Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría el quórum de los señores diputados, para efecto de iniciar esta asamblea.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputadas y diputados. Por lo tanto, diputado presidente, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 11:43 horas): Y, por lo tanto, diputada secretaria, se abre la sesión.

MINUTO DE SILENCIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quiero dar inicio a la sesión solicitando a los señores legisladores su atención. Esta Cámara lamenta el sensible fallecimiento del exdiputado federal don Federico Ruiz López, abogado y humanista, nacido en 1940 en Uruapan, Michoacán, licenciado en derecho por la UNAM. Fue presidente municipal de Uruapan y fue diputado federal en la XLIX y LIV Legislatura.

El diputado Federico Ruiz López, el ex diputado Federico Ruiz López, falleció en días recientes. Él pertenecía al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo estas siglas ocupó los cargos ya mencionados. Y, por lo tanto, y a solicitud de esta fracción, solicito a los asistentes guardar un minuto de silencio en memoria de don Federico Ruiz López.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 14 de septiembre de 2017.

Acta de la sesión snterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

Por el que comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias.

De la diputada María Eloísa Talavera Hernández

Por el que solicita el retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Gobernación

Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Gobierno del Estado de Chiapas

Remite el informe de acciones, posterior al sismo ocurrido el jueves 7 de septiembre, realizadas con el apoyo del Gobierno de la República; y el Cuadernillo de Evaluación Preliminar de Daños, con corte al 13 de septiembre.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política económica.

Iniciativas

Que adiciona el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 25 y 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Que expide la Ley de Educación Naval, suscrita por los diputados César Camacho y Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

De Decreto por el que se declara el 13 de abril de cada año “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 36 y 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.

Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 19 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7 Bis y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 3o. Bis, 3o. Ter, 3o. Quater y 3o. Quintus a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 25 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 16 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

De Decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año como el “Día Nacional del Protector de Animales”, suscrita por el diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos digitales, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 48 de la Ley de Aeropuertos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 103, 105 y 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para Incentivar la Donación Solidaria de Alimentos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 288, 288-A-1 y 288-A-2 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 12 Bis, 12 Ter, 22 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 58, 82 y 88 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 190 y 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 18 Bis a la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

De Decreto por el que se declara el 11 de septiembre de cada año “Día del Líder Educativo Comunitario”, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 23, 50 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 212 y 213 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 137, 154, 161 y 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Consulta Indígena, suscrita por los diputados Araceli Madrigal Sánchez y Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga el primer párrafo del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento jurídico a los pueblos indígenas, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 10 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a la Ley de Asistencia Social y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 4o., 167 y 175 de la Ley Federal de Sanidad Animal y adiciona el artículo 11 Bis al Código Penal Federal, suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19, 22 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 20 y 21 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 37 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un Artículo Transitorio Noveno al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Sara Paola Galico Félix Díaz y Norma Rocio Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 7o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas Sara Paola Galico Félix Díaz y Norma Rocio Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ernesto Germán Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 64 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 10o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 22 y 44 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a la SHCP y a la Sagarpa, para que incrementen las acciones que se encuentran realizando en el estado de Veracruz y se atienda a la población que resultó afectada por el Huracán Katia, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a cargo de la diputada Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a adoptar las medidas urgentes que resulten necesarias para a fin de rescatar y preservar las condiciones naturales y ambientales de la zona de Xochimilco, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para fortalecer las acciones para la protección de la flora y la fauna en las zonas fronterizas de nuestro país con los Estados Unidos de América, suscrito por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, a la PGR, a la SHCP y diversas dependencias del Gobierno Federal a atender los posibles casos de corrupción dados a conocer en investigación realizada por las asociaciones civiles “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad AC” y “Animal Político”, denominada la estafa maestra, suscrito por los diputados María Candelaria Ochoa Ávalos y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de operativos permanentes de seguridad y prevención del delito en las inmediaciones de los planteles educativos en la zona metropolitana de Guadalajara, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que regrese la programación de la estación radiofónica cultural Opus a la frecuencia 102.1 FM, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdéz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a incrementar la plantilla laboral docente y administrativa del Instituto Tecnológico de Tláhuac, a cargo de la diputada Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a diversas Instituciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, a corroborar que cumplen con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a reforzar las políticas públicas para que se permita ampliar las posibilidades de denuncias de casos sobre abuso sexual infantil, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del CENACE y de la CFE, para que informen a la opinión pública acerca de las causas técnicas que han originado la interrupción del servicio eléctrico en la zona noreste del país los días 23 y 25 de mayo y 10 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a solicitar apoyo internacional a fin de coordinar los trabajos científicos para determinar las causas del brote de insuficiencia renal a los habitantes de Poncitlán, Jalisco, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a capacitar de manera continua a todos los elementos en todos los niveles de seguridad, sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, a que continúe con las acciones necesarias para la promoción de los tratados internacionales en materia de personas con discapacidad, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la revisión sobre la eficacia del procedimiento para declarar Alerta de Violencia de Género y la efectividad en la implementación de las mismas para erradicar la violencia de género, y a la realización de las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la SE, a generar un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, para que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a continuar con el fortalecimiento de las políticas públicas y aplicación de los tratados internacionales para el combate del trabajo infantil en México, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la visita del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a México, suscrito por las diputadas Sandra Luz Falcón Venegas y Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SRE y el Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, se condecore con el collar del Águila Azteca al Primer Ministro Canadiense Justin Pierre James Trudeau, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a reforzar las políticas públicas para combatir la trata de personas, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a realizar una revaloración técnica en el proyecto de construcción de la presa Milpillas en Jiménez, Zacatecas, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INALI, a fortalecer los trabajos para promover el derecho del uso de lenguas indígenas y la cultura de los pueblos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a establecer los mecanismos necesarios para intervenir en el caso de desvíos de recursos de la Federación a través de universidades públicas con contratos simulados, específicamente para en el caso de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a reforzar el trabajo contra la violencia cibernética en México, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que a través de la CNBV, proporcione a esta Soberanía alternativas para la recuperación del ahorro de los cooperativistas de Serfir S. C. de R. L. y un diagnóstico de la problemática que enfrenta el sector de cooperativas de ahorro y préstamo y las posibles alternativas para fortalecerlas, suscrito por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, Norma Rocío Nahle García y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales, a efecto de homologar sus definiciones y sanciones, en los tipos penales de allanamiento de morada, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a que solicite a la Segob, la Declaratoria de Desastre Natural por el sismo del 7 de septiembre del año en curso, para los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la armonización de ordenamientos jurídicos en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a indemnizar a agricultores que perdieron su cosecha por las inundaciones en Tláhuac, a cargo de la diputada Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, para que al emitir las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2018, incorpore a la Aduana de Acuña, en Coahuila de Zaragoza, en los cruces fronterizos en los que se puedan despachar los trámites relativos a la regularización de los vehículos usados de importación en la frontera, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la revisión de la concesión otorgada a la empresa Constellation Brand en el estado de Baja California, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, para que efectúe los estudios y análisis necesarios para desarrollar los cambios en el establecimiento de las contribuciones aduaneras contenidas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2018, a cargo de la diputada Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la SHCP, a fin de reclasificar las tarifas por el servicio eléctrico doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad, a los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del 192 Aniversario de la anexión de Chiapas a México, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del “14 de septiembre por la Federación de Chiapas a México”, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 15 de septiembre “Día Mundial del Linfoma”, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la  sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensan su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles trece de septiembre de dos mil diecisiete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del miércoles trece de septiembre de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la Sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política,

• Por el que se designa a la diputada Marisol Vargas Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como Presidenta del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

• Por el que se designa a la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como Presidenta del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

De enterado. Comuníquense.

b) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para asegurar que, en los mensajes y recomendaciones preventivas, de preparación, auxilio o recuperación que emitan, se prevea el uso de lenguas indígenas, según las comunidades en riesgo. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

El siguiente punto del Orden del Día es el Análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Interior. En cumplimiento al numeral uno, del artículo segundo del Acuerdo aprobado en Sesión del doce de septiembre del dos mil diecisiete y publicado en la Gaceta Parlamentaria en esa misma fecha, se da inicio con el tema. En la primera ronda de intervenciones se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano; Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Partido Verde Ecologista de México; Sandra Luz, Falcón Venegas, de Morena; Erik Juárez Blanquet, del Partido de la Revolución Democrática; Patricia Sánchez Carrillo, del Partido Acción Nacional; y Erika Lorena Arroyo Bello, del Partido Revolucionario Institucional.

En la segunda ronda de intervenciones se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza;

A las doce horas con cincuenta y nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos diecinueve diputadas y diputados.

Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena; Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática; José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional; y Abel Murrieta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional. Con esta intervención concluye la segunda ronda de posicionamientos.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

De conformidad con lo que establece el artículo siete, numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y diputados:

• Martha Hilda González Calderón, y suscrita por el diputado César Camacho, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez, para opinión.

• Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional, que deroga la fracción trigésima del artículo veintiocho de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMartha Hilda González Calderón

• María Elida Castelán Mondragón, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma el artículo veintinueve de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

– Que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, que reforma los artículos segundo, diecinueve, veintiuno, y cincuenta y ocho, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez, y suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento ochenta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona los artículos trescientos cincuenta y tres-C y trescientos cincuenta y tres-D de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos segundo, y cuarenta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a  la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Se recibe de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli, del Partido Revolucionario Institucional, oficio por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la Quinta Circunscripción Plurinominal a partir del catorce de septiembre del año en curso, llámese al suplente. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por las diputadas Alma Carolina Viggiano Austria y Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Presidenta levanta la sesión a las catorce horas con treinta minutos y cita para la siguiente Sesión Ordinaria el día de mañana jueves catorce de septiembre de dos mil diecisiete, a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobada el acta. Gracias, diputada secretaria.

COMUNICACIÓN OFICIAL

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de transparencia de los recursos asignados a los grupos parlamentarios, presentada por una servidora el 23 de febrero del presente año, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para efecto de profundizar sobre su contenido y, en su caso, poder presentarla posteriormente.

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se tiene por retirada y se actualizan los registros.

Secretario, permítame un momento. Antes de pasar a comunicaciones tiene la palabra la diputada Concepción Villa González, si me dice con qué objeto.

La diputada Concepción Villa González (desde la curul): Muchas gracias, diputado. Quisiera hacer un comentario sobre las recientes declaraciones del rector de la Universidad de Madero, de Puebla, César Romero, quien en estas declaraciones sobre el caso de la desaparición de la estudiante María Fernanda Castilla, en la madrugada del viernes, dijo que las mujeres tenemos la culpa de ser víctimas de feminicidios y de desaparecer, pues según estos delitos son consecuencias de espacios de libertad y autonomía que hemos ganado, en libertinaje en el que hemos caído.

Es preocupante escuchar este tipo de declaraciones que reflejan la nula perspectiva de género y nulo conocimiento sobre la crisis de violencia que vivimos las mujeres en todo el país, pero peor aún, donde las organizaciones de la sociedad civil han denunciado más de 40 probables casos de feminicidio en todo el año.

Este es un temor mayor, pues el rector es un líder de toda una comunidad académica que influye en cientos de jóvenes en Puebla, por lo que exhorto al Instituto Poblano de Mujeres a que proporcione cursos de capacitación, empezando con el rector Romero Reyes, como con todas las personas que laboran en todas las instituciones y a la Universidad de Madero, de Puebla. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Tome nota la Comisión de Equidad de Género. Se registran las manifestaciones de la diputada y sugeriría a esta Mesa se convirtiera en un punto de acuerdo para que tuvieran un efecto legal.

¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Sí, buenos días, diputado presidente. Le he solicitado el uso de esta voz para denunciar ante este pleno, lo que ya diferentes medios de comunicación, nacional e internacional, han dado a conocer, relativo al embajador de México en el Uruguay, Francisco Arroyo, expresidente también de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, quien ocultó y cobró 1.2 millones de dólares en una cuenta de banco privada en Andorra.

Es por esto, presidente, que estamos exigiendo inmediatamente el cese como embajador, para que puedan fincársele las responsabilidades penales correspondientes. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se registran sus manifestaciones, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Karen Hurtado Arana.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Registro a Ricardo Ramírez Nieto. ¿Es sobre el mismo tema?

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Siendo el mismo tema haremos lo conducente, tiene la palabra primero Ricardo Ramírez Nieto. No habrá ninguna manifestación posterior al mismo tema. Adelante, diputado Ramírez Nieto.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Gracias, presidente. En torno a la manifestación que acaba de realizar la diputada que me antecedió en la palabra, habrá que decirle que en el tema del embajador de Uruguay no hay nada que esconder, está declarado en los impuestos debidamente pagados. Si tienen elementos, que los presenten ante la autoridad competente.

Pero, ya que están tan comprometidos con el tema de transparencia, los exhorto para que desenlaten los temas escabrosos que tienen durante el periodo más corrupto que ha vivido Guanajuato, cuando fungió como gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.

Por citarles algunos de ellos, están los terrenos de la refinería fallida, la compra a familiares del DIF, la expo bicentenario, con casi dos mil millones, el Tren Interurbano Traesa, gastos en medios de comunicación, Imagen Pública.

Si están tan comprometidos con la transparencia los invito a que desenlaten también todos esos temas y no hagan imputaciones falsas, temerarias y sin ningún sustento. Los exhorto a que si tienen alguna prueba en torno a ese dinero, lo hagan saber a las autoridades competentes, están pagados totalmente los impuestos y no hay absolutamente nada que esconder. Es cuanto, presidente.

El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez.

El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Haciendo una aclaración, desconozco por qué el compañero Ramírez Nieto habla del tema de Guanajuato, cuando fue una diputada de Morena la que hizo la aclaración. Sin embargo, también sumándonos al tema, creo que sí debe ser revisado por la Secretaría de la Función Pública, aquí no se trata de que yo te hago una y tú haces otra y nos encubrimos mutuamente, creo que tenemos un compromiso total con la transparencia y que rinda cuentas quien las tenga que rendir y que se investigue a quien se tenga que investigar, aquí no es una por otra.

Creo que como ex presidente de la Mesa Directiva pudo haber un conflicto de interés. Sin embargo, estamos en la mejor disposición de que se aclare, que dé sus motivos y posteriormente la bancada de Guanajuato haremos lo conducente en caso de que deseemos presentarlo de manera formal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Les recuerdo que no hay ningún tema a debate en el orden del día, esta Presidencia aclaró desde la primera ocasión que daría la palabra, con mucho gusto, a quien la soliciten al inicio de la sesión, pero si alguien no estuviera de acuerdo tendría un minuto, un minuto y el tema quedaría zanjado, a menos que ustedes propusieran, a través de los coordinadores, que se incorporara al orden del día, pero eso ya sería otro trámite.

Tiene la palabra Karen Hurtado Arana, si no es sobre el mismo tema, Karen, gracias.

La diputada Karen Hurtado Arana (desde la curul): Muy buenas tardes, señor presidente. Hago el uso de la palabra desde mi curul, para exhortar a todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios para que puedan hacer el favor de convocar y ayudar a convocar a sus diputados integrantes de la Comisión Especial de Alerta de Género, a las reuniones ordinarias a las que se citan.

El día de hoy citamos a reunión ordinaria de la comisión y siendo así de un total de 13 diputados que integramos dicha comisión, solamente acudieron 3, el comunicado se les hizo con anterioridad, se les estuvo llamando a sus oficinas para confirmar, algunos de ellos confirmaron; sin embargo, no tuvimos presencia en la sesión.

La verdad es que es lamentable que a los diputados no les interese el tema de las mujeres, es lamentable que a las mujeres de nuestro país las sigan matando de la manera en la que lo hacen, y que a nuestras mismas diputadas no les interese el tema.

El objetivo principal de esta Comisión Especial es darle seguimiento a las alertas de género, no es el tener que atacar directamente a gobernadores. Sin embargo, sí crear vínculos con ellos para poder trabajar en el tema, para poder ayudar en los temas y medidas preventivas para este tipo de delitos. De verdad que es lamentable que no les importe.

Mucho le agradecería, de verdad, que desde este pleno se pudiera hacer el llamado a todos los diputados que integran esta comisión, para que pudiéramos sesionar y pudiéramos hablar de los temas que realmente deben de interesar. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Por favor tome nota Servicios Parlamentarios y envíe, a nombre de esta Mesa Directiva, un atento recordatorio a los diputados de esta comisión, de las obligaciones de los señores diputados en cuanto a asistencia a comisiones.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado don Jorge Ramos Hernández, ¿con qué objeto, señor diputado?

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. Con el objeto de hacer un atento exhorto a la Secretaría de Gobernación, en particular al señor secretario, y llamar la atención en la parte que tiene qué ver con la problemática aguda, severa que se está registrando en el estado de Baja California en cuanto a la actividad del crimen organizado y el trasiego de droga que se está agudizando con una gran velocidad en estas fechas y que tuvimos la visita por allá en Baja California del secretario de la Defensa, de la Marina, del procurador, del secretario y se ofrecieron resultados importantes, que hasta la fecha no los hemos visto.

Y no lo digo desde el punto de vista de criticar partidistamente, hay una lógica local de parte del gobierno estatal y municipal, y sobre todo en la sociedad que está muy agraviada y que se siente muy lastimada con la problemática del crimen organizado que se agudiza en aquel lado de la frontera de México.

Por eso, solicito atentamente quede registrado esto en la sesión del día de hoy. Y también haremos llegar con oportunidad el exhorto por escrito para pedirle al secretario de Gobernación que lo seguimos esperando en Baja California.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda registrada su intervención, diputado.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y tiene la palabra la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, después de ella daremos paso al orden del día.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para comentarle al diputado Ramos que efectivamente, el secretario de Gobernación quedó en acudir al estado de Baja California.

No ha podido acudir el secretario por los hechos suscitados en Oaxaca y en Chiapas, que fueron hechos muy lamentables. El compromiso está hecho.

Yo nada más quiero exhortar, desde mi curul y dentro de este recinto, al gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, y al presidente municipal de Tijuana, al licenciado Gastélum, que se pongan a trabajar, que no repartan culpas, por favor.

Que el tema es únicamente del gobierno del estado y no del gobierno federal, ya que están los recursos adentro de las arcas del gobierno, que es por lo que ellos reclaman. Reclaman recursos y, la verdad, lo que no tienen es voluntad de trabajar. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Valles.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (desde la curul): Gracias, presidente. Ya que estamos en el tenor de los exhortos, yo quisiera hacer un exhorto muy urgente al gobernador del estado de Chihuahua, a Javier Corral, para que escuche la voz del magisterio chihuahuense, en el sentido de que se audite el otorgamiento de plazas que en educación se está haciendo.

Los trabajadores de la educación se han ceñido a una evaluación, han participado y están pidiendo que se audite el otorgamiento de plazas, porque no se está haciendo con transparencia, como se ha establecido en la ley. Es un llamado que hacemos al gobernador de Chihuahua, con todo respeto, pero debe dar respuesta a esta solicitud.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Marco Aurelio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-1575, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines precedentes, copia del similar número JOS/0092/2017, suscrito por el maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que exhorta a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social los trabajos necesarios para preparar el reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad, en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SELAP/300/3142/16, mediante el cual hace del conocimiento del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, el acuerdo parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias de la administración pública federal a que destinen de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidas a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias y entidades a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social los trabajos necesarios para preparar su respectivo reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Sobre el particular, me permito remitir el oficio número OM/917/2017, suscrito por la doctora Irma Gómez Cavazos, oficial de la Secretaría de Educación Pública, con los comentarios correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Mauricio Dávila Morlotte (rúbrica), jefe de la oficina del Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al oficio número UR120JOS/CECU/0011/17 Ref. 0154-P, mediante el cual solicita a esta Oficialía Mayor información sobre los elementos que considere necesarios para responder a la petición de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, con respecto al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, que en sus resolutivos señala:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias de la administración pública federal a que destinen de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidas a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias y entidades a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social los trabajos necesarios para preparar su respectivo reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Al respecto, con fundamento en los artículos 7 y 35 del Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, me permito remitir a usted el oficio número 710.2017.40.1-5293 de fecha 21 de julio del presente año, suscrito por el director general de Presupuesto y Recursos Financieros, en el cual se envían los elementos necesarios que responden a los requerimientos antes señalados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de julio de 2017.— Irma Adriana Gómez Cavazos (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Jorge René González, coordinador de asesores de la Oficialía Mayor de la SEP.— Presente.

Me refiero a su oficio número OM/CA/163/2017, mediante el cual remitió la solicitud realizada por la Coordinación de Enlace con el honorable Congreso de la Unión a la Oficialía Mayor de esta Secretaría, en donde se requirió información relativa a la atención del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a las acciones para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad en términos del artículo décimo cuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, requeridos por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, se formula con fundamento en el artículo 35, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de julio de 2017.— Luis Mariano Hermosillo Sosa (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Marco Aurelio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-2-1962 signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número JOS/0094/2017, suscrito por el maestro Mauricio Dávila Morlotte, jefe de la Oficina del Secretario de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fortalecer la institucionalización de las políticas de igualdad de género, conforme a lo dispuesto en los objetivos transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, Proigualdad, 2013-2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SELAP/300/1155/17, mediante el cual hace del conocimiento del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, el acuerdo parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal; a los titulares de las 32 entidades federativas; a las presidentas y los presidentes municipales de los 2,440 municipios de la República Mexicana; así como las delegadas y delegados de la Ciudad de México para: fortalecer la institucionalización de las políticas de igualdad de género, conforme a lo dispuesto en los objetivos transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, Proigualdad 2013-2018. Incrementar la participación de las mujeres en todos los cargos, principalmente en la dirección y confianza de las dependencias de la administración pública federal, estatal, municipal y delegacional con la finalidad de favorecer su empoderamiento. Incorporar las políticas de igualdad de género que coadyuven con el tema y objetivo central de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer; “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.

Sobre el particular, me permito remitir el oficio número OM/963/2017, suscrito por la doctora Irma Gómez Cavazos, oficial de la Secretaría de Educación Pública, con los comentarios correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Maestro Mauricio Dávila Morlotte (rúbrica), jefe de la oficina del Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Marco Aurelio Aguilar Yunes:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-5-2523, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 110.5.2.-5300, suscrito por el licenciado Abraham Montes Magaña, director general adjunto de Apoyo Jurídico Institucional de la Secretaría de la Función Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a hacer públicas las estrategias y acciones integrales que se han instrumentado para mejorar las condiciones de contrataciones públicas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/800/17, de fecha 4 de mayo de 2017, por el que el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación hizo del conocimiento de esta secretaría, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Diputados en sesión celebrada el 28 de abril del 2017, que en su parte conducente dice:

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de la Función Pública a hacer públicas las estrategias y acciones integrales que se han instrumentado para mejorar las condiciones de contrataciones públicas, en el ámbito de sus competencias, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez.

...

Al respecto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y en relación al punto de acuerdo de referencia, me permito adjuntar al presente, el “Informe sobre las estrategias y acciones integrales instrumentadas por la Secretaría de la Función Pública para que las contrataciones públicas garanticen al Estado las mejores condiciones de contratación” y su anexo, proporcionados por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. (1)

(1) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017.— Licenciado Abraham Montes Magaña (rúbrica), director general adjunto de Apoyo Jurídico Institucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Marco Aurelio Aguilar Yunes:«Gobierno del Estado de Chiapas.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Estimado señor diputado:

Como es de su conocimiento el pasado día jueves 7 de septiembre, a las 23:49 horas, ocurrió un sismo con magnitud 8.2 localizado en las cercanías de Pijijiapan, Chiapas. Dicho evento sísmico afectó diversos municipios del estado de Chiapas y es considerado el sismo de mayor intensidad registrado en México en los últimos 100 años.

Derivado de lo anterior, el titular del Ejecutivo estatal giró instrucciones inmediatas para que se llevaran a cabo las acciones necesarias de auxilio a la población e iniciar la evaluación de daños; así como para determinar las estrategias para la recuperación productiva de infraestructura en los más de 90 municipios de la entidad que fueron declarados en desastre.

Por lo anterior, le informo las acciones realizadas por el gobierno de Chiapas con el apoyo cabal del Gobierno de la República, con la súplica de que se comunique al Pleno de la Cámara de Diputados; ya que debido al alto número de familias afectadas en el Estado, se solicita establecer una partida presupuestal especial, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del años 2018, con el fin de apoyar a los damnificados en la construcción de su patrimonio. En ese sentido, se anexa para su conocimiento el informe de acciones realizadas por el gobierno de Estado y el cuadernillo de Evaluación Preliminar de Daños, con corte al 13 de septiembre, elaborado por el Sistema Estatal de Protección Civil. (2)

(2) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “B”.

Agradezco su decidido apoyo para que se conjunten esfuerzos a favor de nuestros compatriotas que habilitan la parte sur de México, para que juntos avancemos en la reconstrucción de un Estado fuerte, que sabrá sobreponerse ante una situación desfavorable, como ya lo ha hecho en el pasado y siga contribuyendo con la grandeza de la nación.

Atentamente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 13 de septiembre de 2017.— Juan Carlos Gómez Aranda (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado.

ANÁLISIS DEL V INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Vamos a pasar al análisis correspondiente al V Informe de Gobierno. En esta sesión corresponde analizar el tema de política económica.

Se han registrado para intervenir el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, como diputado independiente. Federico Escobedo Miramontes, como diputado del Partido Encuentro Social. Don Luis Alfredo Valles Mendoza, como diputado de Nueva Alianza, que lo es y además es el coordinador. María Elena Orantes López, diputada por el Movimiento Ciudadano. Emilio Enríquez Salazar Farías, por el Partido Verde Ecologista de México.

Escucharemos al diputado Vidal Llerenas, de Morena. Al diputado Sergio López Sánchez, del PRD. A la diputada Minerva Hernández Ramos, del PAN, y a la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del PRI, en la primera ronda de este análisis que, repito, corresponde a la materia de política económica en la glosa del V Informe.

Tiene la palabra, por tanto, el diputado don Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. Compañeros diputados, lo bueno es enemigo de lo sobresaliente, nos dice Jim Collins en su libro Empresas que sobresalen. Éste fue el pensamiento que se me vino a la mente al leer este resumen ejecutivo del V Informe de Gobierno 2016-2017, en el capítulo México Próspero.

Es increíble, compañeros, que este gobierno corrupto y mediocre de Enrique Peña Nieto se vanaglorie de un crecimiento del producto interno bruto del 2.2 anual en el promedio en su sexenio, al tiempo que nos presume que la economía ha registrado un crecimiento positivo en todos los años de su administración. Sin embargo, mientras la economía ha crecido el dos por ciento anual, promedio, la deuda pública federal creció el 14 por ciento anual promedio, en términos reales.

Hoy tenemos una deuda del gobierno federal de más de 10 billones de pesos, es decir, más de 10 millones de millones. Cuando la administración anterior le entregó una deuda de 5.3 billones de pesos, es decir, la deuda ha crecido en este sexenio el 90 por ciento en términos nominales.

Esta deuda como porcentaje del producto interno bruto pasó de 33 por ciento, cuando terminó la administración calderonista, a representar hoy más del 50 por ciento del PIB. Igual, si comparamos esta deuda federal con los ingresos presupuestarios, es decir, no nada más cuánto produce el país, sino cuánto ingresa el gobierno. Podemos ver que ésta pasó del 152 por ciento de los ingresos en 2012, a más de 200 por ciento este año.

La pregunta que hay que hacerse es, ¿compromete este endeudamiento las finanzas y la estabilidad económica del país? Y la pregunta es, ¿por qué hasta dónde es válido que una administración lleve a su límite tope el endeudamiento para que el que venga quede estrangulado? Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer y que lo hemos estado viendo en la mayoría de los estados corruptos que han surgido.

México, compañeros, tiene un gran potencial que no hemos aprovechado ni potencializado para generar desarrollo. Nos hemos conformado con un crecimiento económico mediocre, no proporcional a la potencial y mucho menos a la necesidad que nos pide a gritos el bono demográfico y la desigualdad social.

Nos hemos quedado cortos, muy cortos en generar fortalezas en cuanto al crecimiento económico en la inversión, en infraestructura, en la generación de una cultura promotora de negocios y en el fortalecimiento de nuestras clases medias.

Al contrario, si algo ha sido golpeado en esta administración es la clase media precisamente, entre otras cosas, por acciones de carácter fiscal, pero también por el famoso gasolinazo que fue una acción fiscal.

Al mismo tiempo hemos incrementado nuestras vulnerabilidades como país, poniendo en entredicho la gobernabilidad a través de permitir el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad. También hemos dejado crecer la brecha de la desigualdad de donde se alimenta el crimen organizado.

Hemos permitido un crecimiento desmesurado de la corrupción y esto inhibe la inversión y el desarrollo, y hemos desatendido los sistemas de seguridad social y de salud permitiendo también una degradación de nuestro medio ambiente natural y social, y nos hemos olvidado por muchos años del desarrollo del capital humano.

Es por todo esto que México no crece al ritmo de su necesidad y de su potencial. Y lo he dicho, compañeros —hasta el cansancio—, nuestro país debe ser uno, atractivo y confiable a la inversión productiva. Las reformas estructurales aprobadas en este sexenio incrementaron la atractividad de nuestro país para invertir, sí, pero desgraciadamente nuestro país, México —y especialmente su gobierno—, no es confiable. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del  diputado Arturo Santana Alfaro

El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Clouthier Carrillo. Tiene el uso de la palabra el diputado Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, atendiendo a lo previsto en el artículo 7o. numeral cuatro, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito exponer el posicionamiento de mi partido en materia de política económica.

El reto de todo gobierno para mejorar la calidad de vida de su población, es el crecimiento económico, puesto que es el detonador de la prosperidad, seguridad y fortaleza social.

Para entender el contexto que nos presenta el Ejecutivo federal en el Quinto Informe, basta mencionar datos duros sobre el crecimiento de los tres últimos sexenios: Ernesto Zedillo, 94-2000, promedio anual, 3.4 por ciento. Vicente Fox, 2000-2006, promedio anual, 2.3 por ciento. Felipe Calderón, 2006-2012, promedio anual, 2.2 por ciento.

Al inicio de su administración Enrique Peña Nieto prometió un México próspero, y así lo denomina en el texto de su Quinto Informe de Gobierno. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio ha sido del 2.1 por ciento, colocándolo por debajo de los tres presidentes que le antecedieron.

Después de la gran depresión de 1929 que tuvo un impacto global, México sólo ha tenido un sexenio con un crecimiento menor al 2.1 por ciento, de Enrique Peña Nieto, y ése fue el sexenio de Miguel de la Madrid. Los números no admiten interpretación; al contrario, los números son contundentes.

Qué penoso que el México próspero de Peña Nieto —en los hechos— nos ha dado la peor tasa de crecimiento. En eso sí logró superar a Miguel de la Madrid, quien tuvo una tasa de crecimiento del 0.2 por ciento.

De acuerdo con las cifras oficiales al cierre de este ejercicio, nos espera un magro crecimiento del 2 por ciento. Y, para 2018 no esperemos mejora alguna.

Para entender lo que significa todo esto, es obligado hacer comparaciones, y entre   1933 y 1981, la economía mexicana tuvo un crecimiento sostenido promedio del 6.2 por ciento anual, entre otras cosas, porque hubo inversión pública. En cambio, entre 1982 y 2017 se redujo considerablemente, y el gobierno privilegió el gasto corriente sobre el gasto de inversión.

En la presente administración esto se trató de resolver por la puerta falsa que se llama: la contratación de la deuda pública. Este año cerraremos con un nivel de endeudamiento público acumulado de más del 50 por ciento del producto interno bruto. El daño asociado a este nivel de deuda pública es su enorme costo financiero.

En 2018, conforme a lo plasmado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinará únicamente para cubrir el costo financiero la cantidad de 698 mil 170 millones de pesos, cifra equivalente al gasto en educación pública.

Encuentro Social ha señalado como foco rojo el costo de sostener el sistema pensionario. De todos es sabido que el sistema pensionario está colapsado con el monto ascendente en pensiones y jubilaciones, por lo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destina cada año un mayor porcentaje para cubrir esta obligación legal.

Para 2018 se destinarán 794 mil millones en números redondos, lo cual equivale al 16 por ciento de dicho presupuesto. Esta cantidad —para que nos demos idea— representa cuatro veces el presupuesto de la Ciudad de México.

Con lo expuesto es suficiente para reflexionar sobre el estado que guardan las finanzas públicas, y que por supuesto está muy lejos de México próspero de Peña Nieto.

Por último, reitero lo dicho por mi compañero diputado Abdies Pineda Morín el 1 de septiembre del año en curso, en la instalación del Congreso General: Encuentro Social no aprobará un presupuesto deficitario. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Federico Escobedo. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Partido Nueva Alianza. Adelante, diputado.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, una de las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 fue precisamente consolidar un México próspero. Esto a través de la generación de un crecimiento económico sostenido e incluyente que permita erradicar la pobreza, elevar el nivel de vida de la población y alcanzar una sociedad más equitativa.

Hoy, a la luz de las reflexiones sobre los resultados expuestos en el V Informe de Gobierno, reconocemos los avances del México contemporáneo en la generación de empleos, al registrar 2 millones 877 mil 286 nuevos afiliados al IMSS, así como la continuidad de la estabilidad macroeconómica, a pesar de las adversidades, retos e incertidumbre proveniente del exterior.

Sin embargo, observamos que la erradicación de la pobreza sigue siendo un tema pendiente en nuestro país, ya que en términos nominales la cantidad de mexicanos en situación de pobreza es la misma que en el 2012, poco más de 53 millones de habitantes de acuerdo con las cifras recientes del Coneval.

El desarrollo de México es una cuestión intemporal, en la cual no existe una meta de corto plazo o sexenal, sino un sendero por el cual transitar en las siguientes décadas. Por tal motivo votamos a favor de las reformas estructurales, las cuales no debemos entender como recetas mágicas para alcanzar el crecimiento económico, ya que toda norma es perfectible y las reformas deben ser permanentes. Y, en tiempos modernos, los cambios sociales y tecnológicos son la constante para el desarrollo de las naciones.

Entendemos que el México contemporáneo exige transformaciones profundas tanto en el andamiaje institucional como en la regulación de los sectores productivos. En Nueva Alianza estamos listos para seguir impulsando las soluciones que permitan detonar el mercado interno, fomentar el emprendedurismo, así como multiplicar los empleos y mejorar los ingresos de las familias mexicanas.

En los últimos años el crecimiento económico de México ha sido moderado. En el contexto global esto representa una relativa estabilidad que otras naciones quisiera compartir. No obstante, el potencial del país y las carencias en diversas regiones del mismo hacen que sea necesario acelerar y homogeneizar el desarrollo económico.

Bajo dicho contexto, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá será el tema estructural relevante para el trayecto que tendrá nuestra economía, no sólo en el corto plazo, sino que lo acordado impactará a lo largo de varias generaciones.

Por tal motivo, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estará atento a esta negociación y desde nuestra labor legislativa vigilaremos que las medidas que acuerde el Ejecutivo resulten favorables para el Estado mexicano.

En lo concerniente a la hacienda pública, uno de los pilares del desarrollo económico, reconocemos el esfuerzo que se ha hecho para fortalecer los ingresos públicos, sin embargo, siguen siendo insuficientes para las realidades socioeconómicas del país.

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2018 estima obtener lo equivalente al 22.9 por ciento del producto interno bruto, cifra aún muy lejana al promedio de los países desarrollados y de la región.

En este sentido, tenemos que seguir fortaleciendo la base de contribuyentes, hacer una distribución más justa de la riqueza y encontrar mecanismos alternos de inversión que incrementen los ingresos públicos, así como evitar a toda costa que la corrupción dañe las arcas públicas en todos los niveles de gobierno.

Para nosotros, la glosa del V Informe no significa un desfile de cifras y funcionarios, sino la oportunidad de reflexionar sobre lo realizado y vislumbrar el futuro que queremos construir para nuestro país.

En Nueva Alianza tenemos la visión que con una mejor educación, incluyente y de calidad, podemos romper con viejas prácticas de pasado, como la corrupción y la falta de transparencia, así como dinamizar y modernizar todos los sectores productivos del país en aras de alcanzar de una vez por todas el México que todos anhelamos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Luis Alfredo Valles Mendoza.

Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a alumnos de educación continua, a distancia y abierta Nodo Uruapan, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por el diputado Ángel Alanís Pedraza. Bienvenidos.

Tiene el uso de la voz la diputada María Elena Orantes López, del Partido de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Elena Orantes López:Muy buenas tardes, amigas y amigos, hace 193 años se llevó a cabo un plebiscito, en el que el pueblo chiapaneco decidió que Chiapas se declarara a favor de la federación, a esta hermosa República Mexicana.

Hoy, tristes en los sucesos y en los acontecimientos del pasado 7 de septiembre, pero de pie, como un estado que sabe abanderar sus causas.

Hoy, en nombre de la bancada que represento, desde la perspectiva de las ciudadanas y ciudadanos, en la política económica se refleja en este crecimiento del poder adquisitivo alguno de los indicadores que nos preocupan por el índice de precios al consumidor y al salario mínimo.

Con preocupación, las fuerzas ciudadanas que hemos determinado presentar un frente crítico y propositivo desde esta Cámara, observamos la tasa de desempleo con tristeza para este nuevo potencial humano, que son los jóvenes menores de 25, que se duplica para ubicarse en un 6.7 por ciento.

Apreciamos pocos esfuerzos del gobierno federal por mejorar los salarios, pues millones de mexicanos ganan menos que hace años.

En el primer trimestre de 2017, el Inegi registró que 2.7 millones de personas ganaron más de cinco salarios mínimos al mes, casi menos de la mitad del 5.3 millones de trabajadores que alcanzan ese nivel salarial.

Aunado a lo anterior, persiste el reto del empleo formal, pues el 57 por ciento de los trabajadores no gozan aún de sus prestaciones ni de seguridad social.

En la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano apreciamos con preocupación la subestimación de los ingresos, como lo han expresado diversos expertos y organizaciones.

En el tema de inversión, es un presupuesto inercial que pone en evidencia malas decisiones en la administración de los recursos públicos, pues se destina más dinero al pago de intereses de deuda pública que a gasto de inversión como infraestructura.

El crecimiento económico está planteado en rangos máximos de optimismo, pues se estima un crecimiento económico de 2.6 por ciento, con una inflación de un 3.8. Es preocupante los reportes hechos a educación y salud, en términos reales el proyecto recorta el 2 por ciento de presupuesto de la educación y 5 en salud, cuando muchos mexicanos no tienen garantizada su salud en este país.

En esta inflación de 4.6 por ciento consideramos, entonces, que el presupuesto de educación se reduce no en 2, sino en un 4 por ciento en términos reales, y el de salud, no en un 5, sino en un 7, que preocupa a esta nación mexicana.

Es increíble que ante los golpes de los fenómenos perturbadores que han acabado la producción y el campo mexicano, haya más recortes en el caso de la ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. Preocupa esta reducción del 13 por ciento, aunado y estimado con la inflación del 4.6 por ciento en el presente año.

Es importante que veamos que la disminución en la caída de recursos en la política social, en el desarrollo social y en comunicaciones y transportes, vemos un decremento generalizado. En cuanto al medio ambiente, estaremos muy atentos ante la insensibilidad que refleja en varios rubros el presupuesto y lo estaremos analizando y denunciando en su momento.

Es importante mencionar que la inversión es la suma de todos los recursos que se utilizan para adquirir capital fijo, con el fin de aumentar la producción. Sin embargo, el reto de los beneficios comerciales y los flujos económicos debe reflejarse en el ingreso a los trabajadores, por eso es importante que esta protección financiera al patrimonio del fideicomiso Fonden se realice con este seguro catastrófico.

Sin lugar a dudas, en estos momentos que estamos viviendo un luto en los hermanos estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, especialmente cualquier ayuda es buena, pero lo más importante es ejercer nuestra responsabilidad y exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder evitar más recortes al Fonden y al Fondo de Prevención, para poder lograr garantizar esta vulnerabilidad en la que viven muchos de nuestros connacionales.

Es importante hacer notar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, por más seguros y coberturas que se contraten, si la población continúa en esta parte vulnerable, los esfuerzos no podrán agilizar el flujo de los recursos.

Amigas y amigos legisladores, si no hemos entendido que la mejor palanca del desarrollo está en fortalecer el factor humano de las comunidades y las empresas, entonces aún no hemos entendido nada. Muchas gracias, presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimada diputada. Queda el registro de sus intervenciones. Y tiene la palabra el diputado don Emilio Enrique Salazar Farías. Aquí estoy, Emilio.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Compañeros, bueno, pocos compañeros, sobre todo Canal del Congreso, porque la asistencia de por sí escasa y los del pleno menos.

Ustedes están ahí, profe, y eso se los reconozco. La realidad es que en diciembre... También ahí, Clemente. Voy a ver que me den los segundos que estoy perdiendo, Clemente.

En diciembre los números presagiaban un año brutal, un dólar caro, una inflación que pudiera estar desbocada, y además, teníamos pavor al Tratado de Libre Comercio y su renegociación.

Pero bien dicen acá y han dicho que los números no mienten, hoy es el informe de la glosa, perdón, la glosa del informe y no el análisis del Presupuesto. Hoy lo que tenemos que ver es qué ha hecho el gobierno. Y el gobierno con sus reformas estructurales ha cambiado los indicadores económicos de este país.

Necesitamos confianza de los mercados externos y la tenemos, pues la inversión extranjera directa ha crecido. El empleo está en niveles récord, más de tres millones de empleados nuevos.

Hoy no dependemos del petróleo. El petróleo sólo representa una pequeña porción de los ingresos. Hoy dependemos de esa reforma hacendaria que permite haber ampliado el padrón de contribuyentes.

Cerraremos por primera vez un año con superávit. Y, además, la inflación, que tanto se decía que iba a ser desbocada, está absolutamente contenida. Por supuesto que los números son incorrectos y hay quien aquí abusa de ellos para mostrarlos de otra manera.

Que existen temas pendientes de atender, por supuesto. En un país como el nuestro, con grandes rezagos, siempre habrá temas por atender: reducir la desigualdad, incrementar la productividad, pero, sobre todo, hay que decir que, a pesar de ello, hay equilibrio en las finanzas.

Se reformaron las telecomunicaciones, hoy es más barato comunicarse y, sobre todo, vemos crecimiento constante y estabilidad. Esos son los números del presidente Peña Nieto y esos son los números que el Partido Verde, como fracción, respalda.

Quiero aprovechar que me toca hoy intervenir para decir que si hemos tenido un sismo brutal, el peor en 100 años, necesitamos los diputados de Chiapas y Oaxaca organizarnos para pedir un fondo de reconstrucción, que puede alcanzar hasta 30 mil millones de pesos.

¿Por qué? Porque a la gente se le acaba la despensa, la colchoneta le llega a ser incómoda, los refugios son temporales y necesitamos reconstruir sus casas y darles la seguridad que necesitan. Para ello, enviaré a la Comisión de Presupuesto una carta solicitándolo, pues somos nosotros quienes calificamos el presupuesto y este sismo fue posterior a que nos lo enviara la Secretaría de Hacienda.

Esos son los datos que yo pudiera darles, compañeros. Veo con tristeza que somos muy pocos. Muchos en el teléfono, otros en la plática. Cuando criticamos los números de México somos todos, pero cuando hay que hacer la glosa del informe, qué poquitos estamos pendientes. Es cuanto, señor presidente, y le agradezco muchísimo su presencia. Es usted siempre un apoyo para todos aquí en la tribuna. Gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias por sus palabras, diputado Salazar Farías.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Permiso, diputado presidente. Lo que se nos presenta en el Informe de Gobierno, que no es un instrumento de revisión de cuentas, es un instrumento de propaganda del gobierno. No se ha desarrollado un sistema de evaluación de la gestión que nos permita poder evaluar lo que el gobierno hace. Es el fracaso de un periodo de política económica.

Se nos pide no voltear al pasado, pero se niega el presidente, se niega el gobierno, se niega el PRI, se niega el nuevo frente que se formó para apoyar esta política económica y esta forma de ver las políticas públicas.

Hacer un análisis crítico de lo que ha sido la política en los últimos años. En los últimos años lo que tenemos es un país con muy bajo crecimiento, con creación de empleos de muy mala calidad, con la renuncia a tener una política industrial propia que complemente la apertura y, por lo tanto, hemos construido un país que tiene una enorme dependencia hacia Estados Unidos. Y cuando allá sucede lo que está sucediendo, cuando allá se termina el sentido común y la lógica, aquí se genera una enorme crisis.

Tenemos una economía en donde hay un sector moderno que está encadenado a las grandes cadenas de valor y una economía en el resto del país que prácticamente no crece. Las diferencias de crecimiento entre Aguascalientes, San Luis y Chiapas pueden ser de varios puntos porcentuales. Estamos construyendo un país desigual, un país dependiente, un país que no tiene crecimiento económico y, además, en los últimos años también tenemos un país con malas finanzas públicas, un crecimiento de la deuda que duplicó su tamaño en los últimos años, que no se dedicó a la inversión.

En la propuesta del Ejecutivo, la inversión pública cae a la mitad de la propuesta del primer presupuesto de Peña Nieto.

Tenemos un país con finanzas públicas en riesgo porque no se han arreglado temas como el de pensiones y porque el costo financiero de la deuda es casi dos puntos del producto. Por eso prácticamente no va a haber cambios en el presupuesto, que puntualmente van a votar todos estos partidos que hoy dicen que son oposición del gobierno.

Lo que requerimos es un cambio en la política económica, así de sencillo y así de claro. Y ésta, la arena política, es el instrumento, es el espacio para proponerlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el gasto público sí se destine a la inversión. Necesitamos que la deuda sí se destine a la inversión.

Necesitamos dejar de recortar los programas sociales, los de educación y los de salud que en este presupuesto tienen recortes importantes en términos reales. Necesitamos retomar políticas de innovación, de políticas industriales que nos permitan retomar el contenido nacional de lo que producimos, que renunciemos a que este país sea la gran maquiladora del mundo y sea un país que pueda generar empleos de mayor calidad, basados en tecnología, basados en la innovación.

