SUMARIO
En espera de acuerdos para la modificación del Orden del Día, la Presidencia decreta un receso
Se reanuda la sesión
La Presidencia informa que el Orden del Día con los asuntos correspondientes a esta sesión se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de las curules
Se da cuenta con una comunicación de la Junta de Coordinación Política por medio de la cual se solicita la modificación del Orden del Día
Se aprueba la modificación al Orden del Día
Se decreta un receso con objeto de que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política tengan oportunidad de definir el método de discusión de los asuntos en cartera
Se reanuda la sesión
DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior
Voto particular al dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
En virtud de haberse cumplido con este requisito, y a consulta de la Presidencia, la asamblea autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO
En consecuencia, se somete a discusión el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra:
–La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del PRI
Para presentar moción suspensiva, intervienen:
–La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del PRD
–El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC
–La diputada Maricela Contreras Julián, de Morena
No se toma en consideración
VOLUMEN IIPara fijar la postura de su grupo parlamentario, hacen uso de la tribuna:
–La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES
–La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, de NA
–El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de MC
–La diputada Sofía González Torres, del PVEM
–La diputada Ernestina Godoy Ramos, de Morena
–El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD
–El diputado Jorge Triana Tena, del PAN
–La diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del PRI
Para la discusión en lo general, participan:
–El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC, en contra
–El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, en contra
–El diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD, en contra
–El diputado Arturo Álvarez Angli, del PVEM, a favor
–El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, a favor
–El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del PRD, en contra
–El diputado David Gerson García Calderón, del PRD, en contra
–El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI, a favor
No habiendo más oradores registrados, se considera suficientemente discutido en lo general
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior
Para la discusión en lo particular, hacen uso de la voz:
–El diputado David Gerson García Calderón, del PRD
–El diputado Ángel II Alanís Pedraza, del PRD
–La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del PRD
–La diputada Araceli Damián González, de Morena
–La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena
–El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD
–El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena
–El diputado Tomás Octaviano Félix, del PRD
–La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del PRD
–La diputada Maricela Contreras Julián, de Morena
–La diputada Ariadna Montiel Reyes, de Morena
–El diputado Juan Romero Tenorio, del Morena
–La diputada Mirza Flores Gómez, de MC
–El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena
–La diputada Verónica Delgadillo García, de MC
–El diputado Cuitláhuac García Jiménez, de Morena
–La diputada Angie Denisse Hauffen Torres, de MC
–El diputado Julio Saldaña Morán, del PRD
–El diputado José Santiago López, del PRD
–La diputada Erika Irazema Briones Pérez, del PRD
–La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena
–La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES
–El diputado Luis Fernando Mesta Soule, del PAN
–El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del PRD
–La diputada Claudia Sofía Corichi García, de MC
–El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena
–La diputada Karen Hurtado Arana, del PRD
–La diputada Angélica Moya Marín, del PAN
–El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, de Morena
–La diputada Olga Catalán Padilla, del PRD
–El diputado Erik Juárez Blanquet, del PRD
–El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del PRD
–El diputado Leonardo Amador Rodríguez, del PRD
–El diputado Felipe Reyes Álvarez, del PRD
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
Por el sensible fallecimiento de María Angélica Luna Parra, quien se desempeñaba como titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, experta en políticas públicas, defensora de las mejores causas sociales y fuera también parlamentaria
DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la federación el 10 de febrero de 2014
Voto particular al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la federación el 10 de febrero de 2014
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación
Se recibió oficio del diputado Javier Guerrero García, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. De enterado, comuníquese
Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integrantes de Comisiones. De enterado, comuníquese
La Presidencia turna las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna a las comisiones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo turno se publica en la Gaceta Parlamentaria
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior (en lo particular los artículos reservados, en sus términos)
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 30 de noviembre de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el cómputo de la asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se informa a la Presidencia que existen previamente registrados 306 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 12:25 horas): Por lo tanto, se abre la sesión.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A efecto de procesar los asuntos que están siendo turnados en este momento a la Mesa Directiva, vamos solamente a someter el acta de la sesión anterior a la autorización de la asamblea. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta minutos del miércoles veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Presidencia declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.
Comunicaciones Oficiales:
a) De los diputados: Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional; y Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por las que solicitan el retiro de iniciativas que se han presentado, y que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite nueve contestaciones con puntos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados:
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar ante las empresas mexicanas con operaciones en los Estados Unidos de América, la contratación de dreamers de origen mexicano que cuentan con el permiso vigente, como medida para que permanezcan en ese país con carácter de trabajadores extranjeros. Asimismo, en caso de que éstos sean repatriados a México, promover una estrategia para que dichas empresas generen una oferta laboral especial a fin de que encuentren oportunidades de trabajo de acuerdo a su capacidad y experiencia profesional; así como impulsar que los jóvenes de origen mexicano que actualmente son beneficiarios por el DACA, en caso de ser repatriados, puedan continuar sus estudios o el ejercicio de su profesión en México. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar una campaña de regularización de los Centros de Atención de las Personas Adultas Mayores en todo el territorio nacional para asegurar su apego a lo establecido en las normas emitidas para su funcionamiento y operación; con el objetivo de garantizar a los adultos mayores el respeto irrestricto a sus derechos en estos espacios. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que difunda entre la población los distintos programas de apoyo de servicio de estancias infantiles dirigidos a estudiantes con hijas o hijos, para que cuenten con el tiempo necesario para estudiar o capacitarse. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
• Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal haga pública la información relativa a las acciones y el presupuesto ejercido en su implementación para la protección de los migrantes en el periodo de enero de dos mil diecisiete a la fecha en territorio nacional. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enriquecer la postura de protección a nuestros connacionales remitiendo las propuestas y preocupaciones que en la materia posean; así como a dar a conocer la ruta especifica de atención legal y asesoría para los llamados dreamers de origen mexicano que pudieran ser perjudicados ante una eventual deportación a México. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de una política pública integral, se asegure la protección y respeto a los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran dentro y fuera de los Estados Unidos de América, dadas las políticas implementadas por el gobierno de aquel país. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta al Director General del Centro Nacional de Control de Energía a informar a la opinión pública, acerca de las causas técnicas que originaron a interrupción del servicio eléctrico en diversas zonas del país los días veintitrés y veinticinco de mayo, y diez de septiembre de los corrientes. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la pertinencia de adherirse al Convenio sobre la Protección a la Maternidad, 2000 (C183) de la Organización Internacional del Trabajo. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Ejecutivo Federal a emitir un pronunciamiento oficial en defensa de los derechos humanos de los connacionales en respuesta a las detenciones contra la comunidad migrante en Estados Unidos de América. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
c) Iniciativas con proyecto de decreto del Congreso del estado de Querétaro:
• Por el que se reforma el segundo párrafo del artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• Por el que se reforma el artículo ciento once de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Desde su respectiva curul realiza comentarios sobre diversos temas el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena. La Presidencia instruye se registre su intervención en el Diario de los Debates.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:
• Beatriz Vélez Núñez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diecinueve de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Evelio Plata Inzunza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo noveno de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
• Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos sesenta y uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
• María García Pérez, del Partido Acción Nacional:
– Que reforma el artículo setenta y ocho de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
– Que reforma los artículos doce, dieciocho, cuarenta, cuarenta y dos, y cuarenta y seis, de la Ley del Servicio Militar. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional:
– Que reforma el artículo veinte de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
– Que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Rocío Matesanz Santamaría, del Partido Acción Nacional:
– Que reforma y adiciona los artículos veinte bis, y cuarenta y seis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
– Que reforma el artículo sesenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
• Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos cinco, veintisiete, y cuarenta y tres de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
• Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos veintiséis, y treinta y uno de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, que reforma los artículos sexto, y noventa y tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, que reforma los artículos quinto, treinta y uno, y treinta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, que reforma los artículos ciento diez, ciento cincuenta, y cientos sesenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
• Norma Rocío Nahle García, de Morena, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona los artículos ciento cincuenta y seis, cuatrocientos seis, y cuatrocientos diez, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo doscientos doce del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo doscientos uno del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Prevención y Erradicación de la Pornografía y Abuso Sexual Infantil, que adiciona un artículo ciento cuarenta y seis bis, y reforma el artículo ciento ochenta y nueve de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen; y a la Comisión Especial de Prevención y Erradicación de la Pornografía y Abuso Sexual Infantil, para opinión.
Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo quince de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres, y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas en comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquense.
De conformidad con el artículo ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:
• Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, que reforma los artículos sesenta y uno, y sesenta y cuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Carlos Lomelí Bolaños, de Morena, que reforma y adiciona el artículo quinto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Daniel Ordóñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que deroga el artículo doscientos sesenta y uno de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres, y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Carlos Lomelí Bolaños, de Morena:
– Que reforma y adiciona los artículos setenta y siete, y noventa y seis de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
– Que reforma y adiciona los artículos: sexto, sexto bis, y diecinueve de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
• Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo quinto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Braulio Mario Guerra Urbiola, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y ocho de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La Presidencia levanta la sesión a las trece horas con veintidós minutos, y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día de mañana jueves treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a las diez horas.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor secretario.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(12:26 horas): Y, en virtud de que estamos a la espera de un acuerdo con las propuestas para modificar el orden del día, me permito decretar un receso para continuar nuestra sesión al terminar los próximos 30 minutos.
(Receso)
(A las 12:54 horas): Se reanuda la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 30 de noviembre de 2017.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
Retiro de iniciativas
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Comunica la designación de la Cuarta Visitadora General de este organismo autónomo.
De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
Remite el informe de resultados respecto de la solicitud de Iniciativa Ciudadana de adición de un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho a la Energía Eléctrica.
Iniciativa ciudadana
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Cámara de Senadores
Con el que remite acuerdo de la Mesa Directiva, para normar una Sesión Solemne en agradecimiento del apoyo y solidaridad de la Comunidad Internacional ante los sismos acontecidos en México, en el mes de septiembre de 2017.
De la Secretaría de Gobernación
Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Acuerdos de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política
Declaratoria de publicidad
Dictámenes a discusión de leyes o decretos
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación y trasplante de órganos.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se Declara el Día 25 de septiembre de cada año, como el “Día del Estado Laico”.
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III Bis al artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 33 y 41 de la Ley General de Educación, en materia de estudiantes de altas capacidades intelectuales.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se Expide el Reglamento de la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo.
De las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación de sangre.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 28 de la Ley de Asistencia Social.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Urgente resolución
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que difunda un informe sobre los recursos erogados a través del fideicomiso denominado “Río Sonora” y continúe dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la población afectada a causa de los daños provocados al entorno por el derrame tóxico que, con fecha del 6 de agosto de 2014, afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, suscrita por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se convoca al titular de Pemex, a asistir a una reunión de trabajo con la Jucopo de esta soberanía, con la finalidad de que exponga la situación que guardan la Planta Agro Nitrogenados y el proceso de desincorporación de Pemex Fertilizantes por el posible daño patrimonial que se provocaría a la Empresa Productiva del Estado más importante del país, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por el diputado César Camacho Quiroz y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo de la diputada María Guadalupe Cecilia Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley General de Salud Mental, suscrita por los diputados Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, José Antonio Arévalo González e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma los artículos 7o., 14 y 32 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 17 Bis y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 36 y 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.
Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 7 Bis y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a la Ley de Asistencia Social y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 19, 22 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 37 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 32 y 41 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 27 y 79 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 10o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 469, 692 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 39 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 6o. a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 137 Bis 2 y 137 Bis 3 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 5o. y adiciona un artículo 116 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Protección Civil, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y de Movimiento Ciudadano.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 310 Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 57-Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 191 y 192 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley Nacional de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley sobre la Celebración de Tratados y Vinculación Internacional, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 120 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensiones para expresidentes, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú.
Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Lilian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 468 Bis a la Ley General de Salud y reforma el artículo 250 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 3o., 18 y 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 65 Bis y 419 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de México, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México.
Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma la denominación del capítulo V del Título Décimo Tercero y adiciona un artículo 248 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 24, 25, 132 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 12 de la Ley General de Educación y 2o. y 26 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un artículo 130 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza, de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 45 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 6o. y 7o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 225 del Código Penal Federal y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía y/o de Asistencia Médica, a cargo diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 97 y 97 Bis del Código Penal Federal y 7o. de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y medio ambiente, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 366 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Jorge Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 7o. de Ley General de Educación, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 35 y 35 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 33 y 38 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 66, 71 y 116 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 24 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Población, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley de Ascensos de la Armada de México, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 5o. de la Ley General de Turismo y 30 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 170 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto por el que se declara el 19 de Septiembre como el Día Nacional del Rescate Canino, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 1o. y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 55 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 3o. y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 77, 262 y 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Verónica Agúndis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de matrimonio infantil, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 7o. y 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 10 del Código de Ética de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 151 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 134 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 421 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Armando Luna Canales y Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Educación y del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 201 Bis 4 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 3o., 8o., 16 y 40 de la Ley de Puertos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 3o. y 25 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Daniel Torres Cantú, diputado sin partido y Samuel Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 11 Bis y 254 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley de Zonas Económicas Libres para los Estados de la Frontera Norte, suscrita por la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa y diputados de Baja California del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, para restablecer el balance del ciclo del agua en los destinos turísticos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 123 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, en materia de acciones de eficiencia energética en las empresas turísticas, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 25 y 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación y adiciona un artículo 7-Bis a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Cristina Sánchez Coronel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Ana María Boone Godoy, María Guadalupe Oyervides Valdez y Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 47 y 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Evelyn Parra Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 55 y 56 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 31 y 65 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 173 y 239 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona los artículos 18 y 22 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 6o., 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 167 de la Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos transitorios Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles, publicado en el DOF el 25 de enero de 2017, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que adiciona el artículo 48 Bis 3 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Marco Antonio Barranco Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 259 Bis y adiciona un artículo 259 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 56 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 1o. y 15 Sextus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Que reforma los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 326 y 327 del Código Penal Federal, y 27 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de los grupos parlamentarios, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y 21 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez, Flor Estela Rentería Medina y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 322 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa por los cuatrocientos años de la Fundación del municipio de Córdoba, Veracruz, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide el Código Nacional de Procedimientos Familiares, suscrita por los diputados María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María García Pérez y José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de práctica de la medicina estética y de la cirugía estética, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 38 Bis y 53 Bis a la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 360 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 56 Bis, 132 y 153-A de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 130 Bis a la Ley de Hidrocarburos y adiciona un artículo 9 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Nuñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 165 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de paridad de género, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
De decreto por el que se abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se declara el 20 de octubre de cada año, como Día Nacional del Mezcal, a cargo de la diputada Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 11 y 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdalá Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 90, 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por las diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 171 de la Ley General de Salud y 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
De decreto por el que se declara el 19 de junio como el Día Nacional del Padre, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 7o., 8o. y 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María De La Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que adiciona un artículo Sexto Transitorio al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 1o., 62 y 87 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 63 y 87 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 26 y 35 y se adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 390 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 263 Bis, 263 Ter y 263 Quater de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 64 y 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado German Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 203 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 16 y adiciona un Artículo Vigésimo Primero Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el diputado Samuel Rodríguez Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. ?
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Expropiación, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona una fracción X al artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Barranco Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del decreto por el que se dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1991, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo sexto transitorio al “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017, a cargo del diputado Jorge Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, a implementar políticas públicas que coadyuven en la prevención de delitos sexuales y a su vez garanticen a las víctimas, el acceso a la justicia pronta y expedita, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, a respetar los escudos oficiales, así como los colores y lemas de los mismos y abstenerse de usar los de origen partidista, a cargo de la diputada Eloísa Chavarría Barajas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, indultar al ciudadano Alberto Martínez Sosa, actualmente interno en el Centro Preventivo de Readaptación Social “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, Estado de México, por sentencia firme dictada por juez competente, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa, a promover una acción colectiva para cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente de la CDMX, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Estado de México, a establecer un descuento del 50% en la tarifa autorizada del transporte a estudiantes, así como un programa de renovación del parque vehicular de las diferentes rutas de transporte público, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que difunda los avances de la propuesta de actualización del modelo y proceso actual de evaluación en materia de control de confianza, referente al Acuerdo 15/XLII/17 de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo Federal, para que instruya a todas las dependencias y entidades del gobierno federal, a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad tomando en cuenta sus necesidades, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, haga del conocimiento público a cuánto asciende el gasto de inversión reasignado para la reconstrucción de infraestructura pública afectada por los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a investigar las emanaciones de gas etano que afectaron la salud de habitantes de la comunidad Lázaro Cárdenas, ubicada en el Municipio de Nanchital, Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a la prevención de riesgos ante la temporada invernal, sobre todo, en aquellos estados donde hay que redoblar esfuerzos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Issste, para que realice las acciones jurídicas, administrativas, contables y todas aquéllas que resulten necesarias para mejorar la infraestructura y servicios que presta la Clínica Hospital “agosto 12” ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que al publicar el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, publique simultáneamente los lineamientos generales del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo al paro de labores del pasado 28 de noviembre de más de 70 pilotos de la subsidiaria Aeromexico Connect en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE y a la Semarnat, a atender las manifestaciones respecto a la preocupación por la postura omisa que México ha mantenido en la octava reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional para América Latina y el Caribe, sobre el principio 10 de la Declaración de Río: Derechos de Acceso a la Información, a la Participación y a la Justicia en materia ambiental, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo relativo a la ejecución de un programa para volver fronterizos a bajo costo los vehículos extranjeros que actualmente se encuentran en dicho territorio sin haber realizado el debido tramite, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Morelos, a que en su próxima Ley de Ingresos tome en consideración los factores económicos y sociales que vive en estos momentos la población de dicha entidad, con el fin de reducir los montos de pago por conceptos de impuestos y servicios municipales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena. ?
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Senasica, a fin de permitir a los turistas cinegéticos la entrada a territorio nacional de los alimentos de consumo personal que traigan consigo para cubrir sus necesidades de alimentación durante su visita, siempre y cuando éstos vengan en empaque íntegro y etiquetados, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a fortalecer programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a identificar, atender, contener y prevenir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo relativo a desarrollar y fortalecer acciones de protección y apoyo a la población, ante las bajas temperaturas que se han registrado y se continuarán presentando en el estado de Puebla, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que analice la posibilidad de que las becas puedan ser otorgadas también a estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos, suscrito por los diputados César Camacho y Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, con el propósito de reducir la probabilidad de robo de materiales radioactivos y mitigar las posibles consecuencias para la población, mediante la modificación de las disposiciones aplicables, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, a fin de ampliar la campaña de difusión del puerto de Acapulco en los medios de comunicación nacional e internacional, como el principal destino turístico del país, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
COMUNICACIONES
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A la vez, les informamos que se ha recibido comunicación de la Junta de Coordinación Política relativo al orden del día. Pido a la Secretaría dar cuenta de ella.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 64, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente una modificación al orden del día, en el capítulo de dictámenes con dispensa de trámites del siguiente asunto.
• De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 30 de noviembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (en contra), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, secretaria, dé cuenta del sentido del voto de los integrantes de la Junta, para efecto de que la asamblea tenga conocimiento de que algunos de los integrantes firmaron en contra.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra. El diputado César Camacho Quiroz, coordinador del Grupo Parlamentario del Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. La diputada Norma Rocío Nahle García, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. El diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. El diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en contra. El diputado Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, firmado por ausencia, a favor. El diputado Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, también firmado por ausencia, a favor. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretaria. Tome usted el sentido del voto de la asamblea en cuanto a la modificación del orden del día. La firma de los señores coordinadores es solamente con respecto al orden del día, de ninguna manera expresa el sentido de su voto. Ese lo veremos posteriormente en la asamblea. Adelante, secretaria.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Vamos a votar. En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Queda modificado el orden del día.
(A las 12:58 horas) Voy a decretar un nuevo receso, hasta por 30 minutos, a efecto de que la Mesa Directiva y los señores coordinadores podamos definir el procesamiento de la asamblea, a fin de que sea un procedimiento ágil y que podamos respetar también la importancia del tema que vamos a discutir. Muchas gracias.
(Receso)
(A las 13:42 horas) Se reanuda la sesión. Adelante la secretaría.
DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD
EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Gobernación, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que se ponga a votación y discusión de inmediato.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Gobernación se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se autoriza.
DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO
EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, y tiene la palabra para cumplir con el siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, por cinco minutos, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento dela Cámara de Diputados.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Ciudadano diputado presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, como resultado de un profundo debate al que han acudido amplios sectores de la sociedad mexicana, en torno a la trascendencia de la seguridad interior en la situación actual del país, esta Comisión de Gobernación somete a consideración del honorable pleno, el proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley en la materia, como instrumento legal que regula la participación de fuerzas federales y fuerzas armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional.
Respuesta idónea a los nuevos y complejos escenarios de inseguridad por los que atraviesa la nación, que ponen en riesgo a las personas y a las instituciones que conforman el Estado mexicano, destacando que esta ley complementaria a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen al interior de la República, mediante el establecimiento de protocolos claros y expeditos que obligan a las fuerzas estatales, federales y armadas a enfrentarlas de manera conjunta.
Por ello, la definición que la ley realiza de amenazas a la seguridad interior, se remite al contenido de los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, respetando el origen común que la seguridad interior y la seguridad tienen, diferenciando en su aplicación por los protocolos que autoridades encargadas de aplicarla deben cumplir, cuando estos riesgos y amenazas comprometen el bienestar colectivo al poner en peligro la integridad de las personas y de las instituciones.
Ese es el motivo de fondo para legislar la seguridad interior en un instrumento distinto a la Ley de Seguridad Nacional, ya que no solo se trata de erradicar las amenazas sino de hacerlo respetando los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución.
En consecuencia, la aplicación de esta ley corresponde a las fuerzas estatales, las fuerzas federales y cuando la gravedad de la situación lo amerite, y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas.
Señalando, además, que toda intervención de fuerzas federales y Fuerzas Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República, y solo cuando subsistan las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y que justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior.
Situación que deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de este Congreso y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas en las que se realicen estas acciones.
Elegir un mecanismo distinto en las circunstancias actuales sería negar la realidad de México y la urgencia de dotar a la población de seguridad. Sería suspender los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte para entrar en un Estado de excepción.
Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Repito, esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías.
Por el contrario, las autoridades que colaboren en el mantenimiento de la paz y el orden público al interior deberán, en todo momento y sin excepción, respetar de manera irrestricta los derechos humanos.
Ahora bien, toda vez que es obligación del Estado mexicano en su conjunto proporcionar seguridad a la población y salvaguardar la permanencia de sus instituciones, esta ley señala...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Un momentito, diputada. Les recuerdo a todos los grupos parlamentarios que cada grupo tiene un espacio definido para hacer sus expresiones a lo largo del debate. Ruego a todos los grupos ser tolerantes con la expresión de cada quien. Esta Presidencia procurará guardar el orden en todo momento.
Muchas gracias, diputada Laura Dora, con toda atención suplico al público que la escucha guarde la debida tolerancia a cualquiera de sus expresiones.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Gracias, presidente. Toda vez que es obligación del Estado mexicano en su conjunto proporcionar seguridad a la población y salvaguardar la permanencia de sus instituciones, esta ley señala que la actuación de las autoridades se realizará en un marco de corresponsabilidad.
Para concluir, debe recalcarse que el incumplimiento a las obligaciones de esta ley será sancionado conforme a los sistemas de responsabilidades y anticorrupción, contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el equilibrio entre Poderes y la rendición de cuentas.
Diputados, no confundamos a la ciudadanía. El objetivo de la ciudad, de esta ley es dar certidumbre a través de pasos contundentes hacia la protección del orden interior. Se trata de entregar a los mexicanos y a sus instituciones un marco normativo democrático de rendición de cuentas. Es un tema trascedente y de interés supremo para la nación.
Por todo esto, está a su consideración este dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Gracias por su atención. Gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente.
Se han presentado tres mociones suspensivas a este dictamen. Escucharemos en orden las tres mociones suspensivas y pasaremos a la votación. Tiene la palabra, la diputada Cristina Gaytán Hernández, del PRD, hasta por tres minutos.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Y vean, compañeros, el espíritu de Díaz Ordaz presente con los compañeros del PRI.
Esta moción suspensiva que se presenta ante este pleno de la Cámara de Diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, tiene que ver con que este dictamen fast track, como acostumbran a hacer el trabajo sucio los diputados del PRI, aprobado hace unos minutos. Tiene que ver con la militarización del país, esa militarización que vimos en 1968 y que el PRI quiere plantear junto con sus aliados nuevamente para el país. Que quede perfectamente claro, no estamos nosotros contra las Fuerzas Armadas. Estamos en contra de la irresponsabilidad de diputados, que aprovechando una mayoría construida con los fraudes de los Duarte o los Moreira, como lo hicieron, están planteando aquí violar la Constitución.
El grupo de trabajo en contra de las desapariciones forzadas de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han sido claras en plantear que esa iniciativa de César Camacho y su grupo parlamentario es totalmente violatorio a los derechos humanos. Es una iniciativa que no tiene que pasar, porque lo que buscan es militarizar al país utilizando a las Fuerzas Armadas para hacer ese trabajo sucio que han querido hacer permanentemente en México.
En primer lugar, el artículo 21 constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, es decir, la propia Constitución señala que son las autoridades civiles y no militares las que tienen que llevar a cabo esas investigaciones, cosa que ni sus doctorados les sirvieron para tenerlo claro.
La minuta pretende que el Ejército y la Marina realicen labores que le competen al Ministerio Público, es decir, le van a dar herramientas a los militares para las tareas de seguridad pública y de investigación, incluso en la propia iniciativa se señala: para obtener información bajo cualquier medio.
Acabamos de aprobar la Ley contra la Tortura, la Ley contra la Desaparición Forzada, pero ahora quieren aprobar una ley que les dé autorización para desaparecer, violar los derechos humanos y seguir torturando como ha sido su práctica.
En este sentido, quiero señalar también que el propio artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, que las autoridades, los responsables militares no pueden ejercer estas labores al estar en tiempo de paz.
Sabemos que la situación de la seguridad pública, que sus propios gobiernos han provocado, nos han llevado a tener un país en una guerra permanente, pero guerra entre las propias autoridades que ustedes solapan y los grupos del crimen organizado.
Finalmente, compañeras diputadas y diputados que juraron en este pleno hacer cumplir la legislación, les recuerdo que el artículo 76 constitucional establece las facultades del Congreso de la Unión, y en ninguna de esas facultades se contempla legislar las materias de seguridad interior.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Tenemos la capacidad de legislar en materia de seguridad nacional y seguridad pública, pero no seguridad interior. Claro que les urge y el tiempo ahora sí les apremia, pero queremos decirles...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: ... llamar a su responsabilidad. Están llevando al país a la militarización, a la represión, a que los derechos humanos sean violentados y, sobre todo, todos aquellos que quieren votar a favor están claros de que esa violación...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: ... a los derechos humanos se quiere llevar desde el pleno de la Cámara de Diputados. Eso es absolutamente ilegal, peligroso, irresponsable, y sobre todo una muestra más de que el priismo del 68 quiere manifestarse...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, concluya su intervención.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: ... nuevamente en esta Cámara de Diputados. No vamos a dar un paso atrás. No queremos una Ley de Seguridad Interior que viole los derechos humanos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suplico a los oradores respeto al Reglamento.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Y aquí vamos a estar, diputadas y diputados, dando la batalla a su irresponsabilidad.
«Moción suspensiva que presenta la diputada federal Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diputada federal Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del PRD presenta moción suspensiva sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior al tenor de la siguiente:
Motivación y justificaciónDe acuerdo a la recomendación de distintos organismos internacionales, tales como el Grupo de Trabajo de contra las desapariciones forzadas e involuntarias de Naciones Unidas, así como los relatores especiales contra la tortura y otros malos tratos y contra las ejecuciones extrajudiciales; organismos públicos de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y organizaciones de la sociedad civil, la militarización de las funciones de seguridad pública no sólo ha aumentado la violencia en nuestro país, sino que ha sido el detonante de múltiples violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, entre otros.
En este contexto, la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, la cual dota de facultades a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) para que realicen labores de seguridad, pública en detrimento de las instituciones civiles facultadas para ello.
Esta disposición atenta en contra de lo establecido por nuestra Constitución en diversos artículos. En primer lugar, el artículo 21 constitucional señala que:
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.
En este sentido, la presente minuta pretende que el Ejército y la Marina realicen labores que le competen constitucionalmente al Ministerio Público y las policías, es decir, mandos del fuero civil, quienes deberían tener las herramientas para tener un enfoque de seguridad pública y ciudadana en sus actuaciones, de lo cual carece la formación militar.
En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala:
La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantea contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 constitucional.
