«Moción suspensiva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente

Quien suscribe, diputado Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta moción suspensiva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, que emite la Comisión de Marina, con la siguiente:

Exposición de Motivos

Violación a los artículos 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El dictamen que la Comisión de Marina pone a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, violenta los artículos 80 y 85 del Reglamento de este órgano Legislativo:

Artículo 80.

1. El dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito para aprobar o desechar los siguientes asuntos:

I. Minutas;

II. Iniciativas de ley o de decreto;

III. a VII. ...

2. Las comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Mesa Directiva, hasta antes de que se discuta por el Pleno. Para ello, su Junta Directiva deberá acordarlo.

La comisión que retire un dictamen tendrá hasta cinco días para volverlo a presentar. El dictamen se podrá retirar una sola vez.

Artículo 85.

1. El dictamen deberá contener los siguientes elementos:

I. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar;

II. Nombre de la comisión o comisiones que lo presentan;

III. Fundamento legal para emitir dictamen;

IV. Antecedentes del procedimiento;

V. Nombre del iniciador;

VII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar;

IX. Análisis y valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos;

X. Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en su caso, explicando si se aprueban, modifican o desechan;

XI. En caso de dictamen positivo:

a) El proyecto de decreto;

b) La denominación del proyecto de ley o decreto;

c) El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno, y

d) Los artículos transitorios.

XII. En caso de dictamen negativo, el proyecto de acuerdo respectivo;

XIII. En ambos casos el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las diputadas y de los diputados de la comisión o comisiones que dictaminan, que debe constar mediante firma autógrafa, y

XIV. Lugar y fecha de la reunión de la comisión en que se aprueba.

2. ...

3. ...

El dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimento en las Zonas Marinas Mexicanas, no contiene la valoración de impacto presupuestal. Esto es así, puesto que en el artículo 5 del proyecto se derogan las fracciones IX y XII, que determinan lo siguiente:

Artículo 5. La Secretaría es la autoridad en materia de vertimientos y tendrá las siguientes facultades:

I. a VIII. ...

IX. Proponer el costo de los servicios que se presten para la contención, prevención y recuperación de vertimientos de hidrocarburos y sus derivados u otras substancias, conforme a las cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

X a XI. ...

XII. Proponer anualmente, ante la dependencia de la Administración Pública Federal que corresponda, el monto de los derechos que se cobrarán a los titulares de los permisos de vertimiento por el uso de zonas marinas mexicanas;

El artículo 2o. de la Ley Federal de Derechos establece lo siguiente:

Artículo 2o. Los derechos que se establecen en esta ley se pagarán en el monto, forma, lugar y época de pago que en cada capítulo se señalan. Cuando en el capítulo respectivo no se establezca la forma, monto, lugar y época de pago se aplicarán estas disposiciones,

Los organismos públicos descentralizados que en cumplimiento al objeto para el que fueron creados usen o aprovechen bienes del dominio púbico de la nación o presten los servicios públicos exclusivos del Estado, estarán obligados a pagar los derechos que se establecen en esta ley con las excepciones que en la misma se señalan.

Cuando se constituyan o modifiquen organismos descentralizados que en cumplimiento del objeto para el que fueron creados presten servicios exclusivos del Estado o usen o aprovechen bienes del dominio público de la nación, estarán obligados a pagar por concepto de derechos el 10 por ciento de sus ingresos mensuales totales provenientes de la realización de las actividades propias de su objeto.

Esta circunstancia y el monto correspondiente se determinará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que, en su caso, podrá otorgar la autorización respectiva. Las cantidades excedentes no tendrán destino específico.

La Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, los organismos descentralizados o cualquier otra persona, aun cuando de conformidad con otras leyes o decretos no estén obligados a pagar contribuciones o estén exentos de ellas, deberán pagar los derechos que establece esta ley con las excepciones que en la misma se señalan.

La derogación de las fracciones IX y XII del artículo 5 en el proyecto de dictamen que se presenta, proyecta un impacto en las finanzas públicas, debido a que se dejará sin regulación las atribuciones que se señalan para la Secretaría de Marina y los consecuentes costos de servicios a cargo del Estado mexicano.

Falta de evaluación del impacto regulatorios

El 17 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, la cual establece que la autoridad en materia de vertimientos es la Secretaría de Marina y que corresponde a ésta el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas.

De acuerdo al contenido del dictamen que presenta la Comisión de Marina, el objeto de la reforma es el de armonizar de forma fehaciente la Ley de Vertimento en las Zonas Marinas Mexicanas, con el protocolo de 1996 del convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972.

De la lectura puntual del dictamen que se presenta se puede concluir que no se cumple el objeto señalado, que las propuestas de reforma no observan las obligaciones que el Estado mexicano contrae en la suscripción del convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972.

Obligación para promover el control de las fuentes de contaminación del medio marino, y compromiso para adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por vertimento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana dañar los recursos biológicos y la vida marina.

De conformidad con los artículos I, IV y VI del convenio señalado el Estado mexicano adquiere compromiso para controlar y adoptar medidas para impedir la contaminación del mar.

Artículo I

Las partes contratantes promoverán individual y colectivamente el control de todas las fuentes de contaminación del medio marino, y se comprometen especialmente a adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana dañar los recursos biológicos y la vida marina reducir otros usos legítimos del mar.

Artículo IV

1. Conforme a las disposiciones del presente convenio, las partes contratantes prohibirán el vertimiento de cualesquiera desechos u otras materias en cualquier forma o condición, excepto en los casos que se especifican a continuación.

a. Se prohíbe el vertimiento de los desechos u otras materias enumeradas en el Anexo I;

b. Se requiere un permiso especial previo para el vertimiento de los desechos u otras materias enumeradas en el Anexo II;

c. Se requiere un permiso general previo para el vertimiento de todos los demás desechos o materias.

2. Los permisos se concederán tan sólo tras una cuidadosa consideración de todos los factores que figuran en el Anexo III, incluyendo los estudios previos de las características del lugar de vertimiento, según se estipula en las secciones B y C de dicho anexo.

3. Nada de lo dispuesto en el presente convenio puede ser interpretado en el sentido de impedir que una Parte Contratante prohíba, en lo que a esa parte concierne, el vertimiento de desechos u otras materias no mencionadas en el Anexo I. La parte en cuestión notificará tales medidas a la organización.

Artículo VI

1. Cada parte contratante designará una autoridad o autoridades apropiadas para:

a. Expedir los permisos especiales que se requerirán previamente para el vertimiento de materias enumeradas en el Anexo II y en las circunstancias previstas en el apartado 2 del Artículo V;

b. Expedir los permisos generales que se requerirán previamente para el vertimiento de todas las demás materias;

c. Llevar registros de la naturaleza y las cantidades de todas las materias que se permita verter, así como del lugar, fecha y método del vertimiento;

d. Vigilar y controlar individualmente o en colaboración con otras partes y con organizaciones internacionales o generales de conformidad con el apartado 1 respecto a las materias destinadas a ser vertidas.

a. Que se cargue en su territorio;

b. Que se carguen en un buque o aeronave registrado o abanderado en su territorio cuando la carga tenga lugar en el territorio de un Estado que no sea parte de este convenio.

3. En la expedición de permisos con arreglos en los incisos a) y b) del apartado 1 de este artículo, la autoridad o autoridades apropiadas observarán las disposiciones del Anexo III, así como los criterios, medidas y requisitos adicionales que se consideren pertinentes.

4. Cada parte contratante comunicará a la organización y, cuando proceda a las demás partes, directamente o a través de una secretaría establecida con arreglo a un acuerdo regional, la información especificada en los incisos c) y d) del apartado 1 de este artículo y los criterios, medidas y requisitos que adopte de conformidad con el apartado 3 de este artículo. El procedimiento a seguir y la naturaleza de dichos informes serán acordados por las partes mediante consulta.

En la ley de vigente de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, la Secretaría de Marina es la autoridad en materia con las facultades señaladas en su artículo 5, el cual se traduce:

Artículo 5. La Secretaría es la autoridad en materia de vertimientos y tendrá las siguientes facultades:

I. Otorgar y cancelar los permisos de vertimientos y vigilar su cumplimiento; asimismo, suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias que contravenga las disposiciones de la presente ley;

II. Realizar visitas de inspección y vigilancia;

III. Realizar investigaciones oceanográficas, actuaciones, emitir dictámenes y resoluciones;

IV. Determinar las responsabilidades e imponer las sanciones establecidas en la presente ley;

V. Fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino;

VI. Integrar la información estadística y llevar el control de los vertimientos realizados en las zonas marinas mexicanas, así como de las infracciones impuestas;

VII. Fijar la cantidad que cubrirá el solicitante, para garantizar la reparación de los daños, perjuicios y multa que se pudieran aplicar, por contravenir las disposiciones de la ley o del permiso mediante billete de depósito; y en su caso implementar las acciones legales, cuando la garantía no haya sido suficiente para tales efectos;

VIII. Establecer medidas para la prevención, reducción y en su caso, eliminación de los contaminantes contenidos en el material a verter o la contaminación por el vertimiento, así como los criterios para evitar que se transfieran, directa o indirectamente, los daños de una parte del medio ambiente a otra, ni transformen un tipo de contaminante en otro;

X. Establecer y expedir los criterios respecto de las materias o substancias que podrán ser objeto de solicitudes de vertimientos;

XI. Interpretar y aplicar las disposiciones del Protocolo 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, adoptado en la ciudad de Londres;

XIII. Determinar la zona de tiro, o en su caso autorizar la zona propuesta por el interesado;

XIV. Fungir como autoridad responsable ante los organismos internacionales, en materia de prevención de la contaminación de las zonas marinas mexicanas por vertimiento de residuos y otras materias, para lo cual deberá coordinarse, en su caso, con las dependencias del Ejecutivo federal que; en el ámbito nacional, tengan competencia sobre materias vinculadas al cumplimiento de los compromisos internacionales correspondientes;

XV. Participar en los foros nacionales e internacionales en materia de vertimientos; así como informar anualmente o cuando sea requerido por la Organización Marítima Internacional de los vertimientos autorizados por la secretaría;

XVI. Dar intervención a otra dependencia del Ejecutivo federal u organismo cuando de los hechos se desprenda la posible infracción a otras disposiciones legales, y

XVII. Emitir y actualizar los formatos necesarios de acuerdo al material que se pretenda verter, considerando los avances de la ciencia y la tecnología, debiendo publicarlos en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo al artículo IV, y al Anexo 1, numeral 5, del convenio, el Estado mexicano se compromete a prohibir el vertimento de petróleo crudo, fuel-oil aceite pesado diésel y aceites lubricantes fluidos hidráulicos y mezclas que contengan esos hidrocarburo; cargados con el fin de ser vertidos. Así mismo, el numeral 9 del mismo Aanexo 1, refiere el requerimiento de permiso para desechos u otros materiales (tales como logos de agua residual y escombros de dragados) a las materias señaladas en los apartados 1-5 de dicho anexo.

Con la adición que se propone del artículo 3 Ter, primer párrafo, se deja de observar las obligaciones del Estado mexicano, para la exploración, explotación y consiguiente tratamiento mar adentro de los recursos minerales del lecho o subsuelo marino:

Artículo 3 Ter. Las disposiciones de la presente ley no se aplican a la evacuación o el almacenamiento de dese-chos u otras materias que resulten directamente de la exploración explotación y consiguiente tratamiento mar adentro de los recursos minerales del lecho o subsuelo marino, o que estén relacionadas con dicha actividad.

Adición que contraviene el contenido del artículo VI del Convenio Internacional, al excluir la expedición de permisos especiales para el vertimento de materias enumeradas en los Anexos II y III, así como el registro de la naturaleza y las cantidades de todas las materias que se permita verter, así como el lugar, fecha y método de vertido; así como las disposiciones del Anexo III, relativo a los criterios que rijan la concesión de permisos para el vertimento de materias en él mar, producto de la exploración, explotación y consiguiente tratamiento mar adentro de los recursos minerales del lecho o subsuelo marino en el territorio nacional.

Esta disposición afectará derechos humanos de la población rivereña en las zonas marítimas en las que se autoricen concesiones mineras. Como es el caso de la concesión minera que el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía otorgó a la empresa Exploraciones Oceánicas filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, de una superficie marina de 268 mil hectárea, en la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, área en la que se propone extraer 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas en el proyecto denominado Don Diego.

En la extracción se utilizará una Draga de Succión de Marcha, la que levantará u syccionará el fondo marino. Por cada tonelada de fosfato se generarán 30 toneladas de dese-chos, mismos que se dejarán en el mar, generando un caos ambiental, con cambios radicales y peligrosos que destruirán la vida marina de la zona. El proyecto se asienta en una zona de alta producción pesquera.

De igual forma, el artículo 6 Bis, excluye la regulación de vertimentos en zonas marinas mexicanas por actividades del sector hidrocarburos al disponer para las actividades de este sector, únicamente la coordinación de la Secretaría de Marina con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para el ejercicio de sus respectivas atribuciones de regulación y supervisión.

Siendo necesario precisar que las actividades que regula la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, artículo 3o., fracción XI, inciso a, precisa que el Sector Hidrocarburos, comprende entre otras, el reconocimiento y exploración artificial, y la exploración y extracción de hidrocarburos. En complemento el artículo 5o. de la misma ley, señala en su fracción XVIII, la atribución de la agencia para expedir, suspender, revocar o negar licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia ambiental, a que se refiere el artículo 7 de la misma ley. Disposición última que señala la competencia de la agencia para autorizaciones en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental del sector hidrocarburos, de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, entre otros. Sin precisar las prohibiciones, limites o permisos sobre vertimentos de hidrocarburos en Zonas Marinas Mexicanas.

Si bien, es de señalar que el 9 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de reconocimiento y exploración superficial, exploración y extracción de hidrocarburos. Es importante subrayar que estas disposiciones no atienden las obligaciones derivadas del Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias de 1972.

En el mismo sentido, es necesario señalar que la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, no contiene en el Título Segundo, Capítulo V, Infracciones y Sanciones, un marco definido para el incumplimiento de las medidas previstas en el convenio que pretende regularse con las adiciones y reformas que se proponen a la ley que se dictamina.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, solicito a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados se sometan a consideración los siguientes:

Acuerdos

Primero.Se dé trámite a la moción suspensiva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, que emite la Comisión de Marina.

Segundo. Se devuelva a la Comisión de Hacienda de ésta honorable Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, que emite la Comisión de Marina, para efecto de llevar acabo el análisis, discusión y dictaminación de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 80, 85, 188 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Nota

1 Núñez Rodríguez., Violeta R. Minería Marina como parte del territorio del capital. Colonización del mundo marino: resistencia en el Golfo de Ulloa, México. Revista Argumentos, volumen 30, número 83, enero-abril 2017, páginas 149-168 Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, México.

2. Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES). Las Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial son los estudios realizados en mar o tierra con el objetivo de identificar la posible existencia de hidrocarburos dentro de un área, Estos estudios son el principal insumo para identificar las posibles áreas que integrarán las futuras rondas de licitación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Para asegurar las mejores condiciones que favorezcan al desarrollo económico del país se elaboraron las disposiciones administrativas de carácter general en materia de Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración Superficial de Hidrocarburos, permiten que las empresas autorizadas puedan comercializar la información de forma exclusiva por un periodo de 12 años en la modalidad que incluye la adquisición de datos y 6 años en la modalidad que no incluye la adquisición de datos. Toda la información obtenida de estas actividades formará parte del acervo nacional que tendrá a su resguardo el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. El proceso de las ARES está compuesto de dos etapas principales: La primera que consiste en la inscripción al padrón ARES de las empresas interesadas donde por medio de la entrega de información respecto de la compañía y la experiencia que tiene realizando el tipo de actividades queda registrada en el padrón. La segunda etapa del proceso y la más importante es cuando somete a la CNH el proyecto que llevará a cabo una vez que obtenga su autorización.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de noviembre de 2017.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Consejo General del INE a transparentar los criterios de fiscalización sobre actos anticipados de campaña, los mecanismos para detectarlos y, en su caso, sancionarlos, así como los procedimientos que desarrolle actualmente a fin de poner en práctica tales principios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honrable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Complejidad del proceso electoral

El proceso electoral 2017-2018 será el más complejo e iné-dito de la historia de la democracia, tanto por el número de cargos que se renovarán como por la fiscalización constante sobre los actos, gastos y sus consecuencias en los procesos electorales. Ante ello, la certeza sobre las reglas y su aplicación para garantizar la equidad en las contiendas, es una exigencia que tiene obligación de atender la autoridad electoral de fondo y no sólo de forma.

II. El INE debe otorgar certidumbre sobre cuáles son las conductas sancionables

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe estar a la altura de las circunstancias que la historia le demanda, su presidente y sus consejeros no pueden argumentar que lo intentaron, pero que se obstaculizó su pretendida actuación porque invadía facultades, y con ello permitir que diversos actores intenten burlar la ley y a la autoridad y sus consecuencias a partir de la indefinición sobre los elementos que constituyen un acto anticipado de precampaña y de campaña, los mecanismos necesarios para su detección, calificación y sanción.

III. Es indispensable contar con lineamientos claros sobre los elementos que constituyen un acto anticipado de campaña, los mecanismos necesarios para su detección, calificación y sanción

Es necesario que el INE conforme a sus facultades, recopile, sistematice, interprete y aplique los criterios emitidos por las autoridades jurisdiccionales y que han quedado firmes, con la finalidad de transparentar a los sujetos obligados y a la ciudadanía en general, reglas de valoración y fiscalización sobre actos anticipados de precampaña y campaña, los mecanismos para detectarlos y sancionarlos, así como los procedimientos desarrollados para poner en práctica dichos criterios a fin de que las consecuencias sean conocidas por todos y su aplicación sea contundente, para así evitar daños o ventajas indebidas de imposible reparación que pudieran afectar gravemente a la equidad en la contienda electoral, siendo ésta una principio rector de nuestra democracia.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que transparente los criterios de fiscalización sobre actos anticipados de campaña, los mecanismos para detectarlos y, en su caso, sancionarlos; así como los procedimientos que actualmente esté desarrollando para poner en práctica dichos criterios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2017.— Diputados. Edgar Romo García, César Camacho Quiroz (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, al INAI y a la PGR a tomar en el marco de sus facultades y competencias medidas para proteger a los usuarios de Uber, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El martes 21 de noviembre, la empresa Uber dio a conocer que en octubre de 2016 fueron hackeados los datos de 57 millones de usuarios y 7 millones de choferes en todo el mundo.

El gerente general de la empresa, Dara Khosrowshasi, informó que la información robada correspondió a los nombres de los usuarios, sus correos electrónicos y números de teléfonos.

Sin embargo, aseguró que la información sobre los trayectos realizados, los números de tarjeta de crédito y cuentas bancarias, los números de seguridad social y las fechas de nacimiento de los usuarios no habrían sido pirateados.

Khosrowshahi explicó que después del incidente, de inmediato se tomaron las medidas necesarias medidas para proteger los datos de los usuarios y poner fin al acceso ilegal de información, se identificaron a los maleantes y se obtuvieron garantías de que los datos sustraídos se destruirían.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, Uber pagó 100 mil dólares a los piratas para que destruyeran la información sin divulgar a los usuarios o conductores que sus datos estaban en riesgo.

De acuerdo con la información de El Financiero, un vocero de Uber en México aseguró que la empresa está en proceso de notificar a varias autoridades regulatorias y gubernamentales sobre estos hechos, y que esperamos tener un diálogo continuo con ellas para esclarecerlos.

Recordó que tras el incidente de 2016, se implementaron medidas de seguridad para restringir el acceso y fortalecer los controles en las cuentas de almacenamiento de datos basadas en la nube de la compañía.

En julio de 2017, el director global de Uber, David Richter, destacó que la Ciudad de México es la segunda ciudad con más presencia de la firma en el mundo.

La declaración se hizo en el marco del anuncio de una inversión de 6 mil 850 millones de pesos para iniciativas y promociones, nuevas funciones para mejorar la seguridad y experiencia, y procesos para fortalecer un soporte continuo virtual y presencial durante el uso de la aplicación.

Por su parte, Federico Ranero, director de la empresa en México, dijo que actualmente Uber tiene 230 mil socios conductores activos en México y que la firma tenía la intención de duplicar dicha cifra en un periodo de año y medio.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el marco de sus atribuciones y facultades, refuerce la protección de todos los usuarios de Uber y haga un llamado a dicha empresa para garantizar la salvaguarda y seguridad de la información de sus clientes en todas sus plataformas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que, en el marco de sus facultades y atribuciones constitucionales, oriente a los usuarios de Uber para proteger sus datos personales y exija a la empresa actualizar su aviso de privacidad y reforzar la seguridad cibernética de sus plataformas.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en el marco de sus facultades y competencias, inicie una investigación de oficio por probables delitos cibernéticos que se hayan cometido en contra de los clientes de la empresa Uber.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de noviembre de 2017.— Diputados del Grupo Parlamentario del PAN (Rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y la Conasami a asignar con la mayor brevedad un incremento de 100 pesos al salario mínimo, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Arturo Santana Alfaro, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El salario mínimo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia; teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.

Por otra parte, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Carta Magna se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

En base al informe emitido en el año 2014, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el sueldo mínimo en México fue de 146,15 dólares al mes, ubicándose en los últimos lugares de la región según dicho informe. Igualmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) situó al país como el único con el salario mínimo inferior al umbral de la pobreza, y un 14 por ciento de los trabajadores reciben un ingreso aún inferior a éste.

El 20 de octubre pasado, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos recibió escrito del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, por medio del cual le hace llegar la solicitud de revisión de los salarios mínimos que le presentaron el presidente del Congreso del Trabajo, el secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y los representantes de los trabajadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en uso de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo; escrito en el que además se hace constar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha cerciorado que dicha solicitud satisface el requisito de que los solicitantes representan, por lo menos, el 51 por ciento de trabajadores sindicalizados como lo establece el inciso a), fracción II, del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.

El Consejo de Representantes, después de estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyaban fueron suficientes para iniciar el proceso de revisión, resolvió afirmativamente la continuación de dicho proceso. Para este efecto, el presidente de la CONASAMI ordenó a la Dirección Técnica de la misma la preparación de un informe que considere el movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios; así como los datos más significativos de la situación económica nacional para que el Consejo de Representantes pueda disponer de la información necesaria para revisar el salario mínimo general vigente y fijar, en su caso, el que deba establecerse.

El pasado 23 de junio de 2017 el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, maestro Salomón Chertorivski, se pronunció por un aumento urgente de 14 pesos al salario mínimo, debido a que el salario mínimo en México hoy no alcanza ni siquiera para que un adulto y un dependiente puedan comer, y esto provoca lamentablemente que una decisión de 40 años de un aumento en el salario ha generado trabajos formales que a pesar de hacerlo se vive en la pobreza.

Es claro que el aumento salarial, de acuerdo a los especialistas, no tendría un impacto importante en inflación pero sí a efectos positivos para la economía de nuestro país, que permitirá vivir de una manera digna a toda la clase trabajadora, en donde su esfuerzo se verá retribuido.

La acción de la CONASAMI llega con retraso de casi cinco meses sobre la medida propuesta por Coparmex para empatar el SMG a la Línea de Bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ello implicaría que a partir de noviembre de 2017, el SMG pase de 80.04 pesos (vigente desde el 1 de enero de 2017) a 95.24 pesos.

Es importante resaltar que, en diciembre de 2017, se debería realizar la revisión de los salarios mínimos profesionales, en la que la inflación observada en el último período anual, sería como ha ocurrido tradicionalmente, el principal criterio de ajuste a los mismos, y que permitiría ajustarlos a partir de enero de 2018.

Por otro lado, y no obstante algunas posturas dogmáticas de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que en privado alarmaron a diversos actores del sector privado con los riesgos de un incremento de la inflación y les amagaron con el posible encarecimiento de las tasas de interés como consecuencia de la movilidad salarial, no existe ninguna evidencia que los incrementos salariales de principios de 2017 hayan tenido una incidencia significativa en la inflación.

El anuncio del día 21 de noviembre mediante comunicado de prensa se dio a conocer que el presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y de los representantes de los trabajadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y con el respaldo del sector patronal y del gobierno de la república, el Consejo de Representantes de la CONASAMI resolvió revisar el monto actual del salario mínimo general dónde menciona un aumento salarial pasando de 80.04 a 88.36 pesos.

Llevar a 100.00 pesos el SMG en noviembre de 2017, sería un paso más inscrito en la nueva cultura salarial, una evolución progresiva de los sueldos, que preservando la estabilidad, induzca el crecimiento económico y al desarrollo social.

La viabilidad de la economía de mercado con estabilidad social en el mediano y largo plazo, sólo es posible si amplios sectores de la población encuentran en ella una vida digna. Apostarle a la pobreza permanente y al crecimiento de la desigualdad, en realidad es apostar contra la economía del mercado y la libertad.

Lo anterior, va acorde con lo señalado por el vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Jonathan Heath, quien asegura que “existe un amplio margen para aumentar el mínimo sin perjuicio a la inflación o al desempleo”.

Es claro que sí se puede hacer un aumento considerable en el salario mínimo diario en nuestro país, ya que no existe como lo señalan los diversos expertos una lógica con lo que dice el gobierno federal, que se debe aumentar la productividad y que en base a eso el salario pueda aumentarse.

De la misma forma, se plantea que el salario mínimo debe ser igual al costo de la canasta alimentaria y cubrir las necesidades básicas de una familia.

El crecimiento de los sueldos para trabajadores sindicalizados y no sindicalizados para 2018 será mínimo con respecto a lo que aumentaron en 2017, lo que representa una pérdida en el poder adquisitivo al estar por debajo de la inflación con la que se espera cerrar el año (6.3 por ciento), según el pronóstico de la empresa consultora Aon México.

Es preciso que en cualquier economía sean inevitables las modificaciones a los salarios mínimos diarios, que garanticen una calidad de vida para todas las familias mexicanas. Con esto se estaría consagrando verdaderamente el derecho universal al salario mínimo.

En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se encuentra plasmado otro principio fundamental que sustenta en que consiste un salario digno; el cual menciona que: a. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. b. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

La anterior, postura, sostiene que el salario es un derecho humano económico y por lo cual tiene que ser satisfactorio, ya que sirve al trabajador para sobrevivir.

Por lo tanto, es necesario que el gobierno federal trabaje de la mano con los empresarios, la clase trabajadora y el presidente de la CONASAMI, para llevar a cabo el procedimiento señalado en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

Ante la inacción y la simulación gubernamental, el pueblo de México espera una respuesta inmediata del legislativo.

Por ello sostengo que es momento de tomar decisiones y dar respuesta a la clase trabajadora y otorgar un incremento al salario mínimo para llegar a 100 pesos como arranque para estabilizar el poder adquisitivo y lograr un mejor y fácil acceso a la línea de bienestar por parte de la clase trabajadora.

Como diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estoy preocupado por la clase trabajadora de nuestro país, la cual hasta el día de hoy se encuentra en un total estado de indefensión, y que hoy, necesita que todos apoyemos para que puedan tener verdaderamente un salario digno para ellos y sus familias. Y de esta forma perciban lo suficiente para que puedan cubrir las necesidades más elementales para sobrevivir.

No obstante por lo manifestado por la Coparmex, en donde se propone un salario mínimo de 95.24 pesos, considero que, a pesar de los esfuerzos, no sería suficiente para cubrir las necesidades primarias de una familia, que contempla la línea de bienestar propuesta por el Coneval.

Es por ello, que propongo que el salario mínimo diario sea del orden de los 100.00 pesos, el cual alcanzaría desde mi perspectiva para los gastos generales diarios para una familia modesta.

En este sentido se estaría hablando de un salario mínimo mensual de 3 mil pesos en comparación del propuesto por el gobierno a través de la CONASAMI, que sería del orden de 2 mil 857.02 pesos mensuales.

Estableciendo una diferencia de 142.98 pesos entre la propuesta por un servidor y lo que propone el gobierno federal a través de la CONASAMI.

Con el aumento del salario mínimo de referencia se podría combatir de manera eficaz la pobreza que aqueja hoy en nuestro país.

Con esto lograríamos ponernos a la par con países como Paraguay, en donde a la clase trabajadora le alcanza el salario perfectamente para vivir con las necesidades básicas y con esto el esfuerzo de cada uno de los trabajadores es verdaderamente recompensado.

Es momento de escuchar a la clase trabajadora, sin dejar de lado la opinión de la clase patronal, para tratar de estabilizar paulatinamente el salario mínimo hasta que este sea tangible para la clase trabajadora.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a que asignen a la brevedad un incremento al salario mínimo para llegar a 100 pesos que entrará en vigor a partir del primero de enero de 2018, y convoque a todos los sectores que participan para tal efecto como lo son los sindicatos, y el sector patronal.

Palacio Legislativo, a 23 de noviembre de 2017.— Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Fabiola Rosas Cuautle, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Fabiola Rosas Cuautle, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, de conformidad con la siguiente:

Exposición de motivos

I. Introducción

La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su vida, esto es, que la democracia está basada en la participación de los individuos en los asuntos de su comunidad y se expresa mediante el voto y el ejercicio del cargo público.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que, mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía.

Este derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino también el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó.

Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no debe verse como derecho aislado, distinto el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos.

El derecho a votar y ser votado son derechos políticos llamados también derechos del ciudadano, los cuales son prerrogativas reconocidas exclusivamente a las personas con la calidad de ciudadanos precisamente, que facultan y aseguran su participación en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser votado.

Decimos que son derechos políticos, porque son prerrogativas irrenunciables que tienen los ciudadanos para participar en la integración de los poderes públicos, y que permiten participar individual y colectivamente en las decisiones y vida de carácter político de una comunidad. Estos derechos son propios e inherentes a la calidad de ciudadano e implican la capacidad de ejercicio frente al gobierno y dentro del Estado.

En pocas palabras, los derechos políticos permiten al ciudadano vincularse con la actividad política del Estado al que pertenece su ciudadanía, interviniendo en las decisiones colectivas referentes a la forma de Estado y gobierno, que estime sean las mejores para su vida social e individual.

Por otro lado, tras la reforma constitucional del año 2011, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

Los derechos humanos, en lo general, son prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de “origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Debemos tener siempre en cuenta que los derechos humanos se consideran interrelacionados, interdependientes e indivisibles, como si fueran un todo, por lo que cualquier clasificación que se proponga al respecto no los separa ni los jerarquiza, sino que únicamente los explica.

En tal sentido, no todos los derechos humanos son derechos políticos, pero todo derecho político será siempre derecho humano, es decir, los derechos humanos son inherentes a la calidad del ser humano, y los derechos políticos son otorgados por un Estado, y en el caso de México, al otorgar ese derecho, debe ser considerado como derecho humano.

Así, en el caso de México, el derecho a votar y ser votado, es un derecho humano consagrado en la Carta Principal del País (CPEUM), así como en diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, siendo prerrogativas que forman parte de los derechos políticos juntamente con los derechos civiles, considerados universalmente como los derechos de primera generación.

Por tanto, al hablar de derechos humanos, debemos decir que estos, son patrimonio innato de todos los seres humanos; y su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos.

II. Problemática

La demanda del voto de los mexicanos en el extranjero tiene sus antecedentes en el siglo pasado. Los primeros ejercicios en el orden nacional tuvieron sus resultados en las elecciones presidenciales en los años 2006, 2012 y 2018. En dichos ejercicios se incrementó la participación gradualmente. Siempre es y será saludable que los emigrantes sientan que los lazos con su país de origen persisten.

Para alcanzar dicha finalidad existen varios caminos o políticas públicas, verbigracia: mecanismos de protección de los derechos humanos en el extranjero, una política cultural de grandes alcances e incluso la posibilidad de la doble nacionalidad.

No obstante, un reclamo constante de los mexicanos que se encuentran en el extranjero es que no se encuentran debidamente representados por los legisladores que integran la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como por los diputados integrantes de los congresos de las entidades federativas.

Consideran que es indispensables que los diputados generen leyes que fortalezcan los derechos y prerrogativas de los mexicanos que residen en el extranjero, garantizando con ello a esos ciudadanos voz en el gobierno de su país de origen.

En ese contexto, debemos de equiparar el derecho del voto depositado por el nacional residente en el extranjero que el depositado en el territorio nacional.

Como lo mencionamos en el apartado anterior, el derecho político de ejercer el voto es un derecho humano, de carácter universal, de tal forma, y en el presente caso concreto, que si todos los mexicanos contamos con los mismos derechos humanos salvaguardados por la Carta Principal del País, los nacionales que residen en el extranjero, también se les debiere representar a través de legisladores, es decir, el efecto del voto es ejercer un cargo público, y tratándose de diputados, es el de representar y velar por sus representados.

