Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 385 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 12:17 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 12 de septiembre de 2017.

Acta de la sesión preparatoria

Comunicaciones oficiales

De la Comisión Permanente.

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política

Por el que comunica los cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad y organismos internacionales en comisiones, que se realizaron durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio.

De los diputados María Elena Orantes López, Alejandro González Murillo, Jesús Sesma Suárez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia

Solicitan el retiro de iniciativas.

De los diputados María Guadalupe Alcántara Rojas, Fidel Cristóbal Serrato, Victorino Cruz Campos, Pablo Elizondo García, Alex Le Barón González, Juan Antonio Meléndez Ortega, Elvia Graciela Palomares Ramírez y Miguel Ángel Ramírez Ponce

Comunican que dejan de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Por el que comunica la integración de diputados a ese grupo parlamentario.

De la Secretaría de Gobernación

Remite el quinto informe de labores de las secretarías: de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Turismo, de la Procuraduría General de la República, y segundo informe de la Secretaría de Cultura.

Remite el informe anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Gobierno del Estado de Jalisco

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con la posibilidad de construir espacios deportivos en las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal.

Del Instituto Mexicano del Seguro Social

Remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2017.

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Remite las fichas de monitoreo y evaluación 2016-2017 de diversos programas presupuestarios del sector ambiental.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Remite solicitud para que en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, se impulse la prosecución del proceso legislativo de diversos ordenamientos en materia de desaparición de personas; de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías; y para reconocer el matrimonio igualitario.

De la Cámara de Senadores

Comunica la instalación para su primer periodo de sesiones ordinarias y la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Remite cuatro proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

Iniciativas del titular del Poder Ejecutivo Federal

Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

De Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de Comercio Exterior.

Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

Declaratoria de las zonas de atención prioritaria 2018; y la estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno Federal, en materia de vivienda y de suelo para el ejercicio fiscal 2018.

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

Iniciativa de senadoras

Con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 146 y se reforma el artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por las senadoras Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Iniciativas de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Baja California

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Del Congreso del Estado de Hidalgo

Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III Bis al artículo 3 y se reforma la fracción I del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud.

Del Congreso del Estado de Jalisco

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley Agraria.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 208 Bis a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 150 Ter a la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

Del Congreso del Estado de Querétaro

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-Z, y se adiciona una fracción XXIX-AA al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) y deroga el inciso b) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforma la fracción I del inciso a) y deroga el inciso b) del numeral 1 del artículo 51; y deroga el numeral 2 del artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos.

Con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII del artículo 55; VI y VII del artículo 82; se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 55; VIII y IX al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

De la Junta de Coordinación Política

Relativo al proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por el que se exhorta a esta soberanía, a contribuir con la donación de un día de dieta para los damnificados del terremoto en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Relativo a la terminación por parte del gobierno norteamericano del Programa Apoyo a Migrantes conocido como DACA.

Iniciativas

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que remiten los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente y reforma el tercer párrafo, antes párrafo segundo del artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 76 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Araceli Damián González y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Que expide la Ley de Educación Naval, suscrita por los diputados César Camacho y Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto por el que se declara el 13 de abril de cada año “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 194 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por los diputados César Camacho y Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado José  Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 36 y 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.

Que reforma el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 19, 21 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 19 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7 Bis y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 3o. Bis, 3o. Ter, 3o. Quáter y 3o. Quintus a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por las diputadas Alma Carolina Viggiano Austria y Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 16 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año como el “Día Nacional del Protector de Animales”, suscrita por el diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos digitales, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 48 de la Ley de Aeropuertos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 103, 105 y 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 186 de Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley que Regula e Incentiva la Donación Solidaria de Alimentos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 4, 167 y 175 de la Ley de Federal de Sanidad Animal y 11 Bis del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Evelyng Soraya Flores Carranza, Javier Octavio Herrera Borunda e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que deroga la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 177 y 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 288, 288-A-1 y 288-A-2 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 12 Bis, 12 Ter, 22 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo tercero transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 58, 82 y 88 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 353-C y 353-D de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 190 y 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 18 Bis a la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

De decreto por el que se declara el 11 de septiembre de cada año “Día del Líder Educativo Comunitario”, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 23, 50 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 212 y 213 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 137, 154, 161 y 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Consulta Indígena, suscrita por los diputados Araceli Madrigal Sánchez y Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga el primer párrafo del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento jurídico a los pueblos indígenas, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 10 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a la Ley de Asistencia Social y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a fin de cancelar de manera definitiva el permiso otorgado al Programa de Manejo Forestal del Ejido Soledad de Zaragoza, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a los congresos de las entidades federativas, a armonizar sus Códigos Penales con respecto a los artículos 381 Bis, 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo se exhorta a los congresos estatales, a aplicar el impuesto al servicio de hospedaje contratado bajo la modalidad de intermediarios, promotores o facilitadores, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de una generadora de energía con basura en la localidad de Tepojaco, municipio de Tizayuca, Hidalgo, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, así como a diversas autoridades, a hacer efectiva la liquidación del Incentivo a la Producción de Cultivos de Oleaginosas, y se coordinen y otorguen el Incentivo de Sistema de Riego Tecnificado 2017, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a la estrategia en torno a “Marca Chiapas”, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo federal y de las entidades federativas, a fin de difundir los beneficios que el Estado mexicano otorga en materia fiscal, en relación a la adquisición de vehículos eléctricos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a restablecer el descuento de 25 por ciento en la tarifa de la Autopista del Sol, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la protección de la zona de Cuatro Ciénegas, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a evitar la instalación en Mexicali, Baja California, de la empresa cervecera Constellations Brands, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a iniciar los procesos correspondientes a incluir la fiesta de San Roque, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la lista de patrimonio cultural inmaterial de México ante la Unesco, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a fin de instalar un mayor número de electrolineras en el país, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SRE, un informe a la opinión pública en relación con la situación jurídica y migratoria del periodista Martín Méndez Pineda, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, a proponer ante el Pleno de esta soberanía la creación de la Comisión Especial de la Abeja y la Apicultura, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a realizar las investigaciones necesarias en el caso del asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, suscrito por los diputados Rocío Nahle García, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, para que en el marco del dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos de Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y de la correspondiente Miscelánea Fiscal, establezcan un mecanismo a fin de reducir la carga fiscal que representa el pago del IEPS para los productores de mezcal artesanal y ancestral, a cargo de la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a realizar las acciones necesarias para agilizar la operación del Programa de Escuelas al Cien en el estado de Tamaulipas, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SRE, informe a la opinión pública las principales acciones del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inegi, a elaborar un Atlas de la apicultura en México, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la garantía de autonomía universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la investigación derivada por las amenazas de las que es objeto el periodista Héctor de Mauleón, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Conagua, a reparar la infraestructura dañada por el paso del “Huracán Franklin” en los municipios de Vega de Alatorre y Alto Lucero, Veracruz, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, para que dé a conocer el plan de contratación de plataformas y embarcaciones para prestar servicios a esa empresa productiva del Estado, así como el Programa de Producción y Exploración para el año 2018, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, para que deje sin efectos la declaratoria por el que se desafecta del servicio público y desincorpora del área natural protegida con la categoría de parque estatal denominado “Parque Estatal Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango”, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a retirar la caseta de peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1 ubicada en el kilómetro 2+100 de la carretera federal número180 Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Coatzacoalcos, a cargo de la diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la revocación de la autorización de la tala de 3 mil hectáreas de bosque en el ejido Soledad de Zaragoza, municipio de Xilitla, San Luis Potosí, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a implementar un mecanismo de coordinación entre las distintas instituciones y organismos del sector público de salud, para que aseguren un proceso efectivo de farmacovigilancia, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Salud de dicha entidad, a destinar los recursos económicos de los programas de atención y protección, relativas a la salud, por el grave desabasto de medicamentos en las instituciones de salud del estado, a cargo del diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Coneval, a revisar la metodología de la medición de la pobreza, y al Inegi, a que, en caso de realizar cambios metodológicos en las encuestas que produce, respete los lineamientos establecidos en la Ley de Sistema Nacional de Información de Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, a reforzar sus medidas de seguridad y así disminuir el feminicidio en la entidad, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, para que implemente las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad pública en la entidad, suscita por el diputado Carlos Bello Otero y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Sonora, a garantizar el acceso a servicio de salud materno-infantil a las mujeres, niñas y niños de Sonoyta, Sonora, de acuerdo a los estándares internacionales de disponibilidad y accesibilidad, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno federal, en coadyuvancia con la Secretaría de Salud e Instituto de Salud del estado de Chiapas, a garantizar la aplicación transparente, con base en criterios de justicia y legalidad, del proceso de formalización laboral de trabajadores eventuales del sector salud en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, a respetar la declaratoria de Municipio Libre de Minería, suscrita y certificada por el ayuntamiento de Acacoyagua, Chiapas, y a cancelar todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para la exploración y explotación minera en dicho municipio, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inifed, para que garantice, la aplicación puntual y transparente de los recursos públicos destinados a la edificación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura física en instituciones de educación en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que, en coadyuvancia con el gobierno del estado de Chiapas, garantice la pronta habilitación y puesta en funcionamiento de la totalidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua, para que intervengan ante el incremento de los niveles de contaminación del río Suchiapa y garanticen para la población dependiente de sus recursos acuíferos, los derechos a un medio ambiente sano y de acceso de agua en forma salubre y aceptable, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Delegación Cuajimalpa, a realizar las acciones necesarias para combatir la inseguridad en dicha demarcación, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la CNDH, a revisar y anular la prohibición del acceso de las asistentes de inclusión o maestras sombra que auxilian el proceso educativo de dos menores de edad con trastorno del espectro autista que requieren de este apoyo pedagógico para hacer efectivo y pleno su derecho a la educación incluyente, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a adoptar las medidas y acciones que resulten necesarias para garantizar la seguridad de las y los mexicanos que viven o transitan por los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al gobierno del estado de Querétaro, a garantizar los derechos humanos de los docentes separados injustificadamente de su empleo por irregularidades en el proceso de evaluación para su permanencia en el ciclo escolar 2016-2017, y regularizar su situación laboral, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y al gobierno del estado de Veracruz, a que por medio del Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios se apoye a los productores del estado de Veracruz, afectados por los huracanes Franklin y Katia, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la aplicación del Programa de Apoyo a la Vivienda para 41 municipios del estado de Oaxaca afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato para 41 municipios del estado de Oaxaca afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex y a la Sedena, a difundir las acciones promovidas respecto de las observaciones y recomendaciones que hizo la ASF en relación a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-6-90T9N-02-0497 de la Cuenta Pública 2015, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a las recientes inundaciones que afectaron severamente a la demarcación territorial de Xochimilco en la CDMX, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la rescisión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur, a solicitar de la Segob, la declaratoria de desastre natural por las consecuencias del paso de la tormenta tropical “Lidia”, a efecto de que puedan acceder a los recursos económicos del Fonden, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, a la CNH, a la ASEA y al Gobierno del estado de Puebla, para que atiendan de manera inmediata las constantes fugas de combustible en tierras de cultivo y se restablezca el daño a los productores, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo al diseño e implementación de un plan de acción y respuesta frente a la cancelación del programa “Deferred Action For Children Arrivals” (DACA) que coloca en riesgo a un número importante de jóvenes de origen mexicano en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.»

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Nahle. ¿Con qué objeto, señora diputada? ¿Es en relación al orden del día? Adelante, diputada. Sonido en la curul de la diputada Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí presidente, es nada más para el orden del día sobre la notificación de cambios de comisiones.

Ayer, en la Junta de Coordinación Política, hablamos sobre la redistribución de las comisiones en esta Cámara de Diputados y quedamos con el presidente de la Jucopo, el diputado Marko Cortés, que estaríamos en el transcurso de la semana acomodando y viendo la salida sobre las dos comisiones que le tocan a Morena.

Tengo en la mano que hay un anuncio para dar de alta el Derecho de la Niñez a una diputada y le pido que esto no se lleve a votación hasta que esta semana nosotros, en la Junta de Coordinación Política, hayamos acordado los cambios correspondientes en la redistribución de comisiones, por favor.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. No habrá una votación sobre el tema, entre otras cosas porque el movimiento que usted hace referencia tiene además otro tipo de observaciones, toda vez que a quien se propone tampoco ha sido dada de baja de otras comisiones, o sea, el tema no surtirá efectos el día de hoy. Entonces, damos por aprobado el orden del día.

ACTA DE LA SESIÓN PREPARATORIA Y DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la  sesión preparatoria y de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensan su lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la  sesión preparatoria y de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión preparatoria celebrada el jueves treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de trescientos setenta y seis diputadas y diputados, a las veintiún horas con cinco minutos del jueves treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

Se da lectura al Orden del Día.

La Presidenta informa a la Asamblea que en relación con la elección de la Mesa Directiva que entrará en funciones para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura prevista para realizarse en esta sesión preparatoria, esta Mesa Directiva declarará un receso para esperar la entrega formal del Acuerdo de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios; y señala que la reanudación de la sesión estará a lo dispuesto en la última parte del numeral siete del artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano. A las veintiún horas con siete minutos se declara el receso.

A las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos del viernes primero de septiembre de dos mil diecisiete se reanuda la sesión.

La Presidencia informa a la Asamblea que, a efecto de buscar mejores condiciones para el desahogo y procesamiento del Acuerdo de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, relativo a la elección de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio, éste se presentará ante el Pleno en la próxima sesión de esta Cámara de Diputados, por lo que con fundamento a lo dispuesto de la última parte del numeral siete del artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Mesa Directiva continuará en funciones, hasta el cinco de septiembre del año en curso.

Posteriormente, puestos todos de pie, la Presidenta declara:

“La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente instalada para funcionar durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura”.

La Presidenta levanta la sesión preparatoria a las diecisiete horas, se pide a las diputadas y diputados permanecer en el Salón de Sesiones para iniciar la Sesión de Congreso General.»

———————— o ————————

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cinco de septiembre de dos mil diecisiete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos cuarenta y dos diputadas y diputados, a las quince horas con veintiún minutos del martes cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo de los grupos parlamentarios por el que se propone la integración de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados. Se somete a discusión e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional; en pro Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; en contra José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, desde su curul realiza comentarios la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena; en pro Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Vidal Llerenas Morales, de Morena; en pro Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

en contra Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; en pro Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

en contra Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática; en pro Edgar Romo García, del Partido Revolucionario Institucional, desde su curul realiza comentarios el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; y en pro Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. Acto seguido se procede a la elección de la propuesta de la Mesa Directiva que funcionará durante el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación nominal con un registro de doscientos cincuenta y siete votos a favor; doscientos nueve en contra; y dos abstenciones, no se logra la mayoría calificada requerida, y se devuelve el Acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

La Presidencia informa a la Asamblea que, a efecto de buscar mejores condiciones para el desahogo y procesamiento del Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, relativo a la elección de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio, a las dieciséis horas con cincuenta minutos se declara un receso.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

A las doce horas con cincuenta y dos minutos del día jueves siete de septiembre de dos mil diecisiete, se reanuda la sesión.

La Presidencia instruye a la Secretaría dar lectura a la propuesta de los grupos parlamentarios, relativa  la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. Acto seguido se procede a la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, e instruye se abra el sistema electrónico para su votación nominal.

Desde su curul realiza comentarios el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

Por mayoría calificada de trescientos ochenta y ocho votos a favor; y cuarenta abstenciones, resultan electos los diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, como Presidente; Martha Hilda González Calderón, del Partido Revolucionario Institucional; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional; Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; y María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, como Vicepresidentes; Marco Antonio Aguilar Yunes, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional; Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática; Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Partido Verde Ecologista de México; Ernestina Godoy Ramos, de Morena; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, y Guadalupe Perea Santos, del Partido de Encuentro Social, como Secretarios.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Puestos todos de pie, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín rinde protesta como Presidente de la Cámara de Diputados para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Acto seguido, el Presidente toma la protesta de ley a las diputadas y diputados presentes que han sido electos Vicepresidentes y Secretarios de la Mesa Directiva.

El Presidente dirige unas palabras a la Asamblea. Asimismo informa que se recibió en la Mesa Directiva iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Político-Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez de febrero de dos mil catorce, suscrita por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza; y Partido Encuentro Social. De igual forma comenta que se están presentando otras iniciativas que reforman la misma disposición legal, suscritas por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, así como del Partido de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano, las cuales serán tramitadas el martes conforme a la solicitud de las diputadas y diputados que las presentan, y todas serán integradas en el expediente que será remitido con el proyecto de decreto correspondiente al Senado de la República.

El Presidente informa a la Asamblea que, con fundamento en la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día de mañana viernes ocho de septiembre de dos mil diecisiete, serán recibidas la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y disposiciones que conforman el paquete económico para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, remitidas por el Ejecutivo Federal, por tal razón, se turnarán de inmediato a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, para efecto del trámite correspondiente a su dictamen.

El Presidente invita a los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para que mañana viernes ocho de septiembre, al término del evento protocolario de recepción del paquete económico, a las once horas, se lleve a cabo la primera sesión de este órgano de la Cámara de Diputados en la sala de juntas de la Mesa Directiva.

Desde sus curules realizan comentarios las diputadas: Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional; y Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente levanta la sesión a las trece horas con veinticuatro minutos y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día martes doce de septiembre de dos mil diecisiete, a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El acta de la sesión preparatoria y de la sesión anterior, secretaria, consulte si son de aprobarse.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:En votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión preparatoria y de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Aprobadas las actas.

Tengo registradas a estas personas que están solicitándome el uso de la palabra: el diputado Javier Pinto Torres, la diputada Norma Xochitl Hernández, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán y la diputada Cecilia Soto, le registro, diputada, y con usted cerramos esta parte. Adelante, diputado Pinto hasta por un minuto.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Gracias, presidente. Aprovechando el uso de la voz aquí, desde esta curul y desde esta máxima tribuna de la nación, hacer un exhorto, muy respetuoso, al gobernador del estado de Colima, al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a que ponga a tención y dé solución, que escuche a los maestros qué es lo que quieren, y acabar con ese conflicto y cumplamos con el objetivo máximo, que es dar una educación de calidad a la niñez y a la juventud.

Insisto, creo, soy un creyente de que el señor gobernador tiene la voluntad política, tiene el tacto político y estoy seguro que escuchará las peticiones de los maestros. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Pinto. La diputada Norma Xochitl Hernández, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Y pues para hacer un exhorto al Conapred y a las instancias correspondientes, para que investiguen las expresiones misóginas emitidas por Sergio Zurita, conductor de MVS, quien emitió graves insultos a las madres de familia el pasado 7 de septiembre en el programa Dispara Margot dispara, que se transmite todos los días de 10 a 12 de la mañana, en el 102 de FM, dicha diatriba genera cosificación y violencia contra las mujeres.

No basta una sola disculpa por olvido, exigimos se haga una investigación profunda y se asuman las consecuencias que lleve el caso. Gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Permítame hacer que su expresión sea turnada también a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán que me la pide, ¿con qué objeto?

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Diputado presidente, muy buenos días. Quiero comentarles a mis compañeros legisladores, que en Encuentro Social es muy importante escuchar la voz de los ciudadanos, por eso es que hoy traemos a cada una de las curules la petición de nuestros compañeros que están padeciendo mieloma múltiple y que hoy nos exigen, nos piden, nos ruegan que se tome este tema con mucho cuidado dentro de la Cámara, para que su padecimiento, que es doloroso y que es muy caro pueda ser atendido de una manera justa.

En ese sentido, le hemos pedido a nuestra compañera diputada Cuquis Garzón que lleve la voz de los ciudadanos a la Comisión de Salud, para que a partir de esta comisión se puedan generar las ayudas necesarias para que los enfermos de mieloma múltiple puedan tener el tratamiento que requieren y que en justa necesidad deben de vivir. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada. Tal cual será remitido su planteamiento a la Comisión de Salud en la versión estenográfica.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Cecilia Soto, ¿con qué objeto nos pide la palabra?

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Presidente. El objeto es que la Cámara de Diputados exprese de manera pública su solidaridad con las regiones de México más afectadas por el terremoto de hace unos días. Me refiero en especial a la costa de Chiapas y a la zona del istmo de Tehuantepec.

Yo quiero proponer a este pleno un minuto de silencio por los mexicanos fallecidos. Ya son casi 100 y hay decenas de mexicanos también hospitalizados. La propuesta específica es un minuto de silencio por los fallecidos en el terremoto.

Y también, un minuto de silencio porque hoy, día del historiador, falleció un gran historiador, Álvaro Matute, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de la Academia Mexicana de Historia y de quien hemos aprendido tantos. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Si usted me permite, procedería de esta manera.

MINUTO DE SILENCIO

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a obsequiar la segunda petición, en honor de don Álvaro Matute, que indudablemente merece eso y más.

Y reservaré la primera petición de usted para el apartado del orden del día donde vamos a discutir precisamente el tema de esta desgracia. Muchas gracias.

A solicitud de la diputada Cecilia Soto y por tratarse, sin duda, de una persona que llena todos estos merecimientos, esta Cámara guardará un minuto de silencio en la memoria del célebre historiador don Álvaro Matute.

(Minuto de silencio)

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a cerrar estas intervenciones con el diputado Guillermo Rafael Santiago. Diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Sí, señor presidente, para expresar el dolor por el que está atravesando el pueblo chiapaneco. También para exhortar al gobierno federal y al gobierno del estado, que encabeza Manuel Velasco Coello, para que se atienda de manera inmediata a muchas zonas a las que no les ha llegado ayuda.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, tenemos ese punto en el orden del día, si quiere usted intervenir.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Okey. Y pedir también que se fiscalice el recurso del Fonden, porque en desastres pasados como el Stan, o en 2014 muchos recursos fueron desviados y muchas casas no fueron reconstruidas.

Entonces, pedirle encarecidamente a las autoridades, y también vamos a meter un punto de acuerdo para eso, que se fiscalice y haya transparencia en el ejercicio de recursos. Porque no se vale, no se vale jugar con el dolor del pueblo y no se vale enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Se recogen sus expresiones y se incorporan a lo publicado en el Diario de los Debates.

Continuando con el orden del día, pasamos al apartado de comunicaciones oficiales. Adelante, secretaria.

COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos correspondientes, hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, el pleno de la Comisión Permanente aprobó el siguiente acuerdo:

“ Único. Se concede licencia al diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.”

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de junio de 2017.— Diputada Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), vicepresidenta.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos correspondientes, hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, el pleno de la Comisión Permanente aprobó el siguiente acuerdo:

“ Único. Se concede licencia a la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de julio de 2017.”

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de julio de 2017.— Diputada Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), vicepresidenta.»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a dar cuenta con las comunicaciones de la Mesa Directiva.

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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva comunica que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, los ciudadanos María Olimpia Zapata Padilla, Uberly López Roblero y Nancy López Ruiz, rindieron la protesta de ley, ante esta Presidencia, como diputados electos en la segunda circunscripción plurinominal, en los 8 y 6 distritos electorales federales del estado de Chiapas, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva comunica que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, se recibieron oficios del diputado Daniel Torres Cantú, por el que comunica que dejó de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a partir del 1o. de junio; de la diputada Norma Rocío Nahle García, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, por los que informó a esta Presidencia que los siguientes diputados se incorporaron a este grupo parlamentario: el diputado Alejandro Armenta Mier; a partir del 20 de junio, y los diputados Natalia Karina Barón Ortiz, Ana Leticia Carrera Hernández, Carlos Hernández Mirón, Héctor Javier García Chávez, Alberto Martínez Urincho y Jesús Salvador Valencia Guzmán, a partir del 22 de agosto; y Fidel Calderón Torreblanca, a partir del 31 de agosto;y del diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por los  que informó a esta Presidencia que los siguientes diputados se incorporaron a este grupo parlamentario: Miguel Ángel Ramírez Ponce, María Guadalupe Alcántara Rojas, Juan Antonio Meléndez Ortega, Alex Le Baron González, Pablo Elizondo García, Fidel Cristóbal Serrato, Victorino Cruz Campos y Graciela Palomares Ramírez, a partir del 31 de agosto, del año en curso.

Las comunicaciones fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria y actualizados los registros parlamentarios correspondientes.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente escrito, solicito, en términos de los articulos 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mi separación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a partir del primer día del mes de junio del presente año.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 del mes de mayo de 2017.— Diputado Daniel Torres Cantú (rúbrica).»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva; Secretario General.— Presentes.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración de la diputada Barón a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 22 de agosto del año en curso.

Asimismo solicito que se incorpore la curul del a la fracción de Morena, en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de agosto de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva; Secretario General.— Presentes.

Por este conducto me permito informar a usted del interés de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, por lo cual solicito que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar para la formal integración de la diputada Carrera Hernández a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena a partir del 22 de agosto del año en curso.

Asimismo, solicito que se incorpore la curul del grupo de Morena en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 22 de agosto de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva; Secretario General.— Presentes.

Por este conducto me permito informar a usted del interés del diputado Carlos Hernández Mirón para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, por lo cual solicita que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar para la formal integración del diputado Hernández Mirón a este grupo parlamentario para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena a partir del 22 de agosto del año en curso.

Asimismo, solicito que se incorpore la curul del grupo de Morena en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 22 de agosto de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés del diputado Héctor Javier García Chávez para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración del diputado García Chávez a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 22 de agosto del año en curso.

Asimismo solicito se incorpore la curul al Grupo Parlamentario de Morena en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 22 de agosto de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés del diputado Alberto Martínez Urincho para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración del diputado Martínez Urincho a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 22 de agosto del año en curso.

Asimismo solicito se incorpore la curul al Grupo Parlamentario de Morena en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 22 de agosto de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración del diputado Valencia Guzmán a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 22 de agosto del año en curso.

Asimismo solicito se incorpore la curul al Grupo Parlamentario de Morena en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 22 de agosto de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés del diputado Fidel Calderón Torreblanca para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración del diputado Calderón Torreblanca a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 31 de agosto del año en curso.

Asimismo solicito se incorpore la curul al Grupo Parlamentario de Morena en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 31 de agosto de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 27, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informar a usted que acepto la incorporación al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de los diputados que listo a continuación, quienes han decidido formar parte del mismo:

Diputado Alex Le Baron González

Diputado Fidel Cristóbal Serrato

Diputado Juan Antonio Meléndez Ortega

Diputada María Guadalupe Alcántara Rojas

Diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce

Diputado Pablo Elizondo García

Diputado Victorino Cruz Campos

Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez

Sin otro particular, reciba un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), coordinador del GPPVEM.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.- Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva comunica que se recibieron oficios de la diputada Norma Rocío Nahle García, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, por los que informó a esta Presidencia que los siguientes diputados se incorporaron a este grupo parlamentario: Maricela Contreras Julián y Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, a partir del 4 de septiembre del año en curso.

Las comunicaciones fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria y actualizados los registros parlamentarios correspondientes.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva; Secretario General.— Presentes.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés de la diputada Maricela Contreras Julián para integrarse al Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración de la diputada Contreras Julián a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 4 de septiembre del año en curso.

Así mismo solicito se incorpore la curul a la fracción de Morena en el salón del Pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 4 de septiembre de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional.»

«Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva; Secretario General.— Presentes.

Por este conducto, me permito informar a usted el interés del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano para integrarse al Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración del diputado Ojeda Anguiano a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 4 de septiembre del año en curso.

Así mismo solicito se incorpore la curul a la fracción de Morena en el salón del Pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 4 de septiembre de 2017.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional.»

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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Informa a usted que la licencia que un servidor tomó sólo fue parcial, y la cual abarcó del lunes 14 al domingo 27 de agosto del año en curso y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunico que es mi deseo la reincorporación a mis funciones como legislador a partir del lunes 28 de agosto de 2017.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de agosto de 2017.— Diputado Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para comunicarle mi reincorporación al cargo de diputado federal por el Distrito XV de Orizaba, Veracruz, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, a partir del 5 de junio del presente año.

Lo anterior, a fin de que se realicen los trámites parlamentarios y administrativos necesarios para los efectos conducentes.

Sin otro particular, le agradezco las atenciones que se sirva brindar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de junio de 2017.— Diputado Fidel Kuri Grajales (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Honorable Asamblea:

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto le envío un cordial saludo, al tiempo que me permito informarle que a partir del 28 de agosto del año en curso, me reincorporo a mis labores legislativas.

Sin otro particular, para los efectos que haya lugar.

Palacio Legislativo, a 28 de agosto de 2017.— Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito comunicar mi reincorporación al cargo de diputada federal a la LXIII Legislatura por el IV distrito electoral del estado de Chiapas, a partir de la fecha del presente escrito.

Por lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de septiembre de 2017.— Licenciada Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), diputada federal por el estado de Chiapas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para que instruya a que se lleven a cabo los trámites parlamentarios y administrativos para mi reincorporación a partir del 4 de septiembre del año en curso, al cargo que he venido desempeñando como diputado federal de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 4 de septiembre de 2017.—Diputado federal Julián Nazar Morales (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias. De enterado. Comuníquense.

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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva comunica que, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, se recibieron solicitudes de ciudadanos diputados para retirar sus iniciativas y proposiciones, de conformidad con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron concedidas y publicadas en la Gaceta Parlamentaria:

1. De la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y derogan los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 12 de octubre de 2016, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

2. De la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita que su iniciativa por la que se declara el 13 de abril de cada año, como el “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”, presentada el 18 de octubre de 2016, sea retirada de la Comisión de Gobernación.

3. Del diputado Salvador Zamora Zamora y suscrita por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y deroga el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, presentada el 25 de octubre de 2016, sea retirada de la Comisión de Transportes.

4. Del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman los artículos 3o., 6o., 104 y 112 de la Ley Generar de Salud, presentada el 22 de noviembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Salud.

5. Del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, presentada el 29 de noviembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Reforma Agraria.

6. De la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 262, 268, 295 y 376 Bis de la Ley General de Salud, (en materia de protección a la salud de las mujeres), presentada el 6 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Salud.

7. De la diputada María Ávila Serna y suscrita por el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona un párrafo a la fracción XVII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, (respecto al tamiz neonatal ampliado), presentada el 7 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Derechos de [a Niñez.

8. De la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por [a que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentada el 20 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Gobernación.

9. Del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas Genéticas, presentada el 2 de febrero de 2017, sea retirada de las Comisiones de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública.

10. Del diputado Alfredo Basurto Román, y suscrita por los diputados Roberto Alejandro Cañedo Jiménez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita que su iniciativa con la que reforma y adiciona los artículos 133 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentada el 7 de marzo de 2017, sea retirada de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Justicia.

11. De la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentada el 16 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

12. Del diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que se solicita que su iniciativa por la que adiciona el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (en materia de compra consolidada de medicamentos por parte del IMSS y del ISSSTE), presentada el 23 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Transparencia Y Anticorrupción.

13. De la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se solicita que su iniciativa por la que se reforman el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 20 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

14. Del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, (en materia de tatuajes), presentada el 9 de mayo de 2017, sea retirada de la Comisión de Salud.

15. De la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de nivel superior, públicas y privadas, que se ubican dentro de la región sur sureste, para que incorporen en sus respectivos planes, programas académicos y ofertas educativas, materias relacionadas a la ingeniería de la cultura energética, del medio ambiente y desarrollo sostenible, presentada el 2 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

16. Del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Puebla, a fin de detener el proceso legislativo relativo a la privatización del servicio de agua potable, presentada el 2 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

17. De la diputada Lorena del Carmen Alfara García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para que en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social, realice a la brevedad las gestiones necesarias para la construcción de una clínica de nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012, en su calidad de candidato a la Presidencia de la República, presentada el 9 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Salud.

18. Del diputado Óscar Ferrer Abalos, del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que hagan públicos los motivos del recorte de más de nueve mil millones de pesos del programa presupuestal de administración de agua potable, correspondiente a la Comisión Nacional del Agua del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, y garanticen el no aumento de tarifas por su suministro, presentada el 21 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

19. Del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a esclarecer las acusaciones sobre la presunta responsabilidad de la doctora Rocío Arely Rojas Jaime, en el fallecimiento del joven residente Gabriel Apolo Aco Miranda; así como tomar las medidas necesarias para que se eliminen todas las conductas de abuso y acoso per parte de les médicos encargados de los residentes, presentada el 30 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Salud.

20. De la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a que dejen sin efecto el acuerdo de fecha 8 de marzo de 2017, que condena los adeudos anteriores al presente ciclo fiscal que se tuviera por concepto de impuesto predial, gastos de ejecución, multas y recargos, presentada el 4 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

21. De la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que conminen, recomienden y prevengan a la Asociación de Equipos Profesionales de Béisbol de la Liga Mexicana, AC, que garantice y respete los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, presentada el 4 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Derechos Humanos.

22. De los diputados Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República a suscribir el convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual también conocido como “Convenio Lanzarote”, presentada el 6 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

23. De la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a difundir los estudios relativos al impacto que puede tener la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, presentada el 18 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

24. De la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, a realizar acciones para la conservación, reforestación y restauración del Cerro Tepopote, en el municipio de Zapopan, Jalisco, presentada el 20 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

25. Del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales, a generar estímulos que optimicen la productividad y desarrollo económico del sector de la industria manufacturera y maquiladora del país, presentada el 25 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Economía.

26. Del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo relativo a redimensionar la zona de monumentos históricos de Mérida, Yucatán, presentada el 25 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

27. Del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que modifique la denominación del cobro “Permiso de uso de dispositivos electrónicos de videograbación no profesional en museos, monumentos y zonas arqueológicas”, al “Permiso de uso de Videocámara profesional”, presentada el 25 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

28. Del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, y suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el 20 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

29. Del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario .del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el 15 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

30. Del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que iniciativa que reforma el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el 15 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

31. De la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 7-Ter, 34 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 23 de febrero de 2017, sea retirada de la Comisión de Economía.

32. De la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 21 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Economía.

33. De la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 23 y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 21 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Economía.

34. De la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 21 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Economía.

35. Del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento a la Integración de Insumes Nacionales para Obras de Infraestructura Pública no Energética, presentada el 28 de febrero de 2017, sea retirada de las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública.

36. Del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, y suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada el 5 de enero de 2017, sea retirada de las Comisiones de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

37. Del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 6 y 13 Bis de la Ley Minera, presentada el 7 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Economía.

38. Del diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman los artículos 47 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 14 de septiembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

39. Del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, y suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 1, 5, 7, 9 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada el 17 de enero de 2017, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

40. De la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada el 18 de octubre de 2016, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

41. Del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, presentada el 28 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Energía.

42. Del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 24 de mayo de 2017, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

43. De la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, presentada el 12 de octubre de 2016, sea retirada de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

44. Del Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa por la que expide la Ley de Seguridad Interior, presentada el 11 de enero de 2017, sea retirada de las Comisiones de Gobernación, de Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.

45. De la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, presentada el 25 de octubre de 2016, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

46. Del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentada el 6 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

47. Del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, presentada el 28 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

48. De la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 205-815 del Código Penal Federal, presentada el 7 de febrero de 2017, sea retirada de la Comisión de Justicia.

49. Del diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona una fracción VI al artículo 420 del Código Penal Federal, presentada el 25 de enero de 2017, sea retirada de la Comisión de Justicia.

50. De la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la Comisión Especial de Minería, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 28 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

51. Del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, y del Código Penal Federal, presentada el 25 de enero de 2017, sea retirada de las Comisiones de Cultura y Cinematografía y de Justicia.

52. Del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada el 11 de octubre de 2016, sea retirada de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Justicia.

53. De la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada el 15 de diciembre de 2016, sea retirada de las Comisiones de Protección Civil y de Radio y Televisión.

54. Del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona el artículo 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, presentada el 15 de noviembre de 2016, sea retirada de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

55. Del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, presentada el 7 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

56. De la diputada Érika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentada el 4 de noviembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables

57. De la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, (en materia de clasificación de películas), presentada el 6 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

58. Del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que solicita que su iniciativa por la que se adicionan los artículos 4o. de la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Medina Empresa y 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, (en materia de denominación de origen), presentada el 28 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Competitividad.

59. Del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el 9 de febrero de 2017, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

60. Del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada el 28 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Asuntos Indígenas.

61. De la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y 10 de la Ley General para la Atención y Protección a personas con la Condición del Espectro Autista, presentada el 28 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

62. De la diputada Mima Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, presentada el 28 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

63. Del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada el 2 de febrero de 2017, sea retirada de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

64. Del diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (en materia de prohibición de las corridas de toros), presentada el 27 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

65. Del diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (en materia de prohibición de peleas de gallos), presentada el 27 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

66. Del diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, (en materia de manejo para la comercialización de mascotas), presentada el 27 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

67. Del diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, (En materia de esquemas de reducción de traslados hacia los centros de trabajo), presentada el 27 de abril de 2017, sea retirada de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Trabajo y Previsión Social.

68. De la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, presentada el 27 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

69. Del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 25 de la Ley General de Educación, 7o. y 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, (en materia de energía eléctrica para la correcta operación de las escuelas públicas), presentada el 25 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

70. De la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 68 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, presentada el 29 de noviembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

71. De la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, presentada el 23 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Asuntos Migratorios.

72. Del diputado Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, (para crear protocolos de atención contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes), presentada el 29 de noviembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

73. De la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por la que expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte, presentada el 28 de abril de 2017, sea retirada de las Comisiones de Economía, de Asuntos Frontera Norte, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

74. Del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, suscrita por Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 4 de octubre de 2016, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

75. Del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona los artículos 102 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, presentada el 18 de octubre de 2016, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

76. Del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (para establecer un límite al porcentaje de sus recursos anuales el que pueden destinar los municipios mexicanos al rubro de servicios personales), presentada el 8 de noviembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

77. De la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona un tercer párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada el 9 de mayo de 2017, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

78. De la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentada el 19 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Relaciones Exteriores.

79. De la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentada el 24 de mayo de 2017, sea retirada de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

80. De la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 8o. de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada el 7 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

81. De la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por la que se adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 28 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

82. Del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, (para el otorgamiento de licencia para cuidados maternos y paternos), presentada el 6 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

83. De la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, (en materia de lactancia materna de madres trabajadoras), presentada el 6 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

84. Del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 3, 8, y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, presentada el 17 de mayo de 2017, sea retirada de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

85. De la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada el 29 de noviembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

86. De la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, presentada el 6 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Gobernación.

87. Del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, presentada el 29 de noviembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Gobernación.

88. De la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman los artículos 20 y 21 de la Ley de Migración, (en materia de protección de los derechos humanos para los migrantes), presentada el 15 de diciembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Asuntos Migratorios.

89. Del diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona un artículo 207 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada el 23 de febrero de 2017, sea retirada de la Comisión de Justicia.

90. Del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada el 23 de febrero de 2017, sea retirada de la Comisión de Justicia.

91. Del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, presentada el 7 de marzo de 2017, sea retirada de la Comisión de Justicia.

92. Del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, presentada el 20 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

93. Del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa por la que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, presentada el 25 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Derechos Humanos.

94. Del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona los artículos 33 de la Ley General de Educación, y 201 de la Ley del Seguro Social, presentada el 6 de diciembre de 2016, sea retirada de las Comisiones Unidad de Educación Pública y Servicios Educativos y de Seguridad Social.

95. De la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona el inciso e) de la fracción I del artículo 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el 14 de junio de 2017, sea retirada de la Comisión de Igualdad de Género.

96. Del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa por la que adiciona la fracción XXI al artículo 9 y una fracción V al artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada el 21 de junio de 2017, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

97. De la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 17 de noviembre de 2016, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

98. De la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 58, 82, y 88 de la Ley General de Protección Civil, presentada el 28 de junio de 2017, sea retirada de la Comisión de Protección Civil.

99. Del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por la que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, presentada el 28 de abril de 2017, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, secretaria. Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, se realizaron modificaciones de turno de las siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o. y 11 de la Ley General de Bibliotecas, presentada por la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 25 de abril de 2017.

“Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen”.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, el 21 de junio de 2017.

“Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen”.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de mayo de 2017.

“Se turnó a la Comisión de Justicia, para dictamen”.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 28 de junio de 2016.

“Se turnó a la Comisión de Transportes, para dictamen”.

5. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, remitida por la honorable Cámara de Senadores, el 14 de febrero de 2017.

“Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, para dictamen”.

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, el 26 de julio de 2017.

“Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión”.

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado. Gracias.

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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:La Mesa Directiva comunica que al final del segundo periodo ordinario de sesiones, se recibieron de la Cámara de Senadores, nueve minutas con proyecto de decreto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado.

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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen.

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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

Artículo Único.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

...

...

...

Las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados, y en el caso de luminarias, energía solar fotovoltaica o cualquier otro tipo de energía renovable de acuerdo con las necesidades y características geográficas y climatológicas del lugar.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turnó a la Comisión de Transportes, para dictamen. 

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La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo denominado “De los Delitos”, Capítulo Único, el cual contempla los artículos 56 y 57, de la Ley General para el Control del Tabaco, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO OCTAVO DENOMINADO “DE LOS DELITOS”, CAPÍTULO ÚNICO, EL CUAL CONTEMPLA LOS ARTÍCULOS 56 Y 57 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO.

Artículo Único: Se adiciona el Título Octavo, denominado “De los Delitos”, Capítulo Único, el cual contempla los artículos 56 y 57 de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:

Título Octavo De los Delitos

Capítulo Único

Artículo 56. A quien por sí o a través de otra persona a sabiendas de ello, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de cualquier Producto del Tabaco en los términos que se define en la presente Ley y en la Ley General de Salud, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La misma pena se aplicará a quien por si o a través de otra persona mezcle Productos de Tabaco adulterados, falsificados, contaminados o alterados con otros que no lo sean, a través de la cadena de suministro.

Artículo 57. A quien, por sí o a través de otra persona, introduzca al país, exporte, almacene, transporte, expenda, venda o de cualquier forma distribuya Productos de Tabaco de los que hace mención esta Ley, adulterados, falsificados, contaminados, alterados o mezclados en términos del último párrafo del artículo anterior, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turnó a la Comisión de Salud, para dictamen.

———————— o ————————

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Artículo Único. Se reforman las fracciones IV y V; y se adiciona una fracción VI al artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

I. a III. ...

IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta Ley;

V. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores, y

VI. Igualdad Sustantiva. Todas las acciones que se realicen para que mujeres y hombres de sesenta años de edad o más tengan el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo Transitorio

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 26 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

———————— o ————————

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

PRIMERO.- Se adiciona un párrafo a la fracción IV del Artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Artículo 27. ...

I.a III. ...

IV. Para el ramo de gastos médicos, los contratos de seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios, para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, podrán ofrecer como beneficio adicional dentro de sus pólizas, la cobertura de servicios de medicina preventiva, sólo con carácter indemnizatorio;

Igualmente, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, para el caso de riesgos que puedan afectar la persona del asegurado generándole una discapacidad ofrecerán como cobertura dentro de un producto o beneficio adicional, que ampare el pago de gastos derivados de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias rehabilitadoras y los servicios médicos adicionales que requieran los asegurados que sean necesarios para la atención de dicha discapacidad, de acuerdo con las sumas aseguradas y coberturas contratadas, esto mediante el procedimiento de selección de riesgo correspondiente y diseño del producto o beneficio adicional que se ofrezca al mercado para la cobertura de riesgos futuros, que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.

SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 10 y se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII y XIII al artículo 2 y un tercer párrafo al artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a VIII....

IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, y

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

XIV.a XXXIII. ...

Artículo 10. ...

El Sector Salud expedirá, a través de las Instituciones de Salud Públicas y Privadas, a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional.

Los datos recabados en dichos certificados deberán ser compartidos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal elaborará a través del o de los institutos que la misma designe para este fin, dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, un estudio sobre la probabilidad de ocurrencia de riesgos que puedan afectar las personas del asegurado generándole una discapacidad, así como los costos asociados a su atención.

TERCERO. El estudio mencionado en el Artículo anterior será con cargo al presupuesto del Instituto o Dependencia que el Ejecutivo Federal designe para su realización.

CUARTO. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas tendrán un plazo de 180 días naturales contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Artículo Transitorio Segundo, para presentar a registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la o las coberturas de que se trata;

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.

———————— o ————————

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia de centros de descarga certificada, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE, EN MATERIA DE “CENTROS DE DESCARGA CERTIFICADA”.

ARTÍCULO ÚNICO.Se reforman los artículos 2o. fracción XI, 13 fracción VIII, 17 fracción XVI; y se adiciona el artículo 4o. fracción XIII BIS, así como un Capítulo V denominado “Centros de Descarga Certificada” al Título Décimo Primero, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 2o.-...

Ial X. ...

XI. Establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su procesamiento primario, así como de las actividades relacionadas con estos y de los establecimientos, centros de descarga e instalaciones en los que se produzcan o conserven;

...

XII. a XV. ...

ARTÍCULO 4o.-...

I.al XIII. ...

XIII. BIS. Centro de descarga certificada: Instalación establecida en puertos o costas donde se llevan a cabo un conjunto de actividades técnicas, administrativas y sistematizadas que, a petición de los pescadores de una localidad, a través de su representante legal, se coordinarán con la Secretaría, a través de la CONAPESCA, con el propósito de que un tercero certifique el proceso relacionado con la descarga del recurso pesquero.

XIV.al LI. ...

ARTÍCULO 13.-...

I. al VII. ...

VIII. Promover y apoyar la implementación de centros de descarga certificada, así como la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la actividad pesquera y acuícola;

IX.al XVIII. ...

ARTÍCULO 17.- ...

I. al XV. ...

XVI. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas; así como en la implementación de centros de descarga certificada.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD

CAPITULO V CENTROS DE DESCARGA CERTIFICADA

ARTÍCULO 119 TER. Los centros de descarga certificada serán instalaciones localizadas en puertos o costas que, a petición de los pescadores de una localidad, a través de su representante legal, se coordinarán con la Secretaría, a través de la CONAPESCA, con el propósito de que un tercero certifique que el proceso relacionado con la descarga del recurso pesquero, se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

ARTÍCULO 119 TER 1. Para los efectos de este capítulo, se entiende por:

I. Centro: Centro de descarga certificada;

II. Certificado: Documento expedido por el tercero certificador que demuestra que la descarga del recurso pesquero fue llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto en este capítulo;

III.Localidad: Ubicación geográfica en la que los permisionarios o concesionarias ejercen la actividad pesquera en una comarca definida, y

IV.Tercero certificador: Organización con o sin fines de lucro que expide el certificado.

ARTÍCULO 119 TER 2. La Secretaría, a través de la CONAPESCA, podrá ejercer sus atribuciones y facultades en materia de descarga de especies capturadas de conformidad con esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

La Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, podrán celebrar acuerdos con el propósito de promover la instalación e implementación de centros de descarga certificada.

La entidad federativa podrá suplir las funciones de la Secretaría para los efectos de este capítulo siempre y cuando exista un convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría y la autoridad estatal correspondiente.

ARTÍCULO 119 TER 3.El representante legal de los pescadores de la localidad deberá coordinarse con la Secretaría, a través de la CONAPESCA, para establecer los lineamientos bajo los cuales se realizarán las actividades concernientes a la descarga del recurso pesquero.

ARTÍCULO 119 TER 4.El financiamiento para sufragar los gastos de inversión del centro de descarga certificada deberá ser de carácter privado.

ARTÍCULO 119 TER 5.Los costos derivados de la emisión del certificado quedarán a cargo del interesado de la instalación del centro de descarga certificada.

ARTÍCULO 119 TER 6.El tercero certificador deberá ser designado por el representante legal de los pescadores de la localidad interesados en la instalación del centro, quien a su vez deberá notificar de este nombramiento a la CONAPESCA, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que de esta Ley emanen.

ARTÍCULO 119 TER 7. Será el tercero certificador quien deberá verificar y analizar los elementos necesarios que le proporcionen tanto las autoridades competentes, como los pescadores de la localidad correspondiente, con el propósito de proporcionar la información necesaria para la expedición del certificado.

ARTÍCULO 119 TER 8. Los certificados deberán ser expedidos por una organización con o sin fines de lucro cuyo objeto social se encuentre la certificación de procesos.

Los certificados de descarga deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos y contener la siguiente información:

I.Lugar y fecha de emisión;

II.El esfuerzo pesquero;

III.Datos generales de:

a)Embarcación pesquera;

b)Guía de pesca;

c)Permiso o concesión para capturar especies marinas; y

d)En los casos en que así lo establezca la presente ley, el Aviso de Arribo.

IV.Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto, dolo o violencia en su emisión;

V. Descripción escrita y concisa del desarrollo del proceso de descarga;

VI. Vigencia del certificado, y

VII. Cualquier otro que se haya contemplado en los lineamientos bajo los cuales se realizarán las actividades concernientes a la descarga del recurso pesquero.

ARTÍCULO 119 TER 9. La vigencia del certificado se establecerá de conformidad con las disposiciones reglamentarias de esta Ley, las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

ARTÍCULO 119 TER 10. Podrán observar el proceso de certificación de descarga en calidad de testigos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 119 TER 11. Para poder participar en calidad de testigo durante el proceso de certificación, el interesado deberá registrarse ante el centro que desee observar y cumplir por lo menos con uno de los siguientes requisitos:

I. Acreditar ser integrante del sector pesquero de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables;

II. Formar parte de una cooperativa pesquera;

III. Ser parte de una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, o

IV. Acreditar que cuenta con experiencia laboral o académica en el sector pesquero.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turnó a la Comisión de Pesca, para dictamen.

———————— o ————————

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 17 de agosto de cada año “Día Nacional de las Abejas”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE DECLARA EL 17 DE AGOSTO DE CADA AÑO “DIA NACIONAL DE LAS ABEJAS”.

ARTICULO UNICO.-El H. Congreso de la Unión declara el 17 de agosto de cada año “Día Nacional de las Abejas”.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

———————— o ————————

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo primero del artículo 160 y se ADICIONAN una fracción IV al artículo 159 y una fracción IV al artículo 160 de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 159....

I. a III....

IV. A quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

...

...

Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo 159 de esta Ley, cuando las conductas descritas en el mismo se realicen:

I. ...

II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la segundad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta;

III. Cuando el autor material o intelectual sea servidor público, o

IV. Cuando se cometa explotación de uno o varios extranjeros, de conformidad con lo establecido en los artículos relativos aplicables de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día días siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta;senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

———————— o ————————

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, párrafo primero; 2, fracciones I, II y VIII; 4, fracciones III, VIII y XII segundo párrafo; 5, párrafos primero, segundo y cuarto; 7, fracción VIII; la denominación del Capítulo III del Título Segundo; 9, párrafo primero y fracción XII; 10, fracciones III y XV; 13; 15, párrafo primero; 17, párrafo segundo; 19, párrafo tercero; 20; 25, párrafo segundo; 26; 28, párrafo primero; 29, párrafo primero y fracción III; 31, párrafos segundo y tercero; 36; 37; 44, fracción III; 46, párrafo primero; 47; 51; 65, párrafo primero y 66 párrafo tercero; 69, párrafos primero y cuarto; 70; Cuarto, párrafo segundo, y Sexto, párrafo segundo, de los artículos transitorios, todos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y la Ciudad de México. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo.

...

...

Artículo 2. ...

I.Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y la Ciudad de México, así como la participación de los sectores social y privado;

II.Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, a corto, mediano y largo plazo;

III. a VII.

VIII.Establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, de manera coordinada, ejercerán el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, y en su caso la Ciudad de México en dichas Zonas;

IX.a XV.

Artículo 4. ...

I. y II. ...

III.Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

IV. a VII. ...

VIII. Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los Estados, Municipios y la Ciudad de México, y con la participación de los sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

IX. a XI. ...

XII. ...

Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo Federal podrá signar convenios de colaboración con los Estados y la Ciudad de México en materia de registro de clasificación, verificación del cumplimiento de la regulación a que se refiere la fracción anterior, y la imposición de las sanciones a que haya lugar;

XIII.a XV....

Artículo 5. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Estados, los Municipios, y la Ciudad de México, colaboren en el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. y II. ...

III. ...

En los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de instrumentar los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y la Ciudad de México para fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable en beneficio de los habitantes de la Zona; así como los compromisos que asumen dichos órdenes de gobierno para coordinar sus acciones dentro de éstas.

...

Para los efectos de lo antes dispuesto, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos de los Estados o de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las bases previstas en el reglamento de esta Ley.

Artículo 7. ...

I. a VII....

VIII. Impulsar en coordinación con la Secretaría de Economía, ante las autoridades Federales, de los Estados, de los Municipios y de la Ciudad de México, competentes, la Instrumentación de mecanismos y programas tendientes a facilitar los trámites y gestión de los inversionistas y demás integrantes del sector turístico, que permitan la expedita creación y apertura de negocios y empresas en los destinos turísticos;

IX.a XVIII....

CAPITULO III De los Estados y la Ciudad de México

Artículo 9. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I. a XI. ...

XII. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que operen en los Estados y en la Ciudad de México;

XIII. a XXI. ...

Artículo 10. ...

I.y II. ...

III.Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, Estados o a la Ciudad de México;

IV.a XIV. ...

XV.Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o la Ciudad de México;

XVI.y XVII. ...

Artículo 13. Los Estados y la Ciudad de México conformarán sus Consejos Consultivos Locales de Turismo, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística local.

Los Consejos Consultivos Locales de Turismo serán presididos por el titular del Ejecutivo Estatal y en su caso por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y estarán integrados por los funcionarios locales que tengan a su cargo la materia turística, y aquéllos que determine el Titular del Ejecutivo Local, y presidentes municipales conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, federales, locales y municipales, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el Estado o en la Ciudad de México, las cuales participarán únicamente con derecho a voz.

Artículo 15. La Secretaría, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

...

Artículo 17....

Las instituciones, dependencias y entidades del sector público del Ejecutivo Federal, de los Estados, Municipios y de la Ciudad de México, promoverán entre sus trabajadores el turismo social.

Artículo 19....

...

La Secretaría, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, supervisarán que lo dispuesto en este capítulo se cumpla.

Artículo 20. La Secretaría, en coordinación con los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las dependencias de la Administración Pública Federal, promoverán y fomentarán entre la población aquellos programas y actividades que difundan la cultura, con el fin de crear el conocimiento de los beneficios de la actividad turística.

Artículo 25. ...

Los Estados, los Municipios y la Ciudad de México, deberán participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas.

Artículo 26. Cuando una región turística se ubique en el territorio de dos o más Estados o en el de éstos y la Ciudad de México, el Ejecutivo Federal, en coordinación con las autoridades locales y/o municipales comprendidas en el respectivo territorio y en el ámbito de su competencia, podrán formular un Programa de Ordenamiento Turístico Regional. Para tal efecto, el gobierno federal celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los órdenes de gobierno involucrados.

Artículo 28. Los programas de ordenamiento turístico local serán expedidos por las autoridades de los Estados y de la Ciudad de México con la participación de los Municipios y tendrán por objeto:

I.a III. ...

Artículo 29. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento turístico local, serán determinados por las leyes de los Estados y de la Ciudad de México en la materia, conforme a las siguientes bases:

I. y II. ...

III. Cuando un programa de ordenamiento turístico local incluya una Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y el gobierno de los Estados o el de la Ciudad de México de que se trate, y

IV....

...

Artículo 31.

El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán intervenir para impulsar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.

Los Estados, Municipios y la Ciudad de México, podrán presentar ante la Secretaría, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

...

Artículo 36. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con el Poder Ejecutivo de los respectivos Estados, Municipios y la Ciudad de México, formularán los programas de manejo correspondientes para cada Zona.

Artículo 37.Los Estados, los Municipios y la Ciudad de México deberán coordinarse con la Secretaría para el desarrollo de las campañas de promoción turística en territorio nacional y el extranjero.

Artículo 44....

I. y II....

III. Coordinar con las autoridades Federales, de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión turística así como la prestación de servicios turísticos;

IV. a XVI. ...

Artículo 46. El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo púbico de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera.

...

Artículo 47. Corresponde a la Secretaría regular y coordinar la operación del Registro Nacional de Turismo, el cual será operado por los Estados, los Municipios y la Ciudad de México.

Artículo 51. La base de datos del Registro Nacional de Turismo quedará bajo la guarda de la Secretaría, siendo responsabilidad de las autoridades de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, constatar la veracidad de la información que proporcionen los prestadores de servicios turísticos.

Artículo 65. La Secretaría participará en la elaboración de programas de profesionalización turística y promoverá, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, organismos públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales, el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la actividad turística. Asimismo establecerá lineamientos, contenidos y alcances a fin de promover y facilitar la certificación de competencias laborales.

...

Artículo 66. ...

...

Las autoridades de turismo de los Estados, Municipios y de la Ciudad de México, deberán brindar apoyo a la Secretaría para que ejerza sus facultades de verificación en las demarcaciones territoriales que les correspondan.

Artículo 69. Los prestadores que no se inscriban en el Registro Nacional de Turismo en los plazos señalados por esta Ley, serán sancionados con multa que podrá ir de quinientas hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento en que se cometa la violación.

...

...

En caso de que el prestador de servicios turísticos haga caso omiso del requerimiento, se hará acreedor a una multa que podrá ir de doscientas hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción.

...

Artículo 70. Las infracciones a lo establecido en las fracciones I, III y X del artículo 58 de esta ley, se sancionarán con multa de hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción.

Cuarto. ...

Los Estados y la Ciudad de México deberán adecuar a la presente Ley, su legislación en la materia, dentro de un año contado a partir de entrado en vigor el presente Decreto.

Sexto. ...

La Secretaría, de manera coordinada con los Gobiernos locales, municipales y de la Ciudad de México, deberá establecer los mecanismos que permitan la inscripción al Registro Nacional de Turismo, con el objeto de que los prestadores cuenten con las facilidades necesarias para llevar a cabo los trámites correspondientes.

...

...

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turnó a la Comisión de Turismo, para dictamen.

Continúe la Secretaría, por favor.

———————— o ————————

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en el grupo de amistad que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Uruguay.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 28 de abril de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza cause alta como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal cause alta como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que la diputada Heidi Salazar Espinosa cause baja como integrante de la Comisión de Población.

• Que el diputado Alejandro Armenta Mier cause baja como secretario de la Comisión de Población.

• Que la diputada Heidi Salazar Espinosa cause alta como secretaria de la Comisión de Población.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor cause alta como integrante en  la Comisión de Economía.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en el Grupo de Amistad que se señalan, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Javier Guerrero García cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 15 de mayo de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración del comité que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

• Que la diputada Melissa Torres Sandoval cause baja como titular en el Comité de Administración.

• Que el diputado Alejandro González Murillo cause alta como titular en el Comité de Administración.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en el Grupo de Amistad que se señala, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Patricia García García cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Patricia García García cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2016.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación  en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Francisco Escobedo Villegas cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Francisco Escobedo Villegas cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Braulio Guerra Urbiola cause baja como integrante de la Comisión de Cambio Climático.

• Que el diputado Braulio Guerra Urbiola cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Yulma Rocha Aguilar cause baja como integrante de la Comisión Educación Pública y Servicios Educativos

• Que la diputada Yulma Rocha Aguilar cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Bárbara Botello Santibáñez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que la diputada Bárbara Botello Santibáñez cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Martha Tamayo Morales cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Martha Tamayo Morales cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Zacil Moguel Manzur cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Armando Luna Canales cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Armando Luna Canales cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitado por el Grupo Parlamentario Morena:

• Que la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Elías Ojeda Aquino cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 22 de mayo de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en la comisión que se señala, solicitado por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 22 de mayo de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Morena

• Que la diputada Araceli Damián González cause baja como integrante de la Comisión Especial contra la Trata de Personas.

• Que la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz cause alta como integrante en la Comisión Especial contra la trata de personas.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 25 de mayo de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración de las  comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Armando Luna Canales cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública

• Que el diputado Armando Luna Canales cause alta como integrante en la Comisión de Justicia

• Que la diputada Zacil Moguel Manzur cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 30 de mayo de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en comisiones ordinarias, especiales y de grupos de amistad que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause baja como secretario de la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause alta como secretario en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause alta como integrante en la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause baja como integrante de la Comisión Especial de Minería.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause alta como integrante en la Comisión Especial de Minería.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause baja como secretario de la Comisión Especial de Movilidad.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause alta como secretario en la Comisión Especial de Movilidad.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad México-Bulgaria.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause alta como vicepresidente en el Grupo de Amistad México-Bulgaria.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Kuwait.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Kuwait.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-República Saharahui.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-República Árabe Saharahui.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 16 de junio de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se estable el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Asimismo, conforme a lo establecido en el resolutivo cuarto del acuerdo de creación de la comisión investigadora del funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, en cuanto a operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares, me permito comunicarle que el diputado Pablo Basáñez García, presidirá la comisión antes mencionada por el periodo que corresponda al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos que corresponda.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 21 de junio de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en comisiones ordinarias que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo cause baja como secretaria de la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada María Guadalupe Oyervidez Valdez cause alta como secretaria en la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo cause baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada María Guadalupe Oyervidez Valdez cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Santos Garza Herrera cause baja como secretaria de la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Ana María Boone Godoy cause alta como secretaria en la Comisión de Radio y Televisión.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 27 de junio de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en comisiones ordinarias que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

• Que el diputado Nicanor Martínez Olguín cause baja como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que el diputado Leonardo Amador Rodríguez cause alta como presidente en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que el diputado Nicanor Martínez Olguín cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que el diputado Leonardo Amador Rodríguez cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Nicanor Martínez Olguín cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Leonardo Amador Rodríguez cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 5 de julio de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en comisión ordinarias que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de julio de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en comisiones ordinarias que se señala, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada María Gloria Hernández Madrid cause alta como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de julio de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en comisiones ordinarias que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Santiago Taboada Cortina cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Mayra Angélica Enriquez Vanderkam cause baja como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Santiago Taboada Cortina cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 17 de julio de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en comisiones especiales que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de julio de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de  la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en comisiones ordinarias que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Alejandra Gutiérrez Campos cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Alejandra Gutiérrez Campos cause alta como integrante de la Comisión de Justicia.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de julio de 2016.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en organismos internacionales permanentes que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Edith Anabel Alvarado Varela cause baja como integrante del Parlamento Latinoamericano.

