.htm el día 8 de enero de 2018.
7 OCDE. Los avances en materia de igualdad de género son demasiado lentos, dice OCDE. 4 de octubre de 2017. Consultado en:
www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-avances-en-materia-de-igualdad- de-genero-son-demasiado-lentos-dice-ocde.htm el día 8 de enero de 2018.
8 OCDE. Los avances en materia de igualdad de género son demasiado lentos, dice OCDE. 4 de octubre de 2017. Consultado en:
www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-avances-en-materia-de-igualdad- de-genero-son-demasiado-lentos-dice-ocde.htm el día 8 de enero de 2018.
9 OCDE. Los avances en materia de igualdad de género son demasiado lentos, dice OCDE. 4 de octubre de 2017. Consultado en:
www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-avances-en-materia-de-igualdad- de-genero-son-demasiado-lentos-dice-ocde.htm el día 8 de enero de 2018.
10 OCDE. Los avances en materia de igualdad de género son demasiado lentos, dice OCDE. 4 de octubre de 2017. Consultado en:
www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-avances-en-materia-de-igualdad- de-genero-son-demasiado-lentos-dice-ocde.htm el día 8 de enero de 2018.
11 OCDE. Los avances en materia de igualdad de género son demasiado lentos, dice OCDE. 4 de octubre de 2017. Consultado en:
www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-avances-en-materia-de-igualdad- de-genero-son-demasiado-lentos-dice-ocde.htm el día 8 de enero de 2018.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 10 de enero 2018. Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, senador Isidro Pedraza. Se turna su iniciativa a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.
LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y tiene la palabra ahora, por cinco minutos, la diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
La diputada Araceli Damián González:Gracias, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Adelante, diputada.
La diputada Araceli Damián González:La iniciativa que proponemos promueve una transformación de la Ley de Asociaciones Público Privadas o APP. Se impulsa una amplia reforma que modifica, deroga o adiciona más de 50 artículos de la mencionada norma.
La Ley de APP fue aprobada en 2012 y luego de seis años de vigencia necesitamos actualizar y fortalecer el marco jurídico del desarrollo de estos proyectos de inversión.
Hay que enfatizar que Morena está a favor de la colaboración público privada para el impulso de proyectos de desarrollo económico social o productivo, siempre que estos se implementen en favor del interés general y bajo criterios de irrestricta transparencia.
Ninguno de los dos anteriores requisitos se ha cumplido durante el tiempo de aplicación de la Ley de APP, por ello proponemos su transformación integral.
Algunos de los principales proyectos fallidos de inversión de los últimos años, con un impacto negativo en el bienestar general han sido, desgraciadamente, asociaciones público privadas en el ámbito de la salud.
Fue el caso de la APP del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, entregado por Peña Nieto a Hinojosa Cantú, el donante de la Casa Blanca. El gobierno estatal pagó un claro sobreprecio por este hospital y los médicos y trabajadores han denunciado desabasto y subutilización de las instalaciones.
En la APP del Hospital General de Ticul, en Yucatán, se ha pospuesto la inauguración de este hospital por irregularidades e incumplimientos contractuales.
En la misma línea el 22 de agosto de 2016, bajo el esquema de propuesta no solicitada, es decir que el privado le propuso al ISSSTE, se adjudicó un hospital a un familiar cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, el Hospital Regional de Mérida.
Los ejemplos mal logrados y abiertamente fraudulentos son innumerables. Aquí en la Ciudad de México también tenemos el problema del emblemático Hospital Gonzalo Castañeda Escobar, que supuestamente iba a tener un costo de ocho mil millones de pesos y que ha tenido, según la Auditoría Superior de la Federación, una serie de irregularidades: corrupción, retraso, sobreprecio, entre otros.
Lo señalado demuestra que la implementación irregular de estos proyectos de APP, sobre todo en el sector sanitario, es la norma más que la excepción. Tienen, además, un impacto decisivo en las condiciones de vida de la sociedad y afectan el derecho humano a la salud.
El método más preciso para evaluar la eficacia de una ley reside precisamente en analizar los comportamientos que esta genera. En este caso, como se ha acreditado, durante un reducido periodo diversas APP han funcionado de manera opaca, irregular y esto es insostenible.
Por lo anterior, nuestra iniciativa propone transparentar los proyectos de las APP y reforzar los controles existentes en la normativa. La experiencia reciente ha mostrado que hay focos de opacidad y nepotismo que ocurren al amparo de estos proyectos.
En este sentido, se proponen diversas reformas encaminadas a mejorar el régimen jurídico de estos esquemas. Destaca la propuesta de configurar un catálogo específico de sanciones aplicables a estos casos de corrupción e irregularidades.
En el mismo sentido, se busca el interés general y por eso Morena propone reforzar la posición del Estado y del sector público durante las diferentes fases de ejecución de las inversiones público-privadas.
También proponemos garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de los proyectos de asociación público privada, porque lo que se ha demostrado es que estas inversiones se están comprometiendo recursos del erario público a largo plazo, lo que genera pasivos y deuda que no son asumidos como tal y esta ha sido una de las recomendaciones en cada uno de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, que se reconozcan como deuda.
México enfrenta el desafío de erradicar la corrupción y de fortalecer los servicios públicos y garantizar un uso productivo y social del presupuesto de la nación. Esta iniciativa persigue mejorar el desempeño de las asociaciones público privadas con la finalidad de erradicar la corrupción. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa iniciativa que se promueve persigue reformar la Ley de Asociaciones Público Privadas, con la finalidad de transparentar los procesos de licitación y contratación, así como reforzar los controles existentes en la normativa sobre este tipo de proyectos. Se busca reforzar la posición del estado y del sector público durante las diferentes fases de ejecución de las inversiones. Otro de los objetivos centrales de la propuesta es identificar áreas de riesgo e implementar mecanismos para reducirlos, con la finalidad de promover un uso racional y mesurado de las asociaciones público-privadas. Todo ello se configura como un elemento fundamental para velar por un uso adecuado y razonable de los recursos públicos, además de garantizar la sostenibilidad y el equilibrio presupuestario a largo plazo. La iniciativa pretende evitar que, como consecuencia de la inadecuada regulación de estos proyectos, se ejecuten recursos públicos de manera innecesaria, ineficiente o insostenible.
El 16 de mayo de 2012, a iniciativa del Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión promulgó la Ley de Asociaciones Público Privadas, iniciativa mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; y de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta norma codifica un nuevo régimen de contratación pública en México, basado en la colaboración entre sector público y privado para el impulso de proyectos de inversión. Aunque la figura jurídica de la Asociación Público-Privada se desarrolla como resultado de la mencionada Ley de 2012, este esquema tiene sus antecedentes directos en las concesiones, en los contratos para el aprovechamiento de activos y en los proyectos de prestación de servicios (PPS), los cuales incluían diversas fórmulas de participación público-privada.
Los proyectos de asociación público privados (APP) son iniciativas que comprometen grandes desembolsos de recursos a lo largo de prolongados periodos. Es habitual que estos esquemas impliquen la construcción y la operación de inversiones estratégicas en infraestructuras o la prestación de servicios públicos esenciales. Este modelo de contratación ha sido utilizado masivamente en varios países a nivel global, en correspondencia con el avance hegemónico de las políticas de desregulación, repliegue del estado y extensión del mercado. Su introducción en México como figura jurídica central de la contratación pública tiene que enmarcarse en un entorno de restricciones financieras, bajo el cual el Estado decide trasladar una parte de sus responsabilidades básicas hacia el sector privado de la economía.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, este modelo de inversión es eficiente y asegura beneficios compartidos entre el sector público y el privado. Sin embargo, en México han sido revelados varios casos en los cuales las asociaciones público privadas han generado problemas, debido, entre otras cosas, a opacidades, ineficiencias y derroches del presupuesto. Teniendo en cuenta la entidad de los proyectos que se desarrollan mediante los esquemas de Asociación Público Privada, resulta fundamental desarrollar mecanismos continuos de supervisión y vigilancia, a partir de los cuales se modifique y refuerce el marco jurídico aplicable, finalidad que persigue la presente iniciativa.
Las asociaciones público privadas constituyen en la actualidad uno de los espacios centrales de la intersección entre lo público y lo privado. Por su propia naturaleza, existen riesgos que pueden desembocar en un manejo ineficiente del gasto o de los proyectos de inversión pública, así como una baja en la calidad de los servicios brindados. En ese sentido, expertos han señalado que en los países en vías de desarrollo se vienen generando demandas crecientes de recuperación de la separación entre el ámbito público y el privado, debido a las deficiencias que presentan. Se afirma que esta situación
...se debe esencialmente a que los consumidores se sienten decepcionados y asocian la privatización con tarifas cada vez más altas, con grandes beneficios para las compañías extranjeras y, a menudo, con administraciones corruptas.
En un entorno marcado por la existencia de serios problemas de corrupción, resulta fundamental iniciar un proceso continuo de refuerzo y mejora de la legislación existente para evitar que la ciudadanía se vea afectada, así como para prevenir el mal uso de los recursos públicos.
Las APP se han constituido en un mecanismo de relajación de las herramientas de control social y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Al quedar la prestación de un determinado servicio público bajo administración privada, se estrechan los ya escasos instrumentos existentes para la rendición de cuentas. Un ejemplo de esto último es que la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación prevé que sólo las autoridades y funcionarios públicos tienen la obligación de entregar información a los ciudadanos. Ello significa que un determinado servicio de carácter público gestionado por empresas privadas no tiene las mismas obligaciones de transparencia; ello en perjuicio de la rendición de cuentas y de los usuarios o beneficiarios del servicio.
Son muy variados y multifacéticos los desafíos que incorpora para la administración pública el desarrollo de procesos de colaboración público privada. La presente propuesta no pretende cancelar la necesaria participación del sector privado en determinados proyectos de interés público; antes al contrario, persigue transparentar su actuación, mejorar los resultados sociales de los esquemas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de dichos proyectos.
Fases de las APP
La actual Ley de APP es un intento por configurar una regulación general para este tipo de proyectos mixtos. Sin embargo, es necesario avanzar en la calidad de la norma existente, de acuerdo con la identificación de sus áreas de mejora. En ese sentido, cada fase de implementación de las APP requiere mecanismos diferenciados de regulación y control para asegurar las mejores condiciones para el sector público. Durante las etapas de adjudicación, contratación, implementación y terminación de los proyectos de APP deben establecerse medidas adicionales para reforzar la transparencia y la viabilidad de los proyectos.
En cuanto a la primera fase de adjudicación y contratación, es central asegurar la libre y efectiva competencia entre aspirantes a ser adjudicatarios del proyecto. En ese sentido, impulsar que la competencia se desarrolle sin interferencias y eliminar cualquier oportunidad de arbitrariedad o nepotismo en la adjudicación de los contratos debe ser una tarea fundamental de la Ley de APP. La argumentación del fallo de adjudicación debe ser sustantiva y establecer de manera detallada los motivos por los que el contrato se adjudica a una determinada compañía. No sólo eso, debe asegurarse que se justifique, comparativamente, que el proyecto seleccionado es más viable y ofrece mejores condiciones para la sociedad que los rechazados. En el mismo sentido, es necesario establecer un marco jurídico adecuado que elimine cualquier riesgo asociado a la corrupción, cuestión que puede alcanzarse a través de la transparencia y de la solidez de la ley.
El segundo momento crítico de todo proyecto de asociación público-privada es, sin duda, la fase de implementación y desarrollo. Toda vez que el proyecto ha sido adjudicado a la mejor de las propuestas, inicia la fase de ejecución. Evidentemente, en los formatos de funcionamiento de las APP existe una amplia tipología; desde la construcción de obra pública hasta la gestión y prestación de servicios. En todo caso, cualquiera que fuera el esquema de APP a desarrollar, es necesario garantizar que durante la fase de implementación los proyectos se adhieren sin excepción a las condiciones contractuales y a lo establecido en la Ley. Una de las deficiencias identificadas en la práctica, precisamente estriba en que, de manera sistemática, los contratos de APP son incumplidos; se incurre en sobrecostos, extensión de los plazos, entrega irregular de los productos contratados y en otras modificaciones con capacidad de afectar el correcto desarrollo de los proyectos.
Esta iniciativa también se propone reforzar los mecanismos legales destinados a vigilar la fase de implementación, evitando la concurrencia de cualquier tipo de irregularidad. Por ello, la Ley de APP debe consagrar un proporcionado y adecuado marco jurídico sancionatorio destinado a disuadir y, en su caso, a castigar los incumplimientos contractuales que se generen por causas imputables al desarrollador. Es necesario configurar un sistema de penalización que sea funcional para desestimular los tan comunes quebrantamientos contractuales. Estos incumplimientos se traducen en incrementos innecesarios de gasto federal o en afectaciones severas a patrimonio, bienes o servicios públicos esenciales.
La última fase, la de terminación, es también fundamental en el correcto desempeño de las APP. En ese aspecto, la fase de terminación de los contratos a menudo involucra transferencias y pagos, cuestión sensible que debe desenvolverse de acuerdo una legalidad clara y exigente. Por ejemplo, sería necesario fortalecer las formas de terminación de los contratos, estableciendo, las medidas oportunas en caso de que se extingan de modo anticipado por causas imputables al concesionario de la obra o el servicio. Una cuestión fundamental a normar es la prohibición de que, como resultado de un proyecto de asociación público privado, el Estado acuda al rescate de los pasivos generados por una deficiente administración privada del negocio o por otras causas que provoquen pérdidas, tal y como ocurrió con el rescate carretero. Es necesario prohibir expresamente la práctica de privatizar las ganancias y nacionalizar las pérdidas; sólo de esa forma puede garantizarse una adecuada distribución de riesgos entre las partes y un beneficio social neto de este tipo de esquemas.
Irregularidades y fiscalización de proyectos de asociación público privadas
Esta propuesta de reforma legislativa está basada en disfuncionalidades que han sido halladas en la experiencia reciente de las APP. Como se ha señalado, ha sido recurrente que la duración y el costo de los contratos se incrementen después de la firma de la APP, renegociándose las condiciones originarias del acuerdo; situación que a menudo desemboca en condiciones más desfavorables para el estado y los ciudadanos. Por ejemplo, fue emblemático que el costo del Hospital de Zumpango- contratado por el Estado de México mediante la fórmula de APP- cuadriplicó el precio del proyecto, comparativamente a si éste hubiese sido fondeado por un préstamo gubernamental.
Los ejemplos de irregularidades en la implantación de APP han afectado particularmente a una multiplicidad de proyectos de construcción o prestación de servicios hospitalarios, con el agravante de que se trata de un área que impacta directamente en la garantía de derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, desde el 2012, el gobierno del estado de Yucatán viene ejecutando la construcción del Hospital General de Ticul, mediante la modalidad de contrato de Prestación de Servicios (PPS) con la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, SAPI de CV, y su obligado solidario, Marhnos Construcciones, SA de CV. Como ha trascendido en la prensa y como ha reconocido el propio gobierno de Yucatán, el 6 de mayo de 2015 el contrato fue rescindido por el Ejecutivo estatal, alegando incumplimientos en los plazos establecidos para la entrega de la obra y para el inicio de la prestación del servicio.
A pesar de que Yucatán afirmó que el proyecto continuaría su curso tras la rescisión del contrato, la realidad es que aún hoy el hospital no ha sido inaugurado, cuando en el pliego de condiciones contractuales estaba previsto el comienzo de su funcionamiento para el día 15 de septiembre de 2015. Además, a través de un litigio que ha llegado a la Corte Internacional de Arbitraje, la empresa contratista ha demandado al gobierno de Yucatán el pago de 253 millones de pesos en compensación por la terminación anticipada del contrato. Todo ello debería ser objeto de análisis y evaluación por parte del poder legislativo, con la finalidad de mejorar la calidad del marco regulatorio y promover la no repetición de esquemas fallidos de contratación público-privada.
Otro caso surgió el pasado 22 de agosto de 2016, cuando el ISSSTE notificó el fallo de la licitación pública internacional mixta para la para la construcción y operación del Hospital Regional de Mérida, el cual benefició a la constructora y edificadora GIA+A. Esta compañía está presidida por Hipólito Gerard Rivero, familiar cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari. En el mencionado fallo de adjudicación del contrato que emite el ISSSTE, se establecieron una serie de requisitos y garantías por las cuales el adjudicatario debería responder. No obstante, en cuanto al hecho de adjudicar la obra a la empresa GIA+A, el fallo se encuentra motivado de forma insuficiente, señalándose prácticamente en exclusiva que dicha compañía cumple con los requisitos señalados en la convocatoria y en las bases de licitación del concurso.
Una adecuada motivación del fallo constituye un requisito esencial en términos de transparencia, publicidad y legitimidad de las decisiones de adjudicación de contratos públicos. La exigencia de argumentación suficiente en el fallo supone un requisito mínimo de protección institucional contra el nepotismo y la corrupción; máxime en un caso en el cual la obra ha sido otorgada a una compañía que pertenece a un familiar cercano a un expresidente. En adición, el grupo GIA ha sido beneficiario de otros proyectos de construcción hospitalaria mediante esquemas de contratación público-privadas, como es el caso del hospital Dr. Martiano Carvajal, en Mazatlán, Sinaloa. Uno de los objetivos que persigue la presente iniciativa es precisamente reforzar la exigencia de argumentación del fallo de adjudicación de los contratos.
Además, la asociación pública-privada para la construcción del Hospital de Mérida se ha desarrollado bajo el esquema de propuesta no solicitada (PNS), el cual implica que la iniciativa del proyecto corresponde a la contraparte privada y no a la administración pública, como ocurre en la mayoría de los casos. Ello supone que no ha sido ninguna institución pública la que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, ha identificado un interés público que puede ser satisfecho mediante esta modalidad de contratación. En ese sentido, la presente iniciativa pretende derogar la posibilidad de que corporaciones privadas cuenten con la iniciativa en materia de asociaciones público privadas. Este mecanismo permite movilizar recursos presupuestarios en beneficio del sector privado sin la presencia de ninguna lógica de satisfacción de intereses y necesidades públicas.
Por otro lado, el 9 de mayo de 2014, el ISSSTE notificó el fallo de adjudicación del contrato de asociación público-privada para la sustitución del Hospital General de Culiacán, Doctor Bernardo J. Gastelum, que benefició a las compañías Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, SA de CV, y Desarrolladora en Infraestructura de Salud Proan, SA de CV. Según ha trascendido, el monto que tendrá que pagar el Estado de Sinaloa por el terreno donde se construirá el Hospital supera en 3.5 veces la cuantía original aprobada por el Congreso del estado.Un desfase presupuestario de esta gravedad, aun cuando fuera aprobado por el legislativo estatal, muestra un patrón de desarrollo preocupante para este tipo de proyectos, basado en la aprobación sistemática de sobrecostos sobre los originalmente pactados. Además, una investigación periodística ha revelado que la empresa inmobiliaria que vendió los terrenos a la contraparte privada para la ejecución de la obra sólo adquirió dichos predios una vez que el proyecto de asociación-público privada se estaba elaborando. Ello puede señalar el ejercicio de prácticas de especulación inmobiliaria alrededor de los recursos públicos involucrados en los proyectos de asociación público privada.
