SUMARIO
De la Junta de Coordinación Política, por la que se designa a la presidenta del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. De enterado
De la Junta de Coordinación Política, por la que se designa a la presidenta del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. De enterado
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para asegurar que, en los mensajes y recomendaciones preventivas, de preparación, auxilio o recuperación que emitan, se prevea el uso de lenguas indígenas, según las comunidades en riesgo. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento
En la primera ronda de intervenciones, hacen uso de la palabra:
–La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES
–El diputado Carlos Gutiérrez García, de NA
–La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de MC
–El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del PVEM
–La diputada Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena
–El diputado Erik Juárez Blanquet, del PRD
–La diputada Patricia Sánchez Carrillo, del PAN
–La diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del PRI
En la segunda ronda de intervenciones, participan:
–La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del PES
–La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, de NA
–El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC
–La diputada Sofía González Torres, del PVEM
–El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena
–El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD
–El diputado José Everardo López Córdova, del PAN
–El diputado Abel Murrieta Gutiérrez, del PRI
De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión se remite al Presidente de la República, para su conocimiento
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
La diputada Martha Hilda González Calderón, en nombre propio y del diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez, para opinión
La diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
La diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen
La diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 19, 21 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 353-C y 353-D de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
Se recibió oficio de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli, del PRI, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como diputada federal a partir del 14 de septiembre del año en curso. Aprobada, comuníquese
La Presidencia turna mediante oficio la siguiente iniciativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo turno se publica en la Gaceta Parlamentaria
De las diputadas Alma Carolina Viggiano Austria y Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
ASISTENCIA
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, 276 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón(a las 11:48 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 13 de septiembre de 2017.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
De la Junta de Coordinación Política
Por el que se designa a la Presidenta del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Por el que se designa a la Presidenta del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para asegurar que, en los mensajes y recomendaciones preventivas, de preparación, auxilio o recuperación que emitan, se prevea el uso de lenguas indígenas, según las comunidades en riesgo.
Acuerdos de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política.
Análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política interior
Iniciativas
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Que expide la Ley de Educación Naval, suscrita por los diputados César Camacho y Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De decreto por el que se declara el 13 de abril de cada año “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por los diputados César Camacho y Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 36 y 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.
Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2o., 19, 21 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 19 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 7 Bis y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 3o. Bis, 3o. Ter, 3o. Quáter y 3o. Quintus a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por las diputadas Alma Carolina Viggiano Austria y Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 25 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 16 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año como el “Día Nacional del Protector de Animales”, suscrita por el diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos digitales, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona los artículos 25 y 48 de la Ley de Aeropuertos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 103, 105 y 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 186 de Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley General para incentivar la Donación Solidaria de Alimentos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que deroga la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 288, 288-A-1 y 288-A-2 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 12 Bis, 12 Ter, 22 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 58, 82 y 88 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 353-C y 353-D de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 190 y 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 18 Bis a la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
De decreto por el que se declara el 11 de septiembre de cada año “Día del Líder Educativo Comunitario”, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 23, 50 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 212 y 213 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 137, 154, 161 y 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que expide la Ley General de Consulta Indígena, suscrita por los diputados Araceli Madrigal Sánchez y Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que deroga el primer párrafo del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento jurídico a los pueblos indígenas, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 10 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a la Ley de Asistencia Social y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensan su lectura.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes doce de septiembre de dos mil diecisiete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos ochenta y cinco diputadas y diputados, a las doce horas con diecisiete minutos del martes doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Presidente declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Desde su curul realiza comentarios en relación al Orden del Día la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena. El Presidente hace aclaraciones. Del mismo modo se dispensa la lectura de las actas de la sesión preparatoria y de la sesión ordinaria del día cinco de septiembre del año en curso, enseguida se ponen a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueban en votación económica.
Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas las diputadas y los diputados: Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena; Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena. El Presidente hace aclaraciones y comentarios respecto a las solicitudes. A solicitud de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, el Presidente invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria del historiador Álvaro Matute Aguirre.
Se da cuenta con comunicaciones oficiales:
a) De la Comisión Permanente, oficios por los que se comunica que se concedió licencia a los diputados: Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y Sasil Dora Luz de León Villard, ambos del Partido Verde Ecologista de México. De enterado.
b) De la Mesa Directiva:
• Por la que informa que durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio, rindieron la protesta de ley los ciudadanos María Olimpia Zapata Padilla, Uberly López Roblero, y Nancy López Ruiz, como diputados electos en la Segunda Circunscripción Plurinominal, y en el Octavo y Sexto Distritos Electorales del estado de Chiapas, quienes se encuentran en funciones. Los registros parlamentarios se actualizaron en su oportunidad.
• Por la que informa que durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio, se recibieron diversas comunicaciones de diputados en relación a la conformación de los grupos parlamentarios, las cuales se publicaron en la Gaceta Parlamentaria, procediendo a actualizarse los registros de los grupos parlamentarios.
• Por la que informa que se recibieron diversos oficios de diputadas y diputados comunicando la reincorporación a sus actividades legislativas.
De enterado. Comuníquense.
• Por la que comunica que durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio se recibieron solicitudes de retiro de iniciativas y proposiciones, que se encuentran en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas actualícense los registros parlamentarios.
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
• Por la que comunica que durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio, se realizaron modificaciones de turno de iniciativas, con fundamento en lo que establece los artículos setenta y tres y setenta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismas que fueron concedidas, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria y se actualizaron los registros parlamentarios. De enterado.
• Por la que comunica que al final del segundo periodo ordinario de sesiones se recibieron de la Cámara de Senadores nueve minutas con proyecto de decreto, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con fecha dos de mayo del año en curso. De enterado.
c) De la Junta de Coordinación Política, por la que comunica los cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad y organismos internacionales en comisiones, que se realizaron durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria y se actualizaron los registros parlamentarios. De enterado.
d) De las diputadas y los diputados María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano; Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social; Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicitan el retiro de diversas iniciativas que han presentado. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
e) De los diputados: María Guadalupe Alcántara Rojas, Fidel Cristóbal Serrato, Victorino Cruz Campos, Pablo Elizondo García, Alex Le Barón González, Juan Antonio Meléndez Ortega, Elvia Graciela Palomares, y Miguel Ángel Ramírez Ponce, por las que comunican que han dejado de pertenecer al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. De enterado. Comuníquense.
f) Del diputado César Camacho Quiroz, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que comunica la integración de los diputados: María Guadalupe Alcántara Rojas, Fidel Cristóbal Serrato, Victorino Cruz Campos, Pablo Elizondo García, Alex Le Barón González, Juan Antonio Meléndez Ortega, Elvia Graciela Palomares, y Miguel Ángel Ramírez Ponce, a ese grupo parlamentario. De enterado. Comuníquese. Actualícense los registros parlamentarios.
g) De la Secretaría de Gobernación con la que remite:
• Diecisiete oficios: el Quinto Informe de labores de las Secretarías: de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Turismo, de la Procuraduría General de la República, y segundo informe de la Secretaría de Cultura. De enterado, se distribuye a las diputadas y a los diputados, y se remiten a las comisiones correspondientes.
• El Informe Anual dos mil dieciséis del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.
• Dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten acciones que detengan la utilización de cañones antigranizo y otros sistemas que alteran los ciclos naturales del agua en el estado de Colima. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
– Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que presente un proyecto de Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores; así como establecer el apoyo económico otorgado a los pequeños productores beneficiarios del Programa de Incentivos para Maíz y Frijol. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.
h) Del Gobierno del estado de Jalisco, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con la posibilidad de construir espacios deportivos en las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal. Se remite a la Comisión de Deporte para su conocimiento.
i) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
j) De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación dos mil dieciséis-dos mil diecisiete de diversos programas presupuestarios del sector ambiental. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
k) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite solicitud para que en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, se impulse la prosecución del proceso legislativo de diversos ordenamientos en materia de Desaparición de Personas; de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías; y para reconocer el matrimonio igualitario. Se remite a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.
l) De la Cámara de Senadores, con la que:
• Comunica la instalación para su Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado.
• Remite cuatro proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil dieciocho, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen
• Remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
m) Del Titular del Poder Ejecutivo Federal, con la que remite:
• Iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
• Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo ciento treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto de la Ley de Comercio Exterior. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
• Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria dos mil dieciocho; y la Estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno Federal, en materia de vivienda y de suelo para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen; y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
n) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo ciento cuarenta y seis y se reforma el artículo trescientos treinta y siete de la Ley Federal del Trabajo, presentada por las senadoras Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
o) Iniciativas con proyecto de decreto de los Congresos de los estados:
• De Baja California, por el que se reforma el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma y adiciona el artículo ciento sesenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde y a la Comisión de Justicia la parte que le corresponde.
• De Hidalgo:
– Por el que se reforma el párrafo octavo del artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
– Por el que se adiciona la fracción tercera bis al artículo tercero y se reforma la fracción primera del Apartado B del artículo trece de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• De Jalisco:
– Por el que se reforma el artículo ochenta y cuatro de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
– Por el que se adiciona un artículo doscientos ocho bis a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
– Por el que se adiciona un artículo ciento cincuenta ter a la Ley sobre el Contrato de Seguro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
– Por el que se reforma el artículo quinientos uno de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
• De Querétaro:
– Por el que se reforma la fracción vigésima novena-Z, y se adiciona una fracción vigésima novena-AA al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
– Por el que se adiciona un segundo y tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
– Por el que se reforma el inciso a) y deroga el inciso b) de la fracción segunda del artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforma la fracción primera del inciso a) y deroga el inciso b) del numeral uno del artículo cincuenta y uno; y deroga el numeral dos del artículo cincuenta y seis de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
– Por el que se reforman las fracciones sexta y séptima del artículo cincuenta y cinco; sexta y séptima del artículo ochenta y dos; se adicionan las fracciones octava y novena al artículo cincuenta y cinco; y octava y novena al artículo ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
– Por el que se reforma la denominación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Se da cuenta con acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo para el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer año del Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
A las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y cuatro diputadas y diputados.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativa con proyecto de decreto a la diputada Gloría Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, que remiten los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
Desde su curul el diputado Edgar Romo García, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la Presidencia se declare un receso a efecto de buscar mejores condiciones para el desahogo y procesamiento de la iniciativa presentada por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente obsequia dicha solicitud y a las doce horas con cuarenta y ocho minutos declara un receso.
A las trece horas con dieciséis minutos se reanuda la sesión.
Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación a la iniciativa presentada los diputados Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen las siguientes iniciativas:
a) La presentada por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, que remiten los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social.
b) Por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
c) Que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente y reforma el tercer párrafo, antes párrafo segundo del artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
d) Que reforma los artículos setenta y seis, y ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Desde sus respectivas curules realizan comentarios las diputadas y los diputados: Ernestina Godoy Ramos, de Morena; Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática; y José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.
Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al proceso de designación de titulares de Órganos Internos de Control de Organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. No habiendo oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido. En votación nominal con un registro de cuatrocientos un votos a favor; y cuarenta y cuatro en contra, se aprueba el Acuerdo. Se instruye su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a diversas autoridades y a la sociedad civil a agilizar los apoyos en los estados afectados por los fenómenos naturales ocurridos en la República Mexicana y por el que se propone la donación de un día de dieta mensual de la diputadas y diputados para hacer frente a los daños ocasionados por estos fenómenos Se somete a discusión e intervienen las diputadas y los diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruíz, de Nueva Alianza;
Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar
María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano; Uberly López Roblero, del Partido Verde Ecologista de México; Modesta Fuentes Alonso, de Morena; Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Palomeque Archila, del Partido Acción Nacional; y Mariana Benítez Tiburcio, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación al acuerdo las y los diputados: Natalia Karina Barón Ortiz, de Morena; Sergio López Sánchez, Diego Valente Valera Fuentes, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional; Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena; Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México; Eva Florinda Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Martínez Urincho, y Norma Rocío Nahle García, ambos de Morena; Samuel Alexis Chacón Morales, del Partido Revolucionario Institucional; y Héctor Barrera Marmolejo, del Partido Acción Nacional.
El Presidente informa a la Asamblea el procedimiento y el sentido de la votación nominal, e instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, y con un registro de cuatrocientos cuarenta y un votos, por unanimidad se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a diversas autoridades y a la sociedad civil a agilizar los apoyos en los estados afectados por los fenómenos naturales ocurridos en la República Mexicana y por el que se propone la donación de un día de dieta mensual de la diputadas y diputados para hacer frente a los daños ocasionados por estos fenómenos Comuníquese.
A solicitud de diversos diputados el Presidente invita a la Asamblea, ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto que afectó diversos estados del país el pasado siete de septiembre.
Se recibió del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política-Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero del dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la terminación por parte del Gobierno Norteamericano del Programa Apoyo a Migrantes conocido como DACA. Se somete a discusión e interviene las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social;
Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón
Melissa Torres Sandoval, de Nueva Alianza; María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano; Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Partido Verde Ecologista de México; Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena; Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional; y Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo relativo a la terminación por parte del Gobierno Norteamericano del Programa Apoyo a Migrantes conocido como DACA. Comuníquese.
El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, referente al análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se aprueba. Comuníquese.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:
• Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional:
– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen; y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.
– Que reforma y adiciona los artículos ciento setenta y siete, y doscientos once bis del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, para dictamen.
• Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática:
– Que reforma y deroga diversas disposiciones del Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
– Que adiciona el artículo treinta y seis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Araceli Damián González, y suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, que reforma y adiciona los artículos cuarto, y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• Daniela de los Santos Torres e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín
• Luis Alfredo Valles Mendoza, y suscrita por los diputados de Nueva Alianza, que reforma el Artículo Tercero Transitorio, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
• Manuel de Jesús Espino Barrientos, diputado independiente, que reforma el artículo ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones. El Presidente hace aclaraciones y en votación económica se aprueban. Comuníquense.
De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:
a) Iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo octavo del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
b) Proposiciones con puntos de acuerdo:
• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de cancelar de manera definitiva el permiso otorgado al Programa de Manejo Forestal del Ejido Soledad de Zaragoza. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
• Gerardo Federico Salas Díaz, del Partido Acción Nacional, por el que exhorta a los congresos de las entidades federativas, a armonizar sus Códigos Penales con respecto a los artículos trescientos ochenta y uno bis, trescientos ochenta y uno ter, y trecientos ochenta y uno quater del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Cecilia Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, se exhorta a los Congresos Estatales, a aplicar el impuesto al servicio de hospedaje contratado bajo la modalidad de intermediarios, promotores o facilitadores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, relativo a la instalación de una generadora de energía con basura en la localidad de Tepojaco, municipio de Tizayuca, Hidalgo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
• Enrique Zamora Morlet, e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a diversas autoridades, a hacer efectiva la liquidación del Incentivo a la Producción de Cultivos de Oleaginosas, y se coordinen y otorguen el Incentivo de sistema de Riego Tecnificado dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.
• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, relativo a la estrategia en torno a "Marca Chiapas". Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.
• Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, a fin de difundir los beneficios que el Estado Mexicano otorga en materia fiscal, en relación a la adquisición de vehículos eléctricos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen; y a la Comisión Especial de la industria automotriz, para opinión.
• Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, relativo a restablecer el descuento de veinticinco por ciento en la tarifa de la Autopista del Sol. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
• Cecilia Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la protección de la zona de Cuatro Ciénegas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a evitar la instalación en Mexicali, Baja California, de la empresa cervecera Constellations Brands. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a iniciar los procesos correspondientes a incluir la fiesta de San Roque, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la lista de patrimonio cultural inmaterial de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen; y a la Comisión Especial para el patrimonio cultural de México, para opinión.
• Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a fin de instalar un mayor número de electrolineras en el país. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen; y a la Comisión Especial de la industria automotriz, para opinión.
• Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe a la opinión pública en relación con la situación jurídica y migratoria del periodista Martín Méndez Pineda. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen; y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.
• María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, a proponer ante el Pleno de esta Soberanía la creación de la Comisión Especial de la Abeja y la Apicultura. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
• Norma Rocío Nahle García, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a realizar las investigaciones necesarias en el caso del asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen; y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.
• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, para que en el marco del dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos de Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho y de la correspondiente Miscelánea Fiscal, establezcan un mecanismo a fin de reducir la carga fiscal que representa el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para los productores de mezcal artesanal y ancestral. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, relativo a realizar las acciones necesarias para agilizar la operación del Programa de Escuelas al CIEN en el estado de Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
• Martha Cristina Jiménez Márquez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a la opinión pública las principales acciones del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a elaborar un Atlas de la apicultura en México. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, relativo a la garantía de autonomía universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la investigación derivada por las amenazas de las que es objeto el periodista Héctor de Mauleón. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen; y a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para opinión.
• Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Nacional del Agua, a reparar la infraestructura dañada por el paso del “Huracán Franklin” en los municipios de Vega de Alatorre y Alto Lucero, Veracruz. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
• Claudia Sánchez Juárez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, para que dé a conocer el plan de contratación de plataformas y embarcaciones para prestar servicios a esa Empresa Productiva del Estado, así como el Programa de Producción y Exploración para el año dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, para que deje sin efectos la declaratoria por el que se desafecta del servicio público y desincorpora del área natural protegida con la categoría de parque estatal denominado “Parque Estatal Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango”. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a retirar la caseta de peaje denominada Puente Coatzacoalcos uno ubicada en el kilómetro dos más cien de la carretera federal número ciento ochenta Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Coatzacoalcos. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la revocación de la autorización de la tala de tres mil hectáreas de bosque en el ejido Soledad de Zaragoza, municipio de Xilitla, San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
• Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional, relativo a implementar un mecanismo de coordinación entre las distintas instituciones y organismos del sector público de salud, para que aseguren un proceso efectivo de farmacovigilancia. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• David Gerson García Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Salud de dicha entidad, a destinar los recursos económicos de los programas de atención y protección, relativas a la salud, por el grave desabasto de medicamentos en las instituciones de salud del estado. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Araceli Damián González, de Morena, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a revisar la metodología de la medición de la pobreza, y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a que, en caso de realizar cambios metodológicos en las encuestas que produce, respete los lineamientos establecidos en la Ley de Sistema Nacional de Información de Estadística y Geográfica. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a reforzar sus medidas de seguridad y así disminuir el feminicidio en la entidad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género con opinión de la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, para dictamen.
• Carlos Bello Otero y diversos diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, para que implemente las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad pública en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
• Concepción Villa González, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Sonora, a garantizar el acceso a servicio de salud materno-infantil a las mujeres, niñas y niños de Sonoyta, Sonora, de acuerdo a los estándares internacionales de disponibilidad y accesibilidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en coadyuvancia con la Secretaría de Salud e Instituto de Salud del estado de Chiapas, a garantizar la aplicación transparente, con base en criterios de justicia y legalidad, del proceso de formalización laboral de trabajadores eventuales del sector salud en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a respetar la declaratoria de Municipio Libre de Minería, suscrita y certificada por el ayuntamiento de Acacoyagua, Chiapas, y a cancelar todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para la exploración y explotación minera en dicho municipio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para que garantice, la aplicación puntual y transparente de los recursos públicos destinados a la edificación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura física en instituciones de educación en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que, en coadyuvancia con el gobierno del estado de Chiapas, garantice la pronta habilitación y puesta en funcionamiento de la totalidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua, para que intervengan ante el incremento de los niveles de contaminación del río Suchiapa y garanticen para la población dependiente de sus recursos acuíferos, los derechos a un medio ambiente sano y de acceso de agua en forma salubre y aceptable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
• Sara Paola Gálico Félix Díaz, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno de la Delegación Cuajimalpa, a realizar las acciones necesarias para combatir la inseguridad en dicha demarcación. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.
• Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a revisar y anular la prohibición del acceso de las asistentes de inclusión o maestras sombra que auxilian el proceso educativo de dos menores de edad con trastorno del espectro autista que requieren de este apoyo pedagógico para hacer efectivo y pleno su derecho a la educación incluyente. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
• Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a adoptar las medidas y acciones que resulten necesarias para garantizar la seguridad de las y los mexicanos que viven o transitan por los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• Juan Romero Tenorio y diversos diputados integrantes de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y al Gobierno del estado de Querétaro, a garantizar los derechos humanos de los docentes separados injustificadamente de su empleo por irregularidades en el proceso de evaluación para su permanencia en el ciclo escolar dos mil dieciséis-dos mil diecisiete, y regularizar su situación laboral. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al Gobierno del estado de Veracruz, a que por medio del Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios se apoye a los productores del estado de Veracruz, afectados por los huracanes Franklin y Katia. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.
• Natalia Karina Barón Ortiz, de Morena, relativo a la aplicación del Programa de Apoyo a la Vivienda para cuarenta y un municipios del estado de Oaxaca afectados por el sismo del pasado siete de septiembre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
• Natalia Karina Barón Ortiz, de Morena, relativo a la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato para cuarenta y un municipios del estado de Oaxaca afectados por el sismo del pasado siete de septiembre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, a difundir las acciones promovidas respecto de las observaciones y recomendaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, en relación a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-6-90T9N-02-0497 de la Cuenta Pública dos mil quince. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, relativo a las recientes inundaciones que afectaron severamente a la demarcación territorial de Xochimilco en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.
• Modesta Fuentes Alonso, de Morena, relativo a la rescisión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California Sur, a solicitar de la Secretaría de Gobernación, la declaratoria de desastre natural por las consecuencias del paso de la tormenta tropical "Lidia", a efecto de que puedan acceder a los recursos económicos del Fondo de Desastres Naturales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Alejandro Armenta Mier, de Morena, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y al Gobierno del estado de Puebla, para que atiendan de manera inmediata las constantes fugas de combustible en tierras de cultivo y se restablezca el daño a los productores. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
• Vidal Llerenas Morales, de Morena, relativo al diseño e implementación de un plan de acción y respuesta frente a la cancelación del programa "Deferred Action For Children Arrivals" (DACA) que coloca en riesgo a un número importante de jóvenes de origen mexicano en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
El Presidente levanta la sesión a las dieciséis horas con veintiocho minutos y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día de mañana miércoles trece de septiembre de dos mil diecisiete, a las once horas.»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Consulte si es de aprobarse.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:En votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada el acta.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al resolutivo sexto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, me permito solicitarle se dé cuenta al Pleno que la diputada Marisol Vargas Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presidirá el comité antes referido, durante el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado.
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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al resolutivo cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, me permito solicitarle se dé cuenta al pleno que la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presidirá el consejo antes referido, durante el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado.
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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, gobiernos de los estados y autoridades municipales; y de lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en el manual administrativo correspondiente, por este medio adjunto el oficio número DEL-AZCA/JD/DPC/2017-1795, de fecha 31 de julio de 2017, signado por el ciudadano Carlos Cervantes Godoy, director de Protección Civil en la delegación de Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, comunicado mediante similar D.G.P.L.63-II-6-1974, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, con atención a la Coordinación Nacional de Protección Civil; al Sector Salud en todos sus servicios; a los gobiernos estatales y municipales y de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, para que en la promoción de la cultura de la Protección Civil, en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas y, para que al emitir mensajes de alerta temprana, en sus respectivos sistemas de alerta, se haga de forma impresa, auditiva o cualquier otra, priorizando las audiovisuales, mismos que deberán promoverse a través de los medios de comunicación, en particular con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Las Unidades de Protección Civil deberán asesorarse y comunicarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para la elaboración de los mensajes de alerta temprana.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»
«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Delegación Azcapotzalco.
José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.— Presente.
Por este conducto y en atención al oficio con referencia SG/SSPDRVP/219.1/2017, el cual hace referencia del punto de acuerdo suscrito por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, el cual le fue remitido mediante oficio D.G.P.L.63-II-6-1974, en el cual exhorta “...Para que en la promoción de la cultura de la protección civil, en todas las etapas de la gestión integral de riesgo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como en el catálogo de lenguas indígenas nacionales sobre el uso de lenguas indígenas y, para emitir mensajes de alerta temprana, en los respectivos sistemas de alerta, se haga en forma impresa, auditiva o cualquier otra...”, al respecto se hace de su conocimiento lo siguiente:
Esta área a mi cargo, no ha recibido solicitudes para autorización de programa interno de protección civil en inmuebles en donde se encuentre población indígena o que use lenguas indígenas.
Se informa que los programas internos de protección civil son un instrumento de planeación que se implementa con la finalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que habitan, laboran o concurren a determinados inmuebles, así como para proteger las instalaciones, bienes, entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores, por lo que se deberá analizar en su elaboración la presencia de personas que usen lenguas indígenas y realizar algún tipo de adecuación pertinente.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Azcapotzalco, Ciudad de México, a 31 de julio de 2017.— Carlos Cervantes Godoy (rúbrica), director de Protección Civil.»
«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Doctor Pablo Moctezuma Barragán, jefe delegacional en Azcapotzalco.— Presente.
Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el Manual Administrativo de la Secretaria de Gobierno, en el apartado de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, me permito referir lo siguiente:
Derivado del punto de acuerdo suscrito por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados remitido mediante oficio D.G.P.L. 63-II-6-1974, me permito informar que se solicita al órgano desconcentrado que representa la realización de las siguientes acciones:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta [...] a los gobiernos estatales y municipales y de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, para que en la promoción de la cultura de la Protección Civil, en todas las etapas de la gestión del riesgo, se prevea y aplique lo contemplado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como lo dispuesto en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales sobre el uso de lenguas indígenas y, para que al emitir mensajes de alerta temprana, en sus respectivos sistemas de alerta, se haga de forma impresa, auditiva o cualquier otra, priorizando las audiovisuales, mismos que deberán promoverse a través de los medios de comunicación, en particular con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Las Unidades de Protección Civil deberán asesorarse y comunicarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para la elaboración de los mensajes de alerta temprana.”
En virtud de lo anterior, es menester que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean implementadas las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve sea enviada la información solicitada, a fin de dar cumplimiento al referido punto de acuerdo y estar en condiciones de otorgar una respuesta al órgano legislativo citado contando con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.
Sin más por el momento me permito enviar un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de abril de 2017.— José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, remítase a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.
ANÁLISIS DEL V INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:El siguiente punto del orden del día es el Análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política interior. Para dar cumplimiento a la fracción I del artículo tercero del Acuerdo aprobado, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de intervenciones a las y los siguientes diputadas y diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El orden es el siguiente: Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Morena, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por cinco minutos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenos días, compañeros legisladores, diputada presidenta. Para nosotros los diputados de Encuentro Social, el mesianismo, el clientelismo, el paternalismo y el autoritarismo son los más arraigados y terribles obstáculos para la promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
El desarrollo democrático y cívico del país implica forzosamente la promoción y el fortalecimiento de la cultura democrática y la identidad nacional, es precisamente algo que no fue olvidado en el ámbito de la política interior durante este año, por lo menos mencionándolo. En la práctica sería necesario revisar si los instrumentos mostrados han sido realmente los que dotan de mayor profundidad la forja de la cultura y de la identidad.
Es loable, por supuesto, la manera solemne y con un claro sentido de responsabilidad histórica con que se celebró el centenario de la promulgación de nuestra Constitución, así como el sin número de ceremonias cívicas, publicaciones y exposiciones con el mismo fin: el fortalecimiento de la identidad nacional.
No obstante, es preocupante que los únicos elementos que encontramos no vayan dirigidos a la formación de conductas, hábitos, actitudes y aprendizajes que realmente sean contundentes para la construcción de una identidad y cultura de manera más profunda.
Por otro lado, es interesante el esfuerzo en materia de política interior hecho por el gobierno federal para fortalecer y promover una relación participativa y respetuosa, capaz de contrastar y no solo incluir a la ciudadanía y sus organizaciones, así como sus puntos de vista respecto a los temas que atañen a cada dependencia y entidad de la administración pública federal.
Es notorio que a pesar de habernos tardado varias décadas y también varios colores en encontrar que sólo así era posible gobernar, por fin en este informe me encuentro con que realmente el esfuerzo en la política interior en nuestro país se ha orientado a involucrar a la sociedad civil organizada en la administración pública federal.
Prueba clara de ello es precisamente la consulta popular México por la vida que, a pesar de que la Ley de Consulta Popular está diseñada para hacer casi imposible una consulta ciudadana, este año fueron las mismas organizaciones, los mismos mexicanos de principios y valores, quienes sostuvieron para México una relación participativa y responsable, una correlación fortalecida entre gobierno y ciudadanos, quienes durante tan solo dos meses desplegaron un potencial vertebrado sin precedentes que, en próximas fechas sabremos, dará como resultado la cifra históricamente más grande respaldo ciudadano a un tema de interés nacional.
Desde esta tribuna un saludo lleno de admiración y de respeto a todos esos ciudadanos que se han dedicado a defender los derechos humanos de los no nacidos por ser la voz de los que deben nacer, por no olvidar jamás al mismo tiempo a la protagonista de esta protección y de este amor: la mujer.
En otro tema, me congratulo con la institucionalización y exitosa comunicación del servicio para la recepción de todas las llamadas de emergencia en el país con un modelo homologado, desarrollado por la UNAM —por cierto, una felicitación muy amplia a la Universidad Autónoma de México, baluarte de nuestro país por este esfuerzo en conjunción con el gobierno— a los beneficios de este modelo que es 24 X 365 y disponible para más de 240 tipos diferentes de emergencia.
A esos beneficios se une uno que es especialmente importante para el tema que nos ocupa y que nos importa de manera estratégica: los niños. No se trata del 911, sino del nueve, uno, uno. Solo así, como se ha mencionado, será posible que los pequeños puedan ser protegidos también en las emergencias. Por supuesto esto se volverá realidad si sus padres, pero sobre todo las instituciones públicas, informan y difunden adecuadamente este enfoque, esta adecuación, para lo cual me consta por diálogo reciente que tuve con los encargados que están ocupados en el tema.
En el marco de la glosa este informe, en cuanto a la política interior, me es muy importante señalar el énfasis que se ha puesto en aplicar la reforma constitucional en derechos humanos. Su implementación y la presión hacia el cumplimiento de criterios no vinculantes de derecho internacional no será una buena noticia si antes no es claramente definida la naturaleza y fuente de los derechos humanos.
No podemos ser ingenuos a los intereses de instituciones internacionales como riesgo de esta propuesta.
En ese sentido tenemos sólo una profunda deuda con los mexicanos que queriendo hacer uso de su derecho a la vida, a la seguridad, a vivir en paz, se han encontrado con que sus hijos están desaparecidos o han sido violentados.
¿Qué respuesta les podemos dar hoy? Aunque se han dado pasos —indudablemente— no hay forma de argumentar a esta familia que en justicia reclama por el dolor que está atravesando.
Finalmente, en el Partido Encuentro Social apreciamos los esfuerzos que se han realizado, pero advertimos que será necesario —en el tema de inteligencia— corregir lo que se está haciendo para asegurar que no se convierta en un asunto que actúe sobre la intimidad de la persona.
Pero además le queremos poner énfasis a tres puntos que son fundamentales para lograr la gobernabilidad que México requiere:
Número 1. Tiene que ponerse a la persona como centro de los derechos humanos, y con base en estos, ...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Diputada, concluya, por favor.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: ...entonces tendremos una fuerte política de Estado. Concluyo en un momento.
Número 2. La completa integración y cooperación entre gobierno, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
Y finalmente, el compromiso real, como número 3, con la seguridad como eje prioritario y estratégico. Con estos ejes como columna apuntalando nuestra política interior, podemos estar tranquilos y decir, como lo dijo en algún momento muy importante de la historia Fernando Savater: La gobernabilidad del país no puede depender de grupos a los que el país no les importa. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias, diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Como siguiente orador se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Carlos Gutiérrez García: Las y los mexicanos han transformado su forma de ver la política. No son más simples espectadores. Hoy se involucran, participan y exigen que la clase política esté a la altura de sus ejemplos.
Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la ciudadanía ha hecho valer su voz, estamos aquí para representar sus intereses y contribuir a terminar con la desconfianza y la falta de credibilidad en las instituciones.
En cumplimiento con lo que establece el artículo 69 de nuestra Carta Magna, el Ejecutivo federal ha presentado su V Informe sobre el estado que guarda la administración pública federal. Acatando dicho precepto, estamos dispuestos a comenzar un diálogo constructivo entre poderes con la finalidad de robustecer nuestra democracia mediante un puntual análisis sobre los resultados de las políticas públicas que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene un compromiso claro con la sociedad, y en congruencia con esta responsabilidad hacemos nuestras las justas demandas de la sociedad.