• Que la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta cause alta como integrante del Parlamento Latinoamericano.

• Que la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta cause baja como integrante del Parlamento Centroamericano.

• Que el diputado Carlos Barragán Amador cause alta como integrante del Parlamento Centroamericano.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro Ciudad de México, a 27 de julio de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en organismos internacionales que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Leydi Fabiola Leyva García cause alta como integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro Ciudad de México, a 2 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados sobre las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales en el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación en la integración en comisiones especiales que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y en cumplimiento al resolutivo tercero del acuerdo de este órgano de gobierno, por el que se crea la Comisión Especial de zonas económicas especiales, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria la siguiente modificación que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Mariana Benítez Tiburcio cause alta como presidenta en la Comisión Especial de zonas económicas especiales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones que se señalan solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez cause baja como integrante en la Comisión de Competitividad.

• Que la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Rocío Díaz Montoya cause alta como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 25 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones en la integración en las comisiones ordinarias que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada María Olimpia Zapata Padilla cause alta como secretaria en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada María Olimpia Zapata Padilla cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada María Olimpia Zapata Padilla cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 17 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes bajas que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán cause baja como presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán cause baja como secretario de la Comisión Especial de prevención, erradicación de la pornografía y abuso sexual infantil.

• Que el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán cause baja como secretario de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno federal.

• Que el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad México-España.

• Que el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Portugal.

• Que el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Sudáfrica.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro Ciudad de México, a 30 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes bajas que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz cause baja como integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz cause baja como secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz cause baja como integrante de la Comisión Especial de energías renovables.

• Que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz cause baja como presidenta de la Comisión Especial de seguimiento al programa especial concurrente anexo 11.1.

• Que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz cause baja como integrante de la Comisión Especial del Café.

• Que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Costa Rica.

• Que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Holanda.

• Que la diputada Ana Leticia Carrera Hernández cause baja como integrante de la Comisión de la Ciudad de México.

• Que la diputada Ana Leticia Carrera Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Ana Leticia Carrera Hernández cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Ana Leticia Carrera Hernández cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Perú.

• Que la diputada Ana Leticia Carrera Hernández cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-Suecia.

• Que el diputado Carlos Hernández Mirón cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Carlos Hernández Mirón cause baja como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Carlos Hernández Mirón cause baja como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Carlos Hernández Mirón cause baja como secretario de la Comisión Especial de Alimentación.

• Que el diputado Carlos Hernández Mirón cause baja como integrante de la Comisión Especial de Movilidad.

• Que el diputado Carlos Hernández Mirón cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Canadá.

• Que el diputado Carlos Hernández Mirón cause baja como presidente del Grupo de Amistad México-Sudáfrica.

• Que el diputado Carlos Hernández Mirón cause baja como secretario del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

• Que el diputado Héctor Javier García Chávez cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Héctor Javier García Chávez cause baja como secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Héctor Javier García Chávez cause baja como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Héctor Javier García Chávez cause baja como integrante de la Comisión Especial para impulsar a estudiantes de altas capacidades intelectuales.

• Que el diputado Héctor Javier García Chávez cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente aquellas referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, así como el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

• Que el diputado Héctor Javier García Chávez cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad México-Dinamarca.

• Que el diputado Héctor Javier García Chávez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-India.

• Que el diputado Alberto Martínez Urincho cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Alberto Martínez Urincho cause baja como secretario de la Comisión de Protección Civil.

• Que el diputado Alberto Martínez Urincho cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

• Que el diputado Alberto Martínez Urincho cause baja como secretario de la Comisión Especial contra la trata de personas.

• Que el diputado Alberto Martínez Urincho cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

• Que el diputado Alberto Martínez Urincho cause baja como secretario de la Comisión Especial para combatir el uso de recursos ilícitos en los procesos electorales.

• Que el diputado Alberto Martínez Urincho cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-China.

• Que el diputado Alberto Martínez Urincho cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Rusia

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro Ciudad de México, a 30 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política,  con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez cause baja como secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Uberly López Roblero cause alta como secretario en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Uberly López Roblero cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez cause baja como secretario de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Uberly López Roblero cause alta como secretario en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez cause baja como integrante de la Comisión Especial para combatir el uso de recursos ilícitos en los procesos electorales.

• Que el diputado Uberly López Roblero cause alta como integrante en la Comisión Especial para combatir el uso de recursos ilícitos en los procesos electorales.

• Que el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Cuba.

• Que el diputado Uberly López Roblero cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Cuba.

• Que el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Ghana.

• Que el diputado Uberly López Roblero cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Ghana.

• Que el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Irak.

• Que el diputado Uberly López Roblero cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Irak.

• Que el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Serbia.

• Que el diputado Uberly López Roblero cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Serbia.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 29 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes modificaciones que se señalan solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez cause baja como presidente de la Comisión Bicamaral para el diálogo y la conciliación para el estado de Chiapas.

• Que el diputado Jorge Álvarez López cause alta como presidente en la Comisión Bicamaral para el diálogo y la conciliación para el estado de Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados sobre las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes bajas que se señalan  solicitadas, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause baja como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause baja como integrante de la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause baja como secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause baja como secretario de la Comisión Especial para el seguimiento de los órganos reguladores del sector energético.

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause baja como integrante de la Comisión Bicamaral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios por lo que respecta a los diputados.

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause baja como sustituto en el Comité de Administración.

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad México-Colombia.

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad México-Panamá.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 31 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, con base en el acuerdo por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de comisiones, comités, grupos de trabajo y delegaciones permanentes ante organismos internacionales durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamentaria las siguientes bajas que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que la diputada María Cristina Teresa García Bravo cause alta como presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez

• Que el diputado Diego Valente Varela Fuentes cause alta como secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Diego Valente Varela Fuentes cause alta como secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Érika Irazema Briones Pérez cause baja como secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Karen Orney Ramírez Peralta cause alta como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Karen Hurtado Arana cause alta como secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Candelario Pérez Alvarado cause alta como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Norberto Antonio Martínez Soto cause alta como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Victoriano Wences Real cause alta como secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Francisco Xavier Nava Palacios cause alta como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada María Luisa Beltrán Reyes cause alta como secretaria de la Comisión de Protección Civil.

• Que el diputado José Santiago López cause alta como secretario de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Tomás Octaviano Félix cause alta como secretario de la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Karen Orney Ramírez Peralta cause baja como secretaria de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Daniel Ordóñez Hernández cause alta como secretario de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Diego Valente Varela Fuentes cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Francisco Xavier Nava Palacios cause alta como presidente de la Comisión Especial de seguimiento al programa especial concurrente anexo 11.1.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 31 de agosto de 2017.— José Alberto García Ponce (rúbrica), secretario ejecutivo.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterada.

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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Considerando la posibilidad de realizar un replanteamiento argumentativo y con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar su valioso apoyo para retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma a los artículos 49, 56 y 86 de la Ley de Hidrocarburos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

Atentamente

San Lázaro, a 31 de agosto de 2017.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica), vicecoordinadora.»

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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva esto misivo para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de lo manera más atenta, gire sus instrucciones o quien corresponda a fin de que se retire de la Comisión de Gobernación, así como de los registros parlamentarios, lo iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a los Actividades Realizadas por Organizaciones de lo Sociedad Civil, o cargo de lo diputado Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES, presentada el 7 de febrero de 2017 (expediente 3011).

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asuntos relacionado con él.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2017.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Sirva esta misiva poro enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de la Comisión de Transportes, así como de los registros parlamentarios, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Aeropuertos (expediente 3056), a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES, presentado el 9 de febrero de 2017 y publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con el mismo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2017.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, sea retirada la siguiente iniciativa, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, el pasado 5 de julio de 2017 y turnada a la Comisión de Justicia.

• Que reforma la fracción V y adiciona un segundo párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal. Presentada por diputados del grupo parlamentario.

Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2017.—  Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente su valiosa intervención ante el órgano de gobierno que preside, para que sea retirada la siguiente iniciativa, presentada por quien suscribe, el pasado 14 de junio de 2017 ante la Comisión Permanente, y turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

• Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2017.— Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6o., fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comunico que he decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017.— Diputada María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6o., fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comunico que he decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2017.— Diputado Fidel Cristóbal Serrato (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6o., fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comunico que he decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2017.— Diputado Victorino Cruz Campos (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6o., fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comunico que he decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2017.— Diputado Pablo Elizondo García (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6o., fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comunico que he decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2017.— Diputado Álex Le Barón González (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6o., fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados le comunico que he decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017.— Diputado Antonio Meléndez Ortega (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6o., fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comunico que he decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017.— Diputada Graciela Palomares Ramírez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comunico que he decidido dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2017.— Diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterada. Comuníquese.

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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 27, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comunico, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, que los diputados Guadalupe Alcántara Rojas, Fidel Cristóbal Serrato, Victorino Cruz Campos, Pablo Elizondo García, Alex Le Baron González, Antonio Meléndez Ortega, Graciela Palomares Ramírez y Miguel Ángel Ramírez Ponce se incorporan al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agradezco la atención que se sirva brindar al presente, al tiempo de enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017.— Diputado César Camacho, coordinador.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado. Comuníquese. Actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Economía, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Energía, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Gobernación, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Marina, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Salud, en versión electrónica, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Turismo, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

Derivado de la reforma constitucional de 2014, la Procuraduría General de la República sufrió un importante cambio en su naturaleza jurídica, sin embargo, tradicionalmente formula un informe de labores que por nuestro conducto remite a esa honorable Cámara, en consecuencia, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Procuraduría General de la República, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de esa Procuraduría.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del segundo informe de labores de la Secretaría de Cultura, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también les envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a ustedes su atención y hago propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado. Distribúyanse a las diputadas y a los diputados. Remítanse también a las comisiones correspondientes.

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La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número SESNSP/3074/2017, el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, envía el informe anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 10 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto. (1)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado licenciado Solís:

Por este conducto me permito saludarle y distraer su atención para hacerle llegar el informe anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (anexo), aprobado por la Comisión Permanente de Información y presentado por ésta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para su sesión ordinaria XLII, celebrada el pasado 30 de agosto de 2017.

Lo anterior, con la finalidad de solicitar su invaluable apoyo para que, a través de esa subsecretaría a su digno cargo, sea remitida una copia de dicho informe al honorable Congreso de la Unión, ello en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más cordial y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2017.— Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora (rúbrica), secretario ejecutivo.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Remítase por favor a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento. Adelante la Secretaría.

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La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-6-1464 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta ce la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/0778/2017 suscrito por la maestra. Marisol Rivera Planter, directora general de Planeación y Evaluación y encargada del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a ejecutar acciones que detengan la utilización de cañones antigranizo y otros sistemas que alteran los ciclos naturales del agua en el estado de Colima.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia al oficio número SELAP /UEL/311/2513/16, mediante el cual se hizo del conocimiento de esta subsecretaría, el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismo que se transcribe:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten acciones que detengan la utilización de cañones antigranizo y otros sistemas que alteran los ciclos naturales del agua en el estado de Colima.”

Al respecto, y con el propósito de dar cumplimiento al mencionado punto de acuerdo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó, mediante oficio número PFPA/5.3/2C.18/03469 (se anexa copia) que el cañón antigranizo es un dispositivo usado en la agricultura con el objeto de prevenir la formación de tormentas de granizo que acaben dañando las cosechas, y funciona mediante explosiones de gas, emite ondas de choque que se desplazan a la velocidad del sonido e interfieren en la cristalización del granizo, dando como resultado una lluvia o granizo blando.

Asimismo, señaló que la regulación ambiental de dichos equipos no es de su competencia sino de la Conagua.

Por su parte, la Conagua informó mediante Atenta Nota número 019 (se anexa copia) que no tiene contemplada la realización de estudios y/o investigaciones sobre los efectos y consecuencias en el ámbito meteorológico, derivados del uso de cañones antigranizo. Por otro lado, mencionó que realizará una consulta a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado que se ocupa de meteorología, hidrología operativa y de otras ciencias geofísicas conexas como la oceanografía y la química atmosférica, sobre los estudios pertinentes e investigaciones de los cañones y sobre las regulaciones internacionales, por lo que dicho organismo es el apropiado para comentar sobre los estudios e investigaciones de este tipo de artefactos de manipulación de las condiciones meteorológicas y sobre las regulaciones internacionales y en otros países.

Finalmente, señaló que hasta no contar con la opinión de los expertos no podrá realizar recomendaciones para la emisión de los lineamientos y reglamentación específica.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para que, a través de su conducto, se haga llegar la respuesta correspondiente a la Cámara de Diputados, de conformidad con el procedimiento instaurado para tales efectos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2017.— Doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario. Con fundamento en lo establecido en los artículos 19, fracción XXIII, y 83 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en atención al oficio número SPPA/760/2017, de fecha 23 de agosto de 2017, firma como encargada de despacho, la directora general de Planeación y Evaluación, maestra Marisol Rivera Planter (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Me refiero a la copia del oficio número SPPN/156/2017 suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al oficio número SELAP/UEL/311/2513/16, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo, al oficio número D.G.P.L. 63-II-1465 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, así como copia del oficio número D.G.P.L. 63-II-1464 mediante el cual comunica a esa Secretaría, dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 15 de diciembre del año próximo pasado, señalando lo siguiente.

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretada de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten acciones que detengan la utilización de cañones antigranizo y otros sistemas que alteran los ciclos naturales del agua en el estado de Colima.”

Sobre el particular y en el cumplimiento al requerimiento solicitado, me permito informarle que el cañón antigranizo es un dispositivo usado en la agricultura con objeto de prevenir la formación de tormentas de granizo que acaben dañando las cosechas; funciona mediante explosiones de gas acetileno y aire, emite ondas de choque que se desplazan a la velocidad del sonido e interfieren en la cristalización del granizo, dando como resultado una lluvia o granizo blando en lugar de granizo macizo.

Asimismo, es importante señalar que en términos del artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la regulación ambiental de dichos equipos no resulta ser de la competencia de esta Procuraduría, por lo que se sugiere solicitar información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por tratarse de posibles afectaciones a los ciclos hidrológicos, así como a la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Colima en relación a las actividades agrícolas.

Derivado de lo anterior, solicito a usted que en su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el Grupo de Trabajo para la conducción de las acciones de la Administración Pública Federal en sus relaciones con los Órganos del Poder Legislativo de la Unión, atenta y respetuosamente haga llegar la respuesta al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdo Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada María Guadalupe Arminda García Coronel, directora general (rúbrica).»

«Comisión Nacional del Agua.

Atenta nota informativa número 019

Maestra Liliana Marrufo Vázquez, coordinadora de asesores adjunta del director general de Conagua.

Hago mención a su memorándum B.00.00.01.058 del 2 de marzo de 2016, relativo al exhorto de la honorable Cámara de Diputados, dirigido a la Sagarpa y Semarnat el 15 de diciembre de 2015, relativo al uso de artefactos de manipulación del clima llamados “cañones antigranizo” y la regulación sobre su empleo en el territorio nacional, me permito comunicarle lo siguiente

I. Acciones que están realizando:

Con respecto al punto uno del Acuerdo Único citado en la referencia, le informo que no se tiene contemplada 1a realización de estudios y/o investigaciones sobre los efectos y consecuencias en el ámbito meteorológico derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país, específicamente de los “cañones antigranizo”.

II. Acciones que se pretende realizar

Dada la importancia en el tema meteorológico, se realizará una consulta a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de meteorología (tiempo y clima), hidrología operativa (agua) y de otras ciencias geofísicas conexas corno la oceanografía y la química atmosférica, sobre los estudios pertinentes e investigaciones de este tipo de artefactos de manipulación de las condiciones meteorológicas y sobre las regulaciones internacionales y en otros países al respecto.

Con referencia al punto dos del acuerdo único, hasta no contar con la opinión de los expertos de la OMM, no se podrá avanzar en las recomendaciones a las instancias correspondientes para que emitan los lineamentos y reglamentación específica para regular el uso adecuado de estas herramientas en todo el territorio nacional.

En cuanto se tenga una respuesta se informara lo conducente.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 16 de marzo de 2016.— Maestro en Ciencias Juan Manuel Caballero González (rúbrica), coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-3383 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.-948/2017 suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que presente un proyecto de Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores; así como a establecer el apoyo económico otorgado a los pequeños productores beneficiarios del Programa de Incentivos para Maíz y Frijol.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza.(rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la Oficina del secretario, referente a su atento oficio número SELAP/UELl311/512/17 de fecha 22 de marzo de 2017, mediante el cual la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta Secretaría el acuerdo aprobado en sesión celebrada el 21 de marzo de 2017, anexo al presente me permito enviarle las respuestas que nos hizo llegar, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de Agricultura, mediante oficio número 311.1277/2017 de fecha 11 de abril de 2017 y oficio número 311.3255/2017 de fecha 22 de agosto de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2017.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.— Presente.

En alcance a mi oficio número 311.1277/2017 de fecha 11 de abril de 2017, referente al punto de acuerdo primero, en donde se nos exhorta derogar la fracción II del artículo 75 de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de esta Secretaria, me permito informarle que el 28 de junio del presente año fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores del Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, PIMAF, 2017, donde: se elimina la condicionante de excluir del apoyo citado a aquellos solicitantes que reciban el Proagro Productivo.

Por lo anterior, reiteramos la disposición de continuar trabajando para la mejora del campo mexicano, en beneficio de los productores.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2017.— Ingeniero Sergio Tapia Medina (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.— Presente.

Por este conducto yen atención al oficio número 11.02.-378/2017, en el cual refiere los exhortos emitidos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien con fundamento en los artículos 33 y 34 numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8; Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, artículos 16, 17, fracciones VII y VIII, y artículo 19; Acuerdo por el que se dan a Conocer las Disposiciones Generales y Aplicables a las Reglas de Operación de los Programas esta Secretaría, artículo 5; y Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Sagarpa, artículo 77, fracción I, me permito exponer lo siguiente.

En relación al Acuerdo citado, informo que dicha exclusión ha sido propuesta con la finalidad de hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos asignados al Componente Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol, debido a la demanda que éste año con año presenta. A modo de ejemplo expongo ante usted, que durante el ejercicio fiscal 2016, la demanda de los productores fue de 933 mil 73 solicitudes, que representan la cantidad de un millón 539 mil 134 hectáreas y un monto presupuestal aproximado de $3 mil 521 millones 741 mil 983.59 (tres mil quinientos veintiún millones setecientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y tres pesos 59/100 moneda nacional) contra $1 mil 492 millones (mil cuatrocientos noventa y dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, mientras que en el presente ejercicio fiscal, la demanda asciende a 3.1 millones de hectáreas, por un monto superior a los 4 mil 700 millones (cuatro mil setecientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), razón por la cual, a pesar de los esfuerzos por focalizar la necesidad de los apoyos, se tiene gran cantidad de productores a los cuales no es posible atender.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2017.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.

A razón de lo anterior, en atención al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y teniendo como objetivo general la igualdad de oportunidades para impulsar un México próspero, elevar la productividad del país incrementando el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias logrando la inclusión de todos los sectores sociales y reducir los altos niveles de desigualdad, se vuelve necesario e indispensable atender a las zonas más vulnerables del país, que no reciben algún otro incentivo para la producción agrícola, por parte de esta Secretaría; así como la reducción y homologación de los apoyos en los diversos componentes, para lograr más y mejores oportunidades para la población más vulnerable del campo mexicano.

Sin duda alguna estamos convencidos de su preocupación y nos sumamos al esfuerzo de atender a los productores de menos recursos; razón por la cual nos comprometemos a utilizar de la manera más eficiente los recursos asignados a dicho componente, apelando sin duda alguna a su apoyo y comprensión para lograr dicho objetivo y nos ponernos a sus órdenes para continuar trabajando para la mejora en el campo mexicano.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de abril de 2017.— Ingeniero Sergio Tapia Medina (rúbrica), director general.».

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«gobierno del Estado de Jalisco.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto reciba un cordial saludo, referente al oficio D.G.L.P. 63-II-7-2134 enviado para su atención y seguimiento, le informo que esta institución se ha preocupado por fomentar la práctica de la actividad física y deporte en los municipios que conforman el estado, se ha implementado en los 125 municipios del estado el plan Jalisco Está de 10, que consta de 10 programas de actividad física y deporte, ofreciendo así una serie de servicios siendo éstos:

-Feria de la Activación para tu Bienestar

-Actívate Libre

-Activación Física en Poblaciones Vulnerables

-Parques Lineales

-Actividades Físico Recreativas en el Medio Natural

-Actividades Deportivas Municipales

-Actualización y Capacitación Municipal

-Recuperación de Espacios Públicos

-Detección de Talentos Deportivos

-Conformación de la Selección Jalisco

Estos programas tienen el objetivo de organizar, promover y desarrollar sistemáticamente actividades físicas y deportivas, ampliando la oferta de servicios en los municipios del estado que son de vital importancia para el desarrollo integral del ser humano.

Con estos programas del plan Jalisco Está de 10 y las actividades institucionales como son congresos deportivos, mesas regionales, competencias estatales e internacionales, reuniones de trabajo, la elaboración de un censo de instalaciones deportivas para conocer sus instalaciones y el estado en que se encuentran, entre otras, es así que a través de todas esta actividades esta institución invita a los representantes municipales a crear nuevos espacios deportivos, el mantenimiento de sus instalaciones deportivas, la implementación de programas deportivos y de actividad física, trabajo que se viene realizando y coinciden con el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 5 de abril del 2017, en donde exhorta respetuosamente a todas las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal a que evalúen la posibilidad de impulsar espacios deportivos dentro de sus instalaciones, igualmente a las 32 entidades federativas a continuar con la creación de programas de protección de parques y espacios deportivos públicos, además de difundir su importancia en la sociedad, como áreas en las que se conjuga la armonía y el respeto social.

Sin otro particular, me despido de usted, quedando a sus órdenes como su más atento y seguro servidor, y tenga la seguridad que seguiremos fomentando el deporte y la cultura física para fortalecer el tejido social entre la población jalisciense.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 14 de agosto de 2017.— LCF y D André Marx Miranda Campos, director general de CODE Jalisco (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se remite a la Comisión de Deporte, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Instituto Mexicano del Seguro Social.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, envío el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al segundo trimestre de 2017.

El referido informe fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social en su sesión ordinaria número 667.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2017.— Mikel Andoni Arriola Peñalosa (rúbrica), director general.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.— Presente.

En atención de los numerales 22 y 29 del Programa Anual de Evaluación correspondiente a 2017, anexo 2a, “Programas presupuestarios sujetos a ficha de monitoreo y evaluación 2016-2017 coordinados por el consejo”, se envían las fichas de monitoreo y evaluación de los siguientes programas presupuestarios del sector ambiental:

1. Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable (E005).

2. Investigación Científica y Tecnológica (E009).

3. Protección Forestal (E014).

4. Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde (E015).

5. Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenibie (S046).

6. Programa de Empleo Temporal (S071).

7. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (S074).

8. Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (S217).

9. Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (S219).

10. Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (U020).

11. Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (U025).

12. Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (U035).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017.— Maestra Marisol Rivera Planter (rúbrica), directora general de Planeación y Evaluación.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Estimado presidente de la Cámara de Diputados:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y desearle a usted ya todas las diputadas y diputados el mayor de los éxitos en sus trabajos legislativos en el periodo ordinario de sesiones que inicia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene un profundo respeto por la tarea legislativa del país, ya que el orden jurídico adecuado fortalece el estado de derecho y contribuye en gran medida en el respeto y protección de los derechos humanos.

Es por ello, que en acatamiento a las obligaciones constitucionales y legales encomendadas a este órgano constitucional autónomo, de manera respetuosa y atenta, se solicita se impulse dentro de la agenda legislativa del presente periodo ordinario, la prosecución del proceso legislativo de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas; de la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías; leyes que esa honorable Cámara ha recibido de su colegisladora al haber sido aprobadas por la Cámara de Senadores como cámara de origen, por lo que el continuar y concluir con el proceso legislativo de tales normas representaría un considerable avance en la protección de los derechos humanos del país.

De igual forma, esa honorable Cámara de Diputados como Cámara de origen presentó la propuesta de adición al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (para reconocer el matrimonio igualitario y la diversidad de familias originadas por género o preferencias sexuales.), por lo que también se solicita pueda incluirse dicha propuesta dentro de la agenda legislativa del periodo ordinario que iniciará.

Por otra parte, y en virtud de que este organismo de protección de [os derechos humanos no cuenta con atribuciones de iniciar leyes, con el fin de coadyuvar en el desarrollo normativo de los derechos humanos se hace de su conocimiento algunos temas en que son preocupantes para esta institución y que de estimarse conveniente debieran expedirse leyes para regular los derechos de las personas jóvenes, expedir una ley específica sobre el desplazamiento forzado interno, una ley sobre la consulta previa, regular lo relativo a la cancelación de los antecedentes penales, realizar reformas para prevenir y sancionar adecuadamente la violencia sexual en niñas y niños en centros educativos, establecer el reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente, así como promover reformas a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones de viudez en beneficio de varones.

Agradeciendo la consideración que brinden a las solicitudes anteriores, bajo el más estricto apego al respeto de los poderes y órganos del Estado, reitero el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para coadyuvar institucionalmente con las tareas legislativas de la Cámara que representa.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2017.— Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se remite a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.

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La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a esa honorable colegisladora, que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores se declaró instalada para su primer periodo de sesiones ordinarias y eligió a la Mesa Directiva que funcionará durante el tercer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Mesa Directiva

Presidente: senador Ernesto Cordero Arroyo

Vicepresidenta: senadora Graciela Ortiz González

Vicepresidente: senador César Octavio Pedroza Gaitán

Vicepresidente: senador David Monreal Ávila

Vicepresidente: senador Luis Sánchez Jiménez

Secretaria: senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora

Secretaria: senadora Rosa Adriana Diaz Lizama

Secretaria: senadora Lorena Cuéllar Cisneros

Secretario: senador Juan Gerardo Flores Ramírez

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2017.— Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), vicepresidenta.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterada.

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La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, asigne recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida-Motul, kilómetro 20+800, en el estado de Yucatán.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, por ser asunto de su competencia, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

La suscrita senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, asigne recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida-Motul, kilómetro 20+800, en Yucatán, bajo las siguientes:

Consideraciones

Las vías de comunicación son el medio que acerca a los seres humanos, para la convivencia mutua y el intercambio de bienes y servicios, acrecienta la economía de los integrantes de la sociedad, les facilita el traslado para comerciar sus productos, en especial tratándose de la infraestructura carretera, la cual debe permitir el tránsito eficiente y seguro de las personas.

Una economía que quiere competir a nivel mundial necesita contar con una infraestructura que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y aun bajo costo. Con una infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la población.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, establecen desarrollar la visión de llevar a México a su máximo potencial y contribuir al cumplimiento de las Cinco Metas Nacionales y las Tres Estrategias Transversales.

En el Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Comunicaciones y Transportes se resume en:

1. Comunicar poblaciones y generar traslados seguros.

2. Permitir el acceso de las comunidades a los servicios de mercado.

3. Conectar sitios públicos como escuelas y universidades.

4. Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y transportes.

5. Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional.

En la Meta Nacional un “México Próspero” que beneficie a todos los mexicanos, encontramos el desarrollo de infraestructura en materia de comunicaciones y transportes. Para aprovechar todo el potencial de México, es necesario mejorar y ampliar carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y servicios de telecomunicaciones.

Nuestra República se encuentra enmarcada por una serie de entidades federativas, municipios y poblados que con el transcurso del tiempo se van transformando en grandes manchas urbanas en donde se van asentando conglomerados humanos, que van forjando un estilo de vida y requiriendo de todos los equipamientos necesarios que les permita salir adelante.

Estas poblaciones van abriendo sus propios caminos y vías de comunicación y acceso hacia las demás, en busca de una mejor calidad de vida y sustento para sus familias, de una forma de estar comunicadas y facilitar a los miembros de la sociedad una movilidad más ágil, segura y transitable, para ello requieren de una buena infraestructura vial.

Esa infraestructura vial debe representar una mejor conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, que fomente la construcción de nueva infraestructura, que favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad. En el sector carretero se señala mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores y llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques distribuidores y accesos.

En el caso concreto de Yucatán se está necesitando de la construcción de un distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida a Motul, kilómetro 20+800, la cual permitirá que ya no ocurran más accidentes viales en los cuales los únicos afectados han sido los pobladores de Baca y poblados vecinos que concurren a laborar a la citada población.

Este tramo carretero se ha convertido en un entronque de alta peligrosidad, debido a que no existe un puente vehicular de incorporación y cruce de la carretera Mérida-Motul, y que por sus características de vía rápida ha generado en los últimos años innumerables accidentes de tránsito, dejando a familias enlutadas por esta situación.

Es importante resaltar que se demanda de disposición y atención de las autoridades competentes para brindar una solución, la cual requiere de una inversión económica, misma que resultará mínima en comparación con el beneficio y seguridad que generará en la población de las quince localidades y cabecera municipal del municipio de Baca.

Cabe destacar, que son carreteras muy transitadas en donde la obra de construcción de un distribuidor vial, les vendría de mucha ayuda y tranquilidad para las familias que día a día atraviesan por esta vía, para acudir a su trabajo, a la escuela o para realizar alguna otra diligencia personal, con la seguridad de que no correrían el riesgo de sufrir alguna tragedia que enlute a una familia más.

Por lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, pongo a consideración de esta honorable asamblea, para que sea aprobado, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, asigne recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida-Motul, kilómetro 20 + 800, en el estado de Yucatán.

Nota

1 http://wwwdofgobmxJnota detallephp?codigo=5299465&fecha=20/05/2013.

Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 considere la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, por ser asunto de su competencia, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

El suscrito, senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 considere la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas (Prodeza) y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Coussa), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para 2050, la escasez de agua en varias zonas del mundo amenazará la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia, puesto que se necesitará 60 por ciento más de alimentos por lo que la agricultura seguirá siendo el mayor consumidor de agua a nivel mundial.

Por ello, a través de la tecnología y las prácticas de gestión, los agricultores, especialmente los pequeños campesinos, tendrán que encontrar maneras de aumentar su producción con una limitada disponibilidad de tierra y agua. En la actualidad, la escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, una proporción que alcanzará los dos tercios para 2050.

En ese sentido, las mejoras destinadas a ayudar a los agricultores a aumentar la producción de alimentos utilizando recursos hídricos cada vez más limitados son muy necesarias. También será fundamental empoderar a los agricultores para que gestionen mejor los riesgos asociados a la escasez de agua, según la FAO y el Consejo Mundial del Agua.

La problemática actual, radica en un consumo excesivo de agua para la producción alimentaria y agrícola. Por ejemplo, en grandes zonas de Asia meridional y oriental, en el Próximo Oriente, África del Norte y América del Norte y Central, se utiliza más agua subterránea de la que puede reponerse de forma natural.

Tal es el caso de los habitantes de las zonas áridas de México quienes se encuentran en la disyuntiva de recuperar su entorno y mantener sus actividades productivas, por lo que el apoyo del gobierno y el trabajo conjunto son la clave para lograr que se mejoren las condiciones de vida de sus pobladores y al mismo tiempo se conserve ese hábitat.

El principal promotor del desarrollo de las zonas áridas en nuestro país es la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza), organismo que por medio de apoyo financiero y técnico implementa las políticas públicas en materia de abastecimiento de agua para la agricultura y ganadería, además de la utilizada para consumo humano.

Uno de los más importantes proyectos de la Conaza es el Prodeza (Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas) cuyo eje central es mejorar la vida de los productores agropecuarios en localidades de alta marginación de zonas áridas y semiáridas de México.

Por otro lado, a través del componente Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, se otorga a los productores locales los apoyos y servicios que les permiten contar con proyectos que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de suelo, agua y vegetación utilizados en la producción agropecuaria.

Parte del Coussa es el Proyecto Estratégico Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas (POH) cuyo objetivo es apoyar la construcción de pequeñas obras de captación y almacenamiento de agua para su uso en la etapa de estiaje, o para el consumo doméstico en las localidades rurales que carecen de abasto permanente.

En las zonas áridas los principales proyectos que se apoyan, aunque numerosos y variados, están dirigidos básicamente a la producción agrícola y ganadera, explotación de recursos vegetales, mantenimiento y generación de infraestructura, conservación y recuperación de suelos.

En ese tenor, la Conaza ha implementado proyectos de captación de agua de lluvia en varios estados de la República entre los que se encuentran Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León. Las tecnologías de cosecha de agua de lluvia que proveen de este líquido para consumo humano y para uso ganadero en las zonas áridas de México, son indispensables pues en estas zonas, el agua de lluvia que se evapora supera por mucho a la que se precipita, lo que genera una baja disponibilidad permanente para consumo humano.

Por ejemplo, Baja California Sur es uno de los estados con mayor problemática de explotación de sus reservas de agua, de acuerdo con el estudio “Diagnóstico del agua en las Américas”, elaborado por la Red Interamericana de Academias de las Ciencias.

Este diagnóstico establece que una de las problemáticas más agudas en torno al recurso del agua en el país, es la sobreexplotación de sus aguas subterráneas. Dicha sobrecarga a la capacidad de recuperación de los pozos, provoca la intrusión y sobre saturación de diversos contaminantes que depende de la zona geográfica donde se da la sobreexplotación.

Por la cercanía de los pozos locales con el mar, el problema de la sobreexplotación de aguas subterráneas en Baja California Sur, se traduce en la intrusión de agua salobre, situación que povoca la pérdida de los pozos en cuestión.

De acuerdo con este estudio en México hay 17 acuíferos en creciente afectación por la sobreexplotación, tres de los cuales se encuentran en Baja California Sur: el de La Paz, el de Comondú y el de Loreto.

Para un estado con una modesta producción ganadera, es de suma importancia el aprovechamiento óptimo del recurso hidráulico, pues la explotación ganadera es de tipo extensivo en su mayoría y de libre pastoreo. Además, la actividad es limitada por los índices de agostadero que se observan en casi la totalidad de las superficies destinadas a esta actividad, mismos que registran hasta 80 hectáreas por unidad animal y donde uno de los problemas elementales que atraviesa este subsector es la falta de fuentes de abastecimiento de agua para abrevar el ganado ya que se considera muy escasa la precipitación pluvial que se presenta en todo el territorio estatal, de ahí la necesidad de una infraestructura que permita la utilización del agua al máximo.

Es entonces que la sustentabilidad de la ganadería y la agricultura, se puede mejorar con programas como el Coussa, pero además esto puede ser un auxiliar en la captación de agua, para uso doméstico, pues en los 5 municipios del estado se enfrentan problemáticas diversas, en lo que se refiere a la administración del agua, incluyendo, por supuesto el abastecimiento a las comunidades rurales.

Es importante considerar que la base productiva del sector rural se encuentra en sus recursos humanos y materiales y que dentro de los segundos, el suelo, el agua y la vegetación representan el principal activo con el que cuentan los habitantes del medio rural; de poco serviría a la población rural contar con maquinaria y equipo agropecuario si sus activos productivos primarios se degradan y se vuelven improductivos, por ello, su uso, manejo apropiado y conservación se vuelven prioritarios no sólo para el disfrute de bienes para la población rural, sino para toda la población y las futuras generaciones, considerando que la suficiencia y disponibilidad de servicios ambientales como el agua y el aire que todos disfrutamos hoy, están íntimamente relacionados a un manejo racional y sustentablemente del suelo, el agua y la vegetación en los territorios rurales.

En ese sentido, es de suma importancia que se destinen mayores recursos a los programas enfocados en la conservación y uso sustentable del agua en las zonas áridas, tales como el Prodeza y Coussa, ya que varios estados de la república como Baja California Sur, se encuentran en situación de sobreexplotación de sus acuíferos y escasez de recursos hídricos, derivadas de las condiciones climáticas en las zonas áridas, siendo necesario que se impulsen proyectos de captación de agua de lluvia como alternativas para que en esas regiones se cuente con el agua indispensable para vivir y desarrollar sus actividades agropecuarias.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018 considere la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

Atentamente

Senado de la República, a 4 de septiembre de 2017.— Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, asigne recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la carretera de Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán; asimismo, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considerar en su plan de trabajo los recursos económicos necesarios para la reconstrucción del citado tramo de carretera.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, por ser asunto de su competencia, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

La suscrita, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la carretera de Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán, asimismo solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a considerar dentro de su plan de trabajo los recursos económicos necesarios para la reconstrucción del citado tramo de carretera, bajo las siguientes:

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno; conjuntamente con la Ley de Planeación establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas.

El Plan Nacional de Desarrollo considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo no es deber de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo surge de abajo hacia arriba, cuando cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor contribución, así el Plan expone la ruta que el gobierno de la república se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial.

En la Cuarta Meta de un México Próspero, señala que una economía que quiere competir a nivel mundial necesita contar con una infraestructura que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo. Una infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la población.

Actualmente la red carretera del país suma 374 mil 262 kilómetros. De ellos, 49 mil 169 kilómetros conforman la red federal (8 mil 459 kilómetros son autopistas de cuota y 40 mil 710 kilómetros constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24 mil 308 kilómetros se consideran estratégicas, ya que conectan el 70 por ciento de las poblaciones del país. Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la seguridad vial, ya que cada año se suscitan entre 3.3 millones y 3.8 millones de accidentes de tránsito.

En el Objetivo 4.9 se señala contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. La Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.

En cuanto a las líneas de acción, apunta fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad. Así como, evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.

En el sector carretero, asienta:

-Consolidar y/o modernizar los ejes troncales transversales y longitudinales estratégicos, y concluir aquellos que se encuentren pendientes.

-Mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores.

-Conservar y mantener en buenas condiciones los caminos rurales de las zonas más marginadas del país, a través el Programa de Empleo Temporal (PET).

-Modernizar las carreteras interestatales.

-Llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques, distribuidores y accesos.

-Ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento.

-Realizar obras de conexión y accesos a nodos logísticos que favorezcan el transito intermodal.

-Garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de la red y sistemas inteligentes del transporte.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en Materia de Comunicaciones y Transportes se resume en:

1. Comunicar poblaciones y generar traslados seguros.

2. Permitir el acceso de las comunidades a los servicios de mercado.

3. Conectar sitios públicos como escuelas y universidades.

4. Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y transportes.

5. Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional.

Al ser las carreteras vías de comunicación de suma importancia para las poblaciones permitiéndoles conectarse a fin de que se les facilite a los pobladores el flujo de productos y servicios, así como el traslado de las personas de una manera ágil, eficiente, a un bajo costo y con seguridad. es necesaria la modernización y/o reconstrucción de la infraestructura de carreteras, para que éstas se encuentren en buen estado, robustecer la conectividad del país, facilitando el desplazamiento oportuno de los mexicanos, así como el crecimiento de la actividad económica para incrementar la competitividad del país.

Por lo anterior, vengo a proponer a esta soberanía, se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para la reconstrucción de la carretera Tixméhuac-Kimbilá, ubicada aproximadamente a 45 kilómetros al este de la ciudad de Mérida.

Es importante resaltar que es una carretera muy transitada que al encontrarse en mal estado, solo perjudica a los pobladores y no contribuye con el fin establecido en el PND 2013-2018, al encontrarse la población sin un traslado de manera ágil y seguro, por lo que solicito se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que dentro de su presupuesto y de su plan de trabajo, sobre construcción, modernización y conservación de la red carretera, se incluya el proyecto de reconstrucción de la carretera Tixméhuac-Kimbilá, en el estado de Yucatán.

De lo anteriormente expuesto, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea aprobado, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la carretera Tixméhuac-Kimbilá, en el estado de Yucatán.

Segundo. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar dentro de su plan de trabajo los recursos económicos necesarios para la reconstrucción de la carretera de Tixméhuac-Kimbilá, en el estado de Yucatán.

Nota

1 www.nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, asigne recursos al sector apícola del estado de Yucatán.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, por ser asunto de su competencia, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

La suscrita, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que durante el análisis, discusión  aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos al sector apícola del estado de Yucatán, bajo las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Coordinación General de Ganadería de la Secretaria de Agricultura. Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca Alimentación (Sagarpa) México ocupa el sexto lugar en producción y el tercero en exportación mundial de miel. En el país existen 1.9 millones de colmenas a cargo de 42 mil apicultores que en promedio producen 55 mil 900 toneladas, con un valor estimado en mil 900 millones de pesos, anualmente Las principales entidades productoras son Yucatán, con 10 mil toneladas; Campeche, siete mil 500; Jalisco, seis mil 140; Chiapas, cuatro mil 600, y Veracruz, cuatro mil 400 toneladas.

Además de su importancia para la productividad, la apicultura es una actividad de gran impacto social, ya que es principalmente familiar, generando empleos, ingresos y valor agregado, existiendo en nuestro país aproximadamente 41 mil 442 apicultores dedicados a la producción de miel de abeja, de éstos 23 mil se localizan en el sureste del país La apicultura es la crianza y cuidado de las abejas, a través de ésta se obtienen productos como miel, jalea real, propóleo, cera y polen.

El apiario es el lugar donde se concentran todas las colmenas en las que habitan las abejas, éstas se dividen en tres tipos de jerarquías. Primero, está la abeja reina que tiene como única función poner huevos; después, las obreras encargadas de recolectar el néctar y el polen; y, por último, están los zánganos, quienes fecundan a la abeja reina, y una vez que cumplen con su función son echados de la colonia.

Las abejas son insectos que viven en colonias con un alto grado de organización social, elaboran y almacenan la miel y el polen, la jalea real, con la cual alimentan a la reina, y la cera, con la que construyen los panales; y colectan néctar, polen, agua y propóleo. La vida de una obrera varía dependiendo del trabajo que realiza; en época de cosecha vive sólo seis semanas, fuera de ésta puede llegar a vivir seis meses.

A este respecto, las técnicas utilizadas son muy rústicas, con poca inversión en equipo, capacitación técnica y utilizando mano de obra familiar. Las colmenas se establecen en apiarios fijos en lugares estratégicos para el aprovechamiento de las diferentes floraciones, a diferencia de otras regiones en donde los apicultores movilizan sus apiarios según los picos de floración en diferentes ecosistemas La producción de miel es posible de esta forma gracias a la rica flora melífera de la región.

Ahora bien, la península de Yucatán está cubierta por diferentes tipos de vegetación tropical de baja altitud, como bosques tropicales caducíferos, subcaducifolios y perennifolios, con importantes áreas con vegetación hidrófila hacia las zonas costeras. Los diferentes subtipos y asociaciones vegetales se distribuyen influenciados por un gradiente de precipitación que va de 400 milílitros de precipitación promedio anual en el norte, hasta 2 mil mililitros que se registran en el sur de la península. Se han descrito cerca de 2 mil 300 especies de plantas vasculares presentes en la región.

En cuanto al ciclo apícola, está en estrecha relación con el ciclo de la lluvia. El principal periodo de cosecha ocurre durante la temporada seca, de febrero a mayo o junio, según el comienzo de las lluvias. En esta época florece gran parte de las especies nectaríferas, y las abejas producen miel en cantidades suficientes para mantener su población y acumular excedentes para la época de escasez; es esta miel almacenada la que el apicultor cosecha sin riesgo de dañar la población de abejas.

Al principio de la temporada de lluvias, aunque la floración está en su máximo punto, el alto grado de humedad no permite a las abejas trabajar eficientemente, la miel que se cosecha en este corto periodo tiene un alto grado de humedad, algunos apicultores la venden a precios bajos y otros la guardan para alimentar a las abejas durante la época de crisis.

El largo periodo de lluvias, de agosto a noviembre, representa la época de crisis para las abejas. En este tiempo pocas especies melíferas florecen, sin embargo, estas son de gran importancia para el mantenimiento de las colonias; muchos apicultores incluso tienen que proporcionar alimento extra a sus abejas.

En la época de transición de la temporada de lluvias a la seca un número significativo de especies comienza a florecer, proporcionando a las abejas néctar para fortalecer sus poblaciones y prepararse para el periodo de abundancia, es la época de recuperación.

Por otra parte, según la Sagarpa, desde hace cinco décadas el mercado europeo es un fiel comprador, especialmente Alemania y Reino Unido. Asimismo, esta mil se consume en Estado Unidos, Arabia Saudita, Japón, entre otros. En 2016, se exportaron 29.1 mil toneladas con un valor de 93.7 millones de dólares.

La miel es utilizada para la elaboración de pan, golosinas y bebidas, igualmente es ocupada como elemento curativo, ya que ayuda a aliviar la tos, a mejorar la memoria, o como estimulante porque proporciona nutrientes y energía; es ideal para las personas que realizan actividad física. Pero eso no es todo, también se ocupa para la creación de productos cosméticos y de belleza como son el champú y máscaras para pestañas.

Ahora bien, al ser Yucatán el primer productor de este endulzante natural a escala nacional, por el cual se le considera la capital mundial de la miel, es ineludible que se cuide y desarrolle el sector apícola en esta región, toda vez que deja una derrama económica considerable en el país; es una gran fuente de empleo, además de que contribuye con la polinización de los cultivos en un 70 por ciento, cultivos, que producen la comida que se cosecha para alimentarnos, por lo que se le debe incentivar otorgando los apoyos necesarios, por todos beneficios que nos acarrea.

De lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, para que sea aprobado, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos al sector apícola del estado de Yucatán.

Notas

1 https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura

2 http://www.mexicodesconocido.com.mx/yucatan-y-su-miel. html

3 https://www.gob.mx/sagarpa/artículos/ la-miel-en-mexico-y-el-mundo?idiom=es

Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de septiembre del año 2017.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.

MINUTA

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo Único.- Se REFORMAN el primer párrafo del artículo 2; las fracciones IX y X del artículo 3; y la fracción X del artículo 43; se ADICIONAN un segundo párrafo al artículo 2; las fracciones XI y XII al artículo 3; un segundo párrafo al 8; una fracción IV, con lo que se recorren las actuales fracciones IV a la IX, y se convierten en las fracciones V a la X, todas del 19; y una fracción XI con lo que se recorre la fracción actual y se convierte en la nueva XII al artículo 43, todo de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 2. Queda prohibido el uso indebido o condicionado de programas sociales y de sus recursos, así como cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social.

Los servidores públicos que incumplan lo dispuesto en el presente artículo, serán sancionados de acuerdo con los ordenamientos legales correspondientes.

Artículo 3. ...

I. al VIII. ...

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz;

X. Perspectiva de género: Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, corno la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de les políticas públicas de desarrollo social;

XI. El interés superior de la niñez: De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en los tratados internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte.

Para los efectos del párrafo anterior, cualquier política o programa en el que se involucre a niñas, niños y adolescentes deberá considerar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos; el derecho de prioridad; una evaluación del impacto negativo o positivo en sus derechos y las condiciones de vulnerabilidad de cualquier grupo de niñas, niños y adolescentes, Asimismo, deberá establecer los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en cualquier política o programa en que se vean involucrados, así como los mecanismos de denuncia que contempla la fracción IX del artículo primero de la presente Ley, y

XII. Probidad: Integridad moral y honradez, por parte de los servidores públicos en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la política de desarrollo social,

Artículo 8. ...

Se considerarán de manera prioritaria a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema o cualquier otra situación de vulnerabilidad.

Artículo 19....

I. al III.

IV. Los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema o cualquier otra situación de vulnerabilidad;

V. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria;

VI. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición materno-infantil;

VII. Los programas de abasto social de productos básicos;

VIII. Los programas de vivienda;

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano

Artículo 43.

I. al IX. ...

X. Promover, con la intervención de los gobiernos de los estadas respectivos, la participación de los municipios en el diseño v ejecución de los programas de desarrollo social;

XI. Crear los mecanismos de vigilancia permanente, para que los recursos públicos destinados al desarrollo social se ejerzan con base en los principios establecidos en el artículo 3 de esta Ley, y

XII. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones al Reglamento de la Ley en un plazo máximo de ciento veinte días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

INICIATIVAS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Se informa a la asamblea que el viernes 8 de septiembre de 2017, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite los documentos que integran el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por instrucciones del ciudadano Presidente de la República, me permito enviar:

1. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

2. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

3. Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en materia arancelaria que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con el marco jurídico aplicable, se acompañan a dichos documentos los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la propuesta de declaratoria de las zonas de atención prioritaria 2018, con su respectiva nota metodológica y el listado de dichas zonas, así como la estimación del monto de recursos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno federal en materia de vivienda, elaborados por la Secretaría de Desarrollo Social.

En relación con el impacto presupuestario de las iniciativas citadas en los numerales 1 y 2, éstas se sujetan al procedimiento específico previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para su elaboración y presentación ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En ese sentido, la exposición de motivos de dichos instrumentos, junto con los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, comprenden toda la información sobre el impacto presupuestario correspondiente.

La demás documentación remitida, no requiere del dictamen de impacto presupuestario por tratarse de informes que se deben rendir al Congreso de la Unión.

Respecto a la manifestación de impacto regulatorio prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en términos de dicha ley, la materia fiscal está exceptuada de dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Solicito a la secretaría dé cuenta.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Número 1. Con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Número 2. Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Número 3. Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con los artículos 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 4o. de la Ley de Comercio Exterior.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Número 4. Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Número 5. Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2018, y la Estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal en materia de vivienda y de suelo para el ejercicio fiscal 2018.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social para opinión.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 313.A.-0003259 y 353.A.-0450 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el dictamen de impacto presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.

INICIATIVA DE SENADORAS

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia presentaron iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 146 y reforma el artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, a 26 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Las que suscriben, senadoras Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral I y 169 del Reglamento del Senado, someten a la consideración de esta Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Exposición de Motivos

El reconocimiento de los derechos humanos es un tema fundamental en los estados democráticos contemporáneos y su previsión en el orden constitucional y legal ha sido parte de la agenda del derecho internacional durante varias décadas.

El derecho a la vivienda, la cual, debe ser digna y adecuada como uno de los derechos humanos recogidos de la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 25, aparatado 1 y en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“Artículo 4, párrafo VII, de la Constitución: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

“Artículo 25.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

“Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

La expresión trabajador/a del hogar  o trabajador/a doméstico/a designa a toda persona que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación laboral. El término trabajadora o trabajador del hogar es sinónimo de trabajadora o trabajador doméstico, según el (Convenio 189), que toma en cuenta la diversidad de la terminología legal utilizada en español por los miembros de la Conferencia.

Es de mencionarse que en junio de 2011, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 189, Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, el cual es un nuevo texto normativo internacional pendiente de ratificación y de materializar su puesta en práctica en nuestro país.

Dicho Convenio garantiza la protección laboral mínima que deben tener las y los trabajadores domésticos, en igualdad de condiciones con las demás personas trabajadoras.

De acuerdo con el documento “Derechos iguales para las trabajadoras del hogar en México - 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Marzo 2012” del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el número de personas que se dedican al trabajo en el hogar alcanza 2.2 millones.

Por su parte de las 18.4 millones de mujeres que realizan actividades económicas, 10.8% lo hacen en el hogar, es decir, 1 millón 991 mil 646 personas, contra solo 189 mil 452 hombres.

Así podemos ver que el trabajo doméstico está feminizado y genera mayor vulnerabilidad por ser muchas veces aislado y prácticamente invisible, lo que acarrea desprotección y vulnerabilidad.

Según este mismo documento un tercio delas mujeres trabajadoras domésticas tiene entre uno y dos hijos/as, 35.7% tiene de 3 a 5 hijos, y 9.1% tiene 6 hijos y más. El 76.8% tiene un estrato socioeconómico bajo y medio bajo; 16%, un estrato medio alto; y sólo 7.2%, un estrato alto. En un dato muy interesante, se refleja que una de cada cinco trabajadoras no se auto define como población con algún grado de pobreza.

Por otra parte, en el ámbito salarial, un 4 32.2% de las trabajadoras ganan un salario mínimo o menos, 40.4% de uno a dos salarios mínimos, el 21.1% tienen un ingreso mayor a dos salarios mínimos y finalmente el 0.4% de las trabajadoras del hogar no reciben ingresos por el trabajo realizado.

Un punto en el que este documento del Conapred, pone mucho énfasis en la vulnerabilidad de sus derechos laborales, ya que refiere que las trabajadoras del hogar enfrentan jornadas muy largas, no cuentan con un horario fijo y no acceden al pago de horas extras como lo marca la ley.

Asimismo, 59.4% de las trabajadoras lo hace cinco o más días a la semana y un 3.3%  no descansan ni un solo día por semana de trabajo. Las jornadas laborales de 47.5%  de trabajadoras del hogar llega a más de 35 horas semanales, mientras que 50.7% de ellas trabaja de 15 a 34 horas semanales.

Al menos nueve de cada diez trabajadoras del hogar no tienen contrato laboral, no tienen prestaciones y muchas sufren despidos sin contar con ninguna protección.

En este sentido, diversos esfuerzos se han realizado para mejorar el marco constitucional y legal para ampliar el marco de protección de los derechos humanos y como lo fue la reforma constitucional más reciente de 2011, que significó sentar las bases para que el Estado mexicano respete, proteja y promueva el ejercicio de éstos a las personas que vivan o se encuentren en el territorio.

Es de todos reconocido, que nuestro régimen constitucional ha reconocido el derecho internacional elevando los tratados internacionales ratificados por México, como ley en el ámbito interno.

En este sentido el marco  nacional en materia laboral referente al trabajo del hogar, es decir, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (Ley del IMSS) y su Reglamento, no están armonizadas con esa reforma.

Ha sido tratado ampliamente el hecho de que existe no están garantizados en igualdad de circunstancias los derechos de los y las trabajadoras del hogar ni una igualdad real de oportunidades respecto de las y los trabajadores en general, particularmente en el caso del acceso a la vivienda, ya que la Ley Federal del Trabajo señala:

“Artículo 146. Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el Artículo 136 de esta Ley por lo que toca a los trabajadores domésticos.”

De tal suerte se advierte la necesidad de derogar este artículo para eliminar la desigualdad de los trabajadores domésticos respecto de otros trabajadores en cuanto al acceso al Fondo de Vivienda, más aun cuando en los hechos existe ya un esfuerzo por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, toda vez que desde julio de 2010, lanzó el programa Infonavit para todos, en el que los patrones pueden hacer aportaciones mensuales para que después, las trabajadoras del hogar sean sujetas de créditos inmobiliarios.

Sin embargo, continúa dependiendo de la voluntad del patrón, esta posibilidad de acceso al crédito para vivienda.

Por ello, la presente iniciativa busca derogar este artículo para conseguir que sea una obligación de los patrones aportar al Fondo de Vivienda con beneficio para las y los trabajadores domésticos. Debido al futuro incierto que puede tener un trabajador doméstico por sus escazas condiciones de equidad laboral comparado con los demás empleados de diversos rubros, se considera fundamental agregar un inciso al artículo 337 Ley Federal del Trabajo para asegurarles una vivienda digna al final de su periodo laboral, ya que si éste fuese separado de sus labores domésticas no se tiene la certeza de que después tantos años de trabajo se le pueda asegurar un patrimonio propio.

Pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, el apoyo a esta pequeña medida, pero que es de suma trascendencia para avanzar en el establecimiento de una mayor igualdad en el acceso de un derecho fundamental como lo es el de la vivienda a favor de un sector altamente vulnerable como lo es el de las trabajadoras domésticas.

Retomo solo dos datos de la estadística que he referido y que pueden darnos una idea de la necesidad que estas mujeres pueden tener en el rubro de vivienda: 35.7% tiene de 3 a 5 hijos y el 76.8% tiene un estrato socioeconómico bajo y medio bajo.

Esperando poder contar con su apoyo, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero. Se deroga el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 146. Derogado.

Artículo 337. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Pagar las aportaciones a que se refiere el Artículo 136 de esta Ley.

II. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;

III. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y

IV. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 25 días del mes de abril de 2017.— Senadoras: Carmen Dorantes Martínez, María Elena Barrera Tapia (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Baja California.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, me dirijo muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria, de la honorable XXII Legislatura constitucional del estado de Baja California, celebrada el día 31 de julio del año en curso, se aprobó el siguiente:

Dictamen número 8 de la Comisión de Justicia

PRIMERO: Se aprueba la reforma al artículo 19 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. (...)

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al jue la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos relacionados con la portación, transmisión, compra, posesión, acopio o se introduzcan al territorio nacional armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, delitos de robo de vehículos, a casa habitación o en establecimientos destinados a actividades comerciales, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículos Transitorios

Primero. Aprobada que sea esa iniciativa por la Vigésima Segunda Legislatura del Estado de Baja California, remítase formalmente al Congreso de la Unión para su trámite correspondiente:

Segundo. En su oportunidad, aprobada que sea por el Congreso de la Unión, remítase a los Congresos de las entidades federativas, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Una vez aprobada la presente reforma por el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos locales, remítase al Ejecutivo federal para su publicación.

Cuarto. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: Se aprueba la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia.

(...)

(...)

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, la portación, transmisión, compra, posesión, acopio o introducción al territorio nacional de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

El Código Penal Federal, las leyes en materia de armas de fuego y explosivos, así como hidrocarburos, establecerán los delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa por atentar en contra de la seguridad de la nación.

(...)

(...)

(...)

I. a XI. (...)

XII. Robo a vehículo, casa habitación o en establecimientos destinados a actividades comerciales, previstos en los artículos 376 Bis, 377 y 381 Bis del Código Penal Federal.

(...)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Aprobada que sea esta iniciativa por la Vigésima Segunda Legislatura del estado de Baja California, remítase formalmente al congreso de la Unión para su trámite correspondiente.

Segundo. En su oportunidad, aprobada que sea por el Congreso de la Unión remítase al Ejecutivo federal para su publicación.

Tercero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en diario Oficial de la Federación.

Diputado Job Montoya Gaxiola (rúbrica), Presidente; diputada Iraís María Vázquez Aguiar (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, y a la Comisión de Justicia la parte que respectiva, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Hidalgo.

Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento al artículo primero transitorio, del acuerdo emitido por las diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, anexo al presente, copias certificadas del acuerdo emitido el 6 de julio de 2017, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy y de la iniciativa de decreto que reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Horacio Trejo Badillo, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, para los efectos legales que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.

Pachuca, Hidalgo, a 20 de julio de 2017.— Licenciado Eroy Ángeles González (rúbrica), secretario de Servicios Legislativosdel Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Hidalgo.

Las diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo:

Acuerdan

Único. En relación a la iniciativa de decreto que reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en sesión ordinaria de fecha 21 de marzo del año 2017, por el diputado Horacio Trejo Badillo, integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se formula ante la cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Decreto por el que se reforma un párrafo octavo del artículo 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo Único. Se reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134. ...

...

...

...

...

...

...

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social y la pintura utilizada para la identificación de los bienes y edificios públicos, que difundan y apliquen como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces, colores o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o partido político.

Artículos Transitorios

Primero: De ser aprobada, remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos de procedimiento legislativo previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los 31 Congresos Estatales para que a su consideración se adhieran a la presente iniciativa.

Segundo: Los colores a utilizar en la propaganda y pintura de bienes y edificios públicos, tendrá que ser institucionalizados por la ley reglamentaria correspondiente.

Artículos Transitorios

Primero: Remítase el presente acuerdo, así como copia certificada de la iniciativa que le dio origen, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y los efectos legislativos previstos en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo: Envíese copia del presente acuerdo a los 31 Congresos estatales y al de la Ciudad de México, para que de considerarlo se adhieran a la propuesta de iniciativa de adhesión a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los trece días del mes de julio de 2017.— Integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Diputados: Norma Alicia Andrade Fayad (rúbrica), Daniel Andrade Zurutuza (rúbrica), Mariana Bautista de Jesús (rúbrica), Luis Enrique Baños Gómez (rúbrica), Marcelino Carbajal Oliver (rúbrica), Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, Cipriano Charrez Pedraza, Miguel Ángel de la Fuente López (rúbrica), Octavio de la Torre Sánchez, Ana Bertha Díaz Gutiérrez (rúbrica), Jorge Miguel García Vázquez, Santiago Hernández Cerón, Luis Alberto Marroquín Morato (rúbrica), Emilio Eliseo Molina Hernández (rúbrica), Sandra Simey Olvera Bautista, María Luisa Pérez Perusquía (rúbrica), Marco Antonio Ramos Moguel (rúbrica), Margarita Ramos Villeda, Manuel Fermín Rivera Peralta (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Erika Saab Lara (rúbrica), Efrén Salazar Pérez, Horacio Trejo Badillo (rúbrica), Miguel  Ángel Uribe Vázquez (rúbrica), Ernesto Vázquez Baca (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, Luis Vega Cardón (rúbrica) y Araceli Velázquez Ramírez.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Hidalgo.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento al artículo primero transitorio del acuerdo emitido por las diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, anexo al presente copias certificadas del acuerdo emitido el 6 de julio de 2017, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, y de la iniciativa de decreto que adiciona la fracción III Bis al artículo 3 y reforma la fracción I del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Luis Alberto Marroquín Morato, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, para los efectos legales que procedan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Pachuca, Hidalgo, 20 de julio de 2017.— Licenciado Eroy Ángeles González, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del estado de Hidalgo (rúbrica).»