En octubre de 2014, también mediante licitación internacional y bajo el formato de asociación público-privada, el ISSSTE adjudicó a la compañía Consorcio Tradeco IGSA el Proyecto de Prestación de Servicios del Hospital General Doctor Gonzalo Castañeda Escobar, en Ciudad de México. El diseño incluye la demolición, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación y prestación de servicios médicos, por un monto de 8 mil 68 millones de pesos sin IVA durante 23 años. La ASF implementó una auditoría financiera y de cumplimiento, análisis que señaló que la fase de demolición que se estimaba finalizar el 4 de marzo de 2015 aún se encontraba inconclusa el 23 de Junio de 2015, cuando se realizó una visita. Además, el ISSSTE no informó de las causas de los retrasos, ni demostró contar con mecanismos de supervisión y control.
La ASF señala que el ISSSTE no celebró operación alguna constitutiva de deuda pública en términos de los artículos 1 y 2 de la Ley General de Deuda Pública, mientras que la realidad es que el proyecto de prestación de servicios bajo el esquema de asociación público-privada presenta características análogas a una deuda; su formalización contractual representa obligaciones ineludibles de gasto a largo plazo con cargo en el organismo descentralizado y por ende en el gobierno federal. Además, el modelo financiero elaborado por el ISSSTE determinó un monto de 7 mil 544 millones de pesos que difiere en 523 millones de pesos con el pactado en el contrato por 8 mil 68 millones de pesos.
Los casos señalados demuestran que la implementación irregular de proyectos de asociación público privadas, en este caso en el sector sanitario, más que la excepción, es la norma. Ellos deberían configurarse como un poderoso acicate para la mejora del marco regulatorio y la reforma de la Ley de Asociaciones Público Privadas. El método más preciso para evaluar la eficacia de una norma reside precisamente en analizar los comportamientos que aquella genera; en este caso, como se ha acreditado, durante un reducido periodo de tiempo, las APP han acumulado un funcionamiento opaco, irregular e insostenible.
Una parte de la iniciativa que se presenta integra algunas de las propuestas de reformas legislativas elaboradas por la Auditoría Superior de la Federación en el análisis de la Cuenta Pública del 2015. Al margen de las evaluaciones referidas de casos individuales, en esta ocasión la ASF realizó una auditoría general a los proyectos de asociación público privada que persiguió elucidar el impacto de este tipo de esquemas en las finanzas públicas. En ese análisis, la ASF señaló que:
Si bien las APP pueden atenuar las restricciones fiscales que limitan la inversión en infraestructura, también pueden ser utilizadas para eludir los controles sobre el gasto y trasladar la inversión pública fuera del presupuesto y la deuda fuera del balance del gobierno. Cuando esto sucede, el estado puede tener que soportar la mayor parte del riesgo que entrañan las APP y quizás enfrentar considerables costos fiscales en el mediano y largo plazos.
En este sentido, resultan muy claros los señalamientos de la ASF en cuanto a los riesgos financieros derivados de la implementación de proyectos de asociación público privados. Como producto de la evaluación practicada se recomendó a la Secretaría de Hacienda configurar una metodología para el cálculo de los pasivos derivado de los contratos a largo plazo de las asociaciones público privadas, su reconocimiento y o revelación, e incluir dichas estimaciones en los Criterios Generales de Política Económica como riesgos fiscales. También, la ASF propone constituir un registro único que integre un inventario de todas las figuras de sociedad público privadas que existen en el país.
Otro de los aspectos identificados por la ASF señala la necesidad de fortalecer la normativa en materia de las asociaciones público privadas y establecer lineamientos para evaluar el cierre financiero de este tipo de proyectos, para garantizar la solvencia del promotor privado para cubrir la totalidad de las obligaciones durante la ejecución del proyecto.
Producto de estas y de otras observaciones, la ASF formula una serie de recomendaciones de reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas:
a) Incluir en la Ley de Asociaciones Público Privadas las obligaciones derivadas de las modificaciones a los contratos de largo plazo y las garantías financieras otorgadas por el Gobierno Federal a las Asociaciones Público Privadas y la creación de un fondo de contingencia, de conformidad con las mejores prácticas internacionales, con objeto de enfrentar las obligaciones de financiamiento que puedan surgir por la materialización de los riesgos conservados por el gobierno.
b) Incluir en la Ley de Asociaciones Público Privadas una instancia administrativa especializada en los proyectos de Asociaciones Público Privadas.
c) Reformar el artículo 14 de la Ley de APP para que se garantice la solvencia de los promotores de asociaciones público privadas.
La presente iniciativa busca integrar las recomendaciones de reforma propuesta por la Auditoría Superior y, al mismo tiempo, trascenderlas y avanzar en transformaciones legales que, por su propia naturaleza de órgano autónomo y técnico, la Auditoría no puede impulsar.
Normativa actual y propuestas de reforma
Como se ha señalado al inicio del texto, la presente iniciativa pretende articular una reforma integral de la Ley de Asociaciones Público Privadas, propuesta que viene informada por varias líneas de actuación y modificación. En primer lugar, se busca reformar un conjunto de artículos con el propósito de transparentar y mejorar el sistema de controles institucionales, así como la rendición de cuentas existente en los proyectos de asociación público privada. Un segundo grupo de reformas estaría vinculado a la necesidad de reforzar la posición financiera y jurídica del sector público durante los proyectos en mención, ya que la experiencia ha mostrado un claro patrón de desequilibrio en favor del sector privado. Una tercera línea de reformas impulsada a la Ley de Asociaciones Publico Privadas estaría relacionada con la necesidad de mejorar el marco regulatorio de la actuación de concesionarios y desarrolladores de los proyectos, en el horizonte de garantizar una actuación de éstos últimos apegada a derecho que reporte beneficios concretos a la sociedad mexicana.
Una cuestión fundamental de la Ley de APP es que hace inaplicable, en cuanto este tipo de proyectos se refiere, La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, así como las disposiciones que de ellas emanen. En ese sentido, la Ley de APP debe avanzar hacia la construcción de un nuevo marco jurídico para regular relevantes obras públicas en México, que no pueden ser ahora reguladas de acuerdo a la normativa vigente. La inaplicabilidad de leyes de control presupuestario en el caso de las APP está produciendo un relajamiento en las condiciones de adjudicación y desarrollo de la contratación pública en México. Es tarea de los legisladores velar porque la Ley de APP no desdibuje los ya insuficientes mecanismos de control de los contratos del sector público en nuestro país; antes, al contrario, en todo caso, la nueva norma debe ser funcional para reforzar la rendición de cuentas.
Los analistas coinciden en que una adecuada y proporcionada distribución de riesgos en el impulso de las asociaciones público-privadas es fundamental para asegurar el éxito de los proyectos. El marco jurídico debe erigirse como elemento fundamental en la regulación de los riesgos; en particular tiene que establecerse, de modo inequívoco, que el sector público trasladará y compartirá con el privado una parte significativa de los riesgos asociados a los proyectos sin que ello pueda involucrar un sobrecosto inasumible de los mismos. Es necesario también regular claramente que las APP no pueden conformarse como un masivo mecanismo de transferencia de riesgos desde el sector privado al público.
Por otro lado, la vertiente de la sostenibilidad financiera de las APP constituye uno de los elementos centrales a regular por el marco jurídico. No deja de resultar paradójico que las APP, que se legitiman y justifican por el ahorro que suponen en términos financieros, hayan sido señaladas como un foco de riesgo para la sostenibilidad de las cuentas del Estado. La ASF ha indicado, respecto de la Cuenta Pública de 2014, que los gastos derivados de las asociaciones público privadas se están contabilizando como gastos corrientes, cuando su naturaleza es la de un pasivo análogo al de una deuda. Ello estaría involucrando el establecimiento de un mecanismo de encubrimiento de pasivos y deudas a largo plazo del gobierno federal, además de que se eludiría la legalidad vigente al respecto.
En el terreno financiero, otra cuestión relevante es que cuando la financiación es obtenida por el sector privado, éste se financia a tasas de mercado, al contrario que el Estado, cuestión que a largo plazo encarece los proyectos de inversión mediante APP. Es necesario establecer que, para implementar un proyecto de asociación público privada, la entidad responsable del proyecto asuma la obligación de elaborar un modelo financiero que pondere los riesgos y evalúe los costos de su sistema de financiación en comparación con los que se generarían mediante una inversión integralmente pública.
En ese sentido, la presente iniciativa propone que sea exclusivamente el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales la entidad competente para valorar los bienes que serán adquiridos como parte del proceso de desarrollo de los proyectos, eliminando la posibilidad de que instituciones financieras o corredores privados puedan participar en esta tarea. Este cambio persigue garantizar la integridad y la independencia del proceso de adquisición de los bienes, protegiendo las mejores condiciones para el estado y previniendo el advenimiento de cualquier conflicto de interés. En ese sentido, si una institución crediticia privada se encargara de determinar el valor de los bienes involucrados en los proyectos de APP, se genera un claro riesgo de colusión de intereses corporativos que puede perjudicar la posición de la entidad convocante en beneficio de las corporaciones privadas.
Otras de las cuestiones problemáticas del marco regulatorio de las APP es que actualmente el Estado puede financiar 100 por ciento de los proyectos en beneficio del sector privado. Es necesario, nuevamente, establecer contrapesos y equilibrios legales que garanticen, en todo caso, una ganancia social neta en cada proyecto de APP. Si el financiamiento y los riesgos recaen mayoritariamente en la parte pública, los beneficios de este tipo de esquemas son menos evidentes. No resulta razonable que los proyectos de asociación público privada se desarrollen bajo el grueso de recursos públicos transferidos al sector privado. En la presente iniciativa se propone que, como máximo, el estado pueda sufragar el 50% de las inversiones iniciales destinadas a adquirir los bienes o derechos necesarios para el comienzo del proyecto.
Relacionado con lo anterior, se considera que una planificación adecuada de los proyectos de asociación público privada debe incluir límites legales precisos a la duración y a los montos a erogar por estos esquemas. En el primer caso, se propone que el plazo máximo de desarrollo de las APP sea de vente años; ello salvaguarda la naturaleza de los proyectos como inversiones de largo recorrido, al tiempo que, simultáneamente, las limita a un periodo razonable. En cuanto a los montos, se ha observado que, mientras que existe una política de ajustes por parte del ejecutivo y el estado enfrenta crecientes restricciones financieras, en algunos casos el crecimiento del gasto en asociaciones público privadas ha experimentado una trayectoria insostenible.
Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el caso de una entidad tan relevante como el ISSSTE, en 2017 se implanta un crecimiento descontrolado del gasto en APP de más de 100 por ciento respecto al curso anterior. Ello expresa la necesidad de configurar límites generales y particulares a la duración y a los montos de los esquemas de inversión público-privados.
Por otro lado, el artículo 22 de la ley plantea que las dependencias y entidades de la administración pública federal darán prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante esquemas de asociación público-privada. Se trata de una priorización que- además de carecer de fundamento desde el punto de vista económico, presupuestario o social- es claramente inconstitucional, al establecer una prelación de gastos que sólo corresponde aprobar a la Cámara de Diputados. Como se sabe, el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política Mexicana, establece que es facultad exclusiva de la Cámara aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. La concreción de este artículo implica que corresponde a la Cámara determinar anualmente las prioridades del gasto, mediante la discusión de la Ley de Egresos, sin que ninguna disposición, como en este caso la Ley de APP, pueda establecer de antemano una prioridad de gasto como la que se consagra. No corresponde a la Ley de Asociaciones Público Privadas normar prioridades de gasto sólo contenidas en la Ley de Egresos.
Otra de las cuestiones problemáticas de la ley es su inexistente regulación en cuanto a los sectores que pueden ser involucrados bajo formatos de colaboración público - privados. En su artículo 10, la ley se limita a afirmar que los esquemas de asociación público-privada podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector privado. Es necesario acotar de modo concreto el ámbito sectorial de funcionamiento de las asociaciones público privadas, configurándose una regulación que excluya a determinados sectores, lo cual no es incompatible con la referencia genérica a respetar otras leyes que incluye la actual redacción.
En ese sentido, teniendo en cuenta la naturaleza de las asociaciones público privadas y la práctica referida, la presente iniciativa propone restringir sectorialmente la aplicación de este tipo de proyectos. Ello está plenamente justificado por el singular impacto que acumulan algunos sectores desde el punto de vista social, estratégico o de seguridad pública. En concreto, se propone eliminar explícitamente el desarrollo de proyectos de APP en áreas que afecten a derechos humanos fundamentales; en contratos relacionados con las fuerzas armadas o policiales; así como en aquellas inversiones dirigidas a la explotación o gestión de los recursos naturales de la nación. La mayoría de los estados contemporáneos se reservan determinados sectores estratégicos sobre los cuales no se habilita la entrada a la iniciativa privada. En ese sentido, se considera que la protección de los derechos humanos fundamentales; la integridad de la actuación de las fuerzas armadas; así como la garantía de uso y gestión pública de los recursos naturales de México son áreas que merecen un estatuto reforzado, de modo que se descarte en ellas la masiva participación de la iniciativa privada.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes modificaciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas:
En consideración de lo antes expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de
Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas
Artículo 1. Se reforma el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y se adiciona el artículo 2 Bis, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
En los términos previstos en esta ley, los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. Como máximo, los proyectos de asociación público- privada podrán durar un periodo de veinte años, con posibilidad de renovación, mediante autorización expresa de la entidad convocante, de hasta diez años adicionales.
Artículo 2 Bis. La erogación máxima prevista en proyectos de asociación público-privada a cargo del gobierno federal será de 1 por ciento del total del Presupuesto de Egresos aprobado anualmente por la Cámara de Diputados.
Artículo 2. Se reforma el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 10. ...
En ningún caso podrán implementarse proyectos de asociación público-privada en los siguientes sectores:
I. Servicios públicos fundamentales que afecten a la satisfacción de derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales, como la sanidad, la educación o la seguridad y la asistencia social.
II. Fuerzas armadas y cuerpos policiales
III. Explotación o gestión de recursos naturales de la nación
Artículo 3. Se reforma el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para quedar como sigue:
Artículo 14. Los proyectos de asociaciones público-privadas serán viables cuando así lo determine la dependencia o entidad interesada, mediante dictamen que la misma emita. Para la elaboración de dicho dictamen, la dependencia o entidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:
...
VI. La rentabilidad social del proyecto y los beneficios integrales que el mismo involucra para el estado en términos económicos y fiscales;
...
...
...
...
...
X. El análisis concreto de las causas de inviabilidad de desarrollar el proyecto mediante fórmulas de inversión exclusivamente públicas.
XI. El examen de las implicaciones de la participación del sector privado y la utilidad de los proyectos de inversión o prestación de servicios.
XII. El análisis detallado de los riesgos fiscales, jurídicos o financieros involucrados en el proyecto, estableciendo una distribución equilibrada de aquellos entre el convocante y el promotor.
XIII. La solvencia mínima exigible a largo plazo a los promotores para desarrollar los proyectos, de modo que se garantice su sostenibilidad y un adecuado cierre financiero de los mismos.
Artículo 4. Se reforma el artículo 22 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no darán prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante esquemas de asociación público-privada, en la valoración y trámites respecto del cumplimiento de los requisitos de las disposiciones de protección ambiental, asentamientos humanos, desarrollo urbano, construcción, uso de suelo y demás que resulten aplicables, en el ámbito federal.
En relación con las autorizaciones federales previas necesarias para iniciar la ejecución de un proyecto de asociación público-privada, si la autoridad competente no contesta en un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que la autorización no ha sido concedida. En caso de autorizaciones previstas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el plazo será el previsto en el artículo 35 bis de la propia ley.
...
...
Artículo 5. Se deroga todo el capítulo tercero de la Ley de Asociaciones Público Privadas, referente a las propuestas no solicitadas
Se deroga.
Capítulo Tercero. De las propuestas no solicitadas.
Artículo 6. Se reforma el artículo 38 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 38. Las dependencias y entidades que pretendan el desarrollo de un proyecto de asociación público-privada convocarán, sin excepción, a concurso, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia y publicidad y, con las particularidades del artículo 31 de esta Ley, en igualdad de condiciones para todos los participantes. Los concursos tendrán que configurar bases que promuevan la máxima participación posible y la libre concurrencia de aspirantes. Ninguna cláusula establecida en las bases del concurso puede servir para restringir de forma indebida la competencia. En todo caso, si no concurriera un mínimo de dos aspirantes, el concurso será inválido y, en su caso, el proceso tendrá que reiniciarse.
Artículo 7. Se reforma el artículo 42 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 42. No podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para desarrollar un proyecto de asociación público-privada, las personas siguientes:
...
II. Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro de los seis años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento de contratos celebrados con dependencias o entidades federales o por cualquier otra causa relacionada con delitos de corrupción económica o política
III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna dependencia o entidad federal les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro de los seis años inmediatos anteriores a la convocatoria;
...
...
...
...
VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil o existan fundadas sospechas sobre su solvencia financiera
...
IX. Aquellas que, aún sin ser condenadas, dentro de los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por causas imputables a ellas mismas, hubieran incumplido contratos con alguna administración pública o demorado, más allá de lo pactado, la entrega de los productos o servicios acordados.
Artículo 8. Se reforma el artículo 47 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 47. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En su caso, la convocante tomará en cuenta las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia. Las bases del concurso deben estar diseñadas con el objetivo de garantizar el mayor grado de competencia posible y la mayor austeridad, sin detrimento a la calidad, y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Artículo 9. Se reforma el artículo 55 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 55. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para el Estado. En todo caso, el fallo deberá contener una argumentación detallada que compare todas las propuestas en liza, destacando las ventajas que ofrece para la entidad convocante la propuesta ganadora.
Artículo 10. Se reforma el artículo 57 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 57. Serán causas de descalificación, además de las que se indiquen en las bases:
...
...
...
...
V. Cualquier conducta del participante considerada como práctica desleal, destinada a alterar el resultado de la libre concurrencia de participantes o a condicionar de forma ilegítima el resultado del concurso.
Artículo 11. Se reforma y deroga parcialmente el artículo 58 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 58. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando todas las propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas económicas no fueren aceptables.
La convocante podrá cancelar un concurso:
...
...
...
V. Cuando por cualquier razón ya no exista la necesidad pública que dio origen al desarrollo del proyecto o la entidad convocante considere que es social o económicamente más beneficioso implementarlo mediante otros esquemas.
