Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Edgar Romo García
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año III
México, DF, jueves 5 de abril de 2018
Sesión No. 20

SUMARIO


COMUNICACIONES OFICIALES

De la Mesa Directiva por la que, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se modificó el turno de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

-Por el que se reforman los artículos 172 a 174, y se adicionan el 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI, el 5 de diciembre de 2017. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión

-Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Policía Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en materia de pornografía de menores de 18 años, presentada por la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 13 de marzo de 2018. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen, y a las Comisiones Especiales contra la trata de personas y, de Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión

-Por el que se reforma la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Congreso del Estado de Veracruz, el 13 de febrero de 2018. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión

Se modifica el turno, actualícense los registros parlamentarios

-De la Junta de Coordinación Política, mediante la cual comunica el cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones. Aprobados, comuníquense

-De la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 141 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

-De la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 153 C, fracción IV, y se adicionan del 263 Bis al 263 Quáter de la Ley Federal del Trabajo

Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios

Del Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, por el que comunica la integración del diputado Julio César Tinoco Oros a ese grupo parlamentario. De enterado. Actualícense los registros parlamentarios

Del Coordinador del Grupo Parlamentario de MC, por el que comunica la integración de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco a ese grupo parlamentario. De enterado. Actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación, con la cual remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:

-Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a sus equivalentes de las entidades federativas para que, de manera coordinada con la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, en el ámbito de sus competencias, redoblen esfuerzos para investigar y, en su caso, sancionar a quienes promuevan actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales y sitios web. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento

-Por el que se exhorta a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a analizar la viabilidad de implementar un protocolo de prevención de abuso y violencia contra la niñez, así como la promoción y difusión del mismo. Se remite al promovente

-Por el que se exhorta a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a informar sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia en México, así como acerca de los resultados alcanzados en la materia. Se remite al promovente

-Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a dar un informe sobre las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres. Se remite al promovente

De la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que prevengan la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de 2018, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2017, la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2018. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite 64 fichas de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2016-2017, considerando 32 para el Fondo de Infraestructura Social Estatal y 32 para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento

De la Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos, por la cual remite el Informe Anual de los Costos y Gastos Devengados de Exploración y Extracción 2017. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento

Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con la que remite el documento La Educación Obligatoria en México, Informe 2018 y el Informe Anual de Gestión del Instituto. Se remite a Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento

Del diputado Alfredo Anaya Orozco, por la que informa la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado, comuníquese

SOLICITUDES DE LICENCIA

De la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse del cargo de diputada federal. Aprobada, comuníquese

INTERVENCIONES DE LEGISLADORES

JUSTICIA PARA ALBA JIMÉNEZ, ASESINADA EN NACAJUCA, TABASCO, Y PARA TODAS LAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIOS

-La diputada Liliana Iveth Madrigal Méndez, del PRI, desde la curul

TOMA DE PROTESTA

Los ciudadanos Agustina Toledo Hernández, Ángel Rojas Ángeles y Manuel León Chávez, rinden la protesta de ley y entran en funciones como diputados federales

COMUNICACIONES OFICIALES

De la Cámara de Senadores, con la cual devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto por el se declara el 25 de septiembre como Día del Estado Laico, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

De la Cámara de Senadores, con la cual devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen

MINUTAS

LEY GENERAL DE SALUD

De la Cámara de Senadores, se recibió minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

SE DECLARA EL DÍA 14 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SANGUÍNEA Y DEL DONANTE DE SANGRE”

De la Cámara de Senadores, se recibió minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 14 de junio de cada año como “Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre”. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

De la Cámara de Senadores, se recibió minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII al artículo 3o., recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, para dictamen

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA

De la Cámara de Senadores, se recibió minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho de Réplica. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

LEY DE EDUCACIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

Se continúa con la votación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cual quedó inconclusa la sesión anterior por falta de quórum

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

A discusión el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil

Para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión, hace uso de la voz:

-El diputado Adán Pérez Utrera, de MC

Para fijar la posición de su Grupo Parlamentario, interviene:

-La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del PES

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales

DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 14 y 32 de la Ley General de Educación

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo

EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Deporte con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por que se adiciona el Título Octavo, denominado De los Delitos, Capítulo Único de la Ley General para el Control del Tabaco

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Comunicaciones con proyecto de decreto por que se reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano

LEY DE LA POLICÍA FEDERAL

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto por que se reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal

LEY GENERAL PARA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción X al artículo 7 de la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad

EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE PERROS GUÍAS O ANIMALES DE SERVICIO

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guías o Animales de Servicio

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Pesca con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social

LEY DE MIGRACIÓN

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración

LEY GENERAL DE TURISMO

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Turismo con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo

LEY DE MIGRACIÓN

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 30 Bis a la Ley de Migración

LEY GENERAL DE TURISMO

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de estadística geográfica de turismo

LEY DE MIGRACIÓN

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, en materia de asistencia social para hombres

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

LEY GENERAL DE SALUD

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización del personal que brinda atención médica hospitalaria

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El diputado Omar Corzo Olán, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Deporte, para dictamen

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantía de no revictimización, violencia patrimonial, económica e integridad psicológica. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

La diputada Hilda Miranda Miranda, en nombre propio y del diputado Jesús Zambrano Grijalva, ambos del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contrataciones públicas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, en nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de NA, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 407 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Abel Cruz Hernández, en nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Se recibe acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados rechaza enérgicamente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, respecto al uso o presencia de la Guardia Nacional o cualquier otro cuerpo militar de dicha nación en la frontera con México. Se aprueba

Se recibe acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados, con pleno respeto al principio republicano de división y equilibrio de Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones y facultades, suscriba a nombre del Estado mexicano la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se aprueba

SOLICITUD DE LICENCIA

Se recibió solicitud de licencia de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de NA, para separarse de sus funciones como diputada federal. Aprobada. Comuníquese

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Presidencia turna las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna a las comisiones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados

EFEMÉRIDE REMITIDA POR DIPUTADA

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

Con motivo del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte en México, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil (en lo general y en lo particular)

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 5 de abril de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia del diputado Edgar Romo García

ASISTENCIA

El presidente diputado Edgar Romo García (12:41 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 282 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, presidente.

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Edgar Romo García:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 5 de abril de 2018.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva

De la Junta de Coordinación Política

De las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Sharon María Teresa Cuenca Ayala

Solicitan el retiro de iniciativas.

Del Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD

Del Coordinador del Grupo Parlamentario de MC

De la Secretaría de Gobierno

Remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que prevengan la rea-lización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de 2018, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2017, la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2018.

De la Secretaría de Desarrollo Social

Remite 64 fichas de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2016-2017, considerando 32 para el Fondo de Infraestructura Social Estatal y 32 para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

De la Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos

Remite el Informe Anual de los costos y gastos devengados de Exploración y Extracción 2017.

Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Remite el documento “La Educación Obligatoria en México. Informe 2018” y el “Informe Anual de Gestión del Instituto”.

De la Cámara de Senadores

Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 25 de septiembre como “Día del Estado Laico”.

Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.

Solicitudes de licencia de diputados

Protesta de diputados

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto por el que se declara el día 14 de junio de cada año como “Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre”.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII al artículo 3o., recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre.

Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho réplica.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma la facción IV del artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de salud auditiva.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 14 y 32 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo.

Iniciativas

Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 153 C de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de violencia de género, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se adicionan los artículos 175 Bis a la Ley General de Salud y 199 Sextus al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 7o. y 9o. de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 53 y 54 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 157 Bis 4 y 157 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 95 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 87 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 76, 89 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 31 y 49 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 236 y 237 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 70-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantía de no revictimización, violencia patrimonial, económica e integridad psicológica, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Ana María Boone Godoy y Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 18 y 121 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 56 Bis y adiciona un artículo 56 Ter a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2448-D del Código Civil Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley de Protección y Derechos del Ciclista, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 64, 65, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 48 Bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contrataciones públicas, a cargo del diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 27 y 121 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona el artículo 1o. de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 132, 133 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 424, 424 Bis y 424 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 407 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

De Decreto por el que se declara el 22 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Preeclampsia, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 263 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Tristán Manuel Canales Najjar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 5o. y adiciona un artículo 21 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 y 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 212 y 307 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Verónica Bermúdez Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Abel Cruz Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 36 y 42 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto por el que se establece el 10 de junio de cada año la Celebración del Día del Padre, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, suscrita por el diputado Abel Cruz Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 4o., 19 y 32 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto por el que se declara el 7 de octubre de cada año como el Día Nacional del Mole, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de instaurar la medalla “Acciones en favor de la niñez y la adolescencia”, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

De decreto por el que se declara el 26 de junio de cada año como Día Nacional en contra de la Tortura, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Nancy López Ruiz e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez.

Que reforma el artículo 15 Sextus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 54 y 62 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 4o., 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 25 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 43 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 189 del Código Penal Federal y 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 222 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 10 Ter y reforma el artículo 128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 1o., 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 5 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Omar Corzo Olán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Comisión Reguladora de Energía, para que realicen los ajustes necesarios a la fórmula de precios de los combustibles para disminuir el precio final pagado por los consumidores, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo al funcionamiento de las Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en las regiones Centro-Oriente y Golfo, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para realizar un diagnóstico integral de la Política Migratoria, a partir del cual se diseñe un plan de acción y programación de recursos para su atención y generación de estadísticas actualizadas y la armonización de su marco normativo, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a que realice un informe público sobre el número de operadores de autotransporte público federal que existen actualmente y coordine con los participantes del sector, una estrategia que estimule la actualización de insumos e infraestructura en las instalaciones de capacitación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a realizar una restructuración de los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios “Fortaseg”, a cargo del diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y al Gobierno del estado de Puebla a declarar la Alerta de Violencia de Género en dicha entidad, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX y a la PGJCDMX, a investigar y esclarecer lo antes posible el feminicidio de Graciela Cifuentes, académica de la UNAM y su hija, Sol Cifuentes, estudiante de la facultad de arquitectura, así como a modificar y actualizar el protocolo de investigación y atracción de casos con presunción de feminicidio, y a la Conavim a dar seguimiento a la actuación de las autoridades de procuración de justicia de la CDMX en torno a doble feminicidio, suscrito por las diputadas Sofía Corichi García y María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a mejorar la calidad de atención y tratamiento de los pacientes con enfermedad de Fabry, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruíz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sinaloa, determine lo conducente para lograr condiciones de competencia para que se dé certeza jurídica en la liberación del transporte de carga en las actividades de construcción y agricultura de esa entidad, a cargo del diputado Juan Luis de Anda Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado Puebla, a fomentar mediante los programas de difusión cultural, las actividades realizadas por las mujeres de origen indígena en la entidad, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, a investigar y castigar el feminicidio de María Guadalupe Hernández Flores, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INEE, a definir mecanismos y lineamientos para la realización de un proceso extraordinario de evaluación para docentes con resultados no idóneos en los primeros ejercicios de evaluación, realizados a partir de la instauración del servicio profesional docente, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las instituciones pertenecientes al sector, a promover acciones transversales y normativas correspondientes para evitar la estigmatización y discriminación en la atención de pacientes con cáncer de pulmón, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conapred, para que dé seguimiento a los posibles actos de discriminación a los que pueda ser sujeta la etnia Tohono O'odham por parte de funcionarios del Gobierno Federal, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efeméride

Con motivo del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte en México, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El presidente diputado Edgar Romo García:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles cuatro de abril de dos mil dieciocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdgar Romo García

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y un diputadas y diputados, a las doce horas con cincuenta y un minutos del miércoles cuatro de abril de dos mil dieciocho, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, por las que solicita el retiro de su iniciativa con proyecto de decreto que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo dos mil trece-dos mil dieciocho. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que remite el Informe de Actividades dos mil diecisiete. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la que remite el Segundo Informe Semestral dos mil diecisiete sobre acciones relevantes. Se remite a las Comisiones de Comunicaciones, y de Transportes, para su conocimiento.

e) De la Secretaría General del Gobierno del estado de Puebla, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a las autoridades ambientales de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones de vigilancia en los puntos de venta donde se comercializan animales domésticos como mascotas, a fin de garantizar que los mismos cumplan con la legislación vigente en materia de trato digno y respetuoso. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Procuradora de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Directora de Asistencia Jurídica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Puebla, dar a conocer las acciones que sobre el particular realiza el área en cuyo ámbito de competencia incide la atención del presente asunto. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

f) De los Congresos de los estados de:

• Guanajuato, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sonora, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

g) De la diputada y del diputado:

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el Cuarto Distrito Electoral del estado de Morelos, a partir del veintiocho de marzo del año en curso.

• Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por la Segunda Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.

En votación económica se aprueban. Comuníquense, y llámense a los suplentes.

Desde sus respectivas curules realizan diversos comentarios las diputadas y los diputados: José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática; y Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano. La Presidencia instruye se registren íntegramente las expresiones en el Diario de los Debates.

Presidencia de la diputadaMartha Sofía Tamayo Morales

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente resolución, y se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados:

• Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a los daños a la salud humana y al medio ambiente causados por las emisiones de gases generados por la central termoeléctrica de Lerma, en el estado de Campeche. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al punto de acuerdo a las diputadas y los diputados: Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social; German Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano; Daniela García Treviño, del Partido Verde Ecologista de México; Mario David Mex Albornoz, de Morena; Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática y Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a diversas autoridades, se hagan públicas las medidas tomadas para investigar y sancionar las irregularidades encontradas en la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V., así como las condiciones de venta de sal de dicha empresa. En votación económica se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Angélica Reyes Ávila, y suscrito por diputados de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que desarrolle e implemente programas y acciones donde se promuevan talleres de vocación profesional, desde la educación básica, en específico a nivel secundaria. En votación económica se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

La Presidencia da la bienvenida a un grupo de niños de la charrería -de nuestro deporte nacional, la charrería- del estado de Hidalgo y de la reinita de esta asociación.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Araceli Guerrero Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento cuarenta y uno de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y treinta y dos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Gobernación, para dictamen.

• María Elena Castro Terrazas, del Partido Acción Nacional:

– Que adiciona el artículo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos segundo, veintidós, y veintitrés de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; que reforma y adiciona los artículos segundo y sexto de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

A las catorce horas con ocho minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos diecisiete diputadas y diputados.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, que reforma los artículos segundo, trescientos ochenta, y cuatrocientos seis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Abel Cruz Hernández, y suscrita por el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco e integrantes del Partido Encuentro Social, que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos cincuenta del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jaime Mauricio Rojas Silva, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de maltrato animal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Erick Arturo Figueroa Ovando, a nombre del diputado Armando Soto Espino, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo doscientos doce del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, de Nueva Alianza, que reforma el artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponda; y a la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la parte que le corresponda, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto las ciudadanas y el ciudadano Margarita Huerta García; Jovita Ortiz Benítez; José María Arroyo Juárez; Justina del Carmen Luna Pérez, y Luis Jorge Mayorga Godinez, y se designa una comisión de cortesía para acompañarlos al interior del salón de sesiones, rinden protesta de ley, y entran en funciones.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo veintitrés de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

– Que reforma los artículos veintidós, y treinta y cuatro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos uno, y doscientos dos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo quince de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• César Alejandro Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma los artículos ochenta y seis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y catorce de la Ley de la Policía Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, para dictamen.

• Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo doscientos ocho de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

– Que reforma el artículo segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

– Que reforma el artículo décimo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

– Por el que se declara el dieciséis de noviembre de cada año, como el “Día Nacional para la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma el artículo quinto de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento cuarenta y nueve ter del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma el artículo setenta de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que reforma el artículo cuarto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento sesenta y cuatro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento setenta y tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que reforma el artículo cuatrocientos cincuenta del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma el artículo treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Por el que declara el cinco de junio de cada año como el “Día Nacional del Medio Ambiente”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento siete de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

– Que reforma el artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

– Que reforma el artículo quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

– Que reforma el artículo tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

– Que reforma el artículo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Marco Antonio Aguilar Yunes, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo décimo de la Ley Reglamentaria del artículo sexto, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Christian Alejandro Carrillo Fregoso, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, para eliminar el requisito de “exclusividad en los estudios”, para los beneficiarios de las becas que entrega esta institución, a fin de que los jóvenes que gozan de ella, puedan estudiar y trabajar. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Eloisa Chavarrias Barajas e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que exhorta a los gobiernos estatales y municipales de las treinta y dos entidades federativas, a que cumplan con las especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo, representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos estatales, así como de los gobiernos municipales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Gobierno del estado de Jalisco, a atender la explotación de materiales pétreos y arena del Río Verde en la comunidad de Temacapulín y la zona aledaña, así como al cese de actos de intimidación hacia los pobladores de dicha comunidad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Luis de León Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional, que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que dé a conocer las veintidós lenguas indígenas a las que serán traducidos los libros de texto para el ciclo escolar dos mil dieciocho-dos mil diecinueve y los criterios con que se eligieron las mismas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Indígenas, para opinión.

• Eloisa Chavarrias Barajas, e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que extiende un reconocimiento como “Embajadores Culturales” a los músicos e intérpretes de origen mexicano, conocidos coloquialmente como Chicanos, radicados en los Estados Unidos de América y que han contribuido con sus obras a fortalecer los lazos de identidad mexicana en aquella nación. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• María Luisa Sánchez Meza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades municipales, estatales y federales, para agilizar los dictámenes correspondientes, con el objetivo de fincar responsabilidades a la brevedad, así como reparar el daño a las personas afectadas por el desplazamiento de tierra en Colonia Lomas del Rubí en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Eloisa Chavarrias Barajas e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los gobiernos estatales de las treinta y dos entidades federativas y a las Coordinaciones Metropolitanas, a que de conformidad con sus atribuciones, implementen planes y estrategias a fin de garantizarles seguridad, en sus bienes y en sus personas, a los usuarios del transporte público de cada una de las setenta y cuatro zonas metropolitanas que existen en el país. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Defensa Nacional, por el que se reforman los artículos primero y veintiocho de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza y Fuerza Aérea Mexicanos. Se concede el uso de la palabra al diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión, y como promovente interviene el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. La Presidencia instruye la apertura del tablero electrónico por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del dictamen. Concluido dicho plazo el sistema electrónico de votación registró doscientos cuarenta y cinco votos a favor, por lo que la Presidencia instruyó proceder en los términos del numeral tres del artículo cuarenta y seis del Reglamento de la Cámara de Diputaos y a las quince horas con treinta y siete minutos se declara un receso de quince minutos.

A las quince horas con cincuenta y tres minutos se reanuda la sesión, y con un registro en el sistema electrónico de doscientos cuarenta y nueve votos a favor, incluido uno de viva voz, la Presidencia declara la falta de quórum y da por terminada la misma, y cita para la próxima sesión el día de mañana jueves cinco de abril de dos mil dieciocho a las once horas, señalando que el primer tema a tratar será la votación que se llevaba a cabo.»

El presidente diputado Edgar Romo García:Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobada el acta.



COMUNICACIONES OFICIALES

El presidente diputado Edgar Romo García:Continúe la Secretaría con una comunicación de la Mesa Directiva.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.—Mesa Directiva

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se modificó el turno de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman los artículos 172 a 174, y se adicionan el 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 5 de diciembre de 2017.

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen; y a la Comisión de Salud, para opinión.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Policía Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, en materia de pornografía de menores de 18 años, presentada por la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 13 de marzo de 2018.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen; y a las Comisiones Especiales contra la trata de personas y, de tecnologías de información y comunicación, para opinión.

• Por el que se reforma la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Congreso del estado de Veracruz el 13 de febrero de 2018.

Se turna a las Comisiones de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de abril de 2018.— Diputado Edgar Romo García (rúbrica), Presidente.»

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de las iniciativas mencionadas y por tanto deben actualizarse los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Idania Itzel García Salgado cause baja como integrante de la Comisión de Cambio Climático.

• Que la diputada Idania Itzel García Salgado cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata cause baja como integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que la diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración del grupo de amistad que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso cause baja como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Daniela García Treviño cause alta como secretaria en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración del grupo de amistad que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que la diputada Verónica Delgadillo García cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-Kuwait.

• Que el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Kuwait.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

• Que el diputado Gonzalo Guízar Valladares cause baja como presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada Nancy López Ruiz cause alta como presidenta en la Comisión de Asuntos Migratorios.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Delia Guerrero Coronado cause baja como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Laura Angélica Herrera Márquez cause alta como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Delia Guerrero Coronado cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

• Que la diputada Laura Angélica Herrera Márquez cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

• Que la diputada Delia Guerrero Coronado cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Laura Angélica Herrera Márquez cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

• Que el diputado Benjamín Medrano Quezada cause baja como secretario de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado José Luis Velázquez González cause alta como secretario de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Benjamín Medrano Quezada cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado José Luis Velázquez González cause alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela cause baja como secretario de la Comisión de Economía.

• Que el diputado José Luis Baeza Rojas cause alta como secretario de la Comisión de Economía.

• Que la diputada Ana Georgina Zapata Lucero cause baja como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño cause alta como presidente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño cause baja como secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Leobardo Soto Enríquez cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Leobardo Soto Enríquez cause alta como secretario en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado José Antonio Salas Valencia cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que la diputada Mariana Arámbula Meléndez cause baja como secretaria de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada Mariana Arámbula Meléndez cause baja como integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que la diputada Mariana Arámbula Meléndez cause baja como secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que la diputada Mariana Arámbula Meléndez cause baja como secretaria de la Comisión Especial de prevención y erradicación de la pornografía y abuso sexual infantil.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 5 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, cause alta como secretario en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Mario Alberto Mata Quintero, cause baja como secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Mario Alberto Mata Quintero, cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que la diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata, cause baja como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata, cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, cause baja como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, cause alta como secretaria en la Comisión de la Juventud.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Araceli Guerrero Esquivel, cause alta como presidenta en la Comisión Especial de Minería.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Exaltación González Ceceña, cause baja como integrante de la Comisión de Radio y Televisión.

• Que el diputado Exaltación González Ceceña, cause alta como presidente en la Comisión de Desarrollo Rural.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, cause baja como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Daniel Ordóñez Hernández, cause alta como presidente en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Ricardo Guillén Rivera, cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Ricardo Guillén Rivera, cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

• Que el diputado Ricardo Guillén Rivera, cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, cause alta como integrante en la Comisión de la Defensa Nacional.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause baja como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Angelina Lizeth Arcos Villalba cause alta como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause baja como integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Angelina Lizeth Arcos Villalba cause alta como integrante en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

• Que la diputada Angelina Lizeth Arcos Villalba cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause baja como integrante de la Comisión Especial de Alerta de Género.

• Que la diputada Angelina Lizeth Arcos Villalba cause alta como integrante en la Comisión Especial de Alerta de Género.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause baja como integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a las acciones del Estado Mexicano... atención a víctimas, así como el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

• Que la diputada Angelina Lizeth Arcos Villalba cause alta como integrante en la Comisión Especial de Seguimiento a las acciones del Estado Mexicano... atención a víctimas, así como el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Armenia.

• Que la diputada Angelina Lizeth Arcos Villalba cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Armenia.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Emiratos Árabes.

• Que la diputada Angelina Lizeth Arcos Villalba cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Emiratos Árabes.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Filipinas.

• Que la diputada Angelina Lizeth Arcos Villalba cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Filipinas.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Grecia.

• Que la diputada Angelina Lizeth Arcos Villalba cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Grecia.

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como secretaria de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada Alejandra Iturbe Rosas cause alta como secretaria en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como secretaria de la Comisión de Marina.

• Que la diputada Alejandra Iturbe Rosas cause alta como secretaria en la Comisión de Marina.

• Que la diputada Minerva Hernández Ramos cause baja como secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que la diputada Alejandra Iturbe Rosas cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Turquía.

• Que la diputada Alejandra Iturbe Rosas cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Turquía.

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Austria.

• Que la diputada Alejandra Iturbe Rosas cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Austria.

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-España.

• Que la diputada Alejandra Iturbe Rosas cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-España.

• Que el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya cause baja como secretario de la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Nicolás Toledo Soto cause alta como secretario en la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya cause baja como secretario de la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Nicolás Toledo Soto cause alta como secretario en la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

• Que el diputado Nicolás Toledo Soto cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

• Que el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Argentina.

• Que el diputado Nicolás Toledo Soto cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Argentina.

• Que el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya cause baja como presidente del Grupo de Amistad México-Lituania.

• Que el diputado Nicolás Toledo Soto cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Lituania.

• Que el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad México-Vietnam.

• Que el diputado Nicolás Toledo Soto cause alta como vicepresidente en el Grupo de Amistad México-Vietnam.

• Que el diputado Juan Corral Mier cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Jorge Roldán Pérez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Juan Corral Mier cause baja como secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Jorge Roldán Pérez cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Juan Corral Mier cause baja como integrante de la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Jorge Roldán Pérez cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Juan Corral Mier cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Costa de Marfil.

• Que el diputado Jorge Roldán Pérez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Costa de Marfil.

• Que el diputado Juan Corral Mier cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Costa Rica.

• Que el diputado Jorge Roldán Pérez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Costa Rica.

• Que el diputado Juan Corral Mier cause baja como secretario del Grupo de Amistad México-Estonia.

• Que el diputado Jorge Roldán Pérez cause alta como secretario en el Grupo de Amistad México-Estonia.

• Que el diputado Juan Corral Mier cause baja como secretario del Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat.

• Que el diputado Jorge Roldán Pérez cause alta como secretario en el Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat.

• Que la diputada Nadia Haydee Vega Olivas cause baja como secretaria de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Celia Castro Torres cause alta como secretaria en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Nadia Haydee Vega Olivas cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.

• Que la diputada Celia Castro Torres cause alta como integrante en la Comisión de Deporte.

• Que la diputada Nadia Haydee Vega Olivas cause baja como integrante de la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Celia Castro Torres cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Nadia Haydee Vega Olivas cause baja como integrante de la Comisión Especial para Impulsar la Industrialización y Tecnificación de la Agricultura.

• Que la diputada Celia Castro Torres cause alta como integrante en la Comisión Especial para Impulsar la Industrialización y Tecnificación de la Agricultura.

• Que la diputada Nadia Haydee Vega Olivas cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-Filipinas.

• Que la diputada Celia Castro Torres cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Filipinas.

• Que la diputada Nadia Haydee Vega Olivas cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Francia.

• Que la diputada Celia Castro Torres cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Francia.

• Que la diputada Nadia Haydee Vega Olivas cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Mongolia.

• Que la diputada Celia Castro Torres cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Mongolia.

• Que el diputado Román Francisco Cortés Lugo cause baja como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Óscar Cuevas Corona cause alta como secretario en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Román Francisco Cortés Lugo cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

• Que el diputado Óscar Cuevas Corona cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

• Que el diputado Román Francisco Cortés Lugo cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Óscar Cuevas Corona cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Román Francisco Cortés Lugo cause baja como integrante de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala.

• Que el diputado Óscar Cuevas Corona cause alta como integrante en la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala.

• Que el diputado Román Francisco Cortés Lugo cause baja como integrante de la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo.

• Que el diputado Óscar Cuevas Corona cause alta como integrante en la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo.

• Que el diputado Román Francisco Cortés Lugo cause baja como presidente del Grupo de Amistad México-Colombia.

• Que el diputado Óscar Cuevas Corona cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Colombia.

• Que el diputado Román Francisco Cortés Lugo cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-China.

• Que el diputado Óscar Cuevas Corona cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-China.

• Que el diputado Román Francisco Cortés Lugo cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Rumania.

• Que el diputado Óscar Cuevas Corona cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Rumania.

• Que la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada Marisol González Martínez cause alta como secretaria en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que la diputada Marisol González Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro cause baja como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que la diputada Marisol González Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Infraestructura.

• Que la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro cause baja como presidenta del Grupo de Amistad México-Panamá.

• Que la diputada Marisol González Martínez cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Panamá.

• Que la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-República Checa.

• Que la diputada Marisol González Martínez cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-República Checa.

• Que la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Ecuador.

• Que la diputada Marisol González Martínez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Ecuador.

• Que la diputada Patricia García García cause baja como secretaria de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que la diputada Elisa Estrada Torres cause alta como secretaria en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que la diputada Patricia García García cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que la diputada Elisa Estrada Torres cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que la diputada Patricia García García cause baja como integrante de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Elisa Estrada Torres cause alta como integrante en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Patricia García García cause baja como secretaria de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género.

• Que la diputada Elisa Estrada Torres cause alta como secretaria en la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género.

• Que la diputada Patricia García García cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Japón.

• Que la diputada Elisa Estrada Torres cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Japón.