Para nosotros, la gobernabilidad democrática debe caracterizarse por la capacidad, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. De ello depende la credibilidad y la solidez de nuestras instituciones.
Cinco años de administración nos permiten hacer una valoración de los objetivos alcanzados y las materias en las que el país sigue rezagado. Si bien hay progresos que deben reconocerse, la realidad es que aún tenemos muchas metas que cumplir con el enorme reto de garantizar un desarrollo integral para la mayor parte de la población.
En cuanto a la consolidación de nuestra democracia, cabe destacar que durante el presente año se llevaron a cabo procesos electorales en el estado de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, en los cuales se demostró la diversidad y el nivel de participación de los ciudadanos, la democracia se impuso y estas experiencias deben servir para garantizar un proceso equitativo en 2018.
La ciudadanía está dispuesta a participar y sabe que mediante su voto puede castigar las malas gestiones, la corrupción y la opacidad. Lamentablemente en materia de seguridad no se ha conseguido consolidar la paz en muchas regiones de nuestro país.
El V Informe de gobierno señala que entre 2013 y 2016, se entregaron 8 mil 283 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito destinados a la realización de acciones en materia de prevención de la violencia y la delincuencia en las 32 entidades federativas.
A pesar de lo anterior, la gente sigue padeciendo el flagelo de la inseguridad. Tan solo basta mencionar que de acuerdo con el Índice de Paz México 2017, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, en nuestro país la paz se deterioró 4.3 en comparación con el año anterior.
Asimismo, se subraya que la brecha entre los estados más y menos pacíficos continúa en aumento. La tasa de homicidio doloso se incrementó en un 18.4 por ciento, y el 61 por ciento de estas muertes se cometieron con armas de fuego.
México no está en paz. Es urgente revisar las acciones que se han realizado en esta materia y valorar si los recursos destinados a garantizar la seguridad de la población han sido invertidos en forma adecuada. Es imperativo hacer un balance de los resultados de las políticas públicas en esta materia, fallar en este aspecto es inadmisible.
Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Inegi durante el mes de junio de 2017, muestra que el 74.9 de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.
Es cierto que se han puesto en marcha programas para la prevención del delito y para la prevención social, de la violencia y la delincuencia. Sin embargo, los delitos de alto impacto han seguido creciendo.
De acuerdo con las estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública si comparamos el primer trimestre de 2017 con el mismo lapso 2016 los delitos de alto impacto se incrementaron, es decir, los homicidios dolosos y los culposos, los secuestros del fuero federal y del fuero común, al igual que las extorsiones, los robos en todas sus modalidades y las violaciones.
Los datos son contundentes y por ello es imperativo dar resultados concretos en uno de los temas que más aflige a la población. Sin seguridad no existe posibilidad de desarrollo.
Sabemos que la tarea es compleja, pero para atenderla es preciso hacer un análisis de las acciones implementadas y los resultados alcanzados. Sabemos que existe la voluntad para mejorar el entorno y la seguridad cotidiana de la sociedad. Lamentablemente la percepción de la ciudadanía nos muestra que no basta con la voluntad, se requieren resultados palpables.
La puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio implicó un avance en la procuración de justicia del país. Sin embargo, pese a que se han implementado acciones concretas para lograr la profesionalización de los servidores públicos que trabajarán bajo el mismo sistema, es preciso reforzar esas acciones para erradicar la narrativa que culpa a este sistema del incremento de los delitos.
Las y los diputados turquesa queremos refrendar nuestro compromiso con la sociedad, queremos ser un factor de unión y de diálogo anteponiendo el interés de las y los mexicanos por encima de grupos o partidos políticos.
En Nueva Alianza...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Concluya, por favor.
El diputado Carlos Gutiérrez García: ... buscamos contribuir a la gobernabilidad, la consolidación de la democracia, la seguridad y el combate a la corrupción porque sabemos que esos temas son los que más afectan a nuestros representados, que son los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Diputadas y diputados, la política interior en la actualidad está desatinada, está además fuera del contexto de lo que debería ser la política interior, que es velar por el bien común de los habitantes de un Estado.
Lo dijimos el año pasado y hoy lo reiteramos, el gobierno federal no reconoce la crisis de confianza y legitimidad, sino todo lo contrario, cada día le abona más. Durante este año han estado peor, porque pasaron de la casa blanca a la estafa maestra y al paso exprés de manera exprés.
Temas altamente sensibles para la sociedad mexicana, como el combate a la corrupción y el respeto y garantía de los derechos humanos, no son una prioridad para el gobierno que encabeza Peña Nieto. En el marco del combate a la corrupción los mexicanos nos seguimos sorprendiendo con las noticias que muestran cómo, desde el poder público, se tejen redes de intereses cuyo fin fundamental es saquear la riqueza pública.
El tema de la estafa maestra no es más que una muestra de cómo muchos de los integrantes del gobierno conciben el servicio público como un medio en donde los problemas del país no les interesan. La grave desigualdad económica en la que viven millones de mexicanos son solamente riqueza para ellos.
Hoy vemos con preocupación cómo el esquema de saqueo de los recursos del erario público ya se ha convertido en un modus operandi, que abarca a prácticamente todas las instituciones del gobierno, incluso el esquema que utilizó el PRI en las elecciones en 2012 y que no fue castigado.
La política interior no está dirigida a combatir las prácticas corruptas, la Secretaría de la Función Pública no actúa y la Procuraduría General de la República está pasmada y se queda quieta ante los casos de corrupción.
Lo que está ocurriendo en política interior en materia de corrupción es dejar pasar, dejar hacer. Eso se denomina omisión, impunidad y complicidad.
El caso Odebrecht es la muestra de quienes abusaron de sus cargos. Es increíble que en países con estructuras anticorrupción más débiles, como Guatemala, Perú, Brasil y Colombia han tenido mayores avances en la persecución del delito y no les ha temblado la mano para llegar a las cabezas más altas del gobierno. Aquí hay un pacto de impunidad.
En materia de derechos humanos ni se diga, la asignatura está más que pendiente. A pocos días de cumplir tres años del horrendo crimen de desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal ahora ya ni siquiera mantiene su verdad histórica, porque nunca fue ni ha sido una respuesta que resuelva por qué desaparecieron los jóvenes y tampoco dónde están.
En la fracción ciudadana no vamos a aprobar la Ley de Seguridad Nacional, que pretende militarizar el país. En México se siguen matando periodistas sin que los crímenes sean esclarecidos.
La legislación sirve, pero en la medida en que se engrane con la ejecución de la misma y las sanciones de los crímenes. Al gremio informativo nuestro más amplio reconocimiento y solidaridad.
El gobierno mexicano debe asumir una actitud de dignidad ante la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Ayer ni llamada hubo. También en política interior no podemos ser omisos ante las violaciones a los derechos humanos de las personas que ingresan a nuestro país de Sudamérica.
La práctica del feminicidio sigue siendo una amenaza a las vidas de las mujeres. Debemos y estamos obligados a revisar el impacto real de las alertas de género.
La presumida generación de gobernadores y funcionarios jóvenes son la muestra de la desmedida ambición. Los Duarte, Borge, Medina y funcionarios involucrados en los casos de Odebrecht, estafa maestra, paso exprés, la Jornada Nacional contra el Hambre, por decir lo menos, son casos que deben ser investigados, perseguidos y sancionados.
Tenemos que estar alerta. Lo peor que le puede pasar a este país es que el próximo año presenciemos de nuevo el uso de recursos públicos para comprar votos y voluntades.
Requerimos una verdadera política interior, que marque rumbo claro en materia de anticorrupción y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Le decimos a Peña Nieto, desde esta tribuna y a todos los funcionarios: El tiempo se les agotó y han perdido una oportunidad para resarcir daños. Basta de simulación, frivolidad y engaño a la sociedad mexicana. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas: Con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, cuando se habla de la política interior de un país, nos remitimos y nos lleva a pensar en las acciones y decisiones que toma el gobierno para tener y mantener el desarrollo ordenado en todos sus conceptos.
México no es ajeno a esta idea y es la Secretaría de Gobernación la encargada de llevar esta tarea y las actividades concernientes para mantener una paz social, tener una convivencia política, resolver conflictos sociales, etcétera.
A lo largo y ancho de nuestro territorio existen diversos problemas, intereses particulares o de grupo, que conllevan diferencias, que en algunas situaciones se traducen en conflictos, donde el gobierno tiene que establecer opciones de soluciones y así llegar a acuerdos.
Por lo anterior y revisando el quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto, se puede apreciar que el gobierno de la República ha llevado a cabo una política interior sustentada en el diálogo y la construcción de acuerdos, como medios indispensables para fortalecer las condiciones de gobernabilidad democrática, escuchando a todos los actores sociales y políticos.
El diálogo ha sido la pauta para buscar coincidencias y actuar en corresponsabilidad, comprendiendo que una democracia plural, como la nuestra, requiere de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, para generar los resultados que la sociedad espera y evitar situaciones de parálisis o de polarización que no favorecen el avance del país. Porque los acuerdos que el país necesita y merece no pueden que darse en lo electoral, no pueden hacerse pensando en la lógica de lo inmediato, sino que deben realizarse pensando en el bienestar y el futuro de México.
Gracias a los acuerdos durante estos cinco años, el gobierno de la República ha podido poner en marcha una agenda de profundas transformaciones que modificó las bases estructurales del crecimiento económico, dejando atrás viejos paradigmas que limitaban el desarrollo.
Con ello se puso fin a varios años de estancamiento en los que no fue posible generar los consensos necesarios para sacar a cambio los cambios de fondo que le hacían falta al país. Y estos cambios no fueron posibles por la intolerancia y la falta de buena política que en el pasado llevó a nuestro país a situaciones de encono y polarización, en las que no se tuvo la capacidad para concretar una agenda común que uniera, no que dividiera a los mexicanos.
Se apostó por una política de confrontación basada en visiones únicas que separan en lugar de acercar, que descalificaban en lugar de argumentar, que destruían en lugar de contribuir.
El diálogo ha sido la pauta para impulsar la relación de respeto y colaboración entre los Poderes de la Unión, comprendiendo que la pluralidad no debe separarnos ni llevar a distanciamientos innecesarios, sino que debe ser la base para enriquecer el debate público y generar mejores soluciones, siempre en beneficio del interés nacional.
El diálogo ha sido la constante de este gobierno. En todo gobierno se ha puesto por delante, antes de cualquier otra determinación. A través del diálogo también se han podido distender conflictos y canalizarlos por la vía pacífica. Se escuchan y se atienden las exigencias de todos los grupos sociales con total apertura y ánimo constructivo para buscar alternativas de solución.
Toca al Legislativo revisar las acciones del Ejecutivo, que ha presentado en este quinto informe. Pero también nos toca a nosotros contribuir con el buen desarrollo del país. También nos toca a nosotros hacer política interior. Nos corresponde dejar de lado los intereses personales o de grupo para sólo pensar en uno: el interés de México.
No podemos trabajar en esta Cámara en base a consignas electorales, en base a frentes coyunturales que han sido pensados para impulsar un interés de una sola persona.
Aquí se debe realizar mucha política y eso conlleva diálogo y no cerrazón. Llegar a consensos y no impulsar las diferencias. Así como revisamos el informe del Ejecutivo, realicemos nosotros nuestro trabajo y la ciudadanía revisará y calificará la actuación de cada uno de nosotros. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias, diputado Jesús Izquierdo Rojas, del Partido Verde Ecologista de México. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas: Buenas tardes, diputados y diputadas. En México no contamos con instituciones públicas sólidas, muy por el contrario, la democracia mexicana está enredada por un diseño institucional que atrapa a las instituciones y las ata a intereses partidistas o de grupos impidiendo que se consoliden restándoles autonomía, y corrompiendo sus fines.
Las reformas estructurales nunca se materializarán si no se combate a fondo el problema de la corrupción, y desafortunadamente podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que el sexenio de Peña Nieto es el más corrupto y más impune de toda la historia de México.
En materia electoral, un diseño constitucional corrupto mantiene secuestrada a la institución autónoma encargada de la función estatal de organizar las elecciones que tanto tiempo y dinero costó crear, así como a los tribunales electorales mediante el sistema de reparto de cuotas partidarias.
El quinto informe señala que en el ámbito electoral se fortaleció el sistema de fiscalización electoral, así como la independencia de las autoridades jurisdiccionales locales. Para desgracia de los mexicanos, ninguna de las afirmaciones es cierta. Las elecciones federales de 2015 y los comicios locales de 2016 y 2017 evidenciaron la vulnerabilidad en las instituciones electorales, y el fracaso de la reforma constitucional en materia política del 10 de febrero de 2014.
Las elecciones en este año en Veracruz, Nayarit, Coahuila, y especialmente en el Estado de México, ensuciadas por la abierta participación del gobierno federal y los gobiernos locales, mediante el desvío de recursos públicos y la utilización facciosa e ilegal de los programas sociales durante los comicios.
Desde esta tribuna exigimos la renuncia de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales por su incapacidad de detener las irregularidades en el proceso electoral, como el uso de recursos públicos por parte del gobierno federal y estatal.
Las irregularidades registradas en las elecciones de este 2017 son una muestra de lo que se prepara en los próximos comicios del próximo año. Las elecciones en el Estado de México y Coahuila deben ser anuladas a fin de que se convoque a elecciones extraordinarias, aún es tiempo de impedir que se atropelle la voluntad popular.
Durante 2017 hemos advertido como desde la Presidencia de la República y desde los gobiernos de los estados en donde se celebraron elecciones, se pusieron en prácticas contrarias a la Constitución y a la ley para favorecer al Partido Revolucionario Institucional y sus aliados en los estados de Nayarit, Coahuila y el Estado de México, advertimos como actuaron maquinarias electorales al servicio de los intereses partidarios.
El INE ha demostrado que carece de independencia para organizar y conducir el proceso electoral presidencial de 2018, con un órgano electoral al servicio del gobierno, la democracia vuelve a estar en riesgo, estamos retrocediendo. El INE está secuestrado por los intereses del gobierno y los partidos políticos han abdicado para cumplir con su labor.
Les comparto un breve recuento. Primero, el INE desechó atraer las elecciones del Estado de México tras las críticas al Instituto Electoral del Estado de México, pese a estar facultado para ello y tratarse de un proceso electoral cuestionado, tanto por los partidos de oposición, como por analistas independientes.
Segundo. El Congreso del Estado de México aprobó, en sesión realizada el 30 de marzo, que 67 de los 90 programas sociales del Estado de México se mantuvieran vigentes durante el periodo de campaña.
Tercero. La presión sobre el electorado en el uso indebido de programas sociales y la violación de los principios de equidad e imparcialidad, así como la violación de principios de no entrega masiva de programas sociales, tanto por parte de los candidatos y de diversos funcionarios del gobierno federal.
Cuarto. El Tribunal Electoral ordenó retirar spots de Morena y del PAN, pero no sancionó al PRI, aunque su candidato Alfredo del Mazo haya incurrido en un acto ilegal al utilizar imágenes de anuncios del gobierno mexiquense para promover su campaña.
Quinto. El aumento al tope de gastos de campaña de las elecciones locales dio por resultado los comicios más caros de la historia y que fueran más inequitativos.
Sexto. Hasta la fecha no existe una sola persona en la cárcel por la compra y coacción del voto, uno de los delitos más comunes y decisivos a la hora de definir al triunfador en una elección que ni el INE ni la Fepade ni en tribunal electoral han querido impedir.
El fraude sembrado este año contaminará de manera irreversible la elección presidencial del próximo año. El sistema electoral mexicano se encuentra al borde del colapso ante el fracaso de las instituciones encargadas de garantizar la equidad de los comicios. El sistema electoral en su conjunto está rebasado. Estamos ante la presencia de una operación de estado para ganar el Estado...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Concluya, por favor.
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas: ... donde la compra y la coacción del voto se dan a vista de todos y es ahí donde más se nota la ausencia del INE.
Enrique Peña Nieto miente cuando habla de gobernabilidad democrática. En México no tenemos elecciones libres, justas y auténticas. No tenemos la fortaleza institucional. México es un Estado fallido. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Erik Juárez Blanquet: Con su venia, señora presidenta. Señores y señoras diputados. El quinto informe de gobierno marca el ocaso del sexenio de los presidentes de nuestro país. Así lo marcan tanto las leyes no escritas como el sistema político de nuestro propio calendario electoral, porque el sexto informe de gobierno es mero protocolo de despedida.
El Grupo Parlamentario del PRD considera que, con este informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, demuestra que su gestión pasará al tiradero de la historia, en lo que respecta al México en paz que nos prometió. Ya podemos asegurar que fue un fracaso rotundo.
Hoy México vive la mayor crisis humanitaria por la violencia y del abierto reto a las instituciones por el crimen organizado y el narcotráfico en vastas regiones de nuestro país, así como por la interminable lista de casos de corrupción y de impunidad que ponen a su gobierno en la más absoluta falta de legitimidad, como nunca se había registrado en la historia de nuestro país.
Tenemos que decirlo —sin ningún cálculo político— que se registran enormes retrocesos en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos, marcada gravemente por los grotescos casos de tortura y abusos cometidos por las policías federales, estatales y municipales, y por el personal de las Fuerzas Armadas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
No ha habido, compañeros, avances significativos en los casos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de Apatzingán, de Tlatlaya, de Tanhuato y Nochistlán, entre otros.
Se siguen acumulando y han puesto en evidencia las graves deficiencias de las investigaciones y la incapacidad del gobierno para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, poco podrán hacer en el corto plazo para enfrentar la corrupción sexenal y el legado priista.
Quedan por delante diferentes nombramientos de quienes lo encarnarán en la fiscalía contra los delitos de corrupción, el nuevo auditor superior federal, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, en los que el presidente ejercerá una influencia decisiva.
De nada servirá, pues, todo el entramado legal si los servidores públicos se siguen y nos seguimos amparando en el fuero constitucional, principalmente, el presidente de la República.
En días pasados, como ya todos lo saben y lo han podido percibir, junto con el PAN y Movimiento Ciudadano, logramos impedir la imposición del fiscal carnal. Esta fue una importante victoria para el pueblo de México.
Nosotros vamos a seguir luchando con mucha determinación para lograr una verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República, porque un fiscal a modo jamás va a investigar ni a castigar a los responsables del desfalco del erario público cometidos por las empresas trasnacionales Odebrecht e Higa, de OHL, y el Sistema Nacional Anticorrupción quedará peligrosamente incompleto, y todo su andamiaje institucional quedará en una mera simulación.
Por otro lado, compañeras y compañeros, es necesario decir que en cuanto al proceso electoral en curso, en el PRD consideramos que los niveles de corrupción electoral que se alcanzaron en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, con la participación del gobierno federal, de los secretarios del gabinete, deben ser combatidos, sobre todo el desvío de recursos públicos y el uso electoral de los programas sociales, lo cual no debe volver a repetirse en el proceso electoral nacional en el que ya estamos inmersos.
Por ello, el PRD exige al gobierno federal que se blinden tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, así como los presupuestos estatales, para impedir su uso faccioso y evitar un posible conflicto político de proporciones peligrosas para la democracia y la legitimidad de los procesos electorales concurrentes del próximo año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario del PRD convoca a todas fuerzas políticas representadas en esta Cámara para que erijamos un acuerdo político mínimo para sentar las bases de un verdadero México en paz, con un sólido estado democrático, social de derecho incluyente, igualitario y justo.
Señor presidente Enrique Peña Nieto, sobre su gestión usted es el responsable por los graves errores y omisiones cometidos que lo colocan a usted frente a la evaluación final de su sexenio. Reconozca sus responsabilidades, no le haga más daño a México y a la investidura presidencial, y tome posesión del único lugar que le corresponde, el socavón de la historia. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Buenos días, o buenas tardes ya. Con el permiso de la Presidencia.
El día de hoy, y con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados ha realizado un análisis de las acciones realizadas por el gobierno federal en las materias de seguridad pública, justicia y derechos humanos.
El análisis también se ha enfocado en la revisión de las acciones y programas que el Poder Ejecutivo Federal ha implementado durante el inicio de la actual administración, y que han conllevado desde reformas estructurales de gran trascendencia hasta el incremento de presupuestos destinados para la atención en las materias antes señaladas.
La conclusión a la que hemos llegado los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN es clara y contundente: la administración de Peña ha fallado. En ese tenor, el Partido Acción Nacional responsablemente reproduce en esta tribuna, la más alta de nuestro país, el clamor de millones de ciudadanos que justificadamente se sienten defraudados por el actual gobierno federal por el incumplimiento de su deber, de garantizarles las condiciones necesarias para vivir en paz, el combate frontal de la corrupción y que sus derechos humanos sean respetados por cualquier autoridad, teniendo como consecuencia que se impida su desarrollo personal, social y económico.
En materia de seguridad pública, con las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas el 2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, el actual gobierno nos aseguró que se concretaba una nueva visión de seguridad de Estado. Eso se conseguiría con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, confiriendo sus tareas en esta materia de policía federal, así como las del sistema penitenciario federal y prevención del delito, a la Secretaría de Gobernación.
No obstante que el Poder Legislativo le otorgó al gobierno de la República que la Secretaría de Gobernación asumiera la función de formular y aplicar la estrategia de seguridad pública, por considerarlo estratégico para el combate a la delincuencia, la coordinación de los tres niveles de gobierno y el respeto a los derechos humanos, son diversos los datos y las cifras representadas por la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, las que han señalado el contundente fracaso de la supuesta nueva visión de seguridad del Estado, y denunciando que se ha contribuido con el debilitamiento institucional en diversas zonas de nuestro país, así como se han incrementado los índices de delincuencia.
El gobierno de la República, lejos de atender los reclamos de esos colectivos sociales, ha preferido una política de no involucramiento con las sociedades civiles que continúan reclamando y exigiendo mejores condiciones de seguridad en nuestro país.
El gobierno se ha empecinado en una estrategia de seguridad pública que ha demostrado ser ineficaz por sus pocos resultados, a pesar de los datos que contradicen las cifras proporcionadas por las autoridades.
Al respecto, cabe señalar un merecido reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, quienes, a pesar de estrategias equivocadas y a la implementación de políticas públicas insuficientes del actual gobierno, han cumplido en la medida de lo posible con su deber de hacerle frente a la delincuencia que se ha extendido en nuestro país sofocando la tranquilidad de los ciudadanos y sus familias.
Un ejemplo es el reporte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de las más de 30 mil que no son localizadas, tanto del fuero común como del federal. Estas son cifras del 31 de diciembre de 2016.
En cuanto a la promoción de los derechos humanos durante la gestión de Enrique Peña, continúan las exigencias en diversas organizaciones nacionales e internacionales, para que se investiguen debidamente y sancionen las violaciones de derechos humanos.
De igual forma, ha predominado el llamado urgente para emprender acciones que detengan las agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos. Son diversos los informes que detallan las deficiencias de la actual administración en los temas de desaparición, tortura, impunidad y abuso de autoridad, entre otros.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincide con las diversas agrupaciones sociales que han llegado a la conclusión de que no existe una política clara y eficaz de Estado en materia de derechos humanos, tampoco en materia de justicia. Por tanto, es nuestro deber denunciar que el actual gobierno ha perdido la oportunidad importante con el motivo de la implementación del nuevo sistema de justicia...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Concluya, por favor.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Sí, presidenta. Sobre las instituciones del actual gobierno encargadas de la procuración de justicia y persecución de los delitos pesan múltiples críticas. Sin embargo, cabe señalar que ha sido la propia sociedad civil quien ha dado esa importante llamada y ha señalado el fracaso de este sistema de gobierno, ya que pesan hechos...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Concluya, por favor.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo:... como el de la casa blanca y otros.
En fin, señoras y señores diputados, en materia de seguridad, de justicia, la protección de los derechos humanos del gobierno priista han fracasado. —Ya, ya, no se desesperen, ya va.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Concluya, por favor.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputada Patricia Sánchez Carrillo. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Al individuo la seguridad le brinda confianza, a la sociedad armonía, a ambos les aporta paz. Por eso la seguridad de los pueblos es el más sagrado de los deberes. Como precisó José de San Martín.
En un Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, velar por la paz no solo implica preservar la seguridad de la comunidad, sino asegurar que se garanticen los derechos humanos de todos y todas, y que la integridad de las personas esté en el centro de todas las acciones encaminadas a preservar la paz.
Consciente de que recuperar la seguridad representa una de las mayores exigencias de la sociedad, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, planteó una de las cinco metas nacionales de su Plan de Desarrollo Un México en Paz.
Congruente con ese fundamento, su gobierno ha trabajado para hacer del ideal una realidad, a través de una mayor seguridad, una justicia democrática y un respaldo irrestricto a los derechos humanos. Por un lado, con acciones concretas para mejorar la seguridad ha logrado, entre otras cosas, neutralizar a 107 de los 122 delincuentes más peligrosos, así como disminuir la incidencia de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes. De igual manera, implementar el número único de emergencia 911.
Crear a la división de Gendarmería bajo un modelo policial de proximidad con el ciudadano, y a la Gendarmería Ambiental con más de mil efectivos capacitados en la vigilancia de nuestros recursos naturales. De igual manera, impulsar la carrera policial a nivel nacional, capacitando ya a la fecha a 512 mil efectivos y más de ocho mil mandos de todas las fuerzas policiacas del país.
Por otro lado, a favor de la justicia democrática y para abatir la impunidad se han realizado las siguientes acciones:
Se ha puesto en marcha la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, con una inversión de 20 mil millones de pesos, para hacer la justicia más eficiente, cercana y eficaz.
Se ha implementado también el sistema nacional anticorrupción, cuyas leyes secundarias aprobamos los diputados de esta legislatura, que permite prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, así como investigar y procesar a quienes incurran en estos ilícitos.
Por último, refrendando su respaldo a los derechos humanos, se ha logrado reducir las recomendaciones de la CNDH para las instituciones de seguridad en un 30 por ciento entre el 2012 y 2016.
Se ha impulsado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, se han ampliado y fortalecido los instrumentos para garantizar una mejor atención a las víctimas, y se ha fortalecido también el mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas.
Sabemos que aún falta, pero tampoco podemos negar que ha habido avances. Asumimos nuestra responsabilidad, como diputados priistas coincidimos con el llamado que hizo el presidente de la República al Congreso de la Unión.
Es necesario aprobar una legislación democrática en materia de seguridad interior, que nos brinde la certeza a los ciudadanos y encauce la acción de las Fuerzas Armadas. Por eso, esta es una prioridad de nuestra agenda legislativa.
Asimismo, decididos a avanzar definitivamente para lograr un México en paz, seguiremos trabajando para prevenir y sancionar la violencia política de género, impulsaremos diversas propuestas que contribuyan a consolidar el sistema de justicia penal, protegeremos y asistiremos oportuna y eficazmente a las víctimas y a sus familiares. De igual manera, trabajaremos en prevenir, combatir y erradicar los delitos que atentan contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros compromisos legislativos que discutiremos, dictaminaremos y aprobaremos en su momento.
Es momento de avanzar y profundizar. A un año de que concluya la presente administración, a gobierno y a diputados nos corresponde avanzar y profundizar. Al gobierno, avanzar en el fortalecimiento de las condiciones de gobernabilidad democrática que se requieren para seguir encauzando el desarrollo del país.
A los diputados, profundizar legislativamente en las decisiones que contribuyan a perfeccionar el marco jurídico para consolidar el México en paz que todos queremos. Pues más allá de intereses partidistas debemos privilegiar el interés superior de la nación.
México es un gran país. Los invito, invito a todas las fuerzas políticas a sumarse, sin regateos, sin chantajes, con la firme convicción, pero sobre todo, con la responsabilidad de servir a México. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Con la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, concluimos la primera ronda.
Para la segunda ronda se han inscrito los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos: diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y diputado Abel Murrieta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Institucional.
En consecuencia, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su venia, diputada presidenta, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En el pasado, a pesar de la experiencia adquirida en materia de protección civil, teníamos una política reactiva y con lenta capacidad de respuesta, lo cual no permitía actuar con mayor velocidad ante eventualidades, como los eventos de la semana pasada.
El Sistema Nacional de Protección Civil carecía de infraestructura suficiente, no había coordinación que permitiera actuar oportunamente y agilizar la transferencia de los recursos y apoyos a la población. No se contaba con ninguna gestión integral de riesgos a nivel nacional. El Atlas Nacional de Riesgos carecía de información actualizada y completa.
Por todo ello, al inicio de la administración se puso en marcha una política de protección civil integral basada en tres ejes: primero, enfoque preventivo. Segundo, reacción oportuna y coordinación. Tercero, atención ante emergencia.
En este sentido, se han emprendido las siguientes acciones. Primero, en materia de prevención se hace uso de tecnologías y se brinda capacitación puntual a servidores públicos. Actualización del Atlas Nacional de Riesgos, además de que se hizo del conocimiento de la ciudadanía.
Integración de los sistemas de monitoreo y de alerta del país en uno solo: el Sistema Nacional de Alertas. Promoción de la cultura de autocuidado y la autoprotección. Campañas de información a población en zonas de riesgo, incluidas campañas en diez lenguas indígenas más habladas. Jornadas de protección civil y en materia de reacción y coordinación. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre dependencias y órganos de gobierno, trabajo con otros poderes, con la academia y con la sociedad.
Se impulsó la homologación de la normatividad local con la Ley General de Protección Civil. Elaboración del reglamento de la ley, inclusión de los temas de protección civil y prevención de desastres como parte de la agenda de seguridad nacional. Implementación de una gestión integral de riesgos, con protocolos para la atención de desastres unificados y actualizados.
Firma de convenios con el sector privado para fortalecer la colaboración institucional y actuar, juntos, antes, durante y después de una emergencia. Con la industria de la construcción para respaldar los procesos de reconstrucción. Con los sectores aéreos y de autotransporte para facilitar los puentes de comunicación, el traslado de ayuda humanitaria y las labores de evacuación y rescate.
En materia de acción oportuna y liberación de los recursos, perfeccionamiento de los mecanismos de auxilio a la población, se agilizaron los tiempos de respuesta y la entrega de los recursos del Fonden, ahora se entregan a menos de 48 horas. Se puso en marcha el Plan MX para coordinar y articular por primera vez en la historia de nuestro país la respuesta de todas las instancias de gobierno de la República ante una emergencia, incluido el Plan DN-III-E.
Se estrenó la sede del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, Cenaced, que conjunto con los esfuerzos de los sectores, social y privado, para coadyuvar en las acciones que en materia de atención emprenda el gobierno. En reconocimiento a la experiencia de México y a sus políticas en la materia, fuimos sede de la Plataforma Global para la Prevención de Riesgos de Desastres, el foro internacional más importante en la materia, sin embargo, tenemos que seguir sumando esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad, por eso hagámoslo nosotros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchísimas gracias, diputada Ana Guadalupe Perea Santos. Se le concede el uso de la palabra, a la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. Las y los mexicanos que nos eligieron como sus representantes demandan acciones efectivas para solucionar los problemas que más les preocupan.
Eso hace que la interlocución con el Poder Ejecutivo, en el marco de la glosa del quinto informe sea más importante, razón por la cual las y los diputados de Nueva Alianza buscaremos que este espacio sea útil para ambos y de este modo lograr un progreso en temas como la justicia, el respeto a los derechos humanos, la transparencia y el combate a la corrupción.
El inicio del nuevo sistema penal acusatorio ha implicado un reto mayúsculo para las instituciones de todo el país. La reforma constitucional de 2008 es un hito en la concepción de la justicia penal en México. Este busca lograr un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la aplicación expedita de justicia para las víctimas de un delito mediante los juicios orales.
Sin duda se han realizado esfuerzos para capacitar a las policías y ministerios públicos, lo cual celebramos. Lamentablemente y, a pesar de que se cuenta con el marco jurídico adecuado, la implementación del nuevo sistema aún no ha dado los resultados esperados. Sabemos que este es un proceso que requiere tiempo, sin embargo, los índices de impunidad no han mejorado.
