«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI

De la diputada, Beatriz Vélez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, tomando en cuenta la siguiente

Desde el año 2006 una gran parte del mundo ha adecuado su gasto en salud conforme a la recomendación emitida por la Organización Mundial de la Salud, lo que les ha permitido a la mayoría de países invertir anualmente cerca del 8,7 por ciento de su producto interior bruto (PIB).

Desde luego que la participación de cada gobierno es distinta, para ese mismo año, por ejemplo, Estados Unidos de América mantenía un gasto del 12 por ciento, mientras que el porcentaje del PIB para Argentina fue del 7.3 por ciento y el de Brasil para ese mismo año fue del 9.7 por ciento de su PIB.

Cabe mencionar que los análisis comparativos con el que la mayoría de los investigadores y políticas públicas trabajan siempre se centran en éstos países que podríamos catalogar como primer mundo o en vías de alto desarrollo, pero, aunque omitidos, países como El Salvador tienen un gasto de 6.9 por ciento, Honduras 8.7 por ciento y Paraguay ha mantenido un gasto del 9 por ciento.

Desafortunadamente, desde hace cuatro años nuestro país ha mantenido un Gasto en materia de Salud Pública del 6.2 por ciento de nuestro producto interno bruto.

Únicamente para abundar en la diferencia podemos mencionar que incluso tres países africanos (Liberia, Rwanda y Tanzania) desde 2007 han cumplido con la Declaración de Abuja, Nigeria, de 2001, en la que los líderes africanos se comprometieron a asignar como mínimo el 15 por ciento de sus presupuestos anuales a la mejora del sector sanitario.

Por estas mismas diferencias presentes en México gastamos mil dólares por habitante, mientras que otros países miembros en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos llegan o incluso parten de nueve mil dólares.

No es de extrañar entonces que los gráficos de la Organización Mundial de la Salud muestren desde 1990 que países subdesarrollados con un alto gasto en materia de salud como El Salvador, Cuba o Chile mantengan una tasa anual media de la disminución de la mortalidad en menores de 5 años superior a la de México.

Tampoco es sorpresa que en México nuestra tasa de mortalidad para los adultos de entre 30 y 70 años es de 217 por cada 100 mil habitantes encabezada por enfermedades cardiovasculares, mientras que países como Panamá mantiene una tasa de 138 adultos, 86 para Perú o 168 para El Salvador.

No me es indistinto para este tema, que en la última década México ha hecho importantes progresos para reducir el rezago en el que nos encontrábamos respecto a la materia de salud pública. De hecho, el gobierno federal ha dedicado un importante presupuesto a este rubro, tanto que hemos logrado garantizar el 93 por ciento de la cobertura de salud.

Pero no puedo omitir el limitado gasto con el que continúa nuestra salud pública. Baste recordar simplemente que, de acuerdo al análisis de la asignación presupuestal, sólo el 3 por ciento de nuestro PIB se destina al gasto de inversión necesario para la modernización y ampliación de nuestra infraestructura.

No está de más aclarar que la inversión que se destina a salud permite mejorar la productividad y con ello resultados sanitarios efectivos, sin este tipo de prioridades en nuestra agenda nacional de Salud Pública no debería ser extraño que persistan problemas de salud en materia operativa.

Si los niveles de financiación son bajos, es natural que los países no puedan garantizar el acceso universal de manera apropiada y con ello frenar las fallas o la marginalidad y vulnerabilidad que, por ejemplo, algunas comunidades alejadas viven diariamente.

Sin recursos presupuestales suficientes se presentarán faltas de equipo o incluso de especialistas, lo que se traduce en un largo tiempo de espera en el diagnóstico para los pacientes y con ello afectaciones que no podrán superarse. Respecto a ello baste mencionar que en México se calcula que cada setenta mil pacientes con enfermedad renal crónica terminal fallecen sin que se les haya administrado algún tipo de terapia.

La presidenta del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas ya ha señalado que esta problemática anterior que significa un costo para el Estado crece entre 10 y 15 por ciento anual.

Sin un Gasto en Salud estable y en crecimiento difícilmente podremos cumplir metas establecidas, entre ellas por ejemplo un padrón único de usuarios e incluso la propia cobertura universal. México necesita este sistema universal, pero también necesita personal capacitado, necesita de mejores instalaciones y sobre todo, de la capacidad de atender a la población tal y cual y se inscribe en nuestro artículo cuarto constitucional.

Es desafortunado entonces que no se le dé prioridad a este tema tan importante, como lo es también que en toda la Ley General de Salud, únicamente el transitorio décimo del decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley General de Salud señala que para que los programas en materia de salud se ejecuten de manera más eficiente y eficaz, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 y en los años subsecuentes, los recursos aprobados para la función Salud se identificarán con una estrategia integral que sea congruente con el Sistema de Protección Social en Salud.

Por estas razones y otras más es por lo que considero que es lamentable que se lleve tanto tiempo desatendido este rubro de política presupuestal para poder mejorar las condiciones de salud de nuestra población. La atención médica, nuestros doctores y enfermeras, nuestros trabajadores de salud y sobre todo los mexicanos sufren por no poder contar con la herramienta fundamental con que todo plan debería tomar forma, recursos económicos.

Creo a pesar de todo, que hoy más que nunca México cuenta con una buena estabilidad económica y puede mejorar el plan presupuestal y creo que existe una voluntad política necesaria para priorizar la calidad de vida de la población.

Siendo urgente entonces, propongo en este decreto reformar la Ley en la materia para que, respetando asignaciones presupuestales, se incremente en 1 por ciento del Producto Interno Bruto el Gasto en Salud cada año hasta poder alcanzar un mínimo del 8 por ciento.

Quiero aclarar que la única intención es mejorar la salud de la población, mejorar la productividad de la salud, apoyar al sector laboral y respetar la ley y los tratados internacionales. No se atenta contra nuestro Presupuesto ni mucho menos se busca debilitarlo con nuevos rubros, simplemente se propone priorizar y de tener una visión realista de la situación a la que nos enfrentamos, es el momento indicado para que cuidemos de la gente que más lo necesita.

Por lo mismo no presento un aumento desproporcionado, ni mucho menos se deja descuidado el nuevo recurso, se solicita simplemente que las partes procuren que dichos recursos sean equivalentes, en la medida de lo posible, a los fijados por los organismos internacionales en la materia.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Artículo único. Se reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 19. La Federación y los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, aportarán los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la operación de los servicios de salubridad general, que queden comprendidos en los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren. Las partes procurarán que dichos recursos sean equivalentes, en la medida de lo posible, a los fijados por los organismos internacionales en la materia.

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Beatriz Vélez Núñez,Aarón González Rojas, Alberto Silva Ramos, Ana María Boone Godoy, Carlos Federico Quinto Guillén, Carlos Iriarte Mercado, Carlos Sarabia Camacho, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Dora Elena Real Salinas, Dulce María Montes Salas, Edith Yolanda López Velasco, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Iveth Bernal Casique, Jasmine María Bugarín Rodríguez, José Luis Cardoso Estévez, Laura Mitzi Barrientos Cano, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Marco Antonio Barranco Sánchez, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rocío Rebollo Mendoza, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Oyervides Valdez, María Isabel Maya Pineda, María Verónica Muñoz Parra, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Pablo Bedolla López, Rafael Arturo Balcazar Narro, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Silvia Rivera Carbajal, Timoteo Villa Ramírez, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Evelio Plata Inzunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XL Bis al inciso b del artículo 9° de la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de procurar la protección de las fuentes de abasto y distribución de agua, así como de drenaje sanitario y obras de infraestructura hídrica, bajo la siguiente:

El calentamiento global, entendido como causa y efecto del cambio climático, por su dimensión y características es uno de los temas de guarda la mayor de las relevancias en la agenda pública mundial.

A consecuencia de este fenómeno, la temperatura media global, tanto de la atmosfera como de los océanos se ha visto seriamente alterada, con efectos catastróficos entre la población.

Entre otros efectos, el calentamiento global es causante del deshielo de los glaciares y del aumento en el volumen de las aguas marinas, con riesgo de inundaciones en las zonas costeras, sobre todo en aquellas regiones cuyos asentamientos están situados por debajo del nivel del mar.

A casusa de los gases de efecto invernadero como otra de las manifestaciones del calentamiento global, producto de la acelerada industrialización mundial, las olas de calor se han vuelto asimismo un fenómeno común que contribuye a un aumento en las temperaturas de los océanos, causal a su vez de tormentas cada vez más recurrentes e intensas.

Visto el comportamiento del clima global registrado en las últimas tres décadas, revela que ha ocurrido la formación de huracanes de gran intensidad que por su dimensión han sido devastadores, con daños severos en la infraestructura de servicios públicos.

Suman ocho los huracanes intensos que - entre 1988 y el 2013 - a su paso por las costas mexicanas y al haber impactado en territorio nacional, han dejado entre la población efectos de muy alto costo.

Una revisión a la intensidad y efectos de los huracanes que a lo largo de los últimos 10 años han golpeado las costas de México, permite inferir que por causa de ello se ha visto afectada una población superior a las 5 millones de personas con daños en un promedio de un millón 474 mil viviendas.

Voces autorizadas, entre éstas la del banco Mundial, han advertido que dada la ubicación geográfica de nuestro país, México es una nación vulnerable a los efectos del cambio climático, toda vez que el incremento en la temperatura de la superficie marina, tanto de los golfos como de las penínsulas y regiones costeras, son factor que favorece la formación de huracanes.

El litoral mexicano, situado geográficamente entre los dos trópicos, se ve afectado por la generación de grandes sistemas cerrados de circulación de aire en la atmósfera, en el cual ocurre la combinación de bajas presiones y fuertes vientos, generadores a su vez de la formación de huracanes y tormentas.

De trata de fenómenos que caracterizados por vientos intensos y lluvias abundantes, resultan de graves afectaciones, tanto a la infraestructura de servicios básicos como a las viviendas y construcciones en general, por efecto de las inundaciones que provocan.

Está documentado asimismo que los excedentes de lluvias a causa de huracanes y tormentas dañan severamente la infraestructura de suministro de agua potable y de alcantarillado, virtud a la sobresaturación de suelos y deslizamiento de enormes masas de tierra causadas precisamente por la intensa precipitación pluvial.

Incluso los excedentes de agua por lluvia provocan también el empuje de aguas subterráneas y la ruptura de instalaciones, así como descomposturas de bombas, azolvamiento, anegamiento de pozos y hasta contaminación de mantos acuíferos. Todo ello, de grave impacto en la demanda de servicio.

Estás afectaciones son aún más graves en zonas costeras bajas, donde sistemas de drenaje mal construidos o de escasa pendiente combinado con un aumento en el nivel de las aguas marinas, son causa de rebosamiento de lagunas de oxidación, así como de colapso en la red de tuberías, letrinas y pozos sépticos.

Una vez que el paso de huracanes y tormentas deja sentir sus efectos en zonas habitadas y que ocurre un inesperado incremento en caudales de ríos y canales, el abasto regular de agua potable a la población, así como a los sistemas de riego, se ve afectado sensiblemente por los daños que las crecientes provocan en los puntos de captación y líneas de conducción.

Ocurre por causa de las crecientes un arrastre de sedimentos que genera asolvamiento en tuberías de conducción y en el drenaje sanitario, así como en las fuentes de captación de agua, con efectos negativos en la cantidad y calidad de suministro y enormes costos de inversión para el restablecimiento normal del servicio.

Todavía más, derivado del colapso que registra la red de alcantarillado y drenaje, es común que resulten focos de contaminación, con la consecuente amenaza de infecciones de enorme riesgo y costo sanitario para los asentamientos humanos colindantes.

Respecto a este panorama que a lo largo de los últimos años se ha caracterizado por un cambio brusco en la distribución de los patrones meteorológicos, derivado en gran proporción del calentamiento global, diversas instituciones públicas han venido dando seguimiento al comportamiento del clima, para establecer a partir de observaciones y modelos teóricos, pronósticos que implican la instrumentación de medidas preventivas.

Instituciones y dependencias del sector público, debidamente articuladas en el denominado Sistema Nacional de Protección Civil y con auxilio y participación de grupos voluntarios, tanto de carácter social como privado, además de autoridades del ámbito estatal y municipal, coordinan acciones de auxilio a la población que se ve expuesta y afectada ante la eventualidad de desastres.

Amén de contar con información oportuna, que permite la prevención de riesgos por amenaza de fenómenos meteorológicos y otras catástrofes de la naturaleza, este Sistema es hoy día un eficiente mecanismo por cuya operación es posible poner a salvo la vida de miles de personas.

Para el cumplimiento de los propósitos que le dan vida, el Sistema dispone de un Consejo que opera como órgano de consulta y coordinación de la política de protección civil, encargado de fomentar tanto la participación responsable del gobierno como activa de la sociedad en pro de los objetivos para los que fue creado.

Es así que basado en informes oportunos y de carácter confiable, el Sistema Nacional de Protección Civil coordina antes, durante y después de una situación de emergencia, acciones incluyentes tendientes a mitigan los riesgos a que está expuesta y sufre la población por efecto del embate de fenómenos de la naturaleza.

En razón de estos considerandos y para efectos de fortalecer la política nacional de protección civil, la presente Iniciativa propone una adición a la Ley de Aguas Nacionales, de tal suerte que entre otras atribuciones que ya están preceptuadas para la Comisión Nacional del Agua, como órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, disponga de información actualizada en materia de cambio climático.

Ello, con el propósito de que la medida permita prevenir afectaciones a las fuentes de almacenamiento, abasto y distribución de agua, así como a los sistemas de drenaje sanitario y obras de infraestructura hídrica nacional, consistente en 5 mil presas y bordos con una capacidad de 150 mil millones de metros cúbicos, 6.5 millones de hectáreas de riego y 2.9 millones de hectáreas de temporal tecnificado, además de 874 plantas potabilizadoras y 2 mil 477 de tratamiento de aguas residuales municipales y 2 mil 832 industriales, aparte de 3 mil kilómetros de acueductos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XL Bis al inciso b del artículo 9° de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XL Bis al inciso b del artículo 9° de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como como sigue:

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

“La Comisión” tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

En el ejercicio de sus atribuciones, “la Comisión” se organizará en dos modalidades:

a. El Nivel Nacional, y

b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.

Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los Organismos de Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley.

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:

De la I. a la XL. . .

XL Bis. Disponer de información actualizada en materia de cambio climático, que permita prevenir afectaciones a las fuentes de abasto y distribución de agua, así como a los sistemas de drenaje y obras de infraestructura hídrica nacional.

De la XLI a la LIV. . .

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.— Diputados y diputadas: Evelio Plata Inzunza,Aarón González Rojas, Alberto Silva Ramos, Alex Le Baron González, Carlos Federico Quinto Guillén, Carlos Iriarte Mercado, Dora Elena Real Salinas, Edith Yolanda López Velasco, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Iveth Bernal Cacique, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rocío Rebollo Mendoza, María Gloria Hernández Madrid, María Isabel Maya Pineda, María Verónica Muñoz Parra, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Pablo Bedolla López, Pedro Garza Treviño, Rafael Arturo Balcazar Narro, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Silvia Rivera Carbajal, Timoteo Villa Ramírez, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 4 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

Se consideran innovaciones a aquellas mejoras a procesos, productos o servicios que se insertan de manera exitosa en el mercado. Por tanto, hablando del término “innovación” nos referiremos a un concepto que va mucho más allá de la investigación y el desarrollo (Bruland y Mowery, 2005, Nuevos paradigmas de la innovación).

Actualmente el mundo se encuentra con un nuevo paradigma, en donde se concibe la idea de innovación no como un proceso industrial, sino como un sistema más amplio donde es importante la transferencia y la difusión de las ideas, experiencias, conocimientos y de la información.

De acuerdo al Manual de Oslo, publicado en junio del 2013 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hace referencia a aspectos más intangibles como pueden ser, por ejemplo, las nuevas formas de organización de los gobiernos y el desarrollo de políticas públicas enfocadas en disminuir la brecha digital; así también las nuevas formas de comercialización de las empresas, el trabajo académico y la adopción de la sociedad a las tecnologías de la información y el conocimiento.

Bajo este contexto, la función del emprendimiento se vuelve fundamental, ya que se convierte en el motor para introducir las mejoras al mercado de manera dinámica y recurrente.

La innovación social va más allá de introducir mejoras a productos dentro de un mercado determinado, además de abarcar la innovación en las políticas sociales o al emprendimiento social, el término engloba los retos sociales que no pueden solucionarse con la acción de un sólo actor, por tal motivo se busca la participación de distintos actores tanto públicos como privados. Es así que la innovación social permite construir nuevas relaciones entre las instituciones y la sociedad civil con el afán de generar aprendizaje colectivo y nuevas soluciones en busca de aportar valor y bienestar colectivo.

Asimismo, la innovación social fundamentada en desarrollo económico, se convierte en un fenómeno social capaz de influir y permear de manera creciente todos los aspectos de la vida. Al enmarcar en un entorno social, político y cultural; el crecimiento exponencial de empresas con impacto social.

No debemos pasar por alto que esos procesos de innovación y desarrollo económico están fundamentalmente ligados al desarrollo tecnológico, ya que este ámbito presenta una mayor celeridad en las iteraciones y provoca que mayor número de innovaciones salgan al mercado.

Es decir, el desarrollo tecnológico enfocado a la innovación social genera inercias positivas en el desarrollo económico.

Contexto internacional

En 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye, entre el logro del empleo productivo, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible, y el fomento a la innovación, resaltando la importancia del ámbito productivo para el desarrollo.

La Comisión Europea (2013) señala que, aunque existe mayor conciencia sobre el concepto de innovación social, hace falta un análisis más profundo de sus teorías, características e impactos.

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE), y otras naciones como Australia, Canadá, China, Colombia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, así como las diferentes Organizaciones de la ONU, reconocen la Innovación Social como esencial para mejorar las políticas futuras de innovación, por lo que se necesita una ampliación fundamental de perspectiva.

En este aspecto, el proyecto global de investigación SI-DRIVE, financiado por fondos del 7o. Programa Marco de la Comisión Europea, analiza los conceptos teóricos, las áreas de investigación empírica y las tendencias observables en el campo de la Innovación Social, tanto a escala europea como a nivel global. Además, hace referencia a la investigación socio-científica sobre innovación y a sus contribuciones para el desarrollo y la diseminación de una noción de innovación más avanzada e integral.

Por otro lado, en Latinoamérica, el impulso a la innovación y desarrollo se ha dado de manera rezagada, ya que, a pesar de ser una región con grandes oportunidades además de ser una de las más ricas geográfica y culturalmente, es la más inequitativa y con enormes contradicciones, además de sufrir constantes crisis económicas y políticas.

De acuerdo con la Cepal, la mayor proporción de los recursos destinados al rubro de la innovación en Latinoamérica proviene del gobierno, cuando en países europeos o asiáticos, la participación se divide de manera equitativa. Aunado a ello, el financiamiento gubernamental, representa apenas una tercera parte de lo que sucede en otros países.

Contexto nacional

Respecto a la innovación social en México, investigadores internacionales y nacionales destacan que “el desarrollo científico y tecnológico en México enfrenta varios retos desde la inversión, infraestructura, vinculación de la academia con la industria, la divulgación, recursos humanos capacitados, escenarios políticos nacionales e internacionales”, entre otros. Estos factores influyen en el desarrollo de las investigaciones, la innovación y el crecimiento económico, además de fortalecer la transición hacia una sociedad del conocimiento.

Muestra de ello en el Índice de Innovación Global (Global Innovation Index) 2017, México es superado por Chile y Costa Rica, ocupando el lugar 58 de 127 países evaluados (siendo 1 la mejor posición) con una calificación de 35.8 puntos (de un máximo de 100). A pesar de posicionarse mejor con respecto a 2016 (lugar 61 con 34.6 puntos), en el 2015 se encontraba en el lugar 57 con 38 puntos.

Sin embargo, los datos del mismo índice revelan que se ha subido de posiciones, comparándose desde 2013 al 2017, pasando de un lugar 63 a un lugar 58 (subiendo 5 lugares).

Mientras que el Índice de Competitividad Global (ICG) 2017, posiciona a México en el lugar 55 (de 138 países) dentro del pilar 12, referente a “innovación”, escalando varias posiciones por año. Ya que en 2014 nos encontrábamos en el lugar 61. Esto nos incentiva a seguir buscando dentro de la innovación un pilar para el desarrollo económico.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), está redactado el objetivo 3.5, el cual señala que se deberán realizar acciones que hagan del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. Destacando que las estrategias buscan, en general, incentivar el intercambio de capital humano para la investigación y fortalecer la relación entre academia, sector público y privado para innovar a nivel regional y sectorial.

Asimismo, en el objetivo 4.2 (Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento), se desglosa la estrategia 4.2.4, que busca ampliar las fuentes de financiamiento a actores económicos de sectores estratégicos para ayudar al desarrollo nacional mediante la innovación y la creación de patentes.

Es por ello que se considera que la promoción y práctica de la innovación social no solo tiene que ver con el ámbito político, sino que todos los actores de la sociedad deben participar para generar un concepto integral que incluya los diferentes ámbitos donde este pueda ser aplicado (universidades, instituciones gubernamentales, organismos autónomos descentralizados, comunidades, etcétera).

El reconocimiento a la innovación social, promoverá la competitividad, el desarrollo y el intercambio de mejores prácticas y por consiguiente un crecimiento económico e inclusión de la sociedad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que es menester del Estado garantizar el crecimiento económico y la competitividad, en donde concurran, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

Tal como se prescribe en dicho precepto, la Ley promoverá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales.

De acuerdo con el artículo 4 Fracción IX y X de la Ley de Ciencia y Tecnología debe entenderse por innovación, generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes; y por desarrollo tecnológico, el uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos.

Considero necesario que se reconozca el esfuerzo y la tenacidad de los ciudadanos que hayan trabajado en pro de la construcción de emprendimientos socialmente innovadores poniendo la tecnología al servicio y bienestar del Estado, pues son ellos los que se constituyen en figuras ejemplares para las generaciones presentes y futuras.

Aunado a lo anterior, es importante que la honorable Cámara de Diputados reconozca anualmente, por medio de esta medalla el compromiso de mexicanos quienes gracias al trabajo diario, actuación y trayectoria en innovación social y tecnológica ayudan a construir una gran nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de

Único. Se adiciona un numeral 4, al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 261. ...

1. a 3. ...

4. La Cámara otorgará anualmente la medalla a la innovación social de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regula su entrega.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El reglamento que regula la entrega de esta condecoración se emitirá dentro de los sesenta días siguientes a la aprobación del presente decreto.

Notas

1 SI-DRIVE involucra quince socios de doce Estados miembros de la Unión Europea y diez de otras partes del mundo. El enfoque adoptado interconecta cuidadosamente el proceso de investigación, tanto con la complejidad del tema como con flujo de trabajo del proyecto. SI-DRIVE trabajará explícitamente con proyectos existentes de la UE y otros (a nivel internacional), al igual que con plataformas de diseminación y redes.

2 En tanto, el gasto de los gobiernos de la región en investigación y desarrollo, durante un taller de innovación social en Bruselas lo es más elevado, oscilando entre los 20 y 36 dólares en países como Argentina, Brasil, Chile y México. Esta cifra está aún muy lejos de los 150-250 dólares por habitante invertidos por los gobiernos de los países desarrollados.

3 Sánchez, Verenise. “Los desafíos de la ciencia y tecnología mexicana”. Agencia Informativa Conacyt. 27 de junio de 2017. Disponible en:

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/ 16361-desafios-ciencia-tecnologia-mexicana

4 Son 12 pilares los que conforman el cálculo del ICG

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2017.— Diputados y diputadas: Federico Eugenio Vargas Rodríguez,Aarón González Rojas, Alberto Silva Ramos, Carlos Federico Quinto Guillén, Dora Elena Real Salinas, Dulce María Montes Salas, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Iveth Bernal Cacique, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Marco Antonio Barranco Sánchez, María del Carmen Pinete Vargas, María Gloria Hernández Madrid, María Isabel Maya Pineda, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Pablo Bedolla López, Rafael Arturo Balcazar Narro, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 78 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María García Pérez, perteneciente a esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa por el que reforma el artículo 78 de la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente

Los retos más grandes que amenazan la sustentabilidad de nuestro planeta en el mediano y largo plazo es el cambio climático y la escasez de recursos naturales, estos fenómenos, se desprenden de prácticas ineficientes y contaminantes en la vida cotidiana de la humanidad, así como de la mala estrategia de planeación de asentamiento humano, la cual pone en riesgo la estabilidad social ya que éstas no son a largo plazo y las cuales tienen un impacto, económico y ambiental en nuestro planeta.

Hoy en día las ciudades enfrentan retos que necesitan soluciones sustentables, la amenaza del cambio climático significa que necesitamos encontrar nuevas maneras de diseñar y construir nuestras ciudades, por lo que el desarrollo urbano debe ser practicado tomando en consideración sus efectos adversos.

En este sentido, la sustentabilidad en la vivienda está relacionado con la calidad de vida, pues la vivienda no es solamente un espacio físico o una manera de inversión patrimonial: es, sobre todo, el espacio donde las personas desarrollan su vida; donde se efectúan las actividades más fundamentales en las etapas de la vida; donde se construye gran parte de su individualidad y de sus relaciones privadas. Por ello, la calidad de la vivienda y de su entorno es crucial para el buen desenvolvimiento de las personas en lo personal y en la comunidad.

En esta tesitura, la sustentabilidad está relacionado con los costos y beneficios económicos asociados a la vivienda, sus servicios básicos, movilidad y su ubicación. En primer lugar, es importante destacar que la adquisición o renta de una vivienda es una de las decisiones económicas más relevantes en la vida de las personas, dados los costos directos e indirectos de esta decisión. En particular, la propiedad de una vivienda constituye un factor fundamental de la estabilidad económica de las familias y uno de los principales amortiguadores frente a momentos de estrés económico cuando la compra no representa un costo financiero que supera la capacidad de las familias, además de que la plusvalía de la vivienda en el mediano y largo plazo, puede convertirse también en uno de los principales activos económicos de las personas o patrimonio familiar.

Por lo anterior, la vivienda juega un papel muy relevante, como un espacio fundamental de la vida cotidiana de las personas y, por tanto, de la forma en que se relacionan con el medio ambiente, destaca en particular el papel de la vivienda como espacio de consumo de energía como el gas, electricidad y agua para la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano, asimismo, la vivienda, por su ubicación, tiene un alto impacto en el medio ambiente: en primer lugar, por la transformación del uso de suelo de rural o agrícola a urbano sobre el que se construye tanto la vivienda como los servicios que la rodean y que pierde los servicios ambientales que prestaba previamente; en segundo lugar, por la disponibilidad de espacios verdes dentro del conjunto habitacional, en tercer lugar por las características de eficiencia de servicios públicos a nivel del desarrollo, como son alumbrado, riego, manejo de basura, captación y tratamiento de agua, entre otros. Finalmente, la distancia de la vivienda con respecto a las actividades fundamentales de los hogares empleo, salud, educación, provisión de bienes y servicios, recreación determina la cantidad de emisiones que representan los desplazamientos de las personas, siendo el transporte uno de los factores de mayor impacto en el medio ambiente en las grandes ciudades.

“De acuerdo con el Censo 2010, la población mexicana es de aproximadamente 112 millones de personas y se proyecta que para el año 2050, la población de México será de aproximadamente 137 millones de habitantes”.

“Adicionalmente, a partir de mediados del siglo XX, la población muestra una clara tendencia a concentrarse en las zonas urbanas. Entre 1950 y 2005, la población del país se cuadruplicó, y pasó de ser mayoritariamente rural en 1950 (57.4 por ciento de la población total era rural) a habitar preponderantemente zonas urbanas en 2005 (76.5 por ciento de la población total era urbana). En la tercera década de este siglo, México tendrá cerca de 50 millones de hogares aproximadamente”.