«Congreso del Estado de Hidalgo.

Las diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Acuerdan

Único. En relaciones a la iniciativa de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada en sesión ordinaria de fecha 15 de junio del año 2017, por el diputado Luis Alberto Marroquín Morato, integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se formula ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto que adiciona la fracción III bis al artículo 3 y reforma la fracción I del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Decreto

Por el que se adiciona la fracción III bis al artículo 3 y se reforma la fracción I del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona la fracción III Bis al artículo 3 y se reforma la fracción I del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a III. ...

III Bis. Los lineamientos para la concertación de acciones entre el sector público y privado, a fin de ampliar el acceso a los servicios de salud;

I V. a XXVIII. ...

Artículo 13. ...

A. ...

De I. a X. ...

B. ...

I.  Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, III Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículos Transitorios

Primero. Remítase el presente Acuerdo, así como copia certificada de la iniciativa que le dio origen, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y los efectos legislativos previstos en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Envíese copia del presente Acuerdo a los 31 Congresos estatales y al de la Ciudad de México, para que de considerarlo se adhieran a la propuesta de Iniciativa de adhesión a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los seis días del mes de julio de 2017.— Integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y soberano de Hidalgo.— Diputadas y diputados locales: Norma Alicia Andrade Fayad (rúbrica), Daniel Andrade Zurutuza (rúbrica), Mariana Bautista de Jesús (rúbrica), Luis Enrique Baños Gómez (rúbrica), Marcelino Carbajal Oliver (rúbrica), Ana Leticia Cuatepotzo Pérez (rúbrica), Cipriano Charrez Pedraza, Miguel Ángel de la Fuente López (rúbrica), Octavio de la Torre Sánchez, Ana Bertha Díaz Gutiérrez (rúbrica), Jorge Miguel García Vázquez, Santiago Hernández Cerón, Luis Alberto Marroquín Morato (rúbrica), Emilio Eliseo Molina Hernández (rúbrica), Sandra Simey Olvera Bautista, María Luisa Pérez Perusquía (rúbrica), Marco Antonio Ramos Moguel (rúbrica), Margarita Ramos Villeda (rúbrica), Manuel Fermín Rivera Peralta (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Erika Saab Lara (rúbrica), Efrén Salazar Pérez, Horacio Trejo Badillo (rúbrica), Miguel  Ángel Uribe Vázquez (rúbrica), Ernesto Vázquez Baca, Canek Vázquez Góngora, Luis Vega Cardón (rúbrica), Araceli Velázquez Ramírez (rúbrica) y Marcela Vieyra Alamilla (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY AGRARIA

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Jalisco.

Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día jueves 17 de agosto de 2017, aprobó el acuerdo legislativo numero 1362-LXI-17, del que le adjunto copia en el cual de manera atenta respetuosa se le exhorta a efecto de que, en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior para efectos de la comunicación procesal respectiva

Sin otro en particular propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 21 de agosto de 2017.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario General del Congreso.»

«Congreso del Estadio de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Único. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de Ley

Que reforma el artículo 84 de la Ley Agraria.

Primero. Se reforma el artículo 84 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 84. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante hasta tercer grado, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales, contados a partir de la notificación o la publicación de edictos, a cuyo vencimiento caducará tal derecho.

Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos, ante fedatario público, o mediante la publicación de edictos, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan.

En el caso de que la primera enajenación se realice mediante subasta pública, la notificación se realizará invariablemente mediante la publicación de edictos, en los que se convoca a los postores y se anuncia la subasta, surtiendo los mismos efectos de la notificación personal.

El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla con las disposiciones contenidas en el presente artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Palacio del Poder Legislativo, Guadalajara, Jalisco, a 14 de agosto de 2017. — La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Erika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar, Saúl Galindo Plazola y José García Mora.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Jalisco.

Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Jalisco, en sesión verificada el miércoles 26 de julio de 2017, aprobó el acuerdo legislativo número 1339-LXI-17, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 27 de julio de 2017.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario General del Congreso.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo del Congreso de Jalisco que presenta ante el Congreso de la Unión iniciativa de ley que adiciona el artículo 208 Bis de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas

Artículo Primero. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LXI Legislatura del Congreso de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de ley que adiciona el artículo 208 Bis de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas

Único. Se adiciona el artículo 208 Bis de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 208 Bis. Con la finalidad de reforzar la cultura del seguro vial y de extender los beneficios del ramo de seguro de daños previsto en el inciso e), fracción tercera, del artículo 25 de la presente ley, así como inhibir la afectación de la movilización vial en el punto donde se suscite un siniestro provocado por la colisión de vehículos del que resulten únicamente daños a los automotores participantes, las instituciones de seguros, en los contratos respectivos establecerán las bases para determinar el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que hagan constar las circunstancias del siniestro, habilitando con ellos a los conductores involucrados a mover de manera inmediata los vehículos afectados al lugar más próximo en el que no afecten la circulación vial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Guadalajara, Jalisco, a 18 de julio de 2017. Sala de comisiones del Congreso del Estado.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Édgar Oswaldo Bañales Orozco, Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez (rúbrica), Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola, José García Mora (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Jalisco.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un  atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día miércoles 26 de julio de 2017, aprobó el Acuerdo Legislativo número 1340-LXI-17, del que le adjunto copia, en el cual, de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete, se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2017.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general del honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo

Del Congreso del estado de Jalisco, que presenta ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa de ley que adiciona el artículo 150 ter de la Ley sobre el Contrato Seguro.

Artículo Primero. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamente en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de ley

Que adiciona el artículo 150 ter al Capítulo V del Título II de la Ley sobre el Contrato Seguro, para quedar como sigue:

150 Ter. Tratándose de Contratos de Seguro Automotriz donde en su cobertura se incluya el pago de la responsabilidad por daños ocasionados a terceros, las empresas aseguradoras estarán obligadas a autorizar a sus asegurados desde el momento del reporte de un siniestro y donde los mismos asumen la responsabilidad del evento, el poder mover los vehículos que se encuentren involucrados, únicamente en caso de colisiones donde no se hayan dañado en las estructuras de los vehículos y éstos puedan circular, sin que ello implique contravenir las disposiciones contenidas en los artículos 113, 114, 115 y 148 de esta Ley, así como donde la ley estatal de la materia lo permita, condicionando a los asegurados que previo a la movilización de los vehículos, deberán tomar los indicios necesarios en video o fotografía de la posición final de los vehículos para la certeza de la determinación de la responsabilidad del asegurado, misma que serán entregadas a los ajustadores al arribar a lugar.

En caso de controversias relativas a la responsabilidad del asegurado, derivado de variar su manifestación de ser responsable del siniestro al arribo del ajustador, las empresas estarán obligadas a proporcionar a las autoridades competentes que resuelva la controversia, los videos y fotografías del siniestro para verifica y cotejar lo manifestado por el asegurado al reportar el siniestro y deslindar  responsabilidad correspondiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de du publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sala de Comisiones del Congreso del estado, Guadalajara, Jalisco, a 18 de julio de 2017.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos: diputadas y diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Erika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez (rúbrica), Felipe de Jesús Romo Cuéllar (rúbrica), Saúl Galindo Plazola y José García Mora (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Jalisco.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día jueves 17 de agosto de 2017, aprobó el Acuerdo Legislativo Número 1363-LXI-17, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete, se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Guadalajara, Jalisco, a 21 de agosto de 2017.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general del honorable Congreso del estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Único. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente:

Iniciativa de ley que reforma el artículo 501, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo

Primero. Se reforma el artículo 501, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte:

1. El cónyuge supérstite y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más;

II. a la V. ( ... )

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del estado a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Palacio del Poder Legislativo, Guadalajara, Jalisco, a 14 de agosto de 2017.— La Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos: diputadas y diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Edgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Erika Lizbeth Ramírez Pérez (rúbrica), Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar, Saúl Galindo Plazola y José García Mora (rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Querétaro.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, fracciones V y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión del pleno de la LVIII Legislatura del estado de Querétaro, celebrada el 22 de junio de 2017, se aprobó el acuerdo por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del estado de Querétaro, aprueba presentar ante el Congreso de la Unión, la iniciativa de ley que reforma la fracción XXIX-Z y adiciona una fracción XXIX-AA, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitiéndole la iniciativa de mérito, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 22 de junio de 2017. LVIII Legislatura del estado de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández, presidenta; diputado Juan Luis Íñiguez Hernández, primer secretario (rúbricas).»

« Iniciativa de ley que reforma la fracción XXIX-Z y adiciona una fracción XXIX-AA, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción XXIX-Z y se adiciona una fracción XXIX-AA del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene ...

I. a XXIX-Y. . ..

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante;

XXIX-AA. Para realizar gestión ante el Poder Ejecutivo federal y los órganos, dependencias o entidades de la Administración Pública, conforme a la Ley de la materia; y

XXX. Para expedir todas...

Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente Ley.

Atentamente

LVIII Legislatura del Estado de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández, presidenta; diputado Juan Luis Íñiguez Hernández, primer secretario (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Querétaro.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, fracciones V y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión del pleno de la LVIII Legislatura del estado de Querétaro, celebrada el 22 de junio de 2017, se aprobó el acuerdo por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del estado de Querétaro aprueba presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley que adiciona un segundo y un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitiéndole la iniciativa de mérito, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 22 de junio de 2017.— LVIII Legislatura del Estado de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández, presidenta; diputado Juan Luis Íñiguez Hernández, primer secretario (rúbricas).»

«Congreso del Estado de Querétaro.

Iniciativa de ley que adiciona un segundo y un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo Único. Se adiciona un segundo y tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134. Los recursos económicos...

Todo servidor público está obligado a desempeñar su encargo conforme a la naturaleza del mismo, en observancia de los planes y programas que el Poder, órgano, dependencia, organismo o cualquier ente público, sin importar su denominación, establezcan para el cumplimiento de sus funciones, conforme a los principios señalados.

Los servidores públicos que esta Constitución y las leyes señalen como responsables, deberán rendir cuentas por el manejo de los recursos públicos y de los resultados obtenidos de conformidad con sus planes y programas.

Los resultados del...

Las adquisiciones, arrendamientos...

Cuando las licitaciones...

El manejo de...

Los servidores públicos...

Los servidores públicos...

La propaganda, bajo...

Las leyes, en...

Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igualo menor jerarquía que se opongan a la presente Ley.

Atentamente

LVIII Legislatura del estado de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández, presidenta; diputado Juan Luis Íñiguez Hernández, primer secretario (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Querétaro.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones V y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en sesión del pleno de la LVIII Legislatura del estado de Querétaro, celebrada el 22 de junio de 2017, se aprobó el acuerdo por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del estado de Querétaro aprueba presentar, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la “iniciativa de ley que reforma el inciso a) y deroga el inciso b), ambos de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma la fracción i del inciso a), deroga el inciso b), ambos del número 1 del artículo 51 y deroga el número 2 del artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos”, remitiéndole la iniciativa de mérito, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 22 de junio de 2017. LVIII Legislatura de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández (rúbrica), Presidenta;diputado Juan Luis Íñiguez Hernández (rubrica), primer secretario.»

« Iniciativa de ley que reforma el inciso a) y deroga el inciso b), ambos de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma la fracción I del inciso a), deroga el inciso b), ambos del número 1 del artículo 51 y deroga el número 2 del artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos

Artículo Primero. Se reforma el inciso a) y se deroga el inciso b), ambos de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo ejerce...

La renovación de...

I.

II. La ley garantizará...

El financiamiento público...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente conforme a los siguiente: se multiplicará el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) Derogado.

c) El financiamiento público...

La ley fijará...

De igual manera...

III a VI. ...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del inciso a) y se deroga el inciso b), ambos del número 1 del artículo 51; y se deroga el número 2 del artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 51.

1. Los partidos políticos...

a) Para el sostenimiento...

1. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente multiplicará el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año por el treinta por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

II. a V....

b) Derogado.

c)...

2. a 13....

Artículo 56.

1. El financiamiento que...

a) a c)....

2. Derogado.

3. a 16....

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente ley.

Atentamente

LVIII Legislatura de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández (rúbrica), Presidenta;diputado Juan Luis Íñiguez Hernández (rubrica), primer secretario.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, y a la Comisión de Gobernación la porción respectiva, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Querétaro.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, fracciones V y XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en sesión del pleno de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, celebrada el 22 de junio de 2017, se aprobó el acuerdo por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, aprueba presentar ante el Congreso de la Unión, la iniciativa de ley que reforma las fracciones VI y VII del artículo 55; VI y VII del artículo 82 y se adicionan y las fracciones VIII y IX del artículo 55; VIII y IX del artículo 82, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitiéndole la iniciativa de mérito, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 22 de junio de 2017. LVIII Legislatura del Estado de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández (rúbrica), Presidenta; diputado Juan Luis Íñiguez Hernández (rúbrica), primer secretario»

«Iniciativa de ley que reforma las fracciones VI y VII del artículo 55; VI y VII del artículo 82 y se adicionan y las fracciones VIII y IX del artículo 55; VIII y IX del artículo 82, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman las fracciones VI y VII, y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado...

I. a la V. ...

VI. No ser ministro de algún culto religioso;

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59;

VIII. Haber presentado su declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, noventa días antes del día de la elección.

La declaración de situación patrimonial deberá incluir los actos jurídicos relativos al patrimonio, realizados dentro de los tres años anteriores al día de la elección; y

IX. No haber sido condenado por delitos relacionados con hechos de corrupción ni por delitos dolosos.

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones VI y VII, y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 82. Para ser presidente...

I. a la V. ...

VI. No ser secretario o subsecretario de estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección;

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83;

VIII. Haber presentado su declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, noventa días antes del día de la elección.

La declaración de situación patrimonial deberá incluir los actos jurídicos relativos al patrimonio, realizados dentro de los tres años anteriores al día de la elección; y

IX. No haber sido condenado por delitos relacionados con hechos de corrupción ni por delitos dolosos.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente ley.

Atentamente

LVIII Legislatura del Estado de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández (rúbrica), Presidenta; diputado Juan Luis Íñiguez Hernández (rúbrica), primer secretario.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Querétaro.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones V y XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en sesión del pleno de la LVIII Legislatura del estado de Querétaro, celebrada el 6 de julio de 2017, se aprobó el acuerdo por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del estado de Querétaro aprueba presentar, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la “iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”, remitiéndole la iniciativa de mérito, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiterarnos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de junio de 2017. LVIII Legislatura del Estado de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández (rúbrica), Presidenta; diputado Juan Luis Íñiguez Hernández (rúbrica), primer secretario.»

«Iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Artículo Primero: Se reforma la denominación de la Ley Sobre el Escudo, La Bandera y el Escudo Nacionales, para quedar como sigue:

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 1; y se adiciona el artículo 4o. Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 1o. El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos. La presente ley es de orden público y regula sus características y difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera, los honores a esta última y la ejecución del Himno.

Artículo 4o. Bis. También se considera como símbolo patrio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, cuya enseñanza será obligatoria en todos los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente ley.

Atentamente

LVIII Legislatura del Estado de Querétaro.— Mesa Directiva: diputada María del Carmen Zúñiga Hernández (rúbrica), Presidenta; diputado Juan Luis Íñiguez Hernández (rúbrica), primer secretario.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Continúe, secretaria.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a), del numeral 1, del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 38 numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

II. Que el artículo 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar su primer periodo de sesiones ordinarias.

III. El artículo 36, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que por regla general, se realizarán las sesiones los martes y jueves de cada semana y podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, cuando así lo determine la conferencia.

IV. Que, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos que le corresponden, y que el primer periodo no podrá prolongarse más allá del 15 de diciembre del mismo año.

Con base en lo antes expuesto, este órgano de Gobierno acuerda someter a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se establece el siguiente calendario legislativo para el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Segundo.Comuníquese y publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2017.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado, comuníquese.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:El siguiente punto del orden del día es el relativo a las iniciativas. Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, y suscrita por diputados y diputadas integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El referido decreto fue un resultado de un amplio análisis, de un amplio debate por el que se crea la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo, y para tal efecto, el poder revisor de la Constitución estableció un régimen transitorio que regula, entre otros aspectos, en su artículo décimo de este transitorio, lo siguiente:

La entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión para tal efecto.

Y siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa para la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

El procurador general de la República que se encuentre en funciones en ese momento de expedirse la declaratoria de la autonomía de la Fiscalía, quedará designado como Fiscalía General de la República por ministerio constitucional. Es decir, no requiere someterse a procedimiento alguno para designación de lo previsto en el artículo 102 constitucional.

El diseño institucional previsto desde la Constitución para la Fiscalía constituye un avance sin precedentes en el fortalecimiento de la institución encargada de procuración de justicia en nuestro país en el orden federal.

En este mismo sentido es preciso reconocer que la reforma constitucional referida fue aprobada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, con una mayoría calificada y por ende con la mayoría de los Congresos locales.

La intervención de ambos poderes en la designación del titular de la Fiscalía, que corresponde en una concepción moderna al principio de división de poderes que debe entenderse como un medio para garantizar los derechos de todas las personas en nuestro país, se trata sin duda de un mecanismo de corresponsabilidad entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo acorde a la naturaleza jurídica que se ha dado a la Fiscalía General de la República.

En tal virtud y con la convicción de nuestro grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, junto con nuestros aliados, así como el impulso inalienable de nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que desde hace ya varios meses ha enviado una iniciativa para efecto de que se creé la Fiscalía General de la República, pero a su vez se impida el pase automático del fiscal, para tal efecto y previendo el no afectar el funcionamiento de la propia Fiscalía se dispone que el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía de la Fiscalía y haga la declaratoria formal de la misma, continuará en el encargo hasta en tanto el Senado de la República designe al fiscal general de la República.

Proponemos también que el proceso de designación del fiscal sea totalmente incluyente para todos los mexicanos, que cumplan con los requisitos constitucionales para no vulnerar derechos y tener así el mejor perfil existente que la procuración de justicia merece en nuestro país. Estamos entonces ante una modificación que debe fortalecer la Fiscalía General de la República, y en consecuencia a la procuración de justicia en nuestro país.

A continuación, me permito dar lectura a la propuesta mencionada y presentada ante esta Mesa Directiva en la sesión próxima pasada.

Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de febrero de 2014.

Único. Se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero de 2014, para quedar de la siguiente manera.

Transitorio Décimo Sexto. Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la designación del fiscal general de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviese reunida, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesión extraordinaria.

El procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el primer párrafo de este artículo, continuará en su cargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal general de la República, y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación.

Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y por la importancia que reviste la elección del fiscal general de la República, quien tendrá como funciones principales la de velar por el cumplimiento de las leyes y ejercer las acciones que procedan en contra de quienes trasgredan, y que solicitamos respetuosamente a esta Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que ponga a consideración del pleno el que a la presente iniciativa se le dé el carácter de urgente resolución y se dispensen todos los trámites parlamentarios, para su expedita discusión ante esta soberanía.

Cabe señalar, a su vez, que esta propuesta fue discutida el día de ayer al interior de la Junta de Coordinación Política y aprobada a su vez por mayoría.

Esto va a permitir, compañeras y compañeros diputados, echar a andar la maquinaria legislativa, en donde el Constituyente Permanente dirá la última palabra para eliminar el pase automático del fiscal. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que remiten los Grupos Parlamentarios del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES

Los suscritos César Octavio Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Yerico Abramo Masso, Pedro Luis Noble Monterrubio, Enrique Jackson Ramírez, Edgar Romo García, Marco Polo Aguirre Chávez, Martha Hilda González Calderón, Martha Sofía Tamayo Morales, Roberto Montoya Díaz, Tristán Canales Najjar, Yarith Tannos Cruz, Yulma Rocha Aguilar, Jorge Alejandro Carballo Delfín, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Francisco Javier Santillán Oceguera, Carolina Monroy del Mazo, María Bárbara Botello Santibáñez y demás diputados que suscriben la presente iniciativa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 6, fracción I, 77 y 78; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos ante esta honorable asamblea, la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral.

El referido decreto fue resultado del estudio y dictaminación de 56 iniciativas presentadas por diversos legisladores de todos los grupos parlamentarios. En sesión del 3 de diciembre de 2013, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen correspondiente con 106 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención. En sesión del 5 de diciembre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta con modificaciones por 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones. Fue devuelta a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 13 de diciembre de 2013, el Pleno del Senado aprobó en sus términos la minuta por 99 votos en pro, 11 en contra y 2 abstenciones, siendo remitida a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales y una vez realizada la declaratoria respectiva, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Con dicho decreto se crea la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo. Para tal efecto, el poder revisor de la Constitución estableció un régimen transitorio que regula, entre otros aspectos, en su artículo décimo sexto transitorio, lo siguiente:

1. La entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida para dicho efecto, y siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

2. El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía de la Fiscalía, quedará designado Fiscal General de la República por ministerio constitucional; es decir, no requiere someterse al procedimiento de designación previsto en el apartado A del artículo 102 de la Constitución.

El diseño institucional previsto desde la Constitución para la Fiscalía constituye un avance sin precedentes en el fortalecimiento de la Institución encargada de la procuración de justicia en nuestro país, en el orden federal.

En este mismo sentido, es preciso reconocer que la reforma constitucional referida fue aprobada por todas las fuerzas políticas, con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y con la mayoría de los congresos locales conformados pluralmente por distintas fuerzas políticas, incluido desde luego, el artículo décimo sexto transitorio.

La intervención de ambos poderes en la designación del titular de la Fiscalía se corresponde con una concepción moderna del principio de división de poderes, que debe entenderse como un medio para garantizar los derechos de todas las personas en nuestro país. Se trata, sin duda, de un mecanismo de corresponsabilidad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, acorde con la naturaleza jurídica que se ha dado a la Fiscalía General de la República.

En tal virtud y en atención a distintas inquietudes relacionadas con el transitorio constitucional referido, que han sido manifestadas tanto por legisladores como por la propia sociedad y la academia, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa para modificar el multicitado artículo décimo sexto transitorio, que prevé la designación de Procurador General de la República a primer Fiscal General de la República, por ministerio constitucional.

De ser aprobada la presente iniciativa y en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se declare el inicio de su vigencia, corresponderá al Senado de la República iniciar el procedimiento para el nombramiento del nuevo fiscal conforme al procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 Constitucional, previendo, a efecto de no afectar el funcionamiento de la propia Fiscalía, que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía constitucional, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado de la República designe al Fiscal General de la República y, adicionalmente, que el Procurador de que se trate podrá ser considerado para participar en el proceso de designación.

Se trata en consecuencia de una modificación que busca fortalecer a la Fiscalía General de la República y en consecuencia a la procuración de justicia en nuestro país.

Así, la propuesta contenida en la presente iniciativa consiste en lo siguiente:

Texto vigente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Décimo Sexto.Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28, 29 párrafo primero; 69 párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84, 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

El Procurador General de la República que se encuentren en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo.

Texto propuesto en la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Décimo Sexto. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28, 29 párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84, 89, fracción IX;  90, 93, párrafo segundo; 95; 102, apartado A; 105, fracciones II, incisos e) e i) y 111; 107; 110 y III por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria.

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el primer párrafo de este artículo continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa soberanía la siguiente:

Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Único.Se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue:

Décimo Sexto. ...

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre 7 de 2017.— Diputados: Adolfo Mota Hernández, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Adriana Sarur Torre, Adriana Terrazas Porras, Alberto Silva Ramos, Alejandro González Murillo, Alejandro Juraidini Villaseñor, Alex Le Baron González, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Alma Carolina Viggiano Austria, Alma Lilia Luna Munguía, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Álvaro Ibarra Hinojosa, Álvaro Rafael Rubio, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana Guadalupe Perea Santos, Ana María Boone Godoy, Andrés Aguirre Romero, Angélica Reyes Ávila, Antonio Amaro Cancino, Antonio Tarek Abdala Saad, Araceli Guerrero Esquivel, Arlet Mólgora Glover, Azul Etcheverry Aranda, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Beatriz Vélez Núñez, Benjamín Medrano Quezada, Bernardino Antelo Esper, Braulio Mario Guerra Urbiola, Brenda Borunda Espinoza, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Barragán Amador, Carlos Gutiérrez García, Carlos Iriarte Mercado, Carlos Sarabia Camacho, Carmen Salinas Lozano, Carmen Victoria Campa Almaral, Carolina Monroy del Mazo, César Alejandro Domínguez Domínguez, César Octavio Camacho Quiroz, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Villanueva Huerta, Daniela de los Santos Torres, David Aguilar Robles, David Epifanio López Gutiérrez, Delia Guerrero Coronado, Dora Elena Real Salinas, Edgar Castillo Martínez, Edgar Romo García, Emilio Enrique Salazar Farías, Enrique Rojas Orozco, Erick Alejandro Lagos Hernández, Esdras Romero Vega, Evelio Plata Inzunza, Evelyng Soraya Flores Carranza, Fabiola Guerrero Aguilar, Fabiola Rosas Cuautle, Federico Eugenio Vargas Rodríguez, Felipe Cervera Hernández, Fernando Navarrete Pérez, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Fidel Almanza Monroy, Fidel Cristóbal Serrato, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Javier Pinto Torres, Francisco Javier Santillán Oceguera, Francisco Lauro Rojas San Román, Francisco Saracho Navarro, Gabriel Casillas Zanatta, Gloria Himelda Félix Niebla, Gonzalo Guízar Valladares, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Heidi Salazar Espinosa, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Hugo Daniel Gaeta Esparza, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jesús Rafael Méndez Salas, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jorge Álvarez López, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Enrique Dávila Flores, José Alberto Couttolenc Buentello, José Alfredo Ferreiro Velazco, José Alfredo Torres Huitrón, José Antonio Arévalo González, José de Jesús Galindo Rosas, José del Pilar Córdova Hernández, José Hugo Cabrera Ruiz, José Ignacio Pichardo Lechuga, José Luis Orozco Sánchez Aldana, José Luis Sáenz Soto, José Luis Toledo Medina, José Refugio Sandoval Rodríguez, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Aurora Cavazos Cavazos, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juan Manuel Celis Aguirre, Justo Federico Escobedo Miramontes, Karina Sánchez Ruiz, Laura Mitzi Barrientos Cano, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Leydi Fabiola Leyva García, Lia Limón García, Lillian Zepahua García, Lorena Corona Valdés, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, Luis Alfredo Valles Mendoza, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Luis Manuel Hernández León, Marco Antonio Aguilar Yunes, Marco Antonio García Ayala, Marco Polo Aguirre Chávez, María Ávila Serna, María Bárbara Botello Santibáñez, María Esther de Jesús Scherman Leaño, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Eugenia Ocampo Bedolla, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Oyervides Valdez, María Marcela González Salas y Petricioli, María Monserrath Sobreyra Santos, María Soledad Sandoval Martínez, María Verónica Muñoz Parra, Mariana Benítez Tiburcio, Mario Machuca Sánchez, Mario Rebollo Mendoza, Martha Hilda González Calderón, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Martha Sofía Tamayo Morales, Matías Nazario Morales, Melissa Torres Sandoval, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Miguel Ángel Sulub Caamal, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Mirna Isabel Saldivar Paz, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Nancy López Ruiz, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Nora Liliana Oropeza Olguín, Norma Edith Martínez Guzmán, Olga María Esquivel Hernández, Omar Noé Bernardino Vargas, Óscar García Barrón, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Otniel García Navarro, Pablo Basáñez García, Pablo Bedolla López, Pablo Elizondo García, Pablo Gamboa Miner, Paloma Canales Suárez, Paola Iveth Gárate Valenzuela, Pedro Alberto Salazar Muciño, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Pedro Luis Noble Monterrubio, Próspero Manuel Ibarra Otero, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula, Raúl Domínguez Rex, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Ricardo David García Portilla, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Rosalinda Muñoz Sánchez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Salomón Fernando Rosales Reyes, Salomón Majul González, Samuel Alexis Chacón Morales, Sandra Méndez Hernández, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Silvia Rivera Carbajal, Sofía del Sagrario de León Maza, Sofía Gonzáles Torres, Susana Osorno Belmont, Sylvana Beltrones Sánchez, Timoteo Villa Ramírez, Tomás Roberto Montoya Díaz, Tristán Manuel Canales Najjar, Uberly López Roblero, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Víctor Manuel Silva Tejeda, Victorino Cruz Campos, Virgilio Daniel Méndez Bazán, Virgilio Mendoza Amezcua, Xitlatic Ceja García, Yahleel Abdala Carmona, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Yarith Tannos Cruz, Yerico Abramo Masso, Yulma Rocha Aguilar, Zacil Leonor Moguel Manzur (rúbricas).»

El diputado Edgar Romo García (desde la curul): Presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputada, por favor, antes de que se retire. ¿Con qué objeto, diputado Romo?

El diputado Edgar Romo García (desde la curul): Con el objeto, presidente, de solicitarle un receso breve, a fin de poder pactar con los demás grupos parlamentarios el procedimiento que seguiría después de la intervención de la diputada Gloria, para desahogar esta iniciativa, si tiene a bien concederlo.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 12:48 horas): Con todo gusto, diputado. Esta Presidencia ordena un receso de diez minutos y solicita a los coordinadores estar pendientes del trámite que ha solicitado el diputado Romo.

(Receso)

(A las 13:16 horas): Se reanuda la sesión.

Esta Presidencia ha recibido la solicitud del coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado Marko Cortés, de hacer uso de la palabra y se le concede. Sonido en la curul del diputado Marko Cortés, por favor.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Presidente, amigas y amigos legisladores, el Congreso todos los días, todas las sesiones nos da la oportunidad de poder construir, de poder acordar, de poder dialogar.

Hoy por la mañana los coordinadores de la fracción parlamentaria de PRD, de Movimiento Ciudadano, hicimos un exhorto público en donde pedimos que la discusión que hoy nos trae de eliminar el pase automático del procurador a fiscal general pueda ser abordado después de escuchar a más de 300 organizaciones de la sociedad que exigen tener un fiscal que sí sirva.

Nosotros pedíamos el día de ayer, en la Junta de Coordinación Política, que este tema fuera abordado en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la búsqueda de llegar a un acuerdo en algo en lo que ya públicamente todas las fracciones políticas nos hemos manifestado a favor de decir, no a un fiscal carnal o un fiscal a modo. En eso hemos coincidido, con muchas dificultades, pero hemos coincidido.

Yo hoy quiero, presidente, apostar a la capacidad de diálogo, de construcción de acuerdos entre las partes y que esta propuesta que hace Movimiento Ciudadano, que hace el PRD, que hace Acción Nacional pueda ser considerada por los otros grupos parlamentarios, para que la discusión de la modificación al artículo 102 y el décimo sexto transitorio pueda ser enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con el compromiso de, a la brevedad posible, lograr los acuerdos que permita tener mayoría calificada esta propuesta y que finalmente zanjemos y terminemos el tema de un fiscal que no serviría para combatir la corrupción y la impunidad.

Presidente, coordinadores de otros grupos parlamentarios, hago votos en esta nueva oportunidad de construir, de coincidir en beneficio de los intereses principales para México. Muchas gracias, presidente. Y a todas y a todos ustedes por su atención.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, señor coordinador. Entonces, entendiendo que en el trámite que estamos es el que tiene que dictarse a la iniciativa presentada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, lo que usted está refiriendo a estos coordinadores es modificar si aceptan la modificación del trámite que se está dictando, tal y como ellos lo han solicitado.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): ... presidente. Además de las iniciativas que tiene la Comisión de Puntos Constitucionales, de PRD y de Acción Nacional, que también pedimos que sea analizada en el seno de la Comisión.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En tal virtud, pregunto a la coordinación del Partido Revolucionario Institucional. Sonido en la curul del diputado César Camacho.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz Camacho (desde la curul): Gracias, presidente. Los suscriptores de la iniciativa en comento, legisladoras y legisladores del PRI, del Partido Verde, de Nueva Alianza y de Encuentro Social somos gente seria. Honramos un compromiso que formulamos el pasado jueves 7, a propósito de la instalación de la Mesa Directiva que, por fin, fuera de chantajes y coyunturas políticas, ha quedado debidamente instalada con la pluralidad que la ley y el buen juicio contemporáneo sugieren.

Dicho lo anterior, hemos acreditado en los hechos estar en la misma sintonía que el presidente Enrique Peña Nieto, quien hace unos meses envió al Senado de la República una iniciativa de reformas y adiciones al artículo 102, transitorio dieciséis, para sustancialmente evitar el paso automático de procurador a fiscal.

Esa fue, esa es y seguirá siendo nuestra convicción, en absoluta congruencia, en unidad de propósitos y de acción política entre la dirigencia, el Senado de la República y la Cámara de Diputados de extracción priista.

Como queremos que este asunto se discuta lo suficiente, estamos de acuerdo con que la iniciativa en comento, y estoy enterado de que hay varias otras en sentido similar, se concentren en la Comisión de Puntos Constitucionales para que se discuta, analice, y hago votos porque se dictamine favorablemente para los intereses de las instituciones y de las y de los mexicanos.

Sin consignas, sin tener que dar mensajes críticos con estas decisiones. Lo único que tenemos presente es construir acuerdos a favor de México. Completar el Sistema Nacional Anticorrupción con una fiscalía moderna integrada por mexicanas y mexicanos, no solo peritos en derecho sino gente afecta y comprometida con la justicia. Estamos de acuerdo con el trámite.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Permítanme los señores diputados don Francisco Martínez Neri, doña Ernestina Godoy y Rocío Nahle, dictar el trámite al que ha accedido la fracción proponente o las fracciones proponentes y, acto seguido, les concedo el uso de la palabra.

Se turna la iniciativa presentada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social a la Comisión de Puntos Constitucionales para los efectos que tenga lugar.

Igualmente, las iniciativas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática, Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática dos iniciativas, se remiten también a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que en un solo expediente sean analizadas, discutidas y, en su caso, traídas en forma de dictamen a este pleno.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que presenta el Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que integran la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente iniciativa por la que se reforma el artículo décimo sexto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, fue aprobada por todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, ya que responde a las necesidades y exigencias planteadas por la sociedad mexicana.

La votación en la Cámara de Senadores obtuvo 106 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención; en la Cámara de Diputados, 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones, rea-lizadas las modificaciones pertinentes a la minuta, obtuvo en el Senado 99 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones; para finalmente ser aprobada por la mayoría de los congresos locales.

Como expresión política del país incide directamente en el poder ciudadano, obliga a las autoridades a rendir cuentas, al tiempo que fortalece a las instituciones encargadas de la organización de elecciones, de la impartición de justicia electoral y de la persecución de delitos.

La reforma establece nuevas disposiciones constitucionales, entre ellas la transformación de la Procuraduría en una Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, de la que, como órganos secundarios constitucionales, se desprenderán, al menos, las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.

El régimen transitorio prevé que la entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida para dicho efecto, y siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Así mismo, dispone que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la Declaratoria de Autonomía de la Fiscalía, quedará designado Fiscal General de la República por Ministerio Constitucional; es decir, no requiere someterse al procedimiento de designación previsto en el apartado A, del artículo 102 de la Constitución.

A raíz de la ratificación por parte del Senado de la República de Raúl Cervantes Andrade como nuevo procurador general se hicieron públicos diferentes señalamientos de miembros de las organizaciones civiles, académicos, cámaras empresariales, así como del propio procurador, que advierten que el transitorio décimo sexto de la Reforma Constitucional que establece el pase de procurador a fiscal en forma automática, distorsiona el objeto de la reforma y merma los esfuerzos de todas las fuerzas políticas que participaron en ella.

En consecuencia, el 28 de noviembre de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, con la finalidad de modificar el régimen de designación del Procurador General de la República a Primer Fiscal General de la República.

De acuerdo con la propia propuesta del Ejecutivo federal, corresponderá al Senado de la República iniciar el procedimiento para el nombramiento del nuevo Fiscal conforme al procedimiento previsto en el apartado A, del artículo 102 constitucional, previendo que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía constitucional, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado de la República designe al Fiscal General de la Repúbli.ca y, adicionalmente, que el Procurador de que se trate podrá ser considerado para participar en el proceso de designación.

Al día de hoy, volvemos a escuchar señalamientos de la sociedad civil, líderes de opinión y organizaciones civiles que exigen la transición hacia una fiscalía independiente, por lo que se vuelve imperioso eliminar el “pase automático” del titular de la Procuraduría General de la República antes señalado.

Los diputados federales que suscriben la presente iniciativa, somos conscientes del esfuerzo realizado por todos los actores políticos para llevar a cabo la reforma en materia política electoral de 2014, y nos unimos a la sociedad civil en su reclamo por una democracia real, reconociendo con ello el ánimo del Presidente de la República plasmado en su iniciativa de noviembre de 2016.

Estamos convencidos que la única forma de fortalecer nuestra democracia es asegurar que la nueva Fiscalía General de la República cuente con un titular que sea electo a través del procedimiento previsto en el artículo 102 de nuestra Constitución, que garantice el principio de parlamento abierto y responda objetivamente al mérito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue:

Décimo sexto.- ...

Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A, del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República, si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria.

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el primer párrafo de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal general de la República y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2017.— Diputados: Marko Antonio Cortés Mendoza, Federico Döring Casar, José Hernán Cortés Berumen, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Luis Agustín Rodríguez Torres, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, María Verónica Agundis Estrada, Martha Cristina Jiménez Márquez,  Santiago Torreblanca Engell, Herminio Corral Estrada,  Ulises Ramírez Núñez, Brenda Velázquez Valdez, Marisol Vargas Bárcena, Alfredo Herrera D., Gerardo Gabriel  Cuanalo Santos, José Everardo López Córdova, Jesús Antonio López Rodríguez, María Mercedes Aguilar López, Carlos Alberto Palomeque Archila, Juan Corral Mier, Luis Gilberto Marrón Agustín, Javier Antonio Neblina Vega, Gretel Culin Jaime, Jorge Triana Tena, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Joaquín Jesús Díaz Mena, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Leticia Amparano Gómez, María García Pérez, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Rosalina Mazari Espin, María Luisa Talavera Hernández, Emma Margarita Alemán Olvera, Ximena Tamariz García, Luis de León Martínez Sánchez, René Mandujano Tinajero, Eloísa Chavarrías Barajas, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Rocío Matesanz Santamaría, Enrique Cambranis Torres, Luis Fernando Antero Valle, Marco Antonio Gama Basarte, Patricia García García, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, José Erandi Bermúdez Méndez, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Román Francisco Cortés Lugo, Elías Octavio Íñiguez Mejía, Rafael Valenzuela Armas, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Minerva Hernández Ramos, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Jisela Paes Martínez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Jacqueline Nava Mouett, María del Rosario Rodríguez Rubio, Patricia Sánchez Carrillo, Angélica Moya Marín,  Kathia María Bolio Pinelo, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Guadalupe González Suástegui, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Santiago Taboada Cortina, Héctor Barrera Marmolejo, María Olimpia Zapata Padilla, Luis Fernando Mesta Soulé, Lorena del Carmen Alfaro García, Alejandra Gutiérrez Campos, Adriana Elizarraraz Sandoval, Pedro Garza Treviño, José Antonio Salas Valencia, Mariana Arámbula Meléndez, Juan Pablo Piña Kurczyn, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente y se reforma el tercer párrafo, antes párrafo segundo, del artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014, que presentael Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los suscritos diputadas y diputados a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 72, inciso H y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I y 77 numerales 1 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 72, numeral 1, fracciones VII y VIII; 164 numeral 1, y 173 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Senado de la República, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente y se reforma el tercer párrafo, antes párrafo segundo, del artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014.

Planteamiento del problema

Uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país es indudablemente, la garantía plena del acceso a la justicia. Esta ha sido la razón del cambio de paradigma en la impartición de justicia que ha derivado en múltiples reformas al marco constitucional y legal. Una de las que ha tenido mayor trascendencia es indudablemente, la que otorga autonomía constitucional al Ministerio Público, conformándolo en una Fiscalía General.

Sin embargo, a tres años de publicada la reforma, no hemos logrado arribar a su consolidación, debido a que ésta contiene algunas disposiciones que generan incertidumbre e inconformidad ciudadana en relación al nombramiento del fiscal general. Una de ellas es la contenida en el artículo décimo sexto transitorio que establece que el Procurador General de la República en funciones, nombrado por el titular del Ejecutivo federal pasará a ser el fiscal general por nueve años, lo cual no garantiza ni su autonomía ni su imparcialidad.

Por lo que esta iniciativa tiene como objetivos eliminar esta cláusula, fortalecer la autonomía de la institución y robustecer el quehacer ministerial garantizando, de esta manera, el derecho de los justiciables.

Argumentación

El 10 de febrero de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en materia político-electoral que, entre otras cosas dispuso, en el artículo 102 de nuestro texto fundacional, que el Ministerio Público se constituiría como un órgano público autónomo. Este es, desde nuestra perspectiva, uno de los mayores avances en la impartición de justicia en nuestro país que, junto con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio deberá llevar a nuestro país a la garantía plena del derecho de acceso a la justicia, en un contexto de crisis humanitaria, cuyas víctimas se cuentan por millones.

A nadie escapa la trascendencia de que el titular de la Fiscalía General de la República sea no sólo una persona con reconocimiento social y conocimiento académico, sino un funcionario que pueda enfrentar al poder político, combatiendo la impunidad y la corrupción rampantes, de la que hoy somos víctimas. Señala Juventino V. Castro que

Hay que reconocer, sin embargo, que las funciones del Ministerio Público se prestan más que ninguna otra a ser influidas por las autoridades políticas —como son los ejecutivos de la república y de los estados— para sus fines propios y que (...) es decisiva sobre la actuación del Ministerio Público pudiendo dar fe de esta aseveración tanto los mismos agentes y procuradores como los jueces y magistrados...

La dependencia política del Ministerio Público, en consecuencia, viola los principios jurídicos de imparcialidad y estricta legalidad, vulnerando el libre ejercicio de los derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es garante, principalmente el derecho de acceso a la justicia. Es de tal importancia que el órgano procurador de justicia y quien lo encabecen gocen de la autonomía necesaria y de la independencia de los poderes políticos que así fue expresado por la VI Asamblea Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en la Declaración de Buenos Aires, la cual señala que

Que la autonomía e independencia de los ministerios públicos es un logro del sistema democrático y del estado de derecho que es necesario defender permanentemente.

En el mismo sentido, los titulares de los ministerios públicos, incluyendo al titular de la Procuraduría General de la República,

Repudiaron todo acto contrario a la independencia y autonomía de los ministerios públicos, así como cualquier acto que afecte la dirección de la investigación criminal y la titularidad de la acción penal reconocidos en las legislaciones internas.

Los ministerios públicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Portugal, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Perú, Uruguay, Colombia, España, Paraguay, Venezuela y México rechazaron cualquier tipo de acción de hostigamiento, acoso, intimidación y agresión dirigidos contra los titulares de los ministerios públicos y de sus integrantes en el ejercicio legítimo de sus funciones.

En una declaratoria suscrita por todos los miembros de la AIAMP, se destacó como fundamental el garantizar los principios de autonomía e independencia y el ejercicio de su rol como garante del respeto de los derechos humanos de sus pueblos y del sistema democrático... Asimismo, se puso de manifiesto que la defensa de los derechos humanos y de los intereses generales de la sociedad son fundamentales, tanto como la promoción y el fortalecimiento de la legalidad.

Por otra parte, el PRD hace suyos los cuestionamientos que en la actualidad formula la sociedad, y coincide en que la falta de autonomía genera ineficiencia en la actuación del Ministerio Público, lo que alienta la impunidad en el combate de delitos vinculados al fenómeno de corrupción.

Un ejemplo específico de la indebida vinculación de intereses políticos y personales con las funciones de la autoridad, se encarna en la relación del actual titular de la PGR, doctor Raúl Cervantes Ahumada con el caso Oderbrecht.

Los señalamientos por soborno —que tienen carácter de imputación juramentada en procesos penales de otros países— están dirigidos al titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, justo en el momento en que coincidió con el actual procurador como parte del Comité de Campaña del PRI en las pasadas elecciones presidenciales, por lo cual se le señala un conflicto de intereses.

La sociedad tiene razón al reclamar y exhibir los vínculos del actual procurador con el imputado así como su cercanía evidente con un partido político, por el cual ha sido postulado y electo como legislador federal.

En ese contexto, es evidente la inconveniencia de mantener en sus términos el artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado el 10 de febrero de 2014, porque mandata a que el actual titular de la PGR sea designado como Fiscal General de la República.

Lo anterior puede leerse en el segundo párrafo del transitorio señalado:

...

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo.

Esta disposición —conocida coloquialmente como pase automático— derivó en un conflicto político que ha impedido la concreción de la autonomía constitucional de esta institución fundamental del Estado mexicano. Es por ello que muchos actores políticos han expresado su inconformidad por la redacción, aun cuando se encuentran convencidos de los beneficios y bondades de la reforma. Es menester señalar que un fiscal nombrado a través del mecanismo del pase automático no contaría con la confianza ciudadana, favorecería la discrecionalidad y los conflictos de interés, promovería la falta de transparencia y la certeza jurídica respecto de su autonomía, haciendo nugatorio todo ejercicio de rendición de cuentas.

Tal ha sido la trascendencia de la inconformidad social en torno a este asunto que, incluso, el Presidente de la República envió a la Cámara de Senadores una iniciativa en el mismo sentido que la que hoy presentamos. Señala el titular del Ejecutivo federal que

En tal virtud y en atención a distintas inquietudes relacionadas con el transitorio constitucional referido, que han sido manifestadas tanto por legisladores como por la propia sociedad y la academia, me permito someter a consideración de esa soberanía la presente iniciativa para modificar el multicitado artículo décimo sexto transitorio, que prevé la designación de Procurador General de la República a Primer Fiscal General de la República, por ministerio constitucional.

De ser aprobada la presente iniciativa y en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se declare el inicio de su vigencia, corresponderá al Senado de la República iniciar el procedimiento para el nombramiento del nuevo fiscal conforme al procedimiento previsto en el apartado A, del artículo 102 constitucional, previendo, a efecto de no afectar el funcionamiento de la propia fiscalía, que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía constitucional, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado de la República designe al Fiscal General de la República y, adicionalmente, que el procurador de que se trate podrá ser considerado para participar en el proceso de designación.

En consecuencia, el Presidente propuso la siguiente reforma:

Décimo sexto. ...

Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A, del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria.

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el primer párrafo de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General dé la República y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación.

Ante la situación actual el PRD propone a los diversos grupos parlamentarios enmendar el error legislativo y corregir la reforma constitucional de febrero de 2014, y en particular, emplaza a los legisladores afines al gobierno, a que respalden la cancelación del llamado “pase automático” tal como lo planteó la Presidencia de la República en noviembre de 2016.

Es importante señalar que lo anterior debe interpretarse como el mínimo requerido para alcanzar una reforma de la actuación del Ministerio Público.

Es del conocimiento público que un conjunto de organizaciones civiles proponen modificaciones más amplias a la Fiscalía General de la República.

Sin pretender coartar el desarrollo de esas y otras propuestas, se advierte que el punto de inicio es la supresión del “pase automático” del actual Procurador General de la República a Fiscal General.

Es decir, que el desarrollo y maduración de las iniciativas señaladas debe partir de un mínimo de independencia e imparcialidad, como propone la presente iniciativa.

Es en este sentido que, convencidos de la importancia que representa para nuestro país el contar con un Fiscal General de la República independiente y autónomo, proponemos la siguiente modificación al artículo décimo sexto transitorio.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II; 72 inciso H y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I y 77 numerales 1 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 72, numeral 1, fracciones VII y VIII; 164, numeral 1 y 173 del Reglamento del Senado de la República, los suscritos diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sometemos a consideración de esa Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente y se reforma el tercer párrafo, antes párrafo segundo, del artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014.

Único.Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente y se reforma el tercer párrafo, antes párrafo segundo, del artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue:

Décimo sexto. ...

Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A, del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria.

En tanto se expida la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior y el Senado de la República haga el nombramiento del Fiscal General de la República, el Procurador General de la República seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le señalan las leyes de la materia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión contará con el plazo improrrogable de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir la ley reglamentaria a que se hace referencia.

Tercero. El nombramiento del Fiscal General de la República deberá quedar concluido en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Castro, Juventino, El Ministerio Público en México, Porrúa, México, 1998, pp. 41.

2 Boletín de Prensa de la PGR 1068/17 relativo a la Declaración de Buenos Aires, 14 de julio de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2017.— Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Araceli Madrigal Sánchez, Cecilia Guadalupe Soto González,  Cristina Ismene Gaytán Hernández, David Gerson García Calderón, Erika Irazema Briones Pérez, Evelyn Parra Álvarez, Francisco Martínez Neri, Francisco Xavier Nava Palacios, Hortensia Aragón Castillo, José de Jesús Zambrano Grijalva, Juan Fernando Rubio Quiroz, Karen Hurtado Arana, Leonardo Amador Rodríguez, María Concepción Valdes Ramírez, María Cristina Teresa García Bravo, María Elida Castelán Mondragón, Omar Ortega Álvarez, Waldo Fernández González (rúbricas).»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, con el objeto de establecer la inmediata entrada en vigor de la reforma por la que se crea la Fiscalía General de la República, suprimir la disposición que otorga el pase automático del procurador a la titularidad de la Fiscalía General, así como dotar de mayor independencia a las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y Combate a la Corrupción, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del PRD.

Planteamiento del Problema

Dos de las piezas legislativas más importantes que ha aprobado el Congreso de la Unión en las últimas legislaturas, sin duda tienen que ver con la reforma constitucional que le otorga autonomía al órgano de Procuración de Justicia, para convertir a la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, así como también la reforma por la que se establece la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

No obstante, ambas piezas legislativas presentan vicios de origen que están relacionados con una reforma constitucional inacabada, que aún no termina de cobrar vigencia, y con una reforma cuya pieza principal para combatir la corrupción y garantizar que no haya impunidad es nada menos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o Fiscalía Anticorrupción, para sintetizar su nombre, la cual se creó originalmente como un apéndice de la Fiscalía General de la República, cuyo titular estará subordinado al Fiscal General, hoy todavía Procurador General de la República, condición que a mi parecer le restará libertad e independencia en sus responsabilidades y sus decisiones.

Toda esta situación nos coloca en un escenario plagado de simulaciones, ya que aunque contamos con un flamante Sistema Nacional Anticorrupción, resulta que la pieza fundamental encargada de aplicar las sanciones en contra de quienes resulten responsables por haber cometido delitos relacionados con hechos de corrupción, es una Fiscalía Anticorrupción que está sometida al Procurador, es decir que se trata de una modesta dependencia de la Administración Pública Federal, que se encuentra dentro de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República y que carece de las facultades que establece el diseño constitucional en materia de combate a la corrupción.

Mientras no tengamos una Fiscalía General de la República con autonomía plena y en tanto sigamos manteniendo en el artículo 102 constitucional una subordinación directa entre las Fiscalías Especializadas y el Fiscal General, que hoy en día sigue siendo el Procurador General de la República, el combate a la corrupción solamente quedará en buenos deseos y un gasto al erario muy oneroso.

Argumentos

La autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República fue planteada originalmente en la reforma político-electoral de febrero de 2014 con una serie de candados que contemplaban un procedimiento progresivo para transitar hacia la plena autonomía de la Fiscalía, la cual se garantizaría hasta que entrara en vigor la ley secundaria. No obstante, este ordenamiento aún está pendiente de ser expedido por el Congreso de la Unión y por lo tanto la reforma aún no ha cobrado vigencia.

En el decreto de la reforma constitucional se previó que quien ocupara el cargo de Procurador al momento de la entrada en vigor de la reforma, asumiría automáticamente la titularidad de la Fiscalía General de la República por un periodo de nueve años, estableciendo la facultad del Presidente de la República de removerlo, siempre que no existiera objeción por parte del Senado.

También se estableció que en cuanto cobrara vigencia la reforma que le otorga autonomía a la Fiscalía General de la República, los recursos humanos, financieros y materiales de la Procuraduría serían trasladados al nuevo órgano autónomo.

Así mismo, esta reforma contempló en su régimen transitorio los mecanismos para el funcionamiento temporal de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, cuyos titulares de manera excepcional serían designados por mayoría calificada de la Cámara de Senadores y se estableció que el plazo de su encargo duraría hasta el 30 de noviembre de 2018, manteniendo la facultad del Procurador General de la República de removerlos en cualquier momento.

El decreto de la reforma constitucional estipuló la facultad del Procurador General de la República de expedir el acuerdo para la creación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Fue así que el 12 de marzo de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam publicó el acuerdo A/011/14 por el cual se crea la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Esta Fiscalía Especializada surge como una Unidad Administrativa dependiente de la Procuraduría General de la República en sustitución de la anterior Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra la Administración de la Justicia, tal como se transcribe textualmente en los siguientes párrafos que forman parte del acuerdo:

“... Que actualmente la Procuraduría General de la República cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia que tiene su fundamento en el artículo 3, apartado F), fracción IX y 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual es competente para conocer e investigar los actos de corrupción y los delitos cometidos por los servidores públicos ajenos a la institución en el desempeño de un empleo, cargo o comisión;

Que por virtud de la reforma constitucional antes mencionada se estima necesario contar con una unidad fortalecida, la cual esté adscrita a la oficina del Procurador General de la República y que tendrá por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión...”.

De esta forma fue que se creó la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción con la jerarquía de “Unidad Administrativa adscrita a la oficina del Procurador General de la República”.

El acuerdo establece que “al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, habrá un Fiscal, el cual tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación”.

Con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, promulgada el 27 de mayo de 2015, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción adquiere nuevas facultades que son fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pues esta Fiscalía se erige como la autoridad competente para imponer las sanciones a los servidores públicos o particulares que resulten responsables por haber cometido delitos penales, relacionados con hechos de corrupción después de que la Auditoría Superior de la Federación, o los órganos internos de control, o bien la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, investigarán y substanciarán debidamente sus denuncias.

De acuerdo con lo que establece el texto constitucional, la Fiscalía Anticorrupción, también será competente para imponer sanciones a los servidores públicos de las entidades federativas y de los municipios, así como también a los particulares que incurran en delitos relacionados con hechos de corrupción en lo relativo a los recursos federales que administren o ejerzan.

Como podemos apreciar, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción no sólo dotó a la Fiscalía Anticorrupción de nuevas facultades que la fortalecieron sino que además le otorgó un carácter que es esencial para concluir todo el proceso de combate a la corrupción dentro del Sistema Nacional Anticorrupción para evitar que haya impunidad. No obstante, el Congreso no reformó la jerarquía de las fiscalías especializadas pues mantuvo los procedimientos de designación y destitución de sus titulares, lo cual los mantiene completamente sometidos al Fiscal General de la República.

Cuando el Congreso expidió la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción en julio de 2016, se incorporaron en el Código Penal Federal una serie de disposiciones para establecer los tipos penales relativos a los hechos relacionados con corrupción, así como las sanciones y las facultades del Fiscal Anticorrupción.

En este periodo de transición entre la creación de la Fiscalía General de la República y la eventual extinción de la PGR, era necesario reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en la idea de ir haciendo viable la puesta en marcha del nuevo órgano. Dichas reformas establecieron una estructura orgánica mucho más amplia para la Fiscalía Anticorrupción de las que tenía la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Sin embargo, como es natural, se mantuvieron los preceptos que establecen que el Procurador General de la República ejerce la autoridad jerárquica sobre todo “el personal” de la PGR y se prevén una serie de disposiciones que si bien amplían el margen de acción del Fiscal Anticorrupción, también lo acotan y le impiden ejercer su cargo a plenitud y con la libertad que requiere una responsabilidad de esa dimensión ya que ni siquiera tendrá la capacidad de relevar de su cargo a su personal y todas sus acciones deben ser siempre sometidas a consulta del Procurador.

Cabe resaltar que las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al igual que las del Código Penal Federal, referidas anteriormente, aún no han cobrado vigencia ya que el decreto condicionó la entrada en vigor de las reformas con el nombramiento que haga el Senado del titular de la Fiscalía Especializada, situación que aún está pendiente de definirse en la Cámara de Senadores.

Además de las reformas referidas anteriormente, también existe el acuerdo A/029/17 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2017 por el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, el cual establece disposiciones para que la Fiscalía Anticorrupción deje de ser una “Unidad Administrativa adscrita a la Oficina del Procurador General de la República” para adquirir el rango de “Órgano con Autonomía Técnica y Operativa”. No obstante, el Fiscal Anticorrupción al que aluden tanto la Ley Orgánica de la PGR como el acuerdo A/029/17 es un empleado adscrito a la Procuraduría General de la República que está sometido a las órdenes del Procurador.

En tanto el Congreso de la Unión, no expida la ley que le otorgue autonomía a la Fiscalía General de la República, la reforma constitucional de 2014 no entrará en vigor y seguiremos teniendo una Procuraduría General de la República que forma parte de la Administración Pública Federal.

Por tal motivo propongo reformar el artículo décimo sexto transitorio del decreto constitucional de 2014 con el objeto de suprimir la condición que existe de expedir la legislación secundaria para que el texto Constitucional pueda entrar en vigor. Así mismo, planteo eliminar la disposición que establece que el titular de la Procuraduría General de la República tendrá pase automático a la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Además propongo reformar el artículo 102 para fortalecer a las fiscalías especializadas y establecer un nuevo procedimiento para los nombramientos y remociones de los titulares de estas importantes fiscalías, ya que el procedimiento vigente los subordina al Fiscal General, les impide asumir su responsabilidad con plena libertad e independencia y los mantiene en incertidumbre.

La propuesta de reforma constitucional se ilustra en el siguiente cuadro:

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo sexto del decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia Político-Electoral publicado el 10 de febrero de 2014, con el objeto de establecer la inmediata entrada en vigor de la reforma por la que se crea la Fiscalía General de la República, suprimir la disposición que otorga pase automático del procurador a la titularidad de la Fiscalía General, así como dotar de mayor independencia a las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y Combate a la Corrupción.

Primero. Se reforma la fracción XIII y la fracción XIV recorriéndose la subsecuente del artículo 76 y se reforma el segundo párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76.(...)

I. XII.(...)

XIII.Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, apartado A, de esta Constitución;

XIV. A propuesta del Fiscal General de la República, nombrar o remover por mayoría calificada, a los titulares de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, y

XV.Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 102.

A. (...)

(...)

(...)

I. a V. (...)

VI.(...)

(...)

La Fiscalía General contará, al menos, con las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, cuyo nombramiento y remoción serán promovidos por el Fiscal General de la República ante la Cámara de Senadores para su aprobación, la cual requerirá de mayoría calificada.

(...)

(...)

(...)

B.(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Segundo.Se reforman el primero y segundo párrafos y se adiciona un párrafo al artículo décimo sexto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue:

Décimo Sexto. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado y  XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez que el Congreso de la Unión expida la legislación secundaria necesaria por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, la Cámara de Senadores nombrará al Fiscal General de la República de conformidad con el procedimiento y los plazos establecidos en el artículo 102, apartado A de esta Constitución.

Para poder ocupar el cargo de Fiscal General de la República se deberán cumplir los requisitos que establece el artículo 102 de esta Constitución, así como no haber ocupado el cargo de Procurador General de la República.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional.

Suscribe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2017.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Tome nota la Secretaría del trámite que ha dictado la Presidencia. Muchas gracias, señores diputados. Ponderamos su voluntad de llegar a acuerdos.

Tiene la palabra la diputada Ernestina Godoy. Inmediatamente después el diputado Martínez Neri y la diputada Rocío Nahle, si todavía... y el diputado Clemente Castañeda. Gracias. Diputada Ernestina Godoy.

La diputada Ernestina Godoy Ramos (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Ante el trámite que acaba usted de dictar, Morena solicita que el voto particular, que ya fue debidamente presentado, sea también incorporado para que lo analice la Comisión de Puntos Constitucionales.

Me da mucho gusto que ante la acción de las organizaciones de la sociedad civil que buscan a Morena para que abra espacios dentro de la Cámara de Diputados, se haya logrado que las propuestas de las organizaciones se van a discutir.

El voto particular que Morena presenta tiene que ver precisamente, no solamente con el tema del pase automático, sino crear una fiscalía que sea realmente una fiscalía que sirva y no una fiscalía que solape.

Las organizaciones han presentado una serie de propuestas que de manera íntegra, Morena retoma, respalda. Y estaremos en la comisión dando la discusión para algunos puntos que nos parecen importantes sean mejorados. Muchísimas gracias, porque se dio el espacio hecho por Morena, pedido por Morena, para que se pueda discutir de fondo.

Y espero que la actitud del PAN, del PRD y del PRI sea la de respaldar en muy breve plazo las propuestas que de manera muy seria está haciendo la sociedad civil. Es cuanto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Martínez Neri, sobre el mismo punto.

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): Muchas gracias, presidente. A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, quiero reconocer la buena disposición de los coordinadores parlamentarios, tanto de Acción Nacional como del PRI y quienes están haciendo uso de la palabra. De no haberse llegado a este feliz acuerdo, hoy se avizoraba un momento muy difícil en la Cámara y estamos aquí para resolver problemas, no para incendiar tribunas. Este acuerdo pues, es favorable para el país y tenemos que celebrarlo.

