«Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sara Latife Ruiz Chávez, diputada federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Introducción

Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar. El mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de una isla serán determinados de conformidad con las disposiciones aplicables a las extensiones terrestres.

Las Secretarías de Gobernación y la Armada de México realizaron una cartografía muy completa del Territorio Insular Mexicano que incluía 1282 islas, islotes, bajos, cayos, arrecifes y bancos que están aparecen en cartas náuticas. Los avances en la tecnología han permitido registrar más de 4 mil 111 cuerpos insulares pertenecientes a la nación. Las tres islas mexicanas con mayor superficie son Tiburón (1,200.93 kilómetros cuadrados); Ángel de la Guarda (931.43 kilómetros cuadrados), y Cozumel (477.86 kilómetros cuadrados). Del total de islas, solo 144 están habitadas por 618 mil 930 personas, es decir, 0.6 por ciento de la población nacional.

En el ámbito mundial, la superficie de la zona económica exclusiva de nuestro país ocupa el decimotercer sitio. En el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 1976, la Secretaría de Marina establece las coordenadas que limitan a la zona económica exclusiva del país.

La superficie de la zona económica exclusiva (2,715,012 kilómetros cuadrados) del país, incluida la del mar territorial (231,813 kilómetros cuadrados), es más extensa que la superficie continental de México (1,959,248 kilómetros cuadrados), y constituye un espacio del territorio nacional que debe ser gestionado de manera sustentable para beneficio de la nación.

De las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, 17 tienen apertura al mar y representan el 56 por ciento del territorio nacional. En estos estados, 150 municipios presentan frente litoral y constituyen aproximadamente el 21 por ciento de la superficie continental del país.La superficie insular es de 5,127 kilómetros cuadrados.

Así, la superficie marina total del país suma 2,946,825 kilómetros cuadrados y representa el 150 por ciento de la superficie continental; mientras que la superficie insular representa el 0.26 por ciento.

México cuenta con todo tipo de islas: de clima templado, bañadas por las ricas aguas de la corriente de California; las desérticas, del golfo de California, y; las tropicales, del Pacífico, del Golfo de México y del Caribe.

Soberanía

La soberanía de nuestro país en sus islas es fundamental; de ésta derivan varios beneficios para la nación. Las islas alejadas del mar territorial y su zona contigua son de especial relevancia al ampliar de manera considerable la zona económica exclusiva del país. El estado debe tomar todas las medidas necesarias para promover y fomentar todas las actividades que reafirmen la soberanía de la nación en estos cuerpos insulares.

La soberanía de las islas mexicanas proviene de la que el Reino de España tuvo sobre ellas. El Tratado de Tordesillas fue el instrumento con el que las potencias navales del siglo XV se distribuyeron las tierras descubiertas, estableciéndose una línea divisoria a las 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde; así como su prolongación natural del lado opuesto del globo.

Et que todo lo otro, asy yslas como tierra firme, halladas et por hallar, descubiertas et por descubrir, que son o que fueren halladas..., que todo sea et finque et pertenesca a los dichos señores Rey et Reyna de Castilla et de Leon, etcétera, a sus sucesores para siempre jamás.

Bajo este precepto, provenientes de Cuba se realizaron expediciones de expedición que progresivamente fueron descubriendo las islas del Caribe y el Golfo de México. Una vez establecido el gobierno español siguieron las expediciones por el Golfo de México en busca del Pasaje del Norte hacia el Océano Pacífico o Mar del Sur. De los puertos de Zihuatanejo, Santiago y Barra de Navidad partieron naves construidas y avitualladas en la Nueva España para explorar el Mar del Sur y encontrar una ruta alternativa para las islas del Maluco. Durante estas increíbles travesías fueron reclamadas para España las islas descubiertas.

El México Independiente tardó tiempo en organizarse, conocer y ejercer su soberanía en las islas que junto con la superficie continental se había escindido ya del gobierno peninsular español. La Constitución de 1824 así lo demuestra.

“2. Su territorio comprende el que fue del virreinato llamado antes Nueva España, el que se decía capitanía general de Yucatán, el de las comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y Occidente, y el de la baja y alta California con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares. Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la federación, luego que las circunstancias lo permitan.”

Posterior a la Constitución de 1824 aún existieron diferendos entre México y España; mismos que finalizaron casi por completo con el reconocimiento pleno de la Independencia de México y con ello el reconocimiento de Soberanía en su territorio continental e islas adyacentes.

“Articulo I. Su Majestad la Reina Gobernadora de las Españas, a nombre de Su Augusta Hija Doña Isabel II, reconoce como Nación Libre, Soberana e Independiente a la República Mexicana, compuesta de los Estados y Países especificados en su Ley Constitucional, a saber: el Territorio comprendido en el Virreinato llamado antes Nueva-España, el que se decía Capitanía general de Yucatán, el de las Comandancias llamadas antes de Provincias Internas de Oriente y Occidente, el de la Baja y Alta California y los Terrenos anexos e Islas adyacentes de que en ambos Mares está actualmente en posesión la expresada República.”

La Constitución de 1857 hace énfasis en la soberanía e independencia de México y recoge el texto de la constitución previa sobre la forma como las islas se integran al territorio nacional, dando origen al Artículo 42 que persiste en la Carta Magna vigente.

Constitución Política de la República Mexicana, sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada el 16 de Septiembre de 1810, y consumada el 27 de Septiembre de 1821...

Artículo 42. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la federación, y además el de las islas adyacentes en ambos mares.

Durante el siglo XIX la integridad del territorio nacional se vio amenazada de manera recurrente y en varios casos resultó en severas pérdidas para la nación. La Federación sufrió varios intentos de secesión por parte de sus partes constituyentes. Hacia el norte, Texas logró su independencia y posteriormente México perdió ante los Estados Unidos de América una gran extensión territorial. Las islas mexicanas no serían la excepción, debido a su distancia del continente, desuso y desconocimiento de su existencia, se dieron varios intentos por enajenarlas de México. El caso más conocido ha sido el de la Isla de la Pasión o Clipperton; una pérdida que tiene origen a mediados del Siglo XIX cuando Francia realiza actos de soberanía en este atolón lejano, deshabitado y olvidado.

Afortunadamente, también a mediados del Siglo XIX se empieza a entender la naturaleza vulnerable de las islas mexicanas y su carácter diferente a la superficie continental del país. Como es el caso del decreto del 10 de marzo de 1857 “declarando nulas las enajenaciones de las islas o terrenos baldíos, hechas por las autoridades locales” desde el año de 1821. Leyes posteriores confirman que ya se entendía la necesidad de tratar a las islas de una manera diferente.

Artículo 15. Los terrenos baldíos en las islas de ambos mares, se enajenarán en los mismos términos que los demás del territorio nacional; pero en toda isla se reservará, además de la zona marítima, una extensión mínima de 50 hectáreas para establecimiento de poblaciones y otros usos públicos; y en caso de que la isla no tenga esa extensión, se reservará en su totalidad para aquellos usos.

Hacia finales del Siglo XIX se observa como académicos y sociedades científicas hacen esfuerzos por enumerar los diferentes elementos constituyentes de la geografía nacional y hacen recuentos de la historia de esos lugares incluidas las islas mexicanas y su descubrimiento. En este periodo destaca el Atlas Metódico para la Enseñanza de la Geografía de la República Mexicana con un mapa que incluye a las islas mexicanas; así como un listado de las mismas. Vale la pena hacer notar que a pesar de ser un trabajo formado y dedicado a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística omite citar a la Isla de la Pasión o Clipperton como una isla mexicana e incluye a la Isla Bermeja. La no ubicación de la Isla Bermeja en las coordenadas históricas registradas fue reportada oficialmente hasta el año 2009 en la Cámara de Diputados después de una campaña de búsqueda marítima por parte del Buque Oceanográfico Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México.

También a finales del Siglo XIX, el gobierno mexicano, a través de la Marina de Guerra Nacional, realizó varias acciones para reafirmar la soberanía en el territorio insular en varias islas del Océano Pacífico y el Golfo de México cuando otras naciones pretendían apropiárselas. Destaca el caso en el que la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana al conocer de los intentos de particulares estadounidenses por arrebatarle a la Patria la Isla de Arenas o Cayo Arenas estudia el caso y documenta la historia de esa Isla y los Actos de Soberanía que México había ejercido en ella como nación independiente, para así lograr que los Estados de Unidos de América desistieran de sus intentos. En ese periodo también la Isla de la Pasión se ve ocupada por empresas dedicadas a la explotación del guano. El Gobierno de la República envía un buque de la Marina de Guerra Nacional y establece una guarnición en esta isla lejana y hasta ese momento abandonada. Francia persistió en sus reclamos de soberanía ante lo que México decidió buscar el laudo arbitral del Rey Víctor Emmanuel de Italia. Quién falló en contra de México haciendo evidente la vulnerabilidad del territorio insular y la necesidad de ejercer actos progresivos de soberanía en el mismo.

Patrimonio cultural e histórico

Las grandes culturas originarias del continente americano han dejado desde sus primeras huellas hasta elaborados centros ceremoniales en varias islas mexicanas. En el Mar Caribe, Isla Mujeres e Isla Cozumel cuentan con vestigios arqueológicos mayas; en el Golfo de México, Holbox, Isla Piedras y de Jaina también tienen vestigios mayas mientras que la Isla de Sacrificios cuenta con vestigios totonacas; en el Golfo de California, las islas Espíritu Santo, San José y Cerralvo fueron utilizadas por los pericúes; Isla Espíritu Santo alberga vestigios de los primeros pobladores del continente. Al norte del Golfo de California la Isla Tiburón y San José son habitadas por los Seris; en el Pacífico, las islas Cedros y Natividad cuentan con vestigios arqueológicos de los cochimí. Las islas mexicanas albergan también pecios de navíos que desde el siglo XVI naufragaron en sus costas y arrecifes y ahora constituyen un importante patrimonio cultural subacuático. Debe recordarse también, que fue en las islas de Veracruz donde el Capitán Pedro Sainz de Baranda, al mando de la primera escuadra naval mexicana, consumó la Independencia nacional.

Biodiversidad

Las islas tienen un valor especial como patrimonio natural por sus recursos naturales y biodiversidad, ya que son fragmentos de hábitat natural con especies y comunidades propias que se han establecido, adaptado y evolucionado. Encontramos una amplia variedad de ecosistemas costeros y marinos como: manglares, arrecifes, playas, praderas de pastos marinos y dunas así como algunos ecosistemas terrestres.

En las islas de México viven alrededor de 2 mil 545 especies marinas y 2 mil 66 especies terrestres, agrupadas en 655 familias y 1,830 géneros. De las cuales se han registrado por lo menos 218 especies y subespecies endémicas, que a la fecha se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

Para salvaguardar este importante recurso nacional, el gobierno federal ha implementado diversas estrategias para su conservación; dentro de las que destaca el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

En el año 2011, con la Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano, se dan los primeros pasos para conservar y mejorar el valor de las islas del país, fortalecer y consolidar los resultados obtenidos por diversas instancias en el territorio insular mexicano, e integrar proyectos prioritarios y objetivos específicos, consensuados y jerarquizados con la participación de autoridades, actores sociales y sectores económicos. Esta estrategia debe revisarse periódicamente y nutrirse de la participación de todos los actores sociales involucrados para tomar en cuenta los nuevos retos que emanen del territorio insular.

Prácticamente, todo el territorio insular mexicano es protegido en alguna categoría de Área Natural Protegida. Destacan las nominaciones más recientes, el 19 de marzo del 2016, la UNESCO anunció la incorporación de Isla Cozumel a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera; mientras que el 17 de julio de 2016, la UNESCO inscribió al Archipiélago de Revillagigedo en la lista del Patrimonio Mundial. Esto ubica a México en primer lugar de los países de Latinoamérica y el Caribe con mayor número de reservas inscritas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas decretó también un área natural protegida denominada Islas del Pacífico de la Península de Baja California, abarcando las islas Adelaida, Cedros, Coronado, Creciente, San Benito, San Jerónimo, San Martín, Todos Santos, Rocas Alijos, Santo Domingo, Magdalena y Margarita como Reserva de la Biosfera en el Diario Oficial de la Federación del 7 de diciembre de 2016. En el Diario Oficial de la Federación del 7 de septiembre de 2017, el Gobierno de la República ha dado inicio el proceso para decretar al Parque Nacional Revillagigedo que será el más extenso de su tipo en el país; con la superficie marina protegida más extensa en Norteamérica.

Economía y turismo

En la Isla de Cozumel entre 2015 y 2016 hubo un incremento del 12.8 por ciento en la afluencia de turistas, sin embargo, en Islas Mujeres el incremento fue de poco más de la mitad, con un 50.7 por ciento. dichas cifras muestran que al pasar los años, estos ecosistemas significan un gran recurso para los Estados ya que la afluencia de turistas se traduce en un gran flujo económico.

De igual manera otra de las Islas más importantes de México es Islas Mujeres, esta se encuentra ubicada en el mar Caribe, frente a la península de Yucatán, al sureste de México y se encuentra incorporada al Programa Pueblos Mágicos desde 2015. Isla Mujeres en junio de 2016 registró una derrama económica de $66.21 millones de dólares y un gasto promedio de $266.00 dólares en el mismo año.

Las aguas que circundan las islas mexicanas son ricas en pesca, por lo que son un recurso estratégico. En estas aguas viven un gran número de especies comerciales como atunes, anchovetas, pargos, meros y cabrillas, así como algunas especies de gran valor comercial en los mercados mundiales como el abulón, langosta, caracol y cangrejo moro.

Además, algunas islas, principalmente de la zona del Caribe mexicano y del Pacífico noroeste, tienen una gran importancia para el turismo nacional e internacional. La mayoría de estas islas son visitadas por su espléndida belleza submarina y por su gran abundancia de organismos marinos.

El ensayo de la Secretaría de Relaciones Exteriores llamado Las Islas Mexicanas: Importancia económica, régimen jurídico y proyecciones internacionales se enfoca en cuatro puntos principales que determinan el valor del territorio insular, los cuales son los siguientes:

a) Aspectos jurídicos. Bajo esta perspectiva existe una dualidad de regímenes, por una parte disposiciones de carácter interno en virtud de que el territorio insular se equipara al continental del Estado, por la otra, al orden internacional en atención a que las aguas que las rodean están sujetas a normas internacionales.

b) Aspectos económicos. Es indudable que las islas representan una fuente incalculable de recursos, tanto desde el punto de vista turístico, como por la enorme cantidad de recursos renovables y no renovables que se encuentran en las plataformas insulares y, lo más trascendental, que permiten ampliar la zona económica exclusiva.

c) Aspectos políticos. La adecuada explotación de los recursos insulares y su acertada administración aseguran la soberanía nacional sobre la porción insular.

d) Aspectos científicos. Por su peculiar situación geográfica las islas representan laboratorios naturales que permiten el estudio de recursos tanto renovables como no renovables.

Cabe mencionar que las islas pueden ser clasificadas en cuatro categorías, sin embargo, en México solamente aplican los siguientes dos términos:

i) Islas sujetas a la soberanía de un Estado, en las que éste ejerce pleno dominio y están bajo su estricto control.

ii) Islas bajo la soberanía de Estados cuyos territorios continentales son adyacentes o fronterizos, su presencia es de particular interés para la delimitación de los espacios marinos bajo su jurisdicción, como es el caso del mar territorial, zona contigua, zona económica y plataforma continental en los cuales ejerce total dominio.

Sin embargo, en el ámbito económico solo podemos destacar que en diciembre de 2015 la Secretaría de Turismo entregó los gobiernos estatal y municipal, el Informe y el Plan de Acción del modelo para lograr que la Isla de Cozumel se convierta en el primer destino turístico inteligente de México, consolidándola como un destino innovador, competitivo, y que facilite la interacción del visitante con el entorno, e incremente la calidad de su experiencia, garantizando el desarrollo sustentable.

En cuanto al turismo, en 2014 la Secretaría de Turismo puso en práctica diversas acciones para fortalecer e incrementar el número de arribos y cruceristas a los puertos del país, recuperando el mercado de cruceros al incrementarse en un 28.9 por ciento los arribos, en comparación con el año previo.

Los puertos que recibieron el mayor número de cruceros en 2014 fueron Cozumel (53.1 por ciento), Ensenada (13.7 por ciento), Mahahual (7.6 por ciento), Cabo San Lucas (5.9 por ciento), Puerto Vallarta (5.3 por ciento) y Progreso (5.0 por ciento). El crecimiento en la llegada de excursionistas en crucero continuó en 2015, al alcanzarse 5.4 millones de cruceristas entre septiembre de 2014 y junio de 2015; 14.7 por ciento superior al mismo periodo previo. Con lo anterior se destaca que el primer lugar en esta lista es una isla.

Por otra parte, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) a lo largo de los últimos 20 años se ha observado un crecimiento notable en el número de turistas que visitan las islas, especialmente de aquellos que practican una mezcla de turismo de aventura y de la naturaleza.

De igual manera se ha categorizado la actividad turística en las siguientes dos líneas:

a. Compañías o prestadores de servicios, quienes preparan:

• Excursiones de pesca deportiva;

• Excursiones de buceo alrededor de las islas;

• Grupos de ecoturismo que llevan varios visitantes acompañados de un guía naturalista trabajando en la compañía. Estos grupos pueden visitan las islas para observar la flora y fauna silvestres, nadar y realizar actividades de kayakismo.

b. Turistas o visitantes privados o independientes, quienes visitan en sus propias embarcaciones las islas para realizar actividades de pesca deportiva, velerismo, buceo, kayakismo y observación de flora y fauna, algunas veces realizan caminatas y campamentos.

Como México, decenas de países cuentan con este tipo de recursos naturales, los cuales debido a su importancia debieran contar con una regulación o con legislación que determinara las propiedades, los alcances y su aprovechamiento sustentable. Es relevante la necesidad de un marco normativo especializado, en razón de que en una isla se verifican situaciones y condiciones que se apartan de la peninsularidad o de las que se viven en el macizo continental, aún de las poblaciones y ecosistemas que se desarrollan en los litorales.

Sin embargo, el marco legal vigente, como se verá a continuación, es sumamente escaso para detonar el crecimiento económico, el crecimiento urbano ecológico y razonable, en un marco de absoluta protección al medio ambiente y a los principios que ordenan la tenencia de la tierra y la propiedad en la zona económica exclusiva.

Marco legal vigente

La Convención de las Naciones Unidas para el Derecho al Mar es a nivel internacional el instrumento que establece el marco fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización y derechos y obligaciones de los Estados en relación con los océanos.

Esta Convención contiene 320 artículos en los cuales se definen zonas marítimas, establecen normas para demarcar límites marítimos, asignan derechos, deberes y responsabilidades de carácter jurídico. Se abrió a firma en el año de 1982 y cuenta con 158 firmantes, entre ellos México. Entró en vigor en 1994.

Ha sido tomada a nivel mundial como el marco y base de todo instrumento futuro que proponga definir aún más los derechos y compromisos de los países hacia los océanos.

El artículo 121 de esta Convención menciona el régimen de las islas y en se establece lo siguiente:

1. Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar.

2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de una isla serán determinados de conformidad con las disposiciones de esta Convención aplicables a otras extensiones terrestres.

3. Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental.

Por otro lado, la Constitución Federal establece una regulación mínima sobre las islas. El artículo 42 de la Constitución Política señala cuáles son las partes integrantes del territorio nacional, las del espacio continental o peninsular, insular y de los mares, —con sus elementos para determinar los alcances de la jurisdicción nacional—, así comprendidos:

Artículo 42. El territorio nacional comprende:

I. El de las partes integrantes de la Federación;

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.

Sobre las fracciones II y III, que importan para los fines de la presente iniciativa, Marineyla Cabada Huerta, investigadora del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, publicó durante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una muy interesante y basta investigación titulada El Territorio Insular de México,en la que se puede leer:

Al prestar especial atención en las fracciones segunda y tercera de este artículo, que se refieren al territorio insular, podemos destacar la siguiente peculiaridad: La fracción tercera del artículo establece de manera específica que las islas de Guadalupe y el Archipiélago de Revillagigedo forman parte del territorio nacional, mientras que la fracción segunda habla de las islas en general. Sabemos por el comentario de Amadeo Rodríguez Lozano, que “desde el punto de vista técnico-jurídico, esta mención específica es incorrecta, debido a que dichas islas necesariamente se encuentran comprendidas en la fracción segunda del precepto”.

Tal especificidad podría provocar confusiones, por lo que debe señalarse que esta mención especial tiene una razón histórica. Cuando el proyecto del artículo 42 fue presentado para ser discutido y votado por el Congreso Constituyente de 16-17, el diputado Julián Adame propuso que se mencionaran precisamente a estas islas, así como a la de la Pasión o Clipperton, debido a que se encontraban considerablemente alejadas del territorio continental y corrían mayor riesgo de no ser reconocidas como mexicanas por la comunidad internacional, manifestando así el temor a ser menoscabados en una parte importante del territorio nacional con pretexto de la lejanía. Quién diría que años más tarde, aún la mención constitucional no sería suficiente.

Por su parte, el artículo 48 constitucional a la letra indica:

Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.

Igualmente, sobre este artículo cabe recuperar el comentario de la maestra Cabada Huerta, que refiere:

El artículo 48 constitucional ha sido reformado solamente una vez desde 1917. La modificación ocurrió en 196020, para incluir términos marítimos convenidos internacionalmente, sin que la reforma versara sobre la determinación de la jurisdicción insular mexicana.

Más importante, sin embargo, es su preocupación sobre la ambigüedad del término “hasta la fecha”. En efecto, de acuerdo con la autora:

Los únicos estados con límites marinos, constituidos como tales con anterioridad al 1º de mayo de 1917, fueron: Campeche, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, en tanto que Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo se encontraban catalogados como territorios federales, figura jurídico-político-territorial aplicada a las entidades que, dependiendo directamente del gobierno federal, no se consideraban como estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. En tales términos, solamente los primeros diez estados mencionados se encontraban en la posibilidad de reclamar para sí algunas islas, cuando entró en vigor la Ley Fundamental.

Esta indeterminación o imprecisión no ha sido resuelta en posterior reforma. Sin embargo, tal como lo reconoce que:

...lo cierto es que hoy por hoy, resultaría inútil aferrarse a la idea de quitar jurisdicción a las Entidades Federativas que la han ejercido, aunque dicho ejercicio haya sido de hecho, ya que tampoco la Federación ha cumplido su parte de responsabilidad y muchas de estas porciones insulares han sido, por tradición, parte fundamental de la economía de determinada entidad o estado, tal es el caso de Cancún, Cozumel e Isla Mujeres para el estado de Quintana Roo.

En ese sentido, es claro que el derecho y la costumbre han reconocido tácitamente que la jurisdicción sobre ciertas islas es aquella del gobierno local que, tradicionalmente, ha sido electo y reconocido como integrante de un municipio (o como un municipio completo), a su vez, dentro de la jurisdicción de un Estado.

Adicionalmente a lo poco establecido en la Constitución en los dos artículos de referencia, se creó en 1982 la Ley Federal del Mar, en el artículo 2o. establece que dicha ley rige las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y las zonas marinas en las que México ejerce derechos de soberania, jurisdicciones y otros derechos.

De igual manera en su artículo 51 establece que “las islas gozan de zona económica exclusiva pero no así las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia.”

En ejercicio y reglamentación de la atribución contenida en el artículo 48 constitucional, y a la nimia referencia establecida en la Ley Federal del Mar, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal reconoce y otorga ciertas competencias a las dependencias públicas en el siguiente sentido.

En el artículo 27, establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación:

Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por disposición de la ley, a otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. En las islas a que se refiere esta fracción, regirán las leyes federales y los tratados; serán competentes para conocer de las controversias que en ellas se susciten los tribunales federales con mayor cercanía geográfica.

En el artículo 30, establece que corresponde a la Secretaría de Marina:

Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas.

Como podemos advertir, sin otro fundamento que el contenido en los artículos constitucionales transcritos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, apenas reconoce atribuciones para las dependencias y entidades de la Federación, a pesar de la amplia competencia contenida en el artículo 48 constitucional.

En el caso de la Secrtaría de Gobernación, el término administración podría interpretarse en muy amplio sentido, sin embargo no hace el dispositivo legal, sino reiterar lo establecido en la norma constitucional; además de una reiteración por demás innecesaria, ya que no solo tratándose de islas, sino en cualquier materia, los tratados internacionales son de aplicación obligatoria para todas las autoridades [de cualquier orden de gobierno].

Por su parte, para el caso de la Secretaría de Marina únicamente se refiere a la ejecución de los trabajos hidrográficos, y la organización de cartas marítimas. Cuestión que no solo se desprende de la condición del territorio insular sino al territorio peninsular que cuente con costas y vías navegables.

Comentario sobre la Ley de Zonas Económicas Especiales

El 1 de junio de 2016, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), con la finalidad de impulsar el crecimiento económico de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Una Zona Económica Especial (ZEE) es un área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. Su objetivo es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país.

Ofrecen un entorno de negocios excepcional para atraer las inversiones y generar empleos de calidad, considerando entre otros elementos:

Beneficios fiscales y laborales.

Régimen aduanero especial.

Marco regulatorio ágil.

Infraestructura de primer nivel.

Programas de apoyo (Capital humano, financiamiento, innovación).

Otros estímulos y condiciones preferenciales.

Actualmente, estas Zonas son: la del Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye vecinos de Michoacán y Guerrero; la del Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; y la de Puerto Chiapas, en Chiapas.

El 30 de junio de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa y de gestión. Con el objeto ejercer las funciones en materia de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación en materia de Zonas que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales confiere a la Secretaría.

El Gobierno Federal se comprometió a que antes que termine su administración, tendremos estas Zonas ya constituidas en realidades patentes que se reflejen en mejores empleos y un horizonte mayor de desarrollo.

En ese contexto, advertimos que existe un amplio camino por recorrer para lograr el reconocimiento pleno de los territorios insulares: Su comunicación se dificulta y su migración ordenada se encuentra sumamente limitada; su riqueza ambiental y en materia de recursos se ve amenazada ante la falta de coordinación de los tres órdenes de gobierno; sus ecosistemas y biodiversidad se ven en riesgo por la potencial explotación turística poco ordenada o, por el contrario, se ven abandonados polos de oportunidad económica, ante la falta de planeación.

Sin embargo, para lograr todo lo anterior, es necesario en primer lugar dotar de certeza y reconocimiento constitucional a los territorios insulares. Es necesario que se haga un reconocimiento pleno de que el territorio nacional comprende, no solo las islas islas, arrecifes, y cayos; sino que también incluye otros cuerpos insulares ubicados en el mar territorial y su zona contigua, así como los localizados dentro del Golfo de California.

Del mismo modo, existen cuerpos insulares que —como las Islas de Guadalupe y las de Revillagigedo— ameritan una mención expresa en la fracción III del artículo 42. Nos referimos a las Islas Coronado; a Isla Cedros; a Islas San Benito; a las Rocas Alijos; al Cayo Arenas; al Cayo Arcas; al Arrecife Alacranes; a la Isla de Cozumel; a Isla Mujeres, y al Banco Chinchorro.

En consecuencia, es imperativo reformar el artículo 42 constitucional, para quedar tal y como se resume en el siguiente comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y fondado, someto a consideración de esta H. Asamblea, el presente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente proyecto de

Único. Se reforma el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 42. El territorio nacional comprende:

I. El de las partes integrantes de la Federación;

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes, cayos y otros cuerpos insulares ubicados en el mar territorial y su zona contigua, así como los localizados dentro del Golfo de California;

III. El de las Islas Coronado; la Isla de Guadalupe; archipiélagode Revillagigedo; Isla Cedros; Islas San Benito; Rocas Alijos; del Cayo Arenas; del Cayo Arcas; del Arrecife Alacranes; de la Isla Cozumel; de Isla Mujeres; del Banco Chinchorro;

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores;

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Artículo 121 sobre el Régimen de las Islas.

http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/convemar_es.pdf, Fecha de consulta: 16 de julio de 2017.

2 Secretaría de Gobernación y Secretaría de Marina. 1987. Islas Mexicanas. Régimen Jurídico y Catálogo. Talleres Gráficos de la Nación. México, Distrito Federal 154 pp.

3 Subgrupo del Catálogo de Islas Nacionales del Grupo Técnico para la Delimitación de las Zonas Marinas Mexicanas. 2014. Catálogo del Territorio Insular Mexicano. INEGI, SEGOB, SEMAR, Semarnat, SRE, SCT, INECC, Conanp, UNAM. Aguascalientes, Aguascalientes, 245 pp. + anexo cartográfico + disco compacto.

4 Ídem.

5 Comisión Intersecretarial para Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES). 2015. Política Nacional de Mares y Costas de México. Gestión Integral de las Regiones más Dinámicas del Territorio Nacional. Gobierno de la República. 81 pp.

6 Islas, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Biodiversidad Mexicana, Url:

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/islas.html, Fecha de consulta: 21 de junio de 2017.

7 O´Donnell, Hugo. 1992. España en el Descubrimiento, Conquista y Defensa del Mar del Sur. Colección Mar y América. Editorial MAPFRE. Madrid, España 219 pp.

8 Ídem.

9 Anónimo.1886. Colección de Documentos Inéditos Relativos al Descubrimiento, Conquista y Organización de las Antiguas Posesiones Españolas de Ultramar. Segunda Serie. Real Academia de la Historia. Tomo No. 2. I De las Islas Filipinas. Madrid 181 pp.

10 Congreso General Constituyente. 1824. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de Octubre de 1824. Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en Palacio. 28 pp.

11 Anónimo. 1878. Tratados y Convenios Concluidos y Ratificados por la República Mexicana, desde su independencia hasta el año actual, acompañado de varios documentos que le son referentes. Edición Oficial. Derecho Internacional Mexicano Tomo I. Imprenta de Gonzalo A. Esteva. México Distrito Federal 706 pp.

12 José Ignacio Morales. 1957. Las Constituciones de México. Constitución de 1857. Puebla de Zaragoza. 438 pp.

13 Miguel González Avelar. 1992. Clipperton, Isla Mexicana. Fondo de Cultura Económica. México Distrito Federal 249 pp.

14 Francisco F. de la Maza. 1893. Código de Colonización y Terrenos Baldíos de la República Mexicana. Publicado según acuerdo del Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento. Años de 1451 a 1892. Oficina Tip. De la Secretaría de Fomento, México Distrito Federal. 1128 pp + Índice 97 pp.

15 Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento. 1894. Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de los Estados Unidos Mexicanos. México. 31 pp.

16 Manuel Orozco y Berra. 1881. Apuntes para la Historia de la Geografía en México. Imprenta de Francisco Díaz León. México. 498 pp.

17 Antonio García y Cubas. 1874. Atlas Metódico para la Enseñanza de la Geografía de la República Mexicana formado y dedicado a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sandoval y Vázquez Impresores. Ciudad de México 53 pp.

18 Boletín No. 4316. Cámara de Diputados. 2009. Url:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/207586 , Fecha de consulta: 26 de julio de 2017.

19 Boletín UNAM-DGCS-374. 2009. Dirección General de Comunicación de la Ciencia. Universidad Nacional Autónoma de México. Contiene testimonios grabados durante comparecencia en la Cámara de Diputados Url:

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2009_374.html, Fecha de consulta: 26 de julio de 2017.

20 Reyes Vayssade, Martín. 1992. Cartografía Histórica de las Islas Mexicanas. Secretaría de Gobernación. México D.F. 309 pp.

21 Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana. 1888. Tomo I. Número 1. Cuarta Época. Número dedicado a la soberanía mexicana en Isla Arenas. Imprenta de E. Dublán y Compañía. México. 448 pp.

22 Secretaría de Relaciones Exteriores. 1909. Isla de la Pasión llamada de Clipperton. Publicación Oficial. (Contiene carta del Presidente Porfirio Díaz y 38 documentos probatorios). México, D.F. 96 pp.

23 http://www.inah.gob.mx

24 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/underwater-cultural- heritage/2001-convention/official-text/

25 http://www.semar.gob.mx/unhicun/publicaciones_historicas/ marinos_militares_1.pdf

26 Islas, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Biodiversidad Mexicana, Url:

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/islas.html, Fecha de consulta: 21 de junio de 2017.

27 Indicadores Turísticos Enero - Junio de 2016, Secretaría de Turismo Quintana Roo, Url:

http://sedetur.qroo.gob.mx/estadisticas/indicadores/2017/ Indicadores%20Tur%20-%20Enero%20-%20Junio%20%202016.pdf, Fecha de consulta: 25 de junio de 2017.

28 Isla Mujeres, Quintana Roo, Secretaría de Turismo, Url:

http://www.sectur.gob.mx/gobmx/pueblos-magicos/isla-mujeres-quintana-roo/, Fecha de consulta: 25 de junio de 2017.

29 Indicadores Turísticos Enero - Junio de 2016, Secretaría de Turismo Quintana Roo, Url:

http://sedetur.qroo.gob.mx/estadisticas/indicadores/2017/ Indicadores%20Tur%20-%20Enero%20-%20Junio%20%202016.pdf, Fecha de consulta: 25 de junio de 2017.

30 Islas, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Biodiversidad Mexicana, Url:

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/islas.html, Fecha de consulta: 21 de junio de 2017.

31 “Las Islas mexicanas: importancia económica, régimen jurídico y proyecciones internacionales.”, Miguel Ángeles Méndez Buenos Aires, Secretaria de Relaciones Exteriores, Url:

https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n28/mendezba.pdf, Fecha de consulta: 25 de junio de 2017

32 “Las Islas mexicanas: importancia económica, régimen jurídico y proyecciones internacionales.”, Miguel Ángeles Méndez Buenos Aires, Secretaria de Relaciones Exteriores, Url:

https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n28/mendezba.pdf, Fecha de consulta: 25 de junio de 2017

33 “Cozumel se convertirá en el primer destino turístico inteligente de México”, Secretaría de Turismo, Url:

http://www.gob.mx/sectur/prensa/cozumel-se-convertira-en-el-primer- destino-turistico-inteligente-de-mexico, Fecha de consulta: 21 de junio de 2017.

34 “Punto de Acuerdo del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro en materia de turismo, Exposición de motivos:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/11/ asun_3302213_20151118_1447345553.pdf , Fecha de consulta: 21 de junio de 2017.

35 Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONANP, Url:

http://islasgc-sonora.conanp.gob.mx/beneficios-economicos/, Fecha de consulta: 21 de junio de 2017.

36 Ídem.

37 Derecho del mar, Centro de Información de Naciones Unidas, CINU, Url:

http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm, Fecha de consulta: 22 de junio de 2017.

38 Ídem.

39 Ídem.

40 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Centro de Información de las Naciones Unidas, CINU, Url:

http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/convemar_es.pdf, Fecha de consulta: 22 de junio de 2017.

41 CABADA Huerta, Marineyla, El Territorio Insular de México, Visible en:

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lix/terrinsu_mex.pdf, Fecha de consulta 20 de junio de 2017.

42 Ley Federal del Mar, Url:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/124.pdf, Fecha de consulta: 25 de junio de 2017

43 Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, Visible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016, Fecha de consulta: 25 de junio de 2017.

44 Zonas Económicas Especiales, Presidencia de la República, Url:

http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/zonas-economicas- especiales-15774, Fecha de consulta: 25 de junio de 2017.

45 Decreto por el que se crea la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Visible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443233 &fecha=30/06/2016 , Fecha de consulta: 25 de junio de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Sara Latife Ruíz Chávez,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Ana Georgina Zapata Lucero, Braulio Mario Guerra Urbiola, Fernando Navarrete Pérez, José Hugo Cabrera Ruiz, María de la Paz Quiñones Cornejo, Ricardo Ramírez Nieto (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana Elizarraráz Sandoval, diputada federal integrante de la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo 11 del artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente:

Planteamiento del problema

Detrás de lo que conocemos como buró de crédito están las sociedades de información crediticia, conocidas también como SIC. Estas instituciones son las encargadas de recopilar y administrar información relativa a la forma de pagos y operaciones financieras de los deudores o clientes, ya sea comerciales, bancarios, y de cualquier tipo de préstamo.

Asimismo, el buró de crédito, a cargo de las sociedades de información crediticia, tiene puntualmente al día la relación de pagos de quienes tienen algún adeudo o crédito. Este registro, denominado comúnmente historial crediticio, está contenido a través de un sistema reglamentado en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Previa autorización de los usuarios, las empresas que otorgan créditos como bancos, hipotecarias, tiendas departamentales, empresas de financiamiento automotriz, pueden acceder a esta base de datos, para conocer la experiencia de pago y decidir sobre el otorgamiento o no de un crédito a quien desee acceder a un sistema de financiamiento o crédito.

Comúnmente sucede que los clientes que desean acceder a un financiamiento suponen que sus historiales crediticios están al día, previo al haber concluido las deudas o créditos contraídos con anterioridad, por lo que, al acudir a solicitar un nuevo financiamiento o crédito, previo a la consulta que se hace por parte de la institución que lo va a otorgar, ésta se encuentra imposibilitada para concederlo debido a que existen vencimientos de pago en el historial crediticio que aún están vigentes.

No obstante, en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia existe la obligación para estas sociedades de mantener actualizados sus sistemas, sin embargo, existen ciertas omisiones que hacen que los clientes o usuarios no puedan acceder a un crédito, debido a que la información de los créditos registrados se elimina de la base de datos en diferentes periodos, de acuerdo al monto del adeudo que se haya registrado o se mantenga vigente.

Aunado a esta problemática, en México no se tiene una cultura de la información crediticia, por lo que los clientes o usuarios de los servicios crediticios o financieros se enteran de su estadía dentro del buró de crédito cuando se realiza una investigación previa a la solicitud de algún crédito o financiamiento.

Lo anterior hace que el cliente desconozca las razones por las cuales sigue en el buró de crédito; en este sentido, conviene definir los mecanismos para que se informe al deudor o en su caso al cliente, sobre las razones del crédito que aún se adeuda, así como los tiempos en que se elimina esta información del historial, y específicamente indicar el procedimiento que la institución realizará para que el pago y el aviso de prevención sean eliminados del historial crediticio, así como del registro a cargo del buró de crédito.

Argumentación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), órgano institucional del que México forma parte, es el encargado de promover políticas económicas que mejoran el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo; asimismo, contribuye a enfrentar los desafíos del sistema globalizado.

Este organismo ha realizado estudios en materia de productividad y flujos globales del comercio e inversión para México, por lo que ha contribuido al debate del desarrollo económico desde la perspectiva de una economía emergente.

La OCDE ha reportado que, a nivel mundial, el principal mecanismo para adquirir un préstamo a través de alguna institución formal, en el caso de los países miembro, es a través de mecanismos informales; se acude a la familia o amigos, y se ha reportado que, en países en desarrollo, el 29 por ciento de los adultos obtuvo un préstamo de algún familiar o amigo y, únicamente, 9 por ciento lo hizo con una institución formal.

En el caso de ahorro y crédito, se ha mencionado que, en el mundo, alrededor de la mitad de las personas que ahorraron lo hicieron a través de una instancia formal, en un banco u otro tipo de instancia financiera. En los países de la OCDE, este porcentaje fue de 70 por ciento, mientras que en los países en desarrollo alcanzó el 40 por ciento. En México, esta cifra se ubicó en un 14 por ciento.

En lo que respecta a préstamos en México, el 10 por ciento de la población adquirió uno a través de una institución financiera formal. La principal motivación para solicitar un préstamo es para afrontar gastos médicos, siendo un 27 por ciento destinados a este rubro; seguido por gastos educativos, consistente en un 19 por ciento; mientras que 7 por ciento es para operar o expandir un negocio.

El estudio de la OCDE establece que México se encuentra rezagado en materia de acceso al crédito, tanto a nivel de empresas como en perspectiva nacional: el porcentaje de financiamiento al sector privado con respecto al PIB es alrededor de 30 por ciento; por lo que la penetración de mercado bursátil es mínima. Es decir, el reto es incrementar el crédito otorgado al sector privado, ya que éste se ubica en un nivel cercano al 30 por ciento con respecto al PIB.

En México, actualmente son tres las entidades que prestan el servicio de buró de crédito; Trans Unión, para personas físicas; Dun y Bradstreet, para personas morales, estas dos primeras integran el buró de crédito; y Circulo de Crédito, institución creada para proporcionar información sobre el comportamiento de créditos de personas morales y de personas físicas con ingresos superiores a ocho salarios mínimos al mes.

Trans Unión de México, SA, se encuentra registrada en el padrón de instituciones crediticias y presta servicios bajo la denominación comercial “Buró de Crédito”, constituida como una sociedad de información crediticia debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con opinión del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esta empresa es la encargada de proporcionar servicios sobre recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que dichas personas mantengan con entidades financieras (bancos, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, y demás), así como con empresas comerciales (tiendas departamentales) y Sofomes, ENR.

Oficialmente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) establece que la Ley es clara al establecer que, para ser borrado del buró de crédito, dependiendo del monto es la temporalidad que se mantiene ese registro:

* Deudas menores o iguales a 25 UDIS se eliminan después de un año.

* Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS se eliminan después de dos años.

* Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS se eliminan después de cuatro años.

* Deudas mayores a 1000 UDIS se eliminan después de seis años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no exista algún fraude en los créditos del solicitante.

Por lo que, al existir retrasos o incumplimientos, el usuario debe esperar un tiempo considerable para eliminar la información, y así mejorar la situación del historial crediticio. Si el usuario se pone al corriente, se reflejará en su historial y mostrará el cumplimiento de los pagos oportunos.

En otro contexto, la Ley de para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al contener disposiciones que son de orden público y de observancia general en el territorio nacional, tiene por objeto regular la constitución y operación de las sociedades de información crediticia.

Por lo tanto, al regular la base primaria de datos, que integra la información de cartera vencida que proporcionan directamente los usuarios a las sociedades, en la forma y términos en que se reciba por parte de aquéllos, como los registros del historial crediticio de personas y empresas, será utilizada por las instituciones financieras para evaluar los riesgos y asignación de créditos.

El registro asignado en la base de datos será positivo o negativo dependiendo del comportamiento del usuario, ya que registra la puntualidad de pagos y de los compromisos adquiridos de acuerdo al contrato que haya contraído con la institución de financiamiento.