Artículo 12. Se deroga el artículo 63 de la Ley de Asociaciones Público Privadas
Se deroga.
Si realizado el concurso la dependencia o entidad convocante decide no firmar el contrato respectivo cubrirá, a solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido.
Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el concurso de que se trate.
El Reglamento señalará los procedimientos para determinar los montos y efectuará los pagos a que el presente artículo hace referencia.
Artículo 13. Se reforma el artículo 67 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 67. Las bases siempre deberán considerar los montos necesarios para cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas indebidas a los desarrolladores o para terceros que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles destinados a la ejecución del proyecto. En ningún caso la entidad o dependencia convocante podrá asumir más del cincuenta por ciento del coste de adquisición de bienes o derechos destinados al desarrollo de los proyectos.
...
Artículo 14. Se reforma el artículo 68 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 68. Para proceder a la adquisición a través de la vía convencional o, en su caso, a la expropiación de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto de asociación público-privada, se solicitará avalúo de los mismos al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en los términos que indique el Reglamento.
Se deroga.
...
Artículo 15. Se reforma el artículo 69 de la Ley de Asociaciones Público Privada, para quedar como sigue:
Artículo 69. La dependencia o entidad responsable podrá adquirir los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto aprobado, por la vía convencional con el o los legítimos titulares. Como máximo, la parte convocante podrá sufragar el cincuenta por ciento del coste de los inmuebles, bienes o derechos destinados a la ejecución del proyecto.
...
...
Artículo 16. Se reforma el artículo 71 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 71. ...
...
En todo caso, la entidad convocante será responsable de que el proceso de adquisición de inmuebles, bienes o derechos se desarrolle de forma transparente. En concreto, se prohíbe y será sancionado de acuerdo a la legislación aplicable que, en el marco del desarrollo de un proyecto de asociación público-privada, se generen prácticas especulativas que puedan ocasionar una ventaja indebida para los promotores o para terceros, independientemente de que ellas perjudiquen directamente o no al sector público.
Artículo 17. Se reforma el artículo 73 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 73. La dependencia o entidad responsable llevará un expediente de las negociaciones de cada proyecto, en el que consten los avalúos y documentos relativos a las mismas que el Reglamento señale. El expediente deberá integrar las actas de las reuniones de negociación, así como documentación detallada con capacidad de acreditar el correcto funcionamiento del procedimiento.
Artículo 18. Se reforma el artículo 75 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 75. Si las negociaciones se realizan por el particular desarrollador del proyecto, resultarán aplicables los artículos de la presente sección. La entidad convocante será responsable de que los procesos de adquisición destinados al desarrollo de asociaciones público privadas, incluso entre particulares, se realice en un entorno de transparencia, legalidad y competencia.
Artículo 19. Se reforma y deroga parcialmente la sección tercera de la Ley de Asociaciones Público Privadas referente a la expropiación, para quedar como sigue:
Sección TerceraDe la ExpropiaciónArtículo 76. Son causas de utilidad pública y expropiación aquellas previstas en la Ley de Expropiación, en la Ley Agraria, en otras disposiciones aplicables y en la presente ley.
En caso de incumplimientos contractuales o legales graves que comprometan la continuidad de los proyectos de asociación público privada y que afecten el interés público, la entidad convocante podrá emitir un dictamen de expropiación de los bienes y activos involucrados en el proyecto. En su caso, la autoridad judicial revisará que el dictamen conforme al cual se realizó la declaración de utilidad pública se encuentre completo y reúna los requisitos de ley.
Artículo 76 Bis. La Secretaría de Hacienda creará un fondo presupuestario de contingencia destinado a financiar u operar los proyectos de asociación público privados intervenidos o expropiados
Se deroga el resto de la sección tercera de la Ley de Asociaciones Público Privadas, referente a la expropiación.
Artículo 20. Se reforma el artículo 87 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 87. ...
...
II. La vigencia de cada una de las autorizaciones para la prestación de los servicios se sujetará a lo siguiente:
a) Cuando el plazo inicial máximo que establezca la ley que regula la autorización sea menor o igual al plazo de veinte años, aplicará éste último;
b) Cuando la ley que rige la autorización establezca un plazo inicial máximo mayor al de veinte años, aplicará el plazo mayor, y
...
Artículo 21. Se reforma el artículo 92 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue
Artículo 92. El contrato de asociación público-privada deberá contener, como mínimo:
...
...
...
IV. Los derechos y obligaciones de las partes, que deberán ser, como mínimo, equilibrados. En ningún caso las obligaciones de la entidad convocante podrán ser superiores o más gravosas que las correspondientes a la contraparte privada.
...
...
VII. El régimen financiero del proyecto, el cual deberá incluir una distribución equilibrada de los riesgos, garantías a favor de la entidad convocante, montos de inversiones mínimas exigibles al desarrollador, así como el esquema de contraprestaciones a su favor;
...
IX. El régimen de sanciones administrativas, penas convencionales y responsabilidad del desarrollador en caso de incumplimientos contractuales.
...
...
...
...
...
XV. Los procedimientos de solución de controversias de acuerdo a la presente Ley y a las demás disposiciones aplicables; y
...
En ningún caso el desarrollador podrá ceder a terceros obligaciones o derechos derivados del contrato de asociación público privada.
Artículo 22. Se reforma el artículo 95 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 95. El desarrollador tendrá, por lo menos, las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que establezcan las demás disposiciones aplicables
I. Prestar los servicios contratados, con los niveles de desempeño convenidos. En particular, los desarrolladores se comprometen a sostener niveles de inversión adecuados para la óptima prestación de los servicios y a desempeñarse de acuerdo a los principios de transparencia y rendición de cuentas. En todo caso, por cada peso invertido por la entidad convocante, como mínimo, el desarrollador tendrá la obligación de invertir lo mismo;
...
Artículo 22. Se reforma el artículo 97 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 97. A los inmuebles, bienes y derechos del dominio público de un proyecto de asociación público-privada les será aplicable la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones respectivas.
Los demás inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestructura, o necesarios para la prestación de los servicios del proyecto, no podrán ser, en ningún caso, enajenados, hipotecados, gravados o de cualquier manera afectarse.
Se deroga el resto del artículo.
Artículo 23. Se reforma el artículo 98 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 98. Los plazos de los contratos, con sus prórrogas, no deberán exceder, en su conjunto, de veinte años salvo lo dispuesto por el artículo 87, fracción II, de la ley. El monto de los contratos de asociación público privada no podrá superar 1 por ciento del total del presupuesto programado para el ejercicio fiscal anual de la entidad convocante.
Artículo 24. Se reforma el artículo 99 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 99. Cuando en las bases del concurso se prevea que el desarrollador otorgue garantías, el monto de éstas, en su conjunto, no deberá exceder:
I. Durante la construcción de la infraestructura de que se trate, del equivalente al veinte por ciento del valor de las obras; y
II. Durante la prestación de los servicios, del equivalente al quince por ciento de la contraprestación anual por los servicios mismos.
...
Artículo 25. Se reforma el artículo 101 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 101. Se prohíbe la subcontratación de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios. En todo caso, el desarrollador será el único responsable ante la dependencia o entidad contratante.
Artículo 26. Se deroga el artículo 102 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Se deroga.
Artículo 102. Los derechos del desarrollador, derivados del contrato de asociación público-privada, podrán darse en garantía a favor de terceros, o afectarse de cualquier manera, en los términos y condiciones que el propio contrato señale y previa autorización de la dependencia o entidad contratante.
De igual manera, podrán darse en garantía o transmitirse las acciones representativas del capital social del desarrollador, de conformidad con las disposiciones estatutarias aplicables y previa autorización de la dependencia o entidad contratante.
Artículo 27. Se deroga el artículo 103 de la Ley de Asociaciones Público Privadas:
Se deroga.
Artículo 103. El desarrollador podrá ceder los derechos del contrato, total o parcialmente, previa autorización de la dependencia o entidad contratante.
Esta cesión sólo podrá llevarse a cabo en los supuestos, términos y condiciones previstos en el propio contrato.
Artículo 28. Se reforma el artículo 104 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 104. En los proyectos de asociación público-privada, el desarrollador será responsable de la prestación de los servicios con los niveles de desempeño pactados y, en su caso, de la construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación -menores y mayores-, de la infraestructura, necesarios para la prestación de los citados servicios. En todo caso, el desarrollador se compromete a sostener niveles óptimos de inversión para garantizar la satisfacción del interés público en su desempeño.
Artículo 29. Se reforma el artículo 105 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 105. ...
En cuanto no sea contradictorio con la presente Ley, estarán sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a las disposiciones que de ellas emanan, las obras y servicios que realicen los particulares para cumplir con sus obligaciones en un proyecto de asociación público-privada.
Artículo 29. Se reforma el artículo 107 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 107. La prestación de los servicios comenzará previa autorización del Comité Técnico en materia de asociaciones público privadas y de la dependencia o entidad contratante.
El Comité Técnico se conformará de acuerdo con lo estipulado en el art. 125b de esta ley.
...
Artículo 30. Se reforma el artículo 108 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 108. Salvo por las modificaciones determinadas por la dependencia o entidad contratante en términos del artículo 119 de esta Ley, los riesgos de operación, prestación de los servicios y, en su caso, de construcción de la infraestructura y financiamiento del proyecto, serán asumidos por el desarrollador.
Artículo 31. Se reforma el artículo 109 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 109. En ningún caso las obras de infraestructura podrán incluir instalaciones para la realización de actividades privadas no previstas en las bases o en el contrato.
Artículo 32. Se reforma el artículo 111 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 111. En caso de concurso mercantil del desarrollador, la autoridad que conozca del mismo, con apoyo de la dependencia o entidad contratante, dispondrá las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio. En estos casos el contrato será automáticamente rescindido por causas imputables al desarrollador y la entidad convocante, previa autorización del comité técnico y de acuerdo al plazo que considere oportuno, intervendrá la obra o la prestación del servicio, y asumirá la administración pública de los mismos.
Artículo 33. Se reforma el artículo 114 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 114.La intervención tendrá la duración que la dependencia o entidad contratante determine o tendrá carácter permanente. En estos casos, la dependencia o entidad contratante podrá encargarse directamente de la ejecución de la obra o prestación de los servicios, o bien contratar a un nuevo desarrollador mediante concurso en términos del capítulo cuarto de la presente ley.
Artículo 34. Se reforma el artículo 117 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 117. ...
...
...
...
...
...
Ninguna modificación deberá implicar transferencia de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados en el contrato original. En todo caso, las modificaciones tendrán carácter excepcional, estarán motivadas, responderán al interés general y no podrán involucrar un menoscabo de la posición financiera de las entidades públicas.
...
Artículo 35. Se reforma el artículo 118 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 118. ...
...
II. En ningún caso las modificaciones podrán requerir compensación adicional, o implicar disminución de las obligaciones del desarrollador.
Artículo 36. Se reforma el artículo 119 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 119. En ningún caso, el desarrollador tendrá derecho a la revisión del contrato cuando, derivado de un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional, de autoridad competente, aumente se modifiquen el costo de ejecución del proyecto, o inclusive cuando se reduzcan, los beneficios a su favor.
Artículo 38. Se reforma el artículo 121 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 121. ...
Para efectos del otorgamiento de las prórrogas la dependencia o entidad deberá considerar cualquier cambio en las condiciones materiales, tecnológicas y económicas, bajo las cuales se lleva a cabo la prestación de los servicios, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento de la prórroga, o en su caso la convocatoria a un nuevo concurso. Las prórrogas a los proyectos de asociación público privada serán excepcionales, deberán estar suficientemente motivadas y tendrán que responder a la satisfacción de un interés público concreto.
...
Artículo 39. Se reforma el artículo 122 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 122. Sin perjuicio de las demás previstas en cada contrato, serán causas de rescisión de los contratos de asociación público-privada, las siguientes:
...
...
...
IV. Cualquier resolución condenatoria, administrativa o penal, que recaiga sobre la persona moral del desarrollador o sus filiales durante el transcurso del proyecto
V. Cualquier incumplimiento contractual o legal del de-sarrollador con capacidad de afectar al interés público.
Artículo 40. Se reforma el último párrafo del artículo 123 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 123. ...
...
De conformidad con el artículo 92, fracción XIII, anterior, y lo dispuesto en el Reglamento, el contrato de asociación público-privada contendrá los términos y condiciones en los que, en caso de terminación anticipada, proceda el reembolso al desarrollador del monto de inversiones que demuestre haber realizado. En caso de que la terminación anticipada sea imputable al desarrollar, no corresponderá ningún tipo de reembolso.
Artículo 41. Se adiciona el artículo 123 bis y se reforma el artículo 125 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 123 Bis. Se prohíbe que, durante la fase de terminación o con posterioridad a ésta, el estado o la dependencia pueda financiar o asumir los pasivos generados durante la administración privada de los proyectos o servicios. En ningún caso, el sector público será responsable por el funcionamiento ineficiente de esquemas privados de negocio implementados en el marco de asociaciones público privadas.
Artículo 125. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública en ejercicio de sus atribuciones, supervisar que la preparación, inicio y adjudicación de los proyectos de asociaciones público-privadas, así como de los demás actos regulados por la presente ley, se ajusten a lo dispuesto en esta misma ley y a las demás leyes que rijan la función pública.
La supervisión de la prestación de los servicios, en su caso, de la ejecución de la obra y, en general, del cumplimiento y desarrollo del proyecto de asociación público-privada, corresponderá exclusivamente a la dependencia o entidad contratante y a las demás autoridades que resulten competentes.
La supervisión de las autorizaciones para la ejecución de las obras, así como para la prestación de los servicios, corresponderá a las autoridades que las hayan otorgado.
La Función Pública se encargará que se cumpla con la normatividad que rige el funcionamiento de la administración pública, de acuerdo a las leyes aplicables, en particular la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
La Cámara de Diputados creará un Comité Técnico especializado en proyectos de asociación público - privada, cuyas atribuciones serán:
a) Autorizar, mediante resolución motivada, y sin prejuicio de la previa autorización por parte de la entidad convocante, todos los proyectos de asociación público privada a realizar por las entidades federales o sus dependencias. Todas las entidades interesadas en desarrollar un proyecto de asociación público-privado deberán presentarlo ante el Comité Técnico, quien evaluará y resolverá la solicitud en un plazo máximo de un mes.
b) Vigilar y supervisar el cumplimiento de la presente Ley y del contrato en todas las fases de ejecución de los proyectos de asociación público-privada. El comité técnico en materia de asociaciones público privadas tendrá atribuciones indisponibles para auditar y fiscalizar el desarrollo de los proyectos. Para la implementación de tal facultad, se elaborará un programa anual de auditorías que, como mínimo, evalúe el desempeño del veinte por ciento de los proyectos en desarrollo.
c) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de proyectos de asociación público privada.
d) Elaborar un registro único de asociaciones público privadas. Dicho registro será público y deberá ser actualizado trimestralmente, indicando tanto los nuevos proyectos a iniciar como el estado de aquellos en fase de desarrollo.
e) Resolver las controversias que surjan del desarrollo de proyectos de asociación público privada entre las partes involucradas, cuando así se establezca en el contrato o en las bases de la convocatoria. En la medida de lo posible, las entidades convocantes designarán al comité técnico en materia de asociaciones público privadas como la entidad administrativa encargada de resolver las controversias sobre los proyectos en primera instancia, sin prejuicio de ulteriores vías de reclamación administrativa o judicial.
f) Implementar las sanciones administrativas pertinentes en caso de incumplimientos contractuales o legales.
El equipo directivo del comité técnico estará integrado por tres expertos independientes de reconocido prestigio en el ámbito de la contratación y el gasto público, garantizando en particular la ausencia de conflictos de interés de la institución.
La Secretaría de la Función Pública emitirá una convocatoria para elegir a los candidatos idóneos a ocupar el puesto de Consejeros del Comité.
Las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación revisarán los expedientes, entrevistarán a los candidatos y elegirán a los tres que cumplan con los requisitos para cada ocupar los puestos a consejeros, procurando la inclusión en materia de género. En el proceso, la Función Pública podrá opinar sobre la cualidad técnica de los candidatos a consejeros.
El pleno de la Cámara de Diputados elegirá por una mayoría de dos tercios a los integrantes del Comité Técnico en materia de asociaciones público privadas. El mandato de los miembros del Comité será de cuatro años, con una prórroga de hasta un periodo más.
La Secretaría de la Función Pública emitirá la convocatoria, a más tardar dos meses después de aprobada la reforma.
La Secretaría de la Función Pública creará un Comité Técnico especializado en proyectos de asociación público privada, cuyas atribuciones serán:
a) Autorizar, mediante resolución motivada, y sin prejuicio de la previa autorización por parte de la entidad convocante, todos los proyectos de asociación público privada a realizar por las entidades federales o sus dependencias. Todas las entidades interesadas en desarrollar un proyecto de asociación público privado deberán presentarlo ante el Comité Técnico, quien evaluará y resolverá la solicitud en un plazo máximo de un mes.
b) Vigilar y supervisar el cumplimiento de la presente Ley y del contrato en todas las fases de ejecución de los proyectos de asociación público privada. El comité técnico en materia de asociaciones público privadas tendrá atribuciones indisponibles para auditar y fiscalizar el desarrollo de los proyectos. Para la implementación de tal facultad, se elaborará un programa anual de auditorías que, como mínimo, evalúe el desempeño del veinte por ciento de los proyectos en desarrollo.
c) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de proyectos de asociación público privada.
d) Elaborar un registro único de asociaciones público privadas. Dicho registro será público y deberá ser actualizado trimestralmente, indicando tanto los nuevos proyectos a iniciar como el estado de aquellos en fase de desarrollo.
e) Resolver las controversias que surjan del desarrollo de proyectos de asociación público privada entre las partes involucradas, cuando así se establezca en el contrato o en las bases de la convocatoria. En la medida de lo posible, las entidades convocantes designarán al comité técnico en materia de asociaciones público privadas como la entidad administrativa encargada de resolver las controversias sobre los proyectos en primera instancia, sin prejuicio de ulteriores vías de reclamación administrativa o judicial.
f) Implementar las sanciones administrativas pertinentes en caso de incumplimientos contractuales o legales
El equipo directivo del comité técnico estará integrado por tres expertos independientes de reconocido prestigio en el ámbito de la contratación y el gasto público, garantizando en particular la ausencia de conflictos de interés de la institución. La Secretaría de la Función Pública propondrá a la Cámara de Diputados los candidatos a integrar la dirección del Comité Técnico en materia de asociaciones público privadas. El mandato de los miembros del Comité será de cuatro años no prorrogables y la Secretaría de la Función Pública hará llegar la propuesta de composición del Comité a la Cámara como máximo el 1 de Abril del año en que concluya el mandato de la dirección. La Cámara, en su caso, aprobará la propuesta de la Secretaría de la Función pública con una mayoría cualificada de dos tercios. En caso contrario, la Secretaría de la Función pública deberá remitir una nueva propuesta de composición de la dirección del Comité durante el mes posterior en el cual la Cámara rechazó la iniciativa inicial. En su caso, el procedimiento se repetirá hasta que el la dirección del Comité sea aprobado por la mayoría cualificada de dos tercios de los diputados.