Y tenemos que decir también, que es precisamente esta la idea que hoy se asume, la que el día de ayer en la Junta de Coordinación Política nosotros estuvimos defendiendo. Qué bueno que ha cabido la cordura. Qué bueno que las fracciones parlamentarias con sus respectivos representantes nos ponemos de acuerdo, porque es así como se construye para un país. Qué bueno que escuchamos a la sociedad civil que está allá afuera. Qué bueno. Esta es una lección histórica que debemos celebrar y yo quisiera, compañeros, que nos demos un aplauso porque esto es histórico para el país. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Clemente Castañeda Hoeflich y con él cerramos las intervenciones en este punto.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (desde la curul): Yo quiero sumarme a las felicitaciones a los distintos grupos parlamentarios y por supuesto a sus coordinadores y coordinadora, por la madurez y apertura que hemos tenido en los últimos días para abordar este tema.

Es una gran noticia para México que se haga política en esta Cámara de Diputados porque además estamos demostrando que, aunque hay posiciones muy firmes de los distintos grupos parlamentarios, cuando está de por medio el bien del país sí nos podemos poner de acuerdo.

En segundo término, quiero felicitar el espacio que se abre para que las organizaciones de la sociedad civil participen activamente en la construcción de esta legislación. Es una buena señal de toda la Cámara abrir este compás de diálogo, de negociación para tratar de escuchar los distintos planteamientos que hay sobre la materia.

En ese sentido, me parece que la gran victoria que podemos contar el día de hoy es que seguramente que lo que saldrá de la Comisión de Puntos Constitucionales trascenderá por mucho la reforma al décimo sexto transitorio, y podamos estar en condiciones de abrir una discusión mucho más amplia, completa e integral sobre la fiscalía que queremos.

Enhorabuena para los grupos parlamentarios, para sus coordinadores y para México.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la designación de titulares de los órganos internos de control de organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

DESIGNACIÓN DE TITULARES DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN QUE EJERCEN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto en los artículos 33, 34 numeral 1, incisos a), b) e i), 57 Bis y 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y a la luz de los siguientes

Antecedentes

1. Que el 27 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, en el cual se le atribuye a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la facultad constitucional exclusiva de designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, establecida en el artículo 74 fracción VIII de dicha norma fundamental;

2. Que con el propósito de dar cumplimiento a los estipulado en la reforma constitucional mencionada, el 27 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

3. Que para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto mencionado en el numeral que antecede, en sesión ordinaria del 28 de abril de 2017, la Junta de Coordinación Política presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el “Acuerdo por el que se propone el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”, mismo que fue aprobado por unanimidad de 335 votos, y posteriormente publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2017;

4. Que el 27 de junio de 2017, las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior, aprobaron el dictamen por el que se remite a la Junta de Coordinación Política la lista de candidatas y candidatos aptos a ocupar el cargo de titular de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, en específico, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, remitiéndolo a la Junta de Coordinación Política el 28 de junio, publicándose en la Gaceta Parlamentaria el 29 de junio siguiente;

5. Que la recepción del dictamen de las Comisiones Unidas por parte de la Junta de Coordinación Política estableció el inicio del periodo de deliberaciones que deben realizar los integrantes de dicho órgano de gobierno a efecto de proponer al Pleno a quienes deben ocupar la titularidad de los cargos motivo del presente proceso de selección;

6. Que en este contexto, el 5 de julio pasado, la Junta de Coordinación Política reunida en sesión de trabajo convocada para el análisis del tema materia del presente acuerdo, aprobó por la mayoría de sus integrantes el acuerdo relativo al proceso en comento que señalando en su primer resolutivo que hacía del conocimiento de la Mesa Directiva que: “... no se han alcanzado los consensos necesarios para dar a conocer al Pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de candidatos a ocupar la titularidad de los órganos internos de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que este órgano de gobierno mantendrá los esfuerzos de diálogo y construcción de acuerdos para que el Pleno de esta soberanía esté en condiciones de adoptar las decisiones que legal y constitucionalmente le corresponden”, el cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.

7. Que con posterioridad a esa fecha, la Junta de Coordinación Política no fue convocada a reunión para concluir la formulación de las propuestas que serían presentadas ante el Pleno de esta soberanía para la resolución correspondiente;

8. Que en este contexto y ante el inicio del tercer año de ejercicio de la presente legislatura, la Presidencia de la Junta de Coordinación Política asumió dicho cargo en reunión convocada el lunes 11 de septiembre del presente año;

9. Que en el contexto de lo señalado en los precedentes inmediatos anteriores y reunidos en la fecha señalada en el considerando anterior, la Junta de Coordinación Política, por el consenso de sus integrantes, coordinadores de los grupos parlamentarios representados ante el Pleno, estimó que no existen condiciones en este momento que permitan alcanzar los acuerdos necesarios para proponer al Pleno los nombres de quienes deban ocupar los cargos materia del presente proceso y que, en consecuencia, no se debe agotar aún el plazo para llevar a cabo las deliberaciones tendientes a identificar a quienes serán propuestos al Pleno de la Cámara de Diputados para ocupar los cargos antes referidos, garantizando el pleno respeto de los derechos, las expectativas de derecho y las garantías de todas y todos los participantes en este histórico proceso;

10. Que es indispensable hacer notar que la posibilidad de que esta Junta de Coordinación Política adopte un acuerdo mediante la votación correspondiente está condicionada de manera obvia y evidente a que previamente se logre como establece la ley “... la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios para seleccionar, por el mayor consenso posible, a los candidatos aptos para ocupar los cargos de titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución...”, por lo que en evidente lógica jurídica y procesal, de no haber acuerdos previos no puede realizarse la votación requerida para que estos se confirmen;

11. Que la posibilidad de no lograr un acuerdo en la fecha en que se realiza la presente reunión constituye una situación que se enmarca plenamente en lo dispuesto por el cuarto resolutivo del acuerdo por el que se propone el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación: publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2017 que señala que:

Cuarto. Lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

12. Que en este sentido, los coordinadores de los grupos parlamentarios ratifican su compromiso de mantener los esfuerzos de diálogo y construcción de acuerdos para concluir el proceso de selección determinado en la convocatoria;

13. Que debido a lo anteriormente expresado, y con fundamento en el artículo 1o., numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual señala que lo no previsto en este Reglamento se ajustará a las disposiciones complementarias que sean aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados, y que de manera análoga se incluye a los acuerdos que la asamblea adopte, este órgano de gobierno considera necesario solicitar al Pleno su consentimiento para no agotar el plazo establecido en el numeral 3 del apartado IV del acuerdo de convocatoria, para designar los cargos referidos y someterlos a votación de esta soberanía.

Por lo que sometemos a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 numeral 1 y 57 Ter, numeral 1 inciso l) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 1, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y conforme a lo dispuesto por los resolutivos segundo, apartado IV y cuarto, del acuerdo por el que se propone el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio absoluto de sus facultades soberanas, resuelve no dar por agotado el plazo para que la Junta de Coordinación Política presente a esta representación nacional la propuesta de candidatos a ocupar la titularidad de los órganos internos de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, instruyendo a dicho órgano de gobierno a continuar los esfuerzos de diálogo y construcción de acuerdos para que esta soberanía esté en condiciones de adoptar, a la mayor brevedad posible, las decisiones que legal y constitucionalmente le corresponden.

Segundo.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretaria. No habiendo oradores inscritos, pregunte si se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está suficientemente discutido, y conforme al acuerdo solicitado por la Junta de Coordinación Política, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del Acuerdo que acaba de discutirse.

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del acuerdo.

(Votación)

 Diputado Ojeda, ¿cuál es el sentido de su voto?

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): En contra.

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Gracias. Sigue abierto el sistema electrónico de votación. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema de votación. ¿Algún diputado o diputado falta por emitir su voto? Sigue abierto el sistema de votación. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto?

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Taja, no le vamos a seguir esperando. Gracias, secretaria. Puede cerrar el sistema electrónico de votación.

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 401 votos a favor y 44 en contra.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, es aprobado el acuerdo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Continuamos con la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que exhorta a esta soberanía a contribuir con la donación de un día de dieta para los damnificados del terremoto en los estados de Oaxaca y Chiapas. Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos.

EXHORTO PARA AGILIZAR LOS APOYOS EN LOS ESTADOS AFECTADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES OCURRIDOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y POR EL QUE SE PROPONE LA DONACIÓN DE UN DÍA DE DIETA MENSUAL PARA HACER FRENTE A LOS DAÑOS OCASIONADOS

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para exhortar a diversas autoridades y a la sociedad civil a agilizar los apoyos en los estados afectados por los fenómenos naturales ocurridos en la República Mexicana y por el que se propone la donación de un día de dieta mensual de las y los diputados para hacerle frente a los daños ocasionados por estos fenómenos.

En virtud de los severos daños ocasionados por los fenómenos naturales en diversos estados de la República que han cobrado la vida de decenas de mexicanos, se considera indispensable que esta Cámara de Diputados realice acciones conducentes a atender a la población afectada, por lo que esta Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que realice las gestiones necesarias para agilizar la activación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y demás fondos federales que convergen en la atención en las pérdidas humanas y materiales, para la atención de las regiones afectadas por los efectos del sismo registrado el jueves 7 de septiembre de 2017 y por el huracán Katia.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil a que lleve a cabo las acciones correspondientes para que se ejerzan a la mayor prontitud los recursos para la recuperación por las afectaciones del sismo del 14 de junio en diversos municipios del estado de Chiapas; así como para evitar retrasos por problemas administrativos, ante Comités de Evaluación de Daños y del Fideicomiso del Fonden, en la ejecución los recursos presupuestados que se han prometido para atender a las víctimas y la recuperación de las afectaciones, en Chiapas y Oaxaca, del terremoto registrado el jueves 7 de septiembre de 2017.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la República y al gobierno de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y del resto de las entidades federativas afectadas, para que convoquen a organizaciones de la sociedad civil, especialmente a los colegios de profesionistas, en los grupos de trabajo que den seguimiento a las afectaciones derivadas del sismo del jueves 7 de septiembre de 2017 y del huracán Katia, particularmente para monitorear el ejercicio de los recursos del Fonden y Fopreden.

Cuarto.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y del resto de las entidades federativas afectadas, a que en el ámbito de sus atribuciones hagan lo conducente para que los productores agropecuarios de bajos ingresos del Estado, afectados en sus actividades  agroproductivas por el sismo del jueves 7 de septiembre de 2017 y por el huracán Katia, reciban apoyos consistentes en recursos económicos a cuenta del componente Atención a Siniestros Agropecuarios.

Quinto.Esta soberanía, con el propósito de sumarse a los esfuerzos de apoyo humanitario, autoriza a la Secretaría General a descontar un día de dieta a cada diputado federal integrante de la LXIII Legislatura, destinándolo, a través de la Cruz Roja Mexicana, a acciones sociales que permitan hacer frente a los daños ocasionados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017 y por el huracán Katia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Están inscritos para la discusión de este punto las diputadas Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano; el diputado Uberly López Roblero, del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Natalia Karina Barón Ortiz; el diputado Francisco Martínez Neri, del PRD; el diputado Carlos Alberto Palomeque Archila, del PAN, y la diputada Mariana Benítez, del PRI.

Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al primer orador, que lo será la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social. Me permito recordar a los señores legisladores que la votación de este punto es nominal; es decir, también este punto se votará en el tablero.

Permítame, diputada, nada más para aclarar a la asamblea que la votación a favor significa la aceptación del descuento respectivo, en obvio de que quien quisiera aportar más solamente tendrá que hacerlo saber a la Secretaría General. Adelante, diputada Perea.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, medios que el día de hoy nos acompañan, en México, al igual que en cualquier otro país del mundo, los desastres naturales han dado amplia oportunidad de poner a prueba las políticas públicas, al grado de que estos fenómenos se reconocen como un asunto prioritario con actividades de prevención, mitigación y preparación.

Nuestro país, derivado de las distintas experiencias adquirida a lo largo de su historia, ha desarrollado mecanismos que previenen y dan respuesta a las necesidades que se generan. En el pasado solo se valoraban estos desastres en base a la mortalidad resultante, hoy en día el impacto a evaluar se basa en el trastorno social masivo, brotes de epidemias, hambrunas, la vulnerabilidad social, entre otras.

A pesar de los grandes avances obtenidos, los mexicanos con mayores necesidades tienen mucho menos oportunidades para recuperarse das consecuencias de los desastres naturales, y en muchas de las ocasiones no encuentran opciones para hacer frente a ello, por lo que los suministros en especie o económicos fortalecen de manera importante la ayuda.

Con los efectos del sismo del jueves 7 de septiembre del año en curso y del huracán Katia, particularmente México está obligado a generar el desarrollo económico necesario para reducir la pobreza, y que si bien ha logrado crear un sistema de prevención basado en la coordinación de los tres niveles de gobierno para atender algún desastre natural, el reto del gobierno federal es la difusión de la cultura de la prevención y la protección civil y, en el mismo sentido, que establezcan mecanismos que faciliten la activación del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, ya que las necesidades no esperan.

Por este hecho, hagámoslo nosotros, al admitir un día de dieta como apoyo humanitario que le permita a la Cruz Roja Mexicana hacer frente a los daños ocasionados por los recientes fenómenos naturales. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Karina Sánchez Ruiz, en representación de Nueva Alianza.

La diputada Karina Sánchez Ruiz: Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad. Y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Fragmentos de Dios nunca muere, un himno oaxaqueño.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las y los diputados de Nueva Alianza nos unimos a este sentimiento de solidariadad y lamentamos profundamente la muerte de 96 personas a consecuencia del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, que el pasado 7 de septiembre cimbró los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Desde esta tribuna, como oaxaqueña, pero sobre todo como juchiteca y a nombre de mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza, expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares de los fallecidos. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a los miles de mexicanos y mexicanas que hoy se encuentran en desgracia, al enfrentar los daños que dejó el sismo.

En Nueva Alianza lamentamos profundamente la pérdida de vidas, pero también lamentamos la pérdida de un hogar, un patrimonio y con ello de la forma de vida de los hoy damnificados.

Sabemos que los desastres naturales ocurren en cualquier momento y país y que no hace distingo de personas, y muchos de ellos son de forma impredecible. Reconocemos la solidaridad que la ciudadanía, no sólo mexicana, sino extranjera ha mostrado para con nuestros paisanos.

No obstante, como lo manifestamos el día de ayer en la Jucopo, es momento de unirnos y brindar todo el apoyo a nuestros hermanos en desgracia, pues la contingencia continúa y muchos mexicanos no tienen techo, comida, cobijo o han perdido todo lo que tenían.

Es por eso que apoyamos este acuerdo que responde a la necesidad de unir esfuerzos, para llevar la ayuda a quienes en estos momentos la requieren. No escatimemos recursos, mucho menos humanos.

Sabemos que las vidas que se perdieron no se van a recuperar, pero es momento de demostrar la hermandad que siempre ha caracterizado al pueblo mexicano. Es importante recordar que es en situaciones como estas, por las que actualmente atravesamos, cuando los mexicanos y mexicanas hemos demostrado que somos un solo país, sin distingos y con causas comunes, y que podemos brindar la ayuda necesaria para salir avante.

Es momento de demostrar a nuestros hermanos oaxaqueños, chiapanecos y tabasqueños que no están solos. Es momento que las dependencias federales y estatales agilicen los recursos destinados de forma inmediata y coordinada. Pero también es momento para hacer un paréntesis a las diferencias que nos impiden trabajar unidos. Hoy México nos necesita, pero nos necesita unidos. Es cuanto, muchas gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:Gracias, diputada Sánchez Ruiz.

Tiene el uso de la tribuna la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a jóvenes y alumnos de diversas universidades y escuelas de Cuernavaca, convocados por Grupo Radiológico, y a su presidenta la licenciada Luisa Fernanda Mejido. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a este recinto legislativo.

Igualmente, saludamos a jóvenes procedentes del estado de Campeche, invitados por la diputada Adriana Ortiz Lanz. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidente. El día de hoy hago uso de la tribuna dando a todos y a cada uno de ustedes un saludo cordial y en nombre de mi bancada, Movimiento Ciudadano, expreso con gratitud la solidaridad de la Junta de Coordinación Política por hacer suyo el punto de acuerdo que ayer en mi calidad de presidenta de la Comisión de Protección Civil externé con los puntos de vista de otras y otros diputados.

Esta solidaridad a las hermanas y los hermanos afectados en este reciente fenómeno no tiene color. Va más allá de las fronteras y es el momento para poder ser solidarios con la urgente necesidad que tienen esos pueblos afectados en este terrible fenómeno.

El jueves 7 de septiembre, a las 11:49, de manera inédita, un sismo que hacía más de 100 años no se registraba en el país, de magnitud 8.2, golpeó a los estados y fue el estado de Chiapas el origen a donde dio cita este fenómeno perturbador. Aún no se recuperan del sismo del día 14 de junio con 7.0 y ya golpeó nuevamente otro sismo más grande.

Hay 95 fallecidos y aunque en el recuento en el Comité de Emergencias y en los consejos estatales se están evaluando los daños en vivienda, en carreteras, en hospitales y en escuelas, no hay un tabulador de precio para las vidas, porque para una vida no hay precio.

Así que somos solidarios con las familias, expresamos a todos y a cada uno de ellos ese sentimiento de pena que emana por la pérdida de un ser querido.

En este momento han habido más de mil 296 réplicas y hace justamente unos minutos, nuevamente la alarma sonó por nuevos sismos en el estado de Oaxaca.

Más de un millón y medio de afectados en mi estado natal, Chiapas, que hoy viven en condiciones extremas, no solamente marginados sino también con la falta de un hogar.

Es importante que todos y cada uno de nosotros tengamos en nuestra mente estas acciones y esta cultura preventiva. La naturaleza, compañeras y compañeros, no tiene palabra.

Los riesgos no respetan fronteras y pedimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dé paso al presupuesto para los temas a donde prevenir no es corregir. Prevenir es vivir. Y ojalá que en este nuevo momento en que analizaremos el presupuesto hagan a un lado otros que no son tan importantes como estos para poder ayudar a los hermanos de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna el diputado Uberly López Roblero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Uberly López Roblero: Con la venia de la Presidencia. Por azares del destino, México está ubicado en una región donde confluyen cinco placas tectónicas. Por eso, nuestro país es una de las zonas con más alta sismicidad en el mundo y a ello hemos tenido que acostumbrarnos.

Desde el año 1900, más de 100 terremotos han superado el 8 en la escala de magnitud. Cuatro ocurrieron en nuestro país, y si bien es cierto que estos han dejado muerte y destrucción, también lo es que hemos sabido levantarnos y superar la tragedia una y otra vez.

El sismo ocurrido el pasado jueves sacudió violentamente a nuestro país y ha dejado al día de hoy 96 personas fallecidas, miles de viviendas afectadas y millones de familias damnificadas, principalmente en el sureste de nuestro territorio.

En Oaxaca el gobernador señaló que el sismo afectó a 41 municipios y que hay aproximadamente 800 mil oaxaqueños que lo perdieron todo. Tan solo en Juchitán hay alrededor de 5 mil casas afectadas y la infraestructura social también se encuentra gravemente dañada.

Por su parte, en Chiapas, mi estado, el número de damnificados ascendió a un millón 479 mil, mientras que el número de viviendas afectadas llegó ya a 40 mil.

Como puede verse, el tamaño de la tragedia es enorme. La magnitud del sismo fue de 8.2 y la respuesta de los mexicanos ante la misma estoy seguro que será de 10, porque históricamente hemos sigo un pueblo solidario.

Hoy es urgente brindar la ayuda de primera necesidad a la población afectada, atención médica, víveres, ropa y seguridad pública. Posteriormente será necesario hacer una evaluación sobre las afectaciones en la infraestructura pública y en las viviendas particulares. Y por último, comenzar sin tardanza las labores de reparación y reconstrucción con la finalidad de recuperar la tranquilidad y normalidad en las comunidades afectadas.

Compañeros y compañeras, este sismo ha sido el más fuerte que se ha registrado en nuestro país, por eso se requiere que las muestras de apoyo y solidaridad con quienes han perdido a un ser querido o sean quedado sin su patrimonio, sean también las más intensas hasta ahora vistas. Recordemos que en esta ocasión los afectados son —como en muchos casos— los más pobres entre los pobres.

Desde esta tribuna hago un reconocimiento al presidente de la República y a los gobernadores de los dos estados más afectados por las acciones que se están llevando a cabo para hacer frente a esta situación.

Finalmente, además de agradecer la generosidad de miles de ciudadanos que desde el mismo viernes han estado realizando valiosas aportaciones. Quiero también reconocer a las personas que día y noche han estado ayudando en las regiones afectadas por el sismo, a los voluntarios, a los bomberos, a los policías.

A los miembros de las Fuerzas Armadas, a quienes de manera particular les damos también nuestro respaldo, ya que hoy por la mañana se desplomó un helicóptero que trasladaba víveres al municipio de Jaltenango, afortunadamente ahí no tenemos pérdidas humanas, y a la población en general, de corazón muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:Gracias, diputado López Roblero. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Modesta Fuentes Alonso: Con su permiso, señor presidente, diputadas y diputados. (Habla en lengua originaria)

Compañeras y compañeros, hoy es un día muy difícil para los mexicanos y para los juchitecos, los oaxaqueños; en todos los estados. Esto que acaba de pasar es muy doloroso para mí porque yo sí soy de Juchitán y nací en Unión-Hidalgo, dos municipios donde se perdió todo. La gente vive en las calles, duerme en las calles, come en las calles.

Esto que estamos sufriendo es algo que jamás se había visto, por eso desde esta tribuna les pido a los compañeros que apoyen a los municipios afectados y a otros estados. Yo soy orgullosamente del Istmo, pero estamos viviendo momentos muy difíciles. La gente no quiere salir de sus casas que quedaron, porque los demás viven en la calle.

Los gobiernos federal y estatal no están dando la cara. No es cierto que están llegando víveres, que están llegando. No, compañeros, esa gente están marginados. En estos momentos ellos les van a decir que vayan a los albergues si tienen actas de nacimiento o si tienen CURP para que les den servicio. ¿Cómo lo van a encontrar entre todos los escombros?

Todo esto está pasando ahí, por eso desde aquí, desde la tribuna, les pido a todos los mexicanos que apoyen a esos municipios de los estados que están afectados. Gracias, compañeros. No puedo más.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:Gracias, diputada Fuentes Alonso. Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD.

Esta Presidencia saluda a jóvenes procedentes del estado de Campeche, invitados por la diputada Adriana Ortiz Lanz, así como a invitados provenientes del Estado de México, invitados por el diputado Carlos Bello Otero. De la misma forma damos la bienvenida a integrantes y estudiantes de la Universidad de Guanajuato, Facultad de Ciencias Políticas, de la Universidad de León, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y del Instituto Universitario del Centro de México, Facultad de Derecho, invitados por el diputado Waldo Fernández González. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputado.

El diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias. Compañeros diputados, compañeras diputadas, como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, como diputado electo por un distrito de Oaxaca, y sobre todo como mexicano y paisano de miles de víctimas, hago uso de esta tribuna para pedirles su solidaridad y para demandar la intervención de todos los órdenes de gobierno de la atención de una tragedia de proporciones históricas.

El sismo del 7 de septiembre afectó una zona amplia del país: Chiapas, Tabasco, Veracruz, pero el daño se concentró en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Aunque la ciudad de Juchitán fue la primera en ser identificada como gravemente dañada, no es la única población afectada.

En Oaxaca 41 municipios viven una tragedia humanitaria. El recuento de los daños en Oaxaca incluye, hasta hoy, 76 personas fallecidas, y se estima que el total de damnificados puede llegar a 800 mil personas. Más de 300 escuelas públicas tienen daños en su estructura y cerca de 50 han quedado destruidas.

Hay por lo menos 12 mil viviendas afectadas, además de inmuebles públicos como bibliotecas, centros escolares y palacios municipales con daños estructurales.

En cada calle, de cada uno de los 41 municipios afectados. Hay viviendas destruidas y hay familias que han perdido el patrimonio hecho en toda su vida. Pareciera que ahí hubiera ocurrido un bombardeo indiscriminado.

Mientras estamos aquí, la realidad es que la gente está viviendo en la calle, sin alimentos suficientes y sin ninguna fuente de empleo.

Sin duda fue positivo que se haya realizado una gira presidencial el viernes 8 de septiembre, pero eso es insuficiente para atender la emergencia y las necesidades de la población.

Todos sabemos que hace falta mucho por hacer, y quiero señalar tres acciones que en este momento son urgentes:

Primero, debo señalar que aun cuando es inminente su publicación en el Diario Oficial de la Federación, hasta el día de hoy no se ha realizado la publicación correspondiente de la declaratoria de la Secretaría de Gobernación necesaria para activar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, posiblemente porque se espera concluir censos y levantamientos de datos. Eso es inadmisible y debe atenderse de inmediato.

Una vez que se realice la publicación será urgente liberar los recursos de inmediato y sin ninguna traba burocrática. Es indispensable que el acceso a los recursos no se convierta en un largo procedimiento que lo convierta en una tortura burocrática.

En segundo lugar, y con una perspectiva de largo plazo, es evidente que los recursos del Fonden serán insuficientes para recuperar la infraestructura afectada, así como la reconstrucción de miles de viviendas.

Los daños en las escuelas, caminos, puentes, mercados, bibliotecas, edificios públicos y el conjunto de la infraestructura son de tal magnitud que se requiere establecer un mecanismo adicional, como puede ser la constitución de un fideicomiso extraordinario para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas, se requiere un fondo de reconstrucción. Además, dicho instrumento permitiría recibir y canalizar donativos del sector privado y de los particulares que estén dispuestos a hacer aportaciones.

En tercer lugar, y para atender la emergencia, hoy se está proponiendo el descuento de un día de dieta para apoyar a los afectados. Como oaxaqueño y tras haber visitado la zona afectada, les quiero decir que ese monto es insuficiente ante el tamaño del problema sufrido.

Los invito a que todos y cada uno de los diputados presentes hagamos un esfuerzo adicional para hacer una donación más significativa, de manera complementaria a la que se autorice en este día. Los invito a ir a la zona afectada a recorrer las calles de las comunidades y a poner en práctica el valor de la solidaridad ante esta tragedia.

Diputadas y diputados, actuemos ya ante esta emergencia, que es incluso mayor a la de 1985. Demandemos con energía al gobierno federal a que agilice la entrega de los apoyos de emergencia en todos los municipios afectados, atendiendo al conjunto de la población y no solo a la que se concentra en las zonas urbanas de mayor número de habitantes.

Exijamos a la Secretaría de Gobernación para que publique de manera inmediata la declaratoria de emergencia del Fonden. Como Cámara de Diputados impulsemos la constitución de un fondo emergente para recuperar la infraestructura afectada y las viviendas de la población. Demostremos que tenemos capacidad de respuesta. Demostremos que somos solidarios y pongamos al centro de todo nuestro esfuerzo la recuperación de las viviendas, de la infraestructura y el bienestar de nuestros hermanos. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Martínez Neri. Tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos Alberto Palomeque Archila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Alberto Palomeque Archila: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, como chiapaneco creo que los eventos que aquí ya comentaron varios compañeros diputados han lastimado mucho al estado de Chiapas. Hemos comentado con diferentes compañeros diputados de otros grupos parlamentarios la importancia de que se atienda la problemática que vive hoy el estado.

Vivir con la zozobra, con la zozobra de los temblores cada rato, de las réplicas, se está volviendo un modo de vida en el estado. El miedo, el miedo a lo que ya pasamos el jueves anterior, casas derrumbadas, escuelas con daños bastante fuertes en ellas, y que no permite desarrollar la vida normal otra vez.

En el PAN nos sumamos a este acuerdo de la Junta a favor de damnificados en Oaxaca y Chiapas. Asimismo, la semana pasada ha dejado daños inestimables en perjuicio de la gran parte de la población de los estados de Chiapas y Oaxaca. Las graves consecuencias de ese tipo de fenómenos naturales requieren de la sumatoria de esfuerzos más allá de colores partidistas con la finalidad de atender de manera puntual la situación de quienes hoy lo han perdido todo.

Los múltiples daños que ha dejado el terremoto se traducen en la pérdida de patrimonios de diversas familias mexicanas, lo que a todas luces requiere la respuesta eficaz para asegurar la debida reparación de los daños.

El día de hoy, como ya se comentó, se suman más de 96 las víctimas mortales del temblor que sacudió al país, especialmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En los tres estados hay miles de personas damnificadas, así como viviendas y escuelas destruidas. Tan solo en 41 municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hay más de 800 mil damnificados. Los municipios más afectados son Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec y Astata, entre otros.

De acuerdo con las autoridades federales, 324 escuelas públicas sufrieron daños en su infraestructura, de las cuales 42 presentan daños totales. Por esa razón en las escuelas en Oaxaca se mantendrán suspendidas las clases.

Condiciones similares se registran en Chiapas y Tabasco. Solamente en Chiapas, 460 mil viviendas aproximadamente sufren daños, de ellas 980 escuelas, de ellas 107 tienen daños intermedios y 47 están en pérdida total. Desde aquí un saludo fraterno a todos los maestros que han hecho el trabajo, un trabajo extraordinario para dar atención a sus alumnos y a los padres de familia.

Un millón 500 mil personas son las estimadas con daños en sus viviendas o en comunicaciones, en Chiapas. Un millón 500 mil de los casi cuatro millones de población en el estado. Daños en más de 82 municipios, en diferentes infraestructuras, en escuelas, en hospitales, en carreteras.

Va desde aquí nuestro reconocimiento a todos aquellos héroes anónimos que han dado su espacio, su tiempo y atención a estos hermanos chiapanecos y oaxaqueños que están sufriendo. Va desde aquí nuestro reconocimiento a todas las autoridades que han puesto su mejor esfuerzo en atender a la población en esta desgracia.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se suma a lo expuesto en este acuerdo, en el pleno conocimiento de que de aquí lo que aportamos no será suficiente, pero servirá para aligerar el dolor de quienes perdieron a algún familiar.

Hoy hacemos desde esta tribuna un llamado a la solidaridad de todos los mexicanos que se acerquen a los centros de apoyo a donar lo que esté en sus manos. A las autoridades, que digan en específico qué es lo que les hace falta.

Nuestros amigos de las zonas afectadas en Chiapas y Oaxaca necesitan de un esfuerzo solidario de la sociedad para salir adelante.

Hacemos un llamado al gobierno federal y a los gobiernos de los estados para poner lo que esté de su parte en materia de recursos, para que las comunidades se levanten y puedan volver lo más pronto posible. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:Gracias, diputado Palomeque Archila. Tiene el uso de la tribuna la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, agradezco la oportunidad de subir a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, de todos y todas las diputadas federales de mi grupo parlamentario, para expresar primeramente nuestra solidaridad con las víctimas de las más de 90 personas fallecidas en el terremoto del pasado jueves por la noche y que afectó gravemente a más de dos millones y medio de personas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, así también las afectaciones que se han dado a partir de las lluvias, las inundaciones en Veracruz. Nuestra solidaridad con todos ellos.

El sur de México, una vez más, la parte más vulnerable de nuestro país, la región más pobre históricamente. Quienes somos originarios de esos estados, les queremos agradecer a todo México y a las naciones del mundo, las muestras de solidaridad, de aliento y de apoyo que hemos recibido en las horas siguientes al terremoto, las más críticas.

Las imágenes y fotografías que se han publicado no pueden transmitir el grado de dolor y desesperanza de miles de personas, que de un momento a otro perdieron a sus familiares, el patrimonio de toda una vida se vino abajo y hoy tienen que preocuparse por dónde van a dormir y qué van a comer.

Es verdaderamente triste lo que estamos viviendo en Oaxaca y en Chiapas, sin duda las entidades más afectadas. Y aquí quiero reconocer la oportuna intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y de todo su gabinete, quien de forma coordinada con los gobiernos estatales de estas cuatro entidades han estado presentes atendiendo a la población y apoyando en las labores de rescate, de seguridad y de abastecimiento de alimentos para la población afectada.

En particular quiero expresar nuestro amplio reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, quien desde los primeros momentos han estado en forma ininterrumpida apoyando en todas las tareas, desde aquí el Grupo Parlamentario del PRI les decimos muchas gracias.

En el istmo de Tehuantepec fueron 41 municipios afectados, la gran mayoría de ellos están devastados. Por poner un ejemplo, en Ixtaltepec, que tiene una población de más de 22 mil habitantes, alrededor del 80 por ciento de las viviendas tienen severas afectaciones. En Chiapas son cuatro los municipios más afectados con más de seis mil viviendas colapsadas totalmente. En Tabasco son igualmente cuatro municipios los afectados. Y en Veracruz se habla de cuatro mil viviendas afectadas por las inundaciones.

Reconstruir municipios enteros de nuestros estados tan pobres requerirá de un esfuerzo extraordinario de todo México, no sólo del gobierno, sino de su sociedad civil, de sus empresarios y empresarias, de las universidades y en general de todo mexicano y mexicana.

Nosotros como representantes populares estaremos sin duda a la altura de lo que nuestros estados del sur requieren, los daños materiales aún no terminan de calcularse. Sin embargo, podemos anticipar que enfrentaremos grandes retos para cubrir y reparar todos los daños causados por el terremoto.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, para que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el 2018 pongamos por delante el interés común de contribuir a levantar nuestros pueblos del sur de esta tragedia. Es el momento de dejar a un lado las diferencias políticas y de trabajar con unidad, para lograr un presupuesto que permita reconstruir carreteras, escuelas, edificios y viviendas, así como reactivar la economía de estos estados.

Además de lo que se ha propuesto aquí de otorgar un día de dieta de los diputados, quiero anunciar...

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio:Concluyo, presidente. Quiero anunciar que los diputados y diputadas del PRI aportaremos en lo individual para contribuir con un total de más de ocho millones de pesos para aportar en estas cuatro entidades.

Así también, quiero solicitar a esta asamblea un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en estas entidades. Por esas niñas y niños, mujeres y hombres, adultos mayores. En su memoria, estoy segura que este Congreso va a trabajar de forma unida para sacar adelante a nuestros pueblos del sur. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a la diputada Mariana Benitez Tiburcio. La solicitud de un minuto de silencio que ha hecho ella y otros diputados será obsequiada al final de la votación de este punto.

Me han pedido la palabra cuatro diputados más. Se las voy a conceder, desde su curul, por un minuto. Tiene la palabra la diputada Natalia Karina Barón Ortiz. Voy a dárselas también a Sergio López Sánchez, Valente Valera Fuentes y a Julián Nazar Morales. Sonido en la curul de la diputada Barón.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Gracias. Debemos de hacer más, compañeras y compañeros diputados, necesitamos hacer más, se requiere de una estrategia especial para poder rescatar no solo Oaxaca sino a los demás estados y localidades que fueron afectados.

El desastre fue el peor de la historia que hemos tenido en nuestro país. Espero que quienes estén al mando de precisamente ayudar a nuestros pueblos estén también a la altura de la magnitud del desastre y podamos juntos sacar adelante nuestra entidad. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Diputado Sergio López.

El diputado Sergio López Sánchez (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Yo quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado de conciencia y de sensibilidad a mis compañeras y compañeros diputados y a toda la sociedad. Pero de manera especial hoy a mis compañeras y compañeros diputados por el acuerdo que hoy se pone a consideración de este pleno.

Decirles que se requiere de mucha ayuda en los pueblos de Oaxaca, de manera especial en los pueblos del istmo. Hoy requieren de esa sensibilidad de las y los diputados. Me parece que es insuficiente un día de dieta en la donación para estos damnificados. Yo apelo pues a su sensibilidad y podamos, podamos disponer y podamos aportar un mes de dieta para ayudar a nuestras hermanas y hermanos oaxaqueños, chiapanecos y tabasqueños que hoy nos requieren, que hoy nos llaman y nos demandan de la solidaridad de sus representantes y de quienes siempre decimos querer a nuestro país, querernos como mexicanos.

Quiero también plantear la urgente necesidad de considerar un plan emergente de atención a los damnificados y, desde luego, que este mismo plan se considere como prioritario en el presupuesto 2018. Y hacer un llamado también al gobierno federal, al gobierno estatal para que de verdad apliquen y sin escatimar recursos, todo lo que se requiere para apoyar a los damnificados.

Es muy triste lo que se vive hoy en la región del istmo. Son momentos de tristeza y dolor, la pérdida del patrimonio de muchas familias y lo más lamentable: la pérdida de vidas humanas. Es cuanto, diputado presidente.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Valera Fuentes, si es tan amable, desde su curul.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Gracias, señor presidente. Hay algo que nos está fallando, compañeros. Quisiera apostarle a la buena voluntad y a la razón. Todos los discursos están centrados en la ayuda, son de buena voluntad.

Sé que muchos de los que hablamos venimos de la zona de desastre y hablamos con el corazón. Pero ¿de qué va a servir un mes de dieta? ¿De qué va a servir un año de dieta si esos recursos al final de cuentas no sabemos ni qué ni cómo ni bajo qué criterio se gastan?

Se los dice alguien que tiene la experiencia de Boris, de Paulina, del terremoto de 2014, que fue en la costa chiapaneca. ¿Y saben algo? Hasta la fecha hay cientos de familias que siguen esperando una bolsa de cemento y los millones sí salieron del Fonden.

No estoy diciendo que no haya voluntad del gobierno federal, porque sí la ha habido, pero estos recursos llegan a los estados y acaban pagando todo menos desastres. Esas aguas y esas despensas llegan a los estados y se acaban guardando en bodegas para repartirse en campañas políticas.

Por eso le pido a la Junta de Coordinación Política que haga pasar, por favor, para el día de mañana un punto de acuerdo que fue presentado por el PRD, por su servidor, para que hagamos de manera especial y contundente un equipo de trabajo donde estemos diputados de todos los colores, que fiscalicemos cómo se van a gastar esos recursos y que lleguen a los damnificados.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Muchísimas gracias, presidente.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Nazar Morales.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): Es lamentable, compañero presidente, escuchar voces como la que acabo de oír ahorita, cuando la tragedia inunda nuestros estados del sureste y ponen en tela de duda los apoyos que llegan de las diferentes entidades o del propio gobierno federal y del estado.

Yo quiero aprovechar esto para agradecerles a todos su solidaridad. Sabemos que no es suficiente el dinero, pero llegando en forma oportuna con lo que se pueda ayudar a nuestra gente, va a ser de gran ayuda. Por ello yo quiero reconocerle, porque yo he estado en las zonas, uno de los distritos más colapsados es el mío, donde de los 16 muertos, 12 hay ahí en Chiapas y que traemos más de cuatro mil viviendas colapsadas y más de 20 mil con daños regulares, pero que hay que reconocerle al gobierno federal, al Ejército, al gobernador del estado, que están poniendo un ejemplo y correctivos en cada uno de los lugares. No se está permitiendo que nadie abuse de los apoyos.

Le quitaron el derecho de que los ayuntamientos lo hagan porque estaban torciendo las entregas y hoy lo hace el Ejército, por ello es lamentable escuchar de alguien que pone en tela de duda lo que no se ha dado, en lugar de poner ejemplo, predicando con el ejemplo, poniendo lo que quiera poner de ayuda...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): ...pero que llegue en forma oportuna. Y quiero agradecerle a los de Protección Civil, porque son los que están llegando en casa por casa a revisar los daños que hay. Y quiero decirle, presidente, que va a haber muchísimos daños más, porque hay mil 200 réplicas del sismo...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): ...que está pasando en Chiapas. En eso quiero agradecerle al gobierno de Enrique Peña Nieto, que en forma directa...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): ...está llegando a los estados, pero al Ejército, sobre todo, porque están cumpliendo con algo sagrado, la protección de la familia y antes de lamentarnos...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): ...y en lugar de estar contando muertos, estamos contando viviendas. Porque eso, compañeros, habla muchísimo de México y de Chiapas por las simulaciones que se hacen en los sismos, por ello es importante que los estados...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): ... corrijan su forma de hacer sus políticas de sismos en los estados.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): Concluyo, presidente, porque hay...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): ...más de 50 mil familias esperando en Chiapas...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): ...el apoyo de nosotros. Y concluyo dándoles las gracias a todos por su solidaridad. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Las intervenciones desde la curul tienen exactamente un minuto. Esta Presidencia procura ser flexible para no tener la necesidad de suprimir el sonido, pero seamos por favor conscientes de que se trata de un minuto.

Me han pedido la palabra, cuatro diputados más: la diputada Araceli Madrigal, el diputado Guillermo Santiago, el diputado Emilio Salazar Farías, la diputada Norma Rocío Nahle, el diputado Samuel Chacón Morales y el diputado Alberto Martínez. Ordenaremos las intervenciones por grupo y por género, y será el diputado Martínez la última intervención que será admitida en este caso. La diputada de Oaxaca y con ella cerraremos. Adelante la diputada Araceli de Tabasco.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solo para exhortar a las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno para que ante la emergencia que están padeciendo nuestros hermanos oaxaqueños, chiapanecos y de mi estado, Tabasco, con motivo del sismo ocurrido el día 7 de septiembre pasado a que nos conduzcamos bajo los principios sobre todo de inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y entrega de recursos a la población, tal cual lo define y obliga la conciencia humana y como se establece en el artículo 5 de la Ley General de Protección Civil. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada, aprecio su concreción, muchas gracias. El diputado Guillermo Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la Curul): Presidente, para sumarme y exigir también que se fiscalice peso por peso de los recursos del Fonden que van a llegar para Chiapas, para que estos recursos puedan realmente atender las necesidades de la gente y no se lucre con el dolor y con el sufrimiento ajeno.

¿Por qué lo menciono? Porque en el 2014 Chiapas también fue afectado por un sismo y los recursos que bajaron a través de Sedatu no llegaron a los municipios de Huixtla en especial, y tenemos documentados esos casos de desvío de recursos y de corrupción.

Lo ponemos en tela de juicio, diputado, porque hay antecedentes, y más ahora que vienen las elecciones, más ahora que en el 2018 se van a cambiar todos los cargos púbicos en Chiapas. Ay de aquel político que se base del dolor ajeno para obtener recursos, para obtener dinero y obtener ganancias electorales. Eso no se vale.

También invito a todos mis compañeros y compañeras que estuvieron repartiendo despensas en sus informes, que ahorita es cuando se necesitan las despensas. En este momento es cuando se requiere del apoyo y se requiere la solidaridad de todos y de todas. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Emilio Enrique Salazar Farías.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías (desde la curul): Presidente, con tu permiso.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aquí estoy, Emilio.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías (desde la curul): Primero que nada agradecer a cada uno de los compañeros su solidaridad. Este es momento de solicitar todo el apoyo tanto para Chiapas como para Oaxaca, así como para los estados afectados por los huracanes, ante sus necesidades. Y también pedir que en el Presupuesto se hiciera un fondo especial para la reconstrucción de ambos estados donde hay miles de viviendas.

Sólo cierro pidiéndoles a los compañeros que no utilicen una tragedia para protagonismos políticos, para andarse quejando del pasado y para usar eso como una plataforma política, para ello sí. Es el momento de sumarse y no andar haciendo política con ello. No se vale. Ya basta de eso. Vamos a trabajar por nuestra gente, vamos a ayudarlos y a conseguir lo que requieran. Eso es importante. No más protagonismos, por favor ¿qué no ven lo que está pasando? Gracias, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Eva Florinda Cruz Molina.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Gracias, presidente, por darme esta oportunidad. Compañeros y compañeras diputadas, yo creo que no vamos a quedar pobres para dar —digamos— un día. Yo les pido que sea un mes. En Oaxaca el Partido del PRD, ahora sí los diputados locales y federales, estamos dando un mes de sueldo. Entonces yo los exhorto a todos que seamos, ahora sí, solidarios. Con un día de sueldo no arreglamos nada. Estas cosas que están pasando, más en estos estados Chiapas, Oaxaca, Veracruz, por inundaciones, no vamos a arreglar nada, compañeros. No vamos a quedar pobres dando un mes de sueldo. A eso los exhorto a todos. Nada de estar aquí diciendo quién se va a agarrar el dinero ni nada, aquí hay que hablar claro, que es para los damnificados. Así es que queremos, yo les exhorto a todos, a todos, compañeros, que en esta vez apoyemos como debe de ser, que quede un recuerdo de esta Cámara, de esta Cámara de Diputados, que sea un mes de sueldo, propongo. Gracias, señor presidente. Que se someta a consideración.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimada diputada. Voy a darle la palabra al diputado Martínez Urincho, acto seguido a la diputada Nahle y acto seguido al diputado Chacón, para equilibrar las intervenciones. Diputado Martínez un minuto.

El diputado Alberto Martínez Urincho (desde la curul): Le agradezco, diputado presidente. Solamente dos sentidos de mi intervención. La primera, que me tome en el sentido de mi votación, es a favor de este punto de acuerdo, y sí, diputado presidente, decirlo.

Sí hay que estarnos quejando, porque el año pasado, desde la Comisión de Protección Civil que preside la diputada Orantes —yo como integrante— dimos la pelea para que se pudiese pelear, asignar recurso para el tema de prevención de desastres, para el tema de la prevención de protección civil, y nunca se le hizo caso a esta comisión.

Y tristemente, diputado presidente, anoche vimos en un medio de comunicación cómo se estaban vendiendo las alarmas de terremotos. No es posible, no es posible. Y por eso le digo con mucha fraternidad a mi compañero diputado que diga, que no nos quejemos, no. Sí hay que estarnos quejando, sí tenemos que estar denunciando porque con ese dinero, con ese recurso que ahí se tiene guardado, se pudieron haber salvado muchas vidas.

Tenemos que hacer la denuncia, diputado presidente, y estar siempre apoyando a la gente que está en desgracia. Por eso, sí nos vamos a seguir quejando y vamos a seguir denunciando, y hacer y pedir que esta Cámara exhorte a las autoridades administrativas para que investiguen esos hechos tan lamentables. Le agradezco, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Martínez. Diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidente. Dos temas.

Primero, con el debido respeto, espero que no se repita lo mismo del período anterior. Aquí no se puede apagar el sonido. Así se pasen segundos, no se debe apagar el sonido.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le aseguro que si se pasan segundos, no ocurrirá.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Pues ni segundos ni nada. Este es el lugar para expresarnos los diputados, entonces se lo digo con debido respeto, hay que dejar que hablemos los diputados.

Segunda, a pesar de que esta tragedia ocurrió en Oaxaca y Chiapas, todo el Istmo de Tehuantepec fue sacudido en una forma tremenda, y el sur de Veracruz también sufrió graves consecuencias: Acayucan, Minatitlán, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Nanchital y otros municipios.

Hoy exhorto de la manera más respetuosa —y espero que esta soberanía se sume a este exhorto— al gobernador del estado de Veracruz para que haga la declaratoria de emergencia ante los huracanes y el sismo, y puedan bajar los programas y apoyos necesarios. Si no hace la declaratoria, pues no van a poder bajar los apoyos. Ya Tabasco, Oaxaca y Chiapas, ya hicieron la declaratoria. Es un exhorto que espero que nos puedan acompañar en esto. Gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. El diputado Chacón. Con él cerramos estas intervenciones y pasaremos a la votación.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): Muy buenas tardes, diputado presidente de la Mesa Directiva, a los integrantes y a cada una, y a cada uno de los diputados federales que nos encontramos en este recinto legislativo.

Quiero agradecer el apoyo que van a enviar al estado de Chiapas. Chiapas es uno de los estados más perjudicados en la República Mexicana. Me toca ser diputado federal por el doce distrito, donde tengo playas, donde tenemos sierra. Y todos los caminos que van a la zona alta de Tapachula, a las sierras, no pueden accesar porque todos sufrieron derrumbes.

Y, caso contrario, en Puerto Madero, en las escolleras y en San Benito el mar se nos metió 200 metros, llevándose las palapas de restauranteros, las casas de personas que viven ahí en Puerto Madero y que se vieron totalmente dañados por ese terremoto de 8.2 grados Richter.

Únicamente es el agradecimiento a todos los diputados federales del PRI, porque sé y estoy seguro que van a hacer una aportación económica y la vamos a llevar de manera personal.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): No comulgo con la participación que hizo un diputado que se cambió de partido, cuando dice que se va a fiscalizar, cuando dice que los diputados federales no estamos caminando. Y, en lo personal, he estado caminando en beneficio de nuestra gente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): Así que quiero pedirle a los diputados que me antecedieron que se pongan a trabajar, que se pongan a caminar. Y los invito...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): Los invito a los dos diputados, uno de San Cristóbal y otro de Chiapas, que nos acompañen...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay lugar a alusiones personales, diputado.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): Que nos acompañen a los recorridos que hacemos en nuestros distritos. Si ellos no lo hacen y nada más están en el tema político, ese es su rollo. Pero nosotros no estamos ocupando esos apoyos...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): Porque hemos vivido de cerca las lágrimas...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): Hemos vivido de cerca la tristeza de la gente...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): Que son de escasos recursos. Muchas gracias, presidente de la Mesa Directiva.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Barrera Marmolejo, para referirse a las escuelas, con usted concluimos.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Con su venia, presidente, y respetando los tiempos que marca la Mesa, quisiera hacer mención. Sin lugar a dudas hay que apoyar a los hermanos de Oaxaca, de Chiapas, del estado de Veracruz, que son los que más afectación sufrieron en la República Mexicana, pero no hay que hacer de un lado todas las afectaciones que sufrió el territorio nacional.

En la Ciudad de México hay bastantes escuelas afectadas. Incluso en algunas demarcaciones, por mencionar alguna, en la delegación Coyoacán, todavía hay escuelas que no tienen o se ha normalizado su ciclo escolar o no tienen ahorita actividades escolares en virtud de los daños que sufrieron las estructuras, y por eso presentaremos un exhorto a la Comisión Nacional de Protección Civil, al secretario de Educación y también a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, para que dictaminen si estos inmuebles pueden seguir en funcionamiento o qué reparación requieren. Exhortamos también al gobierno de la Ciudad a que tome cartas en el asunto.

Es cuanto, presidente, y gracias por el uso de la voz.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Informo a los señores diputados el sentido de la votación. El voto a favor significa que está de acuerdo con el descuento solicitado por la Junta de Coordinación Política. Este descuento es de un día de dieta, con excepción de los diputados del PRI que han externado en la tribuna que sus votos equivalen a ocho millones de pesos divididos entre los diputados que voten a favor de esta propuesta.

Los diputados que tienen una propuesta que no es en colectivo, como en el caso de los diputados del PRI, pueden hacer llegar a la Secretaría General. La expresión tiene que ser individual de que están dispuestos a aportar una cantidad mayor de recursos.

En relación al exhorto solicitado por la coordinadora de Morena, le voy a suplicar sea tan amable de hacernos llegar el punto de acuerdo respectivo para que, en caso de que la Junta de Coordinación Política pueda procesarlo de inmediato, se haga la votación separada de este punto de acuerdo, que es un exhorto al gobierno de Veracruz para solicitar la declaratoria de emergencia de los municipios referidos por la diputada Rocío Nahle.

Proceda la Secretaría.

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ábralo por cinco minutos, secretaria, por favor.

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del acuerdo...

(Votación)

Diputado Ojeda, el sentido de su voto.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde su curul): A favor.

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Diputado José Antonio Salas, el sentido de su voto.

El diputado José Antonio Salas Valencia (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Hace falta algún diputado o diputada de emitir su voto?

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, secretaria. Está bien, esperemos un minuto. Adelante, diputado, adelante. Adelante, diputada, cierre el sistema.

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 441 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra, de un total de 441 presentes.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El acuerdo es aprobado por unanimidad.

MINUTO DE SILENCIO

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suplico a los integrantes de esta Cámara ponernos de pie, con el fin de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de tan terrible tragedia.

(Minuto de silencio)

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señores diputados. Continuamos con el orden del día.

INICIATIVA DE DIPUTADO

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 10 DE FEBRERO DE 2014

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Política-Electoral.

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente iniciativa por la que se reforma el artículo décimo sexto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, fue aprobada por todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, ya que responde a las necesidades y exigencias planteadas por la sociedad mexicana.

La votación en la Cámara de Senadores obtuvo 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención; en la Cámara de Diputados, 409 nueve votos a favor, 69 en contra y tres abstenciones, realizadas las modificaciones pertinentes a la minuta, obtuvo en el Senado 99 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones; para finalmente ser aprobada por la mayoría de los congresos locales.

Como expresión política del país incide directamente en el poder ciudadano, obliga a las autoridades a rendir cuentas, al tiempo que fortalece a las instituciones encargadas de la organización de elecciones, de la impartición de justicia electoral y de la persecución de delitos.

La reforma establece nuevas disposiciones constitucionales, entre ellas la transformación de la Procuraduría en una Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, de la que, como órganos secundarios constitucionales, se desprenderán, al menos, las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.

El régimen transitorio prevé que la entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida para dicho efecto, y siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Así mismo, dispone que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía de la Fiscalía, quedará designado Fiscal General de la República por ministerio constitucional; es decir, no requiere someterse al procedimiento de designación previsto en el apartado A del artículo 102 de la Constitución.

A raíz de la ratificación por parte del Senado de la República de Raúl Cervantes Andrade como nuevo Procurador General se hicieron públicos diferentes señalamientos de miembros de las organizaciones civiles, académicos, cámaras empresariales, así como del propio Procurador, que advierten que el transitorio décimo sexto de la reforma constitucional que establece el pase de Procurador a Fiscal en forma automática, distorsiona el objeto de la reforma y merma los esfuerzos de todas las fuerzas políticas que participaron en ella.

En consecuencia, el 28 de noviembre de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, con la finalidad de modificar el régimen de designación del Procurador General de la República a primer Fiscal General de la República.

De acuerdo con la propia propuesta del Ejecutivo federal, corresponderá al Senado de la República iniciar el procedimiento para el nombramiento del nuevo Fiscal conforme al procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 constitucional, previendo que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía constitucional, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado de la República designe al Fiscal General de la República y, adicional mente, que el Procurador de que se trate podrá ser considerado para participar en el proceso de designación.

Al día de hoy, volvemos a escuchar señalamientos de la sociedad civil, líderes de opinión y organizaciones civiles que exigen la transición hacia una Fiscalía independiente, por lo que se vuelve imperioso eliminar el “pase automático” del titular de la Procuraduría General de la República antes señalado.

Los diputados federales que suscriben la presente iniciativa, somos conscientes del esfuerzo realizado por todos los actores políticos para llevar a cabo la reforma en materia política electoral de 2014, y nos unimos a la sociedad civil en su reclamo por una democracia real, reconociendo con ello el ánimo del Presidente de la República plasmado en su iniciativa de noviembre de 2016.

Estamos convencidos que la única forma de fortalecer nuestra democracia es asegurar que la nueva Fiscalía General de la República cuente con un titular que sea electo a través del procedimiento previsto en el artículo 102 de nuestra Constitución, que garantice el principio de parlamento abierto y responda objetivamente al mérito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto:

Único.Se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue:

Décimo Sexto. ...

Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria.

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el primer párrafo de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República. Quien haya ocupado la titularidad de la Procuraduría General de la República o la titularidad de alguna dependencia de la Administración Pública centralizada o paraestata1, durante los cuatro años anteriores al procese de designación, no podrá participar en el mismo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2017.— Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

RELATIVO A LA TERMINACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES, CONOCIDO COMO DACA

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política, es el que se refiere al punto de acuerdo relativo a la terminación por parte del gobierno norteamericano del Programa Apoyo a Migrantes, conocido como DACA.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que respetuosamente se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se instrumenten las acciones que en materia de derecho internacional sean necesarias para proporcionar a los dreamers el debido apoyo y acompañamiento jurídico, en aras de lograr que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica cumpla con lo ofrecido a esos jóvenes mediante el DACA.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal a que se instrumenten las acciones que en materia de derecho que sean necesarias para proporcionar a los jóvenes de origen mexicano conocidos como “ dreamers”el debido apoyo y acompañamiento jurídico, en aras de lograr que el gobierno de los Estados Unidos de América cumpla con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia “DACA”, promulgada durante la administración encabezada por el entonces presidente Barack Obama.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; de Trabajo y Previsión Social; y de Economía, a que impulsen de manera coordinada ante las empresas mexicanas con operaciones en los Estados Unidos de América, la contratación de dreamersde origen mexicano que cuentan con el permiso vigente, como medida para que permanezcan en ese país con carácter de trabajadores extranjeros.

Asimismo, en caso de que éstos sean repatriados a México, se les exhorta a promover una estrategia para que dichas empresas generen una oferta laboral especial a fin de que los dreamersde origen mexicano encuentren oportunidades de trabajo de acuerdo a su capacidad y experiencia profesional.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de las secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores para que de manera coordinada impulsen que los jóvenes de origen mexicano que actualmente son beneficiados por el DACA, en caso de ser repatriados, puedan continuar sus estudios o el ejercicio de su profesión en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, secretaria. Se han inscrito para participar en este punto los siguientes diputados: Gonzalo Guizar Valladares por el Partido Encuentro Social. El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Torres Sandoval por el partido Nueva Alianza. Claudia Sofía Corichi García por el Partido Movimiento Ciudadano. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado por el Partido Verde Ecologista de México. Norma Xochitl Hernández Colín por Morena. Cecilia Soto González por el PRD. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez por el PAN y Adriana del Pilar Ortiz Lanz por el Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra el diputado don Gonzalo Guizar Valladares en representación del Partido Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guizar Valladares: Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hoy, en este acuerdo de la Junta de Coordinación Política coincidimos de manera plena con la necesidad de que esos jóvenes soñadores, dreamers,tengan la oportunidad, el apoyo jurídico oportuno, desde luego, porque este programa DACA, suspendido con una acción ejecutiva del gobierno de Donald Trump, les brindaba la protección de no ser deportados, incluso de trabajar por dos años y poder renovar el aspecto laboral en la empresa correspondiente. También tenía ventajas de poder unirse a un seguro social, afiliarse en esas condiciones, y desde luego, de poder sacar licencia de manejar.

Este programa DACA en eso consistía prácticamente. Donald Trump lo cancela y es muy oportuno este acuerdo, porque al brindarle la seguridad jurídica, la asesoría oportuna, exhortar a las Secretarías de Economía, a la de Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, a la de Relaciones Exteriores, que coordinen acciones sin detrimento del derecho internacional. Estas acciones que vayan encaminadas al fortalecimiento, a la asesoría y al acompañamiento de estos jóvenes soñadores.

Es un acto de elemental conciencia y justicia social. Hablamos de 800 mil personas en estas condiciones. Se habla de que son más de 638 mil mexicanos de los 2.1 millones de dreamersque están en la unión americana y que consideramos, como partido de Encuentro Social, como diputado, como ciudadano, incluso como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, que hay que destacar que ahí todas las fuerzas políticas, todos los grupos parlamentarios de la comisión hemos estado dando la batalla en boletines, en conferencias de prensa y en acciones específicas para que cada uno de los grupos parlamentarios que integran la comisión estén incursionando con parlamentarios, con sus homólogos en la unión americana y también poder cabildear.

Creo que ese es el camino de enfrentar juntos para apoyar incluso a los repatriados para que puedan tener dispensa de trámites, como lo marca ya la Ley General de Educación, porque fue reformada en este pleno y que hoy es una ley vigente.

Desde luego también el aspecto laboral de aquellos que puedan ser, en primer lugar, becados incluso en el exterior, incorporados a un trabajo específico en el exterior o aquí a nivel nacional.

Por eso es muy importante este exhorto, que va a exhortar al mismo tiempo a las empresas con estas secretarías, dependencias federales en Estados Unidos que le puedan brindar la oportunidad laboral y ser considerados trabajadores en el extranjero y que no les afecte tanto esta decisión que actualmente, como sabemos, está en manos del Congreso norteamericano. Muchas gracias por la atención. Muy amables.

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Melissa Torres Sandoval, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Melissa Torres Sandoval: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos días hemos escuchado hablar del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA y que consistía en otorgar permisos de estadía y trabajo por dos años, de carácter renovable a quienes llegaron a Estados Unidos sin documentos legales, siendo menores de 16 años y que cumplían con algunos requisitos de elegibilidad.

Como todos sabemos, la nueva administración encabezada por Trump decidió poner fin a este programa dejando a miles de jóvenes en la incertidumbre ante el riesgo de ser deportados. Esta medida podría forzar un retorno masivo de miles de jóvenes que crecieron y se formaron como estadounidenses y que hoy pueden ser expulsados de un país que consideraban su patria.

En Nueva Alianza nos comprometimos a salvaguardar los derechos humanos de los migrantes mexicanos y estamos convencidos de que se deben tomar las medidas necesarias para recibir a los jóvenes que crecieron y aportaron un capital cultural en Estados Unidos, que son de origen mexicano y que hoy por hoy sean deportados por la acción gubernamental.

Aplaudimos que el día de ayer la Jucopo decidiera hacer suyo este punto de acuerdo, impulsado por los legisladores de Nueva Alianza, y con ello demostrar que esta honorable Cámara de Diputados comparta nuestra preocupación por el bienestar de tantos jóvenes en vísperas de ser deportados.

Ahora bien, dado que no se tienen cifras exactas de los jóvenes que aceptarán regresar o a qué nivel educativo o productivo pertenecen, es preciso que se realice un análisis de las necesidades educativas de quienes actualmente eran beneficiados por el DACA, para que de ser deportados puedan continuar con sus estudios o el ejercicio de alguna profesión.