La federación ha delegado la información al buró de crédito, siendo éste una sociedad de información crediticia, como ya se especificó en párrafos anteriores, sin embargo, se encuentra regulado por organismos gubernamentales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (BM o Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El Congreso de la Unión interviene a través de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia, y es quien dicta las reglas o normas que regirán a las instituciones que tendrán a su cargo el buró de crédito en sus operaciones y relaciones con las instituciones que otorgan crédito, mientras que el Banco de México señala las reglas generales que deben atender.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encarga de revisar que el buró de crédito se apegue efectivamente al marco legal dictado por los organismos antes mencionados.

Finalmente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros funciona como reguladora para que se respeten los derechos de los usuarios y se atiendan de manera oportuna las quejas o denuncias que pudieran presentarse.

El apego al marco legal es vigilado y auditado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los productos de crédito que ofrecen las instituciones financieras son relevantes dentro del sistema financiero porque permiten a las personas mejorar el manejo de los recursos económicos que van a percibir durante las solicitudes de crédito que tengan vigentes, ofreciéndoles la posibilidad de afrontar emergencias, disfrutar de bienes y servicios, aun cuando no se cuenta con la liquidez necesaria para pagar por ellos inmediatamente, e incluso hacer inversiones o emprender negocios.

Además, contratar productos de crédito con instituciones supervisadas y reguladas tiene beneficios en materia de protección y trasparencia para los usuarios, y la posibilidad de suscribir mejores tasas de interés y menores costos asociados a los productos.

Uno de los mecanismos que se propone en la presente iniciativa es informar a los clientes, usuarios y deudores que se encuentra en buró de crédito sobre los términos y procedimientos con los que cuentan las sociedades de información crediticia, para eliminar los datos negativos del informe crediticio, así como, informar el procedimiento con los que cuenta la institución una vez que se realiza el pago correspondiente para la conclusión de los saldos vencidos que se tenga, como lo establece el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Lo anterior se realizará trasladando esta obligación a las sociedades de información crediticia, para que desde la elaboración de sus manuales deban incluir el procedimiento de revisión y actualización del razonable cumplimiento, conforme lo establecido en el artículo 23 de la Ley en comento, así se permitirá que las personas físicas y morales estén informadas sobre el tiempo y procedimiento que siguió la institución para la cancelación de alguna anotación negativa.

Esta propuesta permitirá reducir la inactividad de las cuentas que se encuentran en las instituciones crediticias, además de que las personas físicas tengan certeza de que podrán en cualquier momento acercarse a cualquier institución a obtener créditos o prestamos de cualquier índole.

Establecer un sistema de información en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, permitirá hacer más eficiente el sistema de pagos vencidos, a fin de facilitar e incrementar el uso de cuentas para realizar compras y otras transacciones, a fin de trasladar los ahorros y créditos de mecanismos informales a formales e incrementaría el uso de las cuentas en instituciones financieras formales.

El acceso y uso eficiente de los productos crediticios, será más eficiente si los usuarios, clientes y deudores se les proveen de la información suficiente para liquidar sus adeudos. Si bien es cierto, esta función ya la realiza la Condusef, valdría la pena que antes de que el solicitante de un crédito reciba la información por parte del usuario, éste tenga la certeza de que liquidó completamente sus adeudos con la empresa con la que contrató.

Por lo que el buró de crédito es uno de los componentes centrales de la inclusión financiera, y su utilidad se encuentra altamente relacionada con el nivel de ingreso de las personas, al igual que con el desarrollo del sector empresarial de un país.

Esta propuesta pretende impactar en los sectores donde no se cuenta con la información suficiente y se desconoce por qué se ha permanecido en el buró de crédito sin conocer las causas. Por lo que, estar informado sobre la conclusión de los pagos vencidos que estaban vigentes en historial del buró de crédito, permitirá dar condiciones de bienestar y seguridad a las personas que acuden a obtener estos beneficios.

Esta propuesta que se hace en ningún momento trasgrede los principios de reserva, confidencialidad, secrecía o análogas que se deban observar conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los datos de los particulares.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo 11 del artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Artículo Único. Se reforma y adiciona el párrafo once del artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 23. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Las Sociedades están obligadas a incluir en sus manuales operativos procedimientos que les permitan revisar e informar sobre el razonable cumplimiento de lo establecido en los párrafos primero, cuarto y quintodel artículo 20, así como el procedimiento de eliminación de la información que les envíen los usuarios en los términos de este artículo . Lo anterior, a efecto de que haya certeza de la actualización de la información en la base de datos. La Comisión autorizará estos manuales.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/ Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf

ii http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/ Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf

iii 2 www.burodecredito.com.mx/

iv http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2012/147/primer.pdf

v 2 www.burodecredito.com.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Adriana Elizarraraz Sandoval,Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, José Teodoro Barraza López, Juan Corral Mier, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Verónica Agundis Estrada, Miguel Ángel Huepa Pérez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, por el que se crea el Consejo de Fiscalización de los Requerimientos Financieros del Sector Público y la Deuda Pública, a cargo del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El estancamiento del ritmo de crecimiento de la economía nacional medido por el comportamiento del producto interno bruto (PIB), muestra que el país no ha podido superar el crecimiento promedio de 2.1 por ciento anual durante la presente administración, de hecho, recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de actualizar sus proyecciones de crecimiento económico para sus países miembros, en el caso de México estima para 2017 y 2018 un crecimiento de 1.7 por ciento y 2 por ciento respectivamente. Estas tasas de crecimiento anual del PIB se encuentran muy por debajo del crecimiento necesario para cubrir las necesidades crecientes de la población en los servicios de educación salud y aquellos derivados de la infraestructura necesaria para las comunicaciones, vivienda etcétera.

Este ritmo de crecimiento de la economía está muy por debajo del necesario para crear los empleos necesarios para incorporar una población creciente a las actividades productivas formales, la provisión de los servicios públicos para una población creciente y la inversión pública necesaria para lograr mayores tasas de crecimiento, entre otros elementos.

Lo anterior obedece, entre otras razones, a que los instrumentos de política económica con que cuenta el gobierno federal como son la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, no son usados para detonar el crecimiento económico expandiendo el consumo y la inversión públicas y creando las condiciones fiscales adecuadas para que esto suceda, esto es así porque el gobierno federal ha dejado claro que su programa fiscal de mediano plazo se enfoca fundamentalmente en la disminución de los requerimientos financieros del sector público con respecto al PIB, esto se logra mediante la contracción del gasto público y dentro de éste la contracción al gasto programable y mediante el fortalecimiento de la recaudación tributaria. La disminución del gasto programable sin mayores criterios como la medición de la efectividad social del gasto, tiene un impacto negativo en el bienestar de la población y retiene una posible recuperación económica en el mediano plazo.

El programa de mediano plazo de las finanzas públicas del gobierno federal considera la reducción gradual de los requerimientos financieros del sector público como proporción del PIB de tal manera que su saldo histórico disminuya su ritmo de crecimiento. Se espera que durante 2016 los requerimientos financieros del sector público representen 3 por ciento (este fue de 2.9 por ciento) como proporción del PIB; 2.5 por ciento como proporción del PIB en 2017 y 2 por ciento en 2018.

Sin embargo, en los próximos años tendremos un crecimiento económico a la baja y una tasa de inflación al alza con lo que el bajo crecimiento de la economía mexicana se profundizará y con ello el empleo los salarios y en general el bienestar de la población.

Por otra parte, para lograr la reducción de los requerimientos financieros del sector publico respecto al PIB en estas condiciones se requiere una disminución extraordinaria del gasto público, así como fortalecer la recaudación del gobierno federal, estos elementos deben ser por sí mismos suficientes para estabilizar las finanzas públicas y la deuda del gobierno medida como los requerimientos financieros del sector.

Esta política económica también restringirá las posibilidades de que los gobiernos estatales y municipales provean los servicios básicos que demandan sus comunidades y la población en general, servicios tan básicos como limpia, mantenimiento y conservación de parques y áreas públicas, servicios viales, de salud, seguridad, suministro de agua potable, etcétera.

Argumentos que la sustentan

Para todos es claro la opacidad en el manejo de las finanzas públicas que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha observado en los años recientes. Para muestra podemos mencionar que 480 mil, 673 millones de pesos que corresponden a los proyectos denominados por la SHCP como de “alto impacto”, el Poder Legislativo desconoce su integración, no cuenta por lo menos con una lista de cuáles son estos y dónde están ubicados territorialmente en el país.

Vale la pena destacar que cuando hablamos de los requerimientos financieros del sector público como proporción del PIB, éstos no incluyen el concepto de “proyectos de alto impacto” lo que sólo existe en los escritorios de los altos funcionarios de la SHCP.

Adicionalmente la SHCP no ha hecho una apertura total de los 190 mil millones de pesos que el gobierno federal entregó durante 2016 a Pemex para sanear sus finanzas, es decir, no le ha explicado al Poder Legislativo que es quien le autoriza un presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, de dónde provinieron los recursos y mediante qué mecanismos contables se logró transferir a Pemex los mismos. Esto lo hace así porque no existe ninguna obligación legal para que Hacienda dé las explicaciones pertinentes en el momento que están ocurriendo.

Por supuesto que estas transferencias de alguna manera han presionado el gasto público, sin embargo, la Cámara de Diputados no conoce bien a bien su magnitud, los especialistas mediante el análisis a partir de la información que presenta la propia SHCP pueden hacer una estimación más o menos cercana a la realidad, pero no es totalmente exacta. Adicionalmente esta cantidad entregada en efectivo, el gobierno federal le otorgó a Pemex durante 2016 un apoyo patrimonial por 136 mil millones de pesos para disminuir sus pasivos laborales. Esto ha permitido que los estados financieros de Pemex luzcan más sanos, pero quien no lo está es el ciudadano común y corriente. Estas operaciones son legales porque no existe una obligación para que la SHCP solicite al Congreso su autorización ni le informe con todo detalle de ello.

El Congreso no ha sido informado ni mucho menos se le ha pedido autorización para generar estos huecos en las finanzas públicas, pero insistimos que el Ejecutivo no tiene ninguna obligación legal de hacerlo; se le ha permitido o mejor dicho se ha permitido a la SHCP no hacerlo.

Con el objeto de aumentar la transparencia y la eficiencia de las finanzas públicas, proponemos a esta soberanía la creación de la figura del Consejo de Fiscalización de los Requerimientos Financieros del Sector Público y la Deuda Pública para la estabilización financiera y el crecimiento económico.

Fundamento legal

Por lo anteriormente fundado y expuesto, el que suscribe, Tomás Octaviano Félix, diputado Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77, 78 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se crea el Consejo de Fiscalización de los Requerimientos Financieros del Sector Público y la Deuda Pública

Primero. El Consejo tendrá el mandato formal de proveer una evaluación del desenvolvimiento de la política fiscal y generar recomendaciones vinculantes sobre la orientación de la política fiscal de acuerdo a un programa previamente establecido sobre el comportamiento en el corto, mediano y largo plazos de los Requerimientos Financieros del Sector Público.

Segundo. El Consejo estará conformado por un representante de cada uno de los partidos políticos, así como por el mismo número más uno por representantes de la sociedad entre los que se encontrarían distinguidos académicos en las áreas económicas, financieras y representantes de las organizaciones de investigación de reconocido prestigio en los temas de transparencia y análisis de la evolución de las finanzas del sector público y su impacto en el crecimiento económico.

Tercero. El Consejo tendrá la responsabilidad de dejar explícitamente establecido en la ley cómo las autoridades financieras y fiscales deben actuar, entre otros casos, cuando se presenten expectativas de reducciones en el producto interno bruto, derivadas de choces externos o disminuciones no esperadas en los precios del petróleo y su efecto sobre los ingresos públicos y en los Requerimientos Financieros del Sector Público dentro de un marco legal de total transparencia y rendición de cuentas.

Cuarto. La estructura, delimitaciones y alcances en su marco regulatorio y de supervisión sobre la política fiscal se definirá por consenso de la mayoría de los miembros del Consejo quien lo propondrá a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual autorización.

Quinto. El Consejo deberá aumentar la credibilidad interna y externa en la política fiscal y sus resultados, creando un estrecho vínculo entre el nivel requerido de deuda pública y el total de los componentes los Requerimientos Financieros del Sector Público, habiendo considerado la necesidad de crecimiento de la economía.

Sexto. El Consejo publicaría de manera mensual y trimestral indicadores fiscales clave, fortaleciendo la transparencia y credibilidad.

Séptimo. El Consejo estará conformado por un representante de cada uno de los partidos políticos, así como por el mismo número más uno por representantes de la sociedad entre los que se encontrarían distinguidos académicos en las áreas económicas, financieras y representantes de las organizaciones de investigación de reconocido prestigio en los temas de transparencia y análisis de la evolución de las finanzas del sector público y su impacto en el crecimiento económico.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.— Diputado Tomás Octaviano Félix(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

La y los suscritos, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Héctor Javier García Chávez, diputada y diputados de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental, y 6, numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Representación Nacional la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de considerar el nopal como producto básico y estratégico en la alimentación de la población mexicana

“ El árbol que se llama nopal, que tiene las hojas grandes y gruesas y verdes y espinosas, este árbol echa flores en las mismas hojas. Unas de ellas son blancas; otras, bermejas, otras, amarillas; otras, encarnadas. Hácese en este árbol fruta que se llaman tunas. Son muy buenas de comer, nacen en las mismas hojas. Las hojas de este árbol, descortezadas y molidas, dánlas a beber con agua a la mujer que no puede parir o que se ladeó la criatura. Con esto pare bien. Este árbol en todas partes se hace”.

Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España”, lib. XI, cap. VII.

Origen del nopal

El nopal ( opuntia) es un género de plantas de la familia de las cactáceas que consta de aproximadamente 300 especies oriundas del continente americano donde crecen de forma silvestre; sin embargo, sólo alrededor de diez especies son utilizadas por el hombre, la más ampliamente cultivada es la opuntia ficus.

En México existen 93 especies de opuntiasilvestres, de las que 62 son endémicas, una cantidad que hace suponer que este territorio es el centro de origen de la especie.

El nopal que se consume en nuestro país viene siendo la parte de la planta denominada cladodios, que son carnosos y aplanados y a los cuales se les quitan las espinas, y su fruto llamado tuna también es comestible.

Este cultivo es resistente a las altas temperaturas y a periodos prolongados de sequía, por lo que se encuentran principalmente en las zonas áridas y semiáridas, aunque hoy en día se les puede encontrar en todos los continentes, en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma silvestre o cultivada.

El nopal presenta pocas exigencias para su manejo, lo que se traduce en gran tolerancia hacia suelos pobres de nutrientes o sometidos a deficientes métodos de riego, fertilización y control de plagas. Por ello sobrevive tanto en el desierto como en la nieve, desde el nivel del mar hasta elevaciones de más de 4 mil 700 metros en las montañas.

Durante miles de años se ha utilizado en México, lugar de donde se llevó por los conquistadores a países como España, Portugal, Italia, Argelia, Marruecos, Grecia, Israel, Australia, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos.

Es una planta arborescente que alcanza hasta cinco metros de altura. Sus flores son grandes y abiertas, sus colores varían dependiendo de su especie y de la época de su formación pudiendo ser blancas, amarillas, naranjas, rojas o púrpuras.

Fue un alimento importante para diversas culturas mesoamericanas y particularmente para , pues constituye una planta legendaria al ser el ícono de la fundación de México-Tenochtitlán quedando plasmado en el escudo nacional.

Mitología y simbolismo

Según los mitos mexicas, el primer nopal nació del corazón de Copil, el hijo de Malinalxóchitl, quien, al tratar de vengarse de su tío Huitzilopochtli por dejar sola a su madre, fue mandado a matar por éste. Según cuenta la leyenda, Huitzilopochtli mandó sacarle el corazón a Copil, y que luego fuera enterrado en unos peñascos. Al día siguiente apareció el primer nopal: con espinas de valiente guerrero y flores de un hijo que defiende a su madre.

Lo que sí es totalmente notable es que el nopal en México tiene un especial significado por el papel simbólico del asentamiento de los aztecas en el lago de Texcoco, dando lugar a su imperio Tenochtitlan ( te, piedra y nochtli, nopal).

Sin duda, el del águila sobre un nopal como señal de encuentro del paraje prometido para levantar la ciudad de los mexicas es el mito más conocido de la época prehispánica. En favor de ello influyeron hechos como la pronta recuperación, en los primeros años de la Colonia, de la imagen del águila sobre el nopal como medio de identificación de la ciudad de México, la más importante de la Nueva España.

La utilización de la imagen del águila sobre el nopal en las insignias de los insurgentes, y su posterior adopción por el gobierno mexicano como escudo nacional, confirmaron la preeminencia del mito fundacional de los mexicas entre los mexicanos y tejieron alrededor del nopal una noción de identidad, una idea de esa planta como sostén de nuestra nacionalidad.

El nopal simbólicamente nos representa como mexicanos, y en la mitología mexica se considera como la planta de la vida, ya que aparentemente nunca muere, puesto que al secarse da vida a una nueva planta.

Los médicos de la época prehispánica tenían claras algunas de las propiedades curativas del nopal, lo utilizaban para el tratamiento de padecimientos de la piel, así como para curar golpes, contusiones y quemaduras. También servía como antinflamatorio.

Los aztecas lo usaban para muchos fines medicinales: para las fiebres bebían el jugo, el mucílago, o baba del nopal, lo utilizaron para curar labios partidos, la pulpa curaba la diarrea, las espinas para la limpieza de infecciones, la fruta era usada para el exceso de bilis, empleaban las pencas del nopal como apósito caliente para aliviar inflamaciones y la raíz para el tratamiento de hernia, hígado irritado, úlceras estomacales y erisipela.

En el siglo XVI, el Códice Florentino relataba del nopal: “sirve para las mujeres que no pueden parir”. Poco después, en el mismo siglo, Francisco Hernández señala: “extingue de modo notable las fiebres ardientes, apaga la sed y humedece las entrañas secas”; durante los siglos XVII y XVIII, cuando los franciscanos establecieron misiones en Baja California y zonas adyacentes, iniciaron la siembra de algunos nopales que entonces eran cultivados en el centro de México. Encontraron que estas cactáceas les eran útiles por sus frutos y por ser fuente importante de un material mucilaginoso que servía de ligamento a los adobes en la construcción de las misiones.

Propiedades del nopal

Queda claro que el nopal es parte fundamental de la cultura y de la alimentación del mexicano, éste ha salvado a diversas partes del país del hambre y de la falta de alimentos. México es afortunado por el espacio que ha podido destinar a los plantíos y por la alta producción de esta verdura. Cerca de 40 por ciento de las especies del continente crecen en nuestro suelo, aseguró Salvador Arias Montes responsable de la colección de cactáceas del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.

Octavio Paredes es de los principales científicos de América Latina que han realizado estudios de las cactáceas; Paredes señala que el nopal es rico en fibra, vitaminas y minerales: una taza de nopales crudos (alrededor de 86 gramos) contiene 2.9 hidratos de carbono, 1.1 de proteína y sólo 14 kilocalorías. Agregó que contiene vitamina A, C y complejo B, además de minerales, como calcio, magnesio, sodio, potasio y hierro; también posee fibras de lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina y mucílagos, que junto con los aminoácidos ayudan a eliminar las toxinas ambientales que afectan el sistema inmunológico del cuerpo.

Conviene subrayar que el jefe del laboratorio de biotecnología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Irapuato indicó que el consumo frecuente del nopal ayuda a una adecuada digestión, combate ciertos tipos de cáncer, contribuye a sanar la piel de diversas heridas, elimina el colesterol acumulado en venas y arterias y regula los niveles de azúcar en la sangre.

El consumir nopal de manera frecuente es útil para quienes padecen diabetes, porque incrementa los niveles y la sensibilidad a la insulina, con lo que se logra regular el nivel de azúcar en la sangre entre diversos beneficios médicos.

México es el país con mayor diversidad y producción de nopales en el mundo. Hasta el momento se conocen cerca de 300 especies de nopal. En México hay más de 100 del género opuntia; por tanto, podría ser el centro de origen por las grandes cantidades que habitan las zonas semiáridas. México tiene la mayor producción de nopal verdura en el mundo. Produce 600 mil toneladas al año; la capital es líder tan sólo con la aportación de 280 mil de la delegación Milpa Alta.

Por otro lado, el nopal verdura es el principal cultivo de la Ciudad de México. Su producción ocupa un área aproximada de cuatro mil hectáreas, produce de 60 a 70 toneladas; en 2011 se tenían registrados cinco mil productores. Mientras que, Estados Unidos importa nopal por la alta demanda que ejercen los mexicanos emigrados.

Objetivo de esta iniciativa

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XX, establece que:

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público”.

“El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de nuestra Constitución y es de observancia general en toda la República. Está dirigida a promover el desarrollo rural sustentable del país e incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

Esta iniciativa tiene por objetivo que la planta de nopal sea considerada uno de los productos básicos y estratégicos de la alimentación de la población mexicana, promoviendo su consumo entre los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a su producción y conservación nacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XII al artículo 179, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo 178. ...

Artículo 179. Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes:

I. Maíz;

II. Caña de azúcar;

III. Frijol;

IV. Trigo;

V. Arroz;

VI. Sorgo;

VII. Café;

VIII. Huevo;

IX. Leche;

X. Carne de bovinos, porcinos, aves;

XI. Pescado y

XII. Nopal

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Tomado de Enrique Vela, Arqueología Mexicana, Especial 62, El nopal en México. Catálogo visual.

http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/mitologia-y-simbolismo-del-nopal

2 http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo

Dado en el Palacio Legislativo, el 7 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Laura Beatriz Esquivel Valdés,Cristina Ismene Gaytán Hernández, Héctor Javier García Chávez, Rene Cervera García, Santiago Taboada Cortina (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Virgilio Mendoza Amezcua e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Virgilio Mendoza Amezcua y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) del numeral 5o. de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho de alumbrado público (DAP) es un mecanismo de apoyo a las finanzas públicas municipales, el cual permite solventar altos costos por el servicio de energía eléctrica. Este derecho, es una aportación porcentual de pago por consumir esa energía, en caso de no existir éste los municipios de todo el país enfrentarían serios problemas o dificultades para satisfacer el costo de alumbrado y de energía eléctrica en todos los espacios públicos que son su responsabilidad. Este derecho es una fuente de ingresos muy importante para todos los Municipios en general, porque permite mantener y mejorar la infraestructura del alumbrado público.

Nuestra Constitución Política, en su artículo 31, fracción IV, establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, tanto de la Federación como del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios en que residan de manera proporcional y equitativa en los términos que dispongan las leyes, de este dispositivo normativo emanan los elementos de las contribuciones que le dan legalidad a las mismas, derivándose además de la interpretación normativa que solamente el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales tienen la facultad de crear o reformar leyes e imponer contribuciones.

Asimismo, el artículo 115 Constitucional, en su fracción III, inciso a), establece que los Municipios tendrán a su cargo, entre otras funciones y servicios, el alumbrado público, en consecuencia, por la prestación de este servicio se requiere un pago por parte de los usuarios, el cual debe estar contemplado en las Leyes de Hacienda Municipal dentro del concepto de alumbrado público.

En este contexto, la fracción IV del precepto constitucional invocado establece que los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará con los rendimientos que les pertenezcan, así como con las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas locales establezcan a su favor y, en todo caso, en el inciso c) de la fracción antes citada, se aprecia que en los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos municipales, las leyes federales no limitarán las facultades de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) “De Propiedad Inmobiliaria” y c) “Derivados de los Servicios Públicos”.

Hoy nos encontramos que la mayoría de los Ayuntamientos de la República Mexicana en su responsabilidad legal de prestar el servicio público de calidad concerniente al DAP en aquellas colonias de sus mismos territorios que no se encuentran municipalizadas lo ejercen como una necesidad histórica que han tratado de resolver comprometiéndose a no eludir el llevar alumbrado público a toda la población. Sin embargo, al no estar municipalizados los fraccionamientos, los fraccionadores son quienes deben hacerse responsables del alumbrado público y en muchos casos eluden esa responsabilidad.

Con la anterior queremos decir que los fraccionadores se lavan las manos y mandan a los colonos a quejarse a los Ayuntamientos, cuando en realidad los principales culpables de que no exista alumbrado público son los mismos fraccionadores, quienes abandonan a los colonos emigrando a otros estados o desapareciendo de la entidad federativa donde construyeron dicho fraccionamiento. Entonces, cuando las colonias no municipalizadas no cuentan con alumbrado público los Ayuntamientos ejercen la labor de otorgar el servicio por disposición legal, cobrándose el Derecho por Alumbrado Público (DAP), lo cual se considera recíproco, además de ser un asunto de sensibilidad social y de seguridad.

Existen diversos antecedentes de propuestas de reformas constitucionales presentadas a fin de que los Ayuntamientos no se encuentren impedidos para cobrar contribuciones especiales en materia de energía eléctrica, lo cual actualmente es considera como facultad exclusiva de la Federación. Entre estas propuestas destaca la presentada el 29 de septiembre del año 2004, durante la LIX Legislatura, basándose en una propuesta hecha por Regidores y Síndicos de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Colima, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al inciso a), numeral 5o. de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo, sin que se haya procedido al análisis y dictaminación respectiva.

El que los ayuntamientos del país no cobren el derecho de alumbrado público lesiona gravemente la recaudación municipal y la falta de recursos genera dificultades para que en muchos sectores y espacios públicos exista alumbrado público (parques, jardines, plazas públicas etcétera). Para evitar este déficit, los Municipios, a través de la Comisión Federal de Electricidad, cobran un porcentaje sobre el consumo total de energía eléctrica, con la finalidad de no dejar en penumbras los espacios públicos de las diferentes comunas del país, a fin de no generar con ello inseguridad pública.

El cobro del derecho de alumbrado público es un ingreso que tienen los Municipios del país autorizado por las Legislaturas locales para el pago del alumbrado público, y éste es a su vez un servicio que prestan los Ayuntamientos por mandato del artículo 115 de la Constitución Federal y con la cantidad que paga la población por concepto del DAP, se paga el alumbrado público. Si los ayuntamientos no cobraran el DAP tendrían problemas financieros, por eso es necesario esta adición al artículo 73 Constitucional para establecer como causa de excepción el cobro del servicio del alumbrado público, con la finalidad de que los Ayuntamientos del país no incurran en actos contrarios a lo dispuesto por la Constitución.

En virtud de lo anterior, el que suscribe la presente iniciativa lo hace con la responsabilidad social y en razón del riesgo constante que corren los ayuntamientos del país de tener que restituir a los particulares o empresas los pagos que hayan efectuado por concepto del derecho de alumbrado público, situación que arruinaría la Hacienda pública municipal y las finanzas de todos los ayuntamientos del país, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversas ejecutorias la inconstitucionalidad del cobro que realizan por el concepto del derecho de alumbrado público los Ayuntamientos a través de la Comisión Federal de Electricidad, cuando en Colima se estableció la posibilidad de cobrar hasta un diez por ciento del consumo que realiza el usuario, apareciendo la cantidad en el recibo correspondiente, contemplándose la tarifa por este concepto en la ley de Hacienda municipal.

En virtud de lo aquí expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso a) del numeral 5o. de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el inciso a) del numeral 5o. de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XXVIII. (...)

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. a 4o. (...)

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica . Excepto los cobros que establecen las Legislaturas Locales en favor de los Ayuntamientos para que recauden a través de sus Tesorerías el Derecho de Alumbrado Público;

b) a g) (...)

(...)

XXIX-A. a XXXI. (...)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre de 2017.— Diputados: Virgilio Mendoza Amezcua, Pedro Luis Noble Monterrubio, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o. y 5o. a 7o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Elena Orantes López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano e integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 3o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de fomento de la calidad nutricional en los productos agropecuarios para consumo humano y el mejoramiento de la interconexión de cadenas productivas regionales, de acuerdo con la siguiente

En los últimos 30 años, nuestro país ha experimentado un crecimiento sin precedentes en la producción agropecuaria y los montos que ésta representa para el comercio internacional. Ello, se puede constatar al observar que tras la reconfiguración del rol comercial de la economía mexicana en el espacio global, iniciada en la década de 1990, la suma del volumen de nuestras exportaciones y el crecimiento del mercado interno de nuestro país, posicionan mundialmente a México en el lugar número 11 de producción ganadera; el número 12 de producción de alimentos en general; en el número 13 como productor agrícola, y en el número 16 como productor de pesca y acuacultura.

En este sentido, en 2015, la producción agropecuaria y pesquera del país, generó una derrama económica de 26 mil 714 millones de dólares, superando los ingresos de 24 mil 785 millones de dólares por concepto de remesas; los 23 mil 173 millones de dólares derivados de las exportaciones petroleras y los 17 mil 734 millones de dólares que deja el turismo extranjero. Así, nuestro país se ha desempeñado con un éxito comercial considerable en el mercado de las “berries”, la cerveza, el aguacate o el atún por citar algunos.

En este contexto, a lo largo de los últimos 17 años, hemos sido testigos de la construcción institucional y la asignación presupuestal más importante de nuestra historia reciente, implantando una amplia lista de programas, políticas y proyectos multisectoriales, financiados parcial o totalmente con dinero público y concentrando la concurrencia de diversas instancias gubernamentales, para buscar revertir los grandes problemas que vive el campo mexicano. Entre estos problemas, diversas voces, desde ámbitos académicos y en las organizaciones de la sociedad civil, han manifestado su preocupación por la falta de atención de las autoridades federales para propiciar los mecanismos suficientes, destinados a evitar la degradación nutrimental de algunos productos por dar prioridad a las fluctuaciones de preferencias en los mercados con las que se segregan los productos en función del color, sabor, tamaño o apariencia, pero no en contenido ni su aporte a la dieta del ser humano.

Asimismo, se aprecia desde distintos foros que, a pesar de los esfuerzos institucionales, aún no hemos podido explotar todo el potencial que tiene el concepto de los agroparques y, en consecuencia, no hemos podido materializar los beneficios que estos aportan a la sociedad, los productores, los consumidores y el medio ambiente.

En consecuencia, esfuerzos institucionales y jurídicos como el que implicó la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable aún tienen mucho que mejorar e impactar en beneficio de nuestra sociedad.

Entre las áreas de oportunidad que actualmente presenta la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de calidad nutricional e impulso de agroparques, podemos encontrar que los temas no se han planteado de manera directa.

Así, en los artículos 91 a 97 del texto vigente de la ley, el aspecto de la salud se limita a generar controles desde una perspectiva sanitaria, orientada a evitar que entren al país productos dañinos a la salud, vigilando su calidad en cuanto a la recepción, manejo y almacenamiento de productos agroalimentarios. Ello, no aborda el trascendente ámbito de la calidad de los nutrientes que contienen los productos que se generan en el país o que se importan.

En este sentido, es reconocido por organismos internacionales como World Cancer Research Fund, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud, que la falta de acceso a productos nutritivos y saludables como las frutas, verduras, leguminosas, granos y semillas naturales es un factor de riesgo para enfermedades derivadas de la malnutrición entre la población, como lo son el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas o la desnutrición calórico-proteica y la anemia ferropénica.

Por otra parte, la ambigüedad sobre la calidad de los productos agropecuarios que se plantea en el artículo 183 del texto vigente, tampoco atiende la importancia de mantener o incrementar el contenido nutricional de los productos del campo, dejando abierta la posibilidad de satisfacer ese aspecto con característica superficiales, manteniendo mecanismos para controlar la posibilidad de que estos generen daños inmediatos a su consumo pero sin preocuparse por su aporte a la dieta del consumidor mexicano.

En consecuencia, estamos ante un escenario en el que el dinero público, derivado del presupuesto, puede estar ayudando a financiar la producción de alimentos que probablemente sean mejores en términos de resistencia a inclemencias ambientales durante su producción, pesen más, tengan mejor aspecto, presenten mayor tamaño, pero desatendiendo temas relacionados con el aporte nutricional que se le ofrece a la población. Esta situación mantiene abierta la posibilidad de que con esos productos cuya calidad se evalúa por aspectos físicos, se pueda llegar a sacrificar el patrimonio biodiverso de nuestro país e, indirectamente, la salud de los consumidores.

Es necesario reconocer, que los alimentos cultivados y ofertados para el bienestar de la población, deberían también contemplar un principio de corresponsabilidad ambiental, procurando el cultivo sustentable y minimizando las externalidades negativas relacionadas con el uso de agua, el subsuelo y las emisiones de CO2, entre otras.

Aunado a lo anterior, existe la precepción de que a pesar de los recursos y el programa de agroparques que ha desarrollado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Sistema Nacional de Agroparques, aún hay muchos esfuerzos de coordinación interinstitucional que faltan por hacer y que facilitarían la construcción de estos “Valles de comida” de economía circular que han encontrado modelos de éxito en Holanda y Corea del Sur.

En consecuencia, la propuesta que presenta este proyecto implica definir el concepto de calidad nutricional, integrarlo entre las características que deben considerarse al momento de coordinar los tres niveles de gobierno para impulsar políticas, acciones y programas en el medio rural. Asimismo, se propone establecer entre los objetivos de la coordinación institucional y el fomento a la inversión, el desarrollo de agroparques.

Por lo expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de fomento de la calidad nutricional en los productos agropecuarios para consumo humano y el mejoramiento de la interconexión de cadenas productivas regionales

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a VI. ...

VII. Calidad nutricional. Priorizar el mejoramiento del aporte cualitativo y cuantitativo de nutrientes que contribuyen a la dieta alimenticia del ser humano, por encima del aumento de la producción;

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVII. ...

XVIII. ...

XIX. ...

XX. ...

XXI. ...

XXII. ...

XXIII. ...

XXIV. ...

XXV. ...

XXVI. ...

XXVII. ...

XXVIII.

XXIX. ...

XXX. ...

XXXI. ...

XXXII. ...

XXXIII. ...

XXXIV. ...

Artículo 5o. ...

I. a III. ...

IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable;

V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional, y

VI. Favorecer el mejoramiento de la calidad nutricional de los productos agropecuarios, considerando perfiles biogenéticos poblacionales, hábitos de consumo y la contribución a disminuir o atenuar problemas de salud relacionados con la alimentación que tengan mayor incidencia entre la población mexicana.

Artículo 6o. Tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno y en los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En dichas acciones, que se efectuarán bajo los criterios de equidad social y de género, integralidad, protección de la calidad nutricional de los insumos generados para el consumo humano, productividad y sustentabilidad, podrán participar los sectores, social y privado.

...

...

Artículo 7o. ...

El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos:

I. a V. ...

VI. Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población, y

VII. Orientar la planeación del desarrollo del sector agropecuario fortaleciendo la concurrencia de las distintas áreas de los tres niveles de gobierno para facilitar la proliferación de agroparques que propicien la integración de cadenas productivas ambientalmente sustentables que busquen optimizar el aprovechamiento de los residuos y disminuyan los costos de producción y emisión de gases efecto invernadero.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Los agroparques son “espacios físicos donde los productores realizan diferentes actividades agroalimentarias, están compuestos por un sistema agroindustrial orientado, cuyo objetivo es minimizar el uso de la energía (agua, combustibles fósiles), y así reducir costos e incrementar la creación de valor de la producción, a través del uso de diferentes tecnologías.

Lo ideal es que esté situado en las inmediaciones de la metrópoli con su principal mercado objetivo, que concentre actividades con inversiones en tecnología para mejorar el control sobre los procesos de producción y en consecuencia la cantidad y calidad de los productos”. Véase a

https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/a-que-se-le-conoce-como-agroparque Para más información sobre los mecanismos para generar los agroparques véase:

https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-del-sistema- nacional-de-agroparques

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 26 de octubre de 2017.— Diputada María Elena Orantes López(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada federal en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a fin de que la actualización de los docentes sea de calidad, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Es sabido que la calidad en materia educativa es uno de los elementos esenciales para que una sociedad, en su conjunto, pueda ser competitiva y tener mejores niveles de bienestar, así como una mejor calidad de vida, en general, ya que como se ha demostrado en varias ocasiones, todo Estado que invierte en su educación, a la postre ve los frutos y rendimientos en generaciones venideras, las cuales están mucho mejor preparadas para enfrentar los retos que se les presenten como sociedad y Nación.

Ahora bien, si las condiciones en las que el sistema educativo se desarrolla no es el más idóneo para desarrollar el nivel de educación con calidad que se espera, lo anterior no es alcanzable, y para que esto sea posible, dentro de los componentes mínimos con los que se debe de contar, es el de tener docentes bien actualizados y capacitados en lo concerniente a temas básicos que están contenidos en el proceso de enseñanza, de manera adecuada y de calidad, aspectos que se advierten de enorme trascendencia.

Las últimas reformas jurídicas que norman el Sistema Educativo Nacional, entre sus argumentos, consideran que han dado atención y certeza a diversas inquietudes que los maestros han manifestado durante muchos años; lo cierto es que, sin lugar a dudas, en las normas que rigen el servicio docente se hace necesario un cambio substancial en las políticas de evaluación y actualización hacia los profesores, ya que, en lo general, no garantizan que éstas se lleven a cabo de manera adecuada.

Bajo este contexto, es importante señalar que en las últimas décadas se han producido cambios importantes en la formación, actualización y la indagación de nuevos conocimientos y, en este sentido, se ha vinculado obligadamente la calidad y la eficacia del sistema educativo en el quehacer de los profesores. Lograr calidad y eficacia ha dependido, por una parte, de los objetivos establecidos y de los recursos destinados a su consecución, así como de las necesidades de los colectivos implicados.

Para incidir principalmente en la calidad educativa, se ha requerido potenciar la gestión del sistema, aprovechar los recursos, reforzar la gestión de los centros, fortalecer la función docente, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como intervenir en aspectos relacionados con el fortalecimiento de la profesión docente y la evaluación del sistema.

Tomando en consideración que el trabajo que realizan los docentes puede ser un elemento fundamental para la transformación y para el desarrollo educativo de los centros escolares, así como también puede llegar a ser uno de los obstáculos más grandes para dicha transformación si no se les considera y atiende adecuadamente, creemos que es necesario reconocer que no existe un mecanismo que permita que la actualización de los docentes sea de calidad.

Así, encontramos que muchos docentes son buenos profesionales; sin embargo, al ejercer cada día su trabajo en condiciones de precariedad acaban debilitando la eficiencia y eficacia que se espera del mismo. Por ello, consideramos que es necesario reflexionar sobre la pertinencia de mejorar la reglamentación jurídica que incide en los mecanismos de acceso, así como en los sistemas de formación inicial y permanente.

Reconocer y atender esta problemática no es algo nuevo. En la década de los noventas, en una gran mayoría de los sistemas educativos de América Latina se impulsaron una serie de cambios que buscaban mejorar la calidad de los servicios educativos; empero, considerando las posibilidades que las transformaciones emprendidas ofrecían, los resultados de esos grandes proyectos de reformas educativas no fueron los esperados.En muchos casos, la profesión docente quedó como estaba, cada vez que se promovía algún cambio, ésta se contenía sistemáticamente.

Por ello, en los últimos años las tendencias del cambio educativo procuran centrarse en todos los niveles del sistema y en cada uno de los actores implicados en la educación.

En otras ocasiones, en la misma línea de lo arriba mencionado, a pesar de que en la mayoría de los sistemas educativos se impulsaron cambios con la mejor de las intenciones, existieron aspectos que se dejaron de lado y que actualmente se reconocen como necesarios. Uno de ellos radica en que la actualización de los docentes sea de calidad, sobre la base de que la profesión docente debe considerarse como una actividad fundamental de la acción educativa.

Las reformas educativas, como mecanismo impulsor de las transformaciones sociales, deben constituir un movimiento que involucre, desde su concepción, a aquellos actores fundamentales que desde el aula pueden identificar, prever, y acercarse a la solución de sus problemas, teniendo en cuenta la orientación de especialistas.

En este sentido, nos interesa resaltar que los estudios sobre la profesión docente se han enfocado en el trabajo que de-sarrollan las instituciones; específicamente, el trabajo que realizan en sus instituciones y en la identificación de los problemas que afectan la calidad del servicio. Pocas han sido las investigaciones centradas en la profesión en sí misma y, menos aún, en lo referente a que la actualización de los docentes sea de calidad. Por esta razón, a través de la presente acción legislativa nos interesa fortalecer las temáticas de los enfoques actuales y tendencias de la profesión docente.

La Iniciativa propone que la actualización de los docentes sea de calidad, prevé que los docentes tengan acceso a cursos de actualización de calidad y profesionalización continuas de calidad, con el objetivo de cumplir con las recientes reformas en materia educativa, cuyo objeto principal, de acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta original, consiste en elevar la calidad educativa, así como las capacidades docentes en beneficio de los educandos.

Específicamente, se aborda la problemática de que la formación, la capacitación y la actualización, también se lleve a cabo bajo atributos de calidad para los docentes, considerándolos pieza clave y fundamental dentro del proyecto educativo del país, en tanto que son los profesores y las instituciones educativas en quienes recae la alta responsabilidad de la formación de las generaciones encargadas de llevar hacia adelante el desarrollo social.

El término formación docente ha sido utilizado con diferentes acepciones; por ello, se considera necesario aclarar que, en esta propuesta, se asume una concepción que expresa una permanente relación entre la teoría y la práctica pedagógica.

Así, a partir de esta premisa, es que se concibe al proceso de formación docente, como el conjunto de orientaciones y acciones dirigidas a la adquisición, estructuración y reestructuración de conocimientos, habilidades, valores y otras características formadoras de la personalidad de los individuos, que estimulan su desarrollo personal, la satisfacción de sus necesidades, así como la elevación de la calidad de su desempeño, en el cumplimiento de su responsabilidad social.

Otros problemas del Sistema Educativo Nacional, que en esta intervención legislativa se procuran atender, apuntan a factores de organización, como son el mecanismo de control vertical, el enorme peso de su burocracia, así como el insuficiente impulso que se le ha dado al mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo de los maestros y del personal directivo y auxiliar, persistiendo una realidad en donde el sistema escolar da mayor énfasis a los aspectos administrativos del proceso educativo, en lugar de a los factores de aprovechamiento académico.