Lo que necesitamos son finanzas públicas realmente sanas, que puedan promover el desarrollo, un gobierno eficaz, no el que tenemos. Esto es un gobierno que durante cinco años fue incapaz de construir solo algún proyecto de inversión pública importante. El tren de Toluca está ahí tirado. El aeropuerto está tirado. No tenemos ningún proyecto de inversión que pueda detonar el desarrollo y por eso crecemos al ritmo que estamos creciendo.

Lo que va a estar en lucha en la próxima elección son las propuestas entre estos dos modelos: La nuestra, que cree en la inversión pública, que cree en el combate a la desigualdad, que cree en reducir la corrupción, en terminar la corrupción para realmente apoyar a las empresas.

La nuestra que cree en el comercio exterior, pero también en una política industrial propia para empoderarlo y para generar valor. La nuestra que cree en la inclusión de miles de jóvenes en la universidad para de veras tener posibilidades de crecer y tener capital humano. La nuestra, que significa retomar los valores nacionalistas del país.

La nuestra que significa retomar al sector energético como un factor de crecimiento económico y no regalar a Estados Unidos la posibilidad de que le importemos el 70 por ciento de las gasolinas.

La próxima elección va a estar entre los que creemos en el desarrollo, en los que creemos en la igualdad, en los que creemos en un Estado igualador y regulador. Y ustedes, los del PRI y los del nuevo frente, que creen exclusivamente, exclusivamente, en el mercado, que se van a seguir empeñando en el tipo de reformas económicas neoliberales que nos piden hoy en un país sin empleo de calidad, en un país que no crece, en una reforma energética que nos cuesta en importaciones y que nos cuesta en ingresos para el Estado.

En reformas que no han funcionado por la corrupción y porque no fueron diseñadas para servir a los mexicanos. Fueron diseñadas para servir a los grandes intereses de este país que siguen haciendo lo que siempre han hecho: Saquear al país.

Que esto sirva, que estos muy malos resultados de política económica sirvan como una lección para cambiar el modelo, y que para cada quien, cada uno de nosotros nos pongamos en el lado de la historia y en el lado político correcto.

Nosotros estamos por una economía distinta que crezca, que iguale, que permita que los mexicanos tengamos oportunidades.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Es tiempo de rectificar. No se trata de ver al pasado. Lo que se trata es de renunciar al neoliberalismo, a las políticas del PAN y a las políticas del PRI y proponer un cambio...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales: ... un cambio que ofrezca esperanzas y oportunidades reales de desarrollo para los mexicanos. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vidal Llerenas. Tiene el uso de la tribuna el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Sergio López Sánchez: Gracias, presidente. La estrategia del presidente Enrique Peña Nieto en materia de política económica es fallida. Hoy vemos que los resultados han sido francamente mediocres. Algunas variables reportan comportamientos negativos con crecientes costos sociales. La economía no crece lo suficiente desde hace más de 30 años.

Lo más grave y preocupante es que los crecientes niveles de gasto no se han visto reflejados en un mayor crecimiento del producto interno bruto. La baja participación de la inversión pública tiene un impacto prácticamente nulo en el crecimiento de la economía.

La inversión extranjera directa y la privada no se recuperan. Los índices de productividad en los últimos 20 años han permanecido prácticamente estancados, sólo han crecido 0.6 por ciento.

En algunos sectores, como el automotriz, la productividad crece, pero los salarios se encuentran estancados. La deuda pública sigue creciendo. En 2017 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público llegará a 49 por ciento del PIB, 9.2 billones de pesos, generando crecientes trabas al crecimiento y a la estabilidad financiera.

Sólo les recuerdo que cuando llegó Peña Nieto la deuda era del 37 por ciento del PIB. Este asunto es tan delicado que el secretario de Hacienda habló sobre la posibilidad de utilizar la línea de crédito flexible que tiene México en el Fondo Monetario Internacional.

El gasto en inversión e infraestructura física sigue cayendo. La inversión física bruta del país se encuentra estancada y es de las más bajas de la historia reciente de nuestro país.

La discrecionalidad, opacidad y falta de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto es creciente. En 2016 el gasto ejercido fue superior en 600 mil millones de pesos a lo autorizado por esta Cámara, esto a pesar de los recortes que el gobierno federal anunció en el mismo año.

Sin duda, el bajo crecimiento de la economía es resultado de una política económica restrictiva. Hoy la Secretaría de Hacienda no pretende instrumentar una política de gasto consistente que permita que el producto interno bruto de México pueda crecer a niveles superiores a 5 puntos porcentuales al año como se prometió al inicio de la actual administración.

El objetivo manifiesto de Peña Nieto es lograr estabilidad macroeconómica, pero en los hechos y como lo hemos visto tanto en la política de gasto y de deuda, hace todo lo contrario para lograrlo.

En política monetaria pasó lo mismo, pretende estabilidad de precios y cambiaria, pero en los hechos, el peso se ha devaluado 40 por ciento y la tasa de interés de referencia del Banco de México ha crecido a más del doble, pasó de 3 por ciento a 7 por ciento anual.

Paralelamente, el Banco de México tampoco cumple con el compromiso de mantener controlada la inflación. Hoy la inflación llega a 6.6 por ciento anual, más del doble de la meta proyectada por Banxico.

Como se puede ver, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda siguen sin contribuir a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento real de la economía. El bajo crecimiento económico no ha permitido satisfacer las necesidades sociales básicas de amplio segmento de la población mexicana, y es por ello que el 44 por ciento de nuestra población se encuentra aún en situación de pobreza. En 2016, 54 millones de mexicanos se encuentran en esta situación.

Como se puede ver, la estabilidad macroeconómica se ha olvidado de los indicadores económicos más relevantes, el crecimiento, la inversión, el empleo, el ingreso y el bienestar se han centrado obsesivamente en la estabilidad macroeconómica y en alcanzar finanzas públicas sanas.

Las políticas instrumentadas hasta la fecha por el gobierno federal para tratar de ordenar las finanzas públicas por medio de recortes al gasto público hacen más severo el ajuste fiscal, amplían los programas de austeridad y propician con ello una tendencia al estancamiento de la economía.

Con estas cuestionables medidas, el gobierno federal deliberadamente destruye el circuito-ingreso al debilitar el mercado interno, la inversión y el crecimiento de la economía.

Insistir en recortes al gasto público sistemáticamente como el que proponen para 2018 para dar consistencia a una supuesta política económica, que sólo pretende estabilizar a la economía por medio de recortes, austeridad y consolidación fiscal, implica avalar deliberadamente y profundizar un proceso recesivo y de bajo crecimiento que tarde o temprano reducirá el nivel de ingreso y la recaudación, lo que aumentará todavía más el nivel de endeudamiento.

Si esto continúa, las finanzas públicas seguirán siendo vulnerables y la economía seguirá caminando hacia el estancamiento. Hay que decirlo claramente, el gobierno de Peña Nieto en política económica está reprobado, sus principales objetivos no se alcanzaron y su estrategia es fallida. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sergio López Sánchez. Tiene el uso de la tribuna la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

Esta Presidencia saluda a los delegados municipales de Toluca, invitados por la diputada vicepresidenta Martha Hilda González. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Minerva Hernández Ramos: Con el permiso de la Presidencia. Apreciables compañeros diputados, este gobierno no ha entendido que rendir cuentas no se circunscribe a la difusión de logros personales. Sin duda, este V Informe de Gobierno no cumple con lo establecido por la Constitución.

La administración del presidente Peña quedará registrada en los pasajes más oscuros de la historia de nuestro país, por los pésimos resultados que se observan en casi todos los rubros de nuestra economía, porque este informe es muy distinto a la realidad que vivimos en muchas regiones de México, a las que el maquillaje de sus estadísticas no alcanza.

Este fracaso es grave porque, contando con las valiosas reforma estructurales, no logró crecer al 5 por ciento prometido, se ha quedado en la mediocridad del 2. Ni mejoró el ingreso ni el bienestar de las familias mexicanas, simplemente porque no tuvo capacidad para darles funcionalidad. Se trata de buenas leyes puestas en malas manos.

Por el contrario, las reformas energética, de telecomunicaciones, fiscal, de seguridad, de transparencia, rendición de cuentas y financiera, las ha usado para hacer negocios desde el gobierno, para corromper a las instituciones y para cometer la gran estafa al pueblo mexicano a través de las universidades públicas y las empresas fantasma, que no fueron detectadas ni por el SAT ni por la Función Pública ni por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Este gobierno ha propiciado una estructura fiscal que profundiza la desigualdad, una gran inequidad y alta permisibilidad de elusión y evasión fiscales, producida por una base invertida donde la mayor contribución de impuestos directos proviene de la base asalariada. A raíz de la escasa recaudación, se tienen programas de transferencias débiles e insuficientes que generan una situación de pobreza profunda y persistente.

La inadecuada política fiscal ha dañado al sector productivo, han desaparecido pequeñas y medianas empresas a las que les fue imposible modernizarse derivado de la sobrerregulación, así como a empresarios y trabajadores en condición de deterioro.

Prevalece la precariedad del empleo, hay presencia creciente de contrataciones eventuales y subcontrataciones con pocas o nulas prestaciones. Jornadas mayores a las máximas legales y alto riesgo de accidentes laborales. Vergonzoso que sean los canadienses quienes planteen el incremento del salario en México a raíz de la revisión del Tratado de Libre Comercio.

Durante cinco años nos ha demostrado su irresponsabilidad para administrar la deuda pública, que en 2016 alcanzó casi los 10 billones de pesos, 50 por ciento de producto interno bruto y 12 puntos porcentuales mayor a lo registrado el último año de la administración anterior.

El presidente cuenta con un gabinete más empeñado en los negocios, en el proselitismo personal y electoral, que en el diseño e implementación de políticas económicas, fiscales y sociales y laborales. El comportamiento de la balanza comercial durante los últimos años nos acerca a la idea de que la economía continúa estancada y que el déficit registra, la cuenta corriente no será solucionada en esta administración.

Nuestra moneda no se recupera, por el contrario, desde que inició esta administración ha perdido más del 40 por ciento de su valor. La caída no ha sido más catastrófica gracias al mecanismo de contención de las reservas internacionales generadas en los años previos.

Seamos francos, a este gobierno le gana la inercia, la falta de talento y compromiso. No hay nada que presumir, la inflación que hoy alcanza el 6.6 por ciento ha elevado el costo de la vida del mexicano, en parte por el alza del precio de los combustibles. La inflación que hoy se registra es el doble del fallido pronóstico de Hacienda.

El gobierno cada vez invierte menos, por debajo de la meta nacional. Es bueno que pronto contaremos con un nuevo aeropuerto, mismo que esperamos no eleve su costo inicial como ha venido ocurriendo con gran parte de la obra pública de este país.

No se puede presumir austeridad presupuestaria porque el apretón de cinturón sólo se trasladó a la población, en tanto que el gobierno se mantuvo en el dispendio y la opulencia, gastando un 13 por ciento más de lo aprobado en esta soberanía en gasto que no produce crecimiento, y procurando a sus clientelas políticas sindicales, la de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad o del Sindicato de Maestros, con generosos donativos. Este gobierno se caracteriza porque gasta mucho y gasta mal.

El presidente, señoras y señores, duerme con el enemigo, la voracidad y la ambición de sus colaboradores están cavando la tumba del propio gobierno. Sólo por mencionar algunos: Videgaray, Ruiz Esparza, Rosario Robles, Miranda, Lozoya, Korenfeld y, desde luego, los gobernadores que representan el nuevo rostro del PRI, los Duarte, Borge, Moreira y Sandoval.

Afortunadamente está llegando a su fin el gobierno de la cleptocracia y con el surgimiento de este Frente Ciudadano por México, no permitiremos que llegue el autoritarismo populista, que puede destrozar verdaderamente nuestra economía. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Minerva Hernández Ramos. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Fabiola Guerrero Aguilar: Con su venia, señor presidente. Estimados compañeras y compañeros, en mi tierra sabemos que es de personas cobardes arrojar la piedra y esconder la mano. He escuchado con atención todas las cifras que aquí han dado y déjenme decirles que son cifras pretenciosas, son cifras que no tienen ningún fundamento.

Por otro lado, recordarles un poquito la memoria, que a principios del siglo XXI vivimos una docena trágica de los gobiernos panistas, fue una época de desgobierno del PAN, sencillamente no supo y no quiso gobernar. Ahora nos amenaza un populismo que quiere lucrar con el país.

Fallaron en la generación de empleos. Mientras que hace nueve años el presidente de la República, “el presidente del empleo”, prometió crear un millón de empleos anuales, dejó más de 800 mil desempleados de los que había al inicio de su gestión.

No hay punto de comparación con la administración de Enrique Peña Nieto, que ha generado hasta el momento tres millones de nuevos empleos. Las cifras no mienten, señores.

Fallaron también incentivando el crecimiento económico. Con Fox, el producto interno bruto fue de 5.7 por ciento; y con Calderón, solamente del 4.8 por ciento. Mientras que con Enrique Peña Nieto tenemos un acumulado de 8.8 por ciento. Éstas son las cifras reales.

Fallaron atrayendo al capital externo. Ahorita me decía un compañero que no ha habido inversión externa, yo le digo que fallaron también atrayendo ese capital, prueba de ello es que este gobierno ha logrado generar más de 156 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Escúchenlo bien, más del doble que la generada en el mismo periodo del sexenio anterior.

Y recientemente nuestra producción automotriz alcanzó los 3.3 millones de unidades, un millón más que las generadas durante el gobierno pasado, consolidando a México como el séptimo productor y el cuarto exportador de vehículos a nivel mundial. Éstas son las cifras reales de las que hay que hablar aquí y discutir.

Por si fuera poco, con el gobierno de Enrique Peña Nieto el salario mínimo real ha crecido en un 11.5 por ciento; para los que dijeron por ahí que ha disminuido, ha crecido un 11.5 por ciento respecto al 2012, siendo además la recuperación más alta en los últimos 41 años. Sabemos que no ha sido suficiente, pero desde nuestro partido, y con el presidente de la República, seguiremos trabajando en ello.

Hoy la inclusión financiera ha incrementado, permitiendo que más de 12 millones de mexicanos tengan acceso a servicios financieros. En suma, mientras los gobiernos panistas fallaron en sus promesas, el gobierno de Enrique Peña Nieto, observable desde las reformas transformadoras, no sólo ha puesto en movimiento, sino que verdaderamente ha transformado a México.

Y ya lo dijo el propio presidente de la República, para superar los desafíos de nuestro tiempo necesitamos una economía del siglo XXI, por eso con visión, convicción, seguimos adelante con este gobierno.

Decirles que despetrolizó las finanzas públicas para dejar de ser un país dependiente del petróleo, redujo el gasto público, contribuyó a la austeridad gubernamental. Escúchenlo bien, el gobierno federal es el que se ha apretado el cinturón y a cambio de eso ha sido posible que los gobiernos estatales y municipales reciban entre un 5 por ciento y 10 por ciento más de sus percepciones, lo que hagan con ello no es responsabilidad del gobierno federal, tienen que aplicarse a invertirlo en lo que beneficie a las y a los ciudadanos.

Quiero decirles que por eso los diputados del PRI no sólo hablamos por hablar, cumplimos con hechos y por eso aprobaremos invertir más en infraestructura, para generar todavía más empleos, mantener la disciplina financiera y las medidas de austeridad de la administración pública federal para seguir reduciendo el gasto corriente.

Privilegiar los programas considerados como prioritarios por el Coneval, que han demostrado su contribución en la disminución de la pobreza, cosa que no sucedía en muchos años en nuestro país.

Otorgar un tercio del presupuesto para el gasto de los estados y municipios para que puedan atender con más eficacia las necesidades inmediatas de la población. Tenemos que recordar también que en la actual administración federal se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, cosa que no pudo hacer el PAN y tampoco se ocupó de ello.

Seguimos trabajando de la mano del gobierno que lidera Enrique Peña Nieto, para seguir generando bienestar para todas las familias mexicanas y estableciendo una economía firme.

Así que no les dé amnesia, eh. Observen sus comentarios y veamos las cifras, hablemos con la verdad. Y como siempre: Qué viva México.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Guerrero Aguilar. Con esta intervención concluye la primera ronda de intervenciones respecto al Análisis del V Informe de Gobierno, con el tema de política económica.

Para la segunda ronda se han inscrito diversas diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios representados aquí en esta Cámara de Diputados.

En tal sentido tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, muy buenas tardes. En estos momentos de constantes cambios a nivel internacional, en donde la paridad del peso dólar fluctúa constantemente, en que los desastres naturales nos golpean, mientras renegociamos el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, me toca presentar el posicionamiento de mi partido, Encuentro Social, respecto a la política económica seguida por el Ejecutivo federal durante el periodo que comprende de septiembre de 2016 a agosto de 2017.

Desde esta tribuna vaya nuestra solidaridad para las familias que han caído en desgracia, tanto en Veracruz, Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca, que son los estados que han quedado devastados. Urgimos al gobierno de la República a actuar de manera rápida y eficaz, y a no escatimar esfuerzos y aplicar adecuadamente el Fondo de Desastres Naturales y demás programas.

Estamos conscientes de que hasta la fecha se han generado casi 3 millones de nuevos empleos formales, que representan más del doble de los que se generaron en la administración de Felipe Calderón.

Igualmente, durante este año se aumentó en casi 12 por ciento el poder adquisitivo del salario mínimo, lo que repercutió en los bolsillos de cientos de amas de casa y jefes de familia, situación que no había sucedido en los últimos 40 años.

Hemos avanzado seis lugares en el Índice Global de Competitividad, ubicándonos en la posición 51 de 138 países. El Banco Mundial indica que el crédito interno al sector privado se ha elevado en 9 por ciento respecto al producto interno bruto durante este sexenio, pasando a 26 por ciento en 2012 y a 35 por ciento a principios de este año.

Loable resulta señalar que, gracias a la reforma hacendaria, el número de contribuyentes aumentó, pasando de 40 millones en 2013, a 53 millones al cierre de 2016. Ha quedado demostrado que el régimen de incorporación fiscal redujo la informalidad y la evasión fiscal.

La reforma financiera ha propiciado que las tasas de interés vengan a la baja de manera paulatina. Valga resaltar las que se imponían a los créditos personales, que disminuyeron a 13 y medio puntos porcentuales.

Por último, la banca de desarrollo ha incrementado el crédito al sector privado en estos cinco años. El saldo del crédito creció en 58 y medio en términos reales. Sin embargo, esto no es suficiente. Si bien es cierto que se han incrementado como nunca las ofertas de empleo y el índice de la tasa de desempleo se ubica en 3 y medio por ciento respecto a la población económicamente activa, según datos del Inegi, también es cierto que esos empleos no son bien remunerados y en muchas ocasiones los ocupan personas que están sobrecalificadas para realizarlos.

Urge que atraigamos inversión donde nuestros técnicos y profesionistas puedan desarrollarse y aspirar a una vida mejor. No es permisible que la sociedad como la nuestra, que busca el bienestar y la felicidad de todos los mexicanos, que ingenieros, doctores, abogados, terminen efectuando labores dignas, pero que no tienen relación con su preparación académica y son pagadas de forma ínfima. En este sentido, también hay que regresar a estos técnicos y científicos que triunfan más allá de nuestras fronteras, para que implementen sus conocimientos a favor en ésta, su casa. Incentivar a los deportistas, entrenadores que se fueron buscando mejores horizontes y devolverlos con su gente para beneficio de esta gran nación.

En Encuentro Social estamos ciertos que ellos aman esta tierra y que desean verla prosperar. Como nación estamos recaudando, pero a qué precio, recargamos la contribución de los más necesitados.

Necesitamos reducir el impuesto al valor agregado, estudiar a fondo sí sería conveniente un IVA general del ocho al 10 por ciento para ser competitivos a nivel internacional y poder obtener de forma más eficaz los ingresos que como país requerimos. Es un reclamo generalizado que bajemos el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a las gasolinas e hidrocarburos.

Compañeros diputados, somos representantes de la gente, a ella nos debemos. Actuemos en consecuencia, sin distingos de partido o color político. De la misma forma, impulsemos la prosperidad de la llamada clase media. Impongámonos tasa cero al impuesto sobre automóviles nuevos, con ello podrán adquirirlos con mayor facilidad y estaremos contribuyendo a combatir que circulen carros ilegales en la frontera de nuestro país.

Somos un país en pleno crecimiento y desarrollo económico. Aceleremos la incursión de nuevos mercados. Impulsemos a la pequeña y mediana empresa para que se hagan de ellos. Tenemos grandes atractivos turísticos, culturales y gastronómicos que debemos explotar con más gente y calidad.

Compañeros diputados, éste es el Partido Encuentro Social en el que estamos conscientes que queda mucho por hacer, pero entendemos que ha habido avances. Los mexicanos merecemos más, un mayor esfuerzo por parte de esta Cámara de Diputados y de nuestras demás autoridades. Sabedores estamos que sabrán responder al compromiso que tienen con la patria. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada García Soberanes. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En Nueva Alianza sabemos que para consolidar un México próspero es de vital importancia contar con finanzas públicas sanas.

Durante los últimos años se han realizado recortes presupuestales, se han fusionado y eliminado programas presupuestarios, todo ello encaminado precisamente a mantener finanzas públicas sanas.

Sin embargo, además de contar con estabilidad macroeconómica, es fundamental impulsar el crecimiento y desarrollo económico. Para ello, una de las políticas gubernamentales más ambiciosas en los últimos años es la implementación de las zonas económicas especiales.

En Nueva Alianza consideramos que este proyecto constituye la gran oportunidad de crecimiento y desarrollo social, cultural y económico de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Puerto Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas.

Es así que en diferentes foros hemos dejado claro que en la implementación de las zonas económicas especiales es necesario que se incorpore mano de obra calificada mexicana y se integren a las comunidades regionales en los diferentes proyectos de las zonas.

La puesta en marcha de las zonas económicas especiales es un reflejo de las acciones que desde la Cámara de Diputados impulsamos y apoyamos con el firme compromiso de resarcir la deuda con los grupos más vulnerables de nuestro país.

Recientemente el Coneval señaló que la pobreza se redujo en 1.9 millones de mexicanos y la pobreza extrema en 2 millones entre 2014 y 2016.  Sin duda las zonas económicas contribuirán a reducir aún más la pobreza y crearán empleos encaminándonos al México próspero que todos deseamos. El gobierno federal señala en la glosa que se han creado a la fecha casi tres millones de empleos formales. Es decir, al ser formales contribuyen a la Hacienda Pública, generan consumo y brindan certidumbre al ingreso de las familias.

Aunado a empleos formales necesitamos salarios competitivos. La desindexación del salario mínimo fue un acierto. En la glosa se menciona que, en lo que va del año, el salario mínimo general acumuló un incremento en su poder adquisitivo de 6.21 por ciento, cifra que sigue siendo baja.

Para Nueva Alianza es primordial salvaguardar y potencializar el salario de los trabajadores al servicio del Estado, de los docentes, de las madres jefas de familia y a todos aquellos que perciban una remuneración. Sólo alcanzando salarios dignos el poder adquisitivo se traducirá en bienestar económico para las familias mexicanas.

Por otra parte, se estima que el crecimiento económico para el año siguiente, será de entre un 2 y 3 por ciento. Sin lugar a dudas, no es suficiente para atender las necesidades que demanda la sociedad.

Hoy estamos ante el reto de construir un mejor presupuesto para el año siguiente, uno que coadyuve a fortalecer la economía interna.

Los recursos son limitados, pero estrategias como las del Fondo Nacional Emprendedor son acertadas. Las Mipyme generan 7 de cada 10 empleos y contribuyen con el 50 por ciento del producto interno bruto.

La glosa del V Informe señala que la convocatoria del Fondo Nacional Emprendedor, los proyectos por asignación directa y el Fondo para Fronteras, apoyaron a 30 mil 193 proyectos de emprendedores, y Mipymes por 5 mil 251.8 millones de pesos en beneficio de más de 119 mil emprendedores y 136 mil Mipymes.

Las cifras son claras. Debemos seguir apoyando proyectos de esta naturaleza que detonan las economías locales y generan empleo.

Más aún, como mexicanos, debemos unirnos más allá de filias o fobias. La renegociación del TLC lo dejó claro, que debemos diversificar nuestro comercio exterior.

En nuestro grupo parlamentario estamos atentos a los cambios que se generen, derivados de las diferentes reformas estructurales. Por supuesto que hay avances, pero aún quedan desafíos a vencer. Seguiremos en el camino para construir un México más fuerte, más unido y con mayores oportunidades para todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Méndez Salas. Tiene el uso de la tribuna el diputado Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Virgilio Mendoza Amezcua: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la construcción de infraestructura es una de las formas más tangibles y concretas de visualizar el desarrollo de una nación; ésta representa un mecanismo de atracción de inversiones, generación de empleos, y permite cerrar brechas de desigualdad entre regiones y personas.

El Programa Nacional de Infraestructura constituye una política encaminada a detonar la actividad económica en nuestro país como nunca antes. A la fecha, ha proporcionado inversiones por 1.44 millones de pesos y ha creado 900 mil empleos directos e indirectos con un 80 por ciento de avance.

El presidente Enrique Peña Nieto propuso hacer un país con una plataforma logística global a través del Plan Nacional de Infraestructura, que estamos conscientes que cada día estamos más cerca de conseguirlo.

Además de los grandes avances en materia de infraestructura carretera, el plan impulsa el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías y de pasajeros, voluntad que se refleja en la construcción del tren interurbano México-Toluca, el tren eléctrico de Guadalajara, la ampliación de la línea 3 del metro de Monterrey y la modernización del tren Chiapas-Mayab, entre otros.

El transporte aéreo, por su parte, ha sido también una de las prioridades del gobierno de la República como resultado de los esfuerzos realizados por impulsarlo. Del 2013 al 2016 se observó un incremento del 39 por ciento en el número de pasajeros. Del 19 por ciento sobre la carga transportada, y de 40 por ciento en la flota aérea en servicio.

Merecen especial mención las obras de infraestructura hidráulica y los logros en materia de tratamiento de aguas residuales. En los últimos cuatro años y medio, se alcanzó la meta de dar tratamiento al 63 por ciento de las aguas residuales generadas en el país, un aumento de 36 puntos porcentuales con respecto al alcanzado por la administración anterior, lo cual ha sido posible gracias a la rehabilitación o ampliación de 251 plantas de tratamiento de aguas residuales.

Celebramos también la construcción de la planta de tratamiento de Atotonilco en el estado de Hidalgo, que será la más grande en Latinoamérica y la tercera a nivel mundial, cuya capacidad permitirá tratar el 60 por ciento de las aguas residuales de la zona metropolitana del Valle de México y contribuirá al riego de 80 mil hectáreas agrícolas.

Por su parte, en el estado de Coahuila, con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Hermosillo, se logra pasar del 14 al 100 por ciento de tratamiento de las aguas negras, en beneficio de 850 mil personas.

En el Plan de Desarrollo 2013-2018, con el eje denominado México Próspero, el gobierno de la República reafirma su compromiso de garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano y de promover un crecimiento económico verde.

Destacan en este rubro acciones como la emisión de la Norma Oficial Emergente 167, que establece los límites máximos de emisiones de contaminantes de los vehículos automotores que circulan en la entidad del centro del país, la creación de la Gendarmería Ambiental, la reforestación de 760 mil hectáreas, la disminución en 71 por ciento de las áreas afectadas por incendios forestales y el programa conjunto para evitar la extinción de la vaquita marina, así como el tráfico ilegal de totoaba.

A través de las acciones mencionadas y de muchas otras se asegura que el crecimiento presente del país no compromete al futuro de las generaciones venideras. Los diputados del Partido Verde decimos sí al desarrollo, pero velamos por que éste sea sustentable tal como lo ha impulsado el gobierno de la República. Por ello reiteramos nuestro respaldo al presidente Enrique Peña Nieto hasta el último día de su mandato, porque los resultados de su gestión son contundentes.

Nuestro país es hoy muy distinto al de hace cinco años, los números hablan por sí mismos. México es un país en ascenso y su crecimiento es tanto sostenido como sustentable.

Aún queda mucho por hacer. Pensar que lo necesario para resolver los grandes problemas nacionales está hecho sería un error y una gran irresponsabilidad. Sin embargo, sería igual de incorrecto e injusto subestimar los resultados de lo que aquí hemos dado cuenta. Todos y cada uno de nosotros también hemos sido parte de los mismos.

Por ello, tengan la certeza de que nuestro grupo parlamentario estará siempre abierto al diálogo, y con la mejor disposición para respaldar aquellas políticas que promuevan el bienestar de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Mendoza Amezcua. Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz. Pero antes, el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. Vengo a posicionar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en este proceso de análisis del V Informe de Gobierno y a la luz del paquete económico 2018.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena queremos descalificar la mediocridad económica, denunciar también la inviabilidad de los programas públicos y señalar la frustración y desconfianza de los agentes de desarrollo. Tenemos las obligación de criticar el voluntarismo oficial.

A propósito de este debate, mientras analizábamos las cifras gubernamentales conocimos un análisis de la Empresa Francesa Evaluadora de Riesgos, Coface, sobre los riesgos que asechan la economía mexicana. Se espera una nueva desaceleración económica debido a la incertidumbre, además, frente al persistente y falaz optimismo económico del gobierno de Peña Nieto, el Banco Mundial señala en su informe la profundidad de las tendencias que apuntan a la baja del producto interno bruto de nuestro país y que se alejan, por tanto, de los pronósticos de un crecimiento mayor al 4 por ciento para el año en curso que ustedes prometieron con las reformas estructurales.

La economía mexicana está desacelerándose, el crecimiento anual del PIB decreció hasta en 2.3 por ciento en 2006, frente al 2.6 por ciento en 2015. El crecimiento económico en 2016 fue impulsado casi exclusivamente por el consumo privado apoyado por la baja inflación, las remesas de los trabajadores, la expansión del crédito, los salarios reales más altos y la creación de empleos en el sector formal.

Esta situación en ese año se agravó. El aumento de los precios de las gasolinas en enero de 2017 elevó la inflación anual de precios al consumidor. Se detuvo la inversión fija bruta en México, particularmente con respecto a la expansión de actividades relacionadas con el comercio en la industria manufacturera.

Una cosa es clara y muy grave: el potencial económico del país se degrada y las finanzas públicas se enfrentan a un escenario de riesgo que habrá de acentuarse por la incertidumbre que provoca la relación con los Estados Unidos y el alcance de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de las elecciones en México, sin contar con la precariedad de las condiciones fiscales y el auge de la inseguridad y el malestar social, que es mucho.

Ante este escenario y para acentuar sus aspectos más sobrios, existe el riesgo de que el crecimiento de la inflación acentúe la devaluación del peso. Así las cosas.

¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles son los escenarios inmediatos? ¿Cómo vamos a evitar repetir los errores más recientes? Una lectura muy crítica del informe de Peña Nieto, nos lleva a afirmar que es inviable económica y presupuestalmente el modelo que se ha pretendido construir a partir de 2012.

El déficit presupuestal asciende a más de 2.7 por ciento del PIB. Aun y cuando el gasto neto disminuyó 0.4 por ciento, este resultado agrava la situación de las finanzas, el costo financiero de la deuda sigue creciendo.

La discusión no radica solamente en si se ha incrementado o no el nivel de endeudamiento, o si el servicio de la deuda es sostenible. El verdadero debate debe radicar en la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento, un nuevo modelo que permita crecer más y mejor, que permita un verdadero crecimiento del producto interno bruto, que implica un nuevo ciclo de inversión productiva y de generación de empleo.

Un nuevo modelo que tendrá también que contribuir a disminuir las presiones sobre las finanzas públicas.

Es hora de reconocer que las reformas propugnadas por Peña fueron insuficientes y que, en todo caso, avanzaron en paralelo a un elevado endeudamiento.

Ahora que se corrigen y ajustan a la baja las cifras de crecimiento, es necesario diseñar nuevas rutas para un crecimiento productivo, diverso y sostenible, pues los problemas estructurales que se pretendieron remontar hoy persisten y se conjugan con la inocultable mala gestión de la economía y las finanzas del sector público.

La única lectura correcta de las cifras gubernamentales nos lleva a afirmar que desde el gobierno peñanietista han apostado por un modelo productivo ineficiente, que lleva al país a escenarios de precariedad que parecían superados por siempre.

Después de cinco años de desaciertos, hay que advertir que la gestión de Peña tiene como uno de sus rasgos sobresalientes el elevamiento de la deuda, más del doble respecto al inicio de esta administración, lo que amenaza el financiamiento de la política social para revertir los índices de pobreza y desigualdad.

En Morena estamos convencidos de que el cambio de rumbo es necesario, porque la calidad de los bienes y servicios del sector público puede deteriorarse cada día más y porque el futuro del sistema de pensiones, todos lo sabemos, no está asegurado.

Esta política económica de la que cuenta el V Informe de Peña no es ya un instrumento estratégico para incrementar el producto interno bruto. Al contrario, ahora tenemos que emprender un nuevo diseño, con nuevos instrumentos que nos lleve en un crecimiento diversificado, sostenido, integral, capaz de dinamizar el potencial económico de todas las regiones y todos los sectores, no sólo los orientados al mercado externo.

En Morena estamos convencidos de que necesitamos una política que ayude a innovar, a hacer sostenible el comportamiento de la economía, a potenciar la competitividad, sólo si lo logramos habrá estabilidad presupuestaria, el Estado verá incrementado sus ingresos y se elevarán los niveles de tributación.

Concluyo. Sólo una nueva política económica podrá lograr que la federación disponga de un gasto público eficaz. La realidad que se perfila en el Informe de Gobierno y en el paquete económico 2018 apunta hacia una dirección equivocada y hacia el completo fracaso. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valencia Guzmán. Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz: Muy buenas tardes y con la venia de la Presidencia. Y antes, pues quiero mandar un gran saludo a las curules que están vacías, porque ahí se demuestra el compromiso que tienen los legisladores con este país. Lamentablemente seguimos siendo candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. No pasa nada, no se preocupe, compañero, no se preocupe, calmantes montes, calmantes montes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputado.

El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz: Sólo le recuerdo al compañero que me acaba de decir que no me dice nada cuando yo falto, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el Estado debe garantizar el respeto a este derecho y, sobre todo, debe hacer que el daño y el deterioro ambiental que se genera se pague, artículo 4o. constitucional.

Nuestro máximo ordenamiento jurídico es claro, no deja dudas sobre la responsabilidad que tienen las instituciones del Estado mexicano para salvaguardar nuestro derecho humano a un ambiente sano, que no sólo es un derecho de hoy, sino que está pensado para asegurar el futuro.

Si se tuviera que definir la actuación del gobierno en esta materia, diría que no ha sido más, y lo repito, candil de la calle, oscuridad de su casa.

Y esto, porque México desafortunadamente no es verde, y no lo digo por alusión al partido, sino técnicamente no es verde, es un México gris, lejos de ser un México sustentable e incluyente.

Prueba de ello es la abrumadora reducción presupuestal que durante los últimos cinco años, para los que me acaban de decir que falté, más del 60 por ciento de los recursos destinados a garantizar nuestro derecho constitucional se han desvanecido.

Tampoco podemos presumir una transparencia en el sector ambiental. A la fecha no hay nadie en todo el país que no diga dónde están los impuestos ambientales. Mucho menos, por qué no se usan esos recursos para remediar los daños causados al ambiente a causa de las actividades humanas. Pero sí venimos a decir aquí que somos el mayor país manufacturero en automóviles y después nos quejamos de las contingencias ambientales y luego salimos a decir que vamos a generar un gran plan de contingencia ambiental.

¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero van a implementar un sistema de calidad del aire si todo se lo quitaron al sector? He ahí la pregunta que les dejo a los legisladores. A ver quién me la puede contestar.

Por si fuera poco, seguimos presumiendo que la administración ha generado grandes áreas naturales protegidas. Y yo les pregunto, ¿con qué dinero las vamos a cuidar si ni siquiera hemos sido capaces de garantizar los recursos de nuestros propios estados? ¿Si ni siquiera han sido capaces de defender el derecho constitucional de los que votaron por ustedes? A ese grado estamos llegando.

Instituciones como la Semarnat, la Conagua, el INECC, Conafor, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, simplemente las están desdibujando.

Si la situación del país, esta situación ya no aguanta y es porque lamentablemente hay una irresponsabilidad en la administración pública y no hemos podido garantizar este derecho tan importante de todas y de todos los mexicanos.

Seguimos diciendo en el exterior que México está comprometido con el medio ambiente y el combate al cambio climático. Pero aquí, en nuestro territorio no hacemos nada para evitar casos como lo que sucedió en Tajamar, como la tala de miles de hectáreas de bosques de niebla en Xilitla, que, por cierto, ¿dónde están las consecuencias a los funcionarios que autorizaron esa terrible devastación o la contaminación del río Temascatío? La irresponsabilidad de entregar concesiones mineras en el Alto Lucero, en Veracruz. La actitud depredadora que tenemos, ahora mal producto de algo que no fue más que una simple reforma petrolera, porque de energética no tiene ni para prender la luz.

No hemos podido sanear nuestros ríos, pero más allá, aquí se suben a decir que estamos en contra de la corrupción y en contra de la prepotencia. Pero les quiero recordar que hace un par de meses un famoso senador aterrizó en un helicóptero, casualmente, en un área natural protegida. ¿Y qué le hicieron? Nada, no le hicieron nada.

Entonces, ¿por qué decimos que sí actuamos? Yo, aparte de esto... Y a los que chiflan, gracias por chiflar. Nadie me había chiflado desde hace mucho tiempo. Yo les quiero hacer una pregunta a todas ustedes, diputadas: ¿cuántas de ustedes saben lo que es el gasto público de una familia que todos los días se tiene que salir a romper el alma para buscar comida para sus familias? ¿Cuántas de ustedes van al mercado a ver en cuánto está el kilo de jitomate, el kilo de tortilla? ¿Dónde está?

Todavía tengo tiempo, todavía tengo tiempo. Tranquilos, tranquilos. Las verdades duelen, las verdades duelen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz: Claro que sí, presidente. ¿Tonterías? Tonterías son de aquellos que dicen que defienden al pueblo y venden sus recursos naturales. Y yo la reto a usted, diputada...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz: A que si yo me estoy equivocando suba aquí y me lo diga, diputada. Y me lo diga, que no estamos vendiendo el país.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz: Pero bueno, y ya voy a acabar. Ya acabo, ya acabo. El día de hoy y por último. Ya, ya, calmantes montes. Las y los jóvenes, las y los jóvenes somos los que vamos a cambiar este país. Por ello, es momento de que de frente a la gente busquemos la transformación de México. Muchas gracias, presidente, y gracias a los que me chiflaron.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Rubio Quiroz. Tiene el uso de la tribuna el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenas tardes. Con la venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, legisladores. Un año más, un presupuesto más que nos lleva a abrir una discusión sobre los grandes temas que afectan a nuestra comunidad.

La política económica del V Informe, por más que se quiera observar como distintiva para seguir construyéndonos como una potencia mundial del siglo XXI, deja mucho que desear. De manera genera, se observa durante el ejercicio 2017, una política de contención al gasto público. Además, se asegura que México recibirá ingresos del sector petrolero sin necesidad de inversión gubernamental, gracias a la apertura de ese sector.

Contrariamente a la visión de potencia mundial, parece que la política económica abre cada vez más una brecha inconcebible, entre los buenos alientos de la macroeconomía y la cruda realidad de la microeconomía. Y es que en el año que se informa viene un balance de cinco años de finanzas públicas, aparecen indicadores económicos con un comportamiento de potencia mundial. Se observa, por ejemplo, un crecimiento que no supera el 3 por ciento, con una inflación que actualmente alcanza un nivel sin precedente, cerca del 7 por ciento, 6.6 para ser exacto. Lo que sí es muy evidente en este balance económico del informe, es que las cosas buenas cuestan mucho contarlas para callar y minimizar los malos resultados.

Yo me pregunto, ¿de qué programas y partidas reorientaron el gasto público para financiar semejante campaña de promoción de la desgastada imagen presidencial? Si en el presupuesto que se aprobó en esta Cámara el año pasado, se optó por la austeridad gubernamental.

Sin embargo, se escuchan mensajes en el V Informe presidencial que se oyen bien, sólo que parece que quedarán en promesas, como es el caso de muchos compromisos, de los 266 que nuestro ahora presidente firmó en su campaña y que están lejos, muy lejos de cumplirse.

Es el caso de la estimación de terminar el sexenio con un total de tres millones de empleos creados, los cuales queremos creer que se trata de empleos de calidad y que no se contabilizará la ocupación mal pagada con salarios precarios y temporales ni se abultará la cifra con los datos del Seguro Social que incluye como empleo a los estudiantes.

Hoy la realidad microeconómica es que la mayoría de la población recibe menos de dos salarios mínimos. Ésa es la cruda realidad. Es decir, hoy no sólo existen más personas que ganan menos que hace cinco años, sino que su ingreso es muy precario. Sin embargo, el mensaje del informe asegura que aumentó el salario mínimo y que alcanza para más, para mucho más.

Así, se afirma que el poder de compra de los mexicanos se ha recuperado hasta el 15 por ciento, pero entre 2013 y 2016 el aumento del salario mínimo real fue de apenas 2.65 por ciento, cinco veces menos de lo que asegura el gobierno federal sucede, mientras que el Inegi estima que para poder adquirir todos los bienes de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, el salario mínimo tendrá que ser de cuando menos 118.78 pesos.

Otro tema con claroscuros en el informe es el impacto en el desarrollo social. El mensaje afirma que los niveles de pobreza son los más bajos en la historia del país con 2 millones de personas que dejaron de vivir en pobreza extrema. Inclusive se proyectó que en 10 años se podrá erradicar la misma. Pero la población vulnerable a vivir en pobreza por ingresos, según Coneval, aumentó de 6.2 por ciento en el 2012 a 7 por ciento en el 2016, lo que pone en otra dimensión la idea del informe.

Otra incongruencia que se observa es que en 300 municipios calificados bajo el índice de desarrollo humano pueden adquirir un litro de leche a sólo un peso, sin embargo al comparar la lista de los municipios atendidos por el programa se observa que 21 municipios con ese índice más bajo no se contemplan en la estrategia y, por lo tanto, no cuentan con el apoyo del programa de Liconsa, evidenciando así un problema de reglas de operación y de controles presupuestales sobre el ejercicio del gasto.

La bancada de Movimiento Ciudadano ha insistido reiteradamente que hacen falta controles presupuestales sobre el ejercicio del gasto que contribuyan a la transparencia, que alerten malas prácticas y que ayuden a prevenir licitaciones y proyectos dudosos que generen obras de mala calidad, como ya también lo vimos.

Como diputados hemos presentado numerosas propuestas que hoy se encuentran en la congeladora legislativa, y dentro de las comparecencias hemos levantado la voz pidiendo la creación y aplicación de nuevos controles presupuestales, sin recibir ni una sola respuesta. Inclusive se propuso ciudadanizar la fiscalización a través de una iniciativa que igualmente quedó en la propia congeladora.

A pesar de la negativa, Movimiento Ciudadano le hace frente al problema y refuerza su agenda legislativa con el compromiso y la visión de generar un cambio en conjunto a favor de los mexicanos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar para establecer ese sistema de controles presupuestales de nueva generación sobre el ejercicio del gasto? ¿Cuántas etapas maestras se necesitan para la aplicación de controles presupuestales...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: ... que dicen que el dinero de los mexicanos se siga repartiendo en los bolsillos de los funcionarios. Y mientras todo esto pasa, la Función Pública sabe que brilla por su ausencia. Da vergüenza ajena cómo se ejerce el Presupuesto, cómo se manejan los tiempos de ejercicio presupuestal a conveniencia de oficinas federales, donde además el mayor precio de lo que se ha gastado en lo que va del año, son los pagos a servicios personales, lo cual provoca que estemos lejos de ser una potencial mundial, cuando por cada peso...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: ...que se gasta para activar la economía nacional con inversión, se gastan dos pesos para pagar la burocracia.

¿Qué espera el gobierno federal para tomar cartas en estos problemas que hieren a México? Pero, bueno, si en los cinco años anteriores no se realizó nada, queda claro que en su último año de gobierno quedará todo en espots televisivos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ralis Cumplido. Tiene el uso de la tribuna el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta presidencia saluda a la Asociación de Mujeres de Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, invitadas por la diputada Olga María Esquivel Hernández. Sean ustedes bienvenidas.

El diputado Alfredo Miguel Herrera Deras:Buenas tardes a todos. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, cinco minutos es muy poco para hablar, manifestar la postura de Acción Nacional en torno al manejo de la economía de este país, y es totalmente insuficiente para señalar de una manera efectiva el fracaso de esta administración. No alcanza el tiempo para dimensionar el deficiente desempeño de este gobierno de Peña Nieto.

Estaban comentando hace unos momentos, un compañero del PRI que decía que en este gobierno se han generado 3 millones de nuevos empleos. Yo creo que habrá que corregir, son 3 millones de empleos que sí existían, pero que se volvieron formales. Entonces no podemos hablar de que se está generando más empleo.

Quiero acordarme también, y recordarles a todos, que en los dos anteriores sexenios hubo crecimiento económico en todas las áreas económicas. ¿Esto por qué se dio? Porque teníamos certidumbre de que podíamos invertir y podíamos calcular qué es lo que se podía hacer y pagar para que nuestras empresas que generaban empleos, que las empresas de todos los mexicanos podían sobrevivir y podrían crecer y darles un buen nivel de vida a todos sus trabajadores porque tenían condiciones adecuadas, pagaban adecuadamente impuestos más bajos y este sexenio ha aumentado en manera desproporcional su pago de impuestos a todas estas empresas.

Subrayaremos algunos de los más notables fracasos. Los resultados del manejo de la economía no son positivos, la sociedad demanda más y mayores empleos, mayores salarios, precios más bajos de los bienes y servicios, y mejor calidad de vida. Y evidentemente esto no se ha logrado.

Esta realidad se demuestra claramente con los indicadores internacionales que año con año establece el Banco Mundial a través del Doing Business, el cual proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 países.

No es posible que siendo México uno de las 15 economías más grandes del mundo, maneje cifras tan mediocres en este indicador. El Doing Business determina una caída en el ranking mundial para México en este último año, 2016, que ocupábamos el 45 lugar y para este 2017 bajamos al número 47.