Artículo 41. Se reforma el artículo 126 de la Ley de Asociaciones Público Privadas:
Artículo 126. La supervisión de la prestación de los servicios, de la ejecución de la obra, así como del cumplimiento de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto, estará a cargo del Comité Técnico de APP , con la participación de la dependencia responsable. El Comité tendrá que elaborar un reporte semestral del cumplimiento de las obligaciones de la parte privada y de la pública a la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 42. Se reforma el artículo 128 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 128. El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, por parte de los servidores públicos, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y demás disposiciones que resulten aplicables.
La Secretaría de la Función Pública, y el comité técnico especializado en asociaciones público privadas, vigilarán los procesos de contratación materia de esta ley, en los términos de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su respectivo reglamento interior le conceden. De la misma forma la Auditoría Superior de la Federación ejercerá sus atribuciones de auditoría y fiscalización en los términos que las disposiciones constitucionales y legales lo señalan.
La Auditoría Superior de la Federación elaborará un plan multianual de fiscalización de las Asociaciones Público Privadas destinado a supervisar el desempeño y la viabilidad de los proyectos a largo plazo. Dicho plan de fiscalización deberá evaluar los riesgos para el sector público asociados a los proyectos, los beneficios sociales específicos logrados o proyectados, así como los modelos financieros que los sustentan. La Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus competencias, examinará la transparencia de los proyectos de asociación público privada, en cuanto a la adjudicación, implementación y terminación de los mismos, evaluando la legalidad, eficiencia financiera y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos federales. Como mínimo, un 20% del total de los proyectos de asociación público privada será anualmente auditado.
Artículo 43. Se reforma el artículo 129 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 129. El incumplimiento de las obligaciones del contrato de asociación público-privada dará lugar a las penas convencionales pactadas en el propio contrato, las cuales podrán incluir reducciones en las contraprestaciones a favor del desarrollador. En todo caso, las bases y los contratos tendrán que establecer un capítulo específico consagrado a las sanciones y penas convencionales derivadas de incumplimientos contractuales por parte del desarrollador. Independientemente de lo establecido por las bases y los contratos, las sanciones y penas convencionales tendrán, como mínimo, el siguiente valor:
I. Un 10 por ciento del total del valor del contrato para incumplimientos leves
II. Un 20 por ciento del total del valor del contrato para incumplimientos graves
III. Un 40 por ciento del total del valor del contrato para incumplimientos muy graves
En todo caso, se considerarán incumplimientos muy graves todas aquellas irregularidades que puedan menoscabar el interés general o los derechos humanos, afectar al erario público o perjudicar de forma permanente el desarrollo de los proyectos. El Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas definirá la tipología y características de incumplimientos leves, graves y muy graves.
...
Artículo 44. Se reforma el artículo 134 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 134. En caso de divergencias de naturaleza técnica o económica, las partes del contrato de asociación público-privada tratarán de resolverlas de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe. Cuando así lo establezcan las bases o el contrato, las controversias se someterán al comité técnico especializado en proyectos de asociación público privada en los términos de la presente ley.
...
Artículo 45. Se reforma el artículo 140 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:
Artículo 140. Corresponde a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten de la interpretación o aplicación de esta Ley, así como de los actos que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de la misma emanen. Sólo en supuestos acreditados por tribunales federales de incumplimientos por parte del estado, podrá el desarrollador acudir a la jurisdicción internacional.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las disposiciones del presente decreto serán inaplicables en cuanto afecten o modifiquen condiciones contractuales pactadas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
Notas
1 Mayntz, R. (2001). El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. Reforma y democracia, (21), 7-22.
2 OCDE (2012) Public Governance of Public-Private Partnerships, 16 de Mayo del 2012, disponible el 6 de Septiembre del 2016 en
https://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 Zuñiga N, Dejan en el tintero hospitales vía APP, 25 de agosto del 2016, disponible el 6 de septiembre de 2016 en
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=923386 &md5=96a693dc6d3fd06fae77459add5b1aa3 &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4
4 Goldsmith, H., & Turró, M. (2005). El papel de las instituciones financieras internacionales en el desarrollo de las asociaciones público-privadas. CLM Economía, 6, 231-262.
5 Zuñiga N, Dejan en el tintero hospitales vía APP, 25 de agosto de 2016, disponible el 6 de septiembre de 2016 en
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=923386 &md5=96a693dc6d3fd06fae77459add5b1aa3 &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4
6 Laurell Asa Cristhina (2015) Hospitales APP, un riesgo para la salud y las finanzas públicas, Enfoque Regional Sur.
7 Gobierno de Yucatán (2015) Comunicado, disponible el 22 de Abril del 2017 en
http://yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=196082
8 Santana (2016) Empresa ligada a cuñado de Salinas gana licitación para construir Hospital Público en Mérida , Proceso, 23 de agosto de 2016, disponible el 3 de marzo de 2017 en
http://www.proceso.com.mx/452056/empresa-ligada-a-cunado-salinas- gana-licitacion-construir-hospital-del-issste-en-merida
9 ISSSTE (2016) Acta del fallo de Licitación Pública Internacional Mixta APP-019GYN006-E3-2016, de conformidad con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, 22 de Agosto del 2016, disponible el 5 de septiembre de 2016 en
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127003/ ACTA_FALLO_APP_MERIDA.PDF
10 Cuamea F. y otros (2015)El nuevo hospital de Culiacán endeudaría a los próximos cinco gobernadores, 21 de julio de 2015, Arístegui Noticias
http://m.aristeguinoticias.com/2107/mexico/hospital-de-culiacan-el- expediente-oculto-investigacion-de-noroeste/
11 Cuamea F. y otros (2015) El nuevo hospital de Culiacán endeudaría a los próximos cinco gobernadores, 21 de julio del 2015, Arístegui Noticias
http://m.aristeguinoticias.com/2107/mexico/hospital-de-culiacan-el- expediente-oculto-investigacion-de-noroeste/
12 Auditoría Superior de la Federación (2014), Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYN-02-0160 DS-092
13 Ibíd.
14 Auditoría Superior de la Federación (2015) Impacto de las asociaciones público-privadas sobre las finanzas públicas, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0056
15 Ibíd.
16 Auditoría Superior de la Federación (2015) Impacto de las asociaciones público-privadas sobre las finanzas públicas, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0056
17 Ibíd.
18 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2016). Las asociaciones público-privadas como alternativa de financiamiento para las entidades federativas, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
19 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017) Presupuesto de Egresos de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018. Diputada Araceli Damián González, senador Daniel Ávila Ruiz (rúbricas).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Araceli Damián González. Su iniciativa se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Senador Ávila.
El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Para preguntarle a la diputada, si me permite adherirme a su iniciativa, sobre todo que habla, por supuesto de Yucatán y por supuesto el hospital del ISSSTE. También por supuesto denunciamos el tema del hospital.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador. Me imagino que no tiene ninguna objeción a que se realice esta adhesión, la diputada Araceli Damián, por lo tanto el senador Daniel Ávila queda adherido a esa iniciativa.
La iniciativa del senador Isidro Pedraza Chávez contará además con la inserción del texto íntegro de su intervención en el Diario de los Debates. Lo anterior por el registro del personal de Servicios Parlamentarios.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de seguridad cibernética.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes:Buenas tardes. Con su venia, sus señorías. Hoy quiero compartir con esta soberanía un problema de la mayor trascendencia, y es que partamos de que el Estado mexicano no tiene hoy el monopolio de las capacidades de intervenir comunicaciones ni telefónicas ni digitales. La invasión de la privacidad de las personas y de las empresas ha generado una industria de equipos y servicios que no están hoy controlados y tampoco están sancionados.
Cualquier persona que busque en Internet o en el Centro Histórico de la Ciudad de México, encontrará que puede tener acceso a un sinfín de servicios de investigación, equipo de espionaje, desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Existe un mercado con una gran diversidad de software, programas informáticos que ofrecen servicios desde el registro a intervención telefónica, perfiles de cuenta, actividades, tendencias, intereses, hasta secretos industriales, contraseñas, códigos, accesos privados sin restricción alguna.
Hoy enfrentamos -desde hace algunos años- este nuevo tipo de espionaje que es el espionaje informático, con el cual es una parte importante también de la delincuencia ordinaria. Hoy cada vez más los delitos tienen al espacio cibernético y a las cuestiones que violentan nuestra ciberseguridad.
Esto hace que la vida de las personas, cada uno de nosotros, tiene cada vez más vinculada su vida a su vida digital. El desarrollo de las tecnologías nos ha llevado prácticamente a depender toda nuestra actividad de sistemas informáticos y claves de acceso desde servicios bancarios, trámites gubernamentales, información laboral, comunicaciones personales; recuadro de archivos privados con fotografías, videos electrónicos, se realizan a través de los medios digitales que usamos comúnmente.
La intervención de estos medios digitales es cada vez más invasiva y agresiva con la privacidad de los ciudadanos, la inseguridad y las constantes amenazas por parte de la delincuencia, así como otras actividades que se presentan en nuestro país.
Aquí hay que destacar -ese es el meollo del asunto- que el Código Penal actual sanciona a quien intervenga las comunicaciones privadas, pero no sanciona a las personas o empresas que compran, vendan equipos o servicios de esta naturaleza.
¿Esto qué ha significado? Que se están generando muchísimas empresas que ofrecen estos servicios de intervención de comunicaciones digitales. Se ofrecen estos servicios sin que haya sanción alguna. Entonces ese es el motivo de esta iniciativa.
Ya hay antecedentes internacionales, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del 2001, del Consejo Europeo estableció que, para prevenir los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de servicios informáticos, redes y datos de información, así como el abuso de dicho sistema, redes y datos, se requiere la tipificación y la normatividad conforme al derecho interno de cada país, y sancionar de manera efectiva la violación de la privacidad de las personas.
Hoy día no lo tenemos y por eso proponemos a esta soberanía que en el Código Penal a través de diversas modificaciones, es muy amplio, ustedes contarán con la iniciativa, y para no abusar del tiempo señalo de manera muy sucinta sancionar a quien venda equipo o programas informáticos, preste servicio u obtenga para su utilización, difusión u otra puesta a disposición de dispositivos, programas informáticos diseñados o adaptados principalmente para la intervención de comunicaciones privadas, geolocalización, sin el conocimiento del interesado.
También a quien comercialice contraseñas, códigos de acceso, datos informáticos o similares que permitan el acceso, y básicamente a quien comercialice con instrumentos, servicios o informaciones que estén en la esfera privada sin el consentimiento del propietario de esta información.
Debo decirles, y con esto concluiría, que México se encuentra entre los mayores compradores de equipo de espionaje en América Latina, y aunque la legislación federal sanciona a quien intervenga las comunicaciones privadas sin el mandato judicial competente, hemos limitado al Estado, pero no hemos limitado a los particulares que están realizando este tipo de actividades.
No voy a entrar en los detalles. Conocemos muchísimos casos. Todos somos vulnerables como ciudadanos a este tipo de cuestiones.
Debo de destacar que en la historia de la democracia uno de los primeros valores que se protegió fue la confidencialidad del correo. Hoy ya no estamos en ese supuesto, estamos en la protección de nuestra vida digital.
Por lo tanto, les solicitamos su apoyo a esta iniciativa para que el Estado mexicano desincentive estas reacciones porque la violación de la privacidad no solo es un atentado contra las personas, es un atentado contra nuestra democracia y son los delitos y los retos que nos toca vivir en nuestro tiempo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de seguridad cibernética, a cargo del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito Luis Humberto Fernández Fuentes, senador de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de seguridad cibernética
Exposición de Motivos
La invasión a la privacidad de las personas o empresas es un delito peligroso que vulnera la seguridad e intimidad de los individuos. En México existe un mercado de fácil acceso y con gran auge para la industria del espionaje. Cualquier persona que busque en la red puede tener acceso a un sinfín de servicios de investigación y equipo de espionaje, desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Existen en el mercado una gran diversidad de software y programas informáticos que les permite brindar todo tipo de servicios para el registro e intervención telefónica, perfiles de conducta, actividades, tendencias e intereses de cualquier persona, hasta secretos industriales, contraseñas, códigos o accesos a cuentas privadas de cualquiera sin restricción alguna.
En la actualidad el espionaje se puede dividir en dos vertientes principalmente: el llamado industrial, que afecta de manera directa diversas empresas del país al intervenir de forma ilícita información sobre la investigación de desarrollos y proyectos, para obtener una ventaja sobre sus competidores en el mercado; y el llamado espionaje informático, que se dirige a personas específicas con el objeto de obtener sin su consentimiento y de manera ilícita datos personales, contraseñas, cuentas bancarias y toda aquella información que se proporcione por medio de la red.
La estrategia consiste en acceder mediante programas informáticos a la información privada de cada usuario para transferirla a la sede de una empresa de espionaje con la finalidad de posteriormente comercializarla. En el caso de las PC, la mayoría de las veces mediante la simple descarga de un programa que realice el usuario puede llegar a obtener toda la información que teclea , además rastrear los datos almacenados en la computadora, monitorear los movimientos de los usuarios conectados a internet, obteniendo su perfil comercial completo, sin su consentimiento.
La vida de las personas cada vez se vincula más a su vida digital, el desarrollo de la tecnología las ha llevado a depender prácticamente en toda actividad de los sistemas informáticos y claves de acceso. El otorgamiento de servicios bancarios, trámites gubernamentales, información laboral, comunicaciones personales y el resguardo de archivos privados como fotografías o videos electrónicos se desarrollan a través de la tecnología digital.
El espionaje informático masivo es un alto riesgo. Al entrar al mundo de las redes sociales y al navegar en internet dejamos de estar en el anonimato y nos convertimos en una estadística o en un indicador. La violación a la privacidad y seguridad de las personas se da cuando las empresas con las que compartimos nuestra información, trafican con las bases de datos vendiéndoselas a empresas o al gobierno, o en su caso se obtienen mediante la interceptación de datos sin el consentimiento del usuario.
La intervención de los medios digitales cada vez es más invasiva y agresiva con la privacidad de los ciudadanos. La inseguridad y constantes amenazas por parte de la delincuencia, así como de otras actividades delictivas que se presentan a diario en nuestro país, han incentivado el auge de esta industria del espionaje.
La interceptación de las comunicaciones es un delito peligroso que transgrede la esfera más íntima de todo ser humano. El Código Penal Federal impone una pena contra quien intervenga las comunicaciones privadas, pero no sanciona a la persona o empresa que vende o compra un equipo o un servicio, desde el más sencillo o sofisticado que permita llevar a cabo la intervención de las comunicaciones e información personal o privada.
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia de 2001 del Consejo Europeo estableció que, para prevenir los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos, se requiere de la tipificación de estos actos en la normatividad y derecho interno de cada país, con el objeto sancionar de forma efectiva la violación a la privacidad de las personas.
México se encuentra entre los mayores compradores de equipo espía en América Latina, aun y cuando la legislación federal sanciona a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente. En todo este contexto el monopolio de la intervención no lo tiene el Estado y por ende menos puede ser realizada por los particulares.
La experiencia reciente en México con la actividad de estas empresas nos muestra que existe un vacío legal en su regulación, pues, aunque existen contratos donde se deslindan del uso que los clientes hagan de estas herramientas informáticas, en los hechos es difícil precisar los alcances de la responsabilidad entre proveedores y usuarios.
Por lo tanto, se hace conveniente que el Estado mexicano desincentive esta práctica creciente en nuestro país, el objeto de la presente iniciativa es sancionar la compra, venta y posesión de dispositivos electrónicos, programas informáticos, así como contraseñas, códigos de acceso o datos informáticos que transgredan la privacidad de las personas sin su consentimiento, para lo cual se propone:
En virtud de lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que confieren los artículos supra citados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de seguridad cibernética
Título QuintoDelitos en materia de vías de comunicación y correspondencia
Capítulo IAtaques a las vías de comunicación y violación de correspondencia
Artículo 168 Bis. Se impondrán de dos años a cinco años de prisión y de quinientos a tres mil días multa, a quien sin derecho:
I. ...
II. ....
III. Venda equipo o programas informáticos, preste el servicio, obtenga para su utilización, difusión u otra forma de puesta a disposición de:
a) Dispositivos, incluidos programas informáticos diseñados o adoptados principalmente para la intervención de comunicaciones privadas, geolocalización sin consentimiento del interesado o la interceptación de datos de navegación en internet.
b) Contraseñas, códigos de acceso o datos informáticos similares que permitan tener acceso a la totalidad o a una parte de un sistema informático.
d) La posesión de alguno de los elementos contemplados en los incisos anteriores, con el fin de ser utilizados para violar las comunicaciones privadas incluidas todas aquellas que se realizan por medios electrónicos.
Capítulo IIViolación de correspondencia
Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas realizadas vía telefónica o medios digitales, mensajes de texto o cualquier aplicación de servicios de mensajería, correo electrónico, cuentas de redes personales, datos de geolocalización sin consentimiento del interesado, datos de navegación en internet o cualquier medio de comunicación privado sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.
La pena prevista en el párrafo anterior se duplicará en caso de que los servidores públicos intervengan comunicaciones privadas sin la autorización judicial competente, además de la privación del cargo o inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o realice las conductas señalada en este artículo.
Título OctavoDelitos contra el libre desarrollo de la personalidad
Capítulo ICorrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo
Artículo 200. Al que produzca, comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio incluso digital, se le impondrá de seis uno mes a cinco siete años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa.
Capítulo IIAcceso ilícito a sistemas y equipos de informática
Artículo 211 Bis 1. Al que acceda de manera deliberada e ilegítima a la totalidad o a una parte de un sistema informático, violando medidas de seguridad, con la intención de obtener datos informáticos o con otra intención delictiva, o en relación con un sistema informático que esté conectado a otro, se impondrá de cuatro a quince años de prisión y de trescientos a mil quinientos días multa.
A quien intercepte de forma deliberada e ilegítima datos informáticos, por medios técnicos, desde un sistema informático o dentro del mismo, incluidas las emisiones electromagnéticas procedentes de un sistema informático que contenga dichos datos informáticos, se impondrá de cuatro a quince años de prisión y de trescientos a mil quinientos días multa.
Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses dos años a dos siete años de prisión y de cien doscientos a trescientos seiscientos días multa.
...
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis años a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos cincuenta días multa.