Se ha señalado reiteradamente la importancia que puede tener un buen maestro para alcanzar los aprendizajes esperados, aún en condiciones adversas y con nutridas deficiencias en cuanto a insumos e infraestructura.

Es por ello que se considera que el profesor, y en particular la práctica docente, es un factor clave en la mejora de los niveles de logro educativo; por ese motivo, desde hace aproximadamente 14 años, en México se han desarrollado programas e iniciativas dirigidas a mejorar las capacidades de los docentes y proveerlos de los materiales que requieren para desarrollar su trabajo adecuadamente.

Luego entonces, resulta absurdo que hoy se esté haciendo tan poco en el terreno de la formación y actualización docente en nuestro país, considerando las deficiencias en la calidad de la formación de los docentes que trabajan en el sistema educativo, así como su manifiesto interés y disposición por aprender y cambiar las condiciones imperantes en su formación y capacitación, sin obviar las muestras del gran potencial de impacto en los resultados educativos.

Argumentación

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, la educación de calidad se define como aquella que “asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta”.

En este contexto, observamos que el marco jurídico nacional contempla la estructura normativa que permite incorporar, de manera adecuada y pertinente, la materia de esta Iniciativa, orientada a insertar, como concepto y atributo, a la calidad educativa en los procesos de formación docente, tal como a continuación se detalla:

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los Docentes y Directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Asimismo, determina la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.”

Por su parte, el artículo 3º de la Ley General de Educación, establece “la obligación del Estado de prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos” teniendo la responsabilidad de cumplir con esta atribución la Secretaría de Educación Pública federal; en tanto que “elartículo 21 de la Ley General del Servicio Profesional Docente instituye que el ingreso a la Educación Básica se llevará a cabo mediante Concursos de Oposición para garantizar la idoneidad de los conocimientos, las habilidades y capacidades de los Docentes”.

No obviamos señalar que el artículo 22 de la Ley General del Servicio Profesional Docente señala que “con objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso, durante un periodo de dos años, tendrá el acompañamiento de un Tutor designado” por las Autoridades Educativas que correspondan; del mismo modo, este artículo establece que dichas autoridades realizarán una evaluación al finalizar el primer año de servicio, brindarán los apoyos y “programas pertinentes y, al término del periodo de dos años de Tutoría y de formación continua, evaluará el desempeño del personal docente para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y cumple con las exigencias propias de su función”.

Continuando con este proceso, el artículo 47 de la misma ley “dispone que la función de Tutoría será considerada como un movimiento lateral y que la selección de los Docentes que desempeñen esta función se realizará con base en los lineamientos que para este fin expida el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)”.

Por último, en “el artículo 3º de los Lineamientos para la selección de Tutores que acompañarán al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en Educación Básica y Media Superior 2016- 2017, expedidos por el INEE, reitera lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD,) que: las funciones de Tutoría son adicionales a las que desempeña el personal docente y técnico docente y se realizarán mediante movimientos laterales que le permitan a dicho personal de-sarrollarse profesionalmente”.

Como sabemos, de acuerdo a los últimos cambios constitucionales y legales quereformaron la educación y la operación del Sistema Educativo Nacional (SEN), le corresponde a la Secretaría de Educación Públicadiseñar los perfiles para el personal que desempeñe funciones dedirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica, así como proponer los parámetros e indicadores que, esencialmente, orienten losprocesos de evaluación de los concursos de oposición en el serviciopúblico educativo.

El perfil para los directivos de educación Básica señala lascaracterísticas, cualidades y aptitudes deseables para el desempeñoeficiente de las funciones de dicho personal en las escuelas deese nivel educativo. Asimismo, es un referente para el estudiopersonal, la autoformación, la formación continua, el diseño depolíticas y programas que contribuyan a fortalecer la labor de losdirectivos escolares y la evaluación docente.

Asimismo, dicho perfil establece los conocimientos, habilidades y actitudes que losdirectivos escolares deben poseer para dirigir a sus escuelas, con elpropósito de que éstas cumplan su misión: el aprendizaje de lasniñas, niños y adolescentes que asisten a ellas. En este sentido, seespera que todos los directivos escolares –directores, subdirectores,coordinadores– contribuyan, desde su ámbito específico de acción, aque la escuela ofrezca un servicio de calidad donde se favorezca elmáximo logro académico de los alumnos.

En esta tesitura, el magisterio ha sido fundamental en el proceso de reforma educativa de los últimos años, que desde el año de 1992 ha puesto en marcha diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza e impulsar el desarrollo profesional del magisterio. Sin embargo, los resultados no han sido del todo satisfactorios, como se ha observado en los resultados de la aplicación de pruebas nacionales (EXCALE y ENLACE) e internaciones (PISA).

Actualmente, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el objetivo primordial de la evaluación es ayudar al docente a mejorar su desempeño, identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva que coincidiría con la evaluación formativa para el desarrollo profesional.

De lo anterior, es de destacar que a pesar de que la Ley General de Educación dedica una sección a la evaluación del Sistema Educativo Nacional, ésta resulta muy genérica, al sólo establecer que habrá exámenes de evaluación en forma periódica y sistemática; señalando también, que será obligación de las instituciones educativas otorgar a las autoridades en la materia, todas las facilidades y colaboración necesaria para estos propósitos.

En otro orden de ideas, tomando como referencia el derecho comparado, observamos que en algunos países, la profesionalización y actualización de calidad para los docentes resulta de gran importancia.

A fin de demostrar lo anterior, particularmente en el sentido de reconocer cómo se concibe en la legislación de otros países el concepto de calidad, en y para los procesos de formación, especialización y evaluación de los docentes, especialmente el enfoque latinoamericano, a continuación se presenta una breve selección de la regulación en la materia.

Bolivia: Ley número 1565 Ley de la Reforma Educativa del 7 de julio de 1994

“...

Artículo 2.Organizar un Sistema Educativo Nacional capaz de renovarse y de mejorar su calidad permanentemente para satisfacer las cambiantes necesidades de aprendizaje y de desarrollo nacional así como para incorporar las innovaciones tecnológicas y científicas; creando instrumentos de control, seguimiento y evaluación con especial énfasis en la medición de la calidad, instrumentos de información y de investigación educativas.

...

Artículo 22.El proceso de acreditación que comprende las fases de autoevaluación, evaluación externa y acreditación, tendrá como objetivos orientar e impulsar el desarrollo de las instituciones de educación pública y privada, asegurando que éstas realicen sus actividades sobre indicadores mínimos de calidad y eficiencia en la gestión educativa. La acreditación será requisito para la vigencia de la autorización de funcionamiento de las instituciones privadas de educación.

...”.

Como se observa, en Bolivia la evaluación y la autoevaluación resultan de suma importancia, dado que, entre otras cosas, contribuyen al mejoramientode la calidad de la educación, considerando que esa mejora deberá realizarse sobre indicadores mínimos de calidad y eficiencia en la gestión educativa. Dentro de la estructura de su Sistema Educativo existe la denominada Administración Curricular, que tiene entre sus objetivos evaluar el proceso educativo en todas las áreas, niveles y modalidades del Sistema.

Chile: Ley número 19.070, que fija el estatuto de los profesionales de la educación.

“...

Artículo 7º bis. Los Directores de establecimientos educacionales, para dar cumplimiento a las funciones que les asigna el inciso segundo del artículo anterior y para asegurar la calidad del trabajo educativo, contarán en el ámbito pedagógico, como mínimo, con las siguientes atribuciones: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación; organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, y adoptar las medidas necesarias para que los padres o apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.

...”

Hemos de resaltar que los procesos de evaluación de este país se encuentran claros y bien organizados para los profesionales de la educación que desempeñan funciones de docencia en el aula o de carácter formativo, pues, entre otros aspectos, se señala que “Se establece que los mecanismos, instrumentos y la forma de ponderar los resultados de la evaluación deberán ser transparentes. Estos contemplarán la medición de factores tales como habilidades personales, conductas de trabajo, conocimientos disciplinarios y nivel de aprendizaje de los alumnos, debiendo garantizar la objetividad en las calificaciones (art. 70 Bis.)”.

Colombia: Ley 115 de 1994 (Diario Oficial No. 41.214, de 8 de febrero de 1994, Por la cual se expide la ley general de educación)

“...

Artículo 4o. Calidad y cubrimiento del servicio.Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento.

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo.

...

Artículo 80. Evaluación de la educación. El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluarla calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio.

Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para mejorar los procesos y la prestación del servicio.

...

Artículo 84. Evaluación institucional anual.En todas las instituciones educativas se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el personal docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa que se imparte.

...”

En Colombia, el Sistema Educativo es quien cuenta con las facultades para diseñar y aplicar criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos; de igual manera, la evaluación institucional tendrá por objeto llevar a cabo la valoración de todo el personal docente y administrativo, de infraestructura física, así como de los recursos pedagógicos para el mejoramiento de la calidad educativa.

Al respecto, se prevé que las instituciones que se coloquen en un rango de excelencia obtengan estímulos especiales por parte de la Nación y, los que obtengan resultados negativos tendrán la obligación de formular un plan remedial.

Por su parte, para los educadores estatales del país, por niveles y grados mejor evaluados y que hayan cumplido diez años de servicio, tendrán, por una sola vez, el estímulo de un año de estudio sabático. También, de ese país, llama la atención el programa de crédito educativo para la profesionalización y perfeccionamiento del personal docente del servicio educativo estatal.

Cabe señalar que la evaluación también será aplicable para los directivos docentes del sector educativo privado, mediante acciones de coordinación entre la Secretaría de educación y la Asociación de Instituciones Educativas Privadas.

Perú: Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial

“ ...

Artículo 5. Objetivos de la Carrera Pública Magisterial

La Carrera Pública Magisterial rige en todo el territorio nacional, es de gestión descentralizada y tiene como objetivos:

...

f.Determinar criterios y procesos de evaluación que garanticen el ingreso y la permanencia de profesores de calidad.

...”.

Ley 28044 General de Educación

“...

Artículo 16°.Funciones de los Órganos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

En el ámbito de sus competencias, los organismos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación:

a) Promueven una cultura de calidad entre los docentes y las instituciones educativas.

b) Evalúan, en los ámbitos nacional y regional, la calidad del aprendizaje y de los procesos pedagógicos y de gestión.

c) Acreditan, periódicamente, la calidad de las instituciones educativas públicas y privadas.

d) Certifican y recertifican las competencias profesionales.

e) Difunden los resultados de las acciones evaluadoras y acreditadoras de las instituciones educativas, haciendo uso de los medios de comunicación.

f) Desarrollan programas orientados a formar profesionales especializados en evaluar logros y procesos educativos.

g) Compatibilizan los certificados, grados, diplomas y títulos educativos nacionales y establecen su correspondencia con similares certificaciones expedidas en el extranjero.

h) Elaboran, con participación de las instancias descentralizadas, los indicadores de medición de la calidad que contribuyan a orientar la toma de decisiones.

...”

En materia de evaluación docente, Perú se ha encaminado hacia la calidad educativa y, para ello, cuenta con un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el cual opera a través de dos organismos autónomos, dotados de un régimen legal y administrativo que garantiza su independencia, que en el caso de la Educación Básica, será el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa el responsable de esta tarea.

En Perú se ha pugnado por dos tipos de evaluación: la de ascenso y la de desempeño, contando para ello con la Carrera Pública Magisterial, instancia que entre sus finalidades determina tanto los criterios como los procesos de evaluación que garanticen el ingreso y permanencia de docentes de calidad, ubicándose dentro de la misma dos tipos de evaluación: la obligatoria y la voluntaria, de las cuales, la obligatoria abarca lo que es la evaluación del desempeño laboral.

La evaluación que se da a través de la Carrera Magisterial también tiene entre sus objetivos a la evaluación, como una modalidad para ascender dentro del ámbito educativo. Y la evaluación para el ascenso tiene una finalidad primordialmente formativa, orientada a mejorar, tanto la práctica educativa como el desempeño laboral de los profesores.

Luego entonces, conforme a la anterior selección de Derecho Comparado, podemos observar que, a diferencia de México, la incorporación del atributo de calidad en la evaluación de los docentes, con funciones en el aula, se encuentra normada y regulada en la legislación escogida para ilustrar nuestro propósito, estableciéndose en algunos casos, como en Chile, Colombia y Perú, normas y lineamientos bien puntualizados y concretos sobre la materia.

De los razonamientos y exposición anterior podemos puntualizar que, efectivamente, a los docentes se les debe reconocer en su papel de formador y agente proactivo en la labor de asegurar el ejercicio del derecho de los alumnos a una educación de calidad, y para que el docente desarrolle una práctica que contribuya a garantizar aprendizajes de calidad, requiere primero que se le brinden conocimientos sólidos de la misma, así como en los campos formativos de la educación; es decir, debe tener una actualización de calidad y recibir las herramientas necesarias para orientar y mejorar su trabajo y desempeño en el aula, así como beneficiarse de una organización y funcionamiento eficaz por parte de la escuela.

Paradójicamente, para que el docente garantice aprendizajes de calidad, requiere de un conjunto de capacitaciones y actualizaciones de calidad, mismas que le deben brindar las aptitudes que le permitan impulsar y cumplir con su tarea fundamental, consistente en que los alumnos aprendan con calidad y equidad.

En tal sentido, una idónea y pertinente actualización, bajo el principio y atributos de calidad hacia los docentes, teniendo como base los requerimientos del nuevo modelo educativo, les deberá proveer de un mejor desempeño profesional; al mismo tiempo, debemos considerar que las autoridades educativas están obligadas a proporcionar los elementos y condiciones necesarias que posibiliten la mejora de dicho desempeño, incidiendo así en el fortalecimiento y desarrollo profesional de los maestros, y en el mejoramiento de los propios centros educativos donde ellos desarrollan sus competencias profesionales.

La reforma educativa se ha enfocado principalmente en ver el proceso evaluativo como mecanismo de control y no como instrumento legítimo para consolidar la profesionalización y formación de los educadores; por ello, es necesario transformar este enfoque a fin de conceptualizar a la evaluación docente como un medio para impulsar y favorecer el perfeccionamiento del sector, así como herramienta de primer orden para identificar y potenciar las cualidades de los profesionales de la educación.

En Nueva Alianza coincidimos en que de entre todos los factores que influyen en la calidad de la educación, uno ha sido señalado reiteradamente por la investigación empírica, realizada tanto en México como en otros países, en el sentido de que la preparación y la actualización de calidad de los maestros se constituyen como herramientas fundamentales que permiten brindarles mayor precisión sobre los retos que enfrentan en su práctica cotidiana, enfocada a preparar a las futuras generaciones con mejores habilidades y competencias ante los requerimientos de un mundo globalizado.

De igual manera, sabemos y reconocemos que la calidad en la formación docente es, sin duda alguna, un objetivo nodal para una Reforma Educativa que busca mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento de la educación y elevar la propia calidad.

Empero, sin un acercamiento de los procesos de formación y actualización de calidad a la práctica real de los docentes, difícilmente podrá esperarse que los objetivos de la Reforma Educativa logren producir los resultados deseados; de ahí la imperiosa necesidad de fortalecer la calidad en los procesos de formación y actualización docente, como se postula en la presente acción legislativa.

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente

Artículo Único.Se reforman las fracciones I, V, XI y XXXII del artículo 4; los incisos c) y h de la fracción III y las fracciones IV, V y VII del artículo 7; las fracciones II, VIII, IX y XI del artículo 8; el artículo 12; las fracciones VI, VII y VIII del artículo 13; la fracción V del artículo 36; el primer párrafo del artículo 41; el artículo 59 y el tercer y cuarto párrafo del artículo 60; todos, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue:

Artículo 4....

I. Actualización: A la adquisición continua de conocimientos y capacidades relacionados con el servicio público educativo de calidad y la práctica pedagógica;

II.a IV....

V.Capacitación: Al conjunto de acciones encaminadas a lograr aptitudes, conocimientos, capacidades o habilidades complementarias para el desempeño del Servicio de calidad;

VI.a X. ...

XI.Formación: Al conjunto de acciones diseñadas y ejecutadas por las Autoridades Educativas y las instituciones de educación superior para proporcionar al personal del Servicio Profesional Docente las bases teórico prácticas de la pedagogía y demás ciencias de la educación de calidad;

XII.a XXXI....

XXXII.Servicio Profesional Docente o Servicio: Al conjunto de actividades y mecanismos para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua de calidad, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidadesdel Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados.

Artículo 7. ...

I.y II....

III....

a)y b)...

c) Los atributos, obligaciones y actividades de quienes intervengan en las distintas fases de los procesos de esta evaluación y la selección y capacitación de calidad delos mismos;

d)a g)...

h) La emisión de los resultados individualizados de los procesos de evaluación del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, resultados que serán acompañados de un dictamen con las recomendaciones que deberá atender el personal para regularizarse o cumplir las acciones de mejora continua de calidad;

IV. Autorizar los parámetros e indicadores para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia, así como la calidad enlas etapas, aspectos y métodos de evaluación obligatorios;

V. Asesorar a las Autoridades Educativas en la formulación de sus propuestas para mantener actualizados los parámetros e indicadores de desempeño para docentes, directivos y supervisores y garantizar la calidad de los mismos;

VI....

VII. Validar la idoneidad y la calidadde los parámetros e indicadores, de conformidad con los perfiles aprobados por las Autoridades Educativas, en relación con la función correspondiente en la Educación Básica y Media Superior, para diferentes tipos de entornos;

VIII.a X....

Artículo 8....

I....

II. Llevar a cabo la selección y capacitación de calidad delos Evaluadores conforme a los lineamientos que el Instituto expida;

III.a VII....

VIII. Ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes, de calidad y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar, para la formación continua y calidad en la actualizaciónde conocimientos y desarrollo profesional del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión que se encuentren en servicio;

IX. Ofrecer al Personal Docente y al Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión , calidad en losprogramas de desarrollo de capacidades para la evaluación interna a que se refiere esta Ley;

X....

XI. Ofrecer los programas de regularización de calidada que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley;

XII.a XX....

Artículo 12.Las funciones docentes, de dirección de una Escuela o de supervisión de la Educación Básica y Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados deberán orientarse a brindar educación y actualizaciónde calidad y al cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan.

Artículo 13....

I. a V....

VI.Otorgar y elevar la calidad y la cobertura en los apoyos necesarios para que el Personal del Servicio Profesional Docente pueda, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades;

VII.Garantizar y elevar la calidad enla formación, capacitación y actualización continua del Personal del Servicio Profesional Docente a través de políticas, programas y acciones específicas, y

VIII.Desarrollar un programa de estímulos e Incentivos de calidadque favorezca el desempeño eficiente del servicio educativo y contribuya al reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial.

...

Artículo 36....

I.a IV....

V. Garantizar la idoneidad de conocimientos, capacidades y aptitudes necesarias tomando en cuenta el desarrollo de la función, la formación, capacitación y actualización de calidaden relación con el perfil requerido, los méritos docentes o académico-directivos, la ética en el servicio, la antigüedad en el puesto inmediato anterior al que aspira y los demás criterios y condiciones establecidos en las convocatorias, y

VI....

Artículo 41. El Nombramiento como Personal Docente con Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica será considerado como una Promoción. La selección se llevará a cabo mediante concurso de oposición de conformidad con lo señalado en el Título Segundo, Capítulo IV de esta Ley. El personal seleccionado estará sujeto a un periodo de inducción con duración de dos años ininterrumpidos, a cursos de actualizaciónprofesional de calidad y a una evaluación para determinar si cumple con las exigencias propias de la función.

...

...

Artículo 59. El Estado proveerá lo necesario para que el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en servicio tengan opciones de formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural de calidad.

Para los efectos del párrafo anterior, las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados ofrecerán programas y cursos de calidad. En el caso del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección los programas combinarán el Servicio de Asistencia Técnica en la Escuela con cursos, investigaciones aplicadas y estudios de posgrado.

Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación e instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para ampliarlas opciones de formación, actualizacióny desarrollo profesional de calidad.

Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados estimularán que los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia que lleven a cabo las organizaciones profesionales de docentes sean de calidad.

Artículo 60....

I.a VI....

...

El Instituto emitirá los lineamientos conforme a los cuales las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados llevarán a cabo la evaluación del diseño, de la operación y de los resultados de la oferta de formación continua, actualización y desarrollo profesional de calidad, y formulará las recomendaciones pertinentes.

Las acciones de formación continua, actualización y desarrollo profesional se adecuarán conforme a los avances científicos y técnicos.

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Carnicero Duque Paulino, Silva García Patricia, Mentado Labao Trinidad (Coords.), Nuevos retos de la profesión docente, II Seminario Internacional RELFIDO, (Red Europea y Latinoamericana de Formación e Innovación Docente), Grupo de Investigación FODIP, Formación Docente e Innovación Pedagógica Universidad de Barcelona, Universitat de Barcelona, FODIP, DL 2010, 122, p.

http://www.ub.edu/relfido/docs/NUEVOS_RETOS_DE_LA_PROFESION_DOCENTE.pdf.

ii Ídem.

iii Ídem.

iv Ídem.

v Ídem.

vi Ídem.

vii Ídem.

viii Maestra Claudia Gamboa Montejano, Investigadora Parlamentaria, “La evaluación docente en México” Estudio Teórico Conceptual, de Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura y de Derecho Comparado, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Subdirección de Análisis de Política Interior, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Octubre, 2012.

ix Ídem.

x Marqués Graells, Pere, Calidad e Innovación Educativa en los Centros, Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Barcelona, 2002 (última revisión: 8/08/11), [en línea], consultado el 5/junio/2012, en la siguiente dirección:

http://peremarques.pangea.org/calida2.htm

xi Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Marco general para la organización y el funcionamiento de la Tutoría en Educación Básica. Docentes y Técnicos Docentes de nuevo ingreso. Ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018.

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/general/docs/ normatividad/TUTORES/Marco_general_para_la_organizacion_y_funcionamiento_ de_la_tutoria.pdf

xii Ídem.

xiii Ídem.

xiii Ídem.

xiv Ídem.

xvi Ídem.

xvii Ídem.

xviii Concursos de oposición para las Promociones a cargos con funciones de Dirección y de Supervisión, y a las Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica. Ciclo Escolar 2015-2016, Perfiles, Parámetros e Indicadores para Personal con Funciones de Dirección, de Supervisión y de Asesoría Técnica Pedagógica, Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, Subsecretaria de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública, 2015, en

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ba/docs/2015/ parametros_indicadores/PERFILES_Promocion_%202015_23%20febrero.pdf

xix Ídem.

xx Dulce María Nieto de Pascual Pola, Implementación de políticas educativas: México, Análisis de las políticas para maestros de educación básica en México, informe fue elaborado para el Proyecto de Cooperación entre México y la OCDE para la Mejora de la Calidad de las Escuelas en México 2008-2010, de la OCDE, Para mayor información en www.oecd.org/edu/calidadeducativa.

xxi Maestra Claudia Gamboa Montejano, Investigadora Parlamentaria, “La evaluación docente en México” Estudio Teórico Conceptual, de Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura y de Derecho Comparado, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Subdirección de Análisis de Política Interior, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Octubre, 2012. Consultado en la siguiente dirección:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-55-12.pdf.

xxii Ley No. 1565, Ley de la Reforma Educativa del 7 de julio de 1994, [en línea] consultado en la siguiente dirección:

http://www.oei.es/quipu/bolivia/Ley_Reforma_Educativa_1565.pdf

xxiii Ley No. 19.070, que fija el Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las Leyes que la han complementado y modificado, [en línea] consultado en la siguiente dirección:

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=60439

xxiv Ídem.

xxv Ley 115 de 1994, (febrero 8), (Diario Oficial No. 41.214, de 8 de febrero de 1994, Por la cual se expide la Ley General de Educación), [en línea] consultado en la siguiente dirección:

http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm

xxvi Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial [en línea] consultado en la siguiente dirección:

http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf-ley-reforma-magisterial/ ley-reforma-magisterial-29944.pdf

xxvii Ley 28044 Ley General de Educación, [en línea] consultado en la siguiente dirección:

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf

xxviii Mtra. Claudia Gamboa Montejano, Op. Cit.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de octubre de 2017.— Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de fondeo para desastres naturales, con base en la siguiente

México es afectado por diversos desastres naturales a lo largo del año, muchos de los fenómenos meteorológicos y aun los geológicos causan pérdidas cuantiosas y además provocan el estancamiento de la economía en muchas partes.

En los últimos años se han contabilizado innumerables desastres naturales que afectan a nuestro país con gran fuerza; de acuerdo con El Financiero, los informes de impacto socioeconómico de los desastres naturales en México 2000-2016, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en los últimos 16 años los daños y pérdidas para México han ascendido a 424 mil 923 millones de pesos; Más de 33 millones de habitantes han sido afectados, y 8 mil 164 han perdido la vida.

En paralelo, y tras los sismos de setiembre de 2017, una nueva tragedia, ésta de carácter político, sacudió la vida política mexicana: luego que, al iniciar el tercer año de ejercicio de la presente legislatura, las dinámicas inacabadas del Senado de la República, así como las tensiones en un instituto político, terminaran por secuestrar el funcionamiento y la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la demagogia y el oportunismo campearon en el Congreso de la Unión, y súbitamente a todas las fuerzas políticas nació un interés por la democracia no onerosa y por ayudar a los damnificados haciendo cuentas alegres con el financiamiento público a los partidos políticos, tema en el que Encuentro Social, meses atrás había marcado la pauta al proponer, antes que todos, su extinción.

Muestra de los excesos y de la carencia de recursos argumentales serios se dio en esta soberanía cuando se calificaran como guardadito los remanentes de operación del Banco de México y se propusieran chabacanamente como fuente de recursos para paliar los efectos devastadores de los sismos.

Encuentro Social, como fuerza política responsable, tiene que hacer las aclaraciones pertinentes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el comunicado número 046-2016, anunció que recibiría el Banco de México por concepto de remanente de operación del Banco de México correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 un total de 239 mil 93.8 millones de pesos (SHCP, 2016).

El remanente de operación correspondiente a 2016 del Banco de México sumó 321 mil 653.3 millones de pesos, según lo reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito mediante el comunicado número 58 (SHCP, 2017).

Considerando que en el informe semanal de la SHCP del 11 al 15 de septiembre del presente año se establece que el Fonden cuenta con alrededor de 9 mil millones de pesos, tal cantidad representa 2.79 por ciento del remanente de operación del Banco de México de 2016.

Para 2018, el gobierno propone que se asigne a este fondo 6 mil 644 millones de pesos, con los que se tendrán recursos totales del orden superior a 15 mil millones de pesos para hacer frente a la actual eventualidad.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Con este instrumento se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superan su capacidad financiera y operativa de respuesta, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

El Ejecutivo federal tiene como prioridad atender los daños ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; esta atención debe ser oportuna, efectiva y eficiente, y de acuerdo con los principios de complementariedad, corresponsabilidad, oportunidad y transparencia con los que opera el Fonden, en un marco de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

El Fonden fue establecido a finales del decenio de 1990, como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales.

El Fonden se creó originalmente como un programa dentro del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, y se hizo operacional en 1999, cuando se emitieron sus primeras reglas de operación.

Los recursos del Fonden se destinaban originalmente sólo a la realización de actividades ex post de rehabilitación y reconstrucción de (i) infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; (ii) vivienda de la población de bajos ingresos; y (iii) ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos, y lagunas.

En la actualidad, el Fonden está compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios: el Programa Fonden para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), y sus respectivos fideicomisos.

El instrumento original, y aún el más importante del Fonden es el Programa Fonden para la Reconstrucción. Sin embargo, en reconocimiento de la necesidad de promover ex ante el manejo proactivo del riesgo, el gobierno de México comenzó, a inicios de los años 2000, a asignar recursos específicamente destinados a actividades preventivas.

Aunque los recursos para la prevención siguen siendo significativamente menores que para la reconstrucción, el gobierno Mexicano continúa dirigiendo esfuerzos a la transición de un enfoque del financiamiento del riesgo posdesastre a la gestión del riesgo financiero ex ante a los desastres. La ejecución de los recursos financieros de los 2 instrumentos del Fonden (de reconstrucción y de prevención) se realiza a través del Fideicomiso Fonden y del Fideicomiso Preventivo, cuya institución fiduciaria en ambos casos es el Banobras, un banco de desarrollo del gobierno de México.

Así, el Fonden es financiado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria requiere que al inicio de cada ejercicio fiscal, una cantidad no menor de 0.4 por ciento del presupuesto federal anual sea destinada al Fonden, al Fopreden y al fondo agropecuario para los desastres naturales.

Dicha cantidad incluye los fondos no comprometidos en el Fideicomiso Fonden a finales del año fiscal anterior. En la práctica, el requisito mínimo de 0.4 por ciento –equivalente a alrededor de 800 millones de dólares en el 2011–se ha convertido en la asignación presupuestaria estándar para el Fonden anualmente.

Si esta asignación resultare insuficiente, la ley establece que recursos adicionales pueden ser transferidos de otros programas y fondos, como los ingresos de excedentes de la venta del petróleo.

Los costos de reconstrucción del sismo de 1985 muestran datos que importa señalar para medir los costos. En 1985, el área construida en el Distrito Federal era de 875 kilómetros cuadrados. El área dañada por el movimiento telúrico sólo representó 2.9 por ciento; es decir, 25 kilómetros cuadrados. La intensidad del movimiento fue suficiente para que 6 mil construcciones resultaran dañadas.

Sólo en construcciones dañadas, la pérdida fue de 4 mil millones de dólares, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Mil 360 millones fueron pérdidas para la administración pública, 640 millones en vivienda, 600 en el sector salud, 440 del sector, 240 en industria y comercio y 200 en turismo.

De los daños, 65 por ciento ocurrió en casas habitación, 15 en comercios, 12 en escuelas, 6 en oficinas y el restante 2 en hospitales, cines, teatros e industrias.

De los 4 mil millones de dólares perdidos en construcciones, sólo se recuperaron 400 a través del cobro de pólizas de seguros. Esto significa que sólo 10 por ciento de las pérdidas fue cubierto por una aseguradora. El resto lo cubrió el estado y la ayuda que llegó del extranjero.

Recientemente, la parte centro-sur del país ha sido afectada a causa de fenómenos sísmicos, diversos estados de la República Mexicana han sido golpeados fuertemente por los movimientos telúricos que han causado afectaciones en miles de hogares, así como la lamentable pérdida de vidas humanas.

El primer sismo de gran magnitud se registró el 7 de septiembre de 2017, con una magnitud de 8.2, dejando aproximadamente 110 mil inmuebles con afectaciones estructurales en Oaxaca y Chiapas, los cuales deberán ser reconstruidos en su totalidad.

El 19 de septiembre de 2017 se registró otro fenómeno sísmico de gran magnitud, registrando una escala de 7.1 Richter, en el pasado fenómeno se han cuantificado de acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación 333 personas que lamentablemente han perdido la vida, así como edificios que deberán ser reconstruidos en su totalidad.

Por lo anterior se propone la siguiente redacción a fin de otorgar más recursos para la reactivación y reconstrucción de la economía mexicana ante desastres naturales.

Para facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de fondeo para desastres naturales

Único. Se reforman y adicionandiversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19 Bis. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al gobierno federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:

I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el Déficit Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos ;

II. El veintisiete por ciento, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal ; y

III. El tres por ciento, a fortalecer el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.

Artículo 37. En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales.

Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable, independientemente de lo establecido en la fracción III del artículo 19 Bis.

La aplicación de los recursos de los fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ¿Cuánto cuestan a México los desastres naturales?, en El Financiero, 12 de septiembre de 2017, consulado en

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desastres-naturales-cuestan- a-mexico-425-mil-mdp-en-16-anos.html

2 Antecedentes del Fonden, consultado en

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/ fonden_resumen_ejecutivo.pdf

3 Costo de la reconstrucción del sismo de 1985

(http://www.milenio.com/negocios/terremoto_1985-costo_reconstruccion_ 1985_0_593940887.html)

Salón del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 12 de octubre de 2017.— Diputada y diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, Alejandro González Murillo, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Heroicos rescatistas y voluntarios de los sismos del 19 de septiembre”, a cargo del diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal del estado de Chihuahua, Juan Antonio Meléndez Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro “Heroicos rescatistas y voluntarios del 19 de septiembre”:

Para los efectos de la presente iniciativa se entenderá por: Rescatistas: aquellos miembros de la sociedad civil e integrantes de alguna institución como las fuerzas armadas de México, Policía Federal, Cruz Roja Mexicana, Heroico Cuerpo de Bomberos, o de alguna otra institución gubernamental, además de las asociaciones civiles que intervinieron para salvaguardar la integridad física de las y los mexicanos; y por Voluntarios: todo aquel ciudadano que, en lo particular, de manera unilateral, ofreció su apoyo, ambos a favor de los afectados en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Hace 32 años, un 19 de septiembre de 1985, y el mismo día en el 2017, México se vistió de luto, tristeza, pero también renació un espíritu de solidaridad fraternal entre nosotros y hacia nosotros.

Se ha marcado un precedente, porque para ninguna mexicana o mexicano han sido desconocidos los sismos del 19 de septiembre, primero en 1985, y luego, en 2017, los cuales se han vivido en carne propia y convertido en hechos que dan cuenta de la historia del pueblo de México.

En primer término, por las pérdidas humanas y las graves afectaciones a su patrimonio y, en segundo, por la inmediata intervención y colaboración para apoyar a los damnificados.

En ambos fenómenos naturales se emprendió el rescate de personas atrapadas entre lodo y escombro, lo cual fue producto del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil. Estas tragedias han sido de las más graves que ha resentido nuestro país en su historia. Hubo y hay un incuantificable número de muertos y lesionados. La de hace unos días aún no registra una cifra exacta de damnificados.

En ambos siniestros se han producido no sólo actos de extraordinaria solidaridad por parte de los distintos sectores de nuestro pueblo, sino, inclusive, acciones que merecen plenamente el calificativo de heroicas y que mucho honran al pueblo de México.

Como bien lo mencionara el residente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto: “Vimos movilizada a toda una sociedad que fue en apoyo de la población damnificada; a miles de voluntarios que estuvieron dispuestos a trabajar horas enteras para apoyar”, agregando: “Estoy convencido de que la unidad de los mexicanos y la solidaridad son la gran fortaleza de México, y que el amor por México es nuestra pasión”.

Hay que destacar las tareas del Ejército y la Armada nacionales y sus binomios, así como de los cuerpos de policía, bomberos y diversas asociaciones particulares de socorristas y voluntarios. Es conmovedora la actitud de fraternidad y de solidaridad que está mostrando el pueblo. Mi profundo reconocimiento a esa admirable actitud.

Los gobiernos de la república y de los estados hemos reaccionado con el máximo de nuestros esfuerzos y capacidades. No podemos hacer lo que quisiéramos con la rapidez que deseamos, sobre todo para rescatar vidas. Pero ahí estamos, hombro con hombro con todo aquel mexicano que, desinteresadamente, ayuda en las labores de rescate y de remoción de escombros.

Sin embargo, gracias a la enseñanza adquirida después del sismo de 1985, contamos con mejores elementos para afrontar la situación con más rapidez, eficacia y suficiencia.

Los esfuerzos de todos se han dirigido hacia el rescate de gente atrapada por los derrumbes. Salvar la vida humana es la prioridad fundamental en hora de tragedia. Al mismo tiempo, se atiende de la mejor manera posible a los damnificados, a los que han perdido su habitación y sus pertenencias.

A partir de 1985, después de 32 años, México no es el mismo, hoy estamos mejor preparados para enfrentar la cada vez mayor adversidad de los desastres naturales, hemos tenido poderosos embates de la naturaleza, tales como: el huracán Gilberto, en Monterrey (1988); Paulina,en Oaxaca y Guerrero (1997); Stan,en Veracruz; Wilma, en la Riviera Maya (2005); Manuel e Ingrid golpeando múltiples entidades federativas (2013), y subrayadamente, Odile, en la península de Baja California (2014), culminando con los también desafortunados sismos del mes de septiembre del presente año.

Lo anterior, aunado a grandes incendios como los ocurridos en Oaxaca y Coahuila, devastadoras sequías como la ocurrida en el 2012, considerada la peor en los últimos 100 años, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua; demoledoras heladas y otros tantos desastres que han azotado a nuestro país, y que lejos de acabar con los valores de nuestra sociedad, hacen que exista una cultura de la protección civil, donde, ante eventos tan dramáticos, todos somos uno cuando México es la meta.

Dichos eventos de la naturaleza han conmocionado a la sociedad y al mundo entero en diversas ocasiones, con consecuencias que mucho lamentamos como nación, pero lo más fuerte de dichos eventos, no son éstos en sí mismos, lo más fuerte de las grandes tragedias que han afectado a nuestro país, es la solidaridad de los mexicanos.

Por eso, más que como un gesto de bondad, resulta en una apremiante necesidad reconocer a los “Rescatistas y voluntarios del 19 de septiembre”, porque su valor, es el valor de México, un México que, ante los grandes retos, otorga la más grande de sus soluciones: la unión de los mexicanos.

Es preciso subrayar que el mencionado reconocimiento, no sólo alude a los rescatistas y voluntarios de los sismos, sino a toda aquella persona que ante la adversidad o alguna eventualidad, hace propio, el código de conducta de solidaridad al prójimo.

Aún hay mucho por hacer, sólo que los resultados se darán de manera paulatina. Se han organizado los correspondientes servicios de emergencia para atender a heridos, dar albergue a quienes perdieron su vivienda y proporcionar alimentos a quienes lo necesitan.

Frente a este cuadro de tragedia y de tristeza, nos estimula la actitud de la ciudadanía a través de sus distintas organizaciones y en lo individual. Si es conveniente en todo momento mantener la unidad fundamental de los mexicanos, ésta se hace más necesaria en momentos difíciles como los que estamos viviendo.

Es un orgullo ser mexicano en todo momento, sobre todo ante la tragedia, donde se ve el sentido de fraternidad, el espíritu de servicio, pues hay gente que da alojo en sus casas a los vecinos damnificados, a sus familiares, procura alimentos y va a los lugares de los derrumbes para ver en qué pueden ayudar. Hay personas que han ido a comprar a las tlapalerías palas y zapapicos para colaborar en las labores de salvamento. Esto es muestra del gran valor del pueblo de México.

Tal actitud no sólo se refleja en nuestros hermanos mexicanos, sino también en los del extranjero. Basta recordar el apoyo que ellos nos brindaron en algunos estados de nuestro país ante las situaciones de emergencia que trajeron consigo las inundaciones y los sismos, cuyo resultado fue un sinnúmero de damnificados.

Es reconfortante saber de las manifestaciones de condolencia y de las ofertas de apoyo que estamos recibiendo de países amigos y, tengan la seguridad, se harán llegar a los damnificados en tiempo y forma, en la medida de las necesidades.

Las y los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por nuestra calidez humana y actitud solidaria y, sobre todo, por nuestra vocación de ayuda y servicio al prójimo ante una situación de desgracia o eventualidad causada por algún fenómeno natural que culmina en desastre.

Los sismos del 19 de septiembre nos dejan una lección, son y serán claro ejemplo de cooperación entre los mexicanos. Ese día, en ambos años, nuestro país se encontró bajo la mirada de nuestros hermanos extranjeros, quienes de inmediato conformaron cadenas humanas para ayudarnos en todas las acciones a favor de nuestros damnificados.

Hombro con hombro y mano con mano salimos adelante y, en la actualidad, hoy por hoy, sabemos que México, y ningún otro país, estará solo ante una situación de emergencia.

Frente al luto y la tristeza se ve la serenidad, la entereza y el ánimo. Enterremos con pesar a nuestros fallecidos, pero renovemos nuestra voluntad de vivir y restañar las heridas que hemos sufrido. Estoy seguro que estos sentimientos prevalecen y, de manera perseverante, vamos hacia las tareas de la reconstrucción, siempre con vigor, entusiasmo y férrea voluntad.

Derivado de lo anterior y como homenaje a su noble labor y aportación humanitaria ante estos sucesos históricos de gran trascendencia para nuestro país, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro “Heroicos rescatistas y voluntarios del 19 de septiembre”

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro “Heroicos rescatistas y voluntarios del 19 de septiembre”.

Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Juan Antonio Meléndez Ortega,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Anaya Orozco, Ana Georgina Zapata Lucero, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Braulio Mario Guerra Urbiola, Brenda Borunda Espinoza, César Alejandro Domínguez Domínguez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Fernando Navarrete Pérez, José Hugo Cabrera Ruiz, María de la Paz Quiñones Cornejo, María Eugenia Ocampo Bedolla, Miguel Ángel Sulub Caamal, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ricardo Ramírez Nieto, Virgilio Mendoza Amezcua (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Carlos Ruiz García, en su carácter de diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) cuenta con una herramienta que genera, con base en datos duros y evidencias, información que pretende ser útil para detonar y enriquecer políticas públicas de alto impacto en materia de contaminación y los costos en el sistema de salud y en la calidad de vida de los mexicanos.

La herramienta del IMCO en comento ha posibilitado el cálculo de los daños en la salud con sus costos relacionados, lo que en los años recientes ha arrojado números que resultan de toda relevancia para contextualizar la presente iniciativa, se enlistan a continuación:

• La concentración permitida de partículas PM10 en México es de 58, cuando la recomendación máxima de la Organización Mundial de la Salud es de 20.

• En México acaecen 5,065 muertes anualmente por causas asociadas a la contaminación.

• Anualmente se registran 14,002 hospitalizaciones al año originadas por la contaminación.

• Cada año se registran 818,679 consultas médicas relacionadas con padecimientos causados por la contaminación.

• Las pérdidas anuales causadas por la contaminación fueron estimadas en 3,396 millones de pesos.

• Los gastos en salud derivados de padecimientos originados por la contaminación ascienden a 728 millones de pesos anuales.