Hoy en día, México se encuentra en el lugar 93 de 190 países para facilidades de abrir un negocio, en el lugar 114 en el pago de impuestos y en el lugar número 61 de comercio transfronterizo.

Insisto, es una total incongruencia que teniendo uno de los productos internos brutos más grandes del mundo en materia de competitividad estemos debajo de países como: Chipre, Moldavia, Armenia, Georgia o Australia, por citar algunos. Y a niveles similares de países como: Jamaica, Kosovo, Costa Rica, Perú, Puerto Rico y Ruanda.

Por otra parte, reconocemos el dinamismo del sector agroalimentario de los últimos años, que ubica al país como el 12o. productor de alimentos en el mundo. Pero también nos muestra que México es un país muy desigual, Coneval nos informa que casi el 25 por ciento de la población está en pobreza alimentaria y que el 58 por ciento de la pobreza se concentra en las áreas rurales del país. Y, a pesar de que miles de millones de pesos dirigidos a la Cruzada contra el Hambre y el Programa Especial, seguimos en las mismas condiciones de pobreza extrema.

Las grandes cifras palidecen cuando miles de pequeños productores no encuentran beneficios reales para sus familias ni medios de arraigo para mejorar sus condiciones de vida. En Acción Nacional apoyamos la reforma energética bajo el entendido de que se vería reflejado en el ingreso de las familias y a los diversos sectores productivos del país.

Y el V Informe reporta que de enero a junio de 2017 todas las tarifas, a excepción de las del sector doméstico de bajo consumo, se incrementaron considerablemente. La tarifa de uso doméstico de alto consumo tuvo un incremento promedio de 26.7 por ciento, la del sector comercial del 21.6 por ciento, la del sector agrícola el 5.7 por ciento, la de servicios 1.3 por ciento. Los incrementos reales de las tarifas de media y alta tensión alcanzaron el 34.4 por ciento y el 40.7 por ciento respectivamente.

No se ha logrado una implementación exitosa de la reforma energética que derive en la reducción general de las tarifas eléctricas y en un mejor aprovechamiento del gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables, por lo que seguimos supeditados a los precios de los combustibles para generar energía eléctrica, particularmente el combustóleo y al carbón importado, y con efectos negativos en la salud pública y el medio ambiente.

En el caso de Pemex, reconocemos que se ha avanzado en la realización y puesta en marcha de diversas licitaciones en las Rondas 1 y 2, referentes a la exploración o extracción de hidrocarburos en aguas someras, aguas profundas y campos terrestres, pero estas medidas son insuficientes, y por el contrario, en lugar de incrementar y fortalecer nuestra plataforma de producción y generar así una mayor cantidad de hidrocarburos, tenemos que depender de los mercados internacionales para ser capaces de contar con hidrocarburos en México.

Quiero hacer un comentario con relación a quien me precedió de Morena, donde decía que gracias a Morena este país va a cambiar y va a ser diferente. Yo quiero comentarles que en días pasados escuché que su líder iba a hacer un agujero, iba a poner un tubo y de ahí iba a sacar petróleo, y que por ser ese personaje el candidato o el presidente, ya se iba a acabar la corrupción e iba a haber desarrollo en México.

Para el desarrollo en México se requiere de gente preparada, de gente...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, concluya por favor.

El diputado Alfredo Miguel Herrera Deras: ... de gente que quiera a México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Herrera Deras. Tiene el uso de la tribuna el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos: Con la venia de la Mesa Directiva. Se han dicho aquí medias verdades que terminan luego convirtiéndose en mentiras completas.

Se habla con un doble discurso de unos que ya demostraron durante 12 años ineficiencia, y otros que proponen soluciones mágicas, populistas, políticas ya oxidadas que no funcionan ni aquí ni en Venezuela, por cierto.

No cabe duda que los extremos terminan juntándose. Aquí el populismo de derecha y de izquierda están de moda, han presentado, por cierto, varias propuestas para reducir ingresos, pero nadie menciona nunca en dónde se harán los recortes. Eso sí, piden bajar impuestos, pero, por otro lado, siguen pidiendo más y más y más recursos, mientras que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto se ajusta el cinturón y da más recursos a estados y municipios.

Vamos a destacar tres puntos importantes de la glosa en política económica. El primero, de un país detenido a un país próspero. Los gobiernos panistas que surgieron de la primera alternancia, no tuvieron la altura del México del siglo XXI. La banalización del gobierno, primero, y la intransigencia, después, crearon una administración más grande y costosa, que no ofreció más ni mejores resultados. Además, declararon una guerra absurda, que ahora piden se detenga por decreto.

Ineficientes, despilfarraron el recurso de todos los mexicanos del petróleo, mil millones de pesos tirados a la basura, en lugar de invertirlos en infraestructura productiva o desarrollo social.

En muchos sentidos, durante 12 años, bajo pretexto de un gobierno dividido, padecimos un gobierno detenido. Es sabido que en un mundo incesante de cambio, quien no avanza retrocede.

Por el contrario, con visión y sensible ante el mejor estado de las cosas que millones de mexicanos exigían, Enrique Peña Nieto se comprometió desde su Plan Nacional de Desarrollo a trabajar por un México próspero, que promoviera el crecimiento sostenido, la productividad, en un clima de estabilidad económica, mediante la generación de empleos y la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Segundo punto, una economía que beneficie a las familias. Decidido a hacer del crecimiento económico un desarrollo social, en el sexenio del presidente Peña Nieto se han alcanzado los siguientes logros, por destacar algunos: Generar casi tres millones de empleos formales, la mayor cantidad en toda la historia de nuestro país y más del doble de los empleos generados durante las dos últimas administraciones.

Por cierto, uno de ellos se decía “el presidente del empleo”. Aquí, el único presidente del empleo real es Enrique Peña Nieto.

Se está asegurando que el producto interno bruto se mantenga con un crecimiento sostenido de 3 por ciento durante los últimos cuatro años. Que la inversión extranjera directa acumulada alcance más de 156 mil millones de dólares. Casi el total de la meta planteada para todo el sexenio y ya se logró.

Proyectar un superávit primario para este año, por primera vez en la década. Es decir, el gobierno federal habrá alcanzado mayores ganancias que gastos, y pagar gran parte de la deuda, sin incurrir en aumento de impuestos o en préstamos externos.

Por si fuera poco, Enrique Peña Nieto impulsó el paquete reformista más importante desde 1917, cuyas reformas transformadoras harán a México más competitivo, esto dicho en palabras de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía.

Las reformas transformadoras destacan por la transformación profunda que van a hacer hoy y en un futuro a nuestro país. Destacaría la reforma energética, que reafirmó la rectoría del Estado y aseguró que la riqueza petrolera se traduzca en bienestar para todos. La de telecomunicaciones, que brinda certeza a las empresas y, sobre todo, pone el poder de los medios de comunicación al servicio de las personas.

La reforma hacendaria, que permite que los ingresos tributarios aumenten sistemáticamente alcanzando en 2015 un crecimiento del 27 por ciento, el mayor incremento en los últimos 25 años, y lograr una dependencia menor de los ingresos petroleros, a irse de 30 por ciento a 17 por ciento en la dependencia del petróleo, con un crecimiento observado durante todos estos años, ingresos tributarios que se transforman en desarrollo económico y en calidad de vida para nuestro país. Y la reforma de competencia económica, que asegura ésta que la competencia sea legítima entre empresas y en beneficio de ellas.

La economía nacional va por buen camino, va por buen rumbo y los mexicanos podemos tener esperanza fundada en que irá mejor a nuestro país, en beneficio de todos, asumiendo con responsabilidad que nos corresponde desde la Cámara de Diputados y obviamente apoyados por la fracción parlamentaria del PRI.

Hoy, ante la estabilidad que estamos viviendo ante el crecimiento económico y ante el crecimiento del empleo, en suma vamos esforzándonos para que Enrique Peña Nieto continúe haciendo de nuestro país un México próspero, en beneficio de todos.

Qué bueno que México esté gobernado por el PRI, un partido con experiencia y visión de futuro. Qué bueno que México tiene a un hombre responsable, valiente y capaz, como el presidente Enrique Peña Nieto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cristopulos Ríos. Con esta intervención se concluye con los posicionamientos que se refieren a la glosa del V Informe de Gobierno, en el tema de política económica.

De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.

INICIATIVA DE CONGRESO ESTATAL

LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Gobierno del Estado de Durango.

Diputados Secretarios del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En sesión ordinaria de la honorable LXVII Legislatura del Estado de fecha 22 de marzo del presente año, se aprobó dictamen de acuerdo, presentado por la Comisión de Asuntos Mineros y Zonas Áridas, que contiene reforma y adición al artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. El cual anexamos al presente para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular de momento reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente

Durango, Durango, a 28 de marzo de 2017.— C.C.P. Mario Sergio Quiñones Prado (rúbrica), oficial mayor.»

«Congreso del Estado de Durango. de la honorable LXVII Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Mineros y Zonas Áridas de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Durango, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto, presentada con fecha 8 de marzo del año en curso, por los diputados Rosa Isela de la Rocha Nevárez, Maximiliano Silerio Díaz, Marisol Peña Rodríguez, José Antonio Ochoa Rodríguez y Francisco Javier Ibarra Jáquez, integrantes de la Comisión de Asuntos Mineros y Zonas Áridas de la LXVII Legislatura, que contiene reforma y adición al artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos: por lo que conforme a la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la determinación en esta asamblea, el presente dictamen de acuerdo, con base en los siguientes:

Considerandos

Primero. Los suscritos, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa relacionada en el proemio del presente dictamen de acuerdo, encontramos que la misma pretende, en primer término, que la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, haga uso de la facultad conferida por el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual otorga el derecho a las legislaturas de los estados a iniciar leyes o decretos a nivel federal, ya que la misma presenta un proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de incluir a la onza de plata “libertad” en la categoría de monedas circulantes; que sea el Banco de México quien fije el valor oficial de la moneda, y que el valor nominal de circulación sea un monto ajustable a múltiplos de cinco pesos, a fin de contar con una cifra que sea fácil de recordar para la población y más conveniente en términos contables.

Segundo.Que con fecha 17 de febrero del año en curso, se realizó un foro en el Museo Francisco Villa de esta ciudad, denominado “Ventajas y desventajas de uso de la moneda de plata en México”, el cual contó con la presencia de destacados expositores expertos en la materia, quienes compartieron sus conocimientos en cuanto a la importancia de la plata en México, así como opiniones respecto de la viabilidad de acuñar la moneda de plata como categoría de moneda circulante.

Tercero. Del foro antes mencionado, con la opinión de los expertos, se llegó a la conclusión que la plata es un recurso nacional que puede servir para fortalecer el ahorro popular y el mercado interno, pero que actualmente no se utiliza en forma óptima y este importante recurso se va al extranjero, sin valor agregado. La onza libertad ya es una moneda de curso legal de acuerdo a la Ley Monetaria vigente (artículo 2 Bis) y su objetivo original es fungir como medio para pago adicional al peso. No obstante lo anterior, actualmente la onza no es utilizada como medio de pago porque no está debidamente reglamentada.

Por ello es factible presentar esta iniciativa de reforma, para complementar el artículo 2 Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y que la onza de plata comience a cumplir su función original.

Cuarto.El propósito de esta iniciativa es ofrecer el marco jurídico para superar los obstáculos que por ahora impiden a la población utilizar la onza de plata “libertad” como medio de ahorro masivo, fortalecerlo y protegerlo, pues esta medida impulsará la demanda de la plata y por tanto fomentará la creación de empleos en el sector minero, así como la apertura y reactivación de minas que actualmente están inactivas.

Así pues al poner en circulación y crear la costumbre de comerciar con esta bella moneda, solucionaría al mediano plazo muchos de los problemas económicos que se viven actualmente en el país. Lógicamente, existen muchísimos intereses contrarios a que esto suceda.

En tal virtud y en base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta comisión que dictamina, se permite someter a la determinación de esta representación popular, el siguiente:

Dictamen de Acuerdo

La Sexagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, con las facultades que le confiere el artículo 82 de la Constitución Política local, a nombre del pueblo, acuerda:

Artículo Primero.Por los argumentos expuestos en los considerandos del presente dictamen de acuerdo, esta LXVII Legislatura considera que es procedente hacer uso de la facultad establecida por la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, presentada con fecha 07 de marzo de 2017, por los ciudadanos Rosa Isela de la Rocha Nevárez, Maximiliano Silerio Díaz, Marisol Peña Rodríguez, José Antonio Ochoa Rodríguez y Francisco Javier Ibarra Jáquez, integrantes de la Comisión de Asuntos Mineros y Zonas Áridas de la LXVII Legislatura, que contiene reformas y adiciones al artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

La cual se solicita sea enviada por esta LXVII Legislatura en los siguientes términos:

Las suscritas diputadas Gina Gerardina Campuzano González, Marisol Peña Rodríguez y Mar Grecia Oliva Guerrero, presidenta y secretarias respectivamente de la Mesa Directiva de la LXVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Durango, en ejercicio de las atribuciones que nos confiere el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, por su conducto, sometemos a la consideración del honorable Pleno, iniciativa con proyecto de decreto, que contiene reformas y adiciones al artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Que de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como parte del Constituyente Permanente, órgano con poder reformador, las legislaturas de los estados, tenemos el derecho de iniciar leyes o decretos; con ese fundamento, presentamos ante esta soberanía, el proyecto de iniciativa que contiene reformas y adiciones artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en caso de ser aprobada, será presentada como iniciativa de este honorable Congreso a la Cámara de Diputados como Cámara de origen.

La presente iniciativa, tiene como objeto reformar y adicionar el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos con in inciso f), básicamente para remarcar los siguientes tres aspectos:

• Incluir a la onza de plata “libertad” en la categoría de monedas circulantes.

• Que sea el Banco de México quien fije el valor oficial de la moneda.

• Que el valor nominal de circulación sea un monto ajustable a múltiplos de cinco pesos, a fin de contar con una cifra que sea fácil de recordar para la población y más conveniente en términos contables. Adicionalmente, este ajuste al alza servirá como un margen que permita mantener la equivalencia oficial sin cambio cuando el precio de la plata se eleve sólo marginalmente.

Para ello exponemos de igual forma los antecedentes:

I. Premisas

Un objetivo de máxima importancia económica es brindar a la sociedad instrumentos de ahorro de alta calidad que le permitan conservar el poder adquisitivo de su patrimonio.

La inflación constante de precios y la pérdida del poder adquisitivo del capital ahorrado causan a las personas y familias un daño patrimonial irreparable, con la consecuente angustia, enojo y resentimiento hacia la sociedad y el gobierno.

Debido a lo anterior, y en el entendido de que la situación actual exige respuestas creativas e inéditas, consideramos conveniente impulsar y proteger el ahorro popular en onzas de plata “Libertad”, moneda de curso legal, de acuerdo a la actual Ley Monetaria.

Gracias a su valor intrínseco en plata, esta moneda conserva el poder adquisitivo y suscita la confianza, lo cual es especialmente necesario para las clases de menores ingresos, que no cuentan con alternativas efectivas de ahorro para protegerse.

En México, el acceso a instrumentos de ahorro es limitado conforme disminuye el nivel de ingreso de los hogares. El valor promedio de una cuenta de depósito en la banca comercial es de sólo el 19.4 por ciento del ingreso per cápita, uno de los niveles más bajos en el mundo. El valor de las cuentas de depósito de la banca comercial es de sólo el 15.08 por ciento del PIB, de igual forma uno de los niveles más bajos.

Por ello, es necesario incrementar la oferta de instrumentos de ahorro disponibles al público, sobre todo en aquellos sectores de menores ingresos.

Los instrumentos de ahorro deben de cumplir dos funciones: mantener el valor y ser accesibles en términos económicos. El ahorro estabiliza el flujo de ingresos y, por tanto, estabiliza el bienestar de los hogares.

En México, 28 por ciento de los hogares no bancarizados y 40 por ciento de los bancarizados mantienen ahorros financieros fuera del sistema financiero formal. A niveles de ingreso bajos, 20 por ciento usan instrumentos de ahorro no formales, y hasta 40 por ciento de su ahorro en activos físicos.

La onza de plata “Libertad”, con las modificaciones legales previstas, ofrecería a la población un instrumento de ahorro con las características que requiere un instrumento de inversión físico de penetración masiva y sin costos de transacción (contratos y comisiones por servicios bancarios):

1. Protección contra la inflación y por tanto protección del ahorro

2. Accesible a todos los niveles de ingreso

3. Liquidez inmediata

Si se observan las gráficas de precios de la plata en los últimos 15 años, se concluye que los rendimientos de invertir en onzas de plata, cotizadas bajo las condiciones que ahora se propone, hubieran sido de los mejores en comparación con instrumentos típicos de ahorro como cuentas bancarias a la vista, deuda gubernamental y otros mecanismos informales.

II. Antecedentes históricos

Desde que se fundó el Banco de México, en 1925, y hasta épocas recientes, ha sido constante el esfuerzo de nuestros gobiernos por utilizar plata en las monedas circulantes.

La importancia de la moneda de plata ha estado presente en casi todas las reformas monetarias y en todos los programas de acuñación, desde el famoso “peso 0.720” (emitido desde 1920 a 1945) hasta la “Moneda Conmemorativa de los Estados” (emitida de 2004 a 2009).

Para utilizar plata en nuestra moneda, no han faltado ni la intención ni el esfuerzo por parte de los legisladores y las autoridades monetarias. Sin embargo, todos esos intentos han resultados vanos porque, tarde o temprano, esas monedas alcanzaron su “punto de fusión”, es decir, el momento en que el valor intrínseco de la plata supera el valor nominal grabado.

En el pasado, el resultado invariable de las emisiones de moneda de plata con valor nominal grabado ha sido que el señoreaje comienza a resultar negativo tan pronto como el precio del metal excede el valor nominal de la moneda, o cuando el peso sufre un deslizamiento frente al dólar, lo cual ocasiona el mismo efecto. Por ello, el Banco de México necesariamente ha tenido que suspender su acuñación, aun en contra de los deseos de la población, que naturalmente prefiere las monedas con plata.

Como solución, durante todo el Siglo XX, el Banco de México incluyó cada vez menos plata en las aleaciones, pensando que así se podría mantener la moneda de plata en circulación. Sin embargo, el resultado fue siempre el mismo: la plata siempre volvió a valer más que el valor nominal grabado y su destino fue la fundición o las colecciones numismáticas.

Como ejemplo histórico, podemos recordar el peso de plata con Ley 0.720, que circuló en México durante 25 años, de 1920 a 1945; contenía 12 gramos de plata pura.

Desde 1920 hasta 1945, se acuñaron 458 millones de pesos de plata, y durante todo ese tiempo el precio de la plata, la plata fluctuó notablemente, sin que sus bajas transitorias ocasionaran ningún problema (cuando se creó el Banco de México en 1925, el precio de la plata era de 69.1 centavos de dólar, y llegó a caer hasta 25.4 centavos de dólar, en 1932).

Jamás, en esos 25 años, nadie regresó al Banco de México un sólo peso 0.720 a consecuencia de una baja en el valor de la plata que contenía, y éste siguió circulando.

El problema lo representó el alza en el precio del metal, que subió de 0.45 a 0.71 dólares por onza, en 1945; la moneda tuvo que salir de circulación, pues el valor de la plata que contenía superó el valor de 1 peso grabado en el anverso y su acuñación resultó entonces incosteable.

Con el deseo de subsanar la limitante que llevaba las monedas de plata al punto de fusión, en 1979 el Ejecutivo envió una iniciativa de Ley que por primera vez introdujo a la circulación monedas de plata sin valor nominal grabado y esa reforma estipuló que éstas gozarían de curso legal, disposición que aún hoy es vigente.

Resultado de esa Reforma fue la creación de la onza de plata “Libertad”, que se ha venido acuñando desde 1982 hasta nuestros días.

Gracias a la primera disposición, la onza de plata “Libertad” nunca ha llegado al punto de fusión: a pesar de las devaluaciones, el Banco de México la ha acuñado ininterrumpidamente desde entonces, no se ha fundido y permanece ahorrada en grandes cantidades por la población.

Sin embargo, también hay que reconocer que el objetivo de la Reforma de 1979, una moneda de plata paralela al peso, no se ha cumplido a cabalidad, y que existen varios obstáculos que actualmente impiden el mayor aprovechamiento de esta moneda como medio de ahorro. Estos obstáculos que enfrentan los actuales ahorradores en onzas de plata “Libertad” son, principalmente:

1. La onza de plata “Libertad” no tiene un precio oficial determinado por el Banco de México, tal como lo marca la Ley. Cada distribuidor vende la moneda a un precio distinto y arbitrario.

2. Los distribuidores cobran un descuento en las operaciones de compra y venta de la moneda, lo cual merma su efectividad como ahorro y ocasiona una pérdida a su tenedor. No está contemplado en la actual Ley Monetaria que exista ese margen.

3. Su valor sube y baja conforme al movimiento del precio de la plata en los mercados internacionales, lo cual puede provocar pérdidas a su tenedor, en el corto plazo, cuando la plata baja (aun cuando su tendencia a largo plazo sea indiscutiblemente conservar o incrementar su valor respecto al peso).

III. Aspectos generales

El propósito específico de la iniciativa es ofrecer el marco jurídico para superar los obstáculos anteriores, que por ahora impiden a la población utilizar la onza de plata “Libertad” como medio de ahorro masivo.

En este sentido, para que la onza de plata cumpla su función en forma permanente, es indispensable conferirle un valor nominal de circulación que pueda recorrerse al alza cuando suba el precio de la plata, tal como ahora se hace, pero mantener el último valor nominal en el caso de que el precio de la plata baje. Esta última es la innovación más importante.

Los billetes y las monedas que usamos llevan un valor nominal impreso o grabado, y ese valor nunca puede reducirse, a pesar de que baje el precio internacional del material con que están hechos. Por eso, una disposición legal decretando que su valor nominal no debe reducirse sería redundante. Pero en el caso de una moneda de plata sin valor nominal grabado que tiene curso legal -propósito de la Reforma de 1979- sí hace falta una legislación expresa para que esa condición implícita en todos los billetes y monedas actuales se vuelva explícita en el caso de la onza de plata “Libertad”.

Sin ese valor nominal irreductible, la onza de plata “Libertad” no puede cumplir con su función de ser moneda y medio de ahorro paralelo, y se le seguirá considerando indefinidamente como una mercancía, en perjuicio de los ahorradores.

Las bajas transitorias en el precio internacional de la plata no ocasionarían pérdidas ni para el Banco de México ni para el tenedor de las onzas, precisamente gracias al valor nominal estable, ya que gracias a ello el tenedor no tiene necesidad de “devolverla” al Banco de México, sino que la utiliza en el comercio. Incluso, las bajas transitorias en el precio internacional de la plata favorecerían al Banco de México, pues en ese momento aumentará el señoreaje a su favor y se reducirán los costos de acuñación.

Esta medida ayuda a combatir la inflación por un camino contrario a la restricción monetaria la cual, al requerir alzas en las tasas de interés, afecta el sistema productivo. Sin embargo, introducir monedas de plata a la circulación logra el mismo efecto de contener la inflación, sin perjudicar la producción, ya que el capital ahorrado en onzas sale de circulación monetaria.

El señoreaje siempre positivo será una continua fuente de ingresos para diversos programas sociales. Hoy día, el Banco de México no percibe ninguna o escasa ganancia, ya que vende las onzas Libertad como mercancía, y las ganancias por comercialización se la llevan los bancos privados, los cuales añaden una comisión a la venta y descuentan una cantidad en la recompra.

Con la aprobación de esta iniciativa, con un valor oficial asignado por el Banco de México, los bancos comerciales ya no podrán realizar esta práctica, y será el Banco de México quien obtenga una utilidad por concepto de señoreaje.

Actualmente, el Banco de México obtiene un amplísimo señoreaje de más del 99 por ciento sobre los billetes que emite, y en el caso de la onza Libertad será de 10 por ciento. Sin embargo, dado que no se prevé sustituir ninguna cantidad de los billetes y monedas regulares que el Banco de México actualmente emite -la onza Libertad será moneda paralelo y complementaria-, el señoreaje que hoy percibe el Banco de México por billetes y monedas regulares seguirá intacto. Más aún, ahora, adicional mente, se añadirá el señoreaje que reporte la onza Libertad.

México ocupa el primer lugar como productor mundial de plata. Lamentablemente, según la Cámara Minera de México, cerca del 80 por ciento de la plata sale del país, y se remata en la bolsa de Nueva York a precios irrisorios. Llevamos más de una década en que la demanda internacional no se refleja en los contratos de futuro. Esa manipulación de los mercados hace que la plata mexicana esté subvaluada, que la industria minera de la plata no pueda progresar, o que incluso se vea obligada a clausurar minas a pesar de la certeza de que hay plata en ellas.

Un efecto directo de la iniciativa es que se le otorgará a la plata un valor agregado, al crear un nuevo mercado y lograremos que la plata se quede en nuestro país para beneficio de los mexicanos.

El proyecto impactará favorablemente la industria minera y redundará en la creación de empleos. De los 32 estados de la República, 24 son estados mineros.

En todo caso, desde el punto de vista estratégico, lo más importante es que la plata, un recurso nacional muy valioso y no renovable, se quede en nuestras manos, en poder de los mexicanos. El petróleo ya se nos fue; no permitamos que suceda lo mismo con la plata.

Y la plata se puede quedar aquí, en la forma que mejor puede servimos: como medio extraordinario de ahorro para promover el progreso, orgullo y tranquilidad de los mexicanos.

IV. Descripción de la iniciativa

La modificación a la Ley Monetaria que se propone, en virtud de la presente, consiste en lo siguiente:

a)Se adiciona el artículo 2 con un inciso f), con el objetivo de incluir a la onza de plata “Libertad” en la categoría de monedas circulantes.

b) En el mismo inciso, se estipula que sólo corresponde al Banco de México fijar el valor oficial de la moneda, y se establece el método para que esta institución determine inicialmente su valor nominal, y lo pueda ajustar al alza cuando un incremento en el valor internacional de la plata reduzca su utilidad por señoreaje.

c) El mismo inciso dispone que el valor nominal de circulación sea un monto ajustable a múltiplos de cinco pesos, a fin de contar con una cifra que sea fácil de recordar para la población y más conveniente en términos contables. Adicionalmente, este ajuste al alza servirá como un margen que permita mantener la equivalencia oficial sin cambio cuando el precio de la plata se eleve sólo marginalmente.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Único.Se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos con un inciso f) para quedar como sigue:

Artículo 2. Las únicas monedas circulantes serán:

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) Derogado

e) Derogado

f) La onza de plata “Libertad” que gozará de curso legal por su valor nominal vigente en pesos.

Corresponde privativamente al Banco de México determinar y modificar el valor nominal de la onza de plata “Libertad”. El valor nominal inicial de la onza de plata “Libertad” se determinará mediante la suma de los siguientes factores: el precio internacional vigente de la onza de plata, expresado en pesos, el costo de acuñación y un señoreaje no mayor del 10 por ciento calculado sobre el costo total de la moneda; el resultado de esta suma deberá ajustarse al múltiplo inmediato superior de cinco pesos.

El Banco de México determinará un incremento al valor nominal de la onza de plata “Libertad”, mediante el procedimiento mencionado en el segundo párrafo de este inciso, cada vez que la suma total de los factores resulte mayor al valor nominal vigente.

El valor nominal deberá publicarse todos los días en el Diario Oficial de la Federación y, una vez determinado, éste no podrá reducirse en ningún caso.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Victoria de Durando, Durango, a 21 marzo de 2017.— Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica), presidenta; Marisol Peña Rodríguez (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva y Mar Grecia Oliva Guerrero (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva.”

Artículo Segundo. Se instruye a Oficialía Mayor del Congreso para llevar a cabo los trámites legales pertinentes ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Artículo Tercero.Comuníquese esta determinación a la Comisión de Asuntos Mineros y Zonas Áridas, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Durango, a 22 de marzo 2017.— Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica), presidenta; Marisol Peña Rodríguez (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva y Mar Grecia Oliva Guerrero (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Se recibieron iniciativas de diputadas y diputados. Pido a la Secretaría dar cuenta de ellas.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DE EDUCACIÓN NAVAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que expide la Ley de Educación Naval, suscrita por los diputados César Camacho y Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, César Camacho y Carlos Federico Quinto Guillén, en su carácter de diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 16 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Marina 2013-2018, con el fin de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 26, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 22, 23, 27, 29, párrafo segundo, 30, 31 y 32 de la Ley de Planeación.

En dicho cuerpo normativo se pormenorizan los objetivos, prioridades y políticas públicas de la Secretaría de Marina (Semar), que deben ser congruentes y armónicos con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013.

Para elaborar este programa, se analizó la situación actual y las necesidades operativas de la institución, así como los recursos humanos, materiales y financieros con que se cuenta. Esto permitió identificar los retos y oportunidades traduciéndolos en los requerimientos necesarios para dar una respuesta oportuna a las tareas que tiene asignada la institución.

También, se identificaron los factores internos y externos que pueden constituirse en riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional y; para neutralizar esta problemática, la Secretaría de Marina Armada de México ha reestructurado las operaciones, el entrenamiento y capacitación del personal.

La evolución de estos factores requiere una atención continua en la organización, administración y preparación de los recursos humanos y materiales, por lo que se debe brindar una atención especial a los aspectos siguientes:

Incrementar las capacidades tecnológicas; modernizar la flota aeronaval; equipar a las unidades de infantería de marina y modernizar su infraestructura; reestructurar el Sistema Educativo Naval; continuar con el Programa de Construcción Naval; reforzar los sistemas de vigilancia, detección y comunicaciones entre otros; así como, incrementar la eficiencia de la administración del recurso humano para mantener en alto la moral del personal.

El documento señalado hace mención que un sistema educativo debe considerar, procesos académicos, administrativos y curriculares de los planteles educativos navales en sus niveles de capacitación, adiestramiento, formación técnica y profesional, estudios de posgrado y educación continua.

Es importante recalcar que corresponde a la Secretaría de Marina, como encargada de organizar, administrar y preparar a la Armada de México, emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, razón por la cual ésta, como institución pública, requiere de continuos procesos de revisión, mejoras y cambios en su administración, tendientes a fomentar la educación naval en el país, con una mayor preparación profesional y adiestramiento acorde a las nuevas necesidades que el impulso y desarrollo del país, requieran.

Estos objetivos derivan en la necesidad de incrementar la operatividad y eficiencia de la Armada de México en todos los ámbitos, y así cumplir cabalmente las misiones que le han sido asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La evolución de la educación naval en México, se destaca a partir de 1897 con la creación de la Escuela Naval; desde entonces, los marinos mexicanos inician su profesionalización, enfrentando diversas reformas hasta 1967 cuando se formaliza al establecerse la Dirección General de Educación Naval. Posteriormente, en 1972 se creó el Plan General de Educación Naval, como instrumento de carácter administrativo que redundó en la normalización del Sistema Educativo Naval, pese a que no se concretó con un instrumento jurídico. Para 1985, se creó la Dirección General de Educación Naval, que fue reemplazada, en 2000, por una Dirección General Adjunta, la que tuvo como función primordial, ser el eje rector de la educación naval en el país.

En tal sentido, la Armada de México ha encontrado en la educación naval la base sobre la cual formar a su personal bajo los más altos estándares educativos, además de inculcarles la doctrina naval y los más excelsos valores de honor, deber, lealtad y patriotismo; conscientes de que para alcanzar sus objetivos se requiere de recursos humanos altamente competitivos, con una formación integral, ética y una visión humanística que les permita un mayor acercamiento con la sociedad civil y al cabal cumplimiento de su deber institucional, en una sinergia impuesta por los paradigmas propios de una sociedad democrática, del conocimiento y de las tecnologías de la información.

Como parte de estos compromisos, el 23 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el cual se crea la Universidad Naval como unidad administrativa de la Secretaría de Marina, con el objetivo de administrar el sistema educativo naval y unificar en una sola unidad administrativa el conjunto de procesos académicos, administrativos y curriculares de los establecimientos educativos navales, a fin de impartir los niveles educativos de adiestramiento y capacitación, así como de formación de nivel técnico profesional, profesional, estudios de posgrado y educación continua, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta que ofrece al recurso humano de la institución.

A dos años de su creación, la Universidad Naval ha realizado una importante reingeniería al sistema educativo naval con base en su Plan General de Educación Naval, donde se plasman los objetivos, estrategias y líneas de acción que se seguirán para alcanzar una educación integral de calidad. Paralelo a ello, se presentó un Modelo Educativo Naval que incorpora no sólo el desarrollo de competencias, sino también de valores navales.

En consonancia con lo anterior, la Universidad Naval tiene como misión “Adiestrar, capacitar y formar al personal de la Secretaría de Marina Armada de México, en los niveles técnico profesional, profesional y de posgrado; así como, fomentar la innovación, investigación académica, científica y tecnológica; cultura física, de salud y náutica, con el propósito de lograr una educación naval integral y de calidad”.

Este desafío en la educación naval, hay que entenderlo dentro de un proceso de evolución que no es exclusivo de nuestra marina nacional, sino que se observa como una tendencia internacional en la profesionalización naval, en la que se observan ciertos lineamientos generales, aplicables a cualquier organización de la sociedad contemporánea, que impactan en el ejercicio del mando, como autoridad organizativa; en las capacidades técnicas; el reclutamiento; y en la búsqueda de un espectro profesional más amplio; Así como en un adoctrinamiento escalonado acorde a las funciones en cada fase de su carrera profesional.

En la actualidad, la preocupación principal de los líderes se basa en la motivación y la persuasión razonada para ejercer el mando, ya no solo como una disciplina rígida; a fin de que sus subordinados actúen con mayor iniciativa y en consecuencia se logre una mayor moral en los recursos humanos.

De la misma manera, se busca incrementar y concentrar especialidades técnicas, lo cual disminuye la brecha de capacidades técnicas entre los grupos militares y civiles, es decir; ciudadanos comprometidos con las ciencias y la técnica al servicio de la patria.

Los elementos profesionales de las fuerzas armadas, como el hombre de negocios o el funcionario del gobierno, representan y administran a su organización y deben esforzarse por mejorar el prestigio de su institución. Para ello, es necesaria una formación profesional integral que, con mayores capacidades, herramientas humanistas y culturales, les permita enfrentar más eficientemente sus funciones militares en un contexto moderno y de servicio hacia los ámbitos sociales, económicos y políticos.

Estas ideas se fortalecen con la creación de la Universidad Naval y para la institucionalidad de esta surge la necesidad de expedir una Ley de Educación Naval que se constituya como una norma legal de carácter general (en cuanto a su ámbito de aplicación), y especial (en cuanto a los sujetos regidos por ella), la cual pormenorice y complemente, siempre bajo el criterio de la especialidad, el marco normativo actual del Sistema Educativo Naval compuesto por Ley Orgánica de la Armada de México, el Reglamento Interior de la Secretaría de Marina y el precitado decreto presidencial por el que se crea la Universidad Naval como unidad Administrativa de la Secretaría de Marina; más allá de la expedición de los documentos administrativos que se requieren para la planeación del sistema educativo naval.

En este sentido, la Ley de Educación Naval se constituirá como el instrumento de orden legal que rija el proceder de este organismo y sus establecimientos educativos navales al propiciar, resguardar y garantizar condiciones justas y equitativas para todos los actores involucrados en dichos procesos educativos, sancionando todos aquellos casos en los que se infrinjan los límites y responsabilidades en ella establecidos, y disponiendo autoridades, competencias y procedimientos para tal fin.

De esta suerte, con la expedición de la Ley de Educación Naval, el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos estará regulando, la conducta de la Universidad Naval como eje rector de la educación naval de México y sus componentes, como son los establecimientos educativos navales y demás áreas que por su función lleven a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje con el personal que integra la Secretaría de Marina-Armada de México, agrupando a discentes, docentes y directivos como los recursos más valioso de la institución.

De la misma manera, la presente iniciativa está acorde con la ley que permite a la Secretaría de Educación Pública y otras universidades e instituciones de educación superior, homologar estudios y expedir certificaciones y reconocimientos.

Es importante señalar que, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 30 da competencia jurídica y procedimental a las acciones de la Secretaría de Marina, en cuyo numeral VI le corresponde “Dirigir la educación pública naval”, y la presente iniciativa da cumplimiento a este precepto regulando dicha facultad.

Asimismo, promoverá el cumplimiento de su misión y su visión con los más altos valores morales y competencias profesionales y laborales, con apego estricto a la normatividad contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos.

Con este proyecto de decreto que crea la Ley de Educación Naval, mismo que se somete a la consideración de esta soberanía, se pretende cumplir con la meta nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Marina, ambos 2013-2018 en materia de educación, el cual cuenta con seis capítulos, 24 artículos y cinco artículos transitorios.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval

Capítulo IDe las disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto normar la educación pública que imparte la Secretaría de Marina a través de la Universidad Naval, en sus diversos niveles educativos, la cual está orientada al conocimiento, difusión, aplicación de la ciencia, la doctrina y cultura naval, para sus recursos humanos, a fin de contribuir con el desarrollo marítimo nacional.

La aplicación e interpretación de esta Ley corresponde a la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2. El Secretario de Marina tiene la facultad y responsabilidad de establecer o modificar las políticas y normas del sistema educativo naval, así como de ordenar mediante acuerdos la creación de nuevos establecimientos educativos navales o dejarlos en receso en base a las necesidades de la Institución.

La Universidad Naval, dependerá orgánica y administrativamente de la oficialía mayor de Marina y doctrinariamente del Estado Mayor General de la Armada.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley y su reglamento, se entenderá por:

I. Autoridad educativa naval: Se integrará por el secretario de Marina, oficial mayor de Marina y rector de la Universidad Naval;

II. Cultura Naval: Tradiciones y costumbres, que se han forjado como rasgo de identidad, reflejados en la memoria histórica a través de hechos heroicos, así como en los valores en el actuar del marino;

III. Director: El titular de cada establecimiento educativo naval;

IV. Discente: Personal naval, militar, civil, nacional o extranjero, que se encuentre realizando estudios en el sistema educativo;

V. Docente: Personal naval, militar o civil, nacional o extranjero, encargado de aplicar los procesos enseñanza- aprendizaje en sus diferentes niveles y modalidades en los establecimientos educativos navales;

VI. Establecimiento educativo naval: Institución de enseñanza-aprendizaje perteneciente a la Universidad Naval, donde se imparte la educación naval;

VII. Ley: La Ley de Educación Naval;

VIII. Modelo educativo: El modelo educativo naval;

IX. Niveles educativos: Los niveles educativos navales;

X. Plan general: El plan general de educación naval;

XI. Rector: El Rector de la Universidad Naval;

XII. Rectoría: La rectoría de la Universidad Naval;

XIII. Secretaría: La Secretaría de Marina;

XIV. Sistema Educativo: Sistema Educativo Naval, y

XV. Universidad Naval: Institución representativa del sistema educativo.

Artículo 4. La Secretaría ofrecerá a todos los mexicanos, hombres y mujeres, por nacimiento, la oportunidad de efectuar estudios en el Sistema Educativo, de acuerdo a los lineamientos normativos y requisitos que se establezcan en las convocatorias que emita la rectoría.

Asimismo, personal invitado de otra nacionalidad, podrá acceder al Sistema Educativo por medio de la extensión académica que la Rectoría establezca a través de convenios específicos.

Artículo 5. Las faltas en contra de la disciplina naval, cometidas por los discentes serán procesadas conforme a los reglamentos correspondientes de cada establecimiento educativo naval.

Capítulo IIDel rector de la Universidad Naval

Artículo 6. Al frente de la Universidad Naval estará el rector, con grado de almirante, el cual deberá contar con al menos dos posgrados o equivalentes.

Artículo 7. El rector tendrá las facultades que le confieren el Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, asimismo, será responsable de:

I. Supervisar la educación pública naval, al adiestrar, capacitar, formar y especializar al recurso humano de la Secretaría, garantizando el desarrollo armónico e integral de sus capacidades y potencialidades, a efecto de ser más eficiente y competitivo en sus funciones y con ello coadyuvar al logro de los objetivos institucionales y nacionales;

II. Proponer a la Autoridad Educativa Naval, los convenios de colaboración de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación;

III. Gestionar el registro de planes y programas de validez oficial de estudios que sean impartidos en el Sistema Educativo, así como del registro y expedición de la cédula correspondiente, cuando ésta sea necesaria para el ejercicio profesional en términos de la legislación aplicables al caso;

IV. Expedir certificados, constancias y diplomas a quienes hayan concluido satisfactoriamente sus estudios, de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes, y

V. Las demás que establecen las disposiciones jurídicas aplicables.

Capítulo IIIDel sistema educativo

Artículo 8. El Sistema Educativo es el conjunto de recursos humanos, financieros, de infraestructura y procesos educativos a través de los cuales, la Secretaría de Marina, Armada de México, ofrece una educación naval integral de calidad, mediante el desarrollo de competencias y valores.

Artículo 9. La autoridad educativa naval asignará a la Universidad Naval los recursos humanos, materiales y financieros para atender las necesidades del sistema educativo.

Artículo 10. Los objetivos del Sistema Educativo son:

I. Desarrollar en los discentes de la Armada de México, una formación académica integral de calidad que provea los valores y competencias para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría y sus funciones, con sujeción a los principios doctrinarios navales vigentes;

II. Vincular permanentemente la educación del personal naval;

III. Preparar profesionistas competitivos con una formación naval, científica, tecnológica, humanista y de calidad ciudadana;

IV. Fortalecer la educación naval, implementando en el proceso educativo estrategias educativas innovadoras de acuerdo a los avances tecnológicos vigentes, con el propósito de realizar eficaz y eficientemente las actividades educativas;

V. Mantener de forma continua el adiestramiento y capacitación de los recursos humanos de la Institución;

VI. Adecuar permanentemente el modelo educativo a las nuevas tecnologías y doctrina naval de la Secretaría de Marina, y

VII. Fomentar la doctrina y cultura naval de México en los civiles y militares nacionales o extranjeros.

Artículo 11. El sistema educativo estará constituido por:

I. Autoridad educativa naval;

II. Directores, discentes, docentes y personal de apoyo;

III. Plan general;

IV. Modelo educativo;

V. Planes y programas de estudio de los establecimientos educativos navales, y

VI. Establecimientos Educativos Navales.

Artículo 12. Los establecimientos educativos navales se clasifican en:

I. Centros de Estudios;

II. Institutos;

III. Escuelas;

IV. Centros de Capacitación;

V. Unidades, y

VI. Otras que designe la Autoridad Educativa Naval.

Artículo 13. Los niveles en el Sistema Educativo son:

I. Adiestramiento;

II. Capacitación;

III. Media Superior, y

IV. Superior.

Artículo 14. Las modalidades en el Sistema Educativo son:

I. Escolarizada; es la modalidad de educación formal, la cual implica la presencia física del discente en todas las actividades programadas, bajo la conducción de un docente.

II. No escolarizada; modalidad de educación formal la cual puede ser abierta, a distancia y virtual, y

III. Mixta; es la educación del tipo formal, la cual se desarrolla bajo la combinación de las modalidades descritas.

Capítulo IVDel plan general

Artículo 15. El plan general establece, los planes y programas para alcanzar una educación integral de calidad, conforme al Modelo Educativo Naval que deberá cubrir las necesidades de la secretaría.

Artículo 16. El Plan General para su desarrollo armónico, secuencial e integral contendrá:

I. Las normas que garanticen la formación de los discentes en los ámbitos académico, de doctrina naval y cultural; de acuerdo a los niveles y modalidades educativas;

II. Programas curriculares complementarios en las áreas que coadyuven en la formación integral de los discentes, y

III. La permanente profesionalización de los docentes.

Artículo 17. Los directores de los establecimientos educativos navales supervisarán que la currícula sea analizada y evaluada anualmente y del resultado propondrán al rector las modificaciones que procedan con el sustento que avale la propuesta y deberán considerar además:

I. Las necesidades de la Secretaría, Armada de México;

II. Las actualizaciones a la doctrina naval, y

III. Los avances en las áreas humanística, científica, tecnológica y náutica.

Capítulo VDel modelo educativo

Artículo 18. El modelo educativo define el diseño, estructura, planes y programas; que sirve de guía para la ejecución y evaluación del proceso formativo de calidad, así como también la evaluación de los docentes y discentes pertenecientes al modelo.

Artículo 19. El rector será responsable de conducir la integración, evaluación y actualización del Modelo Educativo.

Artículo 20. Los directores de los establecimientos educativos navales, serán los responsables de aplicar el desarrollo del modelo educativo de acuerdo al nivel y modalidad correspondiente.

Capítulo VIDe la extensión académica

Artículo 21. La extensión académica comprenderá los siguientes aspectos:

I. Convenios académicos;

II. Intercambio académico nacional y extranjero, y

III. La difusión de la cultura naval.

Artículo 22. Los convenios académicos realizados por la Universidad Naval con Instituciones de educación pública y privada, nacional o extranjera para la mejor prestación de los servicios educativos a su cargo, estarán orientados a contribuir con los valores, competencias, objetivos y desarrollo de la secretaría en las áreas educativas, científicas, tecnológicas, humanista, naval y marítima, considerando los avances científicos y tecnológicos.

Artículo 23. La secretaría por conducto del Estado Mayor General de la Armada y en coordinación con la autoridad educativa naval, ofrecerá a nivel nacional e internacional los estudios previstos en el sistema educativo, para que realicen los intercambios académicos en los establecimientos educativos navales, de conformidad con los convenios contraídos.

Los estudios que realice el personal naval en el extranjero, serán validados por las autoridades educativas competentes, a fin de determinar el grado académico que corresponda.

Artículo 24. La difusión de la cultura naval de la Secretaría estará a cargo de la Universidad Naval, la cual será promovida a través de los establecimientos educativos navales, orientada al fortalecimiento de la filosofía institucional que contribuya al desarrollo académico y profesional de los discentes.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría, dentro del plazo de ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, expedirá su reglamento correspondiente.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Cuarto. La presente Ley abroga el decreto por el que se expiden los Reglamentos para el Examen Profesional de los Egresados de Diversas Escuelas de la Armada de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha veintitrés de agosto del mil novecientos noventa y nueve; así como el Reglamento para el Examen Profesional de los Primeros Maestres Pasantes Egresados de la Escuela de Aviación Naval, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de septiembre del dos mil, por lo que la Secretaria de Marina se compromete a expedir los reglamentos que sean necesarios para no dejar en indefinición a los cursantes de antigüedades anteriores.