Asimismo, el artículo 129 constitucional señala que:
En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
En este sentido, en un análisis armónico de los artículos 21 y 129 constitucional resulta notorio que la propuesta que el dictamen con proyecto de decreto de Ley de Seguridad Interior no es congruente con nuestro texto constitucional, al pretender que las Fuerzas Armadas realicen labores ajenas a su función y que pudieran tener un impacto no sólo el marco constitucional, sino de conformidad con lo dicho por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos puede tener un impacto en el respeto de los mismos.
Asimismo, el artículo 73 constitucional que establece las facultades del Congreso de la Unión, únicamente contempla legislar las materias de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, en sus fracciones XXIX-M y XXIII respectivamente. Sin embargo, no prevé una facultad explícita o implícita para legislar en materia de Seguridad Interior. En este sentido, esta soberanía no debe aprobar una ley que es a todas luces contraria a la Constitución por no tener facultad para ello. El texto constitucional es muy claro respecto a qué podemos legislar y no está sujeta a interpretación.
Finalmente, de nuevo nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala:
La propuesta de ley no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho. Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de Seguridad Interior serían cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la Seguridad Pública.
Es por estos señalamientos que afirmamos que el dictamen en comento no sólo resulta cuestionable, sino que contiene graves vicios de constitucionalidad e inconvencionalidad, que ponen en riesgo el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en nuestro país.
Por lo antes expuesto y fundamentado, se somete a consideración del Pleno la siguiente:
Moción SuspensivaÚnico. Se suspenda la discusión sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, con objeto de que las violaciones al procedimiento legislativo se subsanen y se elimine el contenido inconstitucional de sus disposiciones.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Ismene Gaytán. Suplico a los señores oradores respetar el tiempo previsto -aquí en la Secretaría, si es tan amable-. Está solicitando la moción suspensiva la diputada Gaytán. Como son tres solicitudes, escucharemos las tres solicitudes. Tiene la palabra el diputado Álvarez Maynez hasta por tres minutos para solicitar moción suspensiva.
El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Hoy esta Legislatura escribirá, si no cambiamos lo que está a punto de suceder, la página más vergonzosa y más bochornosa por la que vamos a trascender en la vida pública de México.
Las mociones suspensivas tienen la intención de aplazar una discusión, y en el caso que nos ocupa, en la Ley de Seguridad Interior, hay un planteamiento no de personas que no tengan conocimiento del tema, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, y del director del CIDE, Sergio López Ayllón, de hacer una moratoria legislativa en las iniciativas que tienen que ver con seguridad y con procuración de justicia. Lo que está haciendo el PRI, lo que está haciendo el presidente de la República de meter el tema del Ejército y la seguridad interior a la agenda político-electoral, porque estamos ya en el proceso electoral, es un acto de profunda irresponsabilidad.
Este es un tema que no se puede legislar sobre las rodillas, la mayoría de las diputadas y de los diputados que están hoy aquí para votar no conocemos el dictamen, se acaba de aprobar hace unas horas. No estuvimos en la discusión, no hemos tenido el tiempo para estudiar y para recibir la opinión de expertos, de académicos, de víctimas de violaciones a los derechos humanos en este país, de familiares de desaparecidos para emitir una opinión centrada sobre el tema. Lo que está haciendo hoy el PRI es un acto de cobardía.
Mi playera dice: “Apoyo al Ejército y no al gobierno que le ordena violar la Constitución”. Porque es un acto de cobardía cada que un gobernador le ordena al Ejército violar la Constitución, el artículo 21 constitucional que dice que las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública deberán de ser de carácter civil.
Es un acto de cobardía que un diputado diga que no se puede hacer otra cosa en el país más que sostener una fallida guerra, que por supuesto que inició en el sexenio de Felipe Calderón, que inició en el sexenio de Calderón, y que en campaña Peña Nieto prometió cambiar, que en campaña Peña Nieto prometió pacificar el país, y no ha sido capaz de hacerlo, no le dio a este país instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia que permitan ganar esta guerra.
Y yo tengo un mensaje para las fuerzas armadas, y lo tenemos en el frente por México, les pedimos una disculpa pública a nombre de los Poderes de la Unión, de este Poder Legislativo de haberles fallado. Esta guerra no la van a ganar ellos, esta guerra se gana con fiscalías autónomas y que hagan su trabajo, con policías confiables en los municipios y en los estados que todos los partidos políticos gobiernan en el país.
Esta guerra jamás la podrán ganar los militares que están haciendo funciones que no les corresponden constitucionalmente, no se van a regresar a los cuarteles cuando vayan y ganen una guerra que nos es de ellos, la guerra contra la impunidad, contra la violencia, por la preservación de los derechos humanos es una guerra civil y nos correspondería a nosotros ganarla, tener vergüenza, tener dignidad, pedirle una disculpa a los militares por haberlos tenido en las calles diez años sin controles, sin claridad, sin delimitación de funciones y sin acompañamiento.
Por eso le pedimos a todas y a todos los legisladores que acompañen esta moción suspensiva y establezcamos una moratoria legislativa que le dé certidumbre al pueblo de México de qué es lo que se debe de hacer en materia de seguridad y procuración de justicia. Gracias, presidente.
«Moción suspensiva sobre el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior de la Comisión de Gobernación, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Los suscritos, José Clemente Castañeda Hoeflich e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente moción suspensiva sobre el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior de la Comisión de Gobernación, con base en las siguientes:
ConsideracionesI.El artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que la moción suspensiva es un procedimiento legislativo que persigue el objetivo de “interrumpir la discusión de algún asunto puesto a consideración del Pleno”.
Con fecha de 30 de noviembre de 2017, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se crea la Ley de Seguridad Interior, misma que pretende dar un marco legal de actuación a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo que viene a institucionalizar lo que ya de facto viene implementándose desde diciembre de 2006 cuando el entonces titular del Ejecutivo federal decidió declarar una “guerra contra el narco” con una amplia participación de las fuerzas castrenses.
Las iniciativas en materia de “seguridad interior” han generado un intenso debate público sobre sus alcances y sobre su impacto en la política nacional de seguridad, así como sobre el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en la misma. Como ya se ha señalado, el dictamen en cuestión institucionaliza lo que durante la última década ha consistido en una política pública de combate al crimen organizado, sin embargo, los diagnósticos especializados que hasta la fecha han sido presentados no fundamentan un éxito real en dicha estrategia de seguridad, sino, por el contrario, un acentuado desgaste de la confianza pública en las Fuerzas Armadas y una grave escalada en las violaciones a los derechos humanos.
II. Es importante señalar que tanto los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como un creciente número de especialistas y líderes de opinión, han señalado su preocupación sobre la constitucionalidad y convencionalidad del dictamen que hoy discutimos.
Concretamente, el dictamen establece que las Fuerzas Armadas podrán participar en tareas de seguridad, más allá de lo dispuesto por el artículo 129 constitucional, que señala que los cuerpos castrenses no podrán desarrollar tareas que no sean relativas a la estricta disciplina militar:
“Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.”
Igualmente, uno de los aspectos más graves del dictamen es que el artículo 4 incluye la definición de “riesgos a la seguridad interior” como la “situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior”, y artículo 26 señala que las FF.AA. de todas formas podrán actuar sin emitir ninguna declaratoria cuando existan dichos riesgos. Esto deja al arbitrio absoluto del Presidente la utilización de las FF.AA. siempre que considere que existen esos riesgos.
Por otro lado, desde la reforma constitucional en materia de seguridad pública del año 2004, que dio origen a la actual Ley de Seguridad Nacional, el artículo 21 establece que las tareas de seguridad pública corresponden exclusivamente a las autoridades civiles. Así, el párrafo noveno de dicho artículo señala lo siguiente:
“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
Sin embargo, el artículo 20 del dictamen que discutimos, señala que el Presidente “designará a un comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que para el efecto se integren”, y el artículo 22 señala que “las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada”. Esto significa que eventualmente un comandante del Ejército o la Marina mandatará a autoridades civiles en la coordinación de la seguridad pública, lo que viola el artículo 21 constitucional señalado anteriormente.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el concepto de “seguridad interior” no debe ser utilizado para legitimar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad nacional:
“La Comisión desea insistir en una de sus preocupaciones centrales en relación con las acciones implementadas por los estados miembros en el marco de su política sobre seguridad ciudadana: la participación de las Fuerzas Armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales. En reiteradas ocasiones, la Comisión ha señalado que, dado que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno.
La preocupación de la Comisión frente a esta situación, que se reitera en varios países de la región, tiene que ver también con el propio funcionamiento del sistema democrático, pues en éste es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la definición sobre “seguridad interior” que contiene el dictamen en cuestión, no está claramente diferenciada de la “seguridad nacional”, e incluso señala a la primera como parte de la segunda, lo que claramente viola lo establecido anteriormente por la CIDH. Así define el dictamen, en su artículo 2o., la seguridad interior:
“Artículo 2o. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente ley.”
Igualmente, las causales para activar la participación de las Fuerzas Armadas, contenidas en el artículo 4o. del dictamen como “amenazas a la seguridad interior”, incluyen las contenidas en el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, que son bastante abiertas a la interpretación, como: “actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria”, “actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”, “actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación”, “actos ilícitos en contra de la navegación marítima”, “actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contra inteligencia”, “actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.
Además, se añaden “que afecten la estabilidad de las instituciones cuando dicha afectación dañe gravemente a la población”, y “las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional”, lo que presenta una amplitud de escenarios, abriendo la puerta a la discrecionalidad en el ejercicio de la fuerza pública y la utilización de armamento de uso exclusivamente militar:
“Amenazas a la Seguridad Interior: las contenidas en el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las que afecten la estabilidad de las instituciones cuando dicha afectación dañe gravemente a la población; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional.”
Debe señalarse asimismo que estas causales son muy similares a las plasmadas en el artículo 29 constitucional sobre la suspensión de garantías, por lo que claramente estamos ante un eventual problema jurídico, pero también ante un grave riesgo de que, mediante la Ley de Seguridad Interior, se normalice el estado de excepción o suspensión de garantías “exprés”, vulnerando lo establecido en la Constitución, que indica que para que ello ocurra el Ejecutivo federal debe consultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Congreso de la Unión. Únicamente se señala que se deberá notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la CNDH.
En concreto, el artículo 7o. del dictamen señala que “en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”; sin embargo, el propio artículo 42 del mismo señala también que serán amenazas a la seguridad interior “las que afecten la estabilidad de las instituciones cuando dicha afectación dañe gravemente a la población”; esto significa que no está claro en qué condiciones se aplicará lo dispuesto en el 29 constitucional y en cuáles esta nueva ley.
Por otro lado, resulta especialmente preocupante lo dispuesto en el 8o. de la Ley de Seguridad Interior que aprueba el dictamen en cuestión, ya que abre la puerta a la criminalización de la protesta social, en la medida en que condiciona la misma a que se realicen “pacíficamente de conformidad con la Constitución”, lo que resulta ambiguo y está a interpretación de las autoridades.
Además, el artículo 15 del dictamen señala que la vigencia de la declaratoria para atender las amenazas a la seguridad interior a través de fuerzas federales, no podrá exceder de un año, sin embargo, señala que podrá prorrogarse sin establecer un límite de prórrogas, lo que abre la puerta a que éstas sean indefinidas, perpetuando la presencia de las Fuerzas Armadas.
Otra preocupación que Movimiento Ciudadano comparte con las organizaciones de la sociedad civil es que se excluya a los servidores públicos de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando se aplicase la legislación en cuestión. En particular, el artículo 10 establece que “la materia de la seguridad interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”.
Además, el dictamen resulta regresivo en términos de transparencia y de garantías del derecho a la verdad, ya que establece que toda la información relacionada con la aplicación de la ley será clasificada, lo que violenta el derecho a la información y coloca a las autoridades militares en un régimen de excepción respecto de los cuerpos de seguridad civiles que realicen las mismas tareas de seguridad:
“Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.”
Además de lo anterior, es importante señalar que el dictamen. Se señala que las manifestaciones y protestas (artículo 8o.) que “se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución”, no serán consideradas como amenazas. Aunque esto parece positivo, en realidad abre la puerta a que se utilicen a las fuerzas federales, incluidas las militares, para reprimir protestas que no se consideren pacíficas por parte de la autoridad.
Igualmente, esta legislación podría representar un problema de competencias y una yuxtaposición de atribuciones en materia de seguridad pública, ya que el artículo 18 señala que “en ningún caso, las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. Sin embargo, el artículo 20 señala que el Presidente designará a un comandante de las Fuerzas Armadas, que “dirigirá los grupos interinstitucionales que para el efecto se integren”, y el artículo 22 señala que las autoridades deberán estar bajo la coordinación de dicho comandante. Esto significa que eventualmente un comandante mandatará a las autoridades civiles en la coordinación de las acciones de seguridad, lo que podría violar el artículo 21 constitucional, que señala que sólo autoridades civiles podrán ocuparse de la seguridad pública.
Para finalizar, el mecanismo previsto en el artículo 11 del dictamen, para que las entidades federativas soliciten acciones de seguridad interior, es demasiado laxo. Se plantea que podrán solicitarlo las legislaturas (sin especificar una mayoría requerida) o el Ejecutivo estatal “en caso de receso de aquellas”, cuando se vean comprometidas sus “capacidades efectivas” para atender una amenaza. Esto representa un incentivo perverso para que las entidades federativas se postren ante la Federación bajo el argumento de la necesidad de mejorar sus instituciones y “capacidades efectivas”:
“El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las amenazas a la seguridad interior y éstas:
I. Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o
II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional.
Aquellas amenazas a la Seguridad Nacional que no requieran declaratoria en términos del presente artículo, serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables.”
Es debido a lo anterior que en Movimiento Ciudadano consideramos que resulta crucial entablar un gran proceso de discusión nacional sobre la pertinencia de legislar en materia de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, no sin antes evaluar si una legislación de esa naturaleza contiene vicios de inconstitucionalidad o convencionalidad.
III.Es importante destacar que dicho proyecto de legislación ha sido cuestionado desde distintos frentes en lo relacionado con la estrategia de combate al crimen organizado, tanto por parte de la sociedad civil, como por parte de los organismos internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos.
Particularmente, las críticas a la legislación propuesta pasan por evidenciar los pocos resultados de las actuales políticas públicas en el combate al crimen organizado y al consumo de estupefacientes, así como las graves violaciones de derechos humanos que se han producido a raíz de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Así, por ejemplo, el CIDE ha señalado recientemente que desde diciembre de 2006 se ha incrementado la tortura hasta en un 1000%, y señaló asimismo que de 3 mil 327 combates durante el sexenio calderonista, 4 de cada 10 fueron de letalidad perfecta, por lo que señaló una “política de exterminio”, igualmente, el CIDE estableció que de diciembre de 2006 a noviembre de 2011 se registraron 68 casos de ejecuciones en las que, al menos, hubo 10 muertos en cada una, lo que se configura como una “masacre”.
A lo anterior debemos añadir lo que es ya una realidad reconocida oficialmente en el rosario de cifras que retratan el grave estado de violencia de nuestro país: más de 150 mil homicidios intencionales de diciembre de 2006 a diciembre de 2015, más de 30 mil desaparecidos según cifras oficiales, y más de 280 mil desplazados.
Asimismo, es conveniente señalar el más reciente informe de la CIDH sobre los derechos humanos en nuestro país. El 2 de marzo de 2016 la CIDH presentó el informe Situación de los Derechos Humanos en México, en el que señala que la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país se debe a la militarización continua que ha llevado a cabo el Estado para combatir al crimen organizado:
“La situación de violencia e inseguridad en México señalada en este informe, generada por el accionar de grupos del crimen organizado junto con una respuesta militarizada, y la captura de elementos del Estado por parte de grupos de la delincuencia organizada, ha tenido como consecuencia el incremento en graves violaciones de derechos humanos.”
En el mismo sentido, la CIDH estableció que la militarización del país ha resultado no sólo en un incremento de las violaciones a los DD.HH., sino que también contribuye a perpetuar el círculo vicioso de impunidad que es el principal caldo de cultivo para la erosión del Estado de Derecho:
“Este contexto de lucha contra el narcotráfico y la consecuente militarización de zonas del país ha resultado en varias ocasiones en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad. Es decir, la atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles y el despliegue de operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, han dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos.”
“Dentro de este contexto de lucha contra el narcotráfico y la consecuente militarización de zonas del país, diversas autoridades como las policías en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal), miembros de las Fuerzas Militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad.”
Igualmente, la CIDH señaló específica mente que el papel de las Fuerzas Armadas en un Estado democrático debe ser otro que el de cumplimentar tareas policiales y de seguridad pública:
“Frente la situación de militarización que atraviesa México, la Comisión Interamericana manifiesta su preocupación ante la participación de las Fuerzas Armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponderían exclusivamente a las fuerzas policiales. En reiteradas ocasiones, la Comisión y la Corte han señalado que, dado que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. Conforme la Comisión estableció en su informe sobre Seguridad Ciudadana, una política pública sobre seguridad ciudadana, que se constituya en una herramienta eficiente para que los estados miembros cumplan adecuadamente sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio, debe contar con una institucionalidad y una estructura operativa profesional adecuadas a esos fines. La distinción entre las funciones que le competen a las Fuerzas Armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública. La Corte ha señalado en relación con este punto que “(...) los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.”
Finalmente, la octava recomendación contenida en el informe de la CIDH consiste en cambiar el enfoque sobre las drogas, eliminando la militarización:
“8. Reorientar el abordaje del tema de drogas en México de un enfoque de militarización y combate frontal usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública sobre las adicciones y el consumo con fines de distribución.”
Cabe recordar asimismo, que durante la visita a nuestro país el 7 de octubre de 2015, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, emitió una serie de recomendaciones puntuales al Estado mexicano, entre las que claramente se encuentra retirar a las Fuerzas Armadas del combate al crimen organizado:
“Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
En el mismo sentido, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), emitió el 11 de diciembre de 2016 un comunicado manifestando su postura en contra de lo que consideran una “militarización del país”, y advierten que:
“Las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad públicas —desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito—-.
Igualmente, las organizaciones señalan que ya la ONU ha advertido que el Ejército debe regresar a los cuarteles:
“Cualquier propuesta de regulación del ejército debe retomar las recomendaciones que ha hecho la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable. Debe además ir acompañada por una ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.
Finalmente, hacen el siguiente llamado a la Cámara de Diputados:
“Pedimos a la Cámara de Diputados que no apruebe de forma apresurada estas leyes que hacen permanente la presencia militar y que vulneran los derechos de las y los mexicanos. El Congreso tiene la responsabilidad de no convertir al país en uno menos democrático y con instituciones civiles más débiles.
Como se observa, los principales organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos recomiendan al Estado mexicano el retiro a la brevedad de las Fuerzas Armadas del combate al crimen organizado, en vista no sólo de los pocos resultados sino de la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país y de la colusión de elementos castrenses en dichas violaciones.
Es por ello que Alejandro Madraza, investigador del CIDE, ha señalado que una legislación sobre seguridad interior tal y como hasta ahora ha sido planteada, sólo implicaría la institucionalización de una política pública que no ha tenido resultados positivos:
“Los resultados de lo que pretenden legislar ya los conocemos. No se trata de una política pública nueva sobre la que vayamos a experimentar. Llevamos diez años con la seguridad pública militarizada en una buena parte del país. Durante esos diez años ni las Fuerzas Armadas ni el Ejecutivo federal han rendido cuentas claras. [...] El riesgo es que renunciemos a tener policías decentes y utilicemos a las Fuerzas Armadas como sustituto de las policías y de las procuradurías.”
Por otro lado, este 27 de noviembre, distintas organizaciones y personalidades de la sociedad civil manifestaron públicamente su enérgico rechazo a la aprobación del dictamen que se está discutiendo:
“...normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.
Por ello, estas organizaciones, establecieron una ruta de irreductibles sobre la seguridad nacionales, entre los que se cuenta la reglamentación del artículo 29 constitucional, el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, y el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos:
“I. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.
II. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.
III. Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
IV. Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.
V. Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.
IV.Con base a los datos anteriormente señalados, los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos que antes avanzar en una legislación como la planteada por la Comisión de Gobernación, es preciso primero realizar un diagnóstico extenso, claro y especializado sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, el sistema de procuración de justicia y el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.
Así pues, si buscamos desarrollar una estrategia adecuada de seguridad, debemos empezar por reformar y fortalecer las instituciones civiles de seguridad, en lugar de buscar relegarlas a un segundo plano, permitiendo y alentando la intervención de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública.
Es preciso antes de comenzar la discusión, contar con diagnósticos sobre las causas que mantienen a las instituciones civiles de seguridad en un estado de postración ante la violencia y el crimen organizado. Igualmente es necesario volver a emprender una discusión sobre las reformas en materia de seguridad pública, incluyendo las distintas propuestas como el mando mixto.
Para fortalecer la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad, es necesario también fortalecer fiabilidad y el esquema de implementación de los exámenes de control y confianza, y consolidar la cultura sobre el respeto a los derechos humanos en los cuerpos de seguridad.
Adicionalmente, nuestro país aún no cuenta con una legislación general que regule el uso de la fuerza, misma que establecería protocolos de actuación que también deberían seguir las Fuerzas Armadas cuando realizaran tareas de seguridad.
Asimismo, no debemos olvidar que nuestro país aún no cuenta con una Fiscalía General de la República, como entidad autónoma de procuración de justicia, y su consecuente reproducción en las entidades federativas; por lo que antes de pasar a una revisión de las políticas públicas de seguridad, deberíamos saber cuál es el grado de fiabilidad y eficacia de los nuevos modelos civiles de seguridad.
En este sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) manifestó este mes de abril su preocupación por el avance en la discusión de esta legislación, y recomendó primeramente la existencia de una “reflexión integral” sobre el futuro del país, para lo cual exigió una moratoria legislativa:
“Lo que están buscando es darle un marco legal a actividades inconstitucionales que han tenido las Fuerzas Armadas, al suplantar a civiles en tareas de seguridad pública; los militares van a poder detener personas, van a poder obtener información de hechos delictivos por cualquier forma, van a poder hacer patrullajes y detener a sospechosos de delitos y sus partes militares van a tener fuerza en las averiguaciones previas. Así no se puede legislar esa ley, tiene que haber una moratoria en seguridad y justicia, y debe haber una reflexión integral sobre lo que queremos para el país. No queremos que la seguridad esté en manos de las Fuerzas Armadas.
En el mismo sentido, distintas organizaciones de la sociedad civil agrupadas bajo el lema “Seguridad Sin Guerra, exigieron el mismo mes al Congreso de la Unión una “moratoria legislativa” no sólo sobre las iniciativas en materia de seguridad interior, sino también sobre la nueva Fiscalía General de la República y los nuevos fiscales anticorrupción. En particular, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que:
“A pesar de las advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del estado de derecho y el incremento sin control de la violencia en México.
También exigieron una moratoria legislativa sobre esta discusión, los directores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Sergio López Ayllón y el doctor Pedro Salazar Ugarte, respectivamente, señalando la necesidad de contar primeramente con un contexto claro que nos permita tomar decisiones adecuadas:
“Consideramos que un ejercicio como el que nos invitan a emprender requiere de un contexto que lo haga viable y productivo. Por un lado, hace falta distensión y respeto entre instituciones públicas y organizaciones ciudadanas. Por otra parte, y aunque sabemos no es materia de competencia del procurador, es indispensable una moratoria legislativa en materias relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia. En particular, es indispensable poner pausa a la aprobación de la miscelánea penal y las iniciativas de seguridad interior. De lo contrario este ejercicio adolecería de dirección y legitimidad, pues, ¿qué sentido tendría intentar diseñar un modelo complejo para salir del atolladero en el que estamos si en el ínterin quienes tendrían que aprobarlo e implementarlo alteran las piezas y colocan engranes que trabarían su maquinaria?
Es por ello que Movimiento Ciudadano ha decidido acompañar estas voces de la sociedad civil y de la academia, y en tal sentido proponemos una moratoria legislativa sobre todo el proceso de discusión legislativa en materia de seguridad interior, de donde se deriva la presente moción suspensiva.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente:
Moción SuspensivaMoción suspensiva para interrumpir la discusión en lo general y en lo particular del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior presentado por la Comisión de Gobernación.
Notas
1 “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009.
https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/seguridad%20ciudadana%202009%20ESP.pdf
2 “Crece 1,000% tortura con Calderón”, Reforma, 26 de enero de 2017.
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx? id=1033373&v=4
3 “Dominó con FCH letalidad militan>, Reforma, 31 de enero de 2017.
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx? id=1035913&v=3
4 “Hubo 68 masacres con Calderón”, Reforma, 27 de enero de 2017.
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx? id=1034121&v=2
5 “Situación de los derechos humanos en México”, CIDH, 2 de marzo de 2016.
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
6 “Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, con motivo de su visita a México”, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 7 de octubre de 2015.
http:www.hchr.or.mx/index.php?option=comk2&view=item &id=767:declaracion-del-alto-comisionado-de-la-ONU-para-los- derechos-humanos-zeid-ra-ad-al-hussein-con-motivo-de-su-visita-a-mexico &Itemid=265
7 “Sociedad civil exige a diputados no militarizar el país ni legislar sin discusión la suspensión de garantías”, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (REDTDT), 11 de diciembre de 2016.
http://redtdt.org.mx/?p=7667
8 Ídem.
9 Ídem.
10 “ Posicionamiento sobre las iniciativas en materia de seguridad interior”, 27 de noviembre de 2017.
http://www .seguridadsinguerra.org/#block-5130
11 Ídem.
12 “Demanda CMDPDH una 'moratoria' para analizar la Ley de Seguridad Interior”, MVS Noticias, 13 de abril de 2017.
http://www.mvsnotícias.com/#!/noticias/demanda-cmdpdh-una-moratoria- para-analizar-la-ley-de-seguridad-interior-366.
13 “Colectivos civiles plantean que sea diferida la ley de seguridad interior”, La Jornada, 26 de abril de 2017
http://www.jornada.com.mx/2017/04/26/deportes/005n2pol.
14 “Hacia un modelo civil de procuración de justicia” El Universal, 3 de abril de 2017.
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/sergio-lopez- ayllon-y-pedro-salazar-ugarte/nacion/2017/04/3/hacia-un
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de noviembre de 2017.— Diputados: Jorge Álvarez Maynez, José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputado Álvarez Maynez. Tiene la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, hasta por tres minutos.
La diputada Maricela Contreras Julián:Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada Maricela Contreras Julián: Compañeras y compañeros legisladores. Por supuesto que estamos en contra de aprobar la Ley de Seguridad Interior en los términos en los que se ha presentado.
Lo estamos, porque se pretende denostar el papel de las Fuerzas Armadas imponiéndoles obligaciones que no les corresponden, se les quieren endilgar la responsabilidad ante la incapacidad, corrupción, falta de profesionalismo, incluso la propia complicidad de los cuerpos policiacos con la delincuencia.
Pretenden condenar a una de las pocas instituciones con credibilidad en el país a ser partícipe del rotundo fracaso que han llevado los gobiernos de Calderón y Peña Nieto a la estrategia de seguridad del país.
Que quede claro, reconocemos el trabajo que el Ejército realiza en esta noble labor en la sociedad mexicana, auxiliándola en los desastres nacionales y atento a la defensa de la soberanía nacional.
Estamos en contra de la manera en que quieren perpetuar un error histórico que ha dejado muerte y terror en la sociedad. La guerra contra el narcotráfico ha salpicado de sangre a las Fuerzas Armadas y eso no tiene ninguna justificación. Y no es responsabilidad del Ejército, es claramente un señalamiento a los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas en estos 10 años que tienen nombre y apellido: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Morena propone moción suspensiva de este dictamen, pues hay severas dudas sobre la eficacia, pertinencia de esta ley y de su constitucionalidad. Dudas expresadas por organismos nacionales e internacionales con la calidad moral para cuestionar la Ley de Seguridad Interior.
Por citar algunos ejemplos: una definición amplia y ambigua de seguridad interior, que permitiría configurar prácticamente cualquier conducta como un riesgo en sí misma; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención del delito; la transgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades entregar cualquier información por seguridad interior.
En resumen, la ley no contiene los mínimos estándares de respeto de los derechos humanos ni las bases para atacar el problema estructural de la inseguridad en nuestro país. No hay base constitucional para legislar en la materia de seguridad interior. Se contravienen las obligaciones convencionales respecto a la promoción de los derechos y las tareas del Estado materia de seguridad pública.
No nos confundamos, las autoridades civiles, no las militares, deben encargarse de velar por garantizar a la sociedad vivir sin violencia. Debemos trabajar para que tengamos un modelo policial que realmente responda a las exigencias de la sociedad y no regatear como lo hicieron ayer sepultando el Mando Mixto en este país.
La solución no es esta ley, se requiere de una intervención integral que no está contenida en el proyecto de dictamen. Ya se han puesto sobre la mesa un sinfín de propuestas para mejorar las condiciones de seguridad en México, y todas han sido ignoradas.