Lo anterior es una breve muestra de lo que ha ocurrido en los años recientes, en los que México ha rebasado los límites no permisibles en emisiones a la atmósfera de forma reiterada y preocupante, razón por la cual incluso el Titular del Poder Ejecutivo Federal ha tenido que intervenir en un asunto de competencia local a través de la reglamentación de contaminación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México, ordenando endurecer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

Ello pone de manifiesto que la contaminación de la atmósfera ha escalado a un grado tal, que ahora el tema es tratado desde el ámbito federal como un asunto de salud pública e interés nacional; de hecho este problema llevó a que se publicara una Norma Oficial Mexicana de Emergencia, la “NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, que busca establecer los niveles de emisión de contaminantes para los vehículos automotores que circulaban en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de prueba para la certificación de dichos niveles y las especificaciones de los equipos que se utilizarían para dicha certificación, así como las especificaciones para los equipos tecnológicos que se utilizarían para la medición de emisiones por vía remota y para la realización de dicha medición.”

A este mismo respecto, cabe destacar que la Ciudad de México y las entidades federativas que integran la Zona Metropolitana del Valle de México suscribieron un convenio de coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), el cual fue un acto sin precedentes, posible gracias al consenso de las diferentes fuerzas políticas en torno a la emergencia ambiental que sufrimos y con el cual se buscó ofrecer una respuesta firme y efectiva a las contingencias atmosféricas concurrentes.

Si bien, las entidades federativas que conforman la CAME son las únicas que tienen un instrumento como éste, resulta de gran importancia dotar al Poder Ejecutivo Federal, a los Gobiernos Estatales y a la ciudadanía en general, de una institución que les permita ejecutar y vigilar estrategias orientadas a mitigar la contaminación atmosférica y reducir los efectos de ésta en la calidad de vida de la población nacional. Lo anterior mediante acciones que optimicen los recursos y hagan más efectivas las decisiones gubernamentales en esta materia.

Es oportuno señalar que, según estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Ciudad de México no es la más contaminada del territorio nacional, lo es la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, a la cual siguen las ciudades de Salamanca, Guanajuato, Poza Rica, Veracruz y Tula, Hidalgo. Los altos niveles de contaminación en estas zonas metropolitanas del país reflejan la ineficacia de la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, ya que el problema no ha logrado ser combatido de acuerdo a la gravedad del mismo.

Este problema no se circunscribe únicamente al orden ambiental, tiene un fuerte componente de salud pública, ya que como lo reflejaron los números citados en este documento del IMCO, tiene una fuerte incidencia en la salud y la calidad de vida de la población. En este mismo sentido, es pertinente aclarar que la contaminación atmosférica es un problema de origen multifactorial, por lo que su atención reclama soluciones integrales, transversales y que conjuguen los esfuerzos de los tres ámbitos gubernamentales.

A propósito de lo anteriormente asentado, es preciso recordar el artículo 4 de nuestra Constitución Política, el cual establece garantías puntuales en materia medioambiental y de salud pública, entre otras. En consecuencia, tanto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como en la Ley General de Salud se contempla en sus principios la atención y prevención de los efectos nocivos de los factores ambientales para la salud.

En razón de la gravedad del problema que aborda la presente iniciativa, es que se considera de toda pertinencia que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Salud (SSA) encabecen los trabajos que permitan brindar la atención que la contaminación atmosférica y sus consecuencias merecen. Para ello, es necesario establecer en las leyes que rigen el funcionamiento de ambas instituciones el reconocimiento de que se trata de un tema que demanda la atención conjunta de las instituciones y órdenes de gobierno debido a su eminente composición multifactorial.

La protección del medio ambiente y el cuidado de la salud deben ser dos responsabilidades expresamente contenidas en la legislación general, a fin de dotar a las instituciones gubernamentales de los diferentes órdenes de las facultades suficientes para trabajar en forma estratégica y conjunta para honrar las garantías constitucionales antes citadas.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, es que además de las facultades y concurrencias adicionales antes mencionadas, la presente iniciativa propone la creación de una Comisión Nacional de Calidad del Aire, misma que deberá ser encabezada por la Semarnat y estará integrada por las Secretarías de Salud, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; así como por los titulares de los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas. La Comisión tendrá como objetivo principal favorecer la vinculación institucional y transversal para atender de manera estratégica la problemática relacionada a la calidad del aire y los efectos nocivos en la salud que genera.

Cabe agregar que las modificaciones propuestas mediante la presente iniciativa se encuentran en perfecta concordancia con la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, visión 2017-2030, dada a conocer por el Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el reciente mes de marzo, en lo que respecta a sus 5 ejes estratégicos, a saber:

1. Gestión Integral de la calidad del aire.

2. Instituciones eficientes y orientadas a los resultados.

3. Empresas comprometidas con la calidad del aire.

4. Políticas para mejorar la calidad del aire con base científica.

5. Sociedad responsable y participativa.

De este modo, el decreto que se presenta a continuación pretende coadyuvar a la Estrategia Nacional de Calidad del Aire perfilada por el Ejecutivo Federal, en un esfuerzo conjunto con este honorable Congreso de la Unión para mejorar la calidad del aire que respiramos todos los mexicanos y mexicanas.

Finalmente, se detalla en qué consiste la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud, mismas que se señalan en el siguiente cuadro comparativo:

En razón de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud

Artículo Primero.Se adicionan una fracción VI al artículo 2o.; el artículo 14 Bis; y las fracciones IX, X y XII del artículo 111, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, así como a la protección de la salud, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. ... a IV. ...

V.El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo , el aire y el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;

VI. ... a X. ...

Artículo 2o.Se consideran de utilidad pública:

I.... a V....

VI. La formulación y ejecución de acciones en materia medioambiental encaminadas a proteger la salud de la población.

Artículo 14 Bis. Las autoridades ambientales y de salud de la Federación y de las entidades federativas integrarán un órgano que se reunirá al menos dos veces al año con el propósito de coordinar sus esfuerzos en materia ambiental para la protección de la salud de la población, analizar e intercambiar opiniones en relación con las acciones y programas en la materia, evaluar y dar seguimiento a las mismas, así como convenir las acciones y formular las recomendaciones pertinentes, particularmente en lo que se refiere a los objetivos y principios establecidos en los artículos primero y décimo quinto de esta Ley. La Secretaría entregará a la Cámara de Diputados un informe de los acuerdos alcanzados que deriven de las reuniones realizadas, a más tardar a los 30 días de haberse celebrado.

Artículo 110.Para contribuir al cumplimiento de la responsabilidad de proteger a la atmósfera, la Secretaría encabezará una Comisión Nacional de Calidad del Aire, a fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente, así como preservar la salud, la cual estará integrada por las Secretarías de Salud, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; así como por los titulares de los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas.

Asimismo, se considerarán los siguientes criterios:

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país; y

II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

Artículo 111.Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. ... a VIII. ...

IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas que establezcan los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de vehículos automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud. Dichas normas considerarán la opinión de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

X. Definir niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire, considerando igualmente factores orográficos, poblacionales, climáticos y medio ambientales propios de cada región del país.

XI....

XII. Aprobar los programas de gestión de calidad del aire elaborados en conjunto con los gobiernos locales para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas respectivas;

XIII. ...

XIV....

Artículo segundo. Se adiciona el párrafo primero del artículo 104, y se adiciona una fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 104.La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de Artículo 104.La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública.

...

I. ... a III. ...

Artículo 119.Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia:

I. ... a IV. ...

V. Elaborar en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estrategias y mecanismos de coordinación que permitan cumplir los preceptos constitucionales en materia de medio ambiente y protección de la salud.

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo Federal deberá promover la expedición de las disposiciones reglamentarias necesarias, dentro de un término de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

Notas

1 Imco.org.mx. (2017). ¿Cuánto nos cuesta la contaminación del aire en México? | Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. [Versión electrónica] Disponible en:

http://imco.org.mx/calculadora-aire/ [Consultado: 28 de enero de 2017].

2 Dof.gob.mx. (2017). DOF - Diario Oficial de la Federación. [Versión electrónica] Disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5440157&fecha=07/06/2016 [Consultado: 28 de enero de 2017].

3 Para mayor información ver:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_ Calidad_del_Aire.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre del año dos mil diecisiete.— Diputados y diputadas: Juan Carlos Ruiz García,Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Juan Corral Mier, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 217 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 217 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

I. Planteamiento del problema

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. En México, nuestra Constitución es garante de que todas las personas gocen de todos los derechos humanos; por ello, es importante que en congruencia armonicemos nuestra legislación para evitar la discriminación en cualquiera de sus formas.

II. Argumentos que los sustentan

En este sentido recobra vital importancia la atención de lo que se transmite por los medios de comunicación, ya que en ellos, de forma permanente se pueden reproducir estereotipos, cabe resaltar que por estereotipo se entiende: ideas, expresiones o modelos estereotipados de cualidades o de conductas.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, tenemos que:

Estereotipo 1.m. Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.

Citando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podemos decir que:

Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada, con base en la que se atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas, que lleva a considerar a todos sus integrantes o a todas ellas como portadoras del mismo tipo de características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características específicas de la persona de que se trate.

En términos generales, un estereotipo se forma al atribuir características generales a todos los integrantes de un grupo, con lo que no se concibe a las personas en función de sus propias características, sino de ideas generales, a veces exageradas y frecuentemente falsas, que giran en torno a la creencia de que todos los miembros del grupo son de una forma determinada.

Los estereotipos colocan a las personas en una situación de desigualdad o subordinación. Al evidenciarlo y proponer que se elimine su impacto negativo, la población de nuestro país se verá beneficiada al no confirmar o agudizar esa desigualdad. Los estereotipos también pueden provocar restricciones de derechos en las personas y pueden afectar su proyecto de vida.

En este sentido, podemos hablar de estereotipos sociales, culturales, económicos, de género, los cuales al ser reproducidos en los medios de comunicación ponen a quien recibe esa información en una situación vulnerable, que afecta tanto a hombres como a mujeres por igual, ya que por ejemplo, cuando los hombres conforman familias heterosexuales u homoparentales rara vez disfrutan, sea por ley, sea por costumbre, de licencias y permisos asociados con el cuidado o con la crianza de los hijos e hijas; por ejemplo, licencias pagadas por tiempo razonable y suficiente para participar en el cuidado de recién nacidos o hijos recientemente adoptados; permisos para asistir a reuniones o celebraciones de la escuela o para vigilar la enfermedad, u oportunidad de acudir al centro de trabajo con hijos o hijas en ocasiones extraordinarias; entre otros.

Por ello, la importancia de incluir dentro de la tarea de quien tiene a su cargo verificar que las transmisiones de radio y televisión aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil y a los derechos humanos, eliminando lo relativo a estereotipos de cualquier índole.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos introdujo explícitamente la protección y garantía de los derechos humanos contenidos en ella y en los tratados internacionales de los que México forma parte, incorporando, con ello, nuevas reglas de acción e interpretación para las autoridades públicas. Mismas que deben armonizarse en el contenido de los ordenamientos legales en los que se expresas sus obligaciones y deberes específicos frente a las personas y sus derechos; así como, mediante la comprensión de los derechos humanos como universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

Las reglas de interpretación se determinan por medio de la incorporación del principio pro persona y el método de interpretación conforme, que modifican las formas tradicionales de resolver la armonización de órdenes jurídicos y los posibles conflictos de normas.

Este cambio constitucional es trascendental en la armonización que se propone en la presente iniciativa, cuyo fundamento constitucional se encuentra también en el artículo noveno transitorio, de la reforma a la denominación del Capítulo 1 del Título Primero, así como los artículos 1o, 3o, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102, apartado B, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se derogan todas las disposiciones que contravengan dicha reforma.

Cabe destacar que la reforma al artículo 1o. constitucional introduce de forma explícita en el orden jurídico mexicano las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, las cuales consisten en respetar, garantizar, proteger y promover estos derechos.

Asimismo, se establece como criterios de aplicación de los derechos humanos los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como los de interpretación conforme y pro persona. Todos estos principios son orientados por el de la igualdad y no discriminación.

La discriminación atiende a patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos y repetidos, en cuya transmisión y perpetuación los medios de comunicación tienen un papel preponderante, ya que coadyuvan al establecimiento de criterios de selección en distintos ámbitos. En este sentido podemos ver como se impone una forma de vestir, hablar, caminar, esto es, la imagen de las personas se ve influenciada por lo que se reproduce en los medios de comunicación.

Es así, que a partir de estereotipos y prejuicios “resultado de la incomprensión, el temor, el rechazo y la falta de respeto a las diferencias, se genera la intolerancia. Se suele rechazar, juzgar, evitar, excluir, negar, desconocer o, incluso, eliminar y suprimir con base en estos motivos.”

Con lo anteriormente expuesto, se fortalece la importancia de garantizar la protección y respeto a los derechos humanos en las transmisiones de radio y televisión,eliminando la difusión de estereotipos: de género, sociales, culturales, de imagen, entre otros, en los medios de comunicación, ya que la intolerancia genera violencia, misma, que el Estado mexicano debe tutelar no se reproduzca. En los términos que se señaan en el siguiente cuadro comparativo:

III. Fundamento legal

La suscrita, diputada federal Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la asamblea la presente.

IV. Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del Artículo 217 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

V. Ordenamiento a modificar

Se reforma la fracción VIII del artículo 217 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

VI. Texto normativo propuesto

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. al VII. ...

VIII.Verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, que se emitan en términos de la presente Ley ; garantizando la protección y respeto a los derechos humanos, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente Ley.

IX. al XI. ...

...

Único.

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. al VII. ...

VIII.Verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, que se emitan en términos de la presente Ley ; garantizando la protección y respeto a los derechos humanos, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente Ley.

IX. al XI. ...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal y el Instituto Federal de Telecomunicaciones contarán con el plazo improrrogable de 180 días para realizar las adecuaciones respectivas a sus lineamientos y reglamentos.

Notas

1 La Discriminación y el Derecho a la No Discriminación. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Documento disponible en:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2_Cartilla_Discriminacion.pdf

2 Ídem.

3 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 8, 47 y 51 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LVIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 47 y 51 de la Ley General de Víctimas, en virtud del siguiente

I. Planteamiento del problema

En la actualidad, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos consiste en la comprobación de gastos educativos, los cuales son necesarios para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, debido a su situación de especial vulnerabilidad, sobre todo las y los menores de edad. La presente iniciativa tiene como finalidad reconocer el derecho a la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación no sólo preescolar, primaria, secundaria y media superior, sino también universitaria, así como el otorgamiento de becas. Asimismo, que en caso de que la víctima sea menor de edad y haya quedado huérfana como consecuencia del hecho victimizante, la beca deba incluir, además de todo lo relativo a los estudios, la cantidad mensual necesaria para su desarrollo integral hasta cumplir la mayoría de edad.

II. Argumentos que lo sustentan

Hace poco más de cuatro años y medio, el miércoles 9 de enero de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas.

Desde su expedición, la Ley General de Víctimas fue materia de debate, de un veto presidencial extemporáneo y una controversia constitucional sobre los plazos para ser observada. Lo anterior, en virtud de que la mayoría de las opiniones sobre su constitucionalidad, coincidían en que había sido expedida por el Congreso de la Unión sin contar con facultades legislativas expresas conferidas por nuestra Constitución para expedir una ley general que desarrollara los principios y bases en materia de atención a víctimas, aplicables a todos los niveles de gobierno.

Después de tres años en los que la Ley General de Víctimas apenas fue tomada en cuenta en las entidades federativas y fue muy poco aplicada a nivel federal, afortunadamente, el 25 de julio de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 constitucional, por virtud de la cual se facultó expresamente al Congreso de la Unión, en la fracción XXIX-X, para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

Así, a partir de la publicación de la reforma del 25 de julio de 2016, todas las dudas respecto a la constitucionalidad de la Ley General de Víctimas quedaron en el pasado, pues con la reforma constitucional al artículo 73, se confirmó jurídicamente el acto legislativo por medio del cual se expidió la ley, y los mínimos previstos en esta ley general, no cabe duda que son el piso legal que tienen las legislaturas de las entidades federativas para legislar sobre la materia en el ámbito local, conforme lo dispone el sistema de distribución de competencias previsto en los artículos 122 y 124 de la Constitución (régimen de facultades implícitas).

Lamentablemente, la Ley General de Víctimas no había sido adecuada a las necesidades actuales, ni había sido reformada atendiendo a las experiencias de diversos casos de violaciones graves de derechos humanos, como los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Nochixtlán, entre otros.

Hasta hace unos meses, la única reforma a esta importantísima ley, databa del 3 de mayo de 2013, hace más de cuatro años. Desde ese entonces, los mexicanos hemos padecido una crisis de seguridad pública y de protección a nuestros derechos humanos, lo cual ha sido incluso reconocido por organismos internacionales protectores de derechos humanos, como la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, que lo mencionó en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 2015. Durante estos más de cuatro años de vigencia de la Ley General de Víctimas, la sociedad civil organizada había levantado la voz en diversas ocasiones para demandar una reforma integral a la ley por parte del Congreso de la Unión, para adecuarla a la realidad que viven las víctimas en nuestro país.

Afortunadamente, sus demandas se tradujeron en una reforma integral que fue dictaminada el año pasado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y publicada el 3 de enero de este año. Sin embargo, como toda ley, la Ley General de Víctimas aún no recoge todas las exigencias sociales y es necesario ir corrigiendo los errores de técnica y la falta de previsión de supuestos.

La violencia es uno de los mayores problemas que padecemos los mexicanos; es un fenómeno que trasciende lo jurídico y que refleja la falta de cumplimiento y respeto de las leyes, así como la falta de civismo y camaradería entre todos los mexicanos.

Si la violencia es un problema enorme, la impunidad lo es aún más. En la medida en la que en nuestro país generemos mecanismos para que la ley sea aplicada y para que los delincuentes estén en las cárceles y no en las calles, existirán mayores posibilidades para disminuir el número de las víctimas.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2015) que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi):

1. En un tercio de los hogares de nuestro país, al menos una persona fue víctima de un delito durante 2014;

2. Se estima que, en México, cada año cerca de 23 millones de personas adultas son víctimas de algún delito, es decir, más de una cuarta parte de la población total;

3. El estado de México es la entidad federativa con mayor porcentaje de víctimas en relación con su población, con 45 por ciento;

4. En los tres primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña, cada año más de cien mil familias padecieron el secuestro de alguno de sus integrantes; y

5. De los 33.7 millones de delitos que se cometieron en 2014, la víctima estuvo presente en más de la mitad de los casos, lo que representa 18 millones de víctimas que presenciaron personalmente el hecho victimizante.

Hoy, nuestra Constitución contempla diversas disposiciones para proteger a las víctimas de algún delito, entre las que destacan:

1. Asesoría jurídica para las víctimas;

2. Participación de las víctimas en el proceso penal como coadyuvantes del Ministerio Público;

3. Acceso a la atención médica y psicológica que demande su condición;

4. Reparación del daño causado a las víctimas;

5. Protección de su identidad en los casos en los que sea necesario;

6. Medidas cautelares y providencias precautorias para la protección y restitución de sus derechos; y

7. Reconocimiento de su derecho a impugnar ante la autoridad judicial las determinaciones del Ministerio Público.

Estas son algunas de las protecciones que requieren de un desarrollo normativo homologado en todo nuestro país, a través de la legislación general correspondiente que dé pauta a los Congresos de las entidades federativas para legislar sobre la materia.

Con la entrada en vigor en nuestro país del nuevo sistema penal de carácter acusatorio, la protección de las víctimas es fundamental. Para lograr una adecuada atención de las víctimas de delitos, es indispensable implementar políticas y mecanismos dirigidos a la capacitación oportuna y adecuada de todos aquellos servidores públicos en quienes recaiga la responsabilidad de la implementación y operación del nuevo sistema penal acusatorio adversarial, a fin de proteger a las víctimas.

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008, mediante la cual se implementó en nuestro país el sistema penal acusatorio, estableció en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 1, como uno de sus principios generales, el de la reparación del daño causado a las víctimas. Con dicha reforma, se otorgó a las víctimas la facultad de solicitar directamente la reparación del daño, y en el apartado B del mencionado artículo 20 constitucional, se reconocieron los derechos de las víctimas y ofendidos, entre ellos, el de impugnar ante la autoridad jurisdiccional el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no haya reparado el daño ocasionado; el derecho a recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y ser informado del desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer recursos.

El respeto a los derechos humanos es uno de los pilares fundamentales del nuevo sistema penal, y el respeto de los nuevos derechos reconocidos a las víctimas, será fundamental para el éxito del nuevo modelo de justicia de nuestro país.

Ahora bien, el objeto de la Ley General de Víctimas es garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas (tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos), por lo que su falta de actualización a las necesidades reales y actuales de las víctimas, contraviene el espíritu mismo de la propia ley.

Para efectos prácticos y legales, las víctimas, conforme lo prevé el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, podemos distinguirlas en víctimas “directas” e “indirectas”. Las primeras son aquellas personas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental o emocional, como consecuencia de la comisión de un delito o la violación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Así, existen dos causas del carácter de víctima: una que surge de un acto delictivo y la otra que se produce por la violación de uno o más derechos humanos.

Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 31/2017, reconoció el derecho fundamental a una reparación integral o justa indemnización, el cual “es un derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor de los gobernados, por lo que no debe restringirse innecesariamente. Ahora bien, atento a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento adecuado. En ese sentido, el derecho moderno de daños mira a la naturaleza y extensión del daño a las víctimas y no a los victimarios. Así, el daño causado es el que determina la naturaleza y el monto de la indemnización, de forma que las reparaciones no pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores? además, no se pretende que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Por otro lado, una indemnización será excesiva cuando exceda del monto suficiente para compensar a la víctima, sin embargo, limitar la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada? esto es, una indemnización es injusta cuando se le limita con topes o tarifas, y en lugar de ser el juez quien la cuantifique justa y equitativamente con base en criterios de razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del caso, es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad.”

Conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley General de Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, y su objeto es proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

Las víctimas de una determinada violación de derechos humanos se encuentran en posibilidad de acudir al Sistema Nacional de Atención a Víctimas para solicitar su ingreso al Registro Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento correspondiente para obtener una reparación integral, en términos de los artículos 61, 62, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas.

Por otro lado, conforme lo prevé el artículo 84 de la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (la “CEAV”) es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica y de gestión, y de ella dependen tanto el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como el Registro Nacional de Víctimas, además de encargarse de la asesoría jurídica federal de atención a víctimas.

Lamentablemente, entre la segunda mitad de 2014 y enero de 2016, este fondo que contaba en ese entonces con mil 536 millones de pesos para ayuda y asistencia de las víctimas, sólo había erogado recursos equivalentes a 3 por ciento.

Además, hasta marzo de 2016, 7 mil 640 personas habían solicitado ser consideradas víctimas directas o indirectas, pero sólo 3 mil 875 de esas personas habían logrado ser inscritas, ¡y sólo 3.5 por ciento de las víctimas registradas habían podido acceder a los recursos del fondo!

Un caso emblemático de violación de derechos humanos y de un número importante de víctimas, es el caso de Nochixtlán. El 19 de junio de 2016, tuvo lugar un enfrentamiento de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambas del estado de Oaxaca, con manifestantes y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante un operativo cuyo objeto era permitir la libre circulación de vehículos en la autopista 135-D y la carretera federal 190, ambas en su cruce ubicado en las afueras de Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

Derivado de esos hechos, el 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una proposición de común acuerdo en la que se condenaron los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, se exhortó a las autoridades competentes a investigar los hechos a fin de que se fincaran las responsabilidades correspondientes, y se previó la conformación de una comisión plural para dar seguimiento a tales hechos.

Tras examinar la actuación de la CEAV en el caso Nochixtlán, es claro que enfrentó muchas dificultades para garantizar los derechos que la Ley General de Víctimas otorga a las víctimas, lo cual derivó en una indebida atención de las víctimas.

Uno de los grupos de víctimas más vulnerables son las niñas, niños o adolescentes que, como consecuencia de un hecho delictivo o de una violación de derechos humanos de sus madres o padres, quedan huérfanos. Aquellos menores de edad víctimas que quedaron huérfanos como consecuencia del hecho victimizante, no sólo requieren medidas de compensación económica tras el hecho victimizante, sino que, atendiendo a la reparación integral a la que tienen derecho, requieren medidas permanentes y periódicas a fin de que puedan continuar con su vida, y en especial con su vida escolar.

Es necesario combatir el abandono político y social de las niñas, niños y adolescentes huérfanos por situación de la violencia, y salvaguardar los derechos de la infancia, mediante medidas tendientes a su desarrollo integral, desde el hecho victimizante hasta la conclusión de sus estudios universitarios.

Por ello, la presente iniciativa plantea:

1. Dotar de facultades a la CEAV y a las comisiones de víctimas de las entidades federativas, para que puedan eximir a las víctimas de la obligación de presentar la comprobación necesariamente en los términos previstos en el reglamento de la ley, atendiendo al caso concreto;

2. Que las víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas tengan el derecho a la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación no sólo preescolar, primaria, secundaria y media superior, sino también universitaria;

3. Que las víctimas tengan derecho a recibir, con cargo al fondo o al fondo estatal, según corresponda, becas completas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación universitaria para sí o los dependientes que lo requieran;

4. Que, en caso de que la víctima sea menor de edad, y haya quedado huérfana como consecuencia del hecho victimizante, la beca deba incluir, además de todo lo relativo a los estudios, la cantidad mensual necesaria para su desarrollo integral hasta cumplir la mayoría de edad, valorada a la luz de su desarrollo previsible a futuro, contemplando acciones de protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes huérfanos, específicamente enfocadas a las áreas de tratamiento psicológico, educación, así como actividades recreativas y culturales;

5. Que las mencionadas becas deban ser calculadas escuchando la opinión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o de su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas.

Para efectos de mayor claridad respecto de la reforma planteada en la presente iniciativa, el siguiente cuadro muestra los cambios propuestos en comparación con el texto actual que pretenden modificar.

III. Fundamento legal

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 47 y 51 de la Ley General de Víctimas.

IV. Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 47 y 51 de la Ley General de Víctimas.

V. Texto normativo propuesto

Artículo 8. ...

...

...

...

...

...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley. La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas podrán eximir a la víctima de la obligación de presentar la comprobación necesariamente en los términos previstos en el Reglamento, atendiendo al caso concreto.

...

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Las víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas tendrán el derecho a la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria , media superior y universitaria.

Artículo 51. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir , con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda, becas completas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación universitaria para sí o los dependientes que lo requieran.

En caso de que la víctima sea menor de edad, y haya quedado huérfana como consecuencia del hecho victimizante, la beca deberá incluir, además de todo lo relativo a los estudios mencionados en el párrafo anterior, la cantidad mensual necesaria para su desarrollo integral hasta cumplir la mayoría de edad, valorada a la luz de su desarrollo previsible a futuro.

Las becas previstas en el presente artículo deberán ser calculadas escuchando la opinión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas.

La entrega de los recursos previstos en el párrafo segundo de este artículo se regirá de conformidad con los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Único.Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 47 y 51 de la Ley General de Víctimas.

Artículo 8. ...

...

...

...

...

...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo Estatal que corresponda, los recursos de ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o las comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley. La Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas podrán eximir a la víctima de la obligación de presentar la comprobación necesariamente en los términos previstos en el reglamento, atendiendo al caso concreto.

...

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Las víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas tendrán el derecho a la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria , media superior y universitaria.”

Artículo 51. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir , con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según corresponda, becas completas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación universitaria para sí o los dependientes que lo requieran.

En caso de que la víctima sea menor de edad, y haya quedado huérfana como consecuencia del hecho victimizante, la beca deberá incluir, además de todo lo relativo a los estudios mencionados en el párrafo anterior, la cantidad mensual necesaria para su desarrollo integral hasta cumplir la mayoría de edad, valorada a la luz de su desarrollo previsible a futuro.

Las becas previstas en el presente artículo deberán ser calculadas escuchando la opinión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas.

La entrega de los recursos previstos en el párrafo segundo de este artículo se regirá de conformidad con los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.”

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán reformar sus leyes locales a efecto de adecuarlas al texto de la reforma prevista en el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Nota

1 1a./J. 31/2017 (10a.)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 5 y 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6 numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso a) del artículo 5, y se reforma el artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Desde hace varios años, México ha venido preocupándose por profesionalizar la administración pública y dotar de calidad a los servicios que presta el Estado.

Esta preocupación obedece principalmente a la ausencia de instituciones gubernativas y administrativas claras y sólidas, que evidencian corrupción y la existencia de prácticas clientelares y corporativas que siembran desconfianza e incredulidad de la sociedad para con las instituciones administrativas y de gobierno.

Como lo muestran, diversos estudios sobre valores, corrupción y buen gobierno, en nuestro país han dado como resultado que las instituciones gubernamentales y administrativas (salvo el Ejército Mexicano) sean las que presenten los porcentajes más bajos en cuanto a confianza por parte de la ciudadanía.

Ello, sin duda, ha ocasionado que el Poder Legislativo participe aprobando leyes relacionadas la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental y de protección de datos personales, y con la fiscalización de los recursos públicos a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Morena coincide en la necesidad de incluir el tema de la profesionalización en la administración pública, manifiesta en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Dicha ley tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la administración pública federal centralizada, que incluye tanto las secretarías de estado, como la Consejería Jurídica de la Presidencia, los departamentos administrativos y órganos desconcentrados.

El sistema debe ser un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito. El sistema depende del Ejecutivo federal, según lo establece el artículo 2o. de la ley; su dirección está a cargo de la Secretaría de la Función Pública y son las dependencias de la administración las que lo operan a través de la constitución de un comité técnico de profesionalización y selección.

Son principios rectores del Sistema del Servicio Profesional de Carrera: a) la legalidad; b) la eficiencia; c) la objetividad; d) la calidad; e) la imparcialidad, f) la equidad y, g) la competencia por mérito.

Asimismo, la ley en comento señala que el Sistema del Servicio Profesional de Carrera comprenderá los mandos medios de la administración pública, siendo los rangos siguientes: 1) director general; 2) director general adjunto; 3) director de área; 4) subdirector de área; 5) jefe de departamento y, 6) enlace, en sus distintos niveles. También quedan comprendidos los equivalentes, adjuntos y homólogos a los puestos mencionados.

Cabe señalar que la ley no incluye al personal de base sindicalizado y a los puestos de libre designación, como secretarios de despacho, subsecretarios, oficiales mayores, entre otros.

La iniciativa que hoy propongo a esta honorable asamblea, se centra en consolidar un Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal competitivo y eficiente, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente.

Nuestra administración pública requiere que el puesto de director general sea nombrado por libre designación, pues es necesario que el Ejecutivo cuente con servidores públicos que, además de los ya establecidos por la legislación, garanticen la confianza, responsabilidad y celeridad que requieren las decisiones estratégicas en materias de planeación, financieras, económicas, monetarias y de transacciones que se realicen, con confidencialidad y reserva, cuidando siempre el interés público, ya que también es necesidad legítima de los dirigentes políticos de ser asesorados por personas de su completa confianza.

Con la libre designación del director general o su equivalente no debe en ningún sentido entrar en conflicto con la imparcialidad de la función pública; al contrario, con ella se pretende fortalecer e impulsar el equilibrio entre conocimiento y lealtad identificados con las políticas públicas del gobierno en turno al que la ciudadanía ha depositado su confianza en las urnas.

Hoy, las instituciones político-gubernamentales están sujetas a una mayor transparencia y a una rendición de cuentas frente a la ciudadanía que es a la que los políticos nos debemos y la que aporta los recursos para el sostenimiento y desarrollo de aquellas. Hoy en día, la sociedad mexicana se ha vuelto más exigente, demandando del gobierno una actuación con buenos resultados y bajo la premisa de administrar bien y mejor los recursos, lo que significa un paso de calidad esencial en la construcción de una sociedad democrática y de un gobierno y una administración pública más transparente.

No hacerlo así implicará necesariamente la pérdida de confianza de la ciudadanía a su administración, y el apoyo irrestricto al partido político que sí les garantice estabilidad y continuidad en la prestación de servicios públicos con calidad, con independencia de los cambios políticos. Cabe destacar que la presente iniciativa cuenta con antecedentes legislativos que datan desde 2006, en que fue presentada a esta soberanía, e incluía propuestas de todos los grupos parlamentarios.

El 30 de octubre de 2007 la Cámara de Diputados, con el consenso de la gran mayoría de los legisladores, se aprobó con 332 votos en pro, 5 en contra y 6 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

En sesión ordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2007, la Cámara de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la minuta en comento. El 21 de noviembre de 2012, las comisiones unidas aprobaron el dictamen de la minuta referida, y el 22 de noviembre se publicó, de primera lectura, en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

Como se puede observar, la minuta en comento cumplió con el proceso legislativo, desconociéndose las causas que motivaron que fuera retirada del orden del día, cuando, como se dijo anteriormente, ya se había registrado de primera lectura, en sesión de la colegisladora.

Como lo hemos mencionado, con la presente iniciativa se busca consolidar un Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal competitivo y eficiente, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga el inciso a) del artículo 5, y se reforma el diverso artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se deroga el inciso a) del artículo 5, y se reforma el artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5. El Sistema comprenderá, tomando como base el Catálogo, los siguientes rangos:

a) Se deroga;

b)Director de Área;

c)Subdirector de Área;

d)Jefe de Departamento, y

e)Enlace

...

...

...

...

...

Artículo 8.El Sistema no comprenderá al personal que preste sus servicios en la Presidencia de la República, los rangos de secretarios de despacho, jefes de departamento administrativo, subsecretarios, oficiales mayores, jefe o titular de unidad, directores generales y cargos homólogos; los miembros de las Fuerzas Armadas, del sistema de seguridad pública y seguridad nacional, del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste; personal docente de los modelos de educación preescolar, básica, media superior y superior; de las ramas médica, paramédica y grupos afines, los gabinetes de apoyo, así como aquéllos que estén asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera; y los que presten sus servicios mediante contrato, sujetos al pago por honorarios en las dependencias.

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su aplicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.— Diputado Jesús Emiliano Álvarez López(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto, en materia de consulta popular, al tenor de la siguiente:

Desde hace algunos años se ha presentado el debate sobre las dos formas de la democracia: directa y representativa. Por una parte, prevalece la idea de que la democracia debe incluir a todos y a cada uno de los ciudadanos que conforman un grupo social dado; y, por la otra, el hecho de que las sociedades actuales no cuentan con las condiciones para mantener un sistema de gobierno en el cual todos los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones políticas.

Los defensores de la democracia directa han abogado a favor de implementar instrumentos legales que permitan resolver los problemas de la intervención directa de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas. Esos mecanismos son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato.

La necesidad de legitimar las decisiones gubernamentales y los regímenes políticos sobre la base de la capacidad de participación política de la ciudadanía ha puesto nuevamente sobre la mesa de discusión la conveniencia de buscar mecanismos que integren estas dos formas de democracia.

En nuestro país, recientemente se han implementado nuevas formas de participación ciudadana, a través de la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular; con ello, se pretende ubicar a nuestro país dentro de los países que han avanzado en sus procesos democráticos.

Quisiera destacar algunos conceptos expresados en las consideraciones de la iniciativa de la mencionada ley, que define a la consulta popular como “el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto mediante el cual expresan su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional, al considerar que los Estados Unidos Mexicanos constituye no solamente una República representativa, democrática, laica, federal, sino un Estado de derecho, en el cual la seguridad jurídica es esencial para su correcto funcionamiento”.

Coincido también, cuando en la iniciativa se mencionaba que la Ley Federal de Consulta Popular “contribuirá a fortalecer los mecanismos que permitan a la sociedad ejercer su derecho a expresar su opinión sobre temas trascendentales para el desarrollo del país, siendo factor determinante en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas públicas por parte de las autoridades, para incidir directamente en los asuntos de la vida pública nacional; lo que representa un importante avance en la búsqueda de consolidar nuestro sistema democrático.”

No es la intención detallar el contenido de la Ley en comento, sólo mencionaré que en ella se expresa las condiciones mediante las cuales se podrán convocar a consulta ciudadana, y los sujetos que podrán hacerlo (presidente de la república, Congreso de la Unión, y ciudadanos); se mencionan las excepciones que no podrán ser llevadas a consulta popular y se da información sobre los procesos que el Instituto Nacional Electoral deberá seguir para su difusión, contabilización y evaluación.

El Poder Legislativo decidió que en el país el resultado de las mismas sean vinculantes para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, siempre y cuando la participación total sea de al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Asimismo, se establece que una vez que una consulta popular sea aprobada y el Congreso emita la convocatoria, la organización corresponderá al INE. Éstos tendrán que aprobar el diseño de las papeletas y las actas de escrutinio, así como asegurarse de que urnas especiales se distribuyan en todo el país. Por ley, las consultas únicamente podrán realizarse en la misma jornada de elecciones federales, es decir, cada tres años. El IFE, hoy INE, además, deberá utilizar sus tiempos en radio y televisión para difundir el ejercicio y llamar a la ciudadanía a participar en él.

Con la aprobación de la Ley se dio cumplimiento a lo establecido en el texto constitucional, toda vez que se definen los objetivos y alcances de la consulta popular, así como las particularidades según el sujeto que en su momento presenta la petición de consulta popular; así también, los alcances que tendrán en esta materia, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral.

Con la expedición de la ley se atendió una demanda de la sociedad, que se ha manifestado por lograr mayores espacios para la participación ciudadana, así como la preocupación y el interés de los grupos parlamentarios, a pesar de nuestras justificadas diferencias, por fortalecer nuestro sistema democrático a través de instrumentos legales que brinden legitimidad a los actos de gobierno, al tiempo de dotar a la ciudadanía de instrumentos de empoderamiento vinculatorios con la toma de decisiones.

Quisiera destacar que el tema de la consulta popular, quedó fuera de la reforma constitucional, considero que en gran parte por las diferencias de fechas, las reformas constitucionales fueron publicadas en el DOF el 10 de febrero; la aprobación de la iniciativa popular culminó su proceso legislativo, y se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. De ahí, pues, que dejó un vacío constitucional al no incluir el tema de la consulta popular en el artículo 41, referido a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral.

No obstante las buenas intenciones, recordemos que ya se aplicó esta facultad ciudadana, donde diversos partidos políticos participaron en este ejercicio de consulta popular, miles de mexicanos comprobamos que los primeros intentos hayan fracasado estrepitosamente. Pésimo experimento para estimular la participación ciudadana. Ciudadanos que plasmaron su firma se sentirán engañados; otros no volverán a participar. Creemos que la consulta popular debe ser una figura relevante para la participación informada y responsable de la sociedad en los asuntos públicos.

Con esta figura de participación ciudadana, México ha reconocido un derecho de avanzada. Es necesario que la legislación dote de certeza a su ejercicio. La consulta popular debe estar diseñada para devolver poder a los ciudadanos, pero ello sólo se logrará en la medida en que se cuente con un marco legal apropiado.

Para el tema que nos ocupa, debo mencionar que el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral. En dicho Decreto (artículo 41) se incluyen las facultades que tendrá el nuevo Instituto Nacional Electoral.

De ahí pues nuestra propuesta, que pongo a consideración de esta Soberanía: una Adición al mencionado artículo 41 de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso c) al numeral V, apartado B, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos

Único. se adiciona un inciso c al numeral v, apartado b, del artículo 41 de la constitución política de los estados unidos mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

V...

...

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:

a) Para los procesos electorales federales y locales:

1. La capacitación electoral;

2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;

3. El padrón y la lista de electores;

4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y

7. Las demás que determine la ley.

b) Para los procesos electorales federales:

1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

2. La preparación de la jornada electoral;

3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;

6. El cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y

7. Las demás que determine la ley.

c) Para la organización y desarrollo de las consultas populares:

1. Organizar las consultas populares en el país y en las entidades;

2. Verificar los nombres y el porcentaje establecido de la lista nominal;

3. Promover la participación ciudadana en las consultas populares;

4. Promover la difusión y discusión de las consultas populares;

5. Imprimir las papeletas para la emisión del voto en las consultas populares;

6. Realizar el cómputo total de las consultas populares y hacer la declaratoria de resultados;

7. Las demás que determine la Ley.

(...)

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Prud’homme, Jean-François, Consulta Popular y Democracia Directa. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, ife, en

http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/consulta_popular_y_democracia_di.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.— Diputados: Jesús Emiliano Álvarez López, Cuitláhuac García Jiménez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por el diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción VII al artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Los recientes sismos ocurridos durante el mes de septiembre han dejado a su paso muerte, destrucción, pero también unidad y esperanza como nación, mostrando la solidaridad de los mexicanos en tiempos de crisis, pero algo quedó muy claro, los binomios caninos fueron un factor vital para el rescate de personas vivas y recuperación de cuerpos, la más alta tecnología no ha logrado ser tan efectiva como la sensibilidad del olfato canino, muchos son de la marina, de protección civil o bomberos, el resto de personas civiles que acudieron como voluntarios.

Sé que hay estados donde no se cuenta con perros de búsqueda y rescate, en caso de suscitarse un sismo o inundación o alguna otra tragedia no contarían con un equipo que dé respuesta inmediata, sabiendo la importancia de la velocidad de respuesta considero imperativo que cada estado cuente con su propio equipo especializado de binomios para efectuar tan importante labor, fomentando la cultura de la prevención como forma de reducir riesgos, lo que genera un bienestar para toda la sociedad mexicana.

Los perros de búsqueda y rescate son animales entrenados para encontrar personas vivas o recién fallecidas en muy diversas situaciones:

• Cubiertas por aludes de nieve.

• Atrapadas en espacios confinados, estructuras colapsadas o deslaves sobre áreas habitadas.

• Rescate por arrastre de náufragos o bañistas.

• Búsqueda forense para víctimas de desastres, crímenes, fosas comunes o personas ahogadas en cuerpos de aguas.

Los perros, con un sentido del olfato mucho más desarrollado que el humano, son capaces de detectar el olor de una persona viva por las 40.000 células que se desprenden de la piel por minuto y flotan en el aire como balsas de piel. El olor a putrefacción también les ayuda a localizar a las víctimas.

Pese a todos los avances tecnológicos y científicos de los GPS, las imágenes ofrecidas por los satélites y los robots, los perros de búsqueda y rescate siguen siendo una de las mejores herramientas de los equipos de radar de apertura sintética (SAR).

Los perros entrenados para la búsqueda y rescate de personas deben recibir un adiestramiento proporcionado por un profesional en este sector, puesto que se trata de un proceso complicado. Así mismo, no existe una única especialidad de trabajo, sino que estos canes pueden estar adiestrados para la búsqueda de personas vivas o fallecidas concretas, de signos de vida en general tras un desastre natural o sólo de cadáveres.