Quinto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley se realizarán con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Marina en cada ejercicio fiscal, por lo que no se requerirán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate.

Nota

1 2016, Universidad Naval | Gobierno | gob.mx, Gob.mx, fecha de acceso: 13 de julio de 2016, disponible en:

http://www.gob.mx/universidadnaval/que-hacemos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2017.— Diputados: César Octavio Camacho Quiroz, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Marina para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que adiciona el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Carlos Ruiz García, en su carácter de diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones III y IV del artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La contaminación provoca aproximadamente 7 millones de muertes anuales en todo el mundo, según declaraciones del director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Achim Steiner. Como es de suponerse, la inmensa mayoría de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo, como lo es México.

En este mismo sentido, la Organización Panamericana de la Salud asegura que más de 100 millones de personas están expuestas a niveles de contaminación que se encuentran por encima de los límites máximos tolerables. En América Latina ocurren más de 35 mil muertes prematuras al año, principalmente en las zonas urbanas de la región.

Este flagelo, se manifestó desde hace ya varios años en nuestro país. En 2010, el Instituto para Métricas de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington informó que ocurrieron 20 mil 495 muertes en México a causa de la contaminación atmosférica, de las cuales 17 mil 500 afectaron a adultos de más de 50 años de edad.

Cabe agregar que la contaminación atmosférica representa una severa amenaza a la salud pública, el bienestar de las personas y la conservación de los ecosistemas. Entre las múltiples consecuencias que acarrea, destacan la elevada mortalidad prematura, tasas de enfermedades crecientes, baja de productividad, deforestación de los bosques y el creciente calentamiento global de la tierra.

Los efectos de la contaminación antes enlistados implican muy altos costos, no sólo financieros. Resultan deleznables y lastimosamente perjudiciales para la calidad de vida de los grupos más vulnerables de la población, como los niños, los ancianos, los enfermos y los pobladores de menores ingresos.

Tanto en sus consecuencias como en sus propios costos, la contaminación atmosférica incide gravemente en la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora relevados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que involucran a casi todas las naciones del orbe, México entre ellas.

En una de sus más recientes reuniones, el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe elaboró un Plan de Acción Regional sobre Contaminación Atmosférica, el cual fundamento con algunos puntos que se considera pertinente citar, a fin de dejar constancia de la trascendencia y gravedad del tema, la contaminación ha tomado un papel antagónico para nuestros países. En el documento alusivo al Foro de Ministros, se expusieron, entre otros, los siguientes postulados:

Conscientes que la contaminación atmosférica es una seria amenaza para la salud pública, el bienestar humano y la integridad de los ecosistemas;

Preocupados por los efectos y costos de la contaminación atmosférica en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el potencial de desarrollo de los países de la región;

Reconociendo que el rápido crecimiento urbano, agrícola, industrial y del parque automotor en la región ha hecho que la contaminación atmosférica represente una preocupación cada vez mayor para la región;

Considerando que cada vez es más evidente que la contaminación atmosférica es un fenómeno de orden regional y mundial, por la capacidad de los agentes contaminantes de transformarse y recorrer largas distancias atravesando fronteras nacionales y continentes, por lo que se requiere una efectiva cooperación a escala regional y subregional;

Conscientes de los beneficios de reducir la contaminación atmosférica y sus impactos en la salud en la región y contribución en la lucha contra el cambio climático y su consecuente efecto a nivel local, regional y mundial;”

Estos postulados han generado positivas respuestas y acciones por parte de los organismos internacionales especializados en la materia y, en particular, por los integrantes del Foro en comento. Bajo este mismo esquema, se adoptaron los siguientes resolutivos:

1. Adoptar el plan regional de acción sobre contaminación atmosférica como una opción de guía voluntaria para la elaboración de planes de acción nacionales acordes a las particularidades de cada país con énfasis en el intercambio técnico, el desarrollo de capacidades y el diseño de alternativas para reducir la contaminación del aire.

2. Actualizar este plan de acción cada cuatro años y, dada la importancia del tema de la calidad de aire para el desarrollo sano de nuestros pueblos y la conservación del medio ambiente, y alentar a los gobiernos a identificar los recursos económicos para darle sostenibilidad a las redes de monitoreo como elemento prioritario y esencial para la toma de decisiones.

3. Solicitar el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para el establecimiento de los criterios generales para la priorización de acciones y organización de las modalidades de asistencia mutua, con base en el diagnóstico intergubernamental planteado en el presente Plan de Acción Regional.

4. Fortalecer el dialogo público – privado y el rol de todos los sectores y órdenes de gobierno involucrados en la promoción de los compromisos y acciones orientadas a la implementación de este Plan de Acción Regional en todas las áreas prioritarias definidas, en el marco de la planificación regional, subregional y nacional.

5. Asegurar la coordinación de las iniciativas promovidas en el marco de la Red Regional Intergubernamental con las actividades desarrolladas en el contexto de otros acuerdos asumidos por los países de la región en temas relacionados con la contaminación atmosférica.”

Así pues, queda de manifiesto la preocupación de los encargados de la agenda medioambiental en América Latina y el Caribe, expresada en la XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe celebrada en Los Cabos, Baja California, en el año 2014; en atención a la real incidencia que tiene la contaminación en esta región del planeta y que se materializa en el elevado porcentaje de muertes a raíz de esta causa.

Es en tal virtud, que las agendas nacionales se han dinamizado para dar respuesta al creciente problema y sobre todo para alinearse a los objetivos que ahora se han planteado desde los organismos internacionales, ergo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos por 195 países en el marco de la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre pasado en la ciudad de Nueva York.

El caso de México, si bien a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se trazaron metas en concordancia con los objetivos antes referidos, éstas no han sido suficientes ni efectivas tomando en consideración la gravedad del problema.

Ello no necesariamente significa un error en el proceso de planeación de las líneas de acción o de las estrategias para la mitigación de la contaminación y la preservación del medio ambiente, sino a la combinación de factores que incluyen el desconocimiento de los resultados de la política pública, la falta de vigilancia y, por ende, de sanciones adecuadas para quienes contaminan por encima del marco regulatorio. Agrava la situación, la falta de conciencia de muchos habitantes y gobernantes que no logran dimensionar la envergadura del problema.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla un eje llamado “México próspero”, el cual incluye una estrategia que pretende “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.” Ello denota que el tema es considerado por el ejecutivo dentro de la agenda nacional, sin embargo, no ha sido del todo aterrizado en la base legal debida a fin de llegar a buen puerto.

Para tal caso, la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente contiene un apartado de “Prevención y control de la contaminación de la atmósfera”, el cual si bien es cierto engloba criterios para controlar y mitigar la contaminación de la atmósfera, no resulta lo suficientemente sólido, al no contar con límites máximos ni metas al respecto de la reducción de contaminantes en un espacio temporal predeterminado.

Aunado a lo anterior, ante la poca rigidez de la norma, se posibilita la existencia de lagunas jurídicas, por ejemplo, al respecto de la medición y reporte de contaminantes a cargo de la industria, ya que no es jurídicamente vinculante la norma elaborada para tal efecto, como la NOM-025-SSA1-2014, de Salud ambiental. Valores límite, permisibles para la concentración de partículas suspendidas PM 10 y PM 2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación.

Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para las autoridades federales y locales que tengan a su cargo la vigilancia y evaluación de la calidad del aire, las cuales deberán tomar como referencia los valores e indicadores establecidos en esta norma, para efectos de proteger también la salud de la población. Desgraciadamente este no es el resultado, la norma contiene límites y parámetros, pero al no ser jurídicamente vinculante no impone una obligación tácita que detone un mejoramiento significativo de la calidad del aire, es por ello que lo resulta fundamental es fijar la obligación del Ejecutivo de disminuir los índices al respecto mediante la obligación de establecer metas de disminución, es decir, de una mayor responsabilidad en este tema.

Esto es, si no se establecen metas determinadas de disminución de la contaminación, ya sea de partículas suspendidas, partículas de ozono o cualquier otro contaminante que se vean reflejados en índices anuales, se consiente que los parámetros que estos puedan alcanzar fluctúen libremente, por lo que nunca se encontrarán sujetos a un nivel óptimo que asegure un mínimo de salubridad para la población, ergo, la norma no está resultando funcional ni mucho menos adecuada para los objetivos que se plantean, que básicamente es mejorar la calidad del aire que todos respiramos.

El establecimiento de la obligación de que exista una meta de reducción en función de una línea base en la presente iniciativa fue considerada como primordial en atención a que las partículas menores a 10 micrómetros (PM10) sirven como núcleos de condensación del agua y de otros vapores, por lo que absorben metales pesados y agentes microbiológicos que al ser inhalados se transportan a los pulmones con las afectaciones consabidas, de allí que la norma a reformar no pueda admitir que se sobrepase dicho límite.

Los efectos sobre la salud dependen de la concentración de partículas a las que se exponen las poblaciones. Entre las afectaciones más recurrentes están las infecciones respiratorias, alergias y asma. Estas partículas son producto de actividades y procesos naturales o antropogénico como la construcción, los automotores a diésel, los incendios forestales, algunas industrias manufactureras y la re-suspensión del polvo de las calles.

En este mismo tenor, vale agregar que las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM 2.5) pueden alcanzar el espacio alveolar en los pulmones y el torrente sanguíneo, incrementando el riesgo de padecer enfermedades crónicas cardiovasculares y muerte prematura como lo referido párrafos arriba.

De contarse con una métrica en la ley que regula la materia, estaremos cuantificando la efectividad de la norma, al establecer parámetros objetivos de medición que permitirán evitar la subjetivación en la percepción de este problema.

De igual forma, se instaurará un sistema objetivo de responsabilidad, tanto respecto de los agentes contaminantes que sobrepasen el rango de contaminación ambiental permitido, como de las autoridades bajo cuya competencia se encuentre el resguardo del medio ambiente.

De contarse con una meta de reducción en la ley que regula la materia, estaremos cuantificando la efectividad de la norma, al establecer parámetros de referencia objetivos, los cuales permitirán evitar la subjetivación en la percepción de este problema y pondrán en el ojo público los resultados que en la materia la autoridad este consiguiendo, es decir, estaremos fincando una responsabilidad al Ejecutivo Federal en una asignatura a todas luces trascendente para la salud pública, que dicho sea de paso está contenida en una garantía constitucional.

Es en este sentido, y en virtud de que todas las fracciones del presente artículo, las existentes y las propuestas son complementarias y no excluyentes las unas con las otras, es que se plantea la segunda adición al artículo objeto de la presente iniciativa, los criterios de transparencia y el ejercicio de la rendición de cuentas hoy son una realidad y es necesario tenerlos presentes en todas las materias que son propias de la vida pública, más aún cuando dicha materia incide directamente sobre la calidad de vida de la población.

La obligación que se propone en la fracción IV de la iniciativa, obedece a los principios de accesibilidad, gratuidad, accesibilidad, máxima transparencia y total difusión que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, principios y objetivos contenidos en los artículos 2 y 4 de dicha ley, y que bien vale tener presentes a todo aquel que se encuentre relacionado con la función pública.

Finalmente, se hace constar en qué consiste la reforma propuesta al artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se señala en el siguiente comparativo:

Texto legal vigente

Artículo 110. Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país; y

II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

Texto legal propuesto

Artículo 110. Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país; y

II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

III. La secretaría emitirá, anualmente, una meta de reducción para las partículas de 2.5 y 10 micrómetros, así como el programa en el que se detallarán las acciones a ejecutar, teniendo como línea base la meta y el programa del año inmediato anterior; y

IV. Las políticas y estrategias de reducción de emisiones contaminantes deben ser del conocimiento de la población bajo los principios de máxima transparencia y amplia difusión.

Por lo expuesto y de conformidad a lo prescrito en el párrafo primero, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones III y IV al artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo único. Se adicionan las fracciones III y IV al artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 110. ...

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país; y

II. ...

III. La secretaría emitirá, anualmente, una meta de reducción para las partículas de 2.5 y 10 micrómetros, así como el programa en el que se detallarán las acciones a ejecutar, teniendo como línea base la meta y el programa del año inmediato anterior; y

IV. Las políticas y estrategias de reducción de emisiones contaminantes deben ser del conocimiento de la población bajo los principios de máxima transparencia y amplia difusión.

Artículo transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (2016). (Versión electrónica) Disponible en: http://www.pnuma.org/forodeministros/19mexico/documentos/decisiones/Contaminaci on_Atmosferica/Decision_Contaminacion_atmosferica.pdf (Consultado: 10 de abril de 2016).

2 Ídem.

3 Pnd.gob.mx. (2016). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. [Versión electrónica] Disponible en: http://pnd.gob.mx/ (Consultado: 11 de abril de 2016).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputado Juan Carlos Ruiz García(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Carlos Ruiz García, en su carácter de diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”: Nelson Mandela.

El anterior precepto representa una verdad irrefutable y constituye la cristalización de los principios del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus postulados, particularmente en lo que se refiere a que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.”

Aunado a lo anterior, se debe considerar que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como uno de sus pilares el “Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.” Vale agregar que esta agenda es un compromiso de todos los mexicanos, de legisladores, servidores públicos y ciudadanos, en virtud de que fue suscrita por el titular del Poder Ejecutivo federal en nuestro nombre el 25 de septiembre de 2015 en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

En razón de lo anterior es que resulta de toda pertinencia implementar todas las políticas y medidas jurídicas y fiscales que posibiliten alcanzar los preceptos de la educación en lo que a universalidad y fortalecimiento de los derechos humanos se refiere. Si bien en México la educación es un derecho constitucional y ésta debe ser gratuita en el nivel básico establecido en la Ley General de Educación, se encuentra abierta la opción de acceder a servicios educativos impartidos por particulares apegados a normas establecidas por la Secretaría de Educación Pública, por razones diversas que no se tocarán en el presente documento.

Uno de los caminos más asequibles para apoyar la universalidad de la educación es el fiscal, ya que un importante número de personas eligen la educación provista por instituciones particulares como la opción para educar a sus hijos, continuar su preparación para el trabajo y ayudar a la formación académica de sus familiares cercanos. Es de toda justicia en este sentido, que el Poder Ejecutivo federal apoye la educación que no puede brindar el Estado para la población.

Es precisamente la materia fiscal la que ocupa a la presente iniciativa, ya que representa un importante porcentaje del gasto que hacen un buen número de familias que ven en la educación privada una manera de otorgar una mejor educación a alguno de los miembros de la familia, y así brindar mayores oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida.

Otro de los beneficios que pretende obtener la presente iniciativa es el fortalecimiento de la economía de las familias, haciendo hincapié en las familias de clase media que se esfuerzan por proveer de una mejor educación a sus integrantes con el fin de dotarlos de mayores y mejores herramientas para su formación y posterior desempeño en el campo profesional.

Es justamente en atención a esta franja de la economía nacional que la presente iniciativa plantea que la deducibilidad sea por el costo total de los servicios educativos, ya que ello obedecería al principio de equidad tributaria, cumpliendo con el fin de hacer más asequible la educación para los mexicanos y que ésta sirva como un motor de progreso social que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en nuestro país, la cual cabe agregar ha disminuido en razón de erróneas políticas del ejecutivo federal, como la reforma energética y la reforma fiscal, las cuales redundaron en golpes a la economía de las familias mexicanas, ergo el gasolinazo de enero de 2017 y la consecuente alza de precios en productos de la canasta básica como la tortilla, el huevo y los cereales.

Para poner en contexto el esfuerzo que representa para una familia el pagar servicios educativos privados, vale traer a colación un estudio realizado por una institución bancaria, el cual enlistó el costo de la educación privada por cada uno de sus grados, se cita a continuación: “...el costo de la primaria en una escuela privada es de 300 mil pesos, y en secundaria alcanza los 150 mil pesos. [...] Mientras que en la preparatoria es de 250 mil pesos y la universidad 650 mil pesos; de manera que a lo largo de la formación académica de un hijo el gasto asciende a 2 millones de pesos y podría incrementarse si se agrega el precio de un posgrado, valuado actualmente en alrededor de 300 mil pesos.”

Si bien el impacto presupuestal de esta iniciativa debe ser considerado por el Poder Ejecutivo federal, el beneficio que acarrearía y el alivio en el bolsillo de las familias, sobre todo de clase media, sería de gran importancia, permitiendo que se oriente el gasto en otros rubros que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de las familias mexicanas.

Hay que decir en este sentido que es deber del Poder Ejecutivo federal maximizar los recursos con los que cuenta, transparentarlos e inhibir las prácticas corruptas que cuestan a nuestro país cerca del 9 por ciento del producto interno bruto, lo que es sustancialmente inferior al monto de los ingresos que dejarían de percibirse por la deducibilidad de las colegiaturas como se propone en este documento.

En síntesis, es nuestro deber como legisladores apoyar la educación en todos sus niveles, por todas las vías y ponderando por encima de todos los aspectos el respaldo de las instituciones públicas a las familias mexicanas con el objeto de mejorar su calidad de vida y el consecuente fortalecimiento de la economía nacional.

Finalmente, se hace constar en qué consiste la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, misma que se señala en el siguiente cuadro comparativo:

En razón de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. ...

IX. El monto total de los pagos por servicios educativos de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, normal, universitaria y de posgrado realizados por el contribuyente para sí, o para su cónyuge, sus descendientes, ascendientes y dependientes económicos.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Queda sin efecto el artículo 1.9 en materia de deducibilidad de colegiaturas del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 26 de diciembre de 2013.

Notas

1 Un.org. (2017). La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas. Versión electrónica disponible en:

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ Consultada: 13 de febrero de 2017.

2Desarrollo Sostenible. (2017). Educación - Desarrollo Sostenible. Versión electrónica disponible en:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ Consultada: 13 de febrero de 2017.

3 Monitor Nacional. (2017). Estudio: ¿Cuánto cuesta la educación privada en México? Versión electrónica disponible en:

http://www.monitornacional.com/cuanto-cuesta-la-educacion-privada-en-mexico/ Consultado: 13 de febrero de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre del año 2017.— Diputado Juan Carlos Ruiz García(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Carlos Ruiz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral I, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, me permito poner a la consideración de esta tribuna, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo tercero al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer en dicho cuerpo normativo el idioma español como lengua oficial de la nación mexicana, y el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales.

Lo anterior bajo la siguiente:

Exposición de motivos

El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo. Con ocasión de dicha celebración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elaboró un informe acerca de las “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, en el que se da cuenta en números acerca de la realidad que viven los indígenas mexicanos.

En dicho informe se indica que: “En México la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia y lengua dan sentido de pertenencia e identidad al país... el criterio para identificarlo es la condición de ser hablantes de alguna lengua indígena.”

Al 2015, el Inegi señaló que: “En México hay 7 millones 382 mil 785 personas de tres años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional; de las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres.”

Inegi identifica que, en 494 municipios del país, más del 40 por ciento de sus habitantes son hablantes de lengua indígena, siendo Oaxaca la entidad federativa que concentra más municipios con mayor porcentaje de habitantes indígenas (245).

Conforme al mismo informe, el 13 por ciento de la población indígena nacional sólo puede expresarse en su lengua materna (no español), situación que se ve acrecentada en el caso del colectivo femenino al registrarse que el 32.2 por ciento de las mujeres hablantes de lengua indígena, no puede incorporarse al mundo laboral formal por carecer de habilidades lingüísticas en español, condición que las supedita a trabajar por cuenta propia.

De la misma forma, el informe evidencia que: “La distribución por grupos de edad y sexo de este grupo de población para 2015, muestra que 45.3 por ciento de la población que habla lengua indígena tiene menos de 30 años, mientras que poco más de la mitad (50.9 por ciento) de la población total del país se encuentra en ese rango de edad. La proporción de niños y jóvenes hablantes de lengua indígena es inferior respecto a la población nacional; para el caso de los hablantes de lengua indígena de entre 3 a 14 años, representa 20.4 por ciento y para los jóvenes de 15 a 29 años, 24.9 por ciento; en tanto para el total de la población en el país, 23.6 por ciento es población infantil y 27.3 por ciento jóvenes.”

Asimismo, el informe pone de manifiesto que las lenguas indígenas más habladas en México son: “náhuatl (23.4 por ciento), maya (11.6), tzeltal (7.5), mixteco (7), tzotzil (6.6), zapoteco (6.5), otomí (4.2), totonaco (3.6), chol (3.4), mazateco (3.2), huasteco (2.4) y mazahua (2 por ciento).”

Pese a la importancia de la lengua como condición de identificación y de sentido de pertenencia de un importante número de compatriotas, su invaluable aporte a la cultura nacional e internacional y la relevancia de ésta como antecedente histórico, en sus ya 100 años de vida, nuestra Constitución Política no ha establecido dentro de su articulado cuál es el idioma oficial de nuestro Estado federativo ni, mucho menos, ha contemplado la coexistencia de un idioma oficial con otras lenguas indígenas, lo que vulnera el derecho de todos los indígenas a conservar su propia identidad.

A este respecto, debe considerarse que la Organización de naciones Unidas (ONU) estima, al igual que Inegi, que el idioma o lengua es uno de los criterios primordiales para determinar la condición de indígena, a los que se pueden agregar la presencia de un vínculo fuerte con el territorio y los recursos naturales; sistemas sociales, económicos o políticos particulares; y la existencia de una cultura y creencias propias, por nombrar algunos.

Tal es la importancia de las lenguas o idiomas indígenas para la ONU que cientos de personas indígenas acuden, anualmente, a las sesiones del Foro Permanente y el Mecanismo de expertos, o ante el Relator Especial para los pueblos indígenas, con el fin de externalizar las cuestiones relativas al ejercicio de sus derechos humanos y ser asesorados en cuanto a la preservación de su patrimonio cultural intangible, entre ellos, su lengua.

En este sentido, cabe tener presente el estudio del Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas, creado en el año 2007 por el Consejo de Derechos Humanos de la misma organización, y por el cual se develó el importante papel de los idiomas y la cultura en la promoción y protección de los derechos y la identidad de los pueblos indígenas (A/HRC/21/53), estudio realizado entre 2011-2012, y que ha servido de base a las propuestas presentadas a dicho Consejo para la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

De la misma manera, habrá que recordar que el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege los derechos de las personas pertenecientes a minorías a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

La diversidad cultural se encuentra, igualmente, reconocida en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural (Unesco, 2001) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Unesco, 2005), el Convenio 169 de la OIT, entre otros.

Valioso resulta a este respecto el trabajo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), mediante programas que, entre otros, resguardan las lenguas en peligro de desaparición, la diversidad cultural y lingüística en la educación, los sistemas de conocimiento locales e indígenas y la cartografía cultural, no por nada esta institución ha señalado que: “Todo idioma refleja una visión del mundo única en su género, con su propio sistema de valores, su filosofía específica y sus características culturales peculiares. Su extinción supone una pérdida irrecuperable de los conocimientos culturales únicos que se han ido encarnando en él a lo largo de los siglos. Entre ellos figuran algunos de índole histórica, espiritual y ecológica que pueden ser esenciales no sólo para la supervivencia de sus hablantes, sino también para las de un número incalculable de personas. La lengua es una fuente de creación y un vector de la tradición para la comunidad de sus hablantes. Es un soporte de su identidad y un elemento esencial de su patrimonio cultural.”

Llegados a este punto, habiendo dilucidado la importancia de la lengua como elemento de identidad, y la inexistencia de una norma constitucional que prescriba cuál es el idioma oficial de México, es posible constatar que otros ordenamientos jurídicos en el mundo han instituido el estatus constitucional del español y de otras lenguas originarias como idioma o lenguas oficiales.

Así, la Constitución Política española mandata, en su artículo 3 que:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

Por su parte, el Estado plurinacional de Bolivia fomenta, en su Constitución Política, el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe, y se reconoce el derecho a la identidad cultural de las naciones y pueblos indígenas (artículos 1; 9, número 2 y 3; 30, fracción II.2; 100 fracción I y III), estableciendo su artículo 171, número 1 que “Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen garantizando del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas y costumbres e instituciones.”

En razón de lo anterior es que mediante la presente iniciativa se propone adicionar un párrafo tercero, al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocer, a través del texto constitucional, que el idioma oficial de México es el español y que las lenguas indígenas son lenguas nacionales.

Con ello, se estará saldando una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, se reafirmarán compromisos internacionales, especialmente los mencionados en los párrafos anteriores, se estará dando reconocimiento constitucional al derecho humano de los indígenas de emplear y preservar sus lenguas originarias, y nuestras lenguas originarias, y se estará constituyendo un nuevo criterio del actuar de los órganos y poderes del Estado, en lo que cabe a la prescripción contenida en el artículo 1 constitucional, en claro reconocimiento a nuestra composición pluricultural y multilingüística, y a la imperiosa necesidad que se desarrollen políticas públicas para la adecuada integración cultural, en la Nación mexicana de las comunidades indígenas que integran su territorio.

Se propone que tal adición posea rango constitucional, con el objeto de dar claridad y certeza jurídica del rol que para el Estado mexicano reviste su composición multicultural, imponiendo obligaciones correlativas a todas las autoridades naciones, de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, para respetar, promover, resguardar y garantizar la práctica del español y de las lenguas originarias, así como su enseñanza, en los lugares en donde estén asentadas las comunidades indígenas que las hablan.

De esta manera se procurará un desarrollo educativo y cultural de la población mexicana más equilibrado, con una visión de futuro que resguarde, de forma fehaciente, su valioso patrimonio multicultural.

En este orden de ideas, es pertinente mencionar el trabajo que desde la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), en su carácter de foro en el que se involucran las asambleas parlamentarias de los Estados, y que en México está representada en la presente LXIII Legislatura por los diputados Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Basáñez García, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Bejos Nicolás, del Partido Revolucionario Institucional; Elio Bocanegra Ruiz; del Partido de la Revolución Democrática; Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional; José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Pablo Elizondo García, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Antonio Neblina Vega, del Partido Acción Nacional; Dora Elena Real Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, y Cirilo Vázquez Parissi, del Partido Revolucionario Institucional.

A través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que me honro en presidir, se han analizado diversos temas relativos a la educación, la juventud, la ciencia y la tecnología, la promoción de la cultura, la defensa de la diversidad cultural y la preservación del patrimonio lingüístico en América.

Es precisamente en el marco del trabajo de la Comisión, que se ha hecho hincapié por parte de legisladores de todo el continente en la preocupación y el compromiso que existe por salvaguardar y promover los valores lingüísticos y culturales de las naciones, ya que de ello depende en gran medida la preservación de las raíces que dan identidad, cohesión y fuerza a las naciones para fincar las bases de su desarrollo.

No hay que perder de vista que, el patrimonio lingüístico de una nación tiene más valores adicionales a los culturales; esto es, representa un fuerte componente de cohesión social, lo cual refuerza la cohesión lingüística de las comunidades y pueblos originarios, en obvio favor de la fuerza y representatividad de dichas comunidades y por ende de los países que las albergan de cara a la globalización que cotidianamente estandariza mayores elementos de la vida de los individuos, la forma de escribir, de hablar, etc.

A este respecto, habrá que reconocer el esfuerzo que el Poder Ejecutivo federal, a través de su secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ha puesto en promover un nuevo modelo educativo, el cual tras un cuidadoso proceso de consulta público y diseño está por implementarse en las escuelas que conforman la educación pública en México.

Lo anterior cobra relevancia, en virtud de que este nuevo modelo educativo busca, entre otros objetivos, implantar la educación bilingüe en nuestro país, enseñando ahora como parte de los planes de estudio en la educación básica la lengua inglesa de forma obligatoria. En ese sentido, es absolutamente necesario reconocer primero, el idioma español como lengua oficial de nuestro país y, en segundo lugar a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, a fin de salvaguardar uno de nuestros más importantes elementos de cohesión social.

Finalmente, habrá de considerarse que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de Naciones Unidas, a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), suscrita por el presidente Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2015, estipula no sólo el deber de reconocer a los pueblos indígenas en sus diferencias culturales (entre ellos, su lengua), sino también la obligación de elevar el nivel educativo de éstos, principalmente, a través del ODS 4, consistente en: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, y sus metas: 5 “Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional”; y 7 “Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios”.

No hay que olvidar que, si bien estos ODS fueron suscritos por el Ejecutivo federal y la puesta en marcha de los mismos forman parte de la agenda prioritaria del gobierno, es tarea de todos los mexicanos implementarlos. Sólo a través de la consecución de ellos, nuestro país podrá alcanzar niveles óptimos de desarrollo y crecimiento sostenible, y podrá respetar en forma efectiva los derechos humanos de todas las personas que integran nuestra gran nación.

El ODS número 4 constituye, sin lugar a dudas, una valiosa área de oportunidad en el ámbito de la educación formal, no formal e informal, en cuanto contribuye a fomentar las capacidades de las personas indígenas en base al conocimiento de su acervo histórico, su cultura y su idioma, posibilitando una verdadera participación de éstas en todos los ámbitos de la actividad social, económica y política, para lo cual el desarrollo de políticas educativas, con perspectivas de lenguas indígenas, permitirán una integración efectiva de nuestros pueblos originarios en la vida nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo la aprobación, por esta honorable asamblea legislativa, del siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los restantes párrafos en su orden consecutivo, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

...

En la Nación el idioma oficial es el español. El Estado reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, las cuales forman parte del patrimonio cultural de la Nación, por lo cual, el mismo promoverá su estudio y preservación.

...

...

...

A. ...

I. ... a VIII. ...

B.   ...

I. ... a IX. ...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 2016, inegi.org.mx, sala de prensa “Estadísticas a propósito del... Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, fecha de acceso: 29 de octubre de 2016, disponible en la dirección web:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf

2 2016, unesco.org, Preguntas frecuentes sobre lenguas en extinción, fecha de acceso: 29 de octubre de 2016, disponible en:

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/ faq-on-endangered-languages/

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017.— Diputado Juan Carlos Ruiz García(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que adiciona los artículos 25 y 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Carlos Ruiz García, en su carácter de diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 25 y 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La economía de las familias mexicanas ha sufrido duros embates en los últimos meses, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento mensual de 1.70 por ciento, así como un alza en la tasa de inflación anual de 4.72 por ciento al mes de enero del presente año. Esto es, el poder adquisitivo de la población sigue bajando como en los últimos cuatro años, las familias pueden comprar menos bienes y alimentos día con día.

Lo anterior ha sido atribuido a múltiples variables económicas por parte del Poder Ejecutivo federal, sin embargo, no se ha tomado la responsabilidad debida por parte de su titular, principal promotor de una reforma energética y fiscal fallidas y que no han hecho otra cosa que mermar la economía de las familias mexicanas. Ello ha causado el incremento de los precios de gasolinas y diésel, lo cual evidentemente ha generado el aumento de los precios por el incremento en el costo de traslado de productos, bienes y servicios.

De igual forma se refiere que ha sido una reforma fiscal fallida en virtud de que no se ha aumentado la base gravable como la mejor fórmula para aumentar la recaudación, por el contrario, se sigue apretando el bolsillo de un porcentaje menor de contribuyentes cautivos que mes a mes reportan sus respectivos impuestos a la hacienda pública. En contraste, el Poder Ejecutivo federal ha dejado de cobrar impuestos a grandes consorcios sin fundamento alguno, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó multas y créditos fiscales a un total de 7 mil 108 empresas, 607 dejaron de pagar 48 mil 421 millones de pesos. El resto fue perdonado por 2 mil 423 millones de pesos.

Esta situación, además de resultar indignante, se encuentra fuera del marco de la ley y debe tener una consecuencia y una solución de forma inmediata, ya que falta al principio de igualdad que debe privar en la contribución al erario que debemos hacer todos los mexicanos y quienes obtengan ingresos en nuestro país.

Por ello, es necesario procurar para los contribuyentes cumplidos y leales incentivos suficientes para que continúen percibiendo que el cumplimiento de la ley fiscal es el camino correcto para manejar sus patrimonios y que tiene repercusiones positivas en su vida diaria. Si adicionalmente a ello encontramos un problema que puede ser aliviado con la provisión de incentivos fiscales se está planteando una buena alternativa.

En este orden de ideas es oportuno tener presente que la contaminación ambiental es un problema de salud pública que causa, entre otros efectos, el detrimento de la calidad de vida de la población, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, disminución de la productividad nacional y la muerte de al menos 22 mil personas anualmente, según estimaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En términos económicos, la contaminación nos cuesta 3 mil 396 millones de pesos anualmente y los gastos en salud derivados de padecimientos originados por la contaminación ascienden a 728 millones de pesos anuales. Estos costos, si bien no son el más grave efecto de la contaminación, nos permiten aterrizar y poner sobre papel un aspecto que bien podría prevenirse con la suma de esfuerzos en todos los campos posibles, como el fiscal para el caso de la presente iniciativa.

La propuesta de esta iniciativa radica en incentivar, mediante el beneficio de la deducción, la compra de automóviles híbridos y eléctricos, a fin de aumentar el parque vehicular de esta clase de automóviles, los cuales generan un 68 por ciento de ahorro en gastos y reducen a más de la mitad las emisiones al aire que los automóviles de combustión interna convencionales.

Los automóviles eléctricos y/o híbridos son aquellos en los que se utilizan sistemas de propulsión híbridos, pudiendo ser automóviles, camiones, bicicletas y motocicletas. El término se refiere más comúnmente al vehículo híbrido eléctrico, el cual incorpora para su funcionamiento un motor de combustión interna y uno o varios motores eléctricos, los cuales proporcionan distintos rangos de autonomía y emiten un porcentaje mucho menor de emisiones que los motores de combustión interna.

Al año 2012, el Inegi informó que existía un parque de vehículos automotores registrados de 34 millones 874 mil 655 unidades, por lo que el aumentar los automóviles eléctricos e híbridos demanda toda nuestra atención, más aún de la atención del Poder Legislativo federal, que tiene el deber de explorar y proponer todos los caminos que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Vale agregar que mediante el incentivo fiscal propuesto estamos abonando al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que nuestro país suscribió y que no es de la atención exclusiva de alguna autoridad, sino que se trata de una agenda global que requiere del esfuerzo de todos los actores del gobierno y de la población en general.

A este mismo respecto, es preciso señalar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que serían abonados son diversos, ergo, el “objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” y el “objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. En este objetivo se enlista la meta siguiente: “Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.” De sobra se observa que los incentivos fiscales propuestos bien justifican el cumplimiento de la Agenda 2030 y sobre todo serían útiles para mejorar la calidad de nuestro medio ambiente.

Entre las propuestas se plantea el beneficio de la deducción para autos híbridos y/o eléctricos sin importar su costo, ya que la oferta actual de esta clase de autos en México tiene diversos precios, los cuales van desde los 351 mil pesos de un modelo de la armadora Toyota, hasta 1 millón 104 mil pesos que cuesta un auto de Volkswagen. Esto es, aún estamos frente a un mercado muy reducido, pero eventualmente será ampliado gracias a incentivos fiscales como los que aquí se proponen y otros de carácter complementario que deberán irse sumando a fin de mejorar nuestro medio ambiente.

Es precisamente este el objetivo secundario de esta iniciativa, promover variables que permitan que en un futuro próximo el mercado de los autos eléctricos y/o híbridos sea tan vasto que los precios sean más asequibles para un mayor número de personas. En el 2016, de enero a agosto se vendieron apenas 176 autos eléctricos en México, según lo dio a conocer en su más reciente reporte la Asociación Mexicana de Industria Automotriz (AMIA).

En el resto del mundo, las armadoras de automóviles ofrecen una mayor oferta, lo que ha sido posible gracias a que las legislaciones nacionales de muchos países incentivan fuertemente tanto la fabricación como la adquisición de estos autos, en favor del medio ambiente y de la calidad de vida de sus poblaciones. Un ejemplo es Renault o Tesla, que no tienen presencia en este segmento en nuestro país y sí cuentan con productos con las características objeto de la presente iniciativa.

Por último, es pertinente subrayar que si bien las medidas propuestas tendrán incidencia en los ingresos que recauda la hacienda pública, estos no son de ninguna manera superiores a los que cuesta la contaminación ambiental en términos de enfermedades por atender y pérdida de la competitividad como lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en diversos estudios antes referidos.

Finalmente, se hace constar en qué consiste la presente iniciativa con proyecto de por el que se adicionan los artículos 25 y 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, misma que se señalan en el siguiente cuadro comparativo:

En razón de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 25 y 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Único. Se adiciona una fracción XI al artículo 25, y se adiciona una fracción II al artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. ... a X. ...

...

XI. El costo total de la enajenación de automóviles eléctricos y/o híbridos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por energía térmica y/o eléctrica.

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

I. ...

II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00. Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos y/o híbridos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por energía térmica y/o eléctrica, serán deducibles por el 100 por ciento del monto.

...

III. ... a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá realizar las adecuaciones pertinentes a fin de que el presente decreto entre en vigor y sea incorporado para el siguiente ejercicio fiscal.

Notas

1 Banxico.org.mx. (2017). Índice de inflación y precios al consumidor. Versión electrónica disponible en:

http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html Consultado: 10 de febrero de 2017.

2 Imco.org.mx. (2017). ¿Cuánto nos cuesta la contaminación del aire en México? | Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. Versión electrónica disponible en:

http://imco.org.mx/calculadora-aire/ Consultado: 10 de febrero de 2017.

3Inegi.org.mx. (2017). Consulta interactiva de datos. Versión electrónica disponible en:

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/ MDXQueryDatos.asp?proy=vmrc_vehiculos Consultado: 11 de febrero de 2017.

4Desarrollo Sostenible. (2017). Ciudades - Desarrollo Sostenible. Versión electrónica disponible en:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ Consultado: 11 de febrero de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre del año 2017.— Diputado Juan Carlos Ruiz García(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Carlos Ruiz García, en su carácter de diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero, del artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los índices de contaminación en México han alcanzado números alarmantes, se tienen registros de 20 mil muertes al año originadas por la contaminación de nuestra atmosfera. Según los mismos registros en poder del Instituto Nacional de Salud Pública, 9 mil 600 de dichas muertes ocurren en la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, en lo que hoy conocemos como la Megalópolis.

Para ejemplificar y cuantificar el dicho anterior, es preciso agregar que la contaminación atmosférica se ubica en el lugar nueve de la lista de factores que provocan más enfermedades y decesos en México. En este sentido, cabe asentar que aproximadamente 28 millones de mexicanos aún padecen exposición al humo de leña, carbón y biomasa que utilizan cotidianamente para cocinar y calentar sus hogares a consecuencia de las condiciones precarias en las que deben subsistir.

Los datos son contundentes en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asevera que los contaminantes atmosféricos, que se encuentran por encima de los contaminantes de los cuerpos de agua, contribuyen de manera decisiva al desarrollo de padecimientos cardiacos y pulmonares, esto es, fácilmente pueden detonar cáncer de pulmón y transtornos al corazón, además de accidentes cerebro vasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma.

Otro dato de la OMS publicó dice que una evaluación de 2013 realizada por la Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la organización determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga.

Para contener este grave problema, la OMS emite constantemente recomendaciones acerca de los niveles máximos de contaminantes en la atmosfera que un ser humano puede soportar para no ver comprometida su salud; desgraciadamente en México tres de las ciudades más densamente pobladas y con mayor actividad económica se encuentran por encima de dichas recomendaciones de la OMS, Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México, capital del país.

En estas tres ciudades, como se mencionó arriba, son de las más densamente pobladas en México, entre Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México en total viven 11 millones 420 mil 399 personas, según datos reportados en censo del Inegi del año 2015.

Lo anterior pone de manifiesto el grave problema de salud pública que se anida bajo la contaminación atmosférica, miles de muertes atribuibles a ella en uno de los grupos poblacionales más vulnerables, como lo son los adultos mayores de 65 años.

Es por ello que todos los trabajos que puedan originarse en el Poder Legislativo Federal y en particular de la Cámara de Diputados, no pueden ser dejados de lado y efectivamente lanzados al pleno para abrir el debate en esta materia y contribuir al mejoramiento de nuestro medio ambiente.

A este respecto es que la presente iniciativa busca ser un esfuerzo más por fortalecer los cuerpos jurídicos en materia de protección al ambiente, en esta oportunidad en lo que se refiere al acceso a la información ambiental con la que cuentan las instituciones gubernamentales en lo tocante a la contaminación atmosférica y medioambiental, por ejemplo, aquella que refiere a los índices de contaminación por ozono y/o bióxido de carbono.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la mano del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) son las instituciones públicas facultadas para conocer de los niveles de contaminación atmosférica y a su vez son las instancias encargadas de informar a la población dichos índices a fin de que esta se prevenga y tome acciones en consecuencia de la alta contaminación para resguardar su salud.

Si bien es cierto el acceso a la información pública está consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la materia aún tiene retos por cumplir en las leyes secundarias que posibiliten y garanticen, en la praxis, el cumplimiento de la constitución.

Es por ello que la presente iniciativa busca reforzar la garantía del acceso a la información pública gubernamental, adicionando de forma expresa la gratuidad en el acceso a la información pública, como parte integrante del principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 6, apartado A), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, deberá tenerse presente que el derecho de acceso a la información gubernamental se encontraba circunscrito sólo a este artículo 6o. constitucional y a otras disposiciones de carácter administrativo en el ámbito federal y local, situación que se revirtió con la publicación de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el año 2003, la que estatuyó que la información del Estado mexicano es pública y que los particulares podrían acceder a ella mediante procedimientos gratuitos, sencillos y expeditos, sin tener que expresar interés jurídico alguno o justificar su utilización, con la única limitante que dicho acceso no contraviniera el interés público o pudiera violar la privacidad de las personas.

Esta norma fue ratificada y mejorada mediante la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información púbica, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 7 de febrero de 2014 y pormenorizada en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor el 4 de mayo del año 2015, en la que se establece que los datos abiertos deben ser gratuitos, y se consagra expresamente que: “el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.”

Asimismo, este texto normativo estipula en forma expresa que los sujetos obligados deberán garantizar, en la generación publicación y entrega de la información, la accesibilidad, confiabilidad, veracidad y oportunidad de ésta,  a fin de asegurar a todas las personas que la información que reciban, sea través de una solicitud de información o por aplicación del deber de transparencia proactiva, es confiable y apegada a la verdad, de tal manera que las decisiones que ellas adopten en observancia a ésta sean las más óptimas.

En el contexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente resulta trascendental que la información otorgada por los sujetos obligados sea veraz y oportuna, atendido la relevancia de las decisiones en materia de políticas públicas de salud y protección del medio ambiente, situación que queda de manifiesto al considerar las estadísticas a las que se ha hecho referencia anteriormente.

Del mismo modo, armonizar el contenido del párrafo tercero, del artículo 159 Bis 3 con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular, en cuanto al acceso a la información pública mediante solicitud de información la cual deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 124 del dicho texto normativo excluyéndose, explícitamente, fundamentar su solicitud de información en cuanto a los motivos que los impulsan a hacer ejercicio de su derecho de acceso a la información, por haber considerado el legislador al momento de ponderar este derecho, que la exigencia de motivación obstaculizaba en la práctica, el ejercicio de éste.

Por último, estimar el reemplazo de la expresión “Distrito Federal” por la de “Ciudad de México”, en consideración a la reforma política del Distrito Federal, publicada con fecha 29 de enero del presente año, y sin perjuicio del artículo Décimo Cuarto Transitorio de dicho decreto, por el cual se mandata que toda alusión al Distrito Federal se entiende efectuada a la ahora Ciudad de México. Ello, con el fin de reformar, en lo conducente, esta Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para enfatizar el deber de los sujetos obligados en materia de transparencia en el ámbito de la protección del medio ambiente.

Finalmente, se hace constar en qué consiste la reforma propuesta al párrafo primero del artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que se señala en el siguiente cuadro comparativo:

Texto legal vigente

Artículo 159 Bis 3. Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por esta Ley. En su caso, los gastos que se generen, correrán por cuenta del solicitante.

...

Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito,especificando claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.

Texto legal propuesto

Artículo 159 Bis 3. Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los Estados, la ciudad de México y los Municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por esta Ley y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, especialmente, en cuanto a la gratuidad, veracidad y oportunidad de ella.

 ...

Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, sin necesidad de expresión de motivos, en los términos del artículo 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo prescrito en el párrafo primero, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero, del artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo único. Se reforman los párrafos primero y tercero, del artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 159 Bis 3. Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por esta Ley y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, especialmente, en cuanto a la gratuidad, veracidad y oportunidad de ella.

...

Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, sin necesidad de expresión de motivos, en los términos del artículo 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Who.int. (2016). OMS | Calidad del aire (exterior) y salud. [versión electrónica] disponible en

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ [consultada 24 de abril de 2016].

2 Who.int. (2016). OMS | Calidad del aire (exterior) y salud. [versión electrónica] disponible en

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ [consultada 24 de abril de 2016].

3 Cuentame.inegi.org.mx. (2016). Información por entidad. Cuéntame. [versión electrónica] disponible en

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/default.aspx?tema=me [consultada: 25 de Abril de 2016].

4 Artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

5 Artículo 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputado Juan Carlos Ruiz García(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, somete a consideración de ésta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos 60 años, el turismo se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía mexicana, principalmente como generador de divisas, empleos e impulsor del progreso regional. El turismo es un instrumento generador y distribuidor de riqueza y trabajo, es un movilizador que canaliza la inversión para producir una expansión económica. Asimismo, genera un mercado de empleos diversificado con una baja inversión, crea una balanza de pagos favorable y desarrolla las actividades económicas locales.

Desde hace 10 años, México ha sido el octavo destino turístico en el mundo, en 2014 fue visitado por más de 25 millones de personas. La actividad turística generó una derrama de más de 12 mil millones de dólares, colocándose como la cuarta actividad más importante en la captación de recursos económicos, sólo debajo de las exportaciones, la inversión extranjera y las remesas remitidas desde el extranjero. Durante el primer semestre de 2016, México ha recibido cerca de 11 millones de turistas extranjeros, lo que representó un aumento de 3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

La actividad turística contribuye con cerca de 9 por ciento del producto interno bruto (PIB), con más de 40 mil empresas en el ramo, generando más de 7 millones de empleos.