Para combatir la violencia no se requieren más militares en las calles, se requiere un Estado de bienestar social y de derecho que han sido desmantelados, donde se generen empleos bien remunerados y opciones de educación...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Maricela Contreras Julián: Y que se recomponga el tejido social, donde se cambie el enfoque sobre el comercio ilícito de drogas. Necesitamos cuidar a nuestras instituciones. Necesitamos resguardar a las Fuerzas Armadas y no exponerlas a una fallida, a esta estrategia fallida que ya lleva 10 años. La ley no las fortalece, las expone.
Compañeras y compañeros, no somos irracionales, hay una crisis de seguridad y de violación de derechos humanos en México y se necesita que las Fuerzas Armadas estén presentes para concluir, pero no es militarizando el país como se va a resolver. Hemos pugnado porque el Ejército regrese de manera paulatina a los cuarteles, también por fortalecer el modelo policial de un mando mixto y reformar el sistema de procuración de justicia.
Es inadmisible dar facultades al jefe supremo de las Fuerzas Armadas...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Maricela Contreras Julián: ... de las Fuerzas Armadas, es decir al presidente de la República, facultades para que utilice al Ejército como un instrumento represor por culpa de su tufo autoritario como gobierno civil, ante su incapacidad de atender los reclamos sociales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Maricela Contreras Julián: Urgimos a detener esta calamidad que pretenden aprobar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
«Moción suspensiva del artículo único del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior de la Comisión de Gobernación
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada federal Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, someto a la consideración de esta soberanía moción suspensiva del artículo único del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior de la Comisión de Gobernación, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosErnesto Garzón Valdés hace una diferencia entre calamidad y catástrofe:
“Calamidad es aquella desgracia: desastre o miseria que resulta de acciones humanas intencionales... catástrofe (es) la desgracia, el desastre o la miseria provocadas por causas naturales que escapan al control humano.”
Ese es el marco perfecto para distinguir entre las consecuencias de la lucha contra el narcotráfico donde se incorporó al Ejército mexicano en las labores de seguridad del país. Con ello, podemos afirmar que la calamidad puede evitarse y la catástrofe no; por ello, los resultados y secuelas de la guerra contra el narcotráfico entran en el umbral de lo evitable, al tratarse de una acción provocada deliberadamente y no puede catalogarse con resultados catastróficos, ya que no escaparon al control del Estado, sino que se convirtieron en una calamidad al seguir produciéndose, a pesar de los resultados negativos que estaba arrojando y del fracaso de la estrategia.
La calamidad descrita puede apreciarse en la cantidad de personas fallecidas, en lo normal que se convirtió ver escenas violentas en los medios de información, en la creación de un morbo social de apreciar la sangre en enfrentamientos para detener la ola de violencia, en los espectáculos televisivos que daban cuenta de detenciones o presentaciones de delincuentes al momento, en el lucro obtenido con los golpes contra el narcotráfico exhibiendo grandes cantidades de drogas, armas o dinero decomisado y en la construcción del discurso legitimador de un Estado que trabaja luchando contra sus enemigos.
En contraste y en abono de esa calamidad, una sociedad temerosa por la inseguridad, aun con lo acostumbrada a la violencia que pudiera estar, sectores sociales cada vez más desprotegidos, crecimiento de la crisis económica que se ve reflejada en aumento de la pobreza, insuficientes alternativas de empleo, alejamiento de una política social respecto a un enfoque de derechos y de cobertura universal, estancamiento en el acceso a vivienda, rezago en temas para garantizar los derechos de educación, salud y alimentación, en suma, una estrategia que ve a la inseguridad como el principal problema por atender y que realiza acciones para atacarla, pero que no la soluciona y descuida los temas fundamentales que coadyuven a prevenirla.
La política de la guerra contra el narcotráfico se llevó a cabo en un mundo idealizado y no en uno real donde las personas, las destinatarias de esas acciones, son las afectadas por el hacer o no hacer de la actividad estatal. A pesar de ello, la calamidad siguió su curso con los resultados y secuelas de muerte y horror en nuestro país.
La edificación de discursos, retornando palabras, ideas o directrices, es parte de la conceptualización de la llamada lucha contra el narcotráfico para generar circunstancias que posibiliten una creencia y voto de confianza en el accionar de las autoridades y, con ello, considerado correcto.
De esa manera, la creación de un ambiente ideal en el desarrollo de la estrategia de seguridad, llevada a cabo en la administración del gobierno de Felipe Calderón y que se continuó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, se cimentó en transmitir miedo, insistir en climas de violencia, dispersar la sensación de inseguridad, fabricar estereotipos de lo malo versus lo bueno y poner énfasis en imágenes cuyo papel fue reproducir un objetivo que estaba haciendo daño a la sociedad: el enemigo del Estado encarnado en el integrante de la delincuencia organizada dedicado al narcotráfico.
La afirmación que sostenemos, dista mucho de los componentes de la Estrategia Nacional de Seguridad de ese periodo de gobierno, a saber: la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales, fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia, así como reconstrucción del tejido social y prevención del delito.
En el primer rubro, en el mundo idealizado del combate al narcotráfico, los resultados nos demuestran que se piensa en las instituciones y no en las personas, al destacar sólo dos de los tres componentes, es decir, se omite el elemento esencial en una política de seguridad: el enfoque de ciudadano y no el de seguridad pública o nacional. Lo anterior es perfectamente entendible si seguimos la lógica de una guerra declarada y no hablamos de prevención o recomposición del tejido social como factores indispensables para no tener una lucha contra, sino una política de, o sea, de inclusión social, de alternativas de desarrollo, de potenciar capacidades, de generar oportunidades, de no estigmas o estereotipos, de considerar a las personas como sujetos de derechos y no enemigos a los que se debe eliminar.
Debilitamiento, contención, desarticulación, inhabilitar organizaciones delictivas, además de fortalecer, quintuplicar y reforzar la fuerza policial para combatir a los delincuentes, es el discurso de lo obtenido en un mundo idealizado de la lucha contra el narcotráfico, idealizado sostenemos porque se llevó a cabo en un nivel donde se rompió la asimetría del Estado respecto a los que catalogó como sus enemigos, es decir, hubo una guerra entre el gobierno y los criminales -para seguir con el uso de su lenguaje-, donde la afectación principal, que son las personas, no fue tomada en cuenta y sufrió las mayores secuelas negativas.
Lo idealizado de ese combate radica en un alejamiento de resultados en la realidad y en la carencia del tercer componente que, a nuestro juicio, debiera ser el primero en la escala de medición para marcar como exitosa la estrategia: reconstrucción del tejido social y prevención del delito.
Por citar algunos ejemplos, en las encuestas nacionales de adicciones se muestran incrementos en el consumo de marihuana y cocaína en nuestro país, pues el consumo de drogas pasó del 3.33 por ciento en 1998 al 6.8 por ciento de la población de 12 a 65 años de edad en 2008; además se reportó un proceso de crecimiento y dispersión de la violencia asociada a la delincuencia organizada con incrementos de homicidios equivalentes hasta al 170 por ciento entre los años 2009 y 2010 en algunos municipios. En el 2007 sólo 53 municipios tenían al menos una ejecución mensual en promedio; para 2010, 200 municipios cumplen esa condición. Esta violencia pasó de concentrarse en 17 municipios en 2008, a 24 en 2010.
Con esos datos, la reconstrucción del tejido social y la prevención del delito se quedan en ideales a alcanzar, pues se presentan circunstancias que permiten diversificar las actividades ilícitas y, consecuentemente, la violencia e inseguridad comienza a manifestarse por diversas causas que Eduardo Guerrero señala puntualmente de la siguiente manera:
• La reconversión, la cual se presenta por la persecución y captura de los que consideran las autoridades como capos de los cárteles, propiciando un desdoblamiento en grupos o células por diversas regiones del país y, si son aprendidos por el gobierno, la estructura de la organización delincuencial no depende del líder exclusivamente, pues mantiene diversos activos que le permiten seguir operando como armas, personal, mercancía y un mercado donde ofrecer la droga.
• Reubicación forzada, donde la expansión no es propia de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, sino que a raíz del enfrentamiento con otros grupos o con el gobierno, se ven obligadas a realizar su trabajo en otros lugares multiplicando su actividad en lugares considerados por ellos como seguros.
• Impunidad, dado que existe violencia cada vez en más regiones del país, las probabilidades de castigo a las actividades criminales se vuelven escazas ante la cantidad de casos que deben investigarse, aunado a la infiltración del narcotráfico en corporaciones policiales o militares y la corrupción de la que son objeto.
Es decir, “...la política criminal se ha convertido en la tragedia de los estados modernos. Tragedia en sentido antiguo, es decir, en el sentido de que haga lo que haga el Estado (sic), no puede escapar a su destino: el aumento de la delincuencia... de ser una política en materia criminal, como debiera ser, se transforma en una política generadora de criminalidad”. Esta afirmación es la base para contrastar los resultados de lo idealizado con el mundo fáctico, pues en la realidad, existen diversos datos que constatan la ignorancia del enfoque de seguridad ciudadana en el desarrollo del combate al crimen organizado, pues precisamente han sido las personas las que se encuentran en el foco del saldo negativo.
Basta analizar el comportamiento diversificado de las organizaciones que se dedican a actividades relacionadas con el narcotráfico, las cuales han infiltrado e impactado en prácticamente todas las esferas de la vida pública, lo que incluye modalidades, como extorsión de pequeñas empresas, bloqueos de las principales autopistas, cierre de escuelas, toques de queda nocturnos, secuestros en masa y asesinatos de funcionarios. A lo anterior deben agregarse demostraciones públicas de violencia como dejar cabezas de personas decapitadas en plazas públicas, hasta colgar cuerpos mutilados en puentes sobre carreteras con el fin de infundir el terror.
Sin embargo, con el dictamen que se nos presenta de expedición de una de Ley Seguridad Interior no se ataca el problema de fondo, al contrario, pretende perpetuar una política fallida en el combate a la inseguridad, contraviniendo las obligaciones constitucionales y convencionales sobre las labores de seguridad que corresponden a las autoridades civiles, al uso de la fuerza y, sobre todo, al respeto y promoción de los derechos humanos.
Diversos organismos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos han manifestado su preocupación y rechazo a la Ley de Seguridad Interior en los términos que se ha presentado. Justo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su postura al respecto, misma que reproducimos:
“En el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad. Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.
La propuesta de ley no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho. Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de Seguridad Interior serían cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la Seguridad Pública.”
Por su parte, la Organización Colectivo #SeguridadSinGuerra afirma lo siguiente:
“Las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar. Así lo han expresados múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio Secretario de la Defensa. Así también lo ordena la Constitución. Sin embargo, la realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA) mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace 10 años está participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones estas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil.
En este contexto, se ha planteado la necesidad de dar a la FFAA un marco legal para definir los alcances de su participación en las tareas de seguridad pública. Coincidimos en que es indispensable en regular a las FFAA. Sin embargo, no creemos que una Ley de Seguridad Interior sea una vía que dé certidumbre a las FFAA ni a la ciudadanía, se trata de una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las FFAA hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. La propuesta de esta ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.
La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional. La propuesta de crear una Ley de Seguridad Interior, a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas. La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio ha desgastado a las FFAA en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparadas, tal como lo ha reconocido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia, antes que una Ley de Seguridad Interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las FFAA a sus cuárteles y un programa, de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables. El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido.”
Bajo esas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Morena rechaza la pretendida aprobación de la Ley de Seguridad Interior porque no contiene los mínimos estándares de respeto de los derechos humanos y ni las bases para atacar el problema estructural de la inseguridad en nuestro país. Además, no hay base constitucional para legislar en la materia de seguridad interior y se contravienen las obligaciones convencionales respecto a la promoción de los derechos humanos y las tareas del Estado en materia de seguridad pública donde las autoridades civiles, no las militares, deben encargarse de velar por garantizar el ejercicio de este derecho.
Por ello, se propone la presente moción suspensiva del artículo único del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior de la Comisión de Gobernación.
Notas
1 Garzón Valdés, Ernesto, Calamidades, Gedisa, España, 2004, pp. 11 y 12.
2 Para ver con detalle las cifras sobre estos aspectos consúltese Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México, 2012, pp. 188-198, consultado en
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/ Pages-IEPDSMex2012-12nov-VFinal_lowres6.pdf
3 Cfr., Sexto informe de Gobierno, Presidencia de la República, México, 2012, p.3.
4 Cfr. Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, UNAM, 2011, pp. 10 y 1l.
5 Guerrero Gutiérrez, Eduardo, “Violencia y mafias”, Revista Nexos, núm. 405, septiembre de 2011, México, p.p. 58 y 59.
6 Berumen Campos, Arturo, “Política criminal: un enfoque de sistemas”, en Sánchez Sandoval, Augusto (coord.), Seguridad Pública y la Teoría de los Sistemas en la Sociedad del Riesgo, Porrúa, México, 2007, p. 55.
7 Cfr. Ni Seguridad Ni Derechos, Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, Human Rigths Watch, Estados Unidos de América, 2011, p. 4.
Suscribe
Palacio Legislativo de San Lázaro 30 de noviembre de 2017.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Contreras Julián. Nuevamente hago un llamado a los señores oradores a guardar el tiempo establecido en el Reglamento, deseándole a la diputada Contreras Julián pronto restablecimiento. Pregunte la Secretaría el sentido del voto de la asamblea, de si se aceptan o no las mociones suspensivas.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se toman en consideración de inmediato para su discusión las mociones suspensivas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La expresión de la asamblea ha quedado suficientemente clara.
Por lo tanto pasamos, dentro del procedimiento establecido, a la fijación de posturas.
VOLUMEN IIEl presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, para expresar el posicionamiento del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, diputado presidente. Compañeros legisladores, indudablemente este es un tema de trascendencia que tiene hoy la atención de todo México, debido a los problemas de inseguridad que nos aquejan y que se encuentran en el número uno de las preocupaciones de los ciudadanos.
Desde el norte hasta el sur de México, a cada lugar que visitamos las personas nos reclaman cuándo terminará este clima de incertidumbre, de inseguridad y cómo podremos detener esta situación.
Lo cierto es que no es evitando la legislación, sino trabajando arduamente por generar una legislación que responda a la inquietud que los mexicanos nos han planteado.
Recientemente, es un poco incongruente este tema de felicitar a los militares, agradecer el trabajo extraordinario que hacen y el fortalecimiento que representan para la nación por su entrega y, al mismo tiempo, no querer darles la certeza jurídica para una actuación que hoy mismo se está llevando a cabo, que no tiene ninguna intención de militarización y esto es algo muy fuerte, en tribuna se dicen muchas mentiras, abusando de la disposición del pueblo a escucharnos.
Pero esa es una profunda responsabilidad, tenemos que hablar con la verdad y la verdad implica no mentir, la verdad implica, en primer término, no decir cosas que no contiene esta propuesta de legislación.
La seguridad interior es una especie de la seguridad nacional, es un asunto que exige de quienes lo integramos una visión de Estado y por supuesto que altura de miras. Es verdad que es importante escuchar a la ciudadanía y se ha trabajado fuertemente en esta cuestión de escuchar a las organizaciones. No escuchar tampoco una imposición desde el extranjero, que vulnera la soberanía, al querer definir por nosotros qué tipo de legislación tenemos que tener.
Ojo, esa es una insistencia que hemos visto desde diferentes organizaciones, que vulnera profundamente, insisto, nuestra soberanía.
Si el objetivo de la ley es dar certidumbre habría que analizar conceptos y criterios, como por ejemplo -y en eso estoy de acuerdo- habría que revisar y modificar de ser necesario el tema de las manifestaciones sociales y políticas, que bajo el tema de pacíficamente, podrían ser vulneradas. Creo que ese es un punto en el que tenemos que trabajar hoy en este lugar, para generar una legislación acorde a lo que los ciudadanos nos exigen.
Es importante no continuar con este discurso que erosiona y desprecia y socava, por supuesto, el orden constitucional. Por un lado, estos mismos legisladores que no quieren que se apruebe esta iniciativa nos dicen que no nos corresponde legislar, y luego se molestan porque el Ejecutivo tiene mucho poder.
¿Quién los entiende? Si vamos a legislar tomemos la responsabilidad y hagamos este contrapeso que tanto necesita México. No digamos no nos corresponde, porque sabemos perfectamente que eso es una mentira y la Suprema Corte de Justicia así lo ha manifestado también.
Tenemos que legislar, tomemos nuestra responsabilidad en el asunto, modifiquemos sí, bajo una argumentación sólida, lógica, legislativa y entonces lograremos que esto llegue a buen término.
En México es necesario por supuesto asegurar, por ejemplo, que haya un contrapeso, efectivamente, en las cuestiones de los poderes y esto también hay que revisarlo aquí mismo, en este momento, durante la aprobación.
Es necesario que se invite a esta representación a participar activamente en la reglamentación de esta legislación, que seguramente hoy aprobaremos. Un México en que la seguridad interior sea cuestión de bienestar para todos, es una propuesta posible, se trata de construir, se trata de que la institución que es más respetada en nuestro país tenga la certeza jurídica que también necesita para actuar con responsabilidad. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, compañeros legisladores.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
Aprovecho este espacio para saludar a los alumnos del Centro Universitario Los Ángeles, del municipio de Huehuetoca, Estado de México, ellos son invitados del diputado Aarón González Rojas. Les tocó una buena sesión, bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Mirna Saldívar Paz, para expresar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la discusión de la Ley de Seguridad Interior no puede postergarse más.
En Nueva Alianza somos conscientes de que México atraviesa por una crisis de seguridad sumamente compleja, que pone en entredicho tanto la vida de las personas como la viabilidad de nuestras instituciones.
La sociedad nos exige, y nos exige con razón, tomar medidas drásticas para detener el flagelo de quienes han secuestrado la paz y puesto en jaque el desarrollo del país y sus habitantes.
En este orden de ideas se impone la necesidad de plantear estrategias de seguridad que contribuyan a hacer frente a las amenazas que ponen en peligro la vida de nuestra nación, ello nos conduce a crear un marco jurídico que responda a las nuevas realidades y desafíos que enfrenta la población y las instituciones del Estado mexicano.
Resulta evidente que el problema de la seguridad interior en áreas geográficas determinadas ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad.
Y si bien, las Fuerzas Armadas han tenido que coadyuvar para lograr este objetivo, es urgente crear un marco legal adecuado y definir claramente las atribuciones, deberes y funciones de todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad.
La ley que estamos discutiendo establece claramente que la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.
Comprende también a los órganos, procedimientos y acciones destinadas para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios frente a riesgo y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente ley.
Con esta redacción garantiza que existen condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de un marco legal definido y limitado, sin que ello implique realizar tareas de seguridad pública.
Lo anterior no significa renunciar a la responsabilidad de fortalecer a las policías estatales y municipales, es preciso otorgarles una mayor capacitación y prepararlas para que en efecto contribuyan a abatir la delincuencia a nivel local. Las medidas que hoy se proponen deben motivar a preparar y profesionalizar a la policía.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que resulta imperativo contar con las condiciones normativas idóneas para que las Fuerzas Armadas realicen su encomienda a favor de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Presidencia del diputado Arturo Santana Alfaro
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Mirna Isabel Saldívar Paz. Esta Presidencia saluda a los alumnos y maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, a estudiantes de la UNEA Querétaro, así como a los ganadores del premio Francisco J. Mújica, del CEDRSSA, invitados todos por el diputado Hugo Cabrera Ruíz. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Compañeras y compañeros diputados, la guerra no hace la paz. Lo hemos dicho de manera insistente y en todos los foros en los que hemos tenido oportunidad de participar.
Los mexicanos quieren seguridad sin guerra, quieren vivir en paz. Por eso es que lamento mucho que la responsabilidad que tenía esta Legislatura, de cara a la crisis histórica de violencia e inseguridad que vive México, la responsabilidad más importante no era otra más que aportar soluciones para lograr esta aspiración de las y los mexicanos.
Lamentablemente, con esta Ley de Seguridad Interior no se cumple este propósito. No es cierto y no les mientan a los mexicanos. Esta ley no sirve para regular la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, va mucho más allá de ello. Esta ley deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior.
Los artículos 16 y 26 señalan, respectivamente que el presidente podrá ordenar acciones de seguridad interior sin que exista ninguna declaratoria y que las Fuerzas Armadas podrán identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior de manera permanente y sin declaratoria.
Esta ley genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso del poder. En esta ley hay un esquema de opacidad absoluta y de falta de rendición de cuentas.
Esta ley se presenta con una yuxtaposición entre la proclamada seguridad interior y las dimensiones de seguridad nacional y seguridad pública. En esta ley se generan incentivos para que las entidades federativas caigan en la pasividad y no mejoren sus instituciones de seguridad y sus capacidades institucionales para atender el problema.
Esta ley no contempla una calendarización con metas plausibles y objetivas, claras para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, como ellos mismos lo han pedido, y tampoco se hace lo propio para el fortalecimiento de las policías en los tres órdenes de gobierno.
Pero más allá del grave contenido de esta ley, lo que hoy tenemos que decirle a los mexicanos, es que en menos de 48 horas esta Cámara de Diputados dilapidó la oportunidad y la responsabilidad histórica de atender la crisis de inseguridad que vive el país y lo hizo con dos decisiones que representan, no solo un retroceso, sino un riesgo para la vida institucional de México.
Lo que esta Legislatura hizo, en menos de 48 horas, fue decidir, por un lado, prolongar una estrategia fallida en materia de seguridad mediante la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior y, por otro lado, cancelar la posibilidad de fortalecer a las policías e instituciones civiles de seguridad en los tres órdenes de gobierno con el rechazo a la minuta de mando mixto el día de ayer.
Con esta doble decisión el PRI y sus aliados convertirán en ley una política pública fracasada, que ya demostró sus limitaciones y sus equívocos durante más de una década, convertirán un problema coyuntural en un círculo vicioso por decreto. La prolongación de esta política pública fallida en materia de seguridad es la apuesta equivocada, porque no ha brindado mayor seguridad y tranquilidad, porque ha intensificado un patrón de violaciones de los derechos humanos y porque expone a las Fuerzas Armadas mexicanas a situaciones que no deberían de parecer.
La prolongación de esta política fallida no ayuda a México, no ayuda a nuestras Fuerzas Armadas y no aportará mayor seguridad a los mexicanos. Pero además, detrás de esta doble decisión del PRI y de sus aliados, hay una tragedia y un problema de fondo, que el Estado mexicano está renunciando por decreto a la aspiración de tener policías más fuertes, coordinadas y eficaces. Está renunciando a construir una política de seguridad democrática duradera y confiable.
Y la pregunta que nos hacemos es si esta es la apuesta y la aspiración del PRI para los próximos años, si esto es lo que quiere su virtual candidato a la Presidencia de la República o si lo que quieren más bien es descarrilar el país, sabedores de su inminente salida del poder.
Por todo esto es que Movimiento Ciudadano respalda las voces de quienes le han exigido a este Congreso implementar una moratoria legislativa en la agenda de seguridad y discutir de manera integral todas las aristas que envuelven este fenómeno y hacerlo de manera abierta.
Finalmente, con esta Ley de Seguridad Interior simplemente se legisla y se prolonga una situación que de facto ha sucedido en el país durante los últimos años, pero esta Legislatura nada está haciendo para fortalecer a las policías de los tres órdenes de gobierno, nada está haciendo para garantizar la plena autonomía del sistema de procuración de justicia y nada está haciendo para acabar con el ciclo de violaciones a los derechos humanos. Nada está haciendo para implementar soluciones duraderas que enfrenten la crisis de inseguridad y de violencia.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano votará en contra, porque la guerra no hace la paz. Votaremos en contra porque no vamos a dejar que unos cuantos nos roben el futuro a millones de mexicanos. Muchas gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Clemente Castañeda. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Sofía González Torres:Muchas gracias, presidente, con su permiso.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.
La diputada Sofía González Torres: No vamos a hablar de aliados en esta tribuna feliz de la vida. Vamos a hablar de dos aliados que tiene el partido que me antecedió de la palabra, que fueron los dos partidos que iniciaron con todo esto. Fueron los dos partidos que decidieron sacar al Ejército a las calles sin ningún tipo de reglamentación, sin ningún tipo de certeza jurídica. Eso es, y es por esa decisión de esos aliados que ustedes decidieron tener en este momento que estamos aquí discutiendo esta ley.
Lo primero que quiero hacer, señor presidente, compañeros diputados, es dar un reconocimiento a las Fuerzas Armadas que en todo momento han cuidado a los mexicanos, a sus instituciones. Han sido leales, tienen patriotismo. Recordemos que ellos también son mexicanos que entregan su trabajo todos los días por cada uno de nosotros.
Este es el momento indicado para atender la demanda de la ciudadanía, de los gobernadores, incluso de las mismas Fuerzas Armadas de legislar sobre su actuación en el cumplimiento de su deber. Presidente, por favor.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Pedimos orden a la asamblea por favor. Continúe, diputada.
La diputada Sofía González Torres: Es solamente con unidad nacional que podremos vencer las amenazas que ponen en riesgo a los mexicanos y a nuestras instituciones. Así le vamos a poder dar mejor resultados a la ciudadanía, y además establecer un marco jurídico que sea eficaz para que cada una de las autoridades empiece a cumplir con lo que de verdad tiene que hacer.
La facultad de legislar en materia de, perdón, la facultad que tenemos en materia de seguridad interior está dentro de la Constitución en el artículo 73 en la fracción XXXI.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Permítame, diputada Sofía. Solicitamos orden a la Asamblea, por favor, la tolerancia que se les está dando a todos los oradores. Adelante, diputada.
La diputada Sofía González Torres: La seguridad interior como parte de la seguridad nacional representa un área estratégica en la atención de los riesgos y de las amenazas por agentes internos que pone en riesgo el orden constitucional del Estado de derecho, la gobernabilidad democrática de las instituciones de nuestro país.
Es importante dejar muy claro que la seguridad pública es muy distinta a la seguridad interior, ya que estos dos conceptos en uno estamos hablando de instituciones y en el otro estamos hablando de la seguridad de las personas. ¿Pero qué pasa cuando la seguridad pública se ve rebasada por el cumplimiento de brindar paz a los mexicanos? Ahí es donde encontramos la utilidad de la seguridad interior como una solución al combate de estas amenazas, cuando las capacidades de las autoridades municipales y también de las autoridades estatales se ven rebasadas y requieren apoyo de las fuerzas federales. Así debemos dejar claro que las Fuerzas Armadas van a atender al principio de gradualidad.
Basta también recordar que han sido los gobiernos de fuerzas políticas que hoy se oponen a esta ley, los que solicitan con urgencia y apremio el apoyo de las fuerzas armadas al verse rebasados por las amenazas del crimen organizado en sus territorios. Debemos ser congruentes con el discurso y las acciones que se realizan, basta de ser hipócritas, basta de decir mentiras al pueblo en esta tribuna.
Es importante hacer referencia a las diversas voces que se escucharon a través de la discusión de estas leyes. Se hicieron nueve foros con autoridades de todos los niveles de gobierno, con organismos internacionales, con expertos académicos, con organizaciones sociales; así también como que se fijaron diferentes propuestas legislativas que ni siquiera se presentaron en esta Cámara, como fue la del senador Barbosa y la del senador Gil Zuarth.
El espíritu de esta ley se conducirá bajo principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, subsidiariedad, gradualidad y temporalidad. Este último, el de temporalidad, es un principio que resulta de especial relevancia, debido a que fija la duración que deberá de tener la participación de las fuerzas federales en el auxilio de las autoridades estatales o municipales como lo hayan solicitado. Cada una de las amenazas que vamos a ver o en lo que van a ver estas autoridades, van a ser diferentes, cada una diferente a la otra, es por eso que se tienen que seguir estos principios, no todas son iguales y tenemos que saber atenderlas poco a poco y cada una con su debida protección.
Es importante también señalar que las tareas de seguridad interior serán tomadas como última ratio para la atención de las amenazas de las instituciones del Estado y de la ciudadanía. Esta ley establece mecanismos muy estrictos para la intervención de las Fuerzas Armadas, además de fijar una coordinación estrecha entre las autoridades involucradas.
Compañeras y compañeros diputados, debemos dejar a un lado el miedo de asumir las responsabilidades que cada una de las autoridades corresponde asumir las tareas de seguridad.
El origen de esta ley proviene de la insuficiencia y la falta de actuación de las autoridades municipales y estatales sin importar colores partidistas. Se necesita brindar protección a los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor el presente dictamen, que sin duda, apoyará a recuperar el orden constitucional y la estabilidad democrática de nuestro país, fijará las responsabilidades de cada una de las autoridades del Estado mexicano, y lo más importante, brindará certeza jurídica a las Fuerzas Armadas y a cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Sofía González Torres. Tiene el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros. Morena votará en contra del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior porque legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden civil, carece de sustento constitucional, militariza el país y otorga autonomía de los poderes civiles a las Fuerzas Armadas en sus funciones en materia de seguridad pública.