En ese sentido, se estima conveniente que los mexicanos residentes en el extranjero también cuenten con representantes en los parlamentos legislativos, que cuiden y velen por sus legítimos intereses.

No podemos olvidar y desamparar a los nacionales en el extranjero, debemos protegerlos, y una herramienta para hacerlo es precisamente que el sistema político-electoral cuente con representantes que aseguren los derechos de los mexicanos residentes en el extranjero, tanto en la Cámara de Diputados, así como en los congresos locales de las entidades federativas.

Asimismo, se estaría fortaleciendo la democracia nacional, al incorporar a todos aquellos nacional en el extranjero en la vida política del país

Al respecto, es importante destacar que los connacionales desde siempre han participado en el desarrollo regional a través de la inversión y activación económica en las comunidades de origen y destino, así como en el progreso binacional al ocupar en los Estados Unidos de América o en cualquier otro país extranjero, una gama amplia de actividades laborales tanto en las ramas de la construcción y los servicios como en la producción agrícola, asimismo en las grande urbes y en los campos de producción, a pesar de que en muchos de los casos sufren discriminación y violación a sus derechos laborales.

Debemos señalar que, durante varias décadas, el Estado mexicano para los voceros de la demanda del voto de los nacionales en el extranjero fue contundente, desde antes de la reforma constitucional de 1996 y desde antes del primer ejercicio del sufragio de 2006, se negó el ejercicio a sus derechos políticos, ello a pesar de su contribución a la riqueza de ambas naciones en los ámbito cultural, social y económico.

Se les limitó su desarrollo político, a la luz del desarrollo democrático internacional y a pesar de que también son vejados de sus derechos fundamentales por grupos xenofóbicos, racistas y políticas públicas excluyentes violatorias de los principios universales.

Ahora bien, a pesar de que actualmente se encuentra consolidado en el sistema político-electoral el voto de las y los mexicanos en el extranjero para las elecciones presidenciales, así como en algunas entidades federativas, también se estima conveniente integrarlos a la comunidad política nacional, a través de representantes, diputadas y diputados que velen efectivamente por sus derechos humanos.

Por los anteriores motivos y ante tal fenómeno social, con la presente iniciativa se pretende que los mexicanos en el extranjero cuenten con representantes parlamentarios tanto en el Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión como en los congresos locales de las entidades federativas, en aras de que se perfeccione el modelo del voto para los mexicanos en el extranjero, así como se incentive la integración de la participación política y mejore el diseño del sistema electoral mexicano en los procesos de elección.

III. Propuesta

Como se pudo advertir, el anterior escenario nos indica que es momento de poner orden en el fenómeno social de la representación política de los mexicanos que residen en el extranjero.

Se trata de garantizar los derechos humanos de los mexicanos que residen en el extranjero, así como de perfeccionar el modelo del voto para los connacionales, incentivar la integración de la participación política, mejorar el diseño de los partidos políticos en los procesos de postulación de personas para candidaturas a legisladores federales y locales.

IV. Contenido de la reforma

La reforma que se propone a la Ley General de Partidos Políticos se estima suficiente para atender los derechos humanos y necesidades de todos aquellos nacionales que residen en el extranjero en ánimos de que cuenten con una representación política dentro de ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como en los congresos locales de las entidades federativas.

En tal virtud, se propone modificar los artículos 3 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para con ello garantizar que los partidos políticos postulen personas que aseguren la representación de nuestros connacionales que residen en el extranjero, en las candidaturas a legisladores federales y locales.

Es por todo lo expuesto, que me permito someter a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Partidos Políticos

Único.Se adiciona un numeral 6 al artículo 3 y se reforma el inciso r) del numeral 1 del artículo 25, ambos de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y

c) Cualquier forma de afiliación corporativa.

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

6. Los partidos políticos garantizarán la postulación de personas que aseguren la representación de los mexicanos residentes en el extranjero, en las candidaturas a legisladores federales y locales que serán electos según el principio de representación proporcional.

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) al q); ...

r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales; así como la postulación de personas que representen a los mexicanos residentes en el extranjero.

s) al u) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Fabiola Rosas Cuautle, Edith Yolanda López Velasco, Flor Estela Rentería Medina, José Lorenzo Rivera Sosa, María Gloria Hernández Madrid, Nora Liliana Oropeza Olguín, Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y adiciona la Ley de Migración, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, la migración de retorno es el movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no e incluye la repatriación voluntaria

Según las Naciones Unidas se asume como migrante retornado aquel que vuelve a su lugar de origen con el firme propósito de permanecer definitivamente después de estar fuera más de un año. Asimismo, se observa como un proceso complejo en que la decisión de quedarse en el país de destino o retornar a la comunidad de origen se entrelaza con las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y psicológicas que están insertas en este proceso donde intervienen distintos niveles de análisis, tanto micro como meso y macro social.

Ahora bien, la migración de retorno puede darse de forma voluntaria sin obligación, voluntaria obligada, o involuntaria.

Existen cinco formas de retorno a saber:

1) Retorno de migrantes circulares o temporales que regresan después de terminar un contrato temporal.

2) Retorno de “commuters.” Refiere a las personas que son residentes de alguna ciudad fronteriza y cruzan la frontera cotidianamente con documentos o permisos temporales de trabajo para trabajar o comprar.

3) Retorno como proyecto de residencia definitiva. Refiere a los migrantes que regresan con planes de quedarse en el país de origen.

4) Retorno por deportación desde el país de destino: Incluye migrantes que vivían en el país receptor y recibieron una deportación.

5) Retorno por deportación durante el cruce fronterizo: Migrantes que reciben una deportación o retorno voluntario obligatorio.

Los migrantes que se desplazan de México a Estados Unidos ocupan el primer lugar, totalizando sólo ellos casi 6 por ciento del contingente mundial de migrantes.

Entre las causas principales que motivan a los connacionales a emigrar a otro país, sobre todo a Estados Unidos, se encuentran:

El desempleo y subempleo, pobreza y marginación, desintegración familiar, los conflictos sociales y políticos, la degradación del medio ambiente y desastres naturales y la migración de jóvenes con mayor nivel académico.

El desequilibrio económico de México, obliga a muchos connacionales a ser excluidos del sistema económico, de tal suerte que se ven en la necesidad de buscar en el exterior las oportunidades que se les han negado dentro de su país. La ausencia de opciones ocupacionales tanto en el campo como en las ciudades, ha generado un flujo continuo de migrantes hacia Estados Unidos.

En Estados Unidos, la población nativa de México representa el grupo más numeroso de población extranjera radicada en ese país. Los estados de California y Texas concentran la mayor cantidad de los inmigrantes mexicanos. En 2013, en 4 estados de la Unión Americana se concentraban casi el 70 por ciento de los migrantes mexicanos en aquel país. Los estados son California, Texas, Illinois y Arizona.

Entre el periodo de 2010-2015 las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron casi dos millones de connacionales. Durante la administración de Obama (2008-2016) fueron expulsados más de 2.8 millones de mexicanos, incrementándose en personas que ya llevaban años residiendo en dicho país.

Los principales puntos de devolución en 2015 fueron Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ciudad Acuña, Coahuila; y Tijuana, Baja California.

Ahora bien, de acuerdo al análisis de la migración fronteriza entre México y Estados Unidos, se han formularon cinco aspectos a tener en cuenta a la hora de cuestionar la motivación para retornar:

1) El capital humano, conformado por las habilidades, conocimientos y capacidades adquiridas en el extranjero; 2) el capital social, o redes sociales en ambas partes, entre más familiares se establezcan en Estados Unidos, las posibilidades de retorno y contacto con la comunidad de origen disminuyen con el tiempo; 3) número de propiedades, terrenos, parcelas agrícolas con las que cuenta en su comunidad de origen; 4) las condiciones económicas de la comunidad, donde la diversificación económica y las posibilidades de inversión juegan un papel importante en la duración de la estancia en el extranjero; y 5) las condiciones macroeconómicas en ambos países, en donde la inflación, crisis y devaluación influyen a la hora de retornar e invertir. Esto nos permite comprender cómo este proceso migratorio está sellado por una tensión constante entre quedarse en Estados Unidos o retornar a México.

En este sentido, merece la pena señalar que el derecho a la migración representa una manifestación del derecho humano para aspirar a una vida mejor, realidad que obliga a que los Estados emisores y receptores de los mismos, sumen y articulen esfuerzos para abordar de manera efectiva y sobre todo esta situación de forma compartida, ya que el esfuerzo realizado por las comunidades migrantes, se traducen en estabilidad y bienestar económico para los Estados.

Esta realidad, obliga a todos los poderes de los Estados, desde sus diferentes ámbitos a adoptar medidas pertinentes para tutelar y hacer eficaz la validez de los derechos humanos de la comunidad migrante.

Sin embargo, esto en la práctica no es así. Los migrantes padecen diversas violaciones en sus derechos fundamentales, ejemplo de ello son: El trato cruel, inhumano, degradante, incomunicación, detenciones arbitrarias, omisión para resolver con respecto a su situación jurídica migratoria, dilación en el procedimiento administrativo, así como violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, y violación al debido proceso entre otros.

Por otra parte, en México la migración es un fenómeno cultural y social de grandes dimensiones, si bien, ha ido en constante aumento en los últimos años, no es un tema nuevo, aunque ha estado relegado de la agenda política nacional debido a que únicamente se ha tomado en cuenta su importancia económica relacionada directamente con las remesas que envían concretamente las personas migrantes en Estados Unidos, sin embargo, se invisibiliza a las personas migrantes que transitan diariamente por nuestro país y que están constantemente expuestas a violaciones de sus derechos humanos por su condición irregular en el país y el miedo que tienen a denunciar ya que pueden ser deportadas y deportados a sus lugares de origen.

Sin duda, un fenómeno que detonó la preocupación y atención del gobierno mexicano en el tema de migración de retorno fue la entonces candidatura del Donald Trump y su posterior llegada a la silla presidencial de Estados Unidos, desde que se postuló mantuvo un constante cúmulo de propuestas en materia de migración, en las que enfatizó con deportar a las y los mexicanos que residen en aquel país, posteriormente, ya como presidente, ha realizado un sinfín de declaraciones al respecto e incluso ha llevado a cabo acciones tan controvertidas como la “construcción del muro fronterizo” y en días recientes la anulación de la “Ampliación de la Consideración de Acción Diferida” (DACA por sus siglas en inglés) que amparaba de forma temporal de la deportación y concedía una autorización de empleo para los llamados “dreamers” que ingresaron al país del Norte antes de cumplir los 16 años y se encuentran en él desde antes del 15 de junio de 2007.

La declaración hecha el pasado martes 05 de septiembre del año en curso, por el secretario de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, deja en incertidumbre el futuro de aproximadamente 800 mil dreamers, este programa de la era de Barack Obama protegía a los jóvenes inmigrantes que habían llegado como niños junto a sus padres.

Ahora bien, el Instituto Nacional de Migración calcula que el 78 por ciento de los dreamers son mexicanos, es decir aproximadamente 585 mil, cifra verdaderamente alarmante, porque son niños y jóvenes que, en mayor parte, han hecho su vida social, académica y cultural en Estados Unidos y que, pese a las declaraciones de las autoridades mexicanas en nuestro país, no se cuenta con la infraestructura necesaria para recibirlos e integrarlos plenamente.

Derivado de las políticas del presidente Trump, este año el Instituto Nacional de Migración ha registrado un total, al mes de febrero, de 219 mil mexicanos retornados, pese a los esfuerzos del Instituto y de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores por reforzar la asesoría y el apoyo en los consulados, la política antinmigrante de la actual presidencia estadounidense es clara y se prevé un incremento exponencial en cuanto se resuelvan los 600 mil casos migratorios de mexicanos que se encuentran en tribunales de aquel país.

Descripción de la propuesta

Como ha quedado descrito en los párrafos que anteceden al presente, las políticas antinmigrantes del presidente Trump están surtiendo efectos notoriamente negativos para nuestros connacionales y es nuestro deber como legisladores realizar las acciones necesarias que permitan salvaguardar sus derechos y por supuesto fortalecer a nuestras instituciones a fin de que estas tengan las herramientas necesarias para atender todo lo relacionado con la política migratoria de retorno.

Por lo anterior, esta iniciativa busca reformar la Ley de Migración, en primer lugar se incorpora la transversalidad como principio rector de la norma, entendiéndose esta como una colaboración congruente y efectiva entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en materia de migración. Muchas veces los grandes esfuerzos no llegan a buen puerto porque no existe coordinación entre los diversos actores, y es sumamente necesario que todos vayan hacia el mismo objetivo y a través de las mismas herramientas y mecanismos gubernamentales, por lo que se considera fundamental que exista transversalidad entre sus funciones, atribuciones y obligaciones en materia de migración.

Asimismo, se adiciona el párrafo quince del citado artículo 2, con la finalidad de adicionar la parte educativa, económica y laborar como parte de la reinserción de las y los mexicanos migrantes de retorno.

En ánimo de fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en materia migratoria, se propone adicionar una fracción IX al artículo 18 a través de la cual exista la disposición expresa de presentar un plan o programa anual que guarde congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo de aplicación emergente, mismo que prevea atención de posibles eventos de deportación de nuestros connacionales en el extranjero. Esto sin duda coadyuvará a que estos temas no se atiendan como “bomberazos” y exista una plataforma gubernamental sólida para su atención.

Ahora bien, con la finalidad de fortalecer desde la propia norma la atención de lo relacionado con la migración de retorno y la reintegración de nuestros connacionales, se adiciona un título sexto a la Ley, recorriéndose los subsecuentes, en donde en primer lugar se crea el programa de inclusión social, cultural, económica, laboral, educativa y de salud, por supuesto que este programa tiene correlación directa con el Plan Nacional de Desarrollo, pero en él se deben establecer particularidades que no puedan ser previstas en el citado Plan.

Es indudable que cuando nuestros connacionales regresan muchas de las veces se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y falta de inclusión, las oportunidades para superarse parecen limitadas y ello los lleva a una vida con notables carencias, no sólo para ellos sino para sus familias. Por ello, a través del Programa se establecen las acciones mínimas a llevar a cabo por las distintas instancias de gobierno para que las y los mexicanos migrantes de retorno tengan pleno acceso a los programas de salud, vivienda, educación y empleo que ofrece la federación, pero no sólo ello, se busca su plena inclusión cultural y económica por lo que se generan mecanismos de colaboración interinstitucional y por supuesto, social que hagan más flexible y amigable dicha inclusión.

Este título contiene un capítulo por aspecto de inclusión y es ahí donde se plasman los puntos a desarrollar en el programa en los que se establecen los temas prioritarios en cada área, sin duda, la migración de retorno se verá beneficiada, no sólo con la creación de esta herramienta programática, sino con su oportuna y eficiente aplicación.

No se omite decir que la Secretaría de Gobernación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las entidades federativas y el instituto serán los encargados de elaborar conjuntamente el programa y la aplicación e implementación del Programa estará a cargo del Instituto quien definirá los órganos estatales que habrán de coadyuvar en las labores regionales, es decir, de nuevo se establece la necesidad de contar con coordinación interinstitucional.

En el mismo orden de ideas, en este título se establece que las entidades federativas y sus municipios cuenten con órganos consultivos de apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de los sectores social y privado, para la implementación y aplicación del programa.

Asimismo, se mandata que el programa deberá garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas y la frecuencia de la migración de retorno, a fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas atender lo relacionado con el tema.

Por otro lado, se crea la figura de los “Comités de Inclusión de las y los Mexicanos Migrantes de Retorno”, los cuales estarán encabezados por el Instituto Nacional de Migración y entre algunas de sus funciones tendrán:

I. Promover las acciones necesarias para dar cumplimiento al Programa;

II. Facilitar a las y los mexicanos migrantes de retorno el acceso a información referente a su derecho de inclusión y lo que ello implica;

III. Impulsar y orientar los diversos proyectos tendientes a lograr inclusión social, económica, laboral, educativa y de salud de las y los mexicanos migrantes de retorno;

IV. Promover la capacitación y su vinculación con el laboral;

Estos Comités serán foros permanentes de orientación y atención social de la comunidad migrante de retorno, con el objeto de impulsar su adaptación en territorio nacional.

La integración de los Comités será de la siguiente forma:

I. El delegado, como presidente y quien será parte del Instituto;

II. Un vicepresidente, designado por el secretario de Gobernación;

III. Un secretario técnico, designado por el delegado; y

IV. Representantes de entidades y dependencias del gobierno federal y otros propuestos por el presidente del Comité.

Todas estas acciones en su conjunto coadyuvarán a fortalecer la política migratoria de retorno en nuestro país, y principalmente abonarán al respeto de los derechos y la reintegración de nuestros connacionales que por alguna razón sean deportados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta honorable Cámara de Diputados, se sirva discutir y en su caso aprobar, la presente propuesta para quedar como sigue:

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y adiciona la Ley de Migración

Artículo único: Se adiciona un párrafo 16 al artículo 2, una fracción IX al artículo 18 y un Título Sexto, recorriéndose así los subsecuentes; Se reforma el párrafo 14 del artículo 2 de la Ley de Migración.

Artículo 2...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social, educativa, económica y laboral de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

...

Transversalidad gubernamental, entendida como la colaboración congruente, adecuada y óptima entre el Gobierno federal, las Entidades Federativas y los municipios en materia de migración.

Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. a VIII...

IX. Presentar en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo un programa de aplicación emergente que prevea atención de posibles escenarios de deportación de nuestros connacionales en el extranjero.

Título SextoDe las acciones en materia de migración de retorno Capítulo PrimeroDel programa de inclusión social, cultural, económica, laboral, educativa y de salud

Artículo 77. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las Entidades Federativas y el Instituto serán los encargados de elaborar conjuntamente el programa de Inclusión social, cultural, económica, laboral, educativa y de salud de las y los mexicanos migrantes de retorno.

El Programa deberá tener como ejes rectores el estricto respeto de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y equidad, así como el interés superior de la niñez y por supuesto el desarrollo económico, social y familiar de las y los mexicanos migrantes de retorno.

La Secretaría impulsará las medidas a realizar para la eficaz operación Programa, al propio tiempo que promoverá que se interrelacione, a fin de facilitar la aplicación, captación y administración de los resultados de manera transparente.

Artículo 78. La aplicación e implementación del programa estará a cargo del Instituto quien definirá los órganos estatales que habrán de coadyuvar en las labores regionales.

Artículo 79. El Programa contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de las y los mexicanos migrantes de retorno.

El citado Programa contemplará alianzas interinstitucionales y de cooperación, con el fin de brindar las herramientas necesarias para velar por el ejercicio de sus derechos, por medio de acciones para facilitar el acceso a servicios de salud y vivienda, capacitaciones a nivel laboral, desarrollo de emprendimientos y acceso a crédito para proyectos productivos, creación de exenciones tributarias y estímulos fiscales y aduaneros que permitan optimizar el ejercicio de recursos, así como de asistencia social mediante asesorías jurídicas y apoyo psicológico para los migrantes y su núcleo familiar.

Artículo 80. El Programa deberá incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 81. Las entidades federativas y sus municipios contarán con órganos consultivos de apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de los sectores social y privado, para la implementación y aplicación del Programa.

Artículo 82. El Programa deberá garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas y la frecuencia de la migración de retorno, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas atender lo relacionado con el tema.

Artículo 83. La base electrónica de datos con que operará este Programa deberá contener información de carácter e interés nacional y comprenderá, entre otros, los aspectos siguientes:

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Ley General de Migración de Retorno;

III. Ley de Migración;

IV. Ley General de Población;

V. Plan Nacional de Desarrollo;

VI. El Programa de Inclusión Social, Cultural, Económica, Laboral, Educativa y de Salud;

VII. Programas nacionales y locales de Migración;

VIII. Directorios de las Instituciones y representaciones vinculadas a la Migración de Retorno; y

IX. La infraestructura destinada para atender las necesidades migratorias de las y los mexicanos que retornan a territorio nacional;

Artículo 84. Las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal procurarán incorporar en sus proyectos de programa y presupuesto la realización de acciones encaminadas a atender las necesidades de las y los mexicanos migrantes de retorno.

Capítulo SegundoDe la inclusión social

Artículo 85. El Programa deberá contemplar como uno de sus ejes prioritarios la inclusión social de las y los migrantes mexicanos de retorno, previendo en todo momento la más pronta y accesible adaptación de los connacionales.

Como acciones mínimas para lograr lo estipulado en el párrafo anterior se deberán contemplar las siguientes:

I. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;

II. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia de las y los mexicanos migrantes de retorno;

III. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de las y los mexicanos migrantes de retorno, en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social;

IV. Establecer estrategias que permitan disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales;

V. Implementar políticas de solidaridad que permitan la colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de las y los migrantes mexicanos de retorno;

VI. Trazar líneas de acción que permitan la participación social y así las y los mexicanos migrantes de retorno puedan intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones tendientes a mejorar su calidad de vida;

VII. Revertir los procesos de exclusión y de segregación de los que pudieran ser objeto las y los mexicanos migrantes de retorno;

VIII. Fomentar la equidad de género en el diseño y operación de las políticas públicas que habrán de regir el funcionamiento del Programa;

IX. Fomentar las más diversas formas de participación ciudadana con relación a la problemática social que pudieran enfrentar las y los mexicanos migrantes de retorno; e

X. Implementar líneas de acción que permitan lograr la reconstrucción del tejido social con base en el orgullo de pertenencia al país y la comunidad, el respeto de los derechos de todos los habitantes y la superación de toda forma de discriminación, violencia y abuso en las relaciones entre los habitantes.

Artículo 86. Las y los mexicanos migrantes de retorno serán sujetos de todos los beneficios de los programas sociales que se encuentren operando a nivel federal y tendrán acceso a aquellos de orden local que, por su propia naturaleza, no excluyan jurídica o administrativamente a los federales.

Capítulo TerceroDe la inclusión cultural

Artículo 87. La procuración en términos de la inclusión cultural de las y los mexicanos migrantes de retorno, se considerará uno de los ejes rectores del Programa .

Artículo 88. El programa deberá contemplar líneas de acción que permitan correlacionarse con aquellos programas federales y locales de cultura en el que pudieran participar las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 89. El programa implementará mecanismos a través de los cuales se esté en constante difusión de nuestras tradiciones, acervo histórico y todo aquello que represente la cultura de nuestro país, con el ánimo de promover la identidad nacional.

Capítulo CuartoDe la inclusión económica

Artículo 90. El programa deberá contemplar estrategias que vinculen de manera eficiente a las y los mexicanos migrantes de retorno con el desarrollo económico nacional.

Artículo 91. El Instituto a través de lo que determine el programa deberá establecer estrategias que permitan generar nuevas fuentes de empleo, consolidar las existentes y promover el autoempleo, así como elaborar planes y programas de vinculación entre el sector económico y las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 92. Se fomentará la inversión productiva, la mejora regulatoria y la competitividad generando un entorno favorable para las actividades económicas de la nación, siempre buscando la participación de las y los migrantes mexicanos de retorno.

Artículo 93. Se deberá alentar la competitividad y los empleos estables, bien remunerados, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, orientados hacia los sectores vulnerables de la sociedad y proporcionándoles seguridad social;

Artículo 94. El Instituto deberá ejecutar los mecanismos que fortalezcan y estrechen los vínculos jurídicos, administrativos y de cooperación interinstitucional que sean necesarios para incorporar al sector productivo a las y los mexicanos migrantes de retorno.

Capítulo QuintoDe la inclusión laboral

Artículo 95. El programa establecerá los lineamientos que permitan que los migrantes mexicanos de retorno puedan acceder de forma eficiente al mercado laboral, procurando en todo momento que dicha labor se lleve a cabo en un entorno de salario bien remunerado, así como de estricto respeto a sus derechos laborales.

Artículo 96. El Instituto será el encargado de ejecutar las acciones en materia laboral que señale el Programa, generando sinergia interinstitucional con las Oficinas del Servicio Nacional del Empleo.

Artículo 97. Se deberá promover el desarrollo de proyectos estratégicos que permitan generar fuentes de empleo bien remuneradas para las y los migrantes mexicanos de retorno.

Artículo 98. En estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo, el Instituto deberá coadyuvar en la canalización de quejas sobre discriminación o abuso laboral contra las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 99. Se establecerán estímulos fiscales para aquellas empresas y organizaciones que contraten a personal que se encuentre bajo la condición de migrante de retorno hasta un año previo a su contratación.

Capítulo SextoDe la inclusión educativa

Artículo 100. El Programa establecerá las bases y los mecanismos a través de los cuales el instituto ejecutará las acciones en materia de inclusión educativa de las y los mexicanos migrantes de retorno.

Artículo 101. El instituto brindará toda la información y orientación necesaria a los migrantes mexicanos de retorno para acceder a los diversos servicios educativos que ofrece la federación.

Artículo 102. Los mexicanos migrantes de retorno que así lo soliciten, podrán acceder a los programas sociales en materia educativa, previo cumplimiento de los requisitos de ley.

Artículo 103. Se orientará al solicitante a fin de lograr su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita al trabajador estudiar.

Capítulo séptimoDe la inclusión a los servicios de salud

Artículo 104. El programa contemplará acciones claras que permitan vincular de manera eficiente y amigable a las y los mexicanos migrantes de retorno con los servicios de salud que ofrece la federación.

Artículo 105. El instituto brindará la información y orientación necesaria para que las y los mexicanos migrantes de retorno accedan a los servicios de salud que mejor se ajusten a sus necesidades.

Artículo 106. Con el fin de garantizar el mayor acceso a los servicios de salud de la federación, el Instituto en coordinación con la Secretaría de Salud realizarán constantes jornadas de salud en aquellas comunidades donde se detecte que se encuentra el mayor número de migrantes mexicanos de retorno.

Capítulo OctavoDe los comités de inclusión de los mexicanos

Migrantes de retorno

Artículo 107. Cada entidad federativa contará con un comité de inclusión de los mexicanos migrantes de retorno para instrumentar el programa; estos comités serán foros permanentes de orientación y atención social de la comunidad migrante de retorno, con el objeto de impulsar su adaptación en territorio nacional.

Artículo 108. Los Comités de Inclusión de los Mexicanos Migrantes de Retorno tendrán los siguientes objetivos:

I. Promover las acciones necesarias para dar cumplimiento al programa;

II. Facilitar a las y los mexicanos migrantes de retorno el acceso a información referente a su derecho de inclusión y lo que ello implica;

III. Impulsar y orientar los diversos proyectos tendientes a lograr inclusión social, económica, laboral, educativa y de salud de las y los mexicanos migrantes de retorno;

IV. Promover la capacitación y su vinculación con el laboral;

V. Coadyuvar para que las y los mexicanos migrantes de retorno tengan pleno acceso a los programas sociales que ofrece la federación;

VI. Invitar a las dependencias federales, instituciones nacionales y a la sociedad civil, a realizar proyectos productivos que permitan generar mejores condiciones de vida;

VII. Ser el enlace entre el gobierno federal y los estados de la república; y

VIII. Las demás que se desprendan de los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 109. Los comités se integran de la siguiente manera:

I. El delegado, como presidente y quien será parte del Instituto;

II. Un vicepresidente, designado por el secretario de Gobernación;

III. Un secretario técnico, designado por el delegado, y

IV. Representantes de entidades y dependencias del gobierno federal y otros propuestos por el Presidente del Comité.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización Internacional para las Migraciones Derecho Internacional sobre Migraciones: Glosario sobre migración, 2006 página 39

2 Cataño Pulgarín, S. V. y Morales Mesa, S. A. (enero-junio, 2015). La migración de retorno. Una descripción desde algunas investigaciones latinoamericanas y españolas. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 6(1), 89-112.

3 Ibídem., página 101.

4 Organización Internacional de Migración, “Migración de retorno”.

5 Yésica Aznar Molina, “‘Otro Norte, Otro Terruño’ Construyendo los sentidos y las identidades de los retornados en localidades urbanas,” (tesis doctoral, El Colegio de México, 2011), 14.

6 Salvador Moreno Pérez. Migración, Remesas, Trasmigrantes y Deportaciones. Cámara de Diputados 2015.

7 Internacional migration, División de Población de las Naciones Unidas, Nueva York. 2002.

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Periódico La Jornada, martes 3 de enero de 2017

11 Ibídem.

12 Ibídem., página 103.

13 Ibídem.

14 Ayala, M. P. Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes y el compromiso de protección del Estado mexicano, Facultad de Derecho, UNAM, 2014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Arlette Ivette Muñoz Cervantes,Carlos Alberto Palomeque Archila, Eloisa Chavarrías Barajas, Exaltación González Ceceña, Jesús Antonio López Rodríguez, Pedro Garza Treviño, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

En la regulación jurídica mexicana, existe una ley denominada Ley Federal de Competencia Económica, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. La ley reglamenta el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones.

Dicha ley tiene como objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica.

Es una ley que fue elaborada contemplando diversas disposiciones en materia económica de Estados Unidos y Canadá, realizando un análisis de derecho comparado que finalmente fue plasmado en la legislación mexicana.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 28, párrafo primero y párrafo segundo se expresa lo siguiente:

“ Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.”

Argumentación

Actualmente en la Ley Federal de Competencia Económica, en el apartado de conceptos que se encuentra en el artículo 3o., no existe una definición del concepto de “monopolio”, lo que genera una incertidumbre jurídica para la aplicación de la ley.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también es utilizada la palabra “monopolio”, sin embargo, tampoco existe una definición clara de acerca de la definición de dicho concepto.

Por lo anterior, es necesario agregar una nueva fracción al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica en donde se defina de manera clara el concepto de “monopolio” para cumplir correctamente con el objeto de la ley.

Al agregar esta nueva fracción se facilitará la aplicación de las disposiciones establecidas en los diferentes capítulos de la propia ley y generará la certidumbre jurídica necesaria para la comprensión del texto jurídico y sus consecuencias de derecho.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado federal José Antonio Estefan Garfias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica

Único. Se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica para quedar como sigue:

Artículo 3.Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

Fracción XVI. Monopolio: concentración o acaparamiento de mercado para la prestación de productos o servicios realizado por una sola persona o empresa determinada que no permite la libre concurrencia y competencia de los demás productores reales o potenciales generando una ventaja exclusiva en perjuicio del consumidor y público en general.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley Federal de Competencia Económica. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf

2 Ibídem.

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Referencias para la definición de Monopolio: Libre Concurrencia y Monopolios. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2763/5.pdf Fecha de consulta: 28 de Febrero del año 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.— Diputado José Antonio Estefan Garfias(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Migración, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del PRD

Consideraciones

Durante la campaña a la presidencia de los Estados Unidos de América del año pasado, el candidato republicano, Donald Trump, mostró un comportamiento de rechazo a los migrantes mexicanos radicados en aquel país. Sus propuestas en políticas migratorias se consideraban como racistas y con una visión retrógrada de los derechos humanos.

Una de sus principales propuestas era la deportación masiva de todas aquellas personas que mantuviera una situación migratoria irregular en aquel país, además de la construcción un muro a lo largo de toda la frontera con México lo que demostraba la insensibilidad social del candidato Trump y su desprecio por nuestra nación. La simple idea de la construcción de dicho muro es considerada como una propuesta violatoria de derechos humanos y como una ofensa para el Estado Mexicano debido a que se manifiesta una política totalmente nacionalista y proteccionista de parte de los Estados Unidos de Norteamérica que tiene como una de las principales consecuencias una tensión diplomática entre ambos países.

El resultado de las elecciones presidenciales arrojó como triunfador sorpresivo al candidato Trump lo que generó una reacción de preocupación para nuestros paisanos radicados en el país vecino de EEUU ante los graves conflictos migratorios que enfrentarían en los próximos meses.

Planteamiento del problema

Desde el inicio de la administración del presidente Trump se han iniciado diversas deportaciones masivas de migrantes de diferentes nacionalidades, incluidos nuestros paisanos mexicanos. Incluso se emitió una orden ejecutiva para suspender temporalmente el ingreso a los Estados Unidos de América a los ciudadanos de un conjunto de países entre los que se encuentran: Sudán, Siria, Irán, Libia y Yemen. Afortunadamente una orden emitida por un juez federal revocó dicha orden ejecutiva para contrarrestar esta medida que resulta un retroceso para el proceso de globalización y solidaridad internacional que a lo largo de la historia se ha buscado consolidar.