En el índice global de impunidad México ocupa el lugar 58 de 59 países con los mayores niveles de impunidad. De acuerdo con cifras de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública durante 2015, se inició averiguación previa en el 6.3 por ciento del total de los delitos. Esto significa que un 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian o no se inicia averiguación previa.
Estamos conscientes que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo para abatir la impunidad y lograr una procuración de justicia efectiva, pero aún falta mucho camino por recorrer si queremos recobrar la confianza de la ciudadanía.
Se reconocen los avances en la modernización de la Procuraduría General de la República, particularmente el establecimiento del programa en materia de desarrollo tecnológico para que cuente con infraestructura de vanguardia.
En otro asunto, consideramos oportuno que el Ejecutivo federal nos haga mención de las acciones del Programa Nacional de Derechos Humanos mediante el cual se promueve el mecanismo de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos, ya que se busca actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y prácticas de los servidores públicos federales en esta materia.
Ciertamente también aquí se han hecho esfuerzos para promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país, sin embargo, esto no es suficiente ya que aún existen señalamientos de vulneración de los derechos humanos en los actos de gobierno.
Del mismo modo continúan las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Otro aspecto que no podemos soslayar y que ha cobrado una importancia toral en los últimos años, es el combate a la corrupción. Sabemos que el gobierno federal ha realizado esfuerzos en aras de que los órganos internos de control promuevan acciones de mejoras para prevenir posibles actos de corrupción, así también como el perfeccionamiento de la apertura de datos de las compras públicas del gobierno.
Contamos ya con un marco jurídico para combatir la corrupción, y la sociedad espera que no exista tolerancia para quienes abusan o se benefician de los cargos públicos.
En Nueva Alianza sabemos reconocer los logros y los avances de esta administración, pero no podemos dejar de señalar las áreas de oportunidad que aún se tienen para mejorar su desempeño.
Somos conscientes de que las y los mexicanos esperan una clase política más responsable, más autocrítica, que asuma que el respeto a la ley no es una dádiva de los servidores públicos, sino es su obligación.
Sabemos que todavía existen retos para consolidar las transformaciones jurídicas que iniciaron con esta administración.
Estamos seguros que el esfuerzo conjunto conseguirá que podamos dar un mejor país a todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se le concede el uso de la palabra al diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señora presidente. Buenas tardes compañeros. Hay autoridad legal y autoridad moral. La autoridad legal es la que se adquiere a través del cumplimiento de las normas constitucionales electorales que han de definir una elección de llevar a alguien al mando. Respecto a la autoridad moral de Enrique Peña Nieto no tengo ninguna observación, ciertamente hubo desaseos e inconsistencias en la elección de 2012, pero eso fue hace cinco años, y de alguna manera es nuestro presidente legítimo, y así lo reconozco.
Sin embargo, respecto a la otra autoridad, a la autoridad moral, ahí sí hay muchos cuestionamientos. Esta es tan importante como la anterior, y a veces más importante. La autoridad moral es la que se adquiere en manos de un gobernante cuando este cumple con su pueblo, cuando gobierna con sensatez, probidad y honestidad, cuando cumple con lo ofrecido y mejora las condiciones generales de su país, cosa que notoriamente no ha hecho el actual presidente de la República, a pesar de lo que se informa en el documento que nos acaba de hacer llegar.
No en balde hay un rechazo generalizado a la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Vean ustedes las estadísticas y las encuestas serias que se han hecho, y aproximadamente tiene el apoyo de solamente una quinta parte de la población de la República, un 19 por ciento. ¿Cuánto sería esto?
Y recordando que nuestra República es representativa en términos constitucionales, cosa que significa que nuestro presidente no es otra cosa que nuestro representante, fíjense entonces el rechazo de los representados, la falta de confianza que se tiene en su figura.
Eso es notoriamente un fracaso en materia de política interior, de tal manera que es válido decir con elementos en la mano, que ha sido un fracaso en esos términos la presidencia de Enrique Peña Nieto.
De muchos de los temas que hay en materia de política interior, elecciones, derechos fundamentales del hombre y demás, destaco dos en esta ocasión. En primer lugar, la corrupción y, en segundo lugar, la seguridad pública.
De la corrupción no en balde han hablado en esta tribuna el día de hoy todos los diputados que no somos parte del oficialismo. Es el tema, es lo que nos tiene agobiados a los mexicanos, y no parece haber remedio o haber intenciones por parte de la Presidencia de la República de que haya algún remedio.
Decía Emilio Portes Gil, presidente de la República y fundador de partidos, que cada sexenio en este país salen comaladas de millonarios. Pues en este sexenio se han multiplicado estas comaladas y los tenemos por todos lados. Lo sabemos por las denuncias, lo sabemos por la prensa, lo sabemos por los documentos que aquí nos llegan y lo sabemos en lo anecdótico.
Ahí está el caso de la vergonzosa estafa maestra con la complicidad de universidades oficiales; está Odebrecht; está el saqueo que hizo Emilio Lozoya Austin, de Pemex; y muchos casos más, para los cuales no ha movido un sólo dedo la Presidencia de la República, lo cual es vergonzoso.
Sí dicen aquí los corifeos del régimen: hay mucho que hacer, hay agenda pendiente, hay asignaturas todavía en la mesa. Pero este es un informe que se refiere a lo que se ha hecho, y no se ha hecho lo suficiente. Falta mucho, falta mucho por resolver y estamos los mexicanos en un 80 por ciento por lo menos totalmente insatisfechos.
Y el segundo tema, amigos, es la seguridad pública. Es notorio que ha sido un fracaso la actual administración en materia de políticas públicas de seguridad pública. Los mexicanos tenemos miedo. Los mexicanos cambiamos nuestros hábitos cotidianos por miedo.
Recuerdo en este momento la definición de seguridad que nos han dado los colombianos, seguridad es el derecho a vivir sin miedo, pues en México no tenemos ese derecho. Cotidianamente se atenta contra nuestros derechos fundamentales por la ineficacia del gobierno de enfrentar ese terrible problema. Se atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la libertad sexual, el derecho a la propiedad, y tantos más.
De tal manera que, sin dejar de reconocer que hay responsabilidad por parte de gobiernos locales, tanto del estado como municipales, debo recordar que la conducción genérica de la seguridad pública está en manos del gobierno federal y no sólo no ha resuelto el problema, sino que es errático en las soluciones que todavía quiere proponer.
Cito como ejemplo dos iniciativas de ley que están ahí pendientes: la Ley de Seguridad Interior y la ley que pretende establecer el mando único, que no muestran otra cosa que los desaciertos conceptuales que tiene el gobierno de la República en manos de Enrique Peña Nieto en ese tema. De tal manera que mi crítica es contundente. Mi crítica no hace más que reproducir y traer a esta tribuna lo que opina el 80 por ciento de los mexicanos.
Y, si bien demando una rectificación en estos dos temas, con optimismo digo que todavía hay tiempo. Que tenemos más de uno año de gobierno por delante, nos guste o no. De tal manera que ojalá —lo que parece que de darse sería un milagro republicano—, ojalá y se rectifiquen y ojalá que empecemos a ver a comisarios en la cárcel u ojalá y empecemos a ver esos caudales devueltos al patrimonio nacional, de tal manera que se empiece a sembrar ese producto en riesgo de extinción, que es la confianza. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en menos de un año de que termine este sexenio, el gobierno de la República sigue cumpliendo con los compromisos pactados al inicio de su administración.
Si bien en este camino han existido diversas posturas y confrontaciones políticas, se han atendido adecuadamente las complejas situaciones sacando siempre las crisis nacionales con unidad y enfocándose en trabajar para dar los resultados que exige cada uno de los mexicanos.
Un gran ejemplo de esto es que el gobierno de la República ha tomado la igualdad de género como un tema primordial en la consolidación de un país con sociedades de derechos para las mujeres. Se ha hecho un trabajo sin precedentes para prevenir, atender y erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, así como su empoderamiento.
Es así como se ha impulsado la creación de centros de justicia especializados en mujeres que ofrecen oportunidades para que las mujeres, además de tener un empoderamiento personal al interior de su familia, al interior de su trabajo también cuenten con este empoderamiento.
Asimismo, se puso en marcha la línea 01800 Háblalo, en el que las víctimas de la violencia pueden denunciar, pueden encontrar atención profesional. Esto lo pueden hacer de forma confidencial y gratuita y sirve las 24 horas del día y los 365 días del año. Se crea además una cultura de cambio desde dentro del gobierno federal, en el cual hoy hay una política de cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual dentro de cada una de sus oficinas.
Esta adición de respeto y protección a los derechos humanos se ve reflejado también en el tema de migración. En administraciones anteriores el retorno de nuestros connacionales repatriados se hacía en condiciones que ponían en riesgo su integridad, que ponían en riesgo sus garantías de respeto a sus derechos humanos, y así como dificultades para tener sus documentos de identidad y la falta de aprovechamiento de las capacidades que habían adquirido en Estados Unidos.
Ante esta situación, el gobierno de la República pone en marcha el Programa Somos Mexicanos, para recibir dignamente a las y los mexicanos que regresan a territorio nacional. Ahora se recibe a los repatriados en puntos y horarios fijos, se les brinda atención médica, se les brinda alimento, ropa, albergues, comunicación con sus familias, traslado a sus estados de origen, así como la canalización al Servicio Nacional de Empleo, y además se les expide su CURP.
Otra de las áreas prioritarias para el gobierno de la República ha sido la seguridad, y no es para menos, ya que se trata de una de las funciones primordiales del Estado y este se debe cumplir para que haya paz en nuestro país. Para ello, el gobierno de la República privilegió la generación de inteligencia normativa, estratégica y táctica, a través de la cooperación interinstitucional.
Trabajando de manera coordinada con los poderes Legislativo y Judicial, así como con los gobiernos locales y la sociedad civil, se ha modificado el esquema de combate al crimen organizado, adaptándose a alternativas de acción, como es la prevención social, la violencia y el delito. Este cambio de estrategias para combatir la delincuencia ha permitido la neutralización de 107 objetivos relevantes, que participan como piezas claves de la estructura delictiva, en lo que va de este sexenio.
Aprovecho, compañeras y compañeros, para recordarles que dentro de esta Cámara están pendientes dos iniciativas que son fundamentales para el combate a la delincuencia en este país: la primera es la de mando mixto o mando único y la otra es la de seguridad interior. Nuestro país necesita, nuestros ciudadanos exigen estas iniciativas.
Atendiendo al reclamo también de la sociedad, se puso en marcha el número de llamadas de emergencia 911, el cual ofrece atención especializada para 242 tipos de incidentes, que pueden ser de seguridad, pueden ser médicos y pueden ser de protección civil y ha prestado auxilio oportuno a la población, sobre todo se prestó oportuno auxilio en estos tiempos del terremoto que vivimos la semana pasada.
También se trabajó en la implementación de dos grandes subtemas, en voz de la ciudadanía, en temas de procuración y administración de justicia tenemos el sistema penal acusatorio, y en materia de transparencia y rendición de cuentas tenemos el sistema nacional anticorrupción.
Tenemos también que reconocer que se ha dado esta inclusión gracias a las tecnologías de la información y comunicación y esto nos ha permitido abrir un escenario político en más de 65 millones de mexicanos conectados a esta red. Parte de esto es la Estrategia Nacional Digital que se lleva en México para tener un país ciberseguro.
Es necesario entender que vivimos en dos mundos, vivimos en el mundo digital y vivimos en el mundo en el que estamos en este momento y, en particular, la economía digital en nuestro país está entrando a este sistema de seguridad, al cual tenemos que seguir protegiendo, y esto se da gracias también al Plan Nacional de Desarrollo.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde continuamos trabajando para concretar nuestra agenda legislativa, dispuestos a dar el debate y respetando siempre las opiniones que difieran a la nuestra, consensando las posturas contrarias, pero defendiendo con firmeza nuestros valores y puntos de vista, los cuales son en esencia nuestros representados. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputada Sofía González Torres. Se le concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada presidenta. Ciudadanos que nos siguen por el Canal del Congreso, diputadas, diputados, el informe que estamos analizando en esta glosa es demasiado optimista, describe a un país que solo está en la imaginación del Ejecutivo federal, pero la realidad es distinta.
No existe el crecimiento económico necesario, sigue el aumento del desempleo, nuestro sistema de procuración de justicia no funciona, las instituciones policiacas no han sido capaces de reducir la violencia y la delincuencia, los delitos de alto impacto van avanzando.
Mientras el informe señala que disminuyó la delincuencia del fuero común en un 6.6 por ciento, en mayo de 2017 se alcanzó la cifra record de homicidios de más de 2 mil 186. En ningún país del mundo ni en Colombia con Pablo Escobar ni en Siria se ha llegado al actual índice de asesinatos en un solo mes.
En el informe existe un derroche de cifras y números alegres que se vuelven un insulto para la ciudadanía. Según los homicidios dolosos disminuyeron 5.5 por ciento, los secuestros disminuyeron el 20 punto por ciento, la extorsión disminuyó 20 por ciento, y que los robos se hicieron en el 19.3 por ciento.
Sin embargo, las cifras principales, ya que no demuestra una verdadera reducción en los niveles de inseguridad, más bien, la ciudadanía ya no tiene confianza en la procuración de justicia y por ende, no denuncia, ya que reina la impunidad.
La disminución en los índices de la denuncia no significa que reduzca la delincuencia, existen casos de secuestro que desde 2008 no han sido resueltos, recientemente el padre de una víctima así lo denunció.
De 2014 a 2016 se contabilizaron 70 mil 141 asesinatos en una guerra contra el narco que no está dando resultados y sólo está generando más violencia. Los ataques a las autoridades municipales no han cesado, el 1 de enero de 2016, arteramente en su domicilio fue asesinada la presidenta municipal, Gisela Mota. Y a la fecha no se han atrapado a los verdaderos responsables.
El homicidio de líderes sociales como Arturo Hernández Cardona, en el estado de Guerrero, sigue impune. Dan vergüenza las cifras en ceros respecto en materia de trata de personas.
Respecto a la desaparición forzosa no habla de soluciones, solo de cifras. La Comisión de Seguridad reporta 30 mil 942 desaparecidos. En la Cámara de Diputados existe una iniciativa en contra de la desaparición forzosa. En la Comisión de Justicia ni siquiera ha pre dictaminado.
A estas cifras se agregan los 600 millones de pesos en seguridad que se han gastado de 2013 a 2016. ¿Vale la pena continuar invirtiendo más y más dinero en una estrategia de seguridad que ha resultado equivocada? Les pregunto.
A esto agregamos los casos graves generados por el Estado, como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa o la masacre de Tlatlaya. Por eso decimos no a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y a la Ley de Suspensión de Garantías del Artículo 29 Constitucional.
De ninguna manera vamos a permitir que mediante las leyes se legitimen las atrocidades. El actual gobierno y autoridades militares no han demostrado tener el mínimo de condiciones para hablar de una Ley de Seguridad Interior. Por ello, es imposible transitar ante tales negligencias.
En materia de derechos humanos reconocemos el esfuerzo, pero una oficina no puede con el resto de las instituciones que sistemáticamente violan los derechos.
En materia de política migratoria, las violaciones a los extranjeros que transitan por nuestro país están a la vista todos los días. El Instituto Nacional de Migración actúa como oficina privada. No se está generando una política integral para ampliar el nuevo número de visitantes a nuestro país.
La agresión a ciudadanos de diversos países limita el acceso de divisas. Se restringe el turismo y por ello la desilusión y la decisión de circular.
Compañeros, no hay invierno que dure cien años. La primavera y el cambio verdadero están por llegar en el 2018. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Se le concede el uso de la palabra al diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Con la venia de la Presidencia. El día de ayer el presidente Peña señaló que los últimos cinco años han sido de progreso constante y que para superar las condiciones actuales necesitaremos cinco años más al PRI. Estamos convencidos de que seguir por ese camino nos conducirá a la debacle social, política y económica.
Compañeras y compañeros diputados, México vive una crisis humanitaria de dimensiones sin precedente: homicidios, desapariciones forzadas, casos de tortura cada vez más frecuentes, desplazamiento forzado de muchas poblaciones en nuestro país y un sinnúmero grave de violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, en nuestro país el gobierno del presidente Peña sigue manteniendo un discurso triunfalista que contrasta lamentablemente con la realidad, realidad que no es gratuita. El descrédito de las instituciones, los altos niveles de corrupción, la impunidad asociada y un mayor deterioro del Estado de derecho han sido los detonadores.
No solo hablamos de desconfianza del ciudadano en las instituciones o de la capacidad o indolencia de muchos funcionarios públicos. Tampoco nos referimos solo a la existencia de un Ferrari en una casa de interés social o de un secretario de Estado vinculado familiarmente con la delincuencia organizada que roba hidrocarburos.
Tampoco hablamos solo de la cifra negra de delitos no denunciados, que es superior al 23 por ciento. O de la eficiencia magra de un 10 por ciento de la procuración de justicia o de la falta de garantías que día a día merma el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los que habitamos en el territorio nacional.
Y qué decir del autoencierro de las personas que prefieren no salir de noche por temor a ser víctimas del crimen. O de nuestros jóvenes, a quienes el gobierno de Enrique Peña solo ha dejado tres opciones: empleos muy mal pagados para sostener la economía nacional, enrolarse en el crimen organizado o migrar al país vecino. No, no podemos hablar de estos hechos en forma aislada, hablamos más bien de la corrupción generalizada en las estructuras del Estado y de la descomposición social que de ello se ha desencadenado y, en ocasiones, también se auspiciado desde ahí: corrupción, impunidad, ineficiencia, patrimonialismo, opacidad, delincuencia rampante en las más altas esferas del poder público que se han traducido en violencia y también desafortunadamente en desesperanza.
Los casi 110 mil elementos militares desplegados en promedio mensual a lo largo y ancho de país, no han coadyuvado más que para mantener el control territorial de la delincuencia, mientras que también otros más de 50 mil elementos del Ejército en labores de seguridad pública, solamente ha ocasionado que los gobernadores no asuman la responsabilidad que les corresponde, así lo demuestran los múltiples operativos conjuntos en varias entidades y regiones del país, que es Tamaulipas, el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Jalisco y las regiones de La Laguna y la Tierra Caliente, pues no se ha contribuido con ello en la disminución de los índices de violencia, mucho menos a reducir la presencia delincuencial. Estos territorios siguen siendo los más violentos e inseguros de la República.
Ciudadanas y ciudadanos, el país dista tanto de la realidad peñista que parecen dos lugares diferentes, la inacción de la justicia es estremecedora, para muestra un botón. Debemos señalar que en materia de trata de personas se iniciaron tan solo ocho averiguaciones previas y se consignó a tres personas frente al tamaño de este flagelo que está considerado México como país, el país número uno en trata de personas en toda Latinoamérica y por la ONU también a nivel mundial.
Las víctimas también, compañeras y compañeros, siguen en aumento y las instancias de atenderlas son completamente inútiles. Lo mismo sucede con aquellas destinadas a la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, cuántos de ellos han sido asesinados y cuántos acallados por sus investigaciones. La realidad es que nuestro país es el tercero más peligroso para ejercer esta profesión de acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras.
En el combate a la delincuencia organizada, siendo esta una prioridad gubernamental, resultan irrisorios los reportes que nos envía el Ejecutivo federal en donde asegura que ha incautado menos de 42 millones de dólares, cuando por cálculos conservadores el monto del lavado de dinero en nuestro país supera los 40 mil millones de dólares. Es decir, nos reporta una eficiencia en este rubro del uno por ciento.
Mientras tanto, el compromiso del gobierno peñista con el combate a la corrupción se ha limitado solamente a cubrirse las espaldas con un fiscal a modo.
Compañeras y compañeros, el México de hoy reclama justicia pronta, imparcial y expedita. Reclama verdad para las víctimas, reclama protección para los comunicadores, condiciones de seguridad para todas y todos los mexicanos. Reclama esperanza para la juventud.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Concluya, por favor.
El diputado Rafael Hernández Soriano: El México de hoy reclama hoy la vigencia de un Estado democrático y de derecho, pero sobre todo el México de hoy, las mexicanas y los mexicanos reclamamos el fin del régimen corrupto e ineficaz que gobierna este país. Por su atención, gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Everardo López Córdova: Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores legisladores. Actualmente nos encontramos en uno de los peores momentos en la historia reciente en este país no solo por la inseguridad, por la corrupción rampante, por el mal rumbo de la economía, sino, lamento decirlo, el retroceso democrático que ha significado estos cinco años del gobierno priista.
Vivíamos en un país regido por el autoritarismo en el que pensábamos diferente, teníamos que ser limitados nuestros canales de participación. Hoy parece que el PRI gobierno quiere regresar a esos años.
Aquí, en este mismo recinto, en el México del siglo XXI, hemos alcanzado la construcción de un espacio en el que darse el debate y la deliberación, ese debate, ese diálogo que tanto asusta al PRI gobierno.
Todos los que integramos esta Cámara debemos de tener presente que el desencanto por la democracia es una realidad, y lo es por sujetos como Javier Duarte que se robó hasta el dinero dirigido para el tratamiento de los niños con cáncer en Veracruz. Su voracidad no tuvo límite.
Qué decir de Borge que vendió terrenos a muy bajo precio a su mamá y a sus cómplices para fomentar su enriquecimiento ilícito. Y el otro Duarte, el de Chihuahua, el que se creó un banco para guardar su dinero mal habido y que ahora cínicamente se dice perseguido político.
Por todos estos priistas de la nueva generación es que los mexicanos están desencantados con la democracia. La ciudadanía está cansada y decepcionada, no cree en la clase política y no confía en las instituciones, no confía en sus gobernantes.
Y asumiendo la responsabilidad que tenemos como legisladores en este desencanto, también tenemos que señalar que el gobierno de Peña Nieto está aniquilando los ánimos democráticos de este país, suprimiendo el diálogo y la libertad de expresión, espiando a los activistas y comprando el voto, dejando que reine la corrupción y la impunidad. Quienes más recienten este escenario tan adverso, son los ciudadanos que día con día ven vulnerados sus derechos fundamentales.
El caso Pegasus es una muestra palpable de la vocación autoritaria y tramposa del régimen priista.
Hoy los diputados de Acción Nacional manifestamos nuestro más profundo rechazo e indignación y enérgica condena en sus espionajes ejercidos desde el gobierno federal.
Por otro lado, celebramos que activistas y periodistas comprometidos alcen la voz, denuncien esta intromisión del gobierno. Son esas voces de resistencia y esa sed de justicia lo que hace que podamos salir adelante. Reza el dicho: Árbol que nace torcido jamás su rama endereza.
En este sexenio sobran evidencias del gen antidemocrático y corruptor del Partido Revolucionario Institucional.
Este gobierno ha demostrado no querer ayudar a la gente que más lo necesita, quiere seguir usando a los más vulnerables como botín político. Así lo vimos en las elecciones pasadas, particularmente lo que ocurrió en el Estado de México y en Coahuila, fue muestra de que el PRI se aferra a una posición de mando sin principios ni vacilaciones. Con cinismo, con desmesura total, el gobierno federal se encargó de orquestar sendas elecciones de Estado.
Compañeras y compañeros diputados, los cinco años de esta administración han servido para ejemplificar lo que no debe de hacer en cuanto al fomento de la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento a la democracia.
Los que creemos en el diálogo y en la libertad, vemos con preocupación que el gobierno federal no quiere enderezar su camino que busque un retroceso político más grande. Pero no lo vamos a permitir. Los que formamos parte del Frente Ciudadano por México, no daremos ni un paso atrás. Es tiempo de que recuperemos el rumbo de este país. Creemos que uniendo voluntades podemos salvaguardar los derechos de toda la gente que está cansada del PRI-gobierno.
Con el Frente Ciudadano, estaremos generando una alternativa nacional, un nuevo rumbo para este país, un nuevo régimen en donde el ciudadano sea verdaderamente el que mande, ese es el futuro de México que le espera y vamos por él. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Muchas gracias diputado José Everardo López Córdova. Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Abel Murrieta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros diputados y público del Canal del Congreso.
México en paz. Sin lugar a dudas, todos los temas de la administración pública federal son relevantes, pero de especial importancia resulta la gobernabilidad y la paz interior de nuestro país.
Estas dos áreas nos son comunes a todas las actividades que desarrollamos los ciudadanos. No podríamos hablar de desarrollo económico sin paz y gobernabilidad, y así hablaríamos de todas las demás actividades.
Este ambiente da lugar a que todos podamos vivir en tranquilidad y desarrollar nuestro proyecto de vida. Un requisito democrático del que me permito destacar dos características: la paz es indispensable y la seguridad es irrenunciable.
Indispensable porque es una condición elemental para permitir el desarrollo de una vida plena. Irrenunciable porque es una responsabilidad primogénita de todo estado democrático. Por eso, como ha dicho el presidente Peña Nieto, su administración trabaja para fortalecer las condiciones de gobernabilidad democrática que se requieren para el desarrollo del país.
En esa tesitura estableció una estrategia integral para mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad. Quienes conocemos los antecedentes que privaban en el pasado dentro del Sistema Nacional de Seguridad, sabemos la importancia de la coordinación que actualmente se ha logrado.
Nadie puede negar que anteriormente había grandes diferencias, había falta de coordinación, incluso se llegaba al extremo de enfrentamientos entre instituciones de seguridad, afectando los resultados en esta materia.
Hoy, la situación es diferente. Ya hablamos de coordinación no sólo entre los tres poderes. Hablamos de coordinación con los ciudadanos, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con los 32 estados y con los municipios. Esta es una gran diferencia.
También el presidente incrementó el uso de sistemas de inteligencia para combatir la delincuencia organizada. Gracias a esto se ha logrado neutralizar el 88 por ciento de los objetivos prioritarios.
No solamente el gobierno ha logrado reducir en un 11 por ciento la incidencia delictiva del total de 2012 al 2016. No se vale establecer casuísticamente la estadística. La estadística y las tendencias se hacen con periodos mucho más largos, que los que hoy pretenden denotar en contra de la actividad de seguridad pública.
También el presidente ha sido aliado de las mujeres, esto tampoco lo cuentan, 28 de los 35 Centros de Justicia para las Mujeres, en 24 entidades federativas, han sido construidos en esta administración.
Para quienes han criticado en materia de derechos humanos, creo que están equivocados. Hoy como nunca se ha abierto al escrutinio de la sociedad civil, de las organizaciones nacionales e internacionales. No concibo la crítica ni concebí hace unos años que un expediente de los más graves del país esté abierto a la sociedad.
Y también hay que recordar que ha cumplido, no como lo hacían en los años anteriores, hoy sí se cumplen los fallos de la Corte Interamericana. Promovió la ley que permite prevenir y erradicar la tortura, y sobre todo se ha implementado un nuevo sistema penal acusatorio de corte democrático para hacer de la justicia y robustecer los derechos humanos.
Para valorar en su justa dimensión el gran esfuerzo que representa hay que recordar el pasado al inicio del presente sexenio, hoy pocos quieren acordarse. Solo esta administración ha invertido nueve de cada 10 pesos para el nuevo sistema penal. Esto es unir la acción a la palabra y no estar diciendo que antes se había promovido un nuevo sistema penal acusatorio.
No estamos ajenos a las críticas o a las fallas que se han venido planteando, las cuales son comunes a los demás países que han cambiado su sistema penal. Es necesario seguir trabajando para identificar las áreas de oportunidad para mejorar y fortalecer el nuevo sistema.
El presidente Peña Nieto lo ha dicho, hablando de coordinación, seguirá muy cerca con las entidades federativas y municipios, y con el Poder Legislativo y Judicial. Asimismo, se ha puesto en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. Durante estos años se han afianzado los lazos de confianza de colaboración entre poderes y órdenes de gobierno.
Hay más confianza en México robusteciendo la gobernabilidad democrática. México pasó del decimotercer país al octavo país más visitado del mundo. La inversión extranjera aumenta, acumulada, alcanzó más de 156 mil millones de dólares. Más de 120 empresas nacionales y extranjeras comprometieron inversiones superiores a los 80 mil millones de pesos. Esto habla de la confianza en la gobernabilidad de nuestro país.
Un gobierno de realizaciones y transformaciones, como lo describió nuestro coordinador, César Camacho, a cinco años de resultados del gobierno del presidente Peña Nieto.
Sentó un record de empleos, casi tres millones. Bajaron las tarifas de comunicaciones. Que la transformación que impulsó 13 reformas que nadie ha dicho que no fueran necesarias. Podremos criticarlas, pero en el fondo todos estamos de acuerdo. No engañemos a la sociedad.
Por eso a un año del término de esta administración es momento de replantear los retos, sobre todo es una ocasión que, más allá de banderas partidarias, los representantes populares actuemos como lo que somos: ciudadanos. No concebimos los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, el origen del servidor público sin la mística de hacer lo que en la calle cuestionamos, de hacer lo que como ciudadanos pensamos y de hacer lo que como ciudadanos exigimos: quitarnos la bandera partidista al momento de llevar a cabo nuestra función.
Hay diputados y bancadas que se olvidan, esta administración ha combatido la corrupción y es la que más acciones penales contra servidores públicos ha tenido. Pero qué vergüenza que vengan a esta tribuna a engañar. Un diputado sonorense sí se acuerda de que Padrés también. ¿Por qué no lo menciona? Quítense las banderas partidistas y digamos la verdad. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida a la Presidencia de la República para su conocimiento. Buenas tardes. Señores diputados.
INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al punto de las iniciativas, al rubro de iniciativas, y comenzamos con la que presenta un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Está suscrita por los diputados César Camacho Quiroz y Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, y es la propia diputada González Calderón quien la sustenta, hasta por cinco minutos.
La diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, señor presidente. Para mí es un honor el poder venir a presentar ante este pleno una iniciativa que se ha venido construyendo con diversas organizaciones de la sociedad civil, con instituciones del gobierno federal. Pero, particularmente, quiero agradecerle al coordinador César Camacho, la bondad que tuvo de ver esta iniciativa y de impulsarla con todo lo que da.
Porque estamos hablando, compañeras y compañeros, de los niños invisibles, de aquellas niñas, aquellos niños, aquellos adolescentes que están relacionados, que tienen un familiar en algún reclusorio. Aquellas niñas y aquellos niños que hoy por hoy, no son objeto de ninguna política pública.
Es impresionante que en los reclusorios estos niños sean considerados como los futuros delincuentes. Es ahí donde el Estado tiene que velar si el valor fundamental es su infancia, por estos niños, que en el universo de niños vulnerables se pierde.
Por eso es que quiero agradecer, porque en esta iniciativa hay muchas historias de vida, hay muchas historias de niñas y niños que viven, si bien les va, con un familiar. Pero también están viviendo con algún vecino, o seguramente muchos de ellos están viviendo en la calle, por no ser objetos de la atención del Estado.
Este es un ejercicio que se vino construyendo, que se vino tejiendo a lo largo de muchos meses y en donde la sociedad civil estuvo poniendo atención para poder estar modelando un formato, en donde estos niños se puedan primero visibilizar.
Desde que un adulto entra a un reclusorio, no importando cuál haya sido el delito, hoy por hoy el Estado —que es la propuesta que venimos a poner a su consideración— hoy el Estado tiene que tener un protocolo para que estos niños primero sean visibles y, a través de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, podamos estar viendo cuál es el futuro de ellos. Que se les pueda estar acompañando hasta que ellos puedan obtener la mayoría.
Aquí estamos trabajando, no solamente para la generación de aquellos que hoy están purgando una condena. Hoy estamos trabajando precisamente en las futuras generaciones, en aquellas niñas y niños que hoy son objeto de discriminación, que hoy no forman parte de los programas sociales porque no los tenemos registrados.
Niñas y niños que hoy por hoy no pueden o son objeto de estigmatización. Es increíble que hasta hace algunos años podían registrarse, y no porque no se quisiera, porque no se tenía el cuidado que estas niñas y estos niños también tenían derechos y por supuesto debían de crecer en ambientes protegidos.
Por eso es que a mí me honra presentar esta iniciativa que va acorde con las reglas de Bangkok, que va acorde también con las recomendaciones de las Naciones Unidas y que habla precisamente de las reglas para el tratamiento de las reclusas y los reclusos y medidas no privativas, para que muchas mujeres, para que muchos hombres que estén purgando una condena por lo menos sepan que sus hijos no van a repetir los mismos esquemas de violencias que ellos tuvieron.