No podemos ignorar que el artículo 21 constitucional establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que también la Constitución establece en el artículo 129 que el ejercicio, disposición expresa sobre el ejercicio de la autoridad militar en tiempos de paz, y que a la letra dice: Ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones de las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Tampoco podemos soslayar las observaciones presentadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la propia Comisión Nacional, que han expuesto que esta ley también es contraria a instrumentos y observaciones de organismos internacionales.
Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de seguridad interior son cuestiones del ámbito de la seguridad pública, cuya función se encuentra a cargo de la federación, de las entidades federativas y los municipios.
La ley que se propone no conceptualiza la intervención de las Fuerzas Armadas como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, por el contrario, estamos legislando para permitir su permanencia. Esta ley perpetuaría el Estado de excepción, en el que nos encontramos desde hace más de 10 años.
También la Ley de Seguridad Interior es inconvencional, contraria a instrumentos y observaciones de organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en diciembre de 2009 así lo establece.
Tan es así que el artículo 16 de esta ley, que establece que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la administración pública, incluidas las Fuerzas Armadas.
Una legislación que dote de atribuciones a las Fuerzas Armadas para realizar funciones de investigación y persecución de delitos son contrarias a la Constitución. Aprobar esta ley va a derivar en el debilitamiento del sistema de justicia penal, tanto por las garantías del debido proceso como en el supuesto de la presunción de inocencia.
Es decir, obviando cualquier trámite, se otorgan facultades discrecionales al presidente para ordenar acciones que impliquen el uso de las Fuerzas Armadas sin que haya existido declaratoria de protección. Recordemos que Peña Nieto es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, es responsable directo de las acciones que realiza el Ejército.
Pero sobre todo votaremos en contra porque significa la repetición de los mismos errores de una guerra iniciada por Calderón y el PAN. Se normaliza la excepción, se mantiene al Ejército en las calles realizando funciones distintas a su naturaleza y se muestra la incapacidad para fortalecer y profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal y federal.
A 11 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico, ni ha disminuido la criminalidad ni el tráfico de drogas, por el contrario, la delincuencia se ha diversificado, ha ganado control territorial, ha hecho base social, ha infiltrado corporaciones civiles y militares. El saldo es el terror. Hay que decirlo claro, la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales no ha logrado su propósito de acabar con la delincuencia organizada ni ha generado mayor seguridad.
Lo que tenemos que cambiar es que, pese al esfuerzo que se ha hecho, seguimos teniendo muy pocas averiguaciones previas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la producción y el comercio de drogas. El saldo de muertes y violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas ordenadas directamente por Peña Nieto nos obliga a revisar su papel y a buscar su regreso a los cuarteles. La mejor forma de cuidar a nuestras Fuerzas Armadas es retirándolas paulatinamente de las funciones de seguridad pública, ello evitará su infiltración por parte de las bandas criminales.
Para abatir el clima de inseguridad se requiere un viraje en las políticas públicas que pongan acento en la seguridad humana a cargo de autoridades civiles. Para Morena es necesario dejar en claro que México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia.
El Estado mexicano debe priorizar eminentemente el carácter civil, un trabajo profundo y sistemático para robustecer las fuerzas de seguridad pública en los estados y municipios el reto es inmenso.
Para acabar con la hidra de Lerna, Hércules requirió de la ayuda y del ingenio de Iolaus. No fue la fuerza sino la inteligencia la que logró derogar a este monstruo de mil cabezas. Eso hará Morena a partir de julio de 2018, vamos a serenar al país. Pueblo de México, ya falta poco.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Ernestina Godoy. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rafael Hernández Soriano:Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano: El dictamen que hoy pone a nuestra consideración la Comisión de Gobernación, no solo es cuestionable en su contenido, constituye un verdadero atentado a la Constitución General de la República y a todo el marco convencional que nos rige. No solo cuenta con la oposición de más de 250 organizaciones nacionales e internacionales, sino que ha logrado que tanto la representación del alto comisionado de las Naciones Unidas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncien en contra de su aprobación, señalando que puede dar origen a graves violaciones a los derechos humanos, abusos por parte de las fuerzas del orden y a la desestabilización de nuestra incipiente democracia.
Lo decimos con claridad, el Grupo Parlamentario del PRD reconoce el heroísmo de las Fuerzas Armadas, lo hemos dicho en muchas ocasiones y, especialmente, el día de hoy. Sin embargo, lamentamos que el grupo parlamentario del presidente, como ellos mismos se califican, los haya engañado diciéndoles que con esta ley se resolverán los problemas a los que enfrentan.
El propio general secretario de la Defensa ha señalado en muchas oportunidades que las Fuerzas Armadas se encuentran hoy en las calles y que ello deriva en un problema mayor de la seguridad pública, la oportunidad de redefinir la relación entre los diversos órdenes de gobierno en materia policial quedó clausurada el día de ayer, cuando el priismo votó en contra a la minuta de reforma constitucional en materia de mando mixto, cancelando con ello la posibilidad de que se reinstaure la normalidad democrática de nuestro país y de que las Fuerzas Armadas regresen paulatinamente a los cuarteles.
Ténganlo presente, si aprueban esta ley no solo no van a resolver el gravísimo problema de seguridad pública que tenemos, sino que van a perpetuar la presencia militar en estas labores policiales, ya que este ordenamiento no contiene ningún incentivo, para que tanto los gobiernos de los estados como los municipios atiendan lo que les corresponde y cumplan con las obligaciones que les confiere la Constitución.
La ley que hoy se propone aprobar no es constitucional, porque el Congreso no tiene facultades para ello, aunque vengan a aquí a sostener que las tiene, no nos da facultades la Constitución para este fin, porque compromete también el Estado de derecho y violenta el régimen federalista y a su cédula fundamental, el municipio libre.
Atribuye su propuesta obligaciones y responsabilidades a estos niveles de gobierno sin que medie la autorización constitucional respectiva, contraria resulta al marco convencional debido a que establece un estadio intermedio entre la normalidad democrática y la suspensión de garantías que supone la actuación supletoria subsidiaria de las Fuerzas Armadas, esto en detrimento de las atribuciones constitucionales y legalmente concedidas a las entidades federativas y a los municipios, que no existe legalmente, lo cual constituye requisito fundamental para garantizar la vigencia de los derechos humanos, según lo establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
La propuesta que nos hace llegar el presidente y su partido confunde conceptos, no existe claridad teórica ni tampoco abona nuevas definiciones, no aporta nada nuevo y al contrario revuelve conceptos contenidos en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley de Seguridad Interior que nos proponen.
Es discrecional y opaca, posibilita al Ejecutivo actuar sin ninguna autorización, saltándose incluso a las que hoy pretenden que se apruebe, y resguardándose las espaldas clasifica toda información que se genere a partir de la aplicación de esta ley, como reservada por motivos de seguridad nacional.
Adicionalmente, el proyecto en comento no contempla ningún sistema de pesos y contrapesos que debe existir en un sistema democrático y en consecuencia no establece mecanismos de control que regulen la actuación de quienes ejercen el mando de nuestras instituciones, lo cual resulta imprescindible para evitar recesos y discrecionalidades.
La ley que hoy discutimos carece de cualquier elemento de este tipo, generando no solo opacidad, discrecionalidad y abusos, los cuales quedarán en la impunidad.
Es por lo anterior que nosotros, el Grupo Parlamentario del PRD, expresamos nuestro contundente rechazo al dictamen que se nos pone hoy a consideración. Reiteramos, sí, nuestro compromiso con la ciudadanía...
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Concluya, diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano: ... para seguir buscando los mecanismos que nos permitan solucionar desde su raíz el problema de la seguridad en México, y generando condiciones para que las Fuerzas Armadas regresen a las labores que constitucionalmente les corresponden.
Nos sumamos a las voces que exigen seguridad sin guerra. Nos sumamos a las voces que exigen equilibrio entre los poderes, aquellos que exigen la seguridad de todas y todos los mexicanos sin exceso de poder autoritario del Ejecutivo federal. Es cuanto.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Triana Tena:Con su permiso, diputado presidente. El Partido Acción Nacional hace unos momentos ha votado en contra del dictamen que se pone hoy a consideración del pleno, por la mayoría de sus integrantes en la comisión, porque creemos que este dictamen plantea convertir lo permanente en lo habitual, contempla convertir lo extralegal en legal.
Las Fuerzas Armadas no están preparadas para llevar a cabo labores policiales. Cuentan con todo nuestro respeto, cuentan con todo nuestro agradecimiento y lo valoramos de manera constante cada vez que reconocemos este trabajo.
Este dictamen, además de que ha sido desaseado en su procedimiento, ha habido poco tiempo de socialización, ha habido poco tiempo para su análisis, y además, ha sido cambiado en repetidas ocasiones, hace oídos sordos a las recomendaciones que han hecho la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de los Derechos Humanos, cerca de 250 organizaciones no gubernamentales y 11 organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que propone que no haya labores policiacas elaboradas por las fuerzas militares, por las Fuerzas Armadas, por el Ejército y por la Marina.
El día de ayer el PRI y sus aliados, incluyendo a Morena, que se abstuvo, rechazaron la minuta de la Cámara de Senadores, del Senado de la República sobre el mando mixto, anulando de facto cualquier posibilidad de diseñar un modelo en materia policial y de mandos. Lo hicieron acompañando una consulta popular aprobada también en la Comisión de Gobernación con preguntas sesgadas. Una pregunta y una consulta, que de facto también la ubican al Estado mexicano en su obligación de diseñar este modelo de seguridad pública.
Sin este modelo adecuado, sin esta reforma policial, no podemos aceptar la aprobación de este dictamen. Sin mando mixto no podemos acompañar la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior. Sin la reglamentación del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías no puede ser acompañado.
Aquí ha venido a hablarse, en esta tribuna, del sexenio anterior. Que si el sexenio anterior fue el origen de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, y la verdad es que esto es cierto. Me permito recordarles, al partido de la mayoría y a sus aliados que durante el sexenio anterior, cuando esto sucedió, se propuso también una Ley de Seguridad Interior y fue el PRI el principal opositor de la misma.
No solo se proponía esta Ley de Seguridad Interior, sino que estaba bien hecha, iba acompañada de una reforma policial y a nuestros mandos de seguridad. Y aun así fue rechazada en una actitud por demás mezquina.
Hoy el PRI añora esos momentos. Sí, señores, hoy el PRI desea que regresemos al pasado. El PRI, señoras y señores, se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Acéptenlo, desean regresar al pasado con todas sus fuerzas.
Lo que buscamos es respeto pleno a los derechos humanos. Lo que buscamos es transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los operativos. No queremos más ejecuciones extrajudiciales, no queremos más abusos. Queremos policías más capacitadas. Queremos que nuestras Fuerzas Armadas lleven a cabo las funciones para las cuales fueron diseñadas y ni una más y ni una menos. Por eso, no podemos hacer oídos sordos a estas solicitudes de la sociedad civil. No podemos darles la espalda a miles de ciudadanos.
Hoy se dispensaron trámites para poder acelerar el proceso de discusión y votación de este dictamen. Hoy, hubo un albazo legislativo, hubo un fast track para poderlo apoyar. Hoy, hubo mucha prisa para poderlo llevar a cabo. Nos hubiera encantado ver la misma prisa cuando se propuso, sin voto no hay dinero, y cuando se propuso también esta iniciativa ciudadana de la ley tres de tres, que fue cercenada aquí mismo en la Cámara de Diputados.
Nos gustaría que hubiera la misma celeridad para las iniciativas de retiro del fuero constitucional a los diputados o las prerrogativas públicas y el financiamiento público a las mismas, pero no: sabemos que el PRI y sus aliados son partidos de coyuntura y la coyuntura ahora les dicen que quieren al Ejército en las calles perpetuado y nosotros por eso no acompañaremos esta propuesta. Es cuanto, diputado presidente.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias al diputado Triana Tena. Informo a la asamblea que al concluir la intervención termina el plazo para la presentación de reservas, lo que significa que cumpliéndose el tiempo establecido no se admitirán más reservas.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, por el Partido Revolucionario Institucional.
Voy a suplicar, muy atentamente a los diputados, guardar la debida tolerancia y referirse a sus compañeros con el debido respeto. Gracias, diputada. Adelante.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, la seguridad nacional instituye una garantía de bienestar social y plenitud humana, cuya preservación constituye una función política de carácter superior del Estado mexicano, a cargo del presidente de la República.
Esta seguridad interior tiene por objeto de protección o bien jurídico tutelado, el orden interno, entendido como la justa aplicación de las leyes y la observancia de las mismas. Con la expedición de esta ley se definen y regulan los supuestos de intervención de dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento del orden y la seguridad interior, con el propósito de responder a su alcance y evitar confusiones en las tareas con seguridad pública.
Existe plena justificación constitucional en el artículo 73, fracciones XXIX, apartado N, y XXXI, para la competencia de esta Cámara a fin de legislar en el tema. Igual en la facultad que tiene varias Constituciones vigente, que le concede al presidente, en la fracción VI del artículo 89, la disposición de las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas. El problema es que no hay ley que regule esa facultad, que la desarrolle.
Por eso, ante la ausencia de una ley que defina con claridad el objetivo que busca alcanzarse con la seguridad interior, hay que garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional y el mantenimiento del Estado de derecho y gobernabilidad democrática en beneficio de la población.
Se ha venido faltando a la verdad en esta tribuna por algunos compañeros, y los invito a que por favor lean completa la ley. Ahí se reglamenta la facultad del presidente de la República para cumplir, como lo manda la propia Constitución, con la declaración fundamentada y motivada, y eso los abogados lo saben muy bien, con circunstancias de tiempo, modo y lugar para la intervención de autoridades federales incluyendo Fuerzas Armadas. Ofrece mayor certidumbre jurídica a la actuación de las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas en beneficio de la población civil.
La declaratoria de protección de seguridad interior que emitirá el presidente será el último recurso. Las acciones de auxilio que se realicen en el marco de ella no serán permanentes, su naturaleza es transitoria. Las Fuerzas Armadas no sustituirán las responsabilidades primarias de las instancias del gobierno federal, estatal o municipal.
Que no confundan a la ciudadanía. A lo único que el Estado mexicano está renunciando es a la discrecionalidad y a la opacidad, dándole seguridad y certidumbre jurídica a la ciudadanía. Se establecen mecanismos de revisión y evaluación internos, por favor léanlos.
Se señala participación del Consejo de Seguridad Nacional, y externos, la Comisión Bicamaral de este mismo Poder Legislativo. Y desde luego, desde la emisión de la declaratoria queda expedita la vía legal para acudir al Poder Judicial, lo cual hoy no se puede realizar por ninguno de nosotros.
Bajo ninguna circunstancia se concederá como afectación a la seguridad interior las movilizaciones de protesta social que tengan motivos políticos electorales, se dice expresamente, se distingue entre seguridad interior y seguridad pública. Y el presidente podrá realizar la declaratoria bajo dos modalidades: de manera directa por su facultad constitucional y a petición de las legislaturas de los estados y del Ejecutivo.
Hay un principio de autoridad compañeros, en este país nadie puede hacer siendo autoridad lo que no le competa a la ley. Y el acuerdo de la declaratoria se va a notificar por conducto del secretario de Gobernación a la Comisión Bicamaral de este Poder Legislativo, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aquí hago un paréntesis. Nosotros respetamos mucho al organismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero le pedimos a su titular que lea con detenimiento los artículos 2, 7 y 30, que expresamente proscriben la alteración a los derechos humanos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya diputada.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aquí se ha mentido mucho, a menos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos a lo que le tema es que hoy que ya se les va a vincular con la declaratoria al notificarles es a tener mayor trabajo y necesidad de intervención. O a menos de que le acomode que las actuaciones que se estén realizando sean, se sigan realizando al margen de la ley.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya diputada.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Concluyo, presidente. Los priistas por supuesto que votaremos a favor de esta iniciativa, porque a despecho de algunos compañeros que han venido aquí que tiran la piedra y esconden la mano, nosotros si respetamos y reconocemos el trabajo de las fuerzas federales y del Ejército, porque ellos han dado muestras de sobra de su entrega a favor de México y el PRI está de su lado.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputada Martha Tamayo. En este momento se ha cerrado ya la recepción de reservas y la mesa de Servicios Parlamentarios procederá a enlistarlas.
Mientras tanto, pasaremos a la discusión en lo general, que por acuerdo de la Mesa Directiva y los grupos parlamentarios concede dos turnos a los grupos parlamentarios que están en contra, un turno a los grupos parlamentarios que están a favor, y preguntaré a los señores coordinadores si estarían de acuerdo en concederle un turno al diputado independiente.
Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Movimiento Ciudadano, para hablar en contra, hasta por tres minutos, diputado.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la discusión que hoy se está dando no es cualquier discusión, se trata de lo que está ocurriendo hoy en el país y de lo que va a seguir ocurriendo en el futuro.
Esta ley que hoy se discute, de entrada, es un parche en la Constitución, porque el 129 constitucional es muy claro, en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no podrían estar en las calles.
El 73 constitucional no nos da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, eso implica que esta ley nace de origen inconstitucional, y el 29 constitucional que habla de la suspensión de garantías debiera darse en este momento esa discusión, porque esta ley va a violentar los derechos humanos y las garantías individuales.
El debate que tendríamos que dar hoy, es el debate de la seguridad pública que necesita el país. Ese mismo debate, esa discusión de la ley de un nuevo modelo de seguridad que ayer el PRI y sus aliados sepultó en la comisión de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.
Ese es el interés del PRI por realmente cambiar las condiciones en las que vive México. Le dio la espalda a los ciudadanos como siempre lo ha hecho. Hoy cumplimos más de 10 años con estrategias fallidas en seguridad, desde que a Felipe Calderón se le ocurrió declarar la guerra, y eso trajo como consecuencia que hoy más de 120 mil mexicanos fueran masacrados.
Pero, contrario a lo que prometió, Peña Nieto continuó con la guerra, pero ahora una guerra silenciosa. Hoy México padece esta situación con más de 234 mil mexicanos muertos por esa estrategia fallida. Ese es el presidente que prometió la paz, pero condujo a la guerra. Esa es la herencia maldita del PRI y sus aliados, un Estado fallido y sin rumbo.
A ustedes, a ustedes priistas, el país se les está cayendo a pedazos. Esta es una ley que no dará respuesta ni mejorará la inseguridad. Esta es la herencia que ha roto todos los record de impunidad. Ustedes son quienes debilitan con esta ley a las instituciones. Las Fuerzas Armadas son el último recurso de cualquier país para resolver la delincuencia.
Los mexicanos no merecen seguir viviendo con miedo y terror. Los mexicanos queremos la paz, no la guerra. La mal llamada Ley de Seguridad Interior no resuelve ni resolverá los problemas de inseguridad en el país, por el contrario, los agravará.
Las fuerzas civiles seguirán debilitadas e infiltradas por el crimen. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo hoy, discutiendo el modelo de seguridad, viendo cómo fortalecemos nuestras fuerzas de seguridad en los municipios y en los estados, y en el país, no buscando el último recurso que tiene cualquier país, que son las Fuerzas Armadas, y con esto minando su credibilidad.
La violación a los derechos humanos con esta ley se agravará y estaremos seguramente peor que hace 10 años, cuando se inició la llamada o la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Con esta ley el PRI y sus aliados vuelven a mostrar su verdadero rostro, ese rostro autoritario, a quienes no les importa la seguridad de los mexicanos ni el respeto a los derechos humanos.
El país está sin rumbo, como un barco a la deriva y sin capitán, está sin gobierno. Señores legisladores del PRI y, también legisladores, sus aliados, no le hagan más daño al país. La paz no se construye con la guerra.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Víctor Manuel Sánchez. Tiene la palabra el diputado Virgilio Caballero Pedroza, hasta por tres minutos para hablar en contra. Don Virgilio Dante Caballero Pedraza tiene el uso de la palabra. La Mesa hace la corrección respectiva. Adelante, diputado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Compañera y compañeros diputados, la mayoría parlamentaria impuso la discusión de la Ley de Seguridad Interior atendiendo a una intencionalidad de los jefes de la Fuerza Armada permanente, que es dotarla de un marco jurídico que le permita realizar las actividades relativas a la seguridad pública, que tiene indebidamente encomendadas por el presidente de la República desde hace 11 años.
Al mismo tiempo, esa mayoría parlamentaria desatiende la opinión, la visión, las recomendaciones, las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, tanto de instituciones de educación superior públicas como privadas, que se han manifestado en contra, de los representantes de organismos internacionales como la ONU y la OEA, y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes coinciden en un no rotundo a la militarización de la seguridad pública en nuestro país.
Todo ello refuerza la idea de que esta ley está dedicada a las Fuerzas Armadas para encubrir sus acciones contra el narcotráfico sin la necesidad de observar las disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos, las obligaciones administrativas que generan su actuación, la rendición de cuentas y menos aún la transparencia. Es decir, las acciones de las Fuerzas Armadas serán cobijadas por una impunidad impenetrable.
Esa es su condición para continuar en la lucha contra el narcotráfico y la mayoría parlamentaria está cediendo a esa presión sin considerar las consecuencias y es que la aprobación de esta ley traerá consecuencias graves, entre ellas la violación inaceptable a un principio básico de constitucionalidad en que se sustenta la República: el principio de la supeditación de las instituciones militares a la autoridad civil.
Históricamente, la estabilidad de la nación se ha sustentado en la observancia continua de este principio, pero ahora ocurre que la autoridad civil está dispuesta a abdicar de las obligaciones y facultades que le confiere en exclusiva el artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, y transfiere mediante esta ley esas facultades y obligaciones a las instituciones militares, con lo que rompe peligrosamente ese equilibrio que había dado viabilidad a la nación mexicana.
El dictamen muestra riesgos inmediatos derivados de su ambigüedad. Por ejemplo, ¿de qué habla cuando dice que las acciones de seguridad interior son aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior? ¿Cuáles son esas amenazas y esos riesgos de que habla? Y responde los contenidos en la agenda nacional de riesgos, pero resulta que la agenda nacional de riesgos es un documento secreto que solamente conocen el presidente de la República...
Presidencia de la diputada Martha Hilda González CalderónLa presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:... y el secretario de Gobernación, de lo que se colige que las acciones de seguridad interior se decidirán discrecionalmente solo por estos dos funcionarios, y para cerrar el círculo, todas esas acciones se considerarán información de seguridad nacional, a la que la sociedad no tendrá acceso, pues la transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas son por completo ajenas a las disposiciones de esta ley.
Termino. Los diputados de la mayoría, al ceder a la presión de las Fuerzas Armadas y votar la Ley de Seguridad Interior, están empeñando el futuro de nuestra nación y, al parecer, no se dan cuenta.
Por ello quiero alertar sobre el hecho de que estamos discutiendo y votando una ley caracterizada por la ambigüedad, el secretismo, la opacidad y el sigilo, una ley que genera impunidad y violaciones a los derechos humanos, sin contrapeso alguno.
Hagámonos cargo de que hoy por hoy la seguridad pública es el lema más sensible de nuestra sociedad y no le estamos haciendo un favor al dejarlo en manos de los militares. Por todo ello, en Morena votaremos en contra de este dictamen. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Omar Ortega Álvarez:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, por supuesto que el voto del Partido de la Revolución Democrática será en contra de esta ley, dado que tendríamos que ser muy claros, compañeros legisladores.
Hace 11 años que las Fuerzas Armadas se encuentran en el territorio mexicano y hasta el día de hoy encontramos un Estado mexicano fallido, donde cada día hay más inseguridad, donde cada día hay más temor, hartazgo e inseguridad de todos los mexicanos.
Y hoy se quiere aprobar una ley, ¿con qué finalidad? ¿Para garantizar los intereses de las empresas privadas con la reforma energética, que hoy tendrá que ser el Estado mexicano el que garantice sus inversiones, tal y como se señala en el artículo 6o., fracción VI de esa propuesta de ley? O, ¿será que vamos a reconocer que el Estado mexicano está en guerra y que requerimos que las Fuerzas Armadas tomen la seguridad y la soberanía y la autonomía del país? O, ¿vamos a reconocer que la delincuencia organizada ya alcanzó tales escenarios que es imposible que no tengamos un Estado de excepción institucional donde solamente se vulneren todos los derechos humanos de sus gobernados? Es la pregunta que tendríamos que hacernos todos y cada uno de nosotros legisladores.
Hoy se viene a defender históricamente la importancia de darle armas o elementos suficientes a las Fuerzas Armadas, para que puedan combatir este flagelo de la inseguridad, pero la pregunta sería, ¿y por qué el día de ayer en las comisiones unidas, donde se vio el mando mixto coordinado, que iba a dar coordinación, supervisión y elementos para fortalecer todas las corporaciones municipales, estales y federales, votaron en contra?
Hoy pareciera que es un tema nada más de capricho o es un tema electoral, quedará en ustedes, legisladores, pero hoy es el momento de demostrar que hay congruencia, que hay interés y que se quiere a México, por ello el PRD votará en contra de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Omar Ortega Álvarez.
A favor del dictamen se le concede el uso de la palabra, por tres minutos, al diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Y mientras llega a esta tribuna, quiero saludar a los alumnos de las licenciaturas en Derecho y Ciencias Políticas de las universidades, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Libres, y la UNI, también universidades. Invitados por nuestro compañero, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues. Sean ustedes muy bienvenidos. Adelante, diputado.
El diputado Arturo Álvarez Angli:Gracias, diputada presidenta. Bla, bla, bla, bla, bla escuchamos a los partidos de izquierda, y siempre subir a presumir que van a votar en contra, porque en verdad, en verdad ellos sí se preocupan por el país. Pero son incapaces de reconocer jamás una acción en el sentido correcto. Son incapaces de reconocer que la realidad de nuestro país requiere de que hagamos lo que se puede con lo que se tiene. Y lo que hoy tenemos es un Ejército y por supuesto una institución...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, diputado, por favor. Permítame, le suplico. Les pido nuevamente y les reitero tolerancia al orador en turno.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Bla, bla, bla, bla.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, diputado.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla bla. Denle. Denle, no pasa nada. La realidad es que siempre votan en contra absolutamente todas las iniciativas. Los hechos son que necesitamos aún tener a las Fuerzas Armadas en las calles porque ciertamente, ciertamente las autoridades municipales, estatales emanadas de todos los institutos políticos, sin diferencia alguna, no han sido capaces de capacitar y de preparar a las fuerzas policiales. Es una realidad...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, permítame. Una moción de orden a las diputadas y diputados.
El diputado Arturo Álvarez Angli: ... que hoy el Ejército, siendo una institución honorable requiere de un marco legal que regule y dé certeza a sus actos, aunque los partidos de izquierda sigan...
Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado Álvarez Angli. Señores diputados, si son tan amables, regresemos al orden para que la sesión se siga desahogando en los términos que iba.
Suplico a los oradores, recuerdo a los oradores que no hay diálogo, ningún tipo de diálogo. Referirse específicamente al público implica diálogo.
Suplico a los respetables diputados mantener el orden que establece el Reglamento.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias. Gracias, presidente.
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez MarínEl presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si son tan amables, diputados, hemos escuchado distintas expresiones, las seguiremos escuchando. Es un debate donde debe quedar manifiesta no solamente la postura de los diputados, también la calidad de sus expresiones. Suplico al orador y al público guardar el nivel que esta Cámara requiere. Adelante, diputado.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, presidente. Lo cierto es lo que la historia en los últimos 11 años...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Señores diputados, nuevamente hago un atento llamado a que se respete el recinto, esta Cámara, el Reglamento y el debate. Si son tan amables, señores diputados. Todos han tenido el espacio para manifestar la postura de su partido o la propia. Sean tan amables dejar que se expresen todas. Adelante, diputado Álvarez Angli.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, presidente. Es muy lamentable seguir escuchando las opiniones de la izquierda, que prefieren la inmovilidad en el país que intentar un nuevo cambio. Que intentar regular las acciones de una institución como lo es el Ejército, que requiere de certeza para poder seguir fortaleciendo, combatiendo y permitir que exista, entonces sí, un periodo de transición en la capacitación y obviamente fortalecimiento de las policías municipales y estatales bajo un esquema que debiera ser de un mando único.
Y por mientras, les damos todas las garantías a los delincuentes para que puedan reclamar y ampararse ante todos los actos del Ejército, por no estar regulados, no estar autorizados, en consecuencia, ganan absolutamente todos los juicios y terminan quedando libres.
La realidad es que solamente se oponen a que esté en la calle el Ejército o a la presencia del Ejército aquellos que tienen algo de qué esconderse y que le tienen algo que temer al Ejército. Esa es una realidad también irrefutable. No lo van a reconocer las izquierdas, pero bueno, como no reconocen absolutamente nada de lo que se hace.