Especialidades de los perros de búsqueda y rescate

En la actualidad, los perros de búsqueda y rescate se pueden clasificar en diferentes grupos, según las tareas en las que sean especialistas. Los dos grupos principales corresponden a los perros de rastreo y los perros de venteo.

Perros de rastreo

Los perros de rastreo, como su nombre indica, siguen el rastro de una persona desde un punto A hasta un punto B. Estos perros necesitan un punto de partida y alguna prenda no contaminada de la persona que van a buscar. Se utilizan para encontrar personas perdidas, aunque también pueden utilizarse para encontrar prófugos. No obstante, en este último caso suelen ser perros policía y no perros de equipos SAR.

Los perros de rastreo desarrollan su trabajo en dos áreas principales: áreas silvestres y zonas urbanas. Para ello, trabajar en sobre terreno silvestre es mucho más sencillo y rápido, puesto que los olores que buscan se mantienen durante un periodo de tiempo más largo. En las zonas urbanas, en cambio, al estar mucho más transitadas es más fácil que los olores desaparezcan o se debiliten.

Aunque la mayoría de razas pueden ser válidas para este trabajo, se prefieren los perros de rastreo clasificados en el grupo 6 de la FCI, así como los canes mixtos entre esas razas.

Perros de venteo

Los perros de venteo son los que buscan el olor humano que se encuentra en el aire, sin seguir a una persona en particular. Estos perros son especialistas en encontrar personas enterradas por derrumbes, personas enterradas por avalanchas, cadáveres de personas ahogadas, evidencias humanas en escenas de crímenes, etcétera.

Puesto que estos canes no siguen un olor determinado, los equipos de perros de búsqueda y rescate tienden a dividir el terreno en cuadrículas para separarse y que cada uno de los canes cubra una única cuadrícula. En general, los equipos suelen estar formados por un guía y un perro, por lo que la probabilidad de error mediante este método de separación es prácticamente nula. Además de trabajar en zonas separadas para facilitar la búsqueda, los perros de venteo necesitan empezar a rastrear en contra del viento. Una vez detectado el olor, son capaces de centrarse en él hasta lograr encontrar la fuente, sin importar nada más.

En función del tipo de búsqueda que deban hacer los perros de venteo, se clasifican en una u otra categoría:

Perros de búsqueda de cadáveres. Suelen detectar la presencia de personas fallecidas o restos humanos tras accidentes, desastres naturales.

Perros de búsqueda en agua. En este caso también rastrean a personas sin vida pero en el medio acuático. En general, desarrollan su labor subidos en botes.

Perros de búsqueda en avalanchas. Tras producirse una avalancha, los perros de venteo especializados en este tipo de búsquedas rastrean a personas vivas que quedaron sepultadas bajo la nieve.

Perros de búsqueda en desastres urbanos. Rastrean a personas vivas que quedaron atrapadas tras un desastre en una zona urbana, como un derrumbe.

Perros de evidencias.Los perros de venteo especializados en estas búsquedas están entrenados para detectar rastros humanos y ayudar a resolver crímenes.

Fundamento legal

Ley General de Protección Civil

Artículo 1.La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece.

Artículo 3. Los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo.

...

Artículo 7.Corresponde al Ejecutivo federal en materia de protección civil.

...

III.Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural;

...

Artículo 14.El sistema nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.

Artículo 15. El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

Artículo 16.El Sistema Nacional se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

...

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Protección civil y prevención de desastres

Cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquéllos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país.

Las condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional, el impacto de los fenómenos de origen natural o humano, los efectos del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza la integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos.

No obstante que el gobierno ha realizado extensas acciones enfocadas a la atención y recuperación ante los desastres, a través de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil –fundamentalmente por conducto de las Fuerzas Armadas–, se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas que ocasionan.

La protección civil privilegiará las acciones preventivas ante desastres, será incluyente y utilizará soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, organización y capacidad para enfrentar los retos presentes y futuros en este ámbito.

Estas acciones incluyen el aseguramiento financiero ante desastres, en el cual México ha sido reconocido por su liderazgo en el mundo.

El desarrollo del mercado financiero permite hoy en día acceder a instrumentos de cobertura de riesgos que contribuyen a mitigar el impacto de dichos desastres en el gasto público.

Programa Nacional de Protección Civil

I. Organización, Funcionamiento y Visión del Sistema Nacional de Protección Civil

...

3. Funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil

En una emergencia, el auxilio a la población es el objetivo inmediato y meta superior del sistema. Por ello, todas las instancias, canales y estructuras de coordinación de los tres niveles de gobierno, deben converger para dar cumplimiento a la Ley General de Protección Civil y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Conforme a este ordenamiento de coordinación interinstitucional, la primera autoridad que tenga conocimiento de toda emergencia debe inmediatamente prestar ayuda e informar a las instancias especializadas de protección civil. Por ello, la primera instancia especializada es la autoridad municipal o delegacional, y, si su capacidad de respuesta es superada, entonces la instancia estatal debe encargarse de prestar ayuda. Sucesivamente, las instancias federales prestarán ayuda cuando la respuesta estatal resulte insuficiente y así sea solicitado por la autoridad estatal.

El alcance del Sistema Nacional de Protección Civil va más allá de la respuesta que se genera ante situaciones de emergencia o desastres. Por ejemplo, cotidianamente se realizan investigaciones y proyectos de carácter técnico-científico, se diseñan y mejoran los planes de prevención, se monitorean los fenómenos recurrentes como las lluvias, los ciclones tropicales y la actividad volcánica, se trabaja para hacer más efectiva la coordinación interinstitucional y se promueven adecuaciones al marco normativo, entre muchas otras tareas.

Para el funcionamiento y la operación del sistema, la Secretaría de Gobernación cuenta con la Coordinación General de Protección Civil, integrada por la Dirección General de Protección Civil, la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales y el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Adicionalmente, la Secretaría de Gobernación suma y coordina sus esfuerzos con los de los 31 gobiernos estatales y el Distrito Federal, los cuales cuentan con sus respectivos Sistemas Estatales de Protección Civil. De la misma manera, esta secretaría extiende su coordinación hasta los niveles municipales y delegacionales en el país, a través de los Sistemas Municipales de Protección Civil. Paralelamente, se apoya en las unidades internas de protección civil de la Administración Pública Federal y el sector financiero, los grupos voluntarios y los brigadistas comunitarios.

Denominación

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 43 de la Ley General de Protección Civil

Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como a continuación se presenta:

Ley General de Protección Civil

Artículo 43.A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán

I. a VI....

VII. Crear brigadas de búsqueda y rescate con binomios caninos en cada entidad federativa, plenamente capacitados, certificados y periódicamente evaluados.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.— Diputados y diputada: Cesáreo Jorge Márquez Alvarado,Alfredo Bejos Nicolás, Brenda Borunda Espinoza, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Jesús Sesma Suárez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley Federal para prevenir, atender y reparar el Desplazamiento Forzado Interno, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para prevenir, atender y reparar el Desplazamiento Forzado Interno, con base en la siguiente

I.El desplazamiento forzado interno (DFI) se ha convertido en una forma de movilidad humana que ha mostrado un aumento drástico a nivel mundial, y que implica en muchos casos una violación a los derechos humanos. Con la finalidad de proteger a las víctimas de este fenómeno, la Organización de las Naciones Unidas expidió los Principios Rectores del Desplazamiento Interno Forzado, en donde se define a las personas que padecen este problema en los siguientes términos:

“Las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

Las personas que padecen este fenómeno se ven victimizadas de manera sistemática y se encuentran en un estado de indefensión, ya que al obligarlas a abandonar sus lugares de residencia se hacen vulnerables a otro tipo de delitos, como secuestros, robos, extorsiones o violaciones, además de que en ocasiones también padecen la pérdida de sus familiares, medios de subsistencia, documentos personales, patrimoniales y económicos, y se ven imposibilidades de acceder a servicios básicos.

Cabe mencionar, que un ámbito internacional los Principios Rectores ya han sido reconocidos por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU destacando que es el marco normativo y jurídico internacional más importante para la protección de los desplazados internos. En este sentido cabe destacar que países como Colombia, Perú y Uganda, así como organismos regionales como la Unión Africana ya han incorporado en sus legislaciones internas dichos Principios.

A finales de 2014, de acuerdo con datos del informe “Global Overview 2015. People internally displaced by conflict and violence” del Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC), había aproximadamente 38 millones de víctimas de DFI en todo el mundo, mismos que se vieron obligadas a huir de sus hogares por los conflictos armados y la violencia generalizada o descontrolada. De acuerdo con este mismo informe, esto representa un incremento del 15 por ciento con relación al año 2013. Por otro lado, de acuerdo con datos del a finales de 2015 había 40.8 millones de personas en todo el mundo desplazadas internamente por causa de conflictos armados, aumentando 2.8 millones más que en 2014, siendo dos veces más el número de refugiados en el mundo.

Para el año 2014 la región con mayor índice de DFI es la África subsahariana, con un registro de más de 12.5 millones de personas en 21 países, entre los que destacan Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán y Somalia. En segundo lugar, se encuentran el Medio Oriente y el norte de África, donde había más de 9 millones de desplazados internos, distribuidos en seis países, destacando que el 70 por ciento de estos desplazamientos ocurrieron sólo en Siria.

El continente americano es considerado como la tercera zona geográfica con mayor índice de DFI, alcanzando en el año 2013 la cifra fue de 6.3 millones de desplazados, principalmente como consecuencia de la violencia causada por grupos criminales y operaciones militares en países como Colombia, México y Honduras.

II. El DFI en México se agravó a partir del año 2006, principalmente debido a la denominada “guerra contra el narcotráfico” por parte de las instituciones de seguridad federales, basada en una política de enfrentamientos y mediante el uso de operativos en los que participan las Fuerzas Armadas mexicanas. Asimismo, la disputa por las rutas de distribución de drogas entre los cárteles y las luchas por el control de los territorios se encuentra entre las causas que han intensificado el DFI en nuestro país, además de otra serie de delitos y violaciones a los derechos humanos.

De esta manera, la principal causa del DFI en nuestro país es el clima generalizado de violencia e inseguridad. En el año 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el desplazamiento forzado interno en nuestro país, ha sido relacionado primordialmente con la violencia que generan los grupos del crimen organizado, sin embargo, también destacaron que los megaproyectos de desarrollo han sido causantes de este fenómeno. Valga destacar que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó en el año 2010 un estudio donde se señala a los proyectos de las 70 hidroeléctricas que se están desarrollando en el país como los causantes de la migración de más de 170 mil personas.

Cabe mencionar que, en el año 2006, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), creó el Proyecto para la atención a Indígenas Desplazados con la finalidad de sumar esfuerzos con instancias federales, estatales y municipales para contribuir a la pronta reubicación o retorno a sus localidades de origen al a población indígena desplazada. Estos lineamientos reconocieron que, al no existir una legislación adecuada sobre la población desplazada, es necesario recurrir a los instrumentos internacionales en la materia, específicamente basarse en los Principios Rectores para Desplazamientos Internos, de las Naciones Unidas.

Seis años después, en 2012 entró en vigor la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, la cual integra los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno Forzado de la ONU. Adicionalmente, establece la obligación de diseñar un Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, así como un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno.

De la misma manera, en julio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero la Ley número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el estado de Guerrero que igualmente retoma los aspectos principales de los citados Principios Rectores.

En mayo de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicó el primer “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México”, en donde se destacó que la mayoría de las víctimas de esta problemática son personas que huyen de la presencia del crimen organizado, de extorsiones, conflictos internos permanentes, operaciones militares o retenes.

En dicho informe, la CNDH señala al Estado de Tamaulipas como la entidad que tiene el mayor número de víctimas, contando con más 20 mil desplazados, seguido de los Estados de Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Durango, Oaxaca y Chiapas. El ya mencionado Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) estimó que para finales de 2014 había aproximadamente 281 mil 400 desplazados internos en nuestro país, a causa principalmente de la violencia. Sin embargo, algunas organizaciones civiles han señalado que dicha cifra podría ser mayor, ya que la opacidad de las autoridades al no reconocer y cuantificar la existencia del desplazamiento forzado interno se favorece su desconocimiento.

A pesar de la grave presencia y las consecuencias de este fenómeno, que constituye una violación a los derechos humanos, nuestro país no cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para diagnosticar la problemática, ni tampoco para hacerle frente desde una perspectiva integral, basada en el respeto a la integridad y los derechos de las personas, la reparación del daño y la no repetición de los hechos victimizantes. Este vacío institucional se reproduce en los tres órdenes de gobierno, dado que los gobiernos locales no cuentan con la capacidad para enfrentar este fenómeno y proteger los derechos de las víctimas de DFI.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en agosto de 2014 el informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México”, en el cual se describe a México como un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, destacando que el contexto de violencia generalizada en diversas zonas del país es el causante del DFI, y denuncia la tendencia de las autoridades a minimizar el fenómeno asumiéndolo como “una incómoda consecuencia de la situación de violencia”.

Valga citar la respuesta que la Secretaría de Gobernación le dijo al grupo investigador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apenas en octubre de 2015: “no se acredita la existencia de ninguno de los elementos necesarios para la presencia de un desplazamiento forzado interno, por lo que no es posible su reconocimiento”, ya que “si bien existe movilidad por causa de la violencia, ésta no es de carácter generalizado”.

Así pues, México no sólo tiene un vacío institucional y normativo para hacerle frente al problema del desplazamiento forzado interno, sino que además tiene un vacío político, un problema de reconocimiento del problema.

Durante la visita de la CIDH a México, ésta recibió información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) que evidenció que entre 2009 y 2015 se registraron 141 eventos de DFI.

La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, de diciembre de 2015, emitió las siguientes recomendaciones al Estado Mexicano en materia de DFI:

1. Crear una Ley sobre Desplazamiento Interno que incorpore los Principios Rectores del Desplazamiento Interno y que cuente a nivel federal con una institución que sea responsable de proteger a las víctimas.

2. Que se incluya la obligación de las entidades federativas la prevención del DFI, la protección de las víctimas, la asistencia humanitaria y facilitar el retorno, reasentamiento y reubicación de los desplazados.

3. Que el Estado Mexicano lleve a cabo un análisis a nivel nacional que permita caracterizar el desplazamiento interno forzado y adoptar las medidas que sean necesarias para dar respuesta efectiva a este fenómeno.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del ya mencionado “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, emitió una serie de recomendaciones a distintas instancias gubernamentales. En el ámbito legislativo, recomendó al Congreso de la Unión, lo siguiente:

1. “Reformar la Ley General de Víctimas con el fin de eliminar las restricciones que tienen las víctimas del DFI para ser reconocidas como tales por parte de órganos del Estado, accediendo a los beneficios que la Ley prevé para la protección y reparación del daño”, cuestión que ya ha sido parcialmente atendida en la más reciente reforma a la Ley General de Víctimas de 2016.

2. Emitir una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno.

3. “Reformar la Ley General de Población para reconocer a la población en situación de DFI y otorgar facultades, competencias, obligaciones al Conapo para realizar diagnósticos, registros y otras acciones vinculadas con la detección de este sector”.

Las crisis causadas por el DFI son un desafío para las autoridades de todos los niveles, por lo que se requiere de un andamiaje institucional sólido y adecuado para hacerle frente y garantizar la protección más amplia de los derechos humanos.

En este sentido, la presente iniciativa recoge además de los mencionados Principios Rectores, una serie de recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos en materia de DFI, para expedir una legislación específica que contemple lo siguiente:

• Establece los derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno y garantizar la protección de su integridad.

• Establece la distribución de competencias entre dependencias en materia de desplazamiento forzado interno.

• Establece las medidas de protección de las personas desplazadas, así como las medidas para su regreso, reasentamiento y reintegración.

• Delinea las medidas de reparación integral y las políticas de soluciones duraderas para poner fin al ciclo de desplazamiento forzado interno.

• Crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno.

En Movimiento Ciudadano creemos que este tema debe hacerse visible en la agenda pública y debe inscribirse en una amplia estrategia de defensa y promoción de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley Federal para prevenir, atender y reparar el Desplazamiento Forzado Interno

Artículo Único.Se expide la Ley Federal para prevenir, atender y reparar el Desplazamiento Forzado Interno, para quedar como sigue:

Ley Federal para prevenir, atender y reparar el Desplazamiento Forzado Interno

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer los derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno y garantizar la protección de su integridad;

II. Establecer la distribución de competencias entre dependencias en materia de desplazamiento forzado interno;

III.Establecer las medidas de protección de las personas desplazadas, así como las medidas para su regreso, reasentamiento y reintegración;

IV. Delinear las medidas de reparación integral y las políticas de soluciones duraderas para poner fin al ciclo de desplazamiento forzado interno; y

IV. Crear el Sistema Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno.

Artículo 3. En la aplicación de la presente Ley en todo momento se deberán respetar y promover los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 4. El desplazamiento forzado interno se presenta cuando personas o grupos de personas se ven forzadas u obligadas a escapar, huir o abandonar su lugar de residencia habitual, sin salir del territorio nacional, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones a sus derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, o de decisiones arbitrarias por parte de un autoridad que no estén justificadas por un interés público superior.

Artículo 5. Las disposiciones de la presente Ley serán interpretadas, implementadas y evaluadas conforme a los siguientes principios:

I. Debida diligencia:entendida como el deber de las autoridades de hacer todo lo posible, conforme a sus atribuciones, para proteger la seguridad de las personas, evitando de manera preventiva que se generen condiciones que guíen a una situación de desplazamiento forzado interno. Del mismo modo este principio debe guiar las actuaciones de las autoridades durante las etapas de desplazamiento, regreso, reasentamiento y reintegración de las personas desplazadas, así como en la aplicación de medidas de asistencia y reparación integral;

II. Dignidad humana: es un valor, principio y derecho fundamental que es la base y condición de todos los demás derechos, por lo que asume que las personas son titulares y sujetos de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte de las autoridades o de los particulares. Lo anterior implica que en todo momento se garantizará la integridad física, psicológica y moral de las personas;

III. Enfoque diferencial: en la aplicación de la presente Ley, las autoridades está obligadas a tomar en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o en situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, de su condición social, económica, histórica o cultural, de su lengua, religión, edad, género o identidad sexual, de su condición de discapacidad o de cualquier otra circunstancia diferenciadora que requiera una atención especializada;

IV. Enfoque transformador: las autoridades realizarán los esfuerzos necesarios encaminados a que las disposiciones contenidas en la presente Ley y las acciones que realicen en el ámbito de sus competencias, contribuyan de manera sustantiva a la consolidación de soluciones duraderas que permitan la eliminación de los esquemas, situaciones y causas que dan origen al desplazamiento forzado interno;

V. Gratuidad: todas las acciones, procedimientos o medidas que se apliquen con objeto de esta Ley no tienen ningún costo para las personas;

VI. Igualdad y no discriminación: para garantizar el acceso a los derechos que se refiere esta Ley, las acciones que realicen las autoridades deben ser conducidas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial;

VII. Máxima protección: todas las personas tienen derecho a la protección contra desplazamientos forzados o arbitrarios que les alejen de su hogar o lugar de residencia habitual, por lo que las autoridades tienen la obligación de adoptar y aplicar medidas que prevengan la ocurrencia de desplazamientos forzados, y que proporcionen la protección más amplia para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico, y la integridad e intimidad de las personas cuando ocurran;

VIII. No victimización: las autoridades están obligadas a aplicar las disposiciones contenidas en la presente Ley de tal manera que eviten que las personas desplazadas sean revictimizadas en cualquier forma. Tampoco podrán exigir la aplicación de mecanismos o procedimientos que agraven su condición de víctima ni establecer requisitos que obstaculicen o impidan el ejercicio de sus derechos o la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos;

IX. Perspectiva de género: las acciones, procedimientos o medidas que se apliquen con objeto de esta Ley deberán ejecutarse con un enfoque libre de estereotipos y de cualquier otra forma de discriminación por cuestiones de género;

X. Reintegración: las autoridades tienen la obligación y la responsabilidad de generar condiciones y ofrecer medios para el regreso voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas a su hogar o lugar de residencia habitual, o bien, para el reasentamiento voluntario en otra parte del territorio nacional. En todo momento, se deberá facilitar la reintegración de las personas garantizando el respeto pleno a sus derechos; y

XI. Verdad: las personas víctimas de desplazamiento forzado tienen el derecho a conocer la verdad y recibir información sobre los hechos constitutivos que los llevaron a esta condición, así como a conocer el paradero de sus familiares.

Artículo 6. En todo lo no previsto en esta Ley, son aplicables supletoriamente, las disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas.

Artículo 7. Todas las personas tienen derecho a la protección contra cualquier tipo de desplazamiento forzado o arbitrario conforme a los principios establecidos en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

Las personas que sean víctimas de desplazamiento forzado interno gozarán de derechos para la protección de su integridad durante el desplazamiento, podrán tener acceso a la asistencia humanitaria, y tienen derecho al regreso voluntario a su lugar de residencia habitual o al reasentamiento en otra parte del territorio nacional, así como a la reintegración plena en la comunidad.

Artículo 8. Las personas desplazadas gozarán en todo momento de su derecho a la personalidad jurídica, por lo que las autoridades están obligadas a realizar los trámites necesarios para otorgar o restituir la documentación personal de las personas desplazadas.

Artículo 9. Las personas desplazadas en ningún momento podrán ser detenidas o encarceladas arbitrariamente, tampoco podrán ser recluidas a menos de que existan condiciones extraordinarias que lo ameriten y que sean acreditadas. En cualquier caso, las personas desplazadas serán protegidas de cualquier tipo de práctica discriminatoria o medidas de aislamiento producto de su condición de desplazado.

Artículo 10. Las personas desplazadas en todo momento gozarán del derecho a la libertad de tránsito, y podrán buscar un nuevo lugar de residencia dentro o fuera del país, así como solicitar asilo y protección.

Artículo 11. Las personas desplazadas tienen derecho a que se respete su vida familiar, por lo que las autoridades garantizarán que los integrantes de las familias desplazadas permanezcan juntos si esa es su voluntad. Las autoridades deberán tomar medidas para acelerar la reunificación familiar en casos de separación, y las personas desplazadas tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares en casos de desaparición.

Artículo 12. Las personas desplazadas tienen derecho a la protección de su propiedad y sus bienes, por lo que durante una situación de desplazamiento forzado interno las autoridades están obligadas a salvaguardarlas contra cualquier acto ilegal en su contra.

Artículo 13. Las personas desplazadas tienen derecho a recibir la asistencia humanitaria que brinden las autoridades del Estado mexicano u otras instancias de la sociedad civil o de organismos de derechos humanos nacionales o internacionales.

En todos los casos que se presente una situación de desplazamiento forzado interno, es obligación de las autoridades brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas bajo los principios establecidos en la presente Ley.

Artículo 14. Las autoridades deberán facilitar el tránsito de la asistencia humanitaria que ofrezcan los organismos de derechos humanos nacionales o internacionales, y permitir a las personas que la ofrecen un acceso rápido y seguro hacia los lugares donde se encuentren las personas desplazadas.

Artículo 15. Las personas desplazadas tienen derecho al regreso voluntario a su lugar de residencia habitual o al reasentamiento voluntario en otra parte del país. Las personas desplazadas en ningún caso podrán ser obligadas a un regreso forzado o al reasentamiento en un lugar donde peligre su vida, seguridad, integridad o salud.

Artículo 16. Las personas desplazadas que regresen a su lugar de origen o que sean reasentadas en otra parte del país contarán con las siguientes garantías para su reintegración:

I. Respeto a su derecho a participar de manera plena y en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de su comunidad;

II. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;

III.Acceso a todos los servicios públicos, sin discriminación alguna;

IV. Mantener su personalidad jurídica y contar con facilidades para obtener o restituir su documentación personal, y

V. Facilidades para recuperar sus propiedades y sus bienes.

Artículo 17. Las personas desplazadas tienen derecho a gozar de todas las medidas de reparación integral, incluyendo las de restitución, satisfacción y no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica en los términos de la presente Ley y la Ley General de Víctimas.

Artículo 18. Las autoridades deberán adoptar todas las medidas para devolver a las personas desplazadas a la situación anterior que las llevó a esa condición y facilitarán el acceso a medios que les permitan hacer frente a los efectos sufridos. En tal sentido, las personas desplazadas, gozarán de las siguientes medidas de restitución:

I. Restablecimiento de los derechos jurídicos;

II. Restablecimiento de la identidad;

III. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;

IV. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;

V. Regreso digno y seguro al lugar de residencia o reasentamiento en otro lugar del país;

VI. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad. Las personas desplazadas que regresen a su lugar de origen o que sean reasentadas en otra parte del país y no pudieran recuperar sus propiedades o sus bienes, gozarán de una indemnización;

VII. Reintegración en el empleo; y

VIII. Las demás que determinen la legislación aplicable y las autoridades competentes.

Artículo 19. Las personas desplazadas tienen derecho a las medidas de satisfacción que permitan reconocer y restablecer su dignidad. Entre las medidas de satisfacción que gozarán las personas desplazadas se encuentran:

I. El acceso a la verdad, entendida como la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad de la situación que llevó al desplazamiento forzado interno;

II. La búsqueda de personas desaparecidas;

III. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

IV. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables;

V. La realización de actos que conmemoren a las víctimas, y

VI. Las demás que determinen la legislación aplicable y las autoridades competentes.

Artículo 20. Las personas desplazadas tienen derecho a la no repetición de los hechos o situaciones que los llevaron a esa condición. En tal sentido, es responsabilidad de las autoridades emprender soluciones duraderas que sirvan para poner fin al ciclo de desplazamiento forzado y permitan a las personas desplazadas reanudar su vida en un entorno seguro y digno.

Artículo 21. El Estado mexicano emprenderá soluciones duraderas focalizadas a la población que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno o que es vulnerable o se encuentra en riesgo de sufrirlo.

Las soluciones duraderas se basan en un enfoque de desarrollo integral, combate a la marginación, a la pobreza y a la desigualdad, por lo que las autoridades deberán garantizar:

I. La seguridad personal y pública, que implica:

a) La protección de las personas ante las amenazas que provocaron el desplazamiento forzado o que podrían provocarlo;

b) La protección contra ataques, intimidación, acoso, persecución o discriminación cuando las personas regresan a su lugar de residencia habitual o son reasentadas en otra parte del territorio nacional;

c) La garantía de ejercer el derecho a la libre circulación, y

d) El acceso pleno y sin discriminación a los servicios de seguridad pública, de protección civil, del sistema de justicia y de los organismos nacionales de derechos humanos.

II. El acceso a una vida digna, que implica:

a) El derecho a recibir alojamiento, sin discriminación alguna, en refugios o viviendas con acceso a alimentación, servicios de salud, agua, electricidad y todos los servicios necesarios para tener la subsistencia;

b) El acceso a servicios de salud;

c) El acceso a servicios de educación;

d) El acceso a bienes y servicios de calidad y suficientes, y

e) El acceso a servicios eficaces y expeditos para obtener o restituir su documentación oficial y medios de identificación personal.

III. El acceso a medios de subsistencia y al empleo;

IV. La restitución de la vivienda, la propiedad y la tierra, mediante:

a) Mecanismos eficaces y asequibles para resolver controversias, y

b) Programas de apoyo y créditos para restaurar sus viviendas.

V. La reunificación familiar;

VI. El derecho a la participación en los asuntos públicos de la comunidad;

VII.Las demás que determinen las autoridades competentes.

Artículo 22. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno tiene por objeto conducir la política federal en esta materia, mediante la coordinación institucional y la formulación de políticas públicas adecuadas para la atención de los procesos de desplazamiento interno, la prevención de los mismos, y la implementación y evaluación de las medidas reparación integral y de soluciones duraderas.

Artículo 23. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno estará integrado por las siguientes instancias:

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

II. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

III. La Secretaría de Desarrollo Social;

IV. La Secretaría de Salud;

V. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

VI. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

VII. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados;

VIII. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores;

IX. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

X. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística;

XI. Tres representantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos u orientadas al trabajo humanitario.

XII. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno.

Los tres representantes de las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos u orientadas al trabajo humanitario serán designados a partir de la convocatoria pública que para tal efecto emita el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para la Atención al Desplazamiento Forzado Interno en los términos de la presente Ley. Dichos representantes formarán parte del Sistema durante cuatro años.

Todos los integrantes del Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno tendrán cargos honoríficos.

El Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno deberá sesionar al menos una vez al mes.

Artículo 24. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno contará con las siguientes atribuciones:

I. Diseñar el Programa Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno;

II. Generar de manera periódica la documentación, diagnóstico y sistematización de la información acerca del desplazamiento forzado interno, para lo cual deberá contar con un Registro Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

III. Diseñar los lineamientos y políticas públicas para la implementación de soluciones duraderas en el ámbito federal que sirvan para poner fin al ciclo de desplazamiento forzado;

IV. Elaborar los protocolos necesarios para la implementación de las medidas de protección durante situaciones de desplazamiento forzado interno, así como las medidas de asistencia humanitaria;

V. Elaborar los protocolos necesarios para la implementación de los programas de regreso, reasentamiento y reintegración de las personas desplazadas;

VI. Coordinar las acciones institucionales que deban ejecutarse cuando se presente una situación de desplazamiento forzado interno;

VII. Proponer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas las medidas de atención y reparación integral dirigidas a las víctimas de desplazamiento forzado interno, independientemente de las que determine en el ámbito de sus atribuciones la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

VIII. Establecer programas de capacitación y de formación de manera constante a los servidores públicos que tengan entre sus atribuciones la atención a las víctimas del desplazamiento interno;

IX. Supervisar la implementación de las medidas de reparación integral dirigidas a las personas desplazadas;

X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades;

XI. Elaborar propuestas de reformas legales en materia de desplazamiento forzado interno;

XII. Impulsar mecanismos de participación ciudadana y vinculación con la sociedad civil organizada para el desarrollo de políticas en materia de desplazamiento forzado interno;

XIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de desplazamiento forzado interno;

XIV. Diseñar e implementar políticas preventivas en materia de desplazamiento forzado interno;

XV. Elegir a quien deba ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno, en los términos de la presente Ley, y

XVI. Expedir sus reglas internas de funcionamiento.

Artículo 25.Para su adecuado funcionamiento, el Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno, contará con un Secretario Ejecutivo, quien será designado por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Sistema a partir de la propuesta que envíe el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Para ser Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, de sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley, y

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

El Secretario Ejecutivo durará en su encargo cuatro años, con posibilidad de renovar por una ocasión su periodo mediante la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Sistema.

Artículo 26. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno tiene las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Sistema;

II. Elaborar la propuesta de Programa Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno;

III. Elaborar las propuestas de protocolos y lineamientos para la protección de las personas desplazadas, para la atención humanitaria, y para el regreso, reasentamiento y reintegración de las personas desplazadas;

IV. Emitir la convocatoria para elegir a los tres representantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos u orientadas al trabajo humanitario que integrarán el Sistema;

V.Proponer un mecanismo de evaluación y seguimiento de las políticas implementadas por el Sistema;

VI.Promover la coordinación institucional con los tres órdenes de gobierno para el adecuado funcionamiento de las disposiciones de la presente Ley;

VII.Diseñar los mecanismos de coordinación interinstitucional con las entidades federativas y municipios;

VIII. Emitir recomendaciones al Sistema sobre la aplicación de las políticas en materia de desplazamiento interno, y

IX. Las demás de que deriven del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno deberá instalarse en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la publicación del presente decreto.

Notas

1 “Principios Rectores de los Desplazamientos”, Comité Internacional de la Cruz Roja.

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmhb.htm

2 “Global Overview 2015, People internally displaced by conflict and violence”, Internal Displacement Monitoring Centre, (mayo, 2015).

http://reliefweb.int/report/world/global-overview-2015-people-internally- displaced-conflict-and-violence

3 “El ACNUR y la protección de los desplazados internos”, ACNUR, (20 de marzo 2016):

http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/

4 “Desplazamiento Interno Inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, Laura Rubio Díaz Leal.

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/libro_desplazamiento_una_realidad_ mexicana.pdf

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 “Mega proyectos, Violaciones a Derechos Humanos y Daños Ambientales”, 2015, de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/NaturalResource/ Centro_de_DDHH_S.pdf

10 “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (mayo, 2016).

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_ Desplazados.pdf

11 Internal Displacement Monitoring Centre. Op. Cit.

12 “Desplazamiento Forzado Interno en México”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., página 6, (diciembre, 2014), recuperado de:

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-desplazamiento-web.pdf

13 “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013:

http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-mexico-2013.pdf

14 “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (mayo, 2016), p. 85.

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ 2016_IE_Desplazados.pdf

15 “Situación de derechos humanos en México”, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 2015:

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

16 “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, pp. 194 a 199:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ 2016_IE_Desplazados.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.— Diputados: Adán Pérez Utrera,Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Jesús Rafael Méndez Salas, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Uno de los problemas a los que se enfrenta en la actualidad la infraestructura física educativa (INFE), es que el gasto público que se destina a este rubro no es suficiente para enfrentar el reto nacional; los datos registrados en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013, dan cuenta de la existencia de 152,895 planteles públicos de educación Básica, de los cuales, sólo 112,656 han sido construidos de acuerdo con las condiciones que requieren los propios fines educativos, es decir, el 74 por ciento de éstos. Los 40,239 restantes son construcciones de materiales ligeros y precarios y/o adaptaciones.

Ahora bien, de los 112,656 planteles construidos específicamente para fines educativos, la misma fuente precisa que el 23 por ciento no cumple con las especificaciones técnicas constructivas y de materiales para techos; el 5 por ciento carece del cumplimiento de dichas especificaciones en paredes y el 67 por ciento tampoco las cumple en pisos, por lo que se estima que los recursos federales que se aplican en los tres órdenes de gobierno no han convergido en una planeación integral, resultando evidente, también, que la falta de calidad en la infraestructura escolar se debe, en gran medida, a la ineficiencia en el gasto.

En 2013, con la finalidad de atender dicha problemática, y ante la promulgación de la Reforma Educativa, se estableció la obligación del Estado mexicano de garantizar la calidad de la educación obligatoria; por lo que, para dar cumplimiento a tal ordenamiento, la infraestructura física educativa, como parte del Sistema Educativo Nacional (SEN), deberá asegurar el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos y el mejor desempeño del personal docente.

Para conseguir lo anterior, desde el Gobierno Federal se instrumentaron cuatro programas presupuestarios (Pp) enfocados a mejorar la infraestructura física y el equipamiento de las escuelas públicas de educación Básica:

1. E047 Diseño, Construcción, Certificación y Evaluación de la Infraestructura Educativa;

2. U074 Escuelas Dignas;

3. U082 Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo en 2014 y desde 2015 Programa de la Reforma Educativa; y

4. U077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital

Durante los últimos cuatro ejercicios fiscales, estos programas presupuestarios han tenido las siguientes asignaciones presupuestales, con sus correspondientes Unidades Responsables de ejecución (UR), como se muestra a continuación:

Como se observa, de 2014 a la fecha, el gasto asignado a los programas para el desarrollo de la infraestructura física educativa ha sido notablemente reducido en un 90 por ciento, en gran parte por las políticas de racionalidad y austeridad presupuestal implementadas desde el ejercicio fiscal 2015; por lo que incidir en la mejora de la calidad educativa implica un ejercicio de mayor eficiencia del gasto por parte de las autoridades en materia de infraestructura física educativa.

Los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoria Superior de la Federación mostraron que existe una falta de diagnóstico integral y actualizado sobre el estado de las condiciones físicas y el equipamiento de las escuelas públicas de educación Básica. Esto limita la focalización de los programas dirigidos a abatir las carencias en esta materia, e impide determinar si las obras realizadas, así como los bienes entregados, atendieron las necesidades de las escuelas.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos preocupados por esta problemática, toda vez que contar con datos reales, actualizados, oportunos y completos, con la rigurosidad técnica requerida sobre la infraestructura física educativa nacional, es de suma importancia para la planeación de los programas y políticas de manera eficiente y eficaz, optimizando así los recursos públicos. Para ello, es necesario que las autoridades en materia de infraestructura física educativa, las entidades federativas y la sociedad asuman los compromisos para el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional.

Argumentación

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en la Meta Nacional III denominada “México con Educación de Calidad”, en su Objetivo 3.1 “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, Estrategia 3.2 “Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos”, establece las siguientes Líneas de Acción:

• “Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados.

• Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias adecuadas.

• Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio.

• Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las implicaciones de las tendencias demográficas”.

Esta última línea de acción da la pauta para que en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se establezcan acciones específicas para el mejoramiento de la infraestructura física educativa, como parte del Sistema Educativo Nacional, ya que en éste mismo se reconoce como problemática, el deterioro y la insuficiencia de infraestructura física y equipamiento en las escuelas públicas de educación Básica; tal problemática es observable ante la falta de electricidad, agua potable, instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres, existencia de techos y pisos precarios, mobiliario insuficiente y deteriorado, así como limitado o nulo acceso a las tecnologías de la información y comunicación, lo que crea condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros.

Derivado de las reformas educativas implementadas y atendiendo lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE), se crea el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; así también, el artículo 16 de la citada ley, indica que el Inifed fungirá como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Su misión es liderar la mejora continua de la infraestructura física educativa (INFE), a través de la investigación aplicada y la ejecución de programas específicos, en un marco federalista, con sentido de trascendencia, acrecentando el rendimiento de los recursos.

La infraestructura física educativa requiere actualización y mantenimiento, así como la incorporación de elementos que deriven de los avances tecnológicos, mismos que facilitan e impulsan la tarea pedagógica, así como el aprendizaje de los alumnos.

El Inifed, a partir de sus atribuciones técnicas, normativas, de gestión y administración, conferidas en el artículo 19 de la LGIFE, crea y opera el Sistema de Información del estado físico de las instalaciones que forman la INFE, como herramienta para la toma de decisiones y optimización de los recursos disponibles, con el objeto de lograr que la infraestructura física del país cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, bajo un esquema de cooperación, dentro del ámbito de competencia de cada una de las autoridades en materia educativa, sin perjuicio de las competencias locales que correspondan.

Así, el Programa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018 contempla tres etapas en su desarrollo: la etapa de diagnóstico, la ejecución de acciones y la certificación de “Escuelas Dignas” o de “Escuelas al Cien”.

En el país existen alrededor de 225 mil 919 planteles distribuidos en toda la República, en los cuales se realizan las actividades de enseñanza-aprendizaje de 25 millones 757 mil 200 alumnos y el ejercicio profesional de 1 millón 211 mil 782 docentes de educación Básica.

La descentralización desde el año de 1992 a las entidades federativas de los servicios educativos, así como de los programas de infraestructura física educativa, además de la dispersión de los subsistemas y la frecuencia y diversidad de eventos relacionados con desastres naturales y de origen humano, han sido causales para disponer de información dispersa, no actualizada e incompleta, con carencias técnicas sobre la INFE nacional, lo que se convierte en un gran obstáculo para la toma de decisiones y la planeación de los programas en materia de infraestructura educativa.

Por esto, una de las estrategias centrales del Inifed es la conformación y actualización permanente del Sistema de Información de la Infraestructura Física Educativa, a partir de la realización, in situ, de levantamientos de las condiciones generales y reales de los planteles educativos, todo lo cual conllevará a contar con un diagnóstico nacional de los inmuebles educativos.

La información que integra este Sistema se recopila mediante convenios de colaboración que permiten que ésta se lleve a cabo entre autoridades en materia de infraestructura física educativa, a través de un ejercicio coordinado por el Inifed para la conformación y actualización del sistema; esta acción concurrente debe permitir la eficaz inversión en la materia y la liberación de recursos para la atención de mayores necesidades sociales.

En 2015 se realizó la contratación y seguimiento de los levantamientos de datos de 77,869 planteles públicos de educación Básica para la conclusión de la etapa inicial del diagnóstico de la INFE, con un porcentaje de levantamiento de datos técnicos (diagnósticos) realizados e integrados al Sistema de Información de la INFE de 29.58 por ciento que, aunado al 31.97 por ciento de los tres ejercicios anteriores al 2015, dio un avance de 61.55 por ciento.

Con estos datos se realizó el levantamiento de necesidades de un módulo informático para la Administración General del estado físico de la INFE, mediante el cual se buscó correlacionar la información de la INFE obtenida de las diversas fuentes disponibles, como son el Diagnóstico realizado por el INIFED, así como información general administrativa y de matrícula obtenida por el SIGED, mediante la Cédula 911, o bien, de los programas de obra realizados por diversas instancias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Sin embargo, en tres años sólo se ha logrado un poco más de la mitad de avance en materia de diagnóstico de la INFE y con la tendencia a la baja en la asignación de recursos en este rubro, en los posteriores ejercicios se presume un limitado alcance de los objetivos y metas esperadas, así como una desactualización de los datos logrados en el periodo 2013-2018.

Así también, los levantamientos técnicos no han sido realizados en las 32 entidades federativas, por lo que la focalización eficaz y eficiente de los recursos disponibles para este rubro no se han implementado con base a los estudios técnicos realizados en las entidades federativas y, por consecuencia, la actualización de datos en el sistema creado para homologar, recabar y programar las acciones de rehabilitación, construcción y mantenimiento de la Infed no se están realizando de manera oportuna y pertinente por las autoridades en materia de infraestructura física educativa

En Nueva Alianza pretendemos que con esta Iniciativa se coadyuve a resolver la problemática de garantizar el derecho a contar con una infraestructura física educativa que potencie el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y el mejor desempeño del personal docente de educación Básica a nivel nacional.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Artículo Único.Se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa ,para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis. El diagnóstico de la infraestructura física educativa deberá ser de observancia general para las autoridades señaladas en el Artículo 5 de esta ley, para la focalización y priorización de atención a la INFE. Asimismo, deberán actualizar oportuna y pertinentemente los datos en el sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la INFE, en el ámbito de sus competencias, optimizando así los recursos disponibles y elevando la calidad de la INFE en los términos que señala esta ley y su reglamento.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El Instituto, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, contará con 180 días naturales para expedir las normas reglamentarias que se deriven por la entrada en vigor del presente Decreto.