“Se estima que para satisfacer sus necesidades será necesaria la construcción de casi 11 millones de viviendas nuevas del 2011 al 2030, y que unos 9 millones de viviendas requerirán renovación parcial o total en el mismo período.”

Este crecimiento significativo de la población, y por tanto, del número de viviendas y del nivel general de consumo de energía y agua en el país, permite identificar grandes retos para el abastecimiento de vivienda, así como de la energía y el agua que se requerirán para satisfacer la demanda de estas viviendas, alrededor del país.

“Es importante también considerar la forma en que se ha dado este crecimiento acelerado del sector vivienda. Entre 1980 y 2010 la superficie total de las ciudades creció 492 por ciento mientras que la población creció únicamente 96 por ciento, situación que se generó por la falta de una política pública de ordenamiento territorial y de mayor densificación, que redunda en una especulación del suelo urbano, grandes extensiones de baldíos intraurbanos así como desarrollos habitacionales muy lejos de la mancha urbana. En consecuencia, se fomentaron ciudades muy poco respetuosas del medio ambiente.”

En este contexto, la vivienda de interés social “en los últimos años, se han implementado diversos instrumentos impulsados por el Gobierno Federal para alcanzar la sustentabilidad en las viviendas. A diferencia de los países desarrollados, donde la adopción de medidas sustentables en la vivienda suele comenzar por la parte alta de la pirámide socioeconómica, en México los esfuerzos realizados han sido implementados fundamentalmente para promover la adopción de medidas sustentables dentro de las viviendas de interés social, que son precisamente las que más se benefician de los ahorros económicos que deben acompañar a una vivienda “verde”: un menor consumo eléctrico, de gas y de agua”.

Es por lo anteriormente expuesto, que han implementado objetivos los tres órdenes de Gobierno en conjunto con las organizaciones nacionales e internacionales hacia la mitigación del cambio climático en la vivienda, que han aterrizado en programas específicos, el propósito de estos programas es crear una vivienda energéticamente sustentable, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de agua y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, el conocer y entender el funcionamiento, objetivo y los logros de estos programas hacia la vivienda sustentable, ha sido fundamental para aprender de las experiencias obtenidas y con base en éstas plantear objetivos más ambiciosos e implementar los mecanismos necesarios para lograrlos, la meta a largo plazo debe ser que las visiones de estos programas sean compatibles, de tal manera que la sustentabilidad de la vivienda se desarrolle a través de acciones más integrales y compartidas por las diferentes instituciones y actores involucrados.

Con lo cual se intenta una visión integral de la vivienda hacia el interior de la edificación, la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, considera a la vivienda como parte de un entorno habitacional, urbano y comunitario, es decir, la estrategia reconoce que la sustentabilidad de las viviendas depende de un desarrollo urbano ordenado y eficiente. De esta manera, la visión de la política pública en México también debe tomar en cuenta el entorno social, económico y ambiental de la vivienda, en materia de la evaluación de la eficiencia en el consumo de agua y energía, resultantes de estos consumos, el enfoque urbano exige considerar el uso de energía y agua del conjunto habitacional (alumbrado público, tratamiento de aguas residuales, manejo de la basura, etcétera), y los consumos resultantes de la ubicación (traslados, tipo de transporte público, etcétera).

Al observar la vivienda como un conjunto se pueden proponer medidas ecológicas que de manera individual no son factibles por su tamaño o costo, pero que vistas desde un enfoque más amplio, pueden generar un gran impacto en la sustentabilidad del conjunto habitacional y que sean factibles económicamente. Por ejemplo, en un conjunto habitacional se puede implementar un sistema de recaudación de aguas pluviales y tratamiento de aguas negras. También se podrían incentivar sistemas de producción de electricidad a gran escala a través de paneles solares que iluminen las áreas comunes de los desarrollos habitacionales como en el caso de algunos proyectos piloto.

Es por lo cual, que el espíritu de esta iniciativa es buscar un modelo a seguir por las autoridades, homologar y establecer estándares comunes, modernos y sustentables, en materia de vivienda y desarrollo urbano, baso en estas tres vertientes:

Impacto Social:

• Mejorar la calidad de vida de la población (confort térmico).

• Brindar información pública y transparente sobre el nivel de eficiencia de cada vivienda para fomentar una competencia positiva entre desarrolladores inmobiliarios que se reflejará en ofertas más atractivas para la vivienda de interés social.

• Informar a los derechohabientes, a través del etiquetado de viviendas, el nivel de desempeño energético y ambiental de la oferta de viviendas.

Impacto Ambiental:

• Mejorar gradualmente el desempeño energético y medioambiental de las viviendas. Homologar criterios de evaluación ambiental en la industria.

Impacto Económico:

• Reducción de costos en los servicios de electricidad, gas y agua, y generación de ahorros para las familias.

• Mejor focalización de incentivos para la vivienda sustentable.

• Atraer recursos, incentivos y subsidios hacia la vivienda sustentable.

• Incentivar el desarrollo de una industria nacional de materiales y tecnologías eficientes y sustentables.

Por lo antes mencionado, esta propuesta busca, armonizar las líneas de acción que estaban establecidas y las acciones y programas que definen la estrategia nacional que, en el corto plazo busca establecer mecanismos de financiamiento, evaluación y generación de estándares para impulsar la construcción de viviendas más sustentables, en el corto y en el largo plazo, promueve una transformación profunda en la manera en que construyen las viviendas y conjuntos habitacionales en el país.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa por el que reforma el Artículo 78 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Iniciativa con proyecto de

Único.Se reforma el artículo 78 de la Ley de Vivienda, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 78. El modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al diseño arquitectónico de la vivienda y los prototipos constructivos deberán considerar los espacios interiores y exteriores; la eficiencia de los sistemas funcionales, constructivos y de servicio, en particular ecotecnologías que reduzcan emisiones que dañen el medio ambiente y propicien el ahorro de agua y energía; la tipificación y modulación de sus elementos y componentes, respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, y las modalidades habitacionales.

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de los espacios habitables y auxiliares y criterios de calidad, seguridad, eficiencia y garantías para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los establecimientos tendrán treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para cumplir con lo que establece El Código de Edificación de la Vivienda desarrollado por la Conavi.

Notas

1 Conapo Consejo Nacional de Población, “Proyecciones de la población de México 2010-2050”. Disponible en:

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

2 Supported NAMA for Sustainable Housing in Mexico - Mitigation Actions and Financing Packages

3 Ídem

4 Sedesol (2011). La Expansión de las ciudades 1980-2010. México

5 Conagua (2009), Situación del Subsector Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Edición 2009 Semarnat

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: María García Pérez, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Genoveva Huerta Villegas, Juan Corral Mier, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 12, 18, 40, 42 y 46 de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal, María García Pérez, perteneciente a esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma los artículos 12, 18, 40, 42 y 46 de la Ley del Servicio Militar, al tenor del siguiente

Antecedente histórico

El origen del Servicio Militar Nacional, derivó de la revolución mexicana, en donde se formaron por este procedimiento los grandes contingentes armados, que después, organizados debidamente se convirtieron en nuestro Ejército y Fuerza Aérea actual.

Ese sistema de reclutamiento, había sido suficiente para afrontar las necesidades de la Defensa Nacional; pero la situación evidenciada, en el lejano oriente y en los campos de batalla europeos, en la 2/a. Guerra Mundial, imponía la reorganización del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En ese sentido, era urgente la reorganización, por lo que atañe al sistema de reclutamiento, pues cristalizadas las aspiraciones populares y en plena marcha del país hacia su desarrollo integral, era previsible que llegaría el momento en que no funcionaría el método de enrolamiento voluntario, por lo que los obreros y campesinos, con mejores condiciones de vida, podrían evadir el Servicio de las Armas, produciéndose así, un hecho grave que impediría el desarrollo y funcionamiento normal de la institución armada, y ésta, como último recurso, se hubiera visto en la necesidad de conservar a los individuos que la integraban hasta ser retirados por razones de edad, con la doble e indeseable consecuencia de disminuir el poder combativo de las instituciones y de aumentar la carga de clases pasivas.

Estas consideraciones, unidas al esfuerzo coordinado e integral de todos los elementos de la nación, hacían indispensable el recurrir al sistema de conscripción para el reclutamiento del personal del Ejército.

La situación que prevalecía en Europa a partir de 1939, fue el motivo de la creación del Servicio Militar Nacional, la cual reclamaba que los pueblos tomaran medidas adecuadas para prevenir injustificadas agresiones, de tal manera que, a pesar de la tradicional y definitiva política de nuestro país, que nunca ha albergado propósitos de carácter bélico, se juzgó conveniente resolver los más trascendentales aspectos de la defensa nacional, como los que se refieren a la instrucción militar y al Servicio Militar Obligatorio, siendo necesario fortalecer los efectivos del Ejército con reservas capaces de responder con éxito a las exigencias de una guerra moderna.

Para solventar la situación, se crearon leyes y se implementaron programas para adiestrar y alojar a soldados del Servicio Militar Obligatorio.

El 19 de agosto de 1940, se promulgó la Ley y Reglamento del Servicio Militar, que fue puesta en vigor 2 años después, el 3 de agosto de 1942, por decreto del entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, General Manuel Ávila Camacho, iniciándose la materialización de este servicio con los jóvenes varones en edad militar, nacidos en el año de 1924 (clase 1924) quienes fueron encuadrados eI 1o. de enero de 1943”.

El Servicio Militar Nacional es uno de los más importantes del país porque fomenta el nacionalismo entre los jóvenes conscriptos y en las mujeres voluntarias, así como el respeto a los símbolos patrios y rescate de los valores cívicos y morales que nos dan cohesión y buen rumbo como sociedad.

En este contexto, el Servicio Militar Nacional (SMN), tiene como objetivo:

• Capacitar a los soldados del SMN sobre los conocimientos básicos de la doctrina militar vigente, desarrollando en ellos habilidades, valores y virtudes.

• Formarse como un ciudadano íntegro, responsable, disciplinado, sano y respetuoso de los derechos humanos y la equidad de género.

• Fortalecer sus valores cívicos y morales, el fervor y respeto a los símbolos patrios: la Bandera, el Himno y el Escudo Nacionales, con el fin de mantener el sentimiento de unidad nacional y amor a la patria.

• Adaptarse e integrarse a la vida militar.

• Conducirse en todo momento con la ética, valores y virtudes militares que caracterizan a los miembros del instituto armado.

• Responder al llamado de una movilización de la reserva a que pertenezca, para participar y contribuir a la seguridad y defensa de la Nación.

• Coadyuvar en la aplicación del Plan DN-III-E para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres generados por fenómenos perturbadores de origen natural o humano.

• Abrir espacios laborales a los soldados del SMN que cumplan en las Compañías del SMN y puedan integrarse a trabajar una vez que culminen su adiestramiento, capacitándolos a través de empresas privadas y o dependencias de la administración pública, en talleres de artes y oficios, sobre áreas que dichas empresas y/o dependencias de la administración pública en cada región militar lo requieran”.

En esta tesitura, el SMN emana del artículo 5o. en su cuarto párrafo de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece “en cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados”.

Asimismo, su sustento jurídico en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea: artículos 1o., 3o., 5o., 7o., 180 y 181; en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional en sus artículos 30, 73, 74; en Ley de Servicio Militar Nacional artículos 5o., 11, 19, 20; en el Reglamento de la Ley del Servicio Militar artículos 1o., 2o., 3o., 172.

En este sentido, el artículo 1o. de la Ley de Servicio Militar Nacional, establece que “de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes”.

Por lo anterior, el pasado 24 de noviembre de 2016, se realizó el sorteo para más de nueve mil 900 jóvenes conscriptos clase 1995, anticipados y remisos para el Servicio Militar Nacional (SMN), los jóvenes que iniciaron el trámite de su cartilla militar, serán seleccionados mil 300, quienes deberán presentarse en las Zonas Militares para apoyar durante un año en diferentes tareas como lo que establezca la Secretaría de la Defensa Nacional la cual prestará toda clase de ayuda a las autoridades educativas de los Estados, para dar cumplimiento de las funciones de instrucción militar establecidos por el artículo 31 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual manifiesta lo siguiente:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior.

De la tal suerte, que en la mayoría de los países de América Latina se cumple con el trámite del servicio militar pero al igual que en México es voluntario y algunos casos es obligatorio tal es el caso de los pases como: Brasil, Colombia, Chile, Puerto Rico Guatemala, Perú y Ecuador.

Es por todo lo anterior, que el espíritu de esta iniciativa y a petición de diferentes voces sociales me solicitaron, que el Servicio Militar Nacional, elimine el clásico sorteo de la bola negra y bola blanca el cual consiste, al que le toque la “bola blanca”, deberán presentarse para realizar su servicio militar; mientras que a los que les toca “bola negra” sólo deberán realizar el trámite correspondiente sin que tenga que acudir todos los sábados a la zona militar, esto beneficia a muchos y eluden esta gran responsabilidad y compromiso con la patria, el cual se pierde el espíritu y el sentido del Servicio Militar Nacional así como el servicio a su nación.

Por lo antes expuesto, ha decaído un promedio de 30 por ciento la cantidad de jóvenes que realizan este servicio y la cantidad ha decrecido conforme pasan los años, tan sólo en el municipio de Guadalajara, se esperaba que se registraran 10 mil jóvenes para realizar el Servicio Militar, sin embargo, apenas cumplieron seis mil 924 de la clase 1998, además de anticipados y remisos. Según estadísticas del Servicio Militar Nacional en Jalisco, 20% (1,200 en Guadalajara) de las personas que participan en el sorteo, fueron seleccionados con bola blanca, el resto será considerado como elemento a disponibilidad.

De aquellos que participan físicamente en el Servicio Militar en algunos de los centros de adiestramiento programados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que puede ir desde bases castrenses hasta planteles educativos, según el tipo de servicio social que presten, apenas el 50% de los jóvenes termina el proceso y libera su cartilla, el resto prefiere desertar ante las cargas de trabajo que se les llegan a imponer durante el tiempo en que “marchan”.

El servicio militar tiene una función muy importante, no se trata solamente de ir a pararse y hacer ejercicios, sino el trabajo social que tiene gran relevancia, desde luego la disminución de conscriptos impacta en los programas, por ejemplo los de educación para adultos o las campañas de apoyo social a comunidades marginadas.

En esta tesitura, se plante que el secretario de la Defensa Nacional podrá llamar una o varias clases de reservistas, en su totalidad o en parte, para adiestramiento capacitación, actualización en materia de rescate y para maniobras tendentes al apoyo de la población civil en casos de desastre naturales con la finalidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional cuente con personal autorizado y adiestrado para actuar en casos de desastres naturales, como lo que ha ocurrido en los anteriores meses que se sufrieron diferentes sismos en la República Mexicana en el cual la población civil intestó ayudar y no se les dio la oportunidad ya que no contaban con conocimientos o experiencias en materia de rescate y muchos de esa población civil son reservas activas o jóvenes que están inscritos al Servicio Militar Nacional, es por tal motivo que se debe de implementar en las generaciones futuras el adiestramiento, capacitación, actualización en materia de rescate y para maniobras tendientes al apoyo de la población civil en casos de desastre naturales.

En esta tesitura, presento cuadro comparativo de como esta en la ley actualmente y la propuesta que deseo impulsar.

Ley actual

Artículo 12. Los reincidentes que por delitos del orden común o federal hayan sido condenados a sufrir una pena privativa de libertad mayor de dos años en sentencia ejecutoria, no tendrán derecho de participar en los sorteos y serán destinados para su servicio a los cuerpos que para el efecto señale la Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículo 18. El secretario de la Defensa Nacional podrá llamar una o varias clases de reservistas, en su totalidad o en parte, para ejercicios, para maniobras o simplemente para comprobar la presencia de tales reservistas, solamente por el término indispensable para tales fines.

Artículo 40. La oficina de reclutamiento de zona tendrá a su cargo fundamentalmente: recibir de las oficinas de reclutamiento en los sectores toda la documentación que le turnen las juntas municipales de reclutamiento; examinar toda la documentación a este respecto; ratificar o rectificar los fallos de las oficinas de reclutamiento de los sectores por lo que toca a reclamaciones basadas en incapacidad física; resolver todas las demás reclamaciones que le turnen las oficinas de reclutamiento de sus sectores; devolver aprobadas a las Juntas Municipales de Reclutamiento, con copia a las de Sector, las listas definitivas del personal que debe participar en los sorteos y en los períodos de instrucción militar. Ordenar la concentración de los conscriptos para su distribución en los cuerpos en la forma que ordene la Oficina Central de Reclutamiento.

Artículo 42. Las juntas municipales de reclutamiento, tendrán a su cargo principalmente el empadronamiento de todos los individuos de edad militar y el reconocimiento médico, recibir todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a la oficina de reclutamiento de sector; una vez recibidas las listas aprobadas de la oficina de zona, mandarlas publicar y proceder a hacer el sorteo dando a conocer a los interesados su designación, obligaciones y delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u omisiones a esta ley y su reglamento. Una vez verificado lo anterior, reunirá y presentará a las autoridades militares encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, día y hora que se designe y finalmente, hará cumplir con las disposiciones de esta Ley su Reglamento (sic) a los individuos que no vayan a prestar servicios en el activo.

Artículo 46. Los sorteos serán públicos, verificándose en presencia de los inspectores militares que en cada caso se nombren; una vez reunida para el sorteo la junta municipal de reclutamiento hará comparecer a todos los individuos que aparezcan en las listas respectivas, por sí o por su representante legítimo cuando haya causa justificada para la no presencia. Reunidos los interesados, la Junta les hará saber el derecho que les asiste para nombrar de entre ellos mismos, tres representantes durante el acto del sorteo, con el único objeto de garantizar la legalidad del mismo. Nombrados los representantes del contingente para la operación del sorteo, éste se llevará a cabo en la forma siguiente: a cada uno de los miembros de la Junta Municipal de Reclutamiento y a cada uno de los tres representantes del contingente, se les proporcionará una lista del personal a sortear; en una ánfora cubierta se pondrán tantas bolas de color como conscriptos se hayan asignado a esa región, más un veinte por ciento; el resto hasta llegar el número de los participantes se completará con bolas blancas. Acto seguido el presidente de la Junta irá nombrando de la lista los enlistados y simultáneamente un menor de diez años sacará una bola del ánfora, formándose en seguida las listas de conscriptos que se notificará a los presentes.

Propuesta

Artículo 12. Los reincidentes que por delitos del orden común o federal hayan sido condenados a sufrir una pena privativa de libertad mayor de dos años en sentencia ejecutoria, no tendrán derecho a participar en el servicio militar y serán destinados para su servicio a los cuerpos que para el efecto señale la Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículo 18. El Secretario de la Defensa Nacional podrá llamar una o varias clases de reservistas, en su totalidad o en parte, para ejercicios, adiestramiento, capacitación, actualización en materia de rescate y para maniobras tendentes al apoyo de la población civil en casos de desastre naturales o simplemente para comprobar la presencia de tales reservistas, solamente por el término indispensable para tales fines.

Artículo 40. La oficina de reclutamiento de zona tendrá a su cargo fundamentalmente: recibir de las oficinas de reclutamiento en los sectores toda la documentación que le turnen las juntas municipales de reclutamiento; examinar toda la documentación a este respecto; ratificar o rectificar los fallos de las oficinas de reclutamiento de los sectores por lo que toca a reclamaciones basadas en incapacidad física; resolver todas las demás reclamaciones que le turnen las oficinas de reclutamiento de sus sectores; devolver aprobadas a las Juntas Municipales de Reclutamiento, con copia a las de Sector, las listas definitivas del personal que debe participar en los períodos de instrucción militar. Ordenar la concentración de los conscriptos para su distribución en los cuerpos en la forma que ordene la Oficina Central de Reclutamiento.

Artículo 42. Las juntas municipales de reclutamiento, tendrán a su cargo principalmente el empadronamiento de todos los individuos de edad militar y el reconocimiento médico, recibir todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a la oficina de reclutamiento de sector; una vez recibidas las listas aprobadas de la oficina de zona, y dará a conocer a los interesados su designación, obligaciones y delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u omisiones a esta Ley y su Reglamento. Una vez verificado lo anterior, reunirá y presentará a las autoridades militares encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, día y hora que se designe y finalmente, hará cumplir con las disposiciones de esta Ley su Reglamento (sic) a los individuos que no vayan a prestar servicios en el activo.

Artículo 46. Los sorteos quedaran eliminados, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes y la junta municipal de reclutamiento hará comparecer a todos los individuos que aparezcan en las listas de reclutamiento respectivas inscritos al Servicio Militar Nacional, por sí o por su representante legítimo cuando haya causa justificada para la no presencia. Reunidos los interesados, la junta les hará saber a los interesados su designación, obligaciones y delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u omisiones a esta ley y su Reglamento y ordenar la concentración de los conscriptos para su distribución en los cuerpos en la forma que ordene la oficina central de reclutamiento.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforma los artículos 12, 18, 40, 42 y 46 de la Ley de Servicio Militar.

Artículo 12. Los reincidentes que por delitos del orden común o federal hayan sido condenados a sufrir una pena privativa de libertad mayor de dos años en sentencia ejecutoria, no tendrán derecho a participar en el servicio militar y serán destinados para su servicio a los cuerpos que para el efecto señale la Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículo 18. El secretario de la Defensa Nacional podrá llamar una o varias clases de reservistas, en su totalidad o en parte, para ejercicios adiestramiento, capacitación, actualización en materia de rescate y para maniobras tendentes al apoyo de la población civil en casos de desastre naturales o simplemente para comprobar la presencia de tales reservistas, solamente por el término indispensable para tales fines.

Artículo 40. La oficina de reclutamiento de zona tendrá a su cargo fundamentalmente: recibir de las oficinas de reclutamiento en los sectores toda la documentación que le turnen las juntas municipales de reclutamiento; examinar toda la documentación a este respecto; ratificar o rectificar los fallos de las oficinas de reclutamiento de los sectores por lo que toca a reclamaciones basadas en incapacidad física; resolver todas las demás reclamaciones que le turnen las oficinas de reclutamiento de sus sectores; devolver aprobadas a las juntas municipales de reclutamiento, con copia a las de sector, las listas definitivas del personal que debe participar en los períodos de instrucción militar. Ordenar la concentración de los conscriptos para su distribución en los cuerpos en la forma que ordene la oficina central de reclutamiento.

Artículo 42. Las juntas municipales de reclutamiento, tendrán a su cargo principalmente el empadronamiento de todos los individuos de edad militar y el reconocimiento médico, recibir todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a la oficina de reclutamiento de sector; una vez recibidas las listas aprobadas de la oficina de zona, y dará a conocer a los interesados su designación, obligaciones y delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u omisiones a esta Ley y su Reglamento. Una vez verificado lo anterior, reunirá y presentará a las autoridades militares encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, día y hora que se designe y finalmente, hará cumplir con las disposiciones de esta Ley su Reglamento (sic) a los individuos que no vayan a prestar servicios en el activo.

Artículo 46. Los sorteos quedaran eliminados, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes y la junta municipal de reclutamiento hará comparecer a todos los individuos que aparezcan en las listas de reclutamiento respectivas inscritos al Servicio Militar Nacional, por sí o por su representante legítimo cuando haya causa justificada para la no presencia. Reunidos los interesados, la junta les hará saber a los interesados su designación, obligaciones y delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u omisiones a esta Ley y su Reglamento y ordenar la concentración de los conscriptos para su distribución en los cuerpos en la forma que ordene la oficina central de reclutamiento.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/antecedentes-historicos

2 https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/antecedentes-historicos

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf,constitucion Política De Los Estados Unidos Mexicanos

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/97_220617.pdf, Ley de servicio Militar.

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: María García Pérez,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Genoveva Huerta Villegas, Juan Corral Mier, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Nelly del Carmen Márquez Zapata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que modifica diversas disposiciones de Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, al tenor de la siguiente

México es, como bien reconoce la Constitución federal, una nación pluriétnica y pluricultural. Sin embargo, los símbolos nacionales, Bandera, Escudo e Himno, son una manifestación de la voluntad de los mexicanos de mantenerse unidos y trabajar conjunta y dedicadamente hacia el futuro, con miras al progreso social y económico, a la vez que se respetan y honran el pasado y los orígenes históricos de nuestro gran país.

La nación, se insiste, es producto de la voluntad firme de sus ciudadanos, quienes se encuentran consientes a plenitud de las características, valores y principios que le son comunes y con base en ella formar un Estado que impulse un estado de bienestar que a todos sea común e inspire al mundo a armonizar su herencia ancestral y los retos contemporáneos.

Este elemento de voluntariedad no debe ser pasado por alto o menoscabado. El patriotismo y la pertenencia nacional no pueden forzarse ni imponerse. El anhelo de los ciudadanos para permanecer unidos como Nación es un factor necesario para la existencia de un estado democrático.

La identificación de los mexicanos con los símbolos nacionales debe ser promovida por el Estado procurando que éstos reconozcan su trascendencia y guarden a ellos respeto, no por obligación o sumisión sino por un sentimiento de representación y admiración racional.

Por ello se considera inadecuado el planeamiento que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales hace en el sentido de que a ellos debe rendirse culto, el cual deberá ser fomentado por las autoridades en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

El Diccionario del español de México define el adjetivo culto de la manera siguiente:

1. Conjunto de actos y ceremonias con que se adora a una divinidad: culto católico.

2. Homenaje o alabanza que se hace de algo o de alguien: culto a la vida, culto al amor.

3. Culto a la personalidad. Respeto excesivo a la personalidad de alguien y sumisión a sus ideas e influencia.

Las acepciones que los mexicanos dan a la palabra distan significativamente del respeto espontáneo y libre que los nacionales de un Estado democrático deben rendir a los símbolos que los representan y se inclinan a la alabanza por razones de fe, dogma e incluso idolatría.

Por ese motivo se propone modificar la redacción actual de los artículos 7o., 21 y 51 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para que en vez de mandar el culto hacia los símbolos nacionales instruyan a difundir y suscitar entre los mexicanos el respeto hacia ellos. Respeto basado, desde luego, en la estima consciente y no en el temor o servilismo.

Por otro lado, se propone que en el artículo 33 de la mencionada ley se reconozca la posibilidad de la reproducción comercial del Escudo Nacional. Es un hecho evidente que el Escudo Nacional es utilizado en impresiones, grabados y campañas comerciales que cuyos fines son manifiestamente razonables y abonan al patriotismo. No obstante, como no se menciona expresamente en la ley, parecería que su utilización es contraria a derecho y quienes reproducen el Escudo Nacional están cometiendo un ilícito.

Finalmente, el proyecto de decreto establece un plazo para que el Ejecutivo federal expida el Reglamento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Esta propuesta es de particular importancia, pues la citada ley fue expedida desde el 8 de febrero de 1984 sin que hasta la fecha el Ejecutivo federal hubiere dado cumplimiento a su obligación de reglamentarla, pese a que el propio cuerpo normativo señala en su articulado que diversas cuestiones relativas al uso de los símbolos nacionales, dada su naturaleza administrativa, serán reguladas en el reglamento atinente.

De tal modo, la expedición del referido reglamento es un deber que el Ejecutivo federal no puede postergar más.

En mérito de lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican los artículos 7o., 21, 33 y 51 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Único. Se modifican los artículos 7o., 21, 33 y 51 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Previa autorización de la Secretaría de Gobernación, las autoridades, las instituciones o agrupaciones y los planteles educativos podrán inscribir en la Bandera Nacional sus denominaciones, siempre que esto contribuya al respeto del símbolo patrio. Queda prohibido hacer cualquier otra inscripción en la Bandera Nacional.

Artículo 21. Es obligatorio para todos los planteles educativos del país, oficiales o particulares, poseer una Bandera Nacional, con objeto de utilizarla en actos cívicos y afirmar entre los alumnos el respeto que a ella se debe guardar.

Artículo 33. Los ejemplares de la Bandera y Escudo Nacionales destinados al comercio deberán satisfacer las características de diseño y proporcionalidad establecidas en el artículo 3o.