Esta iniciativa con proyecto de decreto propone una serie de reformas y adiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Hoy, compañeras y compañeros, tenemos la posibilidad de construir, no solamente un mejor futuro para ellos, sino para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, coordinador.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por los diputados César Camacho y Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, César Camacho Quiroz y Martha Hilda González Calderón, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo que señalan los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 numerales 1 y 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en los siguientes elementos:
Planteamiento del problema
El pasado día 31 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016), la cual tuvo como objetivo central generar información de tipo estadístico sobre la experiencia del proceso penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años de edad y más, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida.
La ENPOL ha generado uno de los marcos de referencia más importantes para diagnosticar la situación en que se encuentran las personas privadas de la libertad en México. Si bien los hallazgos son preocupantes en diversos sentidos, para los efectos de la presente iniciativa citamos a continuación aquellos que inciden en la situación de las niñas, niños y adolescentes que de manera indirecta se encuentran afectados por la situación de privación de la libertad de sus padres, tutores o personas que los tienen bajo su guarda y custodia. Dentro de los resultados más significativos podemos citar los siguientes:
1. En octubre de 2016, 173 personas de cada 100 mil se encontraban privadas de su libertad. El documento del INEGI cita, para efectos de dimensionar la cifra, que en los Estados Unidos esta proporción es de 693 personas y en Canadá de 114.
2. Para el mismo periodo de investigación, el 70.3% de la población tenía dependientes económicos. De éstos, el 70.4% era el esposo o pareja; el 64.1% eran hijos; el 25.2% hermanos, el 24.1% madre, el 8.0% padre y el 13.7 otros dependientes. Estos porcentajes, extrapolados a la población bajo estudio nos reportan que 148,544 internos tenían dependientes económicos y que de estos 95,216 informaron tener hijo(s) dependientes y 37,433 contestaron tener hermano(s) como dependientes económicos, muy probablemente la mayoría menores de edad.
3. Es importante advertir que la situación en el hogar de las personas privadas de su libertad, hasta antes de los 15 años de edad, estuvo caracterizada por diversos problemas sociales dentro del núcleo familiar. Así se encontró que el 67.3% de la población vivió en esa etapa de su vida tanto con su padre como con su madre, mientras que el 32.7% vivió en hogar monoparental o sin padres. Lo destacable es la situación de vulnerabilidad vivida por los menores reportados en la encuesta, ya que se encontró que los padres o adultos que cuidaban a los menores consumían alcohol frecuentemente (32.8%); les gritaban frecuentemente (20.5%); los agredían físicamente (16%); los insultaban frecuentemente (14.3%); los golpeaban y les provocaban lesiones (8.3%); estuvieron recluidos en un centro penitenciario (5.9%); consumían drogas frecuentemente (5%), entre otros indicadores. Esta lamentable serie de problemas sociales es muy probable que haya incidido en la propensión a delinquir de las personas privadas de la libertad, afectando también –negativamente– su relación con los actuales dependientes económicos reportados, y de manera significativa con los menores de edad dependientes.
4. Otro dato interesante que menciona la encuesta es que el 25.5% de la población que se encontró privada de la libertad en 2016 declaró haber sido arrestada inmediatamente después de haber cometido el presunto delito, sin embargo, el 21.5% fue sustraída de un lugar privado, sin una orden de detención de por medio, a decir de los encuestados; el 13.1% dijo haber sido detenido con una orden. En estos últimos porcentajes es muy probable encontrar que la sustracción o detención del presunto delincuente haya sido efectuada en su hogar, con todas las implicaciones que ello conlleva, en términos de impacto hacia los menores que pudieran haber estado presentes. En 33.6% de los casos, la población privada de la libertad fue arrestada por la Policía Ministerial o Judicial, mientras que 32.6% fue arrestada por la Policía Preventiva Municipal. En 15% de los casos, el arresto lo realizó una autoridad federal. No se reportó si estuvieron presentes menores al momento del arresto, y en consecuencia tampoco se sabe si se siguió algún tipo de protocolo para atemperar el impacto psicológico y de otra índole en los menores presentes.
5. Cabe destacar, para tener un contexto más preciso, que el 79.3% de la población privada de la libertad en 2016 fue esposada en el momento de su arresto, mientras que en 57.8% de los casos, la autoridad empleó la fuerza física para someterla. Esto es también alarmante, pues en el caso de haber estado presentes algunos menores, estos deben de haber tenido una afectación psicológica significativa al presenciar estas acciones violentas.
6. Aunado a lo anterior, la encuesta reportó que de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016, 63.8% sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad o persona que realizó el arresto. Específicamente se reportaron los siguientes tipos de agresión (principales): patadas y puñetazos 59%; golpes con objetos 39%; lesiones por aplastamiento 37%; descargas eléctricas 19.4%, entre otras formas de agresión. De ser consistente esta información, se agregaría un componente de violencia muy lamentable que con seguridad habría afectado gravemente a los menores que pudieran haber presenciado las agresiones, sobre todo en los casos en que el detenido fue uno de sus padres.
7. Un tema relevante para el asunto que nos ocupa, lo fue el de las “Visitas”, apartado que reportó los resultados siguientes: el 75.2% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 recibió visitas de familiares o amigos. Estos datos permiten apreciar que tres cuartas partes de las personas privadas de la libertad recibieron visitas de algún(os) integrante(s) de su núcleo familiar o de su círculo de amistades. Un número no explorado en el instrumento fue el de menores que integraron el grupo de familiares, sin embargo, podemos suponer que su número fue significativo. Agregaríamos que el 23.9% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016 recibió visita conyugal. En 32.5% de los casos, dicha visita se realizó cada semana. El 23.9% de la población, extrapolada a la totalidad de personas privadas de la libertad que considera la ENPOL de 211 mil reclusos, representa en números absolutos al menos 50,429 parejas que probablemente ya tienen hijos.
8. Es muy interesante apreciar que, según la encuesta, a nivel nacional el 94% de la población privada de la libertad durante 2016, consideró que podría tener reinserción a su núcleo familiar al cumplir su condena. No obstante, sólo el 40.1% manifestó que podría lograr una reinserción social al salir del Centro Penitenciario. Estos datos son relevantes si los visualizamos desde la óptica de la dualidad que existe entre la reinserción y la perspectiva de reincidencia, pues se ha encontrado que el ex recluso que se reintegra a su núcleo familiar, al cumplir su condena, tiene menos probabilidades de reincidir en algún ilícito. Esto contraste con la idea que tienen los encuestados de las posibilidades, bajas, de reinserción social; es decir, el reo actual confía más en su familia que en la sociedad para lograr una reinserción, una vez libre; aunque cabe acotar que el interno también tiene una confianza alta en poder reinsertarse en algún trabajo: el 90.8% consideró probable su reinserción laboral al término de su condena.
Toda la problemática hasta aquí perfilada de los centros de reclusión y la que sufren las personas internadas en ellos, lleva a colegir que las niñas, niños y adolescentes, que tienen padres o familiares recluidos, están en situación de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos como tales y no cuentan con las condiciones, facilidades ni motivación suficientes para llevar a cabo visitas a sus familiares en circunstancias adecuadas, sobre todo en los penales estatales.
Para complementar el presente planteamiento del problema, se hace necesario abundar acerca de los impactos que sobre el menor tiene la situación de tener a sus padres o familiares privados de la libertad, al efecto, nos referimos a continuación al estudio denominado “ El impacto que el encarcelamiento de un(a) progenitor(a) tiene sobre sus hijos” de la autoría de Oliver Robertson. Aunque el estudio fue elaborado hace diez años, en 2007, fundamentalmente con información de centros de reclusión del Reino Unido y Estados Unidos, a nuestra consideración sus resultados no dejan de tener vigencia y pueden ser extrapolados en sus partes medulares a otras realidades, incluyendo la nuestra. A continuación, presentamos los datos y consideraciones más relevantes para los propósitos del planteamiento del problema que nos ocupa:
El estudio en cuestión comienza señalando que los menores hijos de padres privados de la libertad son considerados frecuentemente como las víctimas olvidadas del encarcelamiento. Estos menores no son tomados en cuenta, con mucha frecuencia, a lo largo de las etapas que se identifican alrededor de un proceso de privación de la libertad: la detención del presunto(a) responsable, el juicio, el encarcelamiento por sentencia y la liberación una vez purgada la pena. A partir del arresto del padre o madre, el menor o los menores resienten de inmediato los efectos de esta acción terrible para muchos de ellos. Por principio de cuentas desaparece el padre proveedor o la madre que los cuida, ocasionando serios trastornos físicos y psicológicos en las niñas, niños y adolescentes afectados, quienes, en muchos casos, tendrán que asumir nuevos roles en el núcleo familiar, por ejemplo, ayudando a conseguir recursos de manutención o asumiendo tareas domésticas antes no realizadas por los menores. En ocasiones la privación de la libertad de algún progenitor significará la necesidad de cambiarse de domicilio o de escuela, entre otros trastornos. Lamentablemente en el caso de México no tenemos una estadística social ordenada y consistente que nos permita tener, por una parte, el diagnóstico correcto y permanentemente actualizado de esta población de menores afectados que propicie el diseño, instrumentación y ejecución de políticas públicas dedicadas a este segmento de población vulnerable; ni tampoco se lleva un seguimiento adecuado a nivel individual, que es más importante, para atender de manera individual y personalizada a estas víctimas colaterales de la actividad delincuencial de sus padres.
Lamentablemente en muchos casos el punto focal o prioritario de la acción de la justicia del Estado se centra en el infractor, dejando en segundo plano, cuando no ignorado, al grupo de familiares afectados, principalmente menores de edad. Este enfoque se da desde el mismo arresto, cuando no se tiene preocupación si esté se realiza, por ejemplo durante la noche en el hogar del presunto infractor, o cuando se encuentran los menores presentes, provocándoles una experiencia traumática, pues aunque los impactos de tristeza, sentimiento de pérdida, angustia, coraje, rabia, desesperación y otros, son diferentes según la sensibilidad y condición de cada persona, sin lugar a dudas son experiencias graves que impactan la condición emocional de los menores en general; (estas experiencias afecta también a otros miembros de la familia como puede suceder en algunos casos donde hay ancianos o discapacitados en el hogar del detenido). En nuestro país este problema se tiene que atender con protocolos y capacitación para quienes tienen a su cargo estas actividades oficiales, desde los ministerios públicos y sus policías ministeriales hasta los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales, quienes deben atender, en todos los casos, diferencias en su proceder si hay menores, ancianos o discapacitados durante la detención.
El estudio de Robertson cita a la también investigadora Nell Bernstein, quien sostiene que ‘ El ver a su madre o padre [siendo] arrestado y llevado lejos. . . es en sí mismo uno de los traumas más significativos que un niño o niña puede vivir’, mencionando que el trauma puede ser aún más grave cuando hay de por medio el ejercicio de la fuerza o violencia en la diligencia. En el caso de México, si bien muchas de las detenciones se hacen en flagrancia o después de una persecución, existen algunas diligencias que se perfeccionan con la detención del sospechoso en su domicilio y a horas imprevistas, por la madrugada, por ejemplo, a fin de tener mayor probabilidad de que la persona a detener se encuentre en su domicilio. Esto a su vez representa mayor probabilidad de que los menores se den cuenta de la detención. El que los niños no estén presentes en el momento del arresto no representa una ventaja total: cuando no están presentes, pero a la postre se dan cuenta de la desaparición del adulto, entran en estado de angustia y zozobra por ignorar el destino de éste; en estos casos se hace necesario el manejo prudente y al mismo tiempo suficiente de la información para tranquilizar a los menores.
Una vez privado de la libertad el padre o la madre, viene otro tipo de presión a los niños y adolescentes debido a los problemas que se van configurando ante esta circunstancia, como es el caso de la estigmatización y discriminación social y escolar de que son objeto los menores cuando se difunde el tema de que alguno de sus padres se encuentra encarcelado. Esto a su vez genera baja autoestima, depresión, insomnio, sentimiento de culpa (algunos menores asumen que de alguna forma ellos son causantes del problema), vergüenza y bajo rendimiento escolar. Esto además de la afectación que se genera en las relaciones intrafamiliares, cuando el encarcelamiento provoca discusiones, angustias y en algunos casos deterioro de los sentimientos de afecto y cohesión familiar, sin dejar de mencionar la probabilidad de divorcio o separación de los padres frente al problema del encarcelamiento y todo lo que esto conlleva. Bajo estas circunstancias no es raro el inicio o aumento en los menores del consumo de sustancias dañinas a la salud, como es el caso del tabaco, alcohol o drogas de algún tipo, así como el surgimiento, en algunos casos, de conductas antisociales o agresivas de los menores, como resultado psicológico de su situación. Incluso la angustia de tener algún progenitor en la cárcel redunda también en repercusiones somáticas y no sólo psicológicas: la baja de defensas, por su estado de depresión, trae consigo enfermedades oportunistas; por otro lado, las regresiones en los menores no son raras, como es el caso de incontinencia urinaria nocturna, como ejemplos.
A lo anterior debemos agregar la angustia de los menores que no están familiarizados con los procesos legales que inician a partir de que el padre o tutor es detenido. No comprenden el lenguaje técnico-legal, lo que les causa estrés y nerviosismo en grado variable, aunque, como es natural, los niños mayores y los adolescentes pueden comprender mejor el tema, a diferencia de los más pequeños, quienes tendrán mayor dificultad en asimilar las circunstancias y el significado de lo que están viviendo; para muchos hay sólo incertidumbre y la certeza de que su padre, madre o tutor ya no están con ellos, alimentando un sentimiento de pérdida.
Habrá casos en que –como señala el estudio de Robertson– el encarcelamiento de la madre o el padre signifique para el o los menores el que dejen de recibir golpes o agresiones de aquellos y por ende represente una etapa de mayor calma dentro del seno familiar a partir del internamiento. Aún en este caso, aunque los menores no estén dispuestos a realizar visitas al centro penitenciario ni tampoco a pensar en reconstruir una familia que quizá fue disfuncional desde el principio, es innegable que la niña, el niño o el adolescente en este escenario requiere de atención ante las afectaciones emocionales derivados de esta peculiar circunstancia. Es importante recalcar que en términos generales la privación de la libertad de un padre o una madre trae repercusiones negativas en los hijos en la mayoría de los casos y que, aún dentro de un mismo núcleo familiar, las respuestas a estímulos similares no generan respuestas similares, es decir, no es la misma afectación la que puede tener un hijo de 15 años, que la que reportaría su hermano menor de cinco; cada individuo reacciona de manera diferente ante una misma circunstancia, en este caso la privación de la libertad de un progenitor.
El primer párrafo del artículo 4o.. Constitucional establece que:
“ El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”
A partir del precepto antes señalado se puede “ afirmar que el estudio jurídico de la familia entra en la órbita del derecho constitucional y, concretamente, en el campo de estudio de los derechos fundamentales.”,como sostiene Miguel Carbonell. Esta aseveración denota el interés fundamental que el Legislador ha dado al concepto de familia, para trascender de su ubicación en el derecho civil a la esfera del derecho público a partir del texto Constitucional. En este mismo artículo 4o., se establece la atención a la niñez de manera directa, amplia e incluyente, al señalarse que:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”
Más adelante, nuestro Texto Constitucional, faculta al Congreso General para legislar en diversas materias que “. . . podemos agrupar en organizacionales, tributarias, económicas, poblacionales, culturales, educacionales, jurisdiccionales, de defensa nacional, de seguridad pública, de comunicaciones y transportes, de trabajo, de salud. . . Además de estos temas, la Constitución señala otros ámbitos adicionales, con mayor especificidad a partir de lo establecido en el artículo 73 Constitucional, como se puede apreciar en su fracción XXIX, en todos los literales que contiene; y en la fracción XXX que señala facultades adicionales legislativas, si bien de manera implícita –como menciona Jorge Fernández Ruiz.
De esta forma, en la fracción XXIX-P, del señalado artículo 73 Constitucional, se establece la facultad del Congreso para:
“ Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;”.
De manera complementaria, por lo que hace a los tratados internacionales que se mencionan en esta fracción, es indispensable aludir a lo que señala al respecto el artículo 133 de nuestra Carta Magna:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.”
Esta disposición constitucional nos permite aludir a uno de los instrumentos internacionales más importantes que ha signado México, el cual, a su vez, es uno de los instrumentos más respaldado por las naciones en todo el mundo. Este es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento “. . . aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que “ . . . obliga a los estados que lo han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros.” Nuestro país ratificó este instrumento internacional el 21 de septiembre de 1990, por lo mismo “ quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes del país.”
Para los efectos motivo de la presente iniciativa, es menester aludir aquello que el instrumento internacional antes mencionado señala en cuanto a la protección de los derechos de niños y adolescentes bajo situación especial, y que se relaciona con el propósito de la presente iniciativa. En este tenor, citamos lo que la Convención establece en su artículo 9:
1. “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.”
Estas disposiciones tienen que ver con el derecho de las niñas, niño y adolescentes a tener a sus padres y a no ser separado de ellos en la medida de lo legalmente posible y cuando ello no contravenga el interés superior de la niñez. De igual forma se pone de manifiesto el derecho que tienen las niñas, niño y adolescentes de mantener relaciones y convivencia afectiva con sus padres, aun cuando se dé algún tipo de separación, como es el caso de la privación de la libertad de alguno de los progenitores o de ambos. Adicionalmente a esta disposición, el artículo 20, numeral 1 de la Convención establece que:
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para estos niños.
Además de estas acciones tutelares por parte del Estado, la Convención señala otros aspectos de la niñez, buscando generar un enfoque integral de protección a los derechos de los menores; se menciona, por ejemplo, el derecho de los niños a acceder a la seguridad social, derecho que deben reconocer los Estados Partes (ver artículo 26); o bien el derecho a la educación, que señala el artículo 28 de este mismo instrumento.
Adicionalmente, el instrumento en cuestión establece que los niños que sufran cualquier forma de abandono serán sujetos de medidas apropiadas para promover su recuperación física y psicológica y su reintegración social, mediante las medidas que los Estados Partes adopten en tal sentido (ver artículo 39).
Estas disposiciones contenidas en la Convención son ejemplos del enfoque tutelar aplicable a los derechos de las niñas, niño y adolescentes que se encuentran en una situación especial como la que nos ocupa, es decir, cuando sus padres, tutores o quienes tienen su guarda y custodia se encuentran privados de la libertad.
Las Reglas de Bangkok.Las Naciones Unidas también han emitido una serie de Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok. Si bien existe dentro de la legislación mexicana una serie de medidas específicas que protegen a las mujeres recluidas que son madres, mencionamos las Reglas de Bangkok debido a que en ellas no sólo se contempla la situación y requerimiento de mujeres privadas de la libertad, sino que señalan también que las niñas y niños que están con sus padres en prisión tienen los mismos derechos que los demás.
Las Reglas de Bangkok instan a asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de las niñas y niños que convivan con sus padres en prisión, buscando en paralelo la instrumentación de penas alternativas a la privación de la libertad para reducir, en la medida de lo posible, el impacto en los menores del encarcelamiento de sus mayores, entre otras disposiciones.
De todo lo antes expuesto se desprenden algunas consideraciones importantes que contribuyen a fortalecer la argumentación necesaria que da validez y viabilidad a la presente iniciativa. En este sentido consideramos que, si bien el Estado tiene la responsabilidad ante la sociedad de llevar ante la justicia a quien infringe la ley, con la posible consecuencia de una privación de su libertad por un tiempo determinado, igualmente es cierto que el Estado también tiene la responsabilidad –con igual prioridad– de proteger la institución familiar de la cual proviene la persona privada de la libertad, tutelando los derechos que la ley contempla para esa familia como tal y los de los menores que forman parte de ella.
Precisamente son las niñas, niño y adolescentes con madres, padres, tutores o personas que tienen su guarda y custodia privados de la libertad, quienes tienen una situación de mayor vulnerabilidad. Por esta razón, la presente iniciativa tiene como uno de sus propósitos centrales, el de dar mayor visibilidad social a estas niñas, niños y adolescentes, a fin de protegerlos como familia y sobre todo como integrantes de ella.
Se hace necesario adecuar la ley para dar protección especial a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y con posibilidades de ser discriminados por el hecho de tener a sus madres, padres, tutores o personas que tienen su guarda y custodia privados de la libertad. En este caso, es prioritario garantizar los derechos de esos menores en igualdad de condiciones, propiciando su crecimiento y desarrollo plenos, con total respeto a sus derechos humanos. De igual forma, se hace necesario fortalecer el marco de actuación institucional en favor de las niñas, niño y adolescentes, puntualizando tareas de las procuradurías de atención en favor de esta población en situación especial, sin descuidar la circunstancia que se presenta cuando hay madres privadas de la libertad con hijos pequeños o recién nacidos, los cuales requieren atención permanente y adecuada a su edad.
De igual forma y tal como se apreció en el Planteamiento del Problema, uno de los puntos sensibles para promover una mejor atención a los derechos de las niñas, niño menores de edad que ingresan y egresan de los centros penitenciarios es la observancia de los protocolos establecidos para salvaguardar sus derechos y atemperar los impactos negativos que dichos ingresos y egresos pudieran causar en ellos. Otro caso que merece atención se presenta cuando la autoridad determina que una niña o niño menor de edad debe ser separado de su madre privada de la libertad, siempre buscando el interés superior de la niñez. En este caso, se hace indispensable que los centros de asistencia social brinden atención inmediata a las niñas o niños menores de edad a fin de atenuar el trauma de la separación y la satisfacción de las necesidades básicas de los menores afectados por tal determinación.
Otro tema cuya atención es apremiante se refiere a la generación y ordenamiento de la información estadística necesaria y suficiente para conformar elementos de diagnóstico, completos y oportunos que permitan una mejor toma de decisiones en favor de las niñas, niños y adolescentes con madres, padres, tutores o personas que tienen su guarda y custodia privados de la libertad. De igual manera se hace útil y oportuno contemplar expresamente en la ley, la necesidad de una coordinación adecuada entre procuradurías de protección, autoridades penitenciarias y sociedad civil, para la mejor atención del grupo social vulnerable que nos ocupa.
Finalmente se considera conveniente fortalecer los derechos del imputado que a su vez tengan efecto positivo sobre las niñas, niños y adolescentes, como es el caso que se presenta cuando aquel tenga bajo su cargo a las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, pudiendo solicitar asistencia social para éstos o en su caso la intervención de la procuraduría de protección competente. Es importante subrayar que la asistencia a las niñas, niños y adolescentes debe sustentarse en los protocolos establecidos desde el momento mismo en que la persona mayor es detenida, sean madres, padres, tutor o persona que tenga su guarda y custodia, diligencia donde se hará prevalecer el interés superior de la niñez con pleno conocimiento de las autoridades intervinientes. La iniciativa que se presenta prevé también el procedimiento para proteger de mejor manera a las niñas y niños menores de edad cuya madre privada de la libertad no desea conservar la guarda y custodia.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes con madres, padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se encuentren privados de la libertad
Primero.Se adicionan una fracción XXI al artículo 13 y un Capítulo Vigésimo al Título Segundo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dentro del cual se adicionan los artículos 101 Bis a 101 Sextus; y se reforman los artículos 10, párrafo segundo; 39, párrafo segundo; y 116, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes con madres, padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se encuentren privados de la libertad, para quedar como sigue:
Artículo 10....
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o con madres, padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se encuentren privados de la libertad o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
XXI.Derechos de niñas, niños y adolescentes con madres, padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se encuentren privados de la libertad.
...
Artículo 39....
Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil y con madres, padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se encuentren privados de la libertad.
Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
...
IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, o con madres, padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se encuentren privados de la libertad; u otros que restrinjan o limiten sus derechos;
...
Capítulo VigésimoDel Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes con madres, padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se encuentran privados de la libertad
Artículo 101 Bis. La ley reconoce el disfrute de los derechos en igualdad de condiciones de niñas, niños y adolescentes con madres, padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se encuentren privados de la libertad. Las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos; así como prever las acciones, programas y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo pleno, en concordancia con el principio del interés superior de la niñez, el derecho de igualdad sustantiva y los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, así como en la presente ley y demás normativa aplicable.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, y en su carácter de autoridad corresponsable conforme a la legislación aplicable, podrán realizar acciones coordinadas con la Autoridad Penitenciaria y la Autoridad Especializada para Adolescentes que establece la Ley, y determinar las medidas para garantizar la tutela de niñas y niños viviendo con su madre en los Centros Penitenciarios y Centros de Internamiento para Adolescentes.
Artículo 101 Ter. En caso de que la hija o el hijo nazcan durante el tiempo de privación de la libertad de la madre o permanezcan con ella en el Centro Penitenciario o en el Centro de Internamiento para Adolescentes, la Autoridad Penitenciaria o la Autoridad Especializada para Adolescentes, según corresponda, dará aviso a la Procuraduría de Protección correspondiente de conformidad con lo dispuesto en los protocolos aplicables.
Artículo 101 Quater. Para lo relativo a ingresos y egresos de niñas, niños o adolescentes de los Centros Penitenciarios o Centros de Internamiento para Adolescentes, deberá estarse a lo previsto por los protocolos a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como a lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Tratándose de niñas y niños que viven con su madre en un Centro Penitenciario o en un Centro de Internamiento para Adolescentes, la Procuraduría de Protección competente podrá resolver sobre su egreso cuando verifique que se vulnera el interés superior de la niñez.
Los Centros de Asistencia Social, en términos de las medidas que al efecto disponga la Procuraduría de Protección competente, brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a niñas y niños que por orden de autoridad competente hayan sido separados de la madre que se encuentre privada de la libertad.
Artículo 101 Quintus. La Procuraduría de Protección competente podrá solicitar a la Autoridad Penitenciaria o a la Autoridad Especializada para Adolescentes, información estadística sobre niñas y niños que viven con su madre en el Centro Penitenciario de conformidad con lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Artículo 101 Sextus. Las Procuradurías de Protección, en su carácter de autoridad corresponsable conforme a las Leyes Nacionales de Ejecución Penal, y del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, podrán celebrar convenios de colaboración con la Autoridad Penitenciaria o con la Autoridad Especializada para Adolescentes, según corresponda, así como con la sociedad civil, para trabajar de manera conjunta en la implementación de programas de atención en beneficio de niñas, niños o adolescentes con madres, padres, tutores o personas que tengan guarda y custodia, que se encuentren privados de la libertad.
Segundo.Se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 145, y se reforma el párrafo tercero del artículo 113, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 113. Derechos del Imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos:
I a XV.
XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo;
XVII. a XIX.
...
Cuando el imputado tenga a su cuidado personas con discapacidad, o adultos mayores que dependan de él, y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio Público deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social que correspondan, a efecto de recibir la protección. Asimismo, tratándose de niñas, niños y adolescentes de los que la persona imputada tenga la patria potestad, custodia o tutela, y siempre que no exista otra persona que pueda hacerse cargo de aquéllos, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional deberá notificar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños o Adolescentes competente a efecto que proceda en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, para garantizar el interés superior de la niñez.
Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión.
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Si con motivo de la ejecución de órdenes de aprehensión o judicial de comparecencia, los agentes policiales encuentran niñas, niños o adolescentes que estén bajo el único cuidado de la persona detenida, tomarán las medidas para garantizar el interés superior de la niñez, de conformidad con lo que establezcan los protocolos que al efecto se emitan y deberán dar aviso al Ministerio Público o al Órgano jurisdiccional de tal circunstancia.
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Tercero.Se reforma el párrafo quinto del artículo 10 y se deroga el párrafo séptimo del artículo 36, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:
Artículo 10.Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario
Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:
I. a XI.
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En el supuesto de que la madre no deseare conservar la custodia de sus hijas e hijos, la Autoridad Penitenciaria notificará de manera inmediata a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños o Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas, a efecto de que adopten las medidas especiales en términos de las disposiciones aplicables, para que dentro del término de 24 horas siguientes a la manifestación de la madre, se haga entrega de la niña o niño a la institución de asistencia social competente. En dicho caso, la Autoridad Penitenciaria facilitará a la madre la comunicación con el exterior para que se ponga en contacto con la familia de origen.
...
...
...
Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos.
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...
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I. a IV.
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Se deroga
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Transitorios
Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.Dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente Decreto, las Legislaturas de las entidades federativas realizarán las adecuaciones pertinentes en sus ordenamientos legales, con el fin de armonizarlos de conformidad con lo dispuesto en el presente.
Tercero.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.
Notas
1 Inegi, Comunicado de Prensa número 332/17 de fecha 31 de julio de 2017, Ciudad de México. La información para la ENPOL fue levantada del 31 de octubre al 9 de diciembre de 2016. Véase página web:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/ doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
2 Oliver Robertson. El impacto que el encarcelamiento de un(a) progenitor(a) tiene sobre sus hijos. Quaker United Nations Office. Serie: Mujeres en la cárcel e hijos de madres encarceladas. Abril de 2007. Mimeo.
3 Nell Bernstein (2005) All Alone in the World: Children of the Encarcerated (The New Press), p. 23. Citada por Oliver Robertson, Op. Cit. p. 15
Véase: Children of Prisoners Library (2003) Impact of Parental Incarceration (Families and Correction Network), citado por Oliver Robertson, Op. Cit. p. 24
Véase Joseph Murray (2005) “The Effects of imprisonment on families and children of prisoners” en A. Liebling y S. Maruna (eds.) The Effects of Imprisonment, p.p. 454-5. Citado por Oliver Robertson Op. Cit. p. 21
4 Carbonell Miguel. Familia, Constitución y Derechos Fundamentales. P.81 en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2287/7.pdf
5 Fernández Ruiz Jorge. Poder Legislativo. Ed. Porrúa, México y Universidad Nacional Autónoma de México. 2ª. Ed. México, 2004. p.308
6 Fernández Ruiz Jorge. Loc. Cit.
7 Fracción adicionada DOF 12-10-2011. Reformada DOF 29-01-2016.
8 Ver el sitio ya citado:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf
9 https://www.unodc.org/ropan/es/PrisonReform/Reglas_de_Bangkok/presentacion.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días de septiembre del año dos mil diecisiete.— Diputadas y diputados: Martha Hilda González Calderón,Alejandro Juraidini Villaseñor, Alfredo Bejos Nicolás, Armando Luna Canales, Brenda Borunda Espinoza, Carlos Iriarte Mercado, César Alejandro Domínguez Domínguez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Delia Guerrero Coronado, Dora Elena Real Salinas, Edgardo Melhem Salinas, Emilio Enrique Salazar Farías, Evelyng Soraya Flores Carranza, Fabiola Guerrero Aguilar, Felipe Cervera Hernández, Fernando Navarrete Pérez, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Fernando Uriarte Zazueta, Fidel Almanza Monroy, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jorge Enrique Dávila Flores, José Lorenzo Rivera Sosa, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, María Bárbara Botello Santibáñez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Martha Sofía Tamayo Morales, Matías Nazario Morales, Melissa Torres Sandoval, Oscar Valencia García, Pablo Basáñez García, Pablo Bedolla López, Pablo Elizondo García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ramón Villagómez Guerrero, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Salomón Fernando Rosales Reyes, Sofía González Torres, Susana Corella Platt, Víctor Manuel Silva Tejeda, Yahleel Abdala Carmona, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Martha Hilda González Calderón. Su iniciativa se turna a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su opinión.
Diputado Pedro Noble, me imagino que usted se va a adherir a la iniciativa, adelante, por favor, expréselo. También...
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): También. De igual manera, gracias, presidente, si me permite, el diputado Matías lo ha pedido.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ...claro, Matías Nazario. A todos los que quieran adherirse, la iniciativa está disponible en esta Secretaría, aquí al lado derecho de la Mesa Directiva, para quienes quieran suscribirla.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se concede la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante, Ale.
La diputada Alejandra Gutiérrez Campos: Con permiso, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada Alejandra Gutiérrez Campos: Señores legisladores, este periodo ordinario requiere resultados concretos y benéficos para la gente.