Argumentación

Ante los retos actuales en materia migratoria se deben de realizar modificaciones a la Ley de Migración para garantizar que todos los migrantes mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional se les respeten sus derechos humanos y se les brinden las garantías constitucionales mexicanas de protección y los establecidos en los tratados internacionales en la materia con el objeto de crear nuevas políticas públicas migratorias para garantizarles un trato digno, con pleno respeto a la dignidad humana y en defensa de las personas vulnerables que más lo necesitan.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado federal José Antonio Estefan Garfias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1 fracción I y 77 numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración, de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Migración

Artículo Único. Se reforman el artículo 7 párrafo segundo, artículo 8 párrafo segundo y tercero, artículo 36 y artículo 70 párrafo primero y segundo de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El libre tránsito es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Mexicana para todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional yes deber de cualquier autoridad respetarlo y garantizarlo a través de medidas de protección a los derechos humanos y la dignidad humana. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley.

Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Los migrantes tendrán derecho a recibir en todo momentocualquier tipo de atención médica profesional con los más altos índices de calidad brindadospor los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables .

El Estado garantizará medidas de protección para que todos los migrantes que se encuentren en territorio nacional tenganderecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica de calidad de manera urgente cuando se encuentre en peligro de preservar su vida por cualquier situación que así lo amerite.

En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.

Artículo 36. Los mexicanos no podrán ser privados del derecho a ingresar a territorio nacional. Para tal efecto, deben acreditar su nacionalidad además de cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Los mexicanos comprobarán su nacionalidad, con alguno de los documentos siguientes:

I. Pasaporte;

II. Cédula de Identidad Ciudadana o Cédula de Identidad Personal o su equivalente;

III. Copia certificada del Acta de Nacimiento;

IV. Matrícula consular;

V. Carta de Naturalización, o

VI. Certificado de Nacionalidad Mexicana.

En su caso, podrá identificarse con credencial para votar con fotografía, expedida por la autoridad electoral nacional, o cualquier otro documento expedido por la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el Instituto evaluará la situación migratoria en particular y realizará el análisis correspondiente para que mediante cualquier otro elemento subjetivo que sea motivo de convencimiento para el Instituto se acredite la nacionalidad mexicana. El Instituto garantizará la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia.

...

...

Artículo 70.Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. En caso de que el migrante no cuente con los recursos necesarios para designar a una persona para que lo asista o represente legalmente, el Instituto, de forma gratuita, designará a un licenciado en Derecho experto en la materia para que el migrante cuente en todo momento con la asesoría legal necesaria para llevar a caboel procedimiento administrativo migratorio correspondiente.El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.

Durante el procedimiento administrativo migratorio los migrantes tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; a ser asistido o representado legalmente en todo momento por un profesional en la materia durante todo el procedimiento administrativo migratorio; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que contravengan a las contenidas en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Diputado José Antonio Estefan Garfias(rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

La propuesta legislativa tiene por objeto impulsar reformas a la Ley Federal del Trabajo para reconocer y regular el trabajo vinculado a las “ventas por catálogo” o agente de comisión o mediador mercantil independiente”, para garantizar la plenitud de los derechos laborales y de la seguridad social.

Argumentos que la sustenten

Primero. En el 2016, el crecimiento del PIB mundial registró su nivel más bajo en los últimos seis años: 3,1 por ciento, una cifra muy inferior a la tasa proyectada el año anterior. En este sentido, al cierre del 2017 se espera que el crecimiento económico pudiera repuntar moderadamente en 2017 (3,4 por ciento) y 2018 (3,6 por ciento). Sin embargo, en el 2017 tienen que hacerse revisiones constantes debido a la bajas a presentadas en los últimos años de los años —mientras que las proyecciones de 2012 rebasaban el 4,6 por ciento, en 2016 se redujeron al 3,4 por ciento—. Asimismo, persiste una elevada incertidumbre sobre la economía mundial.

Tanto el decepcionante rendimiento económico registrado en 2016 como las perspectivas por debajo de la tendencia para 2017 generan preocupación sobre la capacidad de la economía de: primero, crear una cantidad suficiente de empleos; segundo, mejorar la calidad del empleo en el caso de quienes ya tienen un trabajo; y t ercero, garantizar que los beneficios del crecimiento sean compartidos de manera inclusiva. Así, los países deberán enfrentar tanto a la crisis económica como la necesidad empleos de calidad para los nuevos participantes en el mercado de trabajo.

En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo señaló que en este 2017, “los niveles y tasas de desempleo mundial se mantengan elevados a corto plazo, pues la mano de obra mundial sigue creciendo. En particular, se espera que la tasa de desempleo mundial registre un modesto incremento y pase del 5,7 por ciento en 2016 al 5,8 por ciento en 2017. Este aumento supone 3,4 millones más de personas desempleadas en todo el mundo, con lo cual el desempleo total superaría los 201 millones en 2017. Si bien se proyecta que la tasa de desempleo mundial se mantendrá relativamente estable en 2018, el ritmo de crecimiento de la mano de obra (es decir, de aquellos que buscan empleo) rebasará la creación de empleo, por lo cual 2,7 millones de personas más estarán en situación de desempleo en todo el mundo”.

Asimismo, es preciso señalar que los trabajadores con empleos vulnerables suelen padecer de elevados niveles de precariedad. Este grupo, suele tener acceso limitado a sistemas contributivos de protección social. Esta circunstancia es más recurrente en el caso de los trabajadores asalariados. Se prevé además, que la proporción de trabajadores con empleo vulnerable no registre más que mejoras marginales en los próximos años: se espera que la tasa de empleo vulnerable disminuya menos de 0,2 puntos porcentuales anuales durante los próximos dos años. Este indicador se redujo en promedio en 0,5 puntos porcentuales cada año entre 2000 y 2010. En este sentido, se espera que las formas vulnerables de empleo asciendan a poco más del 42 por ciento del empleo total en 2017, lo cual corresponde a 1400 millones de personas en todo el mundo. De hecho, casi la mitad de los trabajadores de los países emergentes tienen empleos vulnerables.

Ahora bien, es importante resaltar que los valores absolutos de trabajadores pobres han disminuido en años recientes, el ritmo de esa disminución se está reduciendo. Sin embargo, en los países en desarrollo la cantidad de trabajadores pobres está aumentando. Mientras que en los países emergentes las tasas y la cantidad de trabajadores pobres han registrado rápidos descensos, en los países en desarrollo esta disminución no ha podido mantener el ritmo del crecimiento del empleo. Por ello, se espera que en los países en desarrollo la cantidad de trabajadores con ingresos inferiores a 3,10 dólares de los Estados Unidos diarios aumente en 3 millones cada año durante los próximos dos años.

Hay que resaltar que, subyacente a estas tendencias sociales y del mercado de trabajo, se encuentran las disparidades —muchas veces amplias— observadas entre varios grupos demográficos. Las disparidades de género en las oportunidades del mercado de trabajo causan particular preocupación. Por, ejemplo, En el mercado de trabajo, las brechas de género también se observan en las diferencias de remuneración. Como se subraya en el Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017de la OIT, se sigue registrando una brecha respecto de los salarios por hora pese a las legislaciones en materia de remuneración equitativa adoptadas en varios países.

Sumado a todo ello, hay que considerar “la incertidumbre mundial creciente, el riesgo de malestar social o descontento ha aumentado en casi todas las regiones. El índice de malestar social de la OIT, cuyo objetivo es vincular el malestar expresado con la situación socioeconómica de los países, indica que el malestar social mundial promedio aumentó entre 2015 y 2016.”

“Tanto el descontento con la situación social como la falta de oportunidades de empleo decente, entre otros, influyen en la decisión de las personas de migrar. Entre 2009 y 2016, la proporción de población en edad de trabajar dispuesta a emigrar al extranjero de forma permanente aumentó en todas las regiones del mundo, a excepción de Asia Meridional y Asia Sudoriental y el Pacífico. Durante este periodo, América Latina y el Caribe y los Estados Árabes registraron los aumentos más marcados. En el ámbito mundial, África Subsahariana fue la región que registró la proporción más alta de personas dispuestas a trasladarse al extranjero (32 por ciento), seguida de cerca por América Latina y el Caribe y África del Norte —más del 30 por ciento y del 27 por ciento, respectivamente—.”

Sin duda, el empleo se verá afectado por factores cíclicos y estructurales, por ejemplo, el reducido crecimiento de la productividad y la desigualdad de ingresos creciente, que podrían provocar un estancamiento temporal.

“La OIT estima que si el estancamiento temporal se intensificara, en los próximos dos años 1 millón más de personas podrían entrar en situación de desempleo en todo el mundo. Esta situación afectaría sobre todo a las economías desarrolladas. Por su parte, aunque los países emergentes y en desarrollo se beneficiarían inicialmente de mayores entradas de capital, acabarían por padecer los efectos secundarios de la disminución del comercio y la inversión”.

Frente a ello, es necesario impulsar una serie de políticas que busquen resolver las causas subyacentes del estancamiento temporal y las limitaciones estructurales al crecimiento.

La OIT estima que un esfuerzo coordinado centrado en brindar estímulos fiscales que considere el margen fiscal de cada país impulsaría inmediatamente la economía mundial. Asimismo, es probable que en el futuro, las tendencias a largo plazo relacionadas con el desarrollo tecnológico y los cambios estructurales afecten a la naturaleza del crecimiento económico, y por ende, el mercado laboral.

Segundo. Sin duda la reducción de la economía informal es un componente clave en la lucha contra la desigualdad y exclusión social. Al respecto, hay que señalara que alrededor de 130 millones de latinoamericanos tienen empleos informales, lo cual limita la productividad y el desarrollo económico de la región, excluyendo a los trabajadores de las protecciones sociales y laborales.

La economía informal o sumergida es muy difícil de erradicar en los mercados emergentes. Al respecto, hay un relativo progreso cuando observamos su evolución en las últimas tres décadas, pero es insuficiente. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional publicó nuevas estimaciones de su tamaño y demuestra que en América Latina es y ha sido un drama persistente, y ahora supera por primera vez a África Subsahariana.

Hay que recordar que la economía informal no puede ser medida, su magnitud debe ser estimada. Los economistas dedujeron el tamaño de la economía informal de las diferentes regiones basándose en aquellos indicadores más visibles: tales como altos impuestos, alto desempleo y bajo cumplimiento de la ley.

Las consecuencias de la economía informal incluyen menores niveles de ingreso y mayor vulnerabilidad, así como la falta de acceso a servicios financieros formales y una mayor demanda de moneda, ya que las empresas informales operan principalmente en efectivo.

Ahora bien, el empleo informal afecta a alrededor de 130 millones de trabajadores en América Latina y el Caribe, de los cuales al menos 27 millones son jóvenes, representando a casi la mitad del empleo no agrícola. Su incidencia varía entre los países de la región (desde 30,7 por ciento en Costa Rica al 73,6 por ciento en Guatemala), y entre sectores y grupos de población.

Hay que destacar, que la formalización de la economía en América Latina sigue siendo un desafío importante y el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para lograrlo. En la gráfica siguiente, se observa el porcentaje de empleo informal con respecto al empleo total, la mayoría de los países presentan un porcentaje de informalidad cercano o superior al 50 por ciento.

La principal causa del empleo informal, según la OIT, es el incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas, debido principalmente a la falta de familiaridad con la ley o a la incapacidad para cubrir el costo de la formalidad. La composición de las empresas informales es variada y en la práctica corresponde principalmente a pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia y microempresas informales no registradas cuyo principal problema es que no pueden alcanzar la productividad suficiente para cubrir los costos de formalización.

Ahora bien, para dimensionar el problema de las economías en América Latina es importante referenciar el tamaño de la economía informal en África subsahariana. Esta última alcanza un promedio del 38 por ciento del PIB durante el periodo 2010-14, siendo más acusado entre los países frágiles y exportadores de petróleo. Ese es un gran porcentaje, pero no tan grande como lo fue en la década de 1990, donde alcanzaba casi el 45 por ciento, según muestra el estudio del FMI.

Sin embargo, el promedio africano representa una amplia gama de países, en los que la economía informal puede representar menos del 25 por ciento del PIB, o hasta alrededor del 65 por ciento, como es el caso de Nigeria y Tanzania.

En África subsahariana, muchos se unen a la economía sumergida para escapar de la miseria, no de la regulación tributaria. La actividad informal proporciona empleo e ingresos a una creciente población en edad de trabajar que no tiene otras alternativas. Alrededor de un tercio de los que empiezan un negocio en África subsahariana dicen hacerlo por necesidad y no por inclinación, un porcentaje más alto que en otras economías emergentes.

Tercero. De acuerdo a los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, trimestre enero-marzo de 2017, del INEGI, la Población Desocupada -entendida como aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 1.8 millones de personas.

Asimismo, la Población Ocupada Informal, que agrupa todas las modalidades de empleo informal (sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social) sumó 29.7 millones de personas.

Con cifras desestacionalizadas, la Tasa de Informalidad Laboral 1 registró un aumento de 0.3 puntos porcentuales en el primer trimestre de 20 17 respecto al trimestre anterior.

Por otro lado, la Población Ocupada en el Sector Informal (que se refiere a la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa) alcanzó un total de 14.2 millones de personas en el trimestre de referencia.

En 2017 se observa a la población ocupada en función de la posición que guarda dentro de su trabajo, se tiene que poco más de dos terceras partes del total (68.8 por ciento), esto es, 35.7 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 11.4 millones (22 por ciento) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.4 millones (4.7 por ciento) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo, y 2.4 millones (4.5 por ciento) son trabajadores que no reciben remuneración.

También, a principios de 2017, una forma de caracterizar a la población ocupada es en función de su condición de subocupación, entendida ésta como la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario. Al respecto, durante el periodo enero-marzo del presente año la población subocupada en el país fue de 3. 7 millones de personas y representó 7.1 por ciento de las personas ocupadas, tasa menor a la de igual periodo de un año antes que fue de 7.9 por ciento

Cuarta. En México, como en algunas otras partes, existen personas que realizan actividades económicas a través de las llamadas “las “ventas por catálogo”. En este trabajo, “en donde la estrategia económica de las empresas internacionales consiste en trasladar el riesgo comercial y laboral a las vendedoras. Trabajo en el cual se hacen visibles las redes de ventas totalmente gratis, en lugar que las grandes empresas paguen rentas de espacios fijos y sueldos del personal necesario para vender sus respectivos productos y todo lo que ello implica. Organizándose las redes de ventas de manera piramidal, jugando un papel primordial la red de relaciones sociales y en donde las personas que realizan este tipo de trabajo, nada tienen seguro”.

En este sentido, “las vendedoras al momento de ingresar a las empresas no son trabajadoras independientes, sino trabajadoras dependientes, que están sometidas a múltiples constricciones y lineamientos por parte de la empresa: tiempos, modalidades y costos. Las empresas determinan las fechas en las que las vendedoras deben de ingresar pedido y pagar el mismo, fijan los precios y los descuentos -si los hay- de los productos, la duración de las campañas, asignan el porcentaje de ganancias de las vendedoras y los niveles de sus ventas, entre otras cuestiones a las que se encuentran sometidas las vendedoras”.

Así, la falta de reconocimiento de la relación laboral con los vendedores no es exclusiva de una sola empresa. Firmas trasnacionales como Avón, Mary Kay, Fuller, Jafra, Betterware, Oriflame, Natura o Herbalife, entre otras, recurren al esquema de venta directa y no consideran como sus trabajadores a quienes comercializan sus productos, no obstante las cuantiosas ganancias que les generan.

Hay que recordar que la AMVD define la venta directa como aquélla que se establece mediante el contacto personal de un “agente de comisión o mediador mercantil independiente”, quien hace una demostración directa a un consumidor o a un grupo de clientes potenciales.

A decir de dicha asociación, la principal fortaleza de la industria de las ventas directas es su “tradición de independencia”. Señala que las personas dedicadas a esta actividad no son empleados de las compañías comercializadoras de productos, pues sólo se establecen relaciones mercantiles entre ellos.

Por supuesto que este tipo de “trabajos”, están lejos de cumplir con los ejes hechos por la propia OIT con relación al llamado “Trabajo Decente”, ya que se necesita: a) Acceso al empleo. El primer eje agrupa variables que permiten valorar la composición del mercado laboral entre formal e informal, por nivel de ingresos de la población ocupada, por tiempo trabajado y aquellos que abiertamente buscan empleo; b) Seguridad en el empleo. En este eje se agruparon aquellas variables que muestran las condiciones en los centros de trabajo, recurriendo a variables como son asegurados en el trabajo, accidentes y enfermedades de trabajo; c) Derechos laborales.En este eje se agrupan aquellas variables que muestran el cumplimiento de la ley federal del trabajo en términos de equidad de género, eliminación del trabajo infantil y formalización del trabajo, y d) Diálogo social. Para conformar este eje se seleccionaron indicadores que muestran el proceso de negociación obrero patronal, el cual se inicia con el proceso de emplazamiento a huelga, pasa a un pro ceso de conciliación y en caso de que no se llegue a ningún acuerdo se registra el estallamiento de huelga y/o culmina con la celebración de un contrato colectivo.

Ahora bien, este tipo de “relaciones” sirven para emplear y controlar la fuerza de trabajo, ya que: primero, posibilita la desindicalización de sindicatos reales; segundo, debilita las relaciones colectivas de trabajo; tercero, responde a políticas abocadas a una nueva forma de regular el mercado de trabajo sin garantías laborales y de seguridad social para los trabajadores. Esta flexibilidad laboral ha sido una respuesta de carácter político, ante el problema distributivo favoreciendo a los dueños del capital en el proceso de acumulación, en detrimento de las condiciones socio -laborales.

Por supuesto, en los sistemas de venta directa están presentes todos los supuestos a partir de los cuales se establece una relación de trabajo: la empresa es dueña de los medios de producción, es decir las mercancías; existe una subordinación de los vendedores hacia la empresa; hay una actividad económica de orden laboral, pues el trabajo realizado tiene un beneficio económico para la empresa, y hay un proceso de contratación.

Es así, que mediante estas “relaciones comerciales”, se tienen trabajos no permanentes, sin estabilidad laboral, pocas posibilidades de ascenso, se prolongan los periodos de prueba, sin pago del IMSS, las capacitaciones y entrenamientos se alargan en ese periodo de tiempo los trabajadores no gozan de las correspondientes prestaciones conforme se acentúa en el marco legal, gran parte de los trabajadores carecen de prestaciones sociales, despidos, se obliga a firmar renuncias y documentos en blanco -para que los empleadores evadan responsabilidades y costos laborales- renovación de contratos temporales para no generar trabajadores con antigüedad y no alcanzar la jubilación , esto con el objetivo que las empresas puedan disminuir sus costos buscando competitividad, buscan desaparecer la protección sindical real para los trabajadores y con ello sus posibilidades de acción y lo más importante, la bilateralidad en las relaciones laborales.

Por otra parte, hay que recordar que existen criterios jurisprudenciales, desde hace un par de décadas, que determinó que los comisionistas son trabajadores. Veamos:

Seguro Social. Comisionistas que son trabajadores a partir de la nueva Ley Federal del Trabajo. Cobro de cuotas. La naturaleza laboral de los comisionistas, por estar así definida en la nueva Ley Federal del Trabajo, constituye una cuestión de derecho que no admite prueba; el carácter de sionista sufrió un cambio radical, en virtud de que en la anterior Ley Federal del Trabajo, los sionistas mercantiles no eran sujetos laborales; en cambio, la nueva Ley Federal del Trabajo los asimiló a la rama laboral y, efectivamente, el artículo 285 de ese nuevo ordenamiento considera a los comisionistas como trabajadores en todos los casos, excepto cuando no ejecuten personalmente el trabajo o que solamente intervengan en operaciones aisladas, lo que así se deduce de su texto, que es como sigue: “Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas”. Así las cosas, correctamente el Instituto Mexicano del Seguro Social hace el cobro de las cuotas correspondientes a partir de la vigencia de la nueva Ley Federal del Trabajo, si el carácter de trabajadores de una empresa parte de esa fecha y no posteriormente, cuando según la misma empresa, haya celebrado unos contratos de trabajo de “naturaleza mercantil laboral”. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo DA-140/72. Lance, S. A. 13 de junio de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.

Por todo lo anteriormente expuesto, quien suscribe Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 285....

Los agentes comisionistas denominados como representantes de la empresa o marca comercial, que realicen ventas de artículos a través de catálogos, muestrarios o similares, con el consentimiento o registro u autorización de la empresa, deberán ser considerados como sus trabajadores de éstas, por tener carácter de permanentes, y por tanto, gozarán de los derechos laborales en los términos que prevé la ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 International Labour Organization, “World Employment and Social Outlook – Trends 2017 [Summary]”, ver:

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/ WCMS_540899/lang—en/index.htm, 10 de septiembre de 2017.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 International Labour Organization, “Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace”, ver:

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/ 2016/WCMS_537846/lang—es/index.htm, 12 de septiembre de 2017.

9 Op. Cit. World Employment...

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Gabón, Cristina, “La economía informal de América Latina supera por primera vez la de África Subsahariana”, Word Economic Forum, ver:

https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/la-economia-informal-de-africa- esta-retrocediendo-mas-rapido-que-la-economia-latinoamericana/, 12 de septiembre de 2017.

13 International Monetary Fund, “Regional economic outlook. Western Hemisphere: tale of twoadjustments”, april 201, pág. 33 y ss.

14 Op. Cit. “La economía informal...”

15 Ver:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enoe_ie/enoe_ie2017_05.pdf, 13 de septiembre de 2017.

16 López Lara, Erika, “Trabajo Precario y Ventas por Catálogo”, Unión de Trabajadores en la Economía Informal en Iberoamérica, (UTREIN), ver:

http://www.utrein.org/documentos/9.ventaMexico1.pdf, pág. 1, 14 de septiembre de 2017.

17 Ibídem.

18 Sánchez, Mayela, “Ventas directas, el negocio de la precarización laboral”, ver:

http://www.voltairenet.org/article167190.html, 13 de septiembre de 2017.

19 Ibídem.

20 OIT. Boletín semestral, año 1, núm.1. Septiembre 2013

21 Op. Cit.” Trabajo Precario...”, pág. 3.

22 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2017.— Diputado Alberto Martínez Urincho(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Aviación Civil, y de Aeropuertos, suscrita por el diputado Samuel Rodríguez Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Samuel Rodríguez Torres y diputados del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La seguridad en las operaciones de los aeropuertos como de la aviación civil en nuestro país, tiene implicaciones en materia de seguridad nacional e internacional; si bien nuestra legislación es armónica con los instrumentos internacionales, es pertinente establecer acciones que le den mayor claridad y que permitan que las normas reglamentarias en la materia aborden de mejor manera los objetivos y fines para los que fueron creados, al garantizar que su existencia siga siendo vigente ante los cambios tan acelerados en la dinámica nacional e internacional por el flujo de aeronaves y de personas dentro del país, o de un país a otro.

Para comprender de mejor forma la dinámica que se desarrolla en México en materia de transportación aérea es pertinente hacer mención de los siguientes datos obtenidos del documento Aviación mexicana en cifras 1991-2016, elaborado por la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

La infraestructura aeronáutica con la que cuenta nuestro país, para el año 2016 fue de un total de 1,500 aeropuertos y aeródromos registrados, distribuyéndose de la siguiente manera:

Un aeropuerto es definido como un aeródromo civil de servicio al público que cuenta con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves.

En relación al personal ocupado por las líneas aéreas nacionales de 1995 al 2016, se señala que al año 2016 existían un total de 23 mil 623 trabajadores, de los cuales 3 mil 940 eran pilotos y 5 mil 598 eran sobrecargos, tal cual se observa en el cuadro siguiente:

El total de pasajeros transportados en servicio doméstico e internacional en operación regular y de fletamiento de 1991 a 2016 se ha incrementado considerablemente el flujo de personas a través de la transportación aérea alcanzando para el año 2016 un total de 92,846 personas.

Así también, la carga transportada en servicio doméstico e internacional en operación regular y de fletamiento de 1991 a 2016, ha tenido un comportamiento al alza, lo que indica que para el año 2016 se transportó un total de 730,321 toneladas tanto en servicio doméstico como internacional.

El crecimiento en la dinámica de transportación aérea en nuestro país se ha dado de forma acelerada en los últimos años, hecho que motiva nuestro interés por revisar el marco jurídico y la normatividad en la materia para garantizar que permanezca actualizada y sea apegada a la realidad nacional, de manera que tanto la operación en las aeronaves civiles como en las instalaciones aeroportuarias sean seguras.

En materia jurídica, nuestra Constitución Política señala dentro de su artículo 133 que los tratados celebrados por nuestro país serán Ley Suprema; por lo cual los jueces de cada entidad federativa garantizarán su observancia a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes locales. Lo anterior implica que México, como Estado firmante de acuerdos y tratados internacionales, deberá emprender acciones para dar cumplimiento a los mismos.

Como antecedente en materia de derecho aeronáutico es pertinente hacer mención que, derivado de los esfuerzos a nivel internacional por regular el transito civil aéreo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) estableció el Convenio de Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, con la finalidad que la aviación civil internacional sea desarrollada de forma segura y ordenada, estableciendo criterios para su operación.

En el caso de América Latina, se constituyó en México en diciembre de 1973 la Comisión Latinoamericana de la Aviación Civil (CLAC) con el objetivo de “Proveer a las Autoridades de Aviación Civil de sus Estados miembros una estructura adecuada dentro de la cual puedan discutirse y planear todas las actividades requeridas para la cooperación y coordinación de las actividades de aviación civil”, por lo cual se coordina con la OACI, con la que desde 1978 tiene suscrito un Convenio Modus Vivendi en el que se establecen las bases para una estrecha relación y colaboración mutua.

Los acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia de aviación civil, se orientan a regular diversas áreas de la actividad aeronáutica, sin embargo, en el presente documento nos enfocaremos a lo relacionado con la prevención de actos de interferencia ilícita, por considerar que estos repercuten en la seguridad de los países y de las personas. De acuerdo a las definiciones establecidas a nivel internacional y a la que se desprende del Manual de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita, se entienden a los actos de interferencia ilícita como actos, o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil incluyendo, sin que esta lista sea exhaustiva, lo siguiente:

Apoderamiento ilícito de aeronaves;

Destrucción de una aeronave en servicio;

Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos;

Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una instalación aeronáutica;

Introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de artefactos (o sustancias) peligrosos con fines criminales;

Uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente;

Comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil. (Dirección General de Aeronautica Civil, 2014)

En materia de seguridad contra actos de interferencia ilícita, dentro del Convenio de Chicago en su artículo 37 se establece que se crearán las Normas y Prácticas Recomendadas de Seguridad Internacionales, las cuales han derivado en el Anexo 17, en materia de Seguridad y Protección de la Aviación Civil Internacional contra los Actos de Interferencia Ilícita, por parte de los Estados firmantes.

Dentro de la bibliografía consultada para dar sustento a la presente iniciativa se encuentra el “ Manual de seguridad para la prevención de actos de interferencia ilícita” para nuestro país elaborado conforme a la normatividad aplicable en la materia), el cual señala que:

La norma 3.3.1 del Anexo 17 de la Convención de Chicago, así como el Articulo 5(4) del Reglamento (EC) 2320/2002, manifiestan que cada país requerirá que las compañías aéreas que presten el servicio desde su territorio establezcan, implementen y mantengan un programa de seguridad de la compañía aérea apropiado para cumplir los requisitos del programa nacional de seguridad de la aviación civil de ese país. El programa de seguridad de la compañía aérea deberá ser sometido a la aprobación y monitoreo de la autoridad competente de dicho país.

En cuanto a los instrumentos internacionales que se han elaborado a lo largo de la historia, cabe mencionar que se orientan a asegurar la protección y la salvaguarda de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra, el público, las aeronaves y las instalaciones de los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, en su operación cotidiana contra actos de interferencia ilícita cometidos en tierra o en vuelo, por lo que se han firmado diversos convenios a nivel internacional entre los que destacan los siguientes:

Convenio sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963.

Convenio para la represión de apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, firmado en Montreal el 10 de marzo de 1991.

Estos convenios se orientan a atender diversas áreas en materia de seguridad de la aviación civil, por lo que se destaca que, de acuerdo a la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro país tiene un total de 19 convenios, protocolos, estatutos y acuerdos vigentes en esta materia, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil.

Estatuto de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).

Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional, complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal, el 23 de septiembre de 1971.

Asimismo, en nuestro país fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Aviación Civil, el 12 de mayo de 1995, y la Ley de Aeropuertos, el 22 de diciembre de 1995, así como sus reglamentos correspondientes, el 7 de diciembre de 1998 y 17 de febrero del 2000 respectivamente, las cuales han generado Normas Oficiales Mexicanas que regulan múltiples aspectos de la dinámica dentro de las instalaciones aeroportuarias así como de la operación de las aeronaves que prestan servicios de aviación civil; circulares obligatorias, y los manuales de seguridad para la prevención de actos de interferencia ilícita entre otros.

Lo anterior en congruencia a las facultades conferidas dentro de las fracciones IV, V, VI, XV y XXIII del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; además de las fracciones VI, X y XI del artículo 6 de la Ley de Aeropuertos, en donde se señalan las atribuciones que le son conferidas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de aeropuertos civiles, entre las cuales se destacan las facultades de establecer normas de seguridad, imponer sanciones e interpretar las leyes y reglamentos con efectos administrativos en la materia.

Por otro lado, en lo que se refiere a la Ley de Aviación Civil, de igual forma se establece en su artículo 6, fracción V, la facultad de expedir las medidas y normas de seguridad e higiene, de seguridad en la aviación civil y en materia ambiental que deberán ser observadas por las autoridades en la materia, que se establecen en el párrafo primero del artículo 6 de ambas leyes.

En adición a lo anterior, se hace mención que actualmente se encuentran con estatus de Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los siguientes asuntos, directamente relacionados con la seguridad en la operación de las aeronaves dentro de nuestro país y la prevención de actos de interferencia ilícita:

PROY-NOM-017/5-SCT3-2012 Que establece las especificaciones para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

PROY-NOM-078-SCT3-2000 Que establece las condiciones de seguridad que deben cumplirse en la cabina de pasajeros y compartimentos de carga para aeronaves destinadas al transporte de pasajeros.

PROY-NOM-108-SCT3-2000 Que establece el contenido del manual de seguridad para la prevención de actos de interferencia ilícita.

Dejando de lado el contexto histórico y normativo en materia aeronáutica en nuestro país, es importante señalar que la problemática que se identifica en la presente iniciativa es la necesidad de actualizar la legislación mexicana en materia de aeropuertos y de aviación civil para garantizar la vigencia de las mismas y dar cumplimiento a los acuerdos y tratados que se han establecido a nivel internacional, tras el desarrollo de algunos atentados, actos de interferencia ilícita y delitos tanto en nuestro país como a nivel internacional.

A lo largo de la historia mundial han ocurrido atentados terroristas a bordo de aeronaves para el transporte de pasajeros y de carga, a pesar que se han realizado esfuerzos para desarrollar leyes y mecanismos que garanticen la seguridad de los pasajeros y de los propios países. La prensa internacional menciona que han ocurrido alrededor de 20 atentados contra vuelos comerciales a lo largo de la historia, sin embargo, para fines ilustrativos solo se mencionará uno que se llevó a cabo en nuestro país y que, a pesar de que no tuvo repercusiones graves, demostró la vulnerabilidad de la seguridad en los aeropuertos y con ello la necesidad de mantener actualizados los marcos normativos en la materia.

El 9 de septiembre del 2009, José Marc Flores Pereyra, pastor evangélico, secuestró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el vuelo 576 de Aeroméxico, proveniente de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, con más de cien personas, amenazando a la tripulación con hacer estallar un objeto explosivo si no se cumplían sus exigencias, mismo que resultó ser falso. (Excelsior, 2014)

Aunado a lo anterior, también es pertinente mencionar que los aeropuertos y las aeronaves para el transporte de carga y de pasajeros han sido utilizados a lo largo de los años para el tráfico de narcóticos y drogas ilícitas, tanto para el ingreso como para la salida a nuestro país, por lo que se requiere que la normatividad en la materia establezca mecanismos que contribuyan en inhibir, detectar y confiscar este tipo de sustancias, toda vez que en la normatividad aplicable en la materia se han identificado áreas de oportunidad que contribuirán al combate de estos actos ilícitos; ya que desde hace muchos años se ha presentado esta práctica, como lo demuestra a últimas fechas el decomiso de media tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de acuerdo con lo que se menciona en un artículo publicado por el periódico Excélsior el día 2 de junio del 2016. De igual manera, se publicó en el mismo periódico una nota periodística el pasado 24 de enero del mismo año 2016, donde se da cuenta de los decomisos y de las detenciones ocurridas únicamente en el AICM, resaltando lo siguiente:

• Sólo 176 personas con droga han sido detenidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en diez años, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR).