Artículo 51. El Poder Ejecutivo federal, los gobernadores y los ayuntamientos de la república deberán promover, en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, el respeto de los símbolos nacionales.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá expedir el Reglamento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Notas

1 El Diccionario del español de México es resultado de un conjunto de investigaciones del vocabulario utilizado en la república a partir de 1921. Las investigaciones se llevan a cabo desde 1973 en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México.

2 La redacción actual del artículo 33 menciona únicamente la posibilidad de la reproducción comercial de la Bandera Nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Nelly del Carmen Márquez Zapata,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Genoveva Huerta Villegas, Juan Corral Mier, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Nelly del Carmen Márquez Zapata, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

Es tarea del Estado mexicano proveer a los ciudadanos de la infraestructura requerida para la consecución de sus actividades ordinarias, trátese del registro del nacimiento de un descendiente, el emprendimiento de un negocio o el pago de un servicio público.

En la actualidad, el Estado depende para ello de sistemas informáticos y programas computacionales. En México, la mayoría de éstos corresponden a software de los conocidos como de código cerrado, es decir, aquel cuya utilización se adquiere mediante licencias que no brinda a la administración pública acceso al código fuente, por lo que su utilización se encuentra constreñida al diseño y aplicación pensada por el desarrollar, y no se adapta necesariamente a las necesidades propias de las instituciones gubernamentales.

En contraposición a este tipo de software, existe el llamado software libre, que es aquél en que los usuarios conocen el código fuente del software y se encuentran en libertad de ejecutarlo, copiarlo, distribuirlo, estudiarlo, cambiarlo y mejorarlo de acuerdo a sus necesidades particulares.

Numerosos son los casos de administraciones públicas que han mudado a un esquema de utilización preferente o integral de software de código libre, entre las cuales podemos mencionar la Comunidad Autónoma de Extremadura y los ayuntamientos de la Coruña y Zaragoza, en España; la ciudad de Salzburgo, en Austria; la Oficina de Recaudación de Impuestos de Hannover y el ayuntamiento de Múnich, en Alemania; los equipos de cómputo a través de los cuales se efectúa el voto electrónico, en Brasil; la Asamblea Nacional, en Francia; el Parlamento y el Tribunal de Cuentas, en Italia; el Ministerio de Justicia, en Finlandia; la Administración Estatal de Tamil Naduy, en India; el Servicio Postal y ciertos proyectos de lanzamiento de cohetes de la NASA; por mencionar algunos.

El Instituto Fraunhofer de Alemania, en un estudio sobre las razones que daban las administraciones para pasarse al software libre, enumera como principales las siguientes: ahorro en licencias (63 por ciento), menor dependencia de los vendedores de software (50 por ciento), que el software libre era una mejor manera de usar estándares abiertos (43 por ciento).

En efecto, por lo general, las licencias de uso de los programas libres son gratuitas o tiene un costo muy bajo, en comparación con los programas de código cerrado, por lo que su adopción significa un valioso ahorro en las erogaciones públicas.

El software libre desarrollado con estándares abiertos posibilita además un nivel de intervención mayor de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de seguridad e interoperatividad. Por ello es válido afirmar que su adopción por los entes públicos del país hará posible incrementar las capacidades de intercambio y utilización mutua de información entre entidades de gobierno, permitiendo reducir duplicidad en trámites burocráticos, sin menoscabar o poner en riesgo la seguridad del Estado ni la integridad de los datos compartidos.

De esta manera, con la utilización de software libre los funcionarios públicos a cargo de unidades de informática y sistemas computacionales pasan de ser meros administradores de licencias de software a participantes activos en la creación e implementación de políticas públicas.

Finalmente, el uso del software libre por el gobierno federal fortalecerá la naciente industria del software nacional, acrecentará el interés de los jóvenes por el estudio científico y la aplicación práctica de los sistemas computacionales y el modo en que su empleo incide en el mejoramiento de la estructura social y el bienestar ciudadano y abonará al liderazgo mexicano en materia de innovación y tecnología.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 20 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Único. Se adiciona un párrafo segundo y un tercero al artículo 20 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 20...

En la Administración Pública Federal se utilizará prioritariamente software libre en los sistemas, servicios informáticos y, en general los proyectos y acciones relativos al tratamiento automático de la información.

Se entenderá software libre aquel cuyo código fuente es puesto a disposición con una licencia en la que el titular de los derechos de autor proporciona la facultad de usarlo, distribuirlo y modificarlo sin restricciones.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Cfr. Open Source Software. Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO. Stuttgart, Alemania, 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Nelly del Carmen Márquez Zapata, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Genoveva Huerta Villegas, Juan Corral Mier, María del Rosario Rodríguez Rubio, Miguel Ángel Huepa Pérez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 20 Bis y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Rocío Matesanz Santamaría, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o., fracción I, y 77, 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 20 Bis, y una fracción XV Bis al artículo 46 ambosde la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para establecer que las dependencias y entidades incluirán en las convocatorias y en los contratos, la cláusula de responsabilidad social que deberá cumplirse durante la vigencia del contrato con los lineamientos que se expidan, conforme a los proyectos de obras y acciones que la Secretaría asignará mediante cédulas por un valor del dos por ciento (2%) del monto total del contrato y será destinado a programas, obras y acciones aplicándose preferentemente en el área de influencia contribuyendo al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental y programas de responsabilidad social que privilegien la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios de las comunidades que se encuentren dentro de dicha área, conforme a la siguiente

I. Planteamiento del problema

México requiere más inversión en infraestructura, dicha propuesta busca fomentar el apoyo a las comunidades del país, enfrentando las restricciones y aprovechando las oportunidades para su desarrollo sostenible, a fin de conseguir el mejoramiento de su calidad de vida, fortaleciendo sus posibilidades de autogestión, apoyando sus propias formas productivas, fortaleciendo la autogestión, el bienestar colectivo y el control de las comunidades sobre sus recursos, dentro de un marco de desarrollo armónico y sostenible

Para alcanzar el objetivo general, dicha reforma impulsaría varios objetivos como son:

- Fortalecer las organizaciones regionales.

- Instrumentar métodos prácticos de protección de los territorios.

- Aprovechar eficientemente los recursos naturales comunitarios.

- Desarrollar mecanismos de apoyo a las actividades sociales y productivas.

- Establecer servicios e infraestructura social básica.

- Apoyar los esfuerzos comunitarios para el mantenimiento de los valores y prácticas culturales tradicionales.

- Dotar de instrumentos válidos para que puedan alcanzar su autogestión.

Para lograr dichos planteamientos las dependencias y entidades deberán incluir en las convocatorias y en los contratos, la cláusula de responsabilidad social que deberá cumplirse durante la vigencia del contrato con los lineamientos que se expidan, conforme a los proyectos de obras y acciones que la Secretaría asignará mediante cédulas por un valor del dos por ciento (2%) del monto total del contrato y será destinado a programas, obras y acciones aplicándose preferentemente en el área de influencia contribuyendo al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental y programas de responsabilidad social que privilegien la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios de las comunidades que se encuentren dentro de dicha área.

Por lo cual es importante modificar el marco normativo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para establecer disposiciones en la que las empresas tiendan a ser socialmente responsables hacia la comunidad en la que interactúan. Hace relativamente poco tiempo, se asumía que la responsabilidad de las empresas era únicamente generar utilidades, actualmente, esta concepción no es suficiente ni aceptable; además de generar utilidades para sus accionistas, la empresa debe tomar en cuenta que sus actividades afectan, positiva o negativamente, la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que realizan sus operaciones. Como consecuencia, un número creciente de empresas perciben que la “responsabilidad social” es un tema que no está restringido solamente a las acciones sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la comunidad, sino que implica también el diálogo y la interacción con los diversos públicos relacionados con la empresa.

De lo contrario, se caería en el riesgo de implementar prácticas que, si bien son socialmente responsables, al no responder a un mandato y cultura institucionales, están en peligro de suspenderse ante cualquier eventualidad, coyuntura, crisis presupuestal o cambio en la dirección de la empresa. Un elemento fundamental es que la responsabilidad es la “obligación de responder ante hechos o situaciones”, la responsabilidad social es la “obligación de responder ante la sociedad en lo general y ante algunos grupos en lo específico”. Entonces, la responsabilidad social es la capacidad de entender y dar respuesta al conjunto de solicitudes de los diversos grupos que constituyen el entorno, esto permite a la empresa incrementar su competitividad a través de la generación de confianza como base de su negocio. En conclusión, la Responsabilidad Social lleva a la actuación consciente y comprometida de mejora continua, medida y consistente que permite a la empresa generar valor agregado para todos sus públicos, y con ello ser sustentablemente competitiva. Mientras que el desarrollo económico y social continúa mejorando las vidas de algunos en nuestro país, todavía hay trabajo considerable que hacer para alcanzar condiciones favorables en los ámbitos económico, social, educativo y de salud que beneficien a toda la sociedad. A través de todo el hemisferio, la potencia y la influencia de las empresas continua creciendo y es cada vez más evidente que la construcción de una sociedad más justa y una economía más sostenible depende, en gran parte, de influenciar a la comunidad de negocios para poner en ejecución acciones que permitan alcanzar estas metas.

En este contexto, tenemos que Petróleos Mexicanos (Pemex) tomó la decisión de impulsar medidas de conservación y protección del medio ambiente así como de mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades que se encuentran en el espacio geográfico donde se efectúan los trabajos de Pemex Exploración y Producción (PEP) valorando el trascendente aporte al desarrollo nacional que realizan las comunidades en cuyos territorios efectúa sus actividades de exploración y producción, dado que el proceso de producción así como del patrimonio natural pueden verse afectados y las comunidades enfrentar deterioro de su entorno por lo que Pemex, en su carácter de empresa social y ambientalmente responsable, crea en el año 2013 el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) como mecanismo de intervención pública para optimizar las acciones de los agentes del desarrollo de estas zonas, fortaleciendo la relación de Pemex con la ciudadanía, los gobiernos de los estados y municipios, así como para conjuntar esfuerzos con las diferentes dependencias y entidades del Gobierno Federal, con autoridades locales y organizaciones sociales que se sumen a este esfuerzo.

El programa se encuentra acorde con las Metas Nacionales y sus Estrategias: “México Próspero” y “México Incluyente” establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el Objetivo 10 del Plan de Negocios de Pemex 2014-2018 “Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con las comunidades”, específicamente en la estrategia 10.3 “Fortalecer los mecanismos de vinculación y desarrollo social”. El PACMA promueve el desarrollo sustentable, a través de acciones de desarrollo económico y social y de conservación del medio ambiente, así como el fortalecimiento de las relaciones de Pemex con las comunidades para garantizar la obtención y/o ampliación de la “Licencia Social de Operación” (LSO). Su logro significa el reconocimiento y valoración de la comunidad así como la concurrencia de los gobiernos estatales y municipales para que la empresa pueda realizar sus operaciones, siendo social y ambientalmente responsable, mediante Programas, Obras y Acciones que permiten impulsar el desarrollo humano, generar capacidades productivas, coadyuvar en la atención de rezagos sociales y forjar un desarrollo comunitario sustentable de largo plazo en las comunidades que se encuentran dentro de las áreas de influencia del PEP.

El programa se financia con al menos el dos por ciento del monto total del Contrato Principal de los proveedores o contratistas que realizan actividades para PEP. Con estos recursos, el PACMA impulsa Programas, Obras y Acciones (PROA’s). El Programa dispone que se trata de contratos que sean iguales o superen: los 100 millones de pesos para el caso terrestre y los 500 millones de pesos en zona marítima. No se incluyen las contrataciones con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, organismos internacionales e instituciones académicas. Ni los relativos al desarrollo de prototipos o a investigaciones específicas.

El compromiso de los proveedores o contratistas con el desarrollo sustentable, así como la participación de las comunidades donde se realicen los PROA’s, será fundamental para garantizar el éxito de los objetivos del Programa que contará con sistemas de monitoreo y seguimiento a la operación y los resultados obtenidos y de evaluación cuantitativa y cualitativa sobre sus resultados e impacto.

Tomando como marco de referencia el Programa citado, la Iniciativa vincularía el proceso de gestión teniendo como valores a la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad y principios, como la corresponsabilidad y el desarrollo sustentable, las instancias participantes se apoyarán en ellos buscando el logro de los objetivos como son la eficacia, eficiencia, oportunidad, calidad y transparencia.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de las personas y acciones aplicándose preferentemente en el área de influencia y que contribuyan al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental, programas de responsabilidad social que privilegien la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados a los servicios de las comunidades que se encuentren dentro de dicha área, a través del equipamiento y la dotación de bienes básicos, lo que propicia una mejor calidad de vida, a través de la aplicación de obras y acciones.

La estrategia del programa se apoya en dos pilares: Responsabilidad Social y Ambiental y Desarrollo de las Comunidades. Con ello se contribuye a mejorar la productividad y a generar beneficios económicos y sociales para la población.

1

Asimismo dicho programa cuenta con el sustento de nuestra Carta Magna, dado que son diversos los artículos de nuestra Constitución que hacen referencia al impulso así como al desarrollo económico nacional en la que concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado.

Con esta iniciativa se busca reformar el orden jurídico mexicano a fin de establecer que un porcentaje del monto total del contrato principal de los contratistas y ejecutores de obras públicas relacionadas con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se destine para el apoyo a la comunidad y el medio ambiente, programas, obras y acciones aplicándose preferentemente en el área de influencia contribuyendo al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental y programas de responsabilidad social que privilegien la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados a los servicios de las comunidades.

II. Argumentación de la propuesta.

La presente propuesta tiene por objeto modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, a efecto de establecer la figura de un Programa en materia de responsabilidad social que privilegie el apoyo a la comunidad y el medio ambiente, con obras y acciones preferentemente en el área de influencia y que contribuyan al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental, a la responsabilidad social con la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados a los servicios de las comunidades, estableciendo un porcentaje del monto total del contrato principal de los contratistas y ejecutores de obras públicas relacionadas con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Como ya ha sido señalado, la figura de apoyo a la comunidad que ha sido instrumentada por Pemex a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) como mecanismo de intervención pública para optimizar las acciones de agentes de desarrollo, ha sido tomado como un modelo de gestión pública para la presente iniciativa de reforma de la citada Ley para establecer desde el marco normativo, el apoyo a las comunidades por medio de recursos financieros para el mejoramiento de las comunidades, al establecer que de las contrataciones que se adjudiquen en términos de la Ley se destine un porcentaje de los recursos económicos para el impulso de dicho programa y que en este caso tomado como modelo del PACMA sea un dos (2%) por ciento del monto total del contrato de obra pública que el Gobierno Federal lleve a cabo mayor a cien millones de pesos por licitación, invitación o adjudicación. No se incluyen las contrataciones con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, organismos internacionales e instituciones académicas. Ni los relativos al desarrollo de prototipos o a investigaciones específicas. Esta propuesta va más allá, pues busca establecer en la legislación la incorporación de dichos apoyos.

Asimismo de la revisión al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), se observa que las disposiciones que le dan sustento en nuestro orden jurídico, mantienen la característica de ser generales, al referirse a la responsabilidad social y ambiental, como bien se observa en lo normado en la Ley de Petróleos Mexicanos y considerando que:

• De acuerdo al artículo 25 Constitucional, párrafo cuarto, al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado.

• Que de acuerdo a su párrafo séptimo, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

• Que de acuerdo con su artículo 28, son de interés social las inversiones que en materia educativa realice el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares.

Y tomando en cuenta que, de acuerdo al artículo 134 párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México, y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Y que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, tiene por objeto:

Reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

III. La Procuraduría General de la República;

IV. Los organismos descentralizados;

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para lograr lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones: respecto de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se adiciona artículo 20 Bis, y una fracción XV Bis al artículo 46.

Respecto de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se adiciona un artículo 20 Bis y que dicha disposición establecería que las dependencias y entidades incluirán en las convocatorias y en los contratos, la cláusula de responsabilidad social que deberá cumplirse durante la vigencia del contrato con los lineamientos que se expidan, conforme a los proyectos de obras y acciones que la Secretaría asignará mediante cédulas por un valor del dos por ciento (2%) del monto total del contrato y será destinado a programas, obras y acciones aplicándose preferentemente en el área de influencia contribuyendo al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental y programas de responsabilidad social que privilegien la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios de las comunidades que se encuentren dentro de dicha área.

Y con relación a la adición a una fracción XV Bis al artículo 46, se propone la cláusula de responsabilidad social que deberá cumplirse durante la vigencia del contrato por un valor del dos por ciento (2%) del monto total del contrato correspondiente, siempre que éste sea mayor a cien millones de pesos,finalmente y a efecto de que la presente iniciativa tenga una consecuencia inmediata y positiva para las comunidades y municipios, se propone estipular en un artículo transitorio la emisión de los Lineamientos para la operación, ejecución e instauración del Programa.

Para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional es importante recobrar sus principios doctrinarios y acercarlos a la sociedad mexicana en general, los cuales enarbola como propuestas, refrendamos nuestro compromiso con las familias mexicanas para seguir construyendo un México más justo y con igualdad de oportunidades para todos, en el que las políticas públicas para combatir la pobreza sean incluyentes, responsables y lleguen de manera efectiva, transparente y solidaria a quienes más lo necesiten, para redistribuir la riqueza, generar capital humano y combatir la pobreza

Estamos convencidos que con las modificaciones contenidas en esta iniciativa, se podrá dar un paso firme para generar una mayor vinculación y aportación de las empresas con las comunidades en dónde se efectúan obras públicas a fin de mejorar el entorno social.

III. Contenido del proyecto de decreto

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 20 Bis, y una fracción XV Bis al artículo 46 ambos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para establecer que las dependencias y entidades incluirán en las convocatorias y en los contratos, la cláusula de responsabilidad social que deberá cumplirse durante la vigencia del contrato con los lineamientos que se expidan, conforme a los proyectos de obras y acciones que la Secretaría asignará mediante cédulas por un valor del dos por ciento (2%) del monto total del contrato y será destinado a programas, obras y acciones aplicándose preferentemente en el área de influencia contribuyendo al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental y programas de responsabilidad social que privilegien la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios de las comunidades que se encuentren dentro de dicha área.

Artículo Único.Se adiciona artículo 20 Bis, y una fracción XV Bis al artículo 46 ambos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 20 Bis. Las dependencias y entidades incluirán en las convocatorias y en los contratos, la cláusula de responsabilidad social que deberá cumplirse durante la vigencia del contrato con los lineamientos que se expidan, conforme a los proyectos de obras y acciones que la Secretaría asignará mediante cédulas por un valor del dos por ciento (2%) del monto total del contrato y será destinado a programas, obras y acciones aplicándose preferentemente en el área de influencia contribuyendo al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental y programas de responsabilidad social que privilegien la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios de las comunidades que se encuentren dentro de dicha área.

Artículo 46.Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

I. a XV. ...

XV Bis. La cláusula de responsabilidad social que deberá cumplirse durante la vigencia del contrato por un valor del dos por ciento (2%) del monto total del contrato correspondiente, siempre que éste sea mayor a cien millones de pesos.

XVI a XVII. ...

...

...

...

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contará con un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir los lineamientos para crear el Programa de Apoyo a la Comunidad y que deberán sujetarse las dependencias a fin de llevar a cabo las disposiciones normadas que se desprendan, en el diseño y aplicación de los instrumentos de planeación, ejecución, operación, seguimiento y evaluación del Programa, a partir de una programación basada en resultados y con una perspectiva de desarrollo humano sustentable.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.— Diputadas y diputados: Rocío Matesanz Santamaría, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Genoveva Huerta Villegas, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Juan Corral Mier, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 65 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Matesanz Santamaría, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 65 de la Ley General de Educación, en materia de participación de los padres de familia en la educación, al tenor de la siguiente

El país está inmerso en una transformación estructural que involucra cambios tendientes al fortalecimiento del sistema educativo nacional, mediante la participación de todos los agentes de la sociedad interesados en el bienestar y desarrollo tanto del país como de la población, reconociendo que la educación es el motor que determina su capacidad de competir con éxito en todos los ámbitos y afrontar los desafíos que se planteen en el futuro; por lo que en ese importante proceso deben ser copartícipes las autoridades educativas, los directivos de las instituciones, los docentes, los educandos e incluso los padres de familia.

La participación de los padres de familia, es un derecho individual y una responsabilidad de las familias, entendidas como el núcleo fundamental de la sociedad, y por tanto, una necesidad social, que no puede ser concebida como un derecho contrario al de las instituciones educativas, como si éstas fueran las detentadoras únicas del derecho a la educación, al margen de los intereses familiares y por ende, sociales.

Si la ocupación y preocupación de la educación se centra en la incorporación de las nuevas generaciones a la comunidad y a su cultura, se trata de una tarea que necesariamente debe contar con la familia. Desde cualquier perspectiva, la participación educativa resulta hoy, fundamental, y es muy posible que lo sea más todavía, en el futuro. Incluso para los aspectos instrumentales de los aprendizajes, es evidente que para su mayor eficacia es indispensable la participación de la familia en múltiples formas (J. L. Gaviria, en Gaviria y otros, 2014).

A lo largo de la historia, los padres fueron los responsables principales del cuidado y la educación de sus hijos. Sin embargo, desde el siglo XIX, la implantación generalizada del principio de la escuela obligatoria e institucionalizada, generó el deber a cargo de los padres de familia, de enviar a sus hijos a planteles escolares. Esta manera de entender la garantía del derecho a la educación hizo que los padres y la escuela comenzaran a compartir la tarea educativa, cuestión que no estuvo exenta de controversia, puesto que supuso una interferencia del Estado en lo que hasta entonces había sido un asunto privado de la familia. A partir de ese momento, se produjo el inicio de las relaciones entre familia y escuela como instituciones complementarias en la educación de los niños (I. Egido, en Gaviria y otros, 2014).

La aparición de los sistemas escolares en la sociedad moderna llegó como consecuencia, entre otras circunstancias, de la necesaria división del trabajo en una sociedad cada vez más compleja. Aunque la educación de jure siguió siendo un papel que desempeñaba la familia, hubo una cierta transferencia de responsabilidad a la escuela y por ende, a las instituciones del Estado. Ahora, con la creciente complejidad de los conocimientos y competencias que son necesarios para convertirse en un miembro activo e integrado de la comunidad, el péndulo está volviendo de nuevo a su origen y en general, se acepta que sin la cooperación positiva y coordinada entre la escuela y la familia (entendida como parte del Sistema Educativo Nacional en su conjunto), no es posible llegar a los altos estándares educativos exigidos en una sociedad como la nuestra.

Por ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los padres tienen el derecho preferente a elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos (Art. 26.3), y ese derecho ha sido ratificado en las distintas declaraciones y convenciones internacionales sobre la materia, figurando también en las constituciones o normas legales de más alto rango en todos los países.

La participación de las familias en la educación es un derecho básico en las sociedades democráticas, y, como tal, es un derecho que debiera llevar aparejada la garantía, por parte de los poderes públicos, de hacerlo efectivo de forma constructiva y eficaz.

Por ello, actualmente la Ley General de Educación (LGE)del país, en su carácter de ley reglamentaria del artículo 3o. constitucional, reconoce que las familias pueden y deben tener presencia en la vida de las escuelas a través de los órganos constituidos al efecto, que son los consejos de participación social o las asociaciones de padres de familia. Así, los citados consejos y asociaciones se convierten en agentes sociales que permiten conocer el sentir general de la sociedad y dirimir las diferentes concepciones de lo que deben ser la acción escolar en su conjunto y los diferentes intereses presentes en la escuela.

Lo esencial de la participación educativa consiste en la implicación activa de los padres en todos los aspectos del desarrollo social, emocional y académico de sus hijos. Esta participación engloba fenómenos tan dispares como las expectativas de los padres sobre el futuro académico de sus hijos, el control familiar y la intensidad de la implicación de los adultos en el cumplimiento de sus hijos respecto de los deberes escolares, la frecuencia con que los padres están físicamente presentes en la escuela, los programas y currículos que seguirán sus hijos y los contenidos educativos (J. L. Gaviria, en Gaviria y otros, 2004).

Grant y Ray (2013) (J. L. Gaviria, en Gaviria y otros, 2004) distinguen diferentes tipos de beneficios o prerrogativas relacionadas con la tendencia inclusiva de los padres de familia, a saber: para los estudiantes, para las familias y para la escuela. Para los estudiantes es esencial contar con el apoyo, reconocimiento y aliento de los padres; situación que genera un mayor rendimiento académico, fortalecimiento de la identidad y la autoestima, y mejor adaptación al medio escolar y a la sociedad. Entre los beneficios para los padres, destacan el desarrollo de actitudes positivas, mayor satisfacción con el desarrollo profesional de los profesores y mejor entendimiento del funcionamiento de la escuela y sus programas, lo que les mueve a participar más y asumir mayores responsabilidades en el proceso educativo. En cuanto a la propia escuela, los profesores ven facilitada su tarea y ésta alcanza resultados académicos óptimos, reconocimiento a su labor y mayores beneficios sociales y económicos.

Investigadores del Proyecto Includ-ed (2006) analizaron cinco tipos de participación de los padres y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes, como son: informativa, consultiva, decisoria, evaluativa y educativa. La participación informativasupone que la escuela transmite información a las familias y estas exclusivamente la reciben por diferentes vías y sin más posibilidades de participar. La participación consultiva supone un paso más, ya que los padres pueden formar parte de los órganos de gobierno de las escuelas, aunque su papel es puramente consultivo. En el nivel de la participación decisoria, los padres pueden participar en la toma de decisiones referentes a los contenidos de enseñanza y a la evaluación. La participación evaluativa incrementa la presencia de los padres en los procesos de evaluación del alumnado y de la propia escuela. Por último, emplean el término de participación educativapara referirse a la participación de los padres en los procesos de aprendizaje de sus hijos y en su propia formación. Los resultados del estudio indican que solo los tres últimos tipos de participación contribuyen al éxito escolar (J. L. Gaviria, en Gaviria y otros, 2004).

Además del derecho a la elección de un determinado tipo de enseñanza, los padres han ido adquiriendo progresivamente otros derechos relacionados con la educación de sus hijos. Así, en el momento actual, suelen diferenciarse dos grandes tipos de categorías de derechos paternos vigentes en todos los países (Eurydice, 1997):

a) Derechos individuales, entre los que se encuentra el derecho a elegir la escuela que desean para sus hijos, el derecho a recurrir cuando existe desacuerdo con las decisiones adoptadas por la autoridad escolar y el derecho a la información sobre el progreso de sus hijos y sobre sus propios derechos.

b) Derechos colectivos, que se refieren esencialmente al derecho de los padres a participar de manera colectiva en las estructuras formales del sistema educativo.

Los derechos de los padres como colectivo se desarrollaron con posterioridad a los derechos de tipo individual. Aunque pueden señalarse algunas excepciones, como las de Alemania, Finlandia, Francia o los Países Bajos, que contemplaron previamente esta cuestión y privilegiaron la participación de los padres en la vida de la escuela y en la gestión del sistema escolar hacia la década de 1970; momento en que se empezó a considerar la participación conjunta en el desarrollo de la educación, como una exigencia propia de los estados democráticos (Eurydice, 1997).

La primera oleada generalizada de reformas destinadas a incrementar la participación de las familias en el sistema escolar tuvo lugar, por tanto, en el decenio de 1970. Fue entonces cuando los sistemas educativos empezaron a abrirse a los padres, sumando a la idea del valor intrínseco de la participación, la necesidad de implicar a las familias para evitar el fracaso escolar, que comenzaba a ser objeto de preocupación en muchos países.