Por eso, una servidora y los legisladores de Acción Nacional comenzamos nuestra labor presentando iniciativas que buscan alternativas para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Pero sobre todo, de los trabajadores y de las trabajadoras de este país para que tengan un ingreso digno y suficiente que les permita atender las necesidades, no sólo básicas sino acceder a una vida mejor para ellos y para toda su familia.
La política salarial actual no ha sido suficiente para elevar el poder adquisitivo de la población trabajadora de este país. Existen numerosas voces que piden modificar la manera en que se determina el salario mínimo y que éste se ajuste a la realidad de los costos de la vida de todas las familias. Ya basta de seguir echándole agua a los frijoles, ya no podemos seguir así.
Por eso, Acción Nacional, desde hace tiempo emprendió una campaña para promover un salario mínimo digno, sin embargo, la respuesta del PRI gobierno y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha sido que lo mínimo que un trabajador debe de ganar es la cantidad de 80 pesos con cuatro centavos.
Ante tal política salarial y a la negativa del gobierno de aprobar esta propuesta, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional constantemente presenta nuevas alternativas distintas a la de incrementar el salario, proponiendo incentivar la inversión y la colaboración de los sectores productivos y patronales desde una modificación a la política fiscal que desde el inicio del sexenio hemos dicho que es tóxica, recaudatoria y cuyos recursos son malgastados en muchas ocasiones.
Hemos propuesto generar, desde ejercicios fiscales anteriores, recurrentemente, incentivos fiscales para la contratación de personas con discapacidad, adultos mayores, reducir el IEPS en las gasolinas y la respuesta en todos los casos ha sido un no rotundo.
Por eso, tenemos que seguir insistiendo y les pedimos a todos se sumen por las familias mexicanas.
Esta iniciativa que presento permitirá la deducibilidad del impuesto sobre la renta al 100 por ciento para los patrones que otorguen prestaciones sociales. Y seguiremos insistiendo hasta el último momento para que se realicen los ajustes necesarios a la política fiscal errónea del gobierno, pues este no garantiza la mejor calidad de vida de los trabajadores mexicanos y a pesar de ello sigue en la terquedad de decir no a cualquier propuesta que se presenta aquí.
En el mes de julio de 2017 la Coparmex presentó el documento denominado Manifiesto hacia una nueva cultura salarial, en el que demanda al Poder Ejecutivo federal asuma e implemente una serie de políticas públicas orientadas a incrementar un salario mínimo general suficiente, para que las personas ocupadas logren satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias de su familia. Entre ellas, la deducibilidad de forma plena en las prestaciones sociales, incluyendo el pago de productividad y el ahorro para el retiro.
También el INEGI, el 28 de agosto de 2017, presentó la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto a los Hogares en 2016, cuyos datos muestran una desigualdad y la insuficiencia del ingreso de las familias. Esto reduce considerablemente la capacidad adquisitiva de nuestras familias y la calidad de vida de las mismas. Cada vez hay más pobres.
El ingreso por trabajo es la principal fuente de ingresos de los hogares, es el 64 por ciento, pero es insuficiente. Por lo que las familias deben buscar otras fuentes de ingreso.
Por ello, propongo derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y contribuir a la atención de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para poder alcanzar su objetivo ocho, que es trabajo decente y crecimiento económico, para en 2030 lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos, hombres y mujeres, incluidos los jóvenes, las personas con discapacidad y la igualdad de remuneración para el trabajo igual.
Por lo expuesto, señoras y señores diputados, es imperioso tomar decisiones en favor de la economía de las familias e incorporar en esta responsabilidad a los sectores productivos.
No podemos esperar a que se siga incrementando la desigualdad y que el poder adquisitivo de las personas se siga mermando, que cada vez les alcance para menos. Por eso, los exhorto a sumarse a esta iniciativa de reforma. Y al Ejecutivo le pedimos que ya dejemos de ser una fábrica de pobres. Cerremos el paso a la pobreza, los mexicanos se lo merecen. Es cuanto.
«Iniciativa que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28, de la sección I, “De las deducciones en general”, al capítulo II, “de las deducciones” del título II “De las personas morales”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta con base a la siguiente
I. Exposición de Motivos
En la plataforma electoral del Partido Acción Nacional 2015-2018, hemos señalado que el gobierno actual ha provocado nuevos riesgos al abandonar los principios básico de responsabilidad y prudencia fiscal, presupuestal y recaudatoria que han caracterizado la política económica de las últimas décadas. En un contexto donde el crecimiento tendencial presenta síntomas de estancamiento, la reacción del gobierno, lejos de promover e incentivar los dinamismos que requiere la economía para retomar la senda del crecimiento, ha generado mayor incertidumbre y dudas sobre su capacidad para sacar adelante la agenda económica que requiere el país.
Es necesario restablecer la responsabilidad fiscal y financiera, promover un marco de entendimiento y cooperación económica que devuelva la confianza en la economía nacional e identificar las condiciones y políticas nacionales para el crecimiento con empleo decente, sustentable y que genere prosperidad para todos los mexicanos.
Antecedentes
1. Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (2008)
El 1 de enero de 2008 entró en vigor el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). Este impuesto no permitía la deducción directa de los pagos realizados por los conceptos de sueldos y salarios, y aportaciones de seguridad social, sino que permitía que los contribuyentes del IETU pudieran acreditar (restar) del impuesto determinado diversos conceptos denominados créditos fiscales, entre los cuales estaba el Crédito por salarios y aportaciones de seguridad social, el cual permitía acreditar (restar) contra el pago provisional mensual y la declaración del ejercicio la cantidad que resulte de multiplicar el monto de los salarios y de las aportaciones de seguridad social efectivamente pagadas en el ejercicio fiscal por el factor 0.165.
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, artículo 5 párrafo 2, no serán deducibles en los términos de esta fracción las erogaciones que efectúen los contribuyentes y que a su vez para la persona que las reciba sean ingresos en los términos del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se abrogó el 1 de enero de 2014.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que había sido propuesta por el Ejecutivo Federal en aquel entonces, la eliminación de esta figura supuestamente obedecía a los siguientes criterios: 1
2. Deducción de ingresos remunerativos otorgados a los trabajadores y que están total o parcialmente exentos del ISR
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) permite que el empleador efectúe la deducción de los diversos conceptos remunerativos que les entrega a sus empleados, independientemente de que éstos se encuentren gravados a nivel del trabajador. Este tratamiento fiscal es asimétrico.
Los efectos de las asimetrías en el ISR resultarían particularmente perjudiciales para la recaudación, ante la propuesta de desaparición de los impuestos mínimos y de control que se presenta. Por ello, ante la ausencia de un impuesto mínimo y de control del ISR y con el fin de restablecer la simetría fiscal, se propone acotar la deducción de las erogaciones por remuneraciones que a su vez sean ingreso para el trabajador considerados total o parcialmente exentos por la Ley del ISR.
En consecuencia, sólo procederá la deducción de hasta el 41 por ciento de las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador. Este porcentaje guarda relación entre la tasa del IETU que se deroga y la tasa del ISR empresarial. Con esta medida se recupera la base gravable del ISR y además se reduce la asimetría fiscal.
Algunos de los conceptos de gasto-ingreso que estarían sujetos a este límite son la previsión social, cajas y fondos de ahorro, pagos por separación, gratificación anual, horas extras, prima vacacional y dominical, participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de las empresas, entre otros.
El primero de enero de 2014 entró en vigor una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, con la cual se establece al ISR como único gravamen sobre los ingresos de los contribuyentes, adicionando la no deducibilidad parcial de los pagos de sueldos y salarios de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, aplicándolo en los pagos de la previsión social con fundamento en el artículo 28 fracción XXX.
2. Deducciones autorizadas propias de la actividad:
El artículo 7 párrafo 5 de Ley del ISR considera previsión social como los gastos efectuados por el patrón en favor de los trabajadores que tengan como objetivo satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras y otorgar beneficios que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida la de su familia.
A partir de 2014 en el artículo 28 fracción XXX de LISR establece que la deducibilidad de estas prestaciones que otorgan las empresas a sus trabajadores que a su vez sean exentos para los trabajadores sólo será deducible hasta un 53 por ciento. O un 47 por ciento, cuando en el ejercicio 2013 se permitía la deducción del 100 por ciento según el artículo 31 fracción XII.
Algunas de estas prestaciones o gastos de previsión social son:
• Ayuda en Vales
• Ayuda para Transporte
• Ayuda Escolar y Becas
• Despensa en Especie
• Gastos Funerarios
• Guarderías
• Seguro de vida
• Actividades culturales y recreativas
• Fomento al deporte
• Ayuda por fallecimiento de familiares
Fondos para pensiones:
Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, independientes a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad. (Es decir fondos creados por el patrón) de estos gastos solo se podrá deducir el 53 por ciento, el resto no será deducible.
La adición de la limitante de la deducción de previsión social la cual fue aprobada en la LXII Legislatura, misma que entró en vigor para el ejercicio fiscal de 2014, desincentivo los beneficios de previsión social en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores, quedando lejos los compromisos planteados por el Gobierno de desarrollo económico para las familias, aunado a las expectativas esperadas por el Ejecutivo Federal que no se cumplieron en la obtención de mayores ingresos, sino que estos disminuyeron.
Ante la baja de producción y precio del petróleo, y toda vez que el gobierno actual ha perdido el rumbo y sus errores nos han sumido en una crisis económica, política y social, es necesario legislar las adecuaciones que correspondan, con el objeto de reactivar la inversión y el desarrollo económico del país. Uno de ellos sin duda, es el estímulo fiscal que se da a los contribuyentes a través de la deducción previsión social, mismas que tienen un efecto multiplicador dentro de la economía.
Diversas empresas del país utilizan la deducción de la previsión social más que como incentivo fiscal, utilizan este beneficio como incremento de la calidad de vida del trabajador.
Debido a esta medida las compañías dejaron de otorgar algunas prestaciones de previsión social, lo cual a su vez fue en detrimento de la calidad de vida de las personas.
De acuerdo con estudios realizados por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, AC (AMAC), considerando la estructura de un programa de compensación promedio, se traduce en un incremento de 8 por ciento en el costo de la nómina de las empresas, lo cual trajo la consecuencia perder competitividad de nuestro mercado laboral, cuando se necesita hacer lo contrario, que es estimular la competencia con nuestros competidores comerciales del extranjero.
Durante el tiempo que estuvo vigente la deducción de previsión social, ésta representó una medida fiscal eficiente y eficaz en beneficio de los trabajadores y empresarios que trajeron inversiones a nuestro país.
Además se limita la deducción de las aportaciones hechas por las compañías a los fondos de pensiones y jubilaciones. Esto, sin duda, tiene un efecto muy nocivo, ya que desincentiva la creación de planes de pensiones de las empresas para sus empleados e incluso podría promover la desaparición de los ya existentes.
Este tipo de planes, que a octubre del 2012 representaban (416 mil 486 millones de pesos) 3 por ciento del producto interno bruto, significa, además, una importante fuente de ahorro interno del país que desapareció.
Asimismo, el 60 por ciento de estos recursos están invertidos en instrumentos del gobierno federal, por lo que éste no cuenta con esta fuente de financiamiento.
La limitante de la deducción de la previsión social que impactó en las empresas, fue el decremento de su productividad y competitividad, ya que su fin último es ser una reforma recaudatoria orientada a generar los recursos necesarios para que el gobierno logre sus objetivos, sin importar castigar a los patrones, quienes generan los empleos.
El 7 de septiembre de 2014, la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) señaló que “...según las inconformidades expresadas por diversos grupos de contribuyentes, entre los temas susceptibles de corregirse por parte de los legisladores están la deducción acotada en materia de prestaciones salariales y de previsión social, así como que la eliminación de la deducción inmediata de inversiones...”. 2
Además se tiene un evento conocido, el juzgado primero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, al otorgar un amparo a una empresa en contra de los artículos 25 y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 2014, consideró que esos preceptos transgreden el principio de proporcionalidad tributaria establecido en la Constitución.
El órgano jurisdiccional, a cargo de la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, apuntó en su resolución que el artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta 2014 transgrede en perjuicio de la empresa quejosa el principio de proporcionalidad tributaria, establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución mexicana, “toda vez que la hace tributar bajo una base contributiva que no refleja su verdadera capacidad” económica.
Así, atendiendo el principio de proporcionalidad tributaria, este gasto “debe ser reconocido y por ende deducible a favor de la empresa quejosa, pues el mismo resulta indispensable para el desarrollo de sus actividades”.
El juzgado agregó que el principio de proporcionalidad tributaria radica en que los sujetos pasivos contribuyan al gasto público “en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos”, utilidades o rendimientos; esto es, para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes.
Atendiendo a lo anterior, la sentencia argumenta que el artículo 28, fracción XXX, de la LISR 2014 transgrede el principio de proporcionalidad tributaria al limitar la deducibilidad de pagos de previsión social realizados por el patrón.
El documento recuerda que en materia del ISR, por regla general, “un desembolso será deducible si está íntima o causalmente relacionado con la intención de producir ingreso”.
Por ende, la medida utilizada por el Congreso en los artículos ya referidos “resulta desproporcional”, pues la restricción a la deducción de un gasto necesario impide que dichos gastos sean reconocidos como erogaciones, lo cual afecta la riqueza del contribuyente, pues disminuye la base gravable que debe considerarse para el pago de impuestos.
En el mes de junio de 2017; la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); presentó el documento denominado “Manifiesto Hacia una Nueva Cultura Salarial” en el que demanda al Poder Ejecutivo Federal, asuma e implemente una serie de políticas orientadas a incrementar un Salario Mínimo General Suficiente (SMGS) para que las personas ocupadas logren satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias de su familia nuclear; entre ellas la deducibilidad de forma plena en las prestaciones sociales incluyendo el pago de productividad y el ahorro para el retiro. 3
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 28 de agosto de 2017, presentó la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2016; cuyos datos muestran una desigualdad salarial y la insuficiencia del ingreso por trabajo en los hogares. Tal realidad reduce considerablemente la capacidad adquisitiva y la calidad de vida de los hogares mexicanos ubicados en los deciles más pobres, tal como se muestra a continuación. 4
Ingresos de los hogares
El ingreso corriente total trimestral estimado de los hogares es de 1.56 billones de pesos. El ingreso por trabajo es la principal fuente de ingresos de los hogares con 64.3 por ciento del ingreso total.
El ingreso corriente promedio trimestral por hogar es de 46,521 pesos, cuyas fuentes son: 5
- 29 mil 906 pesos por ingreso del trabajo (64.3 por ciento);
- 7 mil 239 pesos por transferencias (15.6 por ciento);
- 5 mil 247 pesos por estimación del alquiler de vivienda (11.3 por ciento);
- 4 mil 88 pesos por renta de propiedad (8.8 por ciento); y
- 40 pesos por otros ingresos corrientes (0.09 por ciento).
Gastos de los hogares
El gasto corriente monetario total trimestral estimado es de 941.8 mil millones de pesos.
El gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar es de 28,143 pesos y sus principales rubros son: 6
- 9 mil 906 pesos por alimentos, bebidas y tabaco (35.2 por ciento);
- 5 mil 444 pesos por transporte (19.3 por ciento);
- 3 mil 495 por servicios de educación (12.4 por ciento);
- 2 mil 670 por vivienda, energía y combustibles (9.5 por ciento);
- 2 mil 82 por cuidados y efectos personales (7.4 por ciento);
- Mil 661 por artículos y servicios para limpieza y cuidados del hogar (5.9 por ciento);
- Mil 302 por vestido y calzado (4.6 por ciento);
- 824 pesos por transferencias de gasto (2.9 por ciento); y
- 760 pesos por cuidados de la salud (2.7 por ciento).
Ingresos de los hogares por decil
Dividiendo el total de los hogares en 10 bloques iguales y ordenándolos de menor a mayor nivel de ingresos, se obtienen los deciles para analizar la distribución de los ingresos.
El 30 por ciento de los hogares con mayores ingresos (deciles VIII, lX y X) concentraron el 63.3 por ciento de los ingresos corrientes totales, mientras que el 30 por ciento de los hogares con menores ingresos (deciles I al III) participan con el 9 por ciento del ingreso.
El décimo decil de los hogares en México captó 21 veces más ingresos que el primero.
Los hogares del primer decil tuvieron un ingreso promedio al trimestre de 8 mil166 pesos, es decir, 91 pesos por día por hogar, que en términos de los perceptores por hogar se traduce en un poco más de 37 pesos diarios.
En el décimo decil, dicho ingreso fue de 168 mil 855 pesos. Es decir, mil 876 pesos diarios por hogar, que en términos de perceptores implica casi 766 pesos diarios.
El proyecto de iniciativa propuesto para derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contribuirá en la atención de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y poder alcanzar el Objetivo 8. “Trabajo decente y crecimiento económico”:
• Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.
• Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 7
Como legisladora del Grupo Parlamentario del PAN y mis compañeros de bancada insistimos nuevamente y como cada periodo legislativo en proponer esta y demás iniciativas fiscales para reafirmar nuestro compromiso con México; pero sobre todo con la mejora en la calidad de vida de los mexicanos que les permita tener un salario digno y adecuado; e incentivar la productividad y el trabajo bien remunerado.
III. Fundamento legal de la iniciativa
A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Código Fiscal de la Federación; y
c) Ley del Impuesto sobre la Renta.
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto
Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28, de la sección I, “de las deducciones en general”, al capítulo II, “de las deducciones”, del título II, “de las personas morales”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
V. Ordenamientos a modificar
Ley del Impuesto sobre la Renta.
VI. Texto normativo propuesto
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de
Decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo Único. Se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Ley del Impuesto sobre la Renta
Sección IDe las deducciones en general
Artículo 28. Paro los efectos de este Título, no serán deducibles:
I. a XXIX. ...
XXX. Se deroga
XXXI...
VII. Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2018.
Notas
1 Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Ejecutivo Federal el 08 de septiembre de 2013.
2 http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/ default.aspx?id=334214&urlrediret=http://www.negociosreforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?id=334214&urlredirect= http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2Faplicaciones%2Farticulo%2F default.aspx%3Fid&v=2
http://www.idconline.com.mx/fiscal/2014/04/09/ limitar-deducciones-de-prestaciones-afecta-proporcionalidad
3 Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Manifiesto Hacia una Nueva Cultura Salarial.
http://coparmex.org.mx/downloads/nuevaculturasalarial/manifesto.png; http://coparmex.org.mx/posicionamiento-por-una-nueva-cultura-salarial/
4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2016.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=3732
5 Nota técnica de la Enigh 2016: La suma de los valores promedio del desglose de los ingresos, puede no coincidir con el ingreso promedio trimestral por hogar, debido al redondeo. De igual forma, los porcentajes pueden no sumar 100% debido al factor de redondeo. Los porcentajes se construyen a partir del ingreso corriente total trimestral de cada fuente de ingreso.
6 Nota técnica de la Enigh 2016: La suma de los valores promedio de los rubros del gasto, puede no coincidir con el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar, debido al redondeo. De igual forma, los porcentajes pueden no sumar 100 por ciento debido al factor de redondeo. Los porcentajes se construyen a partir del gasto corriente total trimestral de cada rubro de gasto.
7 Véase Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-8.htm l
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Alejandra Gutiérrez Campos, Alfredo Miguel Herrera Deras, Carlos Alberto Palomeque Archila, César Flores Sosa, Eloisa Chavarrías Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Evelyn Soraya Flores Carranza, Exaltación González Ceceña, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis de León Martínez Sánchez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Alejandra Gutiérrez Campos. Se turna su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, la diputada María Elida Castelán Mondragón, quien presentará una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Antes de que haga uso de la palabra la diputada Castelán Mondragón. Le informo a la asamblea que también presentará en esta misma intervención, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y un proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y, por lo tanto, esta Mesa será flexible con el tiempo en el uso de la palabra de la diputada Castelán Mondragón. Adelante, diputada.
La diputada María Elida Castelán Mondragón: Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna, la más alta de la nación, a presentar un bloque de tres iniciativas que integran en su conjunto, derechos fundamentales que han sido vulnerados, sobre todo para las clases más desprotegidas del país.
En primer término, presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo propósito es que el Estado se obligue a velar por la soberanía y seguridad alimentaria y no únicamente se limite a otorgarlos, como expresamente ya lo hace el texto constitucional.
Con esta reforma se fortalece la potestad del Estado de ser un ente jurídico que tutele en su justa dimensión el derecho a la alimentación, pero al mismo tiempo protege integralmente tal derecho a través de dos mecanismos, la protección contra el hambre y la adecuada alimentación, derechos con los cuales se logrará garantizar por medio de la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria.
La superación de las condiciones de pobreza y hambre que sufren muchos de nuestros connacionales, tal como se demuestra en el estudio realizado por el Coneval, titulado Dimensiones de la Seguridad Alimentaria. Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, en donde se da cuenta que nueve entidades federativas: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, tienen porcentajes de población con carencias de acceso a la alimentación entre el 25 y 35. Es decir, entre una cuarta y una tercera parte de quienes habitan en aquellas entidades de la República.
En consecuencia, es indispensable señalar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que entró en vigor en 2001 se encuentra rebasada en la actualidad, pues no se logra ni la seguridad alimentaria ni menos aún la soberanía alimentaria que dan como consecuencia el derecho a la alimentación.
Por tal motivo, compañeras y compañeros diputados, está en nuestras manos velar por la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria de millones de mexicanos que esperan hagamos lo conducente.
En el mismo tenor presento la iniciativa por la cual se reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dado que el crecimiento acelerado de nuestra sociedad obliga a actualizar nuestros marcos jurídicos para estar en la vanguardia en materia de igualdad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Durante decenios se ha librado una batalla entre hombres y mujeres que buscan la igualdad de oportunidades y derechos en diferentes ámbitos, por tal motivo propongo que el Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, en su programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres incluya los criterios contenidos en los convenios y tratados internacionales en la materia, con la finalidad de instaurar las mejoras necesarias en la implementación de políticas de igualdad de género.
Por último, presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 256 y adiciona el 256 Bis de la Ley Federal del Trabajo, la cual propone la actualización y mejoramiento de las disposiciones de autotransportes que provee los fundamentos en términos generales de una cultura de seguridad vial tan necesaria, tan necesitada y necesaria en nuestro país.
Es indispensable decir que, al normar la duración máxima de viaje a nueve horas, sirve para reducir la alta tasa de accidentes que, de acuerdo con la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados, se presenta año con año agravándose en vehículos con exceso de peso y cuya incidencia se estima de cinco mil personas y más de 30 mil lesionados.
Las largas jornadas de trabajo de los conductores por carretera, les provoca fatiga, que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso de la Energía, las consecuencias de la fatiga más significativas encontramos: manejar demasiado rápido, adormecimiento y desmayo, rebases peligrosos y otras acciones temerarias.
En suma la iniciativa presentada el día de hoy busca generar mayor certidumbre de que los trabajadores de autotransportes estén salvaguardados del exceso y duración de jornadas laborales al igual que se protejan las vidas de terceros y se busque la seguridad vial como fin último de todo trabajador comprendido en la categoría de autotransporte. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
El Acuerdo 153 de la OIT establece la duración del trabajo y periodos de descanso de los trabajadores en transportes por carretera; estableciendo la obligación de los Estados de normar sobre estos trabajos.
Artículo 3. La autoridad o el organismo competente de cada país deberá consultar a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas antes de que se tomen decisiones sobre cualquier cuestión objeto de las disposiciones del presente Convenio.
En nuestra legislación mexicana los trabajadores del transporte de carretera, los encontramos señalados en el artículo 256 de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 256. Las relaciones entre los choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y los propietarios o permisionarios de los vehículos, son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo.
Las relaciones de trabajo de autotransportes que comprenden los artículos 256 a 264 de la Ley Federal del Trabajo, desde la su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 1970 a la fecha no ha presentado modificación alguna.
Sin embargo, las exigencias sociales que son la fuente de producción de las normas jurídicas (desde la óptica de fuentes materiales del derecho) han estado en constante cambio.
La invención de nuevos modos de trasladar y transportar las mercancías ya rebasa la imaginación de los legisladores de la década de los setenta; el marco jurídico debe realizar adecuaciones entre la realidad y la norma para producir nuevos ordenamientos que estén a la altura de las necesidades actuales, exigencias y anhelos de la población para mantener una seguridad vial donde se permita ejercer la libertad de tránsito consagra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es en suma, un requerimiento de la modernidad reformar en esta materia.
Pero esta reforma no puede omitir la convencionalidad necesaria; así, el Convenio 153 ya citado en su artículo 6 es un sumamente ilustrativo de las horas que deben comprender y cubrir los autos-transportistas:
Artículo 6.
1. La duración total máxima de conducción, comprendidas las horas extraordinarias, no deberá exceder de nueve horas por día ni de cuarenta y ocho horas por semana.
2. Las duraciones totales de conducción a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán calcularse como promedio sobre un número de días o de semanas que determinará la autoridad o el organismo competente de cada país.
3. Las duraciones totales de conducción a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo deberán reducirse en los transportes que se efectúen en condiciones particularmente difíciles.
La autoridad o el organismo competente de cada país determinarán qué transportes se efectúan en tales condiciones y fijará las duraciones totales de conducción aplicables a los conductores.
Realizando un estudio minucioso al capítulo VI de la Ley Federal del Trabajo que se refiere particularmente al Trabajo de Autotransportes, sobre las relaciones entre choferes y patrones, así como de salarios, obligaciones, prohibiciones, deja una incógnita sobre el horario laboral al que deberían estar sujetos todos los choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles, pues en la práctica sería posible alejarse de lo que establece la fracción I del apartado A del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que la jornada de trabajo tendrá una duración de ocho horas.
Si armonizamos lo señalado en el Acuerdo 153 y lo que nuestra Carta Magna señala podemos concluir de una jornada de nueve horas por día o más, sobrepasa de una manera tal la capacidad de los choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles; además que no se sujetan a tales estipulaciones son las causantes presumibles de cientos de accidentes a lo largo y ancho del territorio nacional.
Los incidentes donde los trabajadores comprendidos en la categoría de autotransportes se ven involucrados, son ilustrativos de la urgencia de realizar una reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Los camiones con doble remolque dejan miles de accidentes en el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), estas unidades se involucraron en seis de cada 10 choques del transporte de carga entre el 2008 y 2012.
El Inegi revela que en ese mismo periodo se presentaron poco más de dos millones 99 mil accidentes vehiculares en México, de los cuales 4.3 por ciento corresponden a los camiones de carga.
En números brutos: de 91 mil 641 accidentes registrados en el sector transportista, en 62 mil 315 se tuvo la presencia de los llamados “full”.
Según informes de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, al año se reportan entre 3 mil 500 y 5 mil accidentes en las carreteras del país provocados por vehículos con doble remolque y exceso de carga.
Mientras que el número de personas fallecidas en accidentes provocados por vehículos con exceso de peso se estima en 5 mil personas y más de 30 mil lesionados al año.
Estas son sólo unos ejemplos de los hechos que a diario ocurren en nuestro país, pero algo que realmente se ignora y se pasa por alto es que los choferes se enfrentan a un horario totalmente desgastador e inhumano y un gran porcentaje de estos fatales accidentes se atribuyen al cansancio y desgaste físico “ fatiga” que sufren los estos conductores que en ocasiones por elevar su cuota o salario por entregar sus cargas o mercancías, toman la decisión propia de hacer jornadas de más de 12 horas sin descanso y alimentación adecuada.
En un documento, emitido por la CONUEE (Comisión Nacional para el uso de la Energía), intitulado “Operador Profesional y Eficiencia Energética”.
Por su propia seguridad y la de los otros conductores, evite exceder en la carretera las horas reglamentarías de manejo.
La fatiga por manejar mucho tiempo trae como resultado:
1. Dificultad para calcular distancias;
2. Adormecimiento y desmayo;
3. Pérdida de la paciencia y descortesía para otros operadores;
4. Manejar demasiado rápido;
5. Rebases peligrosos y otras acciones temerarias.
Argumento
Pensemos en las consecuencias catastróficas que producen el simple hecho de la fatiga del operador, no sólo como consecuencia de sus propios actos, sino de los efectos que tiene sobre las personas o bienes de carga que transporta, la fatiga eleva la posibilidad y probabilidad de tener un accidente mientras conduce por una carretera, de continuar manejando, el riesgo de producir daños a su propia vida o con las vidas de terceros, solo por el hecho de evitar descansar en ciertas horas de su recorrido para llegar con toda prontitud a su lugar de destino.
El acto de conducir constituye la concreción de una relación laboral, la cual debe prever condiciones y medios favorables para ser ejercida y no se refiere exclusivamente a la jornada o los emolumentos pagados, sino a que, pueda ser realizado sin riesgo o con el menor riesgo de trabajo, máxime cuando el trabajo realizado pudiera implicar daños a propiedades u otras personas.
Si sumamos a esto que en su mayoría los choferes de este tipo recurren a drogas para hacer rendir y evitar el cansancio y la fatiga, es algo que además de estar estipulado en la Ley Federal del Trabajo se pasa por alto.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada María Elida Castelán Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma el artículo 256 y se adiciona el artículo 256 Bis de la Ley Federal del Trabajo
Artículo Único. Se reforma el artículo 256 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 256. Las relaciones entre patronesy choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y los propietarios o permisionarios de los vehículos, son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo. La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el párrafo anterior, no produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio de los derechos que deriven de los servicios prestados.
Artículo 256 Bis. De los horarios de los choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y los propietarios o permisionarios de los vehículos y patrones.
I. Los horarios por viaje (jornada de trabajo) será de 9 horas como máximo.
II. La jornada podrá extenderse hasta 13 horas ininterrumpidas realizando cambio de operador (chofer).
III. Descanso mínimo obligatorio será de 3 horas de descanso más un tiempo considerado para alimentación y aseo personal.
IV. Contar con un segundo operador (chofer) si el viaje se estima para más de 8 horas de viaje.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se exhorta a la comisión a la que se turne la iniciativa realice una ley secundaria para regular la materia.
Notas
1 Organización Internacional del Trabajo. Appl. 22.153. Convenio sobre duración del trabajo y periodos de descanso en transporte de carreteras.
2 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100: 0::NO::P12100_ILO_CODE:C153
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
4 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100: 0::NO::P12100_ILO_CODE:C153
5 http://www.informador.com.mx/mexico/2016/686601/6/relacionan-accidentes-y-muert es-con-los-camiones-doble-remolque.htm
6 http://www.animalpolitico.com/2012/04/al-ano-hay-hasta-5-mil-accidentes-provoca dos-por-vehiculos-con-exceso-de-carga/
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95198/guiaoperador.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada María Elida Castelán Mondragón(rúbrica).»
Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
La diputada María Elida Castelán Mondragón:«Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
En México desde 1974 se incorporó en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad entre mujeres y hombres; desde entonces a la fecha se sigue manteniendo el espíritu incluyente de dicha reforma, con continuos avances parlamentarios e institucionales, desde tener una ley secundaria o reglamentaria, como lo es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Es por medio de la referida ley que se protege la igualdad de género, igualdad sustantiva, perspectiva de género y a su vez se institucionaliza el derecho de las igualdades mencionadas.
El Estado mexicano focaliza sus políticas públicas, programas y acciones a través de las instituciones que surgen de la creación de las leyes secundarias, “institucionalización” que marca el rumbo de la administración en turno.
En 2001 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante la cual se crea la primera institución creada ex profeso para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado, de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines como a su vez la creación del Inmujeres.
Con la institucionalidad de género a partir de la creación de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el Estado mexicano se vuelve garante de proteger la esfera jurídica de las mujeres en su ámbito laboral, profesional, académico o desde donde se le ubique.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombre, en su artículo 17, enuncia como debe de ser la política nacional que dicha ley debe propugnar por medio de acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural.
Para después, en su artículo 18, enunciar los instrumentos (sistema, programas, observancia) de la las política nacional en el ámbito de aplicación de la ley.
El fortalecimiento de los programas que ejecute el Estado mexicano pueden ser mejorados con la observación de los mecanismos que aplican los organismos internacionales; un tema tan delicado como la igualdad de género, igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la transversalidad protegidas por la ley en comento requieren de ser reforzadas por criterios e instrumentos jurídicos internacionales para su mejor desempeño.