Notas

i Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013. Atlas Educativo. Secretaria de Educación Pública e Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 29 de marzo de 2013. Anexo. Inmuebles con escuelas por entidad federativa de administración y tipo de sostenimiento según tipo de construcción.

http://cemabe.inegi.org.mx/

ii Programa Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018, Diario Oficial de la Federación 8 de mayo de 2014, segunda sección, Capítulo I Diagnóstico.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11844/ Programa_INIFE_2014-2018.pdf

iii Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017. Análisis Funcional Programático Económico. Diario Oficial de la Federación.

iv Auditoría Superior de la Federación, Informe General de la Cuenta Pública 2015, Cámara de Diputados, Página 66.

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ ig2015.pdf

v http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf

vi http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/ PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

vii Diario Oficial de la Federación 07/05/2014

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE.pdf

viii Diario Oficial de la Federación 08/05/2014

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11844/ Programa_INIFE_2014-2018.pdf

ix 4° Informe de Labores 2015-2016 Secretaria de Educación Pública. Septiembre de 2016. Anexo Estadístico, pp. 159-163

http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2012_2018/ 4to_informe_de_labores.pdf

x En sitio.

xi Programa Institucional del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 2014-2018. Logros 2015. INIFED. Junio 2016, pp. 9-10

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60462/11pi_inifedL2015.pdf

xii Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de octubre de 2017.— Diputado Jesús Rafael Méndez Salas(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 4 Bis de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, al igual que al artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor siguiente:

Al igual que mis compañeros diputados, siempre me he preocupado por proteger y atender las demandas de todos los mexicanos, con la finalidad de alcanzar un mayor bienestar e igualdad entre nosotros.

El sistema financiero, sus entidades y figuras, no son la excepción en esa revisión constante que como legisladores nos corresponde hacer.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros dispone, que por “ comisión” se entiende “cualquier cargo, distinto a intereses, que independientemente de su denominación o modalidad, una entidad financiera cobre directa o indirectamente a un cliente por la celebración de operaciones activas, pasivas o de servicios, documentadas en contratos de adhesión, incluyendo el uso de medios de disposición.”

Igualmente, por “ medios de disposición” define “las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas pre pagadas bancarias, cheques y ordenes de transferencia de fondos, incluyendo el servicio conocido como domiciliación”.

Por “ operaciones interbancarias en cajeros automáticos” se refiere a “las transacciones que se deriven de operaciones de retiro de efectivo y consulta de saldo, en las cuales la Emisora no es el Operador de Cajeros Automáticos”.

En ese tenor, tenemos que cuando alguna persona realiza una operación interbancaria en cajeros automáticos, a través de un medio de disposición, se le cobra una comisión, atento a lo ordenado por los diversos 4 Bis y 17 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

De acuerdo a información proporcionada por el Banco de México, el 97 por ciento de las transacciones que se realizan en los cajeros automáticos, se realizan con tarjetas de débito; es decir, el cliente dispone en su inmensa mayoría de su propio dinero. Lo que se ha incrementado con el pago de nómina a través de tarjetas de débito, dado que así es más seguro tanto para el trabajador como para el patrón.

Igualmente, la capacidad de red instalada permite, según el Banco de México, que sólo el 10 por ciento de los servicios consumados en un cajero automático sean consideradas operaciones interbancarias.

En la actualidad, no hay un tope por cuanto hace a la comisión que puede cobrarse por una operación interbancaria, sin embargo, de un recorrido que la suscrita realicé tanto en BBV Bancomer, Banamex, Banorte, Santander y Banco del Bajío, puedo señalar que en promedio se retienen 45 pesos por transacción.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa de reforma propone eliminar todo tipo de comisión por disposición de efectivo y/o por consulta de saldo; sin importar si el tarjetahabiente es cuentahabiente directo del operador del cajero automático o no.

El cobro de la comisión se sustenta en que sirve para el sostenimiento de la red y gastos de operación, sin embargo, si tomamos en consideración que tan sólo el 10 por ciento de las transacciones que se realizan en un cajero automático pagan esa comisión, resulta ilógico que con ello se sostenga la misma. En consecuencia, para prestar un mejor servicio y que el tarjetahabiente no se vea menoscabado en su patrimonio, resulta conveniente eliminar tal comisión, ya que con las demás comisiones que se pagan a favor de las instituciones bancarias se sostiene éste tipo de redes.

Las instituciones bancarias deben ser más responsables y proteger a sus consumidores, basta de que siempre sea el cliente quien cargue con todos los gastos.

El artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito reza lo siguiente:

Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, así como las operaciones con oro, plata y divisas, que realicen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria de su pasivo exigible, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Banco de México, con el propósito de atender necesidades de regulación monetaria y crediticia.

Las instituciones de crédito estarán obligadas a canjear los billetes y monedas metálicas en circulación, así como a retirar de ésta las piezas que el Banco de México indique.

Independientemente de las sanciones previstas en esta Ley, el Banco de México podrá suspender operaciones con las instituciones que infrinjan lo dispuesto en este artículo.

En consecuencia, se propone agregar un último párrafo que diga:

“Todo tipo de transacción interna o interbancaria que se realice en cajeros automáticos operados por las diversas entidades financieras a través de tarjetas de crédito o de débito, estará exenta de cualquier cargo o comisión.”

De igual forma, el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en la actualidad dispone:

El Banco de México deberá incorporar, en las disposiciones de carácter general que emita en materia de Comisiones, normas que limiten o prohíban aquéllas que distorsionen las sanas prácticas de intermediación, o resten transparencia y claridad al cobro de las mismas.

En materia de regulación, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a esta Ley, deberán considerar lo siguiente:

I. Las Entidades únicamente podrán cobrar Comisiones que se vinculen con un servicio prestado al Cliente, o bien por una operación realizada por él;

II. Las Entidades no podrán cobrar más de una Comisión por un mismo acto, hecho o evento. Este mismo principio aplicará cuando así lo determine el Banco de México tratándose de actos, hechos o eventos en los que intervengan más de una Entidad Financiera, y

III. Las Entidades no podrán cobrar Comisiones que inhiban la movilidad o migración de los Clientes de una Entidad Financiera a otra.

Asimismo, las Entidades Financieras tienen prohibido cobrar Comisiones a Clientes o Usuarios por los siguientes conceptos:

a) Por la recepción de pagos de Clientes o Usuarios de créditos otorgados por otras Entidades Financieras;

b) Por consulta de saldos en ventanilla, y

c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado.

Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos del artículo 4 de esta Ley.

En ese sentido, propongo agregar un inciso d) al penúltimo párrafo para quedar como sigue:

“ d)Por cualquier operación interna o interbancaria de retiro de efectivo o consulta de saldo, en la red de cajeros automáticos, a través de tarjetas de crédito o de débito.”

Quitar la letra “ y” en el inciso b); agregando una letra “ y” al final del inciso c).

En mérito de lo expuesto se presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 4 Bis de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, al igual que el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Único. Se modifica el artículo 4 Bis de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Primero. Se adiciona un inciso d) al penúltimo párrafo del artículo 4 BIS de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 4 Bis. El...

En...:

I. Las ...

II. Las ...

III. Las...

Asimismo, las Entidades Financieras tienen prohibido cobrar Comisiones a Clientes o Usuarios por los siguientes conceptos:

a) Por...

b) Por ... (y) Suprimir

c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado; y

d) Por cualquier operación interna o interbancaria de retiro de efectivo o consulta de saldo, en la red de cajeros automáticos, a través de tarjetas de crédito o de débito.

Lo...”

Segundo. Se adiciona un último párrafo al artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 48. Las...

Las...

Independientemente...

Todo tipo de transacción interna o interbancaria que se realice en cajeros automáticos operados por las diversas entidades financieras a través de tarjetas de crédito o de débito, estará exenta de cualquier cargo o comisión.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 19 de octubre de 2017.— Diputada Federal Cynthia Gissel García Soberanes(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Alma Carolina Viggiano Austria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

El tema de la violencia contra las mujeres, ha estado presente durante las últimas décadas, pues ahora se ha visibilizado lo que anteriormente se concebía como algo natural “el sometimiento de las mujeres” a cualquier tipo de agresión física, sexual, psicológica, patrimonial, económica solo por mencionar algunas de las formas de manifestación de la violencia. Por ello ha sido urgente en nuestro país implementar acciones que permitan a las mujeres un acceso efectivo a sus derechos, a través de políticas públicas transversales con perspectiva de género, protectoras de este grupo vulnerable (las mujeres víctimas de violencia).

Una de ellas ha sido la creación en México de los Centros de Justicia para las Mujeres, como una instancia especializada mediante la cual, las mujeres y niñas mexicanas pueden acceder a sus derechos tales como: el derecho a la justicia penal y familiar, a la educación, a la salud, al trabajo, y en suma todos aquellos derechos que les permitan acceder a una vida plena en los ámbitos público, privado, social, cultural y político.

Actualmente existen en el país 37 Centros de Justicia para las Mujeres en 25 entidades federativas, cabe destacar que en esta Administración del Presidente Enrique Peña Nieto se han puesto en marcha 31 de ellos, lo cual es digno de reconocimiento pues revela que existe una política pública incluyente en el gobierno federal para este grupo vulnerable de mujeres víctimas de violencia.

Además, estas acciones permiten dar cumplimiento a los dos tratados internacionales más importantes en el tema de derechos de las mujeres de los que México es parte, y que de acuerdo al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conjunto con dicha Constitución conforman la Ley Suprema de nuestra nación, como son la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres conocida por sus siglas como CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer también llamada “Belém do Pará”. La primera relativa a todas las acciones que los estados deben realizar para lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres, por ende la no discriminación de éstas últimas; y la segunda a la forma para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Ahora bien, precisamente en el tema de atención de las mujeres violentadas, y del acceso a la justicia, es menester mencionar que una de las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado Mexicano emitidas en su informe del año 2012, consistió en el fortalecimiento de las medidas u órdenes de protección, consideradas como un mecanismo legal que permite salvaguardar la vida e integridad de la mujer, sus hijas e hijos. Así, literalmente en el punto 16 inciso c) del citado informe se señala como una recomendación a nuestro país: “Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo.”

Es decir, no basta que una mujer acuda a las instancias legales a presentar una denuncia cuando ha sido víctima de violencia, sino que es necesario que las autoridades den una respuesta rápida y efectiva, es decir que sean conscientes de la importancia de emitir una orden de protección que evite su revictimización, pero sobre todo que la proteja contra nuevas agresiones, de ahí la vital trascendencia de que la instancia encargada de ello emita oportunamente una medida de protección, pero además que ésta sea adecuada y pertinente según las circunstancias del caso concreto, y de igual forma que su duración sea acorde al riesgo para la víctima.

Lo anterior implica que debemos realizar un análisis del contenido de nuestros ordenamientos nacionales, a fin de verificar si se encuentran en armonía con el objetivo antes señalado. En ese sentido, cabe mencionar que la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en vigor, regula en el capítulo VI lo concerniente a las órdenes de protección de los artículos 27 al 34, en el cual se establecen los tipos de las órdenes, su duración y las autoridades competentes para su emisión.

Cobra relevancia en este apartado, el contenido del último párrafo del artículo 28, pues este estipula 72 horas como duración máxima de dichas medidas, lo cual a la luz del contenido de las recomendaciones del Comité CEDAW deviene inacertado, pues como ya se precisó, en dichas recomendaciones se estipula como duración de las órdenes de protección “hasta que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo” lo que sin duda no puede acotarse a tres días o 72 horas como actualmente lo estipula la Ley General antes aludida, dado que es un lapso de tiempo muy corto durante el cual es prácticamente imposible decir que ha cesado el riesgo para la víctima, sus hijas e hijos.

Por tanto, se propone reformar el contenido del último párrafo del artículo 28 de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, cuya redacción no permite acceder a las mujeres víctimas de violencia a las medidas de protección efectivas que les permitan garantizar su seguridad, agregando una temporalidad indefinida hasta el cese de las condiciones de riesgo, para quedar como sigue:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

“Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser:

I. De emergencia;

II. Preventivas, y

III. De naturaleza Civil.

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad indefinida hasta que el riesgo haya cesado y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.”

Por otra parte, es de destacarse que las órdenes o medidas de protección no sólo deben tener una temporalidad adecuada, sino también deben ser acordes a las condiciones del caso que permitan que realmente no exista riesgo para la mujer. En ese sentido, deben mencionarse que la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, clasifica las órdenes de protección como: de emergencia, preventiva y de naturaleza civil, para posteriormente en los numerales 29, 30 y 32 describir cada una de ellas de manera limitativa.

Ahora bien, del contenido de tales artículos, se advierte que como medidas pueden imponerse: la desocupación inmediata del agresor del domicilio, la prohibición de acercarse al mismo, de intimidar o molestar a la víctima, el reingreso de la víctima al domicilio, la retención y guarda de armas de fuego del agresor, el inventario de bienes muebles e inmuebles, el uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio a la víctima, el acceso al domicilio por parte de las autoridades policiacas, la entrega inmediata de objetos de uso personal, el auxilio policiaco para la víctima, el acceso a servicios reeducativos integrales, la suspensión temporal del agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, la prohibición del agresor de enajenar o hipotecar bienes, la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió del domicilio, el embargo preventivo de bienes del agresor y la obligación alimentaria provisional e inmediata.

Sin embargo, no se incluye en dichas medidas de protección (que la ley enuncia limitativamente) la suspensión temporal del agresor en el ejercicio de una determinada actividad laboral, lo cual se estima trascendente tratándose de casos de violencia en el ámbito laboral o docente. Es decir, si bien es cierto las medidas de protección contenidas en la Ley General antes mencionada, han sido oportunas y permiten garantizar la seguridad de las víctimas, las mismas se visualizan mayormente a los tipos de violencia dados en el ámbito familiar, quedándonos pendiente la tarea legislativa en torno a los diversos tipos de violencia que no se dan sólo en lo privado, sino también en lo público o comunitario.

A mayor abundamiento, podemos mencionar aquellos casos en los que existe una violencia contra la mujer dentro del sector laboral o docente, en específico concernientes al acoso u hostigamiento sexual, en los cuales el agresor goza de una posición jerárquica superior a la víctima y abusando de la misma, lleva a cabo propuestas sexuales a ésta bajo la amenaza de demeritar sus condiciones de trabajo, incluso de despido, o de causar perjuicio en el resultado académico. En estas hipótesis si bien es cierto pudiera emitirse a favor de la víctima una medida de protección consistente en prohibirle al agresor molestarla o acercarse a ella de las contenidas en la Ley General de referencia; la misma no es lo suficientemente efectiva para asegurar su cumplimiento por parte del agresor y por ende la ausencia de riesgo para la víctima.

Esto es, cuando existe una relación de superioridad del agresor respecto al a víctima, y el hecho de violencia se generó en dicho ámbito, es inaceptable que aquella después de haber presentado una denuncia y durante la etapa de investigación del delito permanezca cercana y bajo la subordinación del agresor, pues evidentemente más que mejorar sus condiciones, la violencia se verá acrecentada y será revictimizada. Por ello, es indispensable que en estos casos, se aplique al agresor una medida de protección consistente en la separación del cargo o la suspensión temporal del ejercicio de la profesión que dio lugar al hecho materia de la violencia.

Lo anterior, permitirá que las mujeres que han sido agredidas en este ámbito, puedan tomar la decisión de acudir a las instancias legales a denunciar los hechos, bajo la certeza de que la presentación de la denuncia no causará ningún perjuicio por parte de su agresor, pues éste durante el tiempo del proceso no tendría ninguna posición de poder sobre ellas.

En ese sentido, la propuesta radica en agregar una fracción V al artículo 29 de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la cual se establezca como tipo de medida u orden de protección la suspensión temporal del agresor de una determinada actividad laboral o profesional, lo cual indudablemente permitirá incluir en el ámbito protector de las órdenes a las mujeres que han sido violentadas en el ámbito laboral o docente, mediante conductas de acoso u hostigamiento sexual; para quedar como sigue:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Primero. Se reforman los artículos 28 y 29 para quedar como sigue:

Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser:

I. ...

...

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad indefinida hasta que la riesgo haya cesado y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Artículo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I....

...

V. La suspensión temporal del agresor del ejercicio de una determinada actividad laboral o profesional.

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Alma Carolina Viggiano Austria,Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Alfredo Bejos Nicolás, Braulio Mario Guerra Urbiola, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Fernando Navarrete Pérez, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, José Hugo Cabrera Ruiz, Liliana Ivette Madrigal Méndez, María de la Paz Quiñones Cornejo, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ricardo Ramírez Nieto, Yulma Rocha Aguilar, Zacil Leonor Moguel Manzur (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Exaltación González Ceceña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, apartado 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece como sujetos de los apoyos, beneficios, bienes, servicios, y de todas aquellas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural, a los ejidos, comunidades y organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

De ahí que esta ley mandata a las autoridades del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, a promover e impulsar la organización y asociación económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, a fin de lograr que los recursos y las acciones de política pública se den de forma más eficiente y equitativa.

La organización y asociación entre productores y demás agentes de la sociedad rural debe darse de forma libre, voluntaria y democrática, de conformidad al derecho de asociación que establece el artículo noveno constitucional y a las recientes reformas a la Constitución que el Estado mexicano actualmente reconoce en otras instituciones y organizaciones de interés público, como son los partidos políticos o los sindicatos, para que guíen su vida interna conforme a los principios de transparencia, democracia, y libertad.

Es sabido que si bien en nuestro país el derecho de asociarse de forma libre y voluntaria se ha respetado, se ha coaccionado el voto en una diversidad de organizaciones, impidiendo a los miembros a elegir libremente sus dirigencias. Lo cual afecta al interior de la organización, toda vez que se perjudica la confianza y el buen clima de trabajo que debe darse para el cumplimiento de sus fines.

Existe tesis jurisprudencial de 2008, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual afirma que con el voto personal, libre, directo y secreto puede comprobarse la voluntad absoluta e irrestricta de cada uno de los miembros, por lo que debe protegerse “la confidencialidad, autenticidad y libertad de su voluntad, evitando influencias externas que puedan hacer variar su decisión y poner en peligro su integridad al ejercer su voto dentro del sistema democrático y de libertad, que es una garantía social íntimamente ligada a las libertades de expresión y asociación, lo que supone que cada persona pueda determinar sin presión, intromisión o suplantación alguna su decisión”.

En la misma tesis, la Corte enuncia los mínimos que deben verificarse en caso de elecciones, siendo pertinentes a todo proceso democrático, aquí una síntesis:

1. Recabar oportunamente un padrón confiable, completo y actualizado de todos los que puedan votar;

2. Asegurarse de que el lugar o lugares en que se celebre el recuento presenten las condiciones físicas y de seguridad mínimas para su desahogo, de manera rápida, ordenada y pacífica;

3. Cerciorarse de que el día de la celebración del mismo se cuente con la documentación y materiales necesarios e idóneos para el desahogo de la votación de forma segura, libre y secreta;

4. Constatar que se prevean con oportunidad los mecanismos para asegurar la identificación plena de las personas que tengan derecho a concurrir al recuento; y

5. Verificar que el cómputo final de los votos se haga de manera transparente y pública.

Como se evidencia en la opinión doctrinal transcrita, así como de la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia relativa a procesos de votación, el voto secreto garantiza que los votantes se vean libres de intimidaciones, señalamientos o intentos por coaccionar el voto.

El derecho electoral reciente, demuestra con sobrada claridad la importancia del voto libre y secreto como un pilar de nuestro sistema electoral y garante de la democracia. Las instituciones y organizaciones de la sociedad que abonan a la democracia deben guiarse en su vida interna conforme a principios democráticos reales, y el voto secreto garantiza precisamente la libertad de los integrantes.

Es de tal relevancia para el estado de derecho y la vida democrática de nuestro país, el incorporar en el marco jurídico mecanismos que garanticen transparencia y democracia en los procesos electivos de dirigentes, como en la toma de decisiones que afecta el funcionamiento y fines de cualquier organización, que resulta indispensable dar certeza a los miembros de que pueden emitir su voluntad sin que medie ningún tipo de presión o vicio.

Lo cual nos confirma la importancia que tiene el voto libre y secreto al interior de las organizaciones, sea la naturaleza jurídica que éstas tengan. Toda vez que expertos en el tema, como Jordi Barrati Esteve refieren que “El hecho de que, en circunstancias muy precisas y determinadas, el voto sea compatible con un procedimiento democrático no implica que su aceptación permita deducir per se la ausencia de coacción”.

Recientemente se aprobó por el Constituyente Permanente una reforma a nuestra Carta Magna que establece un importante precedente para la vida democrática de las organizaciones de cualquier índole, al establecer elementos de garantía constitucional al “voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución de conflictos entre sindicatos”.

En febrero de 2017 se estableció en el apartado A del artículo 123 constitucional que “Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos”.

De ahí que la reforma no puede entenderse desarticulada y los sindicatos no pueden pasar por alto que deberán observar esos principios. Así, sólo existe la posibilidad de que:

(i) La resolución de conflictos entre sindicatos sea mediante el voto de los trabajadores de manera personal, libre y secreto;

(ii) La solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo sea mediante el voto de los trabajadores de manera personal, libre y secreto, y

(iii) La elección de dirigentes sea mediante el voto de los trabajadores de manera personal, libre y secreto.

Como refiere el dictamen de esta reforma constitucional, con esta modificación se pretende dar claridad al texto constitucional y evitar interpretaciones que pudieran apartarlo de lo que nuestra propia Constitución y los instrumentos internacionales establecen al respecto, particularmente a la luz de lo previsto en el artículo primero constitucional y la incorporación de los convenios internacionales sobre derechos humanos al bloque de constitucionalidad.

La ley garantizará el cumplimiento de estos principios, no estando supeditados a ninguna interpretación, condicionante o elemento ajeno a la redacción a adoptar.

De tal suerte que, en estos dos rubros (derechos adquiridos y formas de elección), para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos, sin que puedan ser de otra forma que mediante el voto de los trabajadores de manera personal libre y secreto, reduciendo, por consiguiente las posibilidades de modalidades a aspectos de operatividad, convocatorias, participación, utilización de tecnologías de la información y comunicación, etcétera, que no menoscaben las tres características del voto de los trabajadores: (i) El carácter personalísimo; (ii) La libertad en su ejercicio, y (iii) La secrecía en su emisión.

Es importante considerar que ya el Congreso de la Unión se pronunció a favor de este tema durante la LXII y LXIII Legislatura, con la aprobación del voto libre, secreto y directo en las organizaciones ganaderas, reforma que requiere cumplimentar el correspondiente proceso legislativo. Asimismo, el Congreso del Estado de Guanajuato en septiembre de 2012, estableció en la Ley Ganadera del Estado de Guanajuato “La elección de los dirigentes de las organizaciones ganaderas se hará mediante voto libre, secreto y directo de los integrantes”.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción en esta LXIII Legislatura en congruencia con nuestro pensamiento democrático y con la convicción de que el voto libre y secreto debe garantizarse en los procedimientos de votación de organizaciones de carácter público, es que hemos presentado diversas iniciativas que buscan beneficiar la vida interna de las organizaciones a fin de que exista una democracia efectiva.

En este sentido, esta iniciativa retoma los argumentos esgrimidos en otras propuestas legislativas para plantear esta reforma al artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de que la elección de los dirigentes de las organizaciones se dé con el voto libre, directo y secreto de los miembros, así como que se integre en sus órganos de dirección de manera proporcional al género de los integrantes de la misma.

Esta iniciativa es pertinente con los avances democráticos de nuestras instituciones y organizaciones de interés público, plasmados en nuestra Carta Magna, en diversas leyes federales y generales, e incluso en leyes locales.

Finalmente, estamos seguros que esta propuesta legislativa contribuye favorablemente en la vida interna de las organizaciones, asegura incluir a las mujeres en los órganos de decisión, y sin duda será de gran beneficio para su mejor desarrollo, y por ende, en el avance democrático del país.

Por lo anterior nos permitimos someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Único. Se reforma el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 143.El gobierno federal, mediante mecanismos de coordinación, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente debiendo garantizar el voto libre, directo y secreto de sus miembros en la integración de sus órganos de dirección y de manera proporcional al género de sus integrantes, procurando la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable. Lo anterior, dando prioridad a los sectores de población más débiles económica y socialmente y a sus organizaciones, a través de:

I. a VII. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las organizaciones deberán modificar sus estatutos a fin de establecer disposiciones que garanticen el voto libre, directo y secreto de sus agremiados en los procesos de renovación de sus dirigentes, en un plazo que no deberá de exceder de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma.

Quedarán exceptuadas de este plazo, las organizaciones que en sus estatutos establezcan fechas o tiempos precisos para reformarlos, debiendo cumplir con este decreto en un tiempo no mayor a dos años y/o al cambio de los siguientes estatutos, lo que suceda primero.

Las organizaciones que se encuentren en proceso de renovación de dirigencias al momento de la entrada en vigor de la presente reforma, desarrollarán su proceso interno de elección, en observancia de sus estatutos actuales y los efectos de la reforma de sus estatutos entrarán en vigor en el próximo periodo inmediato de elección de dirigentes.

Tercero. Las disposiciones que garanticen el principio del voto libre, directo y secreto, en los sistemas de elección de los dirigentes de las organizaciones, deberán ser incorporadas en el reglamento de la Ley de Desarrollo Rural, en un término de 90 días, contados a partir de la publicación de la presente reforma.

Notas

1 Se trata de la tesis jurisprudencial 2ª./J. 150/2008, que se encuentra en el Semanario Judicial y su Gaceta, tomo XXVIII, octubre de 2008, página 451. La tesis es referente a los votos para determinar la titularidad del contrato colectivo, pero es igualmente al caso que nos ocupa y, en general, a todo proceso mínimo electoral de asociaciones de carácter público como las organizaciones ganaderas.

2 Barrati Esteve Jordi, “El secreto del voto en el sufragio por Internet”, en Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, volumen I, número 2, julio-diciembre de 2012, página 63.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Exaltación González Ceceña,David Jiménez Rumbo, J. Apolinar Casilla Gutiérrez, Javier Antonio Neblina Vega, Juan Alberto Blanco Zaldívar, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 2, 13 y 29 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

La actualidad demanda que se abran espacios laborales de forma igualitaria para los hombres y las mujeres que acuden a concursar en el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública, ya que este sistema debe ser referente de igualdad de oportunidades basadas en el mérito, pero también garantizar la paridad entre los géneros.

La sociedad actual ha demostrado que las mujeres son capaces no sólo de gobernar, también de administrar de forma eficiente los recursos públicos, sean estos humanos, económicos o materiales.

Por ello, es que se deben de generar las condiciones para tener en la Administración Pública Federal los mejores perfiles, sean éstos mujeres u hombres bajo el marco de la paridad de género.

Argumentos

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política - electoral, garantizando con ello la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular.

Esta reforma fue un parteaguas en la vida política y social de México, ya que permitió introducir a la mujer en la misma condición de competitividad electoral y con ello acceder al poder, así como a la toma de decisiones.

La esencia de aquella reforma reposó en la paridad de género, así como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para competir por cargos de elección popular.

Ahora esta misma situación debe trasladarse a otras esferas de la vida pública, como lo es el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; en espacios dónde el mérito, la capacidad, constante capacitación y evaluación han elevado la calidad de la misma.

En México se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal el 10 de abril de 2003 con el fin de brindarle los mejores perfiles humanos al Gobierno Federal.

El Servicio Profesional de Carrera ha sido implementado en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, en otros.

El Sistema del Servicio Profesional de Carrera está estructurado por los siguientes subsistemas:

• Subsistema de Planeación de Recursos Humanos.

• Subsistema de Ingreso

• Subsistema de Desarrollo Profesional

• Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades

• Subsistema de Evaluación del Desempeño

• Subsistema de Separación

• Subsistema de Control y Evaluación.

El proceso de ingreso al Servicio Profesional de Carrera se basa en las vacantes de la administración pública federal sujetas a concurso público y abierto, se publican en el Diario Oficial de la Federación o en el portal de internet: www.trabajaen.gob.mx, en dicha página los aspirantes se registran e ingresan sus datos curriculares, posteriormente los candidatos que cubren el perfil son convocados a realizar exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades, experiencia y valoración al mérito.

El comité encargado del proceso de selección en cada institución conoce a los aspirantes hasta la etapa de entrevista, en la cual designan a los finalistas para ocupar el cargo.

Se otorga el nombramiento de Servicio Público de Carrera a aquella persona que resulte ganador o ganadora de un concurso de selección, o bien a los servidores públicos de libre designación que se encuentren ocupando puestos del sistema mediante alguno de los siguientes procedimientos:

• Concluir el proceso de certificación de ingresos, con base en el reglamento vigente al momento que lo emprendieron.

• Acreditar el resultado satisfactorio en por lo menos una evaluación anual de desempeño, así como la aprobación de las evaluaciones en desarrollo administrativo y de calidad.

• Resultar ganador en el concurso para ocupar el puesto.

Si bien en lo anterior, referente a los mecanismos procedimentales que se llevan a cabo para seleccionar a los perfiles más adecuados y competitivos para ser inducidos al trabajo a ocupar no se encuentra el problema, considero que ha resultado, hasta ahora, obsoleta la inclusión de los dos géneros de forma equitativa en la ocupación de los puestos a ocupar.

Las estadísticas del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública aportadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera registraron un total de 71, 758 concursos abiertos del 2004 al 31 de julio de 2017.

De la cantidad anterior, en 47,287 se declaró un ganador, mientras que 22, 410 se declararon desiertos y 1,143 fueron cancelados.

Asimismo, en el portal de Internet de Trabaja en, se muestra el registro de ocupación de puestos desde el 7 de septiembre de 2007 hasta el 30 de abril de 2017, de las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

A pesar de que dicha Ley contempla la equidad de género como principio rector, la realidad, así como los datos en ella soportados, nos muestran cómo las mujeres en algunas dependencias y los hombres en otras han tenido acceso limitado a dichos puestos como servidores públicos.

En el siguiente cuadro se hace un conteo histórico del número de personas por dependencia y sexo.

Es notable que, en el histórico de la ocupación por género de las dependencias del Servicio Profesional de Carrera, el hombre, según los datos mostrados, tenga 58% sobre el 42% de las mujeres. Lo anterior, no parece dejar de lado la participación de la mujer en el ejercicio público, sin embargo, soy un ferviente creyente que este porcentaje puede ser igualitario.

Ahora, en términos reales, el histórico también nos muestra que, en el total de hombres y mujeres, los primeros hayan tenido sobre el género femenino 6, 282 servidores públicos más. Claramente, no hay equidad de género en el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

Si bien es de reconocer que, basados en los resultados, por los cuales el género masculino ha obtenido ligeramente más puestos en la Administración Pública Federal que el femenino, y que estos son por el mérito y capacidad, esta lógica no se opone con el argumento equitativo, por el cual los dos géneros puedan obtener la misma cantidad de puestos a concursar en la Administración Pública Federal, ya que la capacidad y la equidad de género se yuxtaponen sin contraponerse.

Se puede contar con el mismo número de mujeres y hombres – en los puestos de concurso – sin que ello signifique no tener a las y los mejor evaluados y capacitados.

Para ilustrar mejor la propuesta se inserta cuadro:

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el que suscribe, Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Único.Se reforman los artículos 2, 13 y 29 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 2. El Sistema del Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de género en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.

...

Artículo 13.

...

I. Subsistema de Planeación de Recursos Humanos. Determinará en coordinación con las dependencias, las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requieran la Administración Pública para el eficiente ejercicio de sus funciones y garantizará en todo momento la equidad de género;

...

Artículo 29.

La selección es el procedimiento que permite analizar la capacidad, conocimientos, habilidades y experiencias de los aspirantes al ingresar al Sistema. Su propósito es garantizar la equidad de género, el acceso de los candidatos que demuestren satisfacer los requisitos del cargo y el ser lo más aptos para desempeñarlo.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.— Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 8o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Sin duda alguna la presente legislatura pasará a la historia por los cambios legislativos que se dieron ya en materia de cultura.

Cuando se expidió la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, publicada el 3 de septiembre de 1999, el artículo 39 consideraba en la fracción VII la Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología. Para el Legislativo se justificaba la fusión, toda vez que la entonces Secretaría de Educación Pública a cargo del licenciado Miguel Limón Rojas, la dependencia tenía a su cargo todo el sector educativo, la investigación científica y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que había sido creado en 1988 para coordinar a todas las instituciones que conformaban el subsector cultura. Sin embargo, en opinión de algunos promotores culturales, englobar estas materias en una sola comisión implicaba un retroceso, ya que la esta Ley abrogaba la anterior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1979, en cuya reforma del 20 de julio de 1994, artículo 43, se señalaban 42 comisiones entre las cuales se incluían de manera independiente las de Artesanías, Indígenas, Ciencia y Tecnología, Cultura, Derechos Humanos, Educación, Radio, Televisión y Cinematografía.

La reacción no se hizo esperar y trece meses después, el 9 de octubre de 2000, hubo una reforma a la Ley Orgánica para cambiar sustantivamente la conformación de las Comisiones de trabajo en el Congreso.

La iniciativa se derivó de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que consideró que en el artículo 26 constitucional ya se disponía que el Estado tenía que organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que observara la democratización política, social y cultural de la nación.

Asimismo, señalaba que la planeación tenía que ser democrática, con la participación de los diversos sectores sociales para recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad, mismas que se debían incorporar al Plan y a los programas de desarrollo, por ello se justificaba la separación de las comisiones en el Legislativo.

La iniciativa hacía una mención muy enfática en que la Ley de planeación de enero de 1983 ya contemplaba las normas y principios básicos para llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo tendiendo a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando el fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural. La decisión de dividir las comisiones también fue influida por la Cumbre Extraordinaria del Mecanismo de Tuxtla, que tuvo lugar en El Salvador, el 15 de junio de 2001, cuando se acordó constituir el Plan Puebla-Panamá para potenciar la región Mesoamericana, en un marco de desarrollo sustentable que consideró el respeto a la diversidad cultural y étnica.

Derivado de este cambio en la percepción en el papel de la cultura, la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura acordó que era procedente que la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología se dividieran en tres quedando de la manera siguiente: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; Comisión de Cultura; y, Comisión de Ciencia y Tecnología.

La diferenciación de la Comisión de Educación y Servicios Educativos y la creación de la Comisión de Cultura, fue por dos motivos. Primero a partir del precedente de ya existía como comisión autónoma antes de la reforma de 1999, y en segundo lugar por la amplitud administrativa y operacional de la Secretaría de Educación Pública por la significación y repercusiones del artículo 3º constitucional, así como la profundización de la descentralización educativa. Por supuesto, no se soslayaron las opiniones de los creadores con relación a la necesidad de asegurar un tratamiento especializado a las materias educativa y cultural y a su trascendencia en todos los ámbitos, ya que el tema cultural fue adquiriendo mayor relevancia, enfatizando el carácter orientador de la cultura como un factor de integración nacional que debía ser cuidadosamente preservado sin riesgo de atomización regional y de etnocentrismo pulverizante.

Además de lo anterior, se tomaron en cuenta los organismos de promoción y difusión cultural y su forma de operar paralelamente a las cuestiones educacionales, por lo que la Cámara de Diputados debía tener la posibilidad de un tratamiento directo e inmediato con cada uno de los sectores, buscando hacer ágil y fluida la interlocución con la ciudadanía, sobre todo si consideramos las posibilidades de una revisión legislativa integral al respecto.

Derivado del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se presentó la iniciativa que reformó la Ley Orgánica del Congreso y la Comisión de Cultura funcionó como tal hasta la Legislatura LXII, cuando se hace el análisis de que al abrogarse la Ley de la Industria Cinematográfica y se crea el IMCINE, sectorizado a cultura, había un retraso en cuanto a la competencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el Congreso. Posteriormente y derivado de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones del 11 de junio de 2013 y la abrogación la Ley Federal de Telecomunicaciones, se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso y se reorganizan las Comisiones quedando por un lado la Comisión de Radio y Televisión en vez de la de Radio, Televisión y Cinematografía y por otro la de Cultura y Cinematografía en vez de la de Cultura.

Este último cambio queda plenamente justificado al crearse la Secretaría de Cultura el 17 de diciembre de 2015 a partir de la iniciativa del Ejecutivo Federal para fortalecer el sector, al menos administrativamente, aunque en los hechos el presupuesto de egresos de la federación para el 2017 redujo de manera sustantiva lo presupuestos de cultura en poco más de 5 mil millones.

Esta reducción trajo como consecuencia la necesidad de que el Legislativo cumpliera con una demanda de creadores y artistas para que el Sector Cultura contara con un marco jurídico, ahora con mayor razón, ya que se creó una nueva dependencia sin contar con una Ley en la materia.

La Comisión de Cultura y Cinematografía organizó una serie de foros que se llevaron a cabo durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Legislativo y obtener las propuestas de los diversos sectores que conforman el Sector Cultura.

Con las conclusiones de los foros, la propia Comisión de Cultura y Cinematografía convocó a un grupo de especialistas que denominó “grupo redactor” que a lo largo de dos meses de trabajo analizaron una propuesta que les que entregada por la propia Comisión, otras propuestas presentadas con anterioridad en la Cámara de Diputados, así como aportaciones de cada uno de ellos con base en su expertisse personal. El resultado fue un “documento orientador”, que serviría como base para la iniciativa que los legisladores, con base en las facultades que les confiere la Constitución discutieran en su momento.

De manera simultánea, el Senado de la República trabajó tres iniciativas presentadas en los dos últimos años. Ambas Cámaras acordaron trabajar en Conferencia, tal como lo prevé la normativa para el Congreso de la Unión y el resultado fue el dictamen que se presentó finalmente se votó en ambas cámaras para expedir la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual propongo reformar con la presente iniciativa.

El conciliar dos conceptos diferentes de cultura, por un lado la concurrencia y por otro los derechos ciudadanos, trajo como consecuencia que el dictamen del Senado adolezca de algunas precisiones y, como todo documento, ley o precepto, es perfectible.

La presente reforma surge a partir de las demandas de diversos sectores para establecer de manera clara lo relacionado con el vale de cultura señalado en el artículo 8 de la Ley en comento, toda vez que después de la reducción presupuestal que sufrió el sector cultural resulta inconsistente la creación de un vale de cultura cuando en el artículo quinto transitorio de la Ley General que se publicó en el Diario Oficial de la Federación apenas el 16 de junio de este año, señala de manera expresa lo siguiente:

Quinto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley, así como las modificaciones a las atribuciones conferidas o a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, deberán cubrirse, con cargo al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes del Ramo Administrativo 48 “Cultura”, debiendo realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, toda vez que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto regularizable de dicha dependencia.

En mi opinión, este artículo, por su carácter transitorio se refiere de manera exclusiva al presupuesto del 2017, de manera que se hace necesario que la Cámara de Diputados considere las implicaciones del ordenamiento que se establece en el artículo 8 para contemplar las necesidades financieras que implica la creación de ese vale de cultura.

Además de lo anterior, es pertinente también considerar los argumentos que expuso la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, ante la Comisión Permanente el pasado 16 de agosto ante la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente en una reunión de trabajo convocada de manera específica para plantear ante legisladores lo relacionado con los vales de cultura, materia también de la presente iniciativa. En dicha reunión la Secretaria señaló que los vales de cultura a que se refiere el artículo 8 de la Ley tenían el riesgo de convertirse en un recurso asistencialista que no subsanaría la atención a la población en situación de vulnerabilidad y que ella consideraba que lo mejor era dirigir los programas de cultura a esa población para dar cumplimiento a la preocupación de los legisladores. Por otro lado, la eventual distribución de vales en zonas de vulnerabilidad social estaría sujeta a la ausencia de oferta para su uso en las poblaciones que en su momento señalen las instancias competentes.

En congruencia con lo señalado en su párrafo anterior, Para ello señaló cuatro ejes:

• Cultura en tu comunidad;

• Cultura a tu alcance;

• Cobertura nacional; y

• México es cultura.

De acuerdo con el planteamiento de la Secretaria García Cepeda, el desarrollo de estos cuatro ejes en programas y acciones dirigidos a la población en situación vulnerable, podría ser más efectivo y contundente para atender las necesidades de un sector de la población que tiene poco o nulo acceso a servicios culturales. Sin embargo, existe el riesgo de distraer otras áreas de cobertura y acciones que tiene ya establecidas la Secretaría para poder contar con los recursos suficientes para abarcar a la población en condiciones de igualdad y equidad social.

Es por ello y considerando que en el 2017 el paquete económico implicó una reducción de más de cinco mil millones de pesos para la cultura, la presente iniciativa plantea que la Cámara de Diputados debe considerar las necesidades planteadas en el artículo 8 y la propuesta de la Secretaría como alternativa para que la población tenga acceso a un derecho humano señalado en nuestra Constitución y en los acuerdo internacionales suscritos por México en la materia.

Por lo anteriormente expuesto se propone añadir un párrafo tercero dos párrafos al artículo 8 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere lo conducente en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. La adición de un cuarto párrafo al mismo artículo pretende señalar con precisión que el vale a que se refiere ese artículo de ninguna manera podrá considerarse dentro de las prestaciones consideradas en las Condiciones Generales de Trabajo, que la Secretaría de Cultura haya convenido con sus respectivos grupos de trabajo.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de asta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 8 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Único. Se adicionan dos párrafos al artículo 8 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para quedar como sigue:

Artículo 8.La Secretaría de Cultura coordinará y promoverá el programa de asignación de vales de Cultura con la participación del sector social y privado, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, para incrementar el acceso a la cultura de los sectores vulnerables.

La Secretaría de Cultura podrá aplicar acciones y programas de cultura de manera supletoria al programa de vales para poder atender a los sectores señalados en el párrafo anterior de manera ordenada y sistemática.