• Que la diputada Patricia García García cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Jordania.

• Que la diputada Elisa Estrada Torres cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Jordania.

• Que la diputada Patricia García García cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Palestina.

• Que la diputada Elisa Estrada Torres cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Palestina.

• Que la diputada Leticia Amparano Gamez cause baja como secretaria de la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

• Que la diputada Corina Trenti Lara cause alta como secretaria en la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

• Que la diputada Leticia Amparano Gamez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada Corina Trenti Lara cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada Leticia Amparano Gamez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Corina Trenti Lara cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Leticia Amparano Gamez cause baja como secretaria de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas.

• Que la diputada Corina Trenti Lara cause alta como secretaria en la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas.

• Que la diputada Leticia Amparano Gamez cause baja como integrante de la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo.

• Que la diputada Corina Trenti Lara cause alta como integrante en la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo.

• Que la diputada Leticia Amparano Gamez cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Dinamarca.

• Que la diputada Corina Trenti Lara cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Dinamarca.

• Que la diputada Leticia Amparano Gamez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-España.

• Que la diputada Corina Trenti Lara cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-España.

• Que la diputada Leticia Amparano Gamez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Perú.

• Que la diputada Corina Trenti Lara cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Perú.

• Que el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla cause baja como secretario de la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Allan Michel León Aguirre cause alta como secretario en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Allan Michel León Aguirre cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla cause baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Allan Michel León Aguirre cause alta como integrante en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla cause baja como presidente de la Comisión Especial de Industria Automotriz.

• Que el diputado Allan Michel León Aguirre cause alta como presidente en la Comisión Especial de Industria Automotriz.

• Que el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla cause baja como integrante de la Comisión Especial de Promoción Pueblos Mágicos.

• Que el diputado Allan Michel León Aguirre cause alta como integrante en la Comisión Especial de Promoción Pueblos Mágicos.

• Que el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Belice.

• Que el diputado Allan Michel León Aguirre cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Belice.

• Que el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Estados Unidos.

• Que el diputado Allan Michel León Aguirre cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Estados Unidos.

• Que el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla cause baja como presidente del Grupo de Amistad México-Japón.

• Que el diputado Allan Michel León Aguirre cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Japón.

• Que el diputado Jorge Triana Tena cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Jorge Triana Tena cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada María García Pérez cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.

• Que la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre cause baja como presidenta de la Comisión de Cambio Climático.

• Que la diputada María García Pérez cause alta como presidenta en la Comisión de Cambio Climático.

• Que el diputado Federico Döring Casar cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Federico Döring Casar cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Lucina Rodríguez Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio cause alta como integrante en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que la diputada Lucina Rodríguez Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Lucina Rodríguez Martínez cause baja como secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio cause alta como secretaria en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Lucina Rodríguez Martínez cause baja como secretaria de la Comisión Especial para Impulsar a Estudiantes de Altas Capacidades Intelectuales.

• Que la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio cause alta como secretaria en la Comisión Especial para Impulsar a Estudiantes de Altas Capacidades Intelectuales.

• Que la diputada Lucina Rodríguez Martínez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Costa Rica.

• Que la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Costa Rica.

• Que la diputada Lucina Rodríguez Martínez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Suiza.

• Que la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Suiza.

• Que la diputada Lucina Rodríguez Martínez cause baja como secretaria del Grupo de Amistad México-Bolivia.

• Que la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio cause alta como secretaria en el Grupo de Amistad México-Bolivia.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), presidente.»

En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.

———————— o ————————

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a este órgano legislativo que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 141 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y se adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4922-X, del jueves 7 de diciembre de 2017.

Lo anterior, a efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Agradezco la atención brindada a la presente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2018.— Diputada Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

———————— o ————————

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente que se retire la iniciativa que a continuación se enumera, turnada con fecha 20 de marzo de 2018 a la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 153 C, fracción IV; y se adicionan del 263 Bis al 263 Quáter de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior, a efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.— Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Estimado diputado Romo:

Sirva el presente para hacer de su atento conocimiento que el diputado Julio César Tinoco Oros ha determinado su adhesión al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adjunto oficio.

En consecuencia, agradeceré que se lleven a cabo los medios pertinentes para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular y seguro de su gentil consideración, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2018.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Estimado diputado Martínez Neri:

Con el presente, me permito hacer de su atento conocimiento que he determinado adherirme al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que usted dignamente coordina.

Por tal motivo, le solicito realizar lo conducente de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2018.— Diputado Julio César Tinoco Oros (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado. Comuníquese. Actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, le informo el interés de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco de integrarse al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, motivo por el cual le solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar los trámites conducentes para la formal integración de la diputada Plascencia Pacheco a este grupo parlamentario, y que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Movimiento Ciudadano, a partir del l de abril del año en curso.

Asimismo, solicito se incorpore la curul de la diputada Plascencia Pacheco al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el salón de pleno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2018.— Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Marko Cortés Mendoza, Presidente de la Junta de Coordinación Política; diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

En mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, informó que con fecha del 22 de marzo del presente renuncié al Grupo Parlamentario del PRI y me incorporé al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Ruego se efectúen los trámites correspondientes para ocupar mi curul dentro del área que comprende la fracción de Movimiento Ciudadano.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 3 de abril de 2018.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado. Comuníquese. Actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito remitir para los fines procedentes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, copia del oficio DV/0052/2018 signado por el maestro José Enrique Prieto Vargas, director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo en sesión celebrada el 26 de octubre del 2017, por el que se exhorta a esa procuraduría a redoblar esfuerzos para investigar y, en su caso, sancionar a quienes promuevan actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales y sitios web.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Segob.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia al atento oficio número DGPL 63-II-5-2975, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2017, que en su parte resolutiva señala:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a sus equivalentes de las entidades federativas a que, de manera coordinada con la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, en el ámbito de sus competencias, redoblen esfuerzos para investigar y, en su caso, sancionar a quienes promuevan actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales y sitios web.”

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, comunicó a esta Dirección, lo siguiente:

“Al respecto, me permito informar que esta Fiscalía Especial mantiene una estrecha coordinación con la División Científica de la Policía Federal, derivado de la cual, actualmente se integran 146 carpetas de investigación y 166 averiguaciones previas, dando un total de 312 expedientes en los que se investigan de manera conjunta, actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, a través de redes sociales y sitios web.” (sic)

Así también, la Agencia de Investigación Criminal, a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, comunicó a esta Dirección, lo siguiente:

“Para dar respuesta al exhorto manifestado por el órgano del legislativo federal, se hace de su conocimiento que la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se planea, coordina, ejecuta, supervisa y evalúa las acciones para combatir tácticamente el fenómeno delictivo, a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos.

En este sentido, con el propósito de lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, la Procuraduría General de la República (PGR), ha trabajado para consolidar el vínculo entre las funciones de inteligencia criminal y de investigación ministerial, con la finalidad de generar evidencias sólidas con soporte científico y sustento legal.

Para ello, en el marco del fortalecimiento del uso de métodos y técnicas científicas en la investigación, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT), como instancia de inteligencia encargada de la ejecución y supervisión de las acciones policiales que apoyen las investigaciones relacionadas con medios electrónicos y tecnológicos bajo la conducción y mando del Ministerio Público (MP) de la Federación.

Marco de Acción

Como áreas de servicios técnico-especializados, la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas se crea con el propósito de:

-Implementar el uso de herramientas tecnológicas en apoyo al MP, autoridades competentes y áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus diferentes procesos de investigación.

Entre las facultades asignadas en apoyo a las investigaciones relacionadas con medios electrónicos y tecnológicos, se encuentran las siguientes:

-Realizar el monitoreo de la red pública de internet para la identificación de conductas delictivas relacionadas con denuncias e investigaciones cibernéticas de la institución, en apoyo de las áreas sustantivas.

-Auxiliar a las autoridades competentes en la investigación de delitos a través de medios cibernéticos y tecnológicos.

-Implementar técnicas de investigación tecnológica y cibernética que sirvan de apoyo para la generación de dato de prueba, medios de prueba y prueba bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación

-Solicitar información a las personas jurídicas que presten servidos y contenidos en intemet, que se relacione con investigaciones que realice el Ministerio Público de la Federación.

-Establecer, en coordinación con la Dirección General de Cooperación Internacional, los mecanismos de colaboración con organismos y autoridades internacionales relacionados con la investigación de delitos cometidos a través de medios cibernéticos y del uso de las tecnologías en los diferentes procesos de investigación

Con estas atribuciones, se busca fortalecer las capacidades institucionales a fin de transformar las técnicas de investigación de los operadores de procuración de justicia y sus lineamientos de actuación, así como garantizar el esclarecimiento de los hechos que permitan identificar y sancionar a los responsables de la comisión de delitos.

Es importante mencionar que, actualmente, en la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas se llevan a cabo investigaciones por delitos de distribución, almacenamiento y/o producción de pornografía infantil; lo anterior derivado de notificaciones recibidas por Interpol, solicitudes de Ministerio Público y por colaboración internacional.

Adicionalmente, se trabaja en estrategias para prevenir la afectación de menores de edad en internet. Cabe destacar que, una de esas estrategias es realizar acciones colaborativas con la División Científica de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad.” (sic)

Por lo anterior, remito a usted la información anteriormente detallada, a efecto de que sea el amable conducto para hacerla llegar a la autoridad solicitante.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018.— Maestro José Enrique Prieto Vargas (rúbrica), director de Vinculación, PGR.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 63-II-2-2677, signado por la senador Adriana Dávila Fernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/SIPINNA/DGACAJ/036/2018, suscrito por la licenciada Irasema Zavaleta Villalpando, directora general adjunta de Coordinación de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se les exhorta a analizar la viabilidad de implementar un protocolo de prevención de abuso y violencia contra la niñez, así como la promoción y difusión del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me dirijo a usted en respuesta a sus oficios SELAP 300/323/18 y SELAP 300/392/18, mediante los cuales hace del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 24 de enero de 2018, en los que solicita informar sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia en México y se exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, junto con sus homólogos en las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, analice la viabilidad de implementar un protocolo para prevención de abuso y violencia contra la niñez, así como la promoción y difusión del mismo.

Con respecto a lo anterior, le comento que el Estado mexicano aceptó la invitación realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para formar parte de la Alianza Global para Poner fin a la Violencia contra la Niñez. La Alianza Global busca coadyuvar en la instrumentación del objetivo 16.2 de la Agenda de Desarrollo 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que se refiere a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños, y, específicamente, a impulsar el diseño e implementación de planes de acción nacionales para prevenir y responder a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes a través de apoyo técnico y fondos específicos. Entre otros aspectos, la Alianza busca visibilizar particularmente a los grupos de niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la violencia, así como fomentar su participación en el diseño e instrumentación de las acciones en la materia.

El interés de que México se sumara a la iniciativa, se basa en los avances recientes en materia de protección de los derechos de la niñez, como la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la instalación del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la creación de las Procuradurías de Protección, además de la participación de nuestro país en. iniciativas relacionadas con la atención de la violencia, como la Alianza Global contra el Abuso Sexual ele Niños en Internet.

Es por ello que, en julio de 2016, México se comprometió, junto a Indonesia, Suecia y Tanzania, a ser país pionero de la Alianza Global, es decir, a dar evidencia y ejemplo de que su voluntad política se traduce en acciones públicas, concretas, medibles y que, a corto plazo, contribuyan a identificar, prevenir, atender y dar respuesta a la violencia contra la niñez y la adolescencia.

Estas acciones se encuentran en un Plan de Acción Nacional que, además de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, están alineados con la iniciativa del gobierno federal 25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; con las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño al Estado Mexicano y con otros instrumentos nacionales e internacionales. En México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, funge como punto focal de la Alianza, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el apoyo de UNICEF México, quienes coordinan los esfuerzos nacionales para implementar el multicitado Plan de Acción para que los objetivos de la Alianza Global se cumplan.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobó en su segunda sesión ordinaria del 18 de agosto del 2016, la creación de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (Comprevnna), cuyo objetivo primordial es articular las principales acciones en materia de prevención y respuesta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes y, de esta forma, atender las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado mexicano a nivel nacional e internacional en esta materia.

La Comprevnna –cuya instalación formal se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2016– es coordinada de manera directa por la CNS y hasta el día de hoy está integrada por 31 instancias y dependencias del Ejecutivo federal, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres organismos autónomos, la Conago y 19 organizaciones de la sociedad civil.

Es importante mencionar que para el cumplimiento del objetivo propuesto y con base en el Plan de Acción el cual fue aprobado en lo general el 28 de junio de 2017 durante la primera sesión ordinaria de la Comprevnna, ésta se organizó en su interior en siete grupos de trabajo para atender las diferentes formas de violencia contra la niñez y la adolescencia; dichos grupos se integraron a partir de las 7 estrategias de la metodología denominada “Siete estrategias para poner fin la violencia contra niños”, INSPIRE (por sus siglas en inglés), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud junto con otros nueve organismos, las cuales son: 1. Implementación y vigilancia del cumplimiento de leyes; 2. Normas y valores; 3. Seguridad en el entorno; 4. Padres, madres y cuidadores reciben apoyo; 5. Ingresos y fortalecimiento económico; 6. Respuesta de los servicios de atención y apoyo; 7. Educación y aptitudes para la vida.

Las 7 estrategias de la metodología que contempla el Plan de Acción, se encuentra a su vez desagregado en 31 líneas de acción, cuyo periodo de ejecución comprende de agosto 2017 a noviembre de 2018 en función del periodo de la actual administración federal. El plan en general tiene entre sus objetivos el visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia sobre el impacto que tiene la violencia en la vida de las niñas, niños y adolescentes, prevenir y atender la violencia desde un enfoque integral, comprometer a todos los sectores y órdenes de gobierno a poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez, mejorar e implementar servicios, estrategias y programas coordinados, integrales e intersectoriales y movilizar y articular a todos los sectores de la sociedad.

En el marco de lo anterior y por lo que respecta a la implementación de un protocolo para prevención de abuso y violencia contra la niñez, es menester indicar que las líneas de acción que conforman el Plan de Acción contemplan diversas medidas, en particular se resalta la estrategia 6 “servicios de respuesta y apoyo”, que incluye el diseño y aplicación de protocolos específicos de atención y la articulación entre instituciones de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, como se indica en el cuadro siguiente:

Para dar seguimiento a la implementación de las acciones del Plan de Acción, el 11 de diciembre de 2017 se llevó a cabo una sesión plenaria con todas las personas enlaces de la comisión, en la cual se hizo la revisión, por cada grupo de trabajo, las acciones a implementar. Cada instancia responsable se encuentra elaborando una ruta de implementación de la actividad a su cargo, y deberá presentarse un primer corte de resultados en el primer semestre de 2018.

Finalmente, se informa que actualmente se han instalado 30 comisiones estatales para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en las cuales se está trabajando la elaboración de planes estatales de atención a la violencia, con base en las necesidades propias de cada entidad federativa y en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Irasema Zavaleta Villalpando (rúbrica), directora general adjunta de Coordinación de Asuntos Jurídicos.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

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La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-3119, signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/SIPINNA/DGACAJ/036/2018, suscrito por la licenciada Irasema Zavaleta Villalpando, directora general adjunta de Coordinación de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a informar sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia en México, así como acerca de los resultados alcanzados en la materia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me dirijo a usted en respuesta a sus oficios SELAP 300/323/18 y SELAP 300/392/18, mediante los cuales hace del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 24 de enero de 2018, en los que solicita informar sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia en México y se exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que junto con sus homólogos en las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, analice la viabilidad de implementar un protocolo para prevención de abuso y violencia contra la niñez, así como la promoción y difusión del mismo.

Con respecto a lo anterior, le comento que el Estado Mexicano aceptó la invitación realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para formar parte de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez. La Alianza Global busca coadyuvar en la instrumentación del Objetivo 16.2 de la agenda de desarrollo 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que se refiere a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños, y, específicamente, a impulsar el diseño e implementación de planes de acción nacionales para prevenir y responder a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes a través de apoyo técnico y fondos específicos. Entre otros aspectos, la Alianza busca visibilizar particularmente a los grupos de niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la violencia, así como fomentar su participación en el diseño e instrumentación de las acciones en la materia.

El interés de que México se sumara a la iniciativa, se basa en los avances recientes en materia de protección de los derechos de la niñez, como la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la instalación del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la creación de las Procuradurías de Protección, además de la participación de nuestro país en iniciativas relacionadas con la atención de la violencia, como la Alianza Global contra el Abuso Sexual de Niños en Internet.

Es por ello que en Julio de 2016, México se comprometió, junto a Indonesia, Suecia y Tanzania, a ser país pionero de la Alianza Global, es decir, a dar evidencia y ejemplo de que su voluntad política se traduce en acciones públicas concretas medibles y que a corto plazo contribuyan a identificar, prevenir, atender y dar respuesta a la violencia contra la niñez y la adolescencia.

Estas acciones se encuentran en un Plan de Acción Nacional que además de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, están alineados con la iniciativa del gobierno federal 25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes; con las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño al Estado Mexicano y con otros instrumentos nacionales e internacionales. En México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes funge como punto focal de la Alianza, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el apoyo de UNICEF México, quienes coordinan los esfuerzos nacionales para implementar el multicitado Plan de Acción para que los objetivos de la Alianza Global se cumplan.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobó en su segunda sesión ordinaria del 18 de agosto del 2016, la creación de la Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), cuyo objetivo primordial es articular las principales acciones en materia de prevención y respuesta a la violencia contra niñas. niños y adolescentes y de esta forma atender las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado mexicano a nivel nacional e internacional en esta materia.

La COMPREVNNA –cuya instalación formal se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2016– es coordinada de manera directa por la CNS y hasta el día de hoy está integrada por 31 instancias y dependencias del Ejecutivo federal, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres organismos autónomos, la Conago y 19 organizaciones de la Sociedad Civil.

Es importante mencionar que para el cumplimiento del objetivo propuesto y con base en el plan de acción el cual fue aprobado en lo general el 28 de junio de 2017 durante la primera sesión ordinaria de la COMPREVNNA, ésta se organizó en su interior en siete grupos de trabajo para atender las diferentes formas de violencia contra la niñez y la adolescencia; dichos grupos se integraron a partir de las 7 estrategias de la metodología denominada “Siete estrategias para poner fin la violencia contra niños”. INSPIRE (por sus siglas en inglés), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud junto con otros nueve organismos, las cuales son 1. Implementación y vigilancia del cumplimiento de leyes; 2. Normas y valores; 3. Seguridad en el entorno; 4. Padres, madres y cuidadores reciben apoyo; 5. Ingresos y fortalecimiento económico; 6. Respuesta de los servicios de atención y apoyo 7. Educación y aptitudes para la vida.

Las 7 estrategias de la metodología que contempla el Plan de Acción se encuentra a su vez desagregado en 31 líneas de acción, cuyo periodo de ejecución comprende de agosto de 2017 a noviembre de 2018 en función del periodo de la actual administración federal. El Plan en general tiene entre sus objetivos el visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia sobre el impacto que tiene la violencia en la vida de las niñas, niños y adolescentes, prevenir y atender la violencia desde un enfoque integral, comprometer a todos los sectores y órdenes de gobierno a poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez, mejorar e implementar servicios, estrategias y programas coordinados, integrales e intersectoriales Y movilizar y articular a todos los sectores de la sociedad.

En el marco de lo anterior y por lo que respecta a la implementación de un protocolo para prevención de abuso y violencia contra la niñez, es menester indicar que las líneas de acción que conforman el plan de acción contemplan diversas medidas, en particular se resalta la estrategia 6, “servicios de respuesta y apoyo”, que incluye el diseño y aplicación de protocolos específicos de atención y la articulación entre instituciones de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, como se indica en el cuadro siguiente:

Para dar seguimiento a la implementación de las acciones del plan de acción, el 11 de diciembre de 2017 se llevó a cabo una sesión plenaria con todas las personas enlaces de la Comisión, en la cual se hizo la revisión, por cada grupo de trabajo, de las acciones por implementar. Cada instancia responsable se encuentra elaborando una ruta de implementación de la actividad a su cargo y deberá presentarse un primer corte de resultados en el primer semestre. de 2018.

Finalmente, se informa que actualmente se han instalado 30 comisiones estatales para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en las cuales se está trabajando la elaboración de planes estatales de atención a la violencia, con base en las necesidades propias de cada entidad federativa y en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2018.— Irasema Zavaleta Villalpando (rúbrica), directora general adjunta de Coordinación de Asuntos Jurídicos.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

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La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-2952, signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DV/0053/2018 suscrito por el maestro José Enrique Prieto Vargas, director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se solicita a esa Procuraduría un informe sobre las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

Me permito hacer referencia al atento oficio número SELAP/300/099/18, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 10 de enero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:

“Único. La Comisión Permanente con pleno respeto al pacto federal, solicita respetuosamente al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Veracruz, para que en el marco de sus respectivas atribuciones informen a esta Soberanía las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.” (sic)

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, comunicó a esta Dirección lo siguiente:

“(. . .) le remito un recuento de las acciones de esta Fiscalía Especial en materia de lucha contra la violencia de género y protección a sus víctimas.

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) es la instancia de las Procuraduría General de la República (PGR) encargada de la investigación y persecución de los delitos federales constitutivos de violencia contra las mujeres y los delitos en materia de trata de personas los cuales constituyen formas extremas de violencia contra las mujeres principalmente en su modalidad de explotación sexual de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés); por otra parte también coordina a nivel nacional el programa Alerta Amber México, para la búsqueda y localización de NNA, ya que de acuerdo con las estadísticas de la Fevimtra, este fenómeno afecta en mayor medida a las niñas y las adolescentes, ya que las alertas y prealertas actividades para su búsqueda y localización representa el 70 por ciento del total.

La Fevimtra en atención a estos delitos y fenómenos que afectan principalmente a las niñas, adolescentes y mujeres, de diciembre de 2012 a diciembre de 2017 han realizado las siguientes acciones:

Persecución del delito

En la persecución de los delitos competencia de la Fiscalía especial se iniciaron indagatorias principalmente por abuso sexual y explotación sexual, en materia de trata de personas y violencia contra las mujeres respectivamente. Los resultados generales fueron los siguientes:

Atención integral

La Fevimtra atiende de manera integral y con enfoque diferenciado las necesidades de r cada víctima, para lo cual les proporciona servicios de Psicología, Trabajo Social, apoyo jurídico, Antropología Social y protección a ellas y a sus hijas e hijos en el refugio de la Fiscalía Especial, en caso de ser necesario.

En cuanto a los resultados en este rubro se a ten dieron a 2 mil 340 víctimas, quienes en su gran mayoría fueron mujeres, de las cuales 313 ingresaron al Refugio de la Fiscalía Especial, a quienes se les proporcionaron, en las instalaciones de la Fevimtra como en el refugio especializado 24 mil 68 y 112 mil 663 servicios integrales.

Programa Alerta Amber México

La Procuraduría General de la República, por medio de la Fevimtra, coordina a nivel nacional el Programa, el cual es operado en coordinación con las 32 fiscalías y procuradurías estatales, con las que han realizado encuentros nacionales, así como, con quienes operan el Programa en EUA y Canadá.

De diciembre de 2012 a diciembre de 2017 fueron localizados 582 niñas y niños, para quienes se activaron las siguientes alertes y prealertas:

Políticas públicas para contribuir a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los delitos en materia de trata de personas

Capacitación

Se han realizado diferentes acciones de capacitación a operadoras y operadores del sistema de justicia penal, incluyendo a personal de la administración de justicia y personal de dependencias estatales y federales, cuyas actividades están relacionadas con las competencias de la Fiscalía Especial.

Se realizaron poco más de 750 actividades a nivel nacional, en las cuales participaron alrededor de 34 mil personas, 19 mil mujeres y 15 hombres. Los temas de las actividades proporcionadas por la Fevimtra ya las que su personal acudió fueron: violencia contra las mujeres, trata de personas, género, sistema penal acusatorio, feminicidio, Alerta AMBER México, atención a víctimas, procuración de justicia, entre otro.

Difusión

En cuanto a las acciones de difusión del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 se han distribuido 600 mil ejemplares de materiales impresos, entre trípticos, carteles, despegables e historietas, a gobiernos estatales, federales y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres, los delitos de trata de personas y promover el Programa Alerta Amber México.

Actividades de Orientación

A partir de 2016 se impulsaron el desarrollo de sesiones de orientación y se atendieron módulos informativos dirigidos a la población, principalmente entre el estudiantado de secundaria y educación media superior, para prevenir y alentar la denuncia de la violencia contra las mujeres y los delitos de trata de personas, así como difundir el conocimiento del Programa Alerta AMBER México, alentar la participación de la población en la búsqueda y localización y prevenir la desaparición de NNA. Los resultados fueron los siguientes:

Participación en grupos interinstitucionales en materia de violencia contra las mujeres y trata de personas

• Desde su competencia la Fiscalía Especial contribuye a su participación en la consolidación y desarrollo de las acciones de los siguientes grupos de trabajo, que contribuyen en el combate de la violencia contra las mujeres y los delitos de trata de personas

• Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres

• Comisión Intersecretarial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos Delitos

• Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

• Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua. Preside PGR/SDHPDSC/FEVIMTRA.

• Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Preside la Comisión de Sanción. Participa en Comisión de Atención y Prevención

• Participó en Grupos de trabajo de alertas de género de estado de México, Nuevo León, Chiapas y Tlaxcala, antes de las reformas

• Comisión Intersecretarial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Participa en subcomisión consultiva

• Subcomisión de Coordinación y Enlace para para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra les Mujeres en el Territorio Nacional.

• Subcomisión de Coordinación y Enlace para para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La información a detalle de las actividades mencionadas se puede consultar en los Informes de Labores de la institución https:/Iwww.gob.mxlpgr/acciones-y-programas/informes­institucionales. “ (sic)

En virtud de lo anterior, remito a usted la información anteriormente detallada, a efecto de que sea el amable conducto para hacerla llegar a la autoridad solicitante,

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018.— Maestro José Enrique Prieto Vargas (rúbrica), director de Vinculación.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite al promovente.

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La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Diputada Martha Sofía Tamayo Morales, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Asunto: Atención al “punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, continúe instrumentado acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias.”

En relación al oficio número DGPL 63-II-8-5850, por medio del cual se comunica al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en su sesión celebrada el martes 6 de marzo del presente año, por medio del cual “La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, continúe instrumentado acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias”, me permito hacer las siguientes consideraciones:

La problemática que contempla el punto de acuerdo presentado por la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, relativo a que, si bien es cierto que el servicio de domiciliación bancaria es un procedimiento de pago automático realizado de manera periódica por una cantidad determinada a un tercero (proveedor) respecto a un bien o servicio contratado y autorizado por el usuario (titular) de una institución bancaria, el cual se puede hacer efectivo a través del cargo a una cuenta de depósito, débito o crédito, entre otros, facilitándole el cumplimiento de diferentes compromisos económicos en tiempo y forma, además de que no genera comisiones y, por el contrario, puede brindar algunos beneficios como puntos, recompensas o bonificaciones, ha venido a simplificar el control de sus gastos, también en ocasiones se pueden convertir en un problema, al provocarse cobros indebidos o no autorizados por los propios usuarios por una mala administración en el proceso de cobro.

De igual manera se coincide en cuanto a la estadística se refiere, ya que ésta es resultado del proceso de análisis que realiza permanentemente esta comisión nacional con base en el reporte regulatorio R27, que trimestralmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le provee, y que tiene como propósito evaluar la calidad del servicio que prestan las instituciones bancarias a sus clientes, no sólo en cuanto al origen de las problemáticas a que se enfrentan, si también de la forma en que se resuelven, sus niveles de incidencia, los montos afectados y abonados, con el propósito último de detectar problemáticas específicas a nivel sector o institución, a fin de proponer su corrección o, llegado el caso, recomendar a las autoridades financieras competentes cambios regulatorios que permitan subsanar dichas deficiencias o desviaciones.

Por otro lado y, de acuerdo a información del Banco de México, a pesar de las ventajas que representa la domiciliación de pagos, en cuanto a que es una opción práctica y de gran ayuda en la vida del usuario de servicios financieros, ya que no sólo le evita el uso de efectivo, sino sobre todo el de desplazarse a una sucursal o establecimiento para efectuar determinados pagos con el consecuente tiempo y costo que ello implica, ésta no ha tenido el desempeño esperado desde que se autorizaron este tipo de operaciones por parte del Banco de México, debido fundamentalmente a dos situaciones:

• Primera, porque los usuarios requieren planear adecuadamente sus ingresos y gastos periódicos, de forma tal que al aplicarse el cargo por domiciliación por algún servicio o producto contratado, la cuenta de cargo cuente con los suficientes fondos para que proceda dicho cargo. Esta situación se encuentra estrechamente asociada a la educación financiera, a la elaboración de un presupuesto, y a cómo utilizar los productos y servicios financieros a nuestro favor y sustituir el uso de efectivo; en este caso, el servicio de la domiciliación.