Lo cierto es que, a 11 años, que a mí me parece que de manera muy valiente pero muy atropellada también y de manera desordenada, Acción Nacional mandó a las fuerzas militares a la calle. Necesitamos darles certeza, necesitamos darles orden. Necesitamos que esto se inserte en una estrategia de seguridad nacional en donde puedan colaborar obviamente las fuerzas policiales y las fuerzas militares. El tiempo, perdón, pero me tomé más de un minuto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado. Le estoy reponiendo el tiempo que fue interrumpido. Adelante.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, presidente. A mí me parece de absoluta congruencia que reconozcamos que en este país necesitamos un marco legal que dé certeza a las acciones de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones que pueden ayudar y colaborar a mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país, sin importar de qué perfil se traten, necesitamos que todas sean capaces de coordinarse.
De esa manera, por supuesto que reiteramos nuestro voto a favor por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, porque estamos seguros que esta es una medida que va a avanzar, a hacer avanzar al país, en el sentido adecuado en el combate a la delincuencia organizada. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Álvarez Angli. Tiene la palabra el diputado Manuel Espino, también en pro. El diputado Espino interviene en su calidad de independiente. Me corrigen, efectivamente, de diputado sin partido. Adelante, diputado.
El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos: Gracias, presidente. Estimadas amigas y amigos, compañeros todos, de esta Cámara de Diputados. Me parece que, si vamos a deliberar, a discutir, a debatir este tema, debemos intentar también a hacerlo con serenidad, con seriedad, porque lo único que estamos haciendo es calentar innecesariamente la discusión con argumentos que nada tienen que ver con el propósito de este proyecto de dictamen.
Quiero agradecer de manera especial a las bancadas del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, que durante algún tiempo recientemente me permitieron compartir con ellos puntos de vista sobre algo que coincidimos era necesario, darle a México una legislación en materia de seguridad interior.
Agradezco recientemente la misma apertura de la bancada del PRI. Agradezco especialmente a las Fuerzas Armadas. Tuve la oportunidad de platicar con mandos de la Marina, de la Sedena, para reflexionar, deliberar sobre las preocupaciones de la sociedad y de los partidos políticos en materia de seguridad interior. Agradezco que en el proyecto de dictamen se hayan subsanado las muchas deficiencias de la iniciativa original.
Reconozco en la bancada que inicialmente promovió esta iniciativa de ley, de haber recogido muchas de las propuestas de quienes no estábamos de acuerdo con ese contenido original. Ahí en este dictamen hay propuestas que sugirieron legisladores de diferentes bancadas, eso hay que reconocerlo. No es perfecta. No es lo que queríamos para la legislación de seguridad interior que merece y necesita el país. No es perfecta, pero sería irresponsable dejar a México sin una legislación de seguridad interior.
No es válido venir con argumentos de que la guerra no justifica la paz. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de la intención de darles tranquilidad a los mexicanos.
Lamento que muchos legisladores de Acción Nacional, donde inicialmente se le declaró la guerra al crimen organizado y propició sacar a los militares a las calles, hoy estén en la indefinición respecto de darle a México certeza para cuando se requiera la participación de la federación en materia de seguridad interior en sus estados, en sus municipios, hoy no tengan la suficiente entereza para reconocer que este proyecto, aun cuando deficiente, es mejor que dejar al país como en este momento se encuentra.
No es verdad. Permítanme contradecir a quienes han venido a decir que esta iniciativa es violatoria a los derechos humanos, falso. No es verdad que pretende la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Al contrario, pretende regularlas mientras permanezcan ahí y sí se prevé que las autoridades locales recuperen sus capacidades por obligación legal para poder retirar a las Fuerzas Armadas de las calles.
No es verdad que es discrecional y opaca. Hay expresiones que descalifican el proyecto porque me parece que se ha partidizado el debate y se le está dando la espalda a la sociedad que reclama certeza jurídica en materia de seguridad interior.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Manuel de Jesús Espino: Ojalá recapacitemos y que el voto mayoritario sea a favor de esta Ley de Seguridad Interior. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Espino. Tiene la palabra el diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Les recuerdo a los señores diputados que los días de debates largos las fotos son a mitad de precio. Si están más cerca el fotógrafo les toma más fotos. Adelante, diputado Ojeda.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano:Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados. Saludo a los ciudadanos que nos siguen por el Canal del Congreso. Acudo a esta tribuna a expresar que el Grupo Parlamentario de Morena votará en contra del dictamen a la Ley de Seguridad Interior.
Ello por ser una ley que no respeta las formalidades constitucionales ni las legislativas, además de ignorar la regulación de la guardia nacional ya contemplada en la Constitución, ello lo expreso, porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe la figura de seguridad interior, no entiendo cómo es que se presenta una propuesta para crear una ley que no tiene respaldo constitucional. Este Congreso no puede legislar en materias que no existen constitucionalmente.
La figura que existe y que se omite a legislar es la Guardia Nacional, institución que dada su naturaleza en cuanto a capacitación y preparación, garantiza mayor eficiencia en materia de seguridad.
Este dictamen, como siempre de madrugada, trastocando las formalidades parlamentarias y aprobado en comisiones hace unos minutos dispensándose todos los trámites, se trae al pleno para su aprobación exprés; urgencia que solo refleja su temor y su desesperación por crear leyes que generen ambientes extraños en lo político y en lo electoral. De aprobarse esta ley se están preparando escenarios electorales poco confiables. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado don Alejandro Ojeda. Tiene la palabra el diputado David Gerson García Calderón.
El diputado David Gerson García Calderón:Está comprobado a nivel internacional que con la participación militar en tareas policiacas incrementan las violaciones a los derechos humanos. David Kaye, relator de derechos humanos de la ONU.
Con el permiso de la presidencia, con el permiso de las diputadas y de los diputados, a la gente que nos sigue por el Canal del Congreso y que nos sigue también por las redes sociales.
El día de hoy en este Congreso estamos en la antesala de ser la vergüenza nacional e internacional. El dictamen que se discute en este pleno va en contra de nuestra Constitución. La máxima ley de nuestro país, ya que no estamos facultados para legislar en materia de seguridad interior, y estamos en una crisis de inconstitucionalidad, aunque algunos diputados y diputadas quieran decir lo contrario, no estamos facultados constitucionalmente para legislar en esta materia.
Al aprobar el presente dictamen, estamos claudicando, sepultando a mejorar, a capacitar, a especializar a la policía de nuestro país, la policía civil desde el ámbito federal hasta el ámbito municipal, llevar las Fuerzas Armadas a la calle es característico de un Estado represor, autoritario y totalitario.
Hoy el Estado atraviesa una profunda crisis, ya que ha sido rebasado por la delincuencia y el crimen organizado en todas sus modalidades, por el descontento social a través de marchas y manifestaciones, la falta de empleo, la falta de políticas públicas incluyentes, entre otras.
Esto ha generado una crisis de acumulación a la falta de una visión de Estado. ¿Y cómo pretende el gobierno federal resolver esta crisis? Enviando al Ejército a las calles para poner en su lugar a todos, como el caso tan lamentable de Tlatlaya, de Ayotzinapa, y otros más. Que no se nos engañe a la sociedad civil, al Ejército Mexicano.
Con la aprobación de este dictamen no se está normando la regulación del Ejército en las calles. Existe la alta probabilidad de un cambio de régimen el siguiente año. Ante este escenario el gobierno federal pretende militarizar las calles del territorio nacional a fin de garantizar la permanencia en el poder. Y tiempo nos faltaría para seguir enunciando el por qué no deberíamos de votar esto de manera irresponsable.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRD no acompañará este dictamen, porque llevamos y traemos a esta máxima tribuna el sentimiento de mucha gente, de millones y millones de mexicanos, de asociaciones civiles organizadas que dicen que aprobar esta ley es ir en contra de la Constitución, un tema de inconvencionalidad. No se contemplan mecanismos...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado David Gerson García Calderón: ...efectivos del control de las acciones ni jurisdiccionales ni parlamentario, el contenido de esta ley se traspala y confunde con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, no existe una diferencia contundente entre los supuestos de aplicación de esta ley y aquellos que requieran la aplicación del mecanismo de restricción de garantías, y por muchas otras cosas más. Por eso no apoyaremos ni respaldaremos ese dictamen. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Alejandro Domínguez Domínguez. Con el cerramos la lista de oradores.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez:Con su permiso, señor presidente. Primero que nada quiero decir que mienten aquellos que señalan que no tenemos facultades para legislar en la materia.
La seguridad interior y la seguridad pública son temas que están dentro de la seguridad nacional, y tenemos facultades para legislar en materia de seguridad nacional. Por lo tanto, el que puede lo más, puede lo menos en un principio de derecho. De tal suerte que tenemos facultades amplias para poder legislar en la materia.
Mienten quienes dicen que no hubo diálogo con la sociedad. Desde enero de este año hemos estado llevando a cabo reuniones, foros, pláticas con organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales.
Quienes no acudieron la convocatoria que la comisión nos hizo es responsabilidad de los legisladores, integrantes de la Comisión de Gobernación, que no atendieron la convocatoria que se hizo de manera oportuna.
Nosotros tenemos claro que en el centro de la discusión están los ciudadanos y el respeto de sus derechos humanos. No podemos hablar del libre ejercicio de los derechos humanos y de las garantías individuales si no tenemos la capacidad de garantizar seguridad. Los derechos humanos y la seguridad pública son principios elementales en este proyecto de Ley de Seguridad Interior.
Pregunto: ¿Cuántos elementos del Ejército andan ahorita en Tamaulipas? ¿Cuántos están en Chihuahua? ¿Cuántos están en Veracruz, en Guerrero? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque no tenemos un marco normativo que nos diga con claridad cuántos son, dónde están, qué están haciendo, qué están investigando y durante qué tiempo estarán atendiendo este problema de seguridad interior.
Por eso este marco normativo busca darle certeza al Ejército y darle certeza a los ciudadanos, respetando los derechos humanos pero también respetando el ejercicio de la facultad de ir garantizando seguridad a los mexicanos. Es un ejercicio desde luego que no viene a suplantar a ninguna autoridad.
Las Fuerzas Armadas vienen y van a entrar cuando la autoridad no tenga la capacidad de atender un problema en su municipio, en su entidad federativa o en una región del país, pero para esto tiene que haber una declaratoria planteada por el presidente de la República al Consejo Nacional de Seguridad, planteada por las legislaturas locales o por el Ejecutivo de una entidad federativa.
El marco normativo es claro, el marco normativo es preciso. Yo pregunto, de los partidos políticos que tiene gobernador de sus siglas, ¿cuántos gobernadores no quieren ya para ayer o para antier la presencia del Ejército en sus entidades federativas? Todos la quieren, demos pues el instrumento legislativo para que puedan hacer bien su trabajo. Demos pues el instrumento legislativo para que el Ejército tenga esa fortaleza, pero también para que el ciudadano tenga la certeza de cuántos son, dónde están y qué están realizando.
A esto nos convoca este debate, nos convoca a cumplirle a los mexicanos que nos eligieron y nos convoca a darle fortaleza a una institución de gran prestigio en este país, como lo son las Fuerzas Armadas. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Ha sido agotada la lista de oradores. Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos.
Del 1, del numeral 1 al numeral 34, y los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto. En otras palabras, toda la ley. La división, la numeralia de las reservas es la siguiente: El Grupo Parlamentario del PAN reserva cuatro artículos, el Grupo Parlamentario del PRD reserva 52 artículos, el Grupo Parlamentario de Morena 34, el de Movimiento Ciudadano 10, el Partido Encuentro Social uno, para hacer un total de 101 reservas, que serán presentadas por 44 oradores, cuatro del PAN, 22 del PRD, 11 de Morena, seis del Movimiento Ciudadano y uno del Partido de Encuentro Social.
Por lo tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La diputada Maricela Contreras, su voto de viva voz.
La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): En contra.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Siempre hemos concedido tiempo, señores diputados. Vamos a conceder un minuto adicional y cerramos el sistema. Adelante. Adelante, secretario, tome el tiempo. Digo, tome la votación.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 248 votos en pro, 115 en contra, con 48 abstenciones, de 411 diputados presentes.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor secretario. Entonces, quedan aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 248 votos a favor.
Adelante. De conformidad con el artículo 110 de la Cámara de Diputados, vamos a concederle la palabra por cinco minutos al diputado David Gerson García Calderón, del PRD, que propone la eliminación de todos los artículos del proyecto de ley y sus cuatro artículos transitorios. David Gerson, tiene la palabra. Cinco minutos, diputado.
El diputado David Gerson García Calderón:Con el permiso de la Presidencia, con el permiso de las diputadas, los diputados y la gente que nos sigue por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales. Le solicito respetuosamente a la Presidencia que mis reservas, tal y como las he registrado, en que he solicitado suprimir todos los artículos, sean insertadas íntegras en el Diario de los Debates.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como usted lo solicita, sus reservas se insertan con el texto íntegro en el Diario de los Debates.
El diputado David Gerson García Calderón: Y que por economía procesal, o más bien por la limitación del tiempo, no podré abarcar todas las reservas que he presentado.
Hace algunos años un secretario de Hacienda, ante una recesión económica, decía que solo era un catarrito. Y para muchos mexicanos fue la pobreza. ¿Qué quiero decir con ello? Que existe la interpretación, depende del lado de donde estemos.
Esta ley que hoy se presenta en su artículo 4o., en la fracción III, dice a la letra: “...riesgo a la seguridad interior”. Es decir, ¿qué se entiende por riesgo a la seguridad interior? Y dice la ley: “situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior”. Yo pregunto, ¿quién va a interpretar esto? ¿Cómo se va a interpretar? ¿Qué vamos a entender por amenaza? Estamos dejando estas lagunas en la ley.
Es cierto que se está normando el tema de las movilizaciones de protesta social o que tengan un motivo político-electoral que se realicen prácticamente, pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo refiere el artículo 8, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
Y lo señalé en la comisión, este articulado dice que se realicen pacíficamente. ¿Y qué pasa cuando el gobierno manda a desestabilizar ese movimiento pacífico? ¿Qué pasa cuando el gobierno manda a un grupo de infiltrados a meter desorden en ese movimiento civil pacífico? Se convierte automáticamente ya no en un movimiento pacífico. Y ante eso el Estado mexicano está en la posibilidad de meter al Ejército en ese movimiento, ¿por qué? Porque ya no es pacífico. Ante la aprobación de esta ley es lo que estamos provocando, que se militarice cualquier situación que no le convenga al gobierno federal.
Quiero comentarle a la opinión pública, a los ciudadanos, a los miles y miles de mexicanas y mexicanos, que esta ley se hizo al vapor en este Congreso y se hizo al vapor porque yo pertenezco a la Comisión de Gobernación, soy secretario de la misma, propuesto por mi grupo parlamentario.
Y les quiero informar que el texto íntegro, que el texto con las correcciones me llegó hoy en la madrugada. Muchos se paran y se jactan diciendo que se tuvo un año, que se convocó a foros. Yo le digo a la opinión pública que esto es mentira, porque el dictamen que hoy se votó en lo general, nos llegó a los diputados, a las diputadas, que pertenecemos a esta comisión, hoy en la madrugada. Así se hizo esta ley, de manera improvisada.
Por eso es necesario, y convocamos a que los diputados y las diputadas, reflexionen en el México que queremos. ¿En verdad amamos a nuestro país o seguimos una línea de gobierno? A eso los convoco para que a través de las reservas que hoy presento, reservas que llevan los sentimientos de mucha gente, de muchos luchadores sociales, de gente que ha luchado por la defensa de los derechos humanos, ha manifestado.
Yo los convoco a que seamos diputados, diputadas responsables con nuestro país, responsables al momento histórico que vive nuestro México. Desde aquí queremos decirles que no se confundan, que nosotros respetamos al Ejército, a la Armada, a la Marina. Los respetamos y reconocemos su gran labor, su gran trabajo.
Lo que no vamos a permitir que el gobierno militarice las calles, que el gobierno tenga ese poder fáctico de represión. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Gerson, doblemente gracias. Primero por su exposición y segundo porque se apegó usted al tiempo establecido por la Mesa. Tiene la palabra la secretaria para consultar si se admite a discusión.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha -diputada, muchas gracias-. Tiene la palabra el diputado Ángel Alanís Pedraza por tres minutos.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza:Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Primeramente quiero dejar constancia de mi reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas mexicanas porque sencillamente sin ellas actualmente viviríamos en la barbarie.
Ahora bien, en la Ley de Seguridad Interior que se discute se omite un aspecto procedimental de gran importancia, como lo es el establecimiento claro y preciso de los días y horas hábiles en los que se podrán promover los procedimientos a los que la misma se refiere y la forma en la que habrán de incoarse.
Por esa razón es que propongo que en el texto de su artículo 4 se incorpore lo relacionado con los días y horas hábiles en los que podrán instaurarse los procedimientos previstos en la citada ley, para que de esa manera sean días hábiles para la instauración, promoción, sustanciación y resolución de los procedimientos a los que la misma se refiere todos los del año. Pudiéndose promover por escrito comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora. En cuyo caso cualquier hora será hábil para promoverlos y también para que se dicten las providencias urgentes, a fin de que se cumplan las determinaciones judiciales en los que se hayan autorizado.
Lo anterior, desde luego, con la finalidad de que la claridad y precisión de esos términos se refleje en la pronta y expedita aplicación de la ley que actualmente nos ocupa. Y, en obtención, desde luego, de los elevados objetivos que persigue.
Por otra parte, aun y cuando por un lado no entiendo bien, bien bien, a qué se refiere la disposición normativa básica contenida en el párrafo segundo del artículo primero... del artículo 1 del dictamen en cuestión, y por la otra, no encuentro el motivo de que exista esa prevención legal, considero que sería bueno que su esencia quede comprendida en un solo párrafo único del ordinal de referencia, porque no tiene sentido que se dedique un párrafo completo a esa disposición complementaria.
Luego entonces, en términos de mi propuesta, este apartado debe quedar de la siguiente manera:
La presente ley es de orden público, de interés general. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Y tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.
Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Alanís Pedraza. Consulte la Secretaría si es de aceptarse.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada secretaria. Tiene la palabra la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, hasta por cinco minutos. Ella propone que se supriman los artículos 1, 14, 17, 18, 20, 21 y 22.
La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera:Ay, ya se me fue medio pleno. Yo no le hago ningún reconocimiento al Ejército. No se lo merecen. Y, en voz de los mexicanos, les digo que se queden en los cuarteles. Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera: Saludo a los presentes y, sobre todo, a quienes nos visitan para que vean y escuchen lo que les espera, y que pasen la voz con todos sus conocidos.
En lo que llevo de esta Legislatura, nunca había sentido tanto miedo como hoy. Precisamente nos regalan de navidad este dictamen. Propongo eliminar los artículos 1, 14, 17, 18, 20, 21 y 22 del dictamen.
Hace rato una diputada mencionaba, aquí en tribuna, que escucharon a la ciudadanía. Y yo le digo: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quiénes? Porque de haberlos escuchado, los hubieran cacheteado. ¿Cómo creen que la gente va a estar a favor de semejante barbarie?
Nadie quiere el Ejército en las calles de manera permanente. Nadie quiere al Ejército en funciones de los policías. A ver, pensemos, sé que es mucho pedir, porque aquí no se está acostumbrado a pensar, pero vamos a intentarlo.
¿Qué les hace pensar que el militar será amigable? Ellos tienen una formación diferente a la de un policía, ellos no saben diferenciar un rico de un pobre. En persecuciones han confundido criminales con familias enteras, han violado mujeres, se han coludido con el crimen organizado, han violado derechos humanos, han logrado que la gente les tenga miedo y no denuncien y, sobre todo, han matado a sangre fría, solo por instinto, a miles de personas, como los dos estudiantes del Tec de Monterrey, estudiantes, maldición. José Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quienes siguen esperando justicia, y ustedes los felicitan. Qué vergüenza.
Entiendan que ni ustedes están a salvo. Espero que con esta decisión, que la hayan hecho de manera consciente y una vez aprobada la gente se los va a recordar.
Esta es una rueda de la fortuna, ahorita están en la toma de decisiones, con fuero, pero en el 2018 van a estar abajo sin decisión y por fin una cucharada de su propia medicina. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Arguijo Herrera. Tiene la palabra la diputada... Ah, bueno, pregunte usted, por favor, secretaria, si es de aceptarse.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada secretaria. Tiene la palabra la diputada Araceli Damián González por cinco minutos. Presenta reservas a los artículos 1, 2, 11, 12, 16, 22, 26 y 32.
La diputada Araceli Damián González:Gracias, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada Araceli Damián González: Tienen terror. Tienen terror de perder el 2018. Van a perder. Van a perder. Eso es lo que está en el fondo de este madruguete. Ustedes, que ni tienen candidato, quieren limpiarle el camino.
El dictamen asegura que el Estado está obligado a renovar los marcos normativos existentes para garantizar la paz. ¿Por qué no mejor exigen un respeto real a los derechos humanos? ¿Por qué no combaten las finanzas del crimen organizado? ¿Por qué no aceptan la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU?
Esta ley, y lo digo enfáticamente, va contra la paz. El dictamen sostiene con datos que la Marina y el Ejército es una de las instituciones que la ciudadanía más tiene confianza, pero lo que no dicen es que nuestras Fuerzas Armadas han tenido uno de los índices más letales en el mundo. Y no está en guerra, está luchando contra el crimen organizado.
Por cada herido -El Ejército mató a 10 civiles y la Marina a 16.8-. En guerra, por cada muerto hay cuatro heridos. Estamos en riesgo de que esto continúe de manera indefinida y bajo la arbitrariedad de un presidente como el de ustedes.
Se asegura también que la seguridad interior no es un concepto de reciente adopción, porque desde hace 196 años se ubicó en la normatividad postindependentista. Están utilizando categorías de hace dos siglos, cuando todavía ni siquiera se pensaba en los derechos humanos. No saben ustedes de derechos humanos, no han aprendido. Ni siquiera están luchando en favor de todos esos desaparecidos, de todas esas mujeres que han sido violentadas en esta lucha contra el narcotráfico y del cual allá el PAN es cómplice.
Ustedes, el gobierno federal, violenta la ley y los derechos humanos. Sin esta ley están espiando, pero, ¿a quién espían?, a personas defensoras de los derechos humanos, de los bosques, de nuestra naturaleza, a periodistas, integrantes de la oposición, y hasta a menores de edad. ¿Qué podríamos esperar tras la aprobación de esta monstruosidad?
Le están quitando todo el sentido a la idea de paz, al concepto de derechos humanos, le están quitando todo el sentido a un principio fundamental que es la paz social, y además son intolerantes. Sostienen que resulta inadmisible señalar las profundas deficiencias de su proyecto de dictamen, pero este va a derivar en violación a los derechos humanos.
Lo inadmisible es que pretendan aprobar esto, que se nota su incongruencia. Niegan que se militarice al país. No se burlen, es algo muy serio, están militarizando al país y lo están argumentando con un trabajo académico que precisamente critica lo que ustedes están tratando de hacer.
Estamos presentando reservas, porque nos parece absurdo que no se considere la seguridad humana como esencial, sino únicamente una seguridad interior que ustedes están inventando.
También queremos que el Poder Ejecutivo tenga contrapesos y por eso propongo en las reservas que el Congreso de la Unión avale o rechace sus acciones y declaratorias, y también que no se permita que se clasifique y que no se dé transparencia...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Araceli Damián González:... en los casos de violación grave a los derechos humanos. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Pregunte la Secretaría si son de admitirse las reservas de la diputada Araceli Damián González.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha.
Tiene la palabra la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, por cinco minutos. Ella va a presentar reservas a los artículos 1, 2, 6, 10, 23, 27, 28, 30, 34, Cuarto transitorio.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputado presidente. Con la declaratoria de guerra de Felipe Calderón, se dio un intenso y excesivo uso de las Fuerzas Armadas, por lo que se descuidó el saneamiento y la profesionalización de los cuerpos policiales. Ahora, tras los deplorables resultados de la estrategia, en lugar de ratificar el camino se pretende legalizar la desnaturalización de las tareas constitucionales y sociales de los militares, mediante la redacción de la ley propia de un Estado totalmente autoritario.
En la propuesta no se establece un control de autoridades civiles ni mecanismos reales de rendición de cuentas o medidas de supervisión y control por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tampoco hay medidas para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, mucho menos medios para que la población pueda denunciar violaciones sin poner en peligro su vida.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro mencionó que existen muchos pronunciamientos internacionales en contra de la extensión de la participación castrense en las tareas ajenas a su mando, debido principalmente a esta desnaturalización de su función y a las repercusiones sociales que conlleva, y basta recordar que en la última década se han presentado más de 10 mil quejas por violaciones a los derechos humanos y solo se han emitido 146 recomendaciones.
Asimismo, la ley presenta una afrenta a las recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales que niegan la experiencia de estos 10 años que han demostrado que el despliegue militar ha sido riesgoso para la población y poco efectivo.
Como si lo anterior fuera poco, no existe evidencia científica de que el despliegue militar haya reducido la violencia. Todo lo contrario, se han gastado a las Fuerzas Armadas en tareas, insisto, que no les corresponden constitucionalmente y para la que no fueron preparadas ni diseñadas, generando un círculo vicioso en el que, ante las necesidades de reformar policías estatales, los gobiernos locales prefieren mantener a las Fuerzas Armadas en lugar de asumir sus responsabilidades.
La ley parece un producto de reasignación de facto, que implica que las autoridades civiles no puedan aplicar una reforma política integral, que nunca contaremos con policías confiables y profesionales, que los militares ejercerán su labor de manera indefinida y que las violaciones a derechos humanos no disminuirán.
La ley no toma en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen un régimen jurídico especial al otorgarle facultades de investigación, prevención, sanción y persecución del delito, forzosamente tendrían que incluirse en un régimen de responsabilidad civil.
Se pretende otorgar a las Fuerzas Armadas un marco legal que perpetua su labor en tareas de seguridad pública y mayores márgenes para actuar sin vigilancia y con mayores riesgos.
Para variar, quedaron también sin cumplir las promesas de campaña de Peña Nieto, con respecto a apostar por la prevención, cuyos programas sociales tampoco cuentan con los recursos necesarios.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que en el régimen autoritario el concepto de seguridad está asociado a conceptos de seguridad interior, con referencia a la seguridad del Estado y no a las personas. Una ley así tendría por ello serios problemas de incovencionalidad, por ser contraria a los compromisos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos.
Para el Grupo Parlamentario de Morena, la debida formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el destierro de la corrupción, la efectiva y real autonomía de los ministerios públicos, el combate al tráfico de armas, el replanteamiento del sistema penitenciario, la modernización y el replanteamiento de los sistemas de inteligencia y el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en materia debe de ser el camino para ofrecer la seguridad, no solo al Estado sino a la población en general.
Por ello nos oponemos a esta ley que implica el uso discrecional del Ejército por parte del Poder Ejecutivo. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Norma Xóchitl Hernández Colín. Adelante, secretaria.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, tiene la palabra por tres minutos y propone que se suprima el artículo 1 de la ley aprobada en lo general.
El diputado Rafael Hernández Soriano:Gracias, presidente. Precisamente el artículo 1 se refiere a las generalidades, alcances y naturaleza de la ley. Voy a aprovechar para despejar algunas verdades a medias que han señalado en esta tribuna diputadas y diputados del PRI. Y algunas mentiras completas.
Primero. El artículo de referencia se refiere a funciones del Estado en materia de seguridad interior, según lo que propone el PRI. Sin embargo, no involucra a los órganos del Estado, solamente involucra a su jefe, el presidente de la República. Omite, incluso, involucrar en una decisión soberna a este Congreso, para iniciar.
Por otro lado, el diputado Domínguez, que también vino al PRI, que se refiere con una frase muy dominguera, que dice el que puede lo más puede lo menos, tratar de obviar una definición de alcances jurídicos y de seguridad, que es la seguridad interior.
No estamos facultados, eso lo dice el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no está facultado este Congreso para legislar en materia de seguridad interior. Lo reto a que venga y nos diga exactamente en dónde señala la palabra, porque el principio que sí rige la vida pública y constitucional en nuestro país solamente faculta a las autoridades -que no es este Congreso- a lo que explícitamente señala la ley. Una mentira más.
Vienen también a señalar que no se está proponiendo la permanencia en la situación actual de las Fuerzas Armadas, garantizando seguridad pública en las calles. Sin embargo, el artículo cuarto transitorio, que por arte de magia se modificó durante la madrugada de este día, señala, contrario a la versión anterior, que la situación actual en el territorio nacional seguirá. Es decir, las situaciones de excepción las están prolongando en el tiempo sin algún requisito adicional. Otra mentira más.