• Los 176 aprehendidos de 2005 a 2015 en la terminal aérea dan cuenta de que al año sólo cayeron 17.6 personas por poseer o intentar transportar algún tipo de droga. (Excelsior, 2016)

Lo anterior evidencia la existencia del ilícito que se señala, y que a pesar de que han ocurrido decomisos y detenciones ligados al mismo, documentado en artículos periodísticos de diversos periódicos de circulación nacional en estos meses, la cifra negra podría ser mayor, por lo cual es importante establecer acciones que fortalezcan el marco jurídico para mantener el Estado de Derecho y la seguridad interna de nuestro país.

En la Recomendación A16-6 Medidas para prevenir y controlar el Tráfico Ilícito de Drogas en el Transporte Aéreo, emitida durante la XVI Asamblea de la CLAC, se consideran como actos de interferencia ilícita el tráfico de drogas, evidenciando que esta práctica se ha vuelto común y se ha diversificado en el transporte aéreo convencional, por lo que insta a los Estados miembros a dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la Conferencia de Viena sobre uso indebido y tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, celebrada en junio de 1987, al adoptar medidas para prevenir y controlar el tráfico de drogas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos perseguidos por las Normas y Métodos Recomendados en el Anexo 17 al Convenio de Aviación Civil Internacional y del Manual de Seguridad para la protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita de la OACI, mediante la implementación de dicha recomendación.

En el caso de nuestro país, las fuentes oficiales consultadas señalan que, de conformidad a los datos del Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Policía Federal tenía un despliegue en los aeropuertos de las 32 entidades federativas, con la finalidad de garantizar la seguridad y la comisión de actos ilícitos en los mismos, sin embargo, se destaca lo siguiente:

En zonas aeroportuarias la Policía Federal tiene un despliegue operativo de 1,124 elementos y 142 carros radio patrullas, mediante el cual se cubre un total de 32 instalaciones aeroportuarias, se llevan a cabo funciones de inspección, seguridad y vigilancia con respecto al tráfico de mercancías, revisiones de aeronaves, prevención del delito, revisiones de personas y vehículos en zonas de vialidad.

[...]

Actualmente, el aeropuerto con mayor flujo de personas y mercancías es el de la Ciudad de México, seguido por el de Guadalajara, Monterrey, Cancún, Toluca y Tijuana. Es precisamente en estos puntos donde se da la gran mayoría de las acciones de la Policía Federal, para inhibir el contrabando, tráfico de divisas, personas y transporte de drogas y armas de fuego.

[...] (Secretaría de Seguridad Pública, 2009)

De acuerdo a las cifras oficiales emitidas en dicho informe, la mayor parte de los actos delictivos se dieron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, detallando los resultados obtenidos del mes de septiembre del 2008 a julio del 2009.

De acuerdo a lo que se establece dentro del Primer Informe de Labores de la SEGOB en el Sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a julio del 2013 se realizaron diversas acciones dentro del programa Protejamos nuestros aeropuertos, para prevenir la incidencia delictiva en los aeropuertos de jurisdicción federal donde se destacan los siguientes resultados:

Se aseguraron a 722 personas por llevar consigo o en su equipaje droga o dinero sin acreditar su legal procedencia.

Se decomisaron 50.8 kilogramos de marihuana, 69.7 kilogramos de cocaína, 13.7 kilogramos de heroína y 1.6 kilogramos de otros narcóticos, así como 4 millones 332 mil 616 pesos, 1 millón 615 mil 376 dólares, 66 mil 040 euros y 22 armas de fuego.

[...] (Secretaría de Gobernación, 2013)

A manera de conclusión, es pertinente mencionar que a pesar de que a nivel nacional e internacional se han establecido acciones para combatir la comisión de actos de interferencia ilícita, es pertinente fortalecer los marcos normativos en nuestro país con la finalidad de que la legislación mexicana se mantenga vigente ante los cambios tan acelerados que se dan en la dinámica social y en el desarrollo de los diversos ilícitos que se presentan de forma cotidiana en nuestro país y que ponen en peligro tanto la seguridad en las instalaciones aeroportuarias, aeronaves de carga y de pasajeros como de la población en general.

Es así que se pretende la reforma de diversas disposiciones con la finalidad de garantizar en el caso de la Ley de Aviación Civil en su artículo 6, fracción V, que las Secretarías competentes de la expedición y aplicación de las medidas y normas de seguridad e higiene, de seguridad en la aviación civil y en materia ambiental que deben observarse en los servicios de transporte aéreo la realicen de acuerdo al ámbito de responsabilidad que se establezca en los marcos normativos aplicables. Asimismo, en el artículo 33 se pretende establecer dentro del primer párrafo, la salvedad para regular dentro de la normatividad aplicable en la materia, las excepciones a través de las cuales podrán entrar personas armadas en las aeronaves civiles, derivado del traslado de personas por el cumplimiento de un mandamiento ministerial o judicial.

En cuanto al artículo 86 de la misma Ley, se pretende modificar el primer párrafo, con la finalidad de dar claridad al ámbito de responsabilidad al que está sujeto el concesionario o permisionario, por acciones u omisiones imputables o atribuibles a éste por infracciones cometidas o consecuencias que deriven en el ámbito de responsabilidad penal, conforme a la normatividad aplicable en la materia. De igual manera, se busca ampliar el ámbito de responsabilidad a la tripulación de cualquier aeronave civil por causas que le sean imputables o atribuibles a estos, por lo que se pretende modificar el primer párrafo del artículo 88.

En lo que respecta al párrafo tercero del artículo 89, únicamente se pretende modificar la redacción del mismo con la finalidad de mantenerlo actualizado, al sustituir el término salario mínimo por el de Unidad de Medida y Actualización vigente a nivel nacional al momento de cometerse la infracción.

La modificación de la fracción V del artículo 6 de la Ley de Aeropuertos permitirá homologar los criterios que toma en cuenta la fracción V del artículo 6 de la Ley de Aviación Civil en materia de normas básicas de seguridad e higiene, de seguridad en los aeródromos civiles y en materia ambiental, así como verificar su cumplimiento. Asimismo, se propone la modificación del artículo 73 de la Ley de Aeropuertos con la finalidad de darle claridad para que se establezcan criterios mínimos para el ejercicio de las funciones, facultades y ámbitos de responsabilidad de los encargados de garantizar la seguridad aeroportuaria y para prevenir la comisión de actos de interferencia ilícita.

Es por lo anteriormente expuesto, que sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos

Artículo Primero. Se reforma la fracción V del artículo 6; se reforma el párrafo primero del artículo 33; se reforma el párrafo primero del artículo 86; se reforma el párrafo primero del artículo 88; se reforma el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Ley de Aviación Civil

Capítulo IIDe la autoridad aeronáutica

Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I.a IV.[...]

V.Expedir y aplicar, en coordinación con las Secretarías competentes, las medidas y normas de seguridad e higiene, de seguridad en la aviación civil y en materia ambiental, que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento de acuerdo al ámbito de responsabilidad que se establezca;

VI. al XVI. [...]

[...]

Capítulo VDe las operaciones

Artículo 33. En las aeronaves civiles no podrán abordar personas armadas salvo las excepciones que se establezcan en las normas aplicables en la materia, en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o enervantes; y sólo con las autorizaciones correspondientes podrán transportarse cadáveres o personas que, por la naturaleza de su enfermedad, presenten riesgo para los demás pasajeros.

[...]

[...]

Capítulo XIXDe las sanciones

Artículo 86.Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley cometidas por causas imputables o atribuibles al concesionario o permisionario, según se trate, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. a VIII. [...]

Artículo 88. Se impondrá sanción al comandante o piloto , así como a la tripulación de cualquier aeronave civil por causas que le sean imputables o atribuibles por:

I.al XVII. [...]

Artículo 89. [...]

[...]

Para el pago de las multas a las que el presente capítulo, se tomará en cuenta la Unidad de Medida y Actualización vigente a nivel nacional al momento de cometerse la infracción.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 6; y se reforma el párrafo primero del artículo 73 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Ley de Aeropuertos

Capítulo IIDe la autoridad aeroportuaria

Artículo 6. [...]

I. a V. [...]

VI.Establecer las normas básicas de seguridad e higiene, de seguridaden los aeródromos civiles y en materia ambiental, así como verificar su cumplimiento;

VII.al XII. [...]

Capítulo IXDe la seguridad

Artículo 73. A nivel nacional deberá existir un comité de seguridad aeroportuaria integrado de conformidad con el reglamento respectivo, que será el encargado de emitir el programa nacional de seguridad aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la Secretaría, mismos que contendrán criterios mínimos para el ejercicio de las funciones, facultades y ámbitos de responsabilidad de los integrantes, para garantizar la seguridad aeroportuaria y para prevenir la comisión de actos de interferencia ilícita.

[...]

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2017.— Diputados: Samuel Rodríguez Torres,Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974 y no fue hasta el año 2006 cuando se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, norma reglamentaria del principio de igualdad entre los géneros.

La publicación de la referida Ley fue el resultado de compromisos internacionales, derivado de que el Estado mexicano ratificó el 23 de marzo de 1981 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), considerada como la Carta Internacional de los derechos de la mujer, la cual provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países firmantes, teniendo como finalidad lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas.

Si bien una característica de la ley es su permanencia, esto no quiere decir que sea inamovible, eterna o que rija indefinidamente en el tiempo; es decir, una norma jurídica es vigente durante un periodo de tiempo determinado, en tanto no sea formalmente reformada, adicionada, derogada o abrogada, pero su temporalidad siempre estará sujeta a la necesidad de adaptarla a las situaciones cambiantes de la vida social y de los individuos, a los que rige.

En ese sentido, el proceso de armonización de una ley es un trabajo permanente del Legislador; por ello, la Iniciativa que se presenta propone que, en lo no previsto en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se apliquen de forma supletoria, además de los instrumentos normativos mencionados expresamente en el texto vigente del artículo 4 de la norma en cita, dos importantes leyes más, mismas que fueron promulgadas con posterioridad a ella y que contienen importantes preceptos que fortalecerán su aplicación e interpretación, en beneficio de las mujeres y las niñas.

La primera, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya importancia radica en que el bien jurídico tutelado es el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.

La segunda de ellas es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, norma que reconoce el derecho de las personas menores de edad a no ser discriminadas, a vivir una vida libre de violencia y, en particular, garantiza el derecho de las niñas y las adolescentes a la igualdad sustantiva.

Si los artículos supletorios reflejan lo que falta en una ley o lo que se encuentra incompleto o deficientemente regulado sobre ciertos aspectos, entonces, adicionar los dos cuerpos normativos, antes señalados, fortalecerá la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, otorgando mayor protección a las niñas y las mujeres del país.

Argumentación

Hace 70 años inició la lucha por el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, debiendo recordar que después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre de 1945 surge oficialmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un esfuerzo internacional para reafirmar la fe en los derechos fundamentales de las personas, promover el progreso social y prevenir conflictos entre las naciones.

Apenas tres años más tarde, en la Asamblea General de la ONU, celebrada el 10 de diciembre de 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento en donde se establecieron por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero; entre ellos, el que todas las personas, entendiéndose mujeres y hombres, son iguales ante la ley y todos tienen igual derecho a la protección contra toda discriminación.

Por su parte, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., párrafo primero, que “El varón y la mujer son iguales ante la ley”, enunciado que por sí solo, consagra uno de los principales derechos humanos: el derecho a la igualdad.

Es de mencionar que el texto original del artículo 4o. de la Constitución de 1917 no incluía este derecho, ya que la adición del enunciado normativo en comento se agregó hasta el 13 de diciembre de 1974. Asimismo, el artículo 1o. del texto Constitucional original de 1917 tampoco establecía la prohibición de discriminación, pues fue hasta el 14 de agosto del 2001 que se adicionó un último párrafo al referido numeral, estableciéndose la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras, por origen de género.

No obstante las importantes reformas constitucionales realizadas en su oportunidad, dada la trascendencia del reconocimiento del derecho a la igualdad entre las personas, se hizo imprescindible la expedición de leyes secundarias para hacerlo operativo.

Hasta el 2 de agosto del 2006, después de más de treinta años del reconocimiento constitucional a la igualdad entre mujeres y hombres, fue que se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Diario Oficial de la Federación, norma que tiene por objeto, además de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, empoderar a las mujeres y luchar contra toda discriminación basada en el sexo, representando dicha ley, en muchos sentidos, la concreción de los logros alcanzados en la lucha contra la discriminación y en pro de la igualdad entre las mujeres y los hombres mexicanos.

Su importancia reside en que, por vez primera, se sientan las bases jurídicas para la coordinación, colaboración y concertación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la igualdad sustantiva y, sobre todo, con base en su apego al artículo 4o. de la Constitución General de la República, dar cumplimiento al derecho convencional suscrito por el Estado Mexicano esta materia, teniendo como sujetos de derechos, las mujeres y hombres que se encuentren en algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que dicho ordenamiento tutela.

El artículo 4 de dicha Ley General señala que, en lo no previsto en dicha norma, se aplicarán en forma supletoria 3 cuerpos normativos, además de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

En este sentido, las 3 leyes que de manera enunciativa se señalan para su aplicación supletoria son:

1. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada el 11 de junio de 2003, la cual tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a los derechos humanos y sus garantías.

2. La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicada el 29 de junio de 1992, norma que regula las actividades y facultades de dicho organismo autónomo, el cual tiene por objeto, además de divulgar los derechos humanos, conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los mismos cuando las faltas fueran imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción del Poder Judicial de la Federación. Cabe resaltar que, a partir del año 2006, la CNDH tiene entre sus atribuciones, la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

3. La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres,publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001, ordenamiento jurídico que creó el referido organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con atribuciones de promover y fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida pública, cultural, económica y social del país.

Evidentemente, las tres normas enunciadas en los párrafos anteriores fueron publicadas con anterioridad a la expedición de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y fortalecieron, en su momento, la aplicación de la mencionada ley general.

Sin embargo, ahora, para efectos de actualizar su supletoriedad y en términos de armonización legislativa, se juzga necesario que, en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se adicionen de manera enunciativa 2 cuerpos normativos fundamentales que tienen relación directa con la materia de igualdad de género y que fueron expedidos con posterioridad a la ley que se analiza.

Como es amplia y jurídicamente reconocido, el significado y trascendencia de la aplicación supletoria de una norma, representa, de forma enunciativa, la integración y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales, mismos que coadyuvarán a fijar o establecer los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; aunado a lo anterior, debe subrayarse que las leyes supletorias son de carácter subsidiario y su aplicación procede únicamente ante la insuficiencia de la ley principal.

La supletoriedad en la legislación, así concebida, es una cuestión de aplicación que favorezca o fortalezca la debida coherencia al compendio de normas que conforman el sistema jurídico. En el libro titulado “ Algunos Elementos de Técnica Legislativa”, del Doctor Eliseo Muro Ruiz y publicado en 2006 por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se expresa que

“Los artículos supletorios reflejan lo que falta en una ley; que se encuentra incompleto o deficientemente regulado sobre cierto aspecto, por lo que es necesario precisar qué ley ha de aplicarse, de lo contrario no se sabría con certeza cuál invocar. El propósito de la supletoriedad es para simplificar una cuestión compleja, [...] ya que se presume la existencia de una laguna en el ordenamiento jurídico que remite. [...] Debe cuidarse que las fórmulas sean precisas, completas y exactas, es decir, especificar las normas que han de aplicarse como tales”.

Por su parte, Javier Tajadura Tejeda, en su artículo titulado “La cláusula de supletoriedad del Derecho estatal respecto del autonómico”, afirma que “la supletoriedad es una función del ordenamiento jurídico, es una regla de relación entre leyes superior e inferior o de la misma materia que permite integrar lagunas y vacíos normativos”.

Asimismo, la Tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el 13 de febrero de 2013, identificada con la clave 34/2013 (10a.), establece 4 supuestos para que opere la supletoriedad:

Supletoriedad de las leyes. Requisitos para que opere. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

Así, en razón de la anterior jurisprudencia, para que opere la supletoriedad, es necesario 1) que la ley de que se trate establezca esa posibilidad; 2) que la ley a suplir no contenga o que se desarrollen deficientemente las cuestiones jurídicas que se aplicarán supletoriamente; 3) que el vacío legislativo haga necesaria la aplicación de otro ordenamiento jurídico, y; 4) que no exista contradicción con el ordenamiento legal a suplir.

La ley siempre debe ser clara para los destinatarios o sujetos regulados por la norma, pero también el Legislador debe facilitar al juez su interpretación. Por ello, aunque de conformidad con el principio Pro Personae se debe aplicar la norma que sea más favorable o que otorgue mayor protección a la persona, sin importar que se encuentre en un tratado internacional, siempre, por un principio de certeza jurídica y de orden, en materia de supletoriedad, es necesario que la ley de que se trate contenga expresamente esa posibilidad, señalando de manera enunciativa la o las leyes que se pueden aplicar supletoriamente para suplir el vacío existente o fortalecer el cuerpo normativo de referencia.

En ese sentido, si bien las tres normas de aplicación supletoria mencionadas de forma expresa en el artículo 4 respaldan la eficaz realización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ahora es necesario adicionar de manera expresa a la supletoriedad de la misma, dos nuevas leyes que se sumaron al derecho positivo mexicano posterior a la entrada en vigor de aquella.

Expresar de manera enunciativa que se habrán de aplicar de forma supletoria, además de las tres leyes expresadas en el texto del artículo 4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dos nuevas normas especializadas en esa materia, brindará certeza jurídica a los destinatarios de la norma y a los aplicadores del derecho para que tengan el conocimiento claro y seguro del catálogo de instrumentos para suplir deficiencias en la ley.

La primera de ellas es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que fue publicada el 1o. de febrero de 2007 tras un largo proceso legislativo, y ha sido reformada en diez ocasiones, de acuerdo con la transformación social y las necesidades del género femenino. La importancia de esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado es el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para destacar el esfuerzo constante de actualizar el contenido de esta norma, a fin de hacer efectivo el derecho de las mujeres, las niñas y las adolescentes a un entorno de paz y armonía, se enfatizan las dos últimas reformas publicadas el 19 y 22 de junio de 2017, respectivamente:

a) La primera, contempló que las entidades federativas y los municipios apoyasen la creación y operación de refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, protegiendo, de manera integral, a las y los integrantes de las familias que sufren violencia en el hogar.

b) La segunda reforma referida, fortalece al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al incluir, tanto al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) —organismo encargado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando los mismos se encuentren vulnerados—, como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI) —organismo garante para combatir la marginación y la discriminación como formas de expresión contra la mujer indígena—.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contiene en sus principios rectores la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres; asimismo, esta norma es de suma importancia, porque define conceptos fundamentales como la violencia contra las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la misoginia.

Es conveniente resaltar que es una ley general que definió por primera vez los tipos de violencia, sea esta psicológica, física, económica, patrimonial o sexual, dejando en claro que la violencia, no necesariamente produce lesiones físicas y establece en qué ámbitos de la vida familiar están siendo violentadas las mujeres, definiendo, para ese propósito, diversas modalidades de violencia, entre las que podemos encontrar la violencia familiar, la laboral y docente, la comunitaria o la violencia institucional.

Un dato relevante, de acuerdo con la Encuesta Intercensal que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo en el 2015 con la finalidad de actualizar la información sociodemográfica del Censo 2010, consiste en que en México, para ese año, había más de 19.4 millones de niñas y de mujeres adolescentes, es decir, el 17% de su población, un sector vulnerable en muchos sentidos y que motiva a que la segunda ley de aplicación supletoria a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que se pretende adicionar en esta Iniciativa, sea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Esta norma es una de las leyes mexicanas más adelantadas en la perspectiva de los derechos humanos y su primer acierto es que reconoce a las niñas y los niños como sujetos de derechos. La ley en comento no sólo es enunciativa de derechos de la infancia, sino que define obligaciones y competencias a los 3 niveles de gobierno para lograr la igualdad sustantiva, ordenando a las autoridades correspondientes:

• Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones.

• Diseñar políticas públicas para eliminar los obstáculos que impidan la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes.

• Implementar acciones específicas, dirigidas a alcanzar la eliminación de costumbres que impliquen la idea de inferioridad de las niñas.

• Establecer medidas dirigidas de manera preferente a las niñas y las adolescentes que vivan situaciones de rezago educativo, económico o social.

• Visibilizar a las niñas para proteger sus derechos, en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y los adolescentes.

• Garantizar el acceso y permanencia de las niñas y las adolescentes embarazadas para facilitar su reingreso hasta lograr el egreso de la escuela

• Eliminar el matrimonio infantil.

• Reconocer que el Estado tiene la obligación de erradicar la discriminación, así como también atender, prevenir y erradicar la trata, el abuso sexual y cualquier tipo de explotación.

Bajo estas consideraciones es que creemos que aplicar de manera supletoria esta Ley General, especializada en derechos de infancia y adolescencia, favorecerá la realización de la igualdad de niñas y mujeres adolescentes.

Finalmente, se menciona que el 25 de septiembre de 2015, el Estado mexicano, en conjunto con los demás líderes mundiales, adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigidos a erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos.

Uno de estos objetivos es lograr la igualdad de género, con el cual se persigue poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, porque ello no es tan sólo un derecho humano básico, sino que, además, es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Empoderar a las mujeres y a las niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico mundial.

Por ello, una manera de coadyuvar con la Agenda 2030 establecida por la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en favor de las mujeres y las niñas, es fortalecer el marco normativo que garantice sus derechos, procediendo con la inclusión de la aplicación supletoria de dos leyes novedosas, contenidas en el marco jurídico mexicano.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el derecho a la igualdad y la no discriminación protege la dignidad misma del ser humano y permite la integración y cohesión sociales, lo que favorece el libre desarrollo de la personalidad y el pleno ejercicio de los demás derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

Además, con esta Iniciativa se armoniza la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres al permitir la aplicación supletoria de dos ordenamientos más para asegurar la igualdad entre los géneros, porque en lo que se encuentre incompleto o deficientemente regulado para hacer efectivo el derecho humano de las mujeres a tener una vida armónica, plena y en paz, deberá aplicarse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, lo que falte u omita la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en materia de igualdad sustantiva o de garantía de derechos de las niñas y las mujeres adolescentes, la norma supletoria que habrá de aplicarse será la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único.Se reforma el artículo 4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 4. En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw, visto el 30 de junio de 2017 a las 9:55 horas.

ii https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/ article/view/2790/2610, visto el 28 de junio de 2017 a las 10:55 horas.

iii http://www.cinu.mx/onu/onu/, visto el 30 de junio de 2017 a las 13.15 horas.

iv http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_079_31dic74_ima.pdf. Visto el 23 de junio de 2017 a las 16:10 horas.

v http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf, visto el 08 de agosto de 2017 a las 12:10 horas.

vi http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/193/186, visto el 26 de junio de 2017 a las 9:07 horas.

vii http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgimh.pdf, visto el 27 de junio de 2017 a las 10:22 horas.

viii https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2149/6.pdf, visto el 30 de junio de 2017 a las 11.00 horas.

ix https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ teoria-realidad/article/view/22435/20027, visto el 01 de agosto de 2017 a las 10:00 horas.

x https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx, visto el 21 de julio de 2017 a las 13.45 horas.

xi http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/. Visto el 09 de julio de 2017.

xii http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ , visto el 01 de agosto de 2017 a las 10:15 horas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de noviembre de 2017.— Diputadas: Angélica Reyes Ávila,Flor Estela Rentería Medina (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputada integrante del grupo parlamentario del partido encuentro social, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

Para el Partido Encuentro Social, la certeza jurídica de los alimentos es una responsabilidad ineludible del Estado Mexicano, máxime cuando el Principio del Interés Superior de la Niñez, adoptado en el artículo cuarto de nuestra Constitución establece la obligación que la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas encaminadas a la niñez, deberá realizarse a la luz de éste principio.

Para ello, en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo, toca a ésta soberanía, robustecer el marco jurídico en la materia para hacer efectivo el derecho a los alimentos, adoptando medidas legislativas que ayuden a concretar el goce y disfrute pleno del derecho humano a la alimentación, siendo además qué, el derecho a la alimentación es orden público y de interés social.

Sin dejar de advertir que México ha firmado diversos tratados internacionales que ponderan interés superior del niño y reconocen al derecho a los alimentos como un derecho fundamental del hombre, entre estos instrumentos jurídicos internacionales se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3 numerales 1 y 2 establece:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

(Lo resaltado es propio.).

Así mismo, en su artículo 27 numeral 4, expresamente establece:

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.

Atendiendo a los compromisos adquiridos tanto en Nuestra Carta Magna, así como en los pactos internacionales en materia de alimentos a los menores, propongo a esta soberanía aumentar la pena de prisión a quienes tratando de eludir esta responsabilidad sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia o a quienes dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de evitar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina.

Lo anterior, en virtud que actualmente el Código Penal Federal, contempla pena de prisión muy baja, siendo que la pensión alimenticia no solo implica el alimentos de forma literal, por el contrario, implica el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, he inclusive tratándose de menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión.

Así lo establece el artículo 308 del Código Civil Federal, mismo que para mayor ilustración, me permito transcribir en sus términos:

Artículo 308.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

De donde se advierte la importancia de los alimentos o en su caso la gravedad de la falta de estos, para el pleno desarrollo de las capacidades de los menores, atendiendo a la dimensión de la afectación que en un determinado momento pudiera causar el incumplimiento de esta obligación, esta soberanía debe buscar mecanismos legales que inhiban esta práctica recurrente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal

Al tenor siguiente:

La Sexagésima Tercera Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:

Decreta

Único: Se reforman los 336 y 336 Bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 336.- Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Artículo 336 Bis. Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de dos a seis años. El juez resolverá la aplicación del producto de trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.— Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marco Antonio Barranco Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, ciudadano Marco Antonio Barranco Sánchez, diputado de la LXIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con lo siguiente:

Exposición de Motivos

Introducción

En la actualidad, el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo, ningún otro producto es tan peligroso ni mata a tantas personas. Cada año mueren 4 millones de personas en el mundo por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco (esto equivale a una persona cada 10 segundos).

El consumo de tabaco a largo plazo provoca diversos tipos de cáncer y enfermedades crónicas como cáncer de pulmón, cáncer gástrico, accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, entre otras. La mitad de todos los fumadores a largo plazo tienden a fallecer a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco.

Se estima que en el año 2020 el tabaco será la causa del 12 por ciento de todas las muertes a nivel mundial, para entonces este porcentaje será mayor que el de las muertes causadas por VIH/sida, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto.

En el Continente americano el consumo de tabaco es responsable de aproximadamente un millón de muertes por año, de las cuales unas 500 mil corresponden a los países de América Latina y el Caribe.

En México, en menos de dos décadas el número de fumadores se incrementó de 9 a 13 millones de personas y las enfermedades asociadas al tabaquismo han matado a más de 53,000 personas cada año, es decir, 147 cada día. Estas defunciones representan 10 por ciento de las muertes nacionales.

La edad de inicio es cada vez menor y el consumo en las mujeres también se ha incrementado en las últimas décadas tendiendo a ser igual o mayor que en los hombres. Adicionalmente, más de la tercera parte de los habitantes de México están expuestos al humo del tabaco y en la región centro del país, el porcentaje se acerca a la mitad, lo que también representa un problema de salud pública.

Sobre la exposición de los no fumadores al humo del tabaco, debemos advertir que en el humo de tabaco hay unos 4,000 productos químicos conocidos, de los cuales se sabe que como mínimo, 250 son nocivos, y más de 50 cancerígenos para el ser humano, por tanto, en la mayoría de los espacios de este País o del Mundo, sean abiertos o cerrados el humo de tabaco es inhalado por todos; de suerte tal, que tanto fumadores como no fumadores quedan expuestos a sus efectos nocivos.

Ahora bien, el 21 de mayo del 2003 fue un día histórico para la Salud Pública Mundial ya que en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, los 192 Estados miembros de la OMS adoptaron por unanimidad en Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Este Convenio constituye el primer instrumento jurídico diseñado para reducir las defunciones y enfermedades relacionadas con el tabaco.

México dio un ejemplo al mundo al ser el primer País Latinoamericano en ratificar el Convenio. En el mismo sentido, en el año 2008 el Estado Mexicano promulgó la Ley General para el Control del Tabaco. No obstante, se requiere un compromiso político firme y renovador para seguir protegiendo a todas las personas de los efectos nocivos del tabaquismo, incluyendo la exposición al humo del tabaco ajeno.

Así pues, la adicción y exposición al humo tabaco son un problema grave que afecta a la sociedad, a la salud pública, pero sobre todo a los menores de edad del mundo entero, dado que este sector de la sociedad invariablemente se encuentra condenado a sufrir las consecuencias lacerantes que provoca el humo de tabaco ya sea a corto o a largo plazo, por tal motivo, las instituciones y organizaciones tienen nuevas oportunidades de mejorar las intervenciones de control del tabaco en aras de disminuir las consecuencias y de mejorar la salud pública de la sociedad.

Problemática

Las personas que no fuman y que respiran humo de tabaco reciben nicotina y químicos tóxicos de la misma forma que lo hacen los fumadores. Cuanto más se expone al humo de fumadores, mayor serán los niveles de estos químicos dañinos en su cuerpo, teniendo las mismas consecuencias de salud que inclusive de los fumadores.

Al respecto, las niñas, niños y menores de edad son los más afectados por la exposición del humo del tabaco puesto que son los que menos pueden evitarlo. La mayor parte de su exposición al humo viene de los adultos (padres u otros) que fuman en el hogar, escuela, centros de trabajo, etc.

Diversas investigaciones en salud pública, han demostrado claramente que la exposición desde jóvenes al tabaco aumenta las probabilidades de que los adolescentes se vuelvan adictos. Aunado a la exposición, el tabaquismo puede ser dañino debido a los químicos presentes en los productos de tabaco los cuales como ya lo advertimos pueden causar enfermedades.

Los estudios demuestran que las niñas, niños y menores expuestos al humo, entre otras cuestiones:

I. Se enferman más a menudo.

II. Padecen más infecciones respiratorias (como bronquitis y neumonía).

III. Son más propensos a presentar tos, sibilancias y dificultad para respirar.

IV. Padecen más infecciones de oído.

La exposición de humo también puede causar ataques de asma, empeorar los síntomas del asma, e incluso causar nuevos casos de asma en menores que antes no habían mostrado síntomas.

Algunos de estos problemas podrían parecer insignificantes, pero éstos se pueden acumular rápidamente hasta llegar incluso a la muerte. Además, independientemente de las cuestiones de salud que provoca, es que después esos menores se convierten en fumadores viciosos, lo que desemboca en una cadena circular ininterrumpida, que va afectando a generaciones futuras.

El lugar de trabajo conforma una fuente importante de exposición al humo para muchos adultos y menores no fumadores.

Esto es así, dado que uno de los ejemplos más conocidos de restricciones a los derechos de los no fumadores se presenta en el lugar de trabajo, debido a que el humo del tabaco ajeno se transporta en el aire, por lo que causa o genera una importante contaminación del aire, e inhalar dicho humo en una oficina, restaurante o en cualesquier lugar de trabajo es inevitable. Los no fumadores se ven obligados a poner en peligro su salud simplemente por acudir a trabajar cuando se permite fumar en el lugar de trabajo. No obstante, las autoridades tienen la autoridad para eliminar el tabaquismo en el lugar de trabajo, así como de responsabilizar a los empleadores de hacer cumplir las prohibiciones.

Así también, existen muchos otros lugares públicos en los que las personas están expuestas al humo de tabaco ajeno, entre otros, como centros comerciales y plazas, los cuales con frecuencia tienen menos protección contra el humo que los lugares de trabajo.

Los derechos a un entorno saludable y a condiciones de trabajo saludables son absolutamente esenciales para la protección de la salud de los no fumadores.

El humo de tabaco ajeno puede afectar además el derecho a la igualdad ante la ley, puesto que la protección contra el humo de tabaco ajeno a menudo es arbitraria, determinada por desigualdades socioeconómicas y de otros tipos. Sin dejar a un lado, que las personas expuestas menores de edad son las más vulnerables puesto que no pueden evitar o controlar dichas situaciones y por la necesidad de tener que laborar para tener el sustento del día a día se ven expuestos a esta situación lastimosa en contra de su voluntad la cual perjudica su salud.

Debemos subrayar, que los menores de edad son un grupo vulnerable de los efectos del tabaco, porque por un lado no pueden evitar o controlar el que sean expuestos, y por otro lado, estos menores en el futuro se convierten en personas fumadoras lo que genera un círculo vicioso.