Al que obtenga información privada sin el consentimiento expreso del dueño de la misma, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Artículo 211 Bis 2. Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá, además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
...
Artículo 211 Bis 3. ...
...
A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos en materia de seguridad pública, indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días multa. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, hasta una mitad más de la pena impuesta, destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
Artículo 211 Bis 4. Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de cuatro a doce años de prisión y de cien quinientos a seiscientos mil días multa.
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.
Artículo 211 Bis 5. Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de cuatro a doce años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Artículo 211 Bis 8. Cuando una persona se haga pasar por otra en internet o cualquier otro medio digital con el objeto de llevar a cabo actividades de carácter ilegal se impondrá de cuatro a doce años y multa de cien a mil quinientos pesos días multa.
Artículo 211 Bis 9. Al que utilice los medios de tecnologías de información, comunicación, informática, electrónica o similar para generar terror o miedo generalizado injustificado en una comunidad, se impondrá pena de prisión de cuatro a doce años y multa de cien a mil quinientos pesos días multa.
Artículo 211 Bis 10. Se aplicará la pena de prisión de cuatro años a quince años y hasta de quinientos a dos mil días de multa, al que cometa de forma deliberada e ilegítima, la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos que dé lugar a datos no auténticos, con la intención de que sean tenidos en cuenta o utilizados a efectos legales como si se tratara de datos auténticos, con independencia de que los datos sean o no directamente legibles e inteligibles.
Artículo 211 Bis 11. Se aplicará la prisión de siete a quince años y multa de mil a tres mil pesos a quienes realicen actos deliberados e ilegítimos que causen un perjuicio patrimonial a otra persona mediante:
I. Cualquier introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos;
II. Cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, con la intención fraudulenta o delictiva de obtener ilegítimamente un beneficio económico para uno mismo o para otra persona.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Fernández, Litza. El espionaje informático: la poderosa estrategia del siglo XXI, 5 de marzo de 2017, disponible en: https://www.technemexico.com/espionaje-informatico-la-poderosa-estrategia- del-siglo-xxi/
2 lbidem
3 Convenio sobre Ciberdelincuencia, Consejo Europeo, 23 de noviembre de 2011, Budapest.
4 Arturo Ángel, México, el principal cliente de una empresa que vende software para espiar. Animal Político, 7 de julio de 2015, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/07/empresa-de-hackers-exhibida-por- venta-de-software-espia-a-paises-represores-y-mexico-resulta-su-principal- cliente/
5 Artículo 177 del Código Penal Federal.
Ciudad de México, 10 de enero de 2018. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador Hernández Fuentes, Fernández Fuentes. Su iniciativa se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
La senadora Adriana Dávila le pregunta si acepta usted que ella se adhiera a la iniciativa que usted presenta.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes:Con mucho gusto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Lo considera un prestigio el senador, igualmente los senadores si son tan amables, Francisco Salvador López Brito, Sonia Mendoza Díaz, Mariana Gómez del Campo Gurza, la senadora María del Rocío Pineda Gochi, la senadora Carmen Dorantes Martínez y la senadora María Verónica Martínez Espinoza. Quedan todos adheridos a la iniciativa del senador Fernández Fuentes.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Germán Ralis Cumplido tiene la palabra para presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 84 de la Ley del Seguro Social. Adelante, don Germán.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, la salud es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna en el artículo 4o. Sin embargo, en nuestro país se ha convertido prácticamente en un lujo, donde si no eres estudiante, derechohabiente de la seguridad social, o no cuentas con los recursos para adquirir un seguro de gastos médicos mayores, enfermarse en nuestro país podría llevar a la familia obviamente a un tema grave, pero, sobre todo, también a la ruina económica.
El atenderse tan solo una gripe común requiere de medicamentos y al menos dos consultas con el médico, lo cual a un mexicano sin seguro le costaría alrededor de mil pesos por evento. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de enfermedades más fuertes como la diabetes, un paciente que la tiene controlada, gastaría en medicamentos alrededor de 100 mil pesos en un año, y si no la tiene controlada, la cifra se incrementa hasta en 320 mil pesos anuales.
Las personas que cuentan con servicio en el Seguro Social, no deben de preocuparse de eso, así como tampoco debe de preocuparse el cónyuge, del asegurado o pensionado, concubina o concubinario, en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado, aunque este servicio incluye a los descendientes solo hasta los 16 años, y hasta los 25 en caso de que estén estudiando y lo puedan comprobar, tal como lo marca el artículo 84 de la Ley del Seguro Social.
Ahora, si bien nuestro país, el acceso a la educación media en teoría está garantizado, esto no es garantía de que los aspirantes logren quedarse en la opción deseada, por lo que los candidatos realizan en reiteradas ocasiones su examen de admisión hasta lograr su objetivo, lo que ocasiona que por un tiempo no pertenezcan a ninguna institución educativa, quedando fuera también de la seguridad social.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 5o., menciona que las personas entre 12 y menos de 18 años de edad son adolescentes, por lo que sus padres aún son responsables de ellos.
Incluso la Convención sobre los Derechos de los Niños en su primer artículo a la letra dice que se entiende por niño todo ser humano menor a 18 años de edad, por lo que resulta indignante que la Ley del Seguro Social discrimine a los menores solo por no ser estudiantes y les niegue los servicios de salud violando de esta manera sus derechos humanos.
Nuestra labor como legisladores es proteger y salvaguardar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es por eso que pido se extienda hasta los 18 años la edad para ser derechohabiente de la seguridad social en México.
Recordemos que nuestros niños y adolescentes son el futuro de nuestro país y proteger su salud es primordial para que logren tener mayores oportunidades en el futuro. No los privemos de este derecho. Es cuanto, señor presidente
«Iniciativa que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El proponente, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral V del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa salud es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna en el artículo cuarto, sin embargo, en nuestro país, se ha convertido en un lujo, al cual sólo los que cuenten con recursos para adquirir un seguro de gastos médicos mayores, podrán acceder, de lo contrario enfermarse en nuestro país podría llevar a una familia a la ruina económica.
El Instituto Mexicano del Seguro Social en 2017 publicó los costos para personas que no son derechohabientes, indicando que la consulta de medicina familiar cuesta 647.00 pesos; atención de urgencias desde 499.00 a 2 mil 587.00 pesos; día de hospitalización 7 mil 256.00 pesos; consulta de especialidades desde 1001.00 a 1,704 pesos; entre otros, los cuales comparados con instituciones privadas, están a la misma altura e incluso más altas si consideramos que actualmente se ofrecen consultas médicas que van desde los veinte pesos.
Si consideramos que una gripe común requiere de medicamentos y al menos dos consultas con el médico, podemos decir que un mexicano sin seguro médico gastaría alrededor de mil pesos por evento. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en caso de enfermedades más fuertes como la diabetes, un paciente que la tiene controlada, gastaría en medicamentos alrededor de 100 mil pesos en un año, pero si la enfermedad no se tiene controlada, la cifra se incrementa hasta en 320 mil pesos anuales. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indica que la atención en un tercer nivel en un IMSS o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puede llegar a costar lo mismo, que en un hospital privado para quien no cuente con un seguro de gastos médicos mayores, ya que los equipos e insumos son los mismos, así como honorarios, anestesia entre otros.
Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), indicó que en México solo 8.8 por ciento de la población cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, mientras que el porcentaje de los que no cuentan con ningún tipo de seguro alcanza 17.3 por ciento.
En 2017 el IMSS indicó que existen 18,699,916 trabajadores que cuentan con el servicio, 86 por ciento con carácter permanente y 14 por ciento eventuales. El servicio se extiende de acuerdo a la Ley del Seguro Social al cónyuge del asegurado o pensionado y a falta de éste, la concubina o el concubinario, en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado. Sin embargo, este servicio incluye a los descendientes solo hasta los 16 años y hasta los 25 en caso de que estén estudiando y lo puedan comprobar, así lo marca el artículo 84 de la misma ley.
En nuestro país el derecho a la educación está plasmado dentro de la constitución, por lo que existen diversas opciones educativas para continuar los estudios de nivel medio superior; por lo que cada año la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) realiza el examen a aspirantes a bachillerato, dentro de estas opciones se ofrecen lugares en escuelas públicas como Conalep; Colegio de Bachilleres; Cetis; preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN); estas dos últimas son las de mayor demanda entre los aspirantes. Sin embargo, pese a que los espacios están garantizados muchos de los jóvenes que no logran quedarse en sus primeras opciones deciden intentarlo de nuevo el siguiente año; tan solo en 2017, fueron 51 mil 705 aspirantes que realizaron una vez más el examen para intentar quedarse en la opción deseada.
Por lo antes descrito resulta evidente que existen menores que a pesar de que sus progenitores cumplen con sus cuotas para ser derechohabientes del IMSS, ellos quedan completamente desprotegidos, porque al no contar con seguro médico no quiere decir que estén exentos de enfermar, lo que resulta realmente grave; y es que no sólo tienen que sobrellevar el no quedarse en la opción educativa que desean, sino que también podrían convertirse en una gran carga para sus padres los cuales son los responsables del menor, como lo marca la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (4 de diciembre de 2014), en su artículo 5, en el que menciona que las personas entre doce años y menos de dieciocho años de edad son adolescentes; por lo que resulta sumamente necesario que la Ley del Seguro Social cumpla con el precepto constitucional y extienda la cobertura hasta los 18 años sin que se necesite comprobar si el menor de edad es o no estudiante.
De acuerdo al simulador de gastos médicos mayores de la Condusef un seguro para un menor de 16 años puede costar desde 9 mil 300.23 pesos (MetLife), hasta 14 mil 097.14 pesos (Mapfre); con lo que una persona al ser derechohabiente y cotizar al IMSS, duplica costos y esto afecta la economía familiar.
No se deben negar los servicios de salud a los adolescentes que no se encuentran inscritos en una institución educativa, es discriminatorio y viola sus derechos humanos; además de no salvaguardar el interés superior de la niñez.
Considerandos
El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que toda persona tiene derecho a la protección de la salud (Constitución, 1983, artículo 4).
La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) en su sección cuarta comprende los servicios de: medicina familiar; medicina de especialidades; traumatología y urgencias; oncológico; quirúrgico y extensión hospitalaria; además en el artículo 41 menciona que:
También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los familiares derechohabientes del trabajador o del pensionado que en seguida se enumeran:
I. ...
II. Los hijos menores de dieciocho años de ambos o de sólo uno de los cónyuges, siempre que dependan económicamente de alguno de ellos;...
El Estado mexicano ha suscrito convenios internacionales referentes a la no discriminación en la impartición y garantía de los derechos de salud, como lo es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (23 de marzo de 1981), en el que en el artículo 12, menciona en el numeral 1 que, los estados que integran el pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, en el inciso d del segundo numeral indica que los estados deberán adoptar medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, por medio de la creaciones de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
El 21 de septiembre de 1990 México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se obliga a adoptar las medidas administrativas, legislativas y cualesquiera que sean necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la convención a favor de todas las niñas, niños y adolescentes del país. Este tratado internacional reconoce los derechos humanos de todos los menores de 18 años a nivel mundial, indicando en su primer artículo la definición de niño:
Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad,....
DecretoPor lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral V del artículo 84 de la Ley del Seguro Social.
Único. Se reforma el numeral V del artículo 84 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:
I.-IV. ...
V. Los hijos menores de dieciocho años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores;
VI.-IX. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Diario Oficial de la Federación (2017). Acuerdo ACDO. AS3.HCT.220217/32.P.DF y sus anexos, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a la aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica que regirán para el ejercicio 2017. DOF: 21/03/2017 Recuperado de
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5476988 &fecha=21/03/2017
2 Medical Center (2017). ¿Cuánto cuesta enfermarse? Recuperado de
https://www.medicalcenter.com.mx/82-%C2%BFcuanto-cuesta-enfermarse
3 Hernández, A. (30 de noviembre de 2016). En México solo el 8.8 % cuenta con seguro de gastos médicos mayores: Condusef. El Universal. Recuperado de
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/30/ en-mexico-solo-el-88-cuenta-con-seguro-de-gastos-medicos
4 Gobierno de la República IMSS. (2017). Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al mes de enero de 2017. No.035/2017. Recuperado de
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201702/035
5 H. Cámara de Diputados. (21 de diciembre de 1995). Ley del Seguro Social. Recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf
6 Notimex. (25 de junio de 2017). Garantizan lugar para todos los aspirantes de media superior. Excélsior. Recuperado de
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/06/25/1171865
7 Condusef (2017). Simulador de gastos médicos mayores. Recuperado de
https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_gastosmedicosGMM/ comparativo.php?sexo=2&edad=38&tipo_seguro=1 &sexo_conyuge_s=mj&edad_conyuge=29&hijos=1 &sexo1=2&edad1=16&sexo2=0&edad2=&sexo3=0 &edad3=&deducible=7500-10500&coaseguro=10
8 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (31 de marzo de 2007). Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. Recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE_ 240316.pdf
9 H. Cámara de Senadores. (18 de diciembre de 1980). Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [Adhesión el 23 de marzo de 1981]. DOF (9 de enero de 1981). Recuperado de
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.pdf 14931338 95
10 Convención sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989). UNICEF. [Ratificado el 21 de septiembre de 1990]. Recuperado de
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018. Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).».
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Ralis Cumplido. Su iniciativa se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La senadora María del Rocío Pineda Gochi presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación hasta por cinco minutos.
La senadora María del Rocío Pineda Gochi: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de mi grupo parlamentario vengo a esta tribuna de la Comisión Permanente a presentar ante ustedes la iniciativa que en términos generales busca dar concordancia y cabal cumplimiento a la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que fue publicada en el año 2014, y armonizar su contenido con otras, fundamental reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue emitida en el año 2011.
Recordemos que la reforma a la ley federal antidiscriminatoria estableció nuevas figuras de protección para el acceso y permanencia en la educación pública y privada, y que considera también cualquier restricción de acceso al empleo, las remuneraciones, prestaciones y condiciones laborales desiguales, entre otras disposiciones.
Asimismo, se modificaron artículos relacionados con los órganos de administración del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre los que se encuentra su Junta de Gobierno. De manera particular, esta iniciativa, que se refiere al artículo 25, se modificó en algunos numerales con el propósito de aumentar de cuatro a seis el número de sesiones ordinarias que al año debe celebrar la Junta de Gobierno del Conapred para abordar los asuntos que le conciernen de acuerdo a las facultades de la propia ley en comento y que se establecen en el artículo 20.
No obstante lo anterior, en noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno. Este acuerdo contiene, a grandes rasgos, diversos mandatos en materia de control interno que deben ser cumplidos por los órganos de gobierno de las instituciones de la administración pública federal y que prevé la instalación obligatoria de un Comité de Control y Desempeño Institucional, cuyos integrantes deben reunirse ordinariamente en cuatro sesiones anuales, de conformidad con el artículo 42 del citado acuerdo, para abordar los asuntos que se detallen en el ordenamiento de referencia.
Por consiguiente, considerando que las temáticas de control interno son desahogadas al interior de la Junta de Gobierno del Conapred, ahora deben ser atendidas además por este Comité de Control. Esto quiere decir que existe una duplicidad de atribuciones y bajo estos ordenamientos la Junta de Gobierno tendría un exceso de reuniones, quedando sin materia algunas de ellas, puesto que los temas correspondientes al control interno ya serían abordados directamente, como lo señalé en el párrafo anterior, en las sesiones del Comité de Control.
En virtud de lo anterior, proponemos una reforma del párrafo tercero del artículo 25, con la finalidad de disminuir el número de sesiones ordinarias que celebra la Junta de Gobierno del Conapred, tal como sucedía antes de la reforma de 2014 y consideramos que reducir de seis a cuatro el número de sesiones de la Junta de Gobierno garantiza la agilidad y la eficiencia en el desempeño de sus atribuciones, evitando con ello un número excesivo de convocatorias y duplicando atribuciones que le competen al Comité de Control.
Aunado a lo anterior, es preciso destacar que esta propuesta legislativa también atiende lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual señala que los órganos de gobierno de la administración pública federal deben reunirse al menos una vez cada tres meses. Es decir, en cuatro ocasiones.
Finalmente, compañeros legisladores, en mi grupo parlamentario estamos convencidos que en la medida en que nuestros proyectos de ley busquen en todo momento una armonización y una concordancia jurídica entre las leyes y ordenamientos en la materia tratada, estaremos dando mayores elementos para que exista una verdadera permeabilidad en la norma y, por ende, estaremos cumpliendo de manera eficiente nuestra función legislativa y el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario de PRI
La suscrita senadora María del Rocío Pineda Gochi, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 169 del Reglamento Interior del Senado de la República, se permite presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
Exposición de Motivos
El 20 de marzo de 2014 la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (LFPED) fue reformada de manera integral, con la finalidad de armonizar su contenido con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y con los estándares máximos de protección en la materia, plasmados en los diversos tratados internacionales de los que México es parte.
La reforma de la ley federal antidiscriminatoria modificó, entre otras disposiciones, aquéllos artículos relaciones con los órganos de administración del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre los que se encuentra su Junta de Gobierno.
Es así que uno de los numerales modificados fue el artículo 25, con el propósito de pasar de 4 a 6, el número de sesiones ordinarias que al año debe celebrar la Junta de Gobierno del Conapred, con el propósito de abordar los asuntos que como órgano administrativo de dicha institución le conciernen, de acuerdo a las facultades que la LFPED le confiere en su artículo 20.
No obstante lo anterior, en noviembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, mismo que contiene diversos mandatos en materia de control interno que deben ser cumplidos por los órganos de gobierno de las instituciones de la administración pública federal, y que prevé, para esta labora, la instalación obligatoria de un Comité de Control y Desempeño Institucional (Cocodi), cuyos integrantes deben reunirse ordinariamente en cuatro sesiones anuales, de conformidad con el artículo 42 del citado manual, para abordar los asuntos que se detallan en el ordenamiento de referencia.
Por consiguiente, considerando que las temáticas de control interno que eran vista al interior de la Junta de Gobierno del Conapred, ahora serán atendidas por el Cocodi por mandato del manual antes referenciado, es que se estima que la Junta de Gobierno del Conapred tendría un exceso de reuniones, quedando sin materia alguna de ellas, puesto que los temas correspondientes a control interno, ya serían ventilados directamente en las sesiones del comité antes señalado.
En virtud de lo anterior es que se propone la reforma del párrafo tercero del artículo 25 de la LFPED, con la finalidad de disminuir el número de sesiones ordinarias que celebra la Junta de Gobierno del Conapred, pasando de 6 a 4, tal como sucedía antes de la reforma del 2014 a la LFPED, garantizando la agilidad y eficiencia en el desempeño de las atribuciones de esa Junta, evitando un número excesivo de convocatorias.