Con esto en mente, la presente proposición con punto de acuerdo exhorta al Ejecutivo federal a que se instrumenten las acciones necesarias para proporcionar asesoría y acompañamiento jurídico a los jóvenes que estaban bajo la protección DACA.

De igual manera, se exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Previsión Social, y de Economía, a impulsar de forma coordinada la participación de las empresas mexicanas que poseen inversiones en Estados Unidos, a fin de instrumentar un proceso de contratación de dreamersde origen mexicano, como medida para que permanezcan en ese país con carácter de trabajadores extranjeros.

Compañeras y compañeros, las medidas en esta materia son urgentes. En Nueva Alianza estamos decididos a defender los derechos fundamentales de los jóvenes que se atrevieron a soñar con una vida mejor. Queremos decirles que no están solos en su lucha y que las y los diputados turquesa haremos lo posible para colaborar con su causa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias, diputada Melissa Torres Sandoval. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Victoria Mercado Sánchez: Desde que inició la administración del presidente Donald Trump se ha decretado oficialmente a partir del jueves 7 de septiembre del presente año el fin del programa DACA que había protegido a miles de jóvenes indocumentados de la deportación de los Estados Unidos mejor conocidos como dreamerso soñadores. Esto representa más de 800 mil jóvenes que se encuentran en riesgo de ser deportados a menos que el Congreso de dicho país impulse finalmente una reforma migratoria.

El final de este programa afectaría a jóvenes indocumentados en Estados Unidos. Al acercarse la mayoría de edad se enfrentan a necesidades como cursar estudios superiores, buscar un trabajo, tener un permiso de conducir, etcétera, pero a menudo se enfrentan con el escollo de no poder conseguirlo por la falta de papeles, y también vivían con la amenaza constante de ser deportados.

El permiso tenía vigencia de dos años y era renovable. ¿Cuántos dreamers hay? El programa ha beneficiado a 787 mil 580 jóvenes indocumentados, según los últimos datos del Servicio de Ciudadanía de Migración publicados en marzo.

Para acceder al plan estos jóvenes tuvieron que probar que habían llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursaban estudios de educación secundaria o la universidad. Los inscritos pudieron frenar su deportación, obtener permiso de trabajo y en muchos estados una licencia de conducir.

Se calcula que en Estados Unidos viven unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. El 78 por ciento de los beneficiados de DACA proceden de México —exactamente hay 618 mil 342 soñadores mexicanos—, de ahí le siguen los salvadoreños, guatemaltecos, los hondureños.

Los estados con más soñadores son California, donde viven en total más de 25 millones de hispanos. Un 46 por ciento está actualmente estudiando y de ellos un 83 por ciento también trabaja, según un estudio. Y a poco de recibir el programa DACA, el seis por ciento de los jóvenes iniciaron un negocio, una iniciativa que incluye empresa de tecnología, a portales de artesanía en Internet, pasando por compañías de asesoramiento para la preparación de la declaración de los impuestos.

En total, el 91 por ciento de los beneficiados de DACA actualmente están trabajando, una cifra que aumenta un 93 por ciento de aquellos mayores de 25 años, según datos del mismo censo.

Sin embargo, la eliminación del programa DACA fue una de las promesas de campaña de Trump, eso invitó a priorizar los empleos y la seguridad de los trabajadores ciudadanos estadounidenses, afirmando que dicha decisión se tomó para ejercer fuerza en el Congreso de dicho país y así meterse en la reforma migratoria.

Al eliminar el programa DACA se podía concluir la deportación de 685 mil trabajadores, lo que provocaría una pérdida de más de 460 mil 300 millones de dólares para el producto interno bruto de Estados Unidos en la próxima década.

Según el Departamento de Seguridad Interior permitía que aquellos dreamerscuyo permiso se vence antes del 5 de marzo del 2018 necesitaba una renovación por otros dos años, pero debe ser ejercitado antes del próximo 5 de octubre.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul, mencionó que buscará consenso con el presidente Trump, por eso cuando el programa fue anunciado en el 2012, lo apoyaron el 63 por ciento de los adultos en Estados Unidos, un respaldo que se ampliaba hasta el 89 por ciento entre los hispanos.

De acuerdo con una encuesta realizada en noviembre del pasado año, el 58 por ciento de estadounidenses rechazaba cualquier esfuerzo por renovar el DACA, y mientras el 28 apoyaba la eliminación.

Por ello el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo con el punto de acuerdo presentado y exhortar a las autoridades pertinentes a adoptar todas las medidas y acciones que resulten necesarias para diseñar e implementar un plan de acción y respuesta frente a la cancelación del programa y así garantizar sus derechos a la educación, la salud, el trabajo, y en caso de ser deportado, siempre trabajar en pro de los jóvenes migrantes. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias, diputada María Victoria Mercado Sánchez. Se le concede el uso de la palabra al diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su venia, presidenta. Hace un lustro la administración de Barack Obama abrió la puerta de la esperanza a millones de niños y niñas y jóvenes que habían llegado a los Estados Unidos de forma ilegal, debido a que propuso e implementó el programa de acción diferida para el arribo de los infantes, también conocido como DACA. Mediante este programa el Departamento de Seguridad Nacional enfocó todos sus esfuerzos y recursos para deportar a los individuos que representaran una mayor amenaza para la seguridad nacional. En ese sentido se ejecutaría una persecución discrecional para asegurar que los recursos con los que contaba el Departamento de Seguridad Nacional, no fueran desperdiciados en objetivos de baja prioridad.

Sin embargo, los individuos que llegaron a los Estados Unidos desde una corta edad y cumplieran con una serie de requisitos, contarían con un período de dos años de gracia. Es decir, no serían perseguidos ni deportados y podrían ser elegibles para obtener un permiso de trabajo.

Hasta el día de hoy, aproximadamente 790 mil jóvenes habían logrado la protección de este programa. Según cifras vertidas por el servicio de ciudadanía y migración de los Estados Unidos, la mayor parte de la población favorecida por el DACA la constituyen los mexicanos con 690 mil connacionales.

El estado con más dreamerses California con 225 mil, en Texas residen 125 mil y aproximadamente 40 mil en Nueva York y Chicago, lugares que poseen una fuerte presencia de comunidades mexicanas.

El problema ha resultado benéfico tanto para los soñadores como para las comunidades receptoras debido a que representa una mejor educación, empleo y posición social para los primeros, y una captación mayor de impuestos, trabajo de calidad y elevación de los niveles de consumo, para las segundas.

Sin embargo, y con lo anunciado por el presidente Trump hace unos días, se vuelve realidad uno de los peores escenarios para los dreamers,ya que estos tendrían una prórroga de seis meses, mientras el Congreso busca una salida para los cerca de 800 mil afectados.

Dicha aprobación implementaba por la actual administración no representa una sorpresa, debido a que coincide con su dialéctica antimigrante, antimexicana y racista. Lamentamos y condenamos la medida adoptada por el gobierno estadounidense, sobre todo cuando los jóvenes afectados por la medida son personas trabajadoras, íntegras y con ganas de trascender y contribuir al desarrollo de la comunidad y sociedad estadounidense.

La decisión de eliminar el programa DACA constituye una aproximación errónea para implementar una política migratoria humana y comprensible, sobre todo cuando tanto republicanos como demócratas tratan de encontrar consensos para reformar el maltrecho sistema de inmigración.

En el Partido Verde creemos firmemente que los niños y niñas que fueron llevados ilegalmente a los Estados Unidos sin que ellos pudieran influir en su decisión, no deberían ser forzados a irse de un país con el cual quizá tienen más vínculos que con el suyo propio.

En México, las puertas están abiertas para ellos, pero no se vale que les quieran quitar la posibilidad de soñar y hacer una vida en el lugar donde ellos elijan. En este sentido les expresamos nuestra máxima solidaridad y concordamos plenamente en la necesidad de brindarles apoyo y acompañamiento jurídico. Es todo.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputado Jorge Márquez Alvarado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, fue puesto en marcha en los Estados Unidos de América en agosto del año de 2012, durante la administración del entonces presidente Barack Obama, con el objetivo de proteger a los migrantes llevados a este país sin autorización, y cuando aún eran menores de la deportación, y otorgarles permisos de trabajo.

Este sector beneficiado por el mencionado programa es reconocido bajo el nombre de dreamers,apelativo que surge de la idea que tienen todas aquellas personas que salen del territorio nacional para alcanzar el sueño americano.

Dicho programa tenía una durabilidad de dos años con opción a renovarse. Asimismo, protege a 790 mil 77 migrantes no autorizados, cerca del 80 por ciento son nacidos en México, que pudieran demostrar haber entrado a territorio estadounidense sin haber cumplido 16 años, haber residido en el país sin interrupción durante varios años y sin cometer delitos.

Gracias a este programa pueden trabajar en aquel país sin ser deportados, tener un número de seguro social, licencia de conducir, entre otros beneficios; 8 de cada 10 personas que lograron beneficiarse son mexicanos, le sigue: El Salvador, con 28 mil; Guatemala, 19 mil 792; Honduras, 18 mil 262; Perú, con 9 mil 66; Corea del Sur, con 7 mil 250; Brasil, con 7 mil 361; Ecuador, con 6 mil 696; y Colombia, con 6 mil 591.

Aunado a lo anterior, bajo la violenta retórica antimigrante durante su campaña, el presidente del vecino país, Donald Trump, aseguró que acabaría con el programa que protege a los dreamers,pues según su argumento esta protección significa un abuso de poder por parte de Barack Obama.

La directora interina de Seguridad Interior, Elaine Duke, declaró en un comunicado de prensa que el presidente decidió desactivar el programa de una manera ordenada, que proteja a los beneficiarios en el mediano plazo, mientras trabajan con el Congreso para pasar la legislación. Es decir, Donald Trump está dejando el programa en manos del Poder Legislativo de este país.

El pasado martes 5 de septiembre, el fiscal general de los Estados Unidos de América ofreció una conferencia de prensa en la que anunció de manera oficial el fin de DACA, bajo el argumento de que no se pueden recibir a todas las personas que lleguen al país en comento, pues caerían en una política de fronteras abiertas, lo cual es bien sabido que es rechazado por Trump.

Según él, la nación norteamericana debe definir y defender un límite de cuántos inmigrantes admite cada año, y eso significa que no todos pueden ser aceptados. Ante este escenario, el Congreso de los Estados Unidos tiene seis meses para crear la legislación.

Es por ello, que siendo conscientes de que el problema que enfrentan los dreamerstiene su origen en México, ante la incapacidad del gobierno por generar las oportunidades que necesita este sector, también es cierto que es evidente que se están violentando los derechos humanos y es necesario pronunciarse oportunamente ante este atropello, por lo cual exigimos que el gobierno de México aborde de manera directa y sin cortapisas, este y otros temas de carácter binacional, en una agenda seria que nos permita avanzar el marco del derecho internacional al respeto irrestricto de los derechos humanos, y sobre todo se pronuncie oportunamente ante cualquier declaración que atente contra la dignidad de los mexicanos.

México debe privilegiar los postulados del derecho internacional y las instituciones multilaterales, como valiosos instrumentos de equilibrio ante Estados Unidos, para restablecer un piso parejo en sus relaciones bilaterales. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias, diputada Norma Hernández Colín. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Muchas gracias, diputada presidente. Saludo a todos los colegas aquí o en sus oficinas, y al público que nos ve en el Canal del Congreso.

El Partido de la Revolución Democrática concuerda y aprueba el punto de acuerdo firmado conjuntamente por todas las fracciones parlamentarias, por el gran valor simbólico que tiene que la Cámara se pronuncie en contra de esta política cruel e inhumana de cancelar DACA. Sin embargo, nos parece que el gobierno federal se ha quedado corto, muy corto y mudo frente al maltrato que sufrirán aproximadamente 600 mil mexicanos en los Estados Unidos.

Para dar una idea del significado de esto, quisiera comentar que el lunes estaba el cuarto día de negociaciones de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN. Uno de los puntos fundamentales de estas negociaciones es defender el empleo en la industria automotriz.

Hay 600 mil empleos que dependen directa e indirectamente del empleo en la industria automotriz. Exactamente el mismo número de mexicanos que serán afectados en Estados Unidos por la cancelación de DACA.

Ahora, antes de DACA, se fue construyendo un entramado semilegal que ha hecho posible que Donald Trump implemente una política con base nativista. Es decir, con una base racista, ajena por completo a todos los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos.

En primer lugar, en 2010, el estado de Arizona aprobó la Ley 1070, que clasifica una serie de infracciones a la ley como delitos graves, y esto ha sido utilizado en este estado y en muchos otros para que mexicanos que cometieron el error de pasarse un alto, o de tocar el claxon cuando no debían, pequeños errores, ahora son clasificados como delitos importantes.

Un patrón estudiado por las organizaciones de defensa de los migrantes encuentra que estos son los delitos utilizados como pretextos para las deportaciones.

Después, el 15 de junio pasado, se dejó sin defender DAPA, que era la orden ejecutiva que permitía que los padres de ciudadanos americanos, padres mexicanos o extranjeros de ciudadanos americanos, podrían obtener la residencia legal.

Después, la orden ejecutiva de Trump para que las policías locales pudiesen actuar en conjunto con la policía de migración como si fueran un solo cuerpo, para mantener una mayor eficacia en las rondas de deportación.

Lo más importante, se ha señalado que esta DACA es una muestra de falta de humanidad y de crueldad, porque pone a la incertidumbre y quizá regrese a miles de jóvenes que crecieron en los Estados Unidos.

Pero no se menciona que otro de los aspectos fundamentales de esta crueldad es la traición a la confianza. Estos jóvenes dieron los datos de sus familias, de dónde vivían, de dónde trabajaban para poder obtener DACA, es posible ahora que con los datos que ellos dieron, sus padres sean deportados. Esto es una crueldad, un hecho de falta de humanidad que tiene que ser denunciado en tribunales internacionales.

También se ha planteado ahora la disyuntiva de que podría mitigarse el efecto de DACA a cambio de una reforma migratoria, que de nuevo garantice la expulsión de sus padres.

En este sentido, quiero comentar con ustedes, oyendo el acuerdo de todas las fracciones en la defensa de los dreamers,que como diputada acabo de meter una iniciativa que reforma el artículo 18 A de la Ley de Derechos, que permitirá al Estado mexicano tener más ingresos para poder dirigirlos a Relaciones Exteriores.

Voy a proponer un aumento de 10 dólares en el permiso que pagan los viajeros aéreos para ingresar a México, 25 dólares van para turismo, yo voy a proponer que 10 dólares extras vayan para Relaciones Exteriores, para la defensa de nuestros migrantes. Espero que todos me acompañen en ese voto a favor. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputada Cecilia Soto González. Y se le concede el uso de la palabra a la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, presidenta. Bien, hablar de los dreamers es hablar de miles de jóvenes, más de 600 mil mexicanos, más de 800 mil latinoamericanos, principalmente.

Hablar de la cancelación del DACA es hablar de coartar los sueños, la libertad, la esperanza. Hablar de la cancelación del DACA es hablar del riesgo de la separación de las familias. Es hablar del riesgo y el dolor de ser rechazados por una patria que no los reconoce, pero a la que le han aportado conocimiento, economía, trabajo, perseverancia.

Y me parece que en México nos hemos visto lentos. No es suficiente lamentar la decisión de un gobierno estadounidense. No es suficiente lamentar que en el centro de la negociación de cualquier tratado no estén las personas, no esté la dignidad de cada ser humano.

No es suficiente decir que sentimos las decisiones que toma el presidente Trump. Para los jóvenes, para los mexicanos, para los niños que emigraron con sus padres todo esto no es suficiente.

Por eso, el día de hoy, además de apoyar el punto de acuerdo, sí pedirle a nuestro presidente, a nuestro gobierno federal que deje de ser reaccionario.

Miren, el primero de febrero, el periódico The New York Times lanzaba un artículo que decía, ¿Los dreamersson los siguientes? Primero de febrero. Pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto y hasta entonces nos damos cuenta que no era otra cosa más que parecía una profecía el primero de febrero.

Y en aquel entonces escribían este artículo, que una decisión como la que ya había anunciado el presidente Trump durante su campaña no solamente dañaría a los jóvenes. Reconocían en este artículo que estarían poniendo en riesgo no solo estudiantes. No se tiene que limitar nuestro posicionamiento en torno al tema educativo, estarían expulsando de Estados Unidos a médicos, a investigadores, a científicos, a empresarios. Estarían también separando las familias.

Cómo es posible que ciudadanos americanos sí puedan prever lo que puede suceder con nuestros dreamerssiete meses antes.

Y aunque si bien un representante del Partido Republicano dice que no tienen de qué preocuparse, pues tendrán seis meses para poder aprobar y procesar un permiso, yo creo que sí hay de qué preocuparse.

Y por eso, por eso es que el día de hoy a nombre de Acción Nacional, también hablo a nombre de los jóvenes, de Ana López, que es de Jalisco; o como Silvia Rodríguez, de Guanajuato; o como Miguel Bello, de Michoacán; o como Sara Zúñiga, de la Ciudad de México. Pero también hablo en nombre de Guillermo Guadalupe Gallaga, que reside en Los Ángeles; de Andrea Aguilera, que reside en Chicago. También de Elizabeth, que reside en el estado de Illinois; de Karina, en San Francisco, California.

Hablo en nombre de esos jóvenes, primero, para decirles que no están solos y que estoy consciente de que no es suficiente con decirles eso. Pero sí que los sueños se pueden alcanzar, independientemente de donde se encuentre una frontera. Que reconocemos su perseverancia y que estos cinco años que duró el programa, esos cinco años de sueños, no los den por vencidos en tan solo estos días.

Por eso, queremos ir más allá de un exhorto en el tema educativo y donde también el exhorto sea para autoridades locales, y que estemos preparados. No se puede seguir siendo reaccionarios. También el exhorto a la Cámara de Representantes y Senadores, para que puedan proporcionarles apoyo a estos jóvenes soñadores que le han aportado a su patria.

La única diferencia que no los hace estadounidenses son los documentos, sin embargo, en México siempre seguiremos reconociéndolos, apoyándolos y esperándolos como buenos mexicanos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias, diputada Alejandra Reynoso Sánchez. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz: Muy buenas tardes, diputadas y diputados, compañeros todos. Los mexicanos sin duda recibiremos con los brazos abiertos y la calidez que nos caracteriza a todos los jóvenes, a los conocidos como dreamers,que llegan a nuestro país a raíz de la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Sin embargo, hacemos votos y confiamos en que se encontrarán soluciones justas y definitivas para atender este suceso y este problema que afecta a casi 900 mil jóvenes en Estados Unidos.

A nosotros, representantes de la nación, nos corresponde garantizar que aquellos mexicanos que tengan que regresar a nuestro país encuentren una oportunidad. Por ello, como lo dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el gobierno de la República les ofrecerá el mayor apoyo para integrarse al país.

Por eso hemos hecho muchas y diversas acciones. Aquí se ha dicho que no hemos actuado en tiempo y que no hemos actuado en forma, difiero y defiero con total contundencia de esas afirmaciones, el país ha hecho lo que le corresponde. El gobierno ha actuado con la responsabilidad y la seriedad que el caso amerita.

Y por ello voy a permitirme leer algunas de ellas, acciones, y otras más que sin duda alguna muchos de los que están aquí recordarán, porque como diputadas y diputados hemos discutido, hemos aprobado y hemos trabajado y votado en favor de ellas también.

Hemos instalado módulos informativos en puntos de repatriación de la frontera norte y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hemos reforzado la atención en ventanillas de orientación educativa en los consulados de México en Estados Unidos y se ha dicho y se hará, abriremos muchas más ventanillas. Hemos puesto a disposición un sitio de Internet y numerosos teléfonos de atención gratuitos para atención personalizada.

También haremos y facilitaremos la integración al sistema educativo nacional por medio del Programa Español para no Hispanohablantes, para quienes así lo requieran. Se revalidarán estudios y se dará acceso a becas al integrarse al sistema educativo nacional, a quienes estén cursando la educación básica, la media superior o la superior.

Se les afiliará al Seguro Popular, para garantizar su derecho a la salud y se pondrá en marcha el proyecto Somos mexicanos, a fin de fortalecer el impacto de los distintos programas de asistencia a personas repatriadas, según las diversas necesidades de los lugares de recepción y/o destino. Y también certificaremos competencias para que participen en la convocatoria para la enseñanza del inglés en nuestras escuelas normales.

Es decir, hemos hecho mucho y se ha hecho bien. Tenemos que hacer más, sin duda alguna. Estamos comprometidos y lo haremos todos, si lo hacemos juntos, si lo hacemos sin distingos partidistas y pensando como siempre en México y en los mexicanos.

Pero tampoco debemos olvidar algo que es importante, México ha sido un país que históricamente se ha guiado y pronunciado por el respeto a los demás y sin duda así lo seguiremos haciendo. Si bien reconocemos que decisiones como estas de carácter migratorio corresponden única y exclusivamente al pueblo estadounidense y sus instituciones, también es imperativo señalar que nuestra Ley Suprema y diversos ordenamientos del marco jurídico internacional otorgan derechos a nuestros connacionales que residen en otros países. Desde este espacio les decimos a todos ellos, a los dreamers,a sus familias: No están solos. Con firmeza y determinación daremos juntos la batalla por todos ellos.

Hago votos que todos juntos, todos unidos, sin distingos partidistas, trabajemos en verdad para hacer que este proceso de negociación en Estados Unidos vaya acompañado por todos nosotros para que se tomen ahí las mejores decisiones y para quienes estén aquí, en México, tengan la certeza que encontrarán a su México. Un México siempre dispuesto a recibirlos y a acompañarlos. Muchas gracias y buenas tardes.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias, diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

REFERENTE AL ANÁLISIS DEL QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, referente al análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 7, numeral 4; 33 y 34 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de sus facultades, y

Considerando

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 69, que durante la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del país; mismo que fue presentado el 1 de septiembre de 2017, en la sesión de Congreso General.

II. Que de conformidad con el artículo 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General, las Cámaras deberán analizar el informe presentado por el Presidente de la República, clasificándolo por materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

III. Que en el marco de los artículos 33 y 34 de la misma Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política es el órgano en el que se impulsan los entendimientos y las convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

En razón de lo anterior, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. El presente acuerdo tiene por objeto establecer el formato conforme al cual se desarrollará el análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, que refiere el segundo párrafo del artículo 69 constitucional.

Segundo.Atendiendo a lo establecido en el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este análisis se desarrollará en diversas sesiones, conforme a los siguientes temas y fechas:

1. Política Interior, el miércoles 13 de septiembre de 2017,

2. Política Económica,jueves 14 de septiembre de 2017,

3. Política Social,martes 19 de septiembre de 2017, y

4. Política Exterior, jueves 21 de septiembre de 2017.

Tercero. Por cada uno de los temas analizados, habrá intervenciones de los grupos parlamentarios que se darán en orden creciente de acuerdo a su representatividad en la Cámara, con el siguiente formato:

I. Por cada tema se realizarán dos rondas de posicionamientos, cada intervención será hasta por 5 minutos.

II. En cada ronda el orden de participación será el siguiente:

a. Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

b. Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

c. Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

d. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

e. Grupo Parlamentario de Morena.

f. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

g. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

h. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

III. El diputado independiente podrá participar con una intervención en cada tema.

IV. Corresponderá a la Mesa Directiva velar por el cumplimiento del presente acuerdo.

Cuarto.Comuníquese a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.

Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor el día en que sea aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado, comuníquese.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Compañeras y compañeros, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y quiero informarles también que en la intervención de la diputada también presentará la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 177 y 211 Bis del Código Penal Federal, en consecuencia, a la diputada se le estarán asignando cinco minutos en su intervención. Adelante, diputada.

La diputada Brenda Velázquez Valdez: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. A partir de una investigación publicada por el periódico The New York Times, con información de Citizen Lab, que demuestra el uso del malware Pegasus con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de periodistas activistas y políticos de oposición.

En meses pasados un grupo de periodistas y comunicadores presentaron pruebas sobre el espionaje ilegal que sufrieron ellos e inclusive miembros de su familia por parte del gobierno federal.

Según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de la empresa NSO, quien comercializa dicho malware, se encuentran vinculados a México, lo cual en conjunto con otras evidencias presentadas en esta investigación, reafirma que autoridades mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, son clientes de NSO, y que personas en México han sido objetivo de esta forma de vigilancia.

El gobierno está facultado para adquirir y utilizar equipo de espionaje bajo los supuestos del artículo 16 constitucional, la Ley de Seguridad Nacional y con la orden judicial correspondiente, la cual nos lleva a que cualquier servidor público que realice, ordene o consienta la realización de intervención de comunicaciones privadas sin recabar la autorización judicial federal correspondiente, debería ser sancionado de manera ejemplar.

Es por ello que propongo primero que se dupliquen las sanciones previstas en el Código Penal Federal. Y, segundo, que el espionaje ilegal sea castigado también dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos de corrupción a través de códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación.

La intención de mi propuesta de reforma es adicionar como una falta administrativa grave de los servidores públicos responsables por el uso ilegal de los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano para intervenir comunicaciones privadas para uso exclusivo de la protección de la seguridad nacional, y con el procedimiento estipulado por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado como una instancia ciudadana para ejercer una fiscalización independiente al gobierno. Por lo tanto, me parece de la mayor relevancia que esta instancia dirigida por ciudadanos, colabore para detectar y castigar a los servidores públicos que incurran en espionaje ilegal.

No podemos permitir que el gobierno federal siga intimidando a los periodistas y a todas aquellas personas que señalen públicamente los actos de corrupción. Tenemos una obligación moral y política de terminar con el gobierno espía por el bien de la democracia y por el bien de la libertad de expresión en México. Es cuanto.

Diputada presidenta, le pido de favor si puede ser también turnada para opinión, a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Brenda Velázquez Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas; para sancionar a los servidores públicos que incurran en espionaje ilegal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno. En el periodo extraordinario de la LXII Legislatura, se aprobaron siete paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a nivel federal y local, así como las características del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital Nacional.

En segundo lugar, la Ley General de Responsabilidades Administrativas detalla las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos, de presentar declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.

La tercera es la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación cuyo objetivo es fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación para el combate de la corrupción.

En cuarto lugar, las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que crea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por las que se crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción.

El número seis son las reformas al Código Penal Federal para establecer las sanciones que serán acreditables a quienes cometan actos de corrupción los servidores públicos y particulares.

Y por último las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para fortalecer a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción.

La meta es que el SNA es que sea presidido por los ciudadanos y servirá a los ciudadanos. Crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción. Se eliminarán los trámites innecesarios y hará que las contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia.

Coordine a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Se crea un comité coordinador, encabezado por un ciudadano; también habrá un comité de participación ciudadana (cinco personas), seleccionado por académicos reconocidos.

El SNA cuenta con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos de corrupción: códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación. Establece diversos instrumentos que permiten una rendición de cuentas clara y efectiva: la plataforma digital nacional, conformada por el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses; el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados; el Sistema Nacional de Fiscalización; el directorio de servidores públicos que participan en contrataciones públicas y las denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción.

Se establecen (en la Ley General de Responsabilidades Administrativas) los actos u omisiones en que pueden incurrir tanto servidores públicos como particulares: faltas administrativas graves (competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) faltas administrativas no graves y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Con la presente reforma pretendemos adicionar como una falta grave de los servidores públicos responsables por el uso ilegal de los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano para intervenir comunicaciones privadas para uso exclusivo de la protección de la seguridad nacional y con el procedimiento estipulado por la Ley de Seguridad Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un artículo 65 a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se recorren los subsecuentes, para quedar como sigue:

Capítulo IIDe las Faltas Administrativas Graves de los Servidores Públicos

Artículo 64. ...

Artículo 65. Incurrirá en uso indebido de intervención de comunicaciones privadas indebidas, el servidor público que realice, ordene o consienta la realización de intervención de comunicaciones privadas sin recabar la autorización judicial federal correspondiente en términos del artículo 16 constitucional.

Artículo 66. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Brenda Velázquez Valdez, Baltazar Martínez Montemayor, Carlos Alberto Palomeque Archila,  Javier Antonio Neblina Vega,  José Alfredo Ferreiro Velazco, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Gilberto Marrón Agustín,  Luz Argelia Paniagua Figueroa, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias. Se registra la propuesta de la diputada y, en consecuencia, túrnese a la Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, con opinión de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Brenda Velázquez Valdez:  «Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 177 y 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Brenda Velázquez Valdez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal Federal para aumentar las penas a los servidores públicos que incurran en espionaje ilegal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con información publicada por Citizen Lab 1 y por las organizaciones Article19 –Oficina para México y Centroamérica–, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, una investigación recogida por el diario The New York Times, que demuestra el uso del malware Pegasus altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

Según reportes de The New York Times (NYT), cada licencia de infección tendría un costo alrededor de 77 mil dólares americanos (o cerca de 1 millón 400 mil pesos provenientes del erario público).

Las nuevas investigaciones surgen después de la publicación de los casos sobre el espionaje ejercido contra los promotores del impuesto a bebidas azucaradas. El doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la coalición Contra Peso, recibieron mensajes de texto SMS en su celular con enlaces aparentemente inofensivos que contenían vínculos infecciosos.

El principal método de infección documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso.

Otras organizaciones, periodistas y personas críticas al poder también han recibido mensajes de la misma naturaleza y son identificadas como blanco de ataques para tener acceso y control absoluto de sus dispositivos. Los nuevos casos son los siguientes:

1. Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh): Entre los meses de abril y junio de 2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh, Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional, y Santiago Aguirre, subdirector de la organización, recibieron mensajes que se ha confirmado constituyen intentos de infección con el malware de espionaje Pegasus.

Los mensajes fueron recibidos en fechas clave dentro del trabajo de defensa de derechos humanos que el Centro Prodh ha realizado en casos de alto impacto como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y los casos de tortura sexual en Atenco.

2. Aristegui Noticias (Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán): Se han documentado cerca de 50 mensajes recibidos en los años 2015 y 2016 por Carmen Aristegui, por su hijo menor de edad, Emilio Aristegui, y por integrantes de su equipo de investigación, como Sebastián Barragán y Rafael Cabrera.

En los últimos años, la actividad periodística de Aristegui Noticias ha revelado casos de corrupción como el reportaje de la “Casa Blanca” o el plagio de la tesis del presidente Enrique Peña Nieto.

Además, ha hecho reportajes sobre casos de violaciones graves a derechos humanos en México.

Producto del trabajo periodístico de Aristegui Noticias se han documentado diversos actos de hostigamiento, incluido el allanamiento de sus oficinas.

3. Carlos Loret de Mola (Televisa / El Universal / Radio Fórmula): Es periodista de radio, televisión y columnista impreso.

Se ha documentado que en los años 2015 y 2016 recibió al menos 7 mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el malware Pegasus. La mayoría de los mensajes fueron recibidos alrededor del extenso trabajo periodístico que Carlos Loret de Mola llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2015 respecto de las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán, por parte de la Policía Federal.

4. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI): Se ha documentado que los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, director general de Investigación Periodística y jefe de Información de la organización respectivamente, recibieron al menos 3 mensajes intentando infectar sus teléfonos con malware de NSO en el mes de mayo de 2016, justo cuando se hizo público el nacimiento del proyecto y se publicaron investigaciones sobre actos de corrupción por parte del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y el exdirector de la Conagua.

Salvador Camarena y Daniel Lizárraga en el pasado también fueron parte de Aristegui Noticias y participaron en investigaciones, como la publicación de los “Papeles de Panamá”.

5. Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco): Se ha documentado que el director de la organización, Juan Pardinas y Alexandra Zapata, investigadora en dicha organización, han recibido al menos 4 mensajes intentando infectar su dispositivo a finales de 2015 y en el mes de mayo de 2016.

Imco ha sido una de las organizaciones que ha liderado esfuerzos de incidencia para la reforma legal anticorrupción, en particular, fue impulsor de la ley conocida como “Ley 3 de 3”, la cual generó gran resistencia y ataques por parte de fuerzas políticas asociadas al gobierno federal durante el primer semestre de 2016, justo en el momento en que fueron recibidos los mensajes.

De igual manera el dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, denunció que junto a otros cuatro integrantes del blanquiazul, lo intentaron espiar por medio del malware Pegasus, el cual habría sido obtenido por el gobierno mexicano y fue usado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.

Cuando un dispositivo es infectado con el malware instalado al dar ‘clic’ a los enlaces enviados por SMS, el atacante adquiere acceso a toda la información almacenada como mensajes, correos y contactos, registro de cada tecla oprimida, monitoreo remoto de datos de localización e incluso a la información obtenida a través de la activación inadvertida del micrófono y la cámara de los dispositivos.

Según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual, en conjunto con otras evidencias presentadas en esta nueva investigación, reafirma que autoridades mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esta forma de vigilancia.

Consideramos de la mayor importancia que se aumenten las penas a los servidores públicos que resulten responsables de utilizar las herramientas de intervención de comunicaciones de particulares de forma ilegal, para evitar que se utilice el espionaje en contra de los ciudadanos ya que esta práctica constituye violaciones al derecho a la privacidad de las personas y a la libertad de expresión en México

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 177 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

...

Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de doce a veinticuatro años de prisión y de seiscientos a mil doscientos días multa.

...

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

...

Artículo 211 Bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de doce a veinticuatro años de prisión y de seiscientos a mil doscientos días multa.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Brenda Velázquez Valdez,Carlos Alberto Palomeque Archila, Javier Antonio Neblina Vega, José Alfredo Ferreiro Velazco, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Gilberto Marrón Agustín, Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, para dictamen. Muchas gracias, diputada.

DECRETO POR EL QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Con el permiso de la Presidencia. Querido Diario de los Debates, no hay democracia en el mundo que funcione sin confianza. En los países desarrollados la confianza es tal que el reglamento, la regulación, la norma es simple. Y es simple porque no se necesitan tantos candados y tantas precauciones, porque la gente cree y la gente confía.

En México, por desgracia, la confianza es un recurso sumamente escaso. Y por eso nuestras leyes electorales son tan alambicadas, tan complejas. Y por eso nuestra democracia es tan cara. Siempre he dicho que nuestra democracia es una de las más caras del mundo, pero al mismo tiempo una de las más deficientes del mundo.

Esa serie de las desconfianzas que prevalece en México ha sido incrementada. Ha sido exponencial en su crecimiento recientemente porque las decisiones, la actuación en general que ha tenido el Instituto Nacional Electoral la han vuelto a poner en entredicho.

Es decir, esa confianza que se había ido ganando con el tiempo a lo largo de muchos esfuerzos, de muchas reformas electorales se ha ido perdiendo recientemente por decisiones equivocadas a mi juicio, por ejemplo, en las elecciones del Estado de México. Y todavía está pendiente qué dice el Tribunal Electoral en relación a las elecciones en el estado de Coahuila.

Por eso creo que más allá de cabildear y de pelear en esas instancias, en esos órganos electorales que nos hemos dado los mexicanos, lo cual es perfectamente válido, pero más allá de ello hay que mirar la norma otra vez, para ver cómo podemos fortalecer particularmente al Instituto Nacional Electoral.

Mis iniciativas son dos, aunque en rigor es una sola dividida en una reforma constitucional y una reforma a la Legipe. La primera reforma al artículo 41 de la Constitución, la segunda al 36 de la Legipe, tiene como propósito crear las condiciones para que el Instituto Nacional Electoral, concretamente su Consejo General, los integrantes de ese consejo, sean elegidos de manera que no se presenten sus condiciones, las condiciones de elección, para las cuotas partidistas.

Lo que propongo, en pocas palabras, es que se elijan no de tres a los consejeros, sino de uno en uno. ¿Por qué?, porque cuando se eligen de tres en tres la tentación de repartir esos tres consejeros entre las tres principales fuerzas políticas es muy grande. Cuando se eligen, si así fuera el caso, consejeros de uno en uno, todos los partidos políticos tienen que coincidir en esa persona cuando se va a votar.

Es decir, tiene que haber consenso, no puede haber vetos de ninguna fuerza política hacia la persona que se va a elegir. Eso provee incentivos para que los consejeros sean verdaderamente autónomos, verdaderamente independientes y no como hoy, que haya cuotas partidarias en el INE y que haya bloques de consejeros de un partido político o de otro.

La idea no es nueva, viene de mucho tiempo atrás. Yo la he discutido en varios foros académicos, pero me parece importante meter estas iniciativas ahora. Ya no tenemos por tiempo por supuesto para que entren en vigor en este proceso electoral que ya inició, en este proceso que nos va a llevar a una de las elecciones más difíciles en la historia de este país, la de 2018, pero que entre por lo menos, que se procese, que se discuta y ojalá que se apruebe para próximos procesos electorales.

Elegir de uno en uno a los consejeros del INE nos va a ayudar a que ese Consejo General esté formado por personas verdaderamente autónomas, imparciales, independientes. Creo que nos va a ayudar mucho a la democracia mexicana. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

En varios sentidos, la transición democrática en México ha retrocedido. Hemos vuelto a los tiempos en que se cuestionaba la imparcialidad de los órganos electorales. A menudo se critica, con razón, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) actúa y decide en función de grupos de consejeros que responden a los intereses de determinados partidos políticos. Esa realidad daña profundamente a nuestra precaria democracia. Si la actuación del INE en los comicios estatales de 2017 fue tan cuestionada, y si su credibilidad mermó tanto, podemos imaginar lo que nos espera en 2018.

La autonomía del INE tiene una vulnerabilidad central: los integrantes de su Consejo General son elegidos, de tres en tres, por la Cámara de Diputados. La tentación de los principales partidos de repartirse la selección de las personas es demasiado grande. Las cuotas que resultan son incompatibles con la capacidad del árbitro de las elecciones mexicanas para mantener su neutralidad ante los jugadores. Por ello propongo en esta iniciativa modificar el método en términos de calendario de la sustitución de consejeros, de manera que se decida sólo la designación de uno de ellos a la vez. Así el “cuoteo” sería mucho más difícil, porque se generaría el incentivo para elegir a personas independientes de los partidos. Cada aspirante al Consejo tendría que ser alguien susceptible de consenso y no de veto de parte de las fuerzas políticas. Y es que repartir cuotas en distintos tiempos, a lo largo de varios años, inhibe los acuerdos partidarios. Para decirlo coloquialmente, en política no se fía.

Los problemas de nuestra democracia no se limitan al INE, ciertamente, pero es imposible subestimar la importancia de este organismo. Y mientras la ciudadanía no tenga la certeza de que su Consejo General no está supeditado a la partidocracia no podremos retomar nuestra transición.

Antecedentes

Desde su origen, el otrora Instituto Federal Electoral, ha sufrido cambios entorno a su estructura, siendo uno de los principales la manera en que han de ser nombrados sus integrantes.

Las fórmulas para la designación de los consejeros electorales han degenerado en el establecimiento de cuotas partidarias, con ello se pervierte el sentido que originó la creación del INE, antes IFE; el cual, conforme a lo establecido en la fracción V del artículo 41 de nuestra constitución, es un organismo público autónomo, esto no solo implica que debe encontrarse ajeno a las pretensiones de los tres poderes de la unión, también se refiere a la independencia que debe tener respecto de las diferentes fuerzas políticas, lo cual no logra configurarse bajo el actual esquema de nombramiento escalonado de tres consejeros ya que esto permite a los tres partidos mayoritarios repartirse un nombramiento, con la intención de tener un consejero —con voz y voto— que defienda, desde el interior del Instituto, los intereses del partido al que le debe el nombramiento.

En los periodos anteriores se han realizado los nombramientos de las siguientes formas:

I. Los consejeros eran elegidos en bloque:

A. 1990.- El COFIPE establecía la composición que habría de tener el Instituto Federal Electoral, conformado por el Presidente del Consejo (Secretario de Gobernación), dos diputados y dos senadores, un número variable de representantes de los partidos políticos, pero sobre todo establecía la existencia de seis magistrados, sin filiación partidista, que deberían contar con una sólida formación en el campo del derecho, eran propuestos por el Presidente y ratificados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados

B. 1994.- Se instituye la figura de los Consejeros Ciudadanos, los cuales eran propuestos por las diferentes fracciones parlamentarias dentro de la Cámara de diputados y electos por las dos terceras partes de sus miembros. La profesión o título que poseyese no era tomada en consideración para su elección.

II. 2007.- Se comienza con la elección escalonada en grupos de tres.

III. En 2014 se realiza una reforma constitucional en materia político-electoral en la cual la forma de designación de los consejeros electorales sería escalonada y por medio de listas que serían entregadas a la Cámara con candidatos para cada uno de los diferentes puestos, conforme a cada uno de los periodos a cubrir.

Por todo lo anterior, propongo las modificaciones siguientes a los artículos comentados, comparando el texto vigente con el propuesto  en el cuadro que a continuación se desarrolla:

El suscrito, diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, apartado A, y se deroga el párrafo segundo del artículo quinto transitorio del decreto que reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral

Artículo 41.  ...

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

Apartado A...

...

...

...

El consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo diez años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

a)... - b)...

...

...

...

...

...

...

Quinto. El Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior. En caso de que a la fecha de integración del Instituto Nacional Electoral no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, dicho Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto Federal Electoral.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre del 2017.— Diputados: Agustín Francisco de Asís Basave Benítez,Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Manuel de Jesús Espino Barrientos (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Agustín Basave. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez:  «Iniciativa que adiciona el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

En varios sentidos, la transición democrática en México ha retrocedido. Hemos vuelto a los tiempos en que se cuestionaba la imparcialidad de los órganos electorales. A menudo se critica, con razón, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) actúa y decide en función de grupos de consejeros que responden a los intereses de determinados partidos políticos. Esa realidad daña profundamente a nuestra precaria democracia. Si la actuación del INE en los comicios estatales de 2017 fue tan cuestionada, y si su credibilidad mermó tanto, podemos imaginar lo que nos espera en 2018.

La autonomía del INE tiene una vulnerabilidad central: los integrantes de su consejo general son elegidos, de tres en tres, por la Cámara de Diputados. La tentación de los principales partidos de repartirse la selección de las personas es demasiado grande. Las cuotas que resultan son incompatibles con la capacidad del árbitro de las elecciones mexicanas para mantener su neutralidad ante los jugadores. Por ello propongo en esta iniciativa modificar el método en términos de calendario de la sustitución de consejeros, de manera que se decida sólo la designación de uno de ellos a la vez. Así el “cuoteo” sería mucho más difícil, porque se generaría el incentivo para elegir a personas independientes de los partidos. Cada aspirante al consejo tendría que ser alguien susceptible de consenso y no de veto de parte de las fuerzas políticas. Y es que repartir cuotas en distintos tiempos, a lo largo de varios años, inhibe los acuerdos partidarios. Para decirlo coloquialmente, en política no se fía.

Los problemas de nuestra democracia no se limitan al INE, ciertamente, pero es imposible subestimar la importancia de este organismo. Y mientras la ciudadanía no tenga la certeza de que su consejo general no está supeditado a la partidocracia no podremos retomar nuestra transición.

Antecedentes

Desde su origen, el otrora Instituto Federal Electoral ha sufrido cambios en torno a su estructura y funcionamiento, uno de los cuales es la manera en que han de ser nombrados sus integrantes. La verdad es que las fórmulas para la designación de los consejeros electorales han degenerado en el establecimiento de cuotas partidarias, con lo cual se pervierte el sentido que originó la creación del ahora INE. Conforme a lo establecido en la fracción V del artículo 41 de nuestra Constitución, el INE es un organismo público autónomo, lo que implica que debe ser ajeno a las pretensiones de los tres Poderes de la Unión y, además, debe ser independiente de los partidos políticos. El actual esquema de nombramiento escalonado de tres consejeros es un escollo a esta independencia.

En épocas previas los nombramientos se han realizado de las siguientes formas:

I. Los consejeros eran elegidos en bloque:

A. 1990. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establecía que el Instituto Federal Electoral debía estar conformado por el presidente del Consejo (secretario de Gobernación), por dos diputados y dos senadores, por un número variable de representantes de los partidos políticos y por seis magistrados sin filiación partidista, que debían contar con una sólida preparación en el campo del derecho y eran propuestos por el presidente y ratificados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

B. 1994. En este año se instituye la figura de los consejeros ciudadanos, los cuales eran propuestos por las diferentes fracciones parlamentarias dentro de la Cámara de Diputados y electos por las dos terceras partes de sus miembros. La profesión o título que poseyeran no era tomada en consideración para su elección.

II. Se comienza, en 2007, con la renovación escalonada en grupos de tres consejeros.

III. En 2014 se realiza una reforma constitucional en materia político-electoral en la cual la forma de designación de los consejeros electorales sería escalonada y por medio de listas que serían entregadas a la Cámara con candidatos para cada uno de los diferentes puestos, conforme a cada uno de los periodos a cubrir.

Es momento de dar el paso para propiciar la autonomía de origen. En esta lógica, propongo la siguiente adición de un numeral dentro del artículo 36, por lo cual a partir del tercer numeral, después del cual se hará la adición, se recorrerá la numeración del resto de los apartados del artículo. A continuación se muestra un cuadro comparativo de la redacción actual y la redacción propuesta:

El suscrito, diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 36.

1.El Consejo General se integra por un consejero presidente, diez consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo.

2.El consejero presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de conformidad con el procedimiento establecido por el apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución.

3.El consejero presidente del Consejo General debe reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 38 de esta ley para ser consejero electoral. Durará en su cargo nueve años y no podrá ser reelecto.

4. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos en la Cámara de Diputados por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Los consejeros del Poder Legislativo concurrirán a las sesiones del Consejo General con voz, pero sin voto. Por cada propietario podrán designarse hasta dos suplentes. Durante los recesos de la Cámara de Diputados, la designación la hará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

5. Los consejeros electorales durarán en su cargo diez años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. La elección de los consejeros electorales se realizará de manera escalonada, para tal efecto se estará al orden siguiente:

a) En la renovación del consejero número 1, el que le sustituya cubrirá un periodo de nueve años.

b) En la renovación del consejero número 2, el que le sustituya cubrirá un periodo de siete años.

c) En la renovación del consejero número 3, el que le sustituya cubrirá un periodo de ocho años.

d) En la renovación del consejero número 4, el que le sustituya cubrirá un periodo de diez años.

e) En la renovación del consejero número 5, el que le sustituya cubrirá un periodo de diez años.

f) En la renovación del consejero número 6, el que le sustituya cubrirá un periodo de ocho años.

g) En la renovación del consejero número 7, el que le sustituya cubrirá un periodo de siete años.

h) En la renovación del consejero número 8, el que le sustituya cubrirá un periodo de ocho años.

i) En la renovación del consejero número 9, el que le sustituya cubrirá un periodo de siete años.

j) En la renovación del consejero número 10, el que le sustituya cubrirá un periodo de 5 años.

6. El consejero presidente y los consejeros electorales rendirán la protesta de ley en sesión que celebre el Consejo General dentro de las veinticuatro horas siguientes a la elección; el primero lo hará por sí mismo y después tomará la protesta a los consejeros electos.

7. El Secretario Ejecutivo será nombrado y removido por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta del consejero presidente.

8. Cada partido político nacional designará a un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto.

9. Los partidos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, dando con oportunidad el aviso correspondiente al consejero presidente.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Para permitir el correcto funcionamiento de la parte segunda del numeral 6 del artículo 36, a partir del año 2020, las renovaciones se realizarán bajo los siguientes criterios de numeración:

• Se entenderá por consejero número 1 a la vacante que deje el consejero Enrique Andrade González.

• Se entenderá por consejero número 2 a la vacante que deje el consejero Marco Antonio Baños Martínez.

• Se entenderá por consejero número 3 a la vacante que deje el consejero Benito Nacif Hernández.

• Se entenderá por consejero número 4 a la vacante que deje la consejera Alejandra Pamela San Martín Ríos Valle.

• Se entenderá por consejero número 5 a la vacante que deje la consejera Adriana Margarita Favela Herrera.

• Se entenderá por consejero número 6 a la vacante que deje el consejero Ciro Murayama Rendón.

• Se entenderá por consejero número 7 a la vacante que deje el consejero José Roberto Ruíz Saldaña.

• Se entenderá por consejero número 8 a la vacante que deje la consejera Dania Paola Ravel Salas.

• Se entenderá por consejero número 9 a la vacante que deje el consejero Jaime Rivera Velázquez.

• Se entenderá por consejero número 10 a la vacante que deje la consejera Beatriz Zavala Pérez.

Las reglas anteriores no serán aplicables en el caso de la renovación del consejero presidente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Diputados: Agustín Francisco de Asís Basave Benítez,Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Manuel de Jesús Espino Barrientos (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por ella misma y por la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González: Muchas gracias, diputada presidenta. El proyecto de decreto que presento el día de hoy, adiciona un párrafo cuarto al artículo 4o. constitucional y se reforma el 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 4o. propone: Toda persona desde su nacimiento tiene derecho a un ingreso ciudadano universal. El Estado garantizará su cumplimiento a través de transferencias monetarias cuyo valor será suficiente para que todas las personas alcancen un nivel de vida de austeridad digna. La ley establecerá los montos, periodicidad y mecanismos de entrega, así como el programa para su puesta en práctica de manera gradual.

Este año se cumplen 20 años de la puesta en marcha del Programa de Transferencias Monetarias Focalizadas y Condicionadas, originalmente denominado Progresa, luego oportunidades y ahora Prospera.

Entró con una cobertura de 300 mil familias y actualmente lo reciben seis millones, que equivale a 30 millones de personas, una cuarta parte de la población nacional.

El programa ha permitido reducir, en cierto grado, la intensidad de la pobreza de los hogares beneficiarios, pero muy pocos dejaron de ser pobres, por lo cual los porcentajes de pobreza no se redujeron en el país y aunque ahora el Inegi y Coneval nos quieran venir a decir que la pobreza bajó, al menos un poquito, con sus cifras inventadas, lo cierto es que en México la pobreza lacerante continúa afectando a millones, 80 millones de personas.

Al día de hoy, la pobreza total por ingreso es casi idéntica que en 1992, esto significa que la condición de vida de los hogares no mejoró a pesar del multimillonario gasto que ha ejercido el ahora Prospera en estos 20 años. El evidente fracaso del programa hace necesario plantear un cambio radical en la política social.

Como hemos planteado con anterioridad, el ingreso ciudadano universal tiene el objetivo de darle a todos los miembros residentes de este país una cantidad que les permita, en la primera etapa de nuestra propuesta, que tengan un ingreso suficiente al menos para cubrir sus necesidades de alimentación.

La propuesta se hace necesaria, no sólo por la insuficiencia en el Prospera para erradicar la pobreza, sino porque existe una tendencia global a la eliminación relativa del empleo, a consecuencia de la robotización, además de una creciente concentración del ingreso que lacera a toda nuestra sociedad.

Además, el ingreso ciudadano nos permitirá sortear esta creciente robotización que dificulta la incorporación de jóvenes al empleo y que además no permite que los trabajadores activos conserven sus empleos o que los tengan a un nivel adecuado y digno para mantener a ellos y a su familia.

La acelerada pérdida de empleos, producto de la robotización, ha sido señalada por la Oxford Martin School, de la Universidad de Oxford, que plantea que el avance tecnológico está poniendo en riesgo 77 por ciento del empleo en China, 65 por ciento en Argentina, 47 por ciento en Estados Unidos y en la OCDE, a la cual nosotros formamos parte, el 55 por ciento.

Como consecuencia, existe una gran cantidad de jóvenes entre 15 y 20 años de los países miembros de la OCDE y en México, particularmente los llamados ninis, alcanzan el 24 por ciento de esta población.

De acuerdo a los cálculos que hemos realizado, el ingreso ciudadano universal alimentario se tendría que financiar en partes con el dinero que ya se tiene del Prospera-Oportunidades, pero habría que adicionar ligeramente algo más y con ello, en sólo cinco años se reduciría la pobreza en el monto aún superior de lo que no ha logrado hacer el Prospera-Oportunidades.

Con el ingreso ciudadano universal que estamos proponiendo, el Grupo Parlamentario de Morena busca que las personas tengan una situación más favorable para enfrentar las exigencias que la sociedad les impone. Ser buenos ciudadanos, padres responsables y trabajadores eficientes.

De igual forma, los menores de edad tendrán menos desnutrición, mejores rendimientos escolares y la posibilidad de disfrutar una infancia plena. Vale la pena apostar por el cambio. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Araceli Damián González y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas, diputadas Araceli Damián González y Norma Xouchitl Hernández Colín, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. y se reforma el 73, fracción XXIX-D, de la Ley Fundamental, para crear el derecho al ingreso ciudadano universal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La situación crítica a la que se enfrenta quien no pueden obtener un empleo formal, seguro y estable, así como las tendencias de largo plazo, en las que se observa un aumento acelerado de la robotización de los procesos productivos, han elevado el porcentaje de la población que trabaja en el sector informal o que no tiene empleo.

Lo anterior se conjugo con la falta de dinamismo económico en el país, con el subsecuente desempleo, subempleo y una incapacidad para reducir la pobreza, lo que sugieren que la política económica y social que se aplica actualmente es insuficiente para resolver estos problemas.

Es por ello necesario proponer una nueva política social basada en los principios de la justicia social y la dignidad humana, que a través de la redistribución del ingreso reconozca y desarrolle el derecho específico que tiene toda persona a la existencia y a un nivel de vida adecuado para su bienestar. La presente iniciativa propone incorporar en nuestra legislación el derecho al Ingreso Ciudadano Universal, lo cual obedece al mandato constitucional del Art. 1o., referente a la obligación de toda autoridad de interpretar los derechos humanos, para favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La implementación del Ingreso Ciudadano Universal no sólo busca garantizar —a través de un mecanismo institucional— al conjunto de la ciudadanía la existencia material básica, sino también pretende lograr una estabilidad macroeconómica, manteniendo la demanda de bienes y servicios aún en tiempos de crisis.

El Ingreso Ciudadano, asimismo, contribuirá a reducir las brechas relativas de las desigualdad económica y social, y permitirá el acceso a los mercados de trabajo, puesto que el Ingreso Ciudadano será motor para promover la inversión productiva, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas. Finalmente, el Ingreso Ciudadano estimulará los mercados de bienes y servicios de producción local.

1. La necesidad del Ingreso Ciudadano Universal en el contexto de crisis actual

El ajuste estructural neoliberal, llevado a cabo desde hace más de tres décadas, ha significado un retroceso sistemático de las instituciones (de por sí incompletas) de bienestar social: progresivamente se fue abandonando la aspiración a la justicia e igualdad social como ejes rectores de la política, y fueron reemplazadas por el discurso oficial de “alivio a la pobreza”. Más de tres décadas en donde progresivamente se ha abandonado la aspiración a la justicia e igualdad social, como el gran objetivo de la política social, y se reemplazó por la del combate a la pobreza. En este proceso se dejó de hablar de la redistribución del ingreso y se construyó un nuevo discurso oficial de alivio a la pobreza extrema. Más de tres décadas en donde ni la extrema riqueza ni la profunda desigualdad fueron vistas como problemas sociales, sino sólo como consecuencia natural de la nueva inserción de México en el mercado mundial. 1 Más de tres décadas después donde encontramos que el modelo ha fracasado por partida doble: nuestro país no sólo tiene bajísimas tasas de crecimiento económico, sino que ese poco crecimiento es además excluyente. 2

Pero el problema no es exclusivo de nuestro país. Estamos frente a una crisis global, originada en el centro mismo de las potencias capitalistas y que revela las contradicciones profundas y la inviabilidad de un régimen de acumulación basado en la desvalorización de la fuerza de trabajo, la precarización laboral, la concentración inmensa de la riqueza, la mercantilización de la naturaleza y de todas las relaciones sociales. No se trata de problemas coyunturales, sino de la emergencia de problemas estructurales del modo de organización de las sociedades contemporáneas que hace tiempo vienen manifestándose y que previsiblemente continuarán por largo tiempo, aún con cortos periodos de recuperación del crecimiento económico. 3

Esta aguda contradicción ha sido percibida al interior del sistema, sobresaliendo la contribución realizada por el economista Robert Theobald, 4 uno de los precursores de la discusión del ingreso ciudadano. De acuerdo con el autor, el permanente influjo de la transformación tecnológica impedirá dar empleo a todos los que lo solicitan, lo que llevará a la necesidad de encarar algunas transformaciones fundamentales del actual sistema socioeconómico que funciona satisfactoriamente sólo cuando la abrumadora mayoría de los que buscan empleo pueden hallarlo. De esta manera, un sueldo asegurado conseguiría la garantía absoluta a la subsistencia abundante como el método más apropiado para impedir nuevos deterioros de la justicia social y la libertad individual. 5 A lo que Fromm añade, que por primera vez podría liberar al individuo de la amenaza del hambre, lo haría auténticamente libre e independiente de las amenazas de carácter económico: las personas aprenderían a no temer, puesto que ya no necesitarían tener miedo al hambre. 6

Asegurar una renta básica no sólo daría a la libertad el carácter de una realidad antes que de un lema, sino que también afirmaría un principio profundamente arraigado en la tradición humanista de Occidente: ¡El derecho de vivir del hombre es absoluto! Este derecho de vivir, de tener alimentos, abrigo, atención médica, educación, etcétera, es un derecho humano intrínseco que no puede ser limitado por ninguna condición, y ni siquiera por la idea de que el individuo debe ser socialmente útil. 7

Bajo esta perspectiva, a continuación se abordarán los elementos que caracterizan la crisis económica y social por la que atravesamos -la precarización laboral y la pérdida del valor adquisitivo del salario, la falta de dinamismo económico del país y la pobreza rampante -, la insuficiencia de la política social para hacerle frente a la crisis, y la propuesta de incluir el Ingreso Ciudadano Universal como elemento central de la política social para confrontar la crisis y las implicaciones de incluirlo como derecho en la Constitución mexicana.

Automatización del trabajo y reducción de las fuentes de empleo

Abraham Maslow, autor de la teoría de la jerarquía de necesidades, señala que la experiencia puede revalorar las necesidades más prepotentes (las fisiológicas): “Un hombre que ha renunciado a su trabajo por conservar el respeto a sí mismo, y que pasa hambre por seis meses, puede estar dispuesto a volver a su trabajo aun al precio de perder su auto-respeto”. En las actuales circunstancias esto incluye verse obligado a participar en actividades delictivas. A pesar del carácter monótono del trabajo y de las humillaciones que le imponen, el asalariado no puede renunciar a su trabajo porque está dominado por el látigo del hambre.La maldición que Jehová impone a los seres humanos expulsados del paraíso: “ganarás el pan con el sudor de tu frente” simboliza el mundo de la escasez en el que siempre ha vivido el ser humano. 8

Las condiciones para superar esta maldición están dadas desde hace casi medio siglo. En La civilización en la encrucijada(1972) ,Radovan Richta afirmó que la automatización elimina completamente las actividades del hombre en la producción directa y la traslada a las etapas preproductivas: a la preparación tecnológica, la investigación, la ciencia, la preparación del hombre. De ese modo, la automatización hace posible eliminar el arduo trabajo físico, la gran esperanza de superar la alienación y recuperar el carácter creativo de la actividad humana, que movilice todas sus fuerzas a la expansión de sus capacidades; la superación del trabajo, donde la necesidad externa cede su lugar a la necesidad interna del hombre, dando lugar a la desaparición de la contradicción abstracta del trabajo y el placer, entre el trabajo y el tiempo libre, donde la actividad humana se confunde con la vida. 9

Pero esta esperanza parece no alcanzarse en el capitalismo. El sistema salarial se comprime al extremo con la automatización porque los robots no perciben salarios ni necesitan consumir. El desempleo se generaliza y, como consecuencia, no hay suficientes compradores a quien vender los bienes producidos. El desarrollo de las fuerzas productivas compatible con el capitalismo, parece llegar a su fin: la realidad ha echado abajo el mito de que la inversión económica genera empleo de calidad y garantiza la integración económica y social de toda la ciudadanía.

En México, en la era neoliberal, las condiciones del empleo se han deteriorado, la flexibilidad laboral ha alcanzado niveles nunca antes vistos y, por tanto, los hogares se enfrentan a una mayor vulnerabilidad ante las crisis económicas, situación que la crisis actual ha tendido a profundizar. 10 El problema del desempleo, que es uno de los más graves al involucrar la subsistencia de los seres humanos, en países como el nuestro adquiere dimensiones inusitadas al no existir la menor protección para quienes pierden sus empleos. Frente a la situación actual no se puede condenar a las personas a no comer 11 o sobrevivir en la miseria.