La Comisión Europea, en el Informe europeo 2000 sobre la calidad de la educación,considera que la participación de los padres es uno de los indicadores de calidad de la enseñanza escolary afirma textualmente:

La participación de los padres en la educación de sus hijos tiene consecuencias políticas en todos los países europeos. Los padres tienen opiniones firmes sobre las escuelas de sus hijos y se están convirtiendo en unos consumidores cada vez más exigentes y críticos en este ámbito. Pueden realizar contribuciones eficaces para la mejora de las escuelas por medio del apoyo a la dirección y a los profesores del centro, o bien pueden impedir que el centro avance y generar conflictos. La participación de los padres puede influir de distintas maneras en la calidad de la educación de los niños (I. Egido: 35, en J. L Gaviria, 2014).

Lo cierto es que actualmente nadie cuestiona la trascendencia de conseguir una adecuada colaboración entre la familia y la escuela como medio para la mejora de los resultados educativos.

Por lo expuesto podemos afirmar que la participación de los padres de familia constituye un principio rector de los sistemas escolares prácticamente en todos los sistemas educativos que buscan la vanguardia en resultados educativos. Se considera además, que dicho principio no es solo un requisito para la democratización de la educación, sino también un procedimiento para asegurar una mayor receptividad del sistema a los diferentes tipos de necesidades educativas y para asegurar una mayor calidad de la enseñanza. Por este motivo, la mayoría de los países cuentan con mecanismos para garantizar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, entre los que se encuentran necesariamente los padres de familia (I. Egido, en Gaviria y otros, 2014).

Una reforma como la educativa requiere sumar esfuerzos, tener claro el papel que desempeñará cada sector de la sociedad civil. De ahí que autoridades, maestros y padres de familia, deban asumir un papel pro-activo, creando canales y hábitos que permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre los tres sectores básicos del sistema educativo nacional.

La reforma educativa, mediante el proyecto La Escuela al Centro, tiene como una de sus líneas de acción el fortalecimiento de la participación social activa a través de los consejos de participación social en sus diversos niveles, los cuales constituyen la base en la toma de decisiones en materia educativa, así como el vínculo con la comunidad. Porque si de algo debemos estar seguros en México, es que los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello, el sistema educativo tiene que contar y confiar en sus decisiones, tal como lo determina el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

Diversos estudios realizados en Estados Unidos de América, en especial el Informe Coleman, efectuado por Campbell, Hobson, Mcpartland, Word y York, demostró que factores como el nivel socioeconómico de la familia, el nivel de escolaridad y la participación de los padresinfluyen en los puntajes que obtienen los estudiantes (Valdés y otro, 2009).

Para el caso mexicano, estudios realizados por González, Corral, Frías y Miranda (González y otros, 1998), asociaron el afecto de los padres, el tiempo que dedican a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar

No podemos dejar de lado la investigación realizada por Fernando Martínez (Martínez, 2001), quien sugiere que el factor más influyente en el desempeño escolar, son las prácticas familiares, incluso por encima de los aspectos demográficos, económicos y comunitarios que rodean al estudiante.

En razón de lo anterior, la política de participación de los padres de familia o tutores en la escuela, plantea una misión en común: que la educación pensada como formación y promoción de valor y actitud vital, sólo se puede realizar plenamente si se trabaja en conjunto.

Según Alwyn, “padres y tutores deben estar al tanto de los logros e insuficiencias del rendimiento académico de sus hijos, que tengan responsabilidad y compromiso en su educación, para que accedan a mejores oportunidades, en una relación causa-efecto, que pregunten, cooperen y ejerzan su derecho y responsabilidad” (Alwyn, 2002; en Pincheira, 2010).

En la sociedad mexicana se ha generalizado el fenómeno de la desintegración familiar, que tiene como efecto la multiplicidad de familias mono parentales, así como el creciente porcentaje de hogares en los que ambos padres se han visto en la necesidad de incorporarse a las actividades económicamente activas, ocasionando que cada día se multipliquen las niñas y niños que fuera de los horarios escolares, sean cuidados o supervisados por personas que no son sus padres; Esta nueva dinámica ha repercutido en la educación, cuidado y guía de la niñez mexicana. El último estudio realizado por el INEE (2014), denominado “ Panorama Educativo de México 2014”, refleja en un estudio realizado con alumnos de tercer grado de primaria, que solo dos a tres estudiantes, de cada diez son apoyados en sus hogares durante las tareas asignadas en casa.

Por ello, el INEE asegura que para mejorar la calidad de la educación, es indispensable una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes, lo cual implica necesariamente la participación de los padres en las tareas escolares, en las reuniones y actividades educativas, concluyendo, también, que la participación de los padres en la educación de sus hijos, permite a sus hijos obtener mejores resultados en la escuela, mejor comportamiento, actitudes más positivas hacia la escuela y un desarrollo más integral.

Los investigadores Felipe de Jesús Perales Mejía, y María Máyela Escobedo Carrillo, de la Universidad Pedagógica Nacional (Perales, F. de J. y Escobedo, M. M., 2016), consideran que en nuestro país la participación de las madres y los padres de familia en la educación, requiere de “un proceso que ayude a formar un nuevo tipo de ciudadano, un ciudadano más apto para vivir en democracia y, por lo mismo, para vivir en una sociedad más justa y que ofrezca a todos mejores condiciones de vida”.

Esa situación pone de relieve el carácter social y participativo de la educación en nuestro país, en donde a través del ejercicio democrático, las mexicanas y los mexicanos reconocen como prerrogativa del Estado, la facultad de cumplir con tan importante función, en estrecha colaboración con los demás agentes del sistema educativo nacional, reconociendo la educación como uno de los derechos humanos fundamentales y a los padres de familia como partes integrantes del mencionado Sistema, tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 3o. constitucional, párrafos primero, segundo y tercero, fracción III, donde se establece:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto de los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I. y II. ...

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale...

Lo anterior, en congruencia con lo establecido en el artículo 31, fracción I, de la Constitucióncitado.

Ahora bien, la Ley General de Educación, tras la reforma de septiembre de 2013, tiene entre sus principales objetivos, el asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, docentes y padres de familia.

Así lo establecen los artículos 2o., párrafo tercero; 12, fracciones III, V Bis y XI; 22, párrafo segundo; 28 Bis, fracción III; 33, fracción XI; 48, párrafo segundo; y 65 a 73 de la citada ley.

El artículo 12 de la LGE, el cual es parte del capítulo II, “Del federalismo educativo”, sección 1, “De la distribución de la función social educativa”, señala:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;

II. (...)

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV. a XIV. (...)

El artículo 48 de la LGE, en el capítulo IV, “Del proceso educativo”, sección 2, “De los planes y programas de estudio”, observa lo siguiente:

Artículo 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley.

Para tales efectos, la secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así como las que, en su caso, formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

(...)

(...)

(...)

Es evidente que el derecho a la participación de los padres de familia se encuentra reconocido plenamente en la ley, pues el capítulo VII, “De la participación social en la educación”, sección 1, “De los padres de familia”, de la LGE, en el artículo 65, fracciones IV y X, establece que son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, “formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere este capítulo.” y “opinar a través de los consejos de participación respecto a las actualizaciones y revisiones de los planes y programas de estudio”, respectivamente.

En la sección 2, “De los consejos de participación social”, del mismo capítulo VII de la LGE, el artículo 69 señala:

Artículo 69. Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su colaboración para tales efectos.

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Este consejo

a) a k) (...)

l) Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos.

...

Los artículos 71 y 72 del mismo ordenamiento disponen:

Artículo 71. En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical (...).

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, formando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.

Artículo 72. La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,que abarca todas las políticas públicas a seguir durante ese periodo, en la meta nacional “ México con educación de calidad” establece en su respectivo enfoque transversal , estrategia II, “Gobierno cercano y moderno”, entre sus líneas de acción las relativas a “actualizar el marco normativo general que rige la vida de las escuelas de educación básica, con el fin de que las autoridades educativas estatales dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles, y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, los padres de familiay los alumnos”, y “Definir estándares de gestión escolar para mejorar el desempeño de los planteles educativos” (PND 2013-2018).

En congruencia con lo anterior, el 7 de marzo de 2014 el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 716 (2 de mayo de 2016), por el que se establecen los Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, que tienen como principal objetivo, fomentar la participación en la educación de los diferentes actores involucrados en el proceso educativo.

El acuerdo número 716 dispone lo siguiente:

Artículo 4. A nivel federal se constituirá y operará el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, de conformidad con el artículo 72 de la Ley General de Educación.

Artículo 5. En cada entidad federativa se constituirá y operará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo, de conformidad con el artículo 71 de la Ley General de Educación.

También en los artículos 10, 30 y 35 del citado acuerdo se indica que los consejos de participación social podrán opinar en asuntos pedagógicos, así como en planes y programas de estudioy temas relacionados con el sistema educativo nacional en los términos de la Ley General de Educación.

No obstante la regulación transcrita y de que la reforma del artículo 28 Bis de la Ley General de Educaciónde 2013 impulsó el tema, la realidad es que la participación de los padres de familia es una cuestión de carácter reciente en la que falta esclarecer y robustecer el alcance de la participación de los Consejos de Participación Social, motivo por el cual dentro del marco del Sistema Educativo Nacional aún no se ha alcanzado a instaurar adecuadamente la forma y contenido material de la participación directa o indirecta, de los padres de familia en todo lo que concierne a los “aspectos pedagógicos”,incluido en este concepto no sólo lo relativo a planes y programas, sino también a los libros de texto gratuitos y a los diversos materiales educativos,lo cual significaría el reconocimiento implícito de la valía e importancia que dicha participación aporta al desempeño académico de los estudiantes y por ende, al bienestar familiar y social.

En apoyo de lo expuesto, el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública señala:

Artículo 17. Corresponde a la Dirección General de Evaluación el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Evaluar sistemática y permanentemente las políticas del sistema educativo nacional y la eficacia de las acciones del sector educativo en su conjunto;

II. Evaluar en forma sistemática y continua los planes y programas de estudio, libros de texto, métodos y materiales educativos destinados a la educación básica y normal, así como también aquellos que se encuentren en proceso de experimentación, con el objeto de mantenerlos actualizados;

III. a V. (...)

El artículo 26 del mismo reglamento dispone:

Artículo 26. Corresponde a la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Proponer, en coordinación con la Dirección General de Normatividad, innovaciones a los contenidos educativos, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la aplicación de los planes y programas de estudio de la educación inicial, especial, básica y normal, a fin de apoyar el trabajo de los maestros y de los alumnos, tomando en consideración las observaciones de las autoridades educativas locales y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación;

II. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, a partir de las propuestas de contenidos generadas por la Dirección General de Normatividad, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

III. Proponer a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el manuscrito final, la formación y edición de los libros de texto gratuitos para su impresión y distribución nacional;

IV. a XI. (...)

En abono a lo anterior, el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública puntualiza que los libros de texto y materiales educativos no se construyen como un producto individual y aislado; su elaboración responde a la organización de contenidos disciplinares que cumplen con una función de aprendizaje específica en el currículo. De igual forma, los planes y programas de estudio están definidos mediante la participación social de expertos en las diferentes asignaturas que se impartirán, así como por especialistas en el diseño curricular. Así pues, resulta evidente que los contenidos educativos no responden a criterios personales o definidos por azar, sino que son producto de discusiones y consenso entre todoslos actores involucrados en la construcción del currículo nacional.

Se observa que para la determinación de los planes y programas de estudio aplicables en toda la República, la Secretaría de Educación Pública está jurídicamente obligada a considerar la opinión de los padres de familia, conforme a lo dispuesto por la LGE. En este tenor, cabe puntualizar que el contenido de los libros de texto gratuitos debe reflejar cabalmente los planes y programas de estudio, pero la facultad o derecho de opinar que debieran tener los padres de familia respecto a los contenidos de los libros de texto y los materiales educativos, y su congruencia con los planes y programas, no está regulado de manera explícita y en la práctica, no obstante la clara vinculación entre ambos, no se les permite opinar respecto a los mismos.

En razón de lo anterior, proponemos ampliar los supuestos normativos en que los padres de familia o tutores, ya sea mediante su participación en los consejos de participación social o a través de las asociaciones de padres de familia, participen en el proceso educativo y en los “asuntos pedagógicos”, con el propósito de hacer extensivos a la sociedad mexicana los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que existen en otros países, respecto a la educación de sus hijos.

Por tanto, en la legislación mexicana debe puntualizarse que además de la participación en todo lo relativo a planes y programas educativos, resulta de primordial importancia, tal como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, clarificar el alcance del derecho a la participación de los padres de familia en un tema de gran trascendencia educativa y social, que es el relativo a los llamados libros de texto gratuitos, con contenidos realizados por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular, y cuya impresión y distribución corresponde desde 1959 a la Conaliteg (Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito), y que conforme a los principios que dieron origen a su creación, deberán reflejar y ajustarse a los planes y programas educativos, con un diseño minucioso, fundado pedagógicamente y procurando que sus contenidos o expresiones no susciten “ rencores, odios, prejuicios o controversias” (Conaliteg: Historia); situación esta última, que solo es plausible, permitiendo que los padres de familia conozcan previamente los contenidos y materiales educativos de sus hijos y estén facultados para expresar su opinión respecto de los mismos, tal como lo pueden hacer respecto de los planes y programas de estudio (artículo 65, fracción X, LGE); entendiendo que dicha opinión no tendría una carácter vinculatorio, pero sería de vital importancia para valorar y pulsar el sentir y los criterios socialmente admisibles en la educación en general, por parte de uno de los principales integrantes del Sistema Educativo Nacional: los padres de familia.

A mayor abundamiento, es de señalarse que en materia de políticas públicas educativas rige el principio de gobernanza, que exige la participación social y por tanto, la incorporación de los padres de familia en la toma de decisiones en la materia, con el objetivo de mejorar el logro educativo (Santizo C., 2011), y en tal sentido además, hay que observar lo que dispone el artículo 1o., párrafo tercero, constitucional, que establece la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividadde los derechos humanos y por ende de las políticas públicas en relación a ellos, entendiendo que la educación es un derecho humano de primera generación:

Artículo 1o....

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

...

Además, el artículo 3o. constitucional le señala un carácter democrático que en conjunto con los anteriores principios, fundamenta la necesaria participación de los padres para expresar su opinión respecto de los contenidos de los libros de texto y materiales educativos, en concordancia con el derecho ya legislado, a opinar respecto de los programas y currículos educativos, pues se trata de una facultad indivisible, y por tanto, del derecho a opinar sobre programas y currículos educativos deviene el de opinar sobre el contenido de los libros de texto gratuitos (como un derivado o consecuencia de aquel), pues ambos forman parte de un todo; en caso contrario, se estaría rompiendo con los principios que deben regir tanto a las políticas públicas como a los principios generales del derecho, especialmente el de congruencia, por el que se establece que “quien puede lo más puede lo menos”.

Por lo expuesto, la presente iniciativa de reforma del artículo 65, fracción X, de la Ley General de Educación busca esclarecer y fortalecer el derecho a la participación de los padres de familia en los consejos de participación social o las asociaciones de padres de familia y constituir una estrategia adicional para involucrar a los padres de familia en el proceso educativo, otorgándoles la facultad de expresar sus opiniones sobre los contenidos de los libros de texto obligatorios y materiales educativos.

De ahí que la propuesta para reformar la Ley General de Educación sea la siguiente:

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Único.Se reforma la fracción X del artículo 65 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela

I. a IX. ...

X. Opinar a través de los Consejos de Participación respecto a las actualizaciones y revisiones de los planes y programas de estudio, y de los contenidos de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos.

XI. a XII. ...

Primero.En virtud de que la presente implica modificaciones a los lineamientos generales de carácter nacional que emite la autoridad educativa federal sobre la constitución y funcionamiento de los consejos de participación social, se establece un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la misma, para que se proceda a su modificación, a fin de hacerlos compatibles con el contenido normativo de este decreto.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes de Información

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http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v19n58/11.pdf

Eurydice (1997): Una década de reformas en la educación obligatoria de la Unión Europea (1984-1994). Disponible en línea en

http://www.sc.ehu.es/sfwseec/reec/reec03/reec0315.pdf

Gaviria Soto, J. L.; y otros (2014). La participación de las familias en la educación escolar. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Consejo Escolar del Estado. España. Disponible en línea en

http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/members/attachments/ estudioparticipacion-cee_digital_r.pdf

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http://www.redalyc.org/pdf/2431/243116388006.pdf

Santizo C. (2011). “Gobernanza y participación social en la escuela pública”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, volumen 16, número 50, México, julio-septiembre de 2011. Disponible en línea en

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Valdés, A., Martín, y otros (2009). “Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos”, en Revista Electrónica de Investigación Educativa, 11 . Disponible en línea en

http://redie.uabc.mx/vol11no1/contenido-valdes.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Rocío Matesanz Santamaría,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Genoveva Huerta Villegas, Juan Corral Mier, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5, 27 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 76 a 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor del siguiente

Planteamiento del Problema

La Ley General de Desarrollo Social establece el mandato de una política social del Estado mexicano, que debería ser responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno, con un espacio de decisión y coordinación (el Consejo Nacional de Desarrollo Social), una definición compartida de la pobreza y de cómo medirla, y una institución responsable de la medición de la pobreza y la evaluación de la política social (el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval).

En contraste con ese mandato, el Coneval ha encontrado 6 mil 751 programas y acciones de desarrollo social en todo el país (233 federales, 3 mil 788 estatales y 2 mil 730 municipales) que, desde diversos diagnósticos, se ha encontrado que tienen duplicaciones, similitudes, empalmes e insuficiencias.

Esto podría haber respondido, en algún momento, a una intención de contar con intervenciones más específicas, mejor focalizadas y dirigidas a problemas identificables y medibles. Pero a su vez hay también una lógica de rendimiento político y competencia por clientelas que puede suponerse detrás de la multiplicación de programas.

En cualquier caso, esta fragmentación de la acción gubernamental, provocó que “al desagregar los grandes problemas para facilitar su atención a partir de las acciones de diversas agencias, se hizo más difícil atender de forma integral dichos problemas, y se generó un problema de ineficiencia en la atención de las personas que lo padecen”.

El objetivo de esta iniciativa, es reformar diversos preceptos legales de la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de crear el Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social el cual tiene como propósito, garantizar una mayor articulación, transparencia y rendición de cuentas de los programas y acciones para el desarrollo social de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con el inventario nacional de programas y acciones de desarrollo social del Coneval, hay 6 mil 751 programas y acciones en el ámbito federal, estatal y municipal. En los estados y municipios hay 3 mil 788 y 2 mil 730 programas y acciones, respectivamente; de los cuales no existe información completa y suficiente, relativa a cuánto, dónde y cómo se gasta. Como legisladores, tenemos la obligación de fortalecer el marco normativo e institucional a fin de erradicar la opacidad existente en la gestión de los programas sociales.

Sin considerar los programas sociales municipales, 55.0 por ciento reportó que hace público su presupuesto. En dependencias federales lo hace 93.3 de los programas sociales y, en entidades federativas 53.6. De los programas sociales a escala nacional, 58.2 reporta que hace público un informe sobre el ejercicio del gasto. En dependencias federales, 86.7 de los programas sociales lo hace y 57.1 en entidades federativas. Uno de cada dos (50.7) programas sociales en el país, reportaron contar con evaluaciones. De los programas sociales federales, 97.3 tiene evaluaciones, a diferencia de 48.9, en entidades federativas.

Lo anterior significa que al gran número de intervenciones públicas, se asocia con incidencias dispersas y fragmentadas en la resolución del problema público que buscan resolver, la evaluación local se vuelve débil y propicia la descoordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y de dispersión de información, lo que resta eficacia y eficiencia a la política pública, con resultados poco satisfactorios, asimismo dificulta la posibilidad de identificar errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos.

Por ello, pese al gasto destinado al desarrollo social, estimado en más de 2.1 billones de pesos anuales, los niveles de pobreza en el país se mantienen prácticamente en los mismos niveles históricos.

Por lo anterior consideramos necesario reducir los altos niveles de opacidad y falta de rendición de cuentas de los programas y acciones para el desarrollo social, a través de fortalecer el marco normativo e institucional.

La pobreza, considerada como la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos.

La pobreza ha sido identificada y definida como problema público, para lo cual la autoridad ha implantado medidas de política pública para su solución. El Coneval define como programas y acciones para el desarrollo social las intervenciones gubernamentales que son responsabilidad de una dependencia o entidad a nivel federal, que cuentan con clave presupuestal y están contenidos dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

En los últimos 25 años, el gasto social en México (educación, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales; protección social, salud, vivienda y servicios a la comunidad, así como en protección ambiental) creció poco más de 4 veces, pues pasó de 500 mil millones de pesos en 1990 a 2.1 billones de pesos el año pasado, cifra que representó 45.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015. Sin embargo, el avance en la disminución de la pobreza en nuestro país y el acceso efectivo de la población a los derechos sociales no corresponde a los miles de millones destinados año con año a este rubro.

La pobreza multidimensional pasó de 52.8 millones de personas (46.1 por ciento de la población) en 2010 a 53.4 millones de personas (43.6 de la población) en 2016. La pobreza extrema pasó de cerca de 13 millones de personas (11.3 de la población) en 2010 a 9.4 millones de personas (7.6 por ciento de la población) en 2016, de acuerdo con cifras del Coneval.

La población con ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, quienes no pueden adquirir los satisfactores básicos, se ha incrementado a 62 millones de personas. Es un poco más de la mitad de la población (50.6 por ciento). Son 2.4 millones de personas más que hace seis años.

Este resultado palidece frente a los miles de millones de pesos que destinan los gobiernos estatales y municipales a programas sociales, que se ejercen sin ningún tipo de control.

De acuerdo con los datos reportados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el documento Panorama social de América Latina, de 2015, cuya metodología de medición usa los ingresos de las personas, la tasa de pobreza en el país creció en 2.9 por ciento en el periodo 2008-2014.

En contraparte, destaca que la tasa de pobreza cayó en la gran mayoría de los países latinoamericanos en el periodo 2010-2014, según las estimaciones propias de la Cepal las mayores variaciones se registraron en Uruguay (-14.9 por ciento), Perú (-9.8), Chile (-9.1) y Brasil (-7.9). En todos estos casos no sólo descendió la pobreza sino que, además, mejoró la situación general de las personas de menores ingresos entre los pobres.

Así, de acuerdo con la metodología multidimensional empleada por el Coneval y, establecida en la Ley General de Desarrollo Social, la pobreza se mantiene en los niveles históricos; por otra parte, conforme a la metodología empleada por la Cepal que utiliza los ingresos de las personas, la pobreza aumentó y, comparativamente con otros países, estamos en una situación aún más desfavorable.

Los resultados de la política de combate a la pobreza en México, obliga a los actores políticos involucrados a repensar la estrategia de atención a este problema. Lo más relevante de este debate es empezar a tomar medidas sobre el consenso de lo que no funciona. Así pues, un buen primer paso sería dejar de hacer lo que ya sabemos que no funciona: opacidad y espacios para la corrupción con el gasto público y, la dispersión de los programas.

A fin de propiciar el desarrollo de políticas públicas más eficaces en el otorgamiento de los apoyos que proporciona el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, así como para transparentar y rendir cuentas claras a la ciudadanía, es necesario establecer un sistema, con la participación de los tres niveles de gobierno, que contenga información integral de los programas.

La opacidad y la dispersión de programas, están en la base de la falta de efectividad de políticas destinadas a generar ingreso o, a garantizar derechos sociales, porque no se cuenta con elementos para saber a dónde van a dar, sí produce resultados o, sí empeora la situación, pues no cuentan con reglas de operación o lineamientos claros y disponibles públicamente.

En México se han multiplicado por miles los programas públicos que atomizan el gasto, no logran resultados y fomentan un círculo vicioso de malas prácticas. De acuerdo con el Coneval hay registrados 6 mil 751 programas y acciones de los gobiernos estatales, municipales y federal. Tan solo en materia de inclusión económica, es decir, apoyo a programas productivos, emprendimientos y empleabilidad, hay 48 programas federales dispersos e inconexos con un presupuesto de 120 mil millones de pesos.

Sin embargo, hay iniciativas que como el Inventario de Programas Federales Estatales y Municipales o de la Alianza para el Gobierno Abierto que buscan proveer una plataforma para que sus gobiernos miembros rindan cuentas, sean más abiertos y mejoraren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. Gobierno y sociedad civil trabajan para desarrollar e implantar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto. No obstante, la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa con carácter totalmente voluntario.

En este contexto se desarrolla el Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, que tiene como finalidad la constitución del Catálogo de Programas y Acciones Federales y Estatales para el Desarrollo Social, mismo que ha sido impulsado principalmente por el Coneval, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Función Pública y Transparencia Mexicana, AC. Sin embargo, la participación de las 31 entidades federativas y de 11 dependencias federales, es solamente voluntaria.

Con la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales en México, desarrollada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y Transparencia Mexicana, se convocó a las 32 entidades federativas del país y a dependencias federales que cuentan con programas sociales para que, de manera voluntaria, registren los programas sociales que están llevando a cabo.

Estos esfuerzos del Coneval de constituir un inventario de programas, de la Alianza para el Gobierno Abierto así como la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales en México, son esfuerzos unilaterales que no tiene correspondencia de los gobiernos estatales y municipales, debido a que ninguna normativa faculta a los primeros y obliga a los gobiernos de los estados y municipios a proporcionar la información de sus programas o acciones de desarrollo social implantados.

Por ello se propone un mecanismo para mejorar la transparencia, el control y la rendición de cuentas, así como para contribuir a la construcción de una política social integral y coordinada de los tres niveles de gobierno.

A fin de avanzar en la construcción de un sistema nacional de programas sociales articulado y coordinado, se propone crear un registro nacional de programas y acciones para el desarrollo social, a fin de dar mayor solidez a la política social y con ello prevenir la discrecionalidad y arbitrariedad en la operación de los programas sociales. Con ello, los gobiernos federal, estatales y municipales participarán, incorporando la información de sus programas sociales en la plataforma. Esta base de datos concentrará información actualizada sobre los programas sociales en operación a nivel nacional, lo que permitirá conocer la oferta de programas sociales que existen en el país y cómo funcionan en tiempo real.

Con ello se pretende aumentar la confianza de la ciudadanía en la operación de los programas sociales, facilitar el análisis independiente de la política social, mejorando su fiscalización y evaluación; y mejorar el desempeño institucional del gobierno y la rendición de cuentas bajo los principios de la trasparencia.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, la suscrita, Araceli Saucedo Reyes, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones XI al artículo 5 y XI al 43, recorriéndose las demás; y se reforma el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se adicionan las fracciones XI al artículo 5 y XI al 43, recorriéndose las demás; y se reforma el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. a X. ...

XI. El Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social. Relación oficial de los programas de desarrollo establecido en una plataforma de información que sistematiza y ordena la información de los programas sociales en el país provenientes del gobierno federal, de los estados y municipios.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el gobierno federal, por conducto de la secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón y el Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social.

El Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social contendrá la información de los programas sociales, que incluirá de manera no limitativa los siguientes rubros:

a) Nombre del programa;

b) Dependencia ejecutora del programa;

c) Reglas de operación;

d) Población objetivo;

e) Tipo de apoyo;

f) Cobertura;

g) Corresponsabilidad;

h) Año de inicio;

i) Entidad federativa;

j) Municipio;

k) Sector;

l) Vigencia;

m) Número de beneficiarios;

n) Presupuesto;

o) Informe de ejercicio del gasto;

p) Informe de resultados;

q) Mecanismos para la presentación de quejas y denuncias;

r) Medios para la presentación de quejas o denuncias de tipo electoral; y

s) Evaluaciones.

La información de los programas sociales, así como cualquier información que se estime pertinente, se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan la consulta pública de la información.

Las dependencias y los organismos de la administración pública federal, así como de las entidades federativas y los municipios, proporcionarán a la secretaría la información que se requiera para el cumplimiento de este objetivo.

La inobservancia de esta determinación será motivo de la aplicación de lo previsto en la Ley Federal y en las leyes Estatales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las que se relacionen con esta materia.