• Segunda, porque en la práctica una reclamación por un cargo indebido (domiciliación mal aplicada o no cancelada) implica para el usuario un acto de molestia y un proceso de gestión tedioso que toma tiempo y esfuerzo, ello a pesar de que existen reglas específicas por parte del Banco Central, entidad responsable de velar por este proceso, por estar referido a medios de pago.

En efecto, como se puede observar en el cuadro siguiente, las domiciliaciones participan con apenas 2.4 por ciento del total de las operaciones bancarias distintas al uso de efectivo en 2017 con 103 millones, en tanto que cinco años atrás su participación era de 2 por ciento.

Respecto a la propuesta de que sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quien realice las acciones necesarias para mejorar el proceso de domiciliación, esta comisión nacional estima que la autoridad competente en este tema es el Banco de México, toda vez que desde el 22 de septiembre de 2009 emitió reglas específicas para la domiciliación en cuentas de depósito bancario de dinero (Reglas 23/2009) mismas que han sido reformadas en dos ocasiones.

En efecto, el Banco de México en 2010 y 2011 realizó diversas actualizaciones a dichas reglas para establecer, por un lado, el procedimiento y los requisitos que deben cumplirse para objetar cargos que las instituciones de crédito hayan realizado con motivo de la domiciliación de pagos de bienes o servicios, así como el plazo en que surtirá efectos la cancelación de las autorizaciones otorgadas por los clientes, y, por el otro, para que los créditos, préstamos o financiamientos, incluidos los créditos revolventes asociados a tarjeta de crédito puedan ser domiciliados.

En el primer caso, es decir, por lo que se refiere a los formatos para solicitar la domiciliación, su cancelación, así como para objetar cargos por domiciliación, el instituto central, definió en los tres formatos los procedimientos a seguir, así como que éstos deben contener el consentimiento y firma del cliente, para efectos de seguridad y transparencia. Estos formatos deben estar disponibles en las ventanillas de las sucursales bancarias, al igual que en el portal de internet del banco correspondiente.

De hecho, se establece que en el caso de una objeción, el cliente tiene un plazo de 90 días naturales contados a partir del último día del periodo del estado de cuenta en donde aparezca el cargo materia de objeción, para lo cual la institución bancaria debe abonar el monto reclamado a más tardar el día hábil bancario siguiente a la recepción de la objeción, sin que pueda requerir al cliente la realización de trámite adicional alguno, si la reclamación se hace antes del día setenta.

Si fuera posterior, el banco del cliente deberá resolver sobre la procedencia de la reclamación en un plazo máximo de 20 días naturales y, en caso de que la objeción resulte procedente, abonar el monto reclamado a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de la resolución.

En caso de que la objeción resulte improcedente, el banco del cliente deberá poner a disposición del cliente el original impreso de la resolución con firma del personal facultado, así como copia de los documentos o evidencia de soporte respectivos, incluyendo la proporcionada por el proveedor del servicio o bien de que se trate, en la sucursal en la que se haya presentado la objeción o bien a través del correo electrónico del cliente si éste la realizó vía la página de internet institucional.

En este sentido y para atender adecuadamente el sentido del acuerdo en comento, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha estimado realizar las siguientes acciones específicas:

a) Realizará reuniones de trabajo con el Banco de México a fin de evaluar algunas adecuaciones a las reglas vigentes para la domiciliación, a efecto de que las instituciones bancarias sean más expeditas y claras en la atención y resolución, tanto de las órdenes de cancelación como de las objeciones que realicen los clientes de los bancos;

b) Tratará con la Asociación de Bancos de México (ABM) la problemática que se presenta con el proceso de domiciliación, la cual, si bien es cierto solamente puede ser solicitada y/o cancelada por el usuario, muchas veces por problemas operacionales internos (movimientos operativos), las instituciones bancarias no actúan con la celeridad oportuna o al margen de los plazos establecidos en las reglas establecidas, lo que deriva en objeciones por parte de los clientes por cargos indebidos, y

c) Realizará en los próximos meses una campaña dirigida a las usuarios de cómo administrar mejor el servicio de la domiciliación a través de reportajes en su revista Proteja su dinero, de la emisión de Consejos para tu bolsillo (publicación educativa electrónica semanal tipo infografía), así como de boletines de prensa, para reforzar qué es y cómo utilizar mejor este servicio bancario.

Se emite el presente con fundamento en los artículos 12, fracción III, y V en relación con el artículo 14, fracciones II, XVIII y XX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018.— Licenciado Luis Fabre Pruneda (rúbrica), vicepresidente.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de febrero de 2018.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2017.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de recaudación para el mes de febrero de 2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.— Miguel Messmacher Linartas (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al numeral 30 del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los programas federales de la administración pública federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE), emitido en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se establece que la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en su calidad de dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) deberá llevar a cabo la Ficha de Desempeño para las 32 entidades federativas en el formato emitido por el Coneval. Cabe señalar que la integración de la información de las fichas de desempeño, no se realizó en el marco del mecanismo establecido en el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que es resultado del primer esfuerzo conjunto entre la Sedesol y el Coneval para contar con un instrumento sintético de monitoreo y evaluación para las 32 entidades federativas, con el propósito de ampliar, actualizar y mejorar la información disponible del FAIS.

Al respecto y de conformidad con el numeral 7 del PAE 2017, en el que se establece que las dependencias o entidades por medio de sus áreas de evaluación (AE) deberán presentar los informes finales de las evaluaciones consideradas en el PAE 2017 a más tardar 30 días naturales posteriores a su entrega a la instancia de coordinación y de acuerdo con el Calendario establecido por el Coneval, me permito remitirle las 64 Fichas de Desempeño del FAIS 2016-2017, considerando 32 para el Fondo de Infraestructura Social Estatal y 32 para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elaboradas por esta Dirección General en su calidad de AE del Ramo 20, Desarrollo Social, con información correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.— Oliver Arroyo Ramón (rúbrica), director General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Remítanse a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:«Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Asunto: Entrega de información contenida en el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH).

Contadora pública Gloria Suárez Rubio, con Registro Federal de Contribuyentes SURG801005RLA, en representación de Pemex Exploración y Producción con Registro Federal de Contribuyentes PEP9207167XA, personalidad que acredito con la copia del poder notarial número 78,706 pasada ante la fe del licenciado Gonzalo Ortiz Blanco, notario número 98, con ejercicio en el Ciudad de México (anexo al presente), ante usted, con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

Con fundamento en lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de agosto de 2014, Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión.

Pemex Exploración y Producción (PEP) es una empresa productiva del Estado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos que tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero.

El artículo 27, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares.

En términos del sexto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2014, la Secretaría de Energía (Sener) adjudicó a Pemex Exploración y Producción las asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos dentro del plazo previsto por tal disposición constitucional, procedimiento al que se le denominó “Ronda Cero”.

Cabe señalar, que el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, señala textualmente lo siguiente:

Artículo 40. Para la determinación de la base del derecho por la utilidad compartida, serán deducibles los siguientes conceptos.

El asignatario establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración y extracción por cada campo de extracción de hidrocarburos, así como de los tipos específicos de hidrocarburos que se obtengan, y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ellos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria.

(Énfasis añadido)

Como se desprende del texto transcrito, esa soberanía estableció la obligación a cargo de Pemex Exploración y Producción consistente en enviarle la información periódica que se incorpore en el registro de los costos y gastos de la Exploración y Extracción, por cada campo de Extracción de Hidrocarburos, así como de los tipos específicos de Hidrocarburos que se obtengan, durante el ejercicio fiscal de 2017, además de poner a disposición de esa H. Cámara de Diputados la información soporte de dicho registro

Derivado de lo antes señalado, el objeto del presente es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para efectos de lo cual, adjunto al presente se remite un disco compacto que contiene la información requerida por el multicitado artículo 40 de la LISH.

Por lo expuesto, ante esa Soberanía, atentamente solicito:

Primero. Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito.

Segundo. Se tenga por cumplida la obligación a cargo de Pemex Exploración y Producción establecidas en el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018.— Contadora Pública Gloria Suárez Rubio (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:«Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 63 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, me permito entregar a esta honorable Cámara de Diputados el documento “La educación obligatoria en México. Informe 2018” que da cuenta del estado que guardan los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, así como el “Informe Anual de Gestión” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2017.

Nota: El documento y el informe mencionados, que constan de 364 y 318 páginas –respectivamente–, así como un tercer volumen, de 37 hojas –que tiene por título INEE: Cumplimiento de sus mandatos y principales resultados–, están disponibles en la versión de internet de la Gaceta Parlamentaria.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.— Doctor Eduardo Backhoff Escudero (rúbrica), consejero Presidente de la Junta de Gobierno.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para informarle sobre mi reincorporación al cargo de diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, por el distrito 04 con del estado de Michoacán, a partir del 5 de abril del presente año.

Por lo anterior, le solicito atentamente hacer del conocimiento del pleno del Congreso de la Unión mi reincorporación, así como instruir a quien corresponda para que se realicen los trámites parlamentarios y administrativos para los efectos conducentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 3 de abril de 2018.— Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado. Comuníquese.



SOLICITUDES DE LICENCIA

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 de los artículos 6 y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputada federal a partir del 29 de marzo de 2018.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente, quedo de usted

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2018.— Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:Se concede licencia, por tiempo indefinido, a la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el segundo distrito electoral del estado de Chihuahua, a partir del 29 de marzo del año en curso. Llámese al suplente.

El presidente diputado Edgar Romo García:Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobada. Comuníquese.

INTERVENCIONES DE LEGISLADORES



EXHORTO PARA QUE SE PROTEJAN LAS ÁREAS NATURALES Y EVITAR LA DEFORESTACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

El presidente diputado Edgar Romo García: Solicita el uso de la palabra la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, desde su curul. Adelante, diputada.

La diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán(desde la curul): Gracias, presidente. Quiero hacer un exhorto al gobierno Verde de Chiapas, a que se comprometa a proteger el medio ambiente e impida que se siga deforestando de manera inmoderada nuestro estado y nuestra capital.

La riqueza forestal del estado ha sido explotada de forma irracional, es de sorprenderse el caso de la capital, la cual se encuentra en una situación verdaderamente frágil, ya que ha perdido gran parte de su vegetación original debido al crecimiento urbano irregular y a los cambios de uso de suelo de manera indiscriminada.

Es por ello que he presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, a la Sedatu y al gobierno del estado, para que realicen las acciones pertinentes para proteger las áreas naturales y evitar la progresiva deforestación de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, sus expresiones quedarán registradas en el Diario de los Debates.



JUSTICIA PARA ALBA JIMÉNEZ, ASESINADA EN NACAJUCA, TABASCO, Y PARA TODAS LAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIOS

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez(desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García:Tiene el uso de la voz la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario el PRI, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (desde la curul): Con permiso, señor presidente. Hoy, hombres, mujeres, niñas y niños saldrán a marchar en Tabasco, para exigir justicia ante un crimen que nos sacudió a todos como sociedad.

El feminicidio de Alba Jiménez, en Nacajuca, nos ha sacudido a todos y nos ha dejado sin aliento, porque no solo le arrebataron la vida a ella, sino al bebé que estaba esperando. No logro entender tanta maldad para asesinar a una mujer embarazada y por eso me aterra lo que está sucediendo en mi estado contra las mujeres.

Tabasco es el cuarto estado más peligroso para ser mujer y no podemos seguir permitiéndolo. Me sumo a las voces que exigen justicia para Alba y que pide un alto a la impunidad a los feminicidios. Ya basta que nos maten y que no pase nada.

Como activista, como mujer, como madre y como legisladora, hago un llamado desde este recinto legislativo y le pido al gobierno del estado que no quede impune ni este feminicidio ni los 60 que ya van en el transcurso del gobierno de Arturo Núñez.

Ya basta, estamos cansadas de vivir con miedo, de salir a la calle, de ver que cada vez hay más saña en contra de las mujeres. Hoy quiero pedir justicia y paz, no solamente para todas las tabasqueñas, sino para todas las mexicanas que han muerto por la indolencia y queremos que no haya más impunidad en Tabasco. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Sus expresiones se registraron en el Diario de los Debates.



EXHORTO A LAS AUTORIDADES A QUE CUMPLAN CON SU DEBER EN RELACIÓN CON DIVERSOS HECHOS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la voz el diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Morena desde su curul. Diputado.

El diputado Rene Cervera García(desde la curul): Gracias, presidente. Hoy en Coyoacán vivimos algo que quisiéramos ver desterrado de la vida política nacional. Hoy vemos el intento de un grupo que con distintos instrumentos y con distintas estrategias quiere eliminar la posibilidad real de que la gente cambie la orientación que ha seguido esa delegación en los últimos años.

Los medios nacionales están llenos de notas respecto de compra de voto, respecto de violencia, respecto de intentos de intimidación hacia la población.

Eliminación de personas de los padrones de los programas sociales que no simpatizan en este momento con el grupo de Mauricio Toledo.

Nos parece muy importante exhortar a las autoridades a que cumplan con sus deberes y actúen en consecuencia.

Por su parte, las y los candidatos de Morena en esa jefatura delegacional van a interponer diversos recursos de orden jurídico y de orden político, por supuesto. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado, sus expresiones deberán registrarse en el Diario de los Debates.



CONDENA LOS HECHOS DE INTIMIDACIÓN, ACOSO Y VIOLENCIA EN CONTRA DE LA PERIODISTA FRIDA GÓMEZ Y SOLICITA SE SOMETAN A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DIVERSOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

El presidente diputado Edgar Romo García: Finalmente, tiene el uso de la voz la diputada Laura Plascencia Pacheco, desde su curul.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco(desde la curul): Gracias, presidente. El motivo de hacer el uso de la palabra es para condenar los hechos de intimidación, de acoso y de violencia en contra de la reportera, analista política Frida Gómez, ocurridos hace dos días.

La analista el día de ayer en sus redes sociales dio a conocer no solamente la brutalidad de la tentativa de homicidio que fue orquestada por Ilich Valdez, del periódico Milenio, sino que también denunció la falta de compromiso de las autoridades capitalinas de procuración de justicia en la atención de su caso.

El caso de Frida se suma a casos incontables a lo largo y ancho del país, casos de feminicidio que quedan con absoluta impunidad. Recordemos que diariamente siete mujeres en este país son lastimadas por el hecho de ser mujeres y que el 90 por ciento de los casos quedan con impunidad.

Hoy le exigimos al comentarista no solamente su renuncia por ética, sino al periódico también Milenio, o Grupo Milenio, que tome cartas en el asunto. No pueden tener como reportero a un feminicida.

Y comentar también, presidente, o solicitar amablemente a la Mesa Directiva, dada la situación que viven mujeres a lo largo y ancho del país, la grave crisis de seguridad y los feminicidios, que se tenga a bien someter los dictámenes que tiene la Mesa Directiva de la Comisión de Igualdad de Género.

En específico dos de ellos. Uno, que obliga a los estados y municipios a especializar a las policías municipales, periciales y las procuradurías de los estados para que puedan atender con diligencia y con correcta actuación los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres.

El día de hoy la Mesa Directiva tiene en su poder cuatro dictámenes. Uno de ellos este en comento y otro que habla de los indicadores de la alerta de violencia de género. Por lo cual pediría a la Mesa Directiva que pueda someter en las próximas sesiones estos dictámenes a discusión para poder darles certeza jurídica a las víctimas de feminicidios. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, sus expresiones van a quedar registradas en el Diario de los Debates. Se toma nota de su petición para hacer la correspondiente comunicación a la Junta de Coordinación Política y tome en cuenta los dictámenes referidos en el próximo orden del día de las siguientes sesiones.



TOMA DE PROTESTA

El presidente diputado Edgar Romo García: Se encuentran a la puerta de este recinto la ciudadana y los ciudadanos: Agustina Toledo Hernández, Ángel Rojas Ángeles y Manuel León Chávez, para rendir la protesta de ley y entrar en funciones como diputados federales. Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a la siguiente diputada y diputados: diputada Mayra Herrera Saynes, diputado Jorge Roldán Pérez, diputado Ángel II Alanís Pedraza, diputado Jorge Ramírez Rosete, diputado Ángel Santis Espinoza, diputado Moisés Guerra Mota, diputado Abel Cruz Hernández.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El presidente diputado Edgar Romo García: ciudadanos Agustina Toledo Hernández, Ángel Rojas Ángeles y Manuel León Chávez, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Agustina Toledo Hernández y los ciudadanos Manuel León Chávez y Ángel Rojas Ángeles: Sí protesto.

El presidente diputado Edgar Romo García: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.Bienvenidos, diputados. Pueden tomar asiento.



COMUNICACIONES OFICIALES

El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría, por favor.

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se declara el 25 de septiembre como Día del Estado Laico, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

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La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.

MINUTAS



LEY GENERAL DE SALUD

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-III-2P-253

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 320; 321; 322, párrafo primero; 324, párrafos primero y segundo; 325; 326 y 329, párrafo primero, para quedar como sigue:

Artículo 320. Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en esta Ley, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.

Artículo 321.-La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona mayor de edad para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Artículo 322. La donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios electrónicos disponibles, y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados componentes.

...

...

...

...

Artículo 324. Habrá consentimiento presunto del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por este, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos, o medios electrónicos, que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Artículo 325. El consentimiento presunto solo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la perdida de la vida del disponente, informando de manera inmediata a sus familiares de dicho acontecimiento.

En el caso de la donación presunta, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.

Artículo 326. El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

I. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y

II. El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será admisible si el receptor estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.

Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el mérito y altruismo del donador y de su familia. Asimismo, garantizará que ni el receptor de un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los familiares del donante conozcan la identidad del receptor.

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás instituciones de salud cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo.

Así mismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senador Juan Gerardo flores Ramírez (rúbrica), secretario.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.



SE DECLARA EL DÍA 14 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SANGUÍNEA Y DEL DONANTE DE SANGRE”

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el día 14 de junio de cada año como Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

CS-XLIII-III-2P-251

Por el que se declara el día 14 de junio de cada año como Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre.

Artículo único.El honorable Congreso de la Unión declara el día 14 de junio de cada año como Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.— Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senador Juan G. Flores Ramírez (rúbrica), secretario.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.



LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII del artículo 3o., recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

CS-LXIII-III-2P-252

Por el que se adiciona la fracción XXVII del artículo 3o., recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo único. Se adiciona una fracción XXVII recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I.a XXVI. ...

XXVII. Mamífero marino: Todos aquellos mamíferos que se han adaptado a la vida en el mar y dependen fundamentalmente de él para su alimentación y para cumplir su ciclo de vida o parte de él. Se consideran como mamíferos marinos, las especies que pertenecen a las órdenes cetácea, sirenia y carnívora; así como a la superfamilia de los pinnípedos (otariidae, phocidae y odobenidae).

XXVIII. Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.

XXIX.Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos.

XXX. Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento.

XXXI.Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, mantenimiento, mejoramiento o restauración.

XXXII.Manejo integral: Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat.

XXXIII.Marca: El método de identificación, aprobado por la autoridad competente, que conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o derivados.

XXXIV.Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.

XXXV.Parte: La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos las partes no transformadas y subproductos aquellas que han sido sujetas a algún proceso de transformación.

XXXVI. Plan de manejo: El documento técnico operativo de las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.

XXXVII.Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.

XXXVIII.Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser parte de ellos.

XXXIX.Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat.

XL.Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles.

XLI. Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida.

XLII.Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida.

XLIII.Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida silvestre para asegurar el incremento en el número de individuos, que se realiza bajo condiciones de protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción asistida.

Se entenderá por reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos.

XLIV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XLV. Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos.

XLVI.Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del recurso y su potencial productivo en el largo plazo.

XLVII.Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma especie, que se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser liberados.

XLVIII. Trato Digno y Respetuoso: Las medidas que esta ley y su reglamento, así como Tratados Internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

XLIX. Unidades de Manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de majeo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.

L.Vida silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senador Juan G. Flores Ramírez (rúbrica), secretario.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.



LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6O., PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del 6o. párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

CS-LXIII-III-2P-254

Por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del 6o. párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica.

Artículo único.Se reforma el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, para quedar como sigue:

Artículo 10....

Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que deseé ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente:

I. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senador Juan G. Flores Ramírez (rúbrica), secretario.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN



LEY DE EDUCACIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

El presidente diputado Edgar Romo García:El siguiente punto del orden del día es la votación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que quedó inconcluso la sesión anterior. En tal virtud, procederemos a la votación del mismo. Se pide a la Secretaría abra el sistema de votación hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

(Votación)

Diputado Manuel León Chávez, el sentido de su voto.

El diputado Manuel León Chávez (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Diputado Ángel Rojas Ángeles, el sentido de su voto.

El diputado Ángel Rojas Ángeles (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Diputada Agustina Toledo Hernández, el sentido de su voto.

La diputada Agustina Toledo Hernández (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: El sistema aún se encuentra abierto, diputados. Diputado Alfredo Anaya Orozco, el sentido de su voto.

El diputado Alfredo Anaya Orozco (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron... Sigue abierto aún el sistema, diputado. Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 299 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, diputado presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Se emitieron 299 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Se tiene aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.



LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil.

El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Adán Pérez Utrera, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En nombre de la Comisión de Protección Civil vengo a fundamentar el dictamen que el día de hoy se somete a su consideración.

Lo que se propone es reformar el primer párrafo del artículo 90 de la Ley General de Protección Civil, con ello se actualiza la redacción del mismo, toda vez que actualmente dicho párrafo señala que la autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos, en cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectivas.

Sin embargo, esta ley fue abrogada y dejó de tener vigencia con la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, y que si bien tiene muchos pendientes por atender, en su transitorio segundo señala que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en ese decreto.

Asimismo, el transitorio tercero, séptimo párrafo de dicho ordenamiento, a la letra dice:

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y se derogarán los títulos primero, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por tanto, con el dictamen que se somete a su consideración no solo se da cumplimiento a un mandato legal, sino que se da un avance en la larga tarea pendiente de tener leyes claras, precisas y actualizadas.

En virtud de lo anterior, de manera respetuosa pido su voto a favor para actualizar el texto del artículo 90 de la Ley General de Protección Civil. Es cuanto. Gracias.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar posición como promovente, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Gracias, presidente. Honorable asamblea, nuestro grupo parlamentario agradece la resolución de la comisión dictaminadora de la iniciativa del diputado con licencia de nuestra bancada parlamentaria, Abdies Pineda Morín.

La reforma al artículo 90 de la Ley General de Protección Civil que nos propone la comisión dictaminadora ofrece una doble dimensión, por un lado, eficientar la aplicación de la norma en materia de protección civil, y por el otro, incrementar la armonización de las leyes al marco del combate a la corrupción. Pareciera mínima la formulación de lo que resuelve la comisión, sin embargo, la precisión de la ley en la que se establecen sanciones a las faltas cometidas por servidores públicos favorece la armonización de los asuntos mencionados, es decir la aplicación exacta de las sanciones a los que falten a la puntualidad de la ley.

En Encuentro Social, en el ejercicio fiscal 2017 donamos el 20 por ciento de nuestras prerrogativas, lo hicimos con la convicción de apoyar a la reconstrucción de las viviendas de las familias mexicanas. Hoy la reforma que atendemos nos dará mayores garantías de que los recursos llegarán a quienes lo necesitan y que en caso de ocurrir lo contrario la ley sancionará con precisión a quien desvíe, oculte o condicione la entrega de apoyos y recursos a damnificados por desastres naturales.

Varios fueron los hechos que motivaron a nuestra bancada a presentar la iniciativa materia del presente dictamen. Una de ellas fue lo ocurrido en julio de 2017, en la que se reportó en Tamaulipas una bodega con apoyos supuestamente para ser entregados a damnificados de noviembre de 2016, y se presumía que estos iban a ser utilizados para hacer campaña de reelección de la alcaldesa.

En el interior de esta bodega existían licuadoras, ropa, colchones, pisos cerámicos, zapatos de todas las tallas, refrigeradores, estufas, entre otros.

Hoy más que nunca, la actualización de la legislación de protección civil a las nuevas realidades cobra mayor importancia. Los sismos de 1985 y 2017 nos han dejado enseñanzas que hoy se ven reflejadas en la resolución del cuerpo legislativo dictaminador. Es decir, que no basta con prevenir o atender las emergencias, es fundamental atajar con prontitud los abusos, que en nombre de damnificados incurren algunos malos funcionarios, sancionándolos con severidad, ya que se trata en esencia de proteger la confianza y buena voluntad de la gente.

Nuestro grupo parlamentario se encuentra satisfecho con el contenido que sustentó la resolución de la dictaminadora. La comparte y la suscribe, porque motiva suficientemente la reforma legislativa aprobada.

Actualizar la Ley General de Protección para que se sancionen algunas conductas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, favorece la confianza de la gente en la ley y en las instituciones.

En Encuentro Social votaremos a favor y hacemos un llamado a las demás bancadas a expresar su voluntad en el mismo sentido. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Vamos a tomar la votación de viva voz de los siguientes diputados y diputadas. Por favor, el diputado Alfredo Anaya Orozco, de viva voz.

El diputado Alfredo Anaya Orozco (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel León Chávez (desde la curul): A favor.

El diputado Ángel Rojas Ángeles (desde la curul): A favor.

La diputada Agustina Toledo Hernández (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: El sistema continúa abierto para los compañeros que pueden votar desde su curul, por favor. ¿Alguna diputada o diputado falta? Está abierto el sistema. ¿Alguna diputada, algún diputado que falte por emitir el voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 316 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 316 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El presidente diputado Edgar Romo García:Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o., 14 y 32 de la Ley General de Educación.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Trabajo.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN II



EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado De los delitos, Capítulo único de la Ley General para el Control del Tabaco.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY DE LA POLICÍA FEDERAL

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Policía Federal.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL PARA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona a la fracción X del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONA USUARIAS DE PERROS GUÍAS O ANIMALES DE SERVICIO

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guías y Animales de Servicio.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN III



LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de la Pesca y Acuacultura Sustentables.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY DE MIGRACIÓN

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DE TURISMO

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY DE MIGRACIÓN

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 30 Bis a la Ley de Migración.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DE TURISMO

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de estadística geográfica de turismo.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY DE MIGRACIÓN

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN IV



LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, en materia de asistencia social para hombres.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DE SALUD

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización del personal que brinda atención médica hospitalaria.

El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El presidente diputado Edgar Romo García: En consecuencia, en el siguiente punto del orden del día tiene la palabra por cinco minutos el diputado Omar Corzo Olán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El diputado Omar Corzo Olán: Buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el marco internacional del Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz, quiero manifestar que para nadie es sorpresa que la pirámide poblacional en nuestro país se ha transformado y la tan gastada frase de que somos un país de jóvenes cada vez se acerca más a una realidad para la que parece no alcanzamos a darnos cuenta de que ahora es cuando debemos actuar y prepararnos.

Las transformaciones demográficas en diversos países del mundo han demandado una alerta que obliga a preparar a las instituciones y a los profesionales que requieren los servicios para albergar expectativas de desarrollo y de plenitud. La enorme dignidad que conlleva la edad adulta representa también una vida de esfuerzo que implica para la familia y la sociedad, cultura y la vida en comunidad.

Las Naciones Unidas señalan que la población mundial está envejeciendo, la mayoría de los países del mundo están experimentando un aumento en el número y en la proporción de personas mayores. Advierten que el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos en el mercado laboral, financiero y la demanda de bienes y servicios, viviendas, transporte, protección social, así como la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.

Para México, de acuerdo a las investigaciones recientes realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México, de no actuar con profunda determinación y sin el temor de romper paradigmas, para 2050 estaremos enfrentando los escenarios con una población adulta con graves problemas de salud y en situación de aguda pobreza.

Uno de los grandes retos para nuestras generaciones es el de preparar las condiciones, instituciones, organizaciones y formas de vida que aseguren para la población adulta una etapa de plenitud y de estándares de vida congruentes con la dignidad humana. La satisfacción como recompensa a su contribución y aportación a las familias y a la sociedad en general.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que para mejorar las funciones cardio respiratorias y musculares y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión y deterioro cognitivo se realicen actividades deportivas.