Al problema de la precarización del empleo, se le suma la pérdida del valor adquisitivo del salario. En las últimas tres décadas, la política de aumento al salario mínimo en México ha actuado como parte de una estrategia de contención inflacionaria. La estrategia ha surtido efecto: con más de tres décadas con esta política el poder adquisitivo del salario mínimo ha disminuido drásticamente. El nivel actual de dicho salario en México se encuentra por debajo de la línea de bienestar o de pobreza, es por ello que un mexicano que trabaja una jornada completa y que percibe el salario mínimo sigue siendo pobre. Si con ese ingreso ha de mantener a un miembro más de su familia se les considera a ambos pobres extremos. 12 Lo anterior es contrario al principio constitucional que establece que: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. 13

Todas las estimaciones en la materia registran una caída permanente de los ingresos reales de la población. 14 De acuerdo con Ornelas (2015), 15  de 1987 a la fecha, los salarios mínimos perdieron del 79% de su valor adquisitivo. Además, tenemos actualmente un déficit de empleo formal de 34 millones de plazas, mientras que el 60% de la población ocupada labora en la economía informal, sin seguridad social, horarios establecidos ni garantía en sus ingresos. Adicionalmente, ocho millones de personas no encuentran trabajo; en su mayoría, jóvenes con estudios universitarios, problemática que agudiza el fenómeno de los llamados ninis. 16

El contexto actual nos confirma que el trabajo asalariado por su insuficiencia, precarización y desmantelamiento de las negociaciones colectivas no puede continuar siendo el criterio ordenador del sistema económico y social, el principal mecanismo de inclusión y pertenencia social, ni puede asegurar ser la única fuente de ingresos ni de acceso a los derechos sociales y al bienestar social. 17

Falta de dinamismo económico del país

El periodo comprendido entre 1960 y 1980 constituye la última etapa del “milagro económico” mexicano, iniciado en el segundo lustro de los años treinta. Entre 1960 y 1970 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 6.5% anual, siendo la electricidad, las manufacturas y la construcción los sectores más dinámicos, con tasas superiores a 8%. De 1970 a 1980 el crecimiento subió ligeramente, a 6.6%, siendo las ramas de transporte, electricidad, minería, manufacturas y construcción las que alcanzaron magnitudes superiores. 18

Desde 1982, y como consecuencia de la crisis de la deuda, el gobierno abandonó la agenda de desarrollo bajo el argumento de restablecer la estabilidad macroeconómica. Para ello se impulsaron reformas estructurales que promovieron las exportaciones no petroleras y la inversión privada como motores de expansión económica. Se realizó una radical apertura externa mediante tratados comerciales y se inició el retiro del Estado de la esfera económica. A partir de la implementación de las reformas de ajuste neoliberal, el país se ha caracterizado por la falta de dinamismo económico, la volatilidad financiera elevada y una casi permanente recesión provocada por la búsqueda a ultranza del equilibrio fiscal y de las estabilidades cambiarias y de precios, y la implementación de políticas pro-cíclicas. En efecto los años ochenta se denominan la “década perdida”, pues en 1982 estalló una profunda recesión económica que se extendió hasta 1988, periodo en que el PIB decreció –0.01% anual. Los sectores más afectados fueron la construcción, el comercio y la extracción, que constituyen verdaderos termómetros de la actividad económica. Entre 1988 y 1994 se logró una relativa recuperación al aumentar el PIB 3.9% anual, pero los desequilibrios en la balanza de pagos y la crisis de la deuda pública desembocaron en el crac de fines de 1994 y en 1995, el PIB llegó a –6.2% y la rama de la construcción se derrumbó –23.5%, el comercio –15.5%, y el transporte y las manufacturas –4.9%. Finalmente, entre 1994 y 1998 se logró una recuperación moderada y el PIB creció 2.5% (5.6% de 1995 a 1998, debido a la gran caída de 1995). Las manufacturas y el transporte fueron las ramas más dinámicas, ambas ligadas a la gran expansión de la industria exportadora que ocasionó la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC-AN). 19

El cambio estructural hizo de México un notable exportador de manufacturas en el mundo, pero con poco valor agregado localmente y con alta dependencia de insumos externos, debido a que se rompieron las cadenas productivas internas, lo que dio insuficiente impulso al PIB. En efecto el alza del PIB en el país es de las más bajas en América Latina para los años comprendidos entre 2000 y 2014. La pérdida de impulso en el crecimiento, las crisis frecuentes y la transformación tecnológica provoca en la que aun cuando haya más inversión productiva, esta no podrá crear los empleos requeridos. Lo anterior aunado a la aguda concentración del ingreso, inversión pública baja, apreciación cambiaria y restricción crediticia. Tenemos así una economía poco dinámica, muy alejada de insertarse en una senda sostenida de crecimiento más elevado, más igualitario y con reducción de la pobreza. 20

Pobreza y política social focalizada fallida

La pobreza es la manifestación más contundente de violación de derechos socioeconómicos y culturales. 21  Es un fenómeno mundial que no sólo existe en los países menos desarrollados, sino que es inherente a la forma en que funciona el sistema capitalista, siendo su causa principal la desigual distribución del ingreso. En ese sentido, la pobreza de grandes masas de la población va a seguir existiendo a menos que se tomen medidas contundentes para hacerle frente y erradicarla. 22 Pero la pobreza no sólo implica privación y carencia material. Es también dependencia del arbitrio y la codicia de otros, quiebra de la autoestima, aislamiento y encapsulación social de quien la padece. 23

Esas grandes desproporciones en la riqueza, frente a una pobreza generalizada, el hambre conviviendo geográficamente con la más insultante opulencia, todo ello provoca falta de libertad para la inmensa mayoría. Igualdad y libertad no son dos variables a elegir, si más de una menos de otra y viceversa. Las grandes desigualdades crean un problema profundo de libertad para la gran mayoría. El que no tiene la existencia material garantizada debe pedir permiso a otro para poder vivir. ¿Qué libertad tiene el trabajador que no sabe si el mes próximo, quizás la semana próxima, seguirá teniendo aquel puesto de trabajo que le proporciona el sustento diario? ¿Qué libertad tiene la mujer materialmente dependiente del marido o la pareja, que la maltrata, la domina y, a veces, llega a asesinarla? ¿Qué libertad tiene el desempleado que vive marcado con el estigma de la caridad, si vive en un país pobre y tiene algo de suerte? 24

En México, la pobreza por ingreso medida incluso en los términos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) alcanza a más de la mitad de la población del país, y lejos de disminuir, en fechas recientes aumentó. 25 Pese a presupuestos millonarios que se han gastado para combatir la pobreza a través del hoy denominado Prospera (originalmente Progresa y luego Oportunidades, de aquí en adelante le llamaremos POP), los resultados de las políticas y programas son insuficientes. La gráfica 1 muestra que la pobreza en 2014 se ubica en los mimos niveles que 1992. La gráfica incluye cuatro series de pobreza por ingresos; dos estimadas por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza y, posteriormente, por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), y las otras dos corresponden al componente de ingresos del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP). 26

Las cifras oficiales, del Coneval, subestiman el verdadero reto al que se enfrenta la sociedad mexicana. Lo anterior, debido a que el monto de pobreza por ingresos del Coneval se basa en líneas de pobreza evidentemente insuficientes. Como han mostrado Boltvinik y Damián (2003), la línea de pobreza (LP) extrema del Comité/Coneval (de $868 y $1614 pesos por persona al mes, en el medio rural y urbano, respectivamente, en 2014) no cubre siquiera la necesidad de alimentación. Con ese ingreso las personas sólo podrían comprar alimentos crudos y tendrían que comerlos con las manos, en el suelo, desnudos y viviendo en la calle. Además, la LP que identifica al total de pobres ($1,242.61 y $2,542.13 por persona al mes en lo rural y urbano, respectivamente, en 2014) sólo permitiría cubrir la necesidad alimentaria. 27  En cambio, las LPs utilizadas en el MMIP incorporan criterios objetivos para la determinación de umbrales y que permiten una satisfacción digna, aunque austera, de las necesidades humanas. De esta forma, la LP_MMIP rural en 2014 (de $2,687 pesos por persona al mes) fue superior incluso a la urbana del Coneval, mientras la urbana del MMIP se situó en $3,057. El Coneval, igual que el Comité, definió LPs indudablemente precarias que no reflejan la realidad en la materia en nuestro país, por lo que, en lo que sigue sólo nos referiremos a los datos de la LP_MMIP, aunque, como se ve en la gráfica 1, las series presentan similar tendencia a largo plazo.

Gráfica 1. México: Pobreza de ingresos según la LP_MMIP y datos oficiales 1992-2014.

Nulo efecto del Oportunidades-Prospera en la reducción de la pobreza

*De 1992 a 2012 la pobreza extrema del CONVEVAL se refiere a la estimada con la LP “alimentaria” y la pobreza total con la LP de “patrimonio”, 2014 se refiere al dato del Coneval con la LP de “bienestar mínimo” (pobreza extrema) y de “bienestar” (pobreza por ingreso total), debido a que a partir de este año el organismo dejó de publicar información con la serie anterior, cabe aclarar que los niveles de pobreza en ambas series son casi idénticos entre 2008 y 2012, por lo que la tendencia observada en la gráfica no se altera.

Fuente: Para elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y, para el MMIP, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

De esta forma, en 2014, la pobreza total por ingresos (LP_MMIP) era casi idéntica a la de 1992, (alrededor de 76% de la población), mientras que la pobreza extrema era ligeramente menor (56.5% frene a 58.8%). Nótese que la pobreza extrema del MMIP y la total oficial del Coneval se ubican en niveles muy similares y tienen tendencias casi idénticas. Esto significa que la condición de vida de los hogares pobres no mejoró, a pesar del multimillonario gasto en el POP realizado a lo largo de sus 20 años de vida.

México se encuentra entre las naciones de mayores niveles de pobreza y desigualdad. Las políticas convencionales de “desarrollo social” y “superación de la pobreza”, como las del POP han sido incapaces de revertir las enormes disparidades de distribución del ingreso entre familias, estratos sociales y regiones. 28  El POP entró en funcionamiento en 1997, con una cobertura de 300 mil familias, y para 2001 ya lo recibían 3.2 millones. En la actualidad, según cifras oficiales, cubre a 6 millones de familias, que equivale aproximadamente a 30 millones de personas, una cuarta parte de la población nacional. Si bien el programa permitió reducir, hasta cierto grado, la intensidad de la pobreza de los hogares beneficiados, muy pocos dejaron de ser pobres, por lo cual los porcentajes de ésta no se redujeron.

Las políticas de transferencias monetarias focalizadas, como las que se otorgan a través del POP, exigen condicionalidades cuyo cumplimiento es penalizado con la pérdida del beneficio y representan un gasto social muy bajo, 29  en un sistema fiscal profundamente regresivo. 30  La efectividad de estos programas asistenciales ha sido puesta en duda, no sólo en México, sino en muchas otras partes del orbe, ya que aun cuando puedan generar impactos coyunturales positivos sobre los ingresos de las familias pobres, no tienen capacidad para subsanar las carencias y necesidades de los grupos más vulnerables de manera permanente, entre otras causas por la constante oscilación de los ingresos. 31

Desde hace varios años diversos estudios y las propias evaluaciones del POP han señalado su fracaso 32  y, a pesar de ello este programa sigue siendo la principal herramienta de combate a la pobreza del gobierno federal. La incapacidad del programa en materia de superación de la pobreza ha sido también señalada recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Informe de la Cuenta Pública de 2015, que incluye una evaluación del desempeño del Prospera desde 1998. En ésta, la ASF afirma que ‘‘el monto de los apoyos no fue suficiente para cubrir el costo de una canasta básica alimentaria, ya que una familia podría adquirirla sólo para uno de sus integrantes en el ámbito rural, y sólo después de 2010; [además de que] en 2015, 43.6% de las familias beneficiarias, aun con el apoyo de Prospera y el ingreso promedio de la familia, no disponían de un ingreso suficiente para acceder a la canasta básica alimentaria’’. 33  Es difícil lograr resultados en la pobreza cuando el monto promedio de las transferencias es de sólo $824 pesos al mes por hogar, que se traducen en $174.6 por persona al mes, en 2014, al considerar el tamaño promedio de los hogares beneficiarios (4.7). Compárese esta cifra con la propia LP de “bienestar mínimo” (considera sólo alimentos crudos) del Coneval, de $868.25 por persona al mes en el medio rural y de $1,242.61 en el urbano, respectivamente.

Lo que hacen programas como el Prospera, además, es seleccionar beneficiarios alimentado una costosa burocracia dedicada a clasificar (discriminar) a los potenciales beneficiarios que “merecen” o no su asistencia y a evaluar permanentemente su nivel y condiciones de vida, hasta entrometerse en la propia vida privada. Por otra parte, no permiten que las personas salgan de la pobreza, aminorando la intensidad de éstas. A esto se suma la constante degradación para la dignidad y la autonomía de las personas que representa la necesidad de estar probando permanentemente su situación de necesidad para que los burócratas de turno los califiquen como merecedores de asistencia, así como las presiones generadas para cumplir con las condicionalidades asociadas al otorgamiento de las transferencias, cuando se ha demostrado que, se da un mayor avance en educación y salud con un apoyo incondicional del ingreso. 34  Estos programas generan típicas situaciones de “trampa de pobreza” porque no buscan que las personas superen el problema sino simplemente administrarlo y tener bajo control político a la población necesitada. 35

Cabe destacar que en México se sigue privilegiando la focalización a pesar de que se ha demostrado que la eliminación, o “redireccionamiento” de beneficios de los programas universales mediante técnicas de focalización es totalmente ineficiente para reducir la pobreza, 36  si se toman en cuenta para el cálculo de la eficacia de los programas, los daños causados por el denominado error de exclusión, es decir, no llegar a los pobres, al tratar de evitar que los no pobres sean incluidos en los programas. Este tema ha sido brillantemente demostrado por Andrea Cornia y Frances Stewart (2002), quienes realizaron una evaluación de programas focalizados en ocho países, incluido México y muestran cómo, al tratar de minimizar el error de inclusión, se maximiza el de exclusión. Por otra parte, en los cálculos de la “eficiencia” de focalización se dejan de lado los costos asociados a la desnutrición y los retrasos en el crecimiento en edad temprana de la población excluida por la focalización, lo que afecta la productividad laboral en la adultez. De acuerdo con Cornia y Stewart el costo de este error de exclusión, que no es incorporado en los estudios costo-beneficio, es aún más grave que el de incluir a toda la población mediante la universalización, en términos no sólo sociales sino económicos, dados los elevados costos de bienestar (enfermedad, dependencia económica, etc.) y eficiencia productiva futura (debida a la baja productividad y constante enfermedad de quienes se quedan fuera de los programas). 37

El escaso impacto del POP fue señalado desde la primera evaluación de largo plazo del programa. En la evaluación cuantitativa sobre el impacto en empleo, salarios y movilidad social, 2008, Rodríguez y Freije señalan que “Los jóvenes encuestados en localidades beneficiarias de Oportunidades se encuentran en una posición menos favorable que sus similares en zonas rurales en general”, además de que “en términos de mejora de hijos respecto de los padres no se encuentra que haya algún efecto importante. 38  Mientras que Parker y Behrman, en esa misma evaluación plantean que en términos de logros educativos encontraron sólo un impacto significativo (del 5%) en habilidades de escritura para niñas de 17 a 21 años y en matemáticas del 5.4%, siendo estos “logros educativos” desalentadores. Mancera et al., por su parte, analizaron resultados de pruebas educativas de conocimientos y habilidades que muestran que los beneficiarios del POP tienen más bajo nivel de logros que los no beneficiarios en escuelas similares, que más de 30 por ciento de los beneficiarios de primaria carecen de habilidades lingüísticas básicas y 55 por ciento de los beneficiarios egresados de la tele-secundaria carecen de habilidades lingüísticas básicas y de comprensión de lectura. 39

Como se aprecia en las gráficas siguientes, la inefectividad de los programas condicionados como el POP, se deben a enormes errores de excusión e inclusión. En la gráfica 2, observamos que, a pesar de ser un programa “focalizado”, 59% de los hogares pobres extremos no reciben el POP, además de que 52% de quienes lo reciben no son pobres extremos, e incluso, 20% ni siquiera son pobres según cifras oficiales (véase gráfica 3).

Los beneficios universales son a la larga más justos que los programas focalizados. Veamos lo que al respecto dicen Cornia y Stewart:  “Los programas universales bien diseñados son preferibles comparados con los subsidios focalizados, desde el punto de vista de llevar recursos a los necesitados de manera sostenida, aun cuando una parte significativa de los beneficios de los subsidios generales llegan a quienes están por encima de la línea de la pobreza, sin excepción son más progresivos que la distribución original del ingreso y otorgan beneficios reales a los pobres. Además, los beneficios recibidos por quienes no los merecen pueden ser recuperados fácilmente mediante una tributación progresiva adicional.” Esto se podría lograr con tasas del IVA (Impuesto al Valor Agregado) más altas para los bienes de lujo, algo similar a lo aprobado por el Congreso de la Unión a finales del 2001. De esta manera, aunque los no pobres, e incluso los ricos reciban un beneficio, el fisco lo puede recuperar con las tasas altas por sus consumos suntuarios, o mayores impuestos a los sectores de la parte alta del ingreso. Lo que importa es el balance de la recaudación tributaria en su conjunto.

De esta forma, las nuevas políticas sociales tienen que partir de dos grandes principios: su carácter garantista y su carácter redistributivo. Ya no políticas de oportunidades, sino de derechos, de garantías sociales. Ya no sólo políticas asistenciales, paliativas o compensatorias, sino redistributivas. 40  Cada vez es más imprescindible que el acceso a los derechos sociales deje de operar por estatus diferenciados para transformarse en derechos de ciudadanía, en derechos de las personas por el mero hecho de existir. Esto es, que dejen de ser derechos intermediados, segmentados, condicionados y recortados, por la volátil, transitoria y desigual posición de cada persona en el cada vez más precario mercado laboral. El derecho a la vida digna es la síntesis de los derechos políticos, económicos y sociales. 41

El Ingreso Ciudadano Universal como elemento central de la política social

Académicos de diversos países y en distintos escenarios han señalado que la desigual distribución del ingreso (como principal causa de la pobreza), puede ser corregida mediante una política de redistribución emprendida desde el Estado, que tenga como sustento al Ingreso Ciudadano o Renta Básica. Se trata de un ingreso monetario pagado por el Estado a cada miembro de la sociedad, sin que medie condición alguna para su otorgamiento, 42  universal e integrado en un sistema tributario progresivo, como base para la reorganización estructural de las políticas públicas. 43Al elevar el ingreso como un derecho, su otorgamiento se regiría por los principios de los derechos humanos, que al plantearse como universales, sus titulares son todas las personas, sin ningún tipo de discriminación 44  y en ese sentido permitiría avanzar hacia la construcción de un Estado Social de Derechos en México, insertando el Ingreso Ciudadano como un nuevo derecho social y un nuevo derecho ciudadano.

La necesidad de esta política social deriva de la incapacidad del mercado de generar los mecanismos para que todos tengamos acceso a bienes y servicios básicos; de esta manera se plantea que las políticas sociales requieren sopesarse en la construcción de autonomía de las personas, de las familias y de las comunidades: los problemas de la desigualdad no sólo son problemas de distribución de recursos, sino también problemas de distribución de poder. La desigualdad y la pobreza tienen también una raíz política, así la propuesta del Ingreso Ciudadano nos permitiría avanzar hacia una mayor autonomía y mayor inclusión social. 45  En este contexto, el derecho universal a un ingreso digno se concibe como un mecanismo que garantice el derecho social a la existencia autónoma; sería pues un “complemento, pero no dependiente, de la eventual vinculación al mercado laboral remunerado o de otras prestaciones sociales de las que se pueda disfrutar.” 46 Las limitantes actuales para instrumentar una política que garantice un ingreso digno, nos obligan a proponer, como veremos más adelante, un Ingreso Ciudadano que garantice, en un inicio, el acceso a la alimentación, para que, una vez logrado, se establezca un beneficio más amplio.

Pero el debate sobre el Ingreso Ciudadano o Renta Básica ha trascendido la esfera académica ubicándose ahora en el plano institucional. En este sentido se han presentado iniciativas legislativas tendientes a garantizar un ingreso ciudadano, tanto en la Cámara de Diputados, 47  como en la Cámara de Senadores, sin embargo, mantienen la idea de establecer una política focalizada, centrada en apoyos en momentos de desempleo o a la pobreza extrema, y con montos muy bajos que distan de cubrir alguna necesidad humana (la mitad del salario mínimo, por ejemplo). 48

Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ha señalado en varias oportunidades la necesidad de iniciar la discusión sobre el tema del Ingreso Ciudadano Universal o Renta Básica. En el documento “Evaluación Estratégica de Protección Social en México”, propone considerar la política del Ingreso Mínimo, para atacar la insuficiencia crónica y contingente de los activos de los ciudadanos, como uno de los pilares de un sistema de protección social efectivo e integral:

“El derecho a un ingreso mínimo es independiente de las causas de la insuficiencia de ingresos. Si estas causas son crónicas o contingentes, es importante para las políticas específicas que se apliquen, pero no para el objetivo final de estas políticas, ni para su fundamentación ética.” 49

Vale recalcar que, lo propuesto por Coneval también implica focalización, en tanto que sólo considera a población con insuficiencia de ingresos, aun así considera que pueden otorgarse transferencias universales, por tener la ventaja de que no requieren aplicar criterios de identificación, no implican los desincentivos económicos de las transferencias condicionadas al ingreso, y aseguran en principio la inclusión de toda la población, independientemente de sus características. Una reasignación de los recursos públicos en forma universal aumentaría de modo significativo su progresividad e impacto en la población con insuficiencia de recursos. 50

De la misma manera, en el “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014”, el Coneval pidió atención especial por parte del Ejecutivo, estados y municipios en lo siguiente:

“Analizar diferentes opciones para garantizar un piso mínimo de ingreso a la población que disminuya o prevenga su vulnerabilidad. Al menos, deberían discutirse las siguientes: (...)

Renta básica ciudadana. Transferencia monetaria a toda la población como estrategia de no exclusión a la población pobre”. 51

También requirió atención especial del Ejecutivo Federal y del H. Congreso de la Unión para:

“... Analizar la alternativa de otorgar una renta básica ciudadana solidaria universal como un elemento central de protección social ... El monto podría ligarse al incremento de la canasta alimentaria y sustituiría a varios programas sociales que no han demostrado tener resultados. Este instrumento sería un derecho individual (en vez de familiar, como sucede ahora con el Prospera), en vez de un instrumento capturado por líderes políticos.” 52

En varios países en el mundo se ha discutido o se está discutiendo la necesidad de reconocer el derecho a la renta básica, ingreso ciudadano o renta de ciudadanía, señalamos aquí los más importantes.

El Estado de Alaska fue la experiencia pionera en el mundo. En 1976 se instituyó un fondo (el Alaska Permanent Fund) con 50% de los impuestos de la explotación del petróleo y de las riquezas nacionales de Alaska. 53 Estos fondos se redistribuyen anualmente para toda la población a través de una renta básica que se otorga a cada persona que tenga viviendo como mínimo seis meses en el Estado. Su valor corresponde a una parte del rendimiento medio del fondo durante los últimos cinco años (por ejemplo, para 2015 tuvo un valor de 2,072.00 dólares anuales per cápita). 54

En América Latina, Brasil promulgó la Ley No. 10 835, por iniciativa del Senador Eduardo Suplicy, que crea el Ingreso Básico Ciudadano para todos los brasileños y residentes legales de más de cinco años en el país. La Ley entró en vigor a partir del 2005 de manera gradual en cooperación con los gobiernos estatales y federal. En los casos de Ciudad de México y Bolivia se constituyó una pensión universal para adultos mayores; en Argentina, la presidencia de Cristina Fernández universalizó las asignaciones familiares por hijo; y en Uruguay se reformularon los programas sociales para atender tanto a adultos mayores como a niños y adolescentes. 55 y 56

En la India, en el año 2011 se realizaron dos pilotos para estudiar el impacto de proveer un ingreso básico. En ocho aldeas de Madhya Pradesh, cada hombre, mujer y niño recibió un pago mensual inicial de 200 rupias por cada adulto y 100 rupias por cada niño, estos se elevaron posteriormente a 300 y 150 respectivamente. También se operó un esquema similar en una aldea tribal, donde por 12 meses cada adulto recibía 300 rupias al mes y cada niño 150. Otra aldea tribal fue usada como una comparación. Los sorprendentes resultados del ensayo fueron presentados en 2013. 57

En Sudáfrica, los sindicatos, algunas iglesias y muchas ONG reivindican la introducción de la Renta Básica y, en Namibia, la Coalición del Subsidio de la Renta Básica (dirigido por el Consejo de Iglesias, la Unión Nacional de Trabajadores de Namibia, el Foro de ONG de Namibia, el Consejo Nacional de la Juventud y la Red de Namibia de Organizaciones para el Servicio frente al SIDA) llevaron a cabo un proyecto piloto de dos años (2007-2009) en Otjivero-Omitara, una zona rural de ingresos bajos, donde los 930 habitantes recibieron un pago mensual de 100 dólares namibios cada uno (unos 12,4 dólares estadounidenses). El pago era pequeño, pero los resultados fueron sorprendentes: el número de niños con bajo peso pasó del 42% al 10%; las tasas de abandono escolar se redujeron del 40% a casi el 0%; el número de pequeñas empresas aumentó, al igual que el poder adquisitivo de los habitantes, creando así un mercado para los nuevos productos. 58

Por su parte Finlandia ultima los preparativos para la primera renta básica universal de 800 euros al mes de la que gozarán todos sus ciudadanos. La Seguridad Social finlandesa ya está desarrollando una prueba piloto de dos años (a partir del mes de enero de 2017) en la que participan dos mil ciudadanos que recibirán 560 euros cada mes, además de las prestaciones que estuvieran recibiendo. Si finalmente se implanta la renta básica universal, una de las medidas que propone el partido del Gobierno (de centro-derecha), todos los ciudadanos de Finlandia recibirán 800 euros. 59El objetivo final es reemplazar todo subsidio pagado por el Estado a través de una renta básica. De aprobarse, será la primera vez que esta medida sea implementada en Europa, en un país con una tasa de desempleo del 10% y tras cuatro años de recesión. 60

En los Países Bajos, una treintena de municipios llevan a cabo el proyecto piloto de renta básica. La ciudad de Utrech ha sido la pionera y otras como Tilburg, Wageningen y Groningen también están estudiando la renta básica para sus ciudadanos. El experimento a realizar en Utrech, una ciudad de 300 mil habitantes, tomará como base a 300 personas, todos ellos beneficiarios de prestaciones por desempleo o de bienestar. 61 En Oakland (EE UU) serán mil familias las que recibirán 2000 dólares mensuales, por iniciativa de Y Combinator. 62  Por su parte Escocia sería el primer país del Reino Unido donde se ponga a prueba un sistema de renta básica universal, a iniciativa de los gobiernos de Fife y Glasgow donde el Partido Nacionalista Escocés, actualmente en el gobierno, aprobó apoyarla en su conferencia de primavera. 63

En el 2013, la Comisión Europea aprobó la recolección de firmas de una iniciativa de ciudadanos europeos para el reconocimiento de una renta básica universal. En 2014 se presentó en España una Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica y se creó la Plataforma por la Renta Básica y la Coordinadora por la Renta Básica. En efecto en ese país existe una «renda garantida de ciutadania» en el Estatuto de Cataluña, mientras que en otras Comunidades Autónomas aparece como un «salario social» o «Renta Mínima de Inserción». En Alemania comenzó a discutirse desde el ámbito académico, empresarial y organizaciones no gubernamentales la idea de la renta básica universal, para erradicar la pobreza absoluta y promover los ideales de justicia social y libertad.

En Reino Unido, el Partido Verde lleva esta medida en su último programa electoral. Otras zonas europeas han comenzado a realizar ejercicios piloto para la implementación del ingreso básico. En Suiza los ciudadanos han establecido un comité de “iniciativa popular federal para una renta básica incondicional.” Según la argumentación de sus promotores (Sigg, Werner, Straub y Müller), los suizos deberían disfrutar de una “existencia digna” y tener más oportunidades para “participar en la vida pública”. 64  Cada adulto obtendría unos 2,300 euros al mes y cada niño unos 602 euros. Esta asignación pretende mejorar el bienestar social del país, dónde el 7% y el 8% de los ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza. 65

Es importante señalar que mientras en otras latitudes se experimenta con nuevas formas para enfrentar la crisis global del sistema, y en particular la crisis económica y social, en nuestro país no se ha realizado ninguna acción para contrarrestar el hecho tangible de la realidad durante tanto tiempo soterrada, más sin embargo padecida por las mayorías: un mercado incapaz de generar los mecanismos para que todos los ciudadanos tengan acceso a bienes y servicios básicos, al trabajo, ingresos, protección social, bienestar, y en general una vida digna; una concentración de los beneficios económicos y sociales del sistema en unos pocos y una gran pobreza. La política social ha fallado en enfrentar estos fenómenos porque ha estado fundamentada en los “mandamientos” mismos del sistema: la focalización de los subsidios y el gasto público mínimo, dejando a la deriva a grandes contingentes de personas necesitadas.

La pobreza, la precarización del empleo, la desprotección social, la caída permanente de los ingresos está afectando a una proporción importante de la población mexicana.

Estas cifran dan cuenta de la necesidad de plantear una nueva política social basada en los principios de la justicia social y la dignidad humana, requiriendo entonces la redistribución del ingreso como principal medida para enfrentar los problemas de reducción de fuentes de empleo, concentración de la riqueza, pobreza, marginación, lento crecimiento de la economía y mercantilización de las relaciones sociales. La discusión sobre el reconocimiento de un derecho universal al ingreso digno está presente en la esfera académica, política y social mundial como una necesidad apremiante, no sólo de promover la dignidad humana, 66  sino también de enfrentar las profundas contradicciones del sistema con propuestas fuera del esquema económico cuyo principal criterio ordenador es el empleo.

Fundamentos Jurídicos en el Sistema Internacional de Derecho

El Ingreso Ciudadano Universal permitirá la ampliación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales -DESC, reconocidos en diversos instrumentos internacionales, como aquellos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 67  de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En esta se expresa, en el artículo primero, que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” 68 y en su artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”

México también suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 69 que en su Preámbulo se señala que “estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana”. 70  Por su parte el artículo 11, párrafo primero, dispone que: “Los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia”. Esta disposición se complementa con la del párrafo siguiente, donde se establece que “deberán adoptarse medidas inmediatas y urgentes para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.

En esta línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – encargado de dar seguimiento al cumplimiento del Pacto- en su Observación número 12, párrafo 4 establece que “el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente a la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos”. De la misma manera postula que: “Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos”. 71

La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, 72 proclamada en 1969, establece que “el progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse a la continua elevación del nivel de vida tanto material como espiritual de todos los miembros de la sociedad, dentro del respeto y del cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” para ello se propone lograr varios objetivos, entre ellos el contenido en su artículo 10, inciso b, relativo a “la eliminación del hambre y la malnutrición y la garantía del derecho a una nutrición adecuada”.

Por su parte, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición 73  la cual en sus doce artículos reconoce que todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho a no padecer hambre y malnutrición; destaca que son los gobiernos los que tienen la responsabilidad de garantizar desde la producción hasta la distribución equitativa de los alimentos para la población en general. 74

Cabe resaltar que, en noviembre de 2007, en el marco del Fórum de las Culturas 75 que se celebró en la ciudad de Monterrey, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. 76  Esta declaración realizada en el marco del segundo Fórum Universal de las Culturas, cuyo tercer punto de su primer artículo reza: 77

El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario e incondicional periódico sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas. 78

El documento Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva, es un informe presentado por el Grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet, sobre el Piso de Protección Social, conformado a iniciativa de la OIT y con la colaboración de la OMS. 79 Este se realizó en el marco de la Iniciativa del Piso de Protección Social de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, que buscaba elaborar una línea de políticas para promover un objetivo muy claro: “, y todo el mundo debería gozar de acceso a servicios públicos esenciales como el agua y el saneamiento, la salud y la educación”. 80

El Piso de Protección Social – PPS, se define como un conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y empoderando a las personas a lo largo del ciclo de vida. Esta noción implica dos tipos de garantías: que todas las personas deberían gozar de una seguridad básica de los ingresos, suficientes para vivir, asegurada a través de transferencias monetarias (como las que proponemos a través del Ingreso Ciudadano Universal o Renta Básica) o en especie; como medio para garantizar el acceso universal y asequibilidad a los servicios básicos en los ámbitos de la salud, agua y saneamiento, educación, seguridad alimentaria, vivienda y otros.

El Piso de Protección Social y, por tanto, la distribución del ingreso, no son sólo pilares de la paz y la justicia social, sino que también funcionan como estabilizadores automáticos esenciales 81  que ayudan a mitigar las repercusiones de las crisis sobre la población, manteniendo una demanda agregada y permitiendo superar la pobreza y la exclusión social. En razón a lo anterior, incorporar las recomendaciones de política del Piso de Protección Social, a la legislación nacional resulta: 1) Necesario para promover la dignidad humana y la estabilidad macroeconómica; 2) Viable, implementándose de manera escalonada y gradual mediante el engranaje de voluntad política, espacio fiscal e instituciones eficaces; y, 3) Eficaz, para reducir de manera significativa la pobreza y la desigualdad, aceleración y avance en la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el empoderamiento humano y la mejora de las condiciones para los grupos excluidos, especialmente las mujeres.

La distribución del ingreso a través del Ingreso Ciudadano Universal, como ya lo hemos señalado, tiene que ver con el principio fundamental de justicia social y la dignidad humana, con el derecho específico, reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (y por los demás instrumentos internacionales y lineamientos de política que le siguieron), que toda persona tiene a un nivel de vida adecuado para su bienestar. El otorgamiento del Ingreso Ciudadano (como nuevo derecho social y ciudadano) se regiría por los principios de los derechos humanos, cuya titularidad estaría encarnada en toda persona (universalidad); lo que le permitiría a México avanzar hacia la construcción de un Estado Social de Derechos. De acuerdo con el mandato constitucional de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de la materia, hemos presentado los principales fundamentos jurídicos pertenecientes al sistema internacional de derecho, que respaldan la inclusión del derecho al Ingreso Ciudadano Universal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contenidos y alcances del Ingreso Ciudadano Universal (ICU) para México

En la propuesta para México, se contempla la incorporación en la Constitución mexicana del derecho al Ingreso Ciudadano Universal, entendido como el derecho a un ingreso garantizado por el Estado para que todas las personas (desde su nacimiento) alcancen un nivel de vida de austeridad digna.

La iniciativa que presentamos considera que la implementación del ICU será de manera gradual, mediante dos etapas. En la primera se otorgaría una transferencia monetaria a cada persona con base en el Costo de una Canasta Normativa de Alimentos. La primera etapa se llevará a cabo en un lapso de 20 años, y la incorporación de la población a este derecho se hará en cuatro sub-etapas, guiadas por el lugar de residencia (rural-urbana), edad y sexo. Así, se establecerá inicialmente un Ingreso Ciudadano Universal Alimentario (ICUA).

Posteriormente, la iniciativa propone una segunda etapa, en la que se eleve el monto de las transferencias monetarias, tomando como referencia una Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales Completa. La ampliación del beneficio se realizará, igualmente, en un horizonte de 20 años. De tal suerte que, para finales de la década de los cincuenta del presente siglo todas las personas que habiten en México cuenten con el derecho humano a la existencia, garantizado mediante el Ingreso Ciudadano Universal. A continuación, se presenta la estimación del costo que tendría la iniciativa.

Determinación del costo de la primera etapa del Ingreso Ciudadano Universal, basado en el componente alimentario (ICUA).

No contamos con un sistema de cuentas sociales que nos permita, al igual que las cuentas económicas o ambientales, conocer los “costos asociados” al incumplimiento de los derechos sociales y la insatisfacción del crecimiento o las brechas sociales que existen en el campo del bienestar y la marginación social. Pero podríamos empezar a hacer un corte de caja y preguntarnos: ¿ cuántos puntos del producto nacional representan la marginación y las nuevas desigualdades, cuántos la disolución social, la violencia y la corrupción asociada a estos fenómenos?; ¿ cuántos puntos del producto requieren los aparatos policiales y judiciales del país para mantener las libertades negativas y los mínimos de seguridad requeridos?; ¿cuál es el costo de la precariedad laboral, la economía informal o la migración y la deserción escolar que en los últimos años se le ha visto asociada a ella, o el incumplimiento de los derechos a la salud y seguridad social? 82

Desde una perspectiva macroeconómica existen dos puntos principales de reflexión. La primera cuestión crítica es si existe suficiente espacio fiscal o si se puede generar, en competencia con otros objetivos nacionales, para satisfacer las necesidades financieras permanentes del Ingreso Ciudadano Universal. La segunda cuestión es la sostenibilidad fiscal de la política a largo plazo. 83  La respuesta depende no sólo de las fuentes de financiación disponibles, sino también, y de forma importante, del grado de voluntad política y compromiso con el objetivo de proporcionar un ingreso básico, adecuado y suficiente a las personas, como parte de la política integral de protección social.

En ese sentido la propuesta que hacemos del costo del programa resulta viable y tiene un menor costo en comparación con el hecho de continuar sin prestar protección social, generando pobreza, vulnerabilidad, desintegración social, privaciones generalizadas, pérdida de activos y otros efectos negativos relacionados con el bienestar social y la capacidad productiva del país.

La experiencia internacional muestra que la implementación de estrategias orientadas a brindar un piso de protección social eficaz, como el Ingreso Ciudadano o Renta básica, capaces de ampliarse de manera gradual, no sólo son asequibles, sino que, a largo plazo, se financian a sí mismas gracias a la mejora de la productividad de la fuerza de trabajo, la capacidad de adaptación de la sociedad y los ingresos fiscales a menudo dejados de percibir a causa de una recaudación ineficaz. En el corto plazo, reducir la evasión de impuestos generalizada y las ineficiencias en la recaudación tributaria ayudará a movilizar los recursos para escalonar su implementación. 84

Con base en la evaluación de factibilidad que hemos realizado, México se encuentra con la posibilidad de otorgar un Ingreso Ciudadano Universal Alimentario (ICUA), es decir, que cubra el costo de una canasta básica de alimentación. A continuación, se presentan las estimaciones que muestran la viabilidad de implementar el ICUA en nuestro México actual.

Canasta alimentaria de referencia

Como dijimos, consideramos que el ICU debe cubrir el total de las necesidades humanas a un nivel satisfactorio, óptimo. No obstante, las condiciones actuales de las finanzas públicas nos llevan a proponer como primera etapa un ICU alimentario, que incluye los costos de los alimentos que cubren los requerimientos nutricionales promedio de acuerdo a las estimaciones de INEGI-CEPAL, 85más un porcentaje adicional del costo (15% del valor de la canasta básica alimentaria),considerado lo necesario para la conservación, preparación y consumo de alimentos 86  De esta manera, el Ingreso Ciudadano Universal Alimentario (ICUA), tendría un costo de $1,765 pesos de 2016, por persona al mes, que se desprende del costo de la Canasta Normativa de Alimentos (CNA) actualizada a ese año (véase cuadro 1), más el importe adicional de 15% propuesto.

Fuente:Actualización de la Canasta Alimentaria Urbana INEGI-CEPAL con deflactores de precios a agosto de 2016 87

Etapas de Implementación y Población Objetivo

Con el fin de acompasar las diferentes estrategias de financiamiento del ICUA, se espera que la iniciativa se implemente de manera gradual a lo largo de 20 años, de esta manera los costos máximos estimados no tendrían que sufragarse de forma inmediata. La implementación se dividiría en cuatro subetapas, cada una de ellas de cinco años, iniciando, en cada subetapa, por la población que habita las localidades rurales, para posteriormente atender las urbanas.

En la primera se plantea lograr la cobertura de la población de 65 años y más, y de las y los niños y adolescentes de 8 a 17 años (2018 – 2022). Lo anterior debido a que es la población que cuenta con mayor cobertura de transferencias monetarias actualmente y, por tanto, es viable su implementación de manera inmediata. El ICUA sustituiría las transferencias monetarias ya existentes en casos de recibir programas de adultos mayores y/o del Prospera y se extendería a aquellos que actualmente no cuenta con el beneficio. De esta forma al ingreso ya recibido se adicionaría el complemento para alcanzar el ICUA.

Para los mayores de 65 años y más, significaría la universalización de la pensión monetaria para los adultos mayores e incrementar el monto de lo que actualmente reciben los beneficiarios del Programa de adultos mayores de la Sedesol (65 y más), que otorga $580 pesos al mes, o bien el de adultos mayores en la Ciudad de México, que se ubica en $1,050 pesos.

El segundo grupo (de 8 a 17 años) tienen una cobertura parcial a través de las becas del Prospera (antes Oportunidades), mediante éstas reciben entre $205 y $1,120 pesos al mes, según edad y año en el que cursan en la escuela. 89 Con el Ingreso Ciudadano Universal Alimentario para esta proporción de la población se busca disminuir el riesgo de abandono escolar y de incorporación de los menores en el mercado laboral.

La segunda subetapa cubriría a los menores de 8 años (2023-2027), que constituye la población más desprotegida por parte los programas sociales actuales puesto que no se encuentran cubiertos por el Prospera ya que el programa inicia cobertura a partir de los ocho años de edad. Para quienes sí recibe el programa, en el primer año de primaria el monto va de $175 pesos a $205 pesos al mes.

En la tercera subetapa (2028 – 2032) se amplía la cobertura para las mujeres de 18 a 64 años. 90 De acuerdo con diversos estudios, existen una serie de problemas vinculados a la participación de la mujer en el mercado de trabajo y a su grado de acceso a la protección social. Las mujeres siguen enfrentándose a una serie de restricciones que no sólo limitan su acceso al mercado de trabajo, sino también a los activos productivos y a los empleos mejor remunerados. En otro sentido, varios estudios señalan la fuerte relación entre la dependencia económica de las mujeres y la reproducción de la violencia doméstica. Así, las transferencias sociales para las mujeres en este grupo de edad tienen una especial relevancia, en términos de empoderamiento de género, al elevar la libertad socioeconómica de las mujeres y permitir a éstas ejercer un mayor control sobre sus decisiones al interior y fuera del hogar, así cómo aquellas que conciernen la forma en que gastan sus ingresos. 91

Finalmente, en la cuarta subetapa (2033 – 2037) se cubrirá el sector de población faltante, los hombres entre los 18 y 64 años de edad, 92  para lograr la universalidad, en la Gráfica 4 se muestra el proceso de incorporación de la población, hasta llegar al 100%. En la siguiente sección, se muestra el impacto positivo del ICUA en la pobreza.

Gráfica 4. Porcentaje de población objetivo por etapas de cinco años para la implementación

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones de Población del CONAPO

Impacto y viabilidad del Ingreso Ciudadano Alimentario Universal (ICAU).

La consecuencia última del Ingreso Ciudadano Universal equivale a socializar una parte importante de la riqueza socialmente producida. El PIB se convertiría en un verdadero bien colectivo, producto del trabajo de todos los mexicanos, volviendo obsoleto el principio de a cada cual, según su trabajo, 93  en tanto que todos los habitantes del país recibirían los beneficios del trabajo colectivo. Erradicaría de tajo, y para siempre, el hambre y la desnutrición; la pobreza extrema prácticamente desaparecería, mientras la pobreza no extrema disminuiría sustancialmente. 94

Para mostrar el impacto positivo del Ingreso Ciudadano Universal Alimentario en la calidad de vida de las personas que viven en México, realizamos un ejercicio de simulación, tomando como referencia las cifras de pobreza del componente de ingresos, del Método de Medición Integrada de la Pobreza (LP_MMIP), de 2014. 95 Para ello, al ingreso de los hogares se le sumó una cantidad equivalente al beneficio monetario que recibirían en cada una de las cuatro subetapas de implementación del ICUA, de acuerdo con la edad y sexo de sus integrantes, antes de comparar dicho ingreso con la línea de pobreza (LP).

La gráfica 5 compara la estructura de los estratos de ingreso de 2014 con la que resultaría si toda la población contara con el ICUA desde ese año. Este nuevo derecho social, aun cuando sólo otorgue una transferencia monetaria equivalente al costo de una canasta normativa de alimentos (y lo necesario para su almacenamiento, preparación y consumo), y no para el total de las necesidades humanas, transformaría sustancialmente la estratificación socioeconómica del país. De esta manera, si en 2014 se hubiera otorgado de manera universal el ICUA, la pobreza por ingreso del MMIP habría sido de 39.5% de la población, en lugar de afectar a 72.7%, mientras que la población no pobre aumentaría de 27.3% a 60.5% (véase gráfica 5).

El efecto más relevante del ICUA es la baja en el porcentaje de población que vive en la indigencia (ingreso del hogar inferior a 50% de la LP) que, en 2014, concentraba 36.3% y constituía el estrato de mayor peso en la escala social. Al otorgar el ICUA, la indigencia prácticamente desaparecería, al bajar a 0.7% de la población. De igual forma, habría una reducción importante de la pobreza intensa (hogares cuyo ingreso está entre 51% y hasta 66% de la LP), que bajaría de 16% a 5.5%. Todo ello haría que el estrato de mayor concentración de pobres sería el de la pobreza moderada (ingresos del hogar superiores a 66% y hasta 99% de la LP), cuyo estrato crecería de 20.5% a 33.3%.

Gráfica 5. Cambio en los estratos de ingreso del MMIP, 2014 como resultado del otorgamiento del ICUA a toda la población

Fuente: cálculos propios con base en la ENIGH 2014.

La reducción de la pobreza como consecuencia del otorgamiento del ICUA tendría, como corolario lógico, el aumento de los estratos sin pobreza, convirtiendo al de aquellos cuyo ingreso apenas es suficiente para no ser pobre (aquellos cuyo ingreso es igual a la LP y superior hasta en un 10%), en el de mayor relevancia en la escala social, al elevarse de 18.1% a 45.7% de la población. Vale la pena destacar que al otorgar el ICUA los estratos de clase media y alta no variarían sustancialmente. La primera crecería de 8.2% a 13.7% mientras que la clase alta pasaría de 0.9% a 1.2%. Lo anterior muestra que esta iniciativa tiene un impacto muy favorable, sobre todo, en los sectores más desprotegidos de la población, mientras que afecta muy poco la condición de la clase media y alta.

En la gráfica 6 hemos agrupado a los estratos sociales de manera distinta a la anterior. Llamaremos pobreza extrema a la suma de la indigencia y la pobreza extrema, a los que se encuentran en pobreza moderada o en el estrato de ingreso apenas suficiente para no ser pobre, los agrupamos como el estrato “alrededor de la LP” y finalmente, el de clase media y alta, en su conjunto.

La gráfica muestra los cambios que ocurrirían en cada quinquenio de los cuatro propuestos para implementar el ICUA, iniciando con la población que ya está sustancialmente cubierta por los programas de transferencias monetarias (como el 65 y más o el Prospera), es decir, de 8 a 17 años y de 65 años y más. Con ello se lograría que el costo fiscal de implementación en los cinco primeros años fuera bajo.

Como se observa en la gráfica 6, desde la primera etapa se tienen efectos muy positivos en materia de pobreza por ingreso. La extrema (la suma de la indigencia y la pobreza intensa) que afectaba a 52.3% de la población en 2014, se reduciría en más de diez puntos porcentuales. En contraposición, el estrato que se ubica alrededor de la LP, es decir, el de la suma de la pobreza moderada y la población con ingreso apenas suficiente para no ser pobre, sería el que llegaría a tener mayor peso en la escala social, pasando de 38.5% a 50.2% del total de la población.

Gráfica 6. México, estratos sociales de ingreso, MMIP 2014 y el efecto del ICUA en cada una de las cuatro etapas de implementación.

Fuente: cálculos propios con base en la ENIGH 2014.

En el último quinquenio de implementación del ICUA, la población ubicada alrededor de la LP alcanzaría 79% del total, la pobreza extrema se ubicaría en niveles muy bajos (6.2%) y la clase media y alta sólo representarían en conjunto 14.8% de la población. En suma, con el ICUA se garantiza que las transferencias monetarias llegaran a todos los que padecen pobreza extrema, lo que les permitiría salir de una condición desmedida de carencia y los colocaría en una situación más favorables para enfrentar las exigencias que la sociedad impone: ser buenos ciudadanos, padres responsables y trabajadores eficientes; de igual forma, los menores de edad tendrían mejores rendimientos escolares y posibilidades de disfrutar una infancia plena.

El ICUA tendría un efecto inmensamente mayor al que ha tenido el Prospera-Oportunidades en sus 20 años de funcionamiento. A pesar de que, como dijimos, el programa cubre a 30 millones de personas, la pobreza no ha disminuido (como se vio en la gráfica 1). En cambio, como se puede constatar en el cuadro 2, desde el primer quinquenio de implementación del ICUA, la pobreza oficial extrema se reduciría en más de un 50%, al pasar de 20.6% a 8.2% de la población. En tan sólo 5 años el ICUA podría lograr lo que en 20 años el POP no ha hecho. Además, desde el segundo quinquenio la pobreza extrema se volvería casi inexistente. En lo que respecta a la pobreza total oficial por ingresos, también observamos una reducción sustancial desde el primer quinquenio (baja de 53.2% a 39.5%) y, al final del cuarto quinquenio este tipo de pobreza prácticamente desaparecería, al representar sólo 5.1% de la población.

Cuadro 2. Pobres por ingreso, según Coneval (2014) y contribución del ICU a la reducción de la pobreza (porcentaje)

Lo anteriormente expuesto muestra la necesidad de cambiar el enfoque de la política social. Veinte años de la aplicación del ICUA es un periodo relativamente corto para erradicar casi por completo la pobreza extrema por ingreso, logro que la sociedad mexicana no ha podido alcanzar en toda su historia.

Costos de implementación

Tomando el costo de la Canasta Alimentaria y lo necesario para el almacenamiento, preparación y consumo de los alimentos a cada persona mensualmente, en 2016, le corresponderían $1,765 pesos por concepto del ingreso universal ciudadano alimentario (ICUA). Considerando una población de 122.3 millones de personas en el país para ese mismo año, se requeriría un presupuesto de sería de 215.8 mil millones de pesos mensuales y 2.6 billones de pesos anuales, aproximadamente, que corresponde al 13.21% del PIB de 2016 (19.61 billones de pesos), 96 lo cual no es un costo excesivo para garantizar alimentación básica y adecuada a toda la población, si consideramos que, en promedio los países de la OCDE, asignan 21.9% de su PIB a gasto de protección social. Pero, además, como la implementación del ICUA está propuesta para ser completada en varias etapas a lo largo de 20 años, su costo relativo tiende a ser menor, dado que la tasa de crecimiento poblacional se reduce, mientras que la del PIB se mantiene por arriba de ésta. Como se observa en el Cuadro 3, el costo total del ICUA en 2037 sería de 9.35% del PIB, iniciando en 2018, con un costo del 1% del PIB, monto que va aumentando gradualmente, en la medida en que se incorpora a la población, primero rural, luego urbana, según edad y etapa de incorporación (explicada con anterioridad).

Cuadro 3. Costos de implementación del ICU 2018-2037

Con el Ingreso Ciudadano, en los primeros años de implementación, se re distribuiría 2.3% del PIB y se cubrirían las necesidades alimenticias de toda la población entre los 8 y 17 años y de los mayores de 65 años. En la segunda etapa, con el 1.8% adicional del PIB, se cubrirían además las necesidades del total de niñas, niños menores de 8 años. Como dijimos, la cobertura universal de toda la población proyectado para el año 2037, se calcula en un 9.35% del PIB. 97

Fuentes de Financiamiento

Si al día de hoy todas las personas recibieran el Ingreso Ciudadano Universal, el costo representaría alrededor de 54.37% de los ingresos públicos actuales, 98  lo que resulta impensable sin una reducción drástica de la evasión fiscal, una reforma fiscal de fondo, 99  y una reorientación drástica de la política social como política de Estado. En este sentido se propone que el programa se costee, entre otras, de las siguientes fuentes: a) Financiamiento compartido por los tres niveles de gobierno; b) redireccionamiento del desarrollo social en los tres niveles de gobierno para concentrar en un solo programa las transferencias monetarias, c) Ahorros derivados de la reducción de gastos suntuarios del sector público, d) Reducción de la evasión fiscal, e) Incremento de la recaudación tributaria, derivado de una reforma fiscal progresiva.

Redireccionamiento del gasto en desarrollo social y financiamiento compartido por los tres niveles de gobierno del ICUA

A nivel nacional, de acuerdo con los inventarios del Coneval, 100 se tienen contabilizados un total de 6,751 programas, acciones y/o intervenciones de desarrollo social, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 4. Programas, Acciones e Intervenciones de Desarrollo Social por nivel

Este gigantesco inventario de programas, que además implica una erogación aproximada de 1.1 billones de pesos anuales (que puede ser superior si a nivel estatal y municipal se tuviera la información presupuestal completa), da cuenta de la gran dispersión de la política social; pero también el aumento generalizado de la pobreza corresponde a la ineficiencia del gasto social de estos programas focalizados.

En este sentido se propone redireccionar como primera medida al menos una proporción del gasto social hacia el Ingreso Ciudadano Universal Alimentario. Si bien en la primera etapa se partirá de la población que ya cuenta con transferencias (Prospera Educación y Programas de Adultos Mayores), y que requerirá un apoyo mayor al que reciben, es indispensable establecer una estrategia que unifique los esfuerzos presupuestales atacando directamente el flagelo de la pobreza, a través de la redistribución del ingreso. Lo anterior implicaría la reducción y/o desaparición a mediano plazo de una parte importante de las estructuras administrativas que actualmente ocupan la operación de los programas de superación de la pobreza y de los subsidios, tanto monetarios como no monetarios, que resultarían redundantes con la estrategia; y la reorientación de presupuesto destinado en programas y acciones de desarrollo social que han resultado ineficientes o de bajo impacto. Los recursos de los programas que se volverían redundantes cubrirían una parte de los costos de la primera etapa de implementación del ICUA. Particularmente en la primera etapa se contaría con el presupuesto de los programas incluidos en el cuadro 5, como el Prospera, pero se requeriría ampliar y combinar con otras estrategias de financiamiento para lograr la meta de cobertura universal de la población.

Cuadro 5. Programas Sociales Federales que pueden complementar el ICU

De igual forma, se tendría que realizar una reforma, de acuerdo con una revisión muy general de los 233 programas de desarrollo social que forman parte del inventario de Coneval, se encontró que los recursos de algunos programas estatales también podrían resultar redundantes con los objetivos del Ingreso Ciudadano Universal y sus recursos (aproximadamente 7 mil millones de pesos reportados) podrían deducirse del monto a ser logrado en la primera etapa de la iniciativa (véase el cuadro 6)

Cuadro 6. Programas Estatales de Desarrollo Social redundantes con el ICU

(Inventario Coneval 2012)

A nivel municipal se requiere realizar el mismo ejercicio, pero el principal compromiso es reorientar las acciones de política pública con el fin de integrar los esfuerzos federales y estatales.

La propuesta de la financiación compartida se fundamenta en el principio de colaboración de la federación, las entidades federativas y los municipios, en aras de lograr el objetivo prioritario de eliminar la pobreza extrema del país y de garantizar a toda persona la seguridad de un ingreso básico que le ayude a lograr y/o mantener un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar.

En el entendido de que es el Estado quien reconoce la existencia del derecho al Ingreso Ciudadano Universal, es compromiso de la Federación financiar el programa a nivel nacional, y de los Estados y Municipios, de concurrir con recursos para el mismo propósito para lograr el financiamiento de éste dentro de sus demarcaciones territoriales y considerando sus posibilidades presupuestales, a través de los recursos propios destinados a programas de desarrollo social que han resultado ineficientes, o que pueden considerarse redundantes con la iniciativa presentada, o de los cuales se decida un redireccionamiento de la política.

Se propone también revisar los fondos de aportaciones federales que puedan complementar el programa y que se vuelvan redundantes, como el Fondo Nacional del Emprendedor, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y los fondos especiales de la Secretaría de Desarrollo Social (véase cuadro 7). 101

Cuadro 7. Distribución de recursos Ramo General 33

Fondos que pueden complementar el programa ICU

Ahorro por reducción de gastos gubernamentales

Se propone ajustar las asignaciones excesivas para reorientar el destino de los recursos públicos hacia una mejor utilización en beneficio del desarrollo nacional y de los mexicanos. En 2016, de acuerdo con cálculos incluidos en la Iniciativa de Austeridad Republicana presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, 102  sería posible obtener un ahorro del gasto de alrededor de 447 mil millones de pesos (que representan el 80% anual del costo de la primera etapa de implementación del ICUA, véase cuadro 8), en renglones del gasto corriente distintos a los programas de apoyo social. Dicho ajuste obligaría a una racionalización de los rubros de gasto no prioritarios y permitiría mantener los niveles de inversión pública proyectados para 2016 e incluso incrementarlos. El ahorro de los mencionados recursos fue pensado para mantener el gasto social y las inversiones necesarias para enfrentar la caída de los ingresos petroleros y garantizar el desarrollo productivo del país.

Cuadro 8. Ahorro Estimado en el PPEF 2016 en Iniciativa de Ley de Austeridad Republicana

Fuente: Cálculos del Grupo Parlamentario de Morena para la presentación de la iniciativa de auteridad republicana.

De igual manera, el Grupo Parlamentario ha realizado estimaciones sobre las oportunidades de ahorro en el Presupuesto Federal de Egresos proyectado para el año 2016, encontrando los siguientes rubros de los cuales puede prescindirse e incluirse dentro de la bolsa para el financiamiento de la propuesta de Ingreso Ciudadano Universal por un monto aproximado de 250 mil millones de pesos (véase cuadro 9).

Cuadro 9. Ahorro por ajuste de austeridad propuesta Morena

Fuente: Cálculo del Grupo Parlamentario de Morena basado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Si se destinan estas cantidades estimadas de ahorro por reducción de gastos gubernamentales al gasto social por Ingreso Ciudadano Universal, o aún mejor, si se aprueba la Ley de Austeridad Republicana, quedaría cubierta de manera suficiente la primera etapa de implementación de la estrategia. Además, como se explicó anteriormente, si se redirecciona cada vez un porcentaje más alto de gasto social, podría hablarse de una financiación completa hasta de la segunda etapa, esto es, los primeros diez años.

Recursos que pueden obtenerse de la reducción de la evasión fiscal

La economía mexicana se caracteriza, entre otras cosas, por tener una de las recaudaciones tributarias más bajas del mundo y por sus elevados niveles de desigualdad. Estos temas, además, están estrechamente vinculados ya que la estructura fiscal, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, es una de las menos efectivas para reducir la desigualdad engendrada en los ingresos generados en el mercado. En ese sentido, una política que contribuya tanto a aumentar la recaudación como a disminuir la desigualdad es doblemente deseable. 103

En un estudio elaborado por el Instituto Tecnológico de Monterrey para el SAT, se identificó una evasión fiscal en México equivalente a 3.1% del PIB, esto es, $484 mil millones de pesos (véase cuadro 10).

Cuadro 10. Evasión global de impuestos (millones de pesos corrientes)

La información disponible permite establecer que es posible lograr una importante recaudación de recursos que podrían canalizarse a la financiación del ICU, como resultado de una disminución de la evasión fiscal, en particular la que se registra en algunas contribuciones específicas.

Con base en cifras del SAT, 104  existen dos impuestos en particular que registran altos niveles de evasión: el Impuesto sobre la Renta en su Régimen de Arrendamiento, 105  que presenta un porcentaje promedio de 86.2% para el período 2008-2012, y el Impuesto sobre la Renta para Personas Físicas del Régimen Empresarial, 106  con una evasión promedio para ese mismo período de 78.9%.

Sin alcanzar esos altos niveles, pero con gran relevancia debido a los montos de recuperación potenciales que podrían canalizarse al programa, se encuentra el Impuesto sobre la Renta para Personas Morales, 107  que en el período de análisis registró una evasión promedio de 25.4%.

La estimación de los porcentajes y montos por evasión para cada una de estas contribuciones en el período 2008-2012, se muestra en el cuadro 11 a continuación: 

Cuadro 11. Monto y porcentaje de Evasión Fiscal Estimada 2008-2012

(Millones de pesos)

Los datos anteriores revelan que el monto que podría obtenerse por una reducción de la evasión en el pago de cada una de estas contribuciones, representaría una importante fuente de ingresos potenciales para el ICU.

Si bien los mayores porcentajes de evasión se registran en el pago de ISR del Régimen de Arrendamientos, y en el de Personas Físicas con actividad empresarial, el volumen de recursos que se maneja por concepto de ISR de Personas Morales lo convierte en el rubro del que podría obtenerse la mayor cantidad de dinero. El promedio estimado de evasión para esta contribución en el período 2004-2012, fue de $102,701 millones de pesos por año. Para 2012, último de la serie, se estima que por este concepto dejaron de recaudarse $153,915 millones de pesos.Por lo tanto y aunque el porcentaje de evasión es menor en este rubro, la recuperación de cuentas podría llevar a la recaudación de un alto monto presupuestal. De hecho, la suma de los tres conceptos de evasión para ese año hubiera generado una cantidad superior a los $224 mil millones de pesos, que bien pudieron haberse destinado al ICU.

No será posible acabar de tajo el problema de la evasión, pero estamos seguros que la implementación de medidas conducentes a hacer eficiente la recaudación puede aportar dentro de los años venideros el presupuesto necesario para implementar la segunda, la tercera y la cuarta fase del proyecto de Ingreso Ciudadano Universal.

Reforma fiscal progresiva

La política fiscal en México no contribuye a reducir de manera significativa las brechas en el ingreso entre ricos y pobres; en otras palabras, no tenemos una política fiscal progresiva. Por el contrario, el efecto redistributivo de la política fiscal es mínimo, por no decir nulo. Mientras que el promedio de los países de la OCDE obtiene el 32.5% de todos sus ingresos a partir de impuestos al valor agregado (IVA) en bienes y servicios, México obtiene el 54% de todos sus ingresos por esta vía. Lo anterior implica que la estructura fiscal en México está mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso personal o empresarial. Asimismo, hasta el año 2014 en México no había impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario. Ese año se implementó un nuevo impuesto del 10% sobre las ganancias obtenidas en bolsa por parte de personas físicas, pero aún no se cuenta con datos del monto recaudado por ese concepto. Tampoco hay impuesto alguno a las herencias, ni a las donaciones efectuadas entre personas vivas. Además, en varios estados no hay pago de tenencia, y la recaudación por concepto de impuesto predial por parte de los municipios resulta insuficiente. 108

Es necesario también eliminar las exenciones fiscales y establecer impuestos más elevados a ciertas actividades, como la minera, que pangan un nivel muy bajo de derechos. Hay que hacer hincapié en la necesidad de establecer impuestos a las empresas petroleras privadas, de acuerdo con los requerimientos presupuestales para fines sociales.