Derivado de la importancia del tema, es necesario fijar la atención en quienes propician que esta actividad económica sea lo exitosa que es; este es el caso de los guías de turistas, conocidos como la “cara visible del sector”, quienes se encargan de atender, asistir, conducir, informar, supervisar, hacer cumplir lo ofrecido, y orientar al turista durante su estadía en un país nuevo y desconocido. Son los responsables de enseñar e interpretar la cultura del país y de mostrar las riquezas culturales y naturales del mismo, transmitiendo respeto hacia el patrimonio a través de presentar a la audiencia una gran variedad de temas ilustrativos y de referencia.

Los guías de turistas deben desarrollar paralelamente un sistema de valores y un sistema de competencias integral, entre los principales valores se destacan la honestidad, responsabilidad, solidaridad, justicia, identidad cultural, entre otros. En el ámbito de las competencias, debe tener actitud de servicio, proactividad, amabilidad, empatía; así como conocimientos geográficos, históricos, arqueológicos, arquitectónicos, ecológicos enfocados al turismo.

Entre sus principales funciones se encuentran las de conducir la visita turística, lo cual implica un conocimiento teórico y empírico del espacio físico y de las características del entorno en el que ésta se desarrolla, además, brindan información sobre los puntos de interés en el recorrido y explican su atractivo. Para ello, los guías deben poseer un acervo de conocimientos científicos, técnicos y populares que suelen ser de interés de los turistas.

Aunado a lo anterior, asisten al turista, ayudándolo en todo lo que sea posible, por ejemplo a comunicarse con el mesero de un restaurante, facilitan la operación de cambio de moneda, prestan los primeros auxilios en caso de ser necesario; además, orientan y asesoran al turista al sugerirle sitios de compra, lugares donde comer, otros lugares turísticos, advirtiéndole sobre zonas inseguras o sobre determinadas costumbres locales.

Por lo anterior, es necesario que la estructura gubernamental regule su actividad, que no sólo determine los tipos de especialización y los requisitos académicos y administrativos a cumplir, sino que se establezcan mecanismos efectivos de acreditación, seguimiento, evaluación, retroalimentación del desempeño y apoyo para el desempeño eficiente de sus funciones.

En el caso de México, la Secretaría de Turismo federal, a través de la Dirección General de Certificación Turística; acredita a los guías de turistas de acuerdo a las Normas Mexicanas Oficiales NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002, donde se define la actividad como el conducto por el que se da a conocer el patrimonio natural y cultural de los destinos con los que cuenta el país. Reconoce la importancia de su trabajo al mencionar que la relación que establecen los guías con los visitantes y la manera de presentar los atractivos turísticos posibilita la repetición y recomendación del país visitado, lo que redunda en beneficios económicos para el país.

De igual manera, mencionan que las nuevas tendencias de la demanda exigen contar con guías altamente capacitados; en este sentido, las normas previenen esquemas definidos para la obtención de la credencial de reconocimiento en la formación de los guías, con los que se demuestra el reconocimiento de los altos niveles de seguridad y respeto al medio ambiente y a las comunidades con que los turistas deben desarrollar actividades y de las cuales, los guías forman parte.

Se sabe que en un gran porcentaje, la labor de los guías incide directamente en que los turistas se lleven una buena impresión del lugar que visitaron. Por desgracia, a pesar de su valiosa aportación para el desarrollo del turismo y de la economía nacional, se trata de un gremio laboral muy desprotegido, que en la mayoría de los casos no cuentan con prestaciones laborales, no cuentan con seguridad social, con fondo para el retiro, con prestaciones médicas, ni perciben un salario fijo y que, no siendo poco lo anterior, se ven en la necesidad de erogar parte del producto de su trabajo para tener acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas federales, donde pretendan desempeñar sus funciones.

Se trata de una labor importante que está prácticamente en desamparo, no existen programas o acciones gubernamentales que los apoyen y que faciliten el desempeño de su labor, a pesar de las estrictas medidas existentes para su acreditación.

En ese sentido, con la intención de apoyar a este sector laboral, el 16 de febrero de 2016, presenté una proposición con punto de acuerdo por el que se solicitó al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Turismo federal y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, promovieran acciones para garantizar que los guías de turistas tengan acceso sin costo a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la federación.

En atención a lo anterior, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, fue la abocada al estudio y dictamen de la proposición, donde expuso que coinciden con su espíritu, derivado de la importancia del trabajo de los guías de turistas, por lo que el 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhortó a la Secretaría de Cultura federal a promover el acceso sin costo a los guías de turistas debidamente acreditados, tal como fue solicitado en el punto de acuerdo del que se habla.

A pesar de lo anterior, el 27 de julio de 2016, el director general Jurídico de dicha secretaría, informó que para el acceso gratuito sin realizar el pago de la cantidad fijada como derecho en la ley correspondiente, es indispensable que el propio precepto legal lo señale de manera literal.

Por tanto, en atención a la falta de voluntad de generar un programa o política de apoyo a los guías de turistas, se estima necesaria la modificación del artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a efecto de legitimar la labor de los guías de turistas, impidiendo que para el desempeño de su trabajo, se vean en la necesidad de gastar sus propios recursos económicos.

Con lo anterior, se fomenta la profesionalización y el desempeño de personas en el campo de los guías de turistas y se reivindica su labor al proteger su salario.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos

Único. Se reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 288. Están obligados al pago del derecho por el acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la federación, las personas que tengan acceso a las mismas, conforme a las siguientes cuotas:

Áreas tipo AAA: $64.25

Áreas tipo AA: $61.60

Áreas tipo A: $52.22

Áreas tipo B: $46.85

Áreas tipo C: $38.83

Tratándose del pago del derecho previsto en el párrafo anterior, después del horario normal de operación se pagará la cuota de $214.21

Para efectos de este artículo se consideran:

Áreas tipo AAA:

Zona Arqueológica de Palenque (con museo); Museo y Zona Arqueológica de Templo Mayor; Museo Nacional de Antropología; Museo Nacional de Historia; Zona Arqueológica de Teotihuacán (con museos); Zona Arqueológica de Monte Albán (con museo); Museo de las Culturas de Oaxaca; Zona Arqueológica de Tulum; Zona Arqueológica de Cobá; Zona Arqueológica de Tajín (con museo); Zona Arqueológica de Chichén Itzá (con museo); Zona Arqueológica Uxmal (con museo); Zona Arqueológica de Xochicalco (con museo); Museo Maya de Cancún y Sitio Arqueológico de San Miguelito; Zona Arqueológica Paquimé; Sitio Arqueológico Calakmul; Monumento Inmueble Histórico Templo San Francisco Javier (Museo Nacional del Virreinato); Monumento Inmueble Histórico Ex Convento San Diego (Museo Nacional de las Intervenciones); Zona Arqueológica Cholula (con museo); Sitio Arqueológico San Gervasio; y Galería de Historia.

Áreas tipo AA:

Zona Arqueológica Kohunlich; Zona Arqueológica Cacaxtla y Xochitécatl (con museo); Zona Arqueológica de Dzibilchaltún y Museo del Pueblo Maya; Sitio Arqueológico de Tamtoc; Sitio Arqueológico Ek-Balam; Sitio Arqueológico Xcambó; Sitio Arqueológico Bonampak; Zona Arqueológica Tula (con museo); Zona Arqueológica Mitla; Zona Arqueológica Xelhá; Sitio Arqueológico Xcaret; Zona Arqueológica Yagul; y Sitio Arqueológico Sierra de San Francisco.

Áreas tipo A:

Zona Arqueológica Becán; Zona Arqueológica de Edzná; Zona Arqueológica de Tonina (con museo); Museo Regional de Chiapas; Museo Regional de los Altos de Chiapas; Museo del Carmen; Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego; Museo Regional de Guadalajara; Zona Arqueológica de Malinalco; Museo Regional Cuauhnáhuac; Museo Regional de Nuevo León Ex Obispado; Museo Regional de Puebla; Zona Arqueológica de Cantoná; Museo Regional de Querétaro; Zona Arqueológica Dzibanché; Zona Arqueológica de Kinichna; Zona Arqueológica Chacchobén; Zona Arqueológica Comalcalco (con museo); Museo Regional de Tlaxcala; Museo Fuerte San Juan de Ulúa; Museo Local Baluarte de Santiago; Zona Arqueológica Vega de la Peña; Zona Arqueológica de Cuajilote; Museo Regional de Yucatán “Palacio Cantón”; Museo de Guadalupe; Zona Arqueológica de la Quemada (con museo); Museo Regional de la Laguna; Museo Regional de Colima; Zona Arqueológica Tzin tzun tzan (con museo); Museo de la Cultura Huasteca; y Zona Arqueológica de las Labradas.

Áreas tipo B:

Museo Regional Histórico de Aguascalientes; Museo de las Misiones Jesuitas; Zona Arqueológica Chicanná; Zona Arqueológica Xpuhil; Museo Casa Carranza; Ex convento de Actopan; Zona Arqueológica Calixtlahuaca; Museo Virreinal de Acolman; Zona Arqueológica Santa Cecilia Acatitlán (con museo); Zona Arqueológica de San Bartolo Tenayuca (con museo); Zona Arqueológica Tingambato; Zona Arqueológica Teopanzolco; Zona Arqueológica El Tepoxteco (Tepoztlán); Museo Casa de Juárez; Museo Histórico de la No Intervención; Museo del Valle de Tehuacán; Museo de la Evangelización; Fuerte de Guadalupe; Zona Arqueológica El Rey; Zona Arqueológica Oxtankah; Museo Regional de Sonora; Zona Arqueológica de Cempoala (con museo); Museo de Artes e Industrias Populares; Museo Tuxteco; Zona Arqueológica de Kabah; Zona Arqueológica de Labná; Zona Arqueológica de Sayil; Zona Arqueológica Gruta de Balankanché; Zona Arqueológica de Chacmultún; Zona Arqueológica Gruta de Loltún; Zona Arqueológica de Oxkintok; Museo Regional de Nayarit; Museo Arqueológico de Campeche; Museo Regional Potosino; Museo Casa de Allende; Museo Regional Michoacano; Zona Arqueológica la Venta (con museo); Zona Arqueológica la Campana; Zona Arqueológica San Felipe Los Alzati; Zona Arqueológica Chalcatzingo; Zona Arqueológica Ixtlán del Río-Los Toriles; y Zona Arqueológica el Meco.

Áreas tipo C:

Zona Arqueológica el Vallecito; Museo Regional Baja California Sur; Museo Arqueológico Camino Real Hecelchacán; Museo de las Estelas Mayas Baluarte de la Soledad; Museo Histórico Reducto San José El Alto “Armas y Marinería”; Zona Arqueológica de Balamkú; Zona Arqueológica de Hochob; Zona Arqueológica de Santa Rosa Xtampak; Zona Arqueológica El Tigre; Zona Arqueológica el Chanal; Museo Arqueológico del Soconusco; Museo Ex convento Agustino de San Pablo; Museo de Guillermo Spratling; Ex Convento de San Andrés Epazoyucan; Museo Arqueológico de Cd. Guzmán; Zona Arqueológica Los Melones; Zona Arqueológica de Tlapacoya; Monumento Histórico Capilla de Tlalmanalco; Ex Convento de Oxtotipac; Museo de Sitio Casa de Morelos; Zona Arqueológica de Ihuatzio; Zona Arqueológica Huandacareo La Nopalera; Zona Arqueológica Tres Cerritos; Museo Histórico del Oriente de Morelos; Zona Arqueológica Las Pilas; Zona Arqueológica Coatetelco (con museo); Ex convento y Templo de Santiago; Cuilapan; Zona Arqueológica de Dainzu; Zona Arqueológica Lambityeco; Capilla de Teposcolula; Ex convento de Yanhuitlán; Zona Arqueológica de Zaachila; Ex convento de Tecali; Museo del Arte Religioso de Santa Mónica; Zona Arqueológica de Yohualichan; Casa del Dean; Ex convento San Francisco, Tecamachalco; Ex convento de San Francisco Huaquechula; Zona Arqueológica de Toluquilla; Zona Arqueológica de Malpasito; Zona Arqueológica de Tizatlán (con museo); Zona Arqueológica de Tres Zapotes (con museo); Zona Arqueológica Las Higueras (con museo); Zona Arqueológica de Quiahiztlan; Zona Arqueológica Mayapán; Zona Arqueológica de Acanceh; Zona Arqueológica Ruinas de Ake; Zona Arqueológica Chalchihuites; Museo Arqueológico de Mazatlán; Museo de la Estampa Ex Convento de Santa María Magdalena Cuitzeo; Casa de Hidalgo, Dolores Hidalgo, Guanajuato; Pinacoteca del Estado Juan Gamboa Guzmán; Zona Arqueológica de Tenam Puente; Zona Arqueológica Las Ranas; y Zona Arqueológica de Muyil.

El pago de este derecho deberá hacerse previamente al ingreso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo.

Las cuotas de los derechos señalados en el presente artículo, se ajustarán para su pago a múltiplos de $5.00. Para efectuar este ajuste, las cuotas aumentarán o disminuirán, según sea el caso, a la unidad de ajuste más próxima. Cuando la cuota se encuentre a la misma distancia de dos unidades de ajuste, se disminuirá a la unidad inmediata anterior.

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, guías de turistas debidamente certificados por la Secretaría de Turismo Federal, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos, monumentos y zonas arqueológicas los domingos. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable para las áreas tipo AAA, en las visitas después del horario normal de operación.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 2o., fracción II y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Diario Oficial de la Federación de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, fue publicado el decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.

Con tales reformas, el artículo 122 de la Constitución reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización social, política y administrativa; estipula que para su régimen interior adoptará la forma de gobierno republicana, representativa, democrática y laica.

También menciona que para su ejercicio, su poder público se dividirá en Legislativo, que se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México; el Ejecutivo, quien tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; y el Judicial, que se sustenta en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución local.

Con respecto a su división territorial, dispone que el gobierno de sus demarcaciones territoriales estará a cargo de las alcaldías, entendidas como órganos político administrativos integrados por un alcalde y un concejo, ambos electos por votación universal, libre, secreta y directa.

Derivado del citado proceso constitucional federal devino la histórica creación y promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado cinco de febrero de dos mil diecisiete, en la cual se establece la parte dogmática con el reconocimiento de los derechos humanos; y la parte orgánica que dispone la forma de organización política y administrativa al interior de la entidad.

No obstante el valioso camino recorrido, el proceso de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa con plena autonomía aún no concluye en su totalidad, existen ordenamientos jurídicos federales que le dan un trato desigual en comparación a las facultades otorgadas a los denominados estados y a los municipios que los integran.

Para el caso que nos ocupa, la Ley sobre la Celebración de Tratados se erige como un instrumento legal permisivo en cuanto a la celebración de acuerdos interinstitucionales internacionales por parte de los estados integrantes de la federación y sus municipios, sin embargo, no reconoce dicha potestad a cargo de la nueva Ciudad de México, lo que la deja en estado de desventaja e indefensión.

Para efectos de ilustrar lo anterior, sirve la reproducción de los artículos 1o., 2o. y 7o. del ordenamiento en cita, a saber:

“ Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Artículo 2o. ...

I. ...

II. Acuerdo Interinstitucional: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

...

III. a VIII. ...

Artículo 7o. Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo.”

De lo anterior se desprende que, en estricto sentido, la Ciudad de México, en su calidad de entidad federativa, así como sus alcaldías, de naturaleza jurídica diversa a la de los municipios, no pueden celebrar acuerdos interinstitucionales internacionales, a pesar de que los estados y los municipios sí pueden. Trato desigual e injusto que no parece tener justificación lógica o jurídica alguna.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber:

“ Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.”

Como se aprecia, la Constitución federal dispone que la Ciudad de México es una entidad federativa (no un estado), siendo que la Ley sobre la Celebración de Tratados sólo faculta a los estados para celebrar acuerdos interinstitucionales, generando así una distinción que en la práctica no parece tener sentido.

Por ello, a pesar de contar con autonomía constitucionalmente reconocida, la Ciudad de México continúa padeciendo estragos relacionados con la antigua concepción jurídica que se tenía sobre el Distrito Federal, sin que, al interior de su legislatura autónoma local pueda resolver la contradicción del sentido jurídico y político que le fue otorgado desde inicios de dos mil dieciséis.

Es por tanto que al Congreso de la Unión le corresponde realizar lo que tiene a bien conocerse como “armonización legislativa”, misma que permite derogar leyes específicas, abogar cuerpos normativos, crear nueva legislación o reformar la existente, con la intención de hacer compatibles las normas del ordenamiento jurídico nacional, proveyendo certeza jurídica a quienes se ubican bajo sus supuestos.

Cabe aclarar que dicho proceso armónico no puede ser entendido como optativo, por el contrario, se trata de un deber jurídico de aplicación necesaria, cuya realización impide la contradicción entre las leyes, la generación de lagunas legislativas, la falta de certeza en la observación y aplicación de la norma, el debilitamiento de la fuerza y efectividad del ejercicio de los derechos o, como en este caso, la imposibilidad de ejercer la autonomía plena por omisión legislativa.

Por lo anterior, el propósito de la presente iniciativa es generar una definición incluyente que sin alterar el espíritu de la norma, entienda a los estados como entidades federativas, además de proveer a las alcaldías de las mismas prerrogativas con las que cuentan los municipios en cuanto a la aplicación de esta ley. Con lo anterior, se preserva el objetivo de la reforma a la naturaleza jurídica de la Ciudad de México al reconocérsele como entidad federativa con autonomía plena, evitando un innecesario trato desigual en detrimento de los acuerdos que volitivamente la administración pública local pueda celebrar.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1o., 2o., fracción II y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados

Único. Se reforman los artículos 1o., 2o., fracción II y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la administración pública federal, de las entidades federativas, de los municipios o de las alcaldías de la Ciudad de México y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Artículo 2o. ...

I. ...

II. “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, de las entidades federativas, de los municipios o de las alcaldías de la Ciudad de México y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

...

III. a VIII. ...

Artículo 7o. Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, de las entidades federativas, de los municipios o de las alcaldías de la Ciudad de Méxicodeberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el registro respectivo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

SE DECLARA EL 13 DE ABRIL DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL DE LAS CIENCIAS MATEMÁTICAS”

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que declara el 13 de abril como Día Nacional de las Ciencias Matemáticas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal, Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 13 de abril de cada año “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Las ciencias matemáticas son una habilidad necesaria para la humanidad, representan la principal herramienta con la que contamos para comprender el mundo que nos rodea. Su estudio es fundamental para el desarrollo intelectual de las personas, ayudan a pensar y entender con mayor claridad, de manera lógica y racional, fomentan la aplicación de la crítica y la abstracción, cualidades que, en su conjunto, permiten una mejor toma de decisiones y la resolución satisfactoria de cualquier problema.

Contribuyen a la adquisición de habilidades para la vida, a través de la formación de valores, actitudes y conductas que fungen como patrones que imponen coherencia en la interpretación de la realidad, por medio de la aplicación de métodos en búsqueda de exactitud en los resultados, evitando así la improvisación.

Entre sus características podemos distinguir que fomentan valores de la inteligencia, generando el afán por adquirir conocimientos, hábitos y técnicas de trabajo intelectual para el empleo de información; con su implementación, se permite el desarrollo del sentido de lo verdadero; propician valores de voluntad, como la capacidad de decisión, prudencia, predicción, iniciativa, seguridad, confianza; además de valores morales como respeto, colaboración, solidaridad, honradez, honestidad y optimismo.

Son necesarias en muchos campos de estudio, se utilizan en ciencias duras como la biología, la química y la física; en las ciencias blandas como la economía, la psicología y la sociología; en el campo de la ingeniería, como en la mecánica; en el sector tecnológico, para la programación de dispositivos móviles o computadoras, así como para las telecomunicaciones; incluso tienen aplicaciones en el mundo de las bellas artes como en la escultura, la música y la pintura.

Asimismo, podemos encontrar una lógica matemática en la naturaleza, a través de las denominadas proporciones estéticamente agradables, como en la teoría de la proporción áurea o la sucesión de Fibonacci, que se aprecia en la formación de huracanes, en la disposición de las ramas de los árboles, en las hojas de un tallo, entre otras.

Sin embargo, a pesar de tratarse de un cúmulo de ciencias con tal trascendencia y aplicación en la vida diaria, su estudio es reducido debido a su incomprensión; de acuerdo con los especialistas Alicia Rodríguez Esquivel y José Carlos Ramírez Sánchez, en una entrevista publicada en la Revista Digital Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, para muchas personas el estudio de las matemáticas representa una labor tediosa y cansada, por lo que se inclinan a elegir carreras relacionadas con las humanidades con tal de no estar en contacto con ellas.

Ese distanciamiento entre las personas y las ciencias matemáticas, de acuerdo con los especialistas, obedece a que en las instituciones académicas no se presentan como algo útil y práctico, sino como un conjunto de cosas que se tienen que memorizar por alguna razón desconocida, por lo que, al no poder trasladar la lógica que acumulamos naturalmente con su uso, comienza a parecernos una materia aversiva.

Las matemáticas tienen, desde hace muchos siglos, un papel relevante en la educación intelectual de la juventud, representan la lógica, precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza, lo que permite alcanzar la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia en general.

En México, la tradición matemática es antiquísima, basta recordar que en la cultura maya se presentaba como sistema para contar a través de piedras y varas, método

que fuera denominado como “ábaco maya”, el cual no requería de memorización alguna, sino de la comprensión de los conceptos.

El sistema de numeración maya tenía como base el número 20 y la posición de las cifras, ya que otorgaban a cada signo un valor de acuerdo con la posición que ocupaba en la representación del número; dentro de tal sistema, el número cero resultó una abstracción que, al parecer, lograron solamente dos culturas en la humanidad, ésta y la cultura hindú, existiendo evidencias actuales que indican que este descubrimiento se realizó por separado y que los mayas se anticiparon por un poco más de 600 años.

Los mayas utilizaban solamente tres signos para representar cualquier número imaginable, siendo éstos el punto, la raya y el cero, mismos que plasmaban con dibujos diversos de acuerdo con la importancia del documento que realizaban; usualmente utilizaban la figura de un caracol, como el que la Sociedad Mexicana de Física estableció en la portada de la Revista Mexicana de Física, y como el que aparece en el escudo del Instituto Politécnico Nacional, dada la importancia del hallazgo.

En la actualidad, nuestro país ha presentado avances relevantes, los análisis del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) muestran que el puntaje promedio mejoró de 385 puntos en 2003 a 413 puntos en 2012; este aumento constituye una disminución del número de alumnos que no cumplen con los niveles básicos de desempeño, incrementando del 6 por ciento en 2003 al 55 por ciento en 2012; lo que significó la tercera mejora más importante para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

Tales avances en la materia han permitido que los alumnos participen en desafíos matemáticos en el país y alrededor del mundo, como la Olimpiada Internacional, la Olimpiada Iberoamericana, la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, la Olimpiada de la Cuenca del Pacífico, la Olimpiada Europea Femenil o la Olimpiada Rumana de Campeones de Matemáticas, que a la fecha han otorgado 73 medallas de oro, 104 medallas de plata y 174 medallas de bronce a estudiantes mexicanos.

Dichos avances y reconocimientos han sido producto de la labor de instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Sociedad Matemática Mexicana y el Colegio Nacional de Matemáticas, que en 2015, con su modelo de enseñanza “Matemáticas Simplificadas”, fuera acreditado por la Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por su modelo vanguardista en la enseñanza de las ciencias matemáticas.

Las instituciones han asumido el compromiso de analizar los modelos pedagógicos para la enseñanza de las matemáticas en el país, a efecto de encontrar las estrategias más recurrentes para su aplicación, con la finalidad de optimizarlas, corregirlas o en su caso sustituirlas con el propósito de lograr una mejora sustantiva en el aprendizaje y enseñanza de la materia.

Como parte del trabajo de las instituciones, surge la iniciativa de crear un “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas” en México, que responda a la necesidad de su estudio y de su fomento para mejorar los niveles educativos de la población; en diversos países esta iniciativa ha cosechado frutos, en Estados Unidos, el físico Larry Shaw nombró extraoficialmente el 14 de marzo como día nacional de Pi, en honor al famoso número, posteriormente, en el año 2009 la Cámara de Representantes lo declaró como día nacional.

En España, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas instituyó el 12 de mayo como el Día Escolar de las Matemáticas, en honor a la fecha de nacimiento de Pedro Puig Adam, reconocido matemático español. En Colombia, el 13 de marzo fue decretado como Día de las Matemáticas, en atención a que, en tal fecha, el científico José Celestino Mutis inauguró la cátedra de tal ciencia en el Colegio Mayor del Rosario, de Bogotá.

Por su parte, en Argentina fue declarado el día 31 de mayo como Día del Matemático, en conmemoración de la muerte de Evariste Galois, matemático francés, quien, a pesar de haber fallecido a corta edad, logró avances significativos en el campo del álgebra.

En el caso que nos ocupa, a través de la presente se propone que el día 13 de abril de cada año sea conocido como el “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”, atendiendo al valor simbólico que representa el número 13 en nuestro país. Basta recordar que, dentro de la cultura maya, el número 13 se consideraba sagrado, su calendario cuenta con 13 lunas y 13 tonos lunares, incluyendo tres cuentas que funcionan en sincronía perfecta, la cuenta galáctica, solar y lunar, cuya duración es de 365 días divididos en 13 lunas de 28 días.

Asimismo, descubrieron que en el cielo existía una banda imaginaria ubicada de este a oeste, misma que representaba una serpiente bicéfala, poseía tres niveles, en el primer nivel transitaban la luna y el sol, en el segundo nivel, cinco planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno; y en el tercer nivel transitaban las 13 constelaciones que configuraban el zodiaco maya.

Este calendario sagrado compuesto por el numero 13 representaba el aquí y el ahora, es decir, el poder volver a la conciencia y experiencia multidimensional. Actualmente, el número 13 representa un símbolo de identidad y referencia de superación para los estudiantes de nuestro país, ya que el día 13 de abril de 2016, la estudiante de preparatoria Olga Medrano Martín del Campo, de 17 años de edad, obtuvo la primera medalla de oro para México, dentro de la Olimpiada Femenil de Matemáticas, colocando a nuestro país en el lugar décimo tercero de la clasificación general por países.

Como se aprecia, con la declaratoria del día 13 de abril como “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”, se pretende honrar la tradición maya y los logros en el campo de las matemáticas nacionales, así como fomentar que su estudio propicie el mejoramiento del nivel intelectual de las personas, en beneficio propio y de la sociedad en su conjunto.

Resaltando en este orden de ideas que, dentro del nuevo modelo educativo emitido por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se busca articular los contenidos de la educación obligatoria, estableciendo dentro de la educación básica aprendizajes clave que permitan seguir aprendiendo continuamente como el pensamiento matemático.Resaltando que dicho planteamiento curricular busca articular el contenido de la educación obligatoria, a efecto de generar una verdadera evolución en los estudiantes.

Es decir, las ciencias matemáticas se contemplan dentro de la formación curricular obligatoria integral de los niños y niñas con la intención de proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan incorporarse al mercado laboral, y desarrollar un proyecto de vida personal.

Derivado de lo anterior, las ciencias matemáticas impactan de forma positiva en el desarrollo integral de los estudiantes y de las personas en general, pues resulta importante mencionar a la primera mujer en recibir la medalla Fields, premio equivalente al Nobel de las Matemáticas, Maryam Mirzaiani, quien realizó impactantes investigaciones sobre geometría y sistemas dinámicos, asimismo fue Profesora de matemáticas en la Universidad de Stanford desde septiembre de 2008 hasta su fallecimiento, 15 de julio de 2017.

A la luz de lo anterior, resulta imperioso el incentivar y fomentar el estudio de las ciencias matemáticas, con la intención de que las y los niños de nuestro país reciban una educación de calidad que les permita desarrollarse profesionalmente y realizarse como seres humanos.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente:

Proyecto de decreto por el que se declara el 13 de abril de cada año “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”.

Único. Se declara el 13 de abril de cada año “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con motivo de la presente declaratoria, la Secretaría de Educación Pública llevará a cabo acciones tendientes a publicitar la importancia del estudio de las Ciencias Matemáticas; y, previo al festejo del “Día Nacional de las Ciencias Matemáticas”, organizará competencias donde se premie y reconozca a quien obtenga los mejores resultados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín,integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el año 1995, la Alianza Cooperativa Internacional adoptó la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, documento donde se describe a las sociedades cooperativas como asociaciones autónomas de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes en materia económica, social y cultural mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

Se deben entender como negocios propiedad de sus miembros y gestionados por ellos. Independientemente de que sus miembros sean clientes, empleados o residentes, todos ellos tienen el mismo voto con relación a la actividad del negocio y el reparto igualitario de los beneficios.

Como negocios propulsados por valores y no limitados a la obtención de beneficios económicos, las sociedades cooperativas comparten principios acordados internacionalmente y actúan en conjunto para construir un mundo mejor mediante la cooperación. Están basadas en valores de autoayuda, auto-responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la tradición de sus fundadores, los miembros cooperativos creen y aplican valores éticos de honestidad, actitud receptiva, responsabilidad social y respeto hacia los demás.

Como destacan Raquel Puentes Poyatos y María del Mar Velasco Gómez en Importancia de las Sociedades Cooperativas como Medio para Contribuir al Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiental, de Forma Sostenible y Responsable; en la actualidad, la incapacidad del mercado y del sector público para satisfacer convenientemente determinadas necesidades colectivas, propició la aparición y desarrollo de sociedades cooperativas, organizaciones con mayor significación histórica y económica en el ámbito de la economía social y solidaria.

De tal manera, las sociedades cooperativas se convirtieron en agentes de desarrollo económico y social presentes en todos los sectores. Su importancia se aprecia en el continente europeo, donde existen más de 240 mil implantadas en todos los sectores de actividad económica y especialmente en la agricultura, la intermediación financiera, la distribución comercial, la vivienda y el trabajo asociado en la industria, la construcción y los servicios; agrupando a más de 140 millones de socias y socios, además de proporcionar empleo directo a 3,7 millones de personas.

Del total de sociedades cooperativas existentes en Europa, el 11 por ciento están ubicadas en España, las cuales representan el 0.85 por ciento de las sociedades del tejido empresarial español, generando empleo a cerca de 313 mil 972 personas (1.63 por ciento del total de empleos). Por sectores de actividad, el sector servicios representa un 53 por ciento, seguido del industrial con un 22 por ciento y del agrario y la construcción con un 13 por ciento.

De los datos se podría advertir que la importancia del cooperativismo agrario en términos cuantitativos frente al resto de sectores es menor, sin embargo, en términos de generación de empleo y riqueza se muestra como uno de los más significativas, proporcionando empleo a 107 mil 377 personas, que supone el 34.2 por ciento del total de empleo generado por las sociedades cooperativas.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo considera que las sociedades cooperativas son importantes para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas a nivel mundial, y que contribuyen al suministro de infraestructuras y servicios esenciales, incluso en zonas ignoradas por gobiernos y empresas inversionistas. Además, sus valores son fundamentales para la creación de trabajo decente, favorecen una economía democrática centrada en las personas, que cuida del medio ambiente y, al mismo tiempo, promueven crecimiento económico, justicia social y una globalización justa; por lo que desempeñan un papel de vital importancia para equilibrar las preocupaciones económicas, sociales y ambientales, así como en la prevención y reducción de la pobreza.

Las sociedades cooperativas en todos los sectores y regiones son más resistentes a los desajustes económicos que contrapartes basadas en el uso de capital. No sólo son otro tipo de empresas o empresas en miniatura, son un modelo específico de empresa basado en el valor que puede ser aplicado a todas las dimensiones de actividad.

Es de destacar que las principales 300 cooperativas tienen la misma dimensión del producto interno bruto de Canadá. En Colombia, una sociedad cooperativa de salud Saluccop, ofrece servicios de cuidado médico al 15 por ciento de la población. En Etiopía, se estima que parte de los ingresos de 900 mil personas en el sector agrícola son generados a través de sociedades cooperativas. En Francia, 9 de cada 10 campesinos son socios de cooperativas agrícolas, los bancos cooperativos manejan el 60 por ciento del total de los depósitos, y 25 por ciento de todos los comercios minoristas del país.

En Japón, 9,1 millones de familias de agricultores son socias de cooperativas que generan 257 mil empleos. En India, 67 por ciento de las necesidades de los hogares rurales lo satisfacen las cooperativas, mientras que en Suiza, el comerciante más importante y el mayor empleador privado, es una sociedad cooperativa.

En México, el desarrollo de las sociedades cooperativas ha sido paulatino, de acuerdo con datos del Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social citado por el Instituto Nacional de la Economía Social, en la actualidad existen 15 mil sociedades cooperativas que agrupan a un aproximado de siete millones de personas, sin embargo, dadas las condiciones económicas del país, el sector social de la economía no se ha logrado erigir como una alternativa real para mejorar las condiciones de vida de más de 55 millones de personas que viven en pobreza.

Como medio para fomentar la creación de sociedades cooperativas, en agosto de 1994 entró en vigor la Ley General de Sociedades Cooperativas, sin embargo, en materia de constitución aún contiene aspectos que van en detrimento de la certeza jurídica con la que deben contar las y los cooperativistas.

A efectos de ilustrar lo anterior, sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo, a saber:

Por ejemplo, las personas que constituyan una sociedad cooperativa deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad ante notario o corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio, como lo dispone el artículo 12 de la ley, sin embargo, no existe un procedimiento uniforme para que las autoridades obligadas lleven a cabo dicha labor, lo que deviene en que ante alguna autoridad se requiera algún documento que en otra no es indispensable; es decir, no hay uniformidad en los criterios aplicados.

Para efectos de lo anterior, es de destacar lo que comenta la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con la obligación a cargo de las autoridades estatales de garantizar que las leyes y las prácticas administrativas (procedimientos de registro, políticas impositivas, parámetros de contabilidad, normas sobre el capital para los organismos financieros, así como la capacidad de acceso a financiamiento, etc) no obstaculicen el desarrollo y crecimiento de las sociedades cooperativas.

Como se aprecia, la redacción del citado artículo 12 no atiende lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo, ya que no garantiza procesos que faciliten el desarrollo y crecimiento de las sociedades, ya que su primer párrafo además de no estar redactado con lenguaje incluyente, dispone que “se levantará una acta”, siendo que el la expresión coloquial no abona a la correcta interpretación de la ley.

Por su parte, el último párrafo dispone ante qué autoridades las y los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, sin embargo, es omiso en mencionar qué formalidades deben cumplirse para que tal acto se lleve a cabo, por lo que no provee certeza jurídica.

Por lo anterior, se estima necesaria una reforma general al artículo, a efecto de que emplee lenguaje incluyente y jurídico que permita su correcta interpretación, además de mencionar que será obligación del Poder Ejecutivo federal y locales, en el respectivo ámbito de su competencia, los encargados de emitir lineamientos a través de los cuales el procedimiento de ratificación deba llevarse a cabo ante las autoridades mencionadas.

Con lo anterior, se abona a que la constitución de sociedades cooperativas sea un trámite más fácil de realizar, lo que fomentará su constitución y servirá como base para el desarrollo de un sector tan importante para el desarrollo económico del país.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de asta soberanía, el presente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas

Único.Se reforma el párrafo primero, fracciones I y II, y último párrafo; y se adiciona un último párrafo al artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Artículo 12. La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea general que celebren las personas interesadas, y en la que se redactará un acta que contendrá:

I. Datos generales de las personas fundadoras;

II. Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez losconsejos y comisiones; y

III. ...

Las y los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario o corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán lineamientos que uniformen los procedimientos y requisitos a efecto de que las y los socios se encuentren en condiciones de cumplir con la obligación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12 de la ley, la Secretaría y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con 60 días naturales para expedir los lineamientos correspondientes, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en los medios informativos oficiales de cada entidad federativa.

Notas

1 http://ica.coop/es/node/10584

2 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_ 105077/lang—es/index.htm

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102028/ABC_de_ la_Econom_a_Social_e_INAES.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 194 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal, Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior, de acuerdo a la siguiente:

Exposición de Motivos

El ser humano siempre ha trabajado en grupos, esto con el único propósito de ayudarse el uno al otro, un ejemplo de esto son las cooperativas de producción las cuales representan una suma de esfuerzos, ya que realizan un trabajo en conjunto enfocado a lograr el bien común. Asimismo, es un tipo de organización social en la cual se permite convenir el grado de responsabilidad de los socios, si desean llevar a cabo una actividad de producción, de manera conjunta con otras personas, en la cual se da mayor importancia a las características y capacidades de los socios que al monto de su aportación en sí, ya que este tipo de sociedad  permite hacerlo, pues  en ellas el trabajo que llevan a cabo los socios es el elemento más sobresaliente.

 “En esta sociedad impera la igualdad de oportunidades entre los socios de la misma, sin importar el género o el trabajo que se aporte, ya que puede ser tanto físico como intelectual.

“Puede ser de responsabilidad limitada, en la cual los socios sólo responden por el certificado de su aportación, o de responsabilidad suplementada, en la cual además de responder por la aportación, en los estatutos sociales se establece un tope adicional por el que deben responder los socios.”

De tal forma que la  sociedad cooperativa de producción tiene como objeto principal  brindar beneficios colectivos a través de aportaciones individuales. Representando así  una organización social en donde los trabajadores se han unido en su deseo de trascender a partir de iniciativas emprendedoras, para efecto de generar fuentes de empleo que les proporcione lo necesario para mejorar la calidad de vida de cada uno  de los socios.

Derivado de lo expuesto con antelación se considera de suma importancia generar condiciones más favorables para el desarrollo y crecimiento de las sociedades cooperativas de producción, puesto que es una organización social creada con el fin de buscar y obtener el bien común, generando fuentes de empleo, que permitan satisfacer las necesidades básicas de manera individual y colectiva.

Por lo que impera la necesidad de ampliar el plazo de diferimiento de pago del impuesto sobre la renta, al cual se encuentra sujeta la sociedad cooperativa de producción, hasta en tanto no distribuya las utilidades a sus socios, puesto que de conformidad con el decreto de fecha 26 de marzo del año dos mil quince emitido por el Ejecutivo Federal, en su artículo noveno transitorio establece lo siguiente:

“Artículo Noveno. Las sociedades cooperativas de producción que tributen en los términos del Título VII, Capítulo VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que determinen utilidad gravable del ejercicio fiscal y no la distribuyan, podrán diferir la totalidad del impuesto sobre la renta del ejercicio determinado conforme al artículo 194, fracción I de la citada Ley, por tres ejercicios fiscales siguientes a los establecidos en el tercer párrafo de la fracción mencionada, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

I. Inviertan un monto equivalente al impuesto sobre la renta diferido, en inversiones productivas que generen mayores empleos o socios cooperativistas. Para estos efectos, se considerará como inversión productiva, las inversiones en los bienes a que se refiere el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. En caso de que otorguen préstamos a sus partes relacionadas, el monto total de los mismos no exceda del 3 por ciento del total de los ingresos anuales de la sociedad. Se entenderá como parte relacionada lo dispuesto en el artículo 179, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Informen al Servicio de Administración Tributaria en la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el que se determine la utilidad gravable, el monto del impuesto sobre la renta diferido.

Las sociedades cooperativas de producción que se apeguen a lo dispuesto por el presente artículo, pagarán el impuesto sobre la renta diferido, en los mismos términos y condiciones que establece el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En los casos en que los préstamos rebasen el límite previsto en la fracción II de este artículo, se considerará que se distribuyen utilidades a los socios y se deberá realizar el pago del impuesto diferido conforme a lo previsto en el citado precepto.

Para los efectos de la fracción II de este artículo, las sociedades cooperativas de producción deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, el importe de los préstamos que otorguen a sus partes relacionadas, así como el nombre, denominación o razón social, domicilio y clave en el registro federal de contribuyentes de los beneficiarios de dichos préstamos, dentro del mes siguiente a aquél en el que se otorguen los mismos.”

Modificando de tal forma el contenido establecido en el numeral 194, fracción I, párrafo tercero de la Ley del impuesto Sobre la Renta que a la letra dice:

“Artículo 194. Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Título II de esta Ley, podrán aplicar lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, considerando lo siguiente:

I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participación en la sociedad cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley.

Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este Capítulo, podrán diferir la totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda.

En los casos en que las sociedades antes referidas, determinen utilidad y no la distribuyan en los dos ejercicios siguientes a partir de la fecha en que se determinó, se pagará el impuesto en los términos de este Capítulo.

Por lo que de conformidad con lo establecido en el decreto de fecha de 26 de marzo del año 2015, el plazo de diferimiento de pago del impuesto sobre la renta, al cual se encuentra sujeta la sociedad cooperativa de producción, hasta en tanto no distribuya las utilidades a sus socios, consistente en cinco años, fenece en el año dos mil dieciocho, por lo que es de suma importancia ampliar dicho plazo por seis años más, con el fin de crear condiciones más favorables para el óptimo desarrollo y consolidación de las cooperativas de producción, apelando a la labor social que realizan tal y como lo es la constitución de fondos sociales en beneficio de sus socios tal y como lo contempla el artículo 53 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

A continuación enunciaré los fondos que constituye la sociedad cooperativa de producción, fondo de reserva, fondo de previsión social y fondo de educación cooperativa, mismos que deben ser considerados para fines de establecer los mecanismos que faciliten la organización de este tipo de cooperativa, pues con ello se lograría que inviertan sus beneficios en proyectos productivos con periodos más amplios de maduración, generando con ello mayores fuentes de empleo y crecimiento económico en el país.

Siendo menester citar lo estipulado en el primer y sexto párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a letra dice:

 “Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio   de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

...

...

...

...

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social; de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.”

...

Aunado a lo anterior se cita la recomendación 193 emitida por la Organización Internacional del Trabajo en relación a su apartado II Marco político y papel de los gobiernos, numeral 7, inciso (2) que a la letra dice:

“Las cooperativas deben beneficiarse de condiciones conformes con la legislación y la práctica nacionales que no sean menos favorables que las que se concedan a otras formas de empresa y de organización social. Los gobiernos deberían adoptar, cuando proceda, medidas apropiadas de apoyo a las actividades de las cooperativas que respondan a determinados objetivos de política social pública, como la promoción del empleo o el desarrollo de actividades en beneficio de los grupos o regiones desfavorecidos. Estas medidas de apoyo podrían incluir, entre otras y en la medida de lo posible, ventajas fiscales, créditos, subvenciones, facilidades de acceso a programas de obras públicas y disposiciones especiales en materia de compras al sector público.”

Al tenor de lo citado con antelación es preciso mencionar que al establecer mecanismos y condiciones más favorables con el fin de generar una organización y expansión adecuada de las cooperativas de producción se estará garantizando el derecho humano consagrado en el artículo 25 constitucional del cual son titulares los miembros o socios que integran las sociedades cooperativas, resaltando que todo derecho humano es inherente a toda persona, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar o residencia, mismo derecho humano que se encuentra estipulado en la ley, y que es garantizado a través de tratados, del derecho internacional consuetudinario, por los principios generales  y otras fuentes  del derecho internacional.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se modifica el segundo párrafo y se adiciona al mismo los incisos a), b) c) y un párrafoy se deroga el tercer párrafo de la fracción I, del artículo 194, para quedar como sigue:

Artículo 194. Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Título II de esta Ley, podrán aplicar lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, considerando lo siguiente:

I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participación en la sociedad cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley.

Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este Capítulo, podrán diferir por seis años la totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción hasta el ejercicio fiscal en el que se distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda. Siempre y cuando  cumplan los siguientes requisitos:

En los casos en que las sociedades antes referidas, determinen utilidad y no la distribuyan en los dos ejercicios siguientes a partir de la fecha en que se determinó, se pagará el impuesto en los términos de este Capítulo . (Se deroga)

a) Inviertan un monto equivalente al impuesto sobre la renta diferido, en inversiones productivas que generen mayores empleos o socios cooperativistas. Para estos efectos, se considerará como inversión productiva, las inversiones en los bienes a que se refiere el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b)  En caso de que otorguen préstamos a sus partes relacionadas, el monto total de los mismos no exceda de 3% del total de los ingresos anuales de la sociedad. Se entenderá como parte relacionada lo dispuesto en el artículo 179, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

c) Informen al Servicio de Administración Tributaria en la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el que se determine la utilidad gravable, el monto del impuesto sobre la renta diferido.

En los casos en que los préstamos rebasen el límite previsto en el inciso b) de este artículo, se considerará que se distribuyen utilidades a los socios y se deberá realizar el pago del impuesto diferido conforme a lo previsto en el citado precepto.

Para los efectos del inciso b) de este artículo, las sociedades cooperativas de producción deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, el importe de los préstamos que otorguen a sus partes relacionadas, así como el nombre, denominación o razón social, domicilio y clave en el registro federal de contribuyentes de los beneficiarios de dichos préstamos, dentro del mes siguiente a aquél en el que se otorguen los mismos.

Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus socios utilidades provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el artículo 152 de esta Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que las primeras utilidades que se distribuyan son las primeras utilidades que se generaron.

El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus socios, se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron las utilidades gravables, el socio de la cooperativa de que se trate podrá acreditar en su declaración anual del ejercicio que corresponda el impuesto que se pague en los términos de este párrafo.

Para los efectos de este Capítulo, se considerará que la sociedad cooperativa de producción distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se refiere esta fracción se invierta en activos financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recursos necesarios para la operación normal de la sociedad de que se trate.

Para los efectos de este Capítulo las sociedades cooperativas de producción que no distribuyan rendimientos a sus socios, sólo podrán invertir dichos recursos en bienes que a su vez generan más empleos o socios cooperativistas.

II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una cuenta de utilidad gravable. Esta cuenta se adicionará con la utilidad gravable del ejercicio y se disminuirá con el importe de la utilidad gravable pagada.

El saldo de la cuenta prevista en esta fracción, que se tenga al último día de cada ejercicio, sin incluir la utilidad gravable del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan utilidades provenientes de esta cuenta con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan dichas utilidades.