La iniciativa que nos ocupa tiene por objeto fortalecer el sistema de derechos y de las personas adultas mayores, así como iniciar el fortalecimiento de las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la inclusión de la política pública nacional para la plenitud de las personas adultas mayores.

Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional.

El diseño de actividades, recursos, instalaciones y profesionales, tanto del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Se requiere de una perspectiva especialmente sensible para que muchas veces no estamos acostumbrados, por fuerte que parezca. Nos hemos deshumanizado y difícilmente reconocemos la importancia que para nuestra sociedad debe tener la población adulta mayor. Es una tarea en la que debe de intervenir toda la sociedad.

El deporte para la edad en plenitud es fundamental. Es una tarea donde los especialistas de Conade y del Inapam deberán de estar en estrecho vínculo con las autoridades del sector salud, productivas e incluso educativas y de esparcimiento con una categoría especial.

La iniciativa que propongo es una apuesta a México de plenitud. Es una propuesta a una sociedad capaz de hacer coincidir diversas entidades para un mismo fin, el de asegurar que a la población más sensible con la que muchas veces no somos lo suficientemente agradecidos y que pueda contar con estructuras capaces de asegurar su calidad de vida y la plenitud de esa extraordinaria etapa del ciclo vital.

Finalmente, lo que no hagamos hoy habremos de pagarlo con altos nosotros mismos. Es cuanto. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Omar Corzo Olán, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Omar Corzo Olán, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción l, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el fin de elevar la calidad de vida y mejorar la salud de las personas adultas mayores, a través del deporte, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa es un trabajo que realizo en mi carácter de secretario de la Comisión Ordinaria de Deportes, mediante el cual busco que las personas adultas mayores tengan derecho a la cultura física y al deporte, de acuerdo a sus capacidades físicas, estado de salud y en atención a las recomendaciones que emitan las autoridades competentes en la materia; así como, aquellas emitidas por organismos internacionales, con el objeto de elevar su calidad de vida y mejorar su salud.

Al respecto, cabe señalar que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores; así como, establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Dicho lo anterior, el artículo 4 de la Ley en comento establece como principios rectores los siguientes:

1. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores deben estar orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario;

2. Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e intervención;

3. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia;

4. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en especial de las comunidades y familias y

5. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.

Ahora bien, en lo que interesa en el presente trabajo legislativo, destaco que las personas adultas mayores tienen derecho al acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral; al acceso preferente a los servicios de salud, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional; a recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene; así como, a todo aquello que favorezca su cuidado personal.

Por su parte, la política nacional sobre personas adultas mayores debe, entre otras cosas: propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental, a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad como ser humano; fomentar la permanencia, cuando así lo deseen, de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario; propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, que permitan al país aprovechar su experiencia y conocimiento; impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a las personas adultas mayores y garantizar la asistencia social para todas aquellas que por sus circunstancias requieran de protección especial por parte de las instituciones públicas y privadas; promover la difusión de los derechos y valores, con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general respecto a la problemática de este sector; llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a aquellos que se encuentren en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos; fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores, y fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

Como puede advertirse de todo lo anteriormente expuesto, es claro que, si bien es cierto la política nacional sobre personas adultas mayores cuenta con múltiples acciones que buscan un beneficio destacado para ese sector de la población; también lo es, que para que éstas acciones sean integrales es necesario que se adicione un enfoque a la cultura física y al deporte, que se adecue a sus capacidades físicas, estado de salud y en atención a las recomendaciones que emitan las autoridades competentes en la materia; así como, aquellas emitidas por organismos internacionales, con el objeto de elevar su calidad de vida y mejorar su salud, en atención a que como se detallará en líneas posteriores la actividad física de las personas adultas mayores es fundamental para ellas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un documento a través del cual establece los niveles recomendados de actividad física para la salud de personas de 65 años en adelante.

Así, el documento en cuestión detalla que para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos, actividades ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias.

Asimismo, el organismo internacional recomienda que, para mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión y deterioro cognitivo, se realicen las siguientes actividades:

1. Los adultos de 65 años en adelante deben dedicar 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.

2. La actividad debe practicarse en sesiones de 10 minutos, como mínimo.

3.Para obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades deben dedicar hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien, 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.

4. Aquellos que tengan movilidad reducida deben realizar actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana.

5. Deben realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a la semana.

6. Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado.

De igual forma la OMS establece que las directrices son válidas para todos los adultos sanos de más de 65 años y que se aplican a las personas de esas edades con enfermedades no transmisibles crónicas.

Ahora bien, aquellas personas con determinados problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares y diabetes, deben tomar más precauciones y consultar al médico antes de intentar alcanzar los niveles recomendados de actividad física. Estas recomendaciones son válidas para todos los adultos mayores, independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de ingresos.

Por otra parte, se señala que las recomendaciones son extensivas a los adultos mayores con discapacidad, siempre y cuando se adapten a cada persona, en función de su capacidad de ejercicio, de sus limitaciones y de los riesgos específicos para su salud y para aquellos que sean inactivos o con enfermedades limitantes verán mejorada también su salud en alguna medida si pasan de la categoría “sin actividad” a la de “cierto nivel”.

En esa virtud, la OMS destaca que existe evidencia disponible que demuestra de forma contundente que las personas mayores físicamente activas:

1. Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, particularmente, respecto de cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama y depresión, un mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una mejor masa y composición corporal.

2. Tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la mejora de la salud ósea, y

3. Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de limitaciones funcionales moderadas y graves.

En consecuencia, es claro el beneficio que representa la cultura física y el deporte en personas adultas mayores; por ello, es que reitero mi compromiso con este sector de la población, a través de la presente iniciativa.

Ahora bien, para que el presente trabajo legislativo pueda tener mayor alcance, igualmente, propongo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) proponga dirija, ejecute, evalúe y vigila la política nacional de cultura física, subrayadamente las relativas al deporte para las personas adultas mayores, el cual deberá atender a sus capacidades físicas, estado de salud y a las recomendaciones que emitan organismos internacionales.

Lo anterior, encuentra sustento ya que la Ley General de Cultura Física y Deporte como cuerpo normativo tiene por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de cultura física y deporte; así como, la participación de los sectores social y privado en esta materia.

Por su parte, el artículo 7 de la legislación en comento establece que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.

En esa tesitura, el diverso artículo 15 establece que la actuación de la administración pública federal en el ámbito de la cultura física y del deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México.

En consecuencia, es la Conade quien debe dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física, subrayadamente respecto al deporte para las personas adultas mayores, el cual deberá atender a sus capacidades físicas, estado de salud y a las recomendaciones que emitan organismos internacionales.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona el inciso d) a la fracción III del artículo 5 y se reforma la fracción XX del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como siguen:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I.–II. ...

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta Ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional.

c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.

d. A tener derecho a la cultura física y el deporte, de acuerdo a sus capacidades físicas, estado de salud y en atención a las recomendaciones que emitan las autoridades competentes en la materia; así como, aquellas emitidas por organismos internacionales, con el objeto de elevar su calidad de vida y mejorar su salud.

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores.

...

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I.–XIX...

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión; así como, espacios destinados a la cultura física y el deportepara las personas adultas mayores, y

...

Segundo. Se reforma el segundo párrafo de la fracción II del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

I...

II. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física, así como del deporte en todas sus manifestaciones.

Para efectos de esta fracción se entenderán como manifestaciones del deporte, el deporte social, el deporte de rendimiento y el deporte para las personas adultas mayores, el cual deberá atender a sus capacidades físicas, estado de salud y a las recomendaciones que emitan organismos internacionales.

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2018.— Diputados y diputadas: Omar Corzo Olán,Marco Antonio Aguilar Yunes, Ana Guadalupe Perea Santos, María Guadalupe Oyervides Valdez, Ana María Boone Godoy, Flor Estela Rentería Medina (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Ávila Serna

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Deporte para dictamen.



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de garantía de no revictimizar violencia patrimonial, económica e integridad sicológica.

Si me permite tantito, diputada, nada más para agradecer la presencia de personas de la tercera edad del municipio de Chicoloapan, que fueron invitados por el diputado Andrés Aguirre Moreno, así como dar la cordial bienvenida a los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad México del municipio de Texcoco, Estado de México, invitados por la diputada Cristina Sánchez Coronel. Sean todos ustedes bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento, como bien ha dicho la presidenta, busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con ello dar solución a algunos problemas que enfrentan las mujeres víctimas de violencia y que hacen la correspondiente denuncia y a lo que se enfrentan es a autoridades que no les dan el apoyo y el auxilio necesario para superar la situación que las ha dañado de numerosas maneras.

Actualmente nuestra ley no incluye el concepto de revictimización y su correspondiente prohibición como una garantía para todas las mujeres y, segundo, no está considerada como parte de la violencia institucional, lo que significa que las mismas autoridades pueden estar fomentando la violencia de la mujer y la impunidad.

Recordemos que la revictimización o la victimización secundaria de la mujer, surge cuando una vez que se ha sufrido una experiencia traumática y que entra en contacto con las autoridades o instituciones del Estado, es receptora de tratos injustos, e incluso puede ser criminalizada por el mismo acto del que fue víctima.

Existe revictimización en cada mujer que es tratada con desdén de las autoridades cuando denuncia un delito, en cada mujer que es invitada a no presentar denuncia o cuando recibe insinuaciones de que ella pudo provocar los actos violentos, cuando de las instituciones en vez de ayuda recibe trabas y largas esperas, cuando recibe desesperanza en vez de justicia.

Existe revictimización en cada ficha de impunidad y en cada expediente de violencia de género sin resolver.

La propuesta contempla incluir el concepto de revictimización de las mujeres dentro del cuerpo de la ley, la garantía de no revictimización como uno de los principios rectores para una vida libre de violencia y adicionalmente, incluye la revictimización como parte de la violencia institucional.

Pero así como la revictimización es un tipo de invisibilidad social que se da a la mujer, también existe la invisibilidad al gran problema que se desprende de la violencia patrimonial y la violencia económica, y es que en nuestro país vivimos tantos casos de violencia que no le damos importancia a la violencia que no genera muertos o lesiones, sin embargo la violencia patrimonial y la violencia económica tienen efectos que invisibilizan a las mujeres que son víctimas de actos que afectan su patrimonio y su calidad de vida.

Estoy hablando de la violencia que ejercen familiares hacia aquellas mujeres pensionadas a las que el día del pago les quitan sus ingresos, a las que les secuestran el fruto de su trabajo, o esos hombres que oprimen a las mujeres cerrando la llave del dinero en su casa, haciendo indigna la vida de ellos y de sus hijos, hombres que se adueñan de las herencias o de los negocios de sus parejas de forma ilícita y que a nadie parece importarles, o peor, aquellos hombres que ejercen violencia al literalmente robarle a sus parejas sus bienes en la misma casa o simplemente destruírselos.

Si bien existen las consideraciones sobre lo que significan los tipos de violencia patrimonial y económica, la ley no contempla obligaciones a las fiscalías o ministerios públicos de pronunciarse sobre su comisión cuando conocen sobre causas en las que la mujer es víctima.

Esta iniciativa propone también que el Estado mexicano detecte cuando los delitos tienen estas motivaciones contra las mujeres porque en el fondo lo que el victimario pretende es acabar con la subsistencia de la víctima.

El camino, como les hemos dicho y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, aún es largo. Pero nuestra responsabilidad como legisladores es continuar sin descanso en esta lucha por asegurar a las mujeres mexicanas las condiciones para una vida segura y digna.

Parte de lo que persigue esta iniciativa, es que la autoridad deje de ser ajena a esta realidad que impide a las mujeres a que se diera su autonomía e independencia.

En la medida en que cada acto de violencia contra la mujer no quede impune, estaremos más cerca de lograr nuestro objetivo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantía de no revictimización, violencia patrimonial, económica e integridad psicológica, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el primer párrafo del artículo 1o., las fracciones III y IV del artículo 4, las fracciones X y XI del artículo 5, el último párrafo del artículo 49 y las facciones VII y IX del artículo 52, y se adiciona una fracción V al artículo 4, una fracción XII al artículo 5, un segundo párrafo al artículo 18, y una fracción X al artículo 52, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bajo el siguiente

Planteamiento del problema

Uno de los problemas más recurrentes para hacer sustancialmente y efectivo el derecho humano de las mujeres para acceder a una vida libre de violencia verdadera, es la violencia institucional, también caracterizada en término de revictimización.

Es fundamental que el Estado Mexicano, en plena obligación de hacer efectivos los derechos humanos subordinadamente a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, implemente políticas públicas trasversales e integrales que materialicen una evolución positiva de la atención que brindan todas las autoridades facultadas para conocer sobre el maligno fenómeno de la violencia, en cualquiera de sus formas, hacia la mujer.

El acceso de la mujer a las instituciones que deberían estar defendiendo su causa de una vida libre de violencia, debe estar exenta de prejuicios, estigmas, señalamientos, exposiciones, o cualquier otro trato indigno, innecesario o evitable que conlleve a que dicha atención atente contra la víctima mujer, causando mayores daños, perjuicios psicológicos, sociales, judiciales o económicos.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como principal instrumento jurídico, después de la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales en los que México es parte, debe asegurar que las instituciones implementen políticas públicas que eviten sustancialmente la revictimización, su conceptualización debe estar en ese marco jurídico y del mismo emanar políticas públicas progresivas que erradiquen ese problema que significa ese tipo de violencia institucional.

Igualmente, esta iniciativa pretende hacer efectiva la procuración de justicia, cuando las mujeres son potencialmente víctimas de delitos en los que medien la violencia patrimonial o la violencia económica, obligando que, en los procedimientos penales, exista la declaratoria respectiva en el momento procesal de la formulación de imputaciones.

Actualmente, la mujer si acaso vence la etapa de la denuncia o querella, cuando son víctimas de delitos, la procuración de justicia por sistema, no detecta y formula imputaciones por concepto de violencia patrimonial o económica, en términos de la Ley General propósito de esta iniciativa, lo que significarían agravantes en el tipo penal, en su caso. Hacerlo de esta manera, significa delinear una política pública del Estado Mexicano que procure efectivamente un acceso a una vida libre de violencia.

Tanto la violencia patrimonial, como la violencia económica en términos de la Ley General, son actos u omisiones que afectan la supervivencia de la víctima. Este tipo de violencia es una alerta de un comportamiento delictivo que puede evolucionar a atentar contra la misma vida de la mujer, por lo tanto, debe ser una prioridad del Estado Mexicano, erradicar estos comportamientos, por medio de estas acciones que obliguen a la procuración de justicia, detectarlos y perseguirlos.

Esta Iniciativa se fundamenta y razona bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La revictimización o victimización secundaria de la mujer, surge cuando una vez que ha sufrido una experiencia traumática, al entrar en contacto con las autoridades o instituciones del Estado, es receptora de tratos injustos e incluso puedes ser criminalizada por el mismo acto del que fue víctima (Martorella, 2011)

La revictimización es una variable que consolida la cronificación de las secuelas psicológicas de la Violación de Derechos Humanos o el acto violento, deriva directamente del choque entre las expectativas de la víctima y la realidad institucional con que se encuentra, por lo general se considera que produce efectos más dañinos que el evento victimizante primigenio (Laguna-Hernández, 2007).

El sistema debe colocar a una víctima en una situación de cuidado, protección y restablecimiento, por lo que la ambigüedad que crea la revictimización, deja a la víctima nuevamente en situación en situación de fragilidad, vulnerabilidad y exclusión, experimentando muchas veces un primer o segundo estigma. Son indicador de situaciones revictimizantes de instituciones del Estado, las cifras negras, las de impunidad y las de percepción de seguridad y confianza.

Los funcionarios públicos pueden caer en la revictimización por falta de pericia o entrenamiento con respecto al trato y cuidado de mujeres víctimas de violencia, por desgaste emocional por deficientes dinámicas laborales o interpersonales, por la identificación psicopatológica por parte de la persona que atiende a las víctimas ya que ante la interacción con esta, el individuo revive su propia situación traumática, siéndole impuesto nuevamente su rol de víctima, llegando a sentirse culpable por haber vivido el evento victimizante (Castañeda, 2010).

La Secretaría de Seguridad Pública (2009) define la revictimización como “los efectos que aparecen debido al delito sufrido, se le sumen otros efectos provocados (o aumentados) por las experiencias a que es sujeto... una vez que inicia el proceso legal”, lo que significa que las instituciones se vuelven contra a la mujer, a la que deberían brindar ayuda.

La revictimización se materializa por las faltas de tacto y respeto, así como con el desdén de la experiencia de la víctima, por parte de funcionarios públicos, lo que supone la negación de los derechos humanos de la víctima.

Esta revictimización originada por las instituciones, también se refleja en dinámicas y procesos administrativos burocráticos, que por sí mismos transgreden la dignidad de la persona, ubicándola nuevamente en un lugar de vulnerabilidad incluso más profundo y ominoso que el generado por las personas, ya que, en esos casos, queda anulada cualquier expresión emocional o de inconformidad individual (Bezanilla, Miranda, González, 2016).

Una vez superado el entendimiento del fenómeno pernicioso de la revictimización, como producto de diversas manifestaciones de violencia a la que se enfrentan las mujeres en su búsqueda de justicia y reparación, se encuentran las condiciones para prevenirla y en su caso minimizar sus efectos.

En esta causa justa, es necesario generar una transformación del sistema jurídico-cultural, que lleve a una de-construcción de las formas de interacción social, a favor de lograr una inclusión social amplia, que permita la plena satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y su completo ejercicio de los derechos humanos.

Esta prevención de la revictimización, requiere que las instituciones establezcan una verdadera visión de acompañamiento, reparación y reconstrucción del proyecto de vida, y no, como instrumentos de poder y sentimiento o cajas chicas indemnizadoras (Beristain, 2009).

En cuanto al fenómeno de la revictimización, se concluye que esta iniciativa procura consolidar el concepto para que las instituciones mexicanas de atención a las victimas mujeres, en cualquiera de sus etapas, respetar los derechos humanos y sean parte de la solución y acompañamiento, como política pública de Estado.

Esta iniciativa, también procura introducir como agravante a los tipos penales, en las legislaciones penales del país, la integridad psicológica. La violencia psicológica suele manifestarse con signos como la ansiedad, la dificultad para respirar o para dormir; la depresión o el descuido de sí misma y de los hijos, aun cuando las lesiones o daños que el delito produjo en ella, pudieran haber desaparecido (Secretaría de Salud, 2013).

Las mujeres víctimas de violencia, deben encontrar en el Estado Mexicano, medidas de protección a su integridad en todos los aspectos, físico y psicológico, por lo que se propone que los agravantes incluyan este aspecto.

Por otro lado, se considera que, si bien existen las consideraciones sobre lo que significan los tipos de violencia patrimonial y económica, la ley general, actualmente no contempla obligaciones a las fiscalías o ministerios públicos, de pronunciarse sobre su comisión cuando conocen sobre causas en las que la mujer es víctima.

Estos pronunciamientos, además tendrían que ser parte de una actitud de prevención de la revictimización, y servir como alertas en conductas criminalísticas contra mujeres que pueden derivar en delitos posteriores contra la misma vida misma de la víctima.

El Estado Mexicano debe detectar cuando los delitos tienen motivaciones de violencia económica o patrimonial contra las mujeres, porque en el fondo el victimario pretende acabar con la subsistencia de la víctima.

Este trabajo Legislativo, busca proponer una solución a esta problemática por medio de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Decreto

Único:Se reforma el primer párrafo del artículo 1o., las fracciones III y IV del artículo 4, las fracciones X y XI del artículo 5 y las facciones VII y IX del artículo 52, se deroga el último párrafo del artículo 49 y se adiciona una fracción V al artículo 4, una fracción XII al artículo 5, un segundo párrafo al artículo 18, y una fracción X al artículo 52, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y la garantía de no revictimización, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

III. La no discriminación,

IV. La libertad de las mujeres, y

V. La garantía de no revictimización de las mujeres.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

II. Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra

las Mujeres;

III. Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia

contra las Mujeres;

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;

VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia;

VII. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres;

VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia;

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;

X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer, y

XII. Revictimización de las Mujeres: Es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida.

Artículo 18. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

La Revictimización de las Mujeres, en su vertiente de Violencia Institucional, es la consecuencia de las malas o inadecuadas prácticas que provienen de la atención de las victimas por parte servidores públicos, que causan daños o perjuicios psicológicos, sociales, judiciales o económicos, posterior al momento del delito.

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley;

III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;

IV. Participar en la elaboración del Programa;

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

VI. Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema;

VII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa;

VIII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

IX. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas estatales y el Programa;

X. Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

XI. Promover programas de información a la población en la materia;

XII. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores;

XIII. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley;

XIV. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales;

XV. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

XVI. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior;

XVII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales;

XVIII. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación;

XIX. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

XX. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género;

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos y género;

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio;

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

XXIII. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y

XXV. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales.

Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información médica y psicológica;

VI. Contar con un refugio, mientras lo necesite;

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;

VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos;

IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor; y

X. En su caso, a que se manifieste, invariablemente, el Ministerio Público en la formulación de imputaciones, sobre la existencia de elementos que presuponen las razones de género, que tipifican las agravantes ante la presunta presencia de violencia patrimonial y de violencia económica hacia las mujeres.

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Las autoridades federales, harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, para considerar como agravantes los delitos contra la vida, el patrimonio y la integridad corporal y psicológico cometidos contra mujeres.

Bibliografía consultada

Beristain, C. (2009) Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, Ecuador

Bezanilla, J.M.; Amparano Miranda, Ma.; Gonzalez Fabiani, J.H. (2016). Violaciones graves a derechos humanos: violencia institucional y revictimización, Cuadernos de Crisis y Empresas, UVM, México.

Castañeda, A. M. (2010). Evitando la Revictimización: Desarrollo de la Entrevista a Niños, Niñas y Adolescentes. Save the Children: Perú.

Laguna-Hernández, S. (2007) Manual de Victimología. Universidad de Salamanca, España.

Martorella, A. M. (2011). Abuso sexual infantil intrafamiliar: revictimización judicial. 12º Congreso Virtual de Psiquiatría. Febrero-Marzo 2011. Argentina.

Secretaría de Salud (2003). Violencia contra las Mujeres. Un reto para salud pública en México. Informe Ejecutivo de la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer. México.

Secretaría de Seguridad Pública (2009). Acciones para evitar la revictimización del niño víctima del delito: Manual para acompañar a niños a través de un proceso judicial. Dirección General de Derechos Humanos: México.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.— Diputadas y diputados: Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa,Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Iturbe Rosas, Alfredo Miguel Herrera Deras, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Mariana Arambula Meléndez, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Olivia Picazo Olmos, María Verónica Agundis Estrada, Marisol González Martínez (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.



LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene uso de la palabra la diputada Hilda Miranda Miranda, a nombre del diputado Jesús Zambrano Grijalva, por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contrataciones públicas.

La diputada Hilda Miranda Miranda:Con su venia, señora presidente.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante diputada.

La diputada Hilda Miranda Miranda: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y del vicecoordinador, el diputado Jesús Zambrano Grijalva y del mío propio.

Hoy presento ante esta tribuna la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de contrataciones públicas.

Hoy es urgente que hagamos y restablezcamos, sobre todo, mecanismos claros ante la corrupción en México. Es por ello que es urgente que avancemos en el marco regulatorio que nos permita acotar, reducir y, finalmente desterrar la corrupción de cualquier espacio de la actividad pública con el concurso de entes privados.

Sin embargo, en esta actividad se han registrado gran cantidad de actos de corrupción, y esto además de la falta de ética y de honestidad de funcionarios y proveedores se debe al rezago que se encuentra en el marco legal en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios por lo que propicia el amparo de estos vacíos jurídicos.

Sin embargo, ante la inercia de estos vacíos, existe la inercia de negativas que arrastran los procesos internos de contratación, y por lo tanto aflora la corrupción generando la pérdida de millones de pesos del erario público.

Existen reiteradas prácticas negativas derivadas de una redacción confusa y ventajosa de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio Público, como bien se ha observado la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, ha señalado que las contrataciones que se ha realizado al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicios Público pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos, ya que presenta un ambiente de excesivas discrecionalidades que ha propiciado condiciones para que la comisión de irregularidades al no darse cuenta de los controles mínimos contemplados en los procesos de licitación pública.

Por lo tanto, la Auditoría Superior ha constatado que en este tipo de esquemas participan universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios, lo que se ha llamado la gran estafa.

Este modus operandi también fue detectado por Sedesol y Sedatu, la que desviaron más de 2 mil 130 millones de pesos entre 2014 y 2016, con la colusión de 126 empresas. Adicionalmente, en reiteradas prácticas de la cuenta pública 2016, se identificó la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos, como son empresas paraestatales, entidades federativas y ocasionalmente también la Federación.

Cabe destacar que la contratación de entes públicos fuera de las licitaciones es válida, pero sujetándose a las premisas propias de ley que establecen, así como la excepción de algunas funciones administrativas.

Sin embargo, es por ello que este Grupo Parlamentario del PRD presenta ante esta soberanía la presente iniciativa, que propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, para que se eliminen las excepciones que están contenidas en su artículo 1, que se ha utilizado con premeditación, alevosía y ventaja por parte de servidores públicos y contratistas particulares, para lucrar al amparo de la ley con jugosos contratos amañados y para permanecer impunes.

Esto ya basta. Estamos propiciando también que los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades suscriban directamente los contratos como convenios, que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios, que sean responsables directos en los actos jurídicos derivados de estos y así también a efecto que emita la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública, políticas transparentes que generen la contratación del sistema CompraNet. Se necesitan bases y lineamientos claros que se refiere este artículo.

Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo, para que estas normas cumplan con su cometido ante cualquier violación de la ley y se hagan las investigaciones correspondientes y, sobre todo, que se sancionen.

Por otra parte, el organismo de contratación interna pública de la Ley General de Responsabilidades Públicas. Sírvase a la presente, el Grupo Parlamentario del PRD, para abrir este debate a un nuevo paquete de reformas en materia de anticorrupción. Es cuanto, gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contrataciones públicas, a cargo del diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD

Las contrataciones públicas que realizan las diversas dependencias y entidades del gobierno suponen un entorno en el que se busca un aprovechamiento legítimo de una serie de condiciones económicas favorables para el mismo Estado Mexicano, tienen el objetivo de fortalecer y mantener un adecuado equilibrio y salud de sus finanzas dentro del estricto apego a la Ley, así como la no generación per se de utilidades o ganancias económicas, ya que no son su función primordial.

Se observa que cada vez es más complicado cumplir con estos objetivos, por diversos factores que inciden en este fenómeno entre ellos, la corrupción pero también en gran medida, debido a que el régimen jurídico de los actos jurídicos de las entidades públicas, se encuentra más rezagado con respecto a la realidad en el ámbito cotidiano de la administración pública en lo que tiene que ver con las adquisiciones de bienes y servicios, lo que propicia que al amparo de estas lagunas y a las inercias negativas que arrastran los procesos internos de contratación, se prodigen una enorme lista de casos de corrupción que han generado la pérdida de miles de millones de pesos para el erario público cada año.

Existe una reiterada práctica negativa derivada de una redacción confusa y ventajosa de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como bien ha observado la Auditoría Superior de la Federación que ha señalado sus lagunas y graves vacíos normativos.

Argumentos

En ese sentido la ASF ha observado que las contrataciones que se realizan al amparo del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ponen en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos, ya que se presenta un ambiente de excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas.

En relación a esto, la propia Auditoria Superior de la Federación, constató que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios, en lo que se ha venido llamando como “la estafa maestra”, aunque este modus operandi también fue detectado en otras instituciones, de la envergadura de SEDESOL y SEDATU, en las que se desviaron con operaciones similares entre 2014 y 2016, con un estimado de al menos 126 empresas, que habrían participado en una intrincada red para manejar 2 mil 130 millones de pesos o más durante esos años.

Adicionalmente, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se identificó la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos como son empresas paraestatales de entidades federativas y en ocasiones, de la propia Federación. Cabe aclarar que la contratación entre entes públicos fuera de licitación es válida, pero sujetándose a las premisas que las propias leyes establecen y debe ser la excepción en este tipo de funciones administrativas, pero no lo es así, porque a propósito de este vacío legal se generan actos discrecionales, que luego se convierten en actos de corrupción.

Coincidimos en señalar que este tipo de prácticas lesiona gravemente no solamente la imagen de la gestión gubernamental, sino todo el ejercicio institucional del gobierno y a las instituciones que lo conforman, que dejan al descubierto un entramado de maquinaciones y redes de corrupción, que no deja siquiera indicios de la entrega de los bienes y servicios supuestamente adquiridos por la entidad contratante, y mucho menos el destino final de los recursos, que en innumerables casos no se vuelve a recuperar.