Una tendencia en aumento que impulsa la internacionalización del derecho, se concreta y se concentra en la figura jurídica de la “armonización legislativa”. En el sistema jurídico mexicano por medio de la observancia de instrumentos y criterios jurídicos internacionales “tratados internacionales, pactos, convenciones, acuerdos internacionales, convenios, etc.”
Las cuales presenta bondades inmediatas; a decir la renovación de los estándares nacionales con adecuación a los internacionales dando permisión a que las instituciones, organismos, dependencias y ordenamientos jurídicos; en suma todo el andamiaje jurídico-institucional y programático se mantenga en una constante evaluación y evolución.
Es de observarse con minucia que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres debe ser mejorada con los criterios que puedan ofrecer los organismos internacionales con aplicación programática, ejemplo de ello es ONUMujeres que en su informe anual 2015-2016 habla de áreas temáticas prioritarias:
1. Liderar el camino hacia la paridad de género en política;
2. Empoderar a las mujeres para impulsar las economías;
3. Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas;
4. Avanzar en el impulso por la paz;
5. Movilizar a las mujeres en la acción humanitaria;
6. Planificación y presupuestos para superar la brecha de género.
Las áreas trazadas por ONUMujeres en México no han encontrado el efecto deseado o un eco parcialmente, del numeral 2 al 6 las cifras en México hablan por sí solas ahondar en ello no es necesario.
La paridad de género en la política es cumplido sólo en uno de los órganos de mayor representatividad y mayormente conocidos por los mexicanos, como lo es la Cámara de Diputados, en la LXIII se tiene registro de 42.6 diputados del género femenino, es de recordarse que no sólo las mujeres pueden ocupar una diputación, también otros cargos públicos (secretarías de Estado, alcaldías, gubernaturas, etc) donde las cifras ya no son tan optimistas.
Las negociaciones mundiales entre los gobiernos resultan en compromisos que elevan el nivel y aceleran las acciones nacionales e internacionales en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
ONUMujeres ofrece pruebas y encabeza las acciones de promoción para colocar los derechos y las necesidades de las mujeres en el centro de esos procesos.
Reunimos a las contrapartes de los gobiernos, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y el ámbito académico, aportamos conocimiento especializado y análisis y hacemos hincapié en las buenas prácticas recogidas en distintos países y regiones.
Todo ello ayudó en 2015 a impulsar una serie de históricos acuerdos mundiales con disposiciones innovadoras sobre empoderamiento de las mujeres y a forjar consensos para acelerar los esfuerzos que nos conduzcan a la igualdad de género para el año 2030.
La suma de la institucionalización y la internacionalización del derecho generan exigencias para el Estado mexicano, tan es así que promueve el tener un Sistema Jurídico Mexicano reforzado y robusteciendo las características ya consagradas en todo sistema jurídico como son completitud, coherencia y unidad.
Los operadores jurídicos tienen la encomienda de impulsar la renovación integral , sistemática y provechosa al sistema o al menos esa interpretación se puede obtener del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada María Elida Castelán Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Artículo Único. Se reforma el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:
Artículo 29. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres será propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres y tomará en cuenta los criterios contenidos en los Convenios y Tratados Internacionales en la materia, las necesidades de los Estados, el Distrito Federal y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. Este Programa deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.
Los programas que elaboren los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, con visión de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la Política Nacional de igualdad en congruencia con los programas nacionales.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101203.pdf
2 http://www2.unwomen.org/-/media/annual%20report/attachments/sections/library/un -women-annual-report-2015-2016-es.pdf?v= 1&d=20160629T203039
3 Ídem.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada María Elida Castelán Mondragón(rúbrica).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La diputada María Elida Castelán Mondragón:«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
En 2007 se pronunció la Declaración de Nyéléni, África, donde se establecen The Six Pillars of Food Sovereignty:
1. Focuses on food for people;
2. Values food providers;
3. Localises food systems;
4. Puts control locally;
5. Builds knowledge and skills ;
6. Works with nature.
Los Seis Pilares de la Soberanía Alimentaria marcan un comparativo de que tanto se ha avanzado en el Derecho a la Alimentación reconocido internacionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual entro en vigor el 3 de enero de 1976 y México se adhirió a este instrumento internacional, en todos sus términos hasta el 23 de marzo de 1981. Al mismo tiempo, los 6 ejes trazados en la declaración de Nyéléni deben ser base para el actuar futuro del Estado mexicano.
El pacto referido plantea en el artículo 11 varios objetivos que cumplirán los Estados que signaron dicha fuente de derecho internacional público. Para agotar exhaustivamente los objetivos se cita el artículo:
Artículo 11
1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
2. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
Los Estados parte en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.
Se desprende que el derecho a la alimentación tiene dos momentos; el primero la protección contra el hambre y el segundo momento una adecuada alimentación; donde en cualquier circunstancia el ciudadano puede hacer exigible ante el Estado dicha potestad a fin de evitar la hambruna, desnutrición, carencia y mala calidad alimentaria para lo cual el ente jurídico (Estado) debe ejercer acciones que tutelen y ponderen siempre los derechos humanos.
Si bien los países adquieren el compromiso inmediato, al momento de signar el instrumento internacional vinculante, lo cual tiene como consecuencia encargarse a la brevedad posible de hacer las mejoras normativas conducentes ya sea en su norma fundante o en su normas secundarias tal supuesto queda rebasado por la realidad.
Desde la interpretación más novedosa como lo es la pro persona, México debió hacer el reconocimiento constitucional lo más pronto posible. Sin embargo, no fue el caso hasta 2011, a la par y coincidentemente con la gran reforma en derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por disposición constitucional y como derecho humano (a la luz de cuatro principios interpretativos reconocidos constitucionalmente; universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad). El Estado mexicano debe ser garante de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así lo enuncia el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La universalidad del derecho a la alimentación en México es afectada por la carenciade acceso a la alimentación; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social realizó el estudio Dimensiones de la seguridad alimentaria: evaluación estratégica de nutrición y abasto.
Ahí se ve que nueve entidades federativas (Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala) tienen porcentajes de población con carencia de acceso a la alimentación de entre 25 y 35 por ciento en 2008. Los estados que presentan esa carencia de acceso a la alimentación, cuentan con gran número de población de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2015.
1. Michoacán : 4 millones 584 mil 471
2. Guerrero : 3 millones 533 mil 251
3. Oaxaca: 3 millones 967 mil 889
4. Chiapas: 5 millones 217 mil 908
5. Tabasco: 2 millones 395 mil 272
6. Veracruz: 8 millones 112 mil 505
7. Puebla: 6 millones 168 mil 883
8. Guanajuato: 5 millones 853 mil 677
9. Tlaxcala: 1 millón 272 mil 847
Se entiende que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que entró en vigor en 2001, es rebasada en la actualidad, pues no se logran la seguridad ni, menos aún, la soberanía alimentarias, que darían como corolario el derecho a la alimentación.
Para efectos definitorios sobre la soberanía y la seguridad alimentaria, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable sirve de referencia, en su glosa del artículo 3, fracciones XXVIII y XXXIII:
XXVIII. Seguridad alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población;
XXXIII. Soberanía alimentaria. La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.
La conculcación de la seguridad y soberanía alimentarias es en primera instancia realizada por la densidad demográfica (no queriendo decir que sea el único factor influyente en la transgresión) pues la población mexicana crece a ritmos vertiginosos
La falta de visión normativa por parte del Titular del Ejecutivo o ya sea atribuido a los legisladores , que concibieron como cosa menor a los conceptos multicitados toda vez que fueron enviados a una ley secundaria sin darles el contexto debido.
Aquilatando los conceptos seguridad y soberanía alimentarias y ejerciendo la libertad de configuración normativa que todo legislador tiene, en miras de evitar la carencia alimenticia que hacen ilusivas los tres pilares donde se erige el derecho a la alimentación (nutritivo, suficiente y de calidad) consagrados en una disposición constitucional. Por tanto, hacer la mención e inclusión de los términos de seguridad y soberanía alimentarias en el artículo 4o. constitucional dándole rango constitucional y no secundario como se le he venido dando generaría un mayor impacto de certeza y seguridad jurídica al ciudadano.
Por tanto, en la presente iniciativa planteo una adición respecto al artículo 4o. de la Constitución, que ilustro con el siguiente cuadro comparativo:
Fundamento legal
Por lo expuesto, la suscrita, María Elida Castelán Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único.Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
...
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará por medio de la seguridad y soberanía alimentarias.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Los Seis Pilares de la Soberanía Alimentaria.
2 http://www.globaljustice.org.uk/six-pillars-food-sovereignty
3 1. Focalizarse en Alimentos para los Pueblos, 2. Valorar a los Proveedores de Alimentos, 3. Localizar los Sistemas Alimentarios, 4. Poner Control a Nivel Local, 5. Promover el Conocimiento y Habilidades, 6. Trabajo Compatible con la Naturaleza.
4 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
5 https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.pdf?1493133895
6 Ídem.
7 http://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-persona
8 http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAM AS_POLITICAS_DS/EE%20Nutricion%20y%20Abasto/Evaluacion%20de%20Nutricion%20y%20A basto%202010.pdf
9 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
10 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=756874 &fecha=07/12/2001
Referencias
1 http://www.globaljustice.org.uk/six-pillars-food-sovereignty
2 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
3 https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.pdf?1493133895
4 http://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-el-principio-pro-persona
5 http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAM AS_POLITICAS_DS/EE%20Nutricion%20y%20Abasto/Evaluacion%20de%20Nutricion%20y%20A basto%202010.pdf
6 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=756874 &fecha=07/12/2001
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada María Elida Castelán Mondragón(rúbrica).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 19, 21 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adelante, diputada.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su venia, presidenta. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 2, fracción II, establece una limitante al uso de las adecuaciones, abre un gran pórtico de posibilidades para modificar este supuesto en ejecución, ya que su redacción resulta una fórmula muy peligrosa en la que en nombre del mejoramiento del cumplimiento de metas y objetivos se está ocultando, precisamente el incumplimiento de un programa derivado de una mala administración monetaria del mismo.
La normatividad presupuestaria permite hacer cuántas adecuaciones presupuestales quiera o requiera el Ejecutivo federal al Presupuesto en ejecución, con la única limitante prevista en el artículo 58 de la Ley del Presupuesto que establece.
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al cinco por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales.
Con base a esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. La interpretación de este artículo permite al Ejecutivo federal modificar el presupuesto por cuantiosas cantidades de dinero, con la única condición de reportarlo en los informes trimestrales.
A efecto que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados solamente pueda emitir su opinión, opinión que la ley presupuestaria no equipara autorización. Por tanto, la ley debería ordenar al Ejecutivo federal a solicitar autorización a la Cámara de Diputados, como funciona en otros países, como Argentina y España.
Es ineludible resaltar la importancia de la aplicación del derecho presupuestario como el derecho al presupuesto que tenemos todos los ciudadanos frente al Estado y como la necesaria ordenación jurídica de los gastos públicos.
En ese tenor es obligatorio insistir en el respeto que debe guardar el Ejecutivo federal al principio de especialidad presupuestaria al momento de ejecutar el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque la observancia de dicho principio es acatar la voluntad ciudadana representada en el Poder Legislativo que permitirá avanzar una democracia con mayor participación de todos los actores involucrados en el crecimiento económico del país y en la mejor atención de las necesidades públicas.
Por lo mismo, la excepciones o la flexibilidad en la aplicación del principio de especialidad presupuestaria durante la ejecución del gasto público, que debe ser transitoria, circunstancial, excepcional.
Por tanto, las adecuaciones presupuestarias deben realizarse para atender una verdadera necesidad pública, un gasto inesperado y no tanto para atender otras razones de corte político o individual.
Se trata de saber llegar a la óptima combinación entre confianza y desconfianza que permita dejar hacer y controlar al Ejecutivo federal en la disposición del dinero público, y con esto evitar la corrupción y la demostración de la voluntad de transparencia y rendición de cuentas.
Los vacíos y excepciones en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permiten que se inyecten recursos a programas que tienen menores requisitos de rendición de cuentas, utilizándolos como un atajo en el ejercicio del gasto.
Por eso someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2, fracción II; y adiciona la fracción II Bis; artículo 19, fracciones II, III y V; artículo 21, fracciones I, II y III; y artículo 58, fracción III, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer:
Primero. En el artículo 2 que las adecuaciones presupuestarias sean autorizadas por la Cámara para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores del gasto.
Segundo. En el artículo 19 para que, en el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, la Secretaría de Hacienda deberá solicitar la aprobación de la Cámara. El límite máximo de ampliación autorizado a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen será hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o por la Cámara en ley posterior.
En el caso de las entidades reconocidas como Centros Públicos de Investigación, sus excedentes de ingresos propios se destinarán a las mismas sin requerir autorización de la Cámara, a la cual se le informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación dentro de los 30 días naturales siguientes en que fueron ejercidos.
Tercero. En el artículo 21 para que en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría solicita autorización a la Cámara para ejecutar las normas de disciplina presupuestaria.
Cuarto, y último. En el artículo 58 para que cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al cinco por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, el gobierno federal a través de la Secretaría deberá solicitar autorización de la Cámara anexando la información que la justifique.
Con base en esta información la Cámara, con apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, determinará la procedencia de dichas adecuaciones. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 19, 21 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Alicia Barrientos Pantoja, diputada de la LXIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, fracción I, del numeral 1, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción II, y se adiciona la fracción II Bis; artículo 19, fracciones II,III y V; artículo 21, fracciones I, II y III; y artículo 58, fracción III, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley Federal de Presupuesto y Reforma Hacendaria (LFPRH) en su artículo 2, fracción II, describe a las adecuaciones presupuestarias como:
las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto.
Esta redacción en lugar de establecer una limitante al uso de las adecuaciones, abre un gran pórtico de posibilidades para modificar el presupuesto en ejecución, ya que su redacción resulta una fórmula muy peligrosa en la que en nombre del mejoramiento del cumplimiento de metas y objetivos, se está ocultando, precisamente, el incumplimiento de un programa derivado de una mala administración monetaria del mismo.
En el caso de México, la normatividad presupuestaria permite hacer cuantas adecuaciones presupuestales quiera o requiera el Ejecutivo federal al presupuesto en ejecución con la única limitante prevista en el artículo 58 de la LFPRH que establece:
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.
La interpretación de este artículo permite al Ejecutivo federal modificar el presupuesto por cuantiosas cantidades de dinero, con la única condición de reportarlo en los informes trimestrales, a efecto que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados solamente pueda emitir su opinión. Opinión que la ley presupuestaria no equipara a autorización, por tanto, la ley debiera ordenar al Ejecutivo federal a solicitar autorización a la Cámara de Diputados, como funciona en otros países como Argentina y España.
En el caso de la legislación presupuestaria argentina, los cambios que se realicen a la ley de presupuestos en ejecución está reservado al Congreso Nacional, sobre todo si estas decisiones varían el monto total del Presupuesto y el endeudamiento previsto, como también los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades.
También es el caso de la legislación presupuestaria española, que si bien autoriza al presidente del gobierno a que realice cambios sustanciales a la Ley de Presupuestos aprobada por el órgano legislativo, algunos de estos cambios –previstos por ley– requieren autorización del mismo parlamento y no representan una función discrecional en manos del gobierno. Se trata de la Ley de Créditos Extraordinarios y de la Ley de Suplementos de Créditos, cuando existen créditos presupuestarios, en el primer caso; y cuando existiendo éstos son insuficientes en el segundo caso.
Es ineludible resaltar la importancia de la aplicación del derecho presupuestario como el derecho al presupuesto que tenemos todos los ciudadanos frente al Estado y como la necesaria ordenación jurídica de los gastos públicos. En ese tenor, es obligado insistir en el respeto que debe guardar el Ejecutivo federal al principio de especialidad presupuestaria en sus tres vertientes al momento de ejecutar el PEF, porque la observancia de dicho principio es acatar la voluntad ciudadana representada en el poder legislativo que permitirá avanzar hacia una democracia con mayor participación de todos los actores involucrados en el crecimiento económico del país y en la mejor atención de las necesidades públicas. Por lo mismo, las excepciones o la flexibilidad en la aplicación del principio de especialidad presupuestaria durante la ejecución del gasto público, que debe ser transitoria, circunstancial, excepcional.
Por tanto las adecuaciones presupuestarias deben realizarse para atender una verdadera necesidad pública, un gasto inesperado, y no tanto para atender otras razones de corte político o individual.
Los detractores de esta idea, argumentan que México vive en un sistema presidencial y que casi todas las decisiones económicas del país deben ser asumidas en solitario por el Ejecutivo federal ya que es el único poder de la unión que cuenta con todos los elementos materiales, humanos y técnicos para hacerlo.
En la opinión de la que suscribe la presente iniciativa, no depende del sistema jurídico en el que se viva para que exista un control más efectivo sobre la actividad financiera del Estado. Se trata como dijera hace varias décadas el ilustre jurista alemán Fritz Neumark, de saber llegar a la óptima combinación entre confianza y desconfianza que permita dejar hacer y controlar al Ejecutivo federal en la disposición del dinero público, y con esto evitar la corrupción, los malos manejos del dinero, el incumplimiento de programas sociales, la desatención de las minorías, el respeto a la voluntad parlamentaria y la demostración de la voluntad de transparencia y rendición de cuentas.
Adicionalmente, no es verdad absoluta que el Ejecutivo federal es el único que cuenta con los elementos necesarios para guiar la economía del país; en ese sentido, el poder legislativo cuenta con la información presupuestaria, contable, económica y jurídica suficiente para conocer, analizar y autorizar las adecuaciones presupuestarias del gasto público, sin la necesidad de tener que esperar a que cierre el ciclo presupuestario para revisar su factibilidad.
Por otro lado, el artículo 107 de la Ley LFPRH establece la obligación del Ejecutivo federal para remitir al Congreso de la Unión o a la Cámara de Diputados, los informes mensuales y trimestrales que se refieren a la situación económica, a las finanzas públicas y a la deuda pública que guarda la administración. Sobre esto, una de las críticas más profundas y reiteradas que se han hecho a esta ley desde su aparición en 2006, es la insistencia de obligar al Ejecutivo federal de informar al Congreso de la Unión o a la Cámara de Diputados respecto del ejercicio del gasto, como si del acto de informar, el gobierno federal se desprendiera de la carga administrativa y responsabilidad que como ejecutor del gasto tiene. La LFPRH debiera establecer que el envió de esa información presupuestaria y de gasto público (incluidas las adecuaciones presupuestarias al Presupuesto en ejecución), debiera tratarse en realidad de una autorización parlamentaria en plenitud.
Como ejemplo, los informes trimestrales deben entregarse a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate y deben incluir información sobre los principales indicadores de los resultados y avances de los programas y proyectos, el cumplimiento de los objetivos y metas, así como su impacto social; lo anterior, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refiere la misma ley. La misma ley indica que “en caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan”. Aquí podría valdría la pena preguntarse ¿a qué tipo de incumplimiento se refiere esta ley? ¿Solamente al incumplimiento de proyectos y programas? ¿O se referirá a todo tipo de operaciones presupuestarias? ¿Si el titular del Poder Ejecutivo lleva a cabo diferentes adecuaciones presupuestarias será motivo suficiente para quebrantar la ley y por ende, ser sujeto él o sus servidores públicos a las responsabilidades a que se refiere el artículo 107 de la LFPRH? ¿Si el Ejecutivo federal modifica parcialmente –o en su totalidad– las cantidades o el destino del gasto público establecido en el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, será suficiente para considerar ese hecho como una violación a la ley? Más complejo aún: ¿si a un programa incluido en el proyecto de Presupuesto de Egresos propuesto por el Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados le disminuye su monto, pero durante la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal, vía adecuaciones presupuestarias, le devuelve a ese programa el monto disminuido o inclusive le transfiere recursos superiores a ese monto inicial, será sancionable? La respuesta es no. Para comprobarlo basta revisar los informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre la verificación de si esas adecuaciones presupuestarias se hicieron con sujeción a la ley.
En ningún caso de las acciones anteriormente mencionadas tienen un control por otro órgano del Estado, lo cual sería ideal para el exacto equilibrio de poderes que nuestra Constitución exige. Es por eso que no existe un límite o una responsabilidad del Ejecutivo Federal si con el uso abusivo de las adecuaciones presupuestarias modifica radicalmente el Presupuesto en ejecución previamente aprobado por la Cámara baja. Y es justo aquí donde debe ponerse un límite a efecto de no caer en el absurdo referente a la situación vivida en el Perú, en donde su sistema presupuestario permite que mediante los llamados Decretos de Urgencia del Poder Ejecutivo, los cuales tienen rango de ley, puedan modificar el presupuesto no solamente en valores sino también en cuanto a destinos. A este respecto en el periodo comprendido entre 1993 y 2000, el Poder Ejecutivo Peruano dictó 1003 decretos de urgencia aprobando la ejecución de un gasto equivalente a 1,107 millones de dólares sin el consentimiento del Poder Legislativo; recursos destinados principalmente a financiar compras de armas e insumos militares, pagos a empresas constituidas fuera del país, pagos a proveedores que no pagaron impuestos, etcétera.
Sin embargo, aunque las adecuaciones deben ser excepcionales, esporádicas, eventuales, en la realidad se convierten en un ejército modificador de una gran parte o de casi la totalidad del presupuesto de egresos aprobado por la Cámara baja, pues lo que debía funcionar como excepción termina por convertirse en regla, sin que exista control sobre dichas adecuaciones. Una de las adecuaciones externas que autoriza la SHCP a las dependencias, es la consistente en los traspasos de recursos derivados de modificaciones a la estructura administrativa, cuando se realicen de un ramo a otro, previo acuerdo suscrito por los Oficiales Mayores o equivalentes que justifiquen las causas.
Los vacíos y excepciones en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permiten que se inyecten recursos a programas que tienen menores requisitos de rendición de cuentas, utilizándolos como un “atajo” en el ejercicio del gasto. Un ejemplo de los problemas de responsabilidad hacendaria a nivel federal es el manejo de los recursos mediante el concepto “Provisiones Salariales y Económicas”, mejor conocido como Ramo 23.
Si el Ejecutivo federal decide realizar una adecuación presupuestaria a fin de traspasar recursos de un programa derivado de una mala administración monetaria del mismo. Si decide realizar una adecuación presupuestaria a fin de traspasar recursos de un programa a otro programa por 100 millones de pesos, ¿Cómo saber si el programa que recibe el dinero del traspaso incumplió con sus metas por una mala administración? Peor aún, ¿qué sucede con el programa al que le quitaron 100 millones? ¿Se decidió cancelarlo? ¿Tampoco cumplió con sus metas y objetivos? ¿En adelante, solo cumplirá con los objetivos y metas que le alcancen sin esos 100 millones? ¿Y si al programa al que le quitan 100 millones es un programa social que otorga beneficios a la ciudadanía? ¿En lugar de uno, no serán dos los programas que incumplen con sus objetivos y metas a costa de dicha adecuación?
Esta situación debe ser evaluada y proceder a una reforma legal a efecto de que no ocurra que el Presupuesto aprobado por la Cámara baja sea modificado a tal grado, que en los hechos sea otro Presupuesto.
Según investigaciones realizadas por el doctor Óscar Enrique Santos, en México, cada unidad administrativa responsable de ejecutar el presupuesto realiza, en promedio, más de 2 mil afectaciones presupuestarias entre internas y externas, que modifican sustancialmente el presupuesto, sin autorización de la Cámara de Diputados ni del Congreso de la Unión.
Los artículos 19 y 21 de la LFPRH establecen los procedimientos para que la Administración Pública Federal asigne el uso y destino de los ingresos excedentes y de la disminución de ingresos, respectivamente, sin embargo debiera especificarse en dichos artículos y correlativos del reglamento, que las adecuaciones presupuestarias por ingresos excedentes y por disminución de ingresos, promovidas por el Ejecutivo Federal, deberán requerir la autorización de la Cámara de Diputados, con el objeto de establecer un control parlamentario sobre el destino de los mismos.
En primer lugar hay que considerar que en el caso de los ingresos excedentes definidos por la LFPRH como los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la LIF o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto. Dichos ingresos son una excepción al principio de especialidad cuantitativa del gasto, y una vez que se incorporan al erario público por el motivo que sea, los mismos no cuentan con un destino específico de gasto en donde aplicarse, por lo que habrá que decidir en qué rubro de gasto se aplican, teniendo en cuenta que dichos recursos puede llegar a ser muy cuantiosos, por ello su asignación debiera ser aprobada por el poder legislativo, para evitar la discrecionalidad en su aplicación y dar cumplimiento al mandato del artículo 126 constitucional.
En segundo término el artículo 21 de la ley establece el procedimiento para la disminución de ingresos o recorte presupuestario, en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la LIF, realice acciones de disciplina presupuestaria, indicando solamente un supuesto “si la contingencia sea de tal magnitud que represente un 3 por ciento de los ingresos por impuesto”, el Ejecutivo Federal someterá a la opinión de la Cámara baja la posibilidad de realizar dicho ajuste. Esta, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cuenta con un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta del Ejecutivo Federal para analizarla y en su caso, proponer modificaciones a la composición de la misma. El 3 por ciento de los ingresos por impuestos, es una cantidad descomunal que debiera ser controlada mediante autorización de la soberanía popular y no restringirse a una mera opinión, de la cual el Ejecutivo federal podría hacer caso omiso.
En conclusión, la realidad presupuestaria mexicana evidencia que las adecuaciones presupuestarias llevadas a cabo por el Ejecutivo federal al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en ejecución pueden llegar a ser tan abundantes, que con ello se estaría burlando la voluntad y autorización de la Cámara de Diputados otorgada con motivo de la aprobación del PEF.
Por lo expuesto, y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma, el artículo 2, fracción II y adiciona la fracción II Bis; artículo 19 fracciones II, III y V; artículo 21 fracciones I, II y III; y artículo 58 fracción III, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Primero. Se reforma el artículo 2 fracción II y se adiciona la fracción II Bis; para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, que sean autorizadas por la Cámara para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto;
II Bis. Cámara. Cámara de Diputados.
Segundo. Se reforma el artículo19 fracciones II, III y V; para quedar como sigue:
Artículo 19. ...
II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, la secretaría deberá solicitar la aprobación de la Cámara. El límite máximo de ampliación autorizado a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, será hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o por la Cámara en ley posterior.
III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que sean previamente autorizados por la Cámara con base a la propuesta de la secretaría, conforme a las disposiciones aplicables.
En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de ingresos propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Cámara, a la cual se le informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación, dentro de los 30 días naturales siguientes en que fueron ejercidos.
IV. ...
V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 87, fracción II, de esta Ley, así como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de sistemas de pensiones de las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, una vez que sus reservas, alcancen su límite máximo, los recursos a que se riere el artículo 87, fracción I, de esta ley, se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que los ingresos excedentes que tengan como destino el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se podrán destinar a subsanar el déficit presupuestal del Gobierno Federal, a la amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de Infraestructura, en la proporción que sea autorizada al gobierno federal por la Cámara.
Las erogaciones adicionales a que se refiere éste artículo serán autorizadas por la Cámara y sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario o, en su caso, no aumenten el déficit presupuestario.
El Ejecutivo federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, las erogaciones adicionales aprobadas por la Cámaraen los términos del presente artículo.
Tercero. Se reforma el artículo 21, fracciones I, II y III, para quedar como sigue:
Artículo 21. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría solicitará autorización a la Cámara para ejecutar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:
I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o por previa autorización de la Cámara para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes fracciones;
II. La disminución de los ingresos del gobierno federal, asociada a menores ingresos petroleros, así como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no tengan fin específico, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas de operación que emita la secretaría con previa autorización de la Cámara. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los recursos de la Reserva del Fondo y a reasignar el gasto correspondiente a la fracción III, inciso a), subincisos i) a iii) del presente artículo, a gasto de inversión en infraestructura, programas de empleo temporal y programas de estímulo que proponga el Ejecutivo federal y apruebe la Cámara. Dichas reasignaciones de gasto, deberán ser reportadas por la secretaría en el informe trimestral correspondiente. En caso de que el uso de la Reserva del Fondo no sea suficiente, se procederá con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente artículo.
III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos aprobados por la Cámara en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:
a)...
b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de 3 o más por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal solicitará a la Cámara, autorización para la disminución de ingresos, anexando la información que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por dependencia y entidad.
c) Se deroga.
La Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la solicitud y la información que se anexa con el fin de dictaminar su procedencia, en el marco de las disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo federal acatará lo resuelto por la Cámara.
Cuarto. Se reforma el artículo 58, fracción III, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:
Artículo 58. ...
III. ...
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, el gobierno federal a través de la secretaría deberá solicitar autorización de la Cámara, anexando la información que la justifique. Con base en esta información, la Cámara, con apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinará la procedencia de dichas adecuaciones.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Segundo. El Ejecutivo federal cuenta con un plazo de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para hacer las adecuaciones conducentes al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Alicia Barrientos Pantoja,Concepción Villa González, Cuitláhuac García Jiménez, Ernestina Godoy Ramos, Gonzalo Guízar Valladares, Irma Rebeca López López, Jesús Serrano Lora, Jorge Tello López, Magdalena Moreno Vega, Norma Xochitl Hernández Colín, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:¿Con qué objeto, señor diputado? A ver, sonido en la curul del diputado. Diputado Cuitláhuac García. Sí, diputado.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Gracias, presidenta. Preguntarle a la diputada si nos podemos adherir a su iniciativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Diputada. Adelante, señor diputado. Muchas gracias. Se pone a su disposición, de usted y de cualquier otro diputado que quiera adherirse, en la Secretaría de la Mesa.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por él mismo y por sus compañeros de grupo parlamentario. Adelante, por favor.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En el Partido Verde, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población siempre ha ocupado un lugar preponderante, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, hemos presentado diversas iniciativas para garantizar la igualdad de oportunidades entre los diferentes sectores de la sociedad con la finalidad de generar condiciones adecuadas para que, sin importar el género, la edad, el color de la piel, el estado civil o la situación social, se puedan ejercer plenamente los derechos que consagra nuestra Carta Magna y a partir de ello acceder al bienestar y a una vida digna.
Bajo esta línea programática, ahora presentamos a esta soberanía una iniciativa cuyo objeto es incentivar a los generadores de empleo para que abran sus vacantes a un sector poblacional que posee una gran experiencia, y que además cuenta con la fortaleza para seguir aportando lo mejor a nuestro país. Me refiero a todas aquellas personas que han cumplido ya los 50 años de edad y que en muchas ocasiones enfrentan serias dificultades para encontrar un empleo, debido a su edad.
Nuestro país experimenta un intenso y acelerado proceso de cambio. Veamos que para ahora, en el año 2015 y de acuerdo a las proyecciones que tiene el Consejo Nacional de Población, tres de cada 10 mexicanos son menores de 15 años y solo uno de estos 10 mexicanos tiene más de 60 años de edad, pero esto va a cambiar para el año 2050.
Para el año 2050 esta composición será de la siguiente manera. Solo dos de cada 10 mexicanos tendrán menos de 15 años y la población de adultos mayores representará más del 22 por ciento de la población total de nuestro país.
Un indicador de las condiciones sociales de los adultos mayores o quien está próximo a ser un adulto mayor, que es su situación en el empleo.
Las dificultades para acceder a un puesto de trabajo formal es un problema que se presenta en buena parte de esta población, pero se ha observado desde el inicio de la década de los ochenta que las tasas van descendiendo en la participación económica de este sector, las cuales no corresponde necesariamente a un retiro voluntario.
Es decir, la dificultad para encontrar un empleo se presenta aún entre personas no consideradas viejas y que además están en total plenitud de sus capacidades. Claro que a mayor edad, mayor es la dificultad para encontrar un trabajo.
Si bien en el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo ya se estipula que las condiciones de trabajo deben estar basadas en el principio de igualdad sustantiva, sin que pueda establecerse diferencias o exclusiones por motivo del origen ético o su nacionalidad, el sexo, la edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o por su estado civil, es un hecho que en nuestro país el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el mercado laboral suprime a la población que rebasan los 35 años de edad.
La oferta para este segmento poblacional se reduce a empleos de menor salario y nula participación, oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. Esto según el informe que presentó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, denominado Ofertas laborales en México.