No obstante lo anterior, existen medidas y acciones que se pueden implementar para reducir la cantidad de muertes y enfermedades por consumo o exposición del humo de tabaco en los menores, como por ejemplo:

I. Supervisar el consumo del tabaco y evaluar el impacto de las políticas de prevención.

II. Proteger a las personas de la exposición del humo de tabaco.

III. Ayudar a todos los fumadores para que dejen ese hábito.

IV. Advertir y educar eficazmente a todos sobre los peligros del consumo y exposición de tabaco mediante campañas de salud y educativas utilizando a los medios de comunicación.

V. Implementar y hacer cumplir las prohibiciones integrales de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, así como el uso de términos equívocos como “suaves” o “con bajo contenido de alquitrán”.

VI. Subir el precio de todos los productos de tabaco con el aumento de impuestos al tabaco.

Por lo antes expuesto, es que se considera conveniente que desde la Ley Federal del Trabajo, se prohíba la utilización de trabajo de menores de edad de 18 años, en todo aquel establecimiento en el que el menor por motivo de su trabajo este expuesto al humo del tabaco; esto, en razón de que los menores de edad como grupo vulnerable y ante la necesidad de trabajar y de no poder controlar la situación de que los empleadores o patrones permitan el que se pueda fumar en los centros de trabajo, se evite se ponga en riesgo la salud e inclusive vida del menor.

Con esta acción afirmativa, se estaría protegiendo a los menores de edad que actualmente trabajan en lugares expuestos al humo, fortaleciendo de esta forma los derechos humanos de los no fumadores menores de edad, como el derecho a un entorno saludable y a condiciones de trabajo saludables, pero también, se estaría fomentando a una cultura positiva en materia de combate a los efectos nocivos del tabaco en favor de todos los jóvenes y de las futuras generaciones tratando de interrumpir desde el ámbito laboral el circulo vicioso del tabaco en los menores de edad. Creemos pertinente el que la Ley proteja la salud pública de los jóvenes.

Propuesta

Ante la amenaza del humo del tabaco en los lugares de trabajo en los que se desenvuelven los menores de edad, así como de todas las consecuencias que provoca en la salud, es por lo que se considera conveniente que esta H. Soberanía Nacional, prohíba a los patrones la utilización de trabajo de menores de edad de 18 años en todo aquel establecimiento en el que el menor por motivo de su trabajo este expuesto al humo del tabaco.

Por tanto, es que se propone reformar el artículo 175 en su fracción II de la Ley Federal del Trabajo, para con ello prohibir la contratación de menores de edad para que desarrollen su trabajo en lugares en los que se encuentren expuestos al humo del tabaco, y con ello salvaguardar los derechos humanos de los no fumadores menores de edad, como el derecho a un entorno saludable y a condiciones de trabajo saludables.

Contenido de la reforma

La reforma que se propone a la Ley Federal del Trabajo es en redacción sencilla, sin embargo, se estima suficiente prohibir a los patrones la utilización del trabajo de menores de edad en aquellos establecimientos en los que el menor por motivo de su empleo se encuentre expuesto al humo del tabaco.

Por tanto, se propone modificar la fracción II del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, para el efecto de salvaguardar los derechos humanos de los menores de edad que se encuentren laborando y que sean no fumadores, tales como el derecho a un entorno saludable y a condiciones de trabajo saludables.

Es por todo lo expuesto, que me permito someter a consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma por modificación la fracción II del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 175....

I. ...

II.En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas, centros de vicio, así como cualquier establecimiento en el que el menor por motivo de su trabajo este expuesto al humo del tabaco;

III.a IV. ...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2017.— Diputado Marco Antonio Barranco Sánchez(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN

La que propone, María del Rosario Rodríguez Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de establecer el padrón único de beneficiarios de programas sociales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La política social en México se ha transformado en los últimos 15 años, hoy cada uno de los programas sociales cuenta con una evaluación de impacto realizada por instituciones independientes del gobierno; tenemos una medición de la pobreza realizada por un organismo autónomo y, contamos con una ley general de desarrollo social aprobada por consenso en el Congreso y que establece las bases para una política social de Estado.

Sin duda, el país ha avanzado en la consolidación de una política social de Estado, sin embargo, pesar de estos avances, sabemos que aún son insuficientes para revertir el fenómeno de la pobreza en que se encuentra más 55 millones de personas. Muchos son los retos en esta materia, pero donde seguramente tenemos mucho que hacer es en la transparencia y rendición de cuentas.

Ahí tenemos la obligación de fortalecer el marco normativo e institucional, particularmente a nivel local con el afán de erradicar la opacidad en la gestión de los programas sociales, pues no hay nada más despreciable que lucrar con las necesidades de los más pobres. En el ámbito local los esfuerzos por coordinar y transparentar las acciones en materia de desarrollo social son aún insuficientes.

Hoy no se sabe qué programas tienen los estados y municipios en materia de desarrollo social, ni mucho menos cuáles son sus padrones de beneficiarios, cuáles son sus presupuestos. Esta total opacidad es la que permite que sean utilizados con fines político electorales.

Los mayores problemas en materia de rendición de cuentas y transparencia se presentan en las políticas sociales de los estados, pues muchas veces no existen padrones públicos, no existen reglas de operación y no hay informes que den cuenta cómo se han utilizado los recursos públicos.

Así, en materia de transparencia y rendición de cuentas de los programas sociales observamos datos francamente preocupantes:

• Sólo 65.3 por ciento de los programas sociales vigentes cuentan con un padrón de beneficiarios. De los programas federales, 88 por ciento reportan que cuentan con padrones, y de las entidades federativas 64.5 por ciento reportaron el mismo hecho.

• Únicamente 56.2 por ciento de los programas sociales a nivel nacional reportaron hacer públicos los padrones de beneficiarios. En dependencias federales 78.7 por ciento y en entidades 55.3 por ciento.

• El 78.3 por ciento de los programas sociales vigentes comunicaron tener información en medios electrónicos. A nivel federal 98.7 por ciento y en los estados 77.5 por ciento.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados detalla que sólo 55.3 por ciento (mil 66) de los programas sociales de los estados cuenta con padrón público de beneficiarios y apenas 53.6 por ciento (mil 32) da a conocer sus respectivos presupuestos. Además, subraya el documento, solamente 57.1 por ciento (mil 101) de los programas sociales de las entidades federativas presenta un informe sobre el ejercicio de los recursos del erario y 66.9 por ciento (mil 289) entrega un informe anual de resultados.

Además del problema que entraña que un gran porcentaje de los programas no cuenten con padrones de beneficiarios o no los hagan públicos, existe el problema que la multiplicidad de listas o padrones de beneficiarios de los programas de la administración pública federal y la dispersión de la información correspondiente, dificultan la posibilidad de detectar errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos.

Ciertas variables poblacionales causan vacíos de información y dificultan la identificación de beneficiarios, por lo que es necesario establecer un sistema de información y coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal que apoye la continuidad de la política distributiva integral del país con miras a un desarrollo socioeconómico, cultural y humano generalizado, sustentable e incluyente.

A fin de propiciar el desarrollo de políticas públicas más eficaces en el otorgamiento de los apoyos que proporciona el gobierno federal, las entidades federativas y municipios, así como para transparentar y rendir cuentas claras a la ciudadanía, es necesario establecer un sistema, con la participación, en su caso, de los gobiernos de las entidades federativas, que contenga información de manera integral de los beneficiarios.

El objetivo de esta iniciativa es crear el padrón único de beneficiarios de Programas Sociales de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, para fortalecer la transparencia de la información acerca de los recursos que reciben los beneficiarios y los programas sociales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Con esa finalidad, la presente iniciativa presenta una propuesta legislativa que permite una más equitativa y eficiente operación en los programas sociales manejados por los tres niveles de gobierno, sistematizando la lista de beneficiarios y de los programas vigentes en dichos niveles de gobierno.

La iniciativa precisamente coadyuva a impulsar una sola política social coordinada entre los tres niveles de gobierno, que permite promover la integración de un padrón único de beneficiarios; publicar las listas de todos los programas sociales, así como formar un catálogo de programas federales, estatales y municipales.

La propuesta busca reducir también la discrecionalidad con la que operan los programas sociales, por lo que estaremos construyendo un instrumento que refuerce la transparencia y la rendición de cuentas de la política social. En particular se pretende

• Integrar la información sobre los programas sociales y sus padrones de beneficiarios en un sistema de información único, de cobertura nacional y de carácter público, con el objetivo de fortalecer la coordinación, complementariedad y transparencia de la política nacional de desarrollo social.

• Consolidar un sistema de información que nos permita identificar y corregir duplicidades.

• Generar información sobre la distribución geográfica y características socioeconómicas de los beneficiarios de los programas sociales para identificar las necesidades y prioridades de atención, así como apoyar su seguimiento y evaluación.

Ha sido una preocupación recurrente de la Sedesol y en particular de su actual titular de la obligación de que los programas sociales en los tres órdenes de gobierno cuenten con un padrón único de beneficiarios. Ciertamente en los últimos años la Sedesol ha avanzado en la construcción de los padrones de los programas sociales que maneja a nivel nacional, que incluyen poco más de 40 millones de beneficiarios. Sin embargo no existe un registro nacional de los padrones de beneficiarios, ni tampoco un registro de los programas sociales que incluya aquellos de los gobiernos estatales y municipales.

El 12 de enero de 2006 se emitió el decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales, como una herramienta de información y análisis de cobertura nacional, que integra de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente respecto de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como sus objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios de los mismo, el cual es administrado por la Secretaría de la Función Pública.

La existencia del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales no hace innecesaria la reforma propuesta, ya que se pretende que quede explícito en una ley que los programas de los tres ámbitos de gobierno deben contar con padrones de beneficiarios.

Los gobiernos locales tienen todavía grandes pendientes en materia de rendición de cuentas por el uso y destino de los recursos públicos, ya que en la actualidad no existe un solo estado de la República Mexicana que haya logrado avances en la institucionalización y transparencia de sus programas sociales, una iniciativa como la que se propone refuerza la institucionalización de la política social en estados y municipios, porque ellos reciben los recursos de la federación y los aplican con criterios discrecionales, práctica que impide conocer quiénes son los beneficiarios finales y limita el ejercicio de la transparencia en el manejo del gasto público.

Con este padrón único de beneficiarios se estará contribuyendo para construir un piso mínimo de institucionalización y transparencia, que marcará el inicio de una nueva etapa de coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno; garantizando a la sociedad un manejo más eficaz de los recursos destinados a la superación de la pobreza; evitando duplicidades en la entrega de apoyos y permitiendo la aplicación de esquemas más integrales para trabajar a nivel territorial.

Ha sido una preocupación recurrente de especialistas, académicos y diversas organizaciones (Transparencia Mexicana, Imco, Incide, México Evalúa, PNUD, Acción Ciudadana frente a la Pobreza) y la misma Sedesol, la necesidad de establecer en la Ley General de Desarrollo Social la obligación de que los programas de los tres órdenes de gobierno cuenten con padrones de beneficiarios.

Como ejemplo del interés que tiene la Sedesol de que se implante en la Ley los Padrones únicos de beneficiarios, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, en la comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Social, de fecha 23 de noviembre de 2016, se comprometió a apoyar al Poder Legislativo para que prosperara una reforma a la Ley General de Desarrollo Social, en relación al tema de padrones únicos de beneficiarios. Es entonces hoy una prioridad para la Sedesol.

Además, diversas iniciativas de esta naturaleza han sido presentadas por diversos grupos parlamentarios y es un tema que debe ser discutido de manera urgente si queremos superar el clientelismo y el uso electoral de los programas sociales, el primer paso es generar información transparente del destino de los recursos de los programas y contar con un padrón único nacional de beneficiarios.

Entre las iniciativas presentadas, su servidora, presenté una iniciativa relativa al tema, en noviembre de 2015, al inicio de la actual Legislatura, quedando esta en preclusión.

En lo particular, la iniciativa que se propone en el presente documento, tiene por objeto incluir en la Ley General de Desarrollo Social la definición de padrones como la relación oficial de los beneficiarios federales, estatales y municipales de los programas de desarrollo social.

Asimismo, prohíbe la utilización de los padrones de beneficiarios con fines político electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto y establece que el uso indebido será sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de las demás normas vigentes aplicables.

Además, se incluyen disposiciones para establecer el requisito de adscripción al padrón único de beneficiarios para recibir las prestaciones y servicios de los programas de desarrollo social y también se indica la información mínima que deberá contener el padrón único a fin de contar con información homogénea sobre los beneficiarios y superar las limitantes institucionales ya que cada dependencia gubernamental tiene su propia manera de organizar y divulgar la información oficial relativa a sus padrones de beneficiarios y los datos que se dan a conocer acerca de los beneficiarios no son consistentes.

Se propone también establecer en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que el padrón único de beneficiarios sea requisito obligatorio para ingresar a los programas sociales y reciban los subsidios correspondientes.

De tal modo, sólo quienes realmente necesiten el apoyo y prestaciones gubernamentales (transferencias monetarias, becas, ayuda alimentaria, subsidios de vivienda, acceso gratuito a servicios de salud entre otros) y cumplan los criterios de selección los recibirán. No debe haber espacio para el ejercicio discrecional y clientelar de los recursos públicos, especialmente si estos están destinados a la población más vulnerable del país.

Actualmente, el padrón único de la Sedesol, el denominado Sifode no representa la vía de acceso a los programas, sino que se trata únicamente de la integración posterior de los padrones que levanta y administra cada programa social. Además el Sifode no incluye salud y otros programas relevantes.

Asimismo, se adiciona la fracción III al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que como parte de las acciones que se realizan en materia de transparencia y acceso a la información sobre el ejercicio del gasto federalizado, implique que las entidades federativas envíen la información concerniente a sus programas sociales y beneficiarios para la elaboración de un registro único administrado por Sedesol, y bajo los criterios que determinen la Secretaría de Hacienda, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la propia Sedesol.

También se reforma y adiciona la fracción XV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el propósito de establecer normas mínimas con respecto a la calidad y la consistencia de la información gubernamental en materia de padrones de beneficiarios ya que no existe un marco homogéneo entre las dependencias y entidades para la integración de padrones.

La iniciativa hará posible un mayor control social del uso de los fondos públicos sociales, una mayor responsabilidad de los funcionarios en la rendición de cuentas a la sociedad y en el monitoreo de las políticas y programas sociales.

A fin de que los beneficiarios y las instituciones encargadas del desarrollo social tengan un conocimiento transparente de los beneficiarios y de los programas sociales a nivel nacional, se requiere una normatividad expresa que obligue a los estados a elaborar los padrones y a hacerlos públicos en los mismos términos en que están los federales, particularmente de aquellos programas que se aplican en coparticipación con el gobierno federal.

De ahí que sea necesario elaborar un solo registro de beneficiarios y programas de desarrollo social que incluya a los federales, estatales y municipales.

Con una institucionalidad débil no podremos superar la pobreza ni construir un proyecto estratégico para la inclusión y la equidad; es momento de que el Congreso legisle para hacer de la institucionalidad de la política social una política de Estado que opere conforme a los principios de integralidad, legalidad y transparencia.

También será posible dar seguimiento a sectores específicos a corto y mediano plazo. Por ejemplo, quienes reciben becas de la Secretaría de Educación Pública, serían candidatos para ingresarles en los programas de Seguro Popular, Prospera o se les brindarían apoyos complementarios para que concluyeran su educación básica y continuaran su educación media o superior.

Por último es de destacar los beneficios que recibirán los estados y municipios cuando se integren. A través de convenios de colaboración con el gobierno federal podrán solicitar asesoría y apoyo técnico para formar sus padrones locales. También recibirán reportes que les ayudarán a definir y desarrollar políticas públicas más focalizadas a los sectores de la población que ellos consideren importantes.

Los gobernadores y presidentes municipales podrán saber cuántos y cuáles programas están ofreciendo a la población por cada municipio y localidad del estado.

Es imprescindible esta reforma de la Ley General de Desarrollo Social, que permitirá avanzar en la cimentación de una política social que genere certidumbre entre la sociedad, mediante la construcción de un padrón único de beneficiarios; evite la discrecionalidad y promueva el desarrollo sin distinciones partidistas.

Un aspecto fundamental es la importancia de contar con instrumentos efectivos para asegurar una mayor transparencia, fortaleza en la coordinación y el intercambio de información sobre los beneficiarios de los programas sociales que implementan el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.

Un padrón único de beneficiarios de los programas de desarrollo social sería una muestra inequívoca que con voluntad política y participación responsable de servidores públicos será posible lograr la interoperabilidad de las bases de datos para identificar de manera única y confiable a los beneficiarios.

El tema ha sido recurrente en diversos grupos parlamentarios, incluido el del Partido Acción Nacional, que en anteriores legislaturas ha impulsado la creación de un padrón único de beneficiarios; además, ha incluido el tema como parte de su agenda legislativa.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Primero. Se reforman los artículos 5, 10 y 27, y se adicionan el 27 Bis y 27 Ter a la Ley General de Desarrollo Social:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. a IX. ...

X. Padrón único de beneficiarios: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas de desarrollo social federales, estatales y municipales que contendrá el perfil socioeconómico de los mismos.

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I. a V. ...

VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón; la adscripción al padrón único de beneficiarios será requisito indispensable para ser beneficiario de los servicios y prestaciones de los programas de desarrollo social.

VII. a IX. ...

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán sus respectivos padrones de beneficiarios.

Las dependencias y los organismos de la administración pública federal, así como de las entidades federativas y los municipios, están obligados a proporcionar a la secretaría la información que se requiera para el cumplimiento de este objetivo.

La inobservancia de esta determinación será motivo de la aplicación de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las leyes Estatales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las que se relacionen con esta materia.

Artículo 27 Bis. El padrón único de beneficiarios de los programas de desarrollo social contendrá la información de los beneficiarios de los programas sociales, que incluirá de manera no limitativa los siguientes rubros:

a) Tipo de beneficiario;

b) Tipo de apoyo;

c) Información socioeconómica básica;

d) Información de identificación de los beneficiarios CURP;

e) Entidad federativa;

f) Municipio o delegación;

g) Nombre del programa; y

h) Dependencia ejecutora del programa.

La información de los beneficiarios de los programas sociales, así como cualquier información que se estime pertinente, se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan la consulta pública de la información.

Artículo 27 Ter. Queda prohibida la utilización de la información o documentación de los padrones de beneficiarios, con fines de promoción de un servidor público o de un partido político, y en general para fines electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto. El uso indebido será sancionado en términos de la legislación aplicable.

Segundo. Se adicionan las fracciones XI al artículo 75 y fracción III al 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán

I. a X. ...

XI. La adscripción al padrón único de beneficiarios será requisito indispensable para el otorgamiento de cualquier subsidio en el ámbito de los programas para el desarrollo social.

Artículo 85. ...

I. y II. ...

III. Las entidades federativas que ejecuten programas sociales con recursos federales, ya sea parcial o totalmente, deberán enviar la información que dispone para la integración del padrón único de beneficiarios de Programas Sociales, sujetándose a los criterios que emita la Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Tercero. Se reforma y adiciona el inciso q) de la fracción XV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Artículo 70. En la ley federal y de las entidades federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

I. a XIV. ...

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) a p) ...

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias , información socioeconómica básica, nombre del programa el monto , ramo administrativo del programa, monto del recurso, beneficio o apoyo otorgado, los criterios de la unidad administrativa para otorgarlos, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.

Los sujetos obligados que tengan a su cargo programas de desarrollo social deberán integrar, sistematizar y enviar la información correspondiente de los beneficiarios a las autoridades competentes a fin de constituir un sistema de información único, de cobertura nacional y de carácter público, con el objetivo de fortalecer la coordinación, complementariedad y transparencia de la política nacional de desarrollo social.

Toda la información concerniente al padrón único de beneficiarios se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan la consulta pública de la información. Los sujetos obligados deben publicar en sus páginas de internet los respectivos padrones de beneficiarios de los programas sociales que operan en cada ejercicio fiscal.

XII. a XLVIII. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán emitir los criterios para el envío e integración de la información del padrón único de beneficiarios de programas sociales, que dispone la Ley General de Desarrollo Social, el artículo 85 fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto y definirán los calendarios para la entrega de información para la integración del padrón único.

Notas

1 IPRO. Informe de Resultados de 2013. PNUD, Transparencia Mexicana.

2 CESOP. Integración y concatenación de padrones de beneficiarios como factores de transparencia y rendición de cuentas.

3 Recientemente, la Sedesol lanzó el Sistema de Focalización de Desarrollo, con información de la población por atender mediante los programas sociales con datos almacenados a través del cuestionario único de información socioeconómica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: María del Rosario Rodríguez Rubio,Carlos Alberto Palomeque Archila, Exaltación González Ceceña, Jesús Antonio López Rodríguez, Pedro Garza Treviño, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona un título a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Parlamento Infantil y Juvenil, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

Hoy en día, los sectores poblacionales más vulnerables y al mismo tiempo, los más olvidados y menos escuchados por el gobierno, son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país.

Por ello y en aras de garantizar un espacio para que su voz se escuche en los más altos niveles de gobierno, la presente iniciativa pretende institucionalizar los Parlamentos Infantil y Juvenil que a lo largo de las legislaturas en el Congreso de la Unión, se han realizado.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

Actualmente, la definición de Estado ha cambiado, ya que la sociedad no funge como el elemento inmóvil que únicamente delegaba su poder de decisión a sus representantes, en cambio, ahora tenemos una sociedad más despierta, dinámica y que espera resultados.

Nos enfrentamos a una sociedad que exige y está consciente que en sus manos está el verdadero poder, especialmente en sectores como la niñez, la adolescencia y la juventud, quienes en diversas ocasiones, nos han demostrado tienen el poder y decisión de influir en la definición de las agendas.

A nivel internacional, el Estado mexicano ha adoptado diversos instrumentos, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño –aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989— en los que se ha obligado a adoptar todas las medidas administrativas y legislativas o de otra índole para dotar de efectividad a los derechos reconocidos en dicho instrumento jurídico internacional a favor de todo niño, niña y adolescente.

En este orden de ideas, los Estados parte de la Convención en comento deben garantizar que las niñas, niños y adolescentes estén en condiciones de formarse un juicio propio; esto, en el marco del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones de estos, en función de su edad y madurez.

En ese sentido, los Parlamentos Infantil y Juvenil han fungido como espacios propicios donde se reúnen niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país para expresar sus deseos y necesidades y contribuir al cumplimiento de sus derechos.

Por ello y con la finalidad de promover su derecho a la libertad de expresión y participación, así como para generar ciudadanos interesados en la conducción de su país, es necesario garantizarles espacios de diálogo en los que además de expresar sus inquietudes y propuestas frente a las problemáticas que los aquejan, puedan adentrarse en el funcionamiento del Congreso de la Unión y el proceso legislativo, por ser éste el Poder encargado de representar a la sociedad y velar por el cumplimiento de sus derechos. Sin mencionar que es uno, que de acuerdo a las encuestas, padece de una ruptura y menor credibilidad frente a la sociedad.

Asimismo, la realización de las diversas ediciones de los Parlamentos Infantil y Juvenil, se ha demostrado que, cuando la infancia y la juventud se integran de manera activa en el mundo y tienen una participación activa en sus comunidades, éstos pueden influir de un modo apreciable generando cambios sociales oportunos desde edades tempranas. Además del hecho de que se impulsan ciudadanos aptos para responder no sólo y dentro de las aulas, sino para asumir las aptitudes y capacidades necesarias para contribuir al diálogo y a los usos democráticos de su país.

Sin duda alguna, las ediciones anteriores han dejado diversos aprendizajes, experiencias y testimonios de satisfacción, por parte de todos aquellos que han formado parte de éstos, por ello es que la inclusión y colaboración de instituciones, dependencias y en los tres órdenes de gobierno, tal como lo recomienda el Comité sobre los derechos del Niño de Naciones Unidas, así como el artículo 72 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como de organizaciones de la sociedad civil organizada, resultan fundamentales para la realización de dichos espacios.

Finalmente, es de recordar que no basta con brindarles un espacio para que la niñez, la adolescencia y la juventud de este país sea escuchada, se requiere dar continuidad a los trabajos y prever una participación constante frente a quienes toman las decisiones en el país, de ahí la necesidad de hacer vinculatorias las resoluciones de los Parlamentos con el trabajo legislativo de las Cámaras, así como de prever el seguimiento detallado del impacto de estos espacios en el desarrollo e implementación de leyes y políticas relevantes.

No queda duda, las necesidades específicas de estos sectores de la población son diversas, ya que no se trata de un grupo homogéneo, sino que [las diferencias en su] interior, tales como las de [sexo, cultura], origen étnico y estratificación socioeconómica, pesan de manera notable en su comportamiento demográfico y, en última instancia, en su desarrollo.

Por lo anterior, es necesario reconocer y garantizar, una plataforma de expresión, participación y diálogo directo para que sin pretextos, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país participen en la edificación de un estado democrático, pero sobre todo, para darles el reconocimiento e importancia a su aportación dentro de la sociedad.

Fundamento legal

El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.Se adiciona un Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

De los Parlamentos Infantil y Juvenil Capítulo Único

Artículo 145.

1. Los Parlamentos Infantil y Juvenil serán organizados por las comisiones ordinarias atinentes en la materia, al menos una vez por legislatura en cada Cámara, de preferencia durante el segundo año de ejercicio.

Artículo 146.

1. Los lineamientos que rijan a los Parlamentos Infantil y Juvenil, serán los que en cada edición, las comisiones correspondientes determinen, en conjunto con las áreas administrativas de cada Cámara, instituciones, dependencias y organizaciones de la sociedad civil participantes.

Artículo 147.

1. Las comisiones en la materia, coordinarán a las instituciones, dependencias, organizaciones civiles y las áreas de las Cámaras participantes.

Artículo 148.

1. Las conclusiones de los Parlamentos Infantil y Juvenil serán vinculantes para ambas Cámaras.

Artículo. 149.

1. Para el seguimiento de las acciones que deriven de las conclusiones de los Parlamentos Infantil y Juvenil, se instalarán por el tiempo que dure la legislatura, dos consejos integrados por parlamentarios infantiles y juveniles, que entre sus atribuciones estarán:

a) Publicitar los resultados en los Parlamentos y difundir los trabajos legislativos de las Cámaras que de ellos deriven.

b) Opinar respecto a los proyectos legislativos derivados de los resultados de los Parlamentos; y

c) Tener acercamiento y participación constante con las comisiones que rigen la materia.

Transitorio

Único.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2017.— Diputado Rafael Hernández Soriano(rúbrica).»

«Iniciativa que abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas y expide la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en mi carácter de diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994, y expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los fundamentos de lo que ahora llamamos economía social solidaria tienen su origen en las distintas expresiones filosóficas en las que se hace referencia a la forma de organización social basada en principios de igualdad, libertad y ayuda mutua.

Se crearon escuelas filosóficas que con distintos alcances inspiraron formas de organización de social, distintas a las que se regían por una concepción individualista de la sociedad.

De esta forma se propagaron preceptos como la ayuda mutua (Demócrito), comunidades autosuficientes (Sócrates, Zenón de Cito), solidaridad” (Protágoras de Abdera), “sociedad igualitaria” (Platón), “economía doméstica”, “libertad” y “democracia” (Aristóteles), “comunidades autárquicas fundamentadas en la amistad y la solidaridad (Epicúreos).

A esto le siguieron diversos tipos de organización social que tuvieron como propósito promover la vida comunitaria regida por la ayuda mutua, con exaltación del trabajo material (Padres de la Iglesia), ayuda mutua y solidaridad (guildas o gremios de artesanos, corporaciones de comerciantes, hermandades).

Filósofos de la talla de Thomas More y Tommaso Campanella expusieron los fundamentos de organización social basada en aspectos sustantivos como la igualdad, el trabajo y la democracia, los miembros dela masonería simbólica abordaron el problema desde una perspectiva de solidaridad, ayuda mutua y principios liberales y finalmente los cooperativas y sindicatos de obreros proclamaron la cooperación en el orden social y económico, así como el asociacionismo entre trabajadores para la defensa de intereses económicos comunes.

En el siglo XIX Robert Owen creó su primera Aldea Cooperativa. Por consistir en una propuesta de organización productiva alterna a la economía del sector capitalista, se le considera a Owen como el pionero del cooperativismo. En el mismo sentido se manifestó Fourier como su propuesta de asociación libre de los ciudadanos en comunidades de trabajo (falansterios), o la propuesta de tipo moral (Dunoyer) publicada en su Tratado de Economía Social donde aparece por primera vez el término.

También cobra fuerza el mutualismo impulsado por su precursor Proudhon y la creación del primer Banco Mutualista en EU, y en Europa proliferan las cooperativas de producción y venta de mercancías (Alemania, Francia, Italia) y aparecen en Latinoamérica las primeras organizaciones sociales de trabajadores (Brasil, Argentina, Puerto Rico, México, Colombia).

A principios del siglo XX ya existían diversas instituciones que agrupaban esta corriente económica –por ejemplo, el Congreso Internacional Cooperativo y la Organización de Cooperativas de América–. En la segunda mitad del siglo XX las organizaciones cooperativas reciben el aliento de investigadores que, en diversas publicaciones, profundizan en el fondo doctrinario, filosófico y económico, a la vez que promueven este tipo de organizaciones, entre ellos Razeto, Max-Nef, Kleener, Ramírez y Armenta. En este sentido es justo mencionar también las manifestaciones de la iglesia vaticana y desde luego las Universidades Obreras y Cooperativas.

La persistencia histórica de las organizaciones sociales en el ámbito de la producción y los servicios ha sido motivo de los esfuerzos permanentes que se llevan a cabo en todo el mundo respecto de una teoría económica social solidaria que agrupa en un marco conceptual los principios fundamentales de las organizaciones económicas del sector social.

La economía social y solidaria, entendida como un conjunto de experiencias económicas fundadas en valores solidarios, ha dado lugar en los últimos años al surgimiento de nuevos actores (bancos éticos, organizaciones de comercio justo, empresas autogestionarias, empresas recuperadas, redes de productores orgánicos o productores artesanales, etc.) que sumados a los actores de mayor tradición (cooperativas, mutuales, asociaciones) caracterizan un sector específico de la economía a la par que un movimiento social de considerable dinamismo, sobre todo en países latinoamericanos y europeos.

Diferencia jurídica de las cooperativas y sociedades mercantiles

La estructura jurídica de las sociedades cooperativas es diferente a la sociedad mercantil, pues en aquélla el capital no constituye un elemento de la producción que tenga derecho a las utilidades que genere la empresa sino únicamente a percibir un interés.

A la sociedad cooperativa le corresponde una forma jurídica mercantil especial, en virtud que el capital no constituye la base para repartir los rendimientos, a los socios, sino que estos se distribuirán en atención a la participación personal del socio, sea de consumo o de trabajo.

Los beneficios que resultan de una adecuada actividad empresarial, constituyen un lucro en el más amplio sentido de la palabra, pero que sin embargo son el resultado del esfuerzo personal de los cooperativistas,

Es decir, las cooperativas, aun cuando obtienen un lucro a partir de su propio esfuerzo, no tienen un ánimo de lucro como lo establece la legislación mercantil, sino que es el adecuado manejo empresarial el que resulta en un beneficio para la cooperativa que repartirá sus ingresos en base al esfuerzo de sus integrantes y no del capital.

Cabe señalar que La Ley General de Sociedades Cooperativas de 1994 estableció un nuevo marco jurídico para las sociedades cooperativas nacionales e introdujo nuevos elementos jurídicos que permitieron su evolución en nuestro país. Entre otros se estableció:

1) Suprimir la prohibición de lucro contenida en la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938.

2) Se estableció en el artículo 13 párrafo segundo la obligación de inscribir las sociedades cooperativas en el anterior “Registro Cooperativo Nacional” dependiente de la Secretaría del Trabajo y se estableció que “El acta constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate, se inscribirá en el Registro Público de Comercio que corresponda a su domicilio social”.

3) Se estableció en su artículo 16, fracción VIII, que “Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas contendrán: Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo de libros de actas y de contabilidad a llevarse”; estableciendo una forma precisa de llevar un libro de contabilidad a semejanza de las sociedades mercantiles.

4) La quiebra o suspensión de pagos antes exclusiva de las sociedades mercantiles fue introducida en el artículo 72. Que señala “En los casos de quiebra o suspensión de pagos de las Sociedades Cooperativas, los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 aplicarán la Ley de Concursos Mercantiles”.