Por ello, es que el grupo parlamentario del PRD, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa que propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que se eliminen las excepciones que están contenidas en su artículo primero, y que han sido utilizadas con premeditación, alevosía y ventaja por parte de servidores públicos y contratistas particulares, para lucrar al amparo de la ley, con jugosos contratos amañados, y contar con la impunidad durante años, lo cual no debe ser permitido por más tiempo.

Estamos proponiendo también, en el mismo sentido, que los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, suscriban directamente los contratos o convenios que tengan por objeto la adquisición de bienes o servicios y serán responsables directos de los actos jurídicos derivados de estos, y tengan bajo su responsabilidad la vigilancia sobre la correcta aplicación tanto de los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública , las políticas de transparencia en general y de publicidad del sistema de Compranet, las bases y lineamientos internos para las materias a que se refiere este artículo.

Y para que estas normas cumplan con su cometido que ante cualquier violación a esta disposición se haga la investigación correspondiente y en su caso se sancione, por parte del Órgano Interno de Control correspondiente y de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sirva la presente propuesta del grupo parlamentario del PRD para abrir un debate sobre un nuevo paquete de reformas en materia de anticorrupción que no podemos posponer para la próxima legislatura, porque hoy debemos cerrarle el paso de manera definitiva a la corrupción desbordada con hechos concretos como el que se propone mediante la presente iniciativa.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los que abajo suscriben sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Único.Se reformanlos párrafos primero, segundo, cuarto y quinto de la fracción VI y se adicionaun séptimo párrafo a la misma fracción VI, todos del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar como sigue:

Título PrimeroDisposiciones Generales Capítulo Único

Artículo 1. ...

I a VI. ...

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sujetándose a sus propios órganos internosde control.

Las adquisiciones, arrendamientos y serviciosque contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no estaránexcluidos de la aplicación de este ordenamiento.

...

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, estarán dentro del ámbito de aplicación estricta de esta Ley; inclusive estarán obligados los terceros en caso de que sean contratados para entregar el bien o prestar el servicio, cuando así se requiera para su realización.

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, deberán suscribir directamente los contratos o convenios que tengan por objeto la adquisición de bienes o servicios y serán responsables directos de los actos jurídicos derivados de estos, y tendrán en todo momento bajo su responsabilidad, de conformidad con este mismo ordenamiento, la vigilancia sobre la correcta aplicación tanto de los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas de transparencia en general, de publicidad del sistema de Compranet, las bases y lineamientos internos para las materias a que se refiere este artículo.

...

La violación a estas disposiciones será objeto de investigación y en su caso de sanción, por parte del Órgano Interno de Control correspondiente y de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2018.— Diputada y diputados: Hilda Miranda Miranda, Jesús Zambrano Grijalva, Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Hilda Miranda Miranda. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.



LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, misma iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez:Con la venia de la Presidencia. Honorable Cámara, México es uno de los países con mayor diversidad cultural, tan solo en nuestro país la población indígena representa un importante grupo social que, por su historia y cultura, se identifican como pueblos indígenas, como pueblos originarios.

A lo largo del territorio mexicano se habla de una gran variedad de lenguas indígenas que definen la existencia de una rica conformación étnica, lo cual le ha dado a nuestro país una importante riqueza pluricultural reconocida a nivel mundial.

Cierto es que las comunidades indígenas en México han pasado por un proceso histórico muy abrupto, ubicándoles en los niveles más bajos dentro de la estructura social y económica. Esta población es la que mayoritariamente padece pobreza extrema y exclusión social, así como carencias y dificultades para acceder a servicios de salud, educación, alimentación suficiente y calidad en los espacios de vivienda.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, referenció que más del 89 por ciento de los pueblos indígenas en el país viven por debajo de la línea de pobreza, habitando espacios de alta y muy alta marginación, que los va rezagando dejándolos en un eminente desequilibrio en relación al grueso de la población.

Es una realidad la prevaleciente y marcada connotación de que ser indígena es una característica que pone en total desventaja y que por esa condición difícilmente se tendrá una calidad de vida en igualdad de circunstancias.

Diversos estudios han coincidido que existen factores subjetivos que están ligados a una desigualdad de oportunidades, principalmente al no respeto de los derechos de los indígenas, la discriminación encubierta y factores que hacen difícil su integración y cohesión social.

Lo que es de destacarse es que, pese a todo este contexto, integrantes de la población indígena han buscado por diferentes medios destacar en diversos escenarios, situación que en la mayoría de los casos ha sido resultado de un esfuerzo personal de tenacidad y constancia, ha sido resultado que no importando de su origen indígena han sobresalido en la literatura, en la cultura, en la docencia e investigación y en el deporte.

Es justamente en el ámbito deportivo en donde hago especial énfasis, constantemente nos enteramos de casos que motivan y que son dignos de admiración, casos como el de Silvino Cubesare Químare, un indígena rarámuri, originario de Chihuahua, quien tuvo una participación sobresaliente en la competencia Ultimate Race Marseille 2017, en Francia, en la categoría Master. O el caso de María Lorena Ramírez, que se ha destacado al ser una de las mejores corredoras de largas distancias en la comunidad indígena rarámuri.

No olvidemos al equipo de básquetbol de los niños triquis, que gracias a su entrega y esfuerzo se consolidaron con los más altos reconocimientos a nivel internacional. O qué decir de todos aquellos atletas con alguna raíz indígena que nos han demostrado que, pese a todos los obstáculos, es posible triunfar.

Lo que nos queda claro es que todas estas historias tienen algo en común, comparten esfuerzos unitarios para romper paradigmas, pese al poco apoyo institucional y al limitado alcance oportuno que se tiene para ese importante grupo.

Creemos que con el impulso necesario será posible contar con más casos de éxitos que nos enorgullezcan y marquen la diferencia y marquen la pauta.

Es en ese sentido que el día de hoy presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Lo anterior para que se promueva la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte en las comunidades indígenas, conservando su identidad cultural. Porque en el Partido Verde Ecologista de México estamos seguros que no vamos a resolver los problemas fundamentales de México si no somos capaces de asegurar la igualdad dentro de la propia pluralidad.

Han sido diversos los esfuerzos con los que se ha buscado impulsar acciones encaminadas en atender de manera integral el desarrollo de los pueblos indígenas. Y con ello lograr una mayor participación de los pueblos indígenas en los diferentes ámbitos. No obstante, reconozcamos que aún faltan acciones por concretar.

Debemos avanzar en una misma dirección y eliminar esa etiqueta histórica de que ser indígena representa una gran desventaja y de que no es posible incluirse en el desarrollo de una sociedad.

El promover acciones concretas para asegurar el desarrollo de los pueblos indígenas en sus diferentes vertientes permitirá que legalmente rompamos con el círculo de vida que ha prevalecido para este importante grupo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

México es un país con una importante riqueza histórica, cultural y con una gran diversidad poblacional. Con base en datos referenciados en la Encuesta Intercensal 2015 Estados Unidos Mexicanos, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, por sus siglas, en lo subsecuente), se detalla que en México viven 121 millones de personas, de los cuales 21.5 por ciento se considera indígena, de acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, 1.6 por ciento se considera en parte indígena y 74.7 por ciento no se reconoce como indígena; sin embargo, sólo 6.5 por ciento de la población de tres años y más habla alguna lengua indígena.

En lo que respecta a las entidades con mayor población indígena, éstas son: Oaxaca, Yucatán y Chiapas, las tres acumulan el 42.6 por ciento del total de hablantes, mientras que, en contraparte, en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Coahuila tienen una exigua presencia.

La diversidad etnolingüística es otra característica de los pueblos indígenas en México, de acuerdo con información obtenida del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, existen en México once familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes dialectales, lo que posiciona a México como uno de los países con mayor diversidad lingüística.

Las lenguas indígenas con mayor número de hablantes son:

1. Náhuatl.

2. Maya.

3. Mixteco.

4. Tzeltal.

5. Zapoteco.

6. Tzotzil.

7. Otomí.

8. Totonaco

9. Mazateco.

10. Chol.

Por otro lado, y respecto a los principales indicadores de bienestar y desarrollo del país, el Inegi referenció que más del 89 por ciento de los pueblos indígenas en el país viven por debajo de la línea de pobreza, habitando espacios de alta y muy alta marginación que los van rezagando, dejándolos en un inminente desequilibrio en relación al grueso de la población.

El índice de desarrollo humano de los pueblos indígenas de México (IDHPIM) se ubica en 0.7057, a diferencia del índice de la población no indígena, el cual es de 0.8304, una diferencia de 15 por ciento entre una y otra.

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, por sus siglas, en lo subsecuente) refirió que siete de cada diez indígenas mexicanos ganan un salario mínimo mensual y apenas 3.5 por ciento de la población indígena mayor de 15 años obtiene más de tres salarios mínimos.

Son diversas las opiniones que coinciden en que los problemas arraigados que enfrentan los mexicanos con algún rasgo de pertenencia étnica son: rezago educativo, servicio de salud deficiente, acceso a los servicios de la seguridad social, vivienda, vulnerabilidad por carencia de alimentación, lo que les impide un desarrollo pleno en igualdad de condiciones.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP, por sus siglas, en lo subsecuente) de la Cámara de Diputados presentó un documento con el título “Panorama de la condición indígena en México”, donde hace hincapié en que hay factores subjetivos que están ligados a una desigualdad de oportunidades, principalmente al no respeto de los derechos de los indígenas, la discriminación encubierta, fundamentalmente, de los factores que hacen difícil la integración y la cohesión social.

En todo este contexto, se desprende un evidente rezago histórico de los pueblos indígenas en México, mismos que, tras diversos factores arraigados, conservan la categoría de sector vulnerable. El Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 expone que en México, aun cuando se han implementado políticas de apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas, no se ha logrado tener el impacto deseado debido principalmente a que “cada programa público orientado a la atención de la población indígena ha operado bajo sus propios criterios para caracterizar a su sujeto de atención y desplegar diversos tipos de acciones, lo que desarticula la presencia pública, reduce su eficacia y muchas veces no considera la participación de las comunidades indígenas, lo que afecta la definición de prioridades y acciones” (DOF: 30/04/2014).

Han sido diversos los esfuerzos para impulsar acciones encaminadas a atender de manera integral a los pueblos indígenas para su desarrollo, en este marco, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 particulariza la necesidad de “fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de cultura y el ejercicio de sus derechos”, con lo que se pretende incidir para mejorar la calidad de vida y lograr una mayor participación de los pueblos indígenas en los diferentes ámbitos.

El apartado B del artículo 2o. de la Carta Magna establece que el Estado promoverá la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminará cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, lo anterior fundamentado con base en una política de participación de los pueblos indígenas.

El doctor Jorge Alberto González Galván, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fundamentado en la Teoría de los Derechos Humanos Interculturales, manifiesta que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas de México son individuales y colectivos. Los derechos individuales corresponden a los derechos humanos reconocidos a todo mexicano, considerando su especificidad cultural para ejercerlos respetando, sobre todo, su libertad de expresión, reunión y manifestación, en sus propios idiomas. Los derechos colectivos corresponden al libre ejercicio de su autonomía política para decidir su desarrollo humano, sustentable, social, económico, jurídico y cultural.

En todo este contexto, integrantes de la población indígena han buscado por diferentes medios destacar en diversos escenarios; situación que, en la mayoría de los casos, ha sido resultado de un esfuerzo personal, de tenacidad y constancia. Mexicanos de origen indígena han sobresalido en la literatura, en la cultura, en la docencia e investigación y en el deporte.

Por citar algunos ejemplos del último rubro citado, se tiene el caso reciente de Silvino Cubésare Quimare, un rarámuri originario de Chihuahua, quien tuvo una participación sobresaliente en la competencia Ultimate Race Marsella 2017, en Francia, en la categoría Master.

En ese mismo sentido, destaca el triunfo de María Lorena Ramírez, quien desde hace 22 años ha destacado al ser una de las mejores corredoras de largas distancias en la comunidad rarámuri. Tan sólo el pasado 29 de abril, en la carrera UltraTrail Cerro Rojo, celebrada en Puebla y en la que participaron 500 atletas de 12 países, logró posicionarse en el primer lugar.

Otro caso digno de mencionar es el del equipo de básquetbol de los niños triquis, cuya historia inicia en el 2013 al ganar el Campeonato Internacional en Argentina y, posteriormente, al tener participaciones destacadas dentro de justas internacionales y jugar preferentemente todos sus encuentros sin el calzado adecuado.

De igual manera, durante las dos ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de los Pueblos Indígenas se tuvo una participación reducida, pero destacada por parte de la delegación mexicana, conformada principalmente por integrantes de etnias como la maya, rarámuri, nahua, tzotzil, tzeltal y huasteca, y que contaron con un acotado apoyo económico.

De los casos referidos, se expone el de Silvino Cubésare Quimare, quien solicitó el apoyo de las y los mexicanos para que, dentro de sus posibilidades, se pudieran hacer donaciones para continuar compitiendo en nombre de México y de igual manera sea factible mejorar su condición de vida y la de su familia.

Es de mencionarse que en la mayoría de los casos referidos no se cuenta con el respaldo económico correspondiente, lo que conduce a un aislamiento de esos deportistas que han demostrado un talento al poner a México con los más altos reconocimientos.

Cierto es que se refleja un distanciamiento hacia una verdadera consolidación de una política pública que involucre a los pueblos indígenas en un desarrollo integral en igualdad de condiciones. En el Partido Verde Ecologista de México consideramos que efectivamente hay avances en la materia, sin embargo, éstos no han sido contundentes, no es posible seguir viendo a este grupo de manera aislada, es urgente integrarlos verdaderamente en una planeación, un diseño y ejecución de acciones que vayan encaminadas a mejorar su calidad de vida en diferentes vertientes.

En materia deportiva es urgente que se actúe de conformidad a lo establecido en nuestra Carta Magna en el artículo 4o. que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

Al actuar en concordancia, será posible que tanto los apoyos como las acciones conjuntas logren alcanzar a los grupos indígenas y se permita con esto que desarrollen plenamente sus capacidades. Entre otros mecanismos a emprender es urgente que en la Ley General de Cultura Física y Deporte se establezca el apoyo a la promoción de la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte en las comunidades indígenas. Lo anterior permitirá que, en consecuencia, sean posibles mayores beneficios para incentivar y potencializar los talentos que destacan en estas comunidades.

Por todo lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 2 a la Ley General de Cultura Física y Deporte

Único. Se adiciona una fracción XII al artículo de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recorriéndose las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales

I. a XI. ...

XII. Promover la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte en las comunidades indígenas conservando su identidad cultural.

XIII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en su Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La Encuesta Intercensal tiene como objetivo generar información estadística que proporcione estimaciones sobre el volumen, la composición y distribución de la población y de las viviendas del territorio nacional, así como diversos indicadores sobre sus características principales.

2 Los pueblos indígenas se definen como “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (artículo dos, párrafo segundo)”. Elementos de definición tomados del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. Citado por González Galván, Jorge Alberto. La Reforma Constitucional en Materia Indígena. UNAM. Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana del derecho Constitucional, [en línea], [consultado el 13 de marzo del 2018]. Disponible en

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/ article/view/5654/7388

3 Infografía. Población Indígena. Consejo Nacional de Población. P.1

4 Murillo Garza, Angélica. “Las 10 Lenguas indígenas con mayor número de hablantes en México”. Ruiz Healy Times. 23 de marzo de 2017. [en línea], [consultado el 20 de marzo del 2018]. Disponible en

https://www.ruizhealytimes.com/cultura-para-todos/las-10-lenguas-indigenas- con-mayor-numero-de-hablantes-en-mexico

5 Schmelkes, Sylvia. “Educación y pueblos indígenas: problemas de medición”. Inegi. Vol. 4 Núm. 1 enero-abril 2013. P. 7.

6 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Definición”, en Grupos Vulnerables”. La vulnerabilidad parte del resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. [en línea], [consultado el 20 de marzo de 2018].Disponible en:

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/ d_gvulnerables.htm

7 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Específicamente en la Meta Nacional “México Incluyente”. Objetivo 2.2. Estrategia 2.2.3.

8 En el año 2015 surgen por iniciativa del Ministerio de Deporte de Brasil en coordinación con el Programa para el Desarrollo (PNUD) y el Comité Intertribal de Memoria y Ciencia Indígena (ITC), los Juegos Mundiales de los Pueblos indígenas y que reunieron a un total de 24 grupos indígenas. La primera edición se realizó en Palmas, Brasil, y la segunda, en Alberta, Canadá. Participaron en la justa deportiva Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guayana, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, Rusia, Mongolia, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Etiopía, República del Congo y Francia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de abril de 2018.— Diputada y diputado: Yaret Adriana Guevara Jiménez,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, por su excelente participación. Túrnese a la Comisión de Deporte para dictamen.



LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Gracias, señora presidente. Buenas tardes, compañeros. Una de las grandes simulaciones que tenemos en nuestro sistema ese la existencia del juicio político. Con su presencia en nuestras leyes se hace creer al mexicano que cuenta con un instrumento para llevar a juicio y fincar responsabilidades a tantos y tantos políticos corruptos como los tenemos. Tenemos no cientos, miles, comaladas, como decía Emilio Portes Gil.

Lo que pasa es que el juicio político está mal estructurado jurídicamente en la Constitución y leyes secundarias. Es una institución que viene del siglo XIX y que está plagada en su normatividad de contradicciones y oscuridades que hacen difícil su aplicación.

Y si a esta le agregamos la falta de voluntad política para someter a juicios políticos a malos servidores públicos, peor todavía. De tal manera que el mexicano cree que tiene ahí forma de enjuiciar a los malos servidores y no la tiene, al contrario, tiene una ilusión que es fallida y que nunca lleva nada. Prueba de ello es que hace años, décadas, diría yo, que nadie es sometido a un juicio político ni menos sentenciado en este país.

Qué envidia me da Brasil, por ejemplo, que ya se deshizo de Dilma Rousseff. Que está a punto de hacerlo con Luiz Inácio Lula da Silva. Qué envidia me da Paraguay y Guatemala, aquí no tenemos eso.

Cuando empezó esta legislatura, como miembro de la Comisión Jurisdiccional, vi con pasmo que había más de 300 juicios políticos congelados aquí en la Cámara de Diputados. Tenía por lo menos 10 años de no integrarse la Subcomisión de Examen Previo, imagínense ustedes.

De tal manera que hubo necesidad de que muchos diputados de nosotros —de Movimiento Ciudadano, del PRD, de Morena y del PAN, los que no somos oficialistas— insistiéramos ante las omisas y negligentes presidencias de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación para que se integrase esta Subcomisión de Examen Previo, cosa que se hizo tardíamente, hasta 2016.

Y aun así, amigos, tuvo que interponerse un amparo para que esa Subcomisión de Examen Previo fuese convocada y comenzara a trabajar. Fíjense ustedes, una vez más el Poder Judicial tuvo que ser convocado por un ciudadano inconforme, violentado en sus derechos fundamentales para llamar la atención a un Poder Legislativo omiso. Qué vergüenza para nosotros.

Y aun así esa Subcomisión trabajó con tal lentitud, con tal parsimonia, con tal indiferencia —y digo yo complicidad y encubrimiento— que la mayoría de juicios políticos fueron desechados por prescripción, incluyendo de personajes tan oscuros y tan cuestionados como Rodrigo Medina, el exgobernador ominoso y vergonzoso del estado de Nuevo León.

De tal manera que mi propuesta —además de ser este discurso una oportunidad para llamar la atención y señalar estas gravísimas omisiones, deseando que no se repitan en lo sucesivo— de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es para que la Subcomisión de Examen Previo, junto con la Comisión Jurisdiccional de la cual procede, se instalen en forma oficiosa, espontánea y naturalmente en cuanto comiencen las legislaturas, en un plazo no menor a 30 días. Y también tengan 30 días de tiempo para resolver los juicios políticos pendientes.

También en la iniciativa propongo que se incluya a los diputados independientes a esta Comisión Jurisdiccional y Subcomisión de Examen Previo.

También propongo que se finquen responsabilidades a partir de que se dé parte al órgano interno de control de esta Cámara, cuando los diputados de esa Subcomisión y Comisión no cumplan con su objetivo. Con esto, además de llamar la atención, insisto, de estas graves omisiones, pienso que podemos enriquecer todavía el marco jurídico y tener una mejor institución para que los mexicanos puedan desahogar con toda justicia sus anhelos de que las cosas se hagan bien en este país. Es cuanto tengo que decir. Gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y artículo 102 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40, numeral 5.

Esta iniciativa de reforma tiene como objeto promover la instalación oficiosa de la Comisión Jurisdiccional y su Subcomisión de Examen Previo al inicio de cada Legislatura, para dar una oportuna y eficaz respuesta a las denuncias de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia recibidas en la Dirección de Servicios Legales de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a efecto de fortalecer estas figuras como componente del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior con base en los siguientes:

Antecedentes

En el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se incorporaron figuras jurídicas y procesos jurisdiccionales para proceder en casos de responsabilidad política de funcionarios públicos. Específicamente, el Título Cuarto de la constitución, actualmente denominado “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado” establece el proceso de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia.

De acuerdo con la Dra. Cecilia Licona (2007), citando a Jorge Chaires (2003) y Héctor Fix Zamudio (2007), “el juicio político es un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y/o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que, en el ámbito de sus atribuciones, han incurrido en arbitrariedad o abuso o acceso de poder. Se trata de una función jurisdiccional conferida al poder legislativo, para determinar la responsabilidad de parlamentarios u otros funcionarios de elevada jerarquía que han cometido acciones u omisiones graves. Y si bien la función jurisdiccional por excelencia está destinada al Poder Judicial, existen ciertas excepciones en las que los otros Poderes de la Unión ejercen dicha facultad, como es el caso del juicio político que es competencia del Poder Legislativo”.

Es importante aclarar, dadas comunes confusiones, las diferencias entre el juicio político y la declaratoria de procedencia o “desafuero”, para ello se inserta la distinción que propone la doctora Licona (2007):

1. El juicio político es un procedimiento jurisdiccional regulado en el artículo 110 constitucional. En cambio, la declaración de procedencia es un procedimiento no jurisdiccional regulado en el artículo 111 constitucional.

2. Mediante el juicio político se exige responsabilidad política a servidores públicos de alta jerarquía, por violación a las instituciones públicas fundamentales o a su buen despacho. En cambio, a través de la declaración de procedencia se autoriza el inicio de un procedimiento penal, ante las autoridades competentes en contra de servidores públicos investidos de inmunidad.

3. En el juicio político se resuelve el fondo de la cuestión planteada. En cambio, en el procedimiento de declaración de procedencia no se resuelve el fondo de la cuestión planteada, sino que, sin prejuzgar, se remueve un obstáculo para que se pueda proceder penalmente contra el servidor público. Es un requisito de procedibilidad.

4. El juicio político tiene como finalidad revisar las conductas de los “altos” servidores públicos federales, en el ejercicio de sus funciones, que perjudican los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; Igualmente, tiene el propósito de analizar las violaciones graves a la Constitución Federal o a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales en que incurran servidores públicos estatales en el ejercicio de sus funciones. En cambio, la declaración de procedencia tiene el objetivo que, mediante una instancia ante la Cámara de Diputados, se autorice para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo contra servidores públicos que gozan de inmunidad.

5. El juicio político es de la competencia de ambas cámaras del Congreso de la Unión: la Cámara de Diputados funge como órgano de acusación, el Senado se erige en Jurado de sentencia, para conocer y resolver sobre la responsabilidad política de servidores públicos de alta jerarquía. En cambio, la declaración de procedencia es de la competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, la cual declarará si ha o no lugar a proceder penalmente contra el inculpado; se caracteriza por el carácter unicameral del procedimiento.

6. En el juicio político, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión; y luego, conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará –en su caso- la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión. En cambio, en la declaración de procedencia, no se aplica sanción alguna, simplemente la Cámara de Diputados declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, para que, retirada la inmunidad, en su caso, la persona quede a disposición de la justicia ordinaria.

7. La finalidad del juicio político consiste es determinar si el servidor público es o no indigno de permanecer en el cargo y de volver a ocupar funciones públicas; por ello, la sanción en ese juicio consiste en la destitución y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, sin opinar acerca de la responsabilidad de otro tipo en que pudiese haber incurrido el enjuiciado. En cambio, la finalidad de la declaración de procedencia es determinar si ha lugar o no a proceder contra el inculpado. Si la declaración es que, si ha lugar a proceder contra el servidor público, éste será separarlo para que quede sujeto a proceso penal. Si el proceso penal culmina en sentencia absolutoria el sujeto podrá reasumir su función.

8. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. En cambio, el procedimiento para la declaración de procedencia sólo tendrá lugar mientras el servidor público funja en su encargo, pues su propósito es retirarle la inmunidad de que goza, separándolo de la función pública, para ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Si la Cámara de Diputados determina que no ha lugar a proceder contra el inculpado, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

9. Finalmente, es de observar que el juicio político y el procedimiento para la declaración de procedencia tienen en común que las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y de Senadores sean inatacables.

Los procedimientos de juicio político y de declaratoria de procedencia se encuentran regulados en el título cuarto de la Constitución y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el artículo 109 de la Constitución, se establece que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas relativas a causar un perjuicio a los intereses públicos o de buen despacho, hechos de corrupción, o delitos derivados de la función pública.

Respecto del procedimiento para determinar sanciones derivadas del juicio político, en el artículo 110 se establece que, para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado; conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Para la declaratoria de procedencia, el artículo 111 establece que la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Este procedimiento se ha conocido comúnmente como “desafuero”.

Finalmente, de conformidad con el artículo 114 de la Constitución, el Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

Ahora bien, la regulación específica de los procedimientos se encuentra en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuyo título segundo se regulan los Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia.

Respecto de la sustanciación del procedimiento de juicio político, le referida ley establece lo siguiente:

Denuncias e inicio de procedimiento

• Cualquier ciudadano podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere la referida Ley, la cual deberá apoyarse en pruebas. (Artículo 9)

• El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento. (Artículo 9)

Sustanciación del procedimiento

• Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia. (Artículo 10)

• La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que, en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el capítulo II de esta ley. (Artículo 10)

• Al proponer la Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículo 11)

• Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.

Procedimiento para juicio político

De conformidad con el artículo 12 de la referida ley, la determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:

• El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación;

• Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que corresponda, para la tramitación correspondiente. Si se trata de una denuncia presentada en lengua indígena, ordenará su traducción inmediata al español y lo turnará conforme al procedimiento establecido;

• La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o., de esta Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la propia ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la Subcomisión desechará de plano la denuncia presentada. En caso de la presentación de pruebas supervivientes, la Subcomisión de Examen Previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por insuficiencia de pruebas;

• La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las comisiones unidas a petición de cualquiera de los presidentes de las comisiones o a solicitud, de cuando menos, el diez por ciento de los diputados integrantes de ambas comisiones;

• La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.

Sección Instructora

• La Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquella; estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.

• Dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia, la Sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá, a su elección, comparecer o informar por escrito, dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación. (Artículo 13)

• La Sección Instructora abrirá un período de prueba de 30 días naturales dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia Sección estime necesarias. (Artículo 14)

• Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciante, por un plazo de tres días naturales, y por otros tantos a la del servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los seis días naturales siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado. (Artículo 15)

• Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. (Artículo 16)

• Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento. (Artículo 17)

• Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:

I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;

II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado;

III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 8o. de esta Ley, y IV.- Que, en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos.

• Una vez emitidas las conclusiones, la Sección Instructora las entregará a los secretarios de la Cámara de Diputados para que den cuenta al Presidente de la misma, quien anunciará que dicha Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes, lo que harán saber los secretarios al denunciante y al servidor público denunciado, para que aquél se presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido de su defensor, a fin de que aleguen lo que convenga a sus derechos. (Artículo 18)

• La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara, dentro del plazo de sesenta días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda no excederá de quince días. (Artículo 19)

• La Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su presidente. En seguida la Secretaría dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones de la Sección Instructora. Acto continuo se concederá la palabra al denunciante y en seguida al servidor público o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos. El denunciante podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora. (Artículo 20)

• Si la Cámara resolviese que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se le pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la acusación, designándose una comisión de tres diputados para que sostengan aquélla ante el Senado. (Artículo 21)

• Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, ésta la turnará a la Sección de Enjuiciamiento, la que emplazará a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días naturales siguientes al emplazamiento. (Artículo 22)

Procedimiento para declaratoria de procedencia

• Se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. (Artículo 25)

• La Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. (Artículo 25)

• Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. (Artículo 25)

• La Sección deberá rendir su dictamen en un plazo de sesenta días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político.