Artículo 43. Corresponden al gobierno federal, por conducto de la secretaría, las siguientes atribuciones:

I. a X. ...

XI. Establecer el Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social; y

XII. Las demás que le señalen esta ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cejudo, Guillermo M., Cynthia Michel y Armando Sobrino. La política social en los estados: un análisis de integración, Ciudad de México, Laboratorio Nacional de Políticas Públicas-CIDE, 2017.

2 Alberto Diaz-Cayeros, Federico Estévez y Beatriz Magaloni. The political logic of poverty relief: electoral strategies and social policy in Mexico, Cambridge University Press, 2016.

3 Cejudo, Guillermo M. La fragmentación de la acción gubernamental: intervenciones parciales frente a problemas complejos, México, CIDE, documento de trabajo número 297, 2016.

4 PNUD, Informe de resultados 2013, Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales.

5 Haughton & Khandker. Handbook on poverty and inequality, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, DC, 2009.

6 Sergio Castañeda. “Buenas intenciones, malos resultados”, en revista Alto Nivel, México, DF, 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre 2017.— Diputada Araceli Saucedo Reyes(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

En México, el problema de la violencia de género y los feminicidios se agravan constantemente. Es indispensable, en consecuencia, realizar todas aquellas acciones de protección, principalmente las legislativas, para dejar claro que el Estado está obligado a eliminar la violencia en general y en especial contra mujeres y niñas perpetrada tanto por autoridades como por personas. Uno de los factores que la favorecen es, sin lugar a dudas, la falta de vinculación entre la violencia de género y feminicida con la violencia delincuencial e institucional. La presente iniciativa tiene por objeto atribuir a la autoridad la facultad de negar o cancelar las licencias de portación de armas, individuales o colectivas, a aquellas personas que hayan recibido sentencia condenatoria por el delito de homicidio doloso y sobre todo por el delito de feminicidio.

Argumentos que la sustentan

De acuerdo con Marcela Lagarde:

“La violencia feminicida contra las niñas y mujeres es la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privado y está conformada por el conjunto de conductas misóginas – maltrato y violencia física, psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, comunitaria, institucional, que conllevan impunidad social y del Estado y, al colocar a las mujeres en riesgo e indefensión, pueden culminar en el homicidio o su tentativa, y en otras formas de muerte violenta de las niñas y las mujeres, accidentes, suicidios y muertes evitables derivadas de la inseguridad, la desatención y la exclusión del desarrollo y la democracia”.

En este sentido, y buscando armonizar legislativamente con los diferentes ordenamientos a los que México se ha sumado para la garantía de los Derechos Humanos de las mujeres, de acuerdo a la CEDAW (la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por su siglas en inglés) el acceso de todas mujeres a una vida libre de violencia debe considerar en todo momento la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres.

Por tal motivo, se busca congruencia sobre la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho de no discriminación de la mujer y asegurar el desarrollo y el adelanto de la mujer a fin de mejorar su situación y hacer efectivo su derecho a la igualdad de jure y de facto o sustantiva con el hombre.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla como derecho de las víctimas de violencia el contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades; en este sentido, esta iniciativa se traduce en un mecanismo para hacer efectivo este derecho.

Por otra parte, México ratificó su adhesión a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belem do Pará”, desde el 19 de junio de 1998. En este instrumento internacional, que forma parte del marco jurídico mexicano vigente, se establece, específicamente, la obligación de los países parte, de implementar políticas públicas que tiendan a la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Específicamente, los artículos 7 y 8 señalan que:

Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. ...

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. ...

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Artículo 8

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

a. ...

b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;

c. Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;

d. a i. ...

Entre todas las medidas a que se encuentra obligado el Estado mexicano, debemos señalar que las medidas legislativas son, en primer término, la base para todas las políticas públicas que pudieran implementarse para erradicar la violencia contra las mujeres. Es decir, el Poder Legislativo se encuentra obligado a establecer todas aquellas acciones afirmativas en favor de la prevención de este tipo de violencia.

Constituye uno de los factores que atañen a la vida nacional el que la violencia generada por la delincuencia organizada es cada vez mayor, en incidencia y gravedad, y que el tráfico de armas y su mercadeo ilegal constituyen uno de los principales factores que inciden en el incremento de los índices de violencia, en general. Es por ello que cualquier acción en favor de la visibilización del fenómeno de la violencia contra las mujeres resulta importantísimo, sobre todo cuando el índice de feminicidios se ha incrementado de manera preocupante, principalmente en aquellas entidades que sufren de altos índices de violencia delincuencial. El estado de México y Michoacán constituyen sólo algunos de los ejemplos que pudiéramos citar.

Se debe actuar con la debida diligencia y con medidas integrales dentro un marco jurídico adecuado, que permita la aplicación efectiva en casos de violencia contra las mujeres con las obligaciones genéricas que hemos dado cuenta y de manera específica para la que nos compete en esta iniciativa.

Fundamento legal

Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Único. Se reforman y adicionan los artículos 26 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 26. Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas, o colectivas para las morales, y podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes:

I. En el caso de personas físicas:

A. a C. ...

D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas, por delito de violencia familiar, por delito de homicidio calificado o por delito de feminicidio.

E. a F. ...

...

II. ...

...

...

Artículo 31. Las licencias de portación de armas podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los siguientes casos:

I. a VI. ...

VII. Por resolución de autoridad administrativacompetente o por sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial, cuando el agente cometa el delito de violencia familiar, feminicidio u homicidio calificado;

VIII. a IX.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Marcela Lagarde. Violencia Feminicida en la República Mexicana, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, México, 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2017.— Diputadas y diputados: Cristina Ismene Gaytán Hernández,Araceli Saucedo Reyes, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Delfina Gómez Álvarez, Genoveva Huerta Villegas, José Guadalupe Hernández Alcalá, Kathia María Bolio Pinelo, María del Carmen Pinete Vargas, Martha Hilda González Calderón, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 6o. y 93 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 93 de la ley general de salud, al tenor de la siguiente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que la población ha emprendido una búsqueda de atención a la salud a través de la medicina alternativa, lo que hace necesario que los gobiernos desarrollen una política nacional a favor de su reconocimiento y regulación.

Para la OMS, una razón básica para la utilización masiva en ciertas regiones del mundo de medicinas alternativas y complementarias tiene que ver con su accesibilidad y asequibilidad. Por ejemplo, en países africanos como Ghana y Kenia, donde el gasto sanitario per cápita anual no alcanza los 10 dólares, resulta mucho más barato recurrir a la cura con hierbas para tratar un mal generalizado como la malaria que a los medicamentos de patente. Sin embargo, detrás de este empleo hay también un sistema de creencias que lo sustentan.

En nuestro país, como en otras naciones occidentales, donde la medicina alópata constituye el sistema sanitario dominante, la práctica de la medicina alternativa y complementaria despierta reacciones encontradas que van desde el entusiasmo desbordado hasta el escepticismo. Su aplicación suscita preguntas en cuanto a la falta de evidencia científica respecto a su efectividad y en torno a la cautela que han mostrado las autoridades para brindarles reconocimiento.

Los obstáculos para dar a la medicina alternativa y complementaria un rango similar al que tiene la medicina alópata deben buscarse también en la competencia que la penetración masiva de estas formas de tratamiento representaría para la poderosa industria farmacéutica trasnacional.

La OMS considera que los desafíos en cuanto a la práctica de medicina alternativa y complementaria van de su falta de integración en los sistemas nacionales de salud; a la inexistencia de un marco regulatorio; la carencia de protocolos de investigación que ayuden a precisar su efectividad; la insuficiencia de estadísticas confiables que permitan determinar su nivel de penetración entre la población; así como la falta de información de los médicos alópatas y de los usuarios sobre su uso racional.

Carecemos de datos que nos permitan determinar cuánto gastamos los mexicanos en tratamientos no alópatas, si bien sabemos que el sistema público de salud resulta insuficiente para cubrir la creciente demanda de atención médica y que el alto costo de los seguros privados limita el acceso a la atención privada.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, Cerca de 30 millones de mexicanos, 25.43% de la población del país, manifestó no tener ningún tipo de protección por parte de instituciones o programas de seguridad social.

En contraste, en naciones como Estados Unidos, la creciente utilización de terapias alternativas llevó al Congreso a establecer, en 1992, la Oficina de Medicina Alternativa dentro de los Institutos Nacionales de Salud (INS); y posteriormente, en 1999, ésta fue elevada al rango de Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM, por sus siglas en inglés), con un presupuesto de millones de dólares.

La misión del NCCAM “es explorar prácticas de curación de la medicina complementaria y alternativa mediante métodos con rigor científico, así como crear una base de pruebas relacionadas con la inocuidad y la eficacia de estas prácticas. El NCCAM cumple esta misión a través de investigación básica, de transferencia de conocimientos nuevos a la práctica (‘del laboratorio al paciente’) y clínica; el fortalecimiento de la capacidad de investigación y la capacitación; y programas de educación y difusión”.

En 2007, las autoridades estadounidenses integraron a su Encuesta Nacional sobre la Salud (NHIS, por sus siglas en inglés) una serie de preguntas detalladas sobre el uso de la medicina complementaria y alternativa por parte de los pacientes, la cual arrojó que alrededor del 38 por ciento de los adultos recurre a ella.

El propio Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa de Estados Unidos reconoce que si bien resulta difícil definir la medicina complementaria y alternativa, porque se trata de un campo muy amplio y en constante evolución, ésta incluye el conjunto de sistemas, prácticas y productos que, en general, no se consideran parte de la medicina convencional, como el uso de diversos medicamentos a base de hierbas, la yoga, las técnicas de meditación, la hipnoterapia, el reiki, el tai chi, por mencionar sólo algunas de ellas.

La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud ha señalado que en México existen alrededor de 120 métodos de medicina alternativa y de éstos sólo cinco (la homeopatía, la acupuntura, la medicina tradicional indígena, la herbolaria y la quiropraxia) han sido validados con un marco legal.

En 2008, la dependencia reportó que 40 hospitales en todo el país contaban con un modelo de medicina alternativa como homeopatía, acupuntura y herbolaria.

Se puede concluir que en nuestro país el poco impulso a la medicina alternativa es innegable, por lo que la presente reforma propone impulsar su reconocimiento legal e insertar el término en la Ley General de Salud, así como su integración en los sistemas de salud nacionales.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

México ha logrado avances en cuanto al reconocimiento, regulación y fomento de la medicina tradicional indígena, acorde con los principios de la Declaración de Alma Atta (Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 1979), en la que se reconoce a la salud como un derecho humano fundamental y se exhorta a los gobiernos a valorar los sistemas de salud tradicionales, pero no así en lo que hace al reconocimiento, regulación y fomento de la medicina alternativa y complementaria.

A la Declaración de Alma Atta siguieron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes (OIT, 1989) que, en su apartado V, referente a la “Seguridad Social y la Salud” habla de que los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario y tomando en cuenta los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales; y en 2003, la Resolución de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, que reconocía la importancia de la función de la medicina tradicional, complementaria y alternativa en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora de la calidad de vida de quienes sufren enfermedades leves, e incluso de determinadas enfermedades incurables.

En una nación pluricultural como la nuestra, donde constitucionalmente está garantizado el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, el acceso a los servicios de salud no podía quedar fuera.

En este sentido, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2006, se realizaron reformas a los Artículos 3º y 93 de Ley General de Salud, orientadas al reconocimiento de la Medicina Tradicional Indígena.

Este último término es mencionado en dos ocasiones en el cuerpo del ordenamiento, mientras que el correspondiente a medicinas complementarias y alternativas nunca aparece en el mismo. Es a nivel del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en el Artículo 25, que se alude a la obligación de dicha dependencia, a través de su Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, de diseñar, proponer y operar la política sobre nuevos modelos de atención a la salud en correspondencia a las necesidades y características culturales de la población, promoviendo la interrelación con propuestas y proyectos conjuntos, apoyando que su evaluación se realice a través de la visión de la cultura donde se practica. Sin embargo, aún no se ha avanzado en un marco regulatorio de estos saberes.

La presente iniciativa busca impulsar el reconocimiento legal de la llamada medicina alternativa y complementaria e insertar el término en la Ley General de Salud, además es acorde con la estrategia que ha venido impulsando desde hace varios años la OMS para que los gobiernos reconozcan la contribución de ésta a favor del mejoramiento y mantenimiento de la salud, así como su integración en los sistemas de salud nacionales.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, El diputado del Grupo Parlamentario de MORENA somete a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un numeral VI Ter al artículo 6o. y reforma el artículo 93 de la Ley General de Salud

Artículo Primero.Se adiciona una fracción VI ter al artículo 6º, de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I a VI. ...

VI Bis.Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena, y su práctica en condiciones adecuadas;

VI Ter. Regular, operar y generar investigación en torno a aquellas prácticas médicas alternativas y complementarias, cuya demanda se encuentre extendida entre la población para la atención de problemas físicos, emocionales y/o mentales.

Artículo Segundo.Se adiciona un párrafo segundo, tercero y cuarto al Artículo 93 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 93.- La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud.

De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos humanos.

Asimismo, se entenderá por medicina alternativa y complementaria todas aquellas actividades reconocidas por la Secretaria de Salud, que coadyuven o auxilien con el propósito de conservar la salud y el bienestar físico, emocional y/o mental de las personas, mediante procedimientos diferentes a los propios del sistema sanitario dominante.

A fin de proteger el derecho a la salud, la libertad de elección y la seguridad de los usuarios que opten por la medicina alternativa y complementaria como forma de atender sus malestares físicos, emocionales y/o mentales, el Estado integrará éstas a sus políticas sanitarias, con lo que desde los campos de la investigación y de la formulación y desarrollo de política públicas se deberá monitorear su pertinencia, seguridad y eficacia.

El reconocimiento y la regulación de las diferentes medicinas alternativas y complementarias será facultad de la Secretaria de Salud, la cual indicará su denominación, su definición y una breve descripción de las acciones que les esté permitido realizar, así como de los conocimientos, destrezas y equipamiento indispensable para su ejercicio.

La Secretaría de Salud será también la encargada de establecer las formas de supervisión de dichas prácticas médicas, así como las sanciones que se aplicarán a los prestadores de servicios que no cumplan con los estándares establecidos por la autoridad.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública generarán información sobre la eficacia terapéutica de la medicina alternativa y complementaria, su concordancia con los programas sanitarios vigentes y su disponibilidad, para coadyuvar a la actualización de los profesionales de la salud y a que los usuarios tomen decisiones informadas sobre el tipo de atención que aspiran a recibir.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional (2002-2005), 2002, p. 22.

2 Para mayor información sobre la medicina complementaria y alternativa, se puede consultar el sitio en internet del Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa de Estados Unidos:

http://nccam.nih.gov/health/espanol/informaciongeneral/

3 Secretaría de Salud. Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. Marco legal de la medicina tradicional y las medicinas complementarias. Disponible en el sitio de internet: www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dmtdi/.../Dossier_ Marco_Legal.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2017.— Diputados y diputadas: Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Natalia Karina Barón Ortiz, Norma Edith Martínez Guzmán, Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 5o., 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 5o., 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

El pasado 19 de septiembre, la Ciudad de México revivió la catástrofe causada por el terremoto de 1985 al ser sacudida una vez más por un fuerte sismo que ocasionó el colapso de varios edificios, el daño de otros y lo más lamentable, pérdidas humanas. Si bien se trató de un sismo de menor magnitud al registrado hace más de tres décadas, esta ocasión otras entidades resultaron igualmente afectadas, añadiendo daños a los ya provocados por el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter acaecido una semana antes en el sureste mexicano. Ante la tragedia, fueron las y los jóvenes quienes ofrecieron mayor auxilio, robando la atención del mundo entero por su capacidad para hacer frente a la catástrofe mediante incontables actos de solidaridad y empatía. Jóvenes de todas las edades salieron a las calles a retirar escombros y participar en largas jornadas de rescate y recolección de víveres. Durante la emergencia, miles demostraron su valía y compromiso, rompiendo con los estereotipos que aún hoy recaen sobre ellos y que sirven para catalogarlos como individuos indiferentes a la vida social, cultural y política del país.

En México, se considera joven a las personas que tienen entre 12 y 29 años. Se estima que al menos 38.3 millones de personas componen en nuestro país esta categoría, entre los cuales 50.3 por ciento son mujeres y 49.7 por ciento son hombres. Esto significa que los jóvenes representan aproximadamente una tercera parte de la población, según lo señalan cifras oficiales. Después de lo mencionado, resulta evidente que las y los jóvenes no son más un grupo minoritario y en cambio conforman un porcentaje importante de la población nacional. Sin embargo, a pesar de tener un peso demográfico tan importante, siguen siendo un sector rezagado y relegado de los procesos de toma de decisiones, por considerárseles inmaduros e inexpertos, ignorando con ello que tanto su opinión como sus acciones son relevantes para la sociedad.

Contrario a esta última concepción, las y los jóvenes han demostrado en muchas ocasiones su capacidad como agentes de cambio, impulsando a lo largo de la historia importantes movimientos sociales. En este sentido destacan los movimientos estudiantiles ocurridos durante el siglo pasado en varios países de América Latina. Por ejemplo, en la primera década del siglo XX se desarrollaron los primeros congresos estudiantiles en las capitales de Montevideo y Buenos Aires para reclamar la autonomía universitaria y la construcción de universidades al servicio del pueblo. A su vez, estos movimientos repercutieron en otros países de América Latina, como Brasil, Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador y Venezuela, en donde las y los estudiantes impulsaron procesos similares. Posteriormente, en los años 60 dio inició la Revolución Cubana, que fue igualmente impulsada por un grupo de jóvenes autodenominados la “Generación del Centenario”.

La contribución de las y los jóvenes a la transformación política y social no terminaría ahí. Por el contrario, acompañaría al mundo durante gran parte de los siglos XX y XXI. Este ha sido el caso del movimiento estudiantil chileno llamado “La revolución pingüina”, que conjuntó a miles de estudiantes chilenos para exigir, en diversas movilizaciones realizadas en 2006, una educación pública, gratuita y de calidad. Al otro lado del globo, destaca también el caso de las manifestaciones juveniles que ocurrieron entre 2010 y 2013 en diversos países árabes, a través de las cuales la población exigió reformas para democratizar su sistema político, así como el derrocamiento de los dictadores que mantenían el control del gobierno. A este movimiento se le conocería como “La primavera árabe”.

En nuestro país, un movimiento juvenil emblemático fue el de 1968, en el cual las y los jóvenes se rebelaron contra el gobierno autoritario que regía en aquel entonces. Desgraciadamente, el movimiento fue reprimido con violencia por fuerzas castrenses y militares. No obstante, ello no impidió que las y los jóvenes continuaran su lucha a través de distintas vías, algunos llegando a participar en rebeliones armadas. En 2012, los jóvenes alzaron la voz una vez más y con ella crearon el movimiento “Yo soy 132”, mediante el cual fue duramente cuestionada la democracia de los medios de comunicación masiva, así como la campaña electoral de ese año. Sin embargo, ninguno de estos movimientos alcanzaría a tener cauce institucional y, por el contrario, se verían obligados a desarrollarse en planos informales e incluso, clandestinos. Lo anterior es resultado de la política de abandono implementada por el Estado mexicano contra las y los jóvenes, por la cual se han ignorado sistemáticamente sus necesidades y propuestas, orillándolos a hacerse escuchar sólo por medio de la fuerza y la protesta En un estado auténticamente democrático, debe ser indispensable integrar a todos los jóvenes en la toma de las decisiones de interés público y crear políticas que, por un lado, les permitan desarrollarse plenamente y, por el otro, beneficien al Estado.

Los desastres naturales ocurridos el pasado mes de septiembre evidenciaron cómo México sigue careciendo de un sistema de protección civil capaz de organizar adecuadamente a la población para prevenir y hacer frente a tales catástrofes. La tragedia ha hecho posible identificar cómo el Sistema Nacional de Protección Civil resulta insuficiente para afrontar cabalmente la emergencia. En parte, esto es consecuencia de que el Sistema ha sido reducido a una actividad exclusiva de las autoridades estatales y, por tanto, es incapaz de enriquecerse con la participación de la sociedad civil, incluida la de las y los jóvenes mexicanos, quienes, como ya se ha señalado, demostraron ante la reciente devastación voluntad suficiente para salir a las calles y organizar innumerables brigadas para la contención del desastre.

Ante semejante coyuntura, se hace vital, primero, reconocer la iniciativa y el apoyo a los damnificados brindado por las y los jóvenes mexicanos durante la emergencia y, segundo, encauzarla en favor de la sana convivencia para que se mantenga en el interés permanente de la sociedad. Para empezar dicha tarea es indispensable admitir que, hasta hoy, el Estado mexicano carece de espacios formales para captar dicha energía y ocuparla en instancias de incidencia real en beneficio de la población y los propios jóvenes. Sólo mediante ese reconocimiento, seremos capaces de establecer nuevas formas de convivencia entre las y los jóvenes y el Estado mexicano que, al mismo tiempo que alienten su máximo desarrollo humano, estimulen su inclusión al proyecto nacional en calidad de ciudadanos realizados. En este sentido, históricamente ha sido necesaria la creación de mecanismos institucionales que sirvan a las y los jóvenes para desarrollar sus capacidades en el marco de la conformación de una auténtica sociedad civil.

Es ante dicha premisa que encuentro adecuado promover, mediante las reformas que aquí se enlistan, la instauración de un Servicio Civil y Comunitario Nacional (Seccna) obligatorio, en lugar del Servicio Militar Nacional (SMN), que tendrá por objeto incorporar a las y los jóvenes de México a actividades que contribuyan al desarrollo nacional y su propio bienestar. La iniciativa parte de la conciencia de que el SMN, si bien ha servido por décadas como la plataforma institucional idónea para incorporar a la población joven (primordialmente a la masculina) a la instrucción militar, actualmente enfrenta una grave crisis de legitimidad que exige su replanteamiento. La propuesta de creación del Seccna está encaminada a otorgar mayor participación a las y los jóvenes en el marco del fortalecimiento y consolidación de la sociedad civil, fomentando al mismo tiempo valores cívicos y morales arraigados a la cultura de la solidaridad social. De aprobarse esta iniciativa se garantizará que, al cumplir 18 años, las y los jóvenes asuman la obligación de colaborar con alguna de las más de 28 mil organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones gubernamentales y fundaciones que actualmente existen en México dedicadas a realizar actividades para la promoción de la cultura y la participación ciudadana, el desarrollo integral comunitario y la asistencia social.

Para ello, se propone reformar el modelo vigente de servicio militar para transitar hacia el Seccna. Para explicar con mayor claridad este planteamiento, es indispensable analizar la situación actual del servicio militar.

En el artículo 31, fracción II, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que la instrucción cívica y militar será una de las obligaciones que deberán cumplir todos los mexicanos. Así lo establece nuestra Carta Magna:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. ...

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

III. a IV. ....

Ahora bien, entre las razones que explican la existencia del servicio militar obligatorio sobresale la necesidad de contar con un ejército de reserva al servicio de la defensa de la patria, en caso de que ésta estuviera bajo amenaza o en estado de guerra y los activos enlistados no fueran suficientes para enfrentar la situación. Sin embargo, sin denostar la importancia de la defensa como componente incuestionable de la estrategia de seguridad nacional, debe señalarse que México lleva más de seis décadas sin participar en ninguna guerra o encontrarse bajo amenaza bélica. Ahora bien, el servicio militar tiene también por objetivos –además de los propiamente militares– formar ciudadanos íntegros, responsables y disciplinados, fomentar la unidad nacional, el patriotismo y auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres generados por fenómenos perturbadores de origen natural o humano.

Actualmente, el SMN se desarrolla en cinco etapas: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación. En la primera, el alistamiento, los jóvenes con 18 años cumplidos el año en curso acuden a las juntas municipales y delegacionales de reclutamiento o al consulado para registrarse. Posteriormente, en el mes de noviembre, se realiza un sorteo en el que se decide si los enlistados participarán o no en las actividades propias del servicio militar, en un proceso que incluye el uso de las célebres “bola negra” y “bola blanca”. En enero se realiza el reclutamiento, etapa en la que tanto los jóvenes que, luego del sorteo, resultaron electos para acudir al servicio militar como los que no libraron esta etapa, así como las mujeres que voluntariamente hayan decidido realizar su servicio militar, acuden a las juntas municipales para entregar sus documentos de identidad al SMN. A continuación, en la fase de adiestramiento, se capacita a los conscriptos durante 44 sesiones sabatinas en conocimientos básicos de la doctrina militar vigente. La última etapa, la liberación, se desarrolla en diciembre de cada año, cuando autoridades de las secretarías de Defensa Nacional y Marina realizan la entrega correspondiente de las cartillas en las juntas municipales y delegacionales.

Frente al cada vez más palpable desgaste del servicio militar, agravado por el agotamiento de la ciudadanía tradicional, el desencanto generalizado con los modelos vigentes de representación política, el distanciamiento, cada vez mayor, de la juventud con el Ejército Mexicano y la creciente aceptación de las becas de voluntariado, se han presentado diversas iniciativas orientadas a la transformación de dicha institución. Con esta misma intención se han realizado importantes modificaciones a su régimen interior, como las derivadas de las reformas de 1997, por las cuales las metas del SMN fueron reformuladas para generar entre los conscriptos una conciencia cívico-social más amplia. Esto se logró a través de la participación de los conscriptos en actividades ya no sólo de carácter militar, sino en programas que redundarían en beneficios sociales en ámbitos como el educativo, deportivo, rescate del acervo cultural, prevención de las adicciones y trabajo social. Con lo anterior, los enlistados fortalecerían sus valores cívicos al mismo tiempo que coadyuvarían al fortalecimiento de la ciudadanía ahí donde sus acciones tenían impacto inmediato. No obstante, estas modificaciones fueron eliminadas en 2006, para retornar a la instrucción exclusivamente militar.

A pesar de que, en su modelo vigente, la función del servicio militar parece relativamente clara, la realidad es que actualmente se ha convertido en una institución anacrónica y prácticamente inoperante. Esto es resultado, por un lado, del creciente incumplimiento de los sujetos obligados y, por otro, de la mínima aceptación que produce pues si bien se trata del cumplimiento de un deber patriótico, no ha sido ajeno a prácticas de corrupción. A esto se suma que en los últimos años se han impulsado una serie de reformas administrativas que han hecho posible que sean cada vez menos trámites laborales y gubernamentales que exigen como requisito la presentación de la cartilla militar. Como resultado, en el presente el SMN carece de incentivos suficientes y mecanismos de sanción que le permitan alentar a las y los jóvenes de México a cumplir con la referida obligación constitucional.

Es de vital importancia dejar en claro que la propuesta que aquí se presenta en ningún momento supone la supresión del servicio militar, pues su aplicación no contraviene las operaciones habituales de las fuerzas armadas. Lo que se propone es que, luego del alistamiento obligatorio, la participación de las y los jóvenes no se restringa al adiestramiento militar y que, en cambio, su iniciativa y compromiso se canalicen en labores que produzcan impactos directos en beneficio de la sociedad, especialmente en las comunidades de las que forman parte. De esta forma, con la creación de un nuevo servicio de orientación cívica y social, que prevea la existencia de alternativas distintas a las de las armas, capaces de encajar con los diferentes perfiles e intereses de las y los jóvenes de esta generación, esta iniciativa contribuye con el fortalecimiento de la ciudadanía en nuestra nación.

Asimismo, la incorporación de las y los jóvenes al Seccna permitirá que, ante la ocurrencia de cualquier siniestro, sea posible implementar con mayor rapidez y eficiencia tareas de auxilio, organización, rescate y salvaguarda de la población, identificando a las juventudes como un recurso invaluable para mejorar la cobertura de los servicios de protección civil en todos los niveles de gobierno. Además, la presente iniciativa conducirá a un incremento del número de jóvenes enlistados dado que el Seccna fomentará la igualdad entre todos los mexicanos al homologar la obligación de llevarlo a cabo, sin distinción de género. Todo ello con el firme objetivo de crear espacios en los que las y los jóvenes mexicanos, independientemente de su condición social, económica o cultural, puedan interactuar, colaborar y reconocerse como ciudadanos, y así encuentren en las experiencias que sean parte del servicio civil nacional los elementos de identidad y respeto mutuos que les permiten abatir la desigualdad y la discriminación.