El saldo de la cuenta de utilidad gravable deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en la que se efectúe la partición del capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea general extraordinaria y que haya servido de base para realizar la escisión.

La utilidad gravable a que se refiere esta fracción será la que determine la sociedad cooperativa de que se trate, en los términos del artículo 109 de esta Ley, correspondiente a la totalidad de los socios que integran dicha sociedad.

III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se efectuarán pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a sus socios, se considerarán como ingresos asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y se aplicará lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de esta Ley.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 www.abc.com.py/edición-impresa/suplementos/escolar/cooperativas-de producción-1253704.html

2 https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosRecomendacion/PAG0893.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. México necesita gobiernos locales capaces, con autoridades técnicamente aptas, honestas y capacitadas para ejercer sus funciones con eficiencia y eficacia.

Debe destacarse que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el Inegi, el 28 por ciento de la población está insatisfecha con los servicios municipales y, a su vez, más del 88 por ciento considera que la corrupción es una práctica frecuente en su municipio.

Ante este escenario, debe señalarse que uno de los factores que más inciden en el desempeño de nuestras autoridades municipales es la deficiente capacitación, ya que según la Encuesta Nacional sobre el Desarrollo Institucional Municipal, 7 de 10 alcaldes no tienen experiencia previa en cargos administrativos.

Todos vivimos una realidad en las administraciones municipales, ya que en el sistema federal el municipio es el alma y fuerza del Estado mexicano.

Pese a las reformas del artículo 115 institucional que se dieron en los años 1983 y 1999 para fortalecer al gobierno municipal, nuestro país sigue viviendo un municipalismo tradicional en el que, además, debido a la gran heterogeneidad de los municipios, algunos gobiernos locales ven rebasadas sus capacidades institucionales por las atribuciones que les da la propia ley. Por lo que es necesario transitar de un centralismo arraigado a un federalismo coordinado, en el que contemos con gobiernos locales capaces de ejercer sus funciones con eficiencia.

Bajo esta visión, en el año de 2002 se creó el Instituto Nacional para el Federalismo y el desarrollo municipal, a fin de fortalecer a los municipios. Sin embargo, ante la situación actual de la alta demanda social es urgente impulsar un programa nacional de capacitación que apoye a las autoridades municipales para desempeñar mejor sus funciones con suficiencia técnica y capacidad administrativa.

Optimizar los recursos que se le destinan para políticas públicas acertadas y así poder mermar el descontento social por los resultados de las administraciones municipales. No podemos seguir permitiendo que cada tres años se presente la curva de aprendizaje, ya que representa tiempo, costo político y económico para el pueblo mexicano.

Es urgente y necesario que los funcionarios partan de un piso parejo, de capacidad institucional. Para ello, es fundamental la capacitación permanente de autoridades a través de un instituto con plena autonomía de gestión y presupuestaria que le permita desarrollar herramientas necesarias para que un alcalde pueda ejecutar de manera pronta y puntual sus funciones con pulcritud y eficiencia.

Se requiere de nuevos esquemas institucionales que posibiliten la cooperación entre los municipios y entre los órdenes de gobierno, para mejorar la gestión de los gobiernos locales y un paso necesario en este sentido es la transformación y el fortalecimiento pleno del Inafed.

Con la iniciativa que hoy presentamos ante esta asamblea, se propone que el Inafed cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio a fin de que tenga autonomía de gestión y para poder realizar funciones enfocadas a la mejora de las capacidades de las administraciones municipales, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos con la gestión profesional de los gobiernos locales.

Honorable asamblea, por lo tanto ponemos a su consideración la presente iniciativa con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Inafed, ya que el desarrollo pleno de nuestro país depende del desarrollo de nuestros gobiernos municipales. Apostemos al mejor ejercicio de los gobiernos locales. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) fue creado por el Poder Ejecutivo, mediante publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio de 2002.

Se creó como un órgano desconcentrado de la Segob, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: “Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables”.

De manera que el Inafed es uno de los 14 órganos administrativos desconcentrados de la Segob, enumerado en el apartado C del artículo primero del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con el artículo 72 de dicho reglamento, el Inafed “tiene por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la administración pública federal en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal”. En tanto que, según el artículo 73, cuenta con 18 atribuciones, entre ellas: colaborar con los gobiernos estatales, ayuntamientos, asociaciones de municipios y organizaciones sociales y privadas en la elaboración y promoción de programas indicativos de desarrollo y fortalecimiento municipales; promover la realización de acciones para el desarrollo y colaboración regional, estatal, municipal y metropolitana; integrar un Sistema Nacional de Información sobre Federalismo y Municipios; suscribir convenios de coordinación con autoridades de los gobiernos locales, a fin de implementar un sistema de capacitación, certificación y profesionalización de servidores públicos locales.

En documentos publicados por el Inafed, se menciona que sus actividades tienen que ver con la implementación de programas, la capacitación presencial y virtual, asistencia técnica, entre otros. Entre sus tareas, el instituto enumera:

• Establecer y fortalecer las relaciones estratégicas con otros actores políticos y sociales vinculados con el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal: organismos estatales de desarrollo municipal, Conferencia Nacional de Gobernadores, gobiernos estatales, Poder Legislativo, asociaciones de municipios, universidades, organismos internacionales.

• Fortalecer la gestión municipal mediante programas, capacitación y asistencia técnica:

- Programa Agenda para el Desarrollo Municipal: permite fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y contribuir a la evaluación del desempeño de sus funciones.

- Sistema de profesionalización de funcionarios municipales: este sistema busca la profesionalización de los servidores públicos municipales mediante acciones de formación, actualización, capacitación y especialización, que de acuerdo al contexto institucional del propio municipio se oriente hacia el establecimiento del servicio civil de carrera.

- Entre los cursos de capacitación que ofrece el Inafed, destacan: introducción al gobierno y la administración municipal, introducción y primeras tareas de gobierno, habilidades directivas, gestión de recursos humanos, entrega-recepción de la administración municipal, programas federales, planeación estratégica, identificación de proyectos, intermunicipalidad, reglamentación municipal.

- Asistencia técnica y asesoría: el Inafed brinda asesoría y asistencia técnica en temas muy diversos que están orientados al cumplimiento de las funciones y atribuciones de los gobiernos locales. Algunos de estos temas son: finanzas municipales, asuntos jurídicos y reglamentación, programas federales y elaboración de proyectos, intermunicipalidad, administración municipal.

- Gobierno electrónico: herramienta para el uso estratégico de las tecnologías de la información y en el proceso de la innovación gubernamental, que pretende facilitar la eficiencia y la efectividad de los gobiernos locales, incrementar la transparencia y rendición de cuentas, promover la participación ciudadana y ofrecer a los ciudadanos acceso más amplio y oportuno de la información generada por las acciones de gobierno. Las vertientes de oferta en gobierno electrónico son: diseño y hospedaje de páginas web para los municipios, Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), Enciclopedia de los Municipios de México.

• Fortalecer las relaciones intergubernamentales, la descentralización y la gestión pública estatal:

- Agenda para el Desarrollo Estatal: facilita la evaluación de las acciones de gobierno y la detección de áreas de oportunidad, con la visión federalista de fortalecer las relaciones intergubernamentales y la gobernabilidad. Su objetivo principal es brindar un esquema de diagnóstico que permite al gobierno estatal la autoevaluación de su actuar para conocer el grado de cumplimiento de sus facultades, objetivos, programas y estrategias, en razón de la efectividad y la sustentabilidad, que inciden en la calidad de vida de la sociedad a corto, mediano y largo plazo.

- Reunión Nacional de Desarrollo Municipal: es un espacio en el que los representantes de los organismos estatales de desarrollo municipal del país se reúnen periódicamente con el objetivo de discutir temas de trascendencia en materia de gestión estatal y municipal.

- Foro Internacional desde lo Local: espacio de diálogo entre funcionarios municipales, estatales y federales, así como universidades y especialistas en la temática municipalista, y en el que se atienden temas vinculados con la gestión municipal, servicios públicos, transparencia y rendición de cuentas, medio ambiente y otros de interés para el quehacer municipal.

Para la realización de sus actividades, el Inafed ha recibido en promedio un presupuesto anual de 40.7 millones de pesos; en 2016 contó con 42 millones 910 mil 840 pesos.

Presupuesto del Inafed, 2002-2016

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, diversos años.

Respecto de los resultados logrados por el Inafed, cabe hacer algunas consideraciones:

Tanto en el primer Informe de Gobierno 2012-2013 del presidente Enrique Peña Nieto como en el primer Informe de Labores 2012-2013 de la Segob, se habla de impulsar un “federalismo articulado”, pero en las 852 páginas del primero sólo se menciona una vez al Inafed, en el apartado de “Siglas”; igual que en las 250 páginas del informe de la Segob, donde también se cita una vez al Inafed, en este caso para dar a conocer a su coordinador, José Antonio González Curi.

En el segundo Informe de Labores 2013-2014 de la Segob es cuando se comienza a dar cuenta de actividades realizadas por el Inafed. Se habla de la sustitución del programa Agenda desde lo Local (ADLL) por el instrumento Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) con el objetivo de mejorar la administración pública local y optimizar las funciones y servicios que la Constitución encomienda a los municipios.

Las acciones y las cifras que presentó la Segob son las siguientes:

Fuente: Segundo Informe de Labores 2013-2014 de la Segob.

Se informó también que el Inafed había publicado el Catálogo de programas federales 2014 y distribuido guías técnicas de apoyos federales para municipios y una guía de acceso a programas federales. Además, se mencionó la actualización de la información de mil 984 municipios y 23 estados en la Enciclopedia de los Municipios de México (disponible en:

www.inafed.gob.mx).

En el tercer Informe de Labores 2014-2015 de la Segob se da cuenta de los resultados de la ADM:

Fuente: tercer Informe de Labores 2014-2015 de la Segob.

Se informó también sobre la publicación del Catálogo de programas federales para municipios 2014 y 2015, el cual fue distribuido entre mil 500 municipios del país.

En el informe más reciente de la Segob, el cuarto Informe de Labores 2015-2016, se presentan los siguientes resultados respecto de la ADM:

Fuente: Cuarto Informe de Labores 2015-2016 de la Segob.

Además de publicar el Catalogo de programas federales para municipios 2016, con el fin de brindar orientación a las autoridades y funcionarios municipales en materia de gestión de recursos de programas federales que apoyen las acciones y obras locales, el Inafed publicó 10 volúmenes de las Mejores Prácticas Estatales y Municipales, el Catálogo de Programas Federales para Municipios 2016, Catálogo de Subsidios, Fondos y Programas Federales para Entidades Federativas 2016, el folleto Atentas sugerencias para autoridades municipales electas 2015, así como las Agendas para el Desarrollo Estatal 2015 y para el Desarrollo Municipal 2016, en la dirección electrónica http://www. inafed.gob.mx/es/inafed/Publicaciones_en_linea.

Los datos muestran que hasta el momento las acciones realizadas por el Inafed resultan insuficientes para cumplir plenamente con sus tareas, más si se considera que tiene que hacerse cargo de una nueva función que recientemente le fue encomendada a la Segob, mediante la adición de una fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 13 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación: “diseñar, instrumentar, desarrollar, proponer, fomentar y publicitar programas y herramientas institucionales para la asesoría, capacitación y formación permanente de los integrantes de los ayuntamientos, así como de los funcionarios y empleados municipales en su carácter de depositarios de funciones y servicios públicos, con el fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización de los gobiernos locales y el desarrollo institucional de los municipios mexicanos”.

La presente iniciativa propone que el Inafed pase de ser un organismo desconcentrado a uno descentralizado, transformación que implica que pueda contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como la adquisición de autonomía de gestión que le permita desarrollar de mejor manera sus funciones.

En los últimos años ha sido evidente que México necesita gobiernos locales capaces, con autoridades técnicamente aptas, honestas y capacitadas para ejercer sus funciones con eficacia y eficiencia. Debido a que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, 28 por ciento de la población que está insatisfecha o muy insatisfecha con los servicios municipales y a su vez 88.2 por ciento considera que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente en su municipio.

Además, es necesario señalar que uno de los factores que inciden en el mal desempeño de nuestras autoridades municipales es la deficiente capacitación, ya que, según la Encuesta Nacional sobre el Desarrollo Institucional Municipal (2000), cerca de siete de cada diez alcaldes no tienen experiencia previa en cargos administrativos, ni estudios adecuados para ejercer sus funciones.

Ante la situación actual de la alta demanda social es fundamental entender que los gobiernos locales deben responder a los retos que se le presentan, por lo que con la presente iniciativa se pretende que el Inafed tenga la capacidad de impulsar un programa nacional de capacitación, que apoye a las autoridades electas para desempeñar mejor sus funciones con suficiencia técnica y capacidad administrativa, optimizar los recursos que se les destinan para políticas públicas acertadas y así poder mermar el descontento social por los resultados de las administraciones municipales, que se refleja en la percepción de la corrupción y en la ineficacia de los servicios.

Se pone de manifiesto que es costoso para nuestro país que cada tres años lleguen los nuevos gobiernos a adquirir experiencia administrativa ya que esta curva de aprendizaje representa tiempo, costos políticos y recursos económicos para el pueblo mexicano.

Se necesita que los funcionarios partan de un piso parejo de capacidad institucional para ello es necesaria la capacitación permanente de autoridades a través de un instituto con plena autonomía de gestión y presupuestaria de manera inmediata y que le permitan desarrollar herramientas necesarias para que un alcalde pueda ejecutar de manera pronta y puntual sus funciones con pulcritud y eficacia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente proyecto de

Decreto

Único. Se expide la Ley del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

Ley del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

Capítulo IAtribuciones

Artículo 1.El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) es un organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio legal en la Ciudad de México, sin perjuicio de establecer las oficinas que estime convenientes en las diversas entidades federativas.

Artículo 2.Son atribuciones del Inafed las siguientes:

I. Promover el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal;

II. Plantear mecanismos que permitan la adecuada instrumentación del federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal en las políticas, programas, proyectos y acciones que sean de la responsabilidad de las dependencias y entidades de la administración pública federal;

III. Realizar un programa integral en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal en el marco de los lineamientos que señale el Plan Nacional de Desarrollo y, en general, el Sistema Nacional de Planeación Democrática;

IV. Colaborar con los gobiernos de las entidades federativas, los ayuntamientos, las asociaciones de municipios y las organizaciones sociales y privadas en la elaboración y promoción de programas indicativos de desarrollo y fortalecimiento municipales;

V. Promover la realización de acciones para el fortalecimiento del federalismo entre las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como para el desarrollo y la colaboración regional, estatal, municipal y metropolitana que prevean una mayor participación de la comunidad, de las asociaciones de municipios, así como de las distintas organizaciones sociales y privadas en la materia;

VI. Establecer con las dependencias y entidades de la administración pública federal mecanismos conjuntos de planeación, programación, enlace, comunicación, participación y acuerdo que, con pleno respeto al ámbito de competencia de los demás Poderes de la Unión y de las entidades federativas y municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, permitan la instrumentación adecuada del federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal;

VII. Dar seguimiento a los convenios que haya celebrado en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal con los Poderes de la Unión y las entidades federativas y municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

VIII. Impulsar herramientas para la gobernabilidad democrática;

IX. Integrar un Sistema Nacional de Información sobre Federalismo y Municipios;

X. Elaborar y difundir estudios e investigaciones acerca del desarrollo institucional de los gobiernos locales;

XI. Administrar un centro de estudios y biblioteca en materia de federalismo;

XII. Coadyuvar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el diseño de mecanismos de control y fiscalización sobre las transferencias federales a los gobiernos locales;

XIII. Proponer a las autoridades locales competentes mecanismos que permitan mejorar el desarrollo de la capacidad de gestión pública y administrativa de los gobiernos locales, a fin de que las funciones que la Federación transmita a las entidades federativas, sean asimiladas con eficiencia y eficacia;

XIV. Suscribir convenios de coordinación con autoridades de los gobiernos locales, a fin de implementar un sistema de capacitación, certificación y profesionalización de servidores públicos locales en la materia;

XV. Proponer modificaciones jurídicas que permitan impulsar ordenadamente acciones de fortalecimiento y desarrollo del federalismo y del ámbito municipal;

XVI. Estudiar y diseñar mecanismos de participación ciudadana en el conjunto de políticas sujetas a los procesos de federalización, descentralización y desarrollo municipal;

XVII. Organizar y participar en reuniones nacionales e internacionales sobre federalismo, municipios y descentralización, a efecto de analizar temas prioritarios, problemas comunes e identificar experiencias exitosas, y

XVIII. Promover la creación, operación y desarrollo de instancias estatales que promuevan el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal.

Capítulo IIDel patrimonio

Artículo 3.El patrimonio del Inafed se integrará con:

I. Los bienes muebles e inmuebles que le sean transferidos por el gobierno federal;

II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Las aportaciones que reciba y las que puedan derivarse de acuerdos o convenios suscritos o que suscriba con dependencias y entidades de la administración pública federal, con las entidades federativas y con los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con instituciones académicas o de investigación nacionales, y

IV. Los demás ingresos o bienes que reciba por cualquier otro medio legal.

Capítulo IIIDe la organización

Artículo 4.El Inafed será dirigido y administrado por una junta de gobierno y un director general.

La junta de gobierno se integrará por un presidente, que será el titular de la Secretaría de Gobernación, así como por un representante, cuyo nivel jerárquico no podrá ser menor al de director general o su equivalente, de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de la Función Pública; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y de la Oficina de la Presidencia de la República.

Asimismo, invitados por el presidente, serán parte de la junta de gobierno: un representante de cada una de las tres asociaciones de municipios que al momento cuenten con más miembros registrados; dos académicos de reconocido prestigio que cuenten por lo menos con la calidad de nivel dos en el Sistema Nacional de Investigadores, así como dos representantes de organizaciones civiles, sociales y privadas con interés en los objetivos que persigue el Inafed.

En el caso de los miembros mencionados en el párrafo anterior, durarán en el cargo dos años, pudiendo ser ratificados por un periodo más.

Cada uno de los integrantes de la junta de gobierno acreditará a su respectivo suplente. En el caso de los servidores públicos, su nivel jerárquico no podrá ser menor al de director de área.

Podrán ser invitados a la junta de gobierno a través de su presidente, con voz pero sin voto, los representantes de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, en aquellos procesos de federalismo, descentralización y desarrollo municipal que incidan dentro del ámbito de sus respectivas competencias, así como representantes del Poder Legislativo, órganos constitucionales autónomos, de las entidades federativas y municipios o demarcaciones territoriales, en el caso de la Ciudad de México, e instituciones nacionales dedicadas a la investigación.

El desempeño de todos los miembros de la junta de gobierno será honorífico, por lo que no recibirán remuneración alguna.

Artículo 5.La junta de gobierno del Inafed se sujetará a lo previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y tendrá las facultades indelegables que la misma le confiere en su artículo 58.

Artículo 6. La junta de gobierno sesionará de manera ordinaria cuatro veces al año, pudiéndose celebrar las sesiones extraordinarias que resulten necesarias.

Para que una sesión se considere válida, deberá desarrollarse con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros con derecho a voto de la junta de gobierno y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la administración pública federal.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros presentes; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 7.El director general, quien tendrá la representación legal del Inafed, será designado por el presidente de la República, o a indicación de éste, a través del secretario de Gobernación, por la junta de gobierno, debiendo en todo caso cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 8.Corresponde a la junta de gobierno, a propuesta del director general, nombrar y remover a los servidores públicos que ocupen cargos en el Inafed en las dos jerarquías inferiores a éste.

Capítulo IVDel órgano de vigilancia

Artículo 9.El Inafed contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente designados por la Secretaría de la Función Pública. Dicho órgano observará los lineamientos establecidos en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Capítulo VDel régimen laboral

Artículo 10. Las relaciones laborales del Inafed con sus empleados se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En un plazo de 30 días naturales contados a partir de la publicación de esta ley, deberá quedar integrada la Junta de Gobierno del Inafed.

Tercero.Una vez integrada, la junta de gobierno contará con 90 días naturales para expedir el estatuto orgánico que contenga las bases de organización, facultades y funciones de las distintas áreas que conforman el Inafed.

Cuarto.Tanto el personal como los recursos financieros y materiales que se encuentren asignados al Inafed al momento de la entrada en vigor del presente decreto serán transferidos al nuevo organismo descentralizado.

Quinto. Los derechos y condiciones laborales de los trabajadores que pasan a formar parte del nuevo organismo serán respetados.

Sexto. Todos los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a cargo del Inafed como organismo desconcentrado, serán atendidos hasta su conclusión por el organismo creado a partir de este acto.

Séptimo. La Secretaría de Gobernación actualizará su reglamento interno para eliminar el apartado correspondiente y demás referencias al Inafed.

Nota

1 Inafed, Catálogo de programas federales para municipios 2016, pp. 13-14. Disponible en: http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/240/1/images/PF_2016_Final .pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Ingrid Krasopani Schemelensky Castro,Carlos Bello Otero, Eloísa Chavarrías Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Exaltación González Ceceña, Gina Andrea Cruz Blackledge, Joaquín Jesús Díaz Mena, José Everardo López Córdova, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Minerva Hernández Ramos, Rocío Matesanz Santamaría, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Agradezco mucho su intervención, que por supuesto se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Fortalecimiento al Federalismo, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Esta Presidencia saluda la presencia de jóvenes estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ellos son invitados del diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar. Bienvenidos, jóvenes, que disfruten su estancia, que aprendan muchas cosas buenas, las malas no.

También saludamos la presencia de ciudadanos del estado de Tabasco. Son invitados del diputado Armando Soto Espino. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta asamblea.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes: Gracias. Sin abejas no hay vida. Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, hoy es un momento muy importante para hablar sobre las abejas y la apicultura.

Hay elementos básicos para la vida humana. El agua, el sol, el aire, pero muy pocos pensarían en las abejas. Pero ¿saben qué? Más del 80 por ciento de los cultivos que consumimos requieren de ellas.

Para el alimento del ganado se requiere de ellas. Para los aceites comestibles se requiere de ellas, pero la población de las abejas en todo el mundo ha disminuido en un estimado de 250 mil millones de abejas. Los apicultores del mundo desde hace años nos advierten de su desaparición, disminución y muerte.

Hoy presento una iniciativa que modifica el artículo 179, la fracción XII, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde solicito que la miel sea considerada un producto estratégico.

Es de suma importancia que la miel esté nuevamente dentro de la dieta de los mexicanos como lo fue antes de la conquista con nuestra miel melipona y, posterior a ésta, con nuestra abeja europea.

En años recientes investigadores mexicanos investigaron las características moleculares y biológicas de la miel comparándola con otros endulzantes, con resultados muy alentadores que podrían disminuir nuestros problemas de obesidad.

También estoy proponiendo un punto de acuerdo donde solicito la creación de una Comisión Especial de la abeja y la apicultura. Es de suma importancia darle un gran impulso a nuestra miel y a nuestros apicultores.

¿Sabían que la apicultura genera 100 mil empleos directos en nuestro país? ¿Cuántos más podríamos generar? La apicultura puede sin problema crecer un 100 por ciento su capacidad de producción. México es el tercer exportador, podríamos ser el primero.

En el año 2015 fueron de los mejores últimos 25 años con un volumen aproximado de 45 mil toneladas, con un valor superior a 150 millones de dólares. Necesitamos legislar al respecto. Nos invaden las mieles adulteradas. Se requiere un gran impulso a su investigación científica, un gran apoyo a los santuarios y replicarlos, generan empleo.

Necesitamos un rescate y estudio de nuestra parte cultural, como lo es la miel melipona; apoyo a las mujeres apícolas, a los restauranteros que sólo ofrecen mieles mexicanas. Un análisis a la diversidad de mieles de nuestro país.

Como pueden observar el tema es muy extenso y nuestros apicultores mexicanos se están extinguiendo. Necesitamos que nuestros jóvenes emprendedores vean la riqueza que representa nuestra miel, nuestra apicultura mexicana. Demos el apoyo que se necesita. Apoyemos la vida. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Son tres los sectores estratégicos que componen la economía de toda nación, y su desarrollo integral lo deben procurar sus gobiernos: uno de ellos es el primario, por su transcendencia; de éste dependerá la producción de alimentos, que en sí determinará su soberanía alimentaria pero, sobre todo, encaminada a ser sustentable y sostenible. Dos términos que en sí mismos definen las políticas que se deberán implementar en el sector rural de los estados.

Los países denominados desarrollados han apuntalado su producción agrícola, con importancia sustancial en sus legislaciones y programas, de modo que cada día fortalecen su mercado interno y sus exportaciones. Y uno de los componentes más estratégicos del sector pecuario es la apicultura.

De acuerdo con científicos de renombre internacional, el futuro de la humanidad depende del cuidado de las abejas, ya que 80 por ciento de las plantas dependen del efecto polinizador generado por esta especie. Se sabe que en Estados Unidos, donde el síndrome de desaparición de las abejas es más dramático, precisamente por la cantidad de pesticidas que se utilizan, hay regiones y entidades completas deficitarias de este insecto y se tiene que recurrir a la contratación ambulante de colmenas, para hacer llegar una adecuada polinización a los cultivos.

Después de haber sido domesticada por el hombre, sus derivados alimenticios tales como la miel, el polen y la jalea real; derivados farmacéuticos como el propóleo, la apitoxina; y, por último, derivados industriales como la cera, hacen del cuidado de las abejas un polo de desarrollo para el sector rural relativamente explotado en México, pero que en otros países, sin duda, cada día toma una mayor importancia.

Esto ha sido comprendido culturalmente desde las grandes civilizaciones antiguas, e históricamente han aprovechado sus beneficios como, por ejemplo, en la cultura egipcia y la maya, para las cuales la abeja era un elemento determinante, cuyos beneficios, incluso, eran considerados de origen divino.

La presente propuesta legislativa tiene como objetivo otorgar a la producción apícola una importancia sustancial en la cadena de alimentos estratégicos de nuestro país, mediante la reforma legal correspondiente. Para ello, es necesario seguir una ruta crítica, donde las adversidades y riesgos permanentes sobre esta actividad sean debidamente sorteados a través de la concientización sobre esta noble tarea, gracias a la cual el planeta entero tiene garantizadas dos terceras partes de todos los alimentos que consumimos.

Argumento

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 139 países reportan producción de miel, y a nivel mundial se producen aproximadamente 1.5 millones de toneladas anuales, generando ingresos por más de 2 mil millones de dólares.

El 80 por ciento de las importaciones las consumen 10 países: Estados Unidos con el 25 por ciento, Alemania con 22 por ciento, Japón con 9 por ciento. A ellos se les suman Reino Unido, Francia, España e Italia, y juntos absorben 74 por ciento del consumo mundial. Este volumen de divisas, generadas tan sólo de uno de los derivados de la apicultura, como es la miel, nos da una idea del potencial estratégico de esta actividad que, desarrollada integral y sosteniblemente, tiene grandes beneficios para los países, en los aspectos social, económico y cultural.

La posición geográfica de nuestra nación, al contar con una diversidad de climas y ecosistemas, ha sido determinante para el desarrollo de la apicultura en todos los estados; incluso en los más áridos, pero la región de la península de Yucatán ha logrado posicionarse como un baluarte en producción y gran calidad, ya que la gran variedad de flora en sus selvas genera una constante generación de miel de alta calidad durante todo el año. Esto ha permitido que México esté ubicado en el sexto lugar en producción mundial, con 61 mil 881 toneladas anuales, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); pero el tercero en volumen exportado, sólo superado por China y Argentina.

Las exportaciones de 2015 fueron las mejores de los últimos 25 años, con un volumen aproximado de 45 mil toneladas, y un valor superior a los 150 millones de dólares. Dramáticamente, esta producción cayó en 2016, debido a diversos factores; sin embargo, el gobierno no reaccionó con tiempo, a fin de evitar pérdidas, tanto en colmenas como en empleos dependientes de la apicultura. Alrededor de 68 por ciento de la producción es comercializada a nivel internacional. Los principales países compradores son: Alemania (con 50 por ciento), Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Arabia Saudita y Bélgica. Los países del Caribe, Centro y Sudamérica son potenciales mercados para el consumo de la miel mexicana.

El sector apícola se ha mantenido para México como la actividad que históricamente ha estado dentro de los tres primeros lugares captadores de divisas del sector pecuario; siendo, por este hecho, un sector estratégico para desarrollar el campo mexicano; además, esta actividad es compatible con cualquier ecosistema existente en México, y no tiene impacto negativo en su entorno; al contrario, detona un efecto multiplicador de la calidad y volumen de producción de frutas y hortalizas, y genera mayor diversidad en la flora silvestre.

Según datos de la Sagarpa, en México la apicultura beneficia a más de 42,000 familias mexicanas; además, dentro del sistema pecuario mexicano, que genera 1 millón de empleos a nivel nacional, la actividad apícola representa 100 mil empleos directos..

Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en México este número de apicultores mantiene 1.9 millones de colmenas, las cuales en los últimos años (2016) han sufrido terribles perdidas, debido a cuestiones climatológicas como ciclones y sequías; otras derivadas por la intervención humana, como los incendios forestales, la aplicación de insecticidas prohibidos en otros países, pero que aún son comercializados en México; y, finalmente, la incidencia de plagas y virus que atacan a la abeja, siendo la Varroa Destructor el ácaro que a nivel mundial más daño provoca a esta actividad.

La región de la península de Yucatán, además de Chiapas, concentran 30 por ciento del volumen que el país genera; en esta zona se producen mieles muy apreciadas a nivel internacional, por ser elaboradas de ciertas plantas exclusivas de la zona; por otra parte, la miel que produce la abeja melipona es muy selecta, debido a sus características medicinales.

A pesar de que México es un gran productor, su autoconsumo es aún bajo, ya que aproximadamente la tercera parte de su producción se consume en el mercado interno. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera reporta que el consumo per cápita es de 350 gramos anuales, muy inferior al consumo europeo, que supera el kilogramo anualmente. Esto, en vez de ser una desventaja, tiene un potencial de crecimiento con la debida orientación de los programas de gobierno hacia este producto y la información a la población de los beneficios nutricionales y medicinales de la miel y derivados. Sin duda, la miel, dentro del mercado mexicano, cada día es más demandada y valorada.

Fuente: Coordinación General de Ganadería/Sagarpa

El que la apicultura y derivados no estén considerado de manera visible en La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como productos estratégicos, ocasiona que esté expuesta a mercados agresivos como el chino, y a situaciones climáticas desfavorables, dejando al apicultor con estas situaciones en contra y pocos apoyos de parte de su gobierno. Por lo anterior, el gobierno debe continuar una política de apoyo a este sector, para lograr un crecimiento sostenido, además de retomar las campañas de creación de conciencia sobre edulcorantes que imitan a la miel, a un precio por la mitad de ésta, pero que pueden ocasionar problemas de salud que la miel no produce.

Los productores mexicanos deben enfocar su esfuerzo en la comercialización de sus productos apícolas a través de 3 esquemas que cada día abren nuevas posibilidades: el primero es la miel orgánica, sobre la que México apenas produce 6.5 toneladas anuales, pero cuyo precio es 30 por ciento más elevado que la convencional, por su calidad, el sabor y la garantía de estar exenta de sustancias químicas; segundo, la miel de comercio justo, que tiene un valor alto, debido a la conciencia del consumidor, que paga un precio más elevado si los productores proceden de zonas vulnerables; y, por último, la miel con denominación de origen, ya que cada día es más valorada la miel de monocultivos, que le dan características únicas, como por ejemplo las mieles que producen los cafetales, vainilla, naranjo, o el mezquite.

De la crianza de la abeja se obtienen diferentes productos, los cuales cumplen funciones tanto alimenticias como farmacéuticas e industriales, lo que hacen de esta actividad pecuaria un pilar muy importante de desarrollo, por lo que, a continuación, me permito hacer una descripción breve de cada uno de los derivados principales:

Miel. Sustancia producida por las abejas a partir del néctar de las flores, que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, y que almacenan en su panal, para que madure. Contiene azúcares y altos contenidos de vitaminas y minerales, que la hacen una sustancia utilizada en la alimentación, la medicina e incluso la industria.

Según estudios científicos, se considera a la miel como un antibiótico natural y un cicatrizante por excelencia. Año con año se suman muchos investigadores, descubriendo y aprovechando los beneficios de la miel en el plano nutricional, y ahora, cada vez más sustentado por estudios científicos en la medicina.

La miel conserva sus vitaminas durante largo tiempo, y destacan las del grupo B, como Vitamina B1, B2, B6, Niacina, Ácido Fólico y, en pequeñas dosis, Vitamina C. La miel es un edulcorante más potente que el azúcar, por lo que se requiere menos cantidad para ofrecer un sabor agradable; como resultado, se consume menos calorías, con el consiguiente beneficio en la salud. Contiene antioxidantes, compuestos fenólicos y flavonoides, además es rica en minerales.

A continuación, presento los aportes nutricionales de la miel:

Fuente: Dietas.Net, Recuperado de: http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional- de-los-alimentos/azucares-dulces-y-pasteleria/azucares/miel.html#

Propóleos. Es una resina que las abejas recogen del tronco de algunos árboles. Se utiliza en el campo de la medicina, como cicatrizante, bactericida y fungicida. Se producen anualmente 6.8 toneladas de propóleos.

El Propóleo tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

Jalea real. Es rica en vitamina B, y es producida por las abejas en sus primeras etapas de vida para la alimentación de las crías y de la reina, durante toda su vida, por lo que es un multivitamínico muy potente y beneficioso para el ser humano.

La cosecha de la jalea real y su ulterior transformación y envase requieren técnicas hábiles y tecnologías sofisticadas de manipulación de las colonias de abejas. La jalea real se deteriora rápidamente después de su cosecha, y tiene que ser congelada o liofilizada para su conservación, almacenamiento, transporte y comercialización.

Polen. Fuente rica de proteínas de buena calidad, lípidos, vitaminas y minerales. Se producen 25 toneladas de polen anuales, siendo un complemento alimenticio natural muy saludable. Contiene 30 por ciento de proteínas, 30 por ciento de carbohidratos, 5 por ciento de grasas y muchos elementos menores, revelándose potencialmente como una fuente útil de nutrición.

Cera. Es un producto que las abejas producen a través de sus glándulas cereras. La cera en volumen es 3 por ciento de la producción en miel, y es un ingrediente muy interesante en la industria tabacalera, cosmetológica, farmacéutica, eléctrica y cerera. El volumen disponible para la industria es de 2.2 mil toneladas anuales de cera apícola. Tradicionalmente, se ha utilizado en los templos, ya que su combustión no genera residuos; además, de manera tradicional sirve como impermeabilizante, en la producción de ungüentos, medicina y jabones. Hay más de 300 industrias que lo utilizan.

Apitoxina. La abeja la produce como mecanismo de defensa. Y se utiliza para atender el reuma, artritis, dolor de huesos, entre otros; esto, debido a que, según estudios, logra modular el dolor y la inflamación.

Polinización. El servicio de polinización de cultivos es crucial para la agricultura. Como ejemplo internacional tenemos a Estados Unidos, cuyo potencial agronómico está sustentado en grandes empresas apícolas, que cruzan el país del norte con el fin de polinizar enormes cultivos. En los últimos años se han visto afectados por la desaparición de las abejas, poniendo en jaque al sistema agrícola americano. En México se movilizan, aproximadamente, 135 mil 500 colmenas anuales, para polinizar cultivos en diversas partes del país, beneficiando cultivos de pepino, berenjena, calabacita, sandía, melón, cártamo, manzana, fresa, aguacate y cítricos. La polinización representa 43 mil millones de pesos al año.

En nuestro país, deficiencias en la legislación han repercutido en políticas públicas no muy eficientes, sobre todo con el sector agropecuario, siendo que su potencialidad de crecimiento y desarrollo es inmejorable. Esto ha ocasionado que se favorezcan ciertas actividades sobre otras que, por sí mismas, han colocado el nombre de México en los primeros lugares de producción a nivel mundial, siendo una de éstas la apicultura, cuyo volumen de exportación, cantidad de empleos directos generados y captación de divisas la hacen merecedora de considerar sus derivados como estratégicos.

Una percepción dentro del consumidor nacional es que la miel, por su precio, no es una opción para la dieta del mexicano promedio, aunque cada día es requerida, aun entre los sectores más humildes, que se ven orillados a comprar productos de segunda o tercera calidad, como es el azúcar o, en el peor de los casos, la miel adulterada.

En el Instituto Nacional de Nutrición se está reconociendo que la miel es una alternativa alimenticia muy importante en personas con diabetes, al ser un endulzante fácilmente asimilable al organismo, sin la necesidad de una excesiva cantidad de insulina en la sangre; además, en el aspecto medicinal, por sus características cicatrizantes, suele ser de gran ayuda al tratamiento del pie diabético.

Es un deber de nosotros, como representantes populares, en este Poder Legislativo, valorar la apicultura dentro de la legislación; sería deseable que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estén considerados la miel y demás productos derivados de esta actividad y que, a pesar del impulso del gobierno, a través del Progan, aún no se le dé el desarrollo suficiente para que, en primera instancia, sea visible la actividad apícola como tal y, en segunda, genere un incentivo que derive en mejores subvenciones y programas de apoyo a la apicultura, haciendo de ésta un motor económico determinante en los destinos de nuestro país.

Es por ello que, expuestos los argumentos anteriores, me permito someter a la consideración de esta Soberanía una propuesta para adicionar una fracción del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, considerando a la miel, al polen y demás derivados apícolas como productos estratégicos para su desarrollo, producción y comercialización. Este hecho podría propiciar un círculo virtuoso, al promover, con apoyo gubernamental, un amplio consumo masivo, hasta convertirse en parte esencial de la dieta alimentaria de todos los sectores sociales de México.

Para tener una mayor claridad de la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación se muestra un cuadro comparativo entre la norma vigente y la propuesta:

Fundamento legal

La suscrita, diputada federal María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la asamblea la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 179° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 179. ...

I. a XI. ...; y

XII. Miel, polen y derivados apícolas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1 Situación actual y perspectiva de la apicultura en México. Infoacerca. Recuperado de:

http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/199/ca199-3.pdf

2 Alcanza México record de exportación de miel en 2015: ventas por 45 mil toneladas con valor de 150 MDD. 2015 Sagarpa. Recuperado de:

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/boletines/ Paginas/JAC0040-21.aspx

3 México: país exportador de miel SAGARPA. Recuperado de:

http://www.gob.mx/siap/articulos/mexico-pais-exportador-de-miel

4 ¿Que es la apicultura?  SAGARPA. Recuperado de

http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura

5 México desconocido. Recuperado de:

https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-miel-el-oro-liquido-de-mexico.html

6 Mercado de la Miel desde México. Noticias Apícolas. Recuperado de:

http://www.noticiasapicolas.com.ar/mexico-miel-2015.htm

7 Notiabeja. Coordinación General de Ganadería. SAGARPA. Recuperado de:

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/APICULTURA/ Notiabj%202015-1.pdf

8 FAO. Productos apícolas: nutren y generan ingresos - Abejas productoras de miel, apicultura y productos apícolas en nuestras vidas cotidianas. Recuperado de:

http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/beekeeping?page=3

9 FAO. La cera de abeja un producto útil y valioso. Recuperado de:

http://www.fao.org/docrep/008/y5110s/y5110s07.htm

10 Torres Y. 2017. Exportación de Miel cae 40 por ciento. El Financiero. Economía.  Recuperado de:

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportacion-de-miel-cae-40- durante-2016.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: María Luisa Beltrán Reyes,Alfredo Bejos Nicolás, Ana Guadalupe Perea Santos, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Cecilia Guadalupe Soto González, Cesáreo Jorge  Márquez Alvarado, Cristina Ismene Gaytán Hernández, David Gerson García Calderón, David Jiménez Rumbo, Edith Villa Trujillo, Erika Irazema Briones Pérez, Felipe Reyes Álvarez, José de Jesús Zambrano Grijalva, Juan Fernando Rubio Quiroz, Julio Saldaña Morán, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Aguilar Yunes, María del Rosario Rodríguez Rubio, Olga Catalán Padilla, Tania Victoria Arguijo Herrera  (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchísimas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

Si usted me lo permite, me voy a adherir personalmente a su iniciativa.

Es un honor para esta Cámara de Diputados darle la bienvenida a la señora diputada Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Yucatán, así como a la diputada María Esther Alonso Morales. Muchas gracias, diputadas, por encontrarse con nosotros, bienvenidas a la Cámara de Diputados. Y a la licenciada Alejandra Gutiérrez Blanco, presidenta de la fundación contra el cáncer de mama Tócate. Pronto tendremos noticias de las tres en trámites legislativos en esta Cámara. Muchas gracias por acompañarnos.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Cuata ¿con qué objeto?

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Para pedirle a la diputada que me haga favor de adherirme a su iniciativa. De Cuernavaca, Morelos, zona anteriormente apícola.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, doña Margarita.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Honorables diputados, honorables invitados, hoy se celebra uno de los días nacionales más significativos, que es el Día del Charro. La charrería es un deporte de gran popularidad en nuestro país, basada en el conjunto de destrezas y habilidades ecuestres, propias de un personaje singular: el charro mexicano.

Sin embargo, más allá de su carácter deportivo, la charrería está presente en el imaginario colectivo de nuestra cultura, en la literatura, en el cine, la pintura, la música.

El día de hoy, con motivo de la celebración del Día de Charro, en el Museo Nacional de Antropología, hoy —precisamente— se otorga el reconocimiento oficial de la Unesco a la charrería, tradición ecuestre en México, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En primer lugar queremos felicitar a todos los mexicanos que se dedican a esta práctica cultural y deportiva y, en segundo lugar, hacer —a nombre de toda la Cámara de Diputados— un pronunciamiento de la Mesa Directiva.

La Mesa Directiva de esta Cámara hace un reconocimiento a esta manifestación artística que refleja la cultura mexicana en el mundo y, felicita a todos aquellos que por medio de esta actividad, ponen en alto el nombre de nuestro país. Felicidades a la cultura mexicana. Felicidades a los charros mexicanos.

La diputada Fabiola Guerrero Aguilar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me solicita el uso de la palabra la diputada Fabiola Guerrero. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Fabiola Guerrero Aguilar (desde la curul): Para hablar de la charrería.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, hasta por un minuto, por favor.

La diputada Fabiola Guerrero Aguilar (desde la curul): Sí, quisiera en este momento felicitar a toda la familia charra de este gran país. Es para nosotros un orgullo, los que tenemos el privilegio de practicar este deporte que pasó de ser una tradición, ahora a un deporte y forjadores de grandes hombres y grandes mujeres.

Y como decimos todos los charros y las charras de este país: patria y tradición, honor y espíritu deportivo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Gracias.

Abriéndose y cerrándose este capítulo de reconocimiento cultural.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Patricia Aceves Pastrana, de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación. En la misma intervención, la diputada Aceves presentará iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Adelante, diputada. La diputada presenta dos iniciativas, por lo que seremos flexibles con los cinco minutos originales otorgados.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Con su venia, señor presidente. Diputadas, diputados, ciudadanos que nos observan por el Canal 22, en esta ocasión presento dos iniciativas relacionadas con la defensa del presupuesto destinado a dos rubros fundamentales para la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento del país: la educación, la ciencia y la tecnología.

La inversión en investigación científica y tecnológica va de la mano del desarrollo del país, dado que el fomento a la educación junto con el impulso a la ciencia y a la tecnología son factores de transformación tanto a nivel personal como colectivo. Ambas actividades tienen la capacidad de generar conocimiento y vincularlo con las necesidades sociales, económicas y productivas del país. De ahí que el fortalecimiento del sistema educativo y de los sistemas de ciencia y tecnología sea fundamental para las estrategias de desarrollo.

En el artículo 25 de la Ley General de Educación se establece que se debe otorgar un presupuesto de 8 por ciento del PIB a este sector y se insta al gobierno federal a dar recursos suficientes pata sufragar los servicios educativos. Sin embargo, en la realidad ocurre que año con año el presupuesto otorgado por la Cámara de Diputados a este sector ha sufrido una disminución.

Aunado a lo anterior, en los dos últimos años el sector educativo ha sido objeto de ajustes adicionales que disminuyeron los recursos aprobados por la Cámara. En 2015 estos recursos adicionales fueron por 7 mil 800 millones de pesos, mientras que el año pasado se enfrentaron dos recortes que sumaron más de 10 mil millones de pesos. Si bien en 2018 hay un incremento de 9 mil millones de pesos, esta cantidad en términos reales no alcanza para, por lo menos, igualar el Presupuesto de 2015. Es más, si comparamos el Presupuesto de 2015 aprobado por la Cámara y el Presupuesto que se propone ahora para 2018, vamos a observar que hay un déficit de 80 mil millones de pesos en el Ramo 11, de Educación.

Esta iniciativa propone que el presupuesto educativo no se someta a recorte cuando el porcentaje asignado sea menor al 8 por ciento. La intención es hacer del presupuesto público una herramienta de crecimiento del sector educativo, ya que este rubro contribuye, por un lado, a alcanzar las metas fijadas para la educación pública, y, por otro lado, a que el Estado sea garante y responsable de administrar los recursos públicos.

La segunda iniciativa que propongo va encaminada a asegurar que el presupuesto para ciencia y tecnología no sea sometido a recortes, por tratarse de un rubro estratégico. Se debe recordar que el año pasado los recursos presupuestales de Conacyt fueron recortados y este recorte significó una disminución de sus recursos en un 23 por ciento.

Esta reducción de recursos perjudicó a los centros de investigación dedicados al estudio de los problemas nacionales, a preservar la cultura y a realizar investigación básica y aplicada, cuyos trabajos son apreciados a nivel nacional e internacional.

Los recortes, además, afectaron las becas de los estudiantes de los posgrados de excelencia de Conacyt, lo que generó la movilización de estudiantes, académicos e investigadores, quienes han reclamado enérgicamente políticas públicas que fortalezcan al sector y a la transparencia en el uso de los recursos.

La misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece, en su artículo 58, que no se podrán realizar reducciones a programas presupuestales prioritarios, y cita entre ellos a la ciencia, la tecnología e innovación.