• Dada cuenta del dictamen correspondiente, el presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante o al Ministerio Público, en su caso. (Artículo 26.)

• El día designado, previa declaración al presidente de la Cámara, ésta conocerá en Asamblea del dictamen que la Sección le presente y actuará en los mismos términos previstos por el artículo 20 en materia de juicio político. (Artículo 27)

• Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión. (Artículo 28).

En atención a lo anterior, se advierte que, en términos generales, la legislación para la sustanciación de los Procedimientos de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia en México se ha desarrollado a través de diferentes cuerpos normativos, y en términos generales prevé condiciones para garantizar el debido proceso en los procedimientos.

Sin embargo, pese a existir más de 300 solicitudes de procedimientos en la Cámara de Diputados, al término de la pasada legislatura, en los últimos diez años no se habría instalado la Comisión Jurisdiccional y su Subcomisión de Examen Previo, lo que permite advertir la existencia de obstáculos, no siempre de tipo jurídico, que corresponde valorar y hacer más eficiente, a través de la instalación oficiosa de la Comisión Jurisdiccional y su Subcomisión de Examen Previo, para atender y resolver las denuncias de juicio político y declaratoria de procedencia recibidas por la Dirección de Servicios Legales de la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, la presente iniciativa busca proponer ajustes a la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar la tramitación oficiosa de las solicitudes de Juicio Político y declaratoria de procedencia recibidas en la Cámara de Diputados, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La corrupción y la inadecuada gestión del poder público no es un asunto particular del estado mexicano. Los gobiernos de los diferentes países de la región se enfrentan a este fenómeno y buscan mejorar sus sistemas para que, tras una adecuada investigación y comprobación de los hechos, se establezcan sanciones y se separe de sus cargos a quienes ejercen el poder de una forma inadecuada.

Por mencionar algunos casos recientes, los impeachment o procesos de separación del cargo por virtud de un juicio político, han tenido efectos en mandatarios de la región entre los que se encuentran Dilma Rousseff, la ex presidenta de Brasil, que fue separada del cargo en 2016; Otto Pérez Molina, el ex presidente de Guatemala, que fue separado del cargo en 2015; Fernando Lugo, el ex presidente de Paraguay, que fue separado del cargo en 2012; Park Geun-hye, la ex presidenta de Corea del Sur, que fue separada del cargo en 2017, por mencionar algunos.

México es de los pocos países de la región que no ha ejercido las figuras políticas y jurisdiccionales para cuestionar el actuar de funcionarios públicos cuando se realicen actos contrarios a los valores democráticos o a consecuencia de actos de corrupción, a fin de que éstos se hagan cargo de actos que conlleven responsabilidad política.

Durante la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, como miembro de la Comisión de Gobernación, formé parte de la Comisión Jurisdiccional, cuyas funciones están reguladas en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que específicamente establece que la Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

En atención a ello, a continuación, se expone una narración de hechos de las diferentes acciones realizadas por esta representación para impulsar la resolución de las denuncias de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia en la Cámara de Diputados:

a. Solicitud a la presidencia de la Comisión Jurisdiccional sobre los asuntos de denuncia de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia turnados a la Comisión Jurisdiccional. El jueves 11 de febrero de 2016, se recibió del Lic. Apolo Rodríguez Guerrero, Secretario Técnico de la Comisión, oficio PCJ/ LXIII LEG/ 116/ 2016, mediante el cual informó las facultades de la Comisión Jurisdiccional, así como que, hasta esa fecha, la Mesa Directiva no habría solicitado abocarse al estudio, análisis y dictamen de algún asunto en específico.

b. El 23 de febrero de 2016 y el 23 de agosto de 2016 se solicitó a la presidencia de la Comisión Jurisdiccional, así como de las Comisiones de Gobernación, y Justicia que integran la Gran Comisión, avocarse al estudio de las solicitudes recibidas y acumuladas en la Dirección de Servicios Legales de la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

c. Con motivo del amparo P 34-2014, que obliga a pronunciarse sobre la procedencia de una denuncia, el diputado Jorge Triana solicitó incluir en el orden del día de la Comisión de Gobernación, la instalación de la Subcomisión de Examen Previo.

d. Con fecha 24 de febrero de 2017, ésta representación insistió en la importancia de sesionar para desahogar el listado de expedientes de denuncia de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia resguardados por la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

e. El 14 de abril de 2016 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Acuerdo de Integración) que instruye a las Comisiones de Gobernación y Justicia a instalar la Subcomisión de Examen Previo.

f. La Subcomisión de Examen Previo fue instalada el 21 de abril de 2016. Cabe señalar que la Subcomisión no había sido instalada desde la LX Legislatura (2006-2009), generando con ello un importante retraso en las denuncias de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia (más de 300 expedientes de denuncias).

g. El 4 de octubre de 2016 se convocó a sesión de la Subcomisión de Examen Previo, a desarrollarse el 6 de octubre de 2016, la cual tuvo por objeto la determinación de un procedimiento para atender el rezago, resolver la procedencia o desechamiento de las solicitudes, así como establecer un mecanismo de solución para las cuestiones no previstas en la normativa.

h. El procedimiento para desahogar las más de 300 denuncias de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, fue atender las denuncias más antiguas, para lo que se hicieron propuestas de los documentos que darían respuestas a las denuncias.

i. De conformidad con el referido acuerdo de integración, los miembros de la subcomisión tendrían acceso a los expedientes de denuncia de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia. Al respecto, ésta representación solicitó acceso a los expedientes, teniendo acceso a 25 de los más de 300 expedientes pendientes de resolver.

Del análisis de las solicitudes de denuncia, se advirtió que muchas de ellas debían declararse improcedentes en razón de que superaban la temporalidad prevista en el 114 constitucional, que establece que sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Tomando en cuenta que había denuncias recibidas desde 2006 pendientes de resolución, gran parte de las denuncias habrían precluido por el paso del tiempo. Además, respecto de aquellas que se encontraban dentro del plazo de ser atendidas, se decidió por mayoría, como parte del procedimiento, dejarlas a resolución al tiempo en que la Subcomisión hubiera resuelto los casos más antiguos, por lo que, de conformidad con las reglas de temporalidad, a la fecha habrían también precluido. Existían además algunas denuncias contra funcionarios que habrían fallecido, por lo que de decretó su desechamiento en atención a ese hecho superviniente.

Aunado a lo anterior, un importante hallazgo con relación a las denuncias de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia revisadas por esta representación, fue que los casos versaban sobre demandas de justicia en materia laboral o de seguridad social, tortura o falta de protección judicial, corrupción, políticas de salud pública y/o campañas electorales.

De tal suerte que, aunque el objeto del Juicio Político es cuestionar la responsabilidad política de la actuación de funcionarios públicos, y el objeto de la Declaratoria de Procedencia es eliminar el fuero para proceder a determinar responsabilidades penales, gran parte de las denuncias se encuentran relacionadas con la impunidad o falta de acceso a la justicia en una diversidad de materias.

Además, es de la lectura de las denuncias de Juicio Político o Declaratoria de Procedencia, es importante advertir que las expectativas de algunos denunciantes distan de un cuestionamiento independiente de la responsabilidad política de los funcionarios públicos, pero de un entramado complejo de la relación entre el ejercicio de la función pública, la responsabilidad política y la expectativa de justicia de los denunciantes.

Por tanto, se advierte que la falta de instalación oficiosa de la Subcomisión de Examen Previo durante las LX, LXI y LXII Legislaturas, impidió que se resolvieran de forma oportuna y eficaz las denuncias de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia. Aunado a lo anterior, el cúmulo de expedientes, así como la decisión de resolver en principio los más antiguos, y el lento desahogo de los expedientes en las ocasionales sesiones de la Subcomisión de Examen Previo, ocasionó que se resolviera para la mayoría de las denuncias el desechamiento, ya sea por criterios de temporalidad, como de imposibilidad material.

Por tanto, la instalación oficiosa de la Comisión Jurisdiccional y su Subcomisión de Examen Previo en Legislaturas venideras es fundamental para fortalecer las figuras jurídicas del Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, como una pieza o engranaje dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. La función del Juicio Político es fundamental para cuestionar la responsabilidad desde el punto de vista político, y corresponde a la Cámara de Diputados ejercer esa función y contribuir desde allí con el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así como ser ejemplo para legislaturas locales en el funcionamiento de las figuras jurídicas de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia. Eso sin perjuicio de que se cuestione la responsabilidad desde el punto de vista jurídico, por los órganos previsto en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Importante también distinguir el alcance del Juicio Político de la Declaratoria de Procedencia o desafuero, que, para el caso de la comisión de delitos, propicia que se levante el obstáculo para poder proceder penalmente contra los funcionarios públicos previstos en el Titulo Cuarto, que presuntamente hayan cometido delitos. Importante también señalar que el hecho de ser desaforado, no implica que de forma automática se acepte la responsabilidad penal, pero si la posibilidad de someterse a un proceso de investigación penal que disminuya la impunidad.

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer la instalación oficiosa de la Comisión Jurisdiccional, y de su Subcomisión de Examen Previo, con el fin de optimizar y hacer eficiente el proceso de dictamen de las denuncias de Juicios Políticos y Declaratoria de Procedencia, que debe realizar la Cámara de Diputados.

Lo anterior encuentra sintonía con el compromiso global de nuestro país para combatir las lamentables prácticas de corrupción y ejercicio indebido de política, manifiesto en la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción. Con ello, se busca fortalecer la figura del Juicio Político y Declaratoria de Procedencia en nuestro país, generando una misión pedagógica con la delimitación de las situaciones donde procede y conservando la naturaleza original de estas figuras. Ello se logra además respondiendo a los denunciantes ante las expectativas que colocan al activar estas figuras de manera oportuna y clara.

Por lo expuesto, se propone la modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la instalación oficiosa de la Comisión Jurisdiccional en cada Legislatura, así como su Subcomisión de Examen Previo, disponiendo de plazos específicos para la recepción de denuncias por parte de la Dirección de Servicios Legales de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, así como para la resolución de las solicitudes de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presenta:

Texto anterior

Artículo 40. ...

5. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar,cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Propuesta de Modificación

Artículo 40. ...

5. La Comisión Jurisdiccional se integrará de manera oficiosa al inicio de cada legislatura, por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

La Comisión Jurisdiccional se integrará con representantes de cada uno de los partidos políticos con representación en la Cámara. Los diputados que hayan accedido a su curul por medio de una candidatura independiente deberán designar un representante común ante la presente comisión. En caso de no existir consenso, no tendrán representación.

Dentro de los 30 (treinta días) posteriores a su instalación, dentro del primer periodo de sesiones de la legislatura, la Comisión Jurisdiccional, por conducto de su Subcomisión de Examen Previo, solicitará a la Secretaría General del Congreso le sean remitidos los expedientes de denuncia de juicio político y declaratoria de procedencia.

Las solicitudes deberán ser resueltas de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su capítulo II.

En caso que la denuncia cuestione la falta de acceso a la justicia de los denunciantes, la Comisión Juridiccional realizará la suplencia de la queja para estudiar el alcance de la responsabilidad política de los funcionarios públicos denunciados.

Si se identificara que se denuncian actos de corrupción se dará vista al Fiscal Anticorrupción

Cuando de la solicitud se advirtiera que se incurren en los supuestos del 110 constitucional, la comisión emitirá acuerdo para ser desahogado en pleno mediante la votación de la procedencia del juicio político.

Las denuncias deben resolverse en un plazo de no más de 30 treinta días hábiles, tal como lo establece Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En caso de que la Comisión Jurisdiccional y la Subcomisión de Examen Previo no resuelva, en el plazo establecido por la ley, se podrá dar vista al Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados.

Decreto que reforma el artículo 40, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 40, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 40. ...

5. La Comisión Jurisdiccional se integrará de manera oficiosa al inicio de cada legislatura, por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

La Comisión Jurisdiccional se integrará con representantes de cada uno de los partidos políticos con representación en la Cámara. Los diputados que hayan accedido a su curul por medio de una candidatura independiente deberán designar un representante común ante la presente comisión. En caso de no existir consenso, no tendrán representación.

Dentro de los 30 (treinta días) posteriores a su instalación, dentro del primer periodo de sesiones de la Legislatura, la Comisión Jurisdiccional, por conducto de su Subcomisión de Examen Previo, solicitará a la Secretaría General del Congreso le sean remitidos los expedientes de denuncia de juicio político y declaratoria de procedencia.

Las solicitudes deberán ser resueltas de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su capítulo II.

En caso que la denuncia cuestione la falta de acceso a la justicia de los denunciantes, la Comisión Juridiccional realizará la suplencia de la queja para estudiar el alcance de la responsabilidad política de los funcionarios públicos denunciados.

Si se identificara que se denuncian actos de corrupción se dará vista al Fiscal Anticorrupción

Cuando de la solicitud se advirtiera que se incurren en los supuestos del 110 constitucional, la comisión emitirá acuerdo para ser desahogado en Pleno mediante la votación de la procedencia del juicio político.

Las denuncias deben resolverse en un plazo de no más de 30 treinta días hábiles, tal como lo establece Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En caso de que la Comisión Jurisdiccional y su Subcomisión de Examen Previo no resuelva en el plazo establecidos por la Ley, se podrá dar vista al Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.— Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo(rúbrica).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias. Gracias, diputado Macedonio Salomón. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, le concedemos el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 407 del Código Penal Federal.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Compañeras y compañeros diputados. El respeto al Estado de derecho, como hilo conductor del actuar del Estado y de la sociedad, es un principio básico para la consolidación de los procesos democráticos en nuestro país, es por ello que quienes ostentan cargos públicos deben conducirse con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez e imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones, de sus empleos, cargos y comisiones, conductas contrarias a estos principios atentan contra el interés público y ponen en riesgo nuestra democracia.

En Nueva Alianza no solo nos regimos y apoyamos estos principios, sino que impulsamos las modificaciones ascendentes a garantizarnos, pues entendemos su importancia en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. A pesar de los avances legales en materia electoral y en las amplias y complejas regulaciones, para evitar añejas prácticas de propaganda política con recursos públicos, aún persiste la utilización de estratagemas que violan las reglas democráticas para favorecer a un partido o a un candidato.

Tal es el caso de la utilización de espacios públicos como oficinas gubernamentales, centros comunitarios, hospitales, escuelas, que se han convertido en estandartes de identificación ideológica. Por medio del uso de los colores partidistas de la administración en turno.

Sin duda el uso de colores partidistas en este tipo de inmuebles constituye una violación a diversos ordenamientos legales en la materia. Sin embargo, al no contemplarse en la norma supervisión expresa y, en su caso, las correspondientes sanciones, se abre un margen de discrecionalidad para incurrir en ellas con total impunidad. Preocupados por esta situación propongo a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 407 del Código Penal Federal.

El objetivo es incluir en la norma la prohibición expresa, así como la sanción para aquellos servidores públicos que ordenen o instruyan la identificación de los espacios y edificios públicos bajo su administración con los colores o variaciones de lemas, imágenes o logotipos que se asocien con algún partido político. La propuesta es por demás pertinente si tomamos en cuenta que dicha práctica suele agudizarse durante los periodos electorales como el que tenemos en puerta.

Compañeras y compañeros legisladores y representantes populares, es nuestro deber establecer los mecanismos que posibiliten frenar ese tipo de acciones en aras de contribuir a la legalidad de los procesos democráticos, que es lo mínimo que la sociedad merece hoy en la exigencia de la transparencia de los resultados y de la legalidad de todas las instituciones que deben darnos esta certeza legal a todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 407 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 407 del Código Penal Federal, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

Nuestro camino hacia una vida democrática responsable y plena de libertades ha tenido avances muy significativos e importantes que han hecho que la mayoría de los mexicanos respetemos nuestras normas y procedimientos electorales, mismos que constituyen el principal fundamento hacia el camino de la credibilidad electoral de nuestro país.

Uno de los factores más importantes para acrecentar la credibilidad de los ciudadanos en el ámbito electoral, descansa en la correcta separación entre lo electoral y la acotación, incluso sanción, de “antiguas” prácticas de los institutos políticos en contienda; ello, en el ámbito de la propaganda pública.

Empero, a pesar del tiempo transcurrido en la construcción de instituciones y normas electorales sólidas, no estamos exentos de la violación a las reglas democráticas, lo cual ha evidenciado una constante tentación para un sinnúmero de gobernantes y funcionarios de la Administración Pública, sin excluir ninguno de los tres órdenes de gobierno, quienes, deseosos de mantener o favorecer a su partido o a los candidatos de su preferencia en el poder, hacen uso de los recursos públicos para acciones propagandísticas, a través de diversas acciones “de gobierno” que son de sobra conocidas por todos.

A pesar de los avances legales en materia electoral, diversas prácticas de propaganda política han surgido, algunas de ellas muy sutiles, como resultado de la laxitud de nuestras normas, mismas que no contemplan su prohibición expresa y, en su caso, las correspondientes sanciones.

Exposición de Motivos

Ejemplo de la problemática antes expuesta se presenta en la utilización de espacios públicos, como oficinas gubernamentales, centros comunitarios, hospitales y, sobre todo, de escuelas del Sistema Educativo Nacional, los cuales se han convertido en arena de disputas electorales e ideológicas por medio del uso de los colores partidistas de la administración en turno, y si lo anterior no fuera suficiente, también se han registrado casos en que los uniformes de los educandos o el de los empleados públicos también llevan los colores partidistas.

El uso de colores partidistas en edificios públicos constituye una velada violación a diversos ordenamientos legales, entre los que podemos citar:

• El a rtículo 3º constitucional, en el que se establece que la educación que imparta el Estado se basará en los resultados del progreso científico, a fin de combatir los fanatismos y los prejuicios; será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; nacional, en cuanto a que, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos y a la defensa de nuestra independencia política; contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegiosde razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

• El a rtículo 134 constitucional, establece quelos recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; indica, además, que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como de la ciudad capital y sus demarcaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar, con imparcialidad, los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos; y que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

• El Artículo 250de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el inciso e), establece que la propaganda electoral no podrácolgarse, fijarse o pintarse en monumentos, ni en edificios públicos.

• El a rtículo 7o.de la Ley General de Educación, establece que entre los fines de la educación está el infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones, así como promover la observancia de la ley.

Como se observa, el uso de colores partidistas en edificios públicos contraviene las disposiciones anteriormente señaladas; sin embargo, no se encuentra expresamente sancionado en los citados ordenamientos; por lo que, al no estar esta práctica expresamente prohibida y sancionada por la ley, se abre un margen de discrecionalidad para incurrir en ella, con total impunidad.

Particularmente, como representante popular y docente, tengo la firme convicción de que ninguna escuela debe ser utilizada como un espacio de carácter proselitista o electoral, pues ello no sólo contraviene los principios de imparcialidad y equidad que deben privar en toda contienda electoral; sino que, además, atenta contra la libertad y la pluralidad política e ideológica que debe prevalecer en la labor educativa y en la comunidad donde se encuentre asentado el espacio escolar.

Asimismo, constituye una forma de coacción contra el colectivo social, pues conlleva un mensaje no explícito hacia una orientación o corriente política que puede ser considerada, antes y durante los procesos electorales, como una inclinación a favor de algún personaje o partido político; más aún, se debe considerar que, tratándose de las escuelas, los edificios públicos son usados como casillas o centros de votación en cada proceso electoral, lo que agrava la práctica en comento que, a través de esta pieza legislativa queremos sancionar.

Es por ello que, a través de esta Iniciativa, como Legisladora e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hago latente la preocupación social en torno a la práctica de utilizar los colores de los partidos políticos en los edificios públicos, problema sobre el cual existe un vacío jurídico que en su estado actual no permite su regulación y, en su caso sanción. Ante ello, propongo subsanar la vaguedad existente al incluir la prohibición expresa, y sanción correspondiente, en el Código Penal Federal, como una primera medida que deberá ampliarse al ámbito de los gobiernos locales y municipales.

Es muy probable que dicha práctica se agudice aún más con motivo de las elecciones que se avecinan a nivel federal, por lo que, como medida preventiva, es prudente y pertinente frenarla en función del sano desarrollo plural y democrático, tanto del país, como del colectivo social.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 407 del Código Penal Federal

Artículo Único.Se adiciona una fracción V al artículo 407 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 407. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

I.a IV....

V. Ordene o instruya la identificación de los espacios y edificios públicos bajo su administración con los colores o variaciones de lemas, imágenes o logotipos que se asocien con algún partido político.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de marzo de 2018.— Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.



REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, le concedemos el uso de la palabra por cinco minutos al diputado Abel Cruz Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Abel Cruz Hernández:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.

El diputado Abel Cruz Hernández: Honorable asamblea. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con la publicación Breve Historia del Canal del Congreso, en 60 países se transmiten las sesiones legislativas de sus congresos. Los modelos más avanzados son los Estados Unidos, Francia, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia. Brasil fue el primer país de la región que contó con un canal legislativo.

La breve historia del Canal del Congreso apunta que en nuestro caso el canal parlamentario nacional nace cuando, el 17 de noviembre de 1997, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que le permitiera al Congreso contar con una estación televisiva.

El 29 de enero de 1998, se creó una Subcomisión Técnica para fundar el canal legislativo. Es así que el 18 de marzo de 1998 nació el canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Surge con el objeto de difundir e informar de la actividad del Congreso y de sus procesos deliberativos y resolutivos.

La Breve Historia del Canal del Congreso refiere que, a partir de septiembre del 2010, se introdujo la lengua de señas mexicanas en sus transmisiones de las sesiones de las cámaras y de los noticieros del canal, hecho que nuestro medio de comunicación se encuentra a la vanguardia mundial.

En 20 años el Canal del Congreso ha evolucionado hasta aproximarse al cumplimiento de cinco de los 10 principios del parlamento abierto: derecho a la información, participación ciudadana, información parlamentaria, información histórica, accesibilidad y difusión.

Por lo anterior el marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos debe encontrarse armónico.

A 20 años de la creación del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere que el presente Reglamento sea actualizado en lo concerniente a la elección de su director, que implique la participación de la sociedad civil para proponer candidatos, para integrar una terna de la cual la Comisión Bicameral resuelva sobre la idoneidad de uno de ellos para llevar la resolución a la Junta de Coordinación Política, y esta a la Mesa Directiva a fin de que sea sancionada en los plenos de las cámaras del Congreso de la Unión.

Otro elemento sustancial es el tránsito del régimen de contratación de los servidores públicos del canal al Servicio Profesional de Carrera de la Cámara de Diputados, como mecanismo para garantizar su situación laboral.

Además, es necesario ajustar algunas disposiciones del reglamento en cuanto al funcionamiento del Canal.

Con ello, la participación social y la seguridad laboral en el Canal, serán dos pilares para garantizar su mejora con miras a las nuevas realidades que próximamente acontecerán, producto de la pluralidad democrática de este México del siglo XXI.

Encuentro Social dice: No al fuero. Por su atención, gracias. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Abel Cruz Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Abel Cruz Hernández, diputado federal a la LXIII Legislatura, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, en tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

A 20 años de la creación del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se requiere de que el presente Reglamento sea actualizado en lo concerniente a la elección de su director, que implique la participación de la sociedad civil para proponer candidatos para integrar una terna de la cual la Comisión Bicamaral resuelva sobre la idoneidad de uno de ellos para llevar la resolución a la Junta de Coordinación Política, y está a la Mesa Directiva a fin de que sea sancionada en los plenos de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Otro elemento sustancial es el tránsito del régimen de contratación de los servidores públicos del Canal al servicio profesional de carrera de la Cámara de Diputados, como mecanismo para garantizar su situación laboral.

Además, es necesario ajustar algunas disposiciones del Reglamento en cuanto al funcionamiento del canal.

Con ello, la participación social y la seguridad laboral en el Canal serán dos pilares para garantizar su mejora con miras a las nuevas realidades que próximamente acontecerán producto de la pluralidad democrática del México del siglo XXI.

Argumentos que lo sustentan

De acuerdo con la publicación “Breve historia del Canal del Congreso”, en 60 países se transmiten las sesiones legislativas de sus congresos. Los modelos más avanzados son los de Estados Unidos, Francia, Brasil, Perú, Venezuela y Colombia. Brasil fue el primer país de la región que contó con un canal legislativo.

Estados Unidos C-SPAN, es una televisora privada sin ánimo de lucro, creada en 1979 como un servicio público. El caso de la televisión francesa parlamentaria que fue creada en los años setenta. El canal agrupa a la Assamblée Nationale y Public Sénat, cada uno con el 50% de tiempo aire, ofrece la señal a otros medios.

En febrero de 1996 nació TV Senado y posteriormente TV Câmara de Brasil en enero de 1998, con cobertura nacional a través de los operadores de televisión por cable. Actualmente en señal abierta UHF en varias ciudades del país.

La “Breve historia del Canal del Congreso” apunta que en nuestro caso, el canal parlamentario nacional nace cuando el 17 de noviembre de 1997, la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que le permitiera al Congreso contar con una estación televisiva. El 29 de enero de 1998, se creó una subcomisión técnica para fundar el Canal Legislativo.

Es así que el 18 de marzo de 1998 nació el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Surge con el objeto difundir e informar de la actividad del Congreso y sus procesos deliberativos y resolutivos.

Otro acontecimiento relevante para la vida del Canal es el anuncio oficial de la transmisión del Canal del Congreso en televisión abierta digital terrestre que aconteció el 5 de agosto del 2015. A la fecha el canal tiene un alcance próximo a los 75 millones de televidentes.

La “Breve historia del Canal del Congreso” refiere que a partir de septiembre de 2010 se introdujo la lengua de señas mexicanas en sus transmisiones de las sesiones de las Cámaras y de los noticiarios del Canal. Hecho en el que nuestro medio de comunicación se encuentra en la vanguardia mundial.

En 20 años, el Canal del Congreso ha evolucionado hasta aproximarse al cumplimiento de 5 de 10 principios del Parlamento Abierto:

• Derecho a la información.

• Participación ciudadana.

• Información parlamentaria.

• Información histórica.

• Accesibilidad y difusión.

El documento “Hacia un Parlamento 3.0; el Servicio Público del Canal del Congreso y la web semántica como herramientas de desarrollo del Parlamento Abierto” trae el dato que en una encuesta realizada a los delegados del Parlamento Abierto en América Latina en el año de 2015 se destacó que el 86% de los encuestados consideran muy importante el uso de herramientas tecnológicas. Un 58% de los encuestados consideran que la cooperación con la sociedad civil mejoraría la ética legislativa que mejoraría mucho.

El marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos debe ser armónico.

Una de las cuestiones en las que se requiere de la armonización del Reglamento de la Cámara con el del Canal del Congreso es el que se refiere a la denominación de los órganos de gobierno de las comisiones.

El artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que la Junta Directivaestará conformada por el Presidente y los secretarios de la comisión o comité, siendo el Presidente su titular. Por su parte, el artículo 128 del Reglamento de la Cámara de Senadores, prevé que la Junta Directiva de cada comisión se constituye con un presidente y dos secretarios.Los integrantes de las juntas directivas deben formar parte de distintos grupos parlamentarios, en atención a los criterios de pluralidad, equidad de género, proporcionalidad, experiencia e idoneidad.

Por ello, se propone que:

Para la integración de las Comisiones, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 43 señala que la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.

Es por ello que se propone que un representante por cada grupo parlamentario forme parte de la Comisión Bicameral.

Otro asunto que se pretende actualizar en el presente Reglamento es lo relativo a la forma en la que se elige al titular del Canal. Para ello se propone que la Comisión deberá emitir una convocatoria pública para que la sociedad civil proponga candidatos para integrar la terna de la cual saldrá su titular.

Un ejemplo de lo anterior, es la elección por convocatoria de Titulares de los Órganos Internos de Control de organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Proceso en el que se emitió una convocatoria para la designación de Titulares de los Órganos Internos de Control de organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se emitió un dictamen de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, relativo a la lista de candidatas y candidatos aptos para ocupar el cargo de titular de los órganos internos de control del Inai, de la Cofece y del IFT. En el que se formuló una la lista de aspirantes que cumplían con los requisitos señalados en las leyes y formato de las comparecencias para designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y finalmente se aprobó un listado de aspirantes registrados, por número de expediente. Que se turnó a la Junta de Coordinación Política.