Estos cambios fueron el inició, en México, para insertar a las sociedades cooperativas dentro de los mercados mundiales.

Casi un cuarto de siglo después (1994-2017) es necesario reconocer cuál es la nueva realidad para afrontar los nuevos desafíos para la gestión de cooperativas en mercados globalizados

Para ello, al menos es necesario vislumbrar los siguientes escenarios:

1) Entender con claridad lo que está pasando con la globalización

El primer desafío básico e inicial corresponde a lograr tener claridad en saber qué es lo que está pasando a nivel internacional con la globalización, y como esto afecta a su sector de actividad económica específica, en su región y país en particular. Ya se ha definido por más de algún autor que nuestra época se caracteriza por ser la sociedad del riesgo y de la incertidumbre. Riesgo e incertidumbre que no debieran conducir a la parálisis, sino que a una acción aún más decidida orientada a contar con la información disponible sobre lo “que está pasando”.

2) Evaluar cómo posicionar su actividad empresarial en el contexto de mercados globales. Independientemente de que una cooperativa oriente su actividad a algún tipo de actividad comercial internacional debiera ser posible que desarrolle un diagnóstico específico sobre el impacto de la globalización sobre su actividad económica central, y que a la vez genere una estrategia para enfrentar estos escenarios cambiantes y complejos.

3) Conciliar los principios cooperativos con la internacionalización de la empresa cooperativa.

Al respecto existe un intenso debate acerca de cuál es la verdadera validez y aplicabilidad de los principios cooperativos en un entorno de globalización, puesto que las exigencias de entornos económicos cada vez más abiertos y competitivos harían irreal la alternativa de una aplicación irrestricta de los valores y principios cooperativos históricos, como aquellos actualizados en el Congreso de ACI en Manchester en el año 1995.

Temas históricos en el campo de la doctrina cooperativa, como lo es la cooperación entre cooperativas, se plantean hoy como una innovación en el campo de la gestión de empresas, pero con el nombre de “alianzas estratégicas”, o la educación de las personas se promueve en la actualidad como la centralidad del capital humano en la economía y en el progreso de las naciones, o que la responsabilidad social empresarial es una piedra angular para el desarrollo de los países, cuando ha estado por más de 150 años en el ideario del movimiento cooperativo.

4) Explorar formas innovadoras de inter cooperación a nivel internacional.

Hoy, más que nunca, el principio tradicional del movimiento cooperativo que promovía y estimulaba la cooperación entre cooperativas a nivel local, nacional e internacional, cobra más sentido que nunca.

Probablemente el contexto mundial actual caracterizado por la globalización plantea por primera vez la exigencia-posibilidad al sector cooperativo, de superar su marco de acción local-nacional, y llevar su doctrina, filosofía y logros a nivel internacional.

La imagen de las últimas décadas de que existía un predominio de la economía de mercado signo neoliberal, está asociada directamente a la imagen y realidad del dominio de los mercados internacionales por las empresas capitalistas tradicionales, tiene mucho que ver con la ausencia de participación en estos niveles de las empresas cooperativas, y por ello en estos momentos se presenta esta posibilidad, de lograr generar mayores niveles de equidad en los intercambios comerciales a nivel internacional, en la medida que el sector de empresas cooperativas y otras entidades de la economía social, adopten estrategias de actuación que sean fieles a sus principios ideológicos.

5) Generar fórmulas de gobierno corporativo democráticas y participativas a nivel internacional.

6) Establecer alianzas estratégicas con otros actores sociales y económicos públicos y privados.

En el contexto de la globalización las cooperativas se ven impulsadas a salir de sus clásicos límites locales y nacionales, y se ven impulsadas a desarrollar su trabajo en fronteras mucho más amplias.

Para muchas cooperativas, tanto pequeñas, medianas o grandes, es habitual que su trabajo en los marcos geográficos tradicionales se realice de forma bastante autónoma, y sin mayores relaciones con otros actores públicos o privados, especialmente cuando la propia empresa cooperativa ha implementado una capacidad de desarrollo auto sostenido.

Cuando la cooperativa enfrenta entornos más amplios, en la mayor parte de las ocasiones se enfrenta a escenarios y dinámicas que le serán completamente desconocidos, situación en la cual una herramienta importante en su estrategia de acción corresponderá a la realización de “alianzas estratégicas” con esos actores locales de entornos comerciales ampliados.

Será entonces la hora de explorar relaciones con actores sociales y económicos privados, como sindicatos, gremios empresariales tradicionales, preferentemente de la pequeña y mediana empresa (pero sin descartar a las grandes empresas), a las organizaciones asociativas de base y entidades sin fines de lucro entre otras; como también con actores del sector público, especialmente a nivel local-comunal.

7) Construcción de un modelo de análisis de la actuación de las empresas cooperativas en el contexto de la globalización.

Se trata por tanto de avanzar en la construcción de un modelo y metodología de investigación y acción, que se oriente tanto al diagnóstico de la situación actual y proyecciones de internacionalización de una empresa cooperativa particular, como a mediano plazo contar también con una herramienta que permita apoyar los esfuerzos de internacionalización de empresa cooperativa con énfasis en la preservación de su identidad y rasgos característicos, a la vez que la evaluación de tales procesos.

En México, la política pública de economía social requiere de nuevos instrumentos que impulsen este sector de la economía: la iniciativa que aquí se presenta plantea la creación de una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, para adaptar las organizaciones cooperativas a las nuevas condiciones que vive la economía nacional como resultado de un sistema económico globalizado, sin que se menoscaben los principios y valores sustantivos que distinguen a las empresas cooperativas. En específico se trata de posibilitar la creación y operación de Sociedades Cooperativas Integradoras, mediante la co-asociación libre de cooperativas de primer grado.

Asimismo se busca actualizar la facultad de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo para realizar libremente sus operaciones con cualquier socio, independientemente de que sea persona física o persona moral constituida como cooperativa de primer grado.

Un punto central del nuevo modelo jurídico para las sociedades cooperativas debe reconocer el entorno competitivo de las cooperativas de crédito.

Las cooperativas de crédito constituyen un conjunto de entidades heterogéneas en dimensión, que actúan y compiten en un entorno financiero muy competitivo. Junto con las cajas de ahorros y los bancos tienen como finalidad principal la canalización de los flujos financieros entre prestamistas y prestatarios.

Desde esa vertiente de cultura empresarial, las cooperativas de crédito se pueden identificar de forma más genérica como entidades o empresas financieras de economía social, aspecto que puede hacerse extensible —aunque sin personalidad jurídica propia— a las secciones de crédito de las sociedades cooperativas.

En cuanto a su modelo de intermediación financiera, cabe subrayar que, las cooperativas de crédito han practicado, desde su origen, un modelo particular de «banca de negocios» o de banca «de empresas y de empresarios» que, necesariamente, ha debido adaptarse a los continuos cambios en el ámbito empresarial y en su entorno socioeconómico. Más concretamente, estas entidades centran gran parte de su actividad en un modelo de negocio que cabría identificar como «banca de empresarios», compartiendo las características de la banca de empresas o negocios y de la banca de particulares.

Las cooperativas de crédito desarrollan un modelo de banca especial y especializada, de origen netamente empresarial o profesional, compatible con una vocación universal requerida por la necesidad de diversificar su actividad para evitar, entre otras cosas, la concentración de riesgos sectoriales.

En cualquier caso, las cooperativas de crédito no pueden olvidar su carácter dual como entidades financieras y como sociedades cooperativas.

Cooperativas de crédito

Esta iniciativa se basa en reconocer como un hecho central que las cooperativas de crédito han evolucionado desde su origen para satisfacer una demanda cambiante de sus socios y usuarios.

De un enfoque eminentemente agrícola, en el caso de las cajas rurales, se ha pasado a un enfoque o modelo de «banca universal».

En el caso de las cooperativas de crédito de tipo popular o profesional, su orientación industrial y urbana también ha evolucionado sustancialmente. Se ha dado cabida al concepto de banca de empresas, a la inversión socialmente responsable y otras facetas que configuran el actual modelo de servicios financieros. En el aspecto específico de banca de empresas —y de empresarios— que practican las cooperativas de crédito, se aprecian una serie de características particulares que, en cierto modo, difieren del modelo clásico o convencional de banca de negocios.

Contenido de la iniciativa

Se plantea abrogar la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994 y expedir una nueva ley.

Este nuevo instrumento legal que se propone contiene 124 artículos divididos en cinco títulos en la siguiente manera:

El Título Primero está referido a las disposiciones generales, y se establece que la presente Ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional.

Asimismo, que tiene por objeto regular el fomento, constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas y los organismos cooperativos en que libremente se agrupen, así como estipular los derechos y obligaciones de sus socias y socios.

Igualmente define a la Sociedad Cooperativacomo la forma de organización social con personalidad jurídica, integrada por personas físicas que realiza actividades económicas con el propósito de satisfacer sus necesidades individuales y colectivas, a través de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, con base en intereses comunes, y en los principios de Membresía abierta y voluntaria; Control democrático de los miembros; Participación económica de los miembros; Autonomía e independencia; Educación, formación e información; Cooperación entre cooperativas; Compromiso con la comunidad y valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

Señala con precisión que las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualquier actividad económica lícita, salvo a actividades de subcontratación de personal, por ser actividades que van en detrimento de los derechos sociales de las personas.

El Título Segundo trata sobre la constitución y registro, las clases y categorías, el funcionamiento y administración, el régimen económico, las socias y socios trabajadores, de la disolución y liquidación.

Se indican los requisitos mínimos observables en la constitución de las sociedades cooperativas como: Reconocer un voto por cada socia o socio, independientemente de sus aportaciones; que serán de capital variable; que habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socias y socios; Su duración; Que Se integrarán con un mínimo de cinco socias o socios; excepto las sociedades cooperativas de pesca y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que deberán constituirse cuando menos con veinticinco personas; y que podrán asociar un número ilimitado de socias y/o socios.

Se establece un régimen de responsabilidad limitada, cuando las socias o socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito. Será suplementada, cuando las socias o socios respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.

Se establece la obligación para la Secretaría de Desarrollo Social de elaborar y mantener actualizada la estadística nacional de sociedades cooperativas. Así como la posibilidad de que las sociedades cooperativas que tengan participación estatal podrán inscribirse en el Instituto Nacional de la Economía Social, siempre que la autoridad federal, estatal, municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, manifieste expresamente su autorización para dar en administración o concesión los elementos necesarios para la producción o prestación de servicios.

El Título Tercero trata exclusivamente de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, e indica que son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo aquéllas sociedades cooperativas que se constituyen con el objeto de realizar operaciones de captación de ahorro de sus socios y colocación de préstamos entre los mismos. Estas sociedades cooperativas se regirán por la presente Ley, así como por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Se define como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus Socios; y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos Socios.

Se establece el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y préstamo los órganos siguientes a través de un Comité de Crédito; un director o gerente general, y un auditor Interno.

Y se señala claramente la obligación para que las actas de las Asambleas Generales Ordinarias serán protocolizadas ante fedatario público y en su caso inscritas en el Registro Público del Comercio.

Asimismo, a fin de garantizar la transparencia sobre la funcionalidad de estas cooperativas se indica que el consejo de vigilancia de las cooperativas de ahorro y préstamo será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Cooperativa, así como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable.

Para el nombramiento de las personas integrantes del Consejo de Vigilancia, se hará por medio de la Asamblea General, y que durarán en su cargo un máximo de cinco años, pudiendo ser reelectos como máximo hasta por otro periodo similar, con aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea General.

A fin de garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Vigilancia, en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa se deberá estipular un sistema de renovación cíclica y parcial de los consejeros.

El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impar de personas que no podrá ser mayor de cinco, y contará con al menos tres suplentes, mismos que desempeñarán los cargos de Presidente, Secretario y Vocales.

El consejo de vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto sólo para que el consejo de administración reconsidere las resoluciones vetadas. El derecho de veto deberá ejercitarse ante el Presidente del Consejo de Administración, en forma verbal e implementarse inmediatamente por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la resolución. Si fuese necesario, en los términos de esta ley y de su reglamento interno, se convocará dentro de los siguientes treinta días, a una Asamblea General extraordinaria para la atención del conflicto.

El Título Cuarto versa sobre los organismos cooperativos y de los organismos cooperativos de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Para la ejecución de planes de mejora, apoyo a la comercialización y financiamiento y, en general para todo aquello que tienda a dar cumplimiento cabal al ciclo económico y sus funciones, las sociedades cooperativas podrán asociarse entre sí, previo acuerdo de su asamblea general, formando organismos cooperativos de segundo nivel.

Se establece que los organismos cooperativos adoptarán la figura jurídica de cooperativas y podrán agrupar un mínimo de cinco sociedades cooperativas, con las salvedades propias a su naturaleza; y que su objeto social es el de representar, promover y defender los intereses de las sociedades cooperativas asociadas, así como las actividades económicas que estas realicen.

Para los efectos de esta ley, serán organismos cooperativos los siguientes: Uniones y federaciones; Confederaciones; y el Consejo Superior del Cooperativismo.

Las uniones y federaciones se constituirán como sociedades cooperativas de segundo nivel; las confederaciones como sociedades cooperativas de tercer nivel, y el Consejo Nacional Cooperativo, como sociedad cooperativa de cuarto nivel de carácter único.

El Título Quinto de la presente iniciativa establece una Política de Estado de Fomento Cooperativo, con el objeto de atender lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y señala que corresponde a los gobiernos federal, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la elaboración, ejecución, y evaluación de políticas públicas orientadas a promover y fomentar la actividad cooperativa y de los organismos cooperativos, así como la difusión de los valores y principios en que se sustenta.

Se entiende como fomento cooperativo al conjunto de normas jurídicas y acciones que se deberán observar para la organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo, mismo que deberá orientarse conforme, entre otros fines, a los siguientes:

* Apoyo a la organización, constitución, desarrollo e integración de las propias sociedades cooperativas y de sus organismos cooperativos, como medios para la organización social orientados a una mayor participación de la población en actividades económicas, el impulso del empleo digno y sustentable, redistribución del ingreso, la equidad de género y el desarrollo económico y social sustentable del país;

* Promoción de la economía social y cooperativista en la producción, distribución, comercialización y financiamiento de los bienes y servicios que generan y que sean socialmente necesarios;

* Desarrollar acciones que propicien mayor participación de las empresas del sector social en la economía nacional;

* Apoyar con los programas operados por la autoridad educativa para el establecimiento de un sistema de educación y capacitación cooperativa, que genere mecanismos de difusión de la cultura del cooperativismo, basada en la organización social, humanista, autogestiva y democrática del trabajo, incluyendo el desarrollo de competencias técnicas y profesionales, las virtudes éticas y las habilidades organizacionales de las sociedades cooperativas. Para el efecto, se apoyarán a las escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa y las actividades que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país;

* Impulso a la proveeduría de bienes y servicios que produzcan las sociedades cooperativas a los diferentes niveles de gobierno, observando las modalidades y tendencias internacionales;

* Establecimiento de acciones que propicien que las empresas que se encuentren en crisis sean adquiridas por parte de sus trabajadores, por medio de su constitución en sociedades cooperativas;

* Fomento de proyectos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación;

* Respaldo al financiamiento de proyectos de investigación científica en materia cooperativa;

* Impulso para el acceso a estímulos e incentivos para la integración de las sociedades cooperativas, entre otras acciones, a los apoyos fiscales y de simplificación administrativa;

* Incorporación del sector cooperativo en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y a las instancias de participación y de representación social de las diferentes dependencias y organismos de la administración pública federal, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

* Prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica, legal y económica para la adecuada operación de las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos;

* Concesión o administración de bienes y/o servicios públicos a favor de las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos, por medio de alguna sociedad cooperativa de participación estatal;

* Impulso conjuntamente con las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos, de proyectos de desarrollo social de las comunidades donde operan;

* Estímulo de la participación social en actividades de promoción, divulgación y financiamiento de proyectos cooperativos, de tal manera que se fomente la cultura del trabajo asociado, el consumo social y del ahorro, mediante sociedades cooperativas de producción, consumo y de ahorro y préstamo;

* Fomento de las acciones de coordinación y colaboración en materia cooperativa con la federación, los estados, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; así como con países y organismos internacionales de carácter público, privado o social que fortalezcan el cooperativismo mexicano;

* Impulso a la promulgación de leyes locales de fomento cooperativo.

Todo lo anterior sirvan para ejemplificar y son razones contundentes para proponer la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994, y expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas

Único. Se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994 y expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas para quedar como sigue:

Ley General de Sociedades Cooperativas

Título Primero Capítulo IDisposiciones generales

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional.

Tiene por objeto regular el fomento, constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas y los organismos cooperativos en que libremente se agrupen, así como estipular los derechos y obligaciones de sus socias y socios.

Artículo 2. Sociedad Cooperativa, es la forma de organización social con personalidad jurídica, integrada por personas físicas que realiza actividades económicas con el propósito de satisfacer sus necesidades individuales y colectivas, a través de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, con base en intereses comunes, y en los principios de Membresía abierta y voluntaria; Control democrático de los miembros; Participación económica de los miembros; Autonomía e independencia; Educación, formación e información; Cooperación entre cooperativas; Compromiso con la comunidad y valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá:

I. Actos Cooperativos, a los hechos realizados en atención a la organización y funcionamiento interno de las sociedades cooperativas;

II. Ahorro, a la captación de recursos a través de depósitos de dinero proveniente de socias y socios de las sociedades cooperativas;

III. Balance Social, a la herramienta establecida por la Alianza Cooperativa Internacional para medir el desempeño de las sociedades cooperativas, considerando el equilibrio entre el beneficio económico y los logros sociales, tomando como referencia los principios cooperativos;

IV. Movimiento Cooperativo Nacional, al sistema cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones de asistencia técnica del cooperativismo a nivel nacional. Su máximo representante será el Consejo Superior del Cooperativismo;

V. Organismos Cooperativos, a las uniones, federaciones y confederaciones que sean integradas por las sociedades cooperativas;

VI. Préstamo, a la colocación y entrega de los recursos captados entre socias y socios de las sociedades cooperativas que se dediquen a tal función;

VII. Remanentes, los remanentes de cada ejercicio social son la diferencia entre el total de ingresos menos el total de costos y gastos del ejercicio, los cuales se consignarán en el estado de resultados y en el balance general;

VIII. Sector Cooperativo, a la estructura económica, social y jurídica que conforman las sociedades cooperativas y sus organismos de representación y de articulación económica y social, es parte integrante del Movimiento Cooperativo Nacional. Su máximo representante será el Consejo Nacional Cooperativo;

IX. Sistema Cooperativo, a la estructura económica y social que integran las sociedades cooperativas y los organismos cooperativos;

XI. Socia y/o socio, a la persona que de manera voluntaria forma parte de la constitución y funcionamiento de una sociedad cooperativa.

Artículo 4. Para su funcionamiento, las sociedades cooperativas deberán observar los siguientes principios:

I. Administración democrática;

II. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de las socias y socios;

III. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía social y solidaria;

IV. Libertad de asociación y retiro voluntario de las socias y socios;

V. Limitación de intereses a algunas aportaciones de las socias y socios, si así se pactara;

VI. Participación en la integración cooperativa;

VII. Promoción de la cultura ecológica;

VIII. Perspectiva de género; y

IX. Respeto al derecho individual de las socias y socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa.

Artículo 5. El importe total de las aportaciones que las socias y socios de nacionalidad extranjera efectúen al capital de las sociedades cooperativas, no rebasará el porcentaje máximo estipulado en la Ley de Inversión Extranjera.

Las personas extranjeras no desempeñarán puestos de dirección o administración en las sociedades cooperativas, además deberán cumplir con lo descrito por la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6. Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualquier actividad económica lícita, salvo a actividades de subcontratación de personal, por ser actividades que van en detrimento de los derechos sociales de las personas.

Artículo 7. Salvo lo dispuesto por las leyes que rigen materias específicas, para el conocimiento y resolución de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente ley, serán competentes los tribunales civiles, tanto federales como del fuero común.

Artículo 8. Las personas jurídicas que simulen constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas.

Quienes celebren actos simulados en nombre de alguna sociedad cooperativa, responderán del cumplimiento de los mismos en forma solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier índole en que hubieren incurrido.

Para lo no previsto en la presente ley, se aplicará de manera supletoria la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tanto no se oponga a la naturaleza, organización y funcionamiento de las sociedades cooperativas.

Título Segundo Capítulo IDe la Constitución y Registro

Artículo 9. En la constitución de las sociedades cooperativas, cuando menos se observará lo siguiente:

I. Se reconocerá un voto por cada socia o socio, independientemente de sus aportaciones;

II. Serán de capital variable;

III. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socias y socios;

IV. Su duración;

V. Se integrarán con un mínimo de cinco socias o socios; excepto las sociedades cooperativas de pesca y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que deberán constituirse cuando menos con veinticinco personas; y

VI. Podrán asociar un número ilimitado de socias y/o socios.

Artículo 10. La constitución de sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea general que celebren las personas interesadas, en dicho evento se deberá redactar un acta que cuando menos contendrá lo siguiente:

I. Datos generales de las personas fundadoras;

II. Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez los consejos y comisiones; y

III. Las bases constitutivas.

Las socias y socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, lo cual podrán hacer ante notario o corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de las alcaldías de la Ciudad de México, en cualquier caso, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.

Artículo 11. A partir del momento de la firma del acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos jurídicos y contratos, así como asociarse libremente con personas físicas y/o personas jurídicas colectivas para la consecución de su objeto social.

El acta constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate, deberá ser inscrita en el Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social que corresponda a su domicilio social.

Artículo 12. Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios.

La responsabilidad será limitada, cuando las socias o socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito. Será suplementada, cuando las socias o socios respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.

Artículo 13. El régimen de responsabilidad de las socias y socios que se adopte, surtirá efectos a partir de la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Entretanto, todas las socias y los socios responderán en forma subsidiaria por las obligaciones sociales que se hubieren generado con anterioridad a dicha inscripción.

Las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad cooperativa no inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, responderán del cumplimiento de las obligaciones sociales frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier índole en que hubieren incurrido.

Artículo 14. Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas cuando menos contendrán lo siguiente:

I. Denominación y domicilio social;

II. Duración, la cual podrá ser indefinida;

III. Objeto social, expresando cada una de las actividades a desarrollar;

IV. Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socias y socios, debiendo expresar el régimen adoptado en su denominación;

V. Forma de constituir o incrementar el capital social; expresión del valor original de los certificados de aportación y su forma de pago, así como los criterios de valuación de los bienes, derechos, servicios o trabajo en caso de que se aporten;

VI. Requisitos y procedimientos para la admisión, así como las causales de exclusión y separación voluntaria de las socias y socios;

VII. Forma de constituir los fondos sociales, su objeto, monto y criterios para su aplicación;

VIII. Áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento, en particular la relativa a la educación cooperativa y a la educación en la economía social y solidaria;

IX. Duración del ejercicio social, que podrá coincidir con el año calendario;

X. Tipo de libros sociales, de registro contable, y de actas que deben llevarse;

XI. Forma en que el personal deberá caucionar los fondos y bienes a su cargo;

XII. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la asamblea general, del consejo de administración, del consejo de vigilancia o cuando menos por el veinte por ciento del total de las socias y socios de la sociedad cooperativa;

XIII. Derechos y obligaciones de las socias y socios, así como los mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto;

XIV. Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades;

XV. Tipos de reglamentos necesarios para la operación y funcionamiento, tanto en su estructura directiva como operacional, donde se estipulen las facultades y atribuciones de los consejos y sus directivos, así como el sistema de estímulos y normas disciplinarias; y

XVI. Procedimiento para asociarse en forma optativa a un organismo cooperativo.

Será nula de pleno derecho cualquier cláusula o estipulación contenida en las bases constitutivas que vaya en contraposición a lo estipulado en esta ley.

Artículo 15. La Secretaría de Desarrollo Social elaborará y mantendrá actualizada la estadística nacional de sociedades cooperativas.

Artículo 16. Las sociedades cooperativas que tengan participación estatal podrán inscribirse en el Instituto Nacional de la Economía Social, siempre que la autoridad federal, estatal, municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, manifieste expresamente su autorización para dar en administración o concesión los elementos necesarios para la producción o prestación de servicios.

Artículo 17. Para la modificación de las bases constitutivas, se deberá seguir el mismo procedimiento que se señala para el otorgamiento del acta constitutiva, asimismo, deberá inscribirse en el Instituto Nacional de la Economía Social.

Capítulo IIDe las Distintas Clases y Categorías

Artículo 18. Forman parte del sistema cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas:

I. De consumidores de bienes y/o servicios;

II. De productores de bienes y/o servicios; y

III. De ahorro y préstamo.

Artículo 19. Son sociedades cooperativas de consumidores, aquéllas cuyas personas integrantes se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción.

Artículo 20. Las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes a las socias y socios, o de consumir servicios en común, podrán realizar operaciones con el público en general, siempre que se permita a las personas consumidoras afiliarse a las mismas, en el plazo que establezcan sus bases constitutivas.

Artículo 21. Los excedentes en las sociedades cooperativas de consumidores que reporten los balances anuales, se distribuirán en razón de las adquisiciones que las socias y socios hubiesen efectuado durante el ejercicio fiscal, y podrán ser en efectivo o en especie, según lo decida la asamblea general.

Artículo 22. En caso de que las personas consumidoras ingresen como asociadas a las sociedades cooperativas de consumo, los excedentes generados por sus compras, se aplicarán a cubrir y pagar su certificado de aportación. Si dichas personas no retirasen en el plazo de un año los excedentes a que tienen derecho, ni hubiesen presentado solicitud de ingreso a las sociedades cooperativas, los montos correspondientes se aplicarán a los fondos de reserva, previsión social y educación cooperativa, según lo determinen las bases constitutivas de dichas sociedades.

Artículo 23. Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento, distribución, así como a la obtención de servicios de educación, salud, vivienda, cultura, recreación, y de todas aquellas necesidades básicas para mejorar la calidad de vida de sus socias y socios.

Artículo 24. Son sociedades cooperativas de productores, aquéllas cuyas personas integrantes se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, de acuerdo a lo estipulado en la presente ley.

Artículo 25. Los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades cooperativas de productores, se repartirán de acuerdo con el trabajo físico o intelectual aportado durante el año, tomando en cuenta que dicho trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, tiempo, nivel técnico, competencia cooperativista, escolaridad, así como factores particulares de cada tipo de sociedad cooperativa.

Artículo 26. En las sociedades cooperativas de productores cuya complejidad administrativa, tecnológica y operativa lo requiera, podrá nombrarse una comisión técnica y un administrador general, previo acuerdo de la asamblea general. La estructura y funciones de éstos serán definidas en las bases constitutivas.

Para la remoción de cualquiera de los integrantes de la comisión técnica o del administrador, se requerirá del acuerdo de las dos terceras partes de la asamblea general.

Artículo 27. Para efectos de la presente ley, se establecen las siguientes categorías de sociedades cooperativas:

I. Ordinarias. Las que para su funcionamiento sólo requieren de su constitución legal; y

II. De Participación Estatal. Las que una vez constituidas legalmente, se asocian con autoridades federales, estatales, o municipales, o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la explotación de unidades de producción de bienes o servicios públicos, otorgadas en concesión o administración, o para financiar proyectos de desarrollo económico, a niveles local, regional o nacional.

Capítulo IIIDel Funcionamiento y Administración

Artículo 28. De manera general, la dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades cooperativas estará a cargo de los siguientes órganos:

I. La asamblea general;

II. El consejo de administración;

III. El consejo de vigilancia; y

IV. Las comisiones y comités establecidos en esta ley, así como las demás que designe la asamblea general.

Artículo 29. La asamblea general es la autoridad suprema al interior de las sociedades cooperativas, sus acuerdos deberán tomarse por mayoría de votos. En las bases constitutivas se podrán establecer los asuntos para los que su aprobación se requiera una mayoría calificada.

Artículo 30. La asamblea general resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa, y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. Además de las facultades que le conceden la presente ley y las bases constitutivas, la asamblea general conocerá y resolverá, cuando menos sobre lo siguiente:

I. Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socias y socios;

II. Modificación de las bases constitutivas;

III. Elección de la persona o personas en quienes recaerá la representación legal de la sociedad cooperativa, métodos para otorgar mandatos en general, así como la aplicación de la firma social;

IV. Aprobación de los reglamentos del consejo de administración, del consejo de vigilancia, de la comisión técnica, de la dirección general, de la operación de los fondos de previsión social, de educación y capacitación; de asambleas, del reglamento interno de trabajo, así como aquellos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto social de la sociedad cooperativa;

V. Aumento o disminución del valor de los certificados de aportación, del patrimonio y capital social de la sociedad cooperativa;

VI. Nombramiento, reelección o remoción de las personas integrantes del consejo de administración y del consejo de vigilancia, así como de las comisiones especiales, de la persona que funja como administradora o directora general y de las personas especialistas contratadas;

VII. Examen del sistema contable interno;

VIII. Informes de los consejos y de las mayorías agravadas para la toma de decisiones que se efectúen sobre otros asuntos;

IX. Responsabilidad de las personas integrantes de los consejos y de las comisiones, para el efecto de solicitar la aplicación de las sanciones en que incurran, o, en su caso, efectuar la demanda o denuncia correspondiente;

X. Aplicación de medidas disciplinarias a socias y socios;

XI. Reparto de rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre socias y socios;

XII. Autorización del presupuesto para la operación de la sociedad cooperativa en el ejercicio anual o, en su caso, multianual, en razón del proyecto que presente el consejo de administración;

XIII. Aprobación de medidas de tipo ecológico;

XIV. Disolución y liquidación de la sociedad cooperativa;

XV. Afiliación de la sociedad cooperativa a un organismo cooperativo; y

XVI. Los criterios y lineamientos para que el personal contratado por la sociedad cooperativa se incorpore como socia o socio de la misma.

Artículo 31. Las asambleas generales, ordinarias o extraordinarias, deberán ser convocadas en los términos dispuesto en la fracción XII del artículo 14 de esta ley, con por lo menos siete días naturales de anticipación. La convocatoria deberá ser exhibida en un lugar visible del domicilio social de la sociedad cooperativa, misma que deberá contener el orden del día; también podrá ser difundida por medios electrónicos y a través del órgano local más adecuado, dando preferencia al periódico cuando exista en el lugar del domicilio social de la sociedad cooperativa. De tener filiales en lugares distintos, la convocatoria se difundirá también en esos lugares. Se convocará en forma directa por escrito a cada socia y socio, cuando así lo determine la asamblea general.

Si no atendiera el suficiente número de socias y socios a la primera convocatoria, se convocará por segunda vez con por lo menos cinco días naturales de anticipación, en ese caso, la asamblea podrá celebrarse con el número de socias y socios que concurran, siendo válidos los acuerdos que se tomen, siempre y cuando estén apegados a lo estipulado en esta ley y en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa.

Artículo 32. Serán causas de exclusión de una socia o socio:

I. La falta de cumplimiento en forma reiterada de los principios y valores cooperativistas;

II. Incurrir reiteradamente, sin causa justificada, en ineficiencias en sus funciones establecidas en las bases constitutivas, que repercutan en detrimento de las metas y objetivos acordados por los órganos competentes de la sociedad cooperativa; y

III. Infringir en forma reiterada las disposiciones de esta ley, de las bases constitutivas o del reglamento de la sociedad cooperativa, las resoluciones de la asamblea general o los acuerdos del consejo de administración o de las personas que funjan como gerentes o comisionadas.

A la socia o socio sujeto a proceso de exclusión, se le deberá notificar por escrito en forma personal, explicando los motivos y fundamentos de esta determinación, concediéndole un término de veinte días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga ante el consejo de administración o ante la comisión de conciliación y arbitraje, si existiere, de conformidad con las disposiciones de las bases constitutivas o del reglamento interno de la sociedad cooperativa.

Cuando una socia o socio considere que su exclusión ha sido injustificada, podrá ocurrir ante los órganos jurisdiccionales señalados en el artículo 6 de la presente ley.

Artículo 33. Las bases constitutivas podrán autorizar el voto por carta poder otorgada ante la presencia de dos testigos, debiendo recaer la representación en una socia o socio de la misma sociedad cooperativa, sin que la persona mandataria pueda representar a más de dos socias o socios.