No hay duda de que existe un margen amplio para fortalecer la capacidad de financiamiento del Estado mexicano. En primer lugar, es conveniente resaltar que las utilidades, como porcentaje del ingreso disponible han aumentado de manera considerable en México. De acuerdo a información de las Cuentas Nacionales, mientras que en 1976 representaban 53%, actualmente están por arriba del 60%. Además, los impuestos sobre utilidades representan menos de 6% del PIB cuando el promedio en los países de la OCDE llega a casi 12%.

La financiación del ICU requiere en el corto plazo, del incremento de la recaudación tributaria, derivado de una reforma fiscal progresiva en la que paguen más los que más tienen y que reduzca de manera significativa la evasión y elusión de los impuestos. Actualmente se recauda en impuestos aproximadamente 19.6% del PIB 109  y estimamos que la recaudación tributaria podría casi duplicarse y así hacer efectiva la aplicación del Ingreso Ciudadano Universal en México. Con el propósito de no afectar otras partidas del presupuesto gubernamental, la meta recaudatoria debería ser, como mínimo, el 25% del PIB. También se requeriría aplicar la tasa Tobin a las exportaciones de capital de los grandes y “socialmente responsables” empresarios, hacia paraísos fiscales. 110

Ejemplos internacionales de fuentes de financiamiento innovadoras

Aunque se reconoce que el crecimiento económico es la vía más fácil para crear un espacio fiscal suficiente para financiar los programas de desarrollo social, los países que han avanzado en el establecimiento de estrategias orientadas a garantizar un piso de protección social (garantía de ingreso básico y acceso a servicios sociales esenciales) han hecho a menudo un uso innovador de distintas fuentes de financiamiento. Estas medidas, además de generar los recursos necesarios para la implementación de los programas, tienen implicaciones en los incentivos económicos que operan en la economía, así como sobre la sostenibilidad y legitimidad de las instituciones sociales. 111

Como opciones de política para mejorar el espacio fiscal para la protección social algunos países aumentan la tributación a través del establecimiento de impuestos con objetivos concretos (minerales o hidrocarburos, por ejemplo), mientras que otros deciden incrementar la tributación general; otros utilizan el superávit presupuestario; realizan redefinición de prioridades presupuestarias; reducción del gasto no prioritario o de gastos militares; la mayoría recurre a la reducción de la deuda y del servicio de la deuda, y en países con menores niveles de desarrollo se recurre a la ayuda internacional. 112

Fuera de las fuentes “tradicionales” de financiamiento, en el siguiente recuadro presentamos algunas fuentes innovadoras aplicadas a la protección social:

Impuesto sobre las transacciones financieras: muchos países, entre ellos Brasil, República de Corea, India y Reino Unido, han adoptado algún tipo de impuesto sobre las transacciones financieras, normalmente un impuesto ad valoremsobre las transacciones de acciones de 10-50 puntos básicos. En promedio, este tipo de impuesto recaudaría menos del 0.5% del PIB. El informe Gates para la Cumbre del G-20 en Cannes calcula que un impuesto pequeño de 10 puntos básicos sobre las acciones y de 2 puntos básicos sobre los títulos serviría para recaudar alrededor de 48.000 millones de dólares anuales en los países del G-20.

Impuesto sobre las transacciones monetarias internacionales:el Grupo Piloto de Financiamiento Innovador para el Desarrollo calculó que un impuesto del 0,005% sobre las operaciones con divisas extranjeras en los principales mercados de divisas en el punto de liquidación lograría recaudar en torno a los 25.000-36.000 millones de dólares en las cuatro divisas principales (dólar, euro, yen y libra esterlina). El grupo sugiere que los recursos obtenidos se utilicen para crear un Fondo Global de Solidaridad que podría dedicarse a la cooperación internacional para el desarrollo, incluida la implantación de pisos sociales.

Impuesto de solidaridad sobre los billetes de avión: en 2006, el Brasil, Chile, Francia, Noruega y Reino Unido, en colaboración con las Naciones Unidas, acordaron gravar los billetes de avión e invertir los fondos recaudados en protección sanitaria básica en países de ingresos bajos. El costo para los pasajeros oscila entre 1 dólar (billetes de clase económica) y 40 dólares (clase de negocios). Desde su creación, el impuesto a las aerolíneas ha ayudado a UNITAID a recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares para financiar programas en beneficio de las poblaciones de 94 países.

Instrumentos de deuda:a partir de 2007, en virtud del acuerdo de canje Devt2Health, Australia y Alemania han convertido alrededor de 160 millones de dólares de los Estados Unidos de deuda bilateral de Côte d’Ivoire, Egipto, Etiopía, Indonesia y Pakistán en inversiones en servicios básicos de salud para estos países. En virtud de este acuerdo, el acreedor cancela la deuda bilateral y el deudor se compromete a invertir en salud básica.

Fuente: OIT (2011).

Los beneficios económicos de la implementación del Ingreso Ciudadano Universal Alimentario

Es evidente que el Ingreso Ciudadano Universal Alimentario, ICUA, funcionaría como un estabilizador del consumo para sostener la demanda, especialmente para los grupos más vulnerables, aun en tiempos de crisis. Como mecanismo institucional sería capaz de garantizar al conjunto de la ciudadanía, la existencia material al menos en niveles básicos. 113

El ICUA no solo sería una importante herramienta para combatir la pobreza, abatir la desigualdad y avanzar en la garantía de una vida digna para todas las mexicanas y los mexicanos, sería también un poderoso instrumento de cambio social y político que permitiría un reordenamiento de las relaciones sociales en beneficio de la libertad, la autonomía, el respeto y el reconocimiento de hombres y mujeres de toda condición. Una sociedad en la que nadie carezca de lo básico es buena para todos. Es la única sociedad posible que merece la pena. Liberar a las mujeres y hombres del látigo del hambre y del imperio de la necesidad, del miedo al día a día, de la escasez de tiempo, de la inseguridad sobre el presente y la incertidumbre sobre el futuro, significa construir ciudadanía, ampliar los espacios para la organización social, así como crear mejores condiciones para la participación ciudadana y el activismo civil. 114

El Ingreso Ciudadano Universal Alimentario es una política de redistribución, que, si bien no elimina la desigualdad, permite aliviar el sufrimiento humano en nuestro país, al mismo tiempo que no afecta de manera negativa el funcionamiento de los mercados, sino por el contrario permite elevar la demanda efectiva, que estimula una mayor utilización de los recursos disponibles, sin elevar los costos unitarios de las empresas. 115

Al hacer una estimación cuantitativa de la repercusión de este ingreso sobre las principales variables macroeconómicas (PIB y empleo), se obtienen resultados muy positivos. Con una tasa de crecimiento elevada y suponiendo que la productividad del trabajo se acrecentara, el incremento en el empleo sería superior a 3%. 116

Adicionalmente, las transferencias de ingresos regulares y fiables pueden facilitar la mejora de la capacidad productiva (que facilita el progreso económico autosostenido) en los hogares pobres a través de la inversión en activos productivos, tanto de naturaleza humana y física. Asimismo, aunque en ocasiones se expresa preocupación ante la posibilidad de que las transferencias sociales de ingresos puedan acabar sustituyendo el empleo decente, los datos disponibles indican que esto no es así en la práctica; las mencionadas transferencias como medidas de protección social repercuten mínimamente o no tienen efectos negativos sobre la oferta de trabajo y productividad, 117por el contrario pueden mejorar el acceso a los mercados de trabajo. Otros estudios muestran que este tipo de transferencias (regulares) permiten a los hogares afectados por restricciones crediticias y de liquidez reasignar sus recursos productivos, así como acumular activos y protegerlos, reduciendo los costos asociados posible desempleo y puedan participación en diversas actividades, no sólo en el ámbito económico, sino también social y político. Lo que además puede estimular los mercados de bienes y servicios de producción local. 118

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de MORENA propone una adición al artículo 4° y al 73 de la Constitución Política de 1917, para incorporar y elevar a rango constitucional el Ingreso Ciudadano Universal y otorgarle atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en esta materia, por lo cual sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 4o. y se reforma el 73, fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 4o. y se reforma el 73, fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4o...

...

...

Toda persona, desde su nacimiento, tiene derecho a un ingreso ciudadano universal. El Estado garantizará su cumplimiento a través de transferencias monetarias, cuyo valor será suficiente para que todas las personas alcancen un nivel de vida de austeridad digna. La Ley establecerá los montos, periodicidad y mecanismos de entrega, así como el programa para su puesta en práctica de manera gradual.

...

...

...

...

...

Artículo 73. ...

XXIX-D.Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, ingreso ciudadano universal, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán realizar las adecuaciones a sus ordenamientos jurídicos para establecer el derecho a un Ingreso Ciudadano Universal, de conformidad con lo establecido en el presente decreto, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor.

Tercero. El Congreso de la Unión expedirá la Ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto. El Ejecutivo Federal incluirá en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales señalados en los incisos de este artículo, una partida para el Ingreso Ciudadano Universal en el Ramo 20 Desarrollo Social, atendiendo las siguientes etapas de implementación:

Fase 1. Ingreso Ciudadano Universal Alimentario. Que proveerá a todas las personas de un ingreso suficiente para alimentarse adecuadamente, equivalente a $1,765.00 pesos mensuales (de 2016). 119  Su instauración procederá en las siguientes subetapas:

a). Para los adultos mayores, de 65 años, y para todos las y los menores de 8 a 17 años, en un primer periodo de cinco años, iniciando al año siguiente de la aprobación de la iniciativa.

b). Para los niños, niñas de 0 a 7 años en el periodo, en un segundo periodo de cinco años, iniciando una vez que se cubra la subetapa a).

c). Para las mujeres entre los 18 y 64 años de edad, en un tercer periodo de cinco años, iniciando una vez cubierta la subetapa b).

d). Para los hombres entre los 18 y 64 años de edad, para alcanzar la cobertura universal de la población, en un cuarto periodo de cinco años, iniciando una vez cubierta la subetapa c).

Fase 2. Ingreso Ciudadano Universal Pleno.La Ley deberá contemplar el aumento progresivo del Ingreso Ciudadano Universal, una vez alcanzada la cobertura alimentaria básica, hasta lograr un Ingreso Ciudadano completo, donde se contemple el total de las necesidades humanas a un nivel satisfactorio, bajo un principio de austeridad digna. La Ley establecerá los procedimientos para la definición de los montos, así como la progresión de las etapas para transitar gradualmente al ingreso pleno, en un horizonte de veinte años posteriores al cumplimiento de la primera fase de implementación .

Anexo 1. Metodología del cálculo de proyección del PIB e inflación

La proyección de los datos del PIB y para la inflación para los años 2016 a 2035, se realizó tomando como base las cifras previas que son publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para la serie comprendida entre los años 1993 a 2015 para ambas variables, mediante el método estadístico conocido como “Mínimos Cuadrados Ordinarios”. Esta técnica es muy útil para poder realizar pronósticos de datos, y es una de las más comúnmente utilizadas en temas económicos con ese propósito.

Brevemente, el método de mínimos cuadrados ordinarios, consiste en “minimizar” la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los datos observados y los de la regresión estimada, es decir, minimiza la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados y los valores del modelo (línea). 120

El método de mínimos cuadrados ordinarios elige los valores para la pendiente y para la intersección en el eje “ Y”, a fin de minimizar la suma de los cuadrados del error, distancias (SSE, siglas de “Sum of Squared Errors”) entre los valores “ Y, y la recta:

1) Proyección de datos para el Producto Interno Bruto.

La ecuación que se obtuvo para estimar los datos proyectados, así como el coeficiente de determinación (R2) y la gráfica de la recta estimada correspondiente para el Producto Interno Bruto, utilizando como base valores corrientes, se muestran a continuación:

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

De tal forma y utilizando la ecuación anterior, los datos proyectados para valores corrientes del PIB entre los años 2016 y 2035, son los que se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 1A. Estimación de los valores del producto interno bruto México 1993-2035

Valores corrientes

2) Proyección de datos para la Inflación.

Por su parte, la ecuación obtenida para estimar los datos proyectados, así como el coeficiente de determinación (R2) y la gráfica de la recta estimada que corresponde al cálculo del pronóstico de la inflación, se muestran a continuación:

Utilizando la ecuación anterior, el cuadro siguiente muestra los datos proyectados de inflación para el período 2016-2035:

Cuadro 2A. Estimación de los valores de inflación México 1993-2035*

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, se proyectó el costo de la iniciativa de la siguiente manera:

Anexo 2. Consideraciones sobre el financiamiento el redireccionamiento del gasto de desarrollo social en los tres niveles de gobierno

Para tener una idea aproximada del monto presupuestal que cada una de las entidades federativas podría aportar de manera voluntaria al Ingreso Ciudadano Universal (ICU), puede tomarse como referencia alguna de las siguientes medidas:

1) Presupuesto Anual Estatal per cápita.

Cada una de las entidades federativas determina su propio presupuesto de egresos anual con base en sus propias características (población total, población en situación de pobreza, monto de recursos federales recibidos, endeudamiento, etc.) y sus propias prioridades programáticas. De estos factores, en México existe una fuerte correlación entre el monto presupuestal que cada estado determina, con la población total que habita en su territorio. Es decir, aquellas entidades que cuentan con mayor población, cuentan también con un mayor monto de recursos a utilizar en sus presupuestos anuales.

Gráfica A3. Relación porcentual entre presupuesto asignado y población total (2014)

Tomando como base esta premisa, es posible establecer que el presupuesto anual per cápita 121 proporciona una medida aceptable para determinar la magnitud aproximada en que cada una de las entidades federativas podría aportar al programa de Ingreso Ciudadano Universal (ICU).  Esto es, los estados que registran un mayor presupuesto per cápita, poseen la capacidad potencial de aportar un mayor monto de recursos al ICU.

Con base en datos de presupuesto y población por entidad federativa para el año 2014, los Estados con mayores recursos presupuestales per cápita fueron Campeche, Distrito Federal, Tabasco y Sonora (sobre los 16,000 pesos anuales por persona). Mientras que los Estados de Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Jalisco, Puebla y Guanajuato son los que registraron menores recursos presupuestales per cápita (por debajo de los 10,000 pesos anuales).

2) Presupuesto Anual Estatal de Desarrollo Social per cápita.

Otra medida que podría utilizarse para definir los aportes estatales al programa de Ingreso Ciudadano Universal es el presupuesto asignado a Desarrollo Social per cápita. 122

De acuerdo con la revisión realizada a los presupuestos de las Entidades Federativas, el mayor gasto social per cápita, lo realizan los Estados de Campeche, Sonora, Yucatán, Tabasco, Colima, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Chiapas. Aunque en proporción al presupuesto de egresos, son Puebla, Sinaloa y el Estado de México, las entidades que destinan mayores porcentajes (68 – 72%) al gasto social. 123

3) Presupuesto designado para las delegaciones estatales de Sedesol

Un criterio adicional que podría ser empleado para definir las asignaciones presupuestales que cada entidad federativa puede aportar de manera potencial al programa de Ingreso Ciudadano Universal (ICU), es el monto de recursos que se destina por parte de la Secretaría de Desarrollo Social a sus delegaciones estatales en la República Mexicana.

Este aspecto aporta una visión un tanto distinta a las anteriores, pero refleja cuáles son aquellas entidades que, de acuerdo a la estrategia del Gobierno Federal, requieren de una mayor cantidad de recursos para implementar los diversos programas sociales con que cuenta la dependencia.

Gráfica A6. Distribución de Recursos a las Delegaciones Estatales de Sedesol (2014).

Resulta claro que el Estado de México es la entidad que, por mucho, recibe una mayor cantidad de recursos en su delegación de Sedesol, y por lo tanto podría llevar a cabo una mayor aportación al ICU. En esa misma línea, pero en una cantidad menor, podrían hacerlo entidades como el Distrito Federal y Jalisco. Y finalmente, estados como Baja California Sur, Quintana Roo y Colima, por ejemplo, serían los que tendrían menor capacidad presupuestal para llevar a cabo aportaciones al ICU, toda vez que son los que reciben menos recursos.

Es necesario matizar, sin embargo, que el monto presupuestal señalado para las Delegaciones de la Sedesol, es muy inferior al de los dos rubros señalados con anterioridad.

Notas

1 Yanes, P. (2007). El Ingreso Ciudadano: aire fresco para un nuevo rumbo de las políticas sociales. En P. Yanes, El derecho a la existencia y libertad real para todos (págs. 159-169). México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México - Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del DF. pp.  159-160

2 Esquivel Hernández, G. (2015). Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. Ciudad de México: Oxfam México. p.  27.

3 Lo Vuolo, R., Raventós, D., & Yanes, P. (2010). El Ingreso Ciudadano - Renta Básica ante la crisis económica y los derechos social-laborales. México: Mundo Siglo XXI, 35-39. p.  36

4 Roberth Theobald compiló el libro El Sueldo Asegurado, editado por Paidós, Buenos Aires (1968).

5 Boltvinik, J. (2010). Ingreso ciudadano universal y economía moral. Una propuesta para México. En E. Valencia, Perspectivas del universalismo en México (págs. 179-194). Guadalajara: ITESO/Universidad de Guadalajara/Konrad Adenauer Stiftung. p.  179-180.

6 Fromm, E. (1984). Los aspectos psicológicos del sueldo asegurado, en E. Fromm, Sobre la desobediencia y otros ensayos,Buenos Aires – Barcelona: Paidós Estudio. pp.  129-143.

7 Op. cit.

8 Boltvinik, J. (2010), op. cit p.  179.

9 Op. cit.

10 Damián, A. (2012). Crisis, empleo y pobreza. En E. De la Garza Toledo, La situación del trabajo en México, 2012 el trabajo en la crisis (págs. 41-63). México D.F.: Plaza y Valdés. p.  44.

11 Del Val Blanco, E. (2010). Ingreso Ciudadano Universal. Revista de la Universidad de México, 24-27. p.  25.

12 Esquivel Hernández, G. (2015), op. cit. p.  29.

13 Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, literal A numeral VI, párrafo segundo.

14 Conde Montijo, O. (2007). El Ingreso Ciudadano Universal: una alternativa para México. En O. Yanes, El derecho a la existencia y libertad real para todos (págs. 195-217). México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México - Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del DF. p.  200.

15 Ornelas, Gilberto Carlos. “Informe Coneval. Fracaso de la política social”. La Jornada Aguascalientes, 27 de julio de 2015.

http://www.lja.mx/2015/07/esfera-publica-informe-coneval- politica-social-pobreza/

16 De acuerdo con el reporte de la OCDE para 2015, 22.4% de los mexicanos entre los 15 y 29 años no tenían empleo ni estaban matriculados en educación o formación (frente al promedio de la OCDE de 14.6%). Con base en las tendencias actuales, se estima que los mexicanos de 15 a 29 años de edad pasarán 3.3 años sin estar empleados ni en educación o formación (el promedio de la OCDE es de 2.3 años). Véase

https://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf y https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexico-in-Spanish.pdf

17 Medina Ortiz, M. (2012). El ingreso ciudadano universal: una propuesta dentro de una agenda progresista y de izquierda. En Los grandes problemas nacionales. Coordinado por el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno A.C, julio 2012.

18 Garza, G. (2004). Macroeconomía del sector servicios en la Ciudad de México, 1960-1998. Estudios Demográficos y Urbanos,Núm. 55, enero-abril 2004. 7-75. p.  8

19 Op. cit.

20 Moreno-Brid, J. (2015) Cambio estructural y crecimiento económico en México: tres décadas de éxito externo y fracaso interno, Documento Conferencia “”8o Diálogo por un México Social: el desarrollo ahora”, PUED, UNAM, 21-22 octubre 2015. Disponible en

https://www.researchgate.net/publication/283083196_Cambio_estructural_y_ crecimiento_economico_en_Mexico_tres_decadas_de_exito_externo_y_fracaso_interno

21 Damián, A. (2010). Pobreza, bienestar y derechos socioeconómicos. En Villarespe, Verónica (ed.) Concepciones contemporáneas de la Pobreza. México: UNAM. Pp. 75-91.

22 Huerta Quintanilla, R. (2012). Pobreza, distribución de ingreso y renta básica. Economía UNAM, 68-81. p.  68.

23 Bertomeu, M. J. (2007). Una justificación normativa del Ingreso Ciudadano. En P. Yanes, El derecho a la existencia y libertad real para todos (págs. 145-156). México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México - Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del DF. p.  151

24 Bertomeu, M. J., & Raventós, D. (2013). El derecho de existencia y la Renta Básica de Ciudadanía: una justificación republicana. Sin Permiso. Disponible en línea en:

http://www.sinpermiso.info/textos/el-derecho-de-existencia-y-la- renta-bsica-de-ciudadana-una-justificacin-republicana

25 De acuerdo con la última medición realizada por el Coneval, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar pasó de 51.6 (en 2012) a 53.2% (en 2014) de los mexicanos. De igual manera, las personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo representan el 20.6% de la población. Las cifras pueden consultarse en

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

26 El MMIP fue elaborado por Boltvinik a inicios de los noventa. Este método incluye las dimensiones de ingreso, de necesidades básicas insatisfechas y de escasez de tiempo. En su elaboración se introdujeron normas objetivas de satisfacción de necesidades humanas. Esta perspectiva constituye un importante avance teórico-metodológico en materia de medición multidimensional de la pobreza. Para conocer este cómo se calcula la pobreza en el MMIP y sus diferencias con el Método de Medición Multidimensional del Coneval, véase Boltvinik (2012) “Evolución de la pobreza en México y en el Distrito Federal. Valoración crítica de las metodologías de medición, las fuentes y las interpretaciones”, en Gerardo Ordóñez (Coord.), La pobreza urbana en México: nuevos enfoques y retos emergentes para la acción pública, México, El Colegio de la Frontera Norte, (Colef), Juan Pablos Editor, pp. 23-90.

http://www.julioboltvinik.org/index.php?option=com_content&view=article &id=75&Itemid=65

27 Para conocer las insuficiencias de las líneas de pobreza oficial véase Julio Boltvinik y Araceli Damián (2003) “Derechos humanos y medición oficial de la pobreza en México”, Papeles de Población, Nueva época, año 9, n° 35, enero-marzo de 2003, pp.101-136.

http://www.julioboltvinik.org/images/stories/Derechos_humanos_y_ medicin_oficial_de_la_pobreza_en_Mxico.pdf. Si bien la crítica que se presenta se refiere a las líneas de pobreza oficiales establecidas en 2002 (alimentaria, de capacidades y de patrimonio), las mismas observaciones son aplicables a las líneas de “bienestar mínimo” y de “bienestar” utilizadas por el Coneval.

28 Del Val Blanco, E. (2010), op. cit. p.  26.

29 México tiene el gasto social más bajo dentro de la OCDE: el 7.4% del PIB, lo cual representa alrededor de un tercio del promedio de la OCDE que es 21.9%. Ver en: Organization for Economic Co-operation and Development (2014). Chapter 5. Public Social Spending. En, Society at a Glance 2014: OECD Social Indicators, OECD Publishing.

30 Algunos estudios muestran que por ejemplo para el caso del IVA en México (que representa el segundo impuesto con mayor porcentaje de recaudación detrás del ISR), existe una fuerte regresividad, toda vez que el 10% más pobre de la población paga aproximadamente el 11.4% de su ingreso total, mientras que el decil con el mayor ingreso paga tan sólo el 6.5% del mismo. Hernández et al., (2000) Los impuestos en México: ¿Quién los paga y cómo? Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Boltvinik también había señalado ya la regresividad con la que se aplica este impuesto y el costo que tendría para los más pobres aumentar la tasa del IVA,

http://www.jornada.unam.mx/2001/04/06/026a1eco.html

31 En efecto, recientes estudios han demostrado que no existe evidencia suficiente para afirmar que la condicionalidad de las transferencias monetarias tenga un impacto positivo en su uso. En algunos casos han resultado ser menos eficaces que los programas incondicionales y hasta han llegado a causar daño. La experiencia internacional indica que los programas focalizados y con condicionales son más onerosos, complejos de implementar, tienen mayor probabilidad de fallar, representan pocos o nulos incentivos y potencialmente pueden causar mayor daño. En las sociedades progresistas donde la atención se proporciona a todas las familias, la seguridad de ingresos les da la posibilidad de hacer lo que es mejor para los suyos. Kidd, S., (2016) « To condition or not to condition: What is the evidence? » En: Pathway’s Perpectives on social policy in international development. Issue No. 20. March. 2016.

32 Julio Boltvinik (2004) “Políticas focalizadas de combate a la pobreza en México, el Progresa/Oportunidades”, en Julio Boltvinik y Araceli Damián (coords.) La pobreza en México y el mundo, Realidades y desafíos, México, Siglo XXI Editores, pp. 315-347 y Sedesol (2008) “A diez años de intervención. Evaluación externa del Programa Oportunidades 2008”, Síntesis Ejecutiva.

33 http://www.jornada.unam.mx/2017/03/13/politica/004n1pol

34 Yanes, Pablo (2016) ¿De las transferencias monetarias condicionadas al ingreso ciudadano universal? Acta Sociológica núm. 70, mayo-agosto de 2016, pp. 129-140. UNAM.

http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/57844

35 Lo Vuolo, R., Raventós, D., & Yanes, P. (2010), op. cit. p.  38.

36 En México, a pesar de los programas focalizados, en 2014, último dato disponible, la estimación oficial de pobreza por ingreso, de 53.2% de la población, es casi idéntica a la que se tenía en 1992, de 53.1%

37 Cornia, Andrea y Frances Stewart (2002) “Subsidios alimentarios: dos errores de focalización”, Comercio Exterior, Vol. 53, núm. 6, junio, pp. 563-573.

38 Citado en Julio Boltvinik, Economía Moral, Para reformar la reforma social neoliberal / I Crisis del Programa Oportunidades

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/08/opinion/030o1eco

39 http://www.jornada.unam.mx/2010/10/15/opinion/036o1eco

40 Yanes, P. (2007), op. cit.  p.  162.

41 Boltvinik, J., & Damián, A. (2003). Derechos humanos y medición oficial de la pobreza en México. Papeles de población, Nueva época, 101-136.

42 Damián, A. (2012), op. cit. p.  59.

43 Lo Vuolo, R., Raventós, D., & Yanes, P. (2010), op. cit. p.  37.

44 Damián, A. (2010), op.cit. p.  86.

45 Yanes, P. (2007), op. cit.  p.  165.

46 Damián, A. (2010), op. cit. p.  86.

47 Gaceta Parlamentaria, número 2291, viernes 6 de julio de 2007.

48 Gaceta del Senado, LXII / 3SPO-129/54140, jueves 23 de abril de 2015.

49 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2013). Evaluación Estratégica de Protección Social en México. Disponible en el link

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Estrategicas/ Evaluacion_Estrategica_de_Proteccion_Social_en_Mexico.pdf. p. 67

50 Ibíd. p. 102

51 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2015). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014. Disponible en el link

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf. p.  198

52 Ibíd. P. 200.

53 Suplicy, Eduardo (2007). Perspectivas del Movimiento Internacional por el Ingreso Ciudadano. Pp.  229 – 243. En Yanes, Pablo. El derecho a la existencia y libertad real para todos. México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México – Secr5etaría de Desarrollo Social del gobierno del DF-ICU, 2007.

54 Alaska Permanent Fund. (2015, 2) de febrero. Wikipedia, la enciclopedia libre. Extraída el 1/XII/ 2015 desde

https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska_Permanent_Fund

55 Parlamento Latinoamericano. (2012, octubre 25 y 26). “Proyecto de Ley Marco de Renta Básica. Extraído el 2/XII/2015 desde

http://www.senado.gov.ar:88/12042.pdf y Palomo, V. (2015, noviembre 3). “Renta Básica: España Vs. Finlandia”. Extraída el 2/XII/2015 desde

http://www.dirigentesdigital.com/articulo/economia-y-empresas/228084/ espana/finlandia.html

56 Muñoz, M (2015, noviembre 3). “Finlandia, laboratorio de pruebas de la renta básica universal”. Extraída el 2/XII/2015 desde

http://www.gaceta.es/noticias/descabellada-idea-pablo-iglesias- implantacion-finlandia-03112015-1844

57 Algunos de los resultados incluyen los siguientes puntos:

Muchos usaron dinero para mejorar su vivienda, letrinas, paredes y techos, y para tomar precauciones contra la malaria.

Se mejoró la nutrición. Quizás el hallazgo más importante fue la mejoría significativa en el peso promedio por edad de los niños pequeños, y más aún entre las niñas.

Hubo un cambio de las tiendas de racionamiento a los mercados, hecho posible por el aumento de la liquidez financiera. Esto mejoró las dietas, con más verduras y frutas frescas. Las dietas mejoradas contribuyeron a dar cuenta de la mejora de la salud y la energía de los niños, vinculada a una menor incidencia de enfermedades estacionales y a una toma más regular de medicamentos, así como a un mayor uso de la asistencia sanitaria privada.

Una mejor salud ayudó a explicar la mejora de la asistencia y el rendimiento escolar, que también fue el resultado de que las familias pudieron comprar cosas como zapatos y pagar el transporte a la escuela.

El plan tenía resultados positivos sobre la equidad. En la mayoría de los aspectos, hubo un mayor efecto positivo para los grupos desfavorecidos: familias de casta baja, mujeres y personas con discapacidades. De repente, tenían su propio dinero, lo que les daba una posición de negociación más fuerte en el hogar.

Las donaciones de ingresos básicos dieron lugar a inversiones a pequeña escala: más y mejores semillas, máquinas de coser, establecimiento de pequeñas tiendas, reparaciones de equipos, etc. Esto se asoció con más producción, y por lo tanto mayores ingresos. Fue alentador ver el resurgimiento de cepas locales de grano que habían sido aniquiladas.

Contrariamente a los escépticos, los subsidios dieron lugar a más trabajo. Pero la historia es matizada. Hubo un cambio de la mano de obra asalariada ocasional a la actividad agrícola y de negocios de cuenta propia (autónoma), con menos emigración hacia afuera. Las mujeres ganaban más que los hombres.

Hubo una reducción imprevista en el trabajo en servidumbre. Esto tiene enormes implicaciones positivas para el desarrollo local y la equidad.

Los que tenían ingresos básicos tenían más probabilidades de reducir la deuda y menos probabilidades de endeudarse más. Una de las razones era que tenían menos necesidad de pedir préstamos para fines de corto plazo, a tasas de interés exorbitantes del 5% al ??mes. De hecho, los únicos lugareños que se quejan de los pilotos eran prestamistas.

 La política tiene un potencial transformador tanto para las familias como para las comunidades rurales. El conjunto es mayor que la suma de las partes. A diferencia de los esquemas de subsidios alimentarios que bloquean las estructuras económicas y de poder, los arraigados distribuidores corruptos de tarjetas, raciones y los numerosos planes gubernamentales que supuestamente existen, las subvenciones básicas de ingresos dieron a los aldeanos más control de sus vidas y tuvieron beneficios Equidad y crecimiento.

Fuente: (2013, octubre, 25). “India’s Experiment in Basic Income Grants”. Extraída el 18/I/2017 desde

http://isa-global-dialogue.net/indias-great-experiment-the- transformative-potential-of-basic-income-grants/

58 Raventós, D. (2015, abril 5) “La idea de la Renta Básica echa raíces: ¿Dinero gratis para todos? ¡Parece mentira! Extraída el 18/I2017 desde

http://www.sinpermiso.info/textos/la-idea-de-la-renta-bsica-echa- races-dinero-gratis-para-todos-parece-mentira

59 Palomo, V. (2015, noviembre 3). “Renta Básica: España Vs. Finlandia”. Extraída el 2/XII/2015 desde

http://www.dirigentesdigital.com/articulo/economia-y-empresas/228084/ espana/finlandia.html

60 Charmeil, L. (2015, diciembre 14)

“http://www.wedemain.fr/Finlande-Pays-Bas-Suisse-Le-revenu-universel-va- t-il-conquerir-l-Europe_a1538.html”. Extraída el 28/III/2016 desde http://www.wedemain.fr/Finlande-Pays-Bas-Suisse-Le-revenu-universel-va-t-il-con querir-l-Europe_a1538.html

61 Domínguez, B. (2016, diciembre 29) “Finlandia, laboratorio mundial de la renta básica universal”. Extraída el 11/I/2017 desde

http://economia.elpais.com/economia/2016/12/06/actualidad/1481053062_111018.htm l

62 Altman, S. (2016, mayo, 31) “Moving forward on Basic Income”. Extraída el 18/I/2017 desde

https://blog.ycombinator.com/moving-forward-on-basic-income/

63 Brooks, L. (2017, enero, 8) “Escocia podría ser un nuevo escenario de ensayo de la renta básica universal”. Extraída el 18/I/2017 desde

http://www.redrentabasica.org/rb/escocia-podria-ser-un-nuevo- escenario-de-ensayo-de-la-renta-basica-universal/

64 El texto de la iniciativa de reforma a la Constitución va como sigue:

Initiative populaire fédérale ‘Pour un revenu de base inconditionnel’

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 110a (nouveau) Revenu de base inconditionnel

1 La Confédération veille à l’instauration d’un revenu de base inconditionnel.

2 Le revenu de base doit permettre à l’ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique.

3 La loi règle notamment le financement et le montant du revenu de base.

Iniciativa popular federal “Por una renta básica incondicional ‘

La Constitución se modifica como sigue:

Art. 110 bis (nuevo) Renta básica incondicional

1 La Confederación velará por el establecimiento de una renta básica incondicional.

2 Renta Básica deberá permitir a toda la población llevar una existencia digna y participar en la vida pública.

3 La ley reglamentará la financiación y el importe de la renta básica.

Extraído el 28/III/2016 desde

https://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis423t.html

65 Extraída el 28/III/2016 desde

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_initiatives_populaires_ f%C3%A9d%C3%A9rales_en_Suisse

66 Recordando el análisis del concepto hecho en el Concilio Vaticano II y expresado en el discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por Juan Pablo II el 2 de octubre de 1979 «El conjunto de los derechos del hombre corresponde a la sustancia de la dignidad del ser humano, entendido íntegramente y no reducido a una sola dimensión. Se refiere a la satisfacción de las necesidades esenciales del hombre, al ejercicio de sus libertades, a sus relaciones con otras personas. Pero se refiere también, siempre y dondequiera que sea, al hombre, a su plena dimensión humana». En González, J (1986). La Dignidad de la Persona, Civitas: Madrid, 1986, Capítulo II. p.3.

67 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.

68 Todos los derechos humanos en el mundo actual, pese a los diversos componentes políticos, filosóficos y religiosos y a las diferentes tendencias culturales, se fundamentan en su imperativo universalismo, en la dignidad humana. Pero la dignidad humana ontológicamente inherente o intrínseca a la persona humana, no es únicamente el fundamento de todos los derechos humanos. La dignidad humana es, además, el objeto de un derecho específico que ya ha sido proclamado expresamente en dos instrumentos internacionales (Pacto de San José y Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos), el derecho a la dignidad. La dignidad humana implica el necesario reconocimiento de que todos los seres humanos, iguales entre sí, son titulares, ontológicamente hablando, de una igual dignidad y que ésta dignidad se integra con todos los derechos humanos, los civiles, los políticos, los económicos, sociales y culturales; entraña no sólo la garantía negativa de que la persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones, sino que supone también la afirmación positiva del pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo. Gros Espiel, H. (2003). La dignidad humana en los instrumentos internacionales sobre los Derechos Humanos. Anuario de los Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 4. 2003. Pp. 193-223.

69 Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, E. U. A. Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981, adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, general; 23 de junio de 1981, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: martes 12 de mayo de 1981. Última modificación Diario Oficial: ninguna.

70 Ibíd. p. 206.

71 Organización de Naciones Unidas, Consejo Económico Social, Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación 12. El derecho a una alimentación adecuada. E/C.12/1995/5. 12 de mayo de 1999, pp. 2-3. Citado por López B, F. (2009), op. cit. p. 7.

72 Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969

73 Aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por la Asamblea General en su resolución 3180 (XXVIII) de 17 de diciembre de 1973; y que hizo suya la Asamblea General en su resolución 3348 (XXIX) de 17 de diciembre de 1974

74 López Bárcenas, Francisco (2009). El derecho a la alimentación en la legislación mexicana. México: Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Extraída el 11/XI/2015 desde

http://www.oda-alc.org/documentos/1367960941.pdf

75 El Forum Universal de las Culturas es un evento que se celebra cada tres años, cuyos objetivos son la defensa de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural. El primer foro se llevó a cabo en Barcelona en el año 2004, seguido por el de Monterrey (2007), Valparaíso (2010), y Nápoles (2013).

76 La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) es un instrumento programático elaborado por organizaciones de la sociedad civil internacional a fin de cristalizar los Derechos Humanos para el nuevo milenio. La Declaración está formalmente dirigida a los actores estatales y otras instituciones formales de todo el mundo, emerge de un proceso de debate que tuvo origen en el Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, en el diálogo denominado “Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos. Tiene por objeto fortalecer la interdependencia e integridad de los derechos de hombres y mujeres, no pretende reemplazar ningún instrumento existente, al contrario, los completa y refuerza, como un imperativo ético.

77 Declaración Universal  de Derechos Humanos Emergentes. Título I. Derecho a la Democracia Igualitaria. Artículo 1. Derecho a la existencia en condiciones de dignidad. “ Todos los seres humanos  y las comunidades tienen derecho  a vivir en condiciones de dignidad”. Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos... 3. El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal. Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (2009). Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes”.Barcelona: Grafiques Massanes. Extraída el 11/XI/2015 desde

http://www.world-governance.org/IMG/pdf_DUDHE.pdf

78 Lo Vuolo, R., Raventós, D., & Yanes, P. (2010), op. cit. p.  39.

79 Con la participación oficial de un grupo de organismos colaboradores como la FAO, el FMI, el ACNUDH, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, el ONU-HABITAT, el ACNUR, el UNICEF, el Banco Mundial, entre otros.

80 Oficina Internacional del Trabajo (2011). “ Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo Consultivo sobre el Piso de Protección Social”. Ginebra: OIT. Extraído el 10/XII/2015 desde

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/—-publ/ documents/publication/wcms_176521.pdf

81 Sobre los estabilizadores automáticos puede consultarse el documento de Stiglitz, J. (2009). Crisis mundial, protección social y empleo. Revista Internacional del Trabajo, Vol. 128, Núm. 1-2.

82 Conde Montijo, O. (2007), op. cit. p.  208.

83 Oficina Internacional del Trabajo (2011), op. cit. Pp. 47 – 49.

84 Ibíd. pp.  52-53.

85 En América Latina, la CEPAL realizó desde los años setenta, una cantidad importante de estudios sobre la pobreza, que hacen uso de información generada por las encuestas de hogares a partir de la aplicación del método de líneas de pobreza. Esta metodología consiste en determinar los requerimientos nutricionales de la población, tomando en cuenta su estructura por edad y sexo y las actividades físicas que realizan los miembros del hogar. De esta manera, se calcula el requerimiento de calorías y proteínas de una persona con base a las recomendaciones de los organismos internacionales especializados en la materia, como la FAO, la OMS y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU). Con dichos elementos, se construyó una canasta cuya composición cubre las necesidades nutricionales de la población, considera sus hábitos de consumo, la disponibilidad de alimentos y los precios de los mismos. INEGI (1993). Magnitud y Evolución de la pobreza en México: 1984-1992 (Informe Metodológico). México: Organización de las Naciones Unidas – Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Instituto Nacional de Geografía, Historia e Informática. p. 21. Esta línea de pobreza fue actualizado y utilizada por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, ver SEDESOL (2002). Medición de la pobreza: variantes metodológicas y estimación preliminar. Anexo 3.

86 Debido a que la canasta alimentaria de Inegi-Cepal-Comité Técnico, que sirvió de punto de partida para la definición del método oficial de medición de la pobreza, sólo considera alimentos crudos, tomamos la decisión de aumentar su costo con base en las recomendaciones de una canasta completa, que incluya elementos necesarios para almacenamiento, preparación y consumo de alimentos. Boltvinik, J. y Marín, A. (2003). “La canasta normativa de satisfactores esenciales de la Coplamar, génesis y desarrollos recientes”. Revista Comercio Exterior, Vol. 53, Núm. 5, pp.  437-484.

87 Chocolates y golosinas (papas fritas y similares; concentrados para refresco; dulces, cajetas y miel; gelatina en polvo).

88 Se partió de la Canasta presentada en http://www.alternativasycapacidades.org/sites/default/files/biblioteca_file/CTM Pjulio2002.pdf

89 Para los de primaria de tercero a sexto grado de 2015 a 350, pesos; de secundaria de 515 a 660 y los de media superior de 865 y 1,120 pesos. Compárese estas cifras con los 1,765 pesos propuestos para la etapa inicial del ICU.

90 También podría considerarse la posibilidad de incluir en esta etapa a todos los hombres pobladores de las áreas rurales, en el rango de edad de los 18 a 64 años.

91 Oficina Internacional del Trabajo (2011), op. cit. pp.  65 - 68.

92 No se incluyen las proyecciones de población masculina desde el año 2031, cuando comienza la implementación de la última etapa del programa, puesto que las proyecciones del CONAPO van hasta el año 2030.

93 Julio Boltvinik citando a André Gorz en Boltvinik, J. (2008). Futuro posneoliberal de la política pública: el ingreso ciudadano universal. Nueva Crónica, pp.12-13.

94 Boltvinik, J. (2010), op. cit. p.  194.

95 La estimación de la pobreza se realizó con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

96 Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre de 2016 a pesos corrientes de 2008

(http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/)

97 Dado el bajo crecimiento del PIB el costo final de implementación se incrementa a un 8.35%. Si el PIB repunta en los próximos años, el costo del Ingreso Ciudadano Universal Alimentario se reduciría considerablemente.

98 De la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/ docs/paquete_economico/lif/lif_2016.pdf

99 Boltvinik, J. (2010), op. cit. p.  193.

100 Inventario Nacional Coneval de Programas y Acciones para el Desarrollo Social tiene la finalidad de dar a conocer cuáles son las intervenciones del gobierno proveer información para la toma de decisiones para que contribuya a mejorar la política pública. Disponibles en

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_ programas_y_acciones_sociales.aspx

101 Programa Nacional de Desarrollo Social, Programa Nacional México sin Hambre (PNMSH), Programa Nacional de Juventud, Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/135614/Catalogo_ programas_fondos_subsidios_2016.pdf

102 Gaceta Parlamentaria, número 4355-II, jueves 3 de septiembre de 2015.

103 Campos Vázquez, R. M., Chávez Jiménez, E. S., & Esquivel Hernández, G. (2014). Los ingresos altos, la tributación óptima y la recaudación posible. México: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados.

104 Instituto de Estudios Superiores de Monterrey para Servicio de Administración Tributaria –SAT (2013). “Estudio de evasión global de impuestos”, México: ITESM. p. 17.

105 Se define de acuerdo a lo establecido en el Artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente.

106 Definido por el Artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente.

107 Se define con base en lo establecido en el Artículo 9 de la Ley del ISR vigente.

108 Esquivel Hernández, G. (2015), op. cit. p.  22.

109 En el informe “Estadísticas tributarias 2014”, pone en evidencia que en el 2012, última cifra disponible de México, los impuestos representaron 19.6% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 33.7% en el año de evaluación. Nota periodística en El Economista, 11 de diciembre de 2014. Disponible en

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/12/11/mexico-pais- que-menos-impuestos-recauda-ocde.

110 Del Val Blanco, E. (2010), op. cit. p.  27.

111 Oficina Internacional del Trabajo (2011), op. cit. pp.  76 – 77.

112 Para mayor información sobre este punto se recomienda consultar el documento Fiscal space and the extension of social protection: lessons learnt from developing countries: Bolivia, Botswana, Brazil, Costa Rica, Lesotho, Namibia, Thailand and South Africa. Durán-Valverde, F. y Pacheco, J.F. (2012) International Labour Office, Social Security Department. - Geneva: ILO. Extraído el 11/I/2016 desde

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_protect/—-soc_sec/ documents/publication/wcms_207665.pdf

113 Lo Vuolo, R., Raventós, D., & Yanes, P. (2010), op. cit. p.  39.

114 Op. cit.

115 Op. cit.

116 Huerta Quintanilla, R. (2009). El Ingreso Ciudadano en México: Impacto y viabilidad. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 40(159), 85-99. p.  92

117 En un estudio realizado por Brasil y Sudáfrica, se puso de manifiesto que las familias que reciben transferencias monetarias buscaban trabajo de manera más intensa y exhaustiva y encontraban empleo con más frecuencia, lo que conducía a una mayor participación en la fuerza de trabajo entre las familias beneficiarias que entre las que no recibían apoyo. Samson, M. (2009). The impact of social transfers on growth, development, poverty and inequality in developing countries.  p.  134. En Townsend, P. (director): Building decent societies: Rethinking the role of social security in development. Basingstoke/Ginebra. Palgrave Macmillan/OIT. Extraído el 12/I/2016 desde

https://www.researchgate.net/publication/251422335_The_impact_of_social_ transfers_on_growth_development_poverty_and_inequality_in_developing_countries

118 Oficina Internacional del Trabajo (2011), op. cit. pp.  53 – 56.

119 Actualización con INPC, correspondiente a alimentos.

120 Con base en Hanke, John E. y Wichern, Dean W. “Pronósticos en los negocios”. Pearson Educación. Octava Edición, 2006. Pp. 37-38.

121 El Presupuesto Anual per cápita se ha calculado mediante la fórmula siguiente:

122 El Presupuesto de Desarrollo Social per cápita se ha calculado mediante la fórmula siguiente: Presupuesto de Desarrollo Social de la entidad en el año “n” población total de la entidad federativa en el año “n”

123 Entendido este como el rubro denominado “Clasificación funcional del Gasto” que incluyen las Entidades Federativas en sus Leyes de Presupuesto de Egresos, que puede incluir protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad, salud, recreación y cultura, educación, protección social, entre otros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2017.— Diputada Araceli Damián González(rúbrica).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Daniela de los Santos Torres para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la propia diputada De los Santos e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Daniela de los Santos Torres: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros todos, el uso y disposición de recursos ha sido, es y será un tema polémico. Ningún Estado moderno es ajeno a las opiniones encontradas, aun tomando decisiones que parezcan las más adecuadas para la mayoría de la población.

La remuneración de los servidores públicos es parte de esta polémica. Por ende, nuestro país no es la excepción y sus circunstancias particulares nos obligan a reflexionar con serenidad y prudencia al respecto.

En países como México la sociedad tiene una libre participación en el escenario público y cada día refuerza más su presencia frente al Estado, al punto que hoy podemos distinguir fácilmente una percepción general de que algunos funcionarios reciben remuneraciones superiores a las que deberían, por la supuesta facilidad del servicio prestado, por la falta de resultados, por la situación económica del país o simplemente porque la mayoría de los trabajadores tiene ingresos inferiores en comparación con ciertos cargos públicos.

Sin embargo, independientemente de la opinión o percepción que cada uno pueda tener, el uso y disposición de recursos públicos, así como las remuneraciones, deben tratarse siempre en el marco de un objetivo central. Esto es, reforzar la eficacia y eficiencia de las instituciones de cara a la ciudadanía.

El Estado debe dejar de ser atractivo por sus altas remuneraciones, ya que se pierde la esencia del servicio público. En muchos casos se busca más una buena remuneración que cumplir con el fin principal, que es el de servir a la ciudadanía.

Al moderar las percepciones se prioriza la importancia de la función que se desempeña, dando paso al fortalecimiento institucional por sí mismo. Así, las remuneraciones de los servidores públicos resultan un elemento accesorio o secundario a la función pública.

En vista de lo anterior, propongo establecer constitucionalmente los límites de las remuneraciones en todo el aparato burocrático del país, ajustando principalmente aquellas que pueden ser disminuidas, sin afectar la calidad de vida de los servidores públicos.

Primero, se propone que las remuneraciones del presidente de la República dejen de ser el referente para establecer los topes máximos y que dichos topes se establezcan en base al ámbito de competencia federal, estatal o municipal.

Ello, ante una realidad en la que actualmente cada ámbito tiene la posibilidad de aprobar sus remuneraciones con un tope que corresponde al presidente de la República, cuya responsabilidad institucional no es equiparable a la de un gobernador o presidente municipal. Así como la de un secretario de Estado no se compara con la responsabilidad institucional de un funcionario estatal o municipal.

Por lo que se propone que se establezcan claramente los montos máximos equivalentes a salarios mínimos, para que las remuneraciones se incrementen estrictamente conforme al mismo salario mínimo.

Con esta propuesta, independientemente del ahorro generado en el Presupuesto de Egresos correspondiente, se antepone la función pública a los ingresos que se perciben en la misma, poniendo en el mismo plano a los tres Poderes de la Unión, priorizando la vocación de servicio y fortaleciendo el actuar institucional de la estructura burocrática.

Además, los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, si bien no es posible someterlos a límites específicos por su naturaleza variable, se propone que sean publicados mensualmente, lo que además de brindar certeza a la ciudadanía, obliga a que cada instancia autorice estrictamente lo necesario para el mejor desempeño del servicio público en cuestión.

Hoy más que nunca tenemos que estar del lado de la agenda de los ciudadanos y esta, la reducción de la remuneración de los servidores públicos, es una demanda ciudadana de muchos años. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Daniela de los Santos Torres y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El uso y disposición de recursos públicos ha sido, es y será un tema polémico. Ningún estado moderno es ajeno a las opiniones encontradas ni puede evitarlo por ser éstas resultado de la pluralidad democrática, aun tomando decisiones que parezcan las más adecuadas para la mayoría de la población.

La remuneración de los servidores públicos es parte de esa polémica y lo seguirá siendo en tanto exista la necesidad de contar con una estructura institucional para cumplir los fines del estado. Por ende, nuestro país no es la excepción y sus circunstancias particulares nos obligan a reflexionar con serenidad y prudencia al respecto.

En países como México, la sociedad tiene una libre participación en el escenario público y cada día refuerza más su presencia frente al estado, al punto que hoy podemos distinguir fácilmente una percepción general de que algunos funcionarios reciben remuneraciones superiores a las que deberían por la supuesta facilidad del servicio prestado, por la falta de resultados, por la situación económica del país o simplemente porque la mayoría de los trabajadores tienen ingresos inferiores en comparación con ciertos cargos públicos.

Sin embargo, independientemente de la opinión o percepción que cada uno pueda tener, el uso y disposición de recursos públicos, así como las remuneraciones, deben tratarse siempre en el marco de un objetivo central, esto es, reforzar la legitimidad y eficacia de las instituciones públicas de cara a la ciudadanía.

En este sentido, es importante subrayar que quien desempeña un empleo, cargo o comisión en la función pública, en contraposición a la iniciativa privada, no tiene la posibilidad de ver en sus ingresos la causa que lo mueve a prestar sus servicios día a día. Por el contrario, en el servicio público, incluso algunos de los propios derechos quedan supeditados al fin último que se persigue.

Por ello, un estado donde el aparato gubernamental ofrece a sus altos mandos remuneraciones que no tienen justificación aparente es propenso a resultar atractivo por  dichas remuneraciones, supeditando el servicio público al funcionario o partido en turno más que al desarrollo institucional.

Al moderar las percepciones se prioriza la importancia de la función que se desempeña y, más que evitar críticas, se disminuye la posibilidad de incrementar la fuerza ilegítima del estado frente la ciudadanía y la adquisición de poder político mediante el uso de recursos públicos, dando paso al fortalecimiento institucional por sí mismo.

Así, las remuneraciones de los servidores públicos resultan un elemento accesorio o secundario a la función pública y por ende deben preverse de tal manera que exista armonía entre la estructura orgánica, el funcionamiento de sus instituciones y la redistribución de los recursos públicos.

En vista de lo anterior, proponemos establecer constitucionalmente los límites de las remuneraciones en todo el aparato burocrático del país, ajustando principalmente aquellas que pueden ser disminuidas sin afectar la calidad de vida de los servidores públicos.

Primero, se propone que las remuneraciones del presidente de la República dejen de ser el referente para establecer los topes máximos y que dichos topes se establezcan con base en el ámbito de competencia: federal, estatal o municipal.

Ello, ante una realidad en la que actualmente cada ámbito tiene la posibilidad de aprobar sus remuneraciones con un tope que corresponde al presidente de la República, cuya responsabilidad institucional no es equiparable a la de un gobernador o presidente municipal, así como la de un secretario de estado no se compara con la responsabilidad institucional de un funcionario estatal o municipal.

Luego, se propone que se establezcan claramente los montos máximos equivalentes a salarios mínimos para que las remuneraciones se incrementen estrictamente conforme al mismo. Por ejemplo, para los cargos en las instancias federales el monto máximo mensual sería equivalente a mil 200 salarios mínimos, lo que actualmente significaría 96 mil 48 pesos; en las instancias estatales sería un máximo equivalente a 800 salarios mínimos, esto es 64 mil 32 pesos; y en el ámbito municipal sería el equivalente a 400 salarios mínimos, para quedar en 32 mil 16 pesos.

En este supuesto el presidente de la República, que percibe aproximadamente 3 millones de pesos anuales, o 250 mil pesos mensuales, percibiría máximo 1 millón 152 mil pesos anuales, una reducción de más de 60 por ciento; los senadores, que perciben 1 millón 884 mil pesos netos anuales, o 157 mil pesos mensuales, tendrían una reducción aproximada de 40 por ciento; los diputados, quienes percibimos 1 millón 460 mil pesos netos anuales, pasaríamos de percibir 121 mil pesos mensuales a 96 mil pesos; los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que perciben 4 millones 658 mil pesos anuales, o 388 mil pesos mensuales, tendrían una reducción de casi 80 por ciento.

Con esta propuesta, independientemente del ahorro generado en el presupuesto de egresos correspondiente, se antepone la función pública a los ingresos que se perciben por el ejercicio de la misma, poniendo en el mismo plano a los tres Poderes de la Unión, priorizando la vocación de servicio y fortaleciendo el actuar institucional de la estructura burocrática.

Además, los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, si bien no es posible someterlos a límites específicos por su naturaleza variable, se propone sean publicados mensualmente, lo que además de brindar certeza a la ciudadanía para juzgar la moderación, el exceso o el defecto, obliga a que cada instancia autorice estrictamente lo necesario para el mejor desempeño del servicio público en cuestión.

La presente propuesta de reforma constitucional entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y surtiría sus efectos aun habiéndose aprobado remuneraciones superiores en los presupuestos de egresos respectivos. Los ahorros generados en este último supuesto se destinarán a los centros de asistencia social del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia correspondiente.

Por lo que hace a la información relativa a apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, esta sería publicada dentro de los noventa días naturales siguientes al de la entrada en vigor mediante las respectivas páginas de internet o portales oficiales; en el caso de que no cuenten con dichos medios, se haría uso del que pertenezca a cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo federal o del congreso estatal, según corresponda al ámbito de competencia del sujeto obligado; mientras que a los municipios en esta situación correspondería el Poder Legislativo estatal.

En mérito de lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman las fracciones I y II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 127. Los servidores públicos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, mismos que serán publicados mensualmente.

II. Ningún servidor público podrá percibir, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, el equivalente a más de mil doscientos salarios mínimos en el ámbito federal, ochocientos salarios mínimos en el estatal y cuatrocientos salarios mínimos en el municipal, netos mensualmente.

III. a VI. (...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y surtirá sus efectos aun habiéndose aprobado remuneraciones superiores en los presupuestos de egresos respectivos. Los ahorros generados en este último supuesto se destinarán a los centros de asistencia social del sistema para el desarrollo integral de la familia correspondiente. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Segundo. La información a la que se refiere la fracción I del artículo 127 deberá ser publicada a más tardar dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Lo anterior, mediante las respectivas páginas de internet o portales oficiales; en el caso de que no cuenten con dichos medios, se hará uso del que pertenezca a cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo federal o del congreso estatal, según corresponda al sujeto obligado; a los municipios en esta situación corresponderá el Poder Legislativo estatal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputados: Daniela de los Santos Torres,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Daniela de los Santos Torres. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Con la autorización de la Mesa Directiva y la participación de los compañeros y compañeras diputadas. Hoy vengo a poner a su consideración una iniciativa que pretende que sigamos ayudando a los ciudadanos a impulsarlos en ese revuelo que ha significado la fiscalización a los recursos federales, la ciudadanía hoy más que nunca está interesada en saber qué es lo que pasa con el dinero público, por qué es que el dinero público se esfuma y por qué se pierde en los bolsillos de malos funcionarios.

Yo les pregunto, compañeros, ¿qué está sucediendo hoy que la gente está mucho más atenta con esa Auditoría Superior de la Federación, que presume de buenas acciones y que sin embargo vemos que ha quedado en el olvido?

Quiero recordarles que esta Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de imponer sanciones obligando a resarcir el daño y que esas acciones también pueden ser administrativas e incluso puede denunciar penalmente, sin embargo su labor ha quedado ineficaz y trunca, pues no se ha logrado frenar la corrupción tanto en relación a la aplicación de los recursos públicos, como en los programas y fondos que subsidian, así como en la forma en que se captan esos recursos y lamentablemente esos recursos se captan de los impuestos que aporta el pueblo de México.

Les voy a compartir algunos datos. Cuando nace la Auditoría Superior de la Federación al 2016, se llevan auditadas 14 mil 572, se llevan realizadas 14 mil 572 auditorías, de esas se determina emitir 127 mil 427 acciones, lo que nos deja entrever que existen 8.7 observaciones por cada auditoría, sin embargo no pasa nada. Y no pasa nada porque continúa el incumplimiento, porque se siguen repitiendo las historias y las mismas costumbres y la falta de transparencia.

En el caso de las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias se han dado por concluidas 13 mil 287 —esto significa el 77.6 por ciento de las 17 mil 124 que se determinaron, de las que les dije que se habían hecho—, sin embargo no se conoce la cantidad de las que fueron procedentes; de proceder, qué tipo de sanción se les impuso y tampoco es posible conocer aquellas que no fueron procedentes, por lo que los pliegos de observaciones y demás quedan finalmente sin ser aclarados y los ciudadanos siguen sin conocer qué es lo que pasa con el dinero que ellos aportan.

Finalmente podemos concluir que en 17 años de labores y 16 cuentas públicas auditadas, las sanciones a las que ha hecho meritoria o ha mencionado la Auditoría Superior de la Federación son realmente menores.

Ustedes conocen los casos de los Duarte, infinidad de casos que han venido marcando la política de este país y que se han guardado el dinero del pueblo de México, y la hoy tan sonada, estafa maestra.

¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que la Auditoría Superior de la Federación no tiene la suficiente fuerza, y podríamos decir que entra hasta en el contubernio para poder soslayar y poder minimizar el impacto que generan esos malos funcionarios y entonces no ha poder que los alcance ni obligatoriedad de que regresen lo que se están robando, y lo que es peor, que en el siguiente ejercicio vuelven a cometer las mismas desviaciones y las mismas omisiones. Esto nos impide a nosotros los legisladores entender y atender con puntuación para poder poner los candados y evitar que el pueblo de México nos siga viendo a todos los políticos y a los administradores del erario público como una sarta de ladrones.

Por eso es necesario que nos apliquemos y que logremos la reforma del artículo 5, 20, 36 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para evitar a toda costa que se siga cometiendo la misma desviación una y otra vez, que se maquille la cuenta y que a final de cuentas quedemos con una frase muy común en los informes de fiscalización donde dicen: en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se proporcionó la documentación que acredita que no había malversación o dilapidación o mal uso del dinero público.

Con esto, compañeros, nosotros, los diputados federales debemos de participar activamente en evitar que se siga dilapidando el dinero del pueblo de México y que se siga quedando en manos de los malos funcionarios que se enriquecen vilmente a costillas o a costa de los ciudadanos que participan con sus impuestos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales I y II, y 78 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 5, incluido en el Capítulo Único, Disposiciones Generales, del Título Primero; 20, incluido en el Capítulo I, De la Fiscalización de la Cuenta Pública, 36, incluido en el Capítulo II, Del contenido del Informe General y su análisis, y 42, incluido en el Capítulo IV, De las Acciones y Recomendaciones derivadas de la Fiscalización, los anteriores del Título Segundo, De la Fiscalización de la Cuenta Pública de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

I. Planteamiento del Problema

Hoy día mucho se habla y se dice en los medios de comunicación de la Auditoría Superior de la Federación; pero parece que muy pocos toman en cuenta y dan importancia a los resultados de las revisiones que emprende.

A la par, mucho se ha dicho de los casos de corrupción de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, o de Guillermo Padrés en Sonora, o por citar alguno otro, el del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

La expresión del ciudadano es muy clara y se centra en que los anteriores robaron dinero público, pero a la gran mayoría de la población, le entra duda, porque no tiene claro, quién es quién puede, a través de su labor, decir si las entidades o dependencia, servidores públicos y gobernantes hacen lo que les corresponde en favor de la ciudadanía.