Como se observa, este artículo busca dar prioridad a este sector, sin embargo, en la realidad vemos que esto no se cumplió en 2017 y para 2018 se pretende incumplir nuevamente lo marcado por la ley, ya que se está planteando en el proyecto de Presupuesto 2018 una reducción de 4.7 por ciento al presupuesto de Conacyt.

No es posible que para el proyecto de Presupuesto para 2018 se proponga un aumento de 10 mil millones de pesos para el presupuesto del INE, el cual llegará a una cifra histórica de 25 mil millones de pesos, y que por lo contrario se haga una reducción de mil 400 millones de pesos a Conacyt, quedando el presupuesto total de esta institución en 26 mil 739 millones de pesos.

Señoras y señores, ¿cómo es posible que a Lorenzo Córdova y a su Frankenstein, cómo es posible que tengan casi el mismo presupuesto que el Conacyt, con sus miles de estudiantes, investigadores, proyectos y centros de investigación? Esto francamente es un absurdo y, además, una burla y una infamia en contra de todos los mexicanos y mexicanas. Muchas gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

Patricia Elena Aceves Pastrana, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 25 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

1. La educación como derecho

El artículo 3o. constitucional establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Los servicios educativos, conforme a los preceptos que se enlistan en dicho artículo deben orientarse por un criterio democrático que establezca un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Para cumplir con esta tarea, el Estado ha creado instituciones públicas a través de las cuales se hace posible el acceso al derecho a la educación.

Con base en lo que se establece en la Norma Fundamental, la educación debe ser laica, democrática y nacional; debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fomentar el aprecio a la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la fraternidad e igualdad y evitar cualquier tipo de discriminación. Además, tal como lo señala la fracción IV, toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

La Ley General de Educación, por otra parte, reconoce en la tarea educativa una dimensión colectiva al considerar que es un componente determinante para formar hombres y mujeres orientados hacia la solidaridad social. En ese sentido, en la fracción III del artículo 8 se establece que la Educación contribuirá a la mejor convivencia humana, por los elementos que aporta a fin de robustecer en el educando el aprecio por la dignidad de la persona, la integridad de la familia y la convicción del interés general de la sociedad.

Al entenderse la educación como un servicio público, se debe considerar que su pleno desempeño debe estar dirigido a satisfacer necesidades sociales. Es decir, responde a finalidades que se gestan y desarrollan en el seno de la sociedad. Entre las metas más perentorias se encuentra reducir la inequidad educativa y asegurar la calidad para favorecer la movilidad social; metas cuya realización depende de un financiamiento suficiente de las tareas educativas.

Al respecto, la UNAM ha subrayado que la educación como fenómeno social es necesaria para mejorar el bienestar colectivo y de crecimiento económico, para abatir las desigualdades económicas, propiciar la movilidad social, ampliar oportunidades de desarrollo personal y colectivo, alentar los valores cívicos que fortalecen las relaciones sociales y para fortalecer el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho.

En otras palabras, los servicios educativos responden a un interés público y los bienes que genera se traducen en diversos valores sociales como el de la ciudadanía, la equidad y el servicio.

La actual administración ha asegurado que en materia educativa tiene como meta lograr “un México con educación de calidad” la cual está establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  En este rubro se establece que se pondrán en práctica políticas públicas que garanticen el derecho a la educación y fortalezcan la articulación entre niveles educativos. En el Plan se reconoce que una mejor educación necesita fortalecer la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas. Además, se plantea como urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, así como el rezago educativo de las personas adultas. En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se enlistan seis objetivos a partir de los cuales se construye la estrategia programática. Estos objetivos son:

• Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de toda la población.

• Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo.

• Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población.

• Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

• Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos para impulsar la educación integral.

• Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

A fin de lograr las metas y los objetivos expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración, se debe considerar la suficiencia presupuestal destinada a cumplir las tareas educativas.

2. El financiamiento educativo

En la Ley General de Educación se establece, a través del artículo 6º, que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, mientras que el artículo 10º afirma que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios es un servicio público.

A estas disposiciones se debe agregar que la sección 3 de dicha norma está dedicada al financiamiento de la educación y en su artículo 25 establece que “El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país...”. El segundo párrafo de dicho artículo apunta que “Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad.”

Se debe añadir también que en el artículo 27 se establece que “En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional. En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública”.

De acuerdo con datos recientes, el 86.7 % del sistema educativo es financiado por medio de recursos públicos y el 13.3 % por privados. Estos porcentajes indican que el funcionamiento del sistema educativo nacional está sujeto al gasto público del que dependen más de 36 millones de alumnos, unas 257 mil escuelas y poco más de dos millones de docentes.  Con estas cifras se subraya que aproximadamente el 25.8 % de la población que habita en México depende de los recursos públicos para recibir educación escolarizada.

En el Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos, programa respaldado por la UNESCO, se reconoce que los gobiernos son la principal fuente de financiamiento para solventar todos los componentes de la educación, por lo que se les insta a incrementar los presupuestos destinados a lograr que todos los niños y sobre todo aquellos que pertenecen a grupos vulnerables tengan acceso a una enseñanza gratuita y obligatoria de buena calidad. Suscribir este compromiso, se indica en el informe, permite no sólo hacer justicia social sino fortalecer las capacidades del sistema educativo.

Cuando los fondos destinados a las tareas educativas no son suficientes, los grupos más vulnerables lo recienten ya que su permanencia en el sistema educativo se vuelve incierta, al no tener las condiciones para terminar el proceso de escolarización o bien haciéndolo en condiciones precarias, quedando “privados de los efectos transformadores de gran alcance y a largo plazo de la educación”.

Dada la dimensión social y económica que tiene la educación y desarrollo de las personas, consideramos que no debe estar sujeta a las eventualidades políticas y que debe procurarse construir las condiciones que le provean solidez y certeza a las tareas educativas del Estado.

3. Los recortes a la educación

De acuerdo con cifras de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta Cámara, el porcentaje del gasto destinado a Educación se redujo 1% en los últimos diez años. Mientras que en el 2008 el gasto en educación representaba el 4.4% en el Proyecto de Presupuesto de Egresos entregado para 2017, representa el 3.4%; menos de la mitad de lo que se establece en la Ley General de Educación.

El presupuesto educativo asignado en 2017 que asciende a 715,083.9 millones de pesos representa una disminución en términos reales de 4.4% al compararlo con el Presupuesto otorgado en 2016.

Si bien la legislación referida arriba compromete al Gobierno Federal a dar recursos suficientes para sufragar los servicios educativos, en realidad ocurre que año con año se debe hacer frente a los recortes presupuestales. Tan solo en los dos últimos años el sector educativo ha sido objeto de ajustes que disminuyeron sus recursos. En 2015 sufrió un recorte de 7,800 millones de pesos; mientras que el año próximo pasado se le hicieron dos recortes, el primero de 3,660.2 millones de pesos y el segundo de 6.500 millones de pesos.

Se debe reconocer que el sistema educativo se encuentra en una situación precaria  que hace necesaria la implementación de mecanismos que aseguren los medios para vigorizar una política educativa que permita abatir los rezagos y conduzca a lograr la meta de obtener el 8% que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Educación, se le debe asignar.

Fortalecer las fuentes de financiamiento está dirigido a cumplir con uno de los principios de equidad asentados en el acuerdo OREALC-UNESCO que refiere la equidad en los recursos y en la calidad de los procesos educativos, es decir, el relacionado con la provisión de medios pedagógicos, materiales, humanos, tecnológicos y financieros para lograr la adquisición de aprendizajes pertinentes.

Se debe apuntar que el gasto por alumno, que de acuerdo con el INEE es un indicador que permite medir el gasto real en educación, es uno de los más bajos entre los países miembros de la OCDE ya que el promedio en este organismo es de 8,247 dólares para los alumnos de nivel primaria, mientras que en México el gasto anual en educación básica por alumno apenas llega a los 2,632 dólares por estudiante.  Otorgar un mayor gasto educativo por alumno contribuye a garantizar el derecho al acceso a la educación, así como a los materiales, los métodos y en general la infraestructura educativa.

Un adecuado gasto educativo se dirige a solucionar o atender condiciones de desigualdad tanto para los grupos vulnerables como para la población en situación de desventaja. Las disposiciones contenidas en la Constitución y la Ley General de Educación subrayan que el proceso educativo es uno de los motores principales para el desarrollo individual, social y económico del país.

Con esta iniciativa se pretende hacer del presupuesto público una herramienta de crecimiento del sector educativo y hace énfasis en que el presupuesto otorgado a este rubro contribuye por un lado a alcanzar las metas fijadas para el sector y a que el Estado sea garante y responsable de administrar los recursos públicos para promover este servicio como un derecho social, con la ventaja de contribuir a mejorar la rendición de cuentas del gasto público.

Por lo anteriormente expuesto presento a esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto que propone reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación en los siguientes términos:

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. De no alcanzarse el porcentaje indicado, el presupuesto educativo no podrá someterse a ajustes presupuestales. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1 Narro Robles, José; Martuscelli Quintana, Jaime y Barzana García, Eduardo (Coord.) Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. [En línea]. México: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, 2012, Disponible en

  http://www.planeducativonacional.unam.mx Consultado el 4 de agosto de 2017

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República. Disponible en pnd.gob.mx. Consultado el 10 de julio de 2017.

3 Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, Gasto público para una educación de calidad  [En línea] México, CIEP, 2017, p. 11. Disponible en

 http://gastoeducativo.ciep.mx/   Consultado el 17 de julio de 2017

4 UNESCO, La educación para todos, 2000-2015: logros y desafíos. [En línea] UNESCO, 2015.  Disponible en

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232435s.pdf     pp. 102, 279-280. Consultado el 7 de agosto, 2017

5 Ibídem, p. 324

6 Opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos respecto al proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, 2017. Noviembre, 2016. Versión mecanográfica.

7 Villa, Sunny Arely, Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, [En línea] Investigaciones CIEP, Noviembre 2016. Disponible en ciep.mx/yCR  Consultado el 3 de julio de 2017.

8 Referido en Instituto Nacional de Evaluación Educativa, “Gasto federal educativo en México en la perspectiva de la equidad”, en  La educación obligatoria en México. Informe 2016, México, INEE, 2016, p. 220.

9 Instituto Nacional de Evaluación Educativa, “Gasto federal educativo en México en la perspectiva de la equidad”, en La educación obligatoria en México. Informe 2016, México, INEE, 2016, p. 220- 225

10 Gómez López, Antonio Surisadai, “Gasto presupuestado y ejercido del sector educación en México (2009-2011)” [En línea] Disponible en ciep.mx/vL9K Consultado el 17 de julio, 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados Patricia Elena Aceves Pastrana,Patricia Elena Aceves Pastrana, Ana Leticia Carrera Hernández, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Concepción Villa González, David Gerson García Calderón, David Jiménez Rumbo, Magdalena Moreno Vega, Tania Victoria Arguijo Herrera  (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Patricia Elena Aceves Pastrana.Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: «Iniciativa que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

Patricia Elena Aceves Pastrana, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 9 Bis de la Ley General de Ciencia y Tecnología, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La ciencia y la tecnología como factor de desarrollo

La inversión en investigación científica y tecnológica va de la mano con el desarrollo del país. Junto con el fomento a la educación, el impulso a la ciencia y la tecnología es un factor de transformación tanto a nivel personal como colectivo. Ambas actividades tienen la capacidad de generar conocimiento y vincularlo con las necesidades sociales, económicas y productivas del país. De ahí que el fortalecimiento del sistema educativo y de los sistemas de ciencia y tecnología sean fundamentales para las estrategias de desarrollo.

A nivel internacional las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología están vinculadas a los procesos económicos y las políticas sociales que se instrumentan para dar fundamento a las estrategias globales de desarrollo, de hecho, en el marco de la era del conocimiento, la investigación en ciencia y tecnología se ha convertido en un factor que incide en las relaciones internacionales.

Las economías exitosas a nivel mundial sostienen un proceso de generación de conocimientos y de incorporación de innovaciones tecnológicas que guían los procesos productivos y sociales y, por lo tanto, fortalecen la soberanía política y económica. El sostenimiento de políticas científicas posibilita el desarrollo de nuevos productos, innovadores sistemas de producción que mejoran tanto los procesos como el control de calidad, el acceso a los mercados y el fortalecimiento de grupos de investigación que generan conocimientos útiles y aplicables tanto sobre la naturaleza como en la sociedad.

Las políticas científicas de un país suponen la puesta en práctica de un conjunto de programas que interactúan con diversas estrategias y procesos para impulsar la generación de conocimiento científico y tecnológico. Se trata de políticas de largo plazo que activan diversas capacidades institucionales y que en países como el nuestro, donde se necesita fortalecer el sector científico, precisan de la intervención del gobierno como regulador, financiador e incentivador.

De acuerdo con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, emitido por la actual administración, se reconoce que la inversión en ciencia y tecnología es un factor importante para elevar la productividad y la competitividad, además de ser una herramienta para generar bienestar social basado en la economía del conocimiento.

Para poner en práctica este factor, en el mismo Programa se señalan cinco estrategias, una de las cuales está dirigida a “contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del Producto Interno Bruto”.

En el Programa Especial se subraya la necesidad de diseñar políticas públicas que consoliden los avances, atiendan las debilidades del sector y ayuden a remontar sus principales retos. En dicho documento se enlistan los principales desafíos para México:

a) consolidar la capacidad científica y tecnológica;

b) fortalecer la educación superior;

c) aumentar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo;

d) fortalecer la cooperación internacional y

e) difundir el conocimiento científico y tecnológico.

A pesar de la importancia dada al sector científico y tecnológico en los planes sexenales, ocurre que las estadísticas internacionales indican diversos aspectos en los que nuestro país necesita incidir.

2. Los rezagos en el sector científico y tecnológico

De acuerdo con el último Informe de la UNESCO sobre la ciencia: hacia 2030, hay una relación proporcional entre la inversión en ciencia y el crecimiento del desarrollo humano. El progreso de una sociedad incluye por lo tanto a la ciencia como palanca fundamental de crecimiento.

El Informe de la Unesco afirma que aunque en México se han hecho esfuerzos por avanzar en ciencia, tecnología e innovación, a escala internacional nuestro país continúa siendo de las naciones que menos recursos invierten en ese sector y donde hay menos cantidad de investigadores en relación con el número de habitantes. Otros datos del mismo estudio señalan que el número de investigadores mexicanos de tiempo completo aumentó 20 por ciento, de casi 38 mil a poco más de 46 mil. Sin embargo, en comparación con otras naciones de desarrollo similar al nuestro, la cantidad representa apenas 0.6 por ciento de esos profesionales en el mundo; los argentinos son 0.7, los turcos uno por ciento y los brasileños 2 por ciento.

En el caso del número de académicos, el informe agrega que en el mundo hay más de 7 mil millones de habitantes y 7.8 millones de científicos, lo que equivale a un investigador por cada mil habitantes. Pero en México, con más de 130 millones de personas, apenas hay cerca de 50 mil investigadores. En nuestro país debería haber al menos 150 mil científicos para estar en proporción con los números globales.

El reporte señala que la inversión gubernamental pasó de 0.20 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2005 a 0.38 en 2013, lo que significa un progreso de 30 por ciento. Sin embargo, la participación de la iniciativa privada cayó de 0.18 a 0.17 por ciento en el mismo periodo.

Según un análisis del Fondo Económico Mundial (WEF) con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la inversión de México en ciencia y tecnología equivale a 0.43% del Producto Interno Bruto (PIB) mientras que países como Israel y Corea invierten 4.21% y 4.15% de su PIB respectivamente.

3. El financiamiento de la Ciencia y la Tecnología

En relación con el presupuesto asignado al programa Ciencia, Tecnología e Innovación, así como al ramo 38 Conacyt, se debe apuntar que ambos sufrieron una disminución que ha significado un retroceso en comparación con el monto de recursos que recibieron al inicio de la presente administración. Respecto al ramo 38 se debe recordar que sus recursos fiscales disminuyeron un 23.3% entre el año 2016 cuando se le asignaron poco más de 35 mil millones de pesos y 2017, cuando sólo se le destinaron 26, 963.5 millones de pesos.

La disminución del presupuesto de 2017 destinado al ramo 38 ha comprometido el desempeño de sus programas y ha precarizado su funcionamiento. Entre los programas más afectados se encuentra el correspondiente a Infraestructura de Ciencia y Tecnología que vio disminuidos sus recursos en un 75%, el Fomento Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación con un déficit de 58%; Innovación para la Productividad que tiene un 55% menos de recursos. De hecho para esta año sólo tres programas tienen una variación positiva, se trata de Apoyo Administrativo con un aumento de 17.1%, Sistema Nacional de Investigadores que creció 9.1% y Becas de Posgrado con apenas un 0.9% de aumento, programa que durante décadas ha representado el camino para formar capital humano de alta especialidad.

Además, se debe apuntar que el año próximo pasado los recursos presupuestales de Conacyt fueron objetos de dos recortes. En el primero de ellos, anunciado en febrero de 2016, se le disminuyeron 900 millones como parte del Primer Ajuste Preventivo al Gasto. En junio siguiente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó un segundo recorte de 1,800 millones de pesos.

La reducción de recursos perjudicó a 23 de 27 centros de investigación dedicados al estudio de los problemas nacionales, a preservar la cultura, y a realizar investigación básica y aplicada, cuyos trabajos son apreciadas a nivel nacional e internacional por la seriedad de sus aportaciones y por formar profesionistas altamente especializados. Su descuido deja en el papel el consabido discurso de calidad académica, competitividad económica y hace lejana la meta de transformar los factores estructurales tanto del sistema educativo nacional como del sistema científico y tecnológico.

El porcentaje mínimo en el que se aumentó el Programa Nacional de Becas ha afectado a las instituciones de educación superior así como a los centros de investigación que ofrecen programas de posgrado inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, circunstancia que ha originado inquietud entre los estudiantes, cuya única opción de continuar en proceso de formación es una beca de Conacyt.

Estas circunstancias inciden en el índice del número de graduados registrados entre los países pertenecientes a la OCDE. Si bien el país está en el doceavo lugar de 35 países enlistados, se apunta que su tasa de crecimiento durante el periodo de 1999 a 2014 es mucho menor que el de India, un país en crecimiento, pero aún clasificado como “no desarrollado”.

Los recortes, además, han generado la movilización de estudiantes, académicos e investigadores quienes han reclamado el sustento de políticas públicas que fortalezcan el sector científico y que se trasparente el uso de recursos dedicados a la ciencia y la investigación.

Si bien se ha afirmado que los recortes al presupuesto de años anteriores han sido atribuibles a factores externos, también es pertinente indicar, como lo afirman los expertos, que la capacidad de recuperación económica depende de la inversión que los países hagan en educación, salud, cultura, productividad, ciencia, tecnología e innovación.

A fin de dar prioridad al gasto en el rubro referido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece, en su artículo 21, fracciones II y III,  que en caso de ser precisas medidas de disciplina presupuestaria para compensar la disminución de ingresos previstos en la Ley de Ingresos, se debe recurrir al gasto administrativo no vinculado directamente a los programas sociales. Mientras que el artículo 58 indica que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

A pesar de la legislación vigente, en la actual administración se han realizado ajustes presupuestales afectando rubros tan valiosos para el desarrollo del país como el sector científico, soslayando el hecho de que los fondos destinados a estas áreas son una inversión para el futuro del país.

Si bien nuestro país cuenta con comunidades científicas reconocidas y una infraestructura institucional donde se realizan investigaciones de punta, también debemos reconocer que en buena parte seguimos siendo consumidores de conocimiento y tecnología, por lo que si se pretende ser productores de desarrollos tecnológicos, se precisa incrementar la inversión en ciencia y tecnología y diseñar un plan nacional de largo alcance que se apegue verdaderamente al cumplimiento de las leyes aprobadas.

Con esta iniciativa se pretende hacer del presupuesto público una herramienta de crecimiento del sector ciencia y tecnología y hace énfasis en que el presupuesto otorgado a este rubro contribuye por un lado a alcanzar las metas fijadas para el sector y a que el Estado sea garante y responsable de administrar los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto presento a esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de

Decreto que propone reformar el artículo 9 Bis de la Ley General de Ciencia y Tecnología

Artículo Único. Se reforma el artículo 9 BIS de la Ley General de Ciencia y Tecnología en los siguientes términos:

Artículo 9 Bis. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley. De no alcanzarse el porcentaje indicado, el presupuesto asignado no podrá someterse a ajustes, en términos de lo indicado en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1 OECD, Reviews of Innovation Policy. Mexico. OECD, 2009. Disponible en

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/ oecd-reviews-of-innovation-policy-mexico-2009_9789264075993-en#page1   Consultado el 1 de abril de 2017

2 Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2018, México, Conacyt. Disponible en

http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/631-3-programa- especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2014-2018/file   Consultado el 28 de marzo de 2017

3 Informe de la UNESCO sobre la ciencia. Hacia 2030. UNESCO, 2015. Disponible en

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407s.pdf  Consultado el 2 de abril de 2017.

4 México entre los países que menos invierten en investigación. Disponible en

https://www.forbes.com.mx/mexico-entre-los-paises-que-menos-invierten-en- investigacion/, julio 17, 2015. Consultado el 8 abril, 2017.

5 UAM Xochimilco denuncia recorte de becas Conacyt. Arturo Sánchez Jiménez, jueves, La Jornada, 16 mar 2017.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/16/uam-xochimilco-denuncia- recorte-de-becas-conacyt

Consultado el 20 de junio, 2017

6 Y se logró una marcha por la ciencia en México, en El Economista, 23 de abril, 2017. Disponible en:

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2017/04/23/se-logro-marcha- ciencia-mexico

Consultado el 10 de julio de 2017

7 Quintanilla, Susana, “Becas nacionales: cuántas, cómo y para qué”, en Educación Futura, 5 de abril, 2017, Disponible en:

http://www.educacionfutura.org/becas-nacionales-cuantas-como-y-para-que/  Consultado el 8 de julio de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputadas: Patricia Elena Aceves Pastrana,Ana Leticia Carrera Hernández, Concepción Villa González, Magdalena Moreno Vega (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

Quiero informar que esta Presidencia ha sido notificada que la diputada Tania Arguijo, del Grupo Parlamentario del PRD, se ha adherido a esta iniciativa. Muchas gracias, diputada.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Manuel Celis Aguirre e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Gracias. Saludo cordialmente a nuestra compañera diputada presidenta. Con la misma atención, a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, a los medios de comunicación presentes en la cobertura de esta sesión.

A lo largo de la historia, en los procesos de formación y transformación de las naciones, los jóvenes han jugado un papel determinante. Sus aportaciones están presentes en los ámbitos político, económico, social, cultural, ambiental, científico, tecnológico y productivo.

Este importante núcleo social fue reconocido en 1999, por la Organización de las Naciones Unidas, por lo que establecieron como parte de este reconocimiento que el 19 de agosto de cada año se celebre el Día internacional de la juventud.

Este organismo internacional implementó en 1995 el programa de Acción Mundial de la Juventud, con el propósito de que los gobiernos puedan atender y resolver los problemas que enfrentan los jóvenes, y los obstáculos para tener acceso a la educación, a la salud, a la asistencia y seguridad social, a la vivienda, al respeto de sus garantías jurídicas, a no ser discriminados, al empleo digno y bien remunerado, que les permita abatir las consecuencias adversas que causan la discriminación, la marginación, la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades.

En México, de manera institucional, en 1950, por decreto se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, en ese tiempo dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y tenía como objetivo preparar, dirigir y orientar a la juventud mexicana en todos los problemas básicos y velar por su prosperidad.

En 1999 se publica la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y se crea el actual Instituto Mexicano de la Juventud, Imjuve, encargado de coordinar, evaluar e impulsar programas y acciones que vinculen la participación de los jóvenes en el desarrollo y modernización del país.

Con el afán de fortalecer las políticas públicas a favor de las y los jóvenes, en el 2015 se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para que de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Social se defina e instrumente una política nacional de juventud, a efecto de impulsar entre otros aspectos el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes, promover una cultura de conocimiento y respeto de los derechos de los jóvenes en los distintos ámbitos, el poder garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad, y reconocer el potencial humano que representan, ya que su presencia es vital en los cambios sociales, siendo actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad.

Ante la realidad de que nuestro país cuenta con una población de más de 38.3 millones, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este sector implica un desafío social y un reto para el Ejecutivo y para el Poder Legislativo.

A nivel federal se han impulsado diversos programas a favor de los jóvenes, entre ellos el programa de Vivienda Joven para las personas entre los 18 y 29 años de edad que estén al frente de una familia. O el programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores, como herramienta de crecimiento económico para los jóvenes de los centros agrarios. Ambos programas instrumentados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Nosotros como legisladores tenemos la oportunidad de seguir impulsando el desarrollo de nuestros jóvenes. Nos queda claro que una de sus más sentidas demandas es el acceso a la vivienda.

En este sentido, la iniciativa que hoy proponemos tiene como finalidad incluir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto que bajo un esquema de vinculación puedan aplicar nuevas políticas públicas que benefician a las y los jóvenes en la adquisición de vivienda, de acuerdo a sus distintas situaciones sociales, es decir, no sólo contemplar programas como los ya mencionados sino ampliarlos para atender a los jóvenes con capacidad de independizarse de su familia, en condiciones de un mayor acercamiento a sus centros de trabajo o simplemente contar con un patrimonio propio y con ello mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Juan Manuel Celis Aguirre y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz, Hersilia Córdova Morán, Telésforo García Carreón, Maricela Serrano Hernández y Edith Villa Trujillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las etapas de la vida en la que se toman las decisiones más importantes es en la juventud. Es en este periodo donde se fijan metas y se enfrentan dilemas que van desde la elección de la carrera profesional, la posibilidad de conformar una familia propia, de vivir con independencia de los padres y del núcleo familiar, así como tener una mayor participación política y social. En este sentido, muchas de las decisiones tomadas durante esta etapa marcarán los escenarios y las expectativas de una vida futura.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son jóvenes las personas con edades comprendidas entre los 15 a los 24 años. Este organismo internacional implementó en 1995 el Programa de Acción Mundial de la Juventud (PAMJ) con el propósito de que los gobiernos puedan atender y resolver los problemas que enfrentan los jóvenes, así como promover la participación activa de este sector en los temas sociales, así como buscar de manera conjunta y permanente alternativas y soluciones. Este programa surge ante la realidad de que, históricamente, los jóvenes de todas las naciones del mundo han venido enfrentado obstáculos para tener acceso a la educación, a la salud, a la asistencia y seguridad social, a la vivienda, al respeto de sus garantías jurídicas, a no ser discriminados, al empleo digno y bien remunerado que les permita abatir las consecuencias adversas que causan la discriminación, la marginación, la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades para facilitar su desarrollo integral.

La población juvenil a nivel mundial ha jugado un papel determinante en los procesos de trasformación de todas las naciones. Sus aportaciones han estado presentes en el ámbito económico, político, social, cultural, ambiental, científico, tecnológico y productivo. En este contexto, en diciembre de 1999 fue proclamado por la ONU el 19 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, fecha que implica no sólo un reconocimiento a este sector en todo el mundo, sino un llamado de atención para considerar a los jóvenes como un recurso humano de suma importancia y hacerlos partícipes en los esfuerzos y etapas de  formación, desarrollo y crecimiento de las naciones.

En México el interés institucional para atender la problemática de los jóvenes se remonta a 1950, año en el que por Decreto Presidencial se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJUVE), dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y el cual, de conformidad con el artículo 2° del citado decreto, tendría como finalidad: “Preparar, dirigir y orientar a la juventud mexicana en todos los problemas básicos nacionales, para alcanzar el ideal democrático, su prosperidad material y espiritual, llevando a cabo el estudio de esos problemas, formulando las soluciones adecuadas y proponiendo a los organismos oficiales o sociales correspondientes, las iniciativas que convengan o realizándolas, en su caso, cuando no sean de la competencia o naturaleza de aquéllos”.

El 29 de diciembre de 1976 el hasta entonces Instituto Nacional de la Juventud Mexicana sufre una transformación y se convierte en el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), organismo que se propuso establecer una política nacional de juventud.

El 6 de enero de 1999 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, creándose con dicho ordenamiento el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), como un organismo que a través de los distintos entes de la administración pública federal sería el encargado de coordinar, evaluar e impulsar programas y acciones que vinculen la participación de los jóvenes en el desarrollo y modernización del país. Asimismo, de acuerdo al artículo 3° de dicho ordenamiento, el Imjuve tendría por objeto: “Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias; Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran; Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación”.

Desde el Poder Legislativo, el 15 de diciembre de 2009 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación para que en México cada día 12 de agosto se reconociera como el Día Nacional de la Juventud, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2010. La finalidad de este decreto es fomentar una política nacional de juventud que permita y garantice el pleno desarrollo de este sector, así como el impulso de medidas legales en donde se reconozcan sus derechos, así como la participación de los jóvenes en todos los ámbitos sociales.

Desde hace cuatro años, por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2013, el Imjuve como entidad paraestatal queda agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). De conformidad con el Decreto señalado, se encomendó a la SEDESOL, entre otras tareas, las siguientes: “Las de fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas relativas a la atención de los jóvenes y de las personas con discapacidad, así como fomentar y elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva, y de aquellos que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad”.

El 2 de abril de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud a través de la cual se establece que el Imjuve deberá trabajar, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud, como se señala a continuación:

Artículo 3 Bis.El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme los siguientes lineamientos:

I. Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes;

II. Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos;

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.

Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;

IV. Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los jóvenes el conocimiento de sus derechos, su comprensión, aprobación y los medios para hacerlos exigibles;

V. Observar los criterios de integralidad y transversalidad en la ejecución de programas y acciones que procuren cubrir las necesidades básicas de los jóvenes y promover su desarrollo personal, social y económico. Asimismo, se impulsará un federalismo institucional en la ejecución de los programas y acciones que, en su caso, se coordinen entre las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, con los gobiernos de las entidades federativas y a través de ellos con los municipios.

VI. Proponer en el ámbito de su competencia la asignación y distribución presupuestal suficiente que permita cumplir con la política nacional de juventud.

El gobierno federal a través del Programa Nacional de la Juventud 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2014, señala que en México viven más de 37 millones de jóvenes, cifra que implica un reto para el Estado Mexicano en cuanto respecta a atender las necesidades de este sector de la población. Se estima que el 56% del universo de jóvenes en el país enfrenta problemas para encontrar un trabajo. Asimismo, se calcula que 53% de los desempleados en el país cuentan con una edad de entre los 14 y los 29 años.

Como lo señala el Programa Nacional de Juventud 2014-2018, los jóvenes son un sector importante de la población, como sujetos activos necesitan acciones que amplíen su capacidad de participación económica, social, política y cultural que les permita transformar su realidad y mejorar su calidad de vida.

A nivel federal se han venido impulsando políticas públicas a través de programas orientados a los jóvenes, como son “Crédito Joven” y “Vivienda Joven”, así como otras acciones para incluir a los jóvenes en la agenda pública, entre ellas, el “Concurso Juvenil de Debate Político” y el “Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud”.

Con el ánimo de seguir impulsando el desarrollo de los jóvenes y atender una de sus más sentidas demandas como lo es el acceso a la vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha implementado el Programa de Vivienda Joven para las personas de entre los 18 y 29 años de edad que estén al frente de una familia, considerando que solo el 4.2% de los jóvenes de los 38.3 millones existentes, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud del Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, viven fuera de la casa de sus padres. El citado programa establece que en los apoyos que otorgue la Secretaría, el beneficiario podrá contar con el  respaldo del Imjuve.

Otro programa impulsado por la Sedatu para seguir avanzando en la cultura del emprendimiento como herramienta de crecimiento económico, es el “Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores”, que consiste en apoyar a los jóvenes de los centros agrarios para adquirir o rentar tierra social para que, mediante asistencia técnica y capacitación, instrumenten proyectos productivos.

Reconocemos los esfuerzos que han venido realizado el Imjuve para impulsar el desarrollo de los jóvenes como agentes del cambio. Dicho Instituto, promueve dentro del Sistema Nacional de Convocatorias Imjuve 2017, las convocatorias; “Premio Nacional de la Juventud”, el “Concurso Juvenil Debate Político”, el “Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud”, “Joven-es Servicio”, “Joven A.C.”, y “Jóvenes ECOSOL”. Además de espacios de expresión como el “Concurso Nacional Ritmo Joven” y “Carpa Joven”, entre otras. Sin  embargo resulta claro y necesario establecer una mayor vinculación y coordinación entre el Instituto Mexicano de la Juventud y las Secretarías de Estado para dar mayor alcance y cobertura a las políticas públicas en apoyo y beneficio de las y los jóvenes de nuestro país.

En este sentido, es evidente que los jóvenes siguen enfrentando retos para su desarrollo, por lo cual requieren que se les atienda y en la medida de lo posible se cubran sus necesidades. Por ello, los proponentes, coincidimos en la necesidad de fortalecer a las instituciones con las que actualmente cuenta el Estado Mexicano para atender las demandas de los distintos sectores sociales.

La propuesta de la presente iniciativa tiene como finalidad incluir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, ya que dicha Junta es el órgano encargado de establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto; así como las de aprobar los programas y acciones que garanticen la correcta instrumentación y ejecución de la política nacional de juventud. Con esta reforma pretendemos que tanto el Instituto Mexicano de la Juventud como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, bajo un esquema de vinculación, puedan aplicar nuevas políticas públicas que benefician a las y los jóvenes en la adquisición de vivienda en sus distintas condiciones sociales, es decir, no solo contemplar programas como los ya mencionados, sino ampliarlos para atender a aquellos jóvenes con capacidad de independizarse del núcleo familiar, en condiciones de un mayor acercamiento a sus centros de trabajo, entre otros factores, y con ello mejorar sus condiciones de vida.

Por lo anterior, y conforme a las consideraciones expuestas, presentamos a esta honorable legislatura el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo y la fracción I del artículo 8; y se adiciona un nuevo inciso j) a la fracción I, recorriéndose sucesivamente los demás incisos del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Único. Se reforma el primer párrafo y la fracción I del artículo 8; y se adiciona un nuevo inciso j) a la fracción I, recorriéndose sucesivamente los demás incisos del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por dieciocho miembros, de los cuales serán:

I. Once Miembros Propietarios:

a) El Secretario de Desarrollo Social, quien la presidirá;

b) El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

c) El Secretario de Gobernación;

d) El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

e) El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

f) El Secretario de Salud;

g) El Secretario de Educación Pública;

h) El Secretario de Economía;

i) El Secretario de Comunicaciones y Transportes,

j) El Secretario de  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

k)El Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

(...)

II. (...)

(...)

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, Diario Oficial de la Federación del 25 de febrero de 1950.

2 Véase, artículo 3° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Darío Oficial de la Federación del 6 de enero de 1999.

3 Véase, Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial de la Federación del 29 de marzo de 2013.

4 Véase, artículo 3 BIS de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Darío Oficial de la Federación del 6 de enero de 1999.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2017.— Diputados y diputadas: Juan Manuel Celis Aguirre, Alberto Silva Ramos, Alfredo Bejos Nicolás, Ana Guadalupe Perea Santos, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Edith Villa Trujillo, Jesús Sesma Suárez, José Lorenzo Rivera Sosa, Marco Antonio Aguilar Yunes,  Pablo Bedolla López (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Juan Manuel Celis Aguirre. Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.

Cómo no, diputada. Me pide la diputada Guadalupe Perea adherirse también a la iniciativa que ha sido leída. Muchas gracias. El diputado Cesáreo Márquez Alvarado. El diputado Jorge Márquez ha pedido también incorporarse y suscribir esta iniciativa. También el diputado Pablo Bedolla se adhiere a la misma. Está a disposición, señores y señoras diputadas y diputados, para poder adherirse a la misma.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez: Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Vengo a presentar una propuesta de reforma al artículo 123 de la Constitución, que rescate los derechos laborales de los cuerpos de seguridad, peritos y ministerios públicos.

La Constitución, a raíz de la reforma referida de 2011, otorgó al sistema jurídico mexicano un cambio de paradigma en la concepción de los derechos fundamentales, toda vez que ahora ordena que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Es con base en este principio donde se encuentra el centro fundamental de la iniciativa de reforma del artículo 123, es decir, se pretende eliminar la incongruencia y distinción entre los derechos otorgados y reconocidos para los trabajadores del Estado con los que son excluidos los trabajadores de las instituciones de seguridad.

Actualmente, si un policía durante juicios y procedimientos demuestra que fue injustamente cesado o removido, se le impide por ley su reinstalación, no obstante se trate de un buen elemento y policía de vocación.

El ideal jurídico que debe establecerse y prevalecer dentro del texto constitucional es aquel que permita que, una vez dada la separación del cargo del empleado de seguridad de manera injustificada, este goce de la restitución de la totalidad de sus derechos laborales que incluya la reinstalación en el cargo, debido a la inexistencia de justificación para el acto de autoridad violatorio de sus derechos humanos y laborales.

Actualmente, la disposición jurídica constitucional niega a los empleados de las instituciones policiales gozar de estabilidad laboral, al prohibirles la reinstalación por la autoridad competente cuando resuelve la injusticia en la separación de sus respectivos cargos.

En este escenario, el juzgador comete una contradicción de principios generales de derecho que contraviene a los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte. Asimismo, se contrapone con la esencia de los derechos sociales que fueron la aportación jurídica de nuestro país. Recordemos que el espíritu del artículo 123 constitucional siempre ha sido reconocer las garantías de los derechos que debe gozar el trabajador.

En este mismo sentido, es una incongruencia que se pretenda y se ordene que el sistema de impartición de justicia laboral funcione de forma distinta para los trabajadores de las instituciones de seguridad, en comparación con los demás trabajadores, dado que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Derivado de dicha incongruencia, de manera general, los empleados que integran las instituciones policiales de la federación cuando son separados de su encargo sin que exista causa justificada acuden a juicio a dirimir ante los juzgados y poner en juicio sus derechos de manera irremediable, éstos reciben una sentencia que resuelve sin atender a un debido proceso y respeto franco a sus derechos sociales y laborales. Por lo tanto, por precepto y mandato constitucional en la mayoría de los casos, no tienen la posibilidad de ser restituidos en sus empleos.

Por todo lo anterior es de urgencia conciliar la forma en que se preserva el interés del Estado y la seguridad pública con la salvaguarda de los derechos laborales de los empleados de las instituciones policiales.

Debe ponderarse la congruencia entre los principios generales del derecho, los derechos humanos, las garantías constitucionales y los derechos laborales contemplados, todos ellos, en nuestra Constitución y tratados internacionales.

Por lo tanto, propongo la reforma al artículo 123, en la fracción XIII, donde debe decir:

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes laborales. El Estado garantizará y protegerá los derechos sociales y laborales de dicho personal, mediante la creación e instalación de tribunales laborales especializados en la materia.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes, en el momento del acto, señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, así como en su caso la reincorporación al servicio que conforme a derecho se resuelva.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Concluya, diputada.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez: Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Liliana Ivette Madrigal Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho al trabajo en los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra protegido dentro de los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política, el primero de los numerales referidos se encuentra en la lista de los derechos humanos y el segundo en el título sexto que refiere al trabajo y a la previsión social. De acuerdo con ello, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y la autoridad deberá promover su creación y la organización social del mismo. No podemos dejar de mencionar que nuestro país, ha sido pionero en la creación y protección de los derechos sociales, cuestión jurídica de gran aportación y valor a nivel mundial, ya que México fue precursor porque insertó en el 123 constitucional los principios básicos de la regulación laboral que sustentan su fuerza en la irrenunciabilidad.

Así, del artículo 123 constitucional, deriva la ley fundamental laboral; artículo que en su redacción se divide en dos apartados: el primero, Apartado A, refiere a los derechos y obligaciones del capital y del trabajo; y el segundo, Apartado B, regula las relaciones laborales de los empleados al servicio del Estado.

El citado artículo regula las relaciones entre los Poderes de la Unión, los gobiernos del Distrito y de los territorios federales y sus trabajadores. No obstante, si bien establece la duración de las jornadas, la remuneración por medio de salarios, así como las condiciones de igualdad entre los géneros para el pago de los mismos, son dos fracciones las que requieren de especial atención debido a que establecen particularidades para el ejercicio pleno de este derecho.

Esto es:

XI (sic 5-12-1960). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;

Para su ejecución se establece la autoridad competente en la resolución de conflictos de cualquiera de esta índole:

XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria;

Hace también distinción de los trabajadores de cada uno de los poderes del Estado:

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

Finalmente, establece una distinción más, que resulta de especial interés, para la presente iniciativa:

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

En este numeral se localiza la materia de cambio de la presente iniciativa. De acuerdo con la reforma de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, paradigmática en el sentido en que introdujo la preponderancia y guarda de los derechos humanos en el país, se ordena que “ todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y en las condiciones que la misma Constitución establece”.

Asimismo, la Constitución, a raíz de la reforma referida de 2011, también menciona que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En este principio de la protección más amplia de las personas se encuentra la incongruencia entre la forma en que es impartida la justicia laboral para los empleados del Estado, en el sentido en el que la distinción que hace el propio texto constitucional entre los integrantes de los cuerpos de seguridad, milicia e inteligencia en general deban tener un tratamiento especial que el resto de los empleados del Estado, como si por tal motivo se debieran o pudieran mermar sus derechos, humanos, laborales y sociales.

Es una incongruencia que se pretenda y ordene que el sistema de impartición de justicia laboral, funcione de forma distinta dado que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Derivado de dicha incongruencia, de manera general, los empleados que integran las instituciones policiales de la federación, cuando son separados de su encargo sin que exista causa justificada y acuden a juicio a dirimir la controversia y poner a juicio sus derechos, de manera irremediable reciben una sentencia que resuelve, sin atender a un debido proceso y respeto franco a sus derechos sociales y laborales, la separación del servicio y como se mencionó de manera injustificada, sin apego a las bases o fundamentos de operación generales, y por tanto por precepto y mandato constitucional, en la mayoría de los casos no tienen la posibilidad de ser restituidos en sus empleos.

En el texto constitucional debe establecerse y prevalecer el ideal jurídico que permita que, una vez dada la separación del cargo del empleado de seguridad de manera injustificada, este goce de la restitución de la totalidad de sus derechos laborales, que incluya la reinstalación en el cargo, debido a la inexistencia de justificación para el acto de autoridad violatorio de sus derechos humanos.

Actualmente, la disposición jurídica constitucional deniega a los empleados de las instituciones policiales, gozar de la estabilidad laboral, al prohibirles la reinstalación por la autoridad competente cuando resuelve la injusticia en la separación de sus respetivos cargos.

En este escenario, el juzgador comete una contradicción de principios generales de derecho y contraviene a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de que México es parte y asimismo, se contrapone con la esencia de los derechos sociales que fueron aportación jurídica de México, cuestión que sin duda representa una gran contradicción, no sólo en nuestro máximo cuerpo legal sino, también, con nuestra historia político-jurídica.

Por todo lo anterior, es de urgencia conciliar la forma en que se preserva el interés de Estado y la seguridad pública con la salvaguarda de los derechos laborales de los empleados de las instituciones policiales, es decir, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las mismas, ya sea de la Ciudad de México o de los estados y los municipios.

Debe ponderarse la congruencia entre los principios generales del derecho, los derechos humanos, las garantías constitucionales y los derechos laborales contemplados, todos ellos, dentro de nuestra carta magna y los tratados internacionales de los que México forma parte.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual México forma parte y adoptada por la Asamblea General de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, respecto del derecho al trabajo, concretamente expresa a la letra:

Artículo 22.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23.

(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24.

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25.

(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

De lo anterior desprendemos claramente que, el derecho al trabajo, ha sido reconocido en la lista de derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el 123 constitucional, en el primer párrafo, dentro de los derechos fundamentales sociales que deben protegerse, por lo que cualquier situación que ponga y atente, por lo menos aparentemente, contra éstos, sin duda debe ser modificada, por simple congruencia legal y política.

Ahora bien, de forma específica, otra de las materias de la presente iniciativa, se trata sobre establecer de forma inmediata, la vía procesal o autoridad competente, donde no obstante podamos pensar que nuestros policías o trabajadores del Ministerio Público gozan de pocos derechos laborales, estos resultan nugatorios al carecer de dicha vía o autoridad, situación que, no obstante fue pasada por alto por el más alto tribunal, al resolver contradicciones de tesis, esto no quiere decir que deba permanecer o continuar así.

En efecto, el hecho de que se pretenda que exista un “régimen especial”, para los trabajadores de seguridad pública, no quiere decir que no deban ser juzgados sus derechos por la vía y autoridades competentes en materia laboral y mucho menos que la labor que desempeñan no deba ser considerada como un “trabajo”, cuestión que sin duda debe ser modificada desde el texto constitucional.

Considerandos

1. Que México forma parte de los tratados internacionales que vigilan y protegen los derechos humanos a escala internacional, y que, como tal, debe garantizar que el ejercicio de esos derechos sea efectivo no sólo para sus habitantes sino también para los propios empleados que hacen posible su existencia.

2. Que el derecho al trabajo, la protección contra el desempleo y la protección contra el despido están reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo y México forma parte.

3. Que la reforma de que introdujo la imposibilidad de reinstalación en el cargo de los empleados que han sido escindidos de las instituciones de seguridad se llevó a cabo como una acción de combate a la corrupción que no contó con el planteamiento de excepciones ni de una estrategia integral de combate a esta práctica en los cuerpos mencionados.

4. Que el máximo tribunal constitucional del país, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posterior a la reforma mencionada en el considerando anterior, determinó la existencia de una violación a los derechos humanos de los servidores públicos sujetos de la referida restricción.

En este sentido, se resolvió una contradicción de tesis, expediente número 28/2001, en la que se señalaba que la reforma no había creado una prohibición absoluta para la reinstalación en general, sino que únicamente la restringía a los miembros de las corporaciones policiales que no llenaran los requisitos de permanencia exigidos en la ley vigente.

5. Que la incongruencia que ha sido expuesta en la presente iniciativa, no es otra cosa que un caso de antinomia legal, en la que dos disposiciones son contrarias entre sí y que coexisten en el mismo texto constitucional. Ante este escenario, cabe destacarse que debe ser resuelta en los términos en que su aplicación permita la protección más amplia de las personas, es decir, el principio pro personae.