Artículo 34. Cuando el número de socias y socios superen los quinientos, o residan en localidades distintas a aquélla en que deba celebrarse la asamblea, ésta podrá efectuarse con personas socias delegadas elegidas por cada una de las áreas de trabajo. Las personas socias delegadas deberán designarse para cada asamblea y cuando representen áreas foráneas, llevarán mandato expreso por escrito sobre los distintos asuntos que contenga la convocatoria y teniendo tantos votos como socias y socios representen. Las bases constitutivas fijarán el procedimiento para que cada sección o zona de trabajo designe en una asamblea a sus personas delegadas.

Artículo 35. El consejo de administración será el órgano ejecutivo de la asamblea general, contará con la representación de la sociedad cooperativa y la firma social, en caso de que la sociedad requiera una persona administradora general, sus funciones se establecerán en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa.

Artículo 36. El nombramiento de las personas integrantes del consejo de administración se hará por medio de la asamblea general, conforme al sistema establecido en esta ley y en las bases constitutivas. Durarán en su encargo un máximo de cinco años, pudiendo ser reelectos con aprobación de la asamblea general. Sus ausencias temporales serán suplidas en el orden progresivo de sus designaciones.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del consejo de administración, en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa se deberá estipular un sistema de renovación cíclica y parcial de los consejeros.

Artículo 37. El consejo de administración estará integrado por lo menos, por una persona que funja como presidente, una como secretario y una como vocal.

Las personas responsables del manejo financiero requerirán de aval solidario o fianza durante el periodo de su gestión.

Artículo 38. Los acuerdos sobre la administración de la sociedad cooperativa deberán ser tomados por la mayoría de las personas integrantes del consejo de administración. Los asuntos de trámite o de poca trascendencia serán atendidos por el propio consejo, de acuerdo a sus funciones y bajo su más estricta responsabilidad; debiendo informar sobre el uso de esta facultad en la próxima reunión del consejo.

Artículo 39. El consejo de vigilancia estará integrado por un número impar de personas que no podrá ser mayor de cinco, con igual número de suplentes, mismas que desempeñarán los cargos de presidente, secretario y vocales, designados en la misma forma que los del consejo de administración, ejerciendo su encargo por el mismo periodo.

En caso de que al efectuarse la elección de las personas integrantes del consejo de administración se hubiere constituido una minoría que represente por lo menos un tercio de la votación de las personas asistentes a la asamblea general, el consejo de vigilancia será designado por la citada minoría.

Las personas integrantes de las comisiones establecidas por esta ley y las demás que designe la asamblea general, durarán en su cargo el mismo tiempo que las personas integrantes del consejo de administración y el consejo de vigilancia.

Artículo 40. El consejo de vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto sólo para que el consejo de administración reconsidere las resoluciones vetadas. El derecho de veto deberá ejercitarse ante el presidente del consejo de administración, en forma verbal e implementarse inmediatamente por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la resolución. Si fuese necesario, en los términos de esta ley y de su reglamento interno, se convocará dentro de los siguientes treinta días, a una asamblea general extraordinaria para la atención del conflicto. Los responsables de vigilancia no podrán participar en decisiones o actos administrativos.

Artículo 41. La persona que funja como administradora general, gerente general, o directora general de las sociedades cooperativas de producción o de consumo, estará encargada de la operación de la sociedad cooperativa. Para tal efecto, la persona deberá ser socia de la cooperativa y ser electa por la asamblea general.

Tendrá las facultades que expresamente establezcan las bases constitutivas, las que la asamblea general determine, y la firma social para las funciones de la operación de la sociedad cooperativa.

Para el desempeño de sus funciones, deberá reunir los requisitos establecidos en las bases constitutivas y contará con las obligaciones y atribuciones que a continuación se enlistan:

I. Deberá contar con los conocimientos en materia financiera, administrativa y tecnológica, que la propia sociedad cooperativa establezca en sus bases constitutivas;

II. Asistirá con voz pero sin voto a las sesiones del consejo de administración y de las comisiones de la sociedad cooperativa;

III. Representará a la sociedad cooperativa en los actos que determinen las bases constitutivas, de conformidad con los mandatos que para tal efecto se hayan otorgado;

IV. Administrará las operaciones de la sociedad cooperativa, de conformidad con los poderes conferidos;

V. Aplicará las políticas de la sociedad cooperativa, actuando en todo momento con apego a las bases constitutivas y a la normatividad aplicable;

VI. Presentará a la asamblea general y al consejo de administración, un informe anual sobre su gestión;

VII. Presentará los informes sobre la situación financiera y administrativa que guarda la sociedad cooperativa;

VIII. Preparará y propondrá para su aprobación, los planes y el presupuesto para cada ejercicio;

IX. Presentará los estados financieros para su conocimiento;

X. Aplicará los reglamentos y manuales operativos, de igual manera, propondrá los ajustes y modificaciones que considere necesarios;

XI. Vigilará la correcta elaboración y actualización de los libros y registros contables y sociales de la cooperativa; y

XII. Las demás atribuciones estipuladas en la presente ley, en las bases constitutivas y las que sean determinadas por la asamblea general.

Artículo 42. En todas las sociedades cooperativas, será obligatoria la educación cooperativa y la relativa a la economía social y solidaria. Para tal efecto, se definirán en la asamblea general, los programas y estrategias a implementar para el cumplimiento de la presente disposición.

Artículo 43. Las sociedades cooperativas contarán con las áreas de trabajo que sean necesarias para la mejor organización y expansión de su actividad cooperativa.

Capítulo IVDel Régimen Económico

Artículo 44. El capital de las sociedades cooperativas se integrará con las aportaciones de las socias y socios y con los remanentes que la asamblea general acuerde destinar para incrementarlo.

Artículo 45. Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo, deberán ser actualizadas de manera anual y estarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisibles y de igual valor.

La valoración de las aportaciones que no sean en efectivo, se hará con base en lo dispuesto en las bases constitutivas o al tiempo de ingresar la socia o socio por acuerdo entre éste y el consejo de administración, con la aprobación de la asamblea general.

La socia o socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan sus certificados de aportación, en favor de la persona beneficiaria que designe para el caso de su muerte. Las bases constitutivas de la sociedad cooperativa determinarán los requisitos para que también se puedan conferir derechos cooperativos a la persona beneficiaria.

Artículo 46. Cada socia y socio deberá aportar por lo menos el valor de un certificado. Se podrá pactar la suscripción de certificados excedentes o voluntarios por los cuales se percibirá el interés que fije el consejo de administración de acuerdo con las posibilidades económicas de la sociedad cooperativa, tomando como referencia las tasas que determinen los bancos para depósitos a plazo fijo.

Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar la socia o socio a ella, será obligatorio el pago del diez por ciento, cuando menos, del valor del o los certificados de aportación.

Artículo 47. Cuando la asamblea general acuerde reducir el capital que se juzgue excedente, se hará la devolución a las socias y socios que posean mayor número de certificados de aportación, o a prorrata, si todas las socias y socios son poseedores de un número igual de certificados. Cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital, todos las socias y socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y términos que acuerde la asamblea general.

Artículo 48. Las sociedades cooperativas deberán constituir los siguientes fondos sociales:

I. De reserva;

II. De previsión social; y

III. De educación cooperativa.

Artículo 49. El fondo de reserva se constituirá con la cantidad correspondiente entre el diez y el veinte por ciento de los remanentes que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social.

Artículo 50. El fondo de reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será menor del veinticinco por ciento del capital social en las sociedades cooperativas de producción y del diez por ciento en las sociedades cooperativas de consumidores. Este fondo podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad para afrontar las pérdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo ser reintegrado al final del ejercicio social, con cargo a los rendimientos.

Artículo 51. El fondo de reserva de las sociedades cooperativas será manejado por el consejo de administración con la supervisión del consejo de vigilancia y podrá disponer de él, para los fines que se consignan en el artículo anterior.

Artículo 52. El fondo de previsión social no podrá ser limitado; deberá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales, formar fondos de pensiones, jubilaciones, haberes de retiro de socias y socios, primas de antigüedad y para fines diversos que podrán cubrir gastos médicos, de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para las socias y socios así como sus hijas o hijos, guarderías infantiles, actividades culturales, deportivas, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga y en la medida de lo posible, el apoyo a la comunidad. Al inicio de cada ejercicio, la asamblea general fijará las prioridades para la aplicación de este fondo, de conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa.

Las prestaciones derivadas del fondo de previsión social, estarán reguladas en el reglamento correspondiente y serán independientes de las prestaciones a que tengan derecho las socias y socios por su afiliación a los sistemas de seguridad social.

Las sociedades cooperativas deberán afiliar a los sistemas de seguridad social a sus personas trabajadoras, socias y socios que aporten su trabajo personal, e instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como de capacitación y adiestramiento, gozando de los beneficios dispuestos en la Ley del Seguro Social.

Artículo 53. El fondo de previsión social se constituirá con la aportación anual del porcentaje que sobre los remanentes, sea determinado por la asamblea general y se aplicará en los términos del artículo anterior. Este porcentaje podrá aumentarse según los riesgos probables y la capacidad económica de la sociedad cooperativa.

Artículo 54. El fondo de educación cooperativa será constituido con el porcentaje que acuerde la asamblea general, el cual no podrá ser inferior al uno por ciento de los remanentes del año.

Artículo 55. Para aumentar su patrimonio, las sociedades cooperativas podrán recibir donaciones, subsidios, herencias y legados por parte de personas físicas y/o personas jurídicas públicas o privadas, nacionales o internacionales.

Artículo 56. Los remanentes de cada ejercicio social son la diferencia entre el total de ingresos menos el total de costos y gastos del ejercicio, los cuales se consignarán en el estado de resultados y en el balance general.

Artículo 57. De manera anual, las sociedades cooperativas podrán revaluar sus activos, en los términos legales correspondientes. La asamblea general determinará con relación a los incrementos, el porcentaje que se destinará al incremento del capital social y el que se aplicará a las reservas sociales.

Artículo 58. Las sociedades cooperativas podrán emitir certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo determinado.

Capítulo VDe las Socias y Socios

Artículo 59. Esta ley y las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa, determinarán deberes, derechos, aportaciones, causas de exclusión de socios y demás requisitos. En todo caso, deberán observarse las siguientes disposiciones:

I. La obligación de consumir o utilizar los servicios que las sociedades cooperativas de consumidores brindan a sus socias y socios;

II. En las sociedades cooperativas de producción, la prestación del trabajo personal de las socias y socios podrá ser físico, intelectual o de ambos;

III. Las sanciones a las socias y socios de las sociedades cooperativas cuando no concurran a las asambleas generales, juntas o reuniones que establece la presente ley; éstas deberán considerar las responsabilidades y actividades dedicadas al cuidado de las hijas o hijos;

IV. Las sanciones contra la falta de honestidad de socias y socios y personas dirigentes en su conducta o en el manejo de fondos que les hayan sido encomendados;

V. Los estímulos a las socias y socios que cumplan cabalmente con sus obligaciones;

VI. Los mecanismos para garantizar la participación de las socias en los consejos de administración y de vigilancia, en las comisiones, y demás órganos de la sociedad cooperativa, en condiciones de igualdad y sin discriminación; y

VII. La oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que tengan bajo su responsabilidad a una familia.

Artículo 60. Las sociedades cooperativas podrán contar con personal asalariado, únicamente en los casos siguientes:

I. Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la producción o los servicios así lo exijan;

II. Para la ejecución de obras determinadas;

III. Para trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminado, distintos a los requeridos para el cumplimiento del objeto social de la sociedad cooperativa;

IV. Para la sustitución temporal de un socio hasta por seis meses;

V. Por la necesidad de incorporar personal especializado altamente calificado; y

VI. Cuando la sociedad cooperativa requiera por necesidades de expansión admitir a más socias o socios, el consejo de administración tendrá la obligación de emitir una convocatoria para tal efecto, teniendo preferencia para ello, sus personas trabajadoras, a quienes se les valorará por su antigüedad, desempeño, capacidad y, en su caso, por su especialización o por ser jefa de familia.

Ante una inconformidad en la selección, la persona que se considere agraviada podrá acudir ante la comisión de conciliación y arbitraje de la sociedad cooperativa, si existiere, misma que deberá resolver por escrito en un término no mayor a veinte días naturales, independientemente de poder ejercer la acción legal que a su derecho convenga.

Capítulo VIDe la Disolución y Liquidación

Artículo 61. Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas:

I. Por la voluntad de las dos terceras partes de las socias y socios;

II. Por la disminución de socias y socios a menos de cinco y, en el caso de las de pesca y de ahorro y préstamo, a menos de veinticinco personas;

III. Porque llegue a consumarse el objeto social para el que fue constituida;

IV. Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar las operaciones; y

V. Por resolución ejecutoria dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 6 de esta ley.

Artículo 62. En caso de que las sociedades cooperativas deseen constituirse en otro tipo de sociedad o asociación, deberán disolverse y liquidarse previamente.

Artículo 63. Los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 6 de esta ley, conocerán de la liquidación de las sociedades cooperativas.

Artículo 64. En un plazo no mayor a treinta días naturales después de que los liquidadores hayan tomado posesión de su cargo, presentarán a los órganos jurisdiccionales un proyecto para llevar a cabo la liquidación de la sociedad cooperativa.

Artículo 65. Los órganos jurisdiccionales resolverán sobre la procedencia de la liquidación dentro de los diez días hábiles siguientes al día en que les haya sido sometida la aprobación del proyecto.

Artículo 66. Los órganos jurisdiccionales y los liquidadores, serán considerados como parte en el proceso de liquidación, vigilarán que los fondos de reserva y de previsión social y, en general, el activo de la sociedad cooperativa disuelta, tengan su aplicación conforme a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 67. En los casos de quiebra o suspensión de pagos de las sociedades cooperativas, los órganos jurisdiccionales aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley de Concursos Mercantiles.

Artículo 68. Cuando dos o más sociedades cooperativas se fusionen, la sociedad fusionante que resulte tomará a su cargo los derechos y obligaciones de las fusionadas.

Para la fusión de varias sociedades cooperativas se deberá seguir el mismo trámite que esta ley establece para su constitución.

Título Tercero Capítulo IDe las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 69.Son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo aquéllas sociedades cooperativas que se constituyen con el objeto de realizar operaciones de captación de ahorro de sus socios y colocación de préstamos entre los mismos. Estas sociedades cooperativas se regirán por la presente Ley, así como por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Se entenderá como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus Socios; y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos Socios.

Artículo 70. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo se integrarán con un número variable de socios que no podrá ser menor de veinticinco personas.

Artículo 71. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo podrán realizar libremente sus operaciones con cualquier socio, ya sea que se trate de personas físicas y/o personas morales.

Artículo 72. Las Bases Constitutivas de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, adicional a lo que se establece en el artículo 14 de la presente Ley deberán contemplar lo siguiente:

I. El procedimiento para la elección de consejeros y director o gerente general;

II. Los requisitos que deberán cumplir las personas que sean electas como consejeros; quienes deberán acreditar haber cursado cuando menos educación secundaria.

III. Las obligaciones de los consejeros, así como lo relativo a las obligaciones del director o gerente general;

IV. Los lineamientos y objetivos generales de los programas de capacitación que se impartirían a las personas electas como consejeros; tomando en cuenta la complejidad de las operaciones y la región en la que opera la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, y

V. En su caso, la zona geográfica en la que operarían.

Artículo 73. Los términos caja, caja popular, caja cooperativa, caja de ahorro, caja solidaria, caja comunitaria, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de ahorro y préstamo u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, que permita suponer la realización de actividades de ahorro y préstamo, sólo serán usadas en la denominación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de sus Organismos Cooperativos, ya sea como palabras simples o como parte de palabras compuestas.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deben utilizar en su denominación, las palabras “Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo”, seguidas del régimen de responsabilidad adoptado o de sus abreviaturas “S. C. de A. P. de R. L.” o “S. C. de A. P. de R. S.” según corresponda.

Las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 74. Únicamente las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo podrán realizar operaciones que impliquen captación y colocación de recursos de entre sus socios, en los términos establecidos en esta Ley y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, por lo que queda prohibido a cualquier otro tipo de sociedad cooperativa constituir secciones de ahorro y préstamo.

Artículo 75. Se deberán considerar para el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y préstamo los órganos siguientes:

I. Un Comité de Crédito;

II. Un director o gerente general, y

III. Un auditor Interno

Artículo 76. De manera alternativa, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, podrán establecer en sus bases constitutivas la participación de delegados electos por los Socios para que asistan a las asambleas a que se refiere la presente Ley, en representación de los propios Socios. El sistema para la elección de delegados que al efecto se establezca en sus bases constitutivas, deberá garantizar la representación de todos los Socios de manera proporcional con base a las zonas o regiones en que se agrupen las sucursales u otras unidades operativas.

Artículo 77. Las actas de las Asambleas Generales Ordinarias serán protocolizadas ante fedatario público y en su caso inscrito en el Registro Público del Comercio.

De la Administración de la Sociedad

Artículo 78. El consejo de administración de las cooperativas de ahorro y préstamo será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad cooperativa y la firma social. Sus funciones y facultades se establecerán en la presente Ley y en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa.

Artículo 79. El nombramiento de las personas integrantes del Consejo de Administración se hará por medio de la Asamblea general, conforme al sistema establecido en esta ley y en las Bases Constitutivas. Durarán en su encargo un máximo de cinco años, pudiendo ser reelectos como máximo hasta por otro periodo similar, con aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea General.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del consejo de administración, en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa se deberá estipular un sistema de renovación cíclica y parcial de los consejeros.

Artículo 80. El Consejo de Administración de las cooperativas de ahorro y préstamo, estará integrado por no menos de cinco ni más de quince Consejeros, que desempeñaran los cargos de Presidente, Secretario y Vocales. Se deberá contar con al menos tres Consejeros suplentes.

Las personas responsables del manejo financiero requerirán de aval, obligado solidario o fianza durante el periodo de su gestión.

Para desempeñar el papel de consejeros, las personas deberán observar lo siguiente:

I. Contar por lo menos con educación secundaria;

II. No desempeñar simultáneamente otro cargo como dirigente, funcionario o empleado en la cooperativa de que se trate, así como en otras cooperativas de ahorro y préstamo distintas a los organismos de integración;

III. No desempeñar un cargo público de elección popular o de dirigencia partidista;

IV. No estar inhabilitado para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo en el sistema financiero mexicano;

V. No tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado, o civil con la persona que funja como Director o Gerente general, o con alguna persona integrante del Consejo de Administración o de Vigilancia de la Sociedad Cooperativa;

VI. No estar sentenciado por delitos patrimoniales dolosos; y

VII. Las demás atribuciones estipuladas en la presente ley, en las bases constitutivas y las que sean determinadas por la asamblea general.

La Asamblea General deberá conocer y evaluar el perfil de las personas candidatas a ocupar el cargo de consejeras, para lo cual podrá hacerse llegar de la documentación e información que estime necesaria, debiendo tomar en consideración su historial crediticio.

Artículo 81. El consejo de administración de las cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las siguientes facultades:

I. Establecer las políticas generales de administración de la Cooperativa, así como las políticas para otorgamiento de préstamos;

II. Acordar la creación de los comités que sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones de la Cooperativa;

III. Autorizar los reglamentos que propongan los comités respectivos y los que el propio consejo determine;

IV. Instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y operación, así como los programas de actividades;

V. Autorizar las operaciones que, de acuerdo a las bases constitutivas de la Cooperativa y por su monto o importancia, necesiten de tal autorización;

VI. Aprobar y hacer del conocimiento de la Asamblea General los estados financieros del ejercicio;

VII. Informar a la asamblea sobre los resultados de su gestión cuando menos una vez al año;

VIII. Atender las observaciones que sean señaladas por el Consejo de Vigilancia;

IX. Nombrar al director o gerente general y acordar su remoción, en este último caso previa opinión del Consejo de Vigilancia, de acuerdo al procedimiento que establezcan las bases constitutivas de la Cooperativa.

X. El Consejo de Administración deberá conocer el perfil del candidato director o gerente general y se someterá a su consideración la documentación e información, que al efecto determine el consejo y permita evaluar la honorabilidad, capacidad técnica, historial crediticio y de negocios de los candidatos;

XI. Otorgar los poderes que sean necesarios tanto al director o gerente general como a los funcionarios y personas que se requiera, para la debida operación de la Cooperativa. Estos poderes podrán ser revocados en cualquier tiempo;

XII. Aprobar los planes estratégicos de la Cooperativa, así como los planes y presupuestos anuales, debiendo someterlos a consideración de la Asamblea general, y

XIII. Las demás que esta Ley, la asamblea o las bases constitutivas de la Cooperativa determinen.

Artículo 82. Los acuerdos sobre la administración de la sociedad, se deberán tomar por mayoría de los miembros del Consejo de Administración.

Artículo 83. Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán contar con un Director General o Gerente General quien, estará encargada de la operación de la sociedad cooperativa.

Tendrá las facultades que expresamente establezcan las bases constitutivas y las que el Consejo de Administración y/o la Asamblea General determinen.

Para el desempeño de sus funciones, deberá reunir los requisitos establecidos en las bases constitutivas y contará con las obligaciones y atribuciones que a continuación se enlistan:

I. Deberá contar con los conocimientos en materia financiera, administrativa y tecnológica, que la propia sociedad cooperativa establezca en sus bases constitutivas;

II. Asistirá con voz pero sin voto a las sesiones del consejo de administración y de las comisiones de la sociedad cooperativa;

III. Representará a la sociedad cooperativa en los actos que determinen las bases constitutivas o el consejo de administración, de conformidad con los mandatos que para tal efecto se hayan otorgado;

IV. Ejecutará las operaciones de la sociedad cooperativa, de conformidad con los poderes conferidos;

V. Aplicará las políticas de la sociedad cooperativa, actuando en todo momento con apego a las bases constitutivas y a la normatividad aplicable;

VI. Presentará a la asamblea general y al consejo de administración, un informe anual sobre su gestión;

VII. Presentará los informes sobre la situación financiera y administrativa que guarda la sociedad cooperativa;

VIII. Preparará y propondrá para su aprobación, los planes y el presupuesto para cada ejercicio;

IX. Presentará los estados financieros al Consejo de administración para su conocimiento y, en su caso, aprobación;

X. Aplicará los reglamentos y manuales operativos, de igual manera, propondrá los ajustes y modificaciones que considere necesarios;

XI. Vigilará la correcta elaboración y actualización de los libros y registros contables y sociales de la cooperativa; y

XII. Las demás atribuciones estipuladas en la presente ley, en las bases constitutivas y las que sean determinadas por el Consejo de Administración y/o La asamblea general.

De la Vigilancia de la Sociedad

Artículo 84. El consejo de vigilancia de las cooperativas de ahorro y préstamo será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Cooperativa, así como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable.

Artículo 85. El nombramiento de las personas integrantes del Consejo de Vigilancia, se hará por medio de la Asamblea General, conforme a lo establecido en esta Ley y en las Bases Constitutivas. Durarán en su cargo un máximo de cinco años, pudiendo ser reelectos como máximo hasta por otro periodo similar, con aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea General.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Vigilancia, en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa se deberá estipular un sistema de renovación cíclica y parcial de los consejeros.

Artículo 86. El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impar de personas que no podrá ser mayor de cinco, y contará con al menos tres suplentes, mismos que desempeñarán los cargos de Presidente, Secretario y Vocales.

Artículo 87. El consejo de vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto sólo para que el consejo de administración reconsidere las resoluciones vetadas. El derecho de veto deberá ejercitarse ante el Presidente del Consejo de Administración, en forma verbal e implementarse inmediatamente por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la resolución. Si fuese necesario, en los términos de esta ley y de su reglamento interno, se convocará dentro de los siguientes treinta días, a una Asamblea General extraordinaria para la atención del conflicto.

De los Fondos Sociales

Artículo 88. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán constituir los siguientes fondos sociales:

I. Fondo de Reserva;

II. Fondo de Educación Cooperativa, y

III. Fondo de Obra Social.

La determinación de los Fondos Sociales se hará sobre los remanentes del ejercicio, tomándose en cuenta los estados financieros dictaminados.

Artículo 89. Para el Fondo de Reserva se considerará lo siguiente:

I. Se constituirá mínimo con la cantidad correspondiente al diez por ciento de los remanentes que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social;

II. Deberá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será menor del diez por ciento de los activos totales;

III. Podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad para afrontar las pérdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo ser reintegrado al final del ejercicio social, con cargo a los remanentes, y

IV. Será administrado por el consejo de administración con la aprobación del consejo de vigilancia y podrá disponer de él, para los fines que se consignan en la fracción anterior.

Artículo 90. Para el Fondo de Educación Cooperativa se considerará lo siguientes:

I. Se constituirá con el porcentaje que acuerde la asamblea general, el cual no podrá ser inferior al uno por ciento de los remanentes al cierre de cada ejercicio social.

II. Se destinará para fomentar y promover la Educación Cooperativa y la relativa a la Economía Social y Solidaria.

III. Será Administrada por el Consejo de Administración y ejecutado conforme a los planes y programas aprobados por la Asamblea General.

Artículo 91. Para el Fondo de Obra Social se considerará lo siguientes:

I. Se constituirá con el porcentaje que acuerde la asamblea general sobre los remanentes al cierre de cada ejercicio social.

II. Se destinará para la realización de obras sociales y para fines diversos que cubrirán: gastos de funeral, becas educativas para los Socios y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de naturaleza análoga en los términos que establezcan las bases constitutivas y sus estatutos.

III. Al inicio de cada ejercicio la asamblea ordinaria de la Entidad, fijará las prioridades para la aplicación de este fondo, de conformidad con las perspectivas económicas de la Entidad.

IV. Será Administrada por el Consejo de Administración y ejecutado conforme a los planes y programas aprobados por la Asamblea General.

De la disolución y liquidación

Artículo 92. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo podrán disolverse por las causales establecidas en la presente Ley y además por las establecidas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 93. En caso de que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deseen constituirse en otro tipo de sociedad o asociación, deberán disolverse y liquidarse previamente.

Artículo 94. En las liquidaciones de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo se deberán considerar las disposiciones que en su caso establezcan la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su caso.

Título Cuarto Capítulo IDe los Organismos Cooperativos

Artículo 95. Para la ejecución de planes de mejora, apoyo a la comercialización y financiamiento y, en general para todo aquello que tienda a dar cumplimiento cabal al ciclo económico y sus funciones, las sociedades cooperativas podrán asociarse entre sí, previo acuerdo de su asamblea general, formando organismos cooperativos de segundo nivel.

Los organismos cooperativos adoptarán la figura jurídica de cooperativas y podrán agrupar un mínimo de cinco sociedades cooperativas, con las salvedades propias a su naturaleza; su objeto social es el de representar, promover y defender los intereses de las sociedades cooperativas asociadas, así como las actividades económicas que estas realicen; asimismo, fungir como organismos de consulta del Estado.

Para los efectos de esta ley, son organismos cooperativos los siguientes:

I. Uniones y federaciones;

II. Confederaciones; y

III. El Consejo Superior del Cooperativismo.

Las uniones y federaciones se constituirán como sociedades cooperativas de segundo nivel; las confederaciones como sociedades cooperativas de tercer nivel, y el Consejo Nacional Cooperativo, como sociedad cooperativa de cuarto nivel de carácter único.

Artículo 96. Los organismos cooperativos deben utilizar en su denominación social la palabra “Unión”, “Federación”, “Confederación” o “Consejo Superior del Cooperativismo” según corresponda.

Asimismo, deberán constituirse ante fedatario público, e inscribir su acta constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y en el Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas del Instituto Nacional de la Economía Social.

Artículo 97. Las uniones y federaciones pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita, a excepción de las dispuestas por la presente ley, y por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se agruparán de la siguiente forma:

I. Las federaciones podrán agrupar a sociedades cooperativas de la misma rama de actividad económica;

II. Las uniones podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de actividad económica; y

III. Las confederaciones nacionales se podrán constituir con varias uniones o federaciones, de por lo menos diez entidades federativas.

Los organismos cooperativos podrán concertar con otras personas físicas o personas jurídicas colectivas, con organizaciones integrantes del sector social de la economía, o con otros organismos públicos, privados y sociales, nacionales o internacionales, todo tipo de convenios o acuerdos permanentes o temporales, para el mejor cumplimiento de su objeto social, pudiendo igualmente convenir la realización de una o más operaciones en forma conjunta, para lo cual deberán establecer con claridad cuál de las organizaciones coaligadas asumirá la gestión o responsabilidad ante terceros.

En ninguna circunstancia, los cargos en los consejos de administración y de vigilancia de los organismos cooperativos podrán ser asumidos por personas que no tengan el carácter de socias.

Artículo 98. Las confederaciones fungirán como instancias de planeación, organización y desarrollo de sus organismos cooperativos asociados, y como órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas, e instrumentos para el fomento y desarrollo de la organización y expansión, de la actividad económica de las sociedades cooperativas.

Las confederaciones nacionales se constituirán con por lo menos diez uniones o federaciones, de por lo menos diez entidades federativas, con excepción de las federaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las cuales se agruparán en una sola confederación nacional.

Artículo 99. Las disposiciones establecidas por esta ley serán aplicables a los organismos cooperativos; sus actividades son las propias de su objeto social, no tendrán fines de lucro y se abstendrán de lo siguiente:

I. Constituirse con personas físicas;

II. Aplicar las obligaciones de las cooperativas en materia de distribución de excedentes;

III. Nombrar una persona que funja como administradora única y a una como comisionada de vigilancia;

IV. Transmitir derechos patrimoniales derivados de los certificados de aportación;

V. Constituir fondos sociales;

VI. Emitir sanciones fuera de las establecidas en sus bases constitutivas o reglamentos internos;

VII. Realizar actividades político partidistas o religiosas;

VIII. Realizar operaciones de manera directa o indirecta con personas no asociadas;

IX. Realizar operaciones que sustituyan las actividades o transgredan los intereses de sus asociados; y

X. Realizar aportaciones en el capital social de sus asociados.

Artículo 100. Las sociedades cooperativas determinarán las funciones de las federaciones y uniones; éstas a su vez, las de las confederaciones; y éstas últimas las del Consejo Superior del Cooperativismo.

Las bases constitutivas de los organismos cooperativos, además de satisfacer lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley, deberán incluir las siguientes funciones:

I. Coordinar, representar y defender los intereses de sus asociados ante las instituciones gubernamentales y ante cualquier otra persona física o persona jurídica colectiva;

II. Fomentar los valores y principios cooperativos mediante la educación y formación cooperativa; así como promover programas de desarrollo social;

III. Impulsar programas para la constitución de nuevas sociedades cooperativas;

IV. Actuar como mediadores, conciliadores y árbitros en los conflictos que se presenten entre sus integrantes, entre las sociedades cooperativas y sus socias o socios o entre las sociedades cooperativas y los mismos organismos cooperativos, a petición formal de cualquiera de sus asociadas y asociados;

V. Impulsar esquemas de autorregulación y supervisión;

VI. Gestionar la aplicación de programas de fomento cooperativo ante las instituciones. Siendo las sociedades cooperativas con menos socios y recursos la prioridad de esta gestión;

VII. Planear, promover y realizar programas de desarrollo económico y social para sus asociados;

VIII. Gestionar la aplicación de programas de fomento cooperativo ante las instituciones gubernamentales;

IX. Fomentar la educación cooperativa, así como la formación de capacidades y competencias laborales de sus asociadas y asociados, personas directivas y empleadas;

X. Prestar servicios de asesoría jurídica, fiscal, auditoría, contable, técnica, organizacional y/o para la formulación de proyectos;

XI. Promover el desarrollo de cadenas productivas y de valor agregado;

XII. Apoyar la investigación sobre las materias que incidan en las actividades propias de su objeto;

XIII. Procurar la solidaridad y cooperación entre sus asociadas y asociados;

XIV. Difundir los valores y principios cooperativos y las experiencias exitosas;

XV. Contratar personas e integrar personal comisionado a los organismos integrantes; y

XVI. Las demás atribuciones estipuladas en la presente ley, en las bases constitutivas y las que sean determinadas por la asamblea general.

Artículo 101. El Consejo Superior del Cooperativismo, es el máximo órgano integrador y de representación, promoción y defensa en el ámbito nacional e internacional del Movimiento Cooperativo Nacional, de carácter único, constituido conforme a lo dispuesto en esta ley y para los fines que en ella se establecen. Se constituye como una sociedad cooperativa de cuarto nivel y podrá asociar a todas las confederaciones nacionales constituidas conforme a la ley, que en forma voluntaria decidan hacerlo.

Los organismos e instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional, podrán afiliarse voluntariamente y participar en las asambleas generales con voz pero sin voto.

Artículo 102. Para la constitución, organización, operación y funcionamiento del Consejo Superior del Cooperativismo, deberá observarse lo previsto en el Capítulo I del presente Título.