Y lo otro, que no están facultando a las Fuerzas Armadas para intervenir en materia de seguridad pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, señala que tiene que ser el mando civil el que lo garantice. Sin embargo, ustedes en la propuesta, en su propuesta, en el artículo 20, le están dando facultades a las Fuerzas Armadas para actuar, contrario a lo que dice la Constitución.
Es decir, están, en síntesis, desnaturalizando su propia propuesta. Deberían aceptar mejor que implícitamente en la propuesta de Ley de Seguridad Interior va su aceptación de que el presidente de la República implementó una estrategia fallida de seguridad pública y que ustedes, el PRI, su partido, se tardaron cinco años, como hoy vienen a decirnos, en darse cuenta de que han fallado.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Eso es lo que deberían explicarle a la nación y no mentiras completas o verdades a medias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Pregunte la Secretaría si es de aceptarse.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha. Tiene la palabra, Alberto Martínez Urincho, diputado por el Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Don Alberto propone, modificar los artículos 1, 2 y 3.
El diputado Alberto Martínez Urincho:Con el permiso de la Mesa Directiva.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Alberto Martínez Urincho: Buenas tardes, compañeras diputadas, diputados. Estamos aquí para proponer estas reservas, sin antes dejar de mencionar precisamente y dirigirme con mucho respeto a todas las diputadas y diputados que nos antecedieron que argumentaron en pro, que no somos ignorantes de las leyes de nuestra Constitución y hablo no solamente de las diputadas y diputados que estamos en este pleno, porque aquí representamos, no solamente una soberanía, representamos verdaderamente al pueblo.
Y les quiero decir, precisamente, que no somos ignorantes, que respetemos también la visión que tenga el pueblo sobre de estos temas. Y lo digo de manera muy fraternal, porque se ha arengado, se ha discutido, hemos escuchado las argumentaciones y lamentablemente -lo quiero decir- que lo hemos hecho de una manera desordenada, desaseada, con falta de técnica jurídica y esto lleva a una situación que hoy el grupo parlamentario mayoritariamente en esta soberanía, en este Congreso, no puede ocultar la política fallida que ha tenido el presidente de la República, que ha tenido el señor Enrique Peña Nieto, y le ha fallado al pueblo de México y lo estamos diciendo precisamente en ese sentido.
Nosotros, el Grupo Parlamentario de Morena, respetamos, reconocemos a las Fuerzas Armadas, tan es así que la semana pasada, compañeras diputadas y diputados, se hizo el reconocimiento a la Marina, en ese hecho histórico. Precisamente lo que tenemos que estar haciendo es cuidar esas instituciones, que no sean permeadas en un régimen de corrupción e impunidad que hoy ha representado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuidemos a nuestras instituciones.
Voy a referirme brevemente precisamente a este tema de las funciones que tengan nuestras Fuerzas Armadas y que respetamos, porque precisamente su función originaria es como lo que sucedió con la Marina cuando en ese hecho histórico combatió el último reducto de las fuerzas realistas y las expulsó de nuestro territorio nacional.
Precisamente estas reservas tienen que ver en el sentido de reconocer, sí, que la función originaria de las Fuerzas Armadas solamente tiene que ser de manera excepcional y transitoria. Un criterio que precisamente también la Corte ha establecido. Aquí se complementa.
Concluyo, diputado presidente. Estas reservas, debería precisamente hoy este grupo parlamentario aquí en la Cámara de Diputados, esta mayoría de grupo parlamentario aprobarlas, porque debemos de cuidar de a de veras, compañeras y diputados, lo que son las instituciones de las Fuerzas Armadas. No a la corrupción, no a la impunidad de Peña Nieto. Muchas gracias, compañeros.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Alberto Martínez Urincho. Pregunte la Secretaría si se admiten sus reservas.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desechan. Tiene la palabra el diputado Tomás Octaviano Félix por cinco minutos, para proponer que se supriman los artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 8.
El diputado Tomás Octaviano Félix:Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Tomás Octaviano Félix: Compañeras y compañeros diputados. Desde esta máxima tribuna del país saludo con mucho afecto al pueblo de México. Desde el día de ayer y desde la comodidad de su casa blanca, el presidente de la República les pidió a sus diputados del PRI y sus paleros del verde para marcarles línea y aprobar esta ley de seguridad que sin duda afectará la tranquilidad de las mexicanas y de los mexicanos.
No puedo comenzar esta intervención entonces sin hacerles saber la molestia, el enojo y la gran decepción por cómo esta Cámara de Diputados se ha convertido en una verdadera Oficialía de Partes del Ejecutivo federal, una sastrería en la que se hacen trajes a la medida, en un trámite más de la expedición de leyes que nada abona a un país próspero y de paz.
La Ley de Seguridad Interior, que hoy ya aprobaron en lo general, no es otra cosa más que un síntoma de miedo, dada la proximidad del proceso electoral del 2018, y de una actitud beligerante de este gobierno hacia la sociedad y sus derechos. No es extraño que esta ley se pretenda aprobar bajo el esquema de las mayorías que aplastan, que aprovechan su condición para socavar los grandes avances de los derechos humanos en las últimas décadas, de menospreciar a este poder y de ejercer el gobierno de una manera muy autoritaria.
Lo que no ha medido esta administración es que dicha ley podría revertir sus intenciones claras de represión, de vulnerar los derechos humanos, de violar las garantías de las mexicanas y de los mexicanos. Seamos claros, el Ejército Mexicano tiene un propósito fundamental, que es defender la soberanía del país, así como ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes. Señoras y señores, el Ejército no es una policía. Es más, me atrevo a separar dichos conceptos por mérito.
Pero vayamos al origen. Es por demás atrevido pretender que las Fuerzas Armadas de este país, a través de sus tácticas, métodos, armamento y protocolos de actuación sirvan a partir de la aprobación de esta ley para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva. Me pregunto entonces dónde quedará la libre manifestación y el libre tránsito consagrados en nuestra Carta Magna.
Por ello esta ley es considerada como parte de la militarización del país. Qué necesidad existe en la actualidad para que se considere que haya acciones de orden interno a través de despliegues permanentes de las Fuerzas Armadas y así vulnerar los derechos de los ciudadanos.
Lo digo con absoluto respeto: qué falta de imaginación. Pero sobre todo qué falta de responsabilidad, y menosprecio a nuestras Fuerzas Armadas. Existen recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que han expresado su preocupación por la intervención del Ejército en tareas que no les corresponde, es más, se han emitido observaciones claras sobre violaciones a los derechos humanos, ya que el personal castrense no se encuentra preparado en acciones policiales.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos que esta no es la vía para combatir la delincuencia ni el crimen organizado, compañeras y compañeros. Creemos que la profesionalización, la coordinación entre los gobiernos, la delimitación de las responsabilidades y estricta aplicación de la ley será la que realmente nos lleve por el camino del orden y en respeto en nuestra sociedad.
Por tanto, al ser una ley que faculta al Ejército como policía, que no genera controles de verificación de respeto a los derechos humanos, al ser una ley que permite la intervención en protestas sociales por su poca transparencia, nula regulación e imprecisiones conceptuales, es necesario entonces revisar la pertinencia de crear una ley para tal objeto.
En este contexto, compañeras y compañeros diputados, someto a consideración de esta soberanía la eliminación de los artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 8 de esta mal llamada seguridad interior, porque -insisto- viola los derechos humanos porque reprimirá las protestas sociales y porque es anticonstitucional. Viva el PRD, compañeros y qué viva el pueblo de México. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante diputado Octaviano, gracias por su intervención. Diputada, pregunte si es de admitirse las reservas.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Se desechan. Tiene la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, para proponer que se supriman los artículos 2 y 15, por tres minutos.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Hace un momento decía una compañera de mi grupo parlamentario que a lo largo de esta Legislatura no había sentido más miedo. Les diría que también a mí me dio miedo oír a una diputada del grupo parlamentario afín al presidente de la República, amedrentar en esta tribuna al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Subirse a esta tribuna a gritar y a retar, y a descalificar el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esto, compañeras diputadas, y diputados, nos habla del grado de miedo que tiene el gobierno federal y sus diputados. Que no nos mientan, los que estamos votando en contra de esta ley y estamos haciendo nuestras reservas no es que tengamos miedo de salir a la calle y encontrarnos con los militares, claro que no.
Le reconocemos el trabajo que han hecho. Como integrante de la Comisión de la Defensa, he señalado permanentemente el gran trabajo que desarrollan con el Plan DN-III y algunos otros más. Pero esto parece a todas luces la preparación de un nuevo fraude electoral, en el que piensan esconderse tras de las botas del Ejército Mexicano. Eso es lo que parece esta iniciativa.
A partir del 2006, cuando inició la participación del Ejército Mexicano en las labores de seguridad pública, se incrementaron las graves violaciones a derechos humanos. Antes de 2006 teníamos cerca de 190 denuncias presentadas por violación a los derechos humanos cometidas por los organismos militares. Después del 2006 tenemos más de mil por año.
¿Y nos están diciendo que esto está funcionando? ¿En qué diagnóstico queda claro que la política de militarización, en qué lugar del mundo, ha sido eficiente? Eso es una absoluta mentira.
Recordemos el halconazo del 71, Aguas Blancas en el 95, Acteal en el 97, San Fernando en en 2010, Tlatlaya en 2014. ¿Quiénes son los que están señalados como responsables, compañeras diputadas y diputados?
Mientras las recomendaciones internacionales piden al Estado mexicano el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las calles, esta Cámara de Diputados está buscando regularizarlo. Dicen que momentáneamente, dicen que parcialmente. Llevamos 10 años con el Ejército y las Fuerzas Armadas en las calles y nada ha cambiado para bien, al contrario.
Quiero decirles que en 2007 también teníamos cerca de 10 mil homicidios y ahora, en 2016 se reportan 23 mil, es decir se duplican y todavía un poco más. La presencia del Ejército en las calles no ha funcionado y también algo que se ha omitido señalar aquí, que después se corrigió, es que el propio secretario de la Defensa señaló en un discurso que ellos no habían sido reclutados y no era su obligación detener a los criminales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Es una irresponsabilidad también que estemos exponiendo al Ejército cuando tiene otras tareas, pero también que estemos permitiendo que los gobernadores, presidentes municipales al no aceptar el mando mixto sean omisos ante esta responsabilidad que tienen.
Por una seguridad con paz digamos no a esta Ley de Seguridad Interior, violatoria absolutamente de los derechos humanos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Gaytán. Por favor consulte la Secretaría si es de admitirse la reserva.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha. El diputado Omar Ortega Álvarez ha solicitado que sus reservas se inserten íntegras en su texto, en el Diario de los Debates y declina su participación en tribuna.
Tiene la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, hasta por tres minutos. ¿Quiere usted intervenir desde su lugar, diputada? Gracias, diputada.
La diputada Maricela Contreras Julián:Con su permiso. Miren, quiero leer dos párrafos de un artículo que escribió Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama Seguridad Interior. Esto me preocupa mucho, porque puede traernos controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
Dice -cito-: Por lo que hace al desequilibrio entre Poderes, la propuesta inclina la balanza a favor del Poder Ejecutivo federal, no solo señala que su titular podrá ordenar por sí solo la intervención de la federación para realizar acciones de seguridad interior, sino que también lo faculta, previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional para emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior. Con ello se lesiona el federalismo y se evaden los controles legislativos que, por ejemplo, establece el artículo 29 constitucional, para los casos de restricción o suspensión al ejercicio de los derechos y sus garantías.
La cuestión es de la máxima relevancia, porque el proyecto de ley no especifica cuáles son las acciones concretas que podrían realizarse al amparo de esa declaratoria, lo cual generaría un nuevo tipo de inseguridades e incertidumbre. Les recomiendo el artículo.
Compañeras y compañeros legisladores, con esta ley hay una tentación autoritaria de los gobiernos civiles para reprimir. No lo olvidemos, quien manda, da instrucciones y ordena las acciones del Ejército es el presidente de la República, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él es el responsable de las violaciones de los derechos humanos que se han incrementado en más de 10 años, desde que ha participado el Ejército en las labores de seguridad.
Esta ley es inconstitucional, no solamente porque es un peligro que normaliza la presencia del Ejército en las calles y le deja una responsabilidad de labores policiacas, para las cuales no está preparado. Es decir, hay el abandono de la responsabilidad de los poderes civiles que a este país le han costado vidas en el pasado en procesos históricos.
Hay una omisión muy grande del gobierno para garantizar la seguridad de la sociedad, piensa en las instituciones y no en las personas, ignoran el concepto de seguridad humana, donde lo fundamental es generar las condiciones para una sociedad con paz y armonía, se olvida la integralidad de la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad humana.
Esa paz se genera con una política social que respeta los derechos y la dignidad humana, no se logra con represión o la utilización del uso de la fuerza. Se ha demostrado que la guerra que se emprendió desde Felipe Calderón y que continúo Enrique Peña Nieto solo ha dejado dolor y miedo a nuestra sociedad. Está legalizando su rotundo fracaso en materia de seguridad.
Cada día hay más violencia, más asesinatos y más inseguridad. La Ley de Seguridad Interior prácticamente es una declaración de guerra y quiere utilizar al Ejército para poder ganarla, nada más absurdo. Encima, no hay una convicción o voluntad de respetar los derechos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Maricela Contreras Julián: Por eso, lo que proponemos es adicionar en el artículo 4o. la obligación de las autoridades señaladas en la ley, de respetar los derechos humanos de conformidad a los principios constitucionales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, esto representaría un freno a esta tentación autoritaria que quieren imponer con esta ley. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Maricela Contreras Julián. Pregunte la Secretaría si es de admitirse la reserva propuesta al artículo 4o. del dictamen.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha. Tiene la palabra la diputada Ariadna Montiel Reyes, ella, una de dos, reserva cuatro veces el artículo 4o. o tiene cuatro reservas sobre el artículo 4o., ahorita se lo voy a preguntar a Servicios Parlamentarios, pero son el 4o. y el 14.
La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada Ariadna Montiel Reyes: A los ciudadanos que nos siguen en la transmisión del Canal del Congreso, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena y con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de esta Cámara, me permito someter a consideración de esta asamblea propuestas de modificación a los artículos 4 y 14 del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, al tenor de lo siguiente:
Las propuestas de modificación planteadas sugieren adiciones en el contenido del dictamen que coadyuvarán a la garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y las garantías individuales de los ciudadanos en contra de posibles arbitrariedades que se puedan suscitar en la aplicación de la ley que hoy se presenta.
Tenemos que decir que la estrategia de llegar a la paz a través de la guerra deviene desde el gobierno de Felipe Calderón y continúo con el gobierno de Peña Nieto.
Es el Ejecutivo quien ha pasado por encima del Ejército y ha llevado a estas instituciones, a las Fuerzas Armadas a realizar acciones fuera del marco constitucional.
En Morena consideramos que la paz y la tranquilidad son producto de la justicia. México vive este clima de violencia e inseguridad porque no se han atacado las causas verdaderas de esta catástrofe nacional. La pobreza, la desigualdad, la falta de educación y oportunidades para los jóvenes.
Han pasado diez años y con ley y sin ley esta estrategia no ha funcionado. La violencia sigue y sigue creciendo. Hemos visto cómo ha evolucionado el número de delitos de un gobierno a otro porque no se ha atacado la causa de fondo. Hay que cambiar la política económica para atender primero a los pobres.
En esta reserva se propone que dentro del artículo 4 de la ley, al momento de definir el uso legítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, se establezca que dicho uso sea en todo momento garantizando los derechos humanos de las personas, implementando los protocolos de actuación de las fuerzas federales con el irrestricto respeto a la normatividad en materia de derechos humanos, así como los tratados internacionales suscritos por nuestro país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los mismos.
También se propone que, dentro de la definición de inteligencia de la seguridad interior, se establezca de manera clara en el cuerpo de la ley que la información obtenida en materia de seguridad interior sea obtenida de manera lícita.
No queremos conocer más temas como Cepegas, con lo cual se blinda de abusos por parte del Estado, como los casos de espionaje de los que ya hemos sido testigos. En materia de transparencia, resulta sorprendente que dentro de la ley se proponga clasificar como tema de la seguridad nacional la información que se genere con motivo de la aplicación de la misma, aun cuando en la aprobación en el año 2016 de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se dio un gran avance en esta materia.
Parece que a nuestros gobernantes aún les tiembla la mano para transparentar las actuaciones en materia del uso de la fuerza pública. Por lo cual proponemos que la información que se genere por motivo de la ley del carácter público y accesible a todos los ciudadanos sea totalmente transparente.
De igual manera, se propone que se elimine la facultad discrecional por parte del presidente y el secretario de Gobernación para el indebido uso de la ley, conferida en el artículo 24, artículo en el que de manera enunciativa se considera la posibilidad de que, aun sin la declaratoria de protección a la seguridad interior, se puede enviar a las Fuerzas Armadas a alguna zona geográfica del país, a criterio del presidente.
Ya hemos conocido a lo largo de este sexenio el criterio del presidente. Ya vimos que esta estrategia no ha pacificado al país. Ya vimos que esta estrategia que deviene desde los gobiernos de derecha, desde Felipe Calderón, no les ha dado una solución a las comunidades que viven en extrema violencia.
Pedimos que voten a favor estas reservas porque consideramos que el Ejército es, como nosotros, un pueblo. Es parte del pueblo, es el pueblo uniformado y se les ha obligado a actuar fuera del marco constitucional. Nosotros queremos vivir en paz, por eso proponemos que la inseguridad se abata combatiendo la pobreza. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Ariadna Montiel Reyes, que reservó tres veces el artículo 4o. y el 14. Pregunte la Secretaría si es de admitirse esta reserva.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se desecha. Tiene la tribuna, don Juan Romero Tenorio, que hará uso de ella, hasta por tres minutos, para presentar reservas a los artículos 4, 6 y 11.
El diputado Juan Romero Tenorio:Con la venia de la Presidencia. Dentro de mi intervención le solicito que se inserte en el Diario de Debates, el documento que entregué donde presento algunas consideraciones sobre la ilegalidad y la inconstitucionalidad de esta reforma.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tal y como usted lo solicita, diputado, se inserta íntegro el texto entregado a esta Mesa Directiva, por el diputado Juan Romero Tenorio, al Diario de los Debates.
El diputado Juan Romero Tenorio: Le agradezco, presidente. No es una cuestión de posición partidista, es sentido común. Esta Legislatura le ha fallado a los mexicanos y le fallará en lo que queda de periodo legislativo, antes de que concluya el tercer año de este pleno y de Congreso de la Unión.
Estoy trayendo una imagen que en 1998 dio la vuelta al mundo, es una fotografía de Pedro Valtierra, sobre una situación que implicó al Ejército y comunidades indígenas: Chenalhó, Chiapas, 1998. El asunto no es si el Ejército está o no en las calles. El asunto es la responsabilidad.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada y del Ejército y Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas en nuestro país tienen un comandante supremo, un jefe máximo que es el presidente de la República. Este presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no ha cumplido bien su tarea, seguridad interior vinculada a seguridad pública. Los mexicanos estamos preocupados por el alto grado de inseguridad.
En esta fotografía de Ejército y comunidades indígenas, encontramos a mexicanos enfrentados. Mexicanos enfrentados por una mala política de seguridad pública, por una irresponsabilidad, por una omisión de combate a la delincuencia organizada, una omisión para determinar la corrupción de policías estatales y federales implicadas con el crimen organizado. El presidente ha echado a perder todo, incluso a seguridad pública.
Cuando empezó su sexenio hablaban de la gendarmería, ¿dónde está la gendarmería? Se borró. Ahora, usando la legitimidad, credibilidad de las Fuerzas Armadas, quieren usarlas como instrumento de combate a la delincuencia. Craso error.
No son las Fuerzas Armadas, es el presidente quien se quiere lavar la cara con esta ley y al final del sexenio señalar quiénes fueron los responsables: las Fuerzas Armadas. Pero él es el comandante supremo y no está cumpliendo con el mandato constitucional de garantizar a los ciudadanos un marco de seguridad pública. No está cumpliendo con las Fuerzas Armadas al fallarles como comandante supremo y mandarlos a enfrentarse a la ciudadanía.
Las Fuerzas Armadas tienen una mala ley que los va a hacer al final responsables. Va a haber diversos amparos que los ciudadanos van a estar presentando contra sus actuaciones que no están dentro del marco legal de las Fuerzas Armadas vigentes en nuestro país.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Juan Romero Tenorio: Es un parque que se está haciendo. Las razones legales y constituciones están en el documento entregado y rectifico: la Suprema Corte no ha avalado esta ley. Avaló a las Fuerzas Armadas como auxiliares en la seguridad pública, más no a esta ley que ahora se está presentando. Hay que saber leer, señores diputados, y no engañar a la ciudadanía. Es cuanto, señor presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Reserva de diversas disposiciones del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Seguridad Interior, que emite la Comisión de Gobernación, que presenta el diputado Juan Romero Tenorio:
Violaciones al proceso legislativo
El dictamen que se presenta, no observa el procedimiento legislativo contenido en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 62 numeral 2; 65, 66 y 68 del Reglamento de esta Cámara de Diputados.
Violación a los artículos 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados
El dictamen que se pone a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, violenta los artículos 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados:
1. El dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito para aprobar o desechar los siguientes asuntos:
I. Minutas;
II. Iniciativas de ley o de decreto;
III. a VII. ...
2. (...)
1. El dictamen deberá contener los siguientes elementos:
I. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar;
II. Nombre de la comisión o comisiones que lo presentan;
III. Fundamento legal para emitir dictamen;
IV. Antecedentes del procedimiento;
V. Nombre del iniciador;
VI. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema;
VII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar;
VIII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro;
IX. al XIV. (...)
2 y 3 (...)
El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior no contiene la valoración de impacto presupuestal que determina el artículo 85, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 18, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de presupuesto de egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
(...)
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.
(...)
Lo anteriores necesario al establecer nuevas atribuciones para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Armada de México, en los artículos 5, 6, 11 y 12 del dictamen que se presenta. De igual forma, lo dispuesto en el artículo 13 en relación con el segundo transitorio del artículo único del proyecto de decreto, determina la erogación de las entidades y municipios con cargos a sus respectivos presupuestos en los casos de aplicación de la ley en cuestión.
Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados.
Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.
Valoración normativa del proyecto
El proyecto de decreto carece de la valoración normativa de su articulado con relación a otras disposiciones que regulan las atribuciones del Presidente de la República y la participación del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la Armada de México, en Seguridad Interior y su relación con los estados y municipios en materia de Seguridad Interior.
Si bien el artículo 89, fracción VI, de la Constitución determina que es facultad y obligación del Presidente preservar la seguridad nacional, dicha obligación y facultad no es discrecional, éstas se encuentran reguladas en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De igual forma, la facultad del Presidente de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, se encuentran regulados en diversas leyes expedidas por el Congreso de la Unión. A saber, las siguientes:
I. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
II. Ley de Seguridad Nacional;
III. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
IV. Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;
V. Ley Orgánica de la Armada de México, artículos 1, 2, 3 y 5.
De igual forma impacta otras leyes federales y nacionales, como son la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por cuanto hace al marco de competencia de los tres niveles de gobierno, la pretensión de regular el tema de seguridad nacional en el dictamen que se presenta, genera violación a disposiciones que determinan sus respectivas competencias.
En particular lo dispuesto en los artículos 6 párrafo segundo, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, y 27 de la Ley de Seguridad Interior que se proponen violentan los artículos 40, 115, 116, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al determinar atribuciones para las Fuerzas Armadas que violentan la soberanía de los Estados y la autonomía de los municipios en materia de Seguridad Pública.
El contenido de los artículos 5, 6, 29, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior que se propone, son invasivos y atentan contra el derecho humano a la privacidad, artículo 6 de la Constitución, al determinar que las autoridades, incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgo a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, así como la atribución para desarrollar actividades de inteligencia en materia de seguridad interior a través de cualquier método lícito de recolección de información y la atribución para requerir a las autoridades federales y órganos autónomos todo tipo de información, y la obligación de estos para proporcionarla (artículo 31), estableciendo de igual forma la atribución para que se requiera información de entidades federativas y municipios a través de una atribución ambigua para la coordinación y colaboración.
Violación a las garantías de legalidad y del debido proceso
El artículo 10 del decreto que se propone, violenta los derechos humanos al debido proceso y las garantías constitucionales de audiencia y defensa, al determinar que en materia de Seguridad Interior queda excluida la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que en sus artículos 1 y 3 determina los requisitos que deben atender todo acto administrativo de la Administración Pública Federal Centralizada, destacando los siguientes: ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo; tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; estar fundado y motivado; entre otros. Convirtiendo todo acto vinculado a la Seguridad Interior en un acto discrecional. Violentando los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de noviembre de 2017.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo, quien me informan ha solicitado su reserva se inserte íntegra en su texto en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada Mirza Flores Gómez hasta por tres minutos. Reserva los artículos 6, 7... 5, 7 y 8.
La diputada Mirza Flores Gómez:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente.
De esta ley hemos escuchado muchos de los argumentos que aquí se han vertido y que le han restado mucha importancia. Y la prueba está en que el pleno está casi vacío. Quienes van a votar a favor no están aquí escuchando los argumentos, que deberíamos tener tan conscientes para poder saber por lo menos qué estamos votando. Y van a gritar. Qué pena, qué pena, de verdad.
Para comenzar, el artículo 73 constitucional nos dice que el Congreso no puede legislar en materia de seguridad interior. Es por eso que los diputados ciudadanos hemos fijado nuestra postura en contra respecto del dictamen por el que se expide esta Ley de Seguridad Interior. Pues a esta se le quiere hacer responsable de un tema de seguridad pública, que debe estar en manos de autoridades civiles y no de las Fuerzas Armadas.
Hacer esto representa bajar los brazos y rendirnos, y decir y exponer tácitamente que nuestras autoridades civiles fueron incompetentes y no fueron capaces de dar resultados de seguridad a la población. Los ciudadanos no quieren a los soldados en las calles. Los ciudadanos exigen seguridad para ellos y para sus familias. No acostumbremos a los ciudadanos a que crean que están seguros por el sonar de las botas en nuestras calles, de las botas militares en nuestras calles.
La aprobación de esta ley implica una postura irresponsable por parte de cada uno de los diputados que lo harán a favor. Estamos sobrelegislando. Ya en esta soberanía se legisló en materia de la Ley de Seguridad Nacional. Esta ley, entre otras cosas, bifurca los dos temas, de defensa exterior y defensa interior. Ahí deberíamos estar trabajando en el tema, ahí deberíamos estar legislando, y no sobrerregulando.
Aquí también escuché a una compañera del Revolucionario Institucional decir que esto nos daba gobernabilidad. Yo difiero de mi compañera, porque la gobernabilidad depende de las acciones de las autoridades civiles. Y cuando entran las Fuerzas Armadas estamos en condiciones de tener que asumir la ingobernabilidad. La seguridad interior está mal entendida, como una alternativa para combatir a una exacerbada delincuencia, misma que se ha derivado por la exacerbada incapacidad y corrupción de los mandos civiles.
Una ley que da salida o da confort para que autoridades omisas, corruptas e incompetentes, pues no hagan su trabajo, y por la falta de aplicación de la seguridad pública, no debe de ser traducida esta, a lo mismo que seguridad interior.
Estamos también dejando de ver la importancia -y con esto concluyo presidente- ¿cómo nos están viendo en el exterior? La percepción que están teniendo nuestros socios comerciales en la comunidad internacional.
¿Cómo nos ven? Como un pueblo que militariza su seguridad, nos volvemos pocos atractivos siendo socios comerciales...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Mirza Flores Gómez: ...y siendo un país que recibe amigablemente, también, a su turismo. Estamos disparándonos en una rodilla y en un pie, seamos responsables, compañeros, buenas tardes y muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada Mirza Flores. Tiene la palabra la secretaria que consultará a la asamblea si se admite.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Se desechan. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez:Esta reserva que hacemos al artículo 5o., es una preocupación que tiene varios vicios de inconstitucionalidad, no obstante que toda la ley ya la aprobaron quienes paulatinamente se encargan de ser emisarios y actuar bajo las órdenes del presidente Peña Nieto y de ser unos agachones.
El artículo 129, para que les quede claro, ¿cuál es la parte que tiene que ver con el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, es que: en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de la población, estableciere para la estación de las tropas.
El dictamen también es inconvencional, es decir, contraviene convenios y tratados internacionales de los que el Estado mexicano ha firmado y por consiguiente es parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que una de sus preocupaciones centrales, en relación con las acciones implementadas por los Estados miembros en el marco de su política sobre seguridad ciudadana, es la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas profesionales que por su naturaleza son exclusivamente de las fuerzas policiales.
En reiteradas ocasiones la comisión ha señalado que, dado que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos para combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. Cosa que ni con Calderón ni con Peña Nieto se han logrado, ha sido una política fallida.