La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá contemplar la suficiencia con cargo al presupuesto de la Secretaría de Cultura para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Cultura deberá emitir los lineamientos para la asignación de los vales señalados en el artículo 8 de esta Ley dentro de los treinta días posteriores a la publicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.— Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 423 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Paloma Canales Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Paloma Canales Suárez y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 423 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente:

Si bien el tema de los derechos de los niños y niñas ha adquirido amplia relevancia y consenso internacional, muchas de las prácticas que atienden a aspectos culturalmente aceptados no se han erradicado y muchas de ellas se aprecian por la sociedad como prácticas necesarias e inclusive justificadas por valores tan esenciales como lo son la “educación o formación de un menor de edad”. Éste es el caso de los castigos corporales, mismos que durante miles de años se han visto como medio indispensable para la formación y disciplina que un padre debe dar a sus hijos y como parte del modelo educativo institucional o en su caso correctivo. Quién no recuerda la frase “la letra con sangre entra”. La mayoría de las personas que nacimos y vivimos en el siglo XX y el actual siglo XXI, cuando niños y/o niñas experimentamos, ya sea en la casa, escuela u otra institución, un castigo como medida disciplinaria correctiva de nuestras acciones. En muchos casos esta medida fue de carácter corporal, ya sea mediante una nalgada, bofetada o inclusive el famoso cinturonazo, la falta de alimento u otras prácticas más severas. Frente a ello, y siendo que la mayoría de las personas han pasado por dicha experiencia, es que se percibe como práctica tolerada o aceptada en nuestra sociedad. Sin embargo, pocas veces nos cuestionamos el verdadero significado detrás de dichas prácticas o agresiones y cómo éstas impactan en una cultura de violencia sembrada desde la infancia, contraria a la dignidad humana y que se refleja en nuestra muy violenta sociedad.

En particular, el experto independiente de la ONU para el estudio de la violencia contra niños ha manifestado que la disciplina ejercida como castigo corporal es percibida como algo normal y necesario, especialmente cuando no produce daños físicos visibles o duraderos.

Una parte importante de la violencia que se ejerce contra niños y niñas permanece invisible y no registrada. Al respecto, Mary Robinson, anterior Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó que ninguna forma de violencia, incluyendo la violencia física, sexual o psicológica, puede ser justificada alegando que se hizo, pensando en el interés superior del niño.

Una de las primeras iniciativas para erradicar la práctica del castigo corporal surgió desde los años 70 con el eslogan: “Las personas no son para golpear y los niños son personas también” inició diversas medidas educativas para erradicar esta práctica y siendo que legalmente estaba permitido el castigo corporal por los padres, adecuó medidas legislativas para su prohibición, obteniendo resultados significativos para los años 60. La Convención de Derechos del Niño de la ONU de 1989 fue el primer instrumento internacional que requirió protección de la infancia contra todas las formas de violencia física o mental (artículo 19). Posteriormente, el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado la Convención en el sentido de la prohibición del castigo corporal, inclusive en el ámbito familiar. Asimismo, dicho Comité se pronunció al respecto desde su Observación General número 1, sobre “Los Propósitos de la Educación” (2001). Posteriormente, en 2006 el Comité emitió su Observación General número 8 (OG-8), sobre “El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes”. Frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han presentado diversos casos referentes a la abolición del castigo corporal en escuelas, el hogar y otras instituciones, así como en el sistema penal de corrección juvenil. En el marco regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por medio de su Relatoría de la Infancia y mediante diversos informes de países ha evidenciado esta práctica en el continente americano.

En este sentido, la CIDH decidió someter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de opinión consultiva (Solicitud OC/castigo corporal niño/as), argumentando además, que no había ningún caso pendiente ante ésta y por tanto la Corte se podría pronunciar al respecto.

No obstante, la Corte estimó innecesario entrar a dar respuesta a la consulta por considerar que ésta podía desprenderse del corpus jurisprudencial de la Corte IDH y otros instrumentos internacionales. No obstante, recogió en su Resolución algunos estándares internacionales en el sentido de la protección a los niños y niñas contra toda forma de violencia.

Necesidad de prohibir el castigo corporal

Todos tienen derecho a que la ley los proteja contra golpes y daños físicos, independientemente de dónde están, quiénes son y cuáles son sus circunstancias. Para los niños –que son los ciudadanos más vulnerables y menos independientes, y los más susceptibles a sufrir agresiones–, éste es un derecho cuyo ejercicio no es fácil. En numerosas sociedades la creencia de que el castigo físico y otras sanciones humillantes son necesarios para “inculcar disciplina” está muy difundida.

Algunas personas incluso consideran que el empleo de castigos violentos en la crianza y educación de los niños es un imperativo religioso. Sin embargo, ver a los niños como seres humanos por derecho propio –y que por tanto sus derechos humanos se deben proteger de la misma manera que se protegen los derechos humanos de personas adultas– implica que el castigo corporal y otras violaciones de su integridad física y dignidad humana no tienen justificación.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y otros órganos internacionales y regionales han explicado claramente que el castigo corporal de menores en todas sus formas debe ser prohibido y eliminado, incluso en el seno familiar. La cuestión del castigo corporal se ha planteado –en varios casos repetidamente– en los exámenes periódicos de cada país latinoamericano realizados por los órganos de Naciones Unidas responsables de velar por el cumplimiento de tratados internacionales. A la mayor parte de esos estados también se les ha recomendado prohibir el castigo corporal tras considerar su conformidad con los tratados suscritos en el campo de los derechos humano durante los Exámenes Periódicos Universales.

La protección de la ley contra el castigo corporal en todas sus formas es un derecho intrínseco. La prohibición es también fundamental para poder respetar los derechos del niño a la salud, al desarrollo y a la educación. La mala salud mental en la niñez y en los años adultos está asociada con haber sufrido castigos físicos o denigrantes en la infancia.

El castigo físico está asociado a un mayor grado de agresividad y conducta antisocial en la niñez y una mayor probabilidad de perpetrar, sufrir y aceptar la violencia en los años adultos. El castigo corporal daña las relaciones familiares y lejos de enseñar a los niños cómo portarse bien, genera miedo y resentimiento, lo cual disminuye la posibilidad de que aprendan las reglas de convivencia en sociedad.

A continuación, me permito incluir varios aspectos importantes contenidos en el Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatoría sobre los derechos de la niñez, de 5 de agosto de 2009.

Definiciones

A. El niño en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos no define el término niño.

Por tanto, conforme lo prevé el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aplica el concepto establecido en el derecho internacional, concretamente en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada en 1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que define como niña, niño o adolescente a “todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

En virtud de lo anterior, la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos han establecido que la definición de niña o niño se sustenta en lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte Interamericana precisó en su Opinión Consultiva 17 que el término niño “abarca, evidentemente, las niñas, niños y adolescentes” y que, tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por “niño” a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad.

B. Castigo corporal

La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño que, en su Observación General número 8 adoptada en el 2006, definió el castigo “corporal” o “físico” como “todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños (‘manotazos’, ‘bofetadas’, ‘palizas’), con la mano o con algún objeto -azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc-. Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante”. La definición planteada por el Comité de los Derechos del Niño contiene dos elementos que permiten distinguir claramente el castigo corporal del maltrato o los malos tratos. En tal sentido, se observan dos elementos: uno subjetivo y otro objetivo. El primero consiste en la intención de corregir, disciplinar o castigar el comportamiento de la niña, niño o adolescente. El segundo elemento de carácter objetivo se configura con el uso de la fuerza física. La convergencia de estos dos elementos configuran al castigo corporal como una práctica que vulnera los derechos humanos de los niños.

Adicionalmente, el Comité observó que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles con la Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se “menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”. Sobre la Observación General número 8 del Comité de Derechos del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que ésta tiene “el objetivo de orientar a los Estados acerca de la interpretación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de eliminar la violencia contra los niños. En este sentido, definió los conceptos de ‘castigo corporal’ y ‘otras formas de castigos crueles o degradantes’, indicando que ambos son incompatibles con dicha Convención, ya sea que éstos se ejerciten en el hogar, la familia o cualquier otro entorno”.

El interés superior del niño en las obligaciones especiales de protección de los Estados contra actos de violencia

El artículo 19 de la Convención Americana establece que: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que por su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Este artículo define una esfera de protección de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes que conlleva la existencia de obligaciones especiales, complementarias y adicionales de protección a cargo de los Estados. La protección especial se funda sobre el reconocimiento de que los Estados deben tomar medidas positivas y preventivas teniendo en cuenta las condiciones especiales del niño; vale decir, la vulnerabilidad a la que está expuesto el niño y su dependencia de los adultos para el ejercicio de algunos derechos, el grado de madurez, su desarrollo progresivo y el desconocimiento de sus derechos humanos y de los mecanismos de exigibilidad que no permite ubicarlo en una situación similar a la de los adultos y por tanto justifica la adopción de medidas especiales.

El Comité de Derechos del Niño en la Observación General número 8 ha señalado que la interpretación de lo que se entiende por el interés superior del niño debe ser compatible con toda la Convención, incluidos la obligación de proteger a los niños contra toda forma de violencia. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la CIDH observa que la utilización del castigo corporal de niñas, niños y adolescentes, además de ser contrario al respeto de los derechos humanos, expresa una concepción del niño como objeto y no como sujeto de derechos, que los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales deben revertir.

En la misma dirección, la Comisión considera que, a partir de la doctrina de la protección integral, sustentada en la misma Convención sobre los Derechos del Niño, por interés superior del niño debe entenderse la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos. En otros términos: todas las decisiones que en la familia, la sociedad, o el Estado afecten a una persona menor de dieciocho años de edad tendrán que tener en cuenta, objetiva e indefectiblemente, la vigencia efectiva de la integralidad de tales derechos. Así lo ha entendido la Corte Interamericana al afirmar que,

(...) la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

La protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado precisar las medidas que adoptara para atender ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindar protección a los niños que forman parte de ella.

La Corte Interamericana ha señalado que “la Convención sobre los Derechos del Niño establece altos estándares para la protección del niño contra la violencia, en particular en los artículos 19 y 28, así como en los artículos 29, 34, 37, 40, y otros, [...] tomando en cuenta los principios generales contenidos en los artículos 2, 3 y 12”.

Del conjunto de disposiciones precedentes, se desprende que desde la perspectiva del interés superior del niño y el corpus juris, los Estados, las sociedades y la familia deben prevenir y evitar por todos los medios posibles, toda forma de violencia, incluidos los castigos corporales, y otras prácticas tradicionales nocivas para la integridad personal de los niños en todos los entornos. La incorporación de los principios fundamentales en materia de niñez que se encuentran consagradas en el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, como son: el principio de no discriminación, el principio de participación, el principio del desarrollo y supervivencia del niño y el principio del interés superior del niño están presentes en las decisiones adoptadas en el sistema regional. A modo ilustrativo, cabe mencionar que una de las primeras referencias al principio del interés superior del niño en las decisiones de la Comisión, se encuentra en su Informe Anual de 1997, en el cual estableció que en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño.

Teniendo en cuenta el interés superior del niño y las obligaciones estatales que de éste derivan, en otros casos contenciosos y asuntos relacionados con medidas provisionales la Corte ha ordenado la adopción de medidas dirigidas a proteger la integridad psicológica de niños a fin de evitar daños irreparables. Así, ha reiterado la necesidad de que los Estados adopten medidas especiales de protección desde el principio del interés superior del niño a fin de que alcancen una vida digna; y ha entendido que esta protección especial “debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad”.

Resumiendo, conforme a la doctrina internacional establecida en materia de niñez, que se sustenta en las necesidades y el principio del interés superior, los Estados tienen la obligación de “tomar todas las medidas positivas que aseguren [la] protección a los niños contra malos tratos [castigo corporal y otros tipos de violencia], sea en sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las relaciones interindividuales o con entes no estatales” a fin de asegurarles el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos.

Las obligaciones del Estado de respetar y hacer respetar los derechos humanos de los niños en las relaciones entre particulares.

Estudios realizados sobre el tema de castigo corporal y su impacto en las niñas, niños y adolescentes permiten comprobar que esta práctica es aceptada y tolerada en la mayoría de las regiones del mundo como una manera de disciplina y control sobre los niños de parte de los adultos responsables de su cuidado y protección. Así, por ejemplo, en el Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños, preparado por el experto independiente de las Naciones Unidas, en el 2006, se muestra que la disciplina ejercida mediante castigo corporal, con frecuencia se percibe como algo normal y necesario, especialmente cuando no producen daños físicos “visibles” o “duraderos”. Dicho estudio afirma que sólo una pequeña proporción de casos de violencia contra los niños y las niñas son reportados e investigados. El estudio muestra además, que sólo 2 por ciento de las niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo están protegidos frente al castigo corporal en el hogar, 4 por ciento de los niños cuenta con protección en instituciones de cuidado alternativo, 42 por ciento tiene protección frente al castigo corporal cometido en las escuelas, 42 por ciento está protegido contra el castigo corporal impuesto como resultado de una sentencia mientras que el 81 por ciento de los niños tiene protección frente al castigo corporal impuesto como parte del sistema de privación de libertad al cual se encuentran sometidos los niños infractores de la ley penal.

Los tribunales nacionales y los órganos de supervisión internacional de los derechos humanos han subrayado la importancia de la naturaleza erga omnes de las obligaciones de los Estados de respetar y hacer respetar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener una protección especial incluso en el ámbito privado. En este sentido, la jurisprudencia nacional e internacional establece claramente que los Estados deben supervisar la prestación de servicios de interés público, como la salud o la educación, cuando son prestados por personas privadas. Esta obligación de supervisión tiene una importancia fundamental cuando se trata de supervisar los servicios que brindan instituciones públicas o privadas que tienen a su cargo la protección, guarda, cuidado y educación de las niñas y los niños para que ellos no sean sometidos a castigos corporales.

Para mayor abundancia, es preciso destacar que en la Opinión consultiva 17, la Corte afirmó que debe existir un balance justo entre los intereses del individuo y los de la comunidad, así como entre los del menor y sus padres. Asimismo señaló que la autoridad que se reconoce a la familia no implica que ésta pueda ejercer un control arbitrario sobre el niño, que pudiera acarrear daño para la salud y el desarrollo del menor.

En vista de los pronunciamientos de la Corte, la CIDH sostiene que en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de la protección de los niños, los Estados deben asegurar que los derechos que ejercen los padres, tutores y otras personas responsables del cuidado y educación de las niñas, niños y adolescentes no impliquen un desconocimiento de los derechos de los niños.

De tal modo que es posible sostener en forma taxativa, que un Estado que permite o tolera que los particulares sean padres, profesores u otros adultos responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes hagan uso del castigo corporal como método de disciplina, pudiera incurrir en responsabilidad internacional en razón del incumplimiento de sus obligaciones de prevenir y garantizar el goce y ejercicio del derecho a la integridad personal y a una vida digna libre de violencia para todas las personas menores de 18 años.

El castigo corporal de niñas, niños y adolescentes y la institución de la patria potestad

El castigo corporal aplicado por los padres y otros miembros de la familia para corregir y disciplinar a las niñas, los niños y los adolescentes es una práctica extendida en el mundo. Varios estudios realizados y las declaraciones hechas por las propias niñas, niños y adolescentes en el curso de las consultas regionales previas a la elaboración del Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños de las Naciones Unidas, subrayan el daño físico y psicológico que estos sufren como consecuencia del castigo corporal. En este sentido, cabe recordar que tal como se constata en el Estudio Mundial sobre Violencia, la familia puede devenir en un lugar peligroso para las niñas, los niños y los adolescentes y este es uno de los medios que plantea los más serios desafíos en la lucha contra las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

A modo ilustrativo, resulta pertinente subrayar que la mayoría de los Estados miembros de la OEA aún no han adoptado medidas específicas para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la aplicación del castigo corporal como método de disciplina. Tal omisión se evidencia en que la mayoría de los Estados del hemisferio aún cuentan con disposiciones legales que en forma ambigua o explícita permiten a los padres corregir y castigar moderadamente a los hijos. Si bien es cierto, varios Estados de la región cuentan con leyes que establecen sanciones al ejercicio indebido de la patria potestad, que consisten en limitaciones o restricciones que son impuestas a los padres en caso pongan en peligro la integridad personal de sus hijos, sólo resultan aplicables cuando los castigos son inmoderados o excesivos. Al respecto, es necesario destacar que no se propone que se sancione o penalice a los padres, en su lugar busca que los Estados, en cumplimiento de su obligación de prevenir y de actuar con diligencia debida, promuevan el fortalecimiento de la familia y de las instituciones familiares a través de la adopción de medidas que erradiquen el uso de la violencia de cualquier índole en el ámbito privado, como son en la familia y en la escuela. El escenario que predomina en la mayoría de los Estados del Hemisferio configura un ámbito de permisibilidad y aceptación legal para la aplicación de castigos que no son ni excesivos ni inmoderados.

Tal situación ha sido motivo de preocupación y pronunciamiento de parte del Comité de Derechos del Niño, el cual ha recomendado en forma constante a todos los Estados americanos que han presentado sus Informes periódicos, la adopción de una “ley que prohíba explícitamente la aplicación de Castigos Corporales en el hogar, en las escuelas y en otras instituciones”.

En esta línea, los vacíos y las deficiencias legislativas que existen en el derecho nacional de los Estados miembros de la OEA en relación a los derechos y las facultades que se atribuyen a los padres respecto de sus hijos en materia disciplinaria evidencia la necesidad de que la Corte oriente a los Estados sobre la forma como regular la institución de la patria potestad.

La CIDH reconoce que la patria potestad es una institución fundamental en el derecho de familia que ha sido reconocida en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Al respecto, la CIDH considera que la autoridad parental debe ser interpretada en relación con la indivisibilidad de los derechos humanos para asegurar la protección de los derechos del niño. En este sentido, se estima necesario que la regulación sobre esta materia en el derecho interno de los Estados Miembros debe estar en consonancia con el respeto de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes.

Cabe subrayar que el ejercicio inadecuado de la patria potestad puede conllevar la vulneración de distintos derechos humanos de las niñas y niños que trascienden el derecho a la integridad personal. Por ello, la interpretación respecto al artículo 19 debe tomar en cuenta el artículo 5 de la Convención Americana e interpretados a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de que los Estados establezcan una regulación adecuada de esta institución de conformidad con el principio del interés superior del niño y las medidas que deberá adoptar para prestar asistencia a los padres y dar cumplimiento a los estándares internacionales sobre derechos humanos.

La indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos debe reflejarse en toda medida que adopten los Estados, dado que la violación de algunos derechos puede implicar la vulneración de otros derechos humanos.

Por tanto, la CIDH sostiene que las legislaciones que permiten a los padres utilizar el castigo corporal para corregir en forma “moderada” o “razonable” a sus hijos no se adecua a los estándares internacionales aplicables a la institución de la patria potestad y por tanto, no garantizan protección adecuada de los niños contra el castigo corporal.

Medidas destinadas a la erradicación del castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes

Tal como se ha señalado previamente en este documento el cumplimiento de las obligaciones de respetar y de garantizar asumidas por los Estados para la protección de las niñas, niños y adolescentes contra el castigo corporal, exige medidas de toda índole, cuyo objetivo debe ser la erradicación absoluta de esta práctica. En ese sentido, puede percibirse que existe un consenso en la comunidad internacional respecto al carácter imperioso que tiene la prohibición legal del castigo corporal contra los niños. Sin embargo, la prohibición legal debe ser complementada con medidas de otra naturaleza, ya sean, judiciales, educativas, financieras, entre otras, que en conjunto permitan erradicar el uso del castigo en la vida cotidiana de todos las niñas, niños y adolescentes.

a) Medidas legislativas

Por medidas legislativas dirigidas a proteger a los niños contra el castigo corporal, la Comisión comprende tanto la derogación de normas que explícitamente autorizan la práctica del castigo corporal a personas menores de 18 años; como la eliminación de criterios de “corrección moderada” que aún en muchos países forman parte de las regulaciones correspondientes a la institución de la patria potestad; así como la adopción de normas que explícitamente prohíban el castigo corporal.

La Corte Interamericana ha sostenido que, una de las obligaciones del Estado para proteger a los niños y niñas contra los malos tratos se refiere a la adopción de medidas positivas. Además, la Corte ha considerado que “si los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances”. En el mismo sentido, el Tribunal ha señalado en varios casos que el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes: por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que violen las garantías previstas en la Convención, y por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia de dichas garantías. Más aún, esta adopción de medidas se hace necesaria cuando hay evidencia de prácticas contrarias a la Convención Americana en cualquier materia.

Por otra parte, es imperativo que los Estados prohíban explícitamente el castigo corporal, en particular, por dos razones. Uno porque visibiliza el reconocimiento de la práctica de castigo corporal como una forma de violencia y una violación de derechos humanos, la cual tiene un efecto absoluto en la conducta de los agentes públicos y segundo porque sin bien el objetivo de la prohibición no es penalizar la conducta de los padres en el ámbito privado; lo importante es reconocer que la prohibición legislativa constituye un referente para la actuación de los operadores jurídicos encargados de implementar el derecho interno a fin de asegurar protección cuando se trata de casos de personas menores de 18 años que alegan ser víctimas de castigo. Asimismo, la experiencia de otros países que ya siguieron el proceso de lucha contra el castigo corporal contra niños permite argumentar a favor de la necesidad de contar con una prohibición explícita de esta forma de violación de los derechos humanos de los niños.

b) Medidas educativas

Teniendo en consideración que el castigo corporal como método de disciplina de niñas, niños y adolescentes es una práctica legitimada en varias sociedades del Hemisferio, resulta imprescindible educar a los adultos responsables del cuidado de niños; así como, a las personas menores de 18 años tanto en el ámbito de derechos y mecanismos de protección con enfoque de derechos del niño y en relación a los métodos de disciplina que no se sustenten en el uso de la violencia por mínima que ésta sea.

En este ámbito son fundamentales las campañas para concientizar a las sociedades sobre el no uso del castigo corporal y en su lugar, promover el conocimiento y utilización de medidas de disciplina no violentas. Las campañas de educación pública resultan críticas para desarrollar un entendimiento acerca de las consecuencias negativas del castigo corporal y la necesidad de crear programas preventivos, incluyendo programas de desarrollo familiar, que promuevan formas positivas de disciplina.

A la luz del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, la CIDH exhorta a los Estados para que promuevan formas de disciplina no violentas y respetuosas de los derechos del niño que ayude a los niños a alcanzar exitosamente sus objetivos, proporcionándoles la información adecuada y apoyando su desarrollo como seres humanos. La CIDH considera que esta nueva forma de aprendizaje debe sustentarse en el reconocimiento de la niña, niño y adolescente como sujeto pleno de derechos y el respeto de su dignidad. Por tanto, bajo esta conceptualización, no se admite ningún método que afecte o vulnere de modo alguno los derechos de las personas menores de 18 años. Exige sin duda un aprendizaje mutuo entre padres, adultos y personas menores de 18 años; el cual tiene particulares desafíos en tanto se trata de enseñar esta nueva conceptualización de disciplina a adultos que en la casi totalidad de los casos fueron disciplinados mediante el uso de castigos corporales.

c) Otras medidas para promover la erradicación del castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes

Además de las medidas legislativas y educativas, la erradicación del castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes exige la acción del Estado en forma integral. Sobre este punto conviene precisar, que la Comisión no pretende agotar en esta sección la diversidad de medidas que podrían ser de utilidad para la creación de una política del Estado orientada a la erradicación del castigo corporal. No obstante, es posible enunciar algunos ámbitos en los cuales sería necesaria una acción inmediata del Estado como son: salud, justicia, seguridad interna, entre otros.

En ese aspecto debe tenerse presente que las distintas formas de violencia, aunque sean leves, generan problemas de salud pública que al no ser atendidos adecuadamente pueden generar impactos negativos tanto en la vida social como en el desarrollo personal de los individuos. Frente a ello, resulta recomendable que los Estados reconozcan que el uso del castigo corporal como método de disciplina de niños tiene una repercusión directa en la salud física y mental de las personas, lo cual hace necesario asignar recursos humanos y financieros especializados y suficientes para asegurar que el sistema de salud respete y proteja los derechos de los niños.

Marco internacional

En el sistema europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado en forma progresiva el uso del castigo corporal en los sistemas de justicia penal juvenil, las escuelas, incluyendo las escuelas privadas, y los hogares, estableciendo, además, en forma taxativa que la prohibición del castigo corporal no se encuentra en conflicto con la protección de otros derechos humanos como son la libertad religiosa y el derecho a la protección de la vida privada. La Corte Europea se pronunció por primera vez sobre la imposición de castigos corporales como sanción a niños en conflicto con la ley, en 1978 en el caso Tyrer contra el Reino Unido. En este caso, la Corte estableció que la sanción consistente en latigazos a un adolescente constituye trato inhumano y degradante y por lo tanto una violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 3 del Convenio Europeo.

En este caso, la Corte Europea precisó que la determinación de una violación del artículo 3 del Convenio Europeo, demanda un análisis de los factores siguientes: la naturaleza y el contexto en el que se aplica el castigo, la manera como se aplica, el método que se utiliza, la duración de los efectos físicos y mentales y en algunas circunstancias, el sexo, la edad, el estado de salud de la víctima.

En lo que respecta a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos también existen decisiones sobre la incompatibilidad del uso de castigos corporales contra niñas, niños y adolescentes. Así, en el caso Curtis Francis Doebber c. Sudan 236/2000, se alegó la vulneración del derecho a la integridad personal de ocho estudiantes como resultado de la imposición de 40 latigazos como sanción por la comisión de ilícitos penales. En su decisión aprobada durante la sesión 33 realizada en Nigeria en 2003, la Comisión Africana declaró que un Estado no tiene derecho a utilizar la violencia física contra las personas como castigo por las ofensas cometidas, dado que ello es contrario a la naturaleza de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

De este modo, a la luz de las consideraciones y jurisprudencia en materia de niñez es necesario afirmar que los Estados tienen la obligación de erradicar el uso del castigo corporal como método de disciplina de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos donde ellos se encuentran.

En ese tenor, debe precisarse que en el ámbito global se avanza cada vez más aceleradamente hacia su prohibición: 46 países han prohibido el castigo corporal en todas sus formas, incluso en el seno familiar. En Latinoamérica cada vez se suman más países: son ocho los que ya han promulgado legislación completamente prohibitiva: en la mayoría de los casos, se ha hecho con la revisión o enmienda de normas legales que amparaban la “corrección moderada” hacia niños, niñas y adolescentes (que son Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela).

Los gobiernos de nueve países latinoamericanos más han declarado su compromiso con la reforma legal.

Son 11 los estados latinoamericanos en los que niños, niñas y adolescentes no están totalmente protegidos por las leyes contra el castigo físico en todas sus formas (Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, así como Colombia y Guatemala). Los gobiernos de los primeros nueve de ellos han asumido un compromiso de prohibir el castigo físico hacia niños, niñas y adolescentes en todas sus formas al aceptar inequívocamente las recomendaciones hechas en el Examen Periódico Universal del cumplimiento de sus obligaciones en el campo de los derechos humanos y/o declarar su compromiso en otros contextos.

En toda Latinoamérica, la violencia es una vivencia prácticamente universal para los niños. Lo que se desprende de los estudios realizados en la región es inequívoco y constante: casi todas las investigaciones sobre el tema de los últimos diez años han encontrado que es un número muy grande de niños que sufren el castigo corporal en el hogar y en otros ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, los análisis de UNICEF demuestran elevados niveles de “disciplina violenta” (agresión psíquica y/o castigo físico) de menores entre 2 y 14 años de edad en Argentina (72 por ciento), Costa Rica (46 por ciento), República Dominicana (67 por ciento) y Paraguay (61 por ciento). Otros estudios también han documentado la práctica del castigo corporal en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú. El castigo corporal hacia los niños abarca golpes con manos y objetos, patadas, sacudidas y hacerlos mantener posiciones incómodas, así como también una amplia gama de otros tratos humillantes y degradantes. Es física y psíquicamente doloroso y a menudo resulta en lesiones visibles. Los estudios concluyen que la mayoría de los incidentes, que según confirman las autoridades consisten en “abuso” físico, son casos de castigo físico.

Modificaciones a partir de la Observación General número 8 del Comité de los Derechos del Niño

Como se ha señalado, la Convención de Derechos del Niño de 1989, fue el primer instrumento internacional que otorgó protección a la infancia contra todas las formas de violencia física o mental (artículo 19), y es el Comité de los Derechos del Niño, el que ha interpretado la Convención en el sentido de prohibir el castigo corporal, inclusive en el ámbito familiar. Asimismo, dicho Comité se pronunció al respecto en su Observación General número 1 sobre “Los Propósitos de la Educación” (2001).

Posteriormente, en junio de 2006 el Comité emitió su Observación General número 8 (OG-8), sobre “El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes”, que constituye una declaración autorizada de la interpretación del Comité sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella, el Comité insiste en que la “eliminación de los castigos violentos y humillantes de los niños, niñas y adolescentes mediante una reforma de la legislación y otras medidas necesarias es una obligación inmediata e incondicional de los Estados Partes”.

Debido a estas observaciones del Comité y la fuerte presión ejercida por organizaciones internacionales y otros organismos defensores de los derechos humanos, varios países cambiaron su legislación para garantizar a los menores una protección legal similar a la de los adultos en casos de maltrato, consiguiendo abolir la facultad de corregir y el castigo corporal. La mayoría de estos países reconocía previamente el derecho de “corregir moderadamente”, potestad que fue modificada por el deber de orientar, corregir y educar sin violencia, respetando en todo momento la dignidad e integridad del menor. Enseguida se enuncian las modificaciones legales que algunos países han realizado, en aras de prohibir el castigo corporal como forma de educar a los menores de edad:

* Suecia fue el primer país del mundo que prohibió toda forma de castigo corporal contra las personas menores de edad, a través del Código de Progenitores y Tutores, reconoció que todo niño tiene derecho a recibir cuidados, seguridad y una buena educación. Igualmente, los niños han de ser tratados con respeto a su persona e individualidad, y no deben ser sometidos a ningún castigo corporal o cualquier trato humillante.

* Alemania agregó una nueva norma en su Código Civil y establece que los menores tienen derecho a un desarrollo sin violencia. Así se prohíben el castigo corporal, el daño psicológico y otras medidas humillantes ejercidas contra personas menores de edad.

* En Italia, la Corte Suprema de Roma estableció la prohibición del uso de la violencia con propósitos educativos, entendiendo que la expresión “corrección de los niños” denota una descalificación hacia ellos.

* En los Países Bajos fue hasta el año 2007 que se obtuvo la reforma del Código Civil, que a partir de ese momento recogió el derecho y el deber de los padres de cuidar y educar a sus hijos menores. El cuidado y la educación de un menor incluyen la protección y responsabilidad de su bienestar emocional y físico, y la seguridad suficiente para el desarrollo de su personalidad. En dicho cuidado y educación, los padres no usaran violencia emocional o física, ni otros tratos degradantes.

* Uruguay y Venezuela reformaron su legislación para introducir la prohibición expresa del castigo corporal a menores. Recientemente, Costa Rica lo ha hecho también. Todos ellos habían tenido anteriormente normas en las que dicha conducta era legal en el hogar y otros escenarios bajo provisiones que reconocían la imposición de “corrección adecuada/moderada” por los padres, guardianes y tutores, y por personas o entidades temporalmente responsables por el cuidado del niño o adolescente.

* España promulgó la Ley 54/2007, de Adopción Internacional, modificando algunas disposiciones del Código Civil Español, haciendo desparecer del texto jurídico respectivo la referencia al derecho de los padres a “corregir razonable y moderadamente a los menores”. En su lugar, la nueva redacción habla de “respeto a su integridad física y psicológica”.

Situación constitucional y legal en México

Con la ratificación en 1990 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional de las Naciones Unidas por el que los Estados firmantes reconocen los derechos de la niñez, y en virtud de lo establecido en el artículo 1 constitucional, el cual señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, queda de manifiesto que en nuestro país existe una protección integral de este sector mediante la promoción del interés superior de la niñez, como principio rector de todas las medidas relativas a menores de edad. Desde esta perspectiva, el menor de edad tiene los mismos derechos fundamentales de los que resultan titulares los adultos.

Aunado a lo anterior, el artículo 4 constitucional, en sus párrafos octavo y noveno, estipula que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Ese principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.”

Con la ratificación de la referida convención, México está obligado a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas aprobadas para proteger al niño tal y como lo establece el artículo 19, numeral 1:

“Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”

En el mismo sentido, el artículo 29 destaca que la educación del niño deberá estar encaminada a “preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos, y personas de origen indígena.”

En cuanto a la violencia, el artículo 37 señala: “los Estados parte velarán para que ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.”

Por su parte, el gobierno mexicano ha manifestado su compromiso de erradicar el castigo corporal en la presentación de los Exámenes Periódicos Universales; además ha aceptado las recomendaciones para adoptar medidas para que los menores estén completamente protegidos contra el castigo corporal. En el Examen Periódico Universal del segundo ciclo celebrado en 2013, el Gobierno señaló la aplicación del modelo de Solución Pacífica de Conflictos Familiares dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Es una realidad, que el Estado mexicano ha instrumentado una serie de políticas y estrategias a efecto de estar acorde con los principios que se marcan a nivel internacional para erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las y los menores de edad y el respeto de sus derechos humanos. Pero no ha cumplido con las recomendaciones, a pesar de que ha manifestado que las normas de derechos son incompatibles con la información de que cierto grado de castigo corporal conviene al interés superior del niño y de que este principio no puede aducirse para justificar prácticas como los castigos corporales y otras formas crueles o degradantes que estén reñidas con la dignidad humana y el derecho a la integridad física de los menores.

Tales políticas se han visto forzadas a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 y la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En este orden de ideas, es preciso traer a colación el contenido textual del párrafo noveno del artículo 4 constitucional, que a la letra dispone:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

De igual manera, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en su artículo 1, fracción II, establece como objeto del citado ordenamiento:

“II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

...”

A su vez el artículo 8 de la aludida legislación establece:

“Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley.”

Por su parte, las fracciones VII y VIII del artículo 13, que define los derechos de este primordial sector, señalan:

“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

...”

Finalmente, y en abono a lo que se postula en el presente proyecto, la fracción I del artículo 105 de la LGDNNA establece:

“Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:

I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de abuso; los traten con respeto a su dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas;

...”

No obstante, y como quedó de manifiesto desde el inicio de esta propuesta, en México aún hay enormes brechas pendientes en este tema, en virtud de que el castigo corporal es percibido como algo normal y necesario, por lo que gran parte de la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes permanece invisible y no registrada. Como en muchas partes del mundo, se justifica el castigo corporal como un mecanismo que utilizan los padres o quienes ejerzan funciones de tutoría o protección de los menores, para corregir o enderezar las conductas de estos últimos, por lo que algunas formas de violencia no son consideradas lesivas.

Cabe precisar que en nuestro país el castigo corporal no está totalmente prohibido en el hogar, centros de acogida, o centros diurnos. Como posibilidad de reforma legal y avance hacia la prohibición, el Gobierno ha adoptado la Hoja de Ruta Regional sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes; la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 proclama la prohibición, pero no revoca expresamente el “derecho a corregir”.

A pesar de que existe una prohibición clara y tajante en el texto de la convención, recogida en el espíritu de la LGDNNA, existe dentro del texto del artículo 423 del Código Civil Federal (mismo que se transcribe a continuación) una redacción que todavía no prohíbe expresamente el castigo corporal (en su concepción más amplia), como medida que pueden imponer quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores de edad bajo su custodia, lo cual genera dudas respecto a si la facultad de corregir ampara esa posibilidad, es decir, si los castigos aunque fueran leves pueden ser impuestos por quien ejerce la patria potestad.

Código Civil Federal

“ Artículo 423. Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo.

La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código.”

Si bien el segundo párrafo del precepto que nos ocupa precisa que quedan excluidos de la facultad de corregir, los actos de fuerza que atenten contra la integridad física o psíquica del menor, consideramos que esta protección del Código de mérito no es suficiente, ya que para erradicar la práctica social y familiar que nos ocupa, se requiere adoptar como medida inmediata la promulgación de leyes que delimiten con la mayor exactitud posible el “derecho a corregir”.

La prohibición legal requiere una declaración clara y contundente de que todo castigo corporal y otros tratos humillantes y degradantes están prohibidos. En este sentido, los menores de edad, al igual que todos los seres humanos, tienen derecho a una protección precisa por parte de la ley ante todo tipo de agresión. Frente a esta realidad, si no queda escrito en el texto de las propias leyes, persiste la idea de que violar la dignidad humana y la integridad física del niño es aceptable, normal y que incluso redunda a favor del interés superior de la niñez, con lo que se perpetúa la noción de que los niños son objetos y que son propiedad de otros.

En consecuencia, es fundamental armonizar el texto vigente de la LGDNNA, así como de la CDN, con el del Código Civil Federal, llevando a cabo las precisiones respectivas en el contenido de su artículo 423, párrafo segundo, ratificando así la postura de nuestro país de evitar por medio de la legislación, cualquier forma de violencia, incluyendo aquella que se aplica como método disciplinario, todo ello también con el deseo de disminuir prácticas de la familia tradicional, que fomentan su paulatina destrucción, como sucede con el castigo corporal como forma de corrección y disciplina de las y los menores de edad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 423 del Código Civil Federal

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 423 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 423. ...

La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su dignidad, integridad física o psíquica, por lo que quienes hagan uso de la misma, deberán abstenerse de aplicar castigos corporales u otros tratos humillantes o degradantes, en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 El Comité de los Derechos del Niño en su Observación General número 8, párrafo 11, define castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor, malestar, aunque sea leve como manotazos, bofetadas, palizas, pero también pueden consistir en dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos u otros productos, como lavarles la boca con jabón o tragar alimentos picantes.

2 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, ONU. Observación General número 8. “El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes”, 42 periodo de sesiones 2006, Ginebra, 15 de mayo, 2 de junio de 2006. U.N. Doc. CRC/C/GC/8 (2006). Objetivo 3.

3 Pinheiro, Paulo Sergio. Estudio Mundial Sobre Violencia contra Niños 2006. ONU. A/61/299, párr. 26.

4 Hart, Stuart N., Eliminating Corporal Punishment: The way Forward to Constructive Chile, Unesco, France, 2005. p. 17

5 Discurso durante la inauguración de la “iniciativa global para acabar con todo castigo corporal hacia niños y niñas”, 2001.

6 Hart, Stuart N., op. cit., nota 5 p. 22

7 Hart, Stuart N., op. cit., nota 5 p. 75 y 76

8 ONU Asamblea General Convención sobre los Derechos del Niño. Resolución 44/25. 20 de noviembre de 1989

9 10 ONU. Comité de los Derechos Niño. Observación General No. 1, “Propósitos de la educación, 26 periodo de sesiones (2001). UN Doc HRI/GEN/1/Rev.7 at 332

10 Cfr. Observación General número 8, supra nota 3, párr. 1.

11 La Corte ha establecido que el pedido de consulta no debe involucrar un caso contencioso encubierto que comporte la determinación de hechos o pruebas específicas, en lugar de aclarar el significado, objeto o propósito de las normas internacionales de derechos humanos. Al respecto, la Corte IDH ha rechazado las siguientes solicitudes: Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución de la Corte de 24 de junio de 2005. Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Costa Rica. Resolución de la Corte de 10 de mayo de 2005, considerando quinto.

12 En este documento se utiliza la definición de niño para referirse en forma indistinta a: infante, niña, niño y adolescente.

13 Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados artículo 31. Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado: b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones: b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado: c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.

14 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm.

15 Comité de los Derechos del Niño, Observación General 4 (2003), CRC/GC/2003/4. La salud y el desarrollo de los adolescentes en el concepto de la Convención sobre los Derechos del Niño, párrafo 1.

16 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC/17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A número 17, capítulo V.

17 CIDH, Informe Anual 1991, capítulo IV.

18 Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

19 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC?17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, nota 45.

20 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC/17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrafo 42.

21 Comité de los Derechos del Niño, Observación General número 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006, párrafo 11. Adicionalmente, en la Observación General 8 en el párrafo 11, el Comité también señaló que “hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles con la Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”.

22 Comité de los Derechos del Niño, Observación General número 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006, párrafo 11.

23 Corte IDH, Resolución del 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: Otros Asuntos

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf ; Citando a la ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observación General número 8, El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes. 42 periodo de sesiones (2006). Ginebra, 15 de mayo a 2 de Junio de 2006. UN Doc, CRC/C/GC/8 (2006), párrafos 11 y 12.

24 Comité de los Derechos del Niño, Observación General número 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006, párrafo 26.

25 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC/17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A número 17, párrafos 53 y 137/6. En su punto resolutivo número 8 retoma esta idea estableciendo que: [...] la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño.

26 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC/17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie número 17, párrafo 89, citando Committee on the Rights of the Child, Report of its Twenty-Eight Session, 28.11.2001, CRC/C/111, párrafo 678.

27 Comité de los Derechos del Niño, Observación General número 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006, párrafos 20–50.

28 CIDH. Informe Anual 1997. Capítulo VII. Recomendaciones a los Estados miembros en áreas en las cuales deben adoptarse medidas para la cabal observancia de los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

29 Corte IDH, Asunto Reggiardo Tolosa respecto Argentina. Relacionadas con una solicitud de medidas provisionales. Resolución de 19 de enero de 1994. Esta solicitud de medidas se dirigían a proteger la integridad psíquica de los menores Gonzalo Xavier y Matías Angel... ”, cuyos verdaderos apellidos son Reggiardo Tolosa quienes nacieron en abril de 1977 durante el cautiverio de su madre y fueron inmediatamente apropiados y luego inscritos como hijos propios de Samuel Miara, ex subcomisario de la Policía Federal y de su esposa Beatriz Alicia Castillo.

30 Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C número 110, párrafo 162.

31 Corte IDH, Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párrafos 133 y 134. 3

32 Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C número 130, párrafo 134.

33 40 Corte IDH, Resolución del 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: Otros Asuntos

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf.

Donde se cita Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC/17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A número 17. Ver también, Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C número 149, párrafos 89 y 90.

34 A modo de referencia se mencionan los siguientes: Save the Children Suecia, Poniendo fin al castigo físico y humillante de los niños, Manual para la Acción, 2005. Poniendo fin al castigo físico contra la niñez, cómo hacerlo posible, 2003. Amor, poder y violencia. Una comparación transcultural de los patrones de castigo físico y psicológico, 2005. Save the Children Suecia y End all Corporal Punishment of Children, Acabar con la violencia legalizada contra los niños y las niñas, 2005. Save the Children Suecia y Comisión Andina de Juristas, Poniendo fin a la violencia legalizada contra los niños. Marco jurídico sobre castigo corporal en América Latina, 2005 que está disponible en

http://www.scslat.org/poniendofin/index.php.