Además de las establecidas para los organismos cooperativos, el Consejo Superior del Cooperativismo tendrá las siguientes funciones:

I. Desempeñarse como órgano de consulta y colaboración de los diferentes niveles de gobierno para el diseño, divulgación, ejecución y evaluación de las políticas, programas, e instrumentos, para el fomento y desarrollo de la organización y expansión de la actividad económica de las sociedades cooperativas;

II. Formular recomendaciones a los diferentes niveles de gobierno, encargados de la ejecución de las políticas públicas de fomento cooperativo;

III. Colaborar con el Servicio de Administración Tributaria, emitiendo opinión sobre actos de simulación, respecto de constitución y operación de sociedades cooperativas y organismos cooperativos, de conformidad con el artículo 8 de esta Ley.

IV. Establecer y actualizar el Sistema Nacional de Educación Cooperativa;

V. Establecer y operar el Sistema Nacional de Capacitación Cooperativa;

VI. Colaborar con la Secretaría de Desarrollo Social, para la inclusión de temas que se relacionen con la economía social y el cooperativismo, en negociaciones de tratados comerciales nacionales e internacionales y la promoción del comercio justo;

VII. Efectuar investigaciones sobre aspectos o ramos específicos de la actividad de las sociedades cooperativas y los relacionados con el Sector Cooperativista Nacional, por cuenta propia, o en asociación con los organismos e instituciones de asistencia técnica;

VIII. Prestar los servicios que determinen sus bases constitutivas en beneficio de sus afiliados, dentro de los niveles de calidad y condiciones que se determinen conjuntamente con las confederaciones;

IX. Designar el árbitro o árbitros, o los conciliadores, cuando los organismos cooperativos se lo soliciten;

X. Solicitar a las confederaciones y a los organismos de asistencia técnica, reportes anuales sobre la operación y los resultados de los programas y acciones que operen en beneficio de sus asociadas y asociados, de conformidad con las bases constitutivas del Consejo;

XI. Establecer relación con instituciones, organismos, asociaciones e instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionadas con la economía social y el cooperativismo;

XII.Crear estructuras para atender la incubación, formación, comercialización, desarrollo, actualización tecnológica, registro, regulación, financiamiento, vinculación, comunicación social y aquellas que permitan el desarrollo del sector y movimiento cooperativo mexicano, siempre en el marco de los valores y principios consagrados en esta ley;

XIII. Establecer sus reglamentos internos;

XIV. Convocar cada año, a la asamblea general del Consejo Superior del Cooperativismo, donde se informe acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica del cooperativismo, así como el detalle de sus ingresos y egresos;

XV. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales;

XVI. En sus bases constitutivas establecerá el objeto social, la estructura funcional, órganos de gobierno, derechos y obligaciones de los asociados, y todos aquellos elementos que le son propios a su naturaleza como organismo cooperativo de cuarto nivel; y

XVII. Las demás que se establezcan en la ley.

Artículo 103. Con el propósito de realizar procesos de diagnóstico, evaluación, planeación, programación y prospectiva que fortalezcan el Movimiento Cooperativista Mexicano, se celebrará cada dos años un Congreso Nacional Cooperativo, al que convocará el Consejo Superior del Cooperativismo, independientemente de asambleas, congresos especializados o foros que organicen las confederaciones o el propio Consejo Superior del Cooperativismo; o en caso de que este no emitiera convocatoria, podrá hacerse por acuerdo del veinte por ciento de sus integrantes.

Capítulo IIDe los Organismos Cooperativos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 104. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán agruparse de manera obligatoria en los siguientes organismos cooperativos de integración y representación:

I. Federaciones; y

II. Confederación nacional.

Artículo 105. Las federaciones se constituirán con la agrupación de un mínimo de cinco y un máximo de cincuenta sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fungiendo como los organismos cooperativos de integración y representación de segundo grado.

Artículo 106. La confederación nacional se constituirá con la agrupación de todas las federaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fungiendo como el organismo cooperativo nacional de integración y representación de tercer grado del sector cooperativo financiero.

La confederación agrupará a todas las federaciones y será un órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño, difusión y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento y desarrollo de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sus organismos cooperativos.

Artículo 107. Las federaciones y la confederación, como organismos cooperativos de integración y representación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, serán instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propios, adoptarán jurídicamente la naturaleza cooperativa sin fines de lucro.

Artículo 108. Las actividades de las federaciones y de la confederación serán las propias de su objeto social y tendrán prohibido lo siguiente:

I. Realizar actividades políticas partidistas;

II. Invertir en el capital de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; y

III. Afiliar a personas físicas o personas jurídicas y realizar operaciones de manera directa o indirecta con el público.

Artículo 109. Las federaciones y la confederación, podrán realizar las siguientes funciones:

I. Fungir como representantes legales de sus organizaciones afiliadas, ante personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extranjeras;

II. Proporcionar entre otros, los servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación;

III. Promover la superación y capacidad técnica y operativa de sus organizaciones afiliadas, así como de sus dirigentes y personas empleadas;

IV. Promover la homologación de manuales, procedimientos, reglamentos y políticas, así como sistemas contables e informáticos entre sus organizaciones afiliadas; y

V. Llevar un registro de sus organizaciones afiliadas y publicarlo periódicamente por los medios que consideren convenientes.

Artículo 110. Las federaciones y la confederación, en su reglamento interior, al menos deberán estipular lo siguiente:

I. Procedimiento general para la admisión, suspensión y exclusión de organizaciones afiliadas;

II. Los derechos y obligaciones de las organizaciones afiliadas;

III. Procedimiento general para determinar las cuotas que deberán aportar las organizaciones afiliadas;

IV. Los mecanismos de solución voluntaria de controversias entre las organizaciones afiliadas;

V. El programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de interés y uso indebido de información; y

VI. Los procedimientos aplicables para el caso de que las organizaciones afiliadas incumplan sus obligaciones.

Artículo 111. La confederación y las federaciones contarán, al menos, con los siguientes órganos e instancias de dirección, administración y vigilancia:

I. Asamblea General;

II. Consejo directivo;

III. Una persona que funja como directora general o gerente general, y

IV. Un Consejo de Vigilancia.

Artículo 112. La asamblea general será el órgano supremo de la federación y deberá integrarse con al menos una persona representante de cada una de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo afiliadas, con voz y voto, la cual será electa democráticamente entre sus socias y socios por un periodo de tres años, con posibilidad de una sola reelección.

La federación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación proporcional en el que se asignará a cada sociedad cooperativa de ahorro y préstamo afiliada, el número de votos que proporcionalmente le correspondan, considerando el número de socias y socios y/o activos totales de cada sociedad. En ningún caso una sociedad cooperativa podrá tener más del veinte por ciento del total de votos en la asamblea general de la federación.

Para ser persona representante de la sociedad cooperativa ante la asamblea general de la federación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socia o socio de la sociedad y, preferentemente, ser una persona dirigente o funcionaria de primer nivel de la misma.

A las asambleas generales de las federaciones deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la confederación.

Artículo 113. La asamblea general será el órgano supremo de la confederación y deberá integrarse con al menos un representante, con voz y voto, de cada una de las federaciones afiliadas.

La confederación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación proporcional en el que se asignará a cada federación afiliada, el número de votos que proporcionalmente le correspondan, considerando el número de socias y socios y/o activos totales de cada federación. En ningún caso una federación podrá tener más del veinte por ciento del total de votos en la asamblea general de la confederación.

Para ser representante de la federación ante la asamblea general de la confederación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socia o socio de una sociedad cooperativa afiliada a la federación y, preferentemente, ser persona dirigente o funcionaria de primer nivel de la propia federación o de alguna de sus cooperativas afiliadas.

Artículo 114. El consejo directivo de las federaciones y de la confederación, según corresponda, será el órgano de gobierno responsable de la administración general y de los negocios, y de que se cumpla el objeto social del respectivo organismo cooperativo.

El consejo directivo de las federaciones y de la confederación estará integrado por no menos de cinco personas ni más de quince, quienes serán nombrados o, en su caso, removidos por la asamblea general del respectivo organismo cooperativo, debiendo cumplir al menos con los requisitos que para ser consejero de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo.

Las personas consejeras de las federaciones y de la confederación fungirán por un periodo máximo de cinco años, con posibilidad de una sola reelección cuando así lo aprueben por lo menos las dos terceras partes de la respectiva asamblea general.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del consejo directivo, en las bases constitutivas de las federaciones y de la confederación, se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus personas consejeras.

Para ser persona consejera de las federaciones y de la confederación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socia o socio de una sociedad cooperativa.

El consejo directivo de las federaciones y de la confederación se integrará y funcionará de acuerdo a lo establecido en las propias bases constitutivas de cada organismo, sujetándose a lo estipulado en esta ley.

Dichos consejos tendrán la representación de sus respectivos organismos cooperativos, así como las facultades que determinen sus bases constitutivas, entre las cuales deberán considerarse al menos las siguientes:

I. Designar una persona que funja como directora o gerente general;

II. Establecer las facultades de representación; y

III. Designar a una o más personas comisionadas que se encarguen de administrar las secciones especializadas que constituyan los propios organismos.

Asimismo, el consejo directivo de las federaciones y de la confederación podrán establecer los reglamentos y manuales operativos a los cuales deberán ajustarse sus órganos de dirección, administración y vigilancia.

Artículo 115. El consejo de vigilancia de las federaciones y de la confederación, según corresponda, será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno del organismo cooperativo, así como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable.

El consejo de vigilancia de las federaciones y de la confederación estará integrado por no menos de tres ni más de cinco personas, quienes serán nombradas o, en su caso, removidas por la asamblea general del respectivo organismo cooperativo, debiendo cumplir al menos con los requisitos para ser consejero de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo.

Las personas integrantes del consejo fungirán por un periodo máximo de cinco años con posibilidad de una reelección, cuando así lo aprueben por lo menos las dos terceras partes de la respectiva asamblea general.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del consejo de vigilancia, en las bases constitutivas de las federaciones y de la confederación, se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros.

Para ser una persona integrante del consejo de vigilancia, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socia o socio de una sociedad cooperativa.

El consejo de vigilancia de las federaciones y de la confederación se integrará y funcionará de acuerdo a lo establecido en las bases constitutivas de cada organismo, sujetándose a lo señalado por la presente ley.

Artículo 116. La persona que funja como directora o gerente general de las federaciones y de la confederación, será nombrada por el respectivo consejo directivo del organismo cooperativo, debiendo someterlo a ratificación de su propia asamblea general.

Las federaciones y la confederación deberán establecer en sus bases constitutivas, los requisitos, facultades y obligaciones de la persona que funja como directora o gerente general, debiendo aplicar al menos lo señalado para las personas gerentes o directoras generales de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Artículo 117. Para el sostenimiento y operación de las federaciones y de la confederación, el respectivo consejo directivo determinará las cuotas que deban pagar cada una de las organizaciones afiliadas, tomando como base los procedimientos aprobados por la asamblea general en el respectivo reglamento interior de cada organismo cooperativo.

Artículo 118. De manera voluntaria las cooperativas de ahorro y préstamo podrán formar parte de cooperativas centrales, las cuales se constituirán con un mínimo de 5 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, teniendo como objeto organizar en común y en mayor escala, los servicios financieros, económicos y asistenciales de interés de las asociadas integrando y orientando sus actividades, así como facilitando la utilización recíproca de los servicios. Se regirán por esta Ley, así como por lo dispuesto por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Título Quinto Capítulo IDe la Política de Fomento Cooperativo

Artículo 119. Con el objeto de atender lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los gobiernos federal, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la elaboración, ejecución, y evaluación de políticas públicas orientadas a promover y fomentar la actividad cooperativa y de los organismos cooperativos, así como la difusión de los valores y principios en que se sustenta.

Para los efectos de la presente ley, se entiende como fomento cooperativo al conjunto de normas jurídicas y acciones que se deberán observar para la organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo, mismo que deberá orientarse conforme a los siguientes fines:

I. Apoyo a la organización, constitución, desarrollo e integración de las propias sociedades cooperativas y de sus organismos cooperativos, como medios para la organización social orientados a una mayor participación de la población en actividades económicas, el impulso del empleo digno y sustentable, redistribución del ingreso, la equidad de género y el desarrollo económico y social sustentable del país;

II. Promoción de la economía social y cooperativista en la producción, distribución, comercialización y financiamiento de los bienes y servicios que generan y que sean socialmente necesarios;

III. Desarrollar acciones que propicien mayor participación de las empresas del sector social en la economía nacional;

IV. Implantación de acciones de control, vigilancia y prevención de acciones de simulación que se realizan por medio del uso de sociedades cooperativas con la finalidad de evadir responsabilidades laborales, fiscales, económicas y sociales;

V. Apoyar con los programas operados por la autoridad educativa para el establecimiento de un sistema de educación y capacitación cooperativa, que genere mecanismos de difusión de la cultura del cooperativismo, basada en la organización social, humanista, autogestiva y democrática del trabajo, incluyendo el desarrollo de competencias técnicas y profesionales, las virtudes éticas y las habilidades organizacionales de las sociedades cooperativas. Para el efecto, se apoyarán a las escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa y las actividades que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país;

VI. Impulso a la proveeduría de bienes y servicios que produzcan las sociedades cooperativas a los diferentes niveles de gobierno, observando las modalidades y tendencias internacionales;

VII. Establecimiento de acciones que propicien que las empresas que se encuentren en crisis sean adquiridas por parte de sus trabajadores, por medio de su constitución en sociedades cooperativas;

VIII. Fomento de proyectos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación;

IX. Respaldo al financiamiento de proyectos de investigación científica en materia cooperativa;

X. Impulso para el acceso a estímulos e incentivos para la integración de las sociedades cooperativas, entre otras acciones, a los apoyos fiscales y de simplificación administrativa;

XI. Incorporación del sector cooperativo en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y a las instancias de participación y de representación social de las diferentes dependencias y organismos de la administración pública federal, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

XII. Prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica, legal y económica para la adecuada operación de las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos;

XIII. Concesión o administración de bienes y/o servicios públicos a favor de las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos, por medio de alguna sociedad cooperativa de participación estatal;

XIV. Impulso conjuntamente con las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos, de proyectos de desarrollo social de las comunidades donde operan;

XV. Estímulo de la participación social en actividades de promoción, divulgación y financiamiento de proyectos cooperativos, de tal manera que se fomente la cultura del trabajo asociado, el consumo social y del ahorro, mediante sociedades cooperativas de producción, consumo y de ahorro y préstamo;

XVI. Fortalecimiento de la organización y desarrollo de los organismos cooperativos que forman parte del Movimiento Cooperativista Nacional, como instancias de articulación del sector de promoción y acompañamiento de la economía social y cooperativista;

XVII. Fomento de las acciones de coordinación y colaboración en materia cooperativa con la federación, los estados, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; así como con países y organismos internacionales de carácter público, privado o social que fortalezcan el cooperativismo mexicano;

XVIII. Impulso a la promulgación de leyes locales de fomento cooperativo;

XIX. Todas aquellas que se consideren convenientes a efecto de fomentar el desarrollo de las sociedades cooperativas y de sus estructuras de integración económica y de representación gremial; y

XX. Los demás que establezcan las Leyes.

Artículo 120. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento a la actividad cooperativa deberán atender los siguientes criterios:

I. El respeto a la naturaleza social del sistema cooperativo, así como a los valores y principios cooperativos establecidos en la presente ley;

II. Reconocimiento de las sociedades cooperativas como organismos de utilidad pública para el bienestar común;

III. Fomento de una mayor participación de la población en actividades económicas formales, la promoción de empleo y el desarrollo del país por medio de sociedades cooperativas; paro lo cual se establecerá en los programas económicos o financieros de los tres niveles de gobierno, presupuestos específicos para el fomento y desarrollo del cooperativismo, que no podrán ser menores al del ejercicio fiscal precedente;

IV. La simplificación, precisión, transparencia, legalidad e imparcialidad de los actos y procedimientos administrativos;

V. La observación de acuerdos, tratados y convenciones internacionales en materia de fomento a la actividad cooperativa;

VI. Aplicación de instrumentos para el fomento, apoyo y estímulo a las sociedades cooperativas, considerando las tendencias internacionales de los países con los que México tenga mayor interacción; y

VII.Para la asignación del presupuesto que incida en la actividad cooperativa mexicana y en los programas de apoyo técnico, económico, financiero o fiscal que establezca el gobierno federal, y que incida en la actividad de las sociedades cooperativas, se observará el establecimiento de derechos y preferencias hacia el sistema cooperativo tomando en cuenta la opinión del Consejo Superior del Cooperativismo.

Artículo 121. Los gobiernos federal, estatal, municipal y el de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y con estricto apego a su autonomía política y administrativa, podrán:

I. Impulsar la expedición de leyes locales en materia de fomento cooperativo;

II. Celebrar con cualquier entidad de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado, convenios y acuerdos de colaboración y coordinación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en sus planes, políticas y programas de fomento a las sociedades cooperativas;

III. Expedir las resoluciones fiscales que al efecto procedan, con el propósito de que todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades cooperativas citados en la presente ley, queden exentos de impuestos o cargas fiscales; y

IV. Las demás que señale esta ley y otras disposiciones del orden federal o local.

Artículo 122. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus competencias, deberán implementar acciones de apoyo a las sociedades cooperativas. En particular, realizarán además de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con los organismos cooperativos, las siguientes actividades:

I. La celebración de convenios con los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con el sector social y privado, para establecer los programas y acciones de fomento que tengan por objeto el desarrollo económico del sistema cooperativo;

II. Incentivar la incorporación de las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos en los programas de fomento regional, sectorial, institucional y especial;

III. La celebración de convenios con los colegios de fedatarios públicos, con el objeto de apoyar la constitución de las sociedades cooperativas mediante el establecimiento de cuotas accesibles y equitativas;

IV. La revisión, simplificación y, en su caso, adecuación de los trámites y procedimientos que incidan en la constitución, organización, funcionamiento y fomento de las sociedades cooperativas;

V. Organización de sociedades cooperativas de producción y consumo en las organizaciones de trabajadores del país, así como programas de capacitación organizacional para la generación de autoempleo colectivo;

VI. Promoción de sociedades cooperativas en los sectores de producción primaria, agroindustrial, alimentaria, transformación industrial, bioenergéticos, servicios de vivienda, salud, cultura, arte y recreación, tecnologías de la comunicación y la información, comunicaciones, transporte y servicios turísticos, entre otros; y

VII. Acciones de difusión y comunicación social del Movimiento Cooperativo Nacional, así como de su importancia en el desarrollo económico y social del país.

Artículo 123. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde la vigilancia del adecuado cumplimiento de la presente ley; las políticas y programas federales de fomento de las sociedades cooperativas, que ejercerá sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia que correspondan a otras dependencias de la administración pública federal, sobre los distintos tipos de sociedades cooperativas, de acuerdo a sus respectivas competencias legales, y con las que deberá actuar en coordinación.

Artículo 124. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir fondos de garantía que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión.

Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de crédito para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

Para la evaluación de la procedencia de los descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de los organismos cooperativos.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por la presente ley.

Cuarto. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 10 y 15 de la presente ley, el Instituto Nacional de la Economía Social, deberá realizar las gestiones necesarias a efecto de llevar a cabo el registro de sociedades cooperativas, a partir del día en que entre en vigor la ley.

Quinto. A más tardar en treinta días naturales posteriores al de la entrada en vigor de la presente ley, el Registro Público de Comercio deberá remitir al Instituto Nacional de la Economía Social, el listado y la documentación correspondiente a los registros de sociedades cooperativas que se encuentren en su poder para integrar el Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas.

Sexto. A más tardar en treinta días naturales posteriores al de la entrada en vigor de la presente ley, el Instituto Nacional de la Economía Social convocará a los representantes del Consejo Superior del Cooperativismo, legalmente constituido de conformidad con esta Ley para integrar el Consejo Consultivo de este organismo.

Séptimo. A elección de las personas interesadas, los asuntos relativos al registro de sociedades cooperativas y demás que estén en trámite, se podrán continuar hasta su terminación de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas que se abroga, o cancelarse y, en caso procedente, iniciarse ante el Instituto Nacional de la Economía Social.

Notas

1 Cronología de la economía solidaria. Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Sistemas Santa Marta. 2007.

http://studylib.es/doc/15858/cronolog%C3%ADa-de-la-econom%C3%ADa-social

2 Bravo, Gian Mario (1976) [1971]. Historia del socialismo 1789-1848. El pensamiento socialista antes de Marx. Barcelona: Ariel. Se debían limitar los beneficios y los intereses de los capitales, sustituir la competencia por un intercambio equitativo de los productos en los «almacenes de trabajo», y unir la producción agrícola y manufacturera en aldeas comunitarias de unas 1.200 personas, como en las «colonias» owenianas de New Harmony (Estados Unidos, 1825) o de Harmony Hall (Gran Bretaña, 1840). Asimismo debían potenciarse los sindicatos obreros, cuya función no se limitaría a la lucha por la mejora de las condiciones laborales, sino que constituirían el fundamento de la «nueva sociedad» mediante la formación de cooperativas. Así lo expuso en el «llamamiento a la población del mundo» de 1836.

3 Cronología de la economía solidaria. Ob cit.

http://studylib.es/doc/15858/cronolog%C3%ADa-de-la-econom%C3%ADa-social

4 Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Principios Cooperativos

Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria; Segundo Principio: Control democrático de los miembros; Tercer Principio: Participación económica de los miembros; Cuarto Principio: Autonomía e independencia; Quinto Principio: Educación, formación e información; Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas; Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad.

https://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Diputado Juan Romero Tenorio(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 25 y 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso l), recorriéndose los subsecuentes, del artículo 25; y se adiciona la fracción XVII al artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La revolución digital ha sido de gran ayuda en el mundo; sin embargo, los ataques informáticos que cada día son más frecuentes, variados e impredecibles, han puesto en jaque los escenarios de la ciberseguridad.

En 2016, una de cada cinco compañías en el mundo sufrió un incidente como resultado de un ataque de ransomwarey 32 por ciento del total pagó el rescate, mientras 67 por ciento perdió parte de sus datos corporativos.

Esta realidad evidencia los más de 4 mil ataques de ransomware llevados a cabo durante el mismo año de forma diaria en los Estados Unidos de América, situación que se vio superada en un 300 por ciento contra lo visto en 2015.

Brasil, México y Perú son los países latinoamericanos con más casos de ataques de ransomware, delito en el que el ciberdelincuente logra encriptar la información de un ordenador o dispositivo y pide un rescate a la víctima para desbloquear el equipo y liberar sus datos.

En fechas recientes se han suscitado ciberataques como: a) El hackeo a más de 500 millones de cuentas de Yahoo en 2014; b) El hackeo de 145 millones de clientes de eBay; c) La pérdida de más de 81 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh por obra de un malware que pudo filtrarse a través de la aplicación llamada Swift Alliance Access; d) El ransomware #WannaCry que impactó a más de 300 mil usuarios en 170 países, entre los que se encontraba México, que para infortunio de los cibernautas resultaron exitosos.

Estos escenarios dejan entrever que los ataques ya no avanzan a la misma velocidad, sino que ahora progresan más rápido que la implementación de nuevos sistemas de protección de datos que se desarrollan de manera ágil, con mayor complejidad y a mayor escala.

En ese sentido, la empresa de seguridad cibernética ESET ha señalado que las ofensivas ya no solo están encaminadas a objetivos financieros, sino que ahora éstos se dirigen a infraestructuras críticas, consolas de videojuegos y dispositivos móviles.

Por ello, las empresas han optado por adoptar las nuevas tecnologías de la información, con el propósito de lograr grandes beneficios sistemáticos como la automatización, simplificación y digitalización eficiente de sus procesos. Sin embargo, se han observado una serie de imprevistos que, durante su uso cotidiano, corren el riesgo de ir dejando huecos que pueden ser aprovechados por personas cuyo objetivo es delinquir o afectar la operación de una organización.

La compañía Fortune 500 Companies ha señalado que un 97 por ciento de las empresas ha enfrentado algún problema de vulnerabilidad y solo el 3 por ciento no sabe que ya fueron atacados. Esta situación provocó durante 2016 que un sinfín de empresas alrededor del mundo gastaran más de 73 mil millones de dólares en medidas de ciberseguridad, y se espera que este año la cifra supere los 100 mil millones de dólares.

Dichas inversiones derivan de un miedo justificado, puesto que a nivel mundial han dejado pérdidas alrededor de 556 mil millones de dólares en 2015; tan sólo en México los delitos cibernéticos representaron pérdidas anuales por alrededor de 3 mil millones de dólares.Ante esa realidad, consideramos pertinente que la ciberseguridad sea vista como un requisito indispensable y no únicamente como una tecnología opcional.

Lo anterior, bajo la premisa de que la importancia de la ciberseguridad es indiscutible y una gran oportunidad para que los cibernautas estén protegidos de los ciber-riesgos, que se han convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios de Internet.

En ese sentido, las aseguradoras se encuentran en la oportunidad de ofrecer nuevos productos que protejan a las personas y a las empresas de pérdidas de información que dañen su reputación, como resultado de algún tipo de falla en sus sistemas tecnológicos.

Este tipo de violaciones relacionadas con el robo de la información no afecta únicamente a las compañías, sino que ahora el robo de identidad personal va en aumento día con día. Tan sólo en nuestro país, 400 mil personas son víctimas cada año, posicionando a México en el octavo lugar en este delito a nivel mundial en el 2015.

Con lo antes citado, consideramos adecuado integrar en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a los seguros cibernéticos, en atención a que el sector asegurador tiene el reto de enfrentarse al voraz avance de la tecnología, salvaguardando en todo momento la información y las bases de datos de las personas y las empresas ante ciberataques y otro tipo de fraudes.

Exposición de Motivos

Los riesgos cibernéticos son la principal preocupación de las aseguradoras alrededor del mundo, y es probable que continúen siendo un punto importante en sus agendas, dados los recientes ataques a la red.

A raíz de los cambios globales y los riesgos cibernéticos, en México estamos conscientes de que el sector asegurador está obligado a innovar con el fin de aprovechar su misión en los temas de seguridad cibernética o ciberseguridad.

En nuestro país existen alrededor de 100 empresas aseguradoras, de las cuales: 27 trabajan exclusivamente con daños, 40 operan tanto con seguros de vida como de daños, y 4 son especializadas, 3 de crédito a la vivienda y una de garantías financieras.

Algunos datos señalan que los principales seguros son: a) De vida con un 40 por ciento de las primas emitidas; b) De autos con un 18 por ciento; c) De daños con un 18 por ciento; d) De gastos médicos y accidentes personales con un 14 por ciento; e) De las menciones derivadas de la seguridad social con un 7 por ciento, y f) De las fianzas con un 3 por ciento.

Esos datos demuestran que los principales seguros que está ofreciendo el mercado nacional, y al cual la gente le da cada vez más importancia, son los seguros de ahorro en vida y de autos, dejando de lado los seguros de daños en materia cibernética.

Como es bien sabido, las aseguradoras se dedican a la gestión de riesgos, empero no pasa desapercibido que la seguridad cibernética es una herramienta enfocada a gestionar el riesgo en el manejo de los datos informáticos.

Por ello, el sector asegurador se encuentra ante dos grandes retos en estos momentos: 1) El ser capaz de proteger la información de sus clientes, así como los activos que gestionan a la vez que incorporan nuevas tecnologías a sus procesos, y 2) El tener una oferta de servicios capaz de proteger a las empresas frente a los riesgos de ciberseguridad.

Se debe tomar en cuenta que el Código Penal Federal establece un Título denominado “Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”, en cual se tipifican estos delitos para todas las personas que sin autorización modifiquen, destruyan o provoquen pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, siendo sujetos de la imposición de las sanciones estipuladas en el mismo ordenamiento.

A pesar de las sanciones que establece el Código Penal Federal, aún notamos múltiples vacíos jurídicos que permiten que la información sustraída de distintas bases de datos se encuentre desprotegida. Por eso, resulta importante que las aseguradoras exploren esta nueva área de oportunidad, con el fin proporcionar protección a los cibernautas.

Es necesario considerar que las herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías, se utilicen para proteger los activos de los usuarios en el ciberentorno.

En nuestro país, el sector asegurador debe cobrar mayor relevancia cada vez que se infringe la ciberseguridad, entendiendo esto, desde el momento en que se incluye información muy sensible como vienen a ser los datos de los usuarios.

Hoy en día el perfil que necesitan las empresas que requieren ciberseguros son: a) Alta dependencia en procesos electrónicos; b) Contar con proveedores de servicios tecnológicos; c) Recopilación, mantenimiento, cesión o almacenamiento de información privada, y d) Contar con medios de pago electrónico o digital.

En México son muy pocas las empresas aseguradoras que se encargan de atender los seguros cibernéticos.

Dicho seguro debe tener como una de sus prioridades la de cubrir a las empresas y/o personas físicas que con motivo de su actividad profesional tengan en su poder datos electrónicos y que, por robo, pérdida, comunicación y/o divulgación no autorizada de los mismos causen daños a terceros.

En ese tenor, debemos tener presente que la ciberseguridad está apalancada de otras tecnologías como Big Data, Analytics e Inteligencia Artificial para proteger a sus clientes, y ésta es capaz de prevenir el fraude en tiempo real.

Un caso exitoso fue el de American Express, compañía que a través del uso de herramientas matemáticas y computacionales tiene la capacidad de detectar y prever transacciones sospechosas, así como tomar decisiones en cuestión de milisegundos, lo que les permite mitigar el fraude.

Esta situación sirve como antecedente para tomar en consideración que las compañías de seguros deben comenzar a operar transaccionalmente desde un punto de vista digital; el peligro ya no afecta solo a personas, bienes o situaciones, sino a toda la comunidad digital.

Tomando en cuenta los riesgos actuales, el grado de preparación de una empresa para manejar una crisis cibernética puede ser una gran ventaja competitiva y así poder asegurar su supervivencia.

Pero más allá de lo alarmante que suena la situación, los proveedores de tecnología están obligados a redoblar sus esfuerzos para proteger esos grandes volúmenes de información de principio a fin.

Recordemos que la información requiere de medidas de protección adecuadas de acuerdo con su importancia y criticidad, y éste es precisamente el ámbito de la seguridad de la información.

Por todo lo anterior, es que en Nueva Alianza consideramos de suma importancia integrar en el marco de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, dentro del seguro de daños, a los seguros cibernéticos, con el propósito de atizar mayores beneficios de protección a las personas y a las empresas ante los inminentes ataques cibernéticos.

Puesto que con ello se permitirá evitar el incremento indiscriminado de delitos, principalmente por la falta de coberturas que ante posibles ataques provocarían un desfalco monetario inalcanzable.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso l), recorriéndose el subsecuente que pasa a ser el inciso m), a la fracción III del artículo 25, y la fracción XVII al artículo 27; ambas, a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Artículo Único. Se adiciona un inciso l), recorriéndose el subsecuente que pasa a ser el inciso m), a la fracción III del artículo 25, y la fracción XVII al artículo 27; ambas, a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 25. Las autorizaciones para organizarse, operar y funcionar como Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, se referirán a una o más de las siguientes operaciones y ramos de seguro:

I. a II. ...

III. Daños, en alguno o algunos de los ramos siguientes:

a) a k) ...

l) Cibernéticos, y

m) ...

...

...

...

...

Artículo 27. Los seguros comprendidos dentro de la enumeración de operaciones y ramos señalados en los artículos 25 y 26 de esta Ley, son los siguientes:

I. a XVI. ...

XVII. Para el ramo de la ciberseguridad, el pago de la indemnización se efectuará en caso de robo, pérdida, hackeo, comunicación y/o divulgación no autorizada de datos electrónicos que causen daños a terceros, daños a su propia operación o sean sujetos de multas por parte de la autoridad.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://expansion.mx/opinion/2017/06/14/opinion-ciberseguridad-una-mina-de- oro-para-el-sector-asegurador

2 http://expansion.mx/tecnologia/2017/01/05/dispositivos-moviles-y- hospitales-los-nuevos-objetivos-de-los-hackers

3 http://expansion.mx/opinion/2017/06/14/opinion-ciberseguridad-una-mina-de- oro-para-el-sector-asegurador

4 http://www.eset-la.com/mx

5 http://expansion.mx/opinion/2017/06/14/opinion-ciberseguridad-una-mina-de- oro-para-el-sector-asegurador

6 http://expansion.mx/opinion/2017/03/21/opinion-sector-asegurador-y- afianzador-mexicano-en-crecimiento

7 Ídem.

8 https://www.ucavila.es/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2017.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza(rúbrica).»