Para Morena lo que debe existir es una política pública sobre seguridad ciudadana, que se constituya en una herramienta eficiente para que los Estados miembros cumplan adecuadamente sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio.
La distinción entre las funciones que le competen a las Fuerzas Armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales como responsabilidades exclusivas de la seguridad ciudadana resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esta política pública.
La Corte Interamericana ha señalado en relación con este punto que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, a velar por la paz, la protección y control de nuestra soberanía, entrenamiento que no es propio del Ejército.
La comisión se ha referido también a lo expresado, que este tipo de planteos corresponden a la confusión entre los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, lo cual muchos de ustedes aquí con pura verborrea han intentado engañar a la ciudadanía para aprobar esta lesiva ley, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria por muy grave que sea no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado.
La comisión señala que en ciertos casos las Fuerzas Armadas continúan participando en la investigación de los delitos, en particular en los casos relacionados con el narcotráfico, crimen organizado, funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: El responsable de que las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército, hagan tal o cual acción para combatir esto que acabo de mencionar, es el presidente de la República, que es el comandante supremo, solamente que él no sabe cómo conducir a un país, mucho menos va a saber sobre cómo mandar a una Marina, a parte de las Fuerzas Armadas y al Ejército porque lo único que hace es desgastar a estas instituciones de mucho respeto. Por eso en Morena exigimos y pedimos, no es un asunto con el Ejército ni la Marina ni las Fuerzas Armadas de nuestro país.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Por eso hay que cuidarlos. El principal responsable de la sangre que ha derramado este país con gente inocente no es del Ejército ni la Marina, se llama Felipe Calderón Hinojosa y se llama Enrique Peña Nieto, quienes son los responsables de la masacre, que sin estar en guerra pareciera que sí lo estuviéramos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado. Ha consumido usted un minuto, 46 segundos. Permitan concluir al orador.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Tan solo en Colombia, para tener... -concluyo, presidente- para tener un marco, más de 60 mil afectados civiles en Colombia durante cerca de 45 años, y nosotros en México, en solo cuatro años llevamos casi la mitad. Para que vean la dimensión de lo que hoy en día es el fallido presidente que tienen ustedes en este México tan lastimado por él y por muchos de ustedes.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte, señor secretario.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Verónica Delgadillo García. Pide que se modifique el artículo 6o. del dictamen, hasta por tres minutos. Como ustedes saben, es además secretaria de esta Mesa Directiva.
La diputada Verónica Delgadillo García:Muchísimas gracias, presidente. Señoras y señores, compañeros y compañeras, el día de hoy estamos discutiendo sin duda la ley más importante de los últimos años, una ley que tendrá graves consecuencias en todos los mexicanos y las mexicanas. Lo peor de esto es que lo estamos haciendo de muy mala manera, a la forma del PRI, con un albazo legislativo, sin ni siquiera haber permitido una verdadera discusión o la inclusión de la opinión de la sociedad civil organizada.
Por más de una década los mexicanos hemos padecido los estragos de una estrategia de seguridad fallida y esto queda demostrado en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que él le prometió a todos los mexicanos que junto con su partido iba a transformar la seguridad en nuestro país, y como en otros tantos temas ha demostrado que no es capaz y que, al contrario, han empeorado los temas de seguridad.
No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los más de dos mil asesinados, los dos mil homicidios que se cometieron en el mes de octubre, el mes más violento en los últimos 20 años de nuestro país. También lo dicen los 166 mil homicidios que se han cometido, los 166 mil mexicanos que han perdido la vida a raíz de esta estrategia de seguridad.
Tenemos que dejarlo en claro, la Ley de Seguridad Interior, que hoy pretenden aprobar, no resuelve el tema de fondo, no resuelve la grave crisis de seguridad ni de derechos humanos que experimenta México. No lo resuelve, porque el PRI en el gobierno ha renunciado a su responsabilidad de formar policías, instituciones de seguridad civil, capaces, fuertes, eficientes.
No lo resuelve porque esta ley no le va a regresar ni la seguridad ni la tranquilidad a los mexicanos. No lo resuelve porque siguen sin entender que la inseguridad se combate mejorando el acceso a la educación, por ejemplo, reduciendo la desigualdad, elevando los sueldos, combatiendo la corrupción, la impunidad y capacitando y formando a nuestros policías.
Es increíble que a pesar de todo esto, el PRI tenga el cinismo de venir a la máxima tribuna de nuestro país a mentirle a los mexicanos. Es increíble que mientras que por un lado rechazan la Ley de Mando Mixto, por el otro quieren aprobar esta Ley de Seguridad Interior en fast track.
Es indignante que mientras que dicen que quieren resolver el problema hayan abandonado a los policías, que los hayan dejado a merced del mejor postor y que estén en manos de la peor generación de gobernantes que ha tenido nuestro país, 22 gobernantes del PRI y a su red de corrupción y de impunidad.
Señoras y señores, como ya hemos dicho aquí, en menos de 24 horas se va a escribir uno de los pasajes más vergonzosos de este Congreso y de nuestro país, y ante esta realidad quiero hacerle un reto al candidato presidencial del PRI, quiero decirle a José Antonio Meade, quiero retarlo a que se pronuncie sobre esta ley, que nos diga qué país se imagina él, que nos diga si él realmente cree que la guerra hace la paz.
Nosotros y millones y millones de mexicanos, aunque les moleste a mis compañeros priistas...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Verónica Delgadillo García: Voy a terminar, presidente. Nosotros y millones de mexicanos lo tenemos muy claro, la guerra no hace la paz. Queremos una seguridad sin guerra. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, se desecha. El diputado Jonadab Martínez García ha solicitado que se inserte el texto íntegro de su reserva en el Diario de los Debates, lo cual se cumplirá. Y tiene la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, hasta por tres minutos, para hablar sobre el artículo 7o.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez:Gracias, presidente. Ya se dijo aquí, pero lo vuelvo a reiterar o lo volvemos a reiterar los diputados de Morena. Las leyes orgánicas, tanto del Ejército y las Fuerzas Armadas establecen que el mando supremo lo ejerce el presidente de la República, por lo tanto, es Enrique Peña Nieto el culpable de las calamidades que estamos sufriendo por tener los soldados en la calle.
Es falso que el problema de inseguridad que estamos viviendo se vaya a resolver con los soldados en la calle, puesto que esto ya están ahí con o sin ley, pero se trata de disfrazar el fondo de un problema que viene por años sucediendo en este país y es la extrema pobreza que han causado todas las políticas neoliberales realizadas por estos últimos gobiernos.
Se pretende engañar a la población, a la sociedad, diciendo que la solución es enviar una Ley de Seguridad Interior que permita a los soldados estar en la calle y hacer labores de seguridad pública.
Yo creo que no aprenden la historia. Ningún gobierno militarizado en Sudamérica ni en ningún otro país ha tenido los efectos que se dicen hoy, aquí en esta tribuna, de quienes defienden esta ley.
Todos los gobiernos militares en Sudamérica han fracasado. Y por eso quiero advertir al jefe supremo, al mando supremo de las Fuerzas Armadas en nuestro país que no se atreva a utilizar al Ejército para reprimir a la población.
Pronto, muy pronto vendrá un gobierno democrático y fácilmente iremos a juzgar a aquellos que causen más daño a nuestra población utilizando a las Fuerzas Armadas.
Y es que, si se lee con cuidado esta ley, podemos ver claramente que está escondida una intención. No solamente en el artículo que pretendo modificar con esta reserva, el artículo 7, en su segundo párrafo permite una excepción, como lo hace también el artículo 8, que es el que pretende esconder la represión.
Dice el artículo 8 que no se pueden considerar amenazas a la seguridad interior las que sean manifestaciones, las que tengan una motivación político-electoral o social. Pero hablan de amenazas y lo pone con mayúsculas, porque se refiere a las que están enlistadas en la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, no solamente se puede actuar contra ella, también contra los riesgos de seguridad interior. ¿Y dónde están enlistados los riesgos de seguridad interior? En la Agenda Nacional de Riesgos que elabora el Cisen y esta es secreta. ¿Qué esconden ahí? Esa es la pregunta que queda en el aire en esta tribuna. Muchas gracias.
Presidencia de la diputada María Ávila Serna
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra, por tres minutos... Perdón, discúlpenme. Consulte la Secretaría, por favor, en votación económica si se acepta.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. A continuación tiene el uso de la palabra por tres minutos la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano, quien se reserva el artículo 7o.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres:Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Hoy se nos convoca para discutir... Bueno, más bien para darnos a conocer esta Ley de Seguridad Interior.
Tapamos el ojo al macho en temas de seguridad. Soy mexiquense, de la región de los volcanes y debo comentar que desde que se nos informó que en el Estado de México patrullarían más de tres mil elementos federales no ha pasado nada.
Esto lo digo en nombre de miles de mujeres, de mexiquenses que han desaparecido. Lo digo en nombre de una amecamequense amiga mía que a la fecha no ha llegado a su casa. A nombre de Jaqueline Galicia, que al otro día de su desaparición en el municipio de Amecameca llegaron cientos de elementos de la milicia que, insisto, no ha servido absolutamente de nada.
En cambio, sí han sucedido muchas violaciones a los derechos humanos y la inseguridad ha sido compañera, medio compañera, de la ciudadanía. Y lo digo con claridad porque soy mujer y esto pareciera un delito grave, porque nada más nos matan.
Las cifras así lo indican, somos primer lugar en feminicidios en todo el país. A los ciudadanos de todo el país... Debo decirles que en mi estado no se propuso otra ruta que militarizar para pacificar.
Compañeros, es claro que esta ley que se propone hoy no busca atender estrategias de seguridad pública, solo pretende justificar el uso de las Fuerzas Armadas, mismas que han expresado que no están preparadas para atender acciones de seguridad y que están en espera de seguir preparándose para sus funciones primordiales, como es la seguridad de nuestras fronteras.
Lo que al gobierno del PRI se le ha olvidado es mejorar las condiciones de los policías, sus condiciones salariales. Que se mejoren sus horarios y no se les pida laborar jornadas de 24 horas. Que se les asignen para su tranquilidad seguros de vida, un mejor equipo para que puedan realizar eficazmente su labor, como son chalecos antibalas o la tan anhelada capacitación.
De otro modo, sin recursos para nuestros elementos, será como cuando discutimos la llamada Ley Anticorrupción. En mi estado está en el olvido garantizar el acceso a la educación a los jóvenes, ofrecer más y mejores becas, incentivar la creación de empleos y a la par la inversión para que florezca la industria, el comercio y el turismo.
Concluyo, compañeros, diciendo que esta ley no sirve para nada. Las labores que pretende regular están descritas en la Constitución Política, no esperemos que con esta ley se solucionen los pendientes ante la ineficacia continua de sus formas anacrónicas de pacificación y reducción de los índices delictivos en el Estado de México y en todo el país. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Angie Dennisse Hauffen Torres. A continuación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación le damos el uso de la palabra al diputado Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos, quien se reserva el artículo 7.
El diputado Julio Saldaña Morán:Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con diputadas y diputados, y un fuerte saludo a todos los televidentes que nos ven por el Canal del Congreso. El presente dictamen no es la solución a los conflictos que hoy nos aquejan. Investigadores y organizaciones civiles coinciden en que esta nueva ley no cuenta con una estrategia real para combatir la inseguridad. No se le apuesta a la prevención y, sobre todo, no existe una definición de lo que el Ejército hará en permanecer en las calles.
Los tiempos que enfrentamos los mexicanos son difíciles, claro que sí, son muy difíciles porque no se han creado las condiciones de oportunidades para los mexicanos. Todo parece que es para reprimir manifestaciones sociales. Si en verdad quisiéramos fortalecer una mejor seguridad haríamos lo más importante: hacer cumplir un protocolo de seguridad, desde el inicio que se hace la aprehensión de un ciudadano que violenta la justicia. Desde la hora de la aprehensión hay que hacer los trabajos adecuados, formular y armar los expedientes para que el Ministerio Público tenga los argumentos reales, y ese delincuente pueda ir a ser sancionado y compurgar su condena.
Se abandonaron por muchos años a los policías. No les dieron la capacitación adecuada y necesaria. Malos salarios a los policías que a diario arriesgan su vida. A veces pienso que desde la Presidencia o desde este gobierno, o desde este Congreso, le apostamos que por decreto o por iniciativa vayamos a resolver los problemas que nos aquejan en materia de inseguridad.
Vámonos al fondo que son las causas. Hoy muchos de ustedes solo están viendo las consecuencias. Las causas: no ha habido inversión en estos momentos del Estado mexicano que genere empleos bien remunerados. Presume el Seguro Social de que hay generación de empleo. Sí, pero mal pagados. No ha habido una implementación para un mejor sistema de educación. Las becas no se han implementado para que lleguen a los sectores más vulnerables. Creció la macroeconomía pero creció la desigualdad social.
Se dice que hay inversiones, pero seguimos teniendo 60 millones de pobres que hoy con lo que se anunció en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues no creamos las condiciones para un bienestar social.
No lo vamos a resolver los problemas con tiros ni con más soldados. Lo vamos a resolver creando las condiciones, que el empresario tenga las mejores oportunidades para invertir y generar empleos que generen desde luego bienestar social.
No podemos -voy a concluir- seguir creyendo que por una ley que no coincido que sea la solución y que en entorno a lo que sucede en el país quisieran distraernos.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluyó su tiempo, diputado.
El diputado Julio Saldaña Morán: No, no coincidimos que esta ley que hoy se aprobó sea la solución si no volteamos a ver la realidad que el gobierno federal no ha tenido capacidad para llevar una política económica que genere bienestar social. Es cuanto y gracias por su atención.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Julio Saldaña. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos, quien se reserva el artículo séptimo.
El diputado José Santiago López:Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado José Santiago López: La reserva que hoy someto a su consideración tiene por objeto reformar el primer párrafo del artículo séptimo del dictamen, para establecer que, en lugar de protocolos emitidos por las autoridades correspondientes, los actos realizados con motivo de la aplicación de esta ley, deberán preservar en todo momento y sin acepción los derechos humanos y sus garantías en términos constitucionales y convencionales en la materia.
En el Grupo Parlamentario del PRD, reconocemos la labor de las Fuerzas Armadas en su labor de garantizar la paz, la soberanía y la independencia de la nación, pero creemos que es un error seguirlas manteniendo en labores de policía y de seguridad pública, porque no son tareas propias de su naturaleza.
Es lamentable que se confunda seguridad pública con seguridad interior. La seguridad pública se refiere a la preservación de las libertades, derechos, propiedades e integridad de las personas, así como preservar el orden y la paz pública.
La seguridad interior tiene por objeto superar, neutralizar y reducir antagonismos o presiones que se producen inter-fronteras; sus acciones tienen a contrarrestar todas las formas que puedan perturbar el orden interno o que tienen a destruir los valores y principios nacionales, como las acciones que conforman los llamados procesos subversivos concatenados usualmente con cargas ideológicas de cualquier origen, forma o naturaleza que se manifiestan en el ámbito interno del país y que quebrantan o tienen por meta minar o destruir los objetivos nacionales, ya sea atacando a las instituciones, controlando opresivamente a la población o destruyendo los valores de la nacionalidad.
Aquí la función del Estado es impedir o eliminar dichas acciones. El combate al crimen organizado en su vertiente de narcotráfico no es lo que el gobierno federal, es lo que el gobierno federal ha usado a las Fuerzas Armadas, es una materia propia de la seguridad pública. Por tanto, constitucionalmente compete a las policías civiles atenderlas.
Para expedir esta Ley de Seguridad Interior, el Congreso carece de facultades constitucionales. Esta Cámara no contempla los lineamientos que la ONU, a través de los principios de Siracusa ha emitido para hacer frente a situaciones extremas o estados de excepción y que pudieran comprometer los derechos civiles y políticos.
El día de ayer el PRI y sus aliados, en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, sepultaron la posibilidad de avanzar en la profesionalización de los cuerpos civiles de seguridad pública al rechazar la minuta de mando mixto policiaco. Se perdió la oportunidad de tener cuerpos civiles profesionales y honestos, capaces de cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 21 de la Carta Magna.
En cambio, hoy optan por perpetuar la militarización de la seguridad pública por tiempo indefinido. Se abre margen para la discrecionalidad y la violación de los derechos humanos, asimismo existe el riesgo latente de que se pudiera reprimir la protesta social.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluyó su tiempo diputado.
El diputado José Santiago López: Hoy imponen una visión errada, que estoy seguro que el día de mañana millones de mexicanos le pasarán factura en las urnas. Violencia, genera más violencia, pese a los más de 100 mil muertos que contabiliza este gobierno federal, parece no entenderse este mensaje. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias diputado José Santiago López. Consulte la Secretaría la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
A continuación le damos el uso de la palabra a la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos, quien reserva el artículo 8o., 16 y primero transitorio.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez:Gracias. Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias. Una vez más ha quedado demostrado el día de hoy quiénes le están dando la espalda a nuestro país, quienes pretenden militarizar nuestra nación generando más violencia y que la seguridad interior está siendo utilizada como un mecanismo en control y represión, que acabamos de vivir el mes más violento en años. ¿Es esta la respuesta a la inseguridad? Les pregunto, compañeros diputados.
La incapacidad de las autoridades no se resuelve con acciones legislativas emergentes, sin ningún análisis de fondo y aprobadas en procesos sintetizados, sin consultar, sin escuchar todo, como lo acostumbra hacer el partido que hoy nos gobierna.
Esta propuesta no es la respuesta a las necesidades de seguridad de la sociedad. Allá afuera la gente está cansada de ir al trabajo y regresar sin pertenencias o, peor aún, el no regresar. La gente está cansada de salir a la calle con miedo. Y en medio d esta crisis de seguridad y violencia se pretende presentar una propuesta, y cito textualmente, la cual salvaguardará la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno e instituciones.
A quienes representamos les interesa preservar y cuidar su patrimonio. Si lo logramos, esta estabilidad, entonces encontraron respeto a las instituciones sin necesidad de enfrentar a la sociedad y a las Fuerzas Armadas.
Como manifestamos, nuestra postura es en contra, pretendemos y confiamos en la consciencia de cada uno de nosotros como legisladores. Y por ello encontramos en las reservas una manera de detener este dictamen autoritario e incluso regresivo.
Mi propuesta en concreto son al artículo 8, donde debemos reiterar los calificativos sujetos a interpretación y únicamente que perduren las manifestaciones de protesta social que se apegue a la Constitución, es decir se eliminan las palabras motivo político electoral y pacíficamente. De esta manera se pretende bloquear que las protestas o manifestaciones sociales no sean consideradas por ningún motivo amenaza a la seguridad interior, sin margen de interpretación.
Por otro lado, al artículo 16, para que no se tome una decisión arbitraria que dependa únicamente del criterio o capricho del presidente de la República a la hora de determinar acciones para establecer el orden. Por ello, mi propuesta es adicionar, previa autorización del Congreso de la Unión, que en caso de no estar reunidos se procederá a lo establecido en el artículo 67 de nuestra Carta Magna.
Quiero concluir manifestando una vez más nuestro enérgico rechazo a esta propuesta por las razones que ya se han comentado. Es lamentable que obedece a titulares de dependencias que no son lo que enfrentan de manera frontal a la inseguridad y la violencia. Le están quedando mal a las Fuerzas Armadas, le están quedando mal a los ciudadanos de este país. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Erika Irazema Briones Pérez. A continuación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, por tres minutos, quien se reserva el artículo 8o.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:“No hay camino para la paz, la paz es el camino”. Gandhi.
Con su venia, diputada presidenta. La violencia se originó fundamentalmente por la falta de desarrollo y de empleos, por la corrupción imperante y la desatención a los jóvenes, y aquí están los responsables, tienen nombre y apellido: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
La aprobación de esta ley es una clara manifestación al miedo que tienen de perder el poder en las próximas elecciones de 2018, frente a Morena.
El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Sin embargo, vemos que en el dictamen que estamos por votar se agregan y violan los derechos humanos referentes a la libre manifestación de las ideas, no solo de las personas en lo particular, sino de los gremios que existen en nuestro país.
El artículo 8 del proyecto de decreto que estamos discutiendo es un grave atentado a la libertad de la libre asociación, a la libre expresión y al derecho de manifestación que impera en nuestro país.
En ese sentido, vengo a presentar reserva para que se incluya que no solo las movilizaciones de protesta social, sino las gremiales y personales no sean consideradas por ningún motivo amenazas a la seguridad interior, así como suprimir la palabra pacíficamente, toda vez que este gobierno pretende meter esquiroles en las movilizaciones para desestabilizarlas y tener pretextos para coartar el derecho a la libre manifestación.
No lo permitamos, votemos a favor esta reserva. Les muestro a los responsables de nuestra crisis. Gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. A continuación, tiene el uso de la palabra, por tres minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, quien se reserva el artículo 8.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:De nuevo, muy buenas tardes, compañeros legisladores. La certidumbre es uno de los fines del derecho, uno de los fines últimos, particularmente la certeza jurídica como un derecho humano fundamental.
Todo ciudadano necesita tener la claridad de los márgenes de actuación de la autoridad, la que solamente puede hacer aquello para lo que está expresamente facultado, por esa razón es que subo a esta máxima tribuna, para reservar el artículo 8o. de esta Ley de Seguridad Interior que dice: las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente, de conformidad con la Constitución. Y lo dejo hasta aquí la lectura.
Este tema de pacíficamente genera ciertamente una incertidumbre, más aún cuando volteamos a ver algunos episodios en la historia de México, particularmente hay un episodio muy doloroso que todos tenemos en la mente muy presente, que es justamente lo acontecido en octubre de 1968 cuando se sembraron, en la participación adecuada, justa, reclamando cuestiones sociales los estudiantes, se sembraron participaciones de agresores, que de alguna manera desestabilizaron una marcha que debió de haber sido así, pacífica.
Y esto no es tan poco común como pareciera, es un riesgo latente que debemos de prevenir como legisladores, para que todo ciudadano que tiene algo que comunicar a las autoridades tenga la tranquilidad de saber que no se utilizarán las Fuerzas Armadas para este tipo de situaciones.
De tal manera que tenemos que legislar con mucha claridad, con mucha nitidez que garantice la certeza a los ciudadanos. Las definiciones que se hacen en el contenido no pueden quedar a la discrecionalidad ni tampoco a esta experiencia.
Por tal motivo es que presento ante esta soberanía la reserva, Encuentro Social pone a su consideración, la que tiene como objetivo retirar esa calificación ambigua, para que solamente diga y cito ahora sí textualmente todo el artículo: Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior.
Nos debemos a los ciudadanos y los ciudadanos tienen diferentes maneras de comunicar sus necesidades, su malestar, justo su inconformidad. De tal manera que nosotros, como legisladores, es importante que nos unamos para asegurar que ellos puedan expresarse libremente, sin ningún temor a ser agredidos. Es todo y es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Norma Edith Martínez. A continuación consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Luis Fernando Mesta, del Partido Acción Nacional, por tres minutos, quien se reserva el artículo 8.
El diputado Luis Fernando Mesta Soule:Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Presidenta. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y para mí, el Ejército mexicano es una institución a la que le reconocemos su labor en el auxilio y apoyo a la población en desastres naturales. Esta ha sido invaluable, como lo ha sido su entrega en el combate de los grupos delincuenciales. Es motivo de orgullo y gratitud.
México es una nación que ha adoptado el modelo democrático, representativo y republicano. Adoptamos como medio de convivencia que los estados sean libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, por lo que la Ley de Seguridad Interior vulnera gravemente el pacto federal al conceder al presidente de la República la potestad de intervenir en los gobiernos locales.
Estamos votando una ley que no se ha querido discutir a fondo, un dictamen que se aprobó en comisión tan solo hace unas cuantas horas. Es primordial entender y atender ya el tema de seguridad, pero al hacerlo apresuradamente vamos a sacrificar derechos humanos fundamentales de las y los mexicanos, seamos responsables.
Es un gran error para la estabilidad democrática conceder a la Secretaría de Gobernación la facultad de aplicar una legislación que atente contra el Estado de derecho, ya que será ese órgano el que determinará en qué estado o municipio se emite la declaratoria de protección a la seguridad interior, quebrantando así la libre determinación de las autoridades locales electas democráticamente.
Esta ley es electorera, se está aprovechando la coyuntura para engañar a la ciudadanía y hacerle creer que el problema de la inseguridad se está atacando. Eso es totalmente falso. Lo que quieren son votos para el proceso electoral de 2018. Hagan su esfuerzo, pero hablando con la verdad a las y los mexicanos. ¿Qué pasó con el tema del mando mixto? Fue Enrique Peña Nieto quien propuso este modelo de seguridad. ¿Por qué el PRI en comisión votó en contra de este dictamen de minuta que lo regulaba? Ahora van por el mando único. Nuevamente el PRI mostró su rostro autoritario. Son muchos ejemplos que encontramos en la ley que hoy se impone para demostrar el espíritu vivo de Díaz Ordaz.
Pero me concentraré en el artículo 8o. del dictamen. Se pretende coartar la libertad de expresión y libre manifestación pública. Ustedes sí olvidaron el 2 de octubre, ¿verdad? La intolerancia es tal que se busca legitimar con esta ley la acción violenta para inhibir protestas en contra de la acción gubernamental.
La modificación que vengo a proponer consiste en garantizar el derecho y ejercicio a la manifestación pública de ideas, la protesta social y las expresiones político-electorales.
El artículo 8o. del dictamen establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral no podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior, salvo que no sean pacíficas. El error del dictamen y la trampa consiste en dejar al presidente de la República la determinación de cuáles son pacíficas.
Deja un vacío conceptual que ofrece plena libertad a la autoridad para hacer uso de esta ley en contra de la ciudadanía. No privemos a las y a los mexicanos...
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado.
El diputado Luis Fernando Mesta Soule: ...de su derecho a manifestarse libremente. Es cuanto.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Luis Fernando Mesta. A continuación consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, por tres minutos, del Partido de la Revolución Democrática, quien se reserva el artículo 90.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Compañeras y compañeros, esta ley pretende regularizar lo irregular, normalizar lo anormal, perpetuar lo que debería ser temporal. Y para lograrlo, el poder civil encarnado en el PRI gobierno está usando a las autoridades militares, a los militares en general, de una manera ignominiosa.
No conformes con haberlos echado a la calle a ejercer funciones policiacas que no les competen, que les son ajenas, ahora pretenden engañar a la opinión pública diciendo que quienes estamos en contra de esta ley estamos en contra de la protección que las Fuerzas Armadas le dan a la población civil en muchas partes del país. Nada más falso.
Yo expreso aquí y ahora mi respeto por las Fuerzas Armadas mexicanas. Quienes tenemos amigos en el Ejército y en la Marina, sabemos que ellos no quieren hacer estas funciones, están a disgusto ejerciendo el papel de policías, que no quieren seguir ahí. Y lo que se está haciendo con esta propuesta es quitar los incentivos para que se capaciten a las policías, para que se agilice la preparación de las fuerzas policiacas y se permita el retiro pronto de las Fuerzas Armadas, se están generando los incentivos opuestos, incentivos perversos para que se mantengan como están las cosas, eso es muy grave.
Y, por si fuera poco, se están introduciendo instrumentos de opacidad que no existían antes y con eso tiene que ver la reserva que ahora presento.
Lo dijo, y lo dijo bien el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en la Comisión de Gobernación, cuando una política pública fracasa se le desecha o al menos se le modifica, pero nunca se le legaliza, y eso es lo que se está haciendo ahora. Esta minuta es la legalización del desastre, es la legalización de un error que ya lleva 11 años, 11 años en que se ha bañado a México de sangre y se le ha convertido a nuestro país en un inmenso cementerio.
Esta iniciativa, este dictamen que hoy discutimos es, insisto, la legalización del desastre, la perpetuación del error. No exagero, compañeras y compañeros, cuando les digo que hoy se está incubando el huevo de la serpiente. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado Agustín Basave. Pregunte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por tres minutos, quien se reserva el artículo 9o., 21 y 27.
La diputada Claudia Sofía Corichi García:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: El dictamen que estamos discutiendo hoy -ya lo hemos dicho de manera reiterada- intenta expandir las facultades de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, y estamos convencidos de ello porque no podemos decir que no a algo tan claro.
El artículo 21 de nuestra Constitución Política establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil, por tanto es innecesario intentar legalizar desde un enfoque militarizado ya que es contrario a las obligaciones constitucionales e internacionales contraídas por México y que hasta el día de hoy se ha demostrado, son ineficaces y fomentan aún más la impunidad. Es decir, tampoco hemos visto un cambio cuando entran las Fuerzas Armadas.
Tenemos sin embargo, por otra parte, señalamientos reiterados de violaciones a los derechos humanos, lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Tortura sexual a mujeres en los momentos de detención, también la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón Tlatlaya, en el Estado de México, la madrugada del 30 de junio de 2014, o los atroces actos de tortura que sufrieron cuatro personas a manos -también hay que decirlo- de algunos militares en Baja California Norte en junio de 2009.