La creación del Seccna permitirá homologar el orden jurídico nacional con estándares internaciones sobre derechos humanos. En este sentido, cabe señalar que, si bien en 2011 se concretó una importante reforma a nuestra Carta Magna que implicó, entre otras cosas, la elevación de los tratados internacionales en materia de d humanos a rango constitucional, la regulación del servicio militar aún no ha podido ser parte de dicha evolución, toda vez que la legislación mexicana sigue sin integrar la figura de la objeción de conciencia a la reglamentación del servicio militar.

La objeción de conciencia es una figura jurídica que reconoce como derecho humano la decisión de rechazar el cumplimiento de ciertos deberes impuestos por la ley cuando éstos se opongan a la libertad de pensamiento y conciencia, así como a las convicciones ideológicas de cada individuo. A diferencia de otros mecanismos de protección a la libertad de conciencia, la objeción de conciencia posee una naturaleza esencialmente individual y sólo pretende la exención de una obligación legal específica cuando ésta entra en conflicto con las creencias y convicciones de una persona, sin que ello implique la modificación del ordenamiento jurídico. Esta tiene su origen en las libertades de pensamiento, conciencia y religión consagradas en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual forma, se enmarca en los principios establecidos por el artículo 24 de la CPEUM. Se trata pues, de un derecho inherente de los sistemas de gobierno constitucionales y democráticos, en donde las expresiones individuales o colectivas de desobediencia civil pacífica debieran estar plenamente garantizadas.

De una interpretación acorde a los instrumentos internacionales de derechos humanos mencionados, se ha desarrollado la doctrina de la libertad de conciencia, mediante la cual se han interpretado los alcances de este derecho. Mediante ella se ha demostrado que la objeción de conciencia no sólo es aplicable en el ámbito de las creencias religiosas, sino que abarca también los planos humanista, filosófico y social. Por lo tanto, el servicio militar obligatorio debe ser contemplado como uno de los escenarios factibles de su aplicación. En nuestro país, la objeción de conciencia en el servicio militar consistiría en la negativa de cumplir con la obligación legal que éste impone de participar en un proceso de reclutamiento obligatorio para integrar las fuerzas armadas. Por desgracia, a pesar de su importancia, México sigue careciendo de una ley que reconozca el derecho de objeción de conciencia en el servicio militar, mientras que su gobierno tampoco ha mostrado intenciones de promulgarla. Lo más grave es que tampoco se han desarrollado servicios sustitutivos alternativos para que los objetores sirvan a sus comunidades.

Por casos como estos, desde 1989 diversos órganos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a los Estados Parte a adoptar medidas legales y administrativas que garanticen a las personas el ejercicio de la objeción de conciencia en lo tocante al servicio militar obligatorio. En atención a estas recomendaciones, varios países han modificado su régimen de servicio militar y en su lugar han implementado novedosos modelos institucionales para fomentar entre las y los jóvenes nuevas formas de ciudadanía. Por ejemplo, hace algunos años, Alemania adoptó la decisión de derogar el servicio militar obligatorio como medida de austeridad, tras los altos gastos generados por el uso de sus fuerzas armadas. Naturalmente, la suspensión del servicio militar tomó tiempo y se realizó por etapas; empero, su supresión en ningún momento implicó que los ciudadanos mayores de 18 años –y hasta 45 años– abandonaran su obligación de defender a su país en caso de guerra. Como Alemania, España también fue otro país europeo que decidió suprimir el servicio militar obligatorio a través de una serie de reformas que incluyeron la profesionalización de sus fuerzas armadas.

Otros países en el mundo han optado también por omitir la obligatoriedad del servicio militar e implementar en su lugar alternativas distintas para el desarrollo civil de la juventud. En este sentido, la creación y regulación de servicios sustitutorios se ha convertido en una constante de las reformas a la ley aplicadas en países europeos. Este tipo de instrumentos institucionales ha hecho posible que los objetores de conciencia que elijan no entrenarse en el manejo de las armas y la estrategia militar no sean eximidos de asumir responsabilidad para con su nación y en su lugar participen en actividades que les permiten contribuir de forma propositiva a su país.

Este es el caso de Finlandia, en donde si bien el servicio militar es obligatorio, se han admitido excepciones para grupos específicos como los Testigos de Jehová y los habitantes de las islas semiautónomas desmilitarizadas, quienes hacen uso de su derecho a la objeción de conciencia, calidad que no los excusa de participar en labores comunitarias por un periodo de 12 meses. Este servicio social consiste en un entrenamiento básico de 28 días que incluye capacitación en primeros auxilios y jornadas de educación para la pacificación y resistencia no violenta. Una vez terminado el entrenamiento básico, el objetor se da a la tarea de elegir una organización en donde poner sus nuevos conocimientos en práctica, cubriendo obligatoriamente 40 horas semanales.

En Latinoamérica, un caso exitoso es el de Brasil. Desde 1988, en Río de Janeiro comenzó a implementarse el “Programa de Servicio Civil Voluntario” como alternativa al servicio militar. Aunque el cupo fue limitado, (pues sólo admitía el ingreso de 10 por ciento de la población) el programa fue concebido como una forma en que las y los jóvenes “transitaran” hacia la adultez, enfatizando la importancia de la formación para el trabajo, así como el valor de una vida civil plena dentro de una sociedad democrática. Hasta hoy, el programa da prioridad a jóvenes de escasos recursos, pertenecientes a grupos vulnerables o minorías étnicas, que padezcan alguna discapacidad o sean hijos de madres solteras. Gracias a ello, el programa promueve el desarrollo de las juventudes más vulnerables del país, al mismo tiempo que fomenta la solidaridad ciudadana e intergeneracional. La duración del servicio es de 600 horas distribuidas en un periodo de seis meses, durante los cuales los involucrados tienen derecho a recibir un estipendio. Parte del éxito del proyecto se ha debido al alto número de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles –y ya se buscan alianzas con instituciones privadas– que han apoyado la iniciativa empleando a cientos de jóvenes decididos a servir a sus comunidades.

Argentina ha destacado por eliminar el servicio militar obligatorio y tornarlo voluntario. La nueva legislación establece que los sujetos que estén impedidos de llevar a cabo el servicio militar, deberán cumplir con el Servicio Social Sustitutorio (SSS), desempeñándose en actividades de utilidad pública como la protección y defensa civil, así como la realización de servicios sanitarios, sociales, educativos y de conservación del medio ambiente. Aquellos que deciden no tomar ninguna de las dos opciones, cumplen condenas de 2 a 4 años en prisión. El SSS está a cargo de los Ministerios de Desarrollo Social y Educación, logrando con ello que la institución goce de mayor legitimidad. De esta manera, las y los jóvenes de Argentina participan activamente en el desarrollo de sus comunidades y su propio crecimiento personal, sin oponerse en ningún momento a sus convicciones.

En el mismo tenor, en Paraguay ya se contempla la objeción de conciencia del servicio militar en sus artículos 37 y 129 constitucional. Ello ha permitido que aquellos a quienes les sea concedida la calidad de objetores de conciencia se les ofrece la alternativa de realizar un servicio sustitutivo en beneficio de la población civil, laborando en centros asistenciales de enseñanza pública, hospitales y centros de salud, instituciones públicas de beneficencia, acción social y emergencia, así como ONG.

Si bien diversas resoluciones, observaciones e informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reiterado la necesidad de reconocer formalmente en las leyes nacionales la objeción de conciencia en el servicio militar, el Estado mexicano ha decidido ignorar sistemáticamente dichas recomendaciones, aun cuando ha suscrito y ratificado diversos tratados que reconocen los derechos de los que se deriva la objeción de conciencia. Sin embargo, la CPEUM establece, en su artículo 1o., que los derechos humanos que se desprendan de tratados internacionales no podrán restringirse, haciendo de ellos normas vinculantes. Con base en esta última perspectiva, se actualiza el supuesto del artículo 133 de la Constitución, el cual establece que este tipo de tratados, junto con la Carta Magna, son la norma suprema de la Unión. Así versa en ese sentido la CPEUM:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.”

Por lo anterior, se concluye que cualquier restricción al pleno ejercicio del derecho a la objeción de conciencia constituye una violación a los derechos humanos reconocidos en nuestra norma suprema y, por tanto, supone un grave incumplimiento a las obligaciones de las autoridades previstas en el artículo 1º constitucional, que señala:

Artículo 1o. ......

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley

...

En este contexto, la instauración del Seccna ofrecería la flexibilidad suficiente para garantizar la integración y aplicación de la objeción de conciencia sin que ello implique el deterioro de la ciudadanía y la identidad patriótica, cumpliendo a su vez los estándares internacionales requeridos para la promoción y protección de los derechos humanos.

Más allá de la argumentación jurídica, conviene señalar otro tipo de ventajas que resultarían de la puesta en práctica del Seccna, a saber, aquellas que repercutirían en beneficios directos a los jóvenes. Para empezar, alentaría su desarrollo como ciudadanos plenamente integrados al proyecto nacional al inculcar, a través de las experiencias propias del servicio, nociones sobre la relevancia de los derechos humanos, la participación democrática y la solidaridad social. Asimismo, contribuiría con su formación para el trabajo, pues serviría como espacio para la adquisición de capacidades y la conformación de redes de apoyo que puedan facilitar su ingreso al mundo laboral, así como el encuentro con su vocación.

Esto es especialmente útil en un contexto como el que ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2015, “Violencia, niñez y crimen organizado”, mediante el cual se señala que en México por lo menos treinta mil niños y jóvenes menores de 18 años colaboran con el crimen organizado en actividades como la custodia de casas de seguridad, la perpetración de secuestros y asesinatos y toda clase de tareas vinculadas al narcotráfico. La creación del Seccna serviría entonces para atacar varias de las principales causas que orillan a las y los jóvenes a integrarse a las economías delincuenciales, permitiéndoles al mismo tiempo alcanzar su desarrollo personal a través de incentivos que les alienten a construir su identidad con autonomía y comenzar con ello su propio plan de vida.

Sobre el empoderamiento juvenil, la destacada comunicóloga Rossana Reguillo ha desarrollado importantes planteamientos sobre su naturaleza y relevancia social. Sobre este proceso, Reguillo distingue tres tipos de capital que se complementan y determinan mutuamente para dar cauce a las aspiraciones de cada joven. 1) El capital central, de carácter político, que se relaciona con la aspiración de reconocimiento de su individualidad, así como la posibilidad de medrar el sistema político vigente; 2) el capital cognitivo-escolar, que está vinculado con sus destrezas y habilidades intelectuales; y 3) el capital social, que le otorga las habilidades y flexibilidades que requiere para desenvolverse en sociedad. Los tres ejes convergen en la relación que el joven tiene con las instituciones con las que convive diariamente, actuando como reflejo del lugar que le espera en el mundo adulto. A mayor reconocimiento de cada uno de estos capitales, más fácil es influir positivamente en las expectativas a futuro de cada joven. De este axioma puede deducirse que el desdén en el que por décadas ha incurrido el Estado contra las aspiraciones de las y los jóvenes ha afectado mayormente a los sectores juveniles más marginados, entre los que destacan los pertenecientes a las culturas indígenas, las diversidades sexuales o las comunidades más pauperizadas.

Sin embargo, cuando sucede lo contrario, es decir, cuando el Estado orienta el rumbo de su acción utilizando como guía la perspectiva de las juventudes, le es posible cimentar un fuerte sentido de identidad nacional (y ciudadana) que atraiga el interés de las y los jóvenes, sobre la base del reconocimiento de su solidaridad y utilidad para hacer de México una mejor nación, una deuda que sin duda ha quedado pendiente tras los actos heroicos realizados por las juventudes durante la catástrofe provocada por los pasados sismos. Así pues, con la creación de nuevas instituciones sensibles a los procesos de empoderamiento juvenil, será posible garantizar que cada joven pueda, sobre un marco legal verdaderamente orientado al beneficio social, identificarse ya no con grupos criminales sino con su propia patria (y la ardua tarea de enaltecerla).

Por lo expuesto, y frente al número cada vez más grande de jóvenes que se niegan a cumplir con el deber nacional de servir para el Ejército Nacional a través del SMN, resulta inaplazable atender con seriedad las enseñanzas de casos exitosos en países de todo el mundo en los que la objeción de conciencia y el servicio sustitutorio se han convertido en alternativas eficaces para involucrar a las juventudes a nuevas formas de ciudadanía activa, alejándolos de entornos de riesgo bien conocidos en nuestro país, como es el caso de la delincuencia organizada, que arrastra anualmente a miles de jóvenes, muchos de ellos procedentes de familias de escasos recursos, a actividades ilícitas y violentas.

Por esto y mucho más, ya no es posible justificar la existencia de un servicio militar obligatorio centrado en la formación de fuerzas de reserva ante amenazas bélicas. En su lugar, el servicio civil puede fungir como un valioso mecanismo institucional para fomentar valores nacionales como el patriotismo, el respeto, la disciplina y la solidaridad, en el marco de la cada vez más aguda pérdida de valores cívicos derivado de la posmodernidad digital. Además, su aplicación coadyuvaría al reconocimiento de la juventud como un grupo (o conjunto de grupos) complejo y diverso y no como un bloque homogéneo y uniforme, dado que su ejecución partiría de la premisa de que no todos los jóvenes se desenvuelven de la misma forma y que, por lo tanto, su desarrollo integral requiere la existencia de un mosaico de alternativas de formación.

Asimismo, contrario a lo que pudiera pensarse, la aplicación de esta propuesta resultaría en el fortalecimiento del servicio militar actual pues, al tornarlo voluntario, se garantizaría que quienes se enlistaran fuera sólo quienes manifestaran un genuino interés en la instrucción militar. De esta forma, lograría captarse por primera vez en la historia de la institución la verdadera vocación por la carrera de las armas entre las y los jóvenes mexicanos que así se sintiesen, dedicándoles el tiempo y la capacitación militar que dicha vocación amerita. A su vez, esto permitiría la formación de contingentes especializados para responder ante situaciones de riesgo nacional. Aunque es cierto que esta propuesta generará un menor número de circunscriptos dedicados a las actividades militares, permitirá que lo enlistados tengan acceso a mayor y mejor capacitación, privilegiando la calidad antes que la cantidad.

Para concluir, si bien la Constitución establece la realización del servicio militar y el alistamiento a la Guardia Nacional como obligaciones de los mexicanos, queda claro que ambas instituciones están siendo rebasadas por nuevas formas de participación social de las que forman parte activa las juventudes. Con esta enmienda constitucional, el servicio militar quedará englobado en el nuevo Servicio Civil y Comunitario Nacional. La transformación del servicio militar obligatorio en voluntario repercutirá, por un lado, en la profesionalización de contingentes militares capaces de afrontar los dilemas actuales de la seguridad nacional, y por otro, motivará la creación y consolidación de alternativas, ancladas en las necesidades que plantea la actualidad, para que las y los jóvenes de México puedan transitar hacia la ciudadanía, particularmente para quienes, en ejercicio legítimo de su derecho de objeción de conciencia, prefieran actividades distintas a las militares para demostrar su compromiso con el proyecto nacional y contribuir al bienestar de sus comunidades.

Finalmente, la propuesta logrará evitar que más jóvenes sigan desentiéndase del deber que tienen con su país sin que ello implique la imposición de un entrenamiento vinculado al ejército nacional. En este sentido, la creación del Seccna permitirá que más mexicanos, hombres y mujeres, contribuyan al desarrollo integral de la nación al participar en labores ajustadas a sus entornos y necesidades locales, entre las que destacarán la educación, la protección al medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. En última instancia, se pretende la formación de una generación de ciudadanos responsables, disciplinados y preparados, con fuerte vocación de servicio y mayor capacidad de autodeterminación.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 5o., 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y adiciona un párrafo quinto, recorriéndose los siguientes, al artículo 5o.; se reforma la fracción II del artículo 31; y se reforma la fracción II del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano

Artículo 5o. ..

..

...

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El Servicio Civil y Comunitario Nacional será obligatorio para todos los mexicanos, hombres y mujeres, en los términos que establezca el Congreso de la Unión en la Ley del Servicio Civil y Comunitario Nacional. En cuanto al servicio militar, éste será voluntario para todos los mexicanos, hombres y mujeres, en los términos que establezca la autoridad militar federal.

..

..

..

...

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. ...

II. Elegir, a través del Servicio Social y Comunitario Nacional, una institución que sea de su interés para participar en el desempeño de actividades de carácter social, cuya realización fomente la cultura de la solidaridad, así como valores humanos, cívicos y socioculturales que les permitan constituirse como ciudadanos socialmente responsables, copartícipes del desarrollo de sus comunidades y del bienestar nacional. En su defecto, cuando así lo decidan, asistirán en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

III. y IV. ...

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. ...

II. Alistarse en el Servicio Civil y Comunitario Nacional.

III. a V...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El honorable Congreso de la Unión deberá expedir la ley correspondiente para la regulación e implementación del Servicio Civil y Comunitario Nacional, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo de la Unión expedirá el Reglamento y demás disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Cuarto. Mientras se expide esta ley, el Ejecutivo de la Unión, a través de la Secretaría de Gobernación, dictará las disposiciones que sean necesarias para facilitar el cumplimiento de la misma. Esto implica emitir un listado con las instituciones en las que podrá acreditarse la realización del Servicio Civil y Comunitario Nacional.

Notas

1 El Instituto Nacional de la Juventud cataloga como jóvenes a las personas que se encuentran en un rango de edad que va de los 12 a los 29 años.

2 Secretaría de Gobernación. La juventud mexicana en cifras. 11 de enero de 2016.

3 Secretaría de Desarrollo Social. Cepal e Indesol discuten macroeconomía y derechos humanos. 2014.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en el DOF el 15 de septiembre de 2017.

5 Secretaría de la Defensa Nacional. Objetivos del Servicio Militar Nacional 3 de noviembre de 2014.

6 El Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales del examen de los informes presentados por los Estados parte en virtud del artículo 40 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ha expresado su preocupación por que México expresó no cuenta con una ley que reconozca el derecho de objeción de conciencia al servicio militar ni tenga intención de promulgar una.

7 La Organización de Estados Americanos. Programa de Servicio Civil Voluntario. 2014.

8 CIDH. Resolución 1998/77. 1998.

9 Reguillo, Rossana. La condición en el México contemporáneo. Biografías, incertidumbres y lugares. 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2017.— Diputados y diputadas: Guillermo Rafael Santiago Rodríguez,Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Natalia Karina Barón Ortiz, Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 110, 150 y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor siguiente:

I. Las normas son el orden de la sociedad. El derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Pero para que ese orden, esa bondad y esa justicia causen su efecto, requerimos de una buena ley. Una ley que sea clara, precisa, directa y acorde con su realidad.

II. Para esta Cámara, su fuente de orden es su Reglamento y representa para la misma la fuente de derechos, obligaciones, procesos y formas de trabajo de esta representación.

III. Es una práctica inveterada, reconocida y procesalmente útil, el que las reservas sean sometidas al pleno, antes de su discusión para ver si este las admite o no. Sin embargo esta etapa procesal no se encuentra expresamente plasmada en el reglamento y ello hace que una representación parlamentaria como ésta, que incluso cuenta con un reglamento reciente, siga recurriendo a actos de práctica parlamentaria por no haber incluido esta regulación en su ordenamiento; por ello propongo modificar la fracción II del artículo 110 y darle carta de legalidad a esta etapa de recurrente uso que abona en abreviar los procesos de inclusión de reservas.

IV. En el artículo 193, relativo a disposiciones disciplinarias para la asistencia de diputados en comisiones, el numeral 1 señala que “Al diputado o diputada que acumule dos inasistencias a convocatoria, sin justificar durante un semestre, se le descontará un día de dieta”; y el numeral 2 indica que “En caso de que el diputado o diputada acumule cuatro inasistencias a Reunión, sin justificar durante un semestre, causará baja de manera automática”. Sin embargo, en el artículo 150, señala en la fracción XVI como atribución del Presidente de la Junta Directiva de las Comisiones, el “Exhortar a los diputados y diputadas integrantes que no asistan a las reuniones de la comisión o comité para que participen en las subsecuentes reuniones. Asimismo, comunicar a la Junta los casos en que se acumulen tres faltas consecutivas, sin causa justificada, para conocimiento de los coordinadores de los grupos y los efectos que correspondan”, redacción y consecuencia jurídicas totalmente inconexas entre sí. En tal sentido se propone la adecuación en la fracción XVII del artículo 150 para que el Presidente de la Comisión contemple las causales de sanción y las comunique a la Junta para esos efectos, cuando se acumulen inasistencias a convocatorias tal como lo señala el artículo 193 y no sólo faltas a reunión, es decir que sea que haya quórum o no, la ausencia se toma como inasistencia y se debe justificar o atenerse a la consecuencia.

V. Cuando se expidió el Reglamento de la Cámara de Diputados, el 24 de diciembre de 2010, el artículo 84 en su numeral 1, establecía que “El dictamen será válido sólo cuando la comisión o comisiones discutan un asunto en Reunión y éste se apruebe, por mayoría” y el artículo 167 en su numeral 4 estableció que “Las resoluciones o dictámenes deberán adoptarse por mayoría simple”. Sin embargo, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, se decidió variar el contenido del artículo 84, numeral 1, estableciendo que la mayoría para aprobar un dictamen debía ser absoluto. Sólo que los autores y dictaminadores de tal enmienda olvidaron realizar el denominado en técnica jurídica como “efecto espejo”, es decir, reflejar la misma idea en todos los demás preceptos en donde se cita, por lo que actualmente tenemos una antinomia al establecer circunstancias diferentes para un mismo supuesto, dando lugar a la ambigüedad e imprecisión jurídica y, faltando al principio constitucional de certeza. Es por ello que propongo homologar el texto del artículo 167, numeral 4 para que en ambos preceptos se establezca que la aprobación de un dictamen sea por mayoría absoluta, instaurando así, la imprescindible pulcritud a la norma.

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único: Se reforman la fracción II del artículo 110; la fracción XVII del artículo 150 y el numeral 4 del artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo 110.

1. Las reservas se discutirán de la siguiente forma:

I. ...;

II. El Presidente consultará a la asamblea en votación económica si es de admitirse; en caso negativo se procederá a abordar la siguiente reserva, en positivo el Presidente formulará una lista de oradores a favor y en contra, quienes podrán intervenir hasta por cinco minutos cada uno;

III. a VI. ...

Artículo 150.

1 . Son atribuciones del Presidente de la Junta Directiva:

I. a XVI. ...

XVII. Exhortara los diputados y diputadas integrantes que no asistan a las reuniones de la comisión o comité para que participen en las subsecuentes reuniones. Asimismo, comunicar a la Junta los casos en que los diputados acumulen inasistencias consecutivas a convocatoria en un semestre, sin causa justificada, para los efectos del artículo 193.

Artículo 167.

1. a 3. ...

4. Las resoluciones o dictámenes deberán adoptarse por mayoría absoluta.

5. y 6. ...

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2017.— Diputados y diputadas: Rogerio Castro Vázquez,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Natalia Karina Barón Ortiz, Patricia Elena Aceves Pastrana, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Norma Rocío Nhale García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa.

Consideraciones

A pesar de nulos resultados en su gestión y de ganar elevados salarios, el 29 de septiembre del presente año el Senado de la República ratifico a consejeros del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No cumplen con los requisitos que por ley les exige tener un perfil profesional que les permita aportar líneas de acción que se traduzcan en mayor riqueza, productividad y eficiencia al Estado mexicano. Lejos de eso varios de ellos incurren en conflicto de interés, corrupción y opacidad, ya que al no ser considerados servidores públicos no están obligados rendir cuentas.

La figura de los consejeros independientes también ha servido para repartir cuotas entre los partidos políticos y, al mismo tiempo se han convertido o ya eran líderes de opinión, que representan a una élite empresarial nacional cada vez más vinculada al capital transnacional.

La currícula de los consejeros habla por sí sola:

Fondo Mexicano del Petróleo

Jordy Herrera Flores. Consejero independiente del FMP desde 2015. Es economista y miembro del Partido Acción Nacional. Fue director general de Enlace con el Congreso de la Unión en la Secretaría de Desarrollo Social y coordinador nacional de redes ciudadanas de la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006.

Al inicio del periodo presidencial en diciembre de 2006 fue nombrado subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y posteriormente director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica de Petróleos Mexicanos, el 9 de septiembre de 2011 asumió el cargo de secretario de Energía hasta 2012. Ahora es consultor para temas de energía y economía en Fractal Consultores (despacho propio).

Actualmente es investigado por la PGR por presunta participación en un convenio firmado en el 2010 que favorece a la empresa petroquímica brasileña Braskem. La investigación gira en torno a la forma en que se definieron las cláusulas de penalización del contrato firmado entre Pemex GyPB y el grupo integrado por la petroquímica Braskem e Idesa, cuyo objetivo fue proveer con 66 mil barriles diarios de etano a la planta de Etileno XXI ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. En dicho convenio, Pemex deberá pagar el gas etanol que no pueda suministrar, pero con un aumento de hasta el 200 por ciento de su precio. Además, Pemex habría renunciado a defenderse legalmente y a pagar 300 millones de dólares anuales por incumplimiento.

Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler.Consejero independiente del FMP desde 2015. Es un economista y miembro del Partido Revolucionario Institucional. Ha sido empleado del conglomerado transnacional Carlyle Group. Fue secretario de Energía durante el gobierno de Ernesto Zedillo y secretario de Comunicaciones y Transportes en el de Felipe Calderón Hinojosa, hasta el 3 de marzo de 2009 y presidente del Consejo y director general del Grupo BMV, propietario de la Bolsa Mexicana de Valores en 2009.

Otros cargos como consejero: Grupo México, consejero propietario de Fomento Económico Mexicano (Femsa) empresa líder en América Latina, integrada por: el embotellador de Coca-Cola más grande del mundo, tiendas de conveniencia Oxxo y una importante inversión en Heineken.

También consejero de Grupo México de la filia de Infraestructura Petrolera México. Infraestructura México y Perforadora México, filiales de Grupo México, participan activamente con las empresas privadas ganadoras de litaciones petroleras, en especial con Sierra Oil & Gas (originalmente propiedad de la familia Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, ahora propiedad de Black Rock).

Es miembro activo del consejo de administración de Sempra Energy, compañía que participa en la construcción del gasoducto Los Ramones, en proyectos de infraestructura, de regasificación y generación de energía eléctrica.

Federico Reyes Heroles González Garza. Consejero del FMP desde 2015. Economista y miembro del Partido Revolucionario Institucional (en 2006 manifestó públicamente su rechazo a la nominación del priista Roberto Madrazo y apoyó al candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa, aunque sin renunciar a su militancia en el PRI). Director General de Pemex de 2006 a 2009 (al inicio del gobierno de Felipe Calderón).

EL 1 de septiembre presentó su declaración de intereses en la declara lo siguiente: Consejero independiente del FMP vigente, consejero de diversos fondos vinculados al sector energético como; Morgan Stanley EnergyParthnes y NRG Capital SAPI. También declaró que su hija está casada con Javier Orosco quien trabaja en Neo Mexicana de Gas. Además de ser consejero de HSBC-MX.

Jesús Marcos Yacamán. Consejero independiente del FMP desde 2015. Estudió la licenciatura en economía en la UANL. Posteriormente, realizó estudios de maestría y doctorado en economía en la Universidad de Columbia (Estados Unidos). La mayor parte de su trayectoria profesional la llevó a cabo en el Banco de México. En esa institución ocupó diversos cargos entre los que se pueden destacar los siguientes: Gerente de Información Financiera, director de Programación Financiera, director de Investigación Económica y finalmente subgobernador. Además, ha sido miembro de los consejos directivos de distintas instituciones bancarias y comités técnicos de diversos fondos de fomento económico del gobierno federal.