Sobre los cuestionamientos anteriores he expresado que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quién a través de revisiones de fiscalización, informa sobre la administración, ejercicio y control de los recursos. Esa entidad, que depende de la Cámara de Diputados, se encargada de precisar que se hace bien o que está mal en la gestión de recursos federales por gobiernos y entidades del ámbito federal, estatal o municipal.

Sin embargo, la ASF tiene la facultad de imponer sanciones resarcitorias y administrativas y de presentar denuncias penales, pero en la realidad este órgano de fiscalización superior, ha sido ineficaz para frenar la corrupción tanto en relación a la aplicación de recursos públicos acuerdo a los programas, fondos y subsidios, así como en la forma en que se captan los recursos públicos, que en su mayoría provienen de los impuestos.

Lo anterior, en gran medida, por la falta de involucramiento por parte de los diputados que integran la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en las tareas propias de fiscalización y sus resultados, limitándose a conocer los abusos y delitos que reporta, sin acciones contundentes de previsión.

Para contextualizar lo anterior, los datos públicos que incorporo en esta exposición de motivos, dejarán en claro la importancia de los resultados de fiscalización, ya que es a partir de su conocimiento y análisis, que es posible sacar conclusiones y reconocer lo valiosa que puede ser la información que la ASF pone a nuestro alcance y que como diputados deberíamos prestarle mayor atención; herramienta más poderosa que la información no existe y es en este informe de fiscalización que con precisión nos indica los impactos que se tienen en el proceso presupuestario anual, las acciones que se toman, las sanciones a los involucrados y lo anterior, ayudaría a tomar las mejores decisiones y acciones de previsión para evitar su recurrencia. No obstante, nada de lo anterior pasa y los resultados son fríos y muy sombríos tal y como lo muestro a continuación:

Según el Sistema ASF Datos del 2000 al 2016 (en el avance hasta el mes de junio), la Auditoría Superior de la Federación ha realizado 14 mil 572 auditorías a nivel nacional, y como resultado de su trabajo ha determinado emitir 127 mil 427 acciones, mismas que en su papel los servidores públicos de las dependencias auditadas deben atender. De esas acciones, destacan 17 mil 124 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria emitidas a Servidores públicos en su gran mayoría determinadas por el incumplimiento de sus deberes, y 16 mil 330 Pliegos de Observaciones por un total de 369 mil 265.0 millones de pesos, que no son otras cosas que sanciones determinados por el uso indebido de los recursos públicos.

Si bien, las anteriores cifras reflejan que derivado de las revisiones, se determinaron acciones que no deberían haber ocurrido, en el caso de las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias se han dado por concluidas 13,287, el 77.6 por ciento de las 17 mil 124 que se han determinado, sin que sea posible conocer la cantidad de las que fueron procedentes, el tipo de sanción y si las mismas han sido cumplidas por el sancionado. Asimismo, no es posible conocer aquellas que no fueron procedentes ni sus causas.

En el caso de los Pliegos de Observaciones, el sistema ASF Datos nos reporta que a la fecha, se han recuperado 51 mil 266.0 millones de pesos, quedando pendiente de recuperar 196 mil 992.7 millones de pesos y en proceso resarcitorio (esto es, que no fueron aclarados en su momento los Pliegos de observaciones) un total de 41 mil 940.3 millones de pesos. Los restantes 79 mil 66 millones de pesos fueron aclarados sin que existan mayores datos de la forma en que esto sucedió.

Finalmente, la ASF ha presentado 581 denuncias de hechos como resultado de su labor fiscalizadora sin que sea posible conocer el estatus de las 576 presentadas en ese sistema ASF Datos. Según, otros reportes del máximo Órgano Fiscalizador en México, sólo han sido consignadas 21 denuncias hasta el 2016.

De lo anterior, se puede concluir que en 17 años de labor y 16 cuentas públicas auditadas las sanciones reportadas por la ASF no son menores; de su análisis, muchas de sus observaciones son por actos recurrentes de los servidores públicos que actúan fuera de la normatividad aplicable a cada tema revisado, pero lo que no queda claro la forma en que las observaciones determinadas son atendidas a través de la intervención de la ASF, ya que muchas de ellas no han ameritado sanciones y es aquí, donde no es claro la forma en que los auditados atendieron lo observado por parte del ente fiscalizador.

Lo descrito, impide a los legisladores entender porque las cosas pasan, o se aclaran y si, es que pasan, y se aclaran, como es posible que para el año siguiente vuelven a ser observadas. Sin dudar, lo que he expuesto son actos de simulación recurrentes y dejan la duda, de si cuando se observan y aclararán, realmente eso sucede.

Ante lo descrito, los expertos no se cansan en decir que son actos simulados, donde los integrantes de la ASF pueden ser partícipes y promotores de estos hechos.

En contraste, si las observaciones y sanciones se transparentarán, fuera posible conocer las formas en que se atienden, resarcen los recursos y se devuelven a la Tesorería de la Federación, el trabajo de fiscalización brillaría con luz propia y permitiría identificar un proceso sano y sin turbiedades.

Pero por el contrario, lo que hoy sucede es que las sanciones se atienden sin máxima publicidad de sus términos, limitando a cualquier interesado analizar la forma en que se aclararon y en su caso, la forma en que se llevaron a cabo los resarcimientos de los recursos. Por tal motivo, estas prácticas, dejan muchas dudas e inquietudes.

Por lo expuesto, los casos mediáticos de corrupción de los Duarte, Borge, Padrés sólo son los casos iniciales que nuestro México conocerá y que se vendrán muchos más, quizá con mayor cuantía e impacto en las comunidades y que esto será una espiral, un efecto cíclico donde todos, si seguimos como hasta hoy, nos quedaremos como el chinito, sólo mirando, y re-tomando de rebote estos temas cuando la problemática haya logrado dañar a la ciudadanía mexicana y esta tenga consecuencias, que en gran medida deban cubrirse con dinero público.

Por ello, propongo se realicen mejoras legislativas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tal y como se muestra a continuación:

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Texto legal vigente Texto Legal Propuesto

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 5.Tratándose de los informes a que se refieren las fracciones XX, XXI y XXIIdel artículo anterior, la información contenida en los mismos será publicada en la página de Internet de la Auditoría Superior de la Federación, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se revele información que se considere temporalmente reservada o que forme parte de un proceso de investigación, en los términos previstos en la legislación aplicable. La información reservada se incluirá una vez que deje de serlo.

 Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 5.Tratándose de los informes a que se refieren las fracciones XX, XXI y XXIIdel artículo anterior, la información contenida en los mismos será publicada en la página de Internet de la Auditoría Superior de la Federación, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se revele información que forme parte de un proceso de investigación, en los términos previstos en la legislación aplicable. Por las observaciones que sean aclaradas durante las revisiones se incluirá, en el cuerpo del informe, una síntesis de las justificaciones, explicaciones en el caso de reintegro de los recursos observados utilizados bajo incumplimiento de la normativa aplicable se precise la fuente de financiamiento que propició el resarcimiento y el impacto presupuestal en el ejercicio en que ejerce dicho reintegro y comprobación, y toda aquella información presentada por las entidades que previa valoración atendieron las observaciones iniciales y permitió rectificar los resultados de fiscalización y permitan a los legisladores su análisis y sean fuente para su labor legislativa.La información reservada se incluirá una vez que deje de serlo, para lo cual la Auditoría Superior de la Federación elaborará y hará público el procedimiento correspondiente.

  Título SegundoDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Capítulo IDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Artículo 20. La Auditoría Superior de la Federación, de manera previa a la fecha de presentación de los Informes individuales, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 10 días hábiles de anticipación remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas, en las reuniones si la entidad fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un plazo de hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de 5 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración de los Informes individuales.

Una vez que la Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva de los Informes individuales.

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los informes individuales, una síntesis de las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades.

 Título SegundoDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Capítulo IDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Artículo 20. La Auditoría Superior de la Federación, de manera previa a la fecha de presentación de los Informes individuales, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 10 días hábiles de anticipación remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas, en las reuniones si la entidad fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un plazo de hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de 5 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración de los Informes individuales.

Una vez que la Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva de los Informes individuales.

Y deberá incluir en el cuerpo de los informes individuales, una síntesis de las justificaciones, explicaciones en el caso de reintegro de los recursos observados utilizados bajo incumplimiento de la normativa aplicable se precise la fuente de financiamiento que propició el resarcimiento y el impacto presupuestal en el ejercicio en que ejerce dicho reintegro y comprobación, y toda aquella información presentada por las entidades que previa valoración atendieron las observaciones iniciales y permitió rectificar los resultados de fiscalización y permitan a los legisladores su análisis y sean fuente para su labor legislativa.

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los informes individuales, una síntesis de las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades.

  Título SegundoDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Capítulo IIDel contenido del Informe General y su análisis

Artículo 36.Los Informes Individuales de auditoríacontendrán como mínimo lo siguiente:

I.Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;

II.Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo;

III.El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas;

IV.Los resultados de la fiscalización efectuada;

V.Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos,y

VI.Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis delas justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.

Asimismo, considerará, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género.

Los informes individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán en la página de Internet de la Auditoría Superior de la Federación, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Título SegundoDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Capítulo IIDel contenido del Informe General y su análisis

Artículo 36.Los Informes Individuales de auditoríacontendrán como mínimo lo siguiente:

I.Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;

II.Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo;

III.El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas;

IV.Los resultados de la fiscalización efectuada;

V.Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos,y

VI.Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas que incluya una síntesis de las justificaciones, explicaciones, en el caso de reintegro de los recursos observados utilizados bajo incumplimiento de la normativa aplicable se precise la fuente de financiamiento que propició el resarcimiento y el impacto presupuestal en el ejercicio en que ejerce dicho reintegro y comprobación, y toda aquella información presentada por las entidades que previa valoración atendieron las observaciones iniciales y permitió rectificar los resultados de fiscalización y permitan a los legisladores su análisis y sean fuente para su labor legislativa.

Asimismo, considerará, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género.

Los informes individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán en la página de Internet de la Auditoría Superior de la Federación, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  Título SegundoDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Capítulo IVDe las Acciones y Recomendaciones derivadas de la Fiscalización

Artículo 42.Antes de emitir sus recomendaciones, la Auditoría Superior de la Federación analizará con las entidades fiscalizadas las observaciones que dan motivo a las mismas. En las reuniones de resultados preliminares y finales las entidades fiscalizadas a través de sus representantes o enlaces suscribirán conjuntamente con el personal de las áreas auditoras correspondientes de la Auditoría Superior de la Federación, las Actas en las que consten los términos de las recomendaciones que, en su caso, sean acordadas y los mecanismos para su atención. Lo anterior, sin perjuicio de que la Auditoría Superior de la Federación podrá emitir recomendaciones en los casos en que no logre acuerdos con las entidades fiscalizadas.

La información, documentación o consideraciones aportadas por las entidades fiscalizadas para atender las recomendaciones en los plazos convenidos, deberán precisar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas. En caso contrario, deberán justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por los cuales no resulta factible su implementación.

Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo que antecede, la Auditoría Superior de la Federación enviará a la Cámara un reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública en revisión, detallando la información a que se refiere el párrafo anterior.

 Título SegundoDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Capítulo IVDe las Acciones y Recomendaciones derivadas de la Fiscalización

Artículo 42.Antes de emitir sus recomendaciones, la Auditoría Superior de la Federación analizará con las entidades fiscalizadas las observaciones que dan motivo a las mismas. En las reuniones de resultados preliminares y finales las entidades fiscalizadas a través de sus representantes o enlaces suscribirán conjuntamente con el personal de las áreas auditoras correspondientes de la Auditoría Superior de la Federación, las Actas en las que consten los términos de las recomendaciones y los mecanismos para su atención, mismos que se incluirán en el cuerpo de los informes individuales como evidencia de rectificación de los resultados de fiscalización. Lo anterior, sin perjuicio de que la Auditoría Superior de la Federación este facultada para emitir recomendaciones en los casos en que no logre consensos con las entidades fiscalizadas.

La información, documentación o consideraciones aportadas por las entidades fiscalizadas para atender las recomendaciones en los plazos convenidos, deberán precisar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas. En caso contrario, deberán justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por los cuales no resulta factible su implementación.

La recurrencia de las recomendaciones facultará a la Auditoría Superior de la Federación a su análisis, determinar la posible recurrencia y emitir responsabilidades administrativas.

Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo que antecede, la Auditoría Superior de la Federación enviará a la Cámara un reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública en revisión, detallando la información a que se refiere n los párrafo s anterior.

Como se puede apreciar, las propuestas que pongo a consideración, sólo buscan incluir la información que en su caso sirvió para la valoración o la rectificación de las observaciones determinados por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, determinar las causas que pudiesen ser motivo de mejoras legislativas o fortalecimiento en la acción fiscalizadora.

Lo que se conoce, puede ser medible y sujeto de mejora, lo que no, como lo son en gran parte los consensos a los que llega la Auditoría Superior de la Federación con los entes fiscalizados, no. Por ello, al ocupar la frase “en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita” tanto la mejora del proceso sujeto a revisión o el reintegro de los recursos observados utilizados bajo incumplimiento de la normativa aplicable sin que esto se conozca y trasparente, este proceso será gris y muy controversial.

Un claro ejemplo de lo anterior, lo constituye los reintegros o resarcimiento de recursos que determina la ASF, donde al no conocer la fuente de financiamiento que propició dicho reintegro o resarcimiento ni el impacto presupuestal en el ejercicio en que ejerce, deja en si misma dudas en la forma en que se aclara.

Por lo anterior, compañeros diputados estamos a tiempo de evitar los resultados de revisión de las cuentas públicas que son un escándalo por los malos manejos de los recursos públicos.

México, está a buen tiempo de evitar crecer la corrupción con ajustes legislativos como los que en esta ocasión presento.

Hasta hoy, la labor de la Auditoría Superior de la Federación ha entregado resultados a medias, pero es tiempo que cerremos la pinza y fortalezcamos la transparencia en los resultados de fiscalización y por ende, se obtenga información precisa y se dé un paso contundente a la mejora de la transparencia de la gestión gubernamental.

La impunidad, al día, sin los cambios que sugiero, sería la única que sobreviviría y con ella, se fomentarían los incentivos para seguir delinquiendo y los recursos públicos para su combate, además de ser finitos, no serían suficientes para seguir combatiendo al mal funcionario que en su mayoría, no sufre las consecuencias por conducta.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados reformar y adicionar las disposiciones planteadas Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es necesaria para poner un alto a la insaciable ambición de hacer del servicio público un modo de vida para muchos malos mexicanos.

II. Fundamento legal de la iniciativa

Con motivo de esta iniciativa se incidirá en Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

III. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona y reforma los artículos 5, incluido en el Capítulo Único, Disposiciones Generales, del Título Primero; 20, incluido en el Capítulo I, De la Fiscalización de la Cuenta Pública, 36, incluido en el Capítulo II, Del contenido del Informe General y su análisis, y 42, incluido en el Capítulo IV, De las Acciones y Recomendaciones derivadas de la Fiscalización, los anteriores del Título Segundo, De la Fiscalización de la Cuenta Pública de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

IV. Ordenamientos a modificar

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

V. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 5, incluido en el Capítulo Único, Disposiciones Generales, del Título Primero; 20, incluido en el Capítulo I, De la Fiscalización de la Cuenta Pública, 36, incluido en el Capítulo II, Del contenido del Informe General y su análisis, y 42, incluido en el Capítulo IV, De las Acciones y Recomendaciones derivadas de la Fiscalización, los anteriores del Título Segundo, De la Fiscalización de la Cuenta Pública de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 5.Tratándose de los informes a que se refieren las fracciones XX, XXI y XXIIdel artículo anterior, la información contenida en los mismos será publicada en la página de Internet de la Auditoría Superior de la Federación, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se revele información que forme parte de un proceso de investigación, en los términos previstos en la legislación aplicable.

Por las observaciones que sean aclaradas durante las revisiones se incluirá, en el cuerpo del informe, una síntesis de las justificaciones, explicaciones en el caso de reintegro de los recursos observados utilizados bajo incumplimiento de la normativa aplicable se precise la fuente de financiamiento que propició el resarcimiento y el impacto presupuestal en el ejercicio en que ejerce dicho reintegro y comprobación, y toda aquella información presentada por las entidades que previa valoración atendieron las observaciones iniciales y permitió rectificar los resultados de fiscalización y permitan a los legisladores su análisis y sean fuente para su labor legislativa.La información reservada se incluirá una vez que deje de serlo, para lo cual la Auditoría Superior de la Federación elaborará y hará público el procedimiento correspondiente.

Título SegundoDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Capítulo IDe la Fiscalización de la Cuenta Pública

Artículo 20. La Auditoría Superior de la Federación, de manera previa a la fecha de presentación de los Informes individuales, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 10 días hábiles de anticipación remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas, en las reuniones si la entidad fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un plazo de hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de 5 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración de los Informes individuales.

Una vez que la Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva de los Informes individuales.

Y deberá incluir en el cuerpo de los informes individuales, una síntesis de las justificaciones, explicaciones en el caso de reintegro de los recursos observados utilizados bajo incumplimiento de la normativa aplicable se precise la fuente de financiamiento que propició el resarcimiento y el impacto presupuestal en el ejercicio en que ejerce dicho reintegro y comprobación, y toda aquella información presentada por las entidades que previa valoración atendieron las observaciones iniciales y permitió rectificar los resultados de fiscalización y permitan a los legisladores su análisis y sean fuente para su labor legislativa.

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los informes individuales, una síntesis de las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades.

Capítulo IIDel contenido del Informe General y su análisis

Artículo 36.Los Informes Individuales de auditoríacontendrán como mínimo lo siguiente:

I.Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;

II.Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo;

III.El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas;

IV.Los resultados de la fiscalización efectuada;

V.Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos,y

VI.Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas que incluya una síntesis de las justificaciones, explicaciones, en el caso de reintegro de los recursos observados utilizados bajo incumplimiento de la normativa aplicable se precise la fuente de financiamiento que propició el resarcimiento y el impacto presupuestal en el ejercicio en que ejerce dicho reintegro y comprobación, y toda aquella información presentada por las entidades que previa valoración atendieron las observaciones iniciales y permitió rectificar los resultados de fiscalización y permitan a los legisladores su análisis y sean fuente para su labor legislativa.

Asimismo, considerará, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género.

Los informes individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán en la página de Internet de la Auditoría Superior de la Federación, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Capítulo IVDe las Acciones y Recomendaciones derivadas de la Fiscalización

Artículo 42.Antes de emitir sus recomendaciones, la Auditoría Superior de la Federación analizará con las entidades fiscalizadas las observaciones que dan motivo a las mismas. En las reuniones de resultados preliminares y finales las entidades fiscalizadas a través de sus representantes o enlaces suscribirán conjuntamente con el personal de las áreas auditoras correspondientes de la Auditoría Superior de la Federación, las Actas en las que consten los términos de las recomendaciones y los mecanismos para su atención, mismos que se incluirán en el cuerpo de los informes individuales como evidencia de rectificación de los resultados de fiscalización. Lo anterior, sin perjuicio de que la Auditoría Superior de la Federación este facultada para emitir recomendaciones en los casos en que no logre consensos con las entidades fiscalizadas.

La información, documentación o consideraciones aportadas por las entidades fiscalizadas para atender las recomendaciones en los plazos convenidos, deberán precisar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas. En caso contrario, deberán justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por los cuales no resulta factible su implementación.

La recurrencia de las recomendaciones facultará a la Auditoría Superior de la Federación a su análisis, determinar la posible recurrencia y emitir responsabilidades administrativas.

Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo que antecede, la Auditoría Superior de la Federación enviará a la Cámara un reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública en revisión, detallando la información a que se refiere n los párrafo s anterior.

VI. Artículos transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El procedimiento descrito en el párrafo segundo, del artículo 5 de esta Ley, será elaborado y publicado por la Auditoría Superior de la Federación a los 180 días posteriores a la publicación de este decreto.

Notas

1 Auditoría Superior de la Federación, disponible en

http://www.asf.gob.mx/Section/45_Acerca_de_la_ASF, consultada el 28 de agosto de 2017.

2 Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, disponible en

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/ integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=60, consultada el 28 de agosto de 2017.

3 Sistema ASF Datos, disponible en

http://www.asfdatos.gob.mx/, consultada el 28 de agosto de 2017.

4 Frase utilizada en los informes de fiscalización para la solventación de observaciones y acreditamiento de recursos, ejemplificada en el Informe Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Gobierno de Jalisco, Auditoría número 16-A-14000-02-1064, Cuenta Pública 2016, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_1064_a.pdf, consultada el 28 de agosto de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2017.— Diputadas: Rosa Alba Ramírez Nachis,Marbella Toledo Ibarra, María Victoria Mercado Sánchez (rúbricas).»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Su iniciativa se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2016

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 16. Está suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza establecimos como eje estratégico de nuestra agenda legislativa, promover un México más competitivo, pues estamos convencidos que con un sistema de pensiones justo y eficiente, podremos consolidar el desarrollo económico y asegurar un retiro digno para las y los trabajadores de México.

Los derechos de seguridad social constituyen un derecho humano, y en nuestro grupo parlamentario afirmamos que garantizar esos derechos a toda la población, es un asunto de justicia y racionalidad política. En tal sentido cabe destacar que con fecha 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en materia de desindexación del salario mínimo con la intención de desvincular al salario mínimo como unidad de medida o ajuste para diversos fines ajenos a su naturaleza.

Lo anterior ya que el salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas por la ley o como unidad de referencia en la economía, había minado por muchos años su naturaleza y propósito como un derecho humano de carácter social.

En Nueva Alianza reconocemos el salario mínimo como un derecho social al que deben acceder todos los trabajadores de México, ya que representa la contraprestación mínima que se otorga a todo trabajador.

Sin embargo, cabe reconocer que desde hace años el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada de una familia, ya no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de alimentación, vivienda y educación.

Bajo dicho contexto, es que se vio la necesidad de llevar a cabo la reforma constitucional a través de la cual se libera al salario mínimo como unidad de medida, teniendo como consecuencia la expedición de Unidad de Medida y Actualización, mejor conocida como UMA.

No obstante, que el objeto primordial de la reforma es preservar y fortalecer la naturaleza del salario mínimo, el articulado transitorio de la reforma ha causado confusión impactando conceptos que guardan la misma naturaleza, sin duda alguna es el caso de las pensiones, las cuales se pretende sean actualizadas a través de la UMA, lo cual debilita el ingreso de los pensionados, dicha interpretación errónea del artículo tercero transitorio de la multicitada reforma.

Lo anterior, obliga a que Nueva Alianza, como representante de los ciudadanos, resolvamos ese error de interpretación que afecta hoy por hoy a nuestros pensionados en todo el país.

La relación recíproca que existe entre el cálculo de las pensiones y el salario de los trabajadores es innegable, por lo que es fundamental invocar el espíritu del legislador plasmado en la expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada con fecha 30 de diciembre de 2016, y que versa de la siguiente materia, de la siguiente forma en materia de pensiones:

La UMA fue creada para dejar de utilizar el salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados al mismo.

Lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización. En este contexto resulta importante destacar que las autoridades están incurriendo en un problema de interpretación al desvincular al salario mínimo del cálculo de las pensiones.

Por lo anterior, la iniciativa que hoy presento a nombre de mi grupo parlamentario propone que, en armonía con la reforma constitucional en materia de desindexación y respetando la naturaleza del salario mínimo, se exceptúe la desvinculación del mismo en el cálculo de las pensiones.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza los derechos de las y los trabajadores del Estado son fundamentales, pero más importante aún son los derechos de todos los trabajadores de México y sus pensiones, por lo que seguiremos legislando en beneficio de las familias mexicanas. Para Nueva Alianza, y en Nueva Alianza, estamos contigo en tu retiro. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quienes suscriben, diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero de 2016, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Con fecha 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con la intención de desvincular al salario mínimo como unidad de medida o ajuste para diversos fines ajenos a su naturaleza, el cual tuvo el siguiente proceso legislativo:

1. Iniciativas consideradas:

a) Iniciativa suscrita por coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRD, de MC y del PT el 11 de septiembre de 2014. (LXII Legislatura)

b) Iniciativa suscrita por el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) el 11 de noviembre de 2014. (LXII Legislatura)

c) Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal el 05 de diciembre de 2014. (LXII Legislatura)

2. Declaratoria de Publicidad emitida el 09 de diciembre de 2014. (LXII Legislatura)

3. Dictamen a discusión del 10 de diciembre de 2014. Proyecto de decreto aprobado por 373 votos a favor y 3 en contra. Pasó a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura)

4. Minuta recibida en Cámara de Senadores el 11 de diciembre de 2014. (LXII Legislatura)

5. Dictamen de Primera Lectura del 14 de diciembre de 2014. (LXII Legislatura)

6. Dictamen a discusión del 22 de octubre de 2015. Proyecto de decreto aprobado por 90 votos en pro. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXIII Legislatura)

7. Minuta recibida en Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2015.

8. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados, el 19 de noviembre de 2015. Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular por 417 a favor.

9. Pasa a la las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

10. Declaratoria de aprobación por las Legislaturas de los estados en sesión de la Comisión Permanente del 07 de enero de 2016.

11. Se Remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

12. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

En tal sentido el Congreso de la Unión a través de las Comisiones de Puntos Constitucionales en las respectivas cámaras, llevaron a cabo el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, del que esencialmente podemos sustraer los siguientes argumentos:

(...)

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social.

(...)

Por razones derivadas del uso del salario mínimo como medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza social.

(...)

El salario mínimo es un derecho humano social de todos los trabajadores y al cual debemos prestar especial atención. Su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de alimentación, vivienda y educación.

Los argumentos anteriores son fundamentales para dejar claro el concepto de salario mínimo, su naturaleza y al mismo tiempo su reconocimiento como Derecho Humano, al respecto el propio artículo 123 de nuestra carta magna refiere que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”. Bajo dicho contexto, continua esgrimiendo el dictamen de referencia, las consecuencias de utilizar por años al salario mínimo como referente económico de actualización, al respecto cito:

 (...)

De 1987 a la fecha, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) registró un incremento acumulado de 4,773º/o, mientras que el salario mínimo creció en un 940°/o, lo que significa que los alimentos han aumentado en una proporción de 4 a 1, en comparación con el incremento a los salarios mínimos.

(...)

La precariedad de nuestros salarios, queda de manifiesto con el último incremento a los salarios mínimos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, mismo que apenas alcanzó un 3.9 por ciento, lo que impactó negativamente, no sólo a los casi 7 millones de mexicanos que lo percibe, sino porque se traduce en la línea de referencia, a partir de la cual se definen todos los demás salarios, incluidos los contractuales.

(...) El salario de las familias mexicanas pasó de alcanzar para sobrevivir, a alcanzar sólo para endeudarse mes a mes. El salario mínimo actual no alcanza ni siquiera para adquirir los alimentos.

(...)

Ante esta evidente situación aparecen argumentos en contra del aumento salarial, el más conocido es que generaría inflación, sin embargo, en los años 2001 y 2005 el aumento al salario mínimo fue mayor que el aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y no constituyó una causa de inflación.

Otra argumentación es que aumentaría la economía informal, pero en la actualidad sin el aumento salarial correspondiente la economía informal ha crecido hasta constituir el 60°/o de la población ocupada.

(...)

Bajo dicho contexto, es que se vio la necesidad de llevar a cabo la reforma constitucional a través de la cual se libera al salario mínimo como unidad de medida, teniendo como consecuencia la expedición de la ley reglamentaria con fecha 30 de diciembre de 2016, denominada Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo objeto consiste en establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización.

No obstante, que el objeto primordial de la reforma es preservar y fortalecer la naturaleza del salario mínimo, el articulado transitorio de la reforma ha causado confusión impactando a conceptos que guardan la misma naturaleza tal es el caso de las pensiones, las cuales se pretende sean actualizadas a través de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que sin duda debilita el ingreso de los pensionados, dicha interpretación errónea deriva del artículo tercer transitorio de la multicitada reforma que a la letra de la ley establece:

Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

Lo anterior, obliga a que Nueva Alianza como representantes ciudadanos resolvamos a través de ley la laguna jurídica que afecta hoy por hoy a nuestros pensionados.

Argumentación

A partir del 1 de julio de 1997 los trabajadores del sector privado afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ingresaron a un nuevo sistema o régimen de pensiones, conocido como de Contribución Definida. La principal característica de este régimen es que el trabajador cuando se jubile recibirá su pensión con base en el saldo acumulado en su cuenta individual, es decir, el ahorro que haya acumulado durante toda su vida productiva.

Anteriormente, la administración pública federal era la encargada de garantizar las pensiones de los trabajadores en el país. Los antecedentes históricos del actual Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se remontan a 1943, en dicho año se instituyó un régimen de Beneficio Definido para el pago de las pensiones, es decir, las aportaciones de los trabajadores activos de la época financiaban el pago de pensiones de la población jubilada. Cabe destacar que en 1943 existían 26 trabajadores en activo por pensionado, mientras que en la actualidad existen solo 5 trabajadores por pensionado.

Lo anterior, exhibía una grave falla en el régimen de pensiones de Beneficio Definido, ya que los cambios demográficos en las siguientes décadas hacía insostenible financieramente este régimen, cada vez habría menor proporción de trabajadores que financiarán las pensiones en comparación con el aumento en la cantidad y proporción de los jubilados. Por tal motivo, se realizaron diversas reformas al sistema de pensiones en las décadas siguientes. Al respecto, en 1973 se reformó la Ley del Seguro Social, incorporando una nueva forma de calcular la pensión del trabajador, para tal estimación se utilizó el salario promedio de los últimos 5 años y el número de semanas cotizadas en el IMSS.

El sistema siguió exhibiendo retos sobre las finanzas públicas del país. Lo anterior, derivó en una nueva reforma, la cual creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, y se estableció un complemento a la forma de establecer las pensiones otorgadas por el IMSS, el cual consistía en que de las aportaciones realizadas, el 2% del Salario Base de Cotización se acumulará en una cuenta bancaria de ahorro para el trabajador y éstas serían administradas por instituciones bancarias acreditadas.

Como se mencionó anteriormente, el actual sistema de pensiones de Contribución Definida se estableció con la Reforma de 1997, año en que se crearon las cuentas individuales para los trabajadores afiliados al IMSS. En estas cuentas individuales se destina el 6.5% del salario base de los trabajadores y son administradas por instituciones especializadas denominadas AFORES, las cuales invierten estos recursos en fondos especializados para acrecentar los ahorros de los trabajadores (SIEFORES). A este nuevo régimen de pensiones se integraron 10 años después, en 2007, los trabajadores al servicio del Estado, lo anterior derivado de reformas a la Ley del ISSSTE, realizada en el mismo año.

Estos cambios significaron una enorme disminución en la carga actuarial de las finanzas públicas del país, además ayudaron a profundizar el desarrollo del mercado financiero de deuda, entre otros beneficios que ha señalado recientemente la OCDE:

El nuevo sistema de contribución definida (CD) de cuentas individuales, introducido en 1997 para los trabajadores del sector privado y en 2007 para los trabajadores del sector público, ha sido un éxito en cuanto a que ha aumentado la capacidad de la economía mexicana para financiar las pensiones

A finales de 2014, el sistema tenía activos que respaldaban los beneficios pensionarios equivalentes a 14.1% del PIB, lo que coloca a México en el rango medio de la OCDE después de solo 17 años de existencia del sistema. Además, los fondos de pensiones privadas (AFORE), que administran los ahorros de los trabajadores que financiarán sus pensiones, han logrado un rendimiento promedio anual de 12.5% nominal o 6.2% en términos reales desde su introducción.

Sin embargo, el actual sistema de pensiones de cuentas individuales no se encuentra libre de retos o problemas. En este sentido, en el estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones: México 2015 ha señalado diversas limitantes a las cuales se enfrenta nuestro Sistema de Ahorro para el Retiro; entre otras, que las contribuciones al sistema son demasiado bajas para garantizar beneficios pensionarios de más de 50% del salario final.

Asimismo, en las conclusiones del estudio mencionado anteriormente, la OCDE señala una serie de recomendaciones para mejorar y aumentar las pensiones de los trabajadores con cuentas individuales, entre las que destacan: elevar la edad efectiva de jubilación e incrementar el periodo de contribución.

Lo anterior deja en evidencia, que el universo de personas que cotizan a efecto de integrar una cuenta individual guarda directa proporción con la población económicamente activa, y siendo más precisos, con la población que se encuentra empleada, recibiendo un salario remunerado y que no se encuentran bajo un régimen fiscal de honorarios. Cabe destacar en este punto lo que la ley entiende por trabajo digno, salario y salario mínimo antes de continuar con el estudio de las pensiones y su relación intrínseca con los salarios de los trabajadores, al respecto la Ley Federal del Trabajo establece:

Artículo 2o. (...)

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. (...)

Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.

Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

Resulta evidente que el salario es la retribución que obtiene el trabajador a cambio de su labor física o mental en el desempeño de su trabajo, por parte del patrón, luego entonces, que implica una pensión. La Seguridad Social es un tema de suma importancia para el Pueblo de México, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud de calidad, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Para Nueva Alianza los derechos de seguridad social constituyen un derecho humano fundamental, como lo ha decretado la Organización Internacional del Trabajo. Garantizar esos derechos a toda la población es un asunto de justicia y racionalidad política. En tal sentido, se debe destacar el derecho a una pensión que “en tanto la doctrina jurídica considera al régimen de pensiones como una prestación laboral más, la orientación moderna lo califica como un derecho ya adquirido por los trabajadores, compensatorio del esfuerzo laboral realizado por un determinado número de años o debido a una incapacidad total y permanente para el trabajo, resultado de un riesgo profesional o de circunstancias similares sobrevenidas en el desempeño del empleo”.

La Ley del Seguro Social establece en su artículo 5A fracción XIV lo que se debe entender por pensionado:

Pensionados o pensionado: el asegurado que por resolución del Instituto tiene otorgada pensión por: incapacidad permanente total; incapacidad permanente parcial superior al cincuenta por ciento o en su caso incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y el cincuenta por ciento; invalidez; cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del Instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de ascendencia;

Por su parte, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 5o. establece:

• Pensión o jubilación, la renta o retiro programado;

• Pensionado, toda persona a la que esta Ley le reconozca tal carácter;

• Pensión garantizada, aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto mensual será la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor;

En este punto resulta evidente el carácter legal que tienen las pensiones y su relación con los trabajadores, no obstante, para reforzar el dicho, invocaremos el siguiente criterio de la corte para definir la naturaleza jurídica de las pensiones:

Pensiones por jubilación y vejez. Naturaleza jurídica de las. La pensión jubilatoria por años de servicio es de naturaleza jurídica diversa y se genera por hechos distintos aunque coexistentes respecto a la pensión por vejez, puesto que la naturaleza de la primera es contractual dado que deriva del cumplimiento del régimen de jubilaciones y pensiones que forma parte del respectivo contrato colectivo de trabajo y su otorgamiento se da concretamente por los años de servicio prestados al patrón, en el caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en cambio, la pensión por vejez es de naturaleza legal, prevista en los artículos 137 y 138 y demás relativos de la Ley del Seguro Social y el derecho a que se otorgue tiene su origen en hechos diversos a los exigidos para la jubilación, porque según señalan dichos preceptos los requisitos necesarios para ello son haber cumplido sesenta y cinco años de edad y tener quinientas semanas de cotización.

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito.

Resulta elocuente el criterio establecido, principalmente al esgrimir que las pensiones forman parte del contrato colectivo de trabajo y su otorgamiento se da concretamente por los años de servicios prestados por el patrón con base al salario base de cotización. En tal sentido, las pensiones se deben calcular con base en el sueldo básico del trabajador durante su último año de servicios. Por tanto, dicho sueldo se debe interpretar de manera amplia, tal y como lo establece la ley al manifestar que se entiende por salario base de cotización, que es el monto utilizado para determinar las prestaciones de seguridad social contempladas en la Ley del ISSSTE y las obligaciones de pago de cuotas y aportaciones de los trabajadores. De acuerdo con la Ley, es el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. El salario básico de cotización no puede ser menor a un salario mínimo del DF y no puede exceder de 10 salarios mínimos (Art. 17 LISSSTE).

Toda la argumentación anterior, ha servido para dejar en claro la relación reciproca que existe entre el cálculo de las pensiones y el salario de los trabajadores, y en el caso particular el salario mínimo establecido por ley, no obstante lo anterior, es fundamental invocar el espíritu del legislador plasmado en la expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada con fecha 30 de diciembre de 2016, y que versa de la siguiente manera en materia de pensiones:

(...)

En virtud de lo anterior, la UMA fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados a éste, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

En este sentido, al prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la utilización del salario mínimo como Índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, resulta necesario contar con una unidad de indexación que lo sustituya en dicha función.

Lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como Índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización (artículo 28 de la Ley del Seguro Social, por ejemplo).

(...)

En este contexto, resulta importante destacar que las autoridades están incurriendo en un problema de interpretación, al desvincular al salario mínimo del cálculo de las pensiones, derivado de lo establecido en el artículo Tercero Transitorio, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero de 2016.

Lo anterior, debido a que el citado artículo establece que “ A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”.Sin embargo, se es omiso de la intención del legislador y se violenta lo establecido en la reforma constitucional al establecer en el artículo 123 apartado A fracción VI: “Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza”. Pues el cálculo de una pensión no es ajeno a su naturaleza jurídica y mucho menos a la relación laboral, por lo anterior se propone la siguiente modificación.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza los derechos de los trabajadores del estado son fundamentales, pero más importante aún son los derechos de todos los trabajadores de México, por lo que seguiremos legislado en beneficio de los ciudadanos y de las familias.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o. numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero de 2016:

Único: Se adiciona un segundo párrafo al artículo Tercero Transitorio, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de enero de 2016, para quedar como sigue:

Tercero. (...)

En armonía con la reforma establecida en la fracción VI, apartado A, del Artículo 123 de este ordenamiento, y respetando la naturaleza del salario mínimo, se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo que antecede al cálculo de las pensiones.

Artículo Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Para mayor detalle refiérase a: http://www.consar.gob.mx/principal/pdf/ciclo_vida_afore.pdf

2 Barajas Montes de Oca, Santiago. Derechos del Pensionado y del Jubilado.Cámara de Diputados- UNAM- México. 2000. Pp.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de septiembre del 2017.— Diputados: Luis Alfredo Valles Mendoza,Mirna Isabel Saldívar Paz, Luis Manuel Hernández León, María Eugenia Ocampo Bedolla, Carlos Gutiérrez García, Karina Sánchez Ruiz, Ángel García Yáñez, Jesús Rafael Méndez Salas, Francisco Javier Pinto Torres, Melissa Torres Sandoval, Carmen Victoria Campa Almaral, Angélica Reyes Ávila (rúbricas).»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado y coordinador del Partido Nueva Alianza, don Luis Alfredo Valles Mendoza. Su iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Muchas gracias, señor presidente. Es una iniciativa sencilla, que tiene el objetivo de agregar un párrafo al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Y esta iniciativa viene a solicitud del auditor superior de la Federación, que de alguna otra forma le ayudemos para ir reglamentando las acciones del sector público para lograr una mayor transparencia en la asignación de contratos de arrendamientos y de servicios.

Y esto es importante porque en muchos de los contratos que se hacen en el sector público, como la ley no los obliga a que traiga sanciones, no se establece por ningún reglamento, nos pedía que en el artículo primero estableciéramos una fracción donde obligáramos a todos los contratos que hiciera el sector oficial con particulares, que estableciera sanciones por incumplimiento de dichos servicios.

Y este artículo primero es lo que trae, establece un párrafo en el cual obliga a todos aquellos contratos que haga el sector oficial con particulares, que se establezcan sanciones para todos aquellos servicios que se prestan al gobierno, que no cumplan con los requisitos ni con el servicio por el cual fueron contratados.

También era importante establecer en la Ley de Adquisiciones, la obligación que tiene todo servidor público de publicar en el sistema Compranet, todos los contratos de arrendamiento, servicios, de honorarios, todos los contratos que establezca con personas particulares en este sistema, para que todos los ciudadanos podamos acceder a él y poder ver, verificar que lo que se está contratando es lo que se está ejerciendo.

Entonces este objetivo que tiene esta reforma es para darle mayor claridad, mayor transparencia, que todos los servicios que se contrata el Estado, que contratan los funcionarios, haya una mayor transparencia y que el ciudadano pueda decir, verificar que las cosas que se están haciendo son las correctas, y sobre todo que aquellos ciudadanos que prestan servicios al Estado y no cumplen, que paguen sanciones por ello y que no se les vuelva a contratar. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La falta de conocimiento ciudadano respecto a lo que hace su gobierno genera desconfianza y, con ello, el debilitamiento de nuestras instituciones democráticas.

Por lo que una sociedad informada incrementara siempre los niveles de exigencia, y eso se traducirá en un fuerte impulso para que los gobernantes generen políticas públicas responsables,  ejerciendo siempre su actuar dentro del marco normativo.

Es por lo anterior, que el compartir información no hace a las entidades públicas más vulnerables; por el contrario, les da fortaleza,  legitimidad y mayor cercanía con la ciudadanía.

En consideración a lo anterior, es que la auditoría superior de la Federación, impulsa a través de sus análisis técnicos, que exista una mayor vigilancia de la legalidad, eficacia y eficiencia en las acciones públicas, de todos y cada uno de los funcionarios públicos.

La Auditoría Superior a través de sus revisiones, tiene una visión privilegiada del uso y destino de recursos de los entes fiscalizables, y está en la posibilidad de hacer recomendaciones para la adecuación de diversos cuerpos normativos.

Observaciones contenidas en su informe General de Cuenta Pública 2015, entregado en la H. Cámara de Diputados en febrero de 2017.

Ejemplos de las recomendaciones que la auditoria realiza son:

Hemos observado que lo más destacado a modificar dentro de la Ley de Asociaciones Público Privadas sería:

• Precisar que, en el caso de la contratación de bienes o servicios entre entidades de la administración pública, el titular de la entidad contratante tiene la atribución indelegable de suscribir los contratos correspondientes, así como de verificar que la entidad contratada cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.

• Incluir la obligación de registrar en el sistema CompraNet los contratos que celebren las entidades.

• Establecer que en los casos de excepción de la aplicación de esta ley, la dependencia o entidad que realice contrataciones públicas, deberá pactar condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor, derivadas del incumplimiento del contrato.

Además de lo anterior en el informe mencionado, que integra un total de 1,643 informes individuales, correspondientes a 992 auditorías financieras con enfoque de desempeño, 527 auditorías financieras y de cumplimiento, 149 auditorías de desempeño, 138 auditorías de inversiones físicas, 23 estudios y evaluaciones de políticas públicas y 14 auditorías forenses.

Derivado de lo anterior es que la presente iniciativa, recoge la  propuesta normativa hecha por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), a diversos cuerpos normativos.

Como es el caso de adicionar un párrafo al artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Esta iniciativa, propone la obligatoriedad para que en los contratos públicos se pacten condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor, por incumplimiento del contrato.

Por otra parte, se establece la obligatoriedad, para que dichos contratos se hagan públicos a través del sistema electrónico de información pública  sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios (CompraNet).

Es en consideración a lo anterior  que la presente iniciativa, propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En virtud  de que en dicha Ley, no se establece disposición alguna, para obligar a las dependencias públicas a establecer penas convencionales en los contratos que realicen, ni la obligación de publicar dichos contratos en el sistema electrónico CompraNet.

Es decir, se presenta una oportunidad de perfeccionar el proceso de contratación, a través del control y la transparencia en las contrataciones públicas.

Es por ello, que resulta necesario  adicionar en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que: En los casos de excepción de la aplicación de esta ley, la dependencia o entidad que realice contrataciones públicas, deberán pactar condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor, derivadas del incumplimiento del contrato, así como deberá existir la obligación de registrar en el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (CompraNet), la totalidad de los contratos que se realicen.

Con lo anterior tendría como efecto y beneficio el transparentar las contrataciones realizadas al amparo del propio artículo 1o. de la mencionada Ley, así como dar cumplimiento a lo establecido en art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La cual en su parte relativa establece que:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicará o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.”

A fin de apreciar de manera más analítica la propuesta, y en virtud de que existe una falta de control y transparencia durante el proceso de contratación, se presenta el siguiente cuadro comparativo, con el objetivo de que sea mejor apreciada la propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y a fin de regular y trasparentar el proceso de contratación, es que se presenta iniciativa con Proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

I. a VI...

...

...

...

...

En los casos de excepción de la aplicación de esta ley, la dependencia o entidad que realice contrataciones públicas, deberá pactar condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor, derivadas del incumplimiento del contrato, así como deberá existir la obligación de registrar en el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, la totalidad de los contratos que se realicen.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Informe General Cuenta Pública 2015, disponible en;

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/ InformeGeneral/ig2015.pdf,

2 Ibíd. P. 138

3 Ibíd.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputado: José Alfredo Ferreiro Velazco(rúbrica).»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchísimas gracias, diputado Ferreiro. Su iniciativa se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acto seguido, escucharemos hasta por cinco minutos al diputado don Manuel de Jesús Espino Barrientos, diputado independiente, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos: Con permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. El propósito de esta iniciativa es la reforma al artículo 82 constitucional, en algunos de los requisitos para poder ser candidato a la Presidencia de la República.

En la historiografía de nuestra nación, el repaso de la misma nos acredita que el sistema político mexicano en el que hemos venido operando como Estado, como nación, el sistema político fundado por el presidente Plutarco Elías Calles, se ha mantenido en gran medida vigente hasta nuestros días.

Ese viejo sistema político, al que hemos hecho referencia muchas veces en esta tribuna, tiene desde su origen dos elementos, dos componentes fundamentales: la figura del presidente de México y la figura de un partido político que le ayuda al presidente durante su mandato a operar la política en este país, particularmente la política electoral.

Es también el sistema político mexicano un régimen que tiene desde su diseño reglas no escritas, que muchas veces son más importantes y más respetadas que la propia legislación formal y, en ese sentido, se han establecido tradiciones, usos y costumbres, que son parte fundamental, vertebral de este sistema político. Una de ellas es que el candidato presidencial, aunque no esté legislado así en ninguna parte, siempre sale del gabinete presidencial.

Así ha sido desde que fue candidato a la presidencia de la República, en tiempos del presidente Pascual Ortiz Rubio, quien fuera secretario de Guerra y de Marina, Abelardo L. Rodríguez. De ahí en adelante, todos los candidatos presidenciales salieron del gabinete en turno.

Esto trajo como consecuencia que el gabinete se convirtiera en los hechos en un crisol, donde se prefigura, donde se prepara la candidatura del próximo presidente de México. Eso trajo como consecuencia la práctica que el presidente de la República en turno decidía de entre su gabinete quién sería el candidato presidencial.

Eso trajo como consecuencia también, que en el gabinete en turno lo más importante no era el cumplimiento de las funciones propias del despacho del secretario de Estado, sino la cercanía, la confianza política del presidente y también trajo como consecuencia que esta realidad, no legislada, pero muy respetada en el sistema político mexicano, hiciera que los secretarios de Estado que se sentían presidenciables desde el inicio del sexenio entraban en una competencia que derivaba muchas veces en disputa, como lo hemos visto recientemente. Pero también eso trajo otra consecuencia, la de que los secretarios de Estado cuando aspiran a ser candidato presidencial llega un momento en que se ocupan más de hacer méritos para ser candidato que cumplir con las funciones de su despacho.

Y en las recientes reformas legislativas para definir los requisitos a cubrir para ocupar cargos de alto nivel en el Estado mexicano, se han hecho algunas muy importantes como, por ejemplo, para ser comisionado Federal de Competencia Económica, para ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ser presidente del Instituto Nacional Electoral se ha establecido como requisito que quien lo vaya a ser, quien se postule para ello no haya sido secretario de Estado, en los casos, al menos el último año, en otros al menos tres años.

En el caso para ser ministro de la Corte se requiere haber dejado de ser miembro del gabinete por lo menos cuatro años antes, pero para ser candidato presidencial solamente bastan seis meses, seis meses previos al día de la elección para no ser miembro del gabinete, y aplica también para el caso de los militares. Esto es parte de la causa que genera controversias, porque hay secretarios de Estado que ya hoy están más ocupados en buscar la candidatura presidencial que en cumplir con las funciones de su despacho, pero insisto, así ha sido desde 1932.

Esta es una regla no escrita, que quisiéramos que en la regla escrita, en la ley, en la Constitución quede establecido que para ser candidato presidencial haya dejado de pertenecer al gabinete presidencial por lo menos tres años antes y con eso generar mayores condiciones de equidad en la competencia electoral. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos

El suscrito, diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:

Exposición de motivos

La historiografía de nuestra nación confirma que el todavía vigente sistema político méxicano fue concebido por el presidente Plutarco Elías Calles para transitar del movimiento revolucionario y violento hacia una etapa que abriera cauce a dos vertientes. Una de reorganización administrativa y desarrollo institucional del Estado, y otra de control político del país.

Para la primera contó con el apoyo eficaz del licenciado Manuel Gómez Morin, colaborador de su gobierno y, a la postre, fundador del Partido Acción Nacional (PAN). Para la segunda se bastó él mismo y diseñó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), hoy Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo que puso en marcha apenas dejó la Presidencia y que en lo sucesivo sería un componente estratégico para el funcionamiento del sistema, bajo la modalidad de “partido de Estado” al servicio del régimen, antes que de la nación.

El PNR nació con la triple función instrumental de poner fin a las disputas de los caudillos al final de la Revolución, afianzar a la llamada “familia revolucionaria” en el poder y asegurar su permanencia al paso del tiempo. Así nació el sistema político mexicano que prevalece, esencialmente sin cambios.

En su confección original, el sistema es centralista en torno de la figura presidencial. El presidente de México es el componente fundamental del régimen y el partido su principal operador político. Para hacer valer esa relación simbiótica, en la práctica, existen reglas que no están legisladas en ninguna parte. Se trata de normas no escritas que, a modo de valores entendidos, se aplican con mayor rigor que la misma ley, para asegurar que la sucesión presidencial permita la continuidad en el poder del mismo grupo político, la estabilidad del régimen, el control del gobierno y la fortaleza del partido. Éste, a su vez, está sujeto a una disciplina de obediencia al presidente mientras permanezca en el cargo.

Para Alan Riding, 1 y suscribo su dicho, la estabilidad política de México ha descansado sobre el mito de la omnipotencia del presidente, así, durante su sexenio, no sólo domina al Estado, sino también la vida pública de la nación. Este autoritarismo presidencial estuvo cubierto por un velo de democracia, en donde los mexicanos ya sabían que era el propio presidente quien elegía a su sucesor.

Bajo esa suerte de normativa, desde la nominación del primer candidato del PNR a la Presidencia de la República ––Pascual Ortiz Rubio, en 1930–– todos los candidatos presidenciales fueron definidos, aun con métodos de apariencia democrática, por el mandatario en turno. A partir de entonces, todos los candidatos designados por éste saldrían exclusivamente del gabinete presidencial en funciones, sin excepción. El primero, Abelardo L. Rodríguez, en 1932, quien fuera secretario de Guerra y Marina en el gobierno de Ortiz Rubio; el último, Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1994.

Por esta práctica, el ámbito por excelencia donde se prefiguró el relevo en el mando del país fue el gabinete presidencial, integrado a la jurisdicción legal y política del jefe del Ejecutivo. En esa élite oficial se incubaba al “bueno” para ocupar la silla presidencial el siguiente sexenio. Este método resultó eficaz para evitar o disminuir pugnas al interior del sistema y del partido encargado de formalizar la designación hecha por el presidente.

Ello trajo como consecuencia que, cada inicio de gobierno, al momento que el presidente anunciaba la integración de su gabinete, los secretarios de Estado se asumían presidenciables y desde ese momento comenzaba la carrera por la siguiente candidatura. El gabinete fue, de facto, el crisol de la sucesión, y fuera de ese círculo inmediato al titular del Ejecutivo, nadie osaba siquiera suponer que podría ser elegible para relevarlo.

Estos “usos y costumbres” orillaron a que el poder de los secretarios de Estado se midiera más por la cercanía y confianza con el jefe del gobierno, que por la eficacia en la atención de los asuntos asignados a su despacho. No importaba si desempeñaba satisfactoriamente las funciones de su encomienda, sino colocarse a la delantera en el afecto político del presidente. Por ello los movimientos en el gabinete tienen significado en función de la sucesión, son la forma de descartar a unos y potenciar a otros.

Esta forma de resolver el relevo en el Ejecutivo federal no tuvo mayores cambios tras la alternancia del año 2000 y evidentemente se ha restablecido a plenitud en el sexenio que transcurre. En razón de ese juego sucesorio no democrático y al margen de la ley, cada secretario-aspirante, salvo casos mínimos de excepción, ha usado y abusado de los recursos públicos asignados a su despacho para lograr el mejor posicionamiento posible entre el electorado, más que para alcanzar los mejores resultados para el país en su área. Aunado a ello, se ha abusado también de la permisividad constitucional en dos de los requisitos para ser presidente. Específicamente las fracciones V y VI del artículo 82 que, respectivamente, establecen “No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección” y “No ser secretario o subsecretario de Estado... a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección”.

Estas medidas contempladas en la Constitución resultan insuficientes para la época actual, ya que los beneficios que brinda el ostentar un cargo público de alto nivel, entre otros, son el acceso a medios masivos de comunicación, el dispendio de recursos económicos, realización de viajes estratégicos, la exposición permanente de la imagen pública y,  por supuesto, poder político, entre otros.

De lo anterior se desprende que los programas sociales del gobierno federal, así como de las entidades federativas se convierten en ocasión para ganar ventaja hacia la sucesión presidencial, y se reparten y difunden con mayor incidencia en época electoral. Se utilizan, invariablemente, como vehículos para transitar en la anticipada y encubierta campaña política, financiada con recursos públicos. Asimismo, se genera descuido hacia las necesidades y demandas de la población e inequidad en la competencia electoral.

Debemos recordar que el espíritu de las últimas reformas electorales ha sido lograr equidad en la contienda, principio que se ve vulnerado con la actual redacción de la fracción mencionada, ya que permite que los funcionarios públicos dispongan de todos los recursos disponibles para su encargo por más de cinco años, dejando en franca desventaja a cualquier competidor posible.

Los alcances de las fracciones V y VI del artículo 82 constitucional están enfocados a limitar las operaciones que, por naturaleza del cargo público de secretario o subsecretario de Estado, pueden aprovechar en su favor de manera personal o de su instituto político, sin embargo en la práctica se percibe como un acto permisivo para abandonar sus funciones y compromisos con la agenda pública, cuando este acto es por sí mismo una falta de cumplimiento de las obligaciones propias del encargo.

Llama la atención que nuestra Carta Magna también establece restricciones mayores para que los altos funcionarios ocupen otros cargos de menor envergadura a la Presidencia. Por ejemplo, con la reforma del 10 de febrero del 2016 al artículo 28, se estableció que para ser nombrado comisionado e integrante de los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluido al comisionado presidente, se requiere “no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la república, senador, diputado federal o local, gobernador de algún estado o jefe de gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo a su nombramiento”.

Otro ejemplo lo encontramos en la fracción VI del artículo 95, que establece que para ser nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita: “No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la república, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento”.

La misma Constitución delega a las leyes secundarias los requisitos de elegibilidad para ser nombrado titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada el 27 de enero del 2017, establece en su artículo 38, inciso i), que uno de los requisitos que deben reunir los consejeros electorales es no ser secretario de Estado, ni fiscal general de la república o procurador de justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o estatal, jefe de gobierno del Distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento.

Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece, en la fracción V del artículo 9, que el presidente de la Comisión no deberá desempeñar ni haber desempeñado cargo de secretario o subsecretario de Estado, procurador general de la república, gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección.

Como se puede observar, las recientes reformas a la Constitución han ido encaminadas a garantizar que los servidores públicos atiendan integralmente las responsabilidades de sus encargos, evitando que éstos se distraigan de su labor por una válida aspiración personal o preparando el camino para contender por una responsabilidad mayor.

Con base en la argumentación anterior, se propone ampliar el plazo en que deben dejar el cargo los funcionarios de alto nivel, referidos en las fracciones V y  VI del artículo 82 constitucional, respondiendo a las exigencias de los ciudadanos, para garantizar que quienes ejercen una responsabilidad al frente de una secretaría o subsecretaría de Estado o que estén al frente de una entidad federativa, cumplan cabalmente con su función, además de asegurar el buen uso de los recursos públicos y la equidad en las contiendas electorales. La propuesta consiste en ampliar el plazo de seis meses a dos años, asegurando con ello que al menos a partir de ese momento no sea utilizada la infraestructura del poder federal para fines particulares de carácter electoral, en detrimento de los buenos resultados que la sociedad demanda y merece de sus servidores públicos.

Derivado de lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforman las fracciones V y VI al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 82. ...

I. a la IV. ...

V.  No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, dos años antes del día de la elección.

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la república, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto dos años antes del día de la elección; y

VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Riding, Alan. Vecinos Distantes. 1985, 2001, Editorial Planeta, México. Pág. 85 y 87.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Diputado y diputadas: Manuel de Jesús Espino Barrientos,Marbella Toledo Ibarra, María Victoria Mercado Sánchez, Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbricas).»

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Espino. Muchas gracias, diputado Espino. Se turna la iniciativa del diputado Espino a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Hoy se surtió la Comisión de Puntos Constitucionales.

Bien, continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín cause baja como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes cause baja como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes cause baja como secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada Martha Hilda González Calderón cause baja como secretaria de la Comisión de Competitividad.

• Que la diputada Martha Hilda González Calderón cause baja como secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Martha Hilda González Calderón cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Arturo Santana Alfaro cause baja como secretario de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Arturo Santana Alfaro cause baja como secretario de la Comisión de Transporte.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Wenceslao Martínez Santos cause baja como presidente de la Comisión Especial de la industria vinícola y berries.

• Que el diputad José Antonio Salas Valencia cause alta como presidente en la Comisión Especial de la industria vinícola y berries.

• Que el diputado Carlos de la Fuente Flores cause baja como secretario de la Comisión Especial de zonas económicas especiales.

• Que el diputado José Antonio Salas Valencia cause alta como secretario en la Comisión Especial de zonas económicas especiales.

• Que la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez cause baja como presidenta de la Comisión Especial de apoyo a comerciantes en pequeño y microempresarios para fomentar la economía familiar.

• Que el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez cause alta como presidente de la Comisión Especial de apoyo a comerciantes en pequeño y microempresarios para fomentar la economía familiar.

• Que la diputada Leticia Amparano Gámez cause baja como presidenta de la Comisión Especial de salud mental y drogas.

• Que la diputada María García Pérez cause alta como presidenta en la Comisión Especial de salud mental y drogas.

• Que el diputado César Augusto Rendón García cause baja como presidente de la Comisión Especial para el seguimiento a los órganos reguladores del sector energético.

• Que la diputada Nelly Márquez Zapata cause alta presidenta en la Comisión Especial para el seguimiento a los órganos reguladores del sector energético.

• Que el diputado Javier Antonio Neblina Vega cause baja como presidente de la Comisión Especial de energías renovables.

• Que el diputado Hermino Corral Estrada cause alta presidente en la Comisión Especial de energías renovables.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Janette Ovando Reazola cause baja como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Elva Lidia Valles Olvera cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada Gabriela Ramírez Ramos cause baja como secretaria de la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza cause baja como secretario de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Hugo Alejo Domínguez cause baja como secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Lilia Arminda García Escobar cause baja como secretaria de la Comisión de Población.

• Que el diputado Rafael Valenzuela Armas cause baja como secretario de la Comisión de Ganadería.

• Que el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Gina Andrea Cruz Blacklegde cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Gina Andrea Cruz Blacklegde cause baja como integrante de la Comisión de Población.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Sasil Dora Luz de León Villard cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada Nancy López Ruiz cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada Sasil Dora Luz de León Villard cause baja como secretaria de Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Nancy López Ruiz cause alta como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Sasil Dora Luz de León Villard cause baja como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Nancy López Ruiz cause alta como secretaria en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Sasil Dora Luz de León Villard cause baja como presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a los programas sustentables para mujeres.

• Que la diputada Nancy López Ruiz cause alta como presidenta en la Comisión Especial de seguimiento a los programas sustentables para mujeres.

• Que la diputada Sasil Dora Luz de León Villard cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-Finlandia.

• Que la diputada Nancy López Ruiz cause alta como presidenta en el del Grupo de Amistad México-Finlandia.

• Que la diputada Sasil Dora Luz de León Villard cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Nigeria.

• Que la diputada Nancy López Ruiz cause alta como integrante en el del Grupo de Amistad México-Nigeria.

• Que la diputada Sasil Dora Luz de León Villard cause baja como integrante del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

• Que la diputada Nancy López Ruiz cause alta como integrante en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 12, fracción III, inciso b), de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, me permito comunicarle que la diputada Nancy López Ruiz sustituirá a la diputada Sasil Dora Luz de León Villard en la delegación de legisladores que se desempeñan como invitadas permanentes ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre de 2017.— Diputado Marko  Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), presidente.»

En votación económica se consulta si se aprueban. Las diputadas...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. Nada más con la salvedad de lo ya expresado al inicio de la sesión. Adelante.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobadas. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan (*).

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

CLAUSURA Y CITA

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 16:28 horas): Me da mucho gusto comunicar a los estoicos diputados que nos acompañaron hasta el final de la sesión, en primer lugar mi gratitud. Y en segundo lugar, que se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 13 de septiembre a las 11 horas.

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