En la actualidad esta situación se ha entendido como una nueva forma de maltrato laboral, incluso como una manera de discriminación, situación que afecta por igual a las mujeres y a los hombres y que se expresa a veces de una manera muy sutil. Por ejemplo, cuando se rechaza a una persona para un empleo, se le dice que está sobrecalificado.
En otras ocasiones de forma muy abierta se especifica el límite de edad para las contrataciones. De ahí que no podemos obtener un empleo estable a partir de los 35 años de edad y esto se entiende como un atentado a la dignidad de las personas, que impacta de manera negativa, no solo a quien lo padece, sino también a toda su familia.
Para contribuir a corregir esta situación proponemos una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que al igual que en otros países, que ya lo están haciendo en Latinoamérica, motivemos con una exención fiscal a quienes contraten a hombres y a mujeres que han cumplido 50 años o más de edad y que se encuentran en busca de un empleo para sostenerse ellos mismos o a su familia. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma el artículo 186 de Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados Federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Cuando se habla del envejecimiento de las personas, se hace referencia a un proceso natural, gradual, continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Estos cambios se realizan a nivel biológico, psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y las condiciones socioeconómicas de las personas. Por ello, la forma de envejecer de cada individuo es diferente.
Nuestro país experimenta un intenso y acelerado proceso de cambio en la distribución por edades de la población, transitamos de una población joven a una que cuenta cada vez con mayor edad. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), si en 2015 tres de cada diez mexicanos eran menores de 15 años (27.6 por ciento), y solo uno tenía 60 años o más (10 por ciento), para el año 2050 esta composición se verá profundamente alterada, ya que se prevé que únicamente dos de cada diez mexicanos tendrán menos de 15 años (20.7 por ciento), mientras que la población de adultos mayores representará el 21.5 por ciento de la población total. Es decir, habrá proporción casi idéntica entre jóvenes y adultos mayores.
En efecto, de acuerdo a la misma prospectiva de Conapo, se espera que en las próximas cinco décadas la natalidad siga descendiendo hasta alcanzar 11 nacimientos por cada mil habitantes en 2050. Por su parte, la mortalidad descenderá hasta alrededor de 10.4 defunciones por cada mil habitantes en 2050.
El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero a la vez constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad.
Actualmente, Ciudad de México es la entidad más envejecida de México, donde las personas en edades avanzadas representan 13.36 por ciento de la población total, seguida por un conjunto de estados con proporciones mayores a diez por ciento, como son Veracruz, Oaxaca, Morelos, Yucatán, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Guerrero, Jalisco y Durango.
No obstante, en los próximos años todas las entidades del país avanzarán en este proceso, algunas a ritmos más acelerados que otras. Así, para 2030, Ciudad de México será una población envejecida (20.45 por ciento de su población tendrá 60 años y más), mientras que el resto de los estados se encontrarán en proceso de transición, con proporciones de adultos mayores entre 10.63 y 16.47 por ciento.
Por lo anterior, ante la mayor presencia de personas de 60 años y más, resulta inaplazable el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan las necesidades y demandas de este grupo tradicionalmente vulnerable, sobre todo al considerar que, en 35 años, más del 20 por ciento de los habitantes de México se encontrará en este rango de edad. En ese sentido, se requieren políticas públicas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de este sector creciente de la población, que les garanticen ingresos suficientes y regulares, así como acceso a cuidados de salud de calidad en la vejez, cuestiones que constituyen las preocupaciones principales de las personas mayores.
Las generaciones más numerosas, las nacidas antes de 1960 ingresarán al grupo de 60 años y más a partir de 2020, lo cual se reflejará en el aumento del número absoluto y relativo de adultos mayores en las próximas décadas. De este modo, la población mexicana de 60 años y más pasará de alrededor de 12 millones de personas en 2015 (10 por ciento de la población total) a 20 millones en 2030 (14.8 por ciento de la población nacional).
Como es sabido, la Organización de las Naciones Unidas estableció en el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (ONU 1982), que la edad cronológica de 60 años representa la edad umbral de envejecimiento. Así lo retoma la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ambos organismos son la referencia de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México (LDPAM, 2002).
Sin embargo, en la realidad actual existe un sector de la población que sin llegar a los 60 años sufre las mismas desigualdades que los adultos mayores, pero sin los derechos y el reconocimiento a los que éstos pueden acceder por la legislación establecida, se trata de las personas mayores de 50 años de edad, que en la mayoría de los casos carecen de una pensión y de la posibilidad de encontrar empleo por el solo hecho de haber cumplido el medio siglo de vida.
Durante los últimos treinta años del siglo pasado en nuestro país la edad media aumentó tan sólo cinco años, al pasar de 21.8 a 26.6 años entre 1970 y 2000. En contraste, en los próximos treinta años el incremento será de más de diez años: alcanzará 37 años en 2030 y llegará a los 43 años en 2050.
Un indicador de las condiciones sociales de los adultos mayores es su situación en el empleo. Éste es un problema que se presenta en gran parte de la población, sin duda, pero se han observado, desde el inicio de la década de los ochenta, tasas descendientes de participación en la actividad económica de la población masculina a partir de los 50 años de edad, que no corresponden a retiro voluntario. Es decir, la dificultad para encontrar un empleo se presenta aun entre personas no consideradas viejas y en plenitud de sus capacidades. Claro que a mayor edad, mayor es la dificultad para encontrar empleo y también es más difícil permanecer en él, ya que a los problemas gestados en el mercado se le va sumando los del deterioro por envejecimiento. A ello se debe agregar que la pensión, cuando existe, consiste en un monto sumamente reducido, con la cual no es posible sobrevivir.
Existen datos que demuestran que la mayor parte de los adultos mayores que aún trabajan; son trabajadores por su cuenta (49.9 por ciento de los hombres y 55.2 por ciento de las mujeres), los que son empleados u obreros (25.7 por ciento de los hombres y 28.6 por ciento de las mujeres), jornaleros y peones (12.6 por ciento de los hombres y 3.1 por ciento de las mujeres), y los trabajadores sin pago (6.7 por ciento de los hombres y 9.5 por ciento de las mujeres). Finalmente, 5.2 por ciento de los hombres y 3.6 por ciento de las mujeres son patrones.
Lo anterior significa que las personas de edad avanzada tienen que recurrir al autoempleo para ganarse la vida y deben ubicarse en sectores en donde puedan ejercer su actividad con recursos propios.
El artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo estipula que:
Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.
No obstante lo anterior, es un hecho que en el país el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el mercado de trabajo suprimen a la población de más de 30 años. La oferta para ese segmento poblacional se reduce a empleos de menor salario y nula oportunidad de crecimiento, según el informe Ofertas laborales en México, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
En la actualidad, esta situación se ha entendido como una nueva forma de maltrato laboral, incluso como una manera de discriminación por motivos de edad, situación que afecta a mujeres y hombres por igual, y que se expresa a veces de manera sutil, por ejemplo, cuando se rechaza a un candidato que compite por una plaza vacante, por estar “sobre calificado”, y otras veces de forma abierta, cuando se especifica un límite de edad para la contratación.
De ahí que el no poder obtener un empleo estable a partir de los 30 años se entienda como un atentado a la dignidad de las personas, que impacta de manera negativa no solo en quien la padece, sino en el núcleo familiar. No es casual entonces que ya se haya emprendido una batalla tanto a nivel nacional como internacional para evitar estas nuevas formas de maltrato y marginación de las personas que sin contar con el reconocimiento formal de adultos mayores ya no estén en el estadio de personas jóvenes.
En efecto, hace unos meses en Colombia se aprobó la denominada Ley del Último Empleo, la cual busca promover la reintegración laboral de personas mayores de 50 años que, por su edad, han sido injustamente excluidas del mercado laboral colombiano y que buscan una oportunidad para alcanzar una pensión. Para estimular a las empresas a que contraten a esta franja de la población se creó un beneficio tributario.
En México también se cuenta con una propuesta para que, desde la óptica de la lucha contra la discriminación laboral, se sancionen convocatorias laborales donde se niegue o restrinja el acceso al trabajo principalmente por razones de edad.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México creemos que antes que imponer un carácter punitivo a la situación descrita en la presente iniciativa, es necesario incentivar a los generadores de empleo para que abran sus vacantes a este sector poblacional que ya cuenta con una gran experiencia, pero además con la fortaleza para seguir aportando lo mejor a su país y a su empleador. Por ello proponemos que, al igual que el caso colombiano, se incentive con una exención fiscal a quienes contraten a hombres y mujeres que están en los cincuenta años de edad.
A efecto de mayor claridad se presenta el siguiente cuadro con el texto actual de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la propuesta de modificación:
El Partido Verde siempre ha impulsado acciones que tienen como objetivo brindar a los adultos mayores una vida digna. Por eso hemos presentado iniciativas que garanticen el mismo trato y oportunidades a los hombres y mujeres de este sector social, así como para sancionar el abandono y la discriminación de los adultos mayores. En esa línea, ahora presentamos a esta soberanía el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 186. (...)
Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. De igual manera se otorgará un estímulo fiscal consistente en el equivalente al 20 por ciento del salario efectivamente pagado a quien contrate personas de 50 años o más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Véase:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Envejecimiento_demografico_en_Mexico
2 Véase:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Envejecimiento_demografico_en_Mexico
3 La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM), que en su artículo 3 señala que “...se entenderá por personas adultas mayores, a las que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional”. Este criterio es igual al contenido en la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, que define como adulto mayor a la persona de 60 años de edad o más, utilizado por la Secretaría de Salud.
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf
4 Véase, Pedrero Nieto, Mercedes, Situación económica en la tercera edad.
http://www.redalyc.org/pdf/112/11201906.pdf
5 Véase:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Envejecimiento_demografico_en_Mexico
6 Véase:
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ Informe%20PNPED_2012_INACCSS.pdfhttp://www.conapred.org.mx/ documentos_cedoc/Informe%20PNPED_2012_INACCSS.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: José Refugio Sandoval Rodríguez,Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Armando Luna Canales, Gonzalo Guízar Valladares, Jesús Sesma Suárez, María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbricas).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado. Y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 353 C y 353 D de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, señora presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy presento una iniciativa que propone fortalecer el apoyo a los médicos residentes en nuestro país, a través de una modificación a la Ley General del Trabajo, la cual busca otorgar mayor protección anulando las famosas guardias de castigo, guardias que comprometen la salud física y mental de nuestros jóvenes.
Desafortunadamente el síndrome de Burnout, el cual es definido como una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador, se ha convertido en un problema dentro de nuestro sistema de salud, siendo los médicos residentes los que principalmente han presentado síntomas de padecerlo.
Dentro de la medicina existen varios factores que pueden provocar este padecimiento, algunos como cuestiones institucionales, exceso de carga de trabajo, desgaste físico y psicológico.
El síndrome inicia como un padecimiento con una gran carga emocional y de agotamiento en la persona, lo que deriva en las conductas de distanciamiento, apatía por las personas que atienden y creando dudas respecto al profesionalismo.
Físicamente y psicológicamente presentan agotamiento, despersonalización, escepticismo y una falta de realización personal, lo cual no sólo afectará a quien lo padece, sino que también directamente a los pacientes a cargo del profesional de la salud y a la misma institución médica.
Al estudiar la carrera de medicina se debe tener en cuenta que la duración es aproximadamente de 12 semestres, es decir, seis años, más un año de servicio social obligatorio, siendo así siete años los necesarios para titularte como médico general, más tres años más si deseas convertirte en un médico especializado.
Un médico para consumar una especialidad necesita realizar una residencia, la cual es un conjunto de horas-práctica que un médico deberá cumplir en un periodo de adiestramiento y a la par cubrir un programa escolar durante un tiempo determinado.
El médico residente es un profesional titulado, el cual ingresa a una unidad médica receptora de residentes, en la que llevarán a cabo su profesionalización en el área médica de su elección.
Desafortunadamente, nuestro país ha sido testigo, cada vez más, de forma frecuente, de una oleada de médicos residentes que han salido a las calles y han levantado la voz exigiendo un mejor trato laboral.
En México ya se han registrado casos de médicos residentes que sufren maltrato público de sus superiores. Incluso, casos de médicos residentes que mueren gracias al estrés provocado por los mismos.
Y es que realizar una residencia médica en México pareciera ser sinónimo de convivencia con catedráticos faltos de profesionalismo que aún tienen la creencia de que la forma de transmitir sus conocimientos es por medio de insultos, faltas de respeto, intolerancia y malos tratos, como alguna vez lo hicieron con ellos, generando una cadena de lo que coloquialmente es conocido como que las letras con sangre solamente te pueden entrar.
Este tipo de eventos dentro de la comunidad médica son comunes y con el tiempo, desafortunadamente, se han vuelto parte de la cotidianeidad, restándole importancia, pero esto debe de parar.
Si bien es cierto, la medicina es una profesión que requiere de un compromiso total en todos los sentidos, también es cierto que los profesionales de la salud en adiestramiento están aprendiendo y necesitan estar alertas, conscientes y con sus sentidos al cien por ciento para evitar cometer errores que puedan costarles la vida. Lo cual es aún más complicado cuando pasan más de 24 horas sin dormir o descansar.
En la actualidad, el sector salud ha encontrado en los residentes una manera muy útil de ahorrar en recursos humanos dentro de los hospitales de salud pública o seguridad social. Ya que en lugar de contratar personal prefieren tener residentes con mayor grado de experiencia o cargo de áreas o puestos en los que por ética debería haber un médico especialista titulado, no uno que está aprendiendo.
Los residentes médicos están siendo explotados por medio de las famosas guardias de castigo, las cuales al combinarse con sus guardias ordinarias los han orillado u obligado a cumplir con horarios de hasta 36 horas continuas de guardia, generando una gran desventaja: primero, para los residentes que se ven severamente afectados por el cansancio, agotamiento físico y la falta de sueño. Y segundo, para los pacientes, los cuales son los más afectados al toparse con médicos que después de 24 horas sin dormir son obligados a atenderlos, recetarlos y en ocasiones, incluso, hasta de operarlos, lo cual es altamente peligroso.
Yo le pregunto a cualquiera, ¿quién de ustedes se sometería a una cirugía con un médico que no ha dormido en más de 24 horas? Yo creo que ninguno. Pero en hospitales del sector salud en ocasiones no hay otra opción, tienes que hacerlo.
Muchos profesionales de la salud, por todas las causas mencionadas con anterioridad, sufren del síndrome Burnout, ya que se han perdido vidas tanto en pacientes como de médicos y ha habido errores por cansancio. Y para muchos les ha sido muy fácil juzgar a los médicos que se toman un momento de descanso después de una jornada agotadora, y no por el trabajo, sino por horarios extenuantes a los que son sometidos.
Existen médicos que ponen todo su esfuerzo en la residencia y aun así sus profesores truncan su titulación. Existen viejas prácticas que estoy seguro que pueden y deben cambiar por el bien de la sociedad en general.
Honremos esta profesión tan noble, honremos a los profesionales de la medicina, que deben ser vistos como galenos, especialistas, profesionales que dedican más de nueve años de su vida a prepararse y no permitamos que por cuestiones de presupuesto se sigan viendo solo como mano de obra barata.
Lo anterior nos lleva a buscar nuevas alternativas de preparación para que los profesionales de la salud tengan la formación adecuada, sin comprometer su propio bienestar y el de sus pacientes, ya que un médico enfermo no puede desempeñar bien sus labores. Esto, sin contar que los mayores beneficios estarán en sus pacientes, en el propio sistema de salud. Por lo que la implementación de estrategias que prevengan situaciones de riesgo debe ser una prioridad para nuestro país. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 353-C y 353-D de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El proponente Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral III al artículo 353-C y reforma y adiciona el numeral VII al artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido.
Exposición de Motivos
El síndrome de Burnout se explica como:
“Una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador”.
Freundemberg (1974).
El síndrome de Burnout se ha convertido en un problema dentro del sistema de salud, ya que se está presentando en profesionales que laboran en esta área, siendo principalmente los médicos los que han presentado síntomas de padecerlo.
Dentro de la medicina existen varios factores que pueden provocar este padecimiento, algunos como cuestiones institucionales, exceso de carga de trabajo, desgaste físico, o incluso factores internos los cuales tendrían que ver con la personalidad del profesional.
El síndrome inicia como un padecimiento con una gran carga emocional y de agotamiento en la persona, lo que deriva en conductas de distanciamiento, apatía por las personas que atiende y creando dudas respecto a su profesionalismo; físicamente y psicológicamente presenta agotamiento emocional, despersonalización, escepticismo y una falta de realización personal, lo cual no solo afectará a quien lo padece, sino que también directamente a los pacientes a cargo del profesional de la salud y a la misma institución médica.
Nuestro país no está ajeno a que sus profesionales de la salud en preparación sufran de este síndrome, actualmente contamos con historias como la que se presentó el 26 de diciembre de 2016, dónde el joven estudiante Gabriel Apolo Aco Miranda falleció a consecuencia de un estado de estrés, mismo que derivó en paro cardiaco. Él era parte de los médicos adscritos y residentes del área de Anestesiología del Centro Médico Nacional “20 de noviembre” del ISSSTE. De acuerdo a sus compañeros, médicos, y personal del hospital, explican que ese estado de estrés fue ocasionado por el acoso y hostigamiento ocasionado por la doctora Rocío Arely Rojas Jaime; el caso se encuentra documentado con una serie de oficios en las que el joven solicitaba a sus superiores el apoyo, ya que se le estaba bloqueando su titulación. Luego del fallecimiento del médico Gabriel Apolo Aco Miranda, el 12 de enero del presente año, un grupo de profesores renunciaron al programa de residentes, de acuerdo al noticiero de Aristegui Noticias mencionaron que la causa fue: “por considerar que la doctora Rojas no es la persona idónea como titular... ya que fuimos testigos de actos que van en contra del espíritu universitario de enseñanza, al mostrar actitudes de menosprecio, denigración y total discriminación” (contra Gabriel Apolo) y que de acuerdo a su juicio fueron motivos que contribuyeron a causar el fallecimiento del estudiante.
El martes 3 de junio del presente año, en las redes sociales comenzó a transmitirse un video en el que se observa al médico neurocirujano Alberto Pelayo del IMSS Jalisco gritarle a un residente usando groserías y amenazándolo; el video tuvo miles de reproducciones y comentarios negativos, los cual llevó al neurocirujano a ofrecer una disculpa pública mediante otro video en el que explica que posterior a lo ocurrido ya se había disculpado y el médico residente había aceptado la disculpa, sin embargo, esto deja en evidencia el maltrato que en ocasiones reciben los residentes por parte de los médicos responsables de su educación.
Un malestar o deterioro físico clínicamente significativo puede afectar la actividad laboral del individuo, incluso se han reportado errores en las prescripciones médicas y deseos de abandonar la residencia.
Un médico para consumar una especialidad, necesita realizar una residencia, la cual es un conjunto de horas práctica que un médico deberá cumplir en un periodo de adiestramiento y cubriendo un programa escolar durante un tiempo determinado. El médico residente es un profesional titulado, el cual ingresa a una unidad médica receptora de residentes, en el cual llevarán a cabo su profesionalización en el área médica de su elección.
En México se realizó un estudio descriptivo-trasversal en el que se incluyeron residentes de especialidades médicas quirúrgicas adscritos al Hospital General Regional núm. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco, tomando como referencia el Questionnaire for Fifth European Survey on Working conditions (2010). Se realizaron 128 encuestas a 140 residentes, los resultados al evaluar las guardias, indicaron que el 57% de los residentes no duermen durante ellas, el 22% duerme alrededor de dos horas, el 18% de una a tres horas y el 3% en promedio unas cuatro horas. Lo anterior nos lleva a buscar nuevas alternativas de preparación para que los profesionales de la salud tengan la formación adecuada, sin comprometer su propio bienestar y el de sus pacientes, ya que un médico enfermo no puede desempeñar bien sus labores, esto sin contar que los mayores beneficiados estarán en sus pacientes y en el propio sistema de salud, por lo que la implementación de estrategias que prevengan situaciones de riesgo debe ser una prioridad en nuestro país.
Por lo antes mencionado, propongo realizar las siguientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo:
Considerandos
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 establece los lineamientos que debe llevar la jornada laboral del médico residente, así como sus funciones y actividades señaladas en el programa operativo de residencia médica, menciona el respeto al rol de guardias, las cuales establece que solo se deberán cumplir con las previamente establecidas en el programa y no permite la imposición de guardias de castigo o de cualquier índole ajenas al programa; el programa operativo también debe establecer la frecuencia horario y duración de las guardias, para que se pueda dar cumplimiento al programa académico; sin embargo, en la práctica estos lineamientos al no estar considerados dentro de una Ley, en ocasiones como se expresó en la exposición de motivos, no se llevan a cabo de manera puntual y se violan los derechos establecidos en la norma.
La Ley Federal del Trabajo en el Capítulo XVI, especifica los lineamientos para los trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad, contemplando los derechos y obligaciones a los que son acreedores al estar cursando una residencia médica, así como los tiempos para realizar la jornada laboral, las formas de estudio o práctica, tiempos de duración de la residencia, causas de recisión de relación de trabajo y condiciones para acreditar la residencia médica.
Las guardias de castigo están prohibidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas, capítulo 11, fracción 11.8. Porque médicos cansados ponen en riesgo su salud, la de los pacientes y comprometen la calidad de la atención médica en general, sin embargo, ¿en la práctica esto se cumple?, desafortunadamente cuando en la práctica un derecho o una prohibición plasmado en una norma no cumple con su función es indispensable elevarlo a nivel de Ley.
En mayo de 2015 BBC Mundo realizó una publicación titulada: “Los médicos latinoamericanos están orgullosos de mostrarse dormidos”, en la que exponen como decenas de miles de médicos latinoamericanos compartían en las redes sociales fotos de ellos durmiendo con la leyenda #yotambienmedormí; ésta campaña nace en respuesta a un bloguero, el cual publicó una fotografía de un médico que se quedó dormido durante una consulta, a la cual agregó: “Estamos conscientes que este trabajo es cansado, pero tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades ya que hay decenas de enfermos que necesitan los cuidados en cualquier momento”, así en respuesta y bajo el #yotambienmedormí, médicos de toda Latinoamérica comenzaron a subir fotos de ellos en los que se les ve dormidos con leyendas como “#yotambienmedormí durante las guardias”, “36 horas de servicio no son justas #yotambiensoyculpable”, “#yotambiénmedormí después de operar uno, dos, tres y cuatro pacientes en una guardia cualquiera”. La popularidad fue tal que en una semana se registraron 17,500 comentarios en Twitter y fue compartido más de 30,000 veces, denotando así el exceso de trabajo y presión al que los médicos residentes son sometidos.
El Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) aprobó la disminución de las jornadas laborales a menos de 320 horas en un mes, aun así, en 2010 investigadores de la Organización de Institutos de Medicina (OIM), junto con testimonios de organizaciones médicas, investigadores del sueño y defensores de los pacientes, lograron el cambio más notable: que los horarios de los médicos residentes no excedieran más de 16 horas de trabajo continuo y se sugirió fuertemente la implementación de una “siesta estratégica”. Estas reglas se implementaron en julio de 2011 y la vigilancia de los médicos residentes en adiestramiento se intensificó.
Decreto
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona un numeral III al artículo 353-C y reforma y adiciona el numeral VII al artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo
Único. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral III al artículo 353-C y reforma y adiciona el numeral VII al artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo , para quedar como sigue:
Artículo 353-C.- Son derechos especiales de los Médicos Residentes, que deberán consignarse en los contratos que se otorguen, a más de los previstos en esta ley, los siguientes:
I. - II. ...
III. Recibir un trato digno, respetuoso y de crítica constructiva por parte de sus profesores, encargados, superiores, así como del resto del personal. Queda prohibido el acoso, humillación o cualquier otro trato de intimidación que menoscabe su integridad física o psicológica.
Artículo 353-D. Son obligaciones especiales del Médico Residente, las siguientes:
I. - IV. ...
V. Permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, en los términos del artículo siguiente;
VI. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y destreza adquiridos, de acuerdo a las disposiciones académicas y normas administrativas de la Unidad correspondiente ; y
VII. Cumplir con su jornada laboral y guardias, las cuales estarán calendarizadas en el programa operativo correspondiente para desarrollar puntualmente el programa académico, en el que quedará establecida la frecuencia, horario y duración; las guardias ocurrirán tres veces por semana como máximo, y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas. Quedan prohibidas las guardias adicionales de cualquier denominación.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Farber, Barry A.; Heifetz, Louis J. (Apr 1982). The process and dimensions of burnout in psychotherapists. Professional Psychology, Vol 13(2), 293-301.
http://dx.doi.org/10.1037/0735-7028.13.2.293
2 Román H. Estrés y Burnout en profesionales de la salud de los niveles primario y secundario de atención. (2003). Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores. Rev Cubana Salud Pública 29(2): 103-10.
3 Barragán, Sebastián. (9 de marzo de2017) Aristegui Noticias. Recuperado de http://aristeguinoticias.com/0903/mexico/protestan-medicos-por-muerte-de-reside nte-en-el-hospital-20-de-noviembre/
4 Milenio digital. (2017). Humilla a residente médico del IMSS Jalisco; luego se disculpa.Milenio.com. En línea:
http://www.milenio.com/tendencias/medico-imss_jalisco-humilla- residente-disculpa-video-milenio-noticias_0_971903064.html
5 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Abril 1, 1970. Capítulo XVI. Ley Federal del Trabajo. DOF 12-06-2015.
6 Acero I (2015). Disminuirán horas de trabajo y guardias a médicos residentes para mejorar su calidad de atención médica. La Jornada Aguascalientes. 17 de enero del 2013; Sección Local, Sociedad y justicia.
http://www.lja.mx/2013/01/disminuiran-horas-de-trabajo-y-guardias- a-medicosresidentes-para-mejorar-su-calidad-de-atencion/
7 Diario Oficial de la Federación. (2012). NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012. Junio 29,2017, de DOF Sitio web:
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5284147
8 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Abril 1°, 1970. Capitulo XVI. Ley Federal del Trabajo. DOF 12-06-2015.
9 Secretaría de Salud. (2009). NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas. DOF.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284147&fecha=04/01/2013
10 Torres Gabriela (15 de mayo de 2015). Los médicos latinoamericanos que están orgullosos de mostrarse dormidos. BBC Mundo.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150514_yotambienmedormi_ medicos_guardia_gtg
11 Med Int Méx (2015). Jornadas laborales y sus repercusiones en médicos residentes en un hospital de segundo nivel. Prieto-Miranda SE y col. Jornadas laborales y sus repercusiones,Volumen 31, Núm. 6, noviembre-diciembre, 31:669-679.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: Germán Ernesto Ralis Cumplido,Emilio Enrique Salazar Farías, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Jesús Antonio López Rodríguez, María Eugenia Ocampo Bedolla, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: “Hombre justo y honrado es aquel que mide sus derechos con la regla de sus deberes”. Henri Dominique, político, orador y religioso francés.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin duda la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido un parteaguas en la lucha de la dignidad humana, además de haber marcado grandes transformaciones jurídicas, económicas y sociales a nivel global.
En México, en el año 2011, se iniciaron importantes modificaciones a nuestra Carta Magna en esta materia. No obstante, necesario es recordar que todo derecho conlleva a responsabilidades y deberes que no se pueden dejar de lado. De tal suerte que si nos referimos al ejercicio de los derechos, también debemos cumplir con el accionar de los deberes. Lo cual no es aplicable a los gobiernos, sino a todos los integrantes de la sociedad, de la sociedad de México.
Si bien nuestra Constitución ya prevé los derechos humanos, es omisa en cuanto a la parte de los deberes, es una reflexión que todos debemos llevar a cabo.
En Nueva Alianza estamos firmemente comprometidos con impulsar, propiciar, defender y salvaguardar los derechos humanos de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos y mexicanas, pero también con que los ciudadanos responsables asumamos nuestros deberes.
Por ello, hoy presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de incorporar el concepto Deberes Humanos. Pues derechos y deberes humanos se encuentran indudablemente vinculados y su reconocimiento enriquece y fortalece nuestro sistema de protección y reconocimiento de ellos.
Más aún, los deberes humanos se encuentran ya reconocidos en diversos tratados internacionales que son vinculantes para nuestro país, como son: la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que su incorporación en nuestra Carta Magna obedece, además a un obligado ejercicio de armonización del marco normativo mexicano en los estándares internacionales en dicha materia.
En Nueva Alianza estamos convencidos que de esta manera podrá mejorar la situación de reciprocidad y vinculación, y con ello transitar hacia una sociedad más justa y equilibrada, en la cual por igual tenemos y ejercemos la corresponsabilidad de la sociedad y las instituciones del gobierno. Se exija y se cumpla con los principios que inspiran, orientan, comunican el tipo de sociedad que deseamos construir en estos tiempos modernos y sobre todo para estar a la vanguardia de un mundo globalizado, pero sobre todo garantizar y dar certeza a las mexicanas y a los mexicanos de los derechos humanos y de los deberes humanos. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada federal en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Deberes Humanos, con base en el siguiente:
Planteamiento del problema
El desarrollo histórico y contemporáneo de los derechos humanos es y ha sido una lucha constante por el respeto a la dignidad del ser humano; surgidos en contra de regímenes que no reconocían las más esenciales prerrogativas de las personas, los derechos humanos han impulsado y fomentado cambios trascendentales en los Estados nacionales y sus supremas normas jurídicas, influyendo en estos cambios las disposiciones establecidas en el orden internacional y reflejadas en los ordenamientos nacionales y, por consiguiente, en sus instituciones gubernamentales, generando, por ende, el desarrollo de una cultura en la que se impulsa su respeto y garantía en un número cada vez mayor de ámbitos. Sin embargo, a diferencia del amplio desarrollo de los derechos, principalmente de los derechos humanos, poco o casi nada se habla de los “deberes humanos”.
“[...] Se olvida que el derecho en sí mismo contiene el deber correspondiente: el derecho de un sujeto despierta siempre en otro la obligación de no impedir su ejercicio. A contrario sensu, con esto se pone de manifiesto que el deber mismo es garantía para el ejercicio de los derechos al no impedir su ejercicio.
“[...] Esta correlación se da incluso en el ámbito intrapersonal; y por supuesto en el ámbito social y político: los mismos derechos obligan a respetar y tolerar otras ideas; la sociedad democrática basa su ordenamiento legal en los derechos y deberes de los individuos.
“Tanta es la fuerza de la vinculación, que su necesidad ha trascendido a nivel regional, teniendo un ejemplo de ello en la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948.”
Así, es claro que si nos referimos al ejercicio de los derechos, hemos de hacerlo también al cumplimiento de los deberes. Si se exige que el otro respete nuestros derechos, también hemos de aceptar que tenemos el deber de respetar los derechos de los demás. No sólo los gobiernos, sino todos los integrantes de la sociedad. Ése es el planteamiento esencial del que surge la necesidad de incorporar el concepto de “deberes humanos” a nivel constitucional.
Al respecto, sostiene el constitucionalista mexicano Miguel Carbonell que: “Una teoría coherente de los derechos debe tener presentes también los deberes, si no quiere caer en posturas irresponsables o poco realistas; es obvio que el goce efectivo de los derechos podrá llevarse a cabo en la medida en que también se logre el acatamiento de los deberes. De hecho, una de las críticas que se suele hacer a las teorías de los derechos es que pasan por alto los deberes.”
En suma, derechos y deberes humanos se encuentran indudablemente vinculados; por tanto, hacemos resaltar la importancia del respeto a los “deberes humanos” como una obligación de los ciudadanos mexicanos, concepto que reclama un espacio dentro de nuestro texto constitucional, ya que su reconocimiento enriquece y fortalece nuestro sistema de protección de derechos humanos, constitucionalmente implementado en la amplia reforma emprendida en la materia en el 2011.
Por ello, es en la Constitución en donde se propone incorporar el concepto de los “deberes humanos”, materia de la presente reforma, como complemento a la declaración fundamental de los principios que inspiran, orientan y comunican el tipo de la sociedad que deseamos construir.