Consejeros de Pemex

Octavio Francisco Pastrana Pastrana. Consejero independiente de Pemex desde 2015. Se tituló como doctor en termodinámica y mecánica de fluidos de la Universidad de Strathclyde en el Reino Unido y es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes en Colombia. Octavio Francisco Pastrana ha sido presidente de British Petroleum en varios países: Alaska, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile y México entre 1995 y 2007.

Ha completado cursos de administración de empresas y negocios en la Universidad de Harvard en Estados Unidos de América así como cursos de estrategia corporativa en la Universidad de Stanford y un curso de Ambiente Global en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido.

Mediante su propia firma de ingeniería Promelec, estuvo a cargo de varios proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos en Colombia entre 1978 y 1987. Desde el 2007 es residente naturalizado mexicano y de 2007 a 2008 fue director de estrategia y desarrollo de negocios para Arendal, firma mexicana de ingeniería en la industria del gas, petróleo y plantas de ciclo combinado.

Felipe Duarte Olvera. Consejero independiente hasta 2019. Licenciado en Administración y Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestría en Administración de Negocios (MBA) por Harvard Business School.

Entre 2006 y 2012 fue subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía y Secretario Técnico del Gabinete Económico en la Presidencia de la República.

Consejero de Pemex, CFE, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Anteriormente trabajó en la Oficina de la Presidencia de la República para las Políticas Públicas y en la consultoría McKinsey and Co.

De 2013 a 2015 fue director general adjunto de Experiencia del Cliente también en Grupo Financiero Banorte. Su último cargo en dicha institución fue director general adjunto de Infraestructura y Energía.

Jorge Borja Navarrete.Ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en administración por la Universidad de California en Los Ángeles. Ha fungido como director corporativo de Ingenieros Civiles Asociados Flour Daniel.

En noviembre de 2015 se anunció en la prensa nacional lo siguiente: el avance de las empresas ICA Fluor Daniel y Odebrecht en el sector energético alcanzó un nuevo nivel, al extenderse hoy a una nueva fase los contratos más importantes para la modernización de la refinería de Tula, en Hidalgo.

El director de la nueva razón social, Pemex Transformación Industrial (PTI), Alejandro Martínez Sibaja, encabezó hoy la reunión con los ejecutivos de las mencionadas empresas para protocolizar el contrato, cuyo monto asciende a mil 200 millones de dólares.

En la información difundida hoy por PTI no se especificó el tipo de cambio previsto en la operación. Los contratos signados hoy se suman a los 16 que ya tiene Ica Fluor con Pemex y a los tres que ya desarrolla Odebrecht.

Carlos Elizondo Mayer-Serra. Consejero independiente de Pemex desde 2015, ratificado. Licenciado en relaciones internacionales por el Colegio de México, así como maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford.

Consejeros CFE

Luis de la Calle Pardo. Consejero independiente de CFE, nombrado en 2014 y ratificado en 217.

Luis de la Calle tiene relación con instituciones que representan los intereses estadounidenses, entre ellos el Instituto Mexicano para la Competitividad, Woodrow Wilson Center, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

Enrique Zambrano Benítez. Consejero independiente de CFE. Ingeniería en el MIT y MBA en la Universidad de Stanford. Consejero independiente de Grupo Monterrey.

Perforadora México, subsidiaria de la empresa, tiene destinados 48 millones de dólares para inversiones este año entre electricidad, gas y un proyecto de cogeneración en Tamaulipas

También tiene inve4rsión en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz de campos de gas húmedo y petróleo ligero y ultraligero.

Blanca Avelina Treviño. Consejera independiente de CFE. Licenciatura en ciencias de la computación en el ITESM. Presidenta y directora general de Softtek

Rubén Flores García. Consejero independiente de CFE, ratificado. Ha sido coordinador general del Centro Nacional de Control de Energía; comisionado en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica; director general de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares; subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía, de 2006 a 2007; y comisionado de la Comisión Reguladora de Energía de 2007 a 2013, consejero independiente del Consejo de Administración de la CFE, de 2014 a 2016.

Conflicto de interés

En algunos casos los consejeros independientes de Pemex, FMP y CFE no cumplen con el perfil requerido pero lo que más destaca es el conflicto de interés. Es claro que varios de ellos, como Enrique Zambrano representa los interese de Grupo Monterrey que Jorge Borja Navarrete (consejero de Pemex) representa los interese de ICA Flour Daniel, empresa que a su vez, tuvo contratos junto con Oderbrech.

Federico Reyes Heroles González (consejero del FMP) incluso declaró abiertamente que es consejero de diversos fondos vinculados al sector energético como Morgan Stanley Energy Parthnes y NRG Capital SAPI. También declaró que su hija esta casada con Javier Orozco quien trabaja en Neo Mexicana de Gas.

Son muy evidentes los vínculos, incluso, entre consejeros independientes del FMP y de Pemex. Jory Herrera Flores y José Jorge Borja Navarrete. La siguiente ilustración es elocuente por sí misma.

Jesús Rodríguez Dávalos, abogado de profesión y primo político del ex secretario de Energía, Jordy Herrera, es una pieza fundamental para la construcción de gasoductos en México. Con relaciones familiares muy influyentes dentro del sector donde ha construido, a lo largo de al menos dos sexenios, un cártel del gas.

Jesús Rodríguez Dávalos está casado con María Teresa Borja Cabeza, es sobrina del consejero independiente de Pemex, Jorge Borja Navarrete y Jordy Herrera Flores está casado con Regina Rodríguez Sánchez, prima hermana de Rodríguez Dávalos.

Aparentemente un ingreso muy importante de Jesús Rodríguez lo recibe del despacho Rodríguez Dávalos Abogados, donde cobran comisión de hasta 30 por ciento para tramitar los derechos y obtener permisos de la Comisión Reguladora de Energía para transportar gas natural, gas LP o hidrocarburos, o generar energía eléctrica. El “éxito” del despacho reside en “garantizar” la aprobación de los permisos y derechos.

En los Registros Públicos de Propiedad y Comercio de la Ciudad de México y estado de México se encontró que Jesús Rodríguez Dávalos, es accionista o socio de cinco sociedades: RDA Infraestructure SAPI de CV; Azteca Oil and Gas Company; Consultores en Energía RDA; RDA Consultores, y la Asociación Mexicana de Derecho de Vía.

Sólo dos o tres consejeros, aparentemente no tiene conflicto de interés, sin embargo nunca han denunciado las prácticas de corrupción que se derivan del conflicto de interés de los otros consejeros independientes.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de las Leyes de Petróleos Mexicanos, del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como de la Comisión Federal de Electricidad

Artículo Primero. Se reforman los artículos 15, primer párrafo, 16, primer párrafo del 17, 41, 43, 44 y 45; se derogan la fracción III del artículo 15, articulo 21, 22, 37, 38 y 42 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15. El Consejo de Administración estará integrado por cinco consejeros, conforme a lo siguiente

I. ...

II. ...

III. Se deroga.

Artículo 16. Los consejeros a que se refiere la fracción II del artículo 15 podrán ser servidores públicos federales.

Los consejeros señalados en la fracción II podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquellos que impliquen un conflicto de interés en términos del Reglamento.

Artículo 17. Los consejeros señalados en la fracción I del artículo 15 podrán ser suplidos por el servidor público que al efecto designen, con nivel mínimo de subsecretario. Tratándose del Presidente del Consejo, su suplente asumirá todas las funciones de aquél, salvo el voto de calidad en caso de empate en las votaciones.

Los consejeros señalados en la fracción II no tendrán suplentes y ejercerán su cargo de manera personal.

Artículo 21. Se deroga.

Artículo 22. Se deroga.

Artículo 37. Se deroga.

Artículo 38. Se deroga.

Artículo 41.Los comités del Consejo de Administración estarán conformados por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, salvo aquellos cuya integración esté prevista expresamente en esta Ley. Serán presididos y tendrán la integración y funciones que determine el Consejo de Administración, por resolución adoptada por mayoría de siete de sus miembros, sin perjuicio de las señaladas en esta Ley, y funcionarán conforme a las reglas que emita el propio consejo.

Artículo 42. Se deroga.

Artículo 43. El Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones lo integrará el Secretario de Hacienda y Crédito Público, y tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I. Proponer al Consejo de Administración el mecanismo de remuneración del director general y de los directivos de los tres niveles jerárquicos inferiores a éste;

II. Proponer al Consejo de Administración la política de contratación, de evaluación del desempeño y de remuneraciones del resto del personal de Petróleos Mexicanos, de sus empresas productivas subsidiarias y de sus empresas filiales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la legislación y el contrato colectivo de trabajo vigentes aplicables;

III. Auxiliar al Consejo de Administración, en los términos que éste le ordene, en el seguimiento de las políticas de recursos humanos que haya aprobado;

IV.Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, compromisos y autorizaciones que, en materia de recursos humanos, le especifique el Consejo de Administración;

V. Proponer los convenios de capacitación, certificación y actualización que Petróleos Mexicanos pueda suscribir con instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales, y

VI. Las demás que determine el Consejo de Administración.

Artículo 44. El Comité de Estrategia e Inversiones será presidido por un consejero independiente de manera rotatoria anual, y tendrá las siguientes funciones:

I. Auxiliar al Consejo de Administración en la aprobación de las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de Petróleos Mexicanos;

II. Analizar el plan de negocios;

III. Formular al Consejo de Administración recomendaciones relacionadas con el plan de negocios y sobre las políticas generales en la materia;

IV. Dar seguimiento a las inversiones que, en términos de la fracción IV del artículo 13 de esta Ley, hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración, y

V. Las demás que determine el Consejo de Administración

Artículo 44. El Comité de Estrategia e Inversiones y tendrá las siguientes funciones:

I. Auxiliar al Consejo de Administración en la aprobación de las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de Petróleos Mexicanos;

II. Analizar el plan de negocios;

III. Formular al Consejo de Administración recomendaciones relacionadas con el plan de negocios y sobre las políticas generales en la materia;

IV. Dar seguimiento a las inversiones que, en términos de la fracción IV del artículo 13 de esta Ley, hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración, y

V. Las demás que determine el Consejo de Administración.

Artículo 45. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios tendrá las siguientes funciones:

I. Formular al director general recomendaciones sobre aspectos concretos que puedan incluirse en las políticas y disposiciones que, en materia de contrataciones, proponga al Consejo de Administración;

II. Opinar sobre las propuestas que el director general presente respecto a las políticas y disposiciones en materia de contrataciones;

III. Formular opiniones, a solicitud del Consejo de Administración, sobre las contrataciones que se sometan a consideración de éste, en términos de las disposiciones aplicables;

IV. Dar seguimiento a las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que, en términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley, hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración;

V. Aprobar los casos en que proceda la excepción a la licitación pública para que Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias contraten con empresas filiales de Petróleos Mexicanos;

VI. Revisar los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras y formular las recomendaciones que estime pertinentes al Consejo de Administración, y

VII. Las demás que determine el Consejo de Administración.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 14, primero y último párrafo, segundo párrafo del artículo 16, artículos 19, 40, 43 y 44; se derogan la fracción III del artículo 14, segundo, tercero y cuarto párrafo de la facción IV del artículo 14, tercer párrafo del artículo 15; artículos 9, 20, 21, 36, 41 y 42 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:

Artículo 14. El Consejo de Administración estará integrado por cinco consejeros, conforme a lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. Se deroga.

IV. Un consejero designado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias.

... Se deroga.

... Se deroga.

... Se deroga.

En la designación de los consejeros señalados en la fracción II se velará por que la composición del Consejo de Administración sea diversificada, de acuerdo a la preparación, experiencia y capacidad de sus integrantes

Artículo 15. ...

Los consejeros señalados en las fracciones II y III del artículo 14 podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados.

... Se deroga.

Artículo 16....

Los consejeros señalados en la fracción II no tendrán suplentes y ejercerán su cargo de manera personal.

El consejero señalado en la fracción III del artículo 14 podrá ser suplido por la persona que para tal efecto designe

Artículo 19. Los consejeros, con excepción de los señalados en las fracciones I y III del artículo 14, deberán ser designados en razón de su experiencia, capacidad y prestigio profesional y reunir los requisitos siguientes

Artículo 19. Se deroga.

Artículo 20. Se deroga.

Artículo 21. Se deroga.

Artículo 36. Se deroga.

Artículo 40. Los comités del Consejo de Administración estarán conformados por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, salvo aquellos cuya integración esté prevista expresamente en esta ley. Serán presididos y tendrán la integración y funciones que determine el Consejo de Administración, por resolución adoptada por mayoría de siete de sus miembros, sin perjuicio de las señaladas en esta ley, y funcionarán conforme a las reglas que emita el propio Consejo.

Artículo 41. Se deroga.

Artículo 42. Se deroga.

Artículo 43. El Comité de Estrategia e tendrá las siguientes funciones:

I. Auxiliar al Consejo de Administración en la aprobación de las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad;

II. Analizar el plan de negocios;

III. Formular al Consejo de Administración recomendaciones relacionadas con el plan de negocios y sobre las políticas generales en la materia;

IV. Dar seguimiento a las inversiones que, en términos de la fracción IV del artículo 12 de esta ley, hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración, y

V. Las demás que determine el Consejo de Administración

Artículo 44. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras tendrá las siguientes funciones:

I. Formular al director general recomendaciones sobre aspectos concretos que puedan incluirse en las políticas y disposiciones que, en materia de contrataciones, proponga al Consejo de Administración;

II. Opinar sobre las propuestas que el Director General presente respecto a las políticas y disposiciones en materia de contrataciones;

III. Formular opiniones, a solicitud del Consejo de Administración, sobre las contrataciones que se sometan a consideración de éste en términos de las disposiciones aplicables;

IV. Dar seguimiento a las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que, en términos de la fracción V del artículo 12 de esta ley, hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración;

V. Aprobar los casos en que proceda la excepción a la licitación pública para que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias contraten con empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad;

VI. Revisar los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras y formular las recomendaciones que estime pertinentes al Consejo de Administración, y

VII. Las demás que determine el Consejo de Administración

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 6, primero y segundo párrafo, se derogan los artículos 9, 10, 11, 14 y 15 del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 6. El Comité del Fondo Mexicano del Petróleo estará integrado por tres representantes del Estado.

Los miembros representantes del Estado serán los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité, y de la Secretaría de Energía, así como el gobernador del Banco de México.

Artículo 9. Se deroga.

Artículo 10. Se deroga.

Artículo 11. Se deroga.

Artículo 14. Se deroga.

Artículo 15. Se deroga.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Diputadas y diputados: Norma Rocío Nahle García, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Cuitláhuac García Jiménez, Natalia Karina Barón Ortiz, Patricia Elena Aceves Pastrana, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 156, 406 y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Antecedentes

I. En México, datos derivados del “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistema Penitenciario Estatales 2015” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que los delitos contra la salud (del fuero local o federal) son la segunda causa de encarcelamiento de mujeres, precedidos por los delitos de robo.En el fuero federal, los delitos contra la salud constituyen la razón primordial por la cual son recluidas las mujeres.

Según cifras de la ENPOL, en los 37 centros penitenciarios objeto de la encuesta (de un total de 272 a escala nacional) viven 506 niños con sus madres. De acuerdo con la opinión de las madres, los hijos tienen importantes carencias de bienes y servicios: 97.5 por ciento de la madres dijo que el centro penitenciario no le proporciona calzado a sus hijos, 95.0 señaló que sus hijos carecen de ropa y 91.9 dijo que los hijos carecen de materiales.

II. El uso de la cárcel como respuesta frente a las drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres.

III. En México, el número de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud va en aumento. Esto indica dos cosas: que cada vez más mujeres se apoyan en las dinámicas del narcotráfico como opción laboral para subsistir, pero también que la política actual de drogas está centrándose en la caza de estos delitos para detener a las personas más vulnerables de la cadena.

IV. Además de la falta de perspectiva de género, existen pocos datos sobre las características de la población penitenciaria de mujeres.

V. El impacto del actual marco de las políticas de drogas en la región se refleja claramente en estos datos, específicamente el uso de la prisión preventiva y de penas desproporcionales que no toman en cuenta las condiciones de involucramientoy los modos de participación de las mujeres en estos delitos, convirtiéndose de esta manera, en una reacción penal no sólo desprovista de perspectiva de género, sino desmedida y con efectos trascendentes sobre todo su entorno familiar y comunitario.

Las mujeres sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento por las situaciones de vulnerabilidad de las cuales proceden y porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario. Diversos estudios confirman que las mujeres sufren las consecuencias de la persistencia de relaciones de género asimétricas que operan en detrimento de sus vidas y las de sus familias, y que estas condiciones se agravan porque viven en la región con los más altos índices de desigualdad en el mundo.

Ante esta realidad, el tráfico de drogas les ofrece opciones de empleo ilegal que les permiten, además, seguir cumpliendo con funciones sociales tradicionalmente adscritas a las mujeres, especialmente aquéllas relacionadas con los cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas, entre otras personas dependientes. Las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos. Asimismo, su involucramiento está relacionado con la reproducción de relaciones y roles de género tradicionales: suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico.

VI. El Estado mexicano se ha comprometido a revertir lo anterior, al firmar y ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos; integrando un amplio marco de protección, dentro del cual destacan obligaciones específicas como las contenidas en la CEDAW: modificar o derogar las normas, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, en especial las disposiciones penales; e implementar las medidas necesarias para abandonar los prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos. Asimismo, la Convención Belem Do Pará, establece que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres con independencia del ámbito en que ocurra y de quién la perpetre.

VII. A nivel nacional, los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución, obligan a las autoridades de procuración e impartición de justicia a desarrollar y contar con lineamientos para analizar cómo el orden social de género reparte la valoración, el poder, los recursos y las oportunidades de forma diferenciada; considerando la situación de desventaja histórica de las mujeres en la determinación de su responsabilidad penal, incluida la atribución de autoría y participación en la comisión de delitos. Por último, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia elucida qué se entiende por perspectiva de género y cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres, así como las herramientas para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla.

Consideraciones

Primera.Las mujeres privadas de su libertad por diferentes delitos ascienden en México a más de 12 mil personas, siendo los delitos relacionados con drogas el delito más común con un porcentaje del 12 por ciento en 2013; este porcentaje en América Latina alcanza a 70 por ciento de mujeres.

Segunda.Actualmente, en México no existen las condiciones para que las mujeres privadas de la libertad puedan ser alojadas en centros de reclusión cercanos a su domicilio y, al mismo tiempo, acondicionados de manera adecuada para ellas y las hijas e hijos que viven con ellas. El principal argumento para justificar y mantener esta situación es que las mujeres en prisión representan un porcentaje significativamente menor en comparación con los hombres privados de la libertad. De conformidad con el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional” de la Comisión Nacional de Seguridad” (CNS, julio 2016), las mujeres representan 5 por ciento del total de la población penitenciaria y la mayoría se encuentra detenida en calidad de procesada o sentenciada por delitos del fuero común.

Tercera. De acuerdo con el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana de 2015, los centros que albergan a mujeres se caracterizan por situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres y de las hijas e hijos que viven con ellas, incluyendo maltrato, deficiencias en las condiciones materiales, condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, cobros y privilegios, violencia sexual, inadecuada separación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica, entre otros.

Cuarta.Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”.

En marzo de 2016 se realizó en Viena la 59 sesión de la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económicos y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Se analizaron borradores de resoluciones sobre distintos temas, promovidas por países específicos, una de ellas es la Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”. Ésta fue redactada y propuesta originalmente por México, y fue presentada en la CND con el apoyo de Costa Rica y Brasil. En la Resolución, las mujeres en conflicto con las leyes de drogas son descritas como pobres, con poca educación, principales o únicas responsables de sus hijos e hijas u otras personas dependientes, que son utilizadas por el crimen organizado.

La resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de Bangkok, enfocadas en mujeres y niñas privadas de la libertad:

[La comisión de Estupefacientes] Alienta a los Estados miembros a que tomen en consideración las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres detenidas, procesadas o juzgadas, o a las que se hayan impuesto condenas por delitos relacionados con las drogas , cuando formulen medidas que tengan en cuenta el género como parte integrante de sus políticas de prevención del delito y justicia penal, incluidas medidas apropiadas para llevar ante la justicia a los autores de abusos contra las mujeres detenidas o encarceladas por delitos relacionados con las drogas, utilicen, según proceda, a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela);

5. Insta a los Estados Miembros a que ejecuten programas de base amplia para impedir la utilización de mujeres y niñas como correos en el tráfico de drogas , y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preste asistencia a los Estados para que formulen dichos programas a fin de luchar contra la utilización y participación de las mujeres en el comercio ilícito de drogas y adoptar medidas penales adecuadas contra los grupos delictivos organizados que utilicen a mujeres y niñas como correos;

6. Pone de relieve que, sin perjuicio del principio de igualdad de todos ante la ley, al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o que sea la principal o única responsable de cuidar de un niño o niña, se debería dar preferencia a las medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado, y considerar la posibilidad de imponer penas que supongan privación de la libertad cuando se trate de delitos graves o violentos, y, en este sentido, invita a los Estados Miembros a que se basen en la publicación de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulada Guidelines for Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders in Pregnancy , cuando proceda, y de conformidad con la legislación nacional.

México tiene un compromiso formal y moral para traducir en realidad los acuerdos plasmados en el texto de la Resolución y transversalizar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas. La iniciativa expuesta a continuación representa un esfuerzo para concretar los compromisos que México ha asumido ante las Naciones Unidas y, por lo tanto, ante la comunidad internacional; plantea reformas que, de aprobarse, pueden garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres, contribuyendo de esta manera a reducir la violencia de género institucional; fomenta el desarrollo de un sistema penal basado en la proporcionalidad, individualización y no trascendencia de la pena y contribuye a construir una sociedad justa, en la cual el delito es sancionado pero no en detrimento de los derechos humanos de las personas.

Quinta. Que el Código Nacional de Procedimientos Penales no cumple en forma con las recomendaciones antes expuestas, las reformas que aquí propongo pretenden incorporar en la fase procesal criterios que permitan implementar la perspectiva de género, así como llevar a cabo cabalmente las responsabilidades del Estado y sus agentes para buscar medidas lo menos lesivas posibles para terceros afectados y no incurrir en violación de derechos mediante un uso rígido, formalista e irreflexivo del derecho penal, tanto en la detención, los cateos, la argumentación jurídica, la imposición de una pena privativa de la libertad, etc. Huelga precisar que las referencias a “persona cuidadora principal o única cuidadora” se retoman del artículo 144 de la LNEP y responden a un esfuerzo de armonización legislativa.

Por lo expuesto someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 156, uno al 406 y uno décimo al artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Primero. Se adicionan tres párrafos al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 156. Proporcionalidad

El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.

Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.

En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.

De la misma forma, el juez de control tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva, cuando se trate de personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Sean mujeres embarazadas;

c) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o

e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Para ello, el Juez de control deberá considerar la información con que se cuente o la que se proporcione sobre dichas personas en relación con el supuesto en el que se encuentren e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la resolución impuesta.

En el caso de mujeres embarazadas, el juez deberá justificar la medida cautelar impuesta atendiendo también los derechos reproductivos de las mujeres.

Segundo. Se adicionan un décimo párrafo a los artículos 406 y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 406. Sentencia condenatoria

La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.

La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.

El tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño.

Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.

El tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate.

Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.

La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica.

En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.

Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias alguna de las medidas alternativas previstas en el código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad

El tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar en consideración lo siguiente:

Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica.

La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del sentenciado.

El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad.

Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción.

Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines señalados en el presente artículo.

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.

En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido.

El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. Sí serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas.

Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que

a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;

b) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;

c) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;

d) Sean mujeres embarazadas;

e) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;

f) Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o

g) Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Se puede consultar en

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enpol/enpol2017_07.pdf

2 CNDH, Informe especial sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, noviembre de 2016.

3 Resolución 70/1 de la Asamblea General. Se puede consultar en

http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2016/04/Resolucion_-Genero_CND.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2017.— Diputadas: Claudia Sofía Corichi García,Norma Edith Martínez Guzmán (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 212 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Maynez, miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversas disposiciones, en atención a la siguiente:

Hoy en día, y a pesar de los esfuerzos que se han dado para fortalecer el combate a la corrupción con la creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Secretaría del a Función Pública (SFP), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la percepción de corrupción –de acuerdo con una encuesta de Parametría en 2014– no es mejor que hace tres décadas, lo mismo que la impunidad que la acompaña.

La corrupción en el país se ha consolidado como un grave problema, pues, tal y como señala el Observatorio Nacional Ciudadano, “se ha convertido en el gran cáncer de la vida pública y privada de México, principalmente porque debilita el tejido y el bienestar social, debilita a las instituciones, obstaculiza a la justicia y frena el crecimiento del país”. Por ello, “es primordial combatir y erradicar los altos niveles de corrupción optimizando la transparencia, la rendición de cuentas y el aprendizaje de las mejores prácticas internacionales”.

Diversos instrumentos, índices y estudios retratan esta realidad, ya que, en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país más corrupto entre los 35 miembros de la organización, y ocupa el lugar 123 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, de acuerdo con el rankingpublicado por Transparencia Mundial, el cual da a México 30 de 100 puntos en relación con la percepción de esta práctica.

Asimismo, el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 -herramienta elaborada por Transparencia Internacional (TI)-, evidencia que México sigue estancado en el lugar 95 de 168 países, respecto de dicha percepción, al obtener una calificación reprobatoria de 35 sobre 100, lo que lo coloca entre los países considerados en serios niveles de malas prácticas. Es decir, dicho índice muestra que en la última década no se ha avanzado en uno de los más grandes problemas que aqueja al país: la corrupción.

La dimensión del problema de la corrupción es tan grande que el Foro Económico Mundial lo ha colocado como el principal obstáculo para hacer negocios en México, por encima de la inseguridad. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, dicho obstáculo tiene graves costos económicos: el costo de la corrupción en nuestro país fluctúa entre 9 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); tan sólo en 2016 dicho costo fue de 2.1 billones de pesos. Esto implica -según Transparencia Mexicana- que lo destinado a pagos extraoficiales, le cuesta a los mexicanos 14 por ciento de su ingreso promedio anual.

Derivado de lo anterior, resulta comprensible que exista una gran insatisfacción con respecto al sistema democrático del país. Según el Latinobarómetro, sólo el 27% de los mexicanos se encuentran satisfechos con la democracia, y el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente.

De igual manera, escándalos como el de la llamada Casa Blanca, Oceanografía, OHL, Panamá Papers y Odebrecht, así como las acusaciones de desvío y malversación de recursos públicos contra los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Nuevo León y Tabasco -por decir algunos-, han contribuido en el profundo desencanto de la sociedad mexicana con las instituciones.

Por si fuera poco, y aunado a lo anterior, la percepción respecto de la impunidad de los escándalos de corrupción, sólo minan la credibilidad de cualquier gobierno en la lucha contra la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación entre 1998 y 2015, ha presentado 656 denuncias penales por actos de corrupción, de las cuales sólo 9 han terminado en consignaciones; es decir, el 97.10% quedan en la impunidad.

En ese sentido el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Centro de Investigación y de Docencia Económica (CIDE), en su publicación “ Anatomía de la Corrupción” estimaron, a partir del Censo de Impartición de Justicia, que solamente el 2% de los delitos cometidos por servidores públicos derivan en sentencias que implican privación de la libertad.

De una comparativa internacional de 2014, sobre Delitos Perseguidos y Número de Condenas -del referido estudio del Imco- señala que a diferencia de países como Singapur -que, de 175 delitos perseguidos, tienen 134 condenas- o Estados Unidos -que, de 688 delitos perseguidos, existen 614 condenas-, México cuenta con 48 condenas de mil 946 delitos perseguidos, es decir, con sólo 2.4 por ciento de condenas del total de los delitos perseguidos.