La Convocatoria fue para la elección de los titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Otro antecedente, de este modelo de nombramientos es el que se encuentra en el artículo 34 Bis. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

1. La convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, por lo menos, deberá contener:

a) El proceso de designación para el que se convoca, los requisitos legales que deben satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos;

b) Las reglas y los plazos para consultar, según el caso, a la ciudadanía o a las instituciones públicas de educación superior;

También la iniciativa que se promueve propone que el personal del Canal pertenezca al servicio de carrera de la Cámara de Diputados; y que en consecuencia se amparen al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

El Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara De Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2000.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Denominación del proyecto de decreto

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Ordenamiento a modificar

Único: Se reforman el numeral 1, sus incisos a), b), f) y g) del artículo 13, el numeral 1 del artículo 14, el inciso b), el numeral 3 del artículo 34, y el numeral 1 del artículo 35; así como se adiciona el inciso b.1) al numeral 1 del artículo 14; y se derogan los numerales 4 y 5 del artículo 35, todos del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 13.

1. La Comisión estará integrada por un representante por cada grupo parlamentario de cada Cámara, de conformidad con la Ley Orgánica, debiendo ser constituida durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, misma que funcionará de la siguiente manera:

a) La Comisión tendrá una Junta Directiva integrada por una Presidencia y dos Secretarías, electas de manera directa por los integrantes de la misma; dichas responsabilidades se ejercerán durante doce meses, y serán rotatorias y alternada entre ambas Cámaras. A más tardar dentro de los primeros treinta días de cada año legislativo se deberá elegir a la Junta Directiva que conducirá los trabajos durante el periodo establecido.

...

b) La Presidencia tendrá que observar en el ejercicio de sus funciones los principios de legalidad, legitimidad,transparencia, pluralidad, equidad, diversidad, inclusión, imparcialidad y participación;

c) a e) ...

f) Los acuerdos de la Comisión privilegiarán el consenso y, en su defecto, se adoptarán por mayoría de votos de sus integrantes;

g) Ante situaciones que incidan en la programación y operación del Canal no previstas en este Reglamento, así como en las Políticas Internas que dicte la Comisión, la Junta Directiva consultar á el procedimiento a seguir a la totalidad de los integrantes;

h) a l) ...

Artículo 14.

1. Son atribuciones de la Comisión:

a) ...

b) Emitir la convocatoria pública para integrar una terna para nombrar al Titular de la Dirección General del Canal. La Comisión enviará a la Junta de Coordinación Política la resolución que emane de dicha convocatoria, a fin de que la turne a la Mesa Directiva para su discusión, y en su caso aprobación por el Pleno de ambas Cámaras. El procedimiento se desarrollará en la Cámara de Diputados.

b.1) Remover al titular de la Dirección General del Canal, de conformidad con el presente Reglamento, y demás disposiciones aplicables.

c) a s) ...

Artículo 34.

1. a 2. ...

3. El personal del Canal por lo que se refiere a su situación laboral estará a lo que determina el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados

4. (Se deroga)

5. (Se deroga)

Artículo 35.

1. Para efectos de contratación, el personal del Canal se ajustará a lo dispuesto por la Ley Orgánica, Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, los Lineamientos, los programas de trabajo, y demás disposiciones que apruebe la Dirección General del Canal de acuerdo con la normatividad administrativa de las Cámaras.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en ejercicio de las facultades que les concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, harán las previsiones presupuestales para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente decreto.

Notas

1 https://www.canaldelcongreso.gob.mx/assets/img/transparencia/ 934923dbdda37570ff6b13ed331cfd67.pdf

2 http://legacy.canaldelcongreso.gob.mx/files/imagenes/5Concurso/ PDF/MHB_Danton.pdf

Dado en la Sede de la Cámara de Diputados, a 3 de abril de 2018.— Diputado y diputada: Abel Cruz Hernández,Flor Estela Rentería Medina (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias diputado Abel Cruz Hernández. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.

El diputado Mario Alberto Mata Quintero:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.

El diputado Mario Alberto Mata Quintero: Existen temas que nos hieren a todos de una misma, pero también diferente manera. Nos hieren a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos, pero hieren también y de una manera mucho más profunda, casi insoportable, a madres, padres, hijas, hijos etcétera. Es el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país.

Hasta hace relativamente pocos años, las desapariciones forzadas no pasaban de ser un tema tabú sobre el que poco podía hablarse. Con profunda tristeza y consternación, las desapariciones forzadas son hoy uno de los temas más actuales, con mayor vigencia, son por no decir, el tema que debe guiar la agenda política y de derechos humanos en nuestro país.

Por esta razón, en esta legislatura nos decidimos a dar una respuesta enérgica desde el Estado, que contribuya a ser una luz de esperanza para las familias de estas personas. Nunca más un México con desapariciones y, además, nunca más un México que no acompañe a las familias.

El gobierno de la República ha publicado la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, pero aún falta mucho por hacer. La iniciativa que hoy presento ante ustedes, busca dar continuidad a esa gran tarea.

Concretamente, mediante la presente iniciativa buscamos incluir dentro de la Ley General de Educación, en su artículo 33, la obligación para las diversas autoridades educativas de impulsar acciones a fin de asegurar, mediante becas y demás apoyos, el ingreso y la permanencia de los alumnos que sean hijos de personas desaparecidas.

Como sabemos, la educación es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como una amplia variedad de instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Garantizar adecuadamente los derechos no implica únicamente supervisión legal en una norma o en la propia Constitución, sino la efectiva tutela del mismo. Es decir, en los derechos se garantiza el goce y ejercicio de ese derecho.

En algunos casos, por diversas circunstancias un derecho puede ser ejercido en mayor o menor medida, dependiendo de las condiciones sociales, culturales, históricas o particulares de cada individuo. Corresponde al Estado generar ese piso mínimo a partir del cual todos los individuos puedan partir de las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos.

En el caso concreto, nos centramos en los hijos e hijas de personas que han sufrido la desaparición forzada. Como es sabido, es un hecho que ha golpeado fuertemente a nuestro país dando lugar a miles de huérfanos, mujeres viudas, padres desconsolados, familiares y amigos consternados. A pesar de los dolores del alma de familiares y conocidos, tienen que enfrentarse en muchos casos a problemas civiles, laborales, administrativos, penales, etcétera.

El problema resulta ser tremendo porque hasta hace poco la persona desaparecida carecía de un estatus jurídico que le permitiera ser considerada como viva o muerta, y por tanto en lo que hace de sus derechos para sus familias, la pensión alimenticia, indemnizaciones, beneficiarios de ciertos derechos, etcétera.

La nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas es un gran avance, pues establece una base a partir de la figura de declaración especial de ausencia, pero como hemos dicho, es solo un piso mínimo que debe ser desarrollado en la legislación secundaria.

Por ello planteamos la reflexión en torno a los hijos e hijas de quienes han sido objeto de desaparición forzada, por ello los eventos particulares por los que han tenido que atravesar, los colocan una situación en la que difícilmente podrán gozar de una real igualdad, pues además de que en muchos casos el padre o madre era la única fuente de recursos económicos, también tiene que atravesar por el doloroso momento de la angustia, tristeza, soledad y desconsuelo.

En estas condiciones, la permanencia en los estudios se dificulta, colocando en riesgo la continuidad y limitando a futuro las posibilidades del individuo para desarrollarse plenamente su potencial.

Señores y señoras, aún queda mucho por hacer en el tema de la desaparición forzada y no tengo duda que una acción como esta contribuirá a ser una luz más para estas familias. Esos niños y niñas que han sufrido una tremenda violencia y que no podemos permitir dejarlos en el desamparo. Es cuanto, señora presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o., fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, pone a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 33 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa de modificación normativa tiene por objeto incluir dentro de la Ley General de Educación la obligación para las diversas autoridades educativas de desarrollar programas a fin de asegurar, mediante becas y demás apoyos económicos, el ingreso y la permanencia de alumnos que sean hijos de personas desaparecidas. Con esta iniciativa, se busca reforzar nuestro ordenamiento jurídico a fin de atender de manera integral las consecuencias derivadas de la desaparición forzada de personas y, asegurar, a las víctimas y familiares condiciones más igualitarias de vida.

Sobre el derecho humano a la educación

La educación es un derecho de orden fundamental tutelado por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por una amplia variedad de instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Nuestra Constitución dispone, en su artículo 3o. que:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”

[...]”

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en su artículo 13 que:

Artículo 13.

1. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. a 4. ...”

El Protocolo de San Salvador, también dispone que:

Artículo 13

Derecho a la Educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Los estados parte en el presente protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.

3. a 5 ...”

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XII nos estipula:

Artículo XII

Derecho a la Educación

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.”

Es una opinión general que la educación debe estar orientada a promover el pleno desarrollo del individuo y a fomentar en él virtudes como el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la igualdad. De igual modo, como todo derecho fundamental corresponde al Estado un conjunto de obligaciones tendientes a su maximización y tutela efectiva.

El artículo primero, párrafo tercero de nuestra Constitución dispone:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Uno de los componentes que asisten al derecho a la educación es precisamente el de la progresividad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el mismo indicando lo siguiente:

Principio de progresividad. Es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los llamados económicos, sociales y culturales.El principio de progresividad estuvo originalmente vinculado a los –así llamados– derechos económicos, sociales y culturales, porque se estimaba que éstos imponían a los estados, sobre todo, obligaciones positivas de actuación que implicaban el suministro de recursos económicos y que su plena realización estaba condicionada por las circunstancias económicas, políticas y jurídicas de cada país. Así, en los primeros instrumentos internacionales que reconocieron estos derechos, se incluyó el principio de progresividad con la finalidad de hacer patente que esos derechos no constituyen meros “objetivos programáticos”, sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados, como la de garantizar niveles mínimos en el disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como obligaciones de cumplimiento mediato que deben ser acometidas progresivamente en función de las circunstancias específicas de cada país. Ahora bien, esta Primera Sala considera que, a pesar de su génesis histórica, el principio de progresividad en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los económicos, sociales y culturales. En primer lugar, porque el artículo 1o. constitucional no hace distinción alguna al respecto, pues establece, llanamente, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar, porque ésa fue la intención del Constituyente Permanente, como se advierte del proceso legislativo. Pero además, porque la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado, pues para proteger cualquiera de esos derechos no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos, es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad.

A la par del principio de progresividad sobre el cual todos los derechos deben estar orientados, debe de recordarse que en materia de derechos humanos existen tres obligaciones básicas para los estados: 1. Respetar los derechos. 2. Garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, y 3. Adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos. Las obligaciones de respetar los derechos humanos y de garantizar su goce y ejercicio, constituyen el fundamento genérico de la protección de los derechos humanos.

La obligación de respetar los derechos humanos por parte de los estados deriva del propio respeto a la dignidad inherente al ser humano, cuestión ésta que determina que los derechos humanos sean superiores al poder de todo Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su emblemática sentencia recaída al caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (criterio obligatorio para el Estado mexicano conforme a la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) señaló:

“[...] la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos [...].”

Garantizar adecuadamente los derechos humanos no implica únicamente la previsión normativa de un derecho sino la efectiva tutela del mismo, es decir, que en los hechos se garantice el goce y ejercicio de ese derecho. Sin embargo, en algunos casos por diversas circunstancias fácticas un derecho puede ser ejercido en mayor o menor medida. Corresponde al Estado generar el piso mínimo a partir del cual todos los individuos puedan partir de las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos.

En el caso concreto, nos centramos en los hijos e hijas de personas que han sufrido la desaparición forzada. Como es sabido, la desaparición forzada es un hecho que ha golpeado fuertemente a nuestro país dando lugar a miles de huérfanos, mujeres viudas, padres desconsolados, familiares y amigos consternados. A pesar de los dolores del alma con que tienen que enfrentarse familiares y conocidos, además de ello, tienen que enfrentarse en muchos casos a problemas civiles, laborales, administrativos, penales, etcétera, ante el vacío normativo que aún existe.

El problema resulta ser tremendo porque hasta hace poco, la persona desaparecida forzadamente carecía de un estatus jurídico que le permitiera ser considerada como viva o muerta y, por tanto, en lo que hace al ejercicio que de sus derechos podrían hacer sus familiares legítimamente habilitados (verbi gratia pensión alimenticia, indemnizaciones, beneficiarios de ciertos derechos, etcétera), los mismos se encontraban suspendidos al no saberse si la persona estaba viva o muerta.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó una minuta por la que se busca expedir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dicho expediente legislativo, turnado al Ejecutivo federal para su próxima promulgación, es sin lugar a dudas un fundamental instrumento para poder dar justicia, verdad y reparación a las víctimas de desaparición forzada. Una de las valiosas herramientas que prevé la nueva legislación es la Declaración Especial de Ausencia.Mediante ella, se crea el estatus jurídico de persona desaparecida con efectos de orden civil que permiten la garantía de los derechos tanto de la persona desaparecida como los de sus familiares o beneficiarios. El artículo 146 de la nueva legislación aprobada dispone:

Artículo 146.La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:

I. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;

II. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en los términos de la legislación civil aplicable;

III. Proteger el patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;

IV. Fijar la forma y plazos para que los familiares u otras personas legitimadas por la ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;

V. Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la persona desaparecida, continúen gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen;

VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida;

VII. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo;

VIII. Proveer sobre la representación legal de la persona ausente cuando corresponda, y

IX. Establecer las reglas aplicables en caso de que la persona sea localizada con vida para el restablecimiento de sus derechos y cumplimiento de obligaciones.

Como se ve, la existencia de la declaración especial de ausencia es ya un fundamental avance para la tutela de los derechos de una persona que ha sido objeto de desaparición forzada y, para garantizar a su familia la conservación de los beneficios derivados de los mismos.

A la par de la conservación de los derechos, estamos convencidos que el Estado debe realizar, de motu proprio, acciones dirigidas a la mayor protección de los derechos en un plano de igualdad material. Sobre esta idea, quisiera recalcar la reflexión.

La norma jurídica prevé en un plano de abstracción un conjunto de derechos al cual, en teoría, cualquier individuo podría acceder. Sin embargo, las condiciones de orden social, económico, histórico o cultural, en muchos casos condicionan la posibilidad para el ejercicio o no de un determinado derecho.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que:

Igualdad. Límites a este principio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

De lo anterior planteamos la reflexión en torno a los hijos e hijas de quienes han sido objeto de desaparición forzada. Para estos menores, es evidente que, los eventos particulares por los que han tenido que atravesar los colocan en una situación en la que difícilmente podrán gozar de una igualdad material en el ejercicio de su derecho a la educación pues, además de que en muchos casos el padre o madre era la única fuente de recursos económicos, también tienen que atravesar por el doloroso momento de la angustia, tristeza, soledad y desconsuelo que la desaparición de un padre o madre les provoca. En estas condiciones la permanencia en los estudios se dificulta colocando en riesgo la continuidad y, limitando a futuro, las posibilidades del individuo para desarrollar plenamente su potencial.

Es por eso que la educación en los menores de edad es de gran importancia que se garantice. Debe tenerse presente que, incluso, los menores de edad en esta condición carecen de un tutor al no poderse acreditar jurídicamente la ausencia del padre (o madre) por desaparición forzada y, ello, sin duda, incide en sus posibilidades para continuar sus estudios. Corresponde al Estado vigilar y garantizar que su derecho al acceso a la educación no se vea lesionado y, a tal efecto, proponemos una serie de acciones dirigidas a reforzar la continuidad en los estudios de los educandos, ello bajo los principios de igualdad real y de progresividad a los que antes hemos aludido.

Es importante señalar que, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 28 referente a la educación, –y obligatoria para México–, dispone:

1. Los estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención.

3. Los estados parte fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

La desaparición forzada de personas es reconocida tanto a nivel internacional como a nivel interno como una violación del Estado a derechos de orden fundamental por lo que, ante la existencia de la misma, corresponde al ente público disponer las acciones necesarias para reducir, en la medida de lo posible, sus efectos negativos. En razón de ello planteamos que el Estado, en la esfera educativa, garantice la permanencia y continuidad en los estudios de quienes han sido objeto de este crimen. Concretamente, planteamos adicionar una fracción al artículo 33 de la Ley General de Educación el cual prevé las diversas acciones que deberán realizar las autoridades educativas del país para asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación. Cabe precisar que dicho artículo se ubica en el capítulo III de la Ley y que se refiere a la “Equidad en la educación”. La equidad, como sabemos, no se refiere a la igualdad formal sino precisamente a la igualdad material, es decir, a distinguir en aquellos casos en los que deba distinguirse cuando las condiciones reales hacen obligatorio un trato “diverso” que permita asegurar la igualdad material. Habermas precisamente señalaba que “en el contexto concreto, lo igual ha de ser tratado de forma igual y lo desigual de forma desigual”.

Garantizar la educación de los hijos e hijas de personas que han sido objeto del crimen de la desaparición forzada es un piso mínimo que el Estado no puede denegar. Ello es parte del deber fundamental de la reparación integral, es componente de la justicia y de la equidad pero, además, es también componente del bienestar integral de la sociedad en tanto que la educación per se, se dirige a ello. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado:

Educación. Es un derecho fundamental indispensable para la formación de la autonomía personal y el funcionamiento de una sociedad democrática, así como para la realización de otros valores constitucionales.De una lectura funcional del artículo 3o. constitucional es posible concluir, de manera general, que el contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria (básica y media superior) es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática. Pero además, la educación es un factor esencial para garantizar una sociedad justa, pues resulta condición sine qua non para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales; para el funcionamiento de un bien público de gran relevancia como lo es una sociedad democrática de tipo deliberativo, además de un bien indispensable para el desarrollo de una pluralidad de objetivos colectivos (científicos, culturales, sociales, económicos, ecológicos, etcétera) y, por ello, un aspecto indisociable de un estado de bienestar.

En consecuencia y en mérito de todo lo anteriormente expuesto, propongo ante esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto

Único.Se adiciona una fracción XVIII al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

De la I.a la XVII. ...

XVIII. Desarrollarán programas a fin de asegurar en todos los niveles de educación, el ingreso y la permanencia de alumnos que sean hijos de personas desaparecidas mediante becas y demás apoyos económicos.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación - Tesis: 1a./J. 86/2017 (10a.) - Primera Sala - Décima Época

2 Pinto, Mónica. Temas de derechos humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2009.Pág. 47.

3 Ídem.

4 Registro número 180345. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, octubre de 2004, Pág. 99. Tesis: 1a./J. 81/2004. Jurisprudencia, materia(s): Constitucional.

5 Habermas, Jürgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Trotta. Trad., Manuel Jiménez Redondo. 6ª ed. 2010, Madrid. Pág. 499.

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. CCLXXXVI/2016 (10a.), primera sala, Tesis Aislada(Constitucional)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.— Diputados y diputadas: Mario Alberto Mata Quintero,Ana María Boone Godoy, Flor Estela Rentería Medina, María Guadalupe Oyervides Valdez, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Mario Alberto Mata Quintero. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.



LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.

El diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso: Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como la OCDE, en México solo el 17 por ciento de las personas entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios, el uno por ciento cuenta con una maestría o su equivalente y menos del uno por ciento tiene un doctorado. Por lo que no es posible que de acuerdo a la visión de crecimiento económico de este país tengamos el contraste de frenar la preparación de gran nivel académico y científico que nuestro país requiere.

La OCDE ha señalado que la conclusión de estudios de nivel postgrado es determinante para el crecimiento económico de un país, herramienta fundamental para el combate a la pobreza y a la desigualdad.

En México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como Conacyt, creó el Programa Nacional de Postgrados de Calidad, política pública que tiene como finalidad fomentar la calidad del postgrado, así como formular, financiar e incrementar becas para estudiantes de este nivel.

Sin embargo, para ser beneficiario de una beca del Conacyt es necesario cumplir con una serie de requisitos, dedicarse exclusivamente a los estudios, mantener un promedio superior a 80, no reprobar alguna materia y que el postgrado se curse de manera presencial.

En cuanto a los últimos tres requisitos, nos parece que se puede cumplir a cabalidad, no así la exclusividad de estudiar y no contar con la facilidad para trabajar al mismo tiempo. Si bien sabemos que la gente más trabajadora tiene la mayor posibilidad de salir adelante, no es justo limitar sus aspiraciones, si están cumpliendo con cada uno de estos tres requisitos.

Por esta razón, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, la exclusividad de solo estudiar mientras tengas el beneficio de una beca viola el derecho para la realización de estudios de postgrado, y por otra, el derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello es necesario promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos fundamentales de los estudiantes de nivel postgrado que tienen una beca del Conacyt. Esa es la finalidad de la iniciativa que hoy presento ante ustedes.

Es indispensable impulsar y alentar, a través de la educación superior, a mujeres y hombres que están convencidos de avanzar y salir adelante por su propio esfuerzo y voluntad.

En un México donde peligramos con tener jóvenes que no estudian o trabajan, es urgente dar contrapeso con aquellos que tienen la oportunidad y el deseo de estudiar y trabajar, para aportar con su talento a su prosperidad, como a la prosperidad de nuestro país.

A estas personas que ya están cumpliendo con su obligación de mantener un promedio superior al 80, de no reprobar alguna materia y de cursar de manera presencial, debemos impulsarlos. Es nuestro deber ayudar a estos luchadores dinámicos, que son capaces de desempeñarse con alto rendimiento en ambos entornos educativo y laboral.

Esta es la gente de la cual depende el progreso de nuestra nación, y que quede claro que la gente trabajadora, con ganas de seguir preparándose, no debe ser excluida de una beca de posgrado, cosa que avala la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por esa razón propongo ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Compañeras y compañeros diputados, en la recta final de esa legislatura todavía tenemos el tiempo y la oportunidad para otorgar a la ciudadanía los instrumentos necesarios en su beneficio, en este caso la educación para el desarrollo y perfeccionamiento de nuestros profesionistas trabajadores, por lo que pido a ustedes su apoyo a la presente iniciativa y, en su momento, su voto a favor. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Christian Alejandro Carrillo Fregoso, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 24 y 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se reforma el artículo 2 y se adiciona el 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La educación es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un derecho natural, universal, indivisible e irrenunciable.

A través de la educación las personas adquieren conocimientos que les permite tener un bienestar personal, que se ve reflejado en un bienestar social a través del desarrollo de un país.

En México se garantiza, la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, de forma universal y obligatoria.

La educación superior es necesaria para el desarrollo de nuestro país y de conformidad con la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, el tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente, comprende la educación normal, la tecnológica, la universitaria, las carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como los cursos de actualización y especialización.

En México, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se formulan y financian programas de becas, que comprenden apoyos para la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades.

El Conacyt creó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que es una política pública que tiene como finalidad fomentar la calidad del posgrado, es creado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.

Para ser beneficiado con una beca para estudiar un posgrado en México es importante que los programas se encuentren inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Los programas deben ser impartidos de manera presencial convencional y como requisito sine qua non se requiere dedicación exclusiva para estudiar.

Lo mismo sucede con las becas de posgrado en el extranjero, éstas deben realizarse en instituciones extranjeras de alta calidad internacional, preferentemente dentro de las áreas establecidas en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI): Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud y Energía, con el requisito de tener una dedicación exclusiva a estudiar.

Dedicarse exclusivamente a estudiar, limita la oportunidad de laborar e iniciar la práctica de los conocimientos adquiridos en nivel posgrado, además de que, con este requisito, se ponderan dos derechos; el acceso a la educación y el poder ejercer una profesión, ¿acaso el Estado puede prohibirlo?, ¿las instituciones pueden ponderar el ejercicio de derechos y decidir qué derecho restringir?, ¿es constitucional que el Conacyt establezca como requisito la exclusividad de estudiar?

En una población de jóvenes denominados popularmente como “ninis”, que ni estudian ni trabajan, es indispensable apoyar a los jóvenes “sisis”, que sí estudian y sí trabajan, pues siempre será mejor impulsar y alentar a quienes están convencidos de avanzar y salir adelante por su propio esfuerzo y voluntad.

La exclusividad en los estudios para la entrega de un incentivo educativo es una disposición que atenta contra la naturaleza de la ciencia, la tecnología e innovación, que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es determinante para el crecimiento económico de un país, aportando el 25 por ciento del crecimiento interno, lo que representa una herramienta fundamental para el combate de la pobreza y la desigualdad.

De conformidad con la OCDE, en México sólo el 17 por ciento de las personas de 25 a 64 años logran tener estudios universitarios, convirtiéndose en un reto acceder a un nivel posgrado, ya que sólo el 1 por ciento de los mexicanos de ese rango de edad tienen maestría o equivalente, mientras que menos del 1 por ciento tiene un doctorado.

Los países que se encuentran por debajo de México, son: Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica. En contraste con países como Israel, donde los niveles educativos mayores a la universidad son del 50 por ciento; Australia, con un 44 por ciento; Noruega, de 43 por ciento, e Italia, de 18 por ciento.

Es importante señalar que la OCDE destaca la relación que tiene el nivel educativo con el empleo, ya que, a mayor nivel educativo, mayor posibilidad de contar con un trabajo mejor remunerado.

En este sentido el Conacyt tiene un histórico de becas entregables, desde 1971 a la fecha se han entregado más de 46 mil 500 becas, sin embargo, la sociedad ha cambiado, gracias a los avances en las comunicaciones y en la tecnología.

En 2011 se realizó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, reconociendo el principio pro persona, obligando al Estado a aplicar la norma más amplia, con la finalidad de garantizar los derechos humanos fundamentales, para el caso que nos ocupa, el derecho a la educación y el derecho a dedicarse a una profesión lícita.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo XII, establece que “toda persona tiene derecho a la educación y debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidad humana.

Se tiene el derecho de que, mediante la educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia en mejoramiento del nivel y para ser útil a la sociedad.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunicad y el Estado”.

Declaración que México ratifico y como Estado se encuentra obligado a garantizar a sus ciudadanos.

Asimismo, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, establece:

Derecho a la educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.

Pacto que ha sido fundamental para reconocer los derechos que el Estado mexicano ha otorgado, a partir de la firma de estos tratados internacionales. El artículo anterior, no es limitativo de que se aplique para estudios de nivel posgrado.

Por lo que hace al ámbito nacional, el artículo 3o., fracción V, de nuestra Constitución Política federal establece el derecho de acceso a la educación, sin que este derecho sea limitativo y si bien la educación básica y media superior es obligatoria y garantizada, por lo que hace al nivel posgrado el Conacyt promueve becas para que las personas continúen su preparación en nivel posgrado, cubriendo los requisitos que se establecen.

Sin embargo, entre los requisitos que se establecen para otorgar la beca de nivel posgrado, es que el Estado garantice la calidad de la educación, por ello se requiere que se encuentre inscrito y aprobadas en el padrón del Programa Nacional de Posgrado, programas académicos que tienen un nivel de exigencia y que garantizan el bienestar social personal.

Y es importante reconocer que la educación superior está conectada estrechamente con la obtención de determinados objetivos colectivos, tales como el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, el fomento de la cultura y de actividades económicas, entre otras.

La educación superior se vincula más con la materialización de un plan de vida, que encuentra su materialización en el beneficio de sociedad.

Por otra parte, el artículo 5o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos del tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.

Esta iniciativa tiene como objetivo romper las barreras que impiden que las personas, por su situación económica, social o de algún otro tipo que implique una situación de desventaja, pueda acceder a la educación superior; así como promover la educación de nivel posgrado, con la finalidad de apoyar la investigación científica y tecnológica.

Por lo que es necesario modificar la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, normatividad que regula las becas Conacyt, estableciendo en esta normatividad el mayor beneficio, bajo el principio de progresividad.

Asimismo, es importante vincular el derecho al trabajo con el desarrollo de las personas que son beneficiadas con los apoyos de Conacyt, la educación es un derecho humano fundamental, no limitemos ese derecho.

En un mundo contemporáneo, el capital más importante de un país es su conocimiento. El conocimiento, no obstante, depende de la formación de las personas capaces de producirlo. En países como el nuestro, es de vital importancia que los incentivos estén alineados para que cada vez más personas se interesen en realizar estudios de posgrado y se deben remover los obstáculos (como el referido requisito de dedicación exclusiva) para lograr esto. Si se aprovecha bien este potencial, por medio de una educación de calidad, se puede convertir en una verdadera ventaja competitiva.

Por lo anterior es que esta iniciativa, tiene como finalidad beneficiar a todos los estudiantes de nivel posgrado, que reciben un incentivo del Conacyt, pero que por motivo del propio beneficio se encuentran imposibilitados para trabajar, pues de hacerlo, perderían el apoyo de la beca, toda vez que para ello deben dedicarse exclusivamente a estudiar e investigar. Si bien es cierto que en un principio esa obligación buscaba que el estudiante se concentrara totalmente al estudio, también resulta cierto que no está poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, lo que genera una especialización teórica.