Además, lo anterior atiende a lo establecido por el artículo 18 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el cual señala que los órganos de gobierno de la Administración Pública Federal deberán reunirse, al menos, una vez cada tres meses; es decir, en cuatro ocasiones.
Con la finalidad de dilucidar el texto de la reforma que se propone, en comparación al texto vigente, resulta de utilidad insertar el siguiente comparativo:
Texto vigente
Artículo 25. ...
...
Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos seis veces al año, y las extraordinarias cuando las convoque la persona titular de la Presidencia, o la mitad más uno de las y los integrantes de la Junta de Gobierno.
Texto propuesto
Artículo 25. ...
...
Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cuatro veces al año, y las extraordinarias cuando las convoque la persona titular de la Presidencia, o la mitad más uno de las y los integrantes de la Junta de Gobierno.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación
Artículo Único: Se reforma el tercer párrafo del artículo 25 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
Artículo 25. ...
...
Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cuatro veces al año, y las extraordinarias cuando las convoque la persona titular de la Presidencia, o la mitad más uno de las y los integrantes de la Junta de Gobierno.
Transitorios
Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo señalado en el presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 20 de diciembre de 2017. Senadora María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a la senadora María del Rocío Pineda Gochi. Su iniciativa se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores.
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO DE LA PRIMERA COMISIÓN
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Pasamos al capítulo de discusión de proposiciones con punto de acuerdo. Informo a esta asamblea que los puntos 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.11, se han apartado del grupo de dictámenes que serán sometidos a su consideración inmediatamente. Reitero, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.11, en virtud del acuerdo tomado en la Mesa Directiva.
Tiene, por lo tanto, la palabra el diputado Ricardo Ramírez Nieto, para fundamentar por la Primera Comisión de Trabajo los dictámenes que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El diputado Ricardo Ramírez Nieto: Gracias, presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados y senadores, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Seguridad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene la enorme responsabilidad de atender diversos asuntos que son trascendentales para el funcionamiento de nuestras instituciones políticas y jurídicas.
Conscientes de la importancia de dicho encargo, los integrantes de esta Comisión asumimos el compromiso de resolver con responsabilidad y celeridad los asuntos que nos han sido tratados.
Prueba de ello es que el día de ayer alcanzamos los acuerdos necesarios para aprobar 13 dictámenes que buscan dar respuesta a distintas necesidades que resulta apremiante resolver.
A fin de conocer y transparentar los avances para erradicar la violencia feminicida en las distintas entidades federativas en las que se ha declarado una alerta de género, aprobamos una proposición con punto de acuerdo para solicitar a estas últimas que en el marco de sus respectivas atribuciones difundan la información general y estadística para los casos de violencia feminicida y de género, a fin de promover la transparencia de dicha información.
En el mismo sentido, se solicitó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a que, en el marco de sus respectivas atribuciones, informen a esta soberanía las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y protección de las mujeres.
Estamos ciertos que con dichas acciones contribuiremos a instrumentar las políticas públicas que coadyuven a prevenir y erradicar este delito que tanto lacera a nuestra sociedad.
Por otra parte, aprobamos los dictámenes que contienen proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno de la Ciudad de México para que fortalezca sus estrategias en materia de seguridad, a fin de combatir la incidencia de delitos en el Sistema de Transporte Público Metrobús y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
En virtud de que en dichos medios de transporte público representan uno de los principales medios de transporte de los capitalinos, se requiere garantizar un traslado seguro, resulta esto un asunto altamente apremiante.
Otra proposición concerniente a la Ciudad de México es el que exhorta al jefe delegacional de Cuajimalpa a reforzar las medidas de seguridad pública, a fin de procurar el bienestar de la sociedad.
De igual forma, se solicitó al gobierno de la Ciudad de México que en sus albergues se garantice la prestación de servicios que propicien una estancia digna.
En materia de protección civil avalamos los dictámenes por los que se solicita al Sistema Nacional de Protección Civil que fortalezca las campañas nacionales de prevención que informan a la sociedad sobre las diversas medidas a seguir en casos de desastres o emergencia, priorizando lo referente a los sismos.
Así como el exhorto al Congreso de Quintana Roo para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la pertinencia de integrar el Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de esa entidad.
Se aprobó un dictamen para garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores del campo, para que estos no sean víctimas del crimen organizado.
Como parte de nuestro compromiso, para garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, se solicitó respetuosamente a la Procuraduría General de la República a fortalecer los protocolos que garanticen el debido proceso legal a todos los indiciados.
Destacamos el trabajo realizado por la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes en México, por la defensa de los migrantes mexicanos tanto a nivel nacional como internacional.
Compañeras y compañeros, quiero hacer un reconocimiento a los que integramos la Primera Comisión, por su trabajo decidido y responsable que hoy nos permite dar respuesta a asuntos que resulta apremiante atender como la violencia feminicida, la inseguridad en el transporte público, la seguridad de los campesinos o el fortalecimiento de las instituciones en materia de protección civil, solo por mencionar algunos.
Hago un llamado a mis compañeras y compañeros a que continuemos privilegiando el diálogo respetuoso en el que se privilegia, desde luego, el interés nacional.
Solicito de manera respetuosa a este pleno, su voto a favor de los 13 dictámenes de la Primera Comisión, que hoy presentamos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Muchas gracias, diputado Ramírez Nieto. Por lo tanto, señora secretaria, ponga a votación los dictámenes de la Primera Comisión, secretario, a la que se incluye el posicionamiento en el punto de acuerdo relativo al exhorto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar las acciones de combate a la delincuencia organizada, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores del campo.
Ha solicitado el senador David Monreal que el texto de su intervención se anexe al dictamen respectivo. Así se hará, como solicita el senador, pregunte la Secretaría si se aprueban los dictámenes que se pusieron a comisión. Diputada Soto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): ¿La votación es para los 13 dictámenes?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No, con la excepción de los mencionados.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Por favor, quisiera que quedara muy claro.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Que quede claro, lo repito nuevamente.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): El PRD se reservó especialmente el 1.11.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, el 1.11, efectivamente. Con excepción de los reservados. Adelante, secretario.
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Gracias, presidente. En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no separados para su discusión, que ya dio lectura el presidente. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
SE REFUERCEN ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta a la Segob y a la Sagarpa, para que de manera coordinada refuercen las acciones y estrategias de combate a la delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores del campo y sus familias.
SE EVALÚE LA PERTINENCIA DE INTEGRAR AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DE QUINTANA ROO
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta al Congreso del Estado de Quintana Roo, para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la pertinencia de integrar al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de esa entidad.
FORTALECER LAS CAMPAÑAS NACIONALES DE PREVENCIÓN SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE DESASTRE O EMERGENCIA
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil, a fortalecer las campañas nacionales de prevención que informen a la sociedad sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia.
INFORME SOBRE LAS MEDIDAS Y ACCIONES EMPRENDIDAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PROTECCIÓN A LAS MUJERES EN VERACRUZ
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Dictamen de la Primera Comisión por el que se solicita al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la PGR y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informen sobre las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y la protección a las mujeres.
EXHORTO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CUENTAN CON LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO A DIFUNDIR INFORMACIÓN
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta a las entidades federativas que cuentan con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a difundir la información general y estadística sobre los casos de violencia de género, a fin de promover la transparencia de estos datos.
EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COMBATIR LA INCIDENCIA DE DELITOS COMETIDOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus estrategias en materia de seguridad, a fin de combatir la incidencia de delitos cometidos en el transporte público.
REFORZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Dictamen de la Primera Comisión por el que se exhorta al titular de la Delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México, a reforzar las medidas de seguridad pública.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan aprobados los puntos de acuerdo, con excepción de los ya referidos por esta Mesa. Comuníquense. Reitero: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.11 quedaron excluidos.
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO DE LA SEGUNDA COMISIÓN
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión. Tiene la palabra para fundamentar los dictámenes de la Segunda Comisión de Trabajo el diputado Luis Fernando Antero Valle.
El diputado Luis Fernando Antero Valle: Con su venia, diputado presidente. Hago uso de la voz en representación y en calidad de presidente de la Segunda Comisión. Decirles, compañeras y compañeros legisladores, que se han recibido un total de 24 proyectos a la fecha y de los cuales hemos iniciado ya en la primera mesa de trabajo dictámenes que se derivaron de la sesión del pasado 20 de diciembre.
De la segunda mesa de trabajo, referenciada con fecha al 4 de enero, decirles que fueron sometidos a consideración el día de ayer siete proyectos para dictaminación. Esto es en referencia a las Comisiones de Educación, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Salud.
Se presentó dictamen de proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar campañas de educación y detección oportuna de cáncer testicular en jóvenes.
Un segundo dictamen que se presenta de proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública considere la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del mes de abril del año 2018 con motivo de la celebración de los 400 años de la fundación del municipio de Córdoba, Veracruz.
Un proyecto más, de proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 32 entidades de la República para fortalecer las estrategias y las acciones encaminadas a promover una buena alimentación en toda la población para disminuir el número de casos de enfermedades crónicas.
Se presentaron cuatro proyectos más. De una proposición también con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer mecanismos de coordinación y de colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres en el área de la ciencia.
Un dictamen de proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por la caída del autobús de pasajeros en un acantilado el pasado 2 de enero y se envían las condolencias respectivas a las familias de las víctimas.
Un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE para crear campañas de salud para combatir la bulimia y la anorexia.
Y por último un dictamen, compañeras y compañeros legisladores, de proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula de la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mc-Gregor, en su calidad de presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fueron así los proyectos que se pusieron a consideración del pleno de la Segunda Comisión y decirles que todos fueron votados por unanimidad. Es cuanto, diputado presidente.
Presidencia del diputado Rafael Hernández Soriano
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias, diputado Antero Valle. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban en conjunto, excepto los listados en el orden del día, de acuerdo a la información que tenemos es el 2.4 que se separa para su discusión.
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto, diputado presidente. En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no separados para su discusión. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
LA COMISIÓN PERMANENTE SE CONGRATULA POR LA ELECCIÓN DEL JURISTA MEXICANO EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT COMO PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Dictamen de la Segunda Comisión por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el pasado 1 de enero de 2018, y le desea el mayor de los éxitos en su encargo.
PROMOVER LA BUENA ALIMENTACIÓN EN TODA LA POBLACIÓN PARA DISMINUIR EL NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
Dictamen de la Segunda Comisión por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a promover la buena alimentación en toda la población para disminuir el número de casos de enfermedades crónicas.
SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, AFECTADO POR LA CAÍDA DE UN AUTOBÚS DE PASAJEROS A UN ACANTILADO EL PASADO DOS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, Y ENVÍA SUS CONDOLENCIAS A LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS
Dictamen de la Segunda Comisión por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por la caída de un autobús de pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero del año en curso, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas.
ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN NECESARIOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR CONJUNTAMENTE LA INCLUSIÓN FORMAL DE LAS MUJERES AL ÁREA DE CIENCIAS
Dictamen de la Segunda Comisión por el que se exhorta a la SEP y al Conacyt a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias.
IMPLANTAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER TESTICULAR EN JÓVENES
Dictamen de la Segunda Comisión por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar campañas de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes.
EMITIR UN BILLETE CONMEMORATIVO EN EL MES DE ABRIL DE 2018, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CUATROCIENTOS AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, VERACRUZ
Dictamen de la Segunda Comisión por el que se solicita a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, considere la viabilidad de emitir un billete conmemorativo en el mes de abril de 2018, con motivo de la celebración de los cuatrocientos años de la fundación del Municipio de Córdoba, Veracruz.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias, diputado. Aprobados los puntos de acuerno no reservados. Comuníquense.
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO DE LA TERCERA COMISIÓN
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: El siguiente punto del orden del día es la discusión relativa a los dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión, mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Para presentar las propuestas de decreto a este pleno tiene la palabra el senador Celestino Cesáreo Guzmán, presidente de la Tercera Comisión de Trabajo, para fundamentar los dictámenes. Hasta por cinco minutos, señor senador.
El senador Celestino Cesáreo Guzmán: Gracias, diputado presidente. En la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, de Fomento, de Comunicaciones y de Obras Públicas, en esta primera sesión de trabajo aprobamos ocho puntos de acuerdo.
Agradezco la disposición participación y aportación de senadores, diputados integrantes de esta comisión, mismos que fueron aprobados por unanimidad con las aportaciones y adiciones que se hicieron en el pleno.
Los ocho puntos, los ocho acuerdos tienen que ver con la Procuraduría Federal del Consumidor, tienen que ver con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con temas de la Sagarpa, con la generación de empleos.
También un punto de acuerdo en relación a la instalación de un parque industrial en el estado de Quintana Roo, con incentivos fiscales.
Otro punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Sagarpa a realizar una evaluación sobre los principales recursos pesqueros en costas mexicanas.
También un punto de acuerdo que exhorta a la Semarnat y a la Profepa a investigar, inspeccionar y sancionar a quien resulte responsable por la contaminación de material en el municipio de El Cubo, en Guanajuato.
Un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre el avance en el cumplimiento de las observaciones en las obras realizadas en los estados de: Jalisco, Campeche, Nuevo León y Veracruz, con relación a la auditoría financiera y cumplimiento, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
Reitero mi reconocimiento a los legisladores y legisladoras de esta Tercera Comisión, y solicito al pleno su votación a favor. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Muchas gracias, senador. Pregunte el secretario si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El secretario senador Isidro Pedraza Chávez:En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no separados para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Aprobado, señor presidente, por mayoría.
AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE APOYO DE AGRICULTURA EN CALVILLO, AGUASCALIENTES, A TRAVÉS DE LA SAGARPA PARA SOBRELLEVAR EL DESASTRE AGRÍCOLA PRESENTADO TRAS LAS RECIENTES HELADAS
Dictamen de la Tercera Comisión por el que se exhorta al Ejecutivo federal considere ampliar los programas de apoyo de agricultura en Calvillo, Aguascalientes, a través de la Sagarpa para sobrellevar el desastre agrícola presentado tras las recientes heladas.
LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL EN QUINTANA ROO CON INCENTIVOS FISCALES
Dictamen de la Tercera Comisión en relación a la instalación de un parque industrial en Quintana Roo con incentivos fiscales.
REALIZAR UNA EVALUACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS EN COSTAS MEXICANAS
Dictamen de la Tercera Comisión por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar una evaluación sobre los principales recursos pesqueros en costas mexicanas. Aprobado. Comuníquese.
INVESTIGAR, INSPECCIONAR Y SANCIONAR A QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LA CONTAMINACIÓN DEL MANANTIAL DE EL CUBO, GUANAJUATO
Dictamen de la Tercera Comisión por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a investigar, inspeccionar y sancionar a quien resulte responsable por la contaminación del manantial de El Cubo, Guanajuato. Aprobado. Comuníquese.
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO NÚMERO 16-0-09100-02-0313 313-DE REALIZADA POR LA ASF SOBRE EL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES
Dictamen de la Tercera Comisión por el que se exhorta a la SCT a rendir un informe detallado sobre la auditoría financiera y de cumplimiento número 16-0-09100-02-0313 313-DE realizada por la ASF sobre el programa de caminos rurales.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias, diputado. Aprobados los puntos de acuerdo no reservados. Comuníquense. Para constancia quedaron excluidos del dictamen y por lo tanto de la votación, los puntos 3.1, 3.2 y 3.3.
AGENDA POLÍTICA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto pasamos a la agenda política, como ha sido dispuesto por la Mesa Directiva, escucharemos en orden consecutivo ascendente a los señores diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, en representación del Partido Encuentro Social, Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza, Ernesto Ralis Cumplido, por Movimiento Ciudadano, el diputado David Monreal Ávila, por el PT, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, por el Partido Verde Ecologista, el diputado Virgilio Danto Caballero Pedraza, por Morena, la diputada Cecilia Soto González hará lo propio por el PRD, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, intervendrá por el PAN, el diputado Ricardo David García Portilla, intervendrá por el PRI.
Tienen la palabra los mencionados hasta por tres minutos. Suplico a los señores legisladores apegarse en todo lo posible al tiempo, y tiene la palabra la diputada Perea Santos, quien es además miembro distinguido de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Adelante, diputada.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Gracias, presidente. Con el permiso de la Presidencia, honorable asamblea. El ambiente preelectoral que la sociedad mexicana demanda de quienes somos parte de la vida pública debe ser un intercambio de propuestas, ideas y planteamientos para consolidar la cohesión social y el entramado legal e institucional del Estado mexicano.
La confrontación que divide a la sociedad no conviene a México, y en cambio lesiona severamente el tejido social. Las descalificaciones entre actores políticos, el uso de las redes sociales para la ofensa, el darle la vuelta a la ley para dar pie a simulaciones son acciones y omisiones que son tierra fértil para que el encono escale y se convierta en violencia.
Como representantes populares, tenemos la altísima encomienda de guardar y hacer guardar el orden constitucional y legal, así como fortalecer a las instituciones. Por ello, estamos también obligados a mirar en todo por el bien y prosperidad de la unión, lo que también presupone la promoción del tendido de puentes de entendimiento para evitar, y en su caso, resolver los diferendos.
En esta oportunidad a nombre, y por cuenta del diputado Alejandro González Murillo, coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social, vengo a reiterar a nuestro permanente llamado a la civilidad y a la resolución pacífica de las controversias entre niveles y poderes de gobierno, sin que lo mediático esté por encima de lo institucional, y en cambio, se opte por el diálogo respetuoso aun y con mayor razón, en el año electoral.
Desde esta tribuna convocamos, pues, desde el discurso a la vivencia, a quienes somos parte del Estado mexicano, prediquemos con el ejemplo, y promovamos desde la vivencia, los valores de la democracia y la cultura cívica, el respeto al Estado de derecho y a las instituciones de la República.
No debemos perder de vista que lo electoral no debe seguir viéndose como un fin en sí mismo, es por el contrario un medio para acceder con reglas e instituciones adecuadas al ejercicio del poder, el que no debe ser otra cosa que un instrumento de servicio a los demás. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputada Perea Santos.Tiene la palabra el diputado Luis Manuel Hernández León, por Nueva Alianza. Adelante, diputado.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, todos estamos hoy asistiendo a observar el diferendo entre el gobierno del estado de Chihuahua, particularmente el señor gobernador, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A todos nos interesa, no solamente a los ciudadanos de Chihuahua, sino a la sociedad en su conjunto, que se clarifique y que se distense también el diferendo. Esto no le abona a la calidad de nuestra democracia.
Esto no le abona al fortalecimiento de las instituciones y mucho menos, y mucho menos, a permear un ambiente sí, sí, de disputa por el proyecto de nación, pero no asumiendo posiciones que al rato también alguien se tiene que preguntar cómo nos vamos a reconciliar.