Argumentación
Los “deberes humanos” se encuentran ya reconocidos en diversos tratados internacionales que son vinculantes para nuestro país, como son la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que su incorporación en nuestra Carta Magna obedece a un obligado ejercicio de armonización con dichos instrumentos internacionales.
Conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Al respecto, hemos de decir que en los dos tratados ya referidos se alude al concepto de deberes, de ahí que, en esencia, ya formarían parte de nuestra Carta Magna; sin embargo, no se han reconocido expresamente y tampoco existe una obligatoriedad ciudadana de respetarlos.
Para mayor abundamiento, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 29 se establece que:
“1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. [...]
“2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”
A su vez, el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dispone lo siguiente:
“Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos.
“1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
“2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.”
La toma de conciencia de la imperiosa necesidad de relacionar derechos y deberes se materializó desde 1948 a nivel regional, en Bogotá, Colombia, a través de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuyo preámbulo, que define el sentido de esta declaración, encontramos lo siguiente:
“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.
“El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Los deberes del orden jurídico presuponen otros de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan.
[...]”.
Siguiendo con este bloque de convencionalidad, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos también reconoce los deberes e, incluso, los aborda de manera más amplia que los dos tratados ya mencionados. Para el caso particular, nos referiremos al artículo 27, numerales 1 y 2, en los que se lee:
“Artículo 27.
“1. Todo individuo tendrá deberes para con su familia y sociedad, para con el Estado y otras comunidades legalmente reconocidas, así como para con la comunidad internacional.
“2. Los derechos y libertades de cada individuo se ejercerán con la debida consideración a los derechos de los demás, a la seguridad colectiva, a la moralidad y al interés común”.
Desde luego, existen múltiples documentos en los que se hace referencia a los deberes; en el caso particular, destacamos los siguientes:
En primer término, nos referiremos a la Declaración Universal de Responsabilidades Humanas, la cual fue creada por la organización internacional denominada The Inter Action Council, conformada desde el año 1983 con el propósito de reunir a expertos en temas políticos, económicos y sociales.
En el año de 1997, en el marco de los trabajos de dicha organización, se formuló un documento relacionado con los deberes humanos, que se denomina “Responsabilidades humanas”, el cual constituye un estudio de gran relevancia en donde se apela a la responsabilidad de cada individuo de respetar los derechos de los demás, en el que se destacan diversas consideraciones relacionadas con la materia que nos ocupa, es decir, atender las obligaciones, en tanto que representan el cumplimiento de los deberes, en función del respeto y ejercicio del derecho de los demás:
“Considerando que el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, e implica obligaciones o responsabilidades. [...]
“Considerando que la insistencia exclusiva en los derechos puede dar por resultado conflictos, divisiones e interminables disputas, y el descuido de las responsabilidades humanas puede conducir al desorden y al caos.”
Seguida cuenta, se retoma la Declaración de Valencia, también conocida como la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, el cual es un documento elaborado en el año de 1997 por un grupo de alto nivel presidido por Richard J. Goldstone, reconocido juez sudafricano y experto internacional de las Naciones Unidas en temas de impartición de justicia penal, bajo los auspicios de la ciudad de Valencia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unesco, además de ser promovida por Adc Nouveau Millénaire en forma conjunta con la fundación Valencia Tercer Milenio, en el marco del Cincuenta Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De dicho instrumento, conformado por 42 artículos, se destaca por su estricta vinculación con el tema que nos atañe, el cuarto párrafo de su preámbulo, formulado en los términos siguientes:
“[...] el disfrute efectivo y la puesta en práctica de los derechos humanos y de las libertades fundamentales están vinculados de manera irrestricta a la asunción de los deberes y responsabilidades implícitos en tales derechos.”
Finalmente, de la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, adoptada por la Unesco en su 29 reunión celebrada en París, del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1997, destacamos el concepto de responsabilidad de todas las personas integrantes de generaciones actuales, al ser los deberes parte fundamental de los compromisos de los individuos en la tarea de salvaguardar y exigir la plena vigencia de los derechos humanos, dejando de lado el tradicional discurso de exigencia hacia los gobiernos:
“Artículo 1. Necesidades e intereses de las generaciones futuras.
“Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de garantizar la plena salvaguarda de las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras.”
En una sociedad como la nuestra, en proceso de consolidar el ejercicio de los derechos humanos, no puede pretenderse la justicia y pensar en construirla, rechazando los deberes, mismos que no sólo son relevantes en el ámbito interpersonal, sino también en el político-social, pues los derechos fundamentales son derechos de libertad que el individuo tiene frente al Estado.
Por lo cual se impone en el ejercicio constitucional de los derechos humanos, el cumplimiento de deberes y responsabilidades, tanto del ciudadano como del Estado, al regular nuestro orden jurídico supremo no es sólo el conjunto de los derechos individuales y de los actos que constituyen su ejercicio, sino que es también, un orden objetivo que debe traer emparejado el cumplimiento de deberes.
Como se observa, la armonización constitucional que se propone tiene el propósito fundamental de resolver la reciprocidad y vinculación entre derechos humanos y deberes, trascendiendo la propensión preferente por los derechos, a fin de adicionar el cumplimiento de los mismos; para con ello, transitar hacia una sociedad más justa y equilibrada, en la que, por igual, se exija y se cumpla con los derechos consagrados constitucionalmente. Se trata pues, de un tema esencial para la construcción de una ciudadanía consciente como la queremos y deseamos todos los mexicanos.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deberes humanos
Artículo Único. Se reforma el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos y deberes humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos y deberes humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos y deberes humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
...
...
Transitorio
Artículo Único. La presente Reforma Constitucional entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
i Ruiz Rodríguez, Virgilio. (2011). Derechos humanos y deberes. En-claves del pensamiento, 5(10), 89-103. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1870-879X2011000200006&lng=es&tlng=es
iiCarbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, Editorial Porrúa, México. P. 153.
iiiIX Conferencia Internacional Americana. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_ los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
iv InterAction Council, Declaración Universal de Responsabilidades Humanas, 1997. Disponible en:
http://interactioncouncil.org/sites/default/files/es_udhr.pdf
vDeclaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, Unesco, 1997. Disponible en:
http://www.bahaidream.com/lapluma/revista07/anexo%20deberes.htm
vi Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, UNESCO, 1997. Disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13178 &URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
vii Ruiz Rodríguez, op cit.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los cinco días del mes de septiembre de 2017.— Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla(rúbrica).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Quiero informarle también a este pleno, que la diputada Teresa Lizárraga, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional se adherido a la iniciativa presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido. Muchísimas gracias.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, presidenta, muy amable. Efectivamente, hoy venimos a presentar, amigas diputadas y amigos diputados, una iniciativa que reforma el artículo 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por segunda ocasión vengo a la tribuna a insistir en este precepto de ley que considero importante para la vida de millones de migrantes en este país y desde luego en el mundo. Esta iniciativa que precluyó y que fue turnada en su momento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, hoy venimos de manera emocionada, motivada porque creo que es un tema que vale la pena persistir.
¿En qué consiste esta iniciativa? Es algo muy sencillo que puede resolver un problema estructural en el paquete económico que manda el Ejecutivo federal cada año a esta Honorable Cámara de Diputados.
No existe un anexo específico en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que nos permita evaluar todo peso que se destine a atender el fenómeno migratorio en este país. Esto es existen muchos anexos en el paquete económico: de igualdad, de niñas, niños y adolescentes; de buscar la justicia, etcétera, pero no hay —insisto— un anexo que permita evaluar y permite de justificar cada peso que se destina en este país al fenómeno migratorio.
¿Por qué es importante esta iniciativa? La función importante porque, amigas y amigos, en este país es el segundo lugar en migrantes en el mundo después de la India que tiene 14.2 millones, nosotros tenemos 13.2 millones de personas que viven en el extranjero sin contar desde luego los que están —los de segunda, tercera y cuarta generación— en Estados Unidos, que es otro tanto mayor todavía.
Esta iniciativa nos va a permitir a nosotros, toda vez que el fenómeno migratorio es un tema diverso, multifactorial en sus causas y por tanto obliga a atenderlo desde un punto de vista transversal.
De ahí que todos los programas federales tienen que ver con el fenómeno migratorio, en salud, en Sedesol, en educación, etcétera, pero están ocultos los programas y no se distingue el gasto que es destinado a atender la migración o la política migratoria en este país, por tanto esta iniciativa le daría certeza.
Si, no significa mayores recursos públicos, no significa que esta iniciativa va a generar un costo adicional al presupuesto de gasto público anual, al contrario, va a ordenar cada peso que se destine, comprometiendo para que el Paquete Económico, de ahí la reforma del 2o. y el 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que exista un anexo específico que nos permita a nosotros medirlo. Ustedes saben que lo que no se puede medir no se puede controlar y mucho menos evaluar.
Creo que este país debe mucho a los migrantes. Veintisiete mil millones de dólares cada año las remesas que envían los migrantes a sus familiares, veintisiete mil millones de dólares. No se ha podido atender.
Cada vez el presupuesto destinado a la materia es menor, y cada vez las remesas enviadas por nuestros hermanos migrantes son mayores. Cada vez crece más la responsabilidad de las instituciones responsables de atender el fenómeno migratorio en este país, y cada vez se destinan a estas dependencias o entidades de la administración pública federal, se le destinan menos recursos públicos.
Ustedes saben que los derechos, los recursos propios que maneja el Instituto Nacional de Migración, esos recursos propios que se generan por derechos, el 80 por ciento se destina al turismo, que no es malo, y el 20 por ciento sólo de los recursos propios, se destinan a atender el fenómeno migratorio. Bueno, pues esta iniciativa nos va a permitir optimizar los recursos que vayan destinados a atender este fenómeno, y nos va a dar certeza, nos va a dar orden, y lo más importante, dar seguimiento y poder evaluar.
Actualmente —hay que reconocerlo y decirlo con toda energía— esos programas que hoy existen ahí ocultos, tienen subejercicios, y es un crimen social que cada peso que se destine al fenómeno migratorio, no se ejerza con eficiencia, con eficacia y con oportunidad. De ahí la importancia de esta iniciativa. Muchas gracias por su atención. Muy amables.
«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES
El que suscribe, diputado federal Gonzalo Guízar Valladares, integrante del grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de sus facultades que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77, 78,98 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de reforma constitucional por la que se reforman los artículos 2o. y 41 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios. Al tenor de lo siguiente:
La presente iniciativa no es la primera vez que se presenta a esta soberanía. La última ocasión lo fue por la presidencia de la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara en la LXIII Legislatura, con fecha 3 de diciembre de 2015, turnada por la Mesa Directiva para estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cuyo derecho a dictaminarla precluyó.
Esta iniciativa ha sido trabajada desde hace algunos años, de la mano con organizaciones especializadas en temas presupuestarios y migratorios —como es destacadamente el caso, de Fundar, y se ha discutido con instituciones académicas, organismos internacionales y dependencias del ejecutivo federal. Se trata de una iniciativa que busca de mejor manera atender a millones de mexicanos que, expulsados de sus lugares de origen por falta de oportunidades y a veces de meras condiciones de sobrevivencia, salen en busca de ellas y con su trabajo, como lo reconoció recientemente el gobernador del Banco de México, mantienen en equilibrio la economía nacional.
Hay que señalar y destacar que esta iniciativa no genera nuevos costos. Se trata de corregir una falla estructural en el Presupuesto de Egresos de la Federación: la dispersión de recursos para atender la materia migratoria, sin etiquetar y en programas de muchas dependencias, con que lo año con año, a pesar del crecimiento de la demanda de atención por las razones que a todos nos son conocidas, se generan subejercicios, desviaciones y opacidad que dificultan cualquier ejercicio de evaluación de lo que hace el Estado mexicano en la materia, mientras crece y se complejiza esta problemática que atraviesa todo tipo de temas relacionados con violaciones de derechos humanos, que tienen a México permanentemente en el ojo de denuncias, señalamientos y recomendaciones de organismos internacionales.
Todos sabemos y repetimos que México es territorio de origen, de destino, de tránsito, de retorno voluntario y forzado de migrantes y transmigrantes, pero también, un territorio con una intensa migración interna, a más de un país con migración interna por motivos laborales y de desplazamientos forzados por fenómenos de violencia, obras de infraestructura y desastres naturales.
Esta compleja realidad hace que nuestro país sea uno de los que en el mundo reflejan de forma más clara el carácter pluridimensional de la migración, como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala en el informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México 2014, que “...como consecuencia de las marcadas desigualdades económicas y de oportunidades entre los principales países de origen y países de destino de migrantes en la región, la pobreza y las dificultades para acceder a condiciones de vida digna, la violencia ocasionada por la delincuencia organizada y común, las violaciones a los derechos humanos, la discriminación en contra de ciertos grupos vulnerables de población, las necesidades de reunificación familiar, los desastres naturales, así como la posición geográfica de México plantean para el Estado mexicano grandes desafíos respecto a cómo gestionar desde un enfoque de derechos humanos la afluencia de flujos migratorios mixtos”
México es en la actualidad el segundo país de emigración a nivel mundial, con un estimado de 13 millones de migrantes internacionales, lo cual significa que más de 10 por ciento de la población del país vive fuera del territorio mexicano.
De acuerdo con datos de la División de Población de las Naciones Unidas, de los 46 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos en la actualidad, se estima que más de 30 millones de estos migrantes provienen de México, lo cual significa que uno de cada tres migrantes en Estados Unidos es mexicano.
Es de especial preocupación el dato de las estimaciones del PEW Hispanic Center de que en marzo de 2010 había 11.2 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. De ellos, 6.5 millones eran mexicanos; es decir, los mexicanos representan el mayor grupo de migrantes en situación irregular en Estados Unidos, con 58 por ciento.
Los migrantes mexicanos generan grandes beneficios en términos de remesas para México. Para 2012, México seguía siendo el principal receptor de remesas en el continente americano y el cuarto mayor receptor de remesas a escala mundial, después de India, China y Filipinas, con un estimado de 23 mil millones de dólares para ese año.
El año pasado, de acuerdo a cifras recientes del Banco de México, al alcanzar los 24 mil millones, las remesas representaron para el producto interno bruto, PIB, de México la segunda fuente de ingresos externos después de los ingresos que perciben por las exportaciones de petróleo (The World Bank, Migration and development brief 20. Washington, DC, 2013, página 2).
La migración económica de mexicanos representa, además, una importante válvula de escape al conflicto social en nuestra país.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Migración, anualmente ingresan en México alrededor de 140 mil migrantes en situación irregular, la mayoría proveniente de Centroamérica. Esta cifra no incluye los movimientos locales entre las riberas del río Suchiate, en Chiapas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa que organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra de migrantes en situación irregular podría situarse en aproximadamente 400 mil migrantes al año. La mayoría de estos migrantes irregulares pretende llegar a Estados Unidos o a Canadá.
México es también un país de destino para miles de migrantes, en especial centroamericanos, que se dirigen, principalmente, a estados fronterizos para trabajar como jornaleros en labores agrícolas o como trabajadoras domésticas en las principales ciudades de la frontera sur.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 México contaba con 961 mil 121 migrantes internacionales.
Con cifras del Instituto Nacional de Migración, INM, entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo 2 millones 423 mil 399 eventos de repatriaciones (deportaciones) de mexicanos desde Estados Unidos. Sólo en 2012 se llevaron a cabo 369 mil 492 eventos de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.
Las autoridades migratorias estadounidenses informan que del año fiscal 2009 a 2011 llevaron a cabo 1 millón 878 mil 293 eventos de deportación de migrantes mexicanos. El retorno de migrantes mexicanos representa un gran reto para el Estado mexicano que tiene que encontrar soluciones que permitan la protección y la integración social y económica de esos connacionales.
El gobierno de México tiene además el deber de atender a sus connacionales en el extranjero, de generar condiciones económicas y sociales que eviten la emigración obligada de millones de mexicanos, y el de garantizar una estancia y paso seguro para migrantes extranjeros en nuestro territorio, siempre garantizando la protección de sus derechos humanos.
Desde su campaña, el presidente Enrique Peña Nieto se propuso velar por los derechos de las personas migrantes. En consonancia con ello, el 2 de diciembre de 2012, como uno de sus primeros actos de gobierno, se firmó con los principales partidos políticos el Pacto por México, que en el Compromiso 30 de los 95 que componen, dice a la letra:
• Derechos de los migrantes. Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en el país.
La atención de un fenómeno tan complejo requiere la coordinación de numerosas instancias oficiales y la asignación de presupuestos de diversas dependencias, así lo reconocen diversos documentos y manifestaciones oficiales, entre otros:
• La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el documento de 2013 México frente al fenómeno migratorio: una visión para el siglo XXI, reafirma su compromiso con un modelo atención centrado en la persona, reconociendo a los migrantes como sujetos de derechos y aliados para el desarrollo, y en él establece que “...es indispensable instaurar políticas que consideren de manera integral la relación estrecha entre las dimensiones humana, social y económica del fenómeno y su repercusión en el desarrollo”. De manera más específica señala: “El Programa Especial de Migración (PEM) representa la oportunidad para crear una política migratoria con el nuevo enfoque de respeto a los derechos humanos, desarrollo sustentable, género, interculturalidad y seguridad; con acciones transversales que involucren a todas las dependencias y niveles de gobierno, así como entidades de la sociedad civil”.
• El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce la necesidad de que el problema migratorio sea atendido a través de un programa de carácter transversal e intersectorial, así lo dispone la estrategia 5.4.4 del objetivo 5.4 (objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional):
Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implantación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.
Esta estrategia, como su primera línea de acción, señala:
• Elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria.
• El 8 de julio de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó en Chiapas los cinco ejes de su nueva política migratoria para la frontera sur del país. Ahí mencionó la necesidad de una coordinación interinstitucional para atender ese fenómeno y anunció la creación de la Coordinación de Atención Integral a la Migración en la Frontera Sur. Esto, para dar atención, ayuda humanitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos.
• El Plan Nacional de Desarrollo reconoce la necesidad de acciones transversales para atender la migración en todas sus expresiones, y dispone que se debe “....elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, la implantación, el seguimiento y la evaluación de la política y la gestión migratorias”.
Es evidente, pues, que se reconoce que el fenómeno migratorio debe atenderse a partir de acciones transversales y coordinadas. Lo que al parecer ya no resulta tan evidente, aunque lo es, es que para cumplir estos objetivos institucionales de manera transversal, se requiere también un presupuesto transversal. Esta necesidad obedece a que en el presupuesto federal hay aproximadamente 80 programas, de diversas dependencias, que tienen relación con el fenómeno migratorio.
Un anexo transversal en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que permita atender institucionalmente, de manera coordinada e integral por múltiples dependencias el fenómeno migratorio, que permita además la transparencia en el gasto y la evaluación de las acciones.
Anexos similares hay en la ley para otros programas que igualmente involucran a múltiples dependencias, como igualdad entre mujeres y hombres; atención de niños, niñas y adolescentes; desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas; y desarrollo de los jóvenes.
La Comisión de Asuntos Migratorios acordó, como uno de los puntos más relevantes del Plan de Trabajo aprobado para esta legislatura, revisar, actualizar en lo que sea conducente y resulte necesario, hacer suya y presentar de manera colegiada la presente iniciativa, con el fin de avanzar a contar con mejores condiciones para atender la preocupación expresada por el Gobierno Federal, los reclamos de Organizaciones Sociales y Organismos Internacionales, de dar una mayor y mejor atención, con carácter integral, a la población migrante.
Por lo fundado y motivado, sometemos a consideración el siguiente proyecto de
Decreto, por el que se reforman los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Único.Se adiciona la fracción III Bis del artículo 2o. y se anexa el inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Para efectos de esta ley se entenderá por
...
...
...
III Bis. Anexos transversales: anexos del Presupuesto donde concurren programas presupuestarios, componentes de éstos o unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y los Recursos para la Atención del Fenómeno Migratorio;
Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá
I. ...
II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán
...
...
...
...
w) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención del fenómeno migratorio.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputado Gonzalo Guízar Valladares(rúbrica).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Gonzalo Guízar Valladares. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
SOLICITUD DE LICENCIA
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción XVI de los artículos 6, 12, numeral 1, fracción II y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted, solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputada federal a partir del 14 de septiembre del año en curso.
En virtud de que he tenido el honor de ser invitada a colaborar con el señor gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en su equipo de trabajo.
Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Reciba las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 13 de septiembre de 2017.— Diputada María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica).»
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos referentes.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Marcela González Salas y Petricioli para separarse de sus funciones como diputada federal por la quinta circunscripción plurinominal a partir del 14 de septiembre del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias. Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:En votación económica se consulta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada, comuníquese.
INICIATIVA
«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que se informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto registrada en el orden del día del 13 de septiembre de 2017, de conformidad con el artículo 102, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Con fundamento en el artículo 102 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por las diputadas Alma Carolina Viggiano Austria y Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, registrada en el orden del día del 13 de septiembre de 2017, se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2017.— Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.»
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y para regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por las diputadas Alma Carolina Viggiano Austria y Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscriben, diputadas Alma Carolina Viggiano Austria y Yulma Rocha Aguilar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Planteamiento del problema.En México, casi el 90 por ciento de las personas habitan en hogares familiares. La familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Por tanto, la familia es el primer ámbito que nos brinda seguridad.
No obstante, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 20.8 por ciento de las personas de 18 años de edad o más, consideran que una de las tres principales causas de la inseguridad se debe a la desintegración familiar.
Esta relación de la inseguridad con la desintegración familiar es relevante porque algunos estudios señalan que una familia bien estructurada permite a sus miembros hacer frente a las presiones tanto de su hogar como de la sociedad; por lo que una desintegración familiar lleva a sus integrantes a enfrentar las situaciones con mayor dificultad, en particular cuando hay crisis. De ahí que el desarrollo de los hijos puede llevarlos a identificarse con grupos nocivos y caer en conductas antisociales.
La desintegración familiar tiene consecuencias importantes tanto en la dimensión material como en la emocional de las parejas y, principalmente, de los hijos e hijas. No obstante, sus causas son ajenas al derecho, no así sus efectos. Entre ellos, se encuentra el cambio en el nivel de vida de los hogares a causa del incumplimiento de obligaciones alimentarias.
De acuerdo con la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y el 67.5 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras, no reciben pensión alimenticia como consecuencia de una serie de estrategias que los deudores alimentarios implementan para evadir esa responsabilidad.
Ello se debe a que el marco jurídico actual, pese a que se han creado todo tipo de garantías para asegurar el pago de alimentos, no regula mecanismos lo suficientemente eficaces que resulten ineludibles para el deudor.
El mecanismo más eficaz que normalmente se utiliza para obtener el pago de alimentos, consiste en el descuento vía nómina que el patrón de un deudor alimentario está obligado a realizar sobre el salario para, posteriormente, entregar dicha cantidad a los acreedores. Sin embargo, para ello se requiere la existencia de un patrón y de una relación de trabajo formal.
Cuando no existen estas condiciones, la legislación permite que los jueces calculen el importe de la pensión alimenticia y que obliguen al deudor a su pago mediante una orden judicial que no siempre se cumple. Cuando esto ocurre, las leyes autorizan a los jueces para que embarguen bienes del deudor alimentario con el fin de cubrir el adeudo con un eventual remate de los mismos. La dificultad a la que se enfrentan los acreedores alimentarios en este caso, consiste en que con frecuencia los deudores ocultan sus bienes o permiten el embargo de bienes cuyo valor es insuficiente.
Asimismo, se ha llegado a reconocer como delito el incumplimiento de obligaciones alimentarias, sin embargo, muchas personas víctimas u ofendidas no están interesadas en castigar penalmente este tipo de conductas o bien, la propia legislación establece elementos cuya acreditación favorecen al deudor alimentario. Ello se suma a lo tortuoso que puede llegar a ser para los acreedores alimentarios, el camino que se debe seguir para obtener una eventual orden de aprehensión.
Por otro lado, el 21 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el proyecto de decreto por el que se adicionó una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración con el fin de establecer que las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, no podrán salir libremente del territorio nacional. No obstante, para aumentar la posibilidad de hacer valer este derecho, de tal manera que las autoridades migratorias de todo el país e, incluso, cualquier otra persona, conozcan la situación legal de las personas en relación con sus acreedores alimentarios, es necesario crear un mecanismo de información fidedigno que se encuentre al alcance de todos, de forma sencilla y rápida.
Argumentos que sustentan la iniciativa. Atendiendo a lo expuesto, es pertinente crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos de carácter público que administre una base de datos de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias. Este mecanismo debe ser de alcance nacional y sus efectos deben superar la esfera familiar para que tenga consecuencias favorables para los acreedores alimentarios. A su vez, la eficacia de este mecanismo dependerá de los efectos negativos que generaría para los deudores a causa de su conducta contraria a la ley.
En otras palabras, se trata de que el deudor redimensione el valor de sus obligaciones frente a sus acreedores alimentarios —a quienes tiene que asegurarles la supervivencia, estabilidad y desarrollo integral— y frente a la sociedad, usando la información sobre su situación legal en materia de alimentos como mecanismo de coacción.
Este Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos formará parte del Sistema Nacional de Información a que se refiere la fracción XV del artículo 125 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y su base de datos se alimentaría con la información que proporcionen los Sistemas de Información de las entidades federativas deberán crear.
Para tal fin, se considera deudor alimentario moroso a aquella persona que haya dejado de cumplir por más de sesenta días, en forma consecutiva o intermitente, con sus obligaciones alimentarias ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial o como resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias que tengan calidad de cosa juzgada. La inscripción de deudores alimentarios morosos en los este Registro sólo procederá por orden de las autoridades judiciales.
Una vez que se haya ordenado una inscripción, el registro correspondiente debe expedir el certificado que acredite dicha circunstancia para que el mismo sea presentado ante la autoridad judicial que lo ordenó.
Cuando el Registro Nacional tenga conocimiento de una inscripción de deudores alimentarios morosos, tendrá la obligación de informarlo a las Sociedades de Información Crediticia, quienes integrarán dicha información a sus bases de datos y que servirá para generar el historial de incumplimiento de obligaciones alimentarias, mismo que se dará a conocer en los Reportes de Crédito que le sean solicitados.
La cancelación de la inscripción de deudores alimentarios morosos sólo procederá si se cubre el total del adeudo. No obstante, las Sociedades de Información Crediticia, sólo podrán eliminar el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias después de setenta y dos meses de haber ocurrido el cumplimiento pleno de la obligación alimentaria. Esto con el objeto de que los usuarios de los servicios de dichas sociedades, conozcan los antecedentes de las personas sobre las que se haya generado este historial. No obstante, si existe algún motivo de reclamación, la misma podrá tramitarse ante la autoridad judicial que haya conocido de la inscripción.
Por lo expuesto y considerando que es necesario crear un mecanismo de alcance nacional que haga efectivo el cumplimiento de obligaciones alimentarias, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Primero. Se adicionan los artículos 125 Bis, 125 Ter, 125 Quáter, 125 Quinquies, 125 Sexies, todos de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 125 Bis. Para proteger los derechos alimentarios, así como promover y garantizar su cumplimiento, el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del artículo 125 contará con un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, quien emitirá las disposiciones reglamentarias del mismo.
Las entidades federativas deberán incluir Registros de Deudores Alimentarios Morosos en sus sistemas estatales respectivos y emitirán las disposiciones reglamentarias que correspondan.
Artículo 125 Ter. Los Registros de Deudores Alimentarios Morosos serán públicos y sus encargados estarán obligados a alimentar la base de datos del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos por medios electrónicos, conforme a los mecanismos y disposiciones reglamentarias que establezca la Secretaría Ejecutiva.
Los encargados del mismo tendrán la obligación de permitir a las personas que lo soliciten, acrediten o no interés, que se enteren de las inscripciones e información que obre en el sistema. También tendrán la obligación de expedir certificaciones que informen si un deudor alimentario se encuentra inscrito.
Las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser denegadas. En su caso, se hará mención en ellas de las discrepancias existentes entre la solicitud y la información del sistema.
Artículo 125 Quáter. En los Registros de Deudores Alimentarios Morosos se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de sesenta días, en forma consecutiva o intermitente, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial o como resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias que tengan calidad de cosa juzgada.
Artículo 125 Quinquies. Las inscripciones de Deudores Alimentarios Morosos sólo procederán cuando exista resolución de una autoridad judicial que reconozca la existencia del adeudo, durante el juicio o por incumplimiento de una Sentencia definitiva o convenio judicial.
Una vez que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos tenga conocimiento de la inscripción de personas, la informará a las Sociedades de Información Crediticia en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 ter de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
Artículo 125 Sexies. La cancelación de la inscripción sólo procederá cuando se acredite fehacientemente que se ha cubierto el adeudo, informando de tal circunstancia a las Sociedades de Información Crediticia.
Segundo. Se adicionan los artículos 20 Ter, 23 Bis y 42 Bis; se modifican los artículos 27 y 36 Bis, todos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:
Artículo 20 Ter. Adicionalmente, la base de datos de las Sociedades se integrará con la información que se proporcione del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos sobre las personas inscritas en el mismo por haber incumplido sus obligaciones alimentarias. La información que se proporcione del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos a las Sociedades deberá especificar la fecha en que se decretó la pensión alimenticia y el periodo o periodos de incumplimiento. Cuando el deudor alimentario cubra el adeudo y el mismo sea cancelado en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, el encargado de este proporcionará dicha información a las Sociedades.
Artículo 23 Bis. Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales por incumplimiento de obligaciones alimentarias que les sean proporcionados del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, al menos durante un plazo de setenta y dos meses.
Las Sociedades deberán eliminar el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias después de setenta y dos meses de haberse reportado el cumplimiento pleno de la obligación alimentaria en dicho historial.
Artículo 27. Las Sociedades, al proporcionar información sobre operaciones crediticias, incumplimiento de obligaciones alimentarias y otras de naturaleza análoga, deberán guardar secreto respecto de la identidad de los acreedores, salvo en el supuesto a que se refiere el artículo 39 de la presente ley, en cuyo caso, informarán directamente a los Clientes el nombre de los acreedores que correspondan.
Artículo 36 Bis. Las Sociedades al emitir Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales, además de la información contenida en sus bases de datos, deberán incluir, la contenida en las bases de datos de las demás Sociedades y del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. En todo caso, los reportes de crédito a que se refiere el presente artículo, deberán incluir, respecto de cada operación, al menos la información siguiente:
I. a VI...
En relación con las deudas alimentarias, cualquiera de los reportes de crédito, deberán especificar la información siguiente:
I. Fecha en que se fijó la pensión alimenticia.
II. Fecha del primer incumplimiento.
III. Fecha del último pago.
IV. Total del adeudo.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Artículo 42 Bis. Las reclamaciones sobre el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias deberán tramitarse ante la autoridad judicial que haya ordenado la inscripción, quien resolverá lo conducente y puede tener como consecuencia la eliminación, modificación o confirmación del historial. Esta resolución deberá ser notificada inmediatamente al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y a las Sociedades.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría Ejecutiva tendrá un plazo máximo de dos años para implementar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos a partir de la publicación del presente decreto, así como para expedir las disposiciones reglamentarias a que se refiere el primer párrafo del artículo 113 ter de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tercero. Las entidades federativas tendrán un plazo máximo de seis meses para adecuar su marco normativo a lo dispuesto en el presente decreto a partir de su publicación.
Cuarto. Las entidades federativas tendrán un plazo máximo de un año para implementar los Registros Estatales de Deudores Alimentarios Morosos contado a partir de la publicación del decreto de armonización legislativa a que se refiere el artículo tercero transitorio de este decreto.
Quinto. Las Sociedad de Información Crediticia tendrán un plazo máximo de dos años y seis meses para implementar la base de datos que contendrá el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias y para expedir los Reportes de Crédito en los términos de lo dispuesto en este decreto.
Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).»
Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón(a las 14:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 14 de septiembre de 2017, a las 11 horas. Muchas gracias. Buen provecho, que tengan buenas tardes.
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RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 12 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 276 diputadas y diputados
• Comunicaciones oficiales: 3
• Iniciativas de diputadas y diputados: 10
• Solicitud de licencia: 1
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 24
3 PRI
3 PAN
3 PRD
3 MORENA
3 PVEM
3 MC
3 NA
3 PES
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)