En ese sentido, es necesario que se le permita trabajar, para perfeccionar su formación, siempre y cuando continué cumpliendo con el reto de las obligaciones a las que está sujeta la beca.

Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 24 y 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se reforma el artículo 2 y se adiciona el 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Artículo Primero. Se adicionan los artículos 24 y 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 24. El establecimiento y operación de los Fondos Institucionales del Conacyt, se sujetará a las siguientes bases,

I. ... a IV. ...

V....

Las becas que otorgue el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberán garantizar el principio de progresividad, asimismo se debe garantizar el desarrollo de la persona; en actividades vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; formación de recursos humanos especializados; realización de proyectos específicos de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y modernización tecnológica.

Tendrán como objetivo el fomento, la formación y la consolidación de capital humano de alto nivel para aprovechar sus conocimientos en beneficio de los diversos sectores del país.

Artículo 50.El establecimiento y operación de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se sujetará a las siguientes bases:

I. ... a III. ...

IV. ...

...

Las becas tienen como objetivo el fomento, la formación y consolidación del capital humano de alto nivel para aprovechar sus conocimientos en beneficio de los diversos sectores del país.

V. ...

VI. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2 y se adiciona el 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2.

...

I. ... a XXI. ...

XXII. Formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos que beneficien el desarrollo de las personas y de la sociedad mexicana, en sus diversas modalidades, y concederlas directamente, así como integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para postgrado otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes;

XXIII. ... a XXX. ...

Artículo 13. ..

...

I. ... a III. ...

Las condiciones a las que se refieren las fracciones anteriores deberán garantizar lo establecido en el artículo 1o., respecto del principio de no discriminación, 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de abril de dos mil dieciocho.— Diputados y diputada: Christian Alejandro Carrillo Fregoso, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictamen.



LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidenta. Mesa Directiva, con su permiso.

Compañeros, compañeras, miren, en el 2014 fue creado el Código Nacional de Procedimientos Penales con la finalidad de dar un protocolo de actuación en el proceso penal, garantías para la víctima e imputado, así como el protocolo de actuación para los policías al momento de una detención y obviamente del resguardo tanto de la escena del crimen como de la recolección de las pruebas que se llegan a encontrar con ayuda de un perito experto en la ciencia, arte o técnica idónea, sin embargo, no especifica las facultades o alcances de cada uno de ellos.

Para que una prueba sea viable y la acepten dentro de un proceso se requiere que esta tenga licitud, es decir, que los datos y pruebas sean obtenidos y producidos lícitamente para su admisión y desahogo en el proceso, por lo que se debe de seguir el protocolo de actuación para evitar que las pruebas se contaminen o sean violatorias de derechos humanos y así evitar caer en supuestos del artículo 264 de la nulidad de la prueba.

La nulidad de la prueba ha beneficiado a un número infinito de presuntos delincuentes acusados por diversos delitos, incluso con pruebas contundentes en su contra.

Uno de los casos más sonados ha sido aquel tan famoso de la francesa Florence Cassez que, como todos sabemos, a pesar de la existencia de pruebas plenas en su contra logró su libertad debido al montaje y contaminación del lugar de los hechos por parte de las autoridades y una televisora.

Desde secuestradores, líderes del narcotráfico hasta pederastas han sido beneficiados por la falta de preparación de los elementos de seguridad al momento de recabar las pruebas de la escena del delito.

Ante esto, resulta de suma importancia tomar en cuenta las diferencias entre la labor del policía de cualquier rango y la actuación del policía de investigación o encargado de la recolección de los hallazgos, ya que al momento de hacer el resguardo y la recolección de las pruebas por parte del elemento policial que llega primero al lugar de los hechos, no sigue los protocolos de medidas para recabarlas.

Y no las siguen, ¿saben por qué? Porque ni siquiera las conocen. No cuentan con preparación adecuada, preparación que en el mejor de los casos recibieron una sola vez en la academia, pero a la que no le dan continuidad con cursos que fortalezcan esos conocimientos.

¿Cuántas veces hemos escuchado noticias de que presuntos delincuentes quedan en libertad por errores cometidos en este paso del proceso o del debido proceso? Y si eso sucede en las grandes ciudades, imaginemos un poco lo que sucede en los municipios en los que no pasan de una docena de policías, que no tienen capacitación o conocimiento de cómo actuar ante determinadas situaciones.

Hay reclamos de que la impartición de justicia no se convierta en una puerta giratoria para que los delincuentes salgan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido opiniones sobre las violaciones presentadas por los policías y demás autoridades que actúan de manera indebida, desde que inicia el proceso hasta su conclusión, con la finalidad de evitar que se vulneren los derechos de las víctimas. Sin embargo, esto no garantiza que se haga justicia, ya que el probable responsable sale en libertad y la sanción de la que el servidor público es acreedor no resarce la pena del delito en cuestión.

Es increíble que tanto los probables criminales como sus defensores se percaten del desconocimiento y poca preparación de las autoridades, y que las mismas autoridades no hagan absolutamente nada.

Se debe redefinir el concepto de resguardo y recolección de pruebas, distinguiendo las facultades entre policías y policías especializados o de investigación. Y lo más importante: proporcionarles de manera continua una preparación y capacitación constante que les permita tener presente el protocolo de actuación y los límites de sus funciones ante un ilícito y resguardo del lugar de los hechos.

El mínimo detalle puede contaminar y permitir que las pruebas se conviertan en ilícitas o viciadas, siendo las periciales el principal instrumento probatorio cuando se obtienen de manera lícita y se resguardan de forma adecuada.

La responsabilidad de la recolección, embalaje y traslado de los indicios o evidencias es de los policías y peritos, motivo por el cual se les debe dar, especificar y limitar su facultad a cada uno, siguiendo el protocolo que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 227 y los acuerdos que se llevan a cabo en cada estado y municipio.

Al mismo tiempo, se debe contar con el equipamiento necesario por parte de los policías de investigación o policías expertos en recolección de pruebas e indicios, para que puedan seguir con los protocolos antes mencionados, sin alterar su propia naturaleza.

El Ministerio Público, a su vez, debe contar con un espacio e instrumentos adecuados al momento en que reciba la cadena de custodia, por lo que debe ser requisito indispensable que todos los elementos que intervengan en la cadena de custodia y recolección de pruebas, los policías, peritos y ministerios públicos deban por obligación saber todos los lineamientos y requisitos necesarios para llevar a cabo los documentos o formatos desde el lugar de la intervención.

La cadena de custodia y la entrega recepción de los indicios o elementos materiales probatorios es fundamental. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral XIII del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

Exposición de Motivos

En el 2014 fue creado el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de dar un protocolo de actuación en el proceso penal, garantías para la víctima e imputado, así como el protocolo de actuación para los policías al momento de una detención y resguardo, tanto de la escena de un crimen, como la recolección de pruebas que se llegasen a encontrar con ayuda de un perito experto en la ciencia, arte o técnica idónea, sin embargo, no especifica las facultades o alcances de cada uno.

El artículo 263 de la licitud de la prueba, indica que los datos y pruebas deberán ser obtenidos y producidos lícitamente para su admisión y desahogo en el proceso, por lo tanto se debe seguir el protocolo de actuación, para evitar que las pruebas se contaminen o sean violatorias de derechos humanos y así caer en el supuesto del artículo 264 de la nulidad de la prueba, al considerarse como ilícitos los datos o pruebas obtenidas.

La nulidad de la prueba ha beneficiado a un gran número de delincuentes, acusados por diversos delitos, e incluso con pruebas contundentes en su contra; uno de los casos más sonados ha sido el de Florence Cassez, que con la existencia de pruebas plenas en su contra, logró su libertad debido al montaje y contaminación del lugar de los hechos por parte de las autoridades y televisora.

Otro caso tuvo lugar en Reynosa, en el 2015, un sujeto acusado de daños morales e incitación a la prostitución, así como por la violación de un menor de 12 años, al momento de ser detenido portaba un celular con imágenes de abuso sexual contra menores, sin embargo, el juez del caso decidió dejarlo en libertad alegando que no contaba con las pruebas suficientes para imputarle el delito, todo porque las pruebas fueron contaminadas.

Desde secuestradores, líderes del narcotráfico, hasta pederastas, han sido beneficiados con la falta de preparación de los elementos de seguridad al momento de recabar las pruebas de la escena del delito.Por lo que resulta de suma importancia tomar en cuenta las diferencias entre la labor del policía de cualquier rango y la actuación del policía de investigación o encargado de la recolección de los hallazgos, ya que al momento de hacer el resguardo y recolección de pruebas por parte del elemento policial que llega primero al lugar de los hechos, no siguen el protocolo de medidas para recabar las pruebas, y al no tener la preparación necesaria, algunos han tomado el arma que portaba el presunto culpable, y dan oportunidad a que el objeto se convierta en ilícito y lo deje en estado de nulidad para ser tomado en cuenta al momento de imputar responsabilidad sobre el ilícito al presunto culpable.

En los últimos cinco años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado la libertad por indebido proceso a un promedio de setenta personas, esto gracias a situaciones como pruebas ilícitas, falsedad de testimonios, tiempo tardío en poner a disposición del Ministerio Público al presunto culpable o por no dar el derecho a tener un traductor o intérprete, permitiendo que la posible víctima no tenga acceso a la justicia.

Ante esta realidad, lo primero es aceptar que en este tema falta mucho por hacer, pues el nuevo sistema de justicia penal tiene poco tiempo y por ende no se ha logrado dar la formalidad e impacto, así como la información a cada una de las partes que se ven involucradas en el proceso penal; desde los policías y peritos hasta los jueces al momento de tomar a consideración las pruebas por decisiones erróneas e irracionales que dañan a las víctimas, familias e incluso a la misma sociedad que teme por ver de nuevo en las calles a estos criminales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encarga de emitir opiniones sobre las violaciones presentadas por policías y demás autoridades que actúen de manera indebida; desde que inicia el proceso hasta su conclusión, con la finalidad de evitar que se vulneren los derechos de las víctimas, sin embargo esto no garantiza que se haga justicia, ya que el probable responsable sale en libertad y la sanción de la que el servidor público es acreedor no resarce la pena por el delito en cuestión.

Los probables responsables de la comisión de un delito pueden interponer amparos de manera directa o indirecta, por violaciones a los principios, como lo establece el artículo 20 constitucional, apartado B, es su fracción VI, referente al acceso de los registros de investigación, por parte del imputado y su defensor, el cual puede alegar que la prueba ha sido contaminada y en caso de demostrar que así es, esta pierde su valor, eliminándola del proceso, sin importar que sea probatoria y en ocasiones evidente o se haya detenido al imputado en flagrancia.

Ya sea por error o por abuso de autoridad, los criminales y sus defensores siguen percatándose del desconocimiento y poca preparación de las autoridades, por ello se debe de redefinir el concepto de resguardo y recolección, distinguiendo las facultades entre policías y policías especializados o de investigación, así como proporcionarles de manera continua una preparación que les recuerde el protocolo de actuación y los límites de sus funciones, ante un ilícito y resguardo del lugar de los hechos.

Por lo antes mencionado se propone adicionar un segundo párrafo al numeral XIII, del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, quedando de la siguiente manera:

Considerandos

Los delitos de alto impacto son aquellos que atentan contra la vida o integridad de la víctima u ofendido catalogándolos como algún tipo de homicidio (doloso o culposo), secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, a casa habitación o negocio, transeúnte y violación. Delitos en los que en la mayoría existe algún indicio o rastro que pueda llevar a la identificación o a fincar responsabilidad a él o los presuntos responsables.

Se debe capacitar de manera constante al personal policial y asignar facultades tanto a los peritos como a los policías para que cada uno cumpla su función y no se conviertan en una herramienta más de los presuntos culpables, y evitar cumplir con su responsabilidad en el delito que se les imputa.

El mínimo detalle puede contaminar y permitir que las pruebas se conviertan en ilícitas o viciadas, siendo las periciales el principal instrumento probatorio, cuando se obtienen de manera licita y se resguardan de forma adecuada.

La finalidad de la preservación y procesamiento de los indicios es guiar en el razonamiento del juzgador para que este dé su fallo con base en las pruebas ofrecidas, preservando la cadena de custodia y dando un manejo adecuado en el procedimiento científico.

Los policías y peritos deberán hacer la recolección, embalaje y traslado de los indicios o evidencias, motivo por el cual se les debe dar y limitar su facultad a cada uno, siguiendo el protocolo que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 227 y el acuerdo 4/2016 que emitió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para Ciudad de México y demás autoridades, así como los formatos de la cadena de custodia, el informe policial, y el equipo adecuado de cada situación para los peritos, con la finalidad de no contaminar los indicios que se encuentren en el lugar de los hechos.

Al mismo tiempo se debe contar con el equipamiento necesario por parte de los policías de investigación o policías expertos en recolección de pruebas e indicios, para que puedan seguir con los protocolos antes mencionados sin alterar su naturaleza. El Ministerio Público a su vez debe contar con un espacio e instrumentos adecuados al momento de que reciba la cadena de custodia.

A nivel federal existen dos acuerdos referentes a la cadena de custodia y sus lineamientos emitidos por la Procuraduría General de la Republica, el primero es el Acuerdo A/002/10 que establece los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito; el segundo es el Acuerdo A/009/15, establece las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, así como la guía de cadena de custodia, preservación del lugar y demás lineamientos que deben de seguir los policías y peritos o cualquier otro servidor público al momento de entrar al lugar de intervención.

La guía antes mencionada es un requerimiento al entregar la cadena de custodia para dar validez y continuidad a todos los elementos y sean constituidos como pruebas; los policías, peritos y ministerios públicos, deben por obligación saber todos los lineamientos y requisitos necesarios para llevar a cabo los documentos o formatos desde el lugar de intervención, la cadena de custodia y la entrega-recepción de los índicos o elementos materiales probatorios.

En Colombia existe un manual de procedimientos del sistema de cadena custodia, clasificando las responsabilidades de la policía y el grupo designado para la diligencia (peritos), estos últimos tienen la obligación de nombrar al encargado de las fotografías, topografía y la narración descriptiva de los procedimientos y actividades desarrolladas en los diferentes puntos de hallazgo.

La forma de embalaje y las recomendaciones para el manejo de los elementos materia de prueba, clasificando su recolección, embalaje y precauciones, en cualquier tipo de arma, estupefacientes, ropa o cualquier otro tipo de elemento que se encuentre y los contenedores donde serán colocados como son bolsas, cajas, frascos y tubos con el fin de garantizar los principios de la cadena de custodia.

Protocolos existen; sin embargo, es indispensable capacitar constantemente las funciones tanto de los peritos como de los policías, así como en la responsabilidad que tendrán si faltan a algún supuesto del Código Penal Federal, como se establece en el artículo 225, fracción XXXI, “De los delitos cometidos por servidores públicos”, referente a la modificación, alteración o algún otro supuesto relacionado con los indicios, evidencias u objetos en el procedimiento de la cadena de custodia, al que, se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días de unidades de medida y actualización (UMA).

Decreto

Por lo anteriormente fundamentado y expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral XIII del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica:

Único. Se adiciona un segundo párrafo al numeral XIII, del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, para quedar como sigue:

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I.XII. ...

XIII. Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su integridad.

Al mismo tiempo deberá especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que intervenga en la aplicación de la cadena de custodia, por lo menos dos veces por año, a través de programas y cursos permanentes respecto a las disposiciones que menciona del párrafo anterior.

XIV.XX. ...

Notas

1. Código Nacional de Procedimientos Penales.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf

2. “Pederastas y narcos, beneficiarios del debido proceso”. Excélsior. Jorge Fernández Menéndez. 26 de mayo de 2016.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/2016/05/26/1094958

3. Ídem.

4. “Liberan a 70 en 5 años por indebido proceso”. Excélsior. Juan Pablo Reyes. 20 de septiembre del 2015.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/20/1046695

5. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

6. “Reporte sobre Delitos de Alto Impacto”. Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad. Septiembre 2016.

http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/161115mensual-septiembre- digital_VF.pdf

7. “Protocolos de Cadena de Custodia Dos grandes etapas: preservación y procesamiento”. Inacipe. 2013.

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/ ProtocolosdeCadenadeCustodia.pdf

8. Ídem.

9. “Acuerdo 4/2016, por el que se expide el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Preservación del Lugar de los Hechos o del Hallazgo y Cadena de Custodia”. Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 5 de Abril de 2016.

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/art_14/ fraccion_i/otros_documentos/AcuerdosistemasdatospersonalesI.pdf

10. Acuerdo número A/002/10, mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5130194&fecha=03/02/2010

11. Acuerdo A/009/15, por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381699 &fecha=12/02/2015

12. “Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia”. Colombia. Fiscalía General de la Nación.

http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/manualcadena2.pdf

13 Código Penal Federal.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.— Diputado y diputada: Germán Ernesto Ralis Cumplido,Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbricas).»

Presidencia del diputado Edgar Romo García

El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.



ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El presidente diputado Edgar Romo García: Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión rechaza enérgicamente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión rechaza enérgicamente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, respecto al uso o presencia de la Guardia Nacional o cualquier otro cuerpo militar de dicha nación, en la frontera con México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.».

El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el Acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.

La histórica relación entre nuestro país y los Estados Unidos requiere de visiones de Estado, comprensivas y de largo plazo que valoren con objetividad los complejos fenómenos que se manifiestan en ella, por ello hacemos un firme llamado a que la relación bilateral preserve y amplíe los canales diplomáticos que han regido la buena relación entre ambas naciones, considerando estos como principales medios para resolver cualquier controversia de la agenda bilateral.

———————— o ————————

El presidente diputado Edgar Romo García: Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones y facultades, suscriba, a nombre del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio republicano de división y equilibrio de poderes, exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el marco de sus atribuciones y facultades, suscriba, a nombre del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.— Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.

Saludamos cordialmente a las personas que nos visitan el día de hoy procedentes del distrito 9 de Guadalajara, Jalisco y que son invitadas por la diputada Candelaria Ochoa y por la diputada Verónica Bermúdez. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.



SOLICITUD DE LICENCIA

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio del derecho consagrado en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto la fracción XVI, del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del numeral 1 del artículo 12, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento respetuosamente ante usted mi formal solicitud de licencia al ejercicio del cargo de diputada federal en esta LXIII Legislatura.

Lo anterior, a fin de que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del citado reglamento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito se sirva:

Único. Tener por presentada la presente solicitud de licencia a partir de esta fecha, con efectos inmediato y por tiempo indefinido.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.— Diputada Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica).»

El presidente diputado Edgar Romo García: Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo correspondientes.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por la primera circunscripción plurinominal a partir de esta fecha. Llámese al suplente.

El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse.

La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.



INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

El presidente diputado Edgar Romo García: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda. ()

() Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.



CLAUSURA Y CITA

El presidente diputado Edgar Romo García (a las 14:29 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 20 de abril de 2018 a las 11 Horas.

VOLUMEN V

EFEMÉRIDE REMITIDA POR DIPUTADA



DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

«Efeméride con motivo del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte en México, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN

El 23 de agosto del año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución número 67/296, decide proclamar el 6 de abril de cada año, como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, e invita a todos los estados, el sistema de las Naciones Unidas, a través de la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz; las organizaciones internacionales correspondientes; las organizaciones deportivas internacionales, regionales y nacionales; la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado; y todos los demás interesados pertinentes, a que cooperen y observen el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Pazcon el objetivo de crear conciencia al respecto.

El origen de la fecha del 6 de abril, conmemora la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en la ciudad de Atenas, Grecia, en1896.

Así entonces, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se determinó que:

“El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión, que ayude a promover la paz y el desarrollo, facilitando así la consecución de grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica...”

En sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2016, en esta honorable soberanía, se aprobó el decreto por el que se declara a la primera semana de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, enviándose al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, lo que dio como resultado que el 24 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

En consecuencia, nuestro país participa a la vanguardia de las respectivas conmemoraciones, pues en el marco de la segunda Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, también celebramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, marcado por la Organización de las Naciones Unidas para el 6 de abril.

El informe final de la quinta Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte, celebrada en Berlín, Alemania, el 29 y 30 de mayo de 2013, en la que se manifiestan llamamientos a todas las partes interesadas, determina compromisos y recomendaciones para los estados, y señalando en concreto que “El acceso al deporte como derecho fundamental para todos”; “La promoción de la inversión en programas de deporte y educación física”; y “La preservación de la integridad del deporte”; por tanto, las partes interesadas habrán de realizar las adecuaciones necesarias en sus marcos normativos, así como de emprender las acciones pertinentes en sus estructuras de gobierno, además de lo referente al ámbito social y privado.

Desde el 21 de noviembre de 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptó la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, en su vigésima reunión en París, en la que se determina como finalidad la de: “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.”; y en sus 10 artículos determina claramente que: “La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos...”; “La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación...”; “Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales...”; “La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado...”; “Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados...”; “La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte...”; “La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte...”; “Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva en la educación física y el deporte...”; “Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación física y el deporte...”; y “La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte...”.

Así entonces, la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y por tanto, afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida para las personas, con el énfasis en que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; aunado a que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, por ende la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas, y más aún, integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera.

Propiciar las condiciones necesarias para coordinar la articulación de las políticas públicas, e incentivar a la participación de los sectores social y privado con el firme objetivo de reforzar la promoción y fomento de la cultura física y la práctica del deporte en todas sus manifestaciones, para hacer partícipe a la población, y con ello, incentivar también a la implementación de acciones y estrategias focalizadas y específicas que permitan incrementar de manera exponencial la masificación del deporte, así como la cultura física, y en ello implica propiciar consecuencias positivas de acceso a una vida más sana para nuestra población, aunado a la conservación y protección del tejido social y la interacción con nuestro medio ambiente.

Conmemorar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, así como celebrar la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, es marcar como objeto principal la implementación de estrategias claras y periódicas mediante la coordinación institucional en la que se aprovechen de mejor manera los recursos públicos y privados, aunado a incentivar a toda la población para hacerle partícipe activo junto con autoridades y la iniciativa privada a promover y fomentar una vida más digna y sana desde todas las perspectivas, incentivando a la conciencia de nuestra población y para las siguientes generaciones, hagan suyos los beneficios de la cultura de la actividad física y la práctica del deporte.

En ello también implica en consecuencia, la aplicación de la ley, así como fortalecer la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, con el objeto de mejorar los alcances de las estrategias y programas establecidos, así como incrementar el potencial necesario para beneficiar a nuestra población; aunado a propiciar condiciones encaminadas a incentivar y motivar a las autoridades, a la sociedad y a la iniciativa privada para diseñar, implementar y reforzar programas institucionales con la participación ciudadana, dirigidos a acrecentar la cultura física, al deporte y la recreación en sana convivencia, y así fomentar de manera permanente beneficios para la población de nuestro país.

La conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el marco de nuestra segunda Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, propicia la vigencia y la observancia de todos los antecedentes, así como de la profundidad de la importancia y la preponderancia de su significado para establecer un detonante permanente que ponga la cultura física y el deporte al centro como prioridad de las acciones de gobierno, de la academia, de las empresas, de los sindicatos, del sector salud, de la educación, y de la sociedad para hacer conciencia de los beneficios de una vida más sana, de tal manera que año tras año, continuo, permanente y creciente, se fomente la cultura física y el deporte, trascendiendo el tiempo, y heredando para las siguientes generaciones, el mensaje de que la Semana para la Cultura Física y para el Deporte se convierta en una tradición nacional.

Finalmente, fomentar la cultura física a través de actividades deportivas y recreativas para la población, es elevar el nivel de vida social y cultural de las personas; la preservación de la salud física y mental; así como prevención de enfermedades o rehabilitación; es prevenir el delito y combatir la violencia; es promover la erradicación del uso de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo; es aprovechar, proteger y conservar nuestro medio ambiente; refuerza la convivencia y la cohesión social; fomenta una vida saludable; entre otros muchos más beneficios que representa para las personas en lo individual y en la sociedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.— Diputada Jacqueline Nava Mouett (rúbrica).»

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RESUMEN DE LOS TRABAJOS



• Tiempo de duración de la sesión: 1 horas 48 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 282 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 20

• Solicitudes de licencia: 2

• Toma de protesta: 3

• Minutas: 4

• Dictámenes a discusión: 2

• Dictámenes para declaratoria de publicidad: 13

• Iniciativas de las diputadas y diputados: 10

• Acuerdos de los órganos de gobierno: 2

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 16

3 PRI

2 PAN

2 PRD

1 Morena

1 PVEM

4 MC

1 NA

2 PES

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Carrillo Fregoso, Christian Alejandro (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: 582
Cervera García, Rene (Morena)
Desde la curul, para exhortar a las autoridades a que cumplan con su deber en relación con diversos hechos en la delegación Coyoacán, en el marco del proceso electoral: 57
Corzo Olán, Omar (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte: 534
Cruz Hernández, Abel (PES)
Para presentar, en nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del PES, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 568
Guevara Jiménez, Yaret Adriana (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte: 551
Lizárraga Figueroa, Teresa de Jesús (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantía de no revictimización, violencia patrimonial, económica e integridad psicológica: 539
Madrigal Méndez, Liliana Iveth (PRI)
Desde la curul, para exigir justicia para Alba Jiménez, asesinada en Nacajuca, Tabasco, y para todas las víctimas de feminicidios: 56
Mata Quintero, Mario Alberto (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación: 575
Miranda Miranda, Hilda (PRD)
Para presentar, en nombre propio y del diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contrataciones públicas: 548
Ocampo Bedolla, María Eugenia (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 407 del Código Penal Federal: 565
Perea Santos, Ana Guadalupe (PES)
Para fijar la posición de su Grupo Parlamentario respecto al dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil: 80
Pérez Utrera, Adán (MC)
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil: 80
Plascencia Pacheco, Laura Nereida (MC)
Desde la curul, para condenar los hechos de intimidación, acoso y violencia en contra de la periodista Frida Gómez, y solicitar se sometan a la consideración del pleno diversos dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género: 57
Ralis Cumplido, Germán Ernesto (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 586
Ramos Beltrán, Tania Elizabeth (PRD)
Desde la curul, para hacer un exhorto con objeto de que se protejan las áreas naturales y evitar la deforestación de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 56
Tamez Guajardo, Macedonio Salomón (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 556

VOTACIONES

Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

2 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

3 Aguirre Romero, AndrésAusente

4 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

5 Almanza Monroy, FidelFavor

6 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

7 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente

8 Anaya Orozco, AlfredoFavor

9 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaAusente

10 Arellano Núñez, EfraínFavor

11 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

12 Baeza Rojas, José LuisFavor

13 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor

14 Barragán Amador, CarlosFavor

15 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

16 Bañales Arámbula, RamónFavor

17 Bedolla López, PabloFavor

18 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

19 Beltrán Salas, ClaudiaFavor

20 Benítez Tiburcio, MarianaAusente

21 Bojórquez Castillo, Martha JulisaAusente

22 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

23 Borunda Espinoza, BrendaAusente

24 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

25 Burgos Ochoa, ArielFavor

26 Cabrera Ruiz, José HugoAusente

27 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

28 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

29 Cardoso Estévez, José LuisFavor

30 Cardoso Guzmán, Rubí AlejandraFavor

31 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente

32 Castro Ventura, FernandoFavor

33 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

34 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

35 Chan Magaña, RafaelAusente

36 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

37 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoAusente

38 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

39 Córdova Hernández, José del PilarFavor

40 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

41 Corzo Olán, OmarFavor

42 Covarrubias Anaya, Martha LorenaAusente

43 Cruz Campos, VictorinoAusente

44 Dávila Beaz, GriseldaFavor

45 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

46 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

47 Domínguez Domínguez, César AlejandroAusente

48 Elizondo García, PabloFavor

49 Erubiel Lorenzo, Alonso QueAusente

50 Escobar Manjarrez, GermánFavor

51 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

52 Espinoza Meraz, María Idalia del SocorroFavor

53 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente

54 Fernández Márquez, JulietaAusente

55 Gaeta Esparza, Hugo DanielAusente

56 García Ayala, Marco AntonioFavor

57 García Portilla, Ricardo DavidAusente

58 García Salgado, Idania ItzelFavor

59 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente

60 González Salum, Miguel ÁngelFavor

61 Guerra Urbiola, Braulio MarioAusente

62 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

63 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

64 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

65 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

66 Hernández Calderón, ElizabethFavor

67 Hernández Madrid, María GloriaFavor

68 Herrera Saynes, MayraFavor

69 Hernández Tapia, Laura BeatrizFavor

70 Herrera