México y los mexicanos necesitamos mensajes de unidad, de entendimiento en el marco de una contienda. Por lo tanto, en Nueva Alianza estamos a favor de que se clarifique el diferendo y que, en base a la legalidad y al derecho, se asuma las posiciones que sean benéficas para la ciudadanía de Chihuahua y para el país en su conjunto.
En Nueva Alianza somos conscientes de que existe cierto nivel de exacerbación política, debido sin duda al inicio de los procesos electorales por cierto muy competidos. Y para salvaguardar este proceso se hace indispensable que temas como el que nos ocupa no sean utilizados con fines electorales.
En Nueva Alianza estamos por fortalecer la calidad de nuestra democracia, estamos por alejarnos del espectáculo político que no reivindica la política en sí misma. Tenemos una obligación de representar a la ciudadanía, a todos. Por ello instamos a que se investiguen los hechos con la mayor imparcialidad, pensando ante todo en las y los chihuahuenses y respetando a las instituciones que entre todos hemos construido.
La sociedad demanda, y con mucha razón, gobiernos eficaces y honestos que contribuyan a solucionar los problemas, ya no a generar ni crear más. El ambiente y el fortalecimiento al Estado de derecho es una agenda que debe ir acompañando todo el proceso de desarrollo social, económico y político de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Hernández León.Tiene la palabra el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, hasta por tres minutos.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, miren. Lo que hoy ocurre en Chihuahua no es un caso aislado. El manejo de recursos públicos y de corrupción en tiempos electorales es una realidad en todo el país. De hecho, justamente el día de hoy inscribí un punto de acuerdo que busca el blindaje de los recursos públicos en los procesos electorales.
El incumplimiento de acuerdos y la retención de fondos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja entrever el nulo interés que tiene el gobierno federal en combatir la corrupción. Esta situación a la que nos enfrentamos en Chihuahua es una vergüenza, no es posible que el revanchismo político haga gala de presencia y ponga en riesgo las finanzas públicas y a la propia comunidad chihuahuense por un tema políticamente electoral, en algo tan delicado como lo es el recurso público, y que el gobierno federal esté rebasando sus atribuciones para tapar una vez más otro ejemplo de desvío de recursos para fines meramente electorales.
La Coalición por México al Frente reprueba que el gobierno federal intente obstaculizar la lucha contra la corrupción y el esfuerzo ejemplar por combatir la impunidad que se hace desde el gobierno de Chihuahua.
Movimiento Ciudadano se pronuncia para evitar cualquier tipo de estrategia que pretenda calentar el proceso electoral con la pretensión de minar la democracia y defender los intereses particulares, sobre todo porque hemos sido muy claros en que el combate a la corrupción debe llevarse de manera frontal.
No podemos calentar el proceso electoral involucrando las finanzas públicas. Si lo que pasa en Chihuahua es un problema de finanzas, que Hacienda responda. Si es un problema jurídico, apoyamos al gobernador para que lo lleve hasta la última instancia en la Suprema Corte, pero si este es un problema político no podemos detenernos por algo de esta naturaleza y es nuestra responsabilidad construir acuerdos y sobre todo vigilar que se cumplan.
En Movimiento Ciudadano siempre nos hemos pronunciado por llevar procesos electorales de manera pacífica, siempre bajo el marco de la ley y en el fortalecimiento de la democracia, por lo cual exhortamos a todos los actores políticos y públicos, a no enrarecer el ambiente electoral este 2018. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Ralis Cumplido.Tiene la palabra el senador David Monreal Ávila, hasta por tres minutos.
El senador David Monreal Ávila: Gracias, presidente. Una vez más al gobierno federal le han tocado su talón de Aquiles. La corrupción y el apoyo ilegal de su partido político con dinero público. A su partido.
El nuevo episodio que vive el gobierno ahora con el Ejecutivo del estado de Chihuahua tiene como antecedente el proceso judicial en contra de César Duarte, ex gobernador de esa entidad y militante del partido en el gobierno.
La guerra de declaraciones entre el gobernador Javier Corral, el secretario de Hacienda y el precandidato del Partido Revolucionario Institucional han evidenciado, una vez más, que desde el gobierno federal pretenden mantener el régimen de corrupción que impera en todo el país, en todos los niveles de gobierno.
Por otro lado, es otro botón de muestra de que el dinero público sigue siendo una moneda de cambio para apaciguar a quienes pretenden contradecir al mandatario federal, sin saber con precisión a quién le asiste la razón política, desde el ámbito jurídico de la Secretaría de Hacienda, no han demostrado haber actuado con apego a la legalidad, ya que es a quien le imputan no transferir las partidas presupuestales acordadas.
Los escándalos de corrupción de ex gobernadores priistas no son nuevos, ahí está el recién extraditado Roberto Borge, a quien se le acusa de un desfalco superior a los 14 mil 763 millones de pesos, además de lavado de dinero, aprovechamiento ilícito de poder, desempeño irregular de función pública y peculado.
También ilustra esta historia el caso de Javier Duarte, otro ex gobernador priista, quien a pesar de estar preso sus protectores han impedido el desmantelamiento de toda una red de corrupción e incluso han obstaculizado la ruta del dinero, a fin de evitar que la ciudadanía y el electorado conozca el destino final del desvío de recurso público.
Pudiéramos seguir mencionando, porque hay otros que ni siquiera los han tocado con el pétalo de la justicia, está el caso de Miguel Alonso Reyes, en Zacatecas, que tiene denuncias presentadas por corrupción, por construir una nómina secreta de la partida mil 711, con un supuesto pago de estímulos a funcionarios públicos, a través de la cual ejercieron más de 2 mil 93 millones de pesos, a este ex gobernador no solamente no lo han tocado, sino que lo premiaron y hoy hace las funciones de una dirección en el gobierno federal.
Por eso me parece que es un buen momento para que...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor senador.
El senador David Monreal Ávila:...todos los funcionarios, los representantes populares sean verdaderamente sometidos al escrutinio de la justicia, porque vamos a una competencia electoral, quizá la más salvaje de nuestra historia y es muy oportuno abrir el debate nacional en este proceso 2018. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor senador. Tiene la palabra el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, por el Partido Verde Ecologista de México.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Gracias, diputado presidente. Como ya es de todos conocido, el pasado 8 de enero el gobernador de Chihuahua denunció el presunto incumplimiento por parte de la Secretaría de Hacienda, del convenio de fortalecimiento financiero llamado desarrollo nacional, que había sido firmado el 14 de diciembre de 2017, bajo este supuesto el gobernador explicó una retención de recursos contra la entidad.
Al respecto es importante hacer algunas precisiones. En respuesta a dicho señalamiento, Hacienda emitió un comunicado en el que detallaba los montos transferidos al estado de Chihuahua en el pasado ejercicio fiscal, mismos -y ojo con esto-, mismos que fueron superiores en tres mil millones de pesos a los del año 2016. O sea, le cayó más dinero al estado de Chihuahua.
Así pues, la Secretaría ha entregado al estado, en tiempo y en forma, tanto los recursos ordinarios que ya tenían asignados en el presupuesto, como aquellos extraordinarios a los que tiene derecho cualquier entidad federativa. Recordemos que a este tipo de convenios están sujetos, entre muchos otros requisitos, a una suficiencia presupuestal.
Cabe mencionar, que no existe legislación alguna que obligue al gobierno federal a otorgar apoyos financieros al cierre de cada año. Asimismo, en el caso de que sí se otorgaran estos recursos, los mismos recursos habrán de proporcionarse a cuenta de las participaciones federales del siguiente ejercicio fiscal.
Las instancias de planeación de los gobiernos estatales deben tener en cuenta lo anterior y preverlo. En este sentido, la urgencia en el reclamo de estos recursos extraordinarios que está haciendo el gobierno de Chihuahua, de los cuales no hay certeza al principio de cada año por su monto, pone en evidencia la mala planeación y la ineficiencia del gobierno de Chihuahua en el manejo de sus finanzas públicas.
Las diputadas y los diputados, así como los senadores y senadoras del Partido Verde, sostenemos que la Secretaría de Hacienda no ha incurrido en la violación de convenio alguno ni ha sido un obstáculo para que el gobierno de la República y las entidades federativas cumplan con los mismos.
Es responsabilidad del gobierno del estado de Chihuahua aclarar los errores en el cobro de los recursos federales, por ejemplo, el hecho de proporcionar una cuenta de banco errónea para el cobro de estos recursos.
Por supuesto que lamentamos que el pueblo de Chihuahua pudiera verse afectado por la ineficacia en la aplicación de los recursos que le corresponden al estado, pero también condenamos el engaño que está orquestando su gobernador, quien quiere ocultar la incapacidad de su gobierno para cumplir con sus responsabilidades y busca culpar de sus deficiencias al gobierno de la República.
La federación no puede hacerse responsable de los errores financieros del gobierno de Chihuahua. El gobierno federal no puede solucionar los problemas que, por falta de capacidad, de planeación y orden administrativo están padeciendo en Chihuahua.
Señor gobernador de Chihuahua, le recuerdo que su campaña electoral ya terminó, hoy su principal obligación es gobernar y velar por el bienestar de todas y de todos los chihuahuenses.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: ¿Qué está haciendo el gobierno de Chihuahua? Concluyo, presidente. ¿Qué está haciendo el gobierno de Chihuahua con esos tres mil millones de pesos extras que recibió en 2017? ¿Estará equipando mejor a sus cuerpos de policía? ¿Estará otorgando más becas a los estudiantes? ¿Estará mejorando la infraestructura para atraer más empresas a Chihuahua? ¿O estará ocupando ese dinero para coordinar eventos de campaña de Ricardo Anaya?
Chihuahua necesita un gobernador de tiempo completo, no un coordinador de campaña presidencial para su partido. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, por el Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Iniciamos este año 2018 en un contexto de crisis política, de descrédito de partidos e instituciones y con deficientes controles para evitar contiendas inequitativas, como lo que vivimos recientemente en el Estado de México.
Para desgracia de todos, estamos inmersos en el proceso electoral más grande y costoso de la historia del país, con 3 mil 416 cargos de elección popular en juego. La situación actual no es problema de un partido, es un asunto de Estado.
Nos enfrentamos a un escenario adverso para 2018, ya que se renovará casi todo el mapa político del país. Solo en Baja California y Nayarit no habrá comicios electorales locales. A esto se suma el uso de instituciones para fines electorales y la presión hacia los ciudadanos para la manipulación del voto.
La crisis y la desconfianza es algo evidente. Nunca como ahora se había registrado un número tan alto de exgobernadores presos o en problemas con la justicia. La lista es grande, los exgobernadores del PRI vinculados a procesos, algunos detenidos y otros aún prófugos son: Mario Villanueva, Andrés Daniel Melo, Jesús Reyna, Flavino Ríos Alvarado, Javier Duarte de Ochoa, Rodrigo Medina de la Cruz, Roberto Borge Angulo, Tomás Yarrington, César Horacio Duarte y Eugenio Hernández Flores. Del PAN: Guillermo Padrés y Luis Armando Reynoso.
Existen otros elementos objetivos que distorsionan y corrompen la finalidad de los comicios, como es la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Por un lado, los altos niveles de violencia que se padecen en algunas zonas complicarán la postulación de candidatos y el reclutamiento de funcionarios de casilla. Por otra parte, la pobreza reproducirá, como siempre, el círculo clientelismo-inequidad.
Desafortunadamente, el PRI y el PAN le apuestan a que llegamos al 1 de julio sin que el INE y el Tribunal Electoral Federal hayan logrado detener el desvío de los recursos de programas sociales y la compra y facción del voto.
Nos enfrentaremos a elecciones similares a las recientes en los estados de México y Coahuila, en donde ha ganado el más tramposo o el que cuenta con más recursos. Ya sea el partido del gobierno, por medio de los programas sociales, o aquel que usa fondos de dudosa procedencia.
Utilizan los programas sociales operados por los gobiernos estatales porque saben que escapan a la fiscalización. En pocas palabras, la política estatal social es una gran caja negra de recursos para detener el comportamiento tramposo de los políticos, Morena exige que las autoridades apliquen sanciones ejemplares, tales como el retiro de candidaturas o de registros.
A los ciudadanos les decimos: exijan más a los partidos políticos, porque siempre juegan a engañar a la autoridad, la sociedad debe subir los niveles de exigencia ejerciendo presión hacia las autoridades y las fuerzas políticas que cínicamente acaban imponiendo sus decisiones.
Es injusto que la ciudadanía de Chihuahua sea víctima de los conflictos de los partidos que en un toma y daca buscan el deslinde de culpas y de inconsistencias administrativas por encima del beneficio de la población. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza.Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto González.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Gracias, presidente, colegas. En la propia versión de la Secretaría de Hacienda, recogida al pie de la letra por el colega del Partido Verde, está la admisión de culpa, la admisión de que la Secretaría de Hacienda mintió.
Retuvo de manera ilegal y arbitraria 700 millones de pesos como represalia por la detención el 20 de diciembre de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional, donde se demuestra esta inconsistencia de los argumentos.
El 14 de diciembre se firmó el convenio entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda. Si la Secretaría de Hacienda lo firmó es porque había suficiencia de recursos presupuestales. Si el gobierno de Chihuahua lo firmó, es porque reconocía la validez de ese instrumento. El 15 de diciembre, el gobierno de Chihuahua abrió las cuentas bancarias a que estaba obligado por uno de los puntos del convenio. El 20 de diciembre y el 21 de diciembre, la Secretaría de Hacienda recibió la notificación de las cuentas por parte del gobierno de Chihuahua, por parte de los bancos Bancomer e Interacciones y también la Tesorería de la Federación recibió esta notificación.
En el comunicado de la Secretaría de Hacienda se dice, primero, que era una cuenta equivocada. A ver, a ver, explíqueme, secretario, ¿era una cuenta equivocada o no tenía dinero? ¿Cuál de las dos? Había una cuenta, una cuenta recibida por la tesorería, por la Secretaría de Hacienda, por la Unidad de Política y Control Presupuestario. Nunca se dijo que no funcionaba.
¿Pero qué sucedió? Que el 20 de diciembre se concedió la detención y se vinculó a proceso a Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez. ¿Por qué? Porque entre los testimonios de los 15 procesados, varios de ellos sentenciados -cinco de ellos sentenciados-, existe testimonio; pero más importante. Existe documentación detallada del desvío de 250 millones de pesos durante 2016 a través de cuatro empresas fantasmas que jamás prestaron los servicios que iban a prestar, y cuyo dinero se fue a las arcas del PRI.
La razón fundamental porque de repente se le desapareció el dinero a la Secretaría de Hacienda, es porque por primera vez en México se va a poder iniciar un proceso semejante al de manos limpias en Italia y al del Avallato en Brasil. Se va a poder romper el pacto de impunidad entre quien corrompe y el corrompido.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: En esta ocasión tenemos las dos puntas del hilo. Tenemos los detalles. La Fiscalía de Chihuahua tiene los detalles, los documentos, las copias, los documentos originales que prueban esta triangulación de recursos que no cuestiona la validez de la transferencia de la Secretaría de Hacienda -como la Secretaría de Hacienda lo argumenta-, sino que cuestiona el uso, el mal uso que se utiliza para darle recursos ilegales al Partido Revolucionario Institucional.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Quiero, además y voy a concluir ya, hacer un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que aplique el Protocolo de Estambul a Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez, y demuestre así si este ha sido o no torturado y que haga público los resultados que están siendo utilizados...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: ...pues el argumento es un argumento absolutamente falso. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, por tres minutos. Ruego a los señores legisladores ajustarse al tiempo señalado en el reglamentillo y en el Acuerdo de la Mesa Directiva. Un minuto se pasó la diputada Soto. Ya no se pasen más. Adelante, senador.
El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, diputado presidente Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado federal por el estado libre y soberano de Yucatán.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Asimismo, señor senador.
El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: En Acción Nacional estamos decididos a terminar con el pacto de impunidad establecido por los gobiernos del PRI. En Chihuahua el gobernador Javier Corral Jurado, descubrió el modus operandi de la corrupción política encabezada por César Duarte.
Las investigaciones emprendidas por el gobernador Corral contra la administración del priísta Duarte, están acreditadas técnica y jurídicamente, y responden estrictamente al daño hecho a las finanzas públicas de Chihuahua.
En menos de seis años el ex gobernador del PRI aumentó en 233 por ciento la deuda estatal. De acuerdo con cifras de Hacienda, en 2010 el mandatario recibió al estado con una deuda de 12 mil 547 millones. Al año siguiente ya habían 17 mil 316 millones, y al año siguiente alcanzó 23 mil 284 millones. Para 2013 la deuda casi se duplicó al llegar a 41 mil 768 millones de pesos.
¿A dónde creen que se fue parte del dinero? A las campañas del PRI de 2016. El gobierno de César Duarte transfirió a su partido el PRI, 250 millones de pesos. Esa es la razón por la que el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, se encuentra en prisión y vinculado a proceso.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, está luchando contra la corrupción de manera contundente, se han librado 10 órdenes de aprehensión contra el ex gobernador Duarte, hay 23 personas vinculadas a proceso y cinco condenas sancionatorias, y de esto, tenemos pruebas contundentes a través de la diputada Cristina Jiménez, oriunda de Chihuahua que está aquí presente.
En el combate a la corrupción no bastan los discursos sino acciones ejemplares como las emprendidas en Chihuahua. Seguramente el modus operandi de César Duarte se ha replicado en otras entidades de la República donde los gobernadores del PRI no han querido frenar la corrupción y el desvío de recursos, lo que está ocurriendo en Chihuahua es una señal de alerta para advertir el uso indiscriminado de los recursos públicos respecto a intereses políticos.
El PRI seguramente se siente en deuda con el ex gobernador César Duarte, esa es la razón por la que desde el gobierno federal se ha frenado su extraditación desde Estados Unidos. Esto es una burla del PRI gobierno para los mexicanos.
Por un lado, del gobierno federal dicen estar a favor del Sistema Nacional Anticorrupción, y por el otro, intentan frenar las investigaciones en Chihuahua. Desde esta tribuna decimos: se busca estrangular económicamente a Chihuahua. No podemos permitir que Hacienda sea utilizada como un instrumento de control político por el PRI gobierno.
Los ataques de la estructura priista contra el gobernador Javier Corral, solo pretenden buscar un chivo expiatorio...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, senador.
El senador Gabriel Daniel Ávila Ruiz: ... para cubrir la corrupción del ex gobernador del PRI, César Duarte. El PRI es el rosto de la corrupción, es un lastre para México. Por eso va a dejar el poder este 2018, la mayor escuela de corrupción en México se está comenzando a desmembrar y eso, compañeras y compañeros, está haciendo temblar a todo un aparato dinosáurico que no se ha sumido en los nuevos tiempos democráticos del siglo XXI. Concluyo, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, senador.