35 ONU. Informe del Experto Independiente para el Estudio de la Violencia contra los Niños, Paulo Sérgio Pinheiro. A/61/299. párrafo 26.

36 Organización de las Naciones Unidas. Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños, octubre de 2006, p.11

http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/study.htm.

Para información adicional se sugiere visitar también el sitio de Internet de Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children

http://www.endcorporalpunishment.org

37 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en República Dominicana, 1999, párrafo 431

http://www.cidh.org/countryrep/Rep.Dominicana99sp/Cap.11.htm. Corte Europea de Derechos Humanos Caso Tyrer vs Reino Unido, sentencia de 25 de abril de 1978. Caso A contra Reino Unido sentencia de 23 de septiembre de 1998, Caso Z contra Reino Unido sentencia de 10 de mayo de 2001 (aplicación 29392/95) Comité de Derechos Humanos, Observación General 20 de 10/04/92. Comité de los Derechos del Niño, Observación General número 8 (2006). El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006. Comité de Derechos Humanos, observación General 20 Reemplaza a la Observación General 7 prohibición de la tortura y los tratos y penas crueles (artículo 7) 10/04/92, párrafo 5. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales: Bélgica, E/C.12/BEL/CO/3, 4 de enero de 2008 párrafo 33. Comité fe Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales: Costa Rica, E/C.12/CRI/CO/4, 4 de enero de 2008, párrafos 23 y 44.

38 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC/17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, voto razonado del juez Antônio Cançado Trindade, párrafos 62 y 65.

39 Corte IDH, Caso Ximenes Lópes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párrafos 94, 96, 99. Caso Albán Cornejo y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párrafo 119.

40 Corte Europea de Derechos Humanos. Caso Buchberger contra Austria, sentencia de 20 de noviembre de 2001, párrafo 40; Caso Elsholz contra Alemania, sentencia de 13 de julio de 2000, párrafo 50; Caso Johansen contra Noruega, sentencia de 7 agosto de 1996, Informes 1996?III, párrafo 78; y Caso Olsson contra Suecia sentencia de 27 de noviembre de 1992, Series A no. 250, párrafo 90.

41 Corte Europea de Derechos Humanos. Caso Buchberger contra Austria, sentencia de 20 de diciembre de 2001, párrafo. 40; Caso Scozzari y Giunta contra Italia, sentencia de 11 de julio de 2000, párrafo. 169; y Caso Elsholz contra Alemania, sentencia de 13 julio de 2000, párrafo. 50; y Caso Johansen contra Noruega, sentencia de 7 de agosto de 1996, Informes 1996-IV, párrafo 78.

42 Alianza Internacional Save the Children, Ending Physical and Humiliating Punishment of Children – Making it Happen, Part I. Contribución para el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (Estocolmo, Save the Children Sweden, 2005). disponible en

www.violencestudy.org/europe?ca al 14 de noviembre de 2006.

43 Organización de las Naciones Unidas. Informe del Experto Independiente para el Estudio de la Violencia contra los Niños, Paulo Sérgio Pinheiro. A/61/299.

44 Organización de las Naciones Unidas. Informe del Experto Independiente para el Estudio de la Violencia contra los Niños, Paulo Sérgio Pinheiro. A/61/299, página 47.

45 A continuación se transcriben las normas de países miembros relevantes para tratar el tema de castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes: Cuba Código de Familia, artículo 86. Los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad. El Salvador, Código de Familia Artículo 215. Es deber del padre y de la madre corregir adecuada y moderadamente a sus hijos (...). Antigua y Barbuda el Acta de Educación, provisión 32 “ discipline of pupils” ( The Education Act, de 4 de abril de1973), permite la práctica del castigo corporal como medida disciplinaria que puede ser aplicada por el director de la escuela, del regente o de la persona delegada. Asimismo, el Acta de Prisiones provisión 11.4.b ( Prison Act de 1 de julio de 1956) establece que esta permitido el castigo corporal como medida de disciplina para personas menores de 21 años a quienes puede aplicárseles 12 latigazos. Asimismo, el Acta de Castigo Corporal ( Corporal Punishment Act, 23 de diciembre de 1946), provisión 11 permite la aplicación del castigo corporal como sanción penal que implica latigazos por una sola vez. El Acta sobre Protección de los Niños ( The Childcare and Protection Act de 20 de febrero de 2004) no contiene disposiciones que protejan a los niños contra la práctica del castigo corporal. Argentina, Código Civil (1998) artículo 266 establece Art. 266. “Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres”. El artículo 278 estipula: “Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores. El poder de corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren”. Barbados, Acta de Prevención de la Crueldad hacia los Niños (1996) castiga el ataque, descuido, y “sufrimiento innecesario” de niños menores de 16 años (sección), pero permite el “castigo moderado”. Belice, El Acta de Educación ( The Education Act, edición revisada el 31 de diciembre de 2000) prevé en la sección VI disposición 27 que para faltas serias y repetidas, el castigo debe ser administrado por el director, o por un miembro de su staffbajo su autorización: ningún castigo debe ser excesivo o dañino para el niño (traducción no oficial) (27. For serious and repeated offences, punishment may be administered by the principal, or by a member of his staff under his authorisation: provided that any such punishment shall not be excessive and harmful to the child) Brasil Código Civil, artículo 1638 establece que por decisión judicial el padre o la madre que castigue inmoderadamente a su hijo perderá la patria potestad (artigo 1638 Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãeque: I. castigar imoderadamente o filho). Canadá, la sección 43 del Código Penal establece que un profesor o un padre puede hacer uso de la fuerza para corregir a un alumno o a un hijo ( Correction of child by force 43. Every schoolteacher, parent or person standing in the place of a parent is justified in using force by way of correction toward a pupil or child, as the case may be, who is under his care, if the force does not exceed what is reasonable under the circumstances). Una decisión de la Corte Suprema de 30 de enero de 2004 sostuvo el derecho de los padres de familia a administrar el castigo corporal a niños entre los 2 y 12 años. Guatemala el artículo 13 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2003) establece que “ (...) El Estado respetará los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales, de guiar, educar y corregir al niño, niña o adolescente, empleando medios prudentes de disciplina que no vulneren su dignidad e integridad personal como individuos o miembros de una familia siendo responsables penal y civilmente de los excesos, que como resultado de sus acciones y omisiones, incurrieren en el ejercicio de la patria potestad o tutela. El artículo 253 del Código Civil (1963) establece que “El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad”. Grenada, la Ley de Educación (2004) permite el uso del castigo corporal en la Escuela, salvo que exista una oposición expresa y escrita de los padres, dirigida al director del establecimiento. Honduras, el Código de Familia (1984) cuyo artículo 191 establece “Los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad”. Jamaica El Acta sobre Castigos ( The Flogging Regulation Act de 21 de marzo de 1903) establece que a los infractores juveniles se les debe aplicar doce latigazos como sanción por un acto ilícito (2.(...) and twelve strokes in the case of juvenile offenders...”) Según la norma citada, “adulto” es toda persona mayor de 16 años. Nicaragua, Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998 artículo 49: “Se prohíbe a los maestros, autoridades, funcionarios, empleados o trabajadores del Sistema Educativo aplicar cualquier medida o sanción abusiva a los educandos que les cause daños físicos, morales y psicológicos según dictamen calificado de especialistas o facultativos o que restrinja los derechos contemplados en el presente Código. Los responsables estarán sujetos a las sanciones administrativas o penales que correspondan”. (énfasis añadido) Panamá el 319 del Código de la Familia (1994, revisado en 2001), establece: “La patria potestad con relación a los hijos o hijas comprende los siguientes deberes y facultades: (...) 2. Corregirlos razonable y moderadamente”. Perú el Código de los Niños y Adolescentes (1993, actualizado el 2000) estipula (artículo 74): “Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: ... d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente”. Santa Lucía, el Acta de los Niños y Jóvenes (1972) se refiere al “derecho de todo padre, profesor u otra persona con control legal o a cargo de un niño a administrarle castigo razonable” (artículo 5). San Vicente y las Granadinas el castigo corporal es legal en escuelas bajo el Acta de Regulaciones Educativas (1992), y en escuelas primarias del gobierno o asistidas por el gobierno niños desde los 5 años de edad pueden recibir 6 golpes usando una correa de cuero, como “último recurso”, por el profesor principal o un profesor asistente en presencia del principal.

46 Brasil, Código Civil (2002), artículo 1638: “Perderá por acto judicial la patria potestad el padre o la madre que: i. Castiga inmoderadamente a su hijo (...) IV–incide reiteradamente en las faltas previstas en el artículo precedente (...) (traducción no oficial)

47 Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Antigua y Barbuda CRC/C/15/Add.247, 3 de noviembre de 2004, párrafos 35 y 36. Argentina, CRC/C/15/Add. 35, 1995, párrafo 39. Belice, Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: Belice, 10/05/99, CRC/C/15/Add. 99, párrafos 19 y 30. Perú, CRC/C/15/Add. 120, 22/02/2000, párrafo 22. Brasil CRC/C/15/Add.241, 3 de noviembre de 2004 párrafos 42 y 43. Chile CRC/C/15/Add. 173, 2002 y 2007. Colombia Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Colombia, CRC/C/15/Add. 30, 15/02/95; Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Colombia, CRC/C/15/Add. 137, 16/10/2000 y Observaciones finales, CRC/C/COL/CO/3, 8 de junio de 2006, párrafos 61 y 62. Ecuador, Observaciones finales CRC/C/15/Add.262, 13 de septiembre de 2005, párrafos 37 y 38. Honduras Observaciones finales: CRC/C/HND/CO/3, 2 de mayo de 2007, párrafos 54 y 55. México, Observaciones finales CRC/C/MEX/CO/3 8 de junio de 2006, párrafo 36. Nicaragua, observaciones finales CRC/C/15/Add.265, 21 de septiembre de 2005, párrafos 43 y 44. Perú Observaciones finales, CRC/C/PER/CO/3, 14 de marzo de 2006, párrafo 43.Santa Lucía, Observaciones finales, CRC/C/15/Add.258, 21 de septiembre de 2005 párrafos 34 y 35.

48 El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención (énfasis agregado).

49 La Declaración y el Programa de Acción de Viena adoptada durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 23 de junio de 1993 establece que “5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

50 Corte IDH, Resolución del 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: Otros Asuntos

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf

51 Save the Children Suecia Southeast Asia and the Pacific, Positive Discipline, What it is and how to do it, Bangkok, 2007, p. 12.

52 Comité de los Derechos del Niño, Observación General número 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006, párrafo 48.

53 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Campbell y Cosans contra Reino Unido 1978; Caso Costello-Roberts contra Reino Unido 1993, Caso A contra Reino Unido, sentencia de 23 de septiembre de 1998, párrafos 19?24; Comisión Europea de Derechos Humanos, Decisión de admisibilidad, Caso de los 7 individuos contra Suecia 1982.

54 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Tyrer contra Reino Unido, Serie A número 26 párrafos 14-15 y 29-30. Ver también Caso Soering contra Reino Unido, Serie A, número 161, párrafo 100.

55 Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children and Save the Children Sweden, Special Africa Report, Ending legalized violence against children, 2007, p. 19. El estudio se encuentra disponible en el siguiente sitio de Internet

http://74.125.47.132/search?q=cache:WPkomONHesAJ:www.childrenareunbeatable. org.uk/pdfs/EndingLegalisedViolenceAgainstChildrenoctober06.pdf+ Doebber+Sudan&hl=sv&ct=clnk&cd=3&gl=se

56 http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre de 2017.— Diputada y diputado: Paloma Canales Suárez, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García y Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fractura hidráulica y protección ambiental, al tenor de la siguiente

I.El fracturamiento hidráulico es un tratamiento de estimulación ejecutado en pozos de petróleo y gas que se encuentran en yacimientos de baja permeabilidad, el cual consiste en la inyección de un fluido especial que es bombeado a una alta presión y a un alto régimen de bombeo, con la finalidad de producir fracturas en las formación que permitan la fácil liberación del hidrocarburo.

Ésta es una de las tecnologías para la extracción de hidrocarburos más cuestionadas a escala mundial debido a los impactos ambientales que genera. La extracción de hidrocarburos mediante el fracturamiento hidráulico implica riesgos de contaminación de acuíferos, del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmosfera, que conllevan daños a la salud de la población.

Esta serie de problemáticas ambientales alrededor del fracturamiento hidráulico ha derivado en investigaciones en todo el mundo, las cuales han llevado a la prohibición de esta tecnología en regiones de Alemania, España, Estados Unidos y Francia, siendo este último país el que legisló la prohibición absoluta de esta técnica.

Una de las principales preocupaciones en torno al uso de esta tecnología es el empleo de grandes volúmenes de agua y los químicos utilizados en el proceso de fracturamiento, pues el volumen promedio de agua utilizado se encuentra en un rango de 2 a 4 millones de galones por pozo, de la cual después de su inyección sólo se recupera de un 30 a un 40 por ciento del volumen, sin mencionar que al regresar a superficie contiene una mezcla de químicos que la hace inadecuada para el consumo humano, además de que ésta se reutiliza sólo en una quinta parte por los altos costos que ello implica.

Los fluidos de fracturamiento para la extracción de gas en formaciones de lutitas están constituidos por agua (90 por ciento del fluido aproximadamente), “apuntalante y una cantidad de fluidos no acuosos diseñados para reducir la caída de presión ocasionada por la fricción, mientras se bombea el fluido al interior del pozo. Estos fluidos incluyen geles, reductores de fricción, reticuladores, rompedores del gel y surfactantes similares a cosméticos y productos de limpieza domésticos”, los cuales varían según las condiciones del pozo que será fracturado.

Los químicos adicionados al fluido de fracturamiento son para cambiar sus propiedades físicas y químicas como puede ser viscosidad, Ph o densidad. Aproximadamente el 1 por ciento de los fluidos fracturantes está compuesto por una mezcla de químicos, por ejemplo, para un fluido de 4 millones de galones se necesitarían 40 mil galones de químicos.

La contaminación de fuentes de agua cercanas a los pozos que son sometidos al fracturamiento hidráulico es una más de las afectaciones que tiene este proceso, pues incide directamente en el abastecimiento, consumo y salud de las localidades que dependen de dichas fuentes de agua.

Las afectaciones que se tienen en aguas subterráneas localizadas en las cercanías de pozos de lutitas, están relacionados con los procesos de fracturación hidráulica, pues estos modifican las condiciones naturales de permeabilidad de la formación, permitiendo la conexión de esta con otros materiales de permeabilidad intrínseca natural como lo son los acuíferos, produciendo intercambio de fluidos en ambas formaciones. Este proceso puede conectar agua subterránea con el fluido del fracturamiento, hidrocarburos y salmueras del yacimiento principalmente.

Para ejemplificar con mayor claridad lo anterior, durante el proceso de fracturamiento, la estructura tanto de la tubería como la de la cementación, se ven afectadas por las grandes presiones a las cuales son sometidas. Si bien el proceso de cementación funge un papel fundamental para mantener aislados acuíferos que se encuentran cerca de pozos petroleros, la presión a la que es sometido el pozo durante el proceso de fracturamiento hidráulico genera fallas mecánicas en el revestimiento del pozo.

En 2011, el Departamento de Protección Ambiental de Estados Unidos presentó un reporte realizado en Pennsylvania en el cual mencionaba numerosos casos donde la contaminación de acuíferos era el producto de una cementación defectuosa.

Adicionalmente, varios de los químicos contenidos dentro de los fluidos fracturantes causan impactos sobre la salud. La siguiente tabla muestra algunos de los compuestos químicos más comunes utilizados en los fluidos para fracturamiento hidráulico:

Además de los efectos negativos en el ambiente y en la salud que puede generar esta técnica, hay una crítica fuerte hacia la viabilidad económica de los proyectos gasíferos de lutitas, pues las características geológicas de los yacimientos generan una rápida declinación en la producción. En Estados Unidos de América (EUA) se observó que hubo una reducción en más de un cincuenta por ciento de equipos de lutitas en operación de 2008 a 2013.

Los pozos más antiguos y productivos de EUA, localizados en el Barnett Shale en Texas, han disminuido su productividad en un 44 por ciento. Estudios realizados a estos pozos reportan una declinación de 65 por ciento el primer año y 53 por ciento el siguiente, hasta caer gradualmente a un 20 por ciento anual. Los pozos de lutitas rinden en promedio más de la mitad de su producción total el primer año, por lo que se debe seguir perforando para mantener una tasa fija de producción, con todas las implicaciones negativas para el ambiente que ello conlleva.

II.La situación de México ante la explotación de yacimientos de lutitas mediante el fracturamiento hidráulico es de desventaja, pues las implicaciones que ello conlleva no se equilibran con el poco beneficio que se pudiese obtener por la extracción de este tipo de recursos y, fundamentalmente, por los severos daños ambientales y a la salud que provoca.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, el país tiene “potencial de recursos gasíferos en yacimientos no convencionales” en cinco provincias geológicas ubicadas en el noroeste del país:

1. Chihuahua, en Chihuahua y Coahuila.

2. Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila, Monterrey y Tamaulipas.

3. Burgos, en Tamaulipas.

4. Tampico-Misantla, en Veracruz.

5. La cuenca de Veracruz, en Veracruz.

En México, el desarrollo de shale gas ha tenido resultados poco satisfactorios, en 2010 Pemex inicia los trabajos exploratorios de shale Gas-Oil, desarrollando el proyecto Emergente-1 en el bloque Olmos de la cuenca de Burgos, el cual fue el primer pozo que Pemex perforó utilizando la técnica de la fractura hidráulica. La empresa mexicana logró una extracción de 4,020 millones de pies cúbicos de gas de lutitas y de los 17 pozos que perforó desde 2011 en el norte del país, solo 4 de ellos resultaron con una producción rentable, lo que significó costos de perforación superiores a 60 por ciento de los que se tienen en un pozo convencional.

A finales de octubre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó el primer plan de exploración de Pemex para que busque recursos en la cuenca de Tampico Misantla, donde invertirá 70 millones de dólares para 45 pozos que se explotaran mediante fracturamiento hidráulico, sin embargo la aprobación se dio pese a que no se cuenta con una regulación específica sobre la seguridad ambiental e industrial, así como sobre sus consecuencias en el entorno.

Es cierto que hay diversas cuencas en el territorio nacional con recursos potenciales, en donde se cuentan con una estructura geológica compleja o se encuentran a profundidades de más de 5 mil metros, lo que hace inviable que se exploten con la tecnología actual. Sin embargo, las cuencas de Sabinas y Burgos, que tienen un mayor potencial cuentan con poca disponibilidad de agua, por lo que la ejecución de procedimientos de fracturamiento hidráulico traería consecuencias sumamente negativas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Tamaulipas, Coahuila y Monterrey, donde se localizan las cuencas de Burgos y Sabinas, cuentan con una disponibilidad de agua muy baja por habitante, además de que el incremento población de los próximos años naturalmente aumentará la demanda ,impactando en los niveles de consumo de la población, por lo que el uso eficiente, la conservación y el reúso resultarán fundamentales.

La falta de agua es uno de los principales problemas que afecta a las regiones del norte, centro y noroeste del territorio nacional, misma que ha llevado a una sobreexplotación de los acuíferos, por lo que el desarrollo de recursos no convencionales, como el fracturamiento hidráulico, aumentaría la escasez de agua en los municipios y regiones cercanas a las áreas de explotación, sin mencionar los efectos negativos en el medio ambiente que ya han sido detallados en esta exposición de motivos.

III.El proceso de fracturamiento hidráulico en yacimientos de lutitas trae graves consecuencias tanto al medio ambiente como a la salud de los seres vivos que dependemos de este, además de ello, la relación costo-beneficio basada en la rápida caída de la tasa de producción de los pozos y los efectos perjudiciales sobre los ecosistemas es a todas luces negativa, pues es mucho mayor el costo a largo plazo de los daños ambientales que los beneficio obtenidos de este tipo explotación de hidrocarburos.

En síntesis, la tecnología de fracturamiento hidráulico está severamente cuestionada debido a los químicos utilizados, la contaminación de los acuíferos, los daños a la salud de la población, la explotación de recursos gasíferos en zonas con baja disponibilidad de agua y el beneficio económico real. Adicionalmente, no se puede dejar de mencionar que todo esto contraviene el derecho a la salud, a un ambiente sano y al agua, plasmados en la Carta Magna.

Por la presente iniciativa planteamos adicionar al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una disposición específica para prohibir la utilización de técnicas como el fracturamiento hidráulico en nuestro país, como una medida de largo plazo y una apuesta nacional para salvaguardar el ambiente y la salud de los mexicanos.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección ambiental

Único.Se adiciona un párrafo octavo, y se recorren los subsiguientes, al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 27.[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Queda prohibida la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que menoscabe la integridad del ambiente.

[...]

[...]

[...]

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Comisión Nacional de Hidrocarburos evaluará los proyectos de desarrollo de campos gasíferos de lutitas que estén en proceso de ejecución en el territorio nacional para determinar el proceso y calendario de cancelación o conclusión de éstos.

Notas

1 “Hydraulic fracturing”, Oilfield Glossary, Schlumberger, 2016.

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/h/hydraulic_fracturing.aspx

2 “Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health”, Parlamento Europeo, 2011.

https://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf

3 “Lista de países que prohibieron el fracking. Antecedentes para la discusión”, en ecoportal.net, 2013.

http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/Lista_de_paises_que_prohibieron_el_ fracking_._Antecedentes_para_la_discusion

4 “Prohibición del fracking en Francia: lecciones para América Latina”, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, 2015.

http://www.aida-americas.org/es/blog/prohibicion-del-fracking-en-francia- lecciones-para-america-latina

5 “Assessment of the potential impacts of hydraulic fracturing for oil and gas on drinking water resources”, US Environmental Protection Agency, 2015.

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/hf_es_ erd_jun2015.pdf

6 Ídem.

7 “Texas study finds increase in water used for fracking”, en The Texas Tribune, 2013.

https://www.texastribune.org/2013/01/15/texas-study-traces-fracking-and- water-use/

8 Lutita: “Roca sedimentaria detrítica, fisible, de granos finos, formada por la consolidación de partículas del tamaño de la arcilla y el limo en capas relativamente impermeables de escaso espesor, estas pueden contener grandes cantidades de material orgánico que las hace tener un potencial alto para ser rocas generadoras de hidrocarburos” (Lutita, Schlumberger, Oilfield Glossary, 2017).

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/s/shale.aspx

9 Oilfield glossary en Español, Schlumberger, 2016.

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/f/frac_fluid.aspx

10 “Evaluating the environmental implications of hydraulic fracturing in shale gas reservoirs”, en All Consulting, 2008.

http://www.all-llc.com/publicdownloads/ArthurHydrFracPaperFINAL.pdf

11 “Recomendaciones ambientales en relación con las medidas preventivas y correctoras por considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica”, Instituto Geológico y Minero de España, 2014.

https://web.ua.es/es/fracking/documentos/documentos-de-interes/ igme-recomendaciones.pdf

12 Cementación primaria, Oilfield Glossary, Schlumberger, 2017.

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/p/primary_cementing.aspx

13 “Natural gas’s toxic waste”, en The New York Times, 2011.

http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas- documents-1.html#document/p417/a9945

14 Se seleccionaron algunos químicos a partir del estudio Assessment of the potential impacts of hydraulic fracturing for oil and gas on drinking water resources, Departamento de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015.

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/ hf_es_erd_jun2015.pdf

15 “Fichas internacionales de seguridad química: persulfato de amonio”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, 2003.

http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/productos/ persulfatoamonio0632.pdf

16 “Riesgo químico-accidentes graves isopropanol”, Consejería de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Servicio de Sanidad Ambiental, Comunidad Autónoma de Canarias, 2007.

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/105452-Isopropanol.pdf

17 Riesgo químico-accidentes graves n,n-dimetilformamida, Consejería de Sanidad, Murcia (España), 2008.

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/132201-N-N-DIMETILFORMAMIDA.pdf

18 Etilenglicol-Hoja de datos de referencia, Dorwil Química Analítica, 2008.

19 Hoja de seguridad-Borato de sodio, Corporación Química Venezolana, 2007.

http://iio.ens.uabc.mx/hojas-seguridad/borato-de-sodio.pdf

20 Desarrollo del gas lutita (shale gas) y su impacto en el mercado energético de México: reflexiones para Centroamérica,Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013.

http://www.cepal.org/es/publicaciones/27184-desarrollo-gas-lutita-shale-gas- su-impacto-mercado-energetico-reflexiones

21 Ibídem.

22 Technically recoverable shale oil and shale gas resources: Mexico. Energy Information Administration, 2015.

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/Mexico_2013.pdf

23 Ibídem.

24 “Agua potable y drenaje”, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2015.

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T

25 Atlas del Agua en México 2015. Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional del Agua, 2015.

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/ATLAS2015.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.— Diputada y diputado: Verónica Delgadillo García,Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Melissa Torres Sandoval, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

1. El concepto Distrito Federal es una percepción del pasado: con fecha 29 de enero del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

Con la publicación de ese decreto, el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva.

Por eso, en el ánimo de armonizar la Ley General de Salud con dicha reforma constitucional, se considera necesario, toda vez que las legislaciones deben encontrarse al día en cuanto a su regulación y términos.

Atento a lo anterior, la presente reforma pretende eliminar “Distrito Federal” e incluir en su lugar la denominación “Ciudad de México”, para estar acorde con la norma constitucional.

2. El 27 de enero del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se declaran diversas disposiciones reformadas y adicionadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva unidad de medida y actualización.

Para tal efecto fueron reformados los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo; y 123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución.

De acuerdo con el artículo 123, Apartado A, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución, “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Tomando en cuenta que en la actualidad el salario mínimo en nuestro país no cumple con su función social de satisfacer, al menos, las necesidades básicas de una familia, se puede concluir que existe una falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano de las disposiciones tanto de derecho interno como de derecho internacional.

Una de las principales razones que se han argumentado para no otorgar a los salarios mínimos incrementos mayores, es que el salario mínimo fue tomado como referencia de muchas leyes (laborales, de seguridad social, fiscales, administrativas y de muchas otras índoles) como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas. Se argumentaba que su aumento impactaría en el cumplimiento de diversas obligaciones, créditos, derechos contribuciones, sanciones administrativas o penales, por lo que se pensaba que mantener el salario mínimo bajo era conveniente para la economía nacional, para evitar repercusiones en muchos ámbitos de la vida en México.

Tomando en consideración lo anterior en la reforma constitucional se buscó desligar o desindexar el salario mínimo de cualquier unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones o como unidad de referencia en la economía, de tal forma que el concepto de salario mínimo se refiera única y exclusivamente a la remuneración mínima que debe percibir un trabajador, siendo suficiente para la atención de sus necesidades básicas. Por ello en la reforma constitucional se estableció lo siguiente en el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución federal:

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

3. La desvinculación o desindexación del salario mínimo como unidad de cálculo o referencia obligó a crear una unidad de cálculo o unidad de referencia, que se denominó unidad de medida y actualización (UMA).

En el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en el análisis se dispone lo siguiente:

Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización.

4. Sin embargo, no obstante lo que se señala en el numeral anterior, el artículo cuarto transitorio también indica que: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las administraciones públicas federal, estatales, del Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la unidad de medida y actualización.

5. Por lo que se considera necesario, cambiar la denominación de salario mínimo general vigente por la de unidad de medida y actualización en la Ley General de Salud, lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo cuarto transitorio de la reforma mencionada y así evitar que las autoridades cometan el error de aplicar el salario mínimo en lugar de la UMA.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud

Único. Se reforman los artículos 4o., fracción IV; 77 Bis 12; 78, fracción I; 314 Bis 1, primer párrafo; 419; 420; 421; 421 Bis; 421 Ter; 422; 455; 456; 457; 458; 459; 460, primer párrafo; 460 Bis; 461, primer párrafo; 462, primer párrafo; 462 Bis, primer párrafo; 463; 464, primer párrafo y fracciones I a III; 464 Bis, primer párrafo; 464 Ter, fracciones I a IV; 465, primer párrafo; 468; 469, primer párrafo; y 469 Bis, primer párrafo, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

I.a III....

IV. Los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 77 Bis 12. El gobierno federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, la cual será equivalente a 3.92 por ciento la unidad de medida y actualización. La cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual observada en el índice nacional de precios al consumidor.

Para los efectos de este artículo, la fecha de inicio para el cálculo de la actualización conforme al índice nacional de precios al consumidor será el primero de enero de 2009 y la unidad de medida y actualización que se tomará en cuenta como punto de partida será el de ese año.

...

Artículo 78. ...

I.La Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México;

II. a IV....

Artículo 314 Bis 1. El Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como de las entidades federativas, el Centro Nacional de Trasplantes, los centros estatales de trasplantesy el del Distrito Federal y las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que presten servicios de salud o se dediquen a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación de órganos, tejidos y células, así como por los programas y los mecanismos de vinculación, coordinación y colaboración de acciones que se establezcan entre éstas.

...

Artículo 419. Se sancionará con multa hasta dos mil veces la unidad de medida y actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta ley.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces la unidad de medida y actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 157 Bis 10, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 Bis, 350 Bis 2, 350 Bis 3 y 373 de esta ley.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces la unidad de medida y actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 Bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta ley.

Artículo 421 Bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces la unidad de medida y actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta ley.

Artículo 421 Ter. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces la unidad de medida y actualización e inhabilitación de siete a diez años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en el capítulo único del título quinto Bis de esta ley, o la cancelación de Cédula con Efectos de Patente, la concesión o autorización respectiva según sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los afectados, de presentar denuncia por el delito o delitos de que se trate.

Artículo 422. Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta por dieciséis mil veces la unidad de medida y actualización, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 418 de esta ley.

Artículo 455. Al que sin autorización de las autoridades sanitarias competentes o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, aísle, cultive, transporte, almacene o en general realice actos con agentes patógenos o sus vectores, cuando éstos sean de alta peligrosidad para la salud de las personas, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud, se le aplicará de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 456. Al que sin autorización de la Secretaría de Salud o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, elabore, introduzca a territorio nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o en general, realice actos con las substancias tóxicas o peligrosas a que se refiere el artículo 278 de esta ley, con inminente riesgo a la salud de las personas, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 457. Se sancionará con pena de uno a ocho años de prisión y multa por el equivalente de cien a dos mil veces la unidad de medida y actualización, al que por cualquier medio contamine un cuerpo de agua, superficial o subterráneo, cuyas aguas se destinen para uso o consumo humanos, con riesgo para la salud de las personas.

Artículo 458. A quien sin la autorización correspondiente, utilice fuentes de radiaciones que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud de las personas, se le aplicará de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 459. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del territorio nacional sangre humana, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa por el equivalente de cien a quinient as veces la unidad de medida y actualización.

...

Artículo 460. Al que saque o pretenda sacar del territorio nacional derivados de la sangre humana sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco veces la unidad de medida y actualización.

...

Artículo 460 Bis. Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre humana o cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco veces la unidad de medida y actualización.

Si la introducción de sangre humana o de cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior produce algún contagio en la población se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 461. Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de cuatro a quince años y multa por el equivalente de trescientos a setecientos veces la unidad de medida y actualización.

...

...

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil veces la unidad de medida y actualización:

I. a VII. ...

...

Artículo 462 Bis. Al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra un deceso o de locales destinados al depósito de cadáveres, que permita alguno de los actos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y V del artículo anterior o no procure impedirlos por los medios lícitos que tenga a su alcance, se le impondrá de cuatro a nueve años de prisión y multa por el equivalente de diez mil a quince mil veces la unidad de medida y actualización.

...

...

Artículo 463. Al que introduzca en el territorio nacional, transporte o comercie con animales vivos o sus cadáveres, que padezcan o hayan padecido una enfermedad transmisible al hombre en los términos del artículo 157 de esta ley, teniendo conocimiento de este hecho, se le sancionará con prisión de uno a ocho años y multa equivalente de cien a mil veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 464. A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces la unidad de medida y actualización.

...

I. Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, en términos de los artículos 206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta veces la unidad de medida y actualización de multa;

II. Cuando se trate de bebidas alcohólicas alteradas, acorde con la fracción II del artículo 208 de la Ley General de Salud, de tres a siete años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos veces la unidad de medida y actualización demulta; y

III. Cuando se trate de bebidas alcohólicas contaminadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 207 de la Ley General de Salud, de cinco a nueve años de prisión y de quinientos a mil veces la unidad de medida y actualización de multa.

...

Artículo 464-Bis. Al que por sí o por interpósita persona, teniendo conocimiento o a sabiendas de ello, autorice u ordene, por razón de su cargo en las instituciones alimentarias a que se refiere el artículo 199-Bis de este ordenamiento, la distribución de alimentos en descomposición o mal estado que ponga en peligro la salud de otro, se le impondrá la pena de seis meses a dos años de prisión o pena pecuniaria de 500 a 5 mil veces la unidad de medida y actualización.

...

Artículo 464 Ter. ...

I. A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta Ley, se le aplicará una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil veces la unidad de medida y actualización;

II. A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil veces la unidad de medida y actualización.

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil veces la unidad de medida y actualización.

IV. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil veces la unidad de medida y actualización.

...

Artículo 465. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que realice actos de investigación clínica en seres humanos, sin sujetarse a lo previsto en el título quinto de esta ley, se le impondrá prisión de uno a ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por el equivalente de cien a dos mil veces la unidad de medida y actualización.

...

Artículo 468. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, que sin causa legítima se rehúse a desempeñar las funciones o servicios que solicite la autoridad sanitaria en ejercicio de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión y multa por el equivalente de cinco a cincuenta veces la unidad de medida y actualización.

Artículo 469. Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco veces la unidad de medida y actualización y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.

...

Artículo 469 Bis. Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil veces la unidad de medida y actualización a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, a que se refiere el título tercero Bis de la presente ley o para la prestación de servicios en materia de salubridad general, si por razón de sus funciones o actividades los hubiere recibido en administración o por cualquier otra causa.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 5 de septiembre de 2017.— Diputada Melissa Torres Sandoval(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, integrante de la LXIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados y miembro del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, partido político nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72, Apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona una fracción XI al artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme a la siguiente

Es de dominio público que existe un hartazgo en la ciudadanía, con relación a la costumbre que existe en el ámbito político de que servidores públicos de altos niveles de mando en los tres niveles de gobierno, dejen sus cargos públicos para asumir cargos directivos en los partidos políticos, o para participar en campañas políticas de precandidatos o de candidatos a puestos de elección popular, registrados por el partido político al que se encuentran afiliados los servidores públicos o que se sienten afines a ellos o que sean de su interés personal, tanto nacionales como locales, o viceversa, lo que crea desconfianza respecto de la honestidad con la que se debe desempeñar quien forma parte del Poder Ejecutivo.

Esta desconfianza genera una serie de descalificaciones, en las que incluso participan los partidos políticos, acerca de la actuación de los servidores públicos en el desempeño de su función, lo que también da origen a la presentación de una serie de denuncias y/o quejas en contra de ellos, en un gran número de casos sin sustento jurídico, que trae aparejado el deterioro de la institucionalidad que debe regir el servicio público.

En este sentido, cabe señalar que, en México, se observa desde hace varios años como una práctica común que funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, dejen sus cargos para asumir puestos directivos en los partidos políticos o para sumarse a las campañas políticas de partidos o candidatos. Esta situación genera constantes suspicacias tanto en los rivales políticos como en la propia ciudadanía, por lo que elección tras elección se escuchan acusaciones sobre el uso de recursos públicos para financiar campañas electorales o de poner a disposición información, materiales, recursos económicos, recursos humanos, etc., al servicio de los candidatos, lo que representaría una vulneración a los principios de imparcialidad y de equidad en la contienda electoral.

No obstante que la legislación mexicana establece una gran cantidad de restricciones en cuanto a la participación de servidores públicos en funciones, no existe ninguna limitante para que estos opten por dejar sus cargos y se incorporen a realizar actividades partidistas.

La situación antes señalada, supone diversos conflictos y escenarios que pueden derivar en el beneficio o ventaja para algún partido político o candidato al momento de participar en una contienda electoral o en detrimento de los derechos político-electorales de sus adversarios.

Si bien es cierto que, a la fecha, jurídicamente no se han presentado casos concretos en los que se haya acreditado que servidores públicos que hayan dejado sus cargos para incorporarse al trabajo partidario, hubieren obtenido ventaja de la información y/o aplicación de recursos públicos derivado del cargo al que renunciaron, no menos cierto resulta que existe la sospecha fundada de que se emplean múltiples formas por las que se beneficia a los partidos en los que militan o con los que simpatizan.

Conscientes de ello, es práctica común que los partidos políticos han tratado de controlar el poder de los servidores públicos, por tanto de la administración pública, para que este se ejerza en beneficio directo de los institutos políticos o de sus dirigencias, lo cual ha sido motivo para que la ciudadanía, dentro de otros aspectos, argumente que los partidos políticos son agencias de colocaciones para sus allegados.

De esta manera, se ha considerado “normal” que los partidos políticos tengan en sus filas funcionarios públicos y que en especial traten de “fichar” a los altos funcionarios, para que contribuyan a proporcionarles información y/o asesoría sobre el desempeño de Administración pública, que les permita utilizar en su beneficio el servicio público o bien, para ejercer la oposición, utilizándola políticamente o para la confección de sus programas.

Es importante mencionar que el ser nombrado a un cargo público implica la posibilidad de integrar un equipo de trabajo con gente de confianza y afín a la persona que llega a ocuparlo, dicho equipo no necesariamente deja su puesto al mismo tiempo que el titular, por tanto la posibilidad de valerse de los funcionarios que fueron colocados sigue latente, es decir, se puede obtener información privilegiada, recursos materiales como espacios físicos, papelería, vehículos, equipos de cómputo u otro tipo de beneficios según sea el caso de la institución a la que pertenecen los servidores públicos.

Adicionalmente, no se debe obviar el hecho de que se cuenta con la posibilidad de obtener y de disponer de recursos públicos que son destinados a financiar eventos de todo tipo; ello sin descartar que también los recursos humanos pueden ser empleados, ya que es factible utilizar al personal de una institución pública para realizar trabajos de campaña, promover el voto o simplemente para ser obligados a votar por determinado partido político y/o candidato.

En este orden de ideas, el círculo del dominio político sobre la estructura administrativa se cierra, primero, convirtiendo en cargos políticos puestos que deberían ser desempeñados desde el ámbito administrativo, cambiando pues el sistema de nombramiento y eludiendo el mérito y la capacidad y, segundo, clasificando como de libre designación los niveles superior e intermedio de los puestos y cargos públicos y haciendo depender a los funcionarios, en su carrera y retribución, de las decisiones del cargo político y, por ello, obligando sutilmente a que decida o informe conforme al interés del grupo político en el poder.

Así, se puede entender, más no aceptar que funcionarios públicos actúen favoreciendo a quien en algún momento fungió como su superior, ya sea por lealtad, amistad, interés económico, por temor a ser removidos de su cargo, por pertenecer al mismo partido político o por prevención a otro tipo de represalias.

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que uno de los principios constitucionales que rigen la actividad electoral es precisamente el de la imparcialidad, entendida como una forma de conducta de los servidores públicos en general, que implica abstenerse de influir en todo momento, pero principalmente durante los procesos comiciales, en la contienda electoral, a favor o en contra de algún partido político o coalición, o de algún precandidato o candidato.

En México, los poderes públicos de todos los órdenes deben observar en todo tiempo una conducta imparcial respecto de la competencia electoral, éste es un principio constitucional que se refiere al ejercicio responsable de los recursos públicos sin fines partidistas y a abstenerse de apoyar y acudir a reuniones partidistas o de apoyo a candidatos.

Los gobernantes en turno, de cualquier orden, no pueden utilizar recursos públicos para favorecer a determinado candidato o partido político, ni intervenir en los procesos electorales. El marco normativo respectivo, tanto constitucional como electoral, así como los principales criterios de interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permiten que estas conductas se reúnan en dos grandes grupos:

1. Las relacionadas con la regulación de conductas que impliquen el uso de recursos públicos, en dinero o en especie; el de servicios, programas, bienes y obras públicas en general, el de recursos humanos, materiales o financieros que por su empleo, cargo o comisión tengan a su disposición los servidores públicos, y;

2. Aquellas que regulan conductas que no necesariamente impliquen el uso de recursos públicos, pero que se relacionen con la calidad de servidor público, tales como la asistencia a mítines, marchas, asambleas, reuniones o actos públicos que tengan como finalidad promover o influir de cualquier forma el voto a favor o en contra de un partido político.

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

De lo anterior se desprende que la actuación imparcial de los servidores públicos a los que se refiere la Constitución, entendida en función del principio de equidad en la contienda electoral, exige que las autoridades gubernamentales que dispongan o ejerzan recursos públicos se mantengan al margen del proceso electoral, con el fin de que ningún partido, candidato o coalición obtenga apoyo del gobierno que pueda afectar el equilibrio entre dichas entidades políticas.

En tal virtud, una administración que no acata estas normas, cobra una importancia enorme para los partidos políticos, no sólo formal sino también material, hasta el punto que la burocracia puede erigirse en un poder fáctico, más allá de la función administrativa pública propiamente dicha, alcanzando cuotas de poder correspondientes al poder político y desviando los intereses públicos y la legalidad en beneficio propio.

Por tal razón, para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, es necesario evitar este tipo de conductas que atentan contra la democracia, y buscar que sean reguladas y restringidas por la norma suprema de la nación mexicana, para lo cual es necesario realizar una reforma al artículo 108 constitucional y al artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, objeto de la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero.Se adiciona un último párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 108

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título...

...

...

...

...

Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, así como los servidores públicos de los órganos a los que esta Constitución otorgue autonomía, no podrán desempeñar cargos directivos en partido político alguno, a menos que se separen del cargo público con un año de anticipación a la fecha en que sean electos o designados en el Instituto Político.

Segundo.Se adiciona una fracción XI al artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán...

I... a X...

XI. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión, no deberá de ejercer funciones de dirección en los partidos políticos, hasta un año después de haber concluido sus funciones.

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.— Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes(rúbrica).»