6. Que la aplicación de la disposición materia de la reforma de 1999, no ha mostrado evidencia de que haya representado un avance en el combate a la corrupción en las instituciones policiales y de inteligencia.

7. Que es inaceptable que existan violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos fundamentales de los empleados de seguridad, es decir, el acceso a la justicia, la igualdad ante los tribunales, legalidad, imparcialidad, congruencia y progresividad; y no obstante de ello, también a los tratados y principios internacionales pro persona, del debido proceso y de la no discriminación para el acceso a la justicia.

8. Que no obstante puedan existir normas jurídicas que regulen de forma específica, las relaciones laborales de los trabajadores de las instituciones de seguridad pública, esto no quiere decir que sus conflictos laborales no deban ser dirimidos por autoridades competentes en materia laboral.

Por todo lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Apartado B. Dice:

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

Debe decir:

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes laborales . El Estado garantizará y protegerá los derechos sociales y laborales de dicho personal, mediante la creación e instalación de Tribunales Laborales especializados en la materia.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, así como en su caso, la reincorporación al servicio, que conforme a derecho se resuelva.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor un año posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, de los estados y de la Ciudad de México, así como el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, dentro los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberán realizar las adecuaciones necesarias a las normas jurídicas y reglamentarias correspondientes.

Tercero.Los asuntos que se encuentren en trámite hasta la iniciación de la vigencia del presente decreto, seguirán tramitándose ante las autoridades y bajo las reglas y vía procesal en que hayan iniciado.

Notas

1 Reforma publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

2 Misma fecha de reforma.

3 Es decir, “se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos”.

4 Reformas publicadas el 19 de noviembre de 1972; el 8 de marzo de 1999 y el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

5 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fecha de consulta: 19 de marzo de 2017.

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.— Diputadas y diputados: Liliana Ivette Madrigal Méndez, Antonio Amaro Cancino, Marco Antonio Aguilar Yunes, Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Liliana Madrigal Méndez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Dice el escritor Alejandro Jodorowsky que cuando los países se desmoronan y se caen, lo único que queda de ellos es la cultura —por eso es tan importante—. Un país sin cultura va a la desaparición. Con el permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Uno de los ejes rectores de Nueva Alianza es la educación, la cual concebimos como motor del desarrollo y crecimiento nacional.

Para nosotros es primordial impulsar entre la sociedad un acceso igualitario a la educación y a la cultura. Los museos, monumentos y zonas arqueológicas son una herramienta fundamental para consolidar dicho objetivo.

Si bien el derecho a la cultura y a la creación cultural, así como el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales están plenamente reconocidos en nuestra Constitución con garantías fundamentales, es pertinente propiciar mecanismos que contribuyan a ejercer plenamente este derecho.

Desafortunadamente, a pesar de que México es un país inmensamente rico en cultura y que cuenta con una gran historia resguardada en un amplio número de museos, de zonas arqueológicas y centros culturales. La gran mayoría de estos centros no conoce la población actual, pues visitarlos no siempre es accesible para la ciudadanía, ya sea por falta de tiempo o —sobre todo— por falta de recursos económicos.

La iniciativa que hoy pongo a su consideración pretende facilitar que las familias mexicanas visiten con más frecuencia estos museos y zonas arqueológicas. Actualmente, los domingos y días de descanso obligatorio no se cobra la entrada a algunos de estos lugares. Lo que proponemos en cambio, es que ese beneficio se extienda cuando se trate de fines de semana largos que establece la Ley Federal del Trabajo, y eso servirá como un apoyo a la economía familiar y, sobre todo, para fomentar el acceso a la cultura.

Recordemos que la educación y la cultura integran el conocimiento de las diferentes tradiciones, simbología, credos y hábitos, entre muchos otros factores que se han conformado históricamente a través de las diferentes etapas del ser humano. Estos sitios nos revelan gran parte de esa historia, nos conectan con nuestro pasado, nos abren la puerta a otro tiempo y a otras acciones, a diferentes culturas, y —con todo y ello— nos ayudan a entender lo que somos.

Por ello, propiciar el incremento de la cultura y el conocimiento a través de la visita a los museos y centros culturales es fundamental. De esa manera estaremos contribuyendo al desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos en aras de consolidar una sociedad más justa y equitativa. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carmen Victoria Campa Almaral, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el sexto párrafo del artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

Acudir a museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas, además de ser una forma de adquirir conocimiento y cultura, ayuda a los niños y jóvenes a vivir de una forma diferente.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los museos favorecen un enfoque integral del patrimonio cultural, así como el establecimiento de los vínculos de continuidad entre creación y patrimonio, además de permitir a sus públicos, en particular a las comunidades locales y los grupos desfavorecidos, reanudar los lazos con sus propias raíces y abordar la cultura de los otros.

Museos, zonas arqueológicas y espacios culturales, en general, provocan en las personas diferentes inquietudes como motivación y anhelo, emociones que traerán consigo el desarrollo de futuros profesionistas en diferentes ámbitos, pues sabemos que la cultura enriquece el conocimiento. Por ello, es necesario incentivar mayores visitas a estos recintos, puesto que pueden ser la semilla que hará que nazcan nuevas ideas, formas de vida y hasta diferentes formas de pensamiento.

Es decir, los museos pueden ser determinantes en el desarrollo mental y emocional, principalmente entre las niñas y los niños; por ello, es importante fomentar la visita continua a estos lugares, incentivar las ganas de acudir y crear una especie de hábito o afición por los espacios culturales y, a fin de que ésta no se conciba como una afinidad que se desarrolle de manera espontánea, o que se pueda dar de la noche a la mañana, como legisladores, necesitamos impulsar su interés, pensando siempre en favor de las familias mexicanas.

El poder practicar y recorrer la amplia gama de instalaciones ricas en cultura es ampliamente motivante, debido a que la experiencia de vivir en cierto modo el pasado, relacionarlo con el presente y poder imaginar el futuro, es simplemente razón de inspiración para niños, jóvenes y adultos.

Por ello, es evidente que para fomentar el desarrollo al que los mexicanos deberíamos anhelar, es importante establecer las razones normativas que permitan crear aquellas políticas públicas encaminadas a promover y fomentar el uso y consumo cultural entre la sociedad mexicana, a través del desarrollo y ejercicio de diferentes actividades que traigan consigo mejoras en la convivencia familiar, no solo en lo cultural, sino que además pueda ser en beneficio de la economía mexicana.

La presente Iniciativa tiene por objeto incentivar que las familias mexicanas visiten los museos y zonas arqueológicas, ampliando el beneficio que actualmente se tiene en los días domingos, a efecto de que también se consideren aquellos que comprenden los fines de semana largos, mismos que están estipulados en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, como un apoyo a la economía familiar y, sobre todo, para impulsar la cultura entre los mexicanos.

Exposición de motivos

El 28 de abril del 2003 fue presentada una Iniciativa en la que se proponía adicionar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer el derecho a la cultura y a la creación cultural, como garantías fundamentales del individuo. En ella, se concluía que no existía un derecho a la cultura garantizado en el texto de nuestra Carta Magna; es decir, debía regularse un derecho a la creación cultural, lo cual significaría una conducta externa, misma que debía ser protegida por el Estado.

En dicha reforma se establecía el imperativo de reconocer, desde nuestro mismo texto constitucional, el derecho a la cultura y a la creación cultural y, con ello, el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales para todos los individuos. Así, el Estado estaría obligado a garantizar este derecho, así como proporcionar, en la materia, la información, servicios y educación que determinara la ley, además de permitir participar a los particulares en la política cultural.

En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama en la Declaración Universal de  Derechos Humanos, el que tanto los individuos como los Estados y las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medio de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros, como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Como bien se menciona en dicha Declaración Universal, la cultura es básica para lograr la existencia y validación de los derechos fundamentales; tanto es así, que el derecho a la cultura es apreciado desde la perspectiva de un derecho fundamental, tal como se menciona en el artículo 27 de la siguiente manera:

Artículo 27.

 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Por otro lado, cabe señalar que en la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, que tiene como fin el que tanto los gobiernos las autoridades, las organizaciones, las asociaciones e instituciones a cuyo cargo están las actividades culturales, tengan constantemente en cuenta tales principios, y puedan alcanzar gradualmente, como se afirma en la Constitución de la Organización, mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura, los objetivos de paz y de bienestar enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.

De esta manera, dicha declaración de principios señala en su artículo I que toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos, y que todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura; por su parte, en el artículo X se señala que en la cooperación cultural deberá concederse particular importancia a la educación moral e intelectual de la juventud con espíritu de amistad, de comprensión internacional y de paz; por último, en el artículo XI se establece que los Estados deberán inspirar sus relaciones culturales en los principios de las Naciones Unidas, respetarán, en sus esfuerzos por alcanzar la cooperación internacional, la igualdad soberana de los Estados y se abstendrán de intervenir en los asuntos que corresponden esencialmente a la esfera de la competencia nacional y que la aplicación de los principios enunciados en esa declaración se basará en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La definición de nuestra educación y cultura está formada no solamente del total de las expresiones de la naturaleza, sino también de todos los hechos materiales creados por el ser humano, además de sus valores. Igualmente, integra las tradiciones, simbología, credos, hábitos, objetivos y conocimientos, entre muchos otros factores que se han conformado históricamente a través de diferentes etapas pertenecientes a cada generación.

En ese sentido, es evidente que uno de los caminos hacia el progreso educativo y cultural son los museos y las zonas arqueológicas. En referencia a lo anterior, conviene aquí recuperar lo establecido en la fracción II del artículo 3o. de nuestra Constitución Política, que a la letra dice:

“...

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

...”.

En función de tal disposición constitucional, es que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza concebimos y reconocemos la gran importancia que tienen, pedagógicamente, los museos y zonas arqueológicas, a fin de que éstos coadyuven a lograr los objetivos educativos y culturales a los que se aspira en nuestra Constitución política; para ello, también reconocemos que es necesario que el Estado promueva un mejor acceso y difusión, con el propósito de que los mexicanos pueda visitar dichos lugares, y así apreciar, disfrutar y aprender lo que resguardan, que es, en esencia, nuestros orígenes y raíces naturales, sociales e históricas, además de las demás expresiones de la cultura universal.

Dicho esto, para cumplir los objetivos trazados, creemos que es necesario plasmar jurídicamente mayores facilidades para el libre desarrollo, la debida promoción y acceso a los museos y zonas arqueológicas tutelados por el Estado.

Creemos, asimismo, que es requerido que dicho ordenamiento jurídico constituya las bases que deriven en procesos, con la finalidad de impulsar un mayor consumo cultural de la sociedad. En cuanto a los museos se refiere, a fin de reforzar la conciencia y conocimiento cultural y, así, motivar el conocimiento y progreso científico necesarios para que la sociedad mexicana pueda desarrollarse culturalmente.

Vale la pena señalar que la presente iniciativa guarda especial congruencia con las disposiciones constitucionales y las leyes que rigen en materia educativa, cultural y de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Bajo esta perspectiva, no omitimos señalar que, en la misma legislación suprema, en su artículo 4, se establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, señalándose que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa, concluyendo que la ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

En este orden de ideas, es conveniente considerar que la educación es definida como el vínculo principal para obtener, transmitir y aumentar la cultura; integra un proceso que sostiene la voluntad del ser humano de tener acceso a diferentes grados de conocimiento, a fin de obtener mayor comprensión de su alrededor, natural y social y, como tal, la comprensión de la historia puede ser una muy útil herramienta cognitiva, pues ésta guarda lo que a lo largo del tiempo ha transformado el hombre.

No obstante, es importante reconocer que, en muchas ocasiones, no solo basta tener la intención de conocer nuestra cultura, sino que también se necesitan recursos económicos para desarrollar esta actividad y como es de nuestro más amplio conocimiento, desde hace algún tiempo, el salario mínimo ha ido perdiendo el sentido original de poder dar una vida digna a las familias, pasando a ser un simple indicador estadístico, financiero o legal.

Económicamente, la mayoría de la población mexicana cuenta con un bajo nivel de vida, algo que se puede reflejar en lo difícil que se ha convertido solventar los gastos diarios de una persona -y no se diga de una familia-. Nuestro país se caracteriza por la gran unión familiar, reflejada en la convivencia durante los días de descanso, ya sean semanales u obligatorios, los cuales se aprovechan para salir a conocer nuevos lugares como museos, monumentos o zonas arqueológicas, siendo los domingos y los “puentes” las opciones más viables y comunes para esos ratos de esparcimiento familiar, por ser una manera muy accesible para conocer cosas nuevas como pinturas, esculturas, historia, etc. Es por eso que, en la búsqueda de accesibles formas de convivir, son los museos las actividades preferidas.

Es importante mencionar que el 17 de enero del 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de modificar las fechas de descanso obligatorio en las conmemoraciones de los días 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre, reconociéndose que dicho decreto tiene por objeto establecer tres fines de semana largos, a efecto de implementar un nuevo mecanismo de promoción turística que favorezca el mercado nacional.

Por ello, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza buscamos que los mexicanos conozcan, ejerzan y fortalezcan su derecho constitucional en materia de cultura y creación cultural; ese es el sentido de esta Iniciativa, a fin de que cada individuo pueda gozar en mejores condiciones del derecho que tiene al acceso y disfrute de la oferta de bienes y servicios culturales con los que cuenta nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, en Nueva Alianza estamos convencidos de que es elemental invertir en educación, cultura y ciencia para los niños, jóvenes y, en general, para todos los mexicanos; tenemos la convicción de que esta propuesta legislativa contribuirá en el logro de los objetivos culturales nacionales, aportando una opción viable que coadyuve al desarrollo de México, pues con su ejecución se conjugarán esfuerzos, acciones y recursos para emprender esta importante tarea a nivel nacional.

Incrementando las visitas a los museos, monumentos y zonas arqueológicas mexicanas, podemos asegurar que los diputados de Nueva Alianza buscamos elevar el nivel educativo, cultural y económico del país.

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el sexto párrafo del artículo 288 del a Ley Federal de Derechos

Artículo Único. Se reforma el sexto párrafo del artículo 288 de La Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 288. ...

...

...

...

...

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos, monumentos y zonas arqueológicas los domingos y los días de descanso obligatorio.

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cultura. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/museums/

2 http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/refconst_lviii/html/278.html

3 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml

4 Ídem.

5 Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional, 4 de noviembre de 1966.

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13147& URL_DO= DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

7 Ídem. Párrafo adicionado DOF 30-04-2009.

8 Diario oficial de la Federación.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2107691&fecha=27/01/2006

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de septiembre de 2017.— Diputada Carmen Victoria Campa Almaral(rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Túrnese —por favor— a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Se le concede el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con la venia de la presidencia, honorable asamblea, en nombre del diputado Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, me permito presentar a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de presunción de inocencia, valor liberal y derecho humano que merece la completa tutela del Estado mexicano para beneficio del intercambio público y certidumbre ciudadana.

Hoy día, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en su artículo 20, apartado B, al establecer como el primero de los derechos de toda persona imputada, aquél a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

También, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé, dentro de su Título Segundo, Principios y Derechos en el Procedimiento, el Principio de presunción de inocencia, que a la letra dice en su artículo 13: Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De tales criterios se desprende que, el Principio de presunción de inocencia es un derecho que le asiste a la persona imputada; es decir, a quien ha sido señalado como responsable de la comisión de un delito. Sin embargo, por mayoría de razón, este principio debe beneficiar a toda persona.

Por ello, creemos que resulta pertinente plantear una reforma al artículo 16 constitucional, con la finalidad que, tan alto principio, sea reconocido en nuestra Carta Magna para ser aplicable, no sólo a favor de la persona imputada en el ámbito jurisdiccional-penal, sino, por mayoría de razón, a toda persona, tanto en el ámbito jurisdiccional y/o administrativo, así como fuera de ellos.

En tiempos recientes, con la turbulencia política, el derecho a la presunción de inocencia ha sido sesgado, y en el peor de los casos, despreciado. Tiene el mismo derecho a la presunción de inocencia y a que quien les cause de la comisión de conductas ilícitas aporte las pruebas de su dicho.

Un futbolista, un compañero diputado, cualquiera que fuere su partido, o a un ex servidor público, en igual sentido, en todos los casos la libertad de expresión y prensa debe ir acompañadas por una revisión exhaustiva de las fuentes y los medios de prueba idóneos por encima de simpatías y antipatías políticas.

En Encuentro Social llamamos a la reconciliación nacional y legislamos con la mira puesta en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones. Un México en que sea una vivencia cotidiana el reconocimiento a los más elementales principios del debido proceso, como: la presunción de inocencia, la carga de la prueba y el derecho al honor, la reputación y el buen nombre, así como a no ser molestado sino mediante procedimientos y previa emisión de órdenes jurisdiccionales apegados a derecho. Todo esto es posible, por eso hagámoslo nosotros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de presunción de inocencia, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La génesis del principio de presunción de inocencia se encuentra en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuando se previó su reconocimiento en su doble vertiente – como derecho humano y garantía procesal – a fin de limitar el monopolio legítimo de la fuerza en los estados democráticos.

Tiene por objeto considerar al acusado como inocente hasta en tanto no exista sentencia condenatoria. Posteriormente se hizo extensivo a la Declaración Universal de las Naciones Unidas previsto en el segundo párrafo del artículo 11, que a continuación se refiere:

Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoció:

Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable...

Otros instrumentos que han previsto este principio son:

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966;

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969;

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969 Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra, en 1955.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, en la observación general 32, párrafo segundo del artículo 14, establece a la presunción bajo tres dimensiones:

1. Derecho humano de las personas a la presunción de inocencia, siempre y cuando no se demuestre lo contrario.

2. Impone la carga de la prueba al acusador; y

3. Garantizar que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación, fuera de toda duda razonable, es decir, que el acusado tenga el beneficio de la duda.

La presunción de inocencia es un elemento esencial para una debida defensa, inherente a toda persona sujeta a proceso, desde su inicio hasta que se dicte una sentencia condenatoria o absolutoria.

Para finales del siglo XX, los sistemas de justicia penal pasaron por una transformación en la que “el principio de presunción de inocencia, como derecho humano, no es una idea, sino un derecho regulado en instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, el cual de conformidad con la dinámica actual tiene fuerza obligatoria por encima de las leyes federales y plano de igualdad jerárquica con la Constitución como estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: Principio pro persona. Criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable. Que revela, con base en una interpretación pro persona, un criterio normativo directamente reclamable como garantía indispensable para el buen desarrollo del proceso penal ante los propios órganos jurisdiccionales, consistente en que la interpretación de leyes aplicables deben ser bajo la elección de lo más favorable.”

Es así que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 20, apartado B, los derechos del imputado al establecer (el subrayado es nuestro):

Artículo 20...

A. I. al X...

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

II. al XI...

C. I. a VII...

Por otra parte, es de señalarse que, el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo de 2014, prevé dentro de su Título II Principios y Derechos el Procedimiento, Capítulo I Principios del Procedimiento, el Principio de Presunción de Inocencia que a la letra dice (el subrayado es nuestro):

Artículo 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De tales preceptos se desprende que, el principio de presunción de inocencia es un derecho que le asiste a la persona imputada, es decir, a quien ha sido señalado como responsable de la comisión de un delito, sin embargo, por mayoría de razón, este principio debe beneficiar a toda persona.

Por ello, se plantea una reforma al artículo 16 Constitucional, con la finalidad que, tan alto principio, sea reconocido en nuestra Carta Magna para ser aplicable, no solo a favor de la persona imputada, en el ámbito jurisdiccional-penal, sino, por mayoría de razón, a toda persona, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo.

Para facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de presunción de inocencia

Único. Se reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento , con pleno respeto al principio de presunción de inocencia previsto en el apartado B del artículo 20 de esta Constitución.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Aguilar López, Miguel Ángel, “Presunción de inocencia derecho humano en el sistema penal acusatorio. Apéndice de jurisprudencia relacionada”. México, Instituto de la Judicatura Federal, 1ª Edición, 2015, p.p. 41-43

2 Ibídem, p. 43

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 12 de setiembre de 2017.— Diputada y diputado: Ana Guadalupe Perea Santos,Alejandro González Murillo, (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada Ana Guadalupe Perea Santos. Túrnese, por favor, a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Candelaria Ochoa Avalos, a nombre del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, diputada presidenta. En nombre del coordinador y el mío propio, la violencia contra las mujeres es producto de la gran desigualdad de género que vivimos en nuestro país. Es un problema de urgente resolución, pues además de estar enraizado culturalmente en nuestra vida cotidiana tiene muchas expresiones y manifestaciones que afectan la vida de las mujeres todos los días, todo el tiempo, llegando a terminar con su vida.

Además de crear mecanismos para prevenir la violencia contra las mujeres es indispensable y nuestro deber como legisladores crear mecanismos para sancionarla. Uno de los pilares de este problema, como lo es de muchos más, es la impunidad. Impunidad porque socialmente muchas personas condonan la violencia contra las mujeres, porque ni las instancias públicas ni los mecanismos legales que se encargan de impartir justicia tienen la perspectiva de género.

La diferencia entre violencia y violencia contra las mujeres es la misma que entre homicidio y feminicidio. El empleo de poder es una relación de desigualdad de género, hacer uso de esa desigualdad tiene que ameritar una sanción mayor, puesto que es mucho más grave violentar a alguien que no tiene la misma capacidad para defenderse en una estructura que es inimaginablemente desigual.

Actualmente, nuestro Código Penal Federal sólo contempla agravantes por género cuando se habla de delitos dolosos contra periodistas, en los delitos de homicidio de los artículos 315 y 217 y en el feminicidio. Es decir, en el resto del Código Penal no hay ninguna consideración de lo que implica la violencia contra las mujeres.

Cualquier conducta feminicida o violencia contra las mujeres es deleznable y merece ser sancionada con ese agravante. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa violencia es cometida contra mujeres menores de edad, contra las niñas? Si las mujeres son mucho más vulnerables y susceptibles de ser o de suceder muertas por ese único hecho que un hombre, las niñas lo son mucho más.

De tal suerte, proponemos modificar el artículo 51 y el artículo 325 del Código Penal Federal, para que jueces y tribunales, al momento de aplicar las sanciones establecidas para este delito, consideren como agravante las razones de género y en dicho caso la pena aumenta a la mitad. Proponemos también considerar como agravante que la víctima de un feminicidio, cuando sea menor de edad aumenten las penas.

En México mueren aproximadamente, y es un dato no tan reciente, siete mujeres al día por feminicidio, miles más son violentadas sólo por el hecho de ser mujeres. Si ello no fuera suficiente, también las niñas son víctimas de lo mismo. Esto es completamente intolerable.

Esta iniciativa es un paso que hemos emprendido para evitarlo y hoy la diputada Verónica Delgadillo, la diputada Mirza Flores y una servidora, acabamos de establecer una denuncia en el Conapred, contra Sergio Zurita, por las ofensas que hizo a las mujeres, incluidas nosotras. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La violencia contra las mujeres en México es un tema central en la agenda pública del país. La promulgación de leyes específicas para su protección y las acciones de distintas dependencias de gobierno y grupos de la sociedad civil han buscado ofrecer una solución integral, sin embargo la violencia contra las mujeres sigue representando un problema complejo.

Entendemos como violencia contra las mujeres “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la (s) mujer (es), así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

La problemática se ha tratado desde distintas perspectivas y se ha concluido que la violencia contra las mujeres es resultado de una convergencia de factores como la pobreza, la desigualdad, la educación, entre muchas otras causas que agravan la situación actual. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Yakin Ertürk resaltó que el tema de la violencia contra las mujeres en México es “la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos”, mismos que es nuestro deber atender para poder sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

II. Desde 1989 México es país firmante de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), principal herramienta internacional de defensa jurídica y política de los derechos humanos. Esta exhorta al Estado a erradicar la discriminación –y la violencia contra las mujeres– mediante las políticas públicas, y ya ha hecho informes con recomendaciones precisas al gobierno mexicano en este respecto.

Además de esta, la Convención de Belém do Pará, suscrita por México y ratificada en 1998, define en su artículo primero que la violencia contra las mujeres es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En dicha convención los Estados parte se obligaron a adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad, especialmente en situaciones en las que la mujer se encuentre en una situación de vulnerabilidad a la violencia en razón de su raza, situación migratoria, discapacidad, minoría de edad, ancianidad, privada de su libertad o en situación socioeconómica desfavorable.

En 2006 la ONU analizó diversas formas de violencia contra las mujeres en México y entregó un informe con recomendaciones y medidas para erradicarla. El secretario general de la ONU recomendó al Estado mexicano implementar medidas adecuadas para combatir la violencia y transitar del “reino de la discrecionalidad” al Estado de derecho en el que se garanticen los derechos fundamentales de las mujeres.

Aunado a ello, en 2009 fue creada la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) como parte de las acciones del gobierno federal para cumplir con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con diversos tratados e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos la violencia contra las mujeres en México persiste de manera preocupante, quedando pendientes diversas acciones institucionales que contribuyan a erradicar su incidencia.

III. La violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas maneras como pueden ser: amenazas, intimidación, violación, privación de la libertad o tortura, entre muchas otras que pueden, o no, derivar en la muerte.

De acuerdo a la información publicada en las “Estadísticas vitales de mortalidad” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un 35.4 por ciento de las mujeres mayores de quince años en México ha sido víctima de violencia sexual. También se señala la forma más recurrente de feminicidios es por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, delito que, al contrastarlo con el cometido contra hombres con las mismas características muestra una dramática distancia de diez puntos porcentuales.

El aumento de los feminicidios en el país va de la mano con el incremento de muchas otras formas de violencia contra las mismas, y se agrava aún más ante la falta de actuación con perspectiva de género de las autoridades.

El caso expuesto de manera más reciente es el de la niña de 11 años que el pasado 8 de junio, en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, abordó una unidad del transporte público a solicitud de su padre para resguardarla de la lluvia, quien al percatarse que su hija había desaparecido, dio aviso inmediato a la policía sin ser auxiliado oportunamente. Al día siguiente fue encontrado el cuerpo de la niña con muestras de agresión sexual y muerte presuntamente por asfixia. Lo más grave es que días después algunos medios de comunicación informaron que el asesino de la niña contaba con antecedentes penales por violación.

Casos como este podrían evitarse si las instancias públicas actuaran bajo los protocolos de perspectiva de género. Este caso sirve de ejemplo porque muestra los errores y omisiones de las distintas instancias públicas que intervinieron: la respuesta tardía de la policía, la cuestionable impartición de justicia de los delitos que previamente había cometido el asesino de Valeria, la falta de protocolos para revisar los antecedentes penales de los choferes, entre otros, son evidencias de que la violencia contra las mujeres sigue siendo una asignatura desatendida en nuestro país.

El feminicidio es la forma de violencia más grave en contra de la mujer, sin embargo es prácticamente la única conducta punible con perspectiva de género en la legislación penal federal. Por ello, cuando hablamos de combatir la violencia de género debemos plantear un amplio catálogo de conductas que deben normarse y sancionarse con especial severidad en la legislación penal y que seguramente impactarán en la disminución de muchos delitos de género.

A pesar del amplio abanico de expresiones de violencia de género, en el Código Penal Federal se contempla la perspectiva de género únicamente en tres conductas delictivas específicas:

1) El delito doloso cometido en contra de periodistas con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta previsto en el artículo 51, con la agravante de género normada en el último párrafo del citado artículo.

2) Los delitos de homicidio y lesiones previstos en los artículos 316 y 317 que condiciona al caso en el que el delincuente no corra riesgo de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa.

3) El feminicidio previsto en el artículo 325

Así pues, prácticamente, la legislación penal en el país se ha conformado con sancionar el feminicidio, dejando sin atención especial el resto de las conductas feminicidas. Mientras tanto, la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas en el país sigue presentándose en múltiples formas.

El Código Penal Federal no contempla la perspectiva de género para delitos como: violación, pornografía de personas menores de dieciocho años de edad, turismo sexual, lenocinio, pederastia, intimidación, hostigamiento, amenazas, privación Ilegal de la libertad, abuso sexual, entre otros.

En este sentido, debemos recordar que el artículo 49 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé en su fracción XX el impulso de reformas legislativas que consideren como agravante los delitos cometidos contra mujeres por su condición de género y que atenten contra su vida e integridad. Lo anterior nos obliga a plantear una reforma legislativa, con perspectiva de género, al Código Penal Federal que contemple el aumento de penas para los delitos cometidos contra mujeres y niñas en los que se atente contra su vida, integridad o derechos fundamentales y que fueron motivados por razones de género; y que, además, contemple la agravante de violencia ejercida contra las mujeres menores de edad, ya que es nuestra responsabilidad, como lo dicta tanto la Convención sobre los derechos del Niño como nuestra Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, procurar la protección de la infancia también desde el ámbito legislativo.

La presente iniciativa pretende proteger a mujeres y niñas de la comisión de delitos motivados por su condición de mujeres. Por ello, se propone:

1) Adicionar una agravante al artículo 51 del Código Penal Federal que aplique a cualquier tipo de delito en el que la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del mismo.

2) Adicionar una hipótesis de sanción más alta en el delito de feminicidio previsto en el artículo 325 del citado ordenamiento legal en el caso de que la víctima sea una mujer menor de edad.

Por lo expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

Decreto que reforma el tercer y cuarto párrafos del artículo 51 y el artículo 325 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforman el tercer y cuarto párrafos del artículo 51 y el artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 51. ...

...

Cuando la víctima de un delito sea mujer y concurran razones de género en la comisión del mismo, la pena aumentará en una mitad.

Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito. En este caso, la pena aumentará hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. a VII. ...

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. Cuando la víctima sea menor de edad, la pena se aumentará en una mitad.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer”. Nota descriptiva, noviembre 2016. Tomada del portal de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Contra la Mujer. “Convención De Belem Do Para” disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

3 “El crimen de Valeria: la niña de 11 años víctima de asesinato y violación en México”, CNN, 13 de junio de 2017.

http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/13/el-crimen-de-valeria-la-nina-de-11- anos-victima-de-asesinato-y-violacion-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 septiembre de 2017.— Diputada y diputado: María Candelaria Ochoa Avaloso, Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada Candelaria Ochoa Avalos. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Esta Presidencia informa que se han recibido solicitudes de licencia. Pido a la Secretaría dar cuenta de ellas.

SOLICITUDES DE LICENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción XVI, 12, fracción II, 13, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle de la manera más atenta me sea concedida licencia para separarme al cargo de diputado federal a partir del día 14 de septiembre del año 2017.

Sin más por el momento, me despido y reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 13 de septiembre de 2017.— Diputado Raúl Domínguez Rex (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Sirva la presente para enviarle un afectuoso saludo y a su vez notificarle que, de acuerdo al artículo 12, inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicito que se me otorgue la licencia definitiva para separarme de mi cargo como diputado federal a partir del próximo 16 de septiembre del año en curso; asimismo le pido se llame al diputado suplente para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Palacio, Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputado Fidel Almanza Monroy (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción XVI; 12, fracción V, 13.1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted que se me conceda licencia en el ejercicio de mi cargo como diputado federal, para separarme del mismo por tiempo indefinido a partir del día 15 de septiembre de 2017.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano el apoyo y la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputado Pablo Basáñez García (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al tiempo que me permito hacer de su conocimiento que, de acuerdo al artículo 12 inciso 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicito se me otorgue licencia por tiempo indefinido, para separarme de mi cargo como diputado federal a partir de esta fecha, así mismo le pido se llame al diputado suplente para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, reiterándome, a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2017.— Diputado federal Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción XVI; 12 y 13, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar se me conceda licencia para separarme del cargo como diputado federal, con efectos a partir del día 16 de septiembre del 2017 y por tiempo indefinido.

Por lo anteriormente expuesto, requiero se dé el curso legal que corresponda a la presente solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:Gracias, secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado. Comuníquese.Les deseamos buena suerte. Llámese a los suplentes, por favor.

Adelante, secretaria.

COMUNICACIÓN OFICIAL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones especiales, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Gloria Himelda Félix Niebla cause alta como secretaria en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada María Marcela González Salas y Petricioli cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-Francia.

• Que el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Francia.

• Que el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Francia.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Janette Ovando Reazola cause baja como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Elva Lidia Valles Olvera cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada Gabriela Ramírez Ramos cause baja como secretaria de la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza cause baja como secretario de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Hugo Alejo Domínguez cause baja como secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Lilia Arminda García Escobar cause baja como secretaria de la Comisión de Población.

• Que el diputado Rafael Valenzuela Armas cause baja como secretario de la Comisión de Ganadería.

• Que el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Gina Andrea Cruz Blacklegde cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Gina Andrea Cruz Blacklegde cause baja como integrante de la Comisión de Población.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada María Ávila Serna cause baja como secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada María Ávila Serna cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada María Ávila Serna cause baja como secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que el diputado José de Jesús Galindo Rosas cause alta como secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que el diputado José de Jesús Galindo Rosas cause baja como secretario de la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Arturo Álvarez Angli cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Arturo Álvarez Angli cause alta como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se consulta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobadas. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan. (*)

(*) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón(a las 14:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 19 de septiembre de 2017, a las 11 horas. Muchas gracias, buenas tardes.

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EFEMÉRIDES

192 ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

«Efeméride con motivo del 192 aniversario de la anexión de Chiapas a México, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

Es un enorme privilegio y un orgullo para los chiapanecos conmemorar el 14 de septiembre de 1824, fecha en la que nuestros abuelos decidieron libremente federarnos a la república mexicana y con ello contribuir de manera decidida al progreso y crecimiento de esta gloriosa nación, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos.

Chiapas es raíz y origen de México; posee una rica gama de costumbres, tradiciones y creencias, que conviven de manera extraordinaria, pues en cada uno de los grupos étnicos que allí habitan, están nuestros orígenes.

Esos pueblos originarios son testigos y protagonistas del surgimiento de una nueva nación, que nos recibiría con los brazos abiertos.

Hace 192 años y derivado de una auténtica expresión democrática, expresamos públicamente nuestro deseo de que Chiapas perteneciera a México, así como también sus riquezas naturales, demostrando de esta manera nuestra mexicanidad.

A partir de nuestra anexión a México, los chiapanecos hemos contribuido y participado de manera sobresaliente en todos los movimientos que han transformado al país.

Mi estado es el único de la republica que, a través del plebiscito, decidimos abrazar el estandarte tricolor y profesar el himno nacional mexicano.

Por nuestra riqueza cultural, por nuestro gran sentido de pertenencia y por nuestros orígenes, nos sentimos el corazón de México.

La sociedad chiapaneca ha registrado algunos avances y el desarrollo de la infraestructura ha facilitado el crecimiento de ciertas actividades económicas. No obstante, seguimos registrando altos niveles de atraso y pobreza.

Continuamos con grandes rezagos en educación, vivienda y salud. Hay mucha demanda social insatisfecha y los problemas políticos enfrentan a nuestra gente.

A los rezagos ancestrales que tiene mi estado, en estos momentos se suman los daños causados por los sismos recientes.

Hoy más que nunca requerimos de la solidaridad de todo el pueblo de México.

Por esta razón, y ante la necesidad de hacer recortes presupuestales para mantener el equilibrio económico del país, pido desde esta alta tribuna que a la hora de los ajustes se considere la situación especial de mi estado.

Chiapas lo que necesita es un presupuesto mayor, además de la inyección de programas que impulsen su desarrollo.

Contamos con gente trabajadora ansiosa de crecer y tener oportunidades, pero sobre todo gente que posee un gran amor por la patria. Hagamos algo por ella.

¡Que viva Chiapas! ¡Que viva México!

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputado Hernán Orantes López (rúbrica).»

14 DE SEPTIEMBRE POR LA FEDERACIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

«Efeméride con motivo del 14 de septiembre, por la federación de Chiapas a México, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía la efeméride del 14 de septiembre por el aniversario 193 de la federación de Chiapas a México:

Efeméride

Hace 193 años, se llevó a cabo un plebiscito en el que el pueblo chiapaneco decidió que Chiapas se declarara a favor de la adhesión a la República Mexicana. Ello, daba continuidad a la participación de Chiapas en el desarrollo inicial de nuestro país desde el primer Congreso Constituyente de México independiente, en 1822, en el que el pueblo chiapaneco participó con varios de los 21 diputados que representaron a Chiapas y Centroamérica.

Sin embargo, esa participación determinó que la vocación republicana de las chiapanecas y los chiapanecos mantuviera a Chiapas en condición de independencia hasta que, tras el nacimiento de la República, decidió incorporarse a México en 1824, mediante un ejercicio de democracia directa.

En consecuencia, se consumó una coyuntura histórica de cultura cívica y sentimiento de mexicanidad manifestada voluntariamente que representó una excepción en el siglo XIX mexicano, plagado de separaciones y desmembramientos territoriales, pero, tras casi 200 años de integración, el saldo de la unificación en la vida de sus habitantes, desafortunadamente marca una de las injusticias sociales más lastimeras de nuestra vida nacional contemporánea.

Resulta una injusticia social monumental porque persistentemente, ese pedazo de patria que decidió unirse voluntariamente, ha quedado relegado en la incorporación de las conquistas sociales de nuestro país; porque junto a Tabasco, sumando sólo 20 por ciento de nuestra extensión territorial, aportan 50 por ciento del escurrimiento anual total del país pero sólo 33.33 por ciento de la población chiapaneca cuenta con agua potable y entubada en su domicilio y sólo el 50 por ciento de los domicilios cuentan con drenaje; porque aunque en Chiapas se genera la mayor parte de la energía eléctrica de la región sureste del país, que en 2016 representaba 24 por ciento de la capacidad efectiva de operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 2010, Chiapas era la tercera entidad federativa con mayor porcentaje de población sin servicio eléctrico; porque a pesar de ser el quinto productor nacional de ganado bobino y uno de los productores nacionales más importantes de productos agrícolas de alto valor como el maíz, café y azúcar, aún un cuarto de la población chiapaneca tiene niveles de pobreza que implican carencia alimentaria y, en 2012, 74.7 por ciento de las chiapanecas y los chiapanecos estaban en situación de pobreza, y porque a pesar de haber inspirado o generado talentos nacionales de la talla universal como Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Mario Ruiz Suásnavar, Eraclio Ramos Zepeda, Amparo Meza Cruz conocida como “Amparo Montes” o Manuel Velasco Suárez, en 2015, aun se reportaba un índice de analfabetismo equivalente a tres veces el promedio total nacional.

Potencializadas por estas circunstancias de injusticias sociales, ocasionalmente se presentan fenómenos naturales que se traducen en destrucción y pérdidas humanas y profundizan las dificultades socioeconómicas de la población chiapaneca, acrecentando los retos que Chiapas tiene en el inicio del siglo XXI.

Mucho se ha dicho que los tiempos de crisis, son también tiempos de oportunidades. Las chiapanecas y los chiapanecos no flaquearemos ante la desgracia, no permitiremos que la tragedia nos paralice, ni que las adversidades nos desanimen. Vamos a enfrentar los retos de nuestra generación con determinación y con la confianza de que lograremos legar un Chiapas para México, mejor que el que recibimos.

Como siempre, desde Chiapas seguiremos luchando para que México siga creciendo, pero con mayor equidad social y generando más oportunidades de desarrollo que refrenden nuestra indeclinable voluntad, solidaridad y dignidad para resurgir ante las dificultades.

Notas

1 Mario Vázquez Olivera, Ponencia: La incorporación de Chiapas a México. Disponible en la reseña del comunicado del INHERM sobre el Foro “190 años de la incorporación de Chiapas al Pacto Federal”, disponible en:

http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/589/1/images/ COMUNICADO%20CHIAPAS%2024%20SEP.pdf

2 Informe: Situación de los Recursos Hídricos 2, publicada por la Conagua y disponible en:

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf

Asimismo, se puede constatar el dato en sistema de Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales del IFE e Inegi, contemplando disponibilidad de drenaje en viviendas habitadas de Chiapas, disponible en:

http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html#

3 Del sistema de Estadísticas Censales a escalas Geoelectorales del IFE e Inegi, contemplando disponibilidad de drenaje en viviendas habitadas de Chiapas, disponible en:

http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html#

4 Información Disponible en

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num2/art24/int24e.htm

5 Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, elaborada por Inegi y Sagarpa, disponible en:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ ena/ena2014/

6 Informe Agrícola 2015, divulgado por el Comité de Información Estadística y Geográfica de Chiapas, disponible en:

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei / info_estadistica/PublicacionesCEIEG/Agricultura/Agricultura_Chiapas.pdf

7 Coneval, Chiapas 2010-2012 Indicadores de Pobreza, disponible en

http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/ folletos_pobrezayrezagosocial/chiapas_pob_rez_soc.pdf

8 Información Económica y estatal, Gobierno del Estado de Chiapas, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/113585/chiapas.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA

«Efeméride con motivo del 15 de septiembre, Día Mundial del Linfoma, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En el año de 1832, el médico británico Thomas Hodgkin fue el que describió por primera ocasión el cáncer de Linfoma, y es por ello que se le denominó Linfoma de Hodgkin (LN), y también existe el Linfoma No Hodgkin (LNH). Aunque él reconoce que quizá la enfermedad haya sido descubierta por el médico italiana Marcello Malpighi, en el año de 1666.

Desde hace más de una década se conmemora el Día Mundial del Linfoma, cada 15 de septiembre, creado por la Organización Lymphoma Coalition o Coalición del Linfoma en el año de 2004. Los datos que se tienen es que al año fallecen 200 mil personas en el mundo relacionadas con este cáncer. Los linfomas son tumores malignos que tienden desarrollar distintos tipos de nódulos en el sistema linfático, el tratamiento va a depender de que tan grave sea el tipo de cáncer que se tenga.

Son 3 los tipos de Linfomas que los que se tienen conocimiento, el indolente, el agresivo y el altamente agresivo.

El Linfoma indolente es aquel que crece de una manera lenta. Los enfermos que padecen este tipo de Linfoma llegan a vivir muchos años incluso sin recurrir a ningún tipo de tratamiento.

A diferencia del Linfoma Indolente, los Linfomas agresivo y altamente agresivo, suelen desarrollarse de una manera rápida, y si no se le detecta a tiempo a la persona que lo padece para darle tratamiento, las expectativas de vida, son si bien le va, de meses. Por fortuna estos Linfomas tienden a responder adecuadamente al tratamiento de quimioterapia y la gran mayoría de los casos se alivian.

Aunque no es fácil poder determinar si una persona sufre de linfoma, ya que los primeros síntomas de este padecimiento como fiebre, cansancio o inflamación de los ganglios linfáticos, se pueden llegar a confundir fácilmente con una gripe o alguna otra enfermedad viral. Lo que en verdad preocupa es que si cualquier clase de linfoma no es tratado a tiempo existe la posibilidad de que el paciente tenga consecuencias irremediables en un lapso de muy corto de tiempo.

Que es el Linfoma

El linfoma es un cáncer que comienza en las células del sistema linfático. El sistema linfático forma parte del sistema inmunitario que nos ayuda a defender nuestro cuerpo de infecciones y diferentes enfermedades, también es uno de los conductos para que circulen líquidos por nuestro organismo. Lo componen los ganglios linfáticos que son pequeños nódulos que están a lo largo de los vasos linfáticos, distribuidos en las axilas, pelvis, cuello, abdomen e inglés, también existen tejidos linfáticos en las amígdalas, el bazo, el timo, la medula ósea y el tracto digestivo.

Todos estamos expuestos a tener Linfoma, debido a que el tejido linfático se encuentra en todo el cuerpo por esa razón este cáncer puede producirse en cualquier parte nuestro organismo.

Los síntomas más comunes son:

Hinchazón indolora en los ganglios linfáticos de la parte superior del cuerpo, que se puede sentir en el cuello, la zona de la clavícula, axilas o ingle.

Fiebre, especialmente por la noche.

Sudores, escalofríos o cambios de temperatura.

Pérdida de peso inexplicable.

Pérdida de apetito. Fatiga y cansancio inusuales.

Tos persistente.

Disnea.

Picazón persistente en todo el cuerpo sin causa aparente o sarpullido.

Inflamación en las amígdalas.

Dolor de cabeza

El Linfoma puede presentarse a cualquier edad, pero las edades donde es más común que se desarrolle este cáncer son entre los 15 y 34 y después de los 60 años, y en casos muy especiales puede llegar a aparecer a los 10 años. Por último las estadísticas muestran que los hombres suelen padecer Linfoma más que las mujeres.

Los datos que proporciona el proyecto Globocan (incidencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en todo el mundo) en el 2012, muestran que en nuestro país la tasa de personas que sufren y fallecen por Linfoma son de la siguiente manera: para los hombres es de 4.5 por cada 100 mil, con una tasa de mortalidad del 2.1 por cada 100 mil, y para las mujeres es de 3.3 por cada 100 mil, con una tasa de mortalidad de 1.6 por cada 100 mil. Y que el Linfoma No Hodgkin (LNH) es la tercera causa de muerte en el hombre y la sexta en la mujer.

Notas

1 News Medical Life Sciences, Historia del Linfoma de Hodgkin, Dr. Ananya Mandal. 19 de agosto de 2014

https://www.news-medical.net/health/Hodgkins-Lymphoma-History-(Spanish).aspx

2 Día-de.com, Día del Linfoma, http://www.dia-de.com/linfoma/

3 Cuídate, Linfoma, 15 de septiembre de 2015. http://www.cuidateplus.com/enfermedades/cancer/linfoma.html

4 American Cáncer Society, Que es el Linfoma de Hodgkin, 10 de febrero de 2017.

https://www.cancer.org/es/cancer/linfoma-hodgkin/acerca/que-es-enfermedad- de-hodgkin.html

5 Intramed, Día Mundial del Linfoma, 14 de septiembre de 2015 http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=87747

6 Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay, Día Mundial del Linfoma, 2 de septiembre de 2009.

https://www.mec.gov.py/cms_v2/recursos/7698-dia-mundial-del-linfoma

7 El Financiero, Hoy se Conmemora el Día Mundial del Linfoma; cada año 350 mil casos, 15 de septiembre de 2014.

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/hoy-se-conmemora-el-dia-mundial-del- linfoma-cada-ano-350-mil-casos.html

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»