En ese tenor, la ineficacia del gobierno de México para castigar a los políticos corruptos se retrata en una investigación de Pablo Montes, que documenta que, “entre 2000 y 2013, periodo en el que México tuvo 63 gobernadores, fueron exhibidos 71 casos de corrupción por parte 41 gobernadores. De éstos, sólo 16 casos fueron investigados y sólo 4 gobernadores fueron procesados y encontrados culpables”. En contraste, se documentó que, durante el mismo período, en los Estados Unidos de América fueron investigados 9 gobernadores, mismos que fueron procesados y detenidos”.

Sin embargo, la corrupción no sólo afecta a las instituciones y al gobierno, pues según la Encuesta sobre Fraude en México de 2010, 8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido cuando menos un fraude en los últimos 12 meses. Asimismo, la misma encuesta advierte que 47 por ciento de los emprendedores y dueños de negocios se enfrentan a la “necesidad” de hacer un pago extraoficial para poder operar; de igual manera, el 44% de las empresas en México realizaron pagos extraoficiales a funcionarios públicos.

Es decir, la corrupción permea en todos los niveles y áreas del país, por lo que se requiere combatir prácticas relacionadas con la misma, con base en el cumplimiento irrestricto de la ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Ninguna transformación positiva del país tendrá éxito si antes no se da la batalla de manera decidida contra la corrupción y la impunidad.

Es así que proponemos instituir la “muerte civil” a servidores públicos y particulares que hayan sido condenadas por actos de corrupción; esto es, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales; así como inscribirlos en el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Que reforma el artículo 212 del Código Penal Federal, a fin de instituir la “muerte civil” a servidores públicos y particulares que hayan sido condenados por actos de corrupción.

Artículo 212. [...].

[...]

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación , de manera definitiva, para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación , independientemente de que el responsable tenga el carácter de servidor público, de particular, o de funcionario o empleado de confianza.

Asimismo, se suspenderán, a los responsables de su comisión, los derechos del ciudadano establecidos en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para representar a personas jurídicas, para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, relacionados con la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal, por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:

I. Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

II. Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 213 de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer dicha sanción, considerando, en su caso, lo siguiente:

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

III. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

IV. El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de dicha pena.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

Además de las penas previstas, se inscribirá a los responsables de su comisión en el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos del artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de la referida Ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor conjuntamente con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Notas

1 Observatorio Ciudadano Nacional, Corrupción: el cáncer de México, El Universal, disponible en

http://www.eluniversal.com.mx/observatorio-nacional-ciudadano/ corrupcion-el-cancer-de-mexico

2 Ibídem.

3 Índice de Percepción de la Corrupción, 2015, Transparencia Internacional, disponible en:

http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/ comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf

4 Ibídem.

5 Anatomía de la Corrupción, IMCO, disponible en;

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/

6 Pulido, Miguel, Panamá Papers en México: impunidad sistemática, Aristegui Noticias, Disponible en:

http://aristeguinoticias.com/0704/mexico/panama-papers-en-mexico- impunidad-sistematica-articulo-de-miguel-pulido-video/

7 Impunes, 97% de denuncias por corrupción de la ASF, El Economista, disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-mayoria-de-denuncias-en-la-ASF- solo-estan-en-etapa-de-integracion—20160222-0153.html

8 Op. cit., IMCO.

9 Ibídem.

10 Ibídem.

11 Ibídem.

Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2017.— Diputados: Jorge Álvarez Maynez,Luis Gilberto Marrón Agustín, Genoveva Huerta Villegas, Miguel Angel Huepa Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

El 22 de junio del presente año (2017) se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el foro: “Retos para la atención del alcoholismo en menores de edad”, organizado por la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas.

En el foro “expertos en salud solicitaron al Congreso trabajar en una ley nacional de atención a las adicciones que ponga especial énfasis en el consumo de alcohol entre menores de edad, ya que durante los últimos 15 años ha crecido peligrosamente la cifra de adolescentes que tienen este problema”.“El presidente de la Junta General de Alcohólicos Anónimos (Asociación Civil), Roberto Karam, aseguró que aproximadamente el 16.9 por ciento de estudiantes de quinto y sexto año de primaria toman alcohol —es decir, niñas y niños de 8 a 10 años—, un hecho que definió como terrible.

Karam agregó que cerca del 3 por ciento de ellos ya consumen “en exceso”, lo que significa que ingieren “ más de cinco copas por ocasión”. Este especialista destacó que los menores de edad no asisten a centros de ayuda, ya que viven una etapa en la que no miden los riesgos, y recordó que las bebidas embriagantes son sustancias de entrada a casi todo tipo de adicciones.

Por su parte, la directora general de Técnica Normativa del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) la maestra María José Martínez Ruíz, mencionó que en nuestro país hay menores de 12 a 17 de años que ya son dependientes del alcohol.

Cifras de la Comisión Nacional contra las Adicciones señalan que las mujeres en secundaria han igualado el consumo de alcohol que sus congéneres.

¿Qué es el alcoholismo?

Término de significado variable y usado durante mucho tiempo que se emplea generalmente para referirse al consumo crónico y continuado o al consumo periódico de alcohol que se caracteriza por un deterioro del control sobre la bebida, episodios frecuentes de intoxicación y obsesión por el alcohol y su consumo a pesar de sus consecuencias adversas.

El término alcoholismo fue acuñado originalmente en 1849 por Magnus Huss. Hasta la década de 1940 hacía referencia principalmente a las consecuencias físicas del consumo masivo y prolongado (alcoholismo beta en la tipología de Jellinek). Otro concepto más estricto es el alcoholismo considerado como enfermedad, que está marcado por la pérdida de control sobre la bebida. Más adelante, Jellinek y otros autores emplearon el término para designar el consumo de alcohol que provoca cualquier tipo de daño (físico, psicológico, individual o social). Jellinek subdividió el alcoholismo así definido en una serie de “especies” designadas con letras griegas (véase tipología de Jellinek).

La imprecisión del término hizo que un Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud lo desaprobara en 1979, dando preferencia a una expresión más concreta, síndrome de dependencia del alcohol, que es uno de los muchos problemas relacionados con el alcohol. El alcoholismo no está incluido en las categorías diagnósticas de la CIE-10 (ICD-10). Pese a su significado ambiguo, el término todavía se utiliza de forma generalizada con fines diagnósticos y descriptivos. Por ejemplo, en 1990 laAmerican Society of Addiction Medicine definió el alcoholismo como una “ enfermedad crónica primaria en cuya evolución y manifestaciones intervienen factores genéticos, psicosociales y ambientales. La enfermedad suele ser progresiva y fatal. Se caracteriza por los siguientes rasgos, que pueden ser continuos o periódicos: deterioro del control sobre la bebida, obsesión por el alcohol, consumo de alcohol pese a sus consecuencias adversas y perturbación del pensamiento, sobre todo, negación.”

Alcoholismo en cifras

Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016), que genera estimaciones de las prevalencias de consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilegales, en poblaciones de personas con edad de 12 a 65 años, muestran que se ha elevado el número de personas que han tenido contacto con alguna droga, incluyendo el alcohol y el tabaco.

Algunos de los resultados fueron que entre 2011 y 2016 se registró un incremento de 47 por ciento de los mexicanos de 12 a 65 años de edad que consumieron drogas al menos una vez en su vida. La cifra pasó de 5.7 millones a 8.4 millones en cinco años. Además, hay un incremento entre las mujeres que alguna vez experimentaron alguna droga, la cifra se elevó de 926 mil a 3,9 millones; es decir, hubo un aumento de 2 millones 974 mil mujeres, lo cual equivale al 105 por ciento.

En lo que respecta a la encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, los datos revelaron que en el grupo de 14 años de edad o menores, un 46.2 por ciento mencionó el alcohol como droga de inicio, de esta cantidad el 53.3 por ciento refirieron ser estudiantes de tiempo completo.

Recordemos que la niñez y adolescencia son un sector vulnerable, situación que se agrava al hacer contacto con cualquier droga, en este caso con el alcohol. Entendamos por vulnerabilidad, una situación de desventaja, que coloca a la persona en condiciones de desigualdad frente a las demás y en riesgo de ver violentados sus derechos.

“Así, la vulnerabilidad de niñas y niños frente a ciertos eventos deriva de las características propias de su etapa de desarrollo, que supone la existencia de esquemas cognitivos distintos a los que corresponden a las personas adultas. Aunque es necesario insistir en que lo que coloca a las niñas y niños en esta situación de vulnerabilidad no es su condición misma de menores de 18 años, sino las estructuras sociales que están construidas desde una perspectiva adulto-céntrica, ignorando las cualidades infantiles y adolescentes e impidiendo la participación de ellas y ellos en estas estructuras.

En resumen, la condición de vulnerabilidad deriva del contexto social y no de las características mismas del desarrollo infantil. Niñas y niños tienen un pensamiento concreto, lo que significa que no han desplegado la capacidad de abstracción. Su pensamiento es egocéntrico y por ello tienden a centrarse en un solo rasgo, lo que los hacen insensibles a las contradicciones.

A los 11 o 12 años la niñez ha superado el egocentrismo propio de los primeros años, pero aparece el egocentrismo social. El adolescente se percibe como centro de la sociedad, tiene una gran preocupación por el yo y se siente de alguna manera único.

Sin embargo, hay cierta distancia entre lo que la persona adolescente cree que es capaz de hacer y sus verdaderas limitaciones, de modo que, en combinación con otras circunstancias, pueden constituir un factor de riesgo para que intente recurrir a los elementos externos que le ayuden a enfrentar esta situación como alcohol, drogas, etcétera”.

El contexto social al que se enfrentan en la cotidianidad niñas, niños y adolescente es hostil, la violencia que se ejerce desde los hogares por la falta de oportunidades y la desigualdad económica, ha hecho que México ocupe el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015).

Bien es cierto que en la personalidad adictiva convergen múltiples factores, sin embargo es necesario evidenciar que el ambiente en el cual se desarrollan la niñez y la adolescencia mexicana, no ha garantizado el pleno ejercicio y protección de sus derechos humanos.

Es en este desencanto hacia la realidad, aunado a la poca tolerancia la frustración la niñez y adolescencia hacen su primer contacto con el alcohol, con la falsa idea de encontrar un analgésico a aquellas emociones o situaciones que aún no pueden comprender, pero que les resultan dolorosas.

Debido a considerar el alcoholismo como una enfermedad, la Ley General de Salud establece ciertas disposiciones respecto al uso en menores de edad:

Artículo 185 Bis. Se entenderá por uso nocivo del alcohol:

I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad;

II-VI...

En lo que respecta a bebidas alcohólicas y menores de edad, el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad menciona lo siguiente:

Artículo 33. La publicidad de bebidas alcohólicas en radio y televisión, sólo podrá difundirse durante los horarios autorizados por la Secretaría de Gobernación, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en las salas cinematográficas sólo en películas para adultos, correspondientes a las clasificaciones C y D.

Artículo 34. No se autorizará la publicidad de bebidas alcohólicas cuando:

I. Se dirija a menores de edad;

II a X...

XI. Se asocie con actividades, conductas o caracteres propios de jóvenes menores de 25 años;

XII a XIII...

XIV. Promueva el producto a través de sorteos, concursos o coleccionables, dirigidos a menores de edad, y

XV. Se utilicen artículos promocionales dirigidos a menores de edad, relacionados con material escolar o artículos para fumador.

Por lo anteriormente expuesto, en el marco jurídico nacional se encuentran disposiciones que hacen evidente la problemática del alcoholismo en nuestra sociedad, empero con mayor prevalencia en niñas, niños y adolescentes, es por ello que la presente iniciativa tiene el objetivo de evitar el primer contacto con el alcohol antes de los 18 años; es menester mencionar que Movimiento Ciudadano reconoce a la niñez y adolescencia como personas sujetas de derechos, y visibiliza que a pesar de los esfuerzos, nuestro país aún se encuentra bajo un esquema de sociedad patriarcal, en donde prevalece la idea de que las y los niños son una propiedad, es por ello que en aras de no ver violentado su desarrollo a la libre personalidad, presenta la siguiente reforma al Código Penal, ya que en el delito de corrupción de menores confluyen diversas acciones (verbos) que describen la manera en la cual las y los menores de edad son degradados, menoscabando su dignidad y obstaculizando el libre desarrollo de la personalidad, entendiendo que el uso nocivo del alcohol en menores de edad no está relacionado a la cantidad, ni temporalidad, sino al simple consumo.

Así, el Estado debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes entornos libres de toda promoción de alcohol, atendiendo lo establecido en la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de salud establece:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I a XIV...

XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones;

XVI a XVIII...

...

Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes.

En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 201 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Único. Se reforma el inciso a del artículo 201 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 201. Comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Consumo de bebidas alcohólicas;

b) f)...

...

...

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Canal de Congreso. Foro: “Retos para la atención del alcoholismo en menores de edad”. Disponible en:

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/10158/Piden_a_Congreso_ crear_ley_de_atencion_a_las_adicciones

2 “México: Casi el 17 % de los niños entre 8 y 10 años consumen alcohol” RT Español [en línea] 24 junio 2017 [fecha de consulta: 4 Julio de 2017] Disponible en:

https://actualidad.rt.com/actualidad/242251-encuesta-revela-consumo- alcohol-menores-mexico

3 Glosario de términos de alcohol y drogas. World Health Organization. Disponible en línea:

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/ lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf

4 Problems related to alcohol consumption. Report of a WHO Expert Comité. Geneva, World Health Organization, 1980 (WHO Technical Report series, number 650)

5 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Disponible en línea:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.pdf

6 “Gonzáles, C. M. & Luna P. I. (2016) “Los Derechos de los niños y niñas en México frente al ambiente obesogénico” Pags. 12-14. Instituto de Investigaciones jurídicas. UNAM Serie Doctrina Jurídica, núm. 298. México

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de noviembre de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez,Genoveva Huerta Villegas (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 146 Bis y reforma el 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES, e integrantes de la Comisión Especial de prevención y erradicación de la pornografía y abuso sexual infantil

Las diputados Norma Edith Martínez Guzmán, Mariana Arámbula Meléndez, Patricia Sánchez Carrillo, María Antonia Cárdenas Mariscal, Lillián Zepahua García, Adriana Terrazas Porras, Paloma Canales Suárez, Marbella Toledo Ibarra, Jorge Ramos Hernández, Jesús Salvador Valencia Guzmán, de la Comisión Especial de Prevención y Erradicación de la Pornografía y el Abuso Sexual Infantil, así como la diputada Julieta Fernández Márquez , todos integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 146 Bis y un párrafo segundo y tercero al artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

La pornografía infantil es un problema de dimensiones inimaginables. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, particularmente el internet, han trasformado la forma en que se distribuye la producción de este delito, la facilidad con la que se puede transmitir, ha permitido que esta amenaza deje a las legislaciones obsoletas tras encontrase vacíos jurídicos. Por tal motivo, este fenómeno obliga a buscar nuevas acciones que permitan atacar la pornografía infantil. Es así que se busca con la actual propuesta legislativa consolidar la participación de los proveedores de acceso y servicios de internet, a fin de que coadyuven con las autoridades a identificar la transmisión de pornografía infantil.

Los niños que son víctimas de la pornografía se enfrentan a problemas psicológicos, físicos y emocionales, los cuales en su mayoría afectarán su vida adulta.

Nuestro Código Penal Federal señala, en su artículo 202, que “comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.

A quien fije, imprima, videograbe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los párrafos anteriores.

Asímismo, señala en su artículo 206 que “comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo”.

De acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se define internet como un conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen Internet funcionen como una red lógica única...”

Si bien, el internet es utilizado para fines tan importantes como la investigación, compartir información, encontrar familiares o amigos, entre otros, también se ha utilizado para incrementar a través de la Red delitos como la pornografía infantil. La trasmisión de fotografías y videos sobre este delito a través de la red informática ha permitido que se haya incrementado exponencialmente, dado a la difícil detección.

Con datos del Inegi “Estadísticas a propósito del... Día Mundial de Internet” 2016, al segundo trimestre de 2015, el 57.4 por ciento de la población de seis años o más en México, se declaró usuaria de Internet.

Al segundo trimestre se registraron 62.4 millones de personas, de seis años o más en el país, usuarias de los servicios que ofrece Internet, lo que representa el 57.4 por ciento de esta población. ... poco más de la mitad (53.9 por ciento) de los niños de entre 6 y 11 años señaló utilizar Internet con cierta regularidad, entre los adolescentes de 12 a 17 años la proporción alcanza el 85.9 por ciento, proporción semejante a la observada para individuos de entre 18 y 24 años (83.1 por ciento).

...las principales actividades realizadas en Internet reportadas en 2015; entre las dos más recurrentes se encuentran las vinculadas a la búsqueda de información (88.7 por ciento) y como medio de comunicación (84.1 por ciento). Para el acceso a contenidos audiovisuales, la participación en redes sociales y como medio de entretenimiento los porcentajes se encuentran entre el 71 y el 77 por ciento.

Como sabemos, a nivel mundial y nacional muchas organizaciones no gubernamentales se ocupan en erradicar este delito. El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (International Centre for Missing & Exploited Children, ICMEC) trabaja en todo el mundo para promover la protección infantil y defender a los niños de la sustracción, el abuso y la explotación sexual.

Durante más de una década, el Centro ha trabajado incansablemente en muchos frentes, uno de ellos ha sido a través de la investigación a nivel mundial sobre las legislaciones en más de 150 países sobre el tema de la pornografía infantil. Es así que realizaron el primer documento, Pornografía infantil: Modelo de legislación y revisión global, en el 2006, revisando la legislación de 187 países miembros de la Interpol, el cual incluía a nuestro país México, ya, para el 2016 ha publicado la octava edición que incluye 196 países. La investigación ha permitido que diversos países actualicen sus marcos jurídicos y de esta manera, fortalezcan el combate a esta problemática.

Señala que “la investigación se centra en un conjunto básico de criterios a fin de obtener una comprensión completa de la legislación nacional sobre el tema. En particular, estamos buscando que la legislación nacional:

(1) exista con especial consideración hacia la pornografía infantil,

(2) proporcione una definición de pornografía infantil,

(3) tipifique los delitos facilitados por la informática,

(4) tipifique como delito la posesión intencional de pornografía infantil, independientemente de la intención de distribuirla, y,

(5) solicite a los proveedores de servicios de Internet (ISP)1 que denuncien a la policía, o a algún otro organismo encargado, cualquier sospecha de actividades relacionadas con la pornografía infantil.

En esta octava edición del informe hemos introducido un nuevo enfoque de revisión para ver si la legislación nacional:

(6) ordena que los ISP desarrollen e implementen disposiciones para la retención y preservación de datos.

En la primera edición del citado documento, nuestro país cumplía con cuatro de los cinco criterios, el quinto referente a la denuncia de las ISP ha quedado pendiente. Muchos de los países estudiados no han legislado al respecto, derivado de que es un tema que se debe considerar con mucho cuidado.

A través del análisis de las implicaciones para realizar un marco jurídico sobre la responsabilidad civil y/o penal de los proveedores de acceso y servicios en Internet por contenidos ajenos ilícitos, ha permitido llegar a diversas conclusiones.

De acuerdo al documento “El combate contra la pornografía infantil en Internet, el caso de Costa Rica, capítulo V.- La responsabilidad civil y penal de los proveedores de acceso y servicios de internet por contenidos ajenos ilícitos, señala que “los participantes al primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (1996) afirmaron en el plan de acción que elaboraron y con el que acordaron comprometerse, que era necesario, entre otras cosas, reformar o reforzar las legislaciones nacionales para establecer el régimen de responsabilidad penal para los operadores de la red de internet en casos de explotación sexual comercial de la niñez.

Si bien, esta interrogante se planteó hace más de una década desatando la pregunta sobre el grado de responsabilidad de los proveedores de internet, se realizaron muchos estudios al respecto al ser prestadores de un servicio en el cual se trasmiten o alojan contenidos que son ajenos pero ilícitos.

Ante ello, reflexionamos a través de diversas lecturas que no se les puede considerar una responsabilidad penal, derivado que ellos prestan un servicio, más no hacen mal uso de él, sin embargo, esto no los exime la responsabilidad civil, por lo que consideramos que deben participar activamente con las autoridades para detectar estos ilícitos.

Y es porque los datos son alarmantes, los cuales se detallan en el multicitado documento de investigación Modelo de legislación, por ejemplo “la Internet Watch Foundation (IWF), ubicada en el Reino Unido, informó que de todos los reportes sobre pornografía infantil recibidos por la IWF en 2014, el 80 por ciento de las víctimas parecían ser niños menores de 10 años, y que el 4 por ciento eran menores de 2 años.

...Se mostró además que el 68.5 por ciento de los niños abusados con agresiones sexuales extremas (es decir, bestialidad, servidumbre, tortura) eran menores de 8 años de edad.

De igual manera informan que el IINHOPE, la Asociación Internacional de Líneas Directas de Internet, informó que en 2013, de 1.2 millones de informes recibidos por los 49 miembros de líneas directas, el 19 por ciento eran sobre imágenes de abuso sexual que mostraban a niños adolescentes, el 71 por ciento eran de niños preadolescentes y el 10 por ciento eran de infantes.

Así, hacen referencia que en un estudio efectuado en 2011 en los Estados Unidos, se encontró que el 41 por ciento de los poseedores de pornografía infantil detenidos eran “delincuentes dobles”, puesto que victimizaban sexualmente a los niños y poseían pornografía infantil.16 Uno de cada seis casos que comenzaron con una investigación por posesión de pornografía infantil implicaba a un delincuente doble que también había abusado sexualmente de un niño o que había tratado de hacerlo, lo cual sugiere que puede haber una correlación entre la posesión intencional de pornografía infantil y la perpetración de un abuso sexual contra un niño.

Año tras año nuestro país sigue ocupando el primer lugar en transmisión y búsqueda de pornografía infantil y cada día que pasa nos estamos quedando un paso atrás en el desarrollo de estrategias y herramientas para su combate.

Bajo esa misma investigación se encontró que en diversos países en algunos casos la ley obliga a que los proveedores informen a las autoridades sobre los delitos cometidos en internet, además de obligar preservar todos los datos informáticos durante un tiempo determinado bajo notificación, lo cual permite que los resultados sean más exitosos.

En otros casos, se realizan a través de convenios de colaboración entre los proveedores de internet y las autoridades, cuando descubren actos ilegales tomando las medidas correspondientes para suspender la trasmisión de dicha información.

En el caso de la legislación China, nos señalan que sí establecen la obligación de los proveedores de reportar fotografías obscenas, pornografía infantil y cualquier información que sea ilegal.

En el caso de Dinamarca no existe ley alguna que los obligue, sin embargo ellos establecieron lo que se conoce como acuerdos voluntarios, los cuales se basan en una estrecha colaboración a través de filtros de internet, en donde la autoridad envía direcciones de internet sospechosas a los proveedores, solicitando se bloquen las mismas, el caso de Korea es muy similar

Suiza ha creado una entidad especial, la Unidad Suiza de Coordinación contra Delitos Informáticos (Cybercrime Coordination Unit Switzerland, CYCO), en donde las personas pueden denunciar la presencia de material sospechoso en Internet.

Por ello, consideramos que todos los actores sociales deben participar para detener cualquier delito, y más si es contra nuestras niñas, niños y adolescentes. La Convención sobre los derechos del niño, de la cual nuestro país es parte, incluye disposiciones relativas a la explotación sexual infantil, como lo señala el artículo 34 en donde se establece que “los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir... la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.”

El Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, define a la pornografía como “toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales”

En muchos países los proveedores de internet no están obligados a reportar casos de pornografía infantil, sin embargo, la relación con las autoridades es de cooperación voluntaria.

Por lo tanto, consideramos que es imperativo que la policía cuente con las herramientas adecuadas para luchar contra los delitos en línea y para proteger a los niños contra el abuso, el acoso y la explotación. Si bien, nuestro país cuenta con una Policía Cibernética quienes trabajan incansablemente contra este y otros delitos y cualquier acción por mínima que parezca permitirá que miles de niños sean salvados de las garras de la pornografía infantil.

Empresas como Microsoft y Google han implementado programas que coadyuvan de manera eficaz en contra de este delito, como es el caso del primero, ya que señalan que “el contenido generado por el usuario (UGC) está creciendo exponencialmente al igual que las oportunidades y los riesgos de hospedarlo. Ahora las organizaciones cualificadas pueden utilizar el PhotoDNA Cloud Service de forma gratuita para detectar e informar automáticamente la distribución de imágenes de explotación infantil.

Microsoft comenzó a compartir la primera versión de PhotoDNA como una tecnología en el local en 2009. Desde entonces, esta tecnología ha ayudado a frenar la explotación de niños en todo el mundo mediante la detección de millones de imágenes ilegales por informar al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados NCMEC) y otras autoridades apropiadas.”

También encontramos que la Fundación denominada Alia2, desde hace muchos años ha trabajado con “el objetivo es garantizar que se cumplan los derechos de los niños en internet, mejorando su seguridad en la Red a través de la creación de herramientas tecnológicas y de actividades formativas y educativas de concienciación. Los objetivos sociales de la Fundación Alia2 son la lucha contra la pornografía infantil en internet y el ciberacoso. La batalla contra estos 2 problemas, comienza por saber el significado y alcance de dichas acciones.” Cuenta con una red de voluntarios informáticos especializados, que colaboran en el desarrollo de herramientas tecnológicas efectivas para la eliminación de dichas amenazas.

Es por lo anterior, que estamos trabajando para que cualquier institución, empresa, organismos o persona en general que pueda cooperar en beneficio de los niños, será un gran paso para erradicar estos delitos.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Único. Se adicionan el artículo 146 Bis y un párrafo segundo y tercero al artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 146 Bis. La Policía Federal, a través de la Policía Científica, deberá identificar la transmisión y/o almacenamiento de datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información por cualquier modalidad, que sean susceptibles de pornografía infantil o abuso sexual infantil, a través de sistemas o programas especializados, creados por el área científica de la policía federal misma, o bien por un particular, con la certificación del área científica de la policía federal, así como por el Instituto. Dichos sistemas o programas especializados contarán con especificaciones que hagan posible la notificación electrónica de los concesionarios de telecomunicaciones o prestadores de servicio de aplicaciones y contenido de internet al Ministerio Público federal y área científica de la Policía Federal, dejando a salvo la información privada del usuario, de casos de transmisión y/o almacenamiento de datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información relacionada con pornografía infantil o abuso sexual infantil, conforme a la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a través de los concesionarios de telecomunicaciones o prestadores de servicio de aplicaciones y contenido.

Artículo 189.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.

En los casos en que se identifique la transmisión y/o almacenamiento de datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información relacionada con pornografía infantil o abuso sexual, la notificación y entrega de información podrá hacerse vía electrónica por medio de los sistemas o programas a que se refiere el artículo 146 Bis de esta Ley. El Ministerio Público federal en términos de las disposiciones penales aplicables, procederá para el inmediato desahogo de los actos de investigación que correspondan.

Los programas y sistemas de identificación que se mencionan en este artículo sólo podrán verificar información y comunicaciones de carácter público, por lo que no podrán de ninguna manera identificar, intervenir o vulnerar de modo alguno la intimidad de las personas y la confidencialidad de las comunicaciones privadas.

...

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet 2016_0.pdf

2 http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_6631/ lang—es/index.htm

3 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

4 https://www.microsoft.com/en-us/PhotoDNA

5 http://plataformadeinfancia.org/book/fundacion-aliados/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2017.— Diputados: Norma Edith Martínez Guzmán,Mariana Arámbula Meléndez, Jorge Ramos Hernández, María Antonia Cárdenas Mariscal, Lillian Zepahua García, Adriana Terrazas Porras, Paloma Canales Suárez, Marbella Toledo Ibarra, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Julieta Fernández Márquez, Pedro Garza Treviño, Miguel Angel Huepa Pérez , Genoveva Huerta Villegas (rúbricas).»