El senador Gabriel Daniel Ávila Ruiz: Desde esta tribuna quiero ser muy enfático, el gobernador Corral cuenta con el respaldo de las bancadas del PAN en el Senado y aquí en la Cámara de Diputados. Gobernador Javier Corral, desde aquí te decimos: no estás solo, que no te detengan las amenazas, la venganza política de PRI gobierno contra Chihuahua no pasará, el dinosaurio no nos va a hacer dar ni un paso atrás.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, senador.
El senador Gabriel Daniel Ávila Ruiz: Por eso, amigos y amigas, nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador Ávila Ruiz.
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Portilla, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Ricardo David García Portilla:Estimadas compañeras y compañeros legisladores, en esta semana hemos visto como en Chihuahua, mirándose en su espejo diario que refleja su naturaleza mitómana, Javier Corral miente. Miente una vez más, señalar que le están quitando recursos que por ley le corresponde es mentirle al pueblo de Chihuahua.
Con la información que este Congreso tiene disponible lo transferido por participaciones, que son recursos de libre aplicación para el gobierno del estado, fueron 14 por ciento más que en el 2016. Corral recibió solamente en este rubro 3 mil 41 millones de pesos adicionales para su primer año con respecto al año anterior. Las transferencias por concepto de aportaciones, que son recursos con destino específico, también fueron superiores en casi un 10 por ciento más para el mismo periodo.
La pregunta es: ¿Qué hizo con los recursos extraordinarios quien dice gobernar Chihuahua? ¿Qué hizo con los más de 43 mil millones de pesos transferidos en su primer año? ¿Qué hizo con el 14 por ciento más recibido con respecto al presupuesto inmediato anterior al inicio de su gobierno?
¿Acaso lo utilizó para viajar en avión privado a jugar golf cuando en su entidad al mismo tiempo la delincuencia asesinaba a 14 personas? ¿Acaso lo utiliza para pagar una oficina de ocho personas, la de Gustavo Madero, que tiene asignados 80 millones de pesos sin ninguna función ejecutiva o social, pero tal vez electoral?
¿Acaso lo utiliza para pagar con recursos públicos el evento del frente, el foro que realizó hace unos meses con boletos de avión y hospedaje a quienes por cierto algunos de ellos lo acompañaron en la presentación de su más reciente telenovela?
Por la ineficiencia de un gobernador Chihuahua perdió recursos de seguridad pública, y lo sabe. Por la ineficiencia presentó el gobierno a las y los diputados federales proyectos del estado dos días después de que aprobamos el Presupuesto, seguramente no conoce las fechas. Como lo señaló mi compañero Alejandro Domínguez, ello significó 500 millones de pesos que no se pudieron asignar a proyectos estatales.
Ahora quiere chantajear con mentiras, mentiras que ya conocen las ciudadanas y los ciudadanos de Chihuahua. Él prometió a las y los jóvenes que iba a eliminar las cuotas de bachillerato y de la universidad y les mintió. Les mintió a muchos jóvenes que ahora no pueden estudiar ni el bachillerato ni la universidad porque creyeron en sus mentiras, mentiras que desafortunadamente conocen las mujeres que viven en Ciudad Juárez, que se quedaron esperando una respuesta de por qué 18 personas fueron asesinadas un fin de semana en ese municipio, y lo que presentó fue una telenovela, no una explicación a sus conciudadanos.
Se quedaron esperando aquellos, amigas y amigos de Chihuahua, que vieron aumentar en un 130 por ciento en un año el secuestro. Ningún estado, ninguno, ha incrementado tanto el secuestro como en Chihuahua. Los homicidios siguen el mismo camino. Retrocedió, hoy el gobernador amigo de la delincuencia, la puso en solo en un año en el mismo nivel de hace 10 años.
A Javier Corral le gustan las telenovelas, pagarlas y actuarlas. Sin duda, la palabra moche la tiene fija en su corazón porque pertenece a los que los inventaron, pero solamente está en quienes los inventaron, no en las instituciones de la República. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Con el diputado García Portilla terminamos la ronda de intervenciones por grupo parlamentario. De acuerdo al Reglamento en la agenda política puede haber hasta dos intervenciones para hechos, turno que han solicitado el diputado Luis Fernando Antero Valle y la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. Hasta por tres minutos, el diputado Antero Valle, y la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo al terminar el mismo.
El diputado Luis Fernando Antero Valle: Con su permiso, diputado presidente. Tenía preparado un discurso para leer, pero después de escuchar con detenimiento a quien me antecedió en el uso de la voz, que habla de telenovelas y habla de mitos, no hablamos de mitos, hablamos de realidades.
Una realidad, una verdadera realidad es, el fiscal de la Fepade denuncia que se inicia el 25 de junio en contra de César Duarte. Eso no es un mito, esa es una realidad, mi diputado.
Otra realidad, una realidad muy clara es la destitución que hicieron de este fiscal que inicia con las investigaciones. Fue este propio gobierno federal, por medio de la Fiscalía, la que inicia con las investigaciones y, sorprendentemente, meses después es destituido porque violó el debido proceso.
Hay más, no son 700 millones diputado y pares legislativos, pudiera ser menos, pudieran ser 240, o pudiéramos hablar de 74. Pero la investigación la inicia el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto.
Sorpresivamente, después de 10 denuncias, el ex gobernador César Duarte se encuentra impunemente sin procesar su extradición para que pueda estar siendo juzgado y que pudiéramos llegar al final de esta lamentable historia.
No nos vamos a distraer con el tema de Hacienda, no nos vamos a distraer con temas ajenos, el tema verdadero inicia en la Fepade, después la destitución y luego la aplanadora, una situación verdaderamente lamentable, de vergüenza, de vergüenza mundial lo que está pasando aquí.
Lo que pedimos es claramente que rinda cuentas César Duarte y que sea consignado y que sea un juzgado el que pueda en consecuencia actuar y responder.
Desde luego que la fracción parlamentaria de Acción Nacional, la sociedad civil, la Cámara de Diputados representados por la fracción de Acción Nacional y de Senadores, respalda a nuestro gobernador Javier Corral.
Decir que no nos vayamos por la tangente, no son telenovelas, diputado, es una realidad, pregúntele a Santiago, pregúntenle a miles de ciudadanos y millones de chihuahuenses que están vulnerados, no nada más por una deuda galopante, sino por la impunidad. La impunidad del PRI y la impunidad de Peña Nieto. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Antero Valle
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, presidente. Son muy pocos tres minutos para poder hacer un análisis de la personalidad de Javier Corral, lo conocemos muy bien. Por cierto, me llama mucho la atención que el PAN lo defienda, cuando Javier Corral nunca estuvo de acuerdo con Acción Nacional, siempre circulaba con Manuel Bartlett en el PT, que el PT es Morena, y bueno, dicen por ahí que hasta una biografía va a escribir de él.
Pero tiene razón el diputado que me antecedió, claro que el momento distractor de Javier Corral es esta mentira más que está presentando sobre no me dan el dinero, me quiere atrapar. Y lo más interesante aquí es que esa cortina de humo que está poniendo es porque Javier Corral es un actor, le encanta la telenovela.
Él renunció a ser gobernador desde que llegó, desde campaña dijo que iba a echar a todos al bote y a eso se ha dedicado, y hoy que ya no le queda más que uno, según él, ya no tiene más qué decir. Dinero tiene y le sobra el dinero, lo que pasa es que es un señor que es incompetente.
Sí, sí equivocó en la cuenta para que le depositaran, es que no es un chiste, y además de mentiroso es un peligroso para el estado de Chihuahua, es un peligro. Chequen, nada más vean a la familia de Miroslava, la periodista que asesinaron, pregúntenle a su familia qué está pasando allá adentro. Ese es Javier Corral. Ese es Javier Corral.
Y no me voy a perder en datos técnicos de cuánto le depositaron, cuánto le quitaron, cuánto le falta, no. Este señor quiere congraciarse con el PAN y encontró una nueva chamba, ser activista de este señor Anaya, que es más peligroso que López Obrador, tenemos que decirlo.
López Obrador paró el Reforma, pero Anaya paró el Congreso y ahora quiere parar el país, a eso se dedica el muchacho, hay que tratarlos, son muy parecidos Javier y Ricardo Anaya. Buenos para el discurso, pésimos para trabajar. Buenos para mentir, pésimos para aterrizar en su trabajo. Eso son ellos, no le demos vuelta.
Y Santiago Nieto, ¿qué hacía el día de la rueda de prensa? Pues son de los mismos, pues. Son de los mismos. Son actores, cómplices, y todavía preguntan por qué se fue Santiago Nieto, pues si le pusieron en el mero lugar, pues para que saliera bien con el actor principal, porque aparte Javier Corral no es cualquier actor, no es de utilería, es primer actor, él y Santiago Nieto aquí, porque es cómplice de lo mismo.
Al PRI le importa la transparencia, que caigan los que tienen que caer. Que caigan los que tienen que caer.
Nomás le voy a decir algo, dicen ustedes que el dinero fue y vino, pero el Inaes hizo una calificación y le dio una calificación a cada quién. No lo decimos nosotros, el PRI tiene el primer lugar en transparencia, no lo digo yo. Fíjense quién está al final...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, senadora Gastélum.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: El que tiene 8.94, que es Morena, que tiene 18 años sangrando el erario y nadie le pregunta nada. ¿De cuál transparencia hablan? ¿De cuál corrupción hablan? No escupan pal cielo. Javier, no escupas pal cielo hermano, ya te está cayendo la saliva en la cara.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluida la intervención para hechos de la senadora Gastélum Bajo, pregunte la Secretaría si está suficientemente discutido.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidente, para hechos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está reglamentado que solo hay dos intervenciones para hechos, estimada diputada. Preguntaré a la asamblea si está suficientemente discutido.
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Mayoría por la afirmativa. Por lo tanto, continúa la sesión. Agradezco a todos los grupos parlamentarios que intervinieron.
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES DEL AÑO 2018
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A los señores legisladores y se comunica a la asamblea que los grupos parlamentarios harán llegar a esta Presidencia los nombres de los legisladores que conformarán la Comisión de Seguimiento a los procesos electorales locales y federales del año 2018. No se ha determinado y ya dieron cuenta de quién presidirá.
Daremos a conocer la lista de integrantes y procederemos a una reunión de esta Comisión, a fin de que determine su directiva y quede instalada el próximo martes, previo a la sesión del miércoles. Adelante con la lista.
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto, diputado presidente. Legisladores que integrarán la Comisión de Seguimiento a los procesos electorales locales y federales del año 2018: senadora Diva Gastélum Bajo, Martha Hilda González Calderón, Adriana Dávila Fernández, Leticia Amparano Gamez, Isidro Pedraza Chávez, Rafael Hernández Soriano, José Refugio Sandoval Rodríguez, Araceli Damián González, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Luis Manuel Hernández León, Ana Guadalupe Perea Santos, Luis Humberto Fernández Fuentes. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La sesión de trabajo se llevará a cabo el día de hoy, al término de esta sesión, en el salón B de Los Cristales. La convocatoria para la instalación formal de la comisión será notificada a través de la Gaceta Parlamentaria y deberá ocurrir en fecha anterior a la sesión de la Comisión Permanente de la próxima semana.
Por lo tanto, le pregunto a la Secretaría si hay algún otro asunto a tratar.
El secretario diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera de esta sesión.
CLAUSURA Y CITA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 15:00 horas): Por lo tanto, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 17 de enero de 2018 a las 11 horas.
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EFEMÉRIDES
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN
«Efeméride con motivo del 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero
Doctora Dorothy Rowe, psicóloga Australiana
La depresión es definida como la enfermedad o trastrono mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida del interés por todo y disminución de las funciones psíquicas.
Todos podemos sentirnos tristes o decaídos en algún momento de nuestra vida, pero estos periodos suelen ser cortos y pasar en poco tiempo, pero si se alargan demasiado y causan sufrimiento e interfieren en la vida diaria, podría tratarse de una depresión.
Un mal que puede iniciarse de manera silenciosa y sutil, que es necesario reconocer y tratar, pues el desconsuelo y la amargura que infieren pueden ser fatales. Puede ocasionar estados de ánimo tan lamentables, como para llegar a pensar en el suicidio. Se trata de un dolor psicológico extremo que llega a hacer sentir a alguien, como que si ese fuese el único recurso o la última puerta de escape.
De acuedo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a 350 millones de personas en todo el mundo.
Por ello, es necesario reconocer la enfermedad y sobretodo, su presencia en una vida tan agitada como la del siglo XXI. Las múltiples ocupaciones, el estrés y las nuevas dinámicas familiares pueden ocasionar tristeza y recaer en depresión.
Es imprescindible brindar apoyo y comprensión a personas vulnerables, principalmente con riesgo de suicidio, promover su detección, atención y coadyuvar con las personas y organizaciones especializadas en esta tarea.
Por ello, es muy importante que el 13 de enero de cada año se conmemore el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Una fecha que pretende hacernos reflexionar sobre la necesidad de tratar y apoyar a las personas mediante procesos médicos y la solidaridad que proporcione consuelo y recuperación anímica.
Vale la pena, es propicio que esta fecha y todos los días del año reflexionemos sobre la necesidad de preocuparnos por nuestro prójimo, tenderle la mano, escucharlo, apoyarlo y trabajar por evitar una de las enfermedades más silenciosas y presentes en nuestra era: la depresión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018. Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»
103 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY AGRARIA DE 1915
«Efeméride con motivo del 103 aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915, a cargo del senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, para la programación de efeméride con motivo del CIII Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915.
El pasado 6 de enero se cumplió el CIII aniversario de que el presidente don Venustiano Carranza tuvo a bien promulgar una de las leyes más importantes en nuestro país, la Ley Agraria. Este cuerpo normativo se dio en el estado de Veracruz, dando la oportunidad a los pueblos y comunidades de México el poder gozar de las tierras y aguas que con tanta añoranza deseaban los mexicanos, que con una sed de justicia les tocó vivir y finalmente ser beneficiarios desde esa generación y hasta nuestros días, fruto de este reclamo social.
La Ley Agraria fue redactada por Luis Cabrera, después de que en la Convención de Aguascalientes fracasó la intención de lograr acuerdos entre carrancistas y villistas en diciembre de 1914, Carranza dio a conocer las adiciones al Plan de Guadalupe, en cuyo artículo segundo, estaba la promesa de emitir leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados.
En la historia del derecho agrario mexicano, esta ley es considerada como la primera Ley Agraria del país, iniciándose el proceso de reforma agraria o reparto de la tierra. Destacando el hecho que de 1915 a 1992, la doctrina ubica a este periodo como la fase del derecho agrario revolucionario, posteriormente se ubica la configuración al artículo 27 constitucional reformado el día 6 de enero de 1992 con su debida reglamentación en la Ley Agraria vigente.
Es así como este derecho social soluciona una gran necesidad y un requerimiento imperioso del pueblo mexicano, resolviendo el problema de justicia con los pueblos despojados de sus tierras desde en el virreinato, hasta el México independiente, teniendo como propósito el reivindicar las demandas agrarias de la clase campesina, aunado a la restitución de las tierras, incluidas las comunidades indígenas y la expropiación de haciendas.
Para hacer posible esta ley y contar con una institución que se encargara de vigilar la expropiación y dotación de propiedades, se creó la Comisión Nacional Agraria, presidida por el ingeniero Pastor Rouaix, secretario de Fomento. De esta misma forma se crearon comisiones agrarias y comités particulares ejecutivos, suscritos a la comisión nacional, encargadas de conducir a los trámites iniciados en sus localidades.
En esta reivindicación, expropiación y justicia social que ha beneficiado a millones de mexicanos es necesario tener presente la promulgación de la Ley Agraria en nuestro país.
Notas
1 http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/1/06011915. html Consultado el 8 de enero de 2018.
2 http://www.cultura.gob.mx/centenario-constitucion/?numero=342 Consultado el 8 de enero de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018. Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica).»
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA
«Efeméride con motivo del 14 de enero, aniversario de la fundación del Conservatorio Nacional de Música, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
México es muy rico en historia musical por sus aportes a esta forma de arte universal. La música es parte de la vida cotidiana de nuestro país; de hecho, nuestra cultura no se concibe sin la presencia de ella.
La historia de la música comienza desde los ritos de los antiguos mexicanos, pasando por las fiestas populares de los pueblos indígenas que luchan por mantener vivas sus tradiciones, hasta los ritmos de vanguardia que ubican a nuestro país entre las corrientes destacadas en esta manifestación artística.
Obedeciendo a este folclore, nace el Conservatorio Nacional de Música, que se ha consolidado como una universidad en esta materia. De acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura, fue fundado el 14 de enero de 1866, un inmueble del arquitecto Mario Pani, ubicado en la zona de Polanco, en la ciudad de México.
Se trata de una escuela prácticamente gratuita, eso significa que cualquier persona tiene acceso a esta institución, sea mexicano o extranjero; si no es como estudiante o como maestro, es como público.
Uno de los grandes retos de esta academia en la actualidad es atender las nuevas necesidades de la sociedad, que demanda la constante actualización de los planes de estudio ante el desarrollo de la tecnología; como resultado han surgido nuevos campos como el de la música para cine.
Otra gran labor de esta institución es el constante mantenimiento del inmueble con sus asombrosos auditorios y salas que poseen una acústica imponente.
A sus 152 años, el Conservatorio ha dejado una enorme huella y hoy por hoy sigue siendo un referente de la tradición del desarrollo artístico y educativo musical en México.
Es importante mencionar que en estos últimos años el rescate, la defensa, divulgación y enseñanza de la música han resurgido con mucha fuerza de la mano de mexicanos preocupados por mantener viva nuestra cultura y nuestras tradiciones; por tal motivo debemos destacar la gran labor del Conservatorio Nacional de Música en su aniversario de fundación.
Notas
1 http://www.elportaldemexico.com/arte/musica/panoramadelamusicaenmexico.htm
2 https://www.gob.mx/cultura/prensa/el-conservatorio-nacional-de-musica- institucion-clave-en-el-desarrollo-artistico-de-mexico
3 Para consultar sus planes de estudios y carreras, consultar: http://www.conservatorio.bellasartes.gob.mx/
Sala de juntas de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018. Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»
RESUMEN DE TRABAJOS
Tiempo de duración de la sesión: 1 hora, 4 minutos
Quórum a la apertura de la sesión: 36 legisladoras y legisladores
Comunicaciones oficiales: 3
Reincorporación de senadora: 1
Solicitud de licencia: 1
Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 7
Dictámenes con puntos de acuerdo de la primera comisión: 8
Dictámenes con puntos de acuerdo de la segunda comisión: 6
Dictámenes con puntos de acuerdo de la tercera comisión: 5
Agenda política:1
Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 19
5 PRI 3 PAN 3 PRD 2 Morena 1 PVEM 1 MC 1 NA 1 PES 2 PT
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)