Pero hay más. Las víctimas de las 99 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2006 hasta la fecha sobre temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas; más de 200 organizaciones y una gran cantidad de sentencias, diagnósticos, recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Tenemos una crisis de derechos humanos.
Es por esto que sin duda en todas las corporaciones nadie es de una manera o de otra. Toda es la corporación completa. Pero sí tenemos que cuidar el tema de los derechos humanos.
Hemos sido señalados de manera internacional, a nivel internacional por las violaciones permanentes a los derechos humanos. Y es un tema que nos preocupa porque se ha ido agravando cuando entran a funciones que no les han correspondido las Fuerzas Armadas. Es por ello, que presentó el día de hoy dos reservas que tienen que ver con este tema de la defensa de derechos humanos.
Por una parte, creo es necesario que en el artículo 21 donde se establece constituir un grupo interinstitucional a efecto de coordinar la realización de las acciones de seguridad interior, así como para el seguimiento a las acciones de preparación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, es necesario adicionar un párrafo para que estas mismas definan las estrategias especiales necesarias de supervisión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, que esté presente.
Y también propongo un segundo párrafo al artículo 27, para que cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito, en ningún momento participen en tareas relacionadas con la investigación de dicho delito, tiene que quedar establecido y tiene que llamarse a las autoridades competentes. Es necesario blindarnos ante las constantes y graves violaciones a los derechos humanos.
Si hoy permitimos que esta ley pase así; si además no pasó el mando mixto, se trabó en comisiones, en la madrugada pasó algo, de verdad que ¿cuál va a ser el pretexto después? Si esta Ley de Seguridad entre en vigor ¿cuál va a ser el pretexto? ¿Cuál va a ser el pretexto de los gobernadores? ¿cuál va a ser el pretexto del gobierno federal si las cosas siguen más mal? Pero encima, con una violación permanente a los derechos humanos.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya diputada.
La diputada Claudia Sofía Corichí García: Es por eso que finalizo pidiéndoles que podamos al menos aprobar en estas dos reservas estas adiciones para garantizar los derechos humanos y que no hagan de investigadores quienes están ahora entrando, o irán a entrar a las calles también a hacer seguridad pública. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias diputada Claudia Sofía Corichi. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación se le concede el uso de la palabra, por tres minutos, al diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, quien se reserva el artículo noveno.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:Gracias. El día de hoy están aprobando la Ley de Seguridad Interior, y que las consecuencias que de ella emanen recaiga sobre sus conciencias.
El Grupo Parlamentario de Morena se opuso rotundamente. Hay que manifestarlo, somos respetuosos. El Ejército no es responsable de la violencia que se vive en el país, que eso quede muy claro. Las Fuerzas Armadas son pueblo, y al igual que nosotros, padecen de los malos gobiernos. El verdadero responsable actualmente es el gobierno actual comandado por Enrique Peña Nieto. El Peña Nieto de Atenco, que dejará el cargo el próximo año, dejando atrás una estela de sangre sobre el país.
Ha sido, es y seguirá siendo un error reducir la estrategia de seguridad a la capacidad de fuego entre el crimen organizado y las autoridades encargadas de la seguridad pública. Esta política de violencia lleva más de 10 años aplicándose en nuestro país, sin resultados fructíferos hasta ahora.
Les pregunto, ¿quién se siente más seguro en el México de hoy que hace tres, cinco o diez años? Están errando el camino. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos coloca a México entre los diez países más violentos del mundo. La política de seguridad pública debe priorizar la inteligencia sobre la fuerza.
La presente ley no fomenta la profesionalización de las policías locales, por el contrario, les resta autoridad y atenta contra la autonomía en los estados de la Federación. En la política de Seguridad Pública no existe una ruta que conduzca al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los cuerpos de seguridad para que realicen su labor con dignidad y en buenas condiciones.
La violencia no se resuelve con más violencia, no. No se resuelve intimidado a la sociedad, al contrario, les quita la tranquilidad a los ciudadanos y lo único que produce es la fragmentación de los grupos criminales de donde emergen nuevos liderazgos aún más violentos.
En Morena estamos convencidos que México necesita desarrollo económico, democrático, necesita igualdad de oportunidades para todos, necesita acabar con la pobreza, necesita justicia, no más armas en las calles. Lo que queremos es paz social.
Además de sumergir al país en una ola de violencia, el artículo 9 del dictamen atenta contra el derecho de acceso a la información. Indica que la información que se genere con motivo de la ley será considerada de seguridad nacional, es decir, podrá clasificarse como reservada y confidencial.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con el ocultamiento de esta información se da un margen de acción sumamente discrecional al Ejecutivo sobre el manejo de recursos financieros, humanos y materiales. Con esta ley no solo estaremos intervenidos bajo el comandante supremo, que bajo criterios nada claros podrá reprimir la protesta social...
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:O resistencia civil -estoy por concluir, presidenta- bajo el argumento de la seguridad interior, sino que además no tendremos derecho a saber cuáles serán los efectos de las dichosas declaratorias de protección.
El pueblo de México no quiere más violencia e intimidación en las calles. Quiere desarrollo y justicia social, que se conseguirá solo con austeridad gubernamental y la mesura, valores como pilares de cualquier política pública que podrá lograr que México viva en paz.
Pongo a consideración de esta asamblea la reserva al artículo 9 del dictamen...
La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Para que la información que se genere con la aplicación de esta ley no pueda ser considerada como reservada o confidencial, y así garantizar el derecho de acceso a la información a todos los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. A continuación tiene uso de la palabra la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La diputada Hurtado Arana ha reservado los artículos 10, 12, 13, su propuesta es suprimiéndolos. Se le conceden tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Karen Hurtado Arana:Con su permiso, señora presidenta. Compañeros diputados, me sumo rotundamente a las expresiones de respeto por las Fuerzas Armadas y la noble labor que realizan en nuestro país en situaciones de desastre, mismas que fueron expresadas en esta tribuna el pasado mes de septiembre. Y es precisamente por ese respeto que les tenemos, que no podemos sacarlos a las calles de manera permanente, cuando nosotros como mexicanos con nuestros impuestos pagamos su adiestramiento y en ocasiones altos mandos han expresado que ellos no han sido formados para ser policías.
Recordemos que el Ejército no es quien debe pagar los platos rotos de la estrategia de seguridad fallida del actual gobierno, lamentablemente en la otra cara de la moneda se han documentado abusos y excesos de parte del personal militar, que las más de las veces quedan en la impunidad.
Para nadie es desconocido que a un militar le es más fácil abusar y violentar de los derechos humanos y mientras este país no disminuya sus índices de corrupción y no fortaleza sus instituciones en materia de procuración de justicia, no podemos permitir que la moneda siga al aire. No podemos permitir que la seguridad esté a cargo de la institución que está diseñada para salvaguardar al país de fuerzas extranjeras, no de los mismos connacionales.
No podemos olvidar el papel que jugó el Ejército durante la Guerra Sucia, no podemos ser omisos ante el dolor de ejecuciones, de las desapariciones forzadas y de todas las atrocidades que padecieron quienes buscaban un mundo mejor.
Diputadas y diputados cómplices del gobierno han aprobado de manera general una ley que ha sido creada en circunstancias sospechosas, y casualmente esto ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto urgiera al Congreso a votarla pese a muchas críticas de la sociedad civil.
Como ya lo dijo mi compañero diputado integrante de la Comisión de Gobernación, es un dictamen que fue entregado apenas hace unas horas, carece de definiciones precisas para dejar en ambigüedad conceptos, protocolos y situaciones fundamentales que quedan sujetos a la mera interpretación, y eso no resuelve el problema de capacidades locales y estatales para la seguridad, ya que son los municipios y los estados quienes deben de completar sus capacidades para cumplir con su función constitucional.
Definir el concepto de seguridad interior nos podría llevar bastantes horas y hablar de los casos en los que pueda aplicarse la presente ley genera inmensas lagunas jurídicas. Así que no podemos entregar un cheque en blanco al Ejecutivo para militarizar el país, y es por ello que propongo que se deroguen los artículos 10, 12 y 13 de la presente ley, ya que no podemos dejar que se criminalice cualquier situación o coyuntura que convenga al partido en el poder.
No podemos permitir que se criminalice la protesta social, cuando es a través de la acción social que la ciudadanía se ha manifestado libremente y contribuido a la transformación social y el fortalecimiento institucional de este país.
Invito a los compañeros diputados a que puedan votar a favor esta propuesta de derogar estos artículos, ya que no ayudan a nada para el crecimiento de este país. Muchas gracias.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Karen Hurtado Arana. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha.
Quiero informar a esta soberanía que el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien hubiera presentado una reserva, ha declinado. Se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates.
«Intervención del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior.
Número 1
La reserva que hoy ponemos a consideración de esta Asamblea, tiene que ver con las facultades discrecionales que se otorgan a las Fuerzas Armadas para ejecutar acciones preventivas en materia de seguridad interior. Debemos señalar que el dictamen en comento, al definir en el artículo 2 a la Seguridad Interior, no hace ninguna especificidad respecto al concepto de Seguridad Nacional contenido en la ley de la materia, generando confusión entre ambos conceptos, lo cual repercute en la definición de las acciones en materia de seguridad interior como aquellas que, desarrolladas por las autoridades federales, incluyendo a “las Fuerzas Armadas”, para identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior, señalando que éstas son las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
Afirmamos, en consecuencia, que dada la importancia de la materia que nos encontramos legislando, la imprecisión y confusión entre los conceptos que se contienen en el dictamen que hoy discutimos, resulta imprescindible su reformulación para evitar que nuestras instituciones puedan cometer violaciones a los derechos humanos debido a la falta de coherencia legal.
Es por ello que solicitamos a esta Asamblea la aprobación de esta reserva con la finalidad de acotar las facultades de quienes, en ejercicio de lo que establece esta ley, pudieran caer en excesos debido a que no existe ningún tipo de contrapeso que pueda equilibrar el actuar de las autoridades federales.»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:De igual manera, el diputado Juan Pablo Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha declinado. Se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Angélica Moya Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien presentó la reserva al artículo 14. Se le conceden tres minutos para su participación.
La diputada Angélica Moya Marín:Con su venia, presidenta. Debemos aceptar que no ganamos la votación, pero sí quiero intentar por lo menos insertar una fracción en el artículo 14, para que nos permita medir la actividad, en términos de una evaluación objetiva de la actuación del Ejército, en términos de derechos humanos. Ojalá y lo logre.
La redacción sería la siguiente. Insertar en el artículo 14, en donde se habla precisamente acerca de las condiciones que tendría que tener o los requisitos que tendría que tener el acuerdo de declaratoria de protección a la seguridad interior, para insertar una fracción que estaría redactada en estos términos: Como un requisito más, la evaluación sobre el empleo de la fuerza, en términos de su justificación, aplicación y valoración de las consecuencias, en materia de respeto a los derechos humanos.
Ojalá que ya que se aprobó esta ley pueda perfeccionarse con medidas de este tipo, en el sentido de que los militares puedan ser evaluados, en términos de su actuación con relación a los derechos humanos, de una forma objetiva y como un requisito indispensable para la declaratoria de seguridad interior. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Angélica Moya Marín. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. Quiero informarles, antes de conceder el uso de la palabra a nuestro siguiente orador, que la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha declinado, la diputada había presentado dos reservas, se inserta, como en todos los casos, el texto íntegro en el Diario de Debates.
Lo mismo, el diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha declinado también su reserva, la misma será integrada al Diario de Debates.
También la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha declinado su reserva, también se estará integrando, junto con la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien también ha declinado, y junto con la reserva sometida también de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, quien ha declinado, estas tres reservas también se insertan íntegras en el texto en el Diario de los Debates.
Diputadas y diputados, con este último balance nos quedan seis oradores. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Valencia Guzmán ha presentado reservas al artículo 15 del dictamen, adelante, diputado, tiene usted tres minutos.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán:Con su venia, presidenta. La idea es que se modifique el artículo 15, a fin de que la facultad de la declaratoria no recaiga en el presidente de la República sino en la Cámara de Diputados o en la ausencia del pleno de esta en la Comisión Permanente y entregaré la reserva correspondiente.
Quiero citar una frase del 1 de diciembre de 2012, que dice así: “México exige vivir en paz. Estoy convencido que el delito no solo se combate con la fuerza. Es imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social”. Eso no lo dijo algún opositor a la Ley de Seguridad Interior, lo dijo Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012.
¿En qué momento el gobierno federal abandonó su principal bandera en materia de seguridad, lo que tenía que ver con prevención? Porque así se anunció, así lo dijo en sus promesas de campaña, en los primeros eventos, incluso se creó en el gobierno federal una subsecretaría de prevención del delito que dependía de la Secretaría de Gobernación.
Y digo dependía, aunque existe, porque tenía un presupuesto por encima de los 3 mil millones de pesos. Hoy, esa Secretaría no tiene un solo peso, esa Subsecretaría de Prevención del delito.
¿En qué momento el presidente, el gobierno federal, abandonó la política de prevención para llevarnos a una política de uso de la fuerza, a una política de militarización del país, como aquí ya se ha dicho? Decía alguna de las diputadas del PRI que no nos engañemos, que no se va a militarizar el país. No, no se va a militarizar, ya está militarizado.
En 24 entidades de la República existen los centros de operaciones mixtas comandadas por el Ejército o la Marina, 24 entidades de la República, tendría ya que hacerse la declaratoria de la cual habla la ley. Es decir, estamos ante un grave problema, porque además, cuando llegó Peña a la Presidencia había 75 comandos de operaciones mixtas en el país, ahora hay 170. Es decir, 95 más que cuando inició este gobierno y es un claro ejemplo de militarización del país por parte del actual gobierno.
Cada día, ante la falta de capacidad para darle seguridad a los habitantes del país, con políticas de precisión adecuadas, con programas de apoyo a las y los jóvenes, con apoyo a las comunidades con cierto nivel de vulnerabilidad.
Lejos de eso, se plantea confirmar su fracaso en materia de seguridad y se recurre a una institución prestigiada, como el Ejército mexicano, una institución prestigiada para el Estado mexicano, para exponerla a los embates de la delincuencia organizada. Y hay que decirlo, ha habido...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputado.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: ...esta guerra absurda que inició Felipe Calderón y que ha continuado Enrique Peña Nieto, que ha dejado miles y miles de muertos. También es cierto, ha dejado decenas, cientos de integrantes de las Fuerzas Armadas muertos por su absurda guerra contra el narcotráfico. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Valencia Guzmán. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La diputada ha reservado el artículo 16 proponiendo su supresión. Se le conceden tres minutos.
La diputada Olga Catalán Padilla:Gracias, diputada presidenta. Apreciados compañeros, la propuesta de Ley de Seguridad Interior que hoy se nos presenta es una propuesta que está llena de secciones, las cuales abren la posibilidad de que la actuación de las fuerzas federales y armadas se lleve a cabo con total discrecionalidad e impunidad.
Mayo de 2006, Atenco; junio de 2014, Tlatlaya; septiembre de 2014, Ayotzinapa; junio de 2016, Nochixtlán. Y desde luego que no olvidamos la matanza del 2 de octubre de 1968. Todos estos lugares y fechas significativos por representar dolor, frustración e impotencia para el pueblo mexicano.
Pero, sobre todo, son clara muestra de las consecuencias derivadas de depositar en manos inexpertas facultades de decisión tan importantes como el uso de esas fuerzas en la resolución de conflictos políticos, económicos o sociales, que a voluntad pueden ser exhibidos públicamente y de manera perversa como actos que representan un riesgo a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones.
El artículo 16 de la ley que hoy se discute, emplea el término grave peligro, sin embargo, en ningún momento lo define con claridad. Considerando que la Agenda Nacional de Riesgos es un documento confidencial que puede incluir cualquier cosa que le moleste al régimen dentro del listado de riesgos, como podría ser un movimiento social e incluso la migración, por ello cuestionamos ¿cuáles serían los parámetros a considerar por el titular del Ejecutivo, para que en cualquier momento una expresión que vaya en contra sus intereses o evidencie alguna falta u omisión de su parte, se considere un grave peligro y por ende se haga uso de las fuerzas federales y armadas en su resolución?
No olvidemos que las y los diputados somos responsables de dotar a la población de leyes que den orden y seguridad a su vida cotidiana, pero también estamos obligados a garantizar que en esas mismas leyes se incluyan los controles que den certeza al respeto de sus derechos y siendo congruentes con ese encargo debemos velar porque una responsabilidad tan grande no quede en una sola persona, facultándola para ejercer ese poder de manera enteramente discrecional.
Es por esto, que propongo la eliminación de este artículo, buscando con ello dar plena garantía al ejercicio de los derechos humanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. A continuación, se concede el uso de la palabra, al diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado presenta dos reservas, a los artículos 23 y 25. Tiene usted tres minutos, diputado.
El diputado Erik Juárez Blanquet:Gracias. Con su permiso, presidenta. Compañeros diputados. Hasta el término de seguridad interior es un término propio de los regímenes autoritarios, y eso no lo digo yo, lo expresó el alto comisionado en México de la Organización de las Naciones Unidas.
Esta Ley de Seguridad Interior que se pretende aprobar e imponer con mucha urgencia, yo también creo que obedece a un gran miedo que tiene que ver con la antesala de las elecciones en el 2018. Se le tiene un gran terror y temor a la derrota, por eso en unas cuantas horas se planeó y se orquestó el dictamen y la aprobación y la discusión de esta ley en la Cámara de Diputados el día de hoy.
Este dictamen que se pretende aprobar el día de hoy no es más que un golpe de facto. Imagino que es el plan B del PRI-gobierno ante la eminente derrota y fracaso en las elecciones del 2018.
Pero los diputados del PRD no permitiremos que se mancille a una institución tan prestigiada como lo es el Ejército mexicano. No estamos de acuerdo en que lo hagan cómplice de su incompetencia.
Esta ley que pretenden aprobar el día de hoy no es más que el resultado o, dicho de otra forma, es el reflejo de la estrategia fallida que utilizaron en materia de seguridad que pretenden oficializar, legalizar, normalizar y justificar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, propias de la esfera civil.
Los mandos civiles han quedado rebasados ante el problema de la delincuencia organizada quizá porque muchos personajes del Estado sean tapaderas de las organizaciones criminales y pretendan justificar esta oleada creciente, colocando a nuestra última línea de defensa que es el Ejército al frente, y que este sea susceptible de ser contaminado por los enemigos de la sociedad.
La guerra iniciada por Felipe Calderón y relevada con Enrique Peña Nieto, no ha terminado con el problema de la delincuencia y sí ha teñido a este país de sangre, y hay una constante y flagrante violación a los derechos humanos de la sociedad civil. Le llaman daños colaterales.
Esta ley, compañeros y compañeras, deja muchos cabos sueltos que permiten la opacidad en el uso de la fuerza y dejan a los civiles al libre albedrío de la justicia militar. Sí, ya voy a terminar compañeros.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya diputado.
El diputado Erik Juárez Blanquet: Este proyecto excluye la materia de lo contencioso administrativo, dejando a un lado al ciudadano en la mayor indefensión respecto a las acciones del Estado. Esto es muy grave señores y señoras.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya diputado.
El diputado Erik Juárez Blanquet: Eso tiene un nombre, y sencillamente se le llama dictadura. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tres minutos.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:Cinco.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le conceden cinco minutos al diputado, dado que ha presentado cinco reservas.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Yo no he comido como varios de ustedes o varios de ustedes sí. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Bla, bla, bla decía un diputado que hace como un par de horas se subió aquí a tratar de ironizar la posición de quienes nos hemos manifestado en contra de este dictamen para sacar adelante una Ley de Seguridad Interior.
Yo les digo, miren, es falso que se haya escuchado a las organizaciones de la sociedad civil, ahí están las manifestaciones de los últimos días de más de 250 organizaciones de aquí de nuestro país que se manifiestan en contra. Ahí están también las opiniones de más de 10 organizaciones internacionales al respecto. Si se les hubiera tomado en cuenta no estaríamos, por lo menos en esta ocasión, discutiendo sobre el particular.
Y es falso también que el dictamen esté apegado a la Constitución y a los tratados y convenciones de las que ha participado México firmando sus resolutivos. Y también es falso por todo lo que aquí se ha dicho por muchas compañeras y compañeros, que es una ley la que se pretende sacar adelante para proteger y darle un marco jurídico adecuado a las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Hay que decirlo claro y tajantemente, aunque se oiga y suene machacón. La ley que se pretende aprobar es inconstitucional e inconvencional, legaliza la violación de los derechos humanos como un aspecto potencial, como un riesgo, no establece controles claros de los órganos del Estado para entrar a hacerle un contrapeso a las acciones de las Fuerzas Armadas y, desde luego, las desgasta y las pone en serio riesgo en su propio prestigio a nuestras Fuerzas Armadas.
Miren, el artículo 26, uno de los que reservé, dice en su segundo párrafo: las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente, y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior sin controles.
El artículo 32 dice: el titular de la autoridad coordinadora de las acciones de seguridad interior mantendrán informado al presidente de la República de las acciones realizadas por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación. Es decir, ni siquiera al Congreso.
Y luego el artículo 34, como remate de muchas cosas, dice que el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta ley, en la declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando ni siquiera Fiscal Anticorrupción tenemos, como para acabarla de rematar.
Entonces yo digo, cuando la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos de nuestro país ha dicho, ha prevenido sobre los contenidos violatorios potenciales de los derechos humanos, aquí como lo escuchamos en voz de una diputada del PRI lastimosamente, que me merece todo su respeto en lo personal, pero qué lástima de intervención, prácticamente como aquí se dijo también por la diputada Gaytán, vino a prácticamente -a prácticamente- a amenazar al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya está visto por dónde se quiere caminar.
Pero eso mismo, y ustedes lo deben asumir, amigas, compañeras y compañeros, está cantada la acción de inconstitucionalidad por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos por adelantado. Y están cantadas también las acciones de inconvencionalidad que se declararán por organismos internacionales, cuando el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU también pidió al Estado mexicano, a nosotros, como legisladores, que detuviéramos esta acción que hoy se pretende aquí consumar.
¿Para qué legalizar pues lo que está funcionando mal? Ojalá y el Senado corrija esta aberración constitucional inconvencional que aquí se quiere sacar adelante. Dijo el diputado Basave que aquí se estaba incubando el huevo de la serpiente. Diría que aquí está iniciándose, aquí se está gestando la génesis -válgase la expresión- de un golpe de Estado silencioso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
Presidencia de la diputada María Ávila Serna
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado secretario. Se desecha. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien presentó una reserva al artículo 27. Se le conceden tres minutos. Adelante, diputado.
El diputado Leonardo Amador Rodríguez:Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras, legisladores, a todos los que nos ven por el Canal del Congreso. La reserva que presento al artículo 27 del dictamen se debe a la fragilidad con que esta está redactada, ya que señala que cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del conocimiento del Ministerio Público.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, percatar significa advertir, notar o percibir algo. Nuestra Constitución señala puntualmente en el artículo 16, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
En su párrafo cuarto, se establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
Es decir, aprobar este artículo como se encuentra redactado garantiza el uso de la fuerza con los protocolos en que fueron formados los militares. En suma, como afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos o contravenir la Constitución.
Nosotros en el PRD estamos a favor de la defensa irrestricta de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y estamos en contra de otorgar a las Fuerzas Armadas acciones a su criterio. Por eso exigimos la eliminación de este artículo. Es cuanto, señora presidenta.
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Leonardo Amador Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. Damos paso a nuestro último orador de acuerdo al registro de artículos reservados. Se le concede el uso de la palabra hasta por tres minutos, al diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado reservó el artículo 30 del dictamen. Adelante, diputado.
El diputado Felipe Reyes Álvarez:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y diputados, lo que sostiene el artículo 30 de esta ley en discusión, no es congruente con la realidad mexicana, ya que facultaría a las Fuerzas Armadas y a cualquier fuerza de seguridad pública federal a hacer uso de cualquier método lícito -entre comillas- para investigar y recolectar información.
Por lo tanto, el artículo en cuestión, más que atender un asunto de inteligencia de Estado, pone a toda la población civil en una situación de alta vulnerabilidad, ya que estas disposiciones trasgreden las funciones constitucionales del Ministerio Público y de los jueces federales, de acuerdo a los artículos 21, 100 y 102, ya que son las autoridades que tienen la facultad de investigar y de expedir las órdenes de cateo, más aún tratándose de civiles.
En México, la violación a los derechos humanos cometidos por las autoridades federales no es un tema nuevo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido un total de 12 mil 400 quejas durante los pasados nueve años en contra de las Fuerzas Armadas, por los diversos actos violatorios a las garantías individuales, con lo que podemos ver claramente una falta de cultura y respeto al Estado de derecho.
A más de 10 años, los resultados negativos de una fallida guerra contra la violencia y el crimen organizado, nuestro país sigue pagando un enorme costo humano, que dejará secuelas por décadas por la falta de políticas públicas de prevención, atención y regeneración de nuestro tejido social.
Se puede entender que el combate al crimen organizado por parte de las fuerzas civiles no ha sido el esperado. Pero no por ello debemos aceptar una Ley de Seguridad Interior que faculte a las Fuerzas Armadas a contener este flagelo, lo cual sería un grave retroceso, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento, que es propio de los entes policiales.
Es por ello que hemos manifestado nuestra preocupación de que los militares realicen tareas de inteligencia, como se señala en el artículo 30 de la citada ley, lo que pone en riesgo los derechos humanos de las y los ciudadanos.
Esta disposición resulta constitucionalmente cuestionable, porque significa dar sustento legal a acciones que de facto ya suceden todos los días en el territorio nacional por parte de las Fuerzas Armadas.
Por lo anteriormente señalado, nuestra propuesta es que el artículo 30 del proyecto de decreto en comento es que se suprima. Gracias por su atención.
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimado diputado Felipe Reyes Álvarez. Pregunte, por favor, señor secretario.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha y se reserva para su votación en conjunto con el resto del dictamen.
Dado que es la última reserva inscrita, todas las declinadas han sido inscritas, como lo solicitaron sus proponentes, en el Diario de los Debates y después de cinco horas con dos minutos de discusión proceda la Secretaría abrir el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados, que son los artículos del 1 al 34 más los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto.
Han intervenido 64 oradores en total en esta discusión que ha durado cinco horas y dos minutos. Por favor, señor secretario, abra el sistema electrónico.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados mencionados por la Presidencia, en términos del dictamen.
(Votación)
¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda, secretario.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a dar un minuto más para la votación. Adelante, secretario.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 215 votos a favor, 101 en contra con 4 abstenciones de 320 diputados presentes, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 214 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
MINUTO DE SILENCIO
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a solicitar atentamente a la asamblea y a los señores diputados presentes permanecer en sus lugares un momento. Al inicio de esta sesión nos fue solicitado que se guardará un minuto de silencio en memoria y en homenaje a quien fuera parlamentaria, representante de México, secretaria adjunta de las Naciones Unidas, y que sin duda es una mexicana extraordinaria que permanecerá con sus logros en la memoria de todos nosotros. Guardaremos un minuto de silencio en memoria de la embajadora Rosario Green Macías. Perdón, María Angélica Luna Parra.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias, señores diputados, por disculpar el gazapo de su presidente. Hemos guardado este minuto de silencio por María Angélica Luna Parra, parlamentaria, gran compañera y sin duda una defensora de las mejores causas municipales y de las mejores causas de las personas de la tercera edad. Muchísimas gracias. Adelante la Secretaría.
DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo decimosexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad de ambos proyectos de decreto.
LEY DE PLANEACIÓN
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad de ambos proyectos de decreto.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.
Sirva la presente para comunicarle a usted mi reincorporación a las actividades legislativas como diputado federal de la segunda circunscripción por el estado de Coahuila a partir del día de hoy, por lo que agradeceré que se efectúen todos los trámites parlamentarios y administrativos a que haya lugar.
Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.— Javier Guerrero García (rúbrica).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Comuníquese.
———————— o ————————
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
• Que la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala cause baja como integrante de la Comisión de Salud.
• Que la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Comuníquese.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estimados compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan. (*)
(*) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.
CLAUSURA Y CITA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 18:55 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el martes 5 de diciembre de 2017 a partir -suplico tomar nota del horario- a partir de las 10 horas.
————— O —————
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 5 horas 16 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 306 diputadas y diputados
• Dictámenes para declaratoria de publicidad: 3
• Dictámenes a discusión de ley o decreto: 1
• Minuto de silencio: 1
• Comunicaciones oficiales: 2
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 48
3 PRI
3 PAN
1 PRD
13 Morena
2 PVEM
7 MC
1 NA
1 PES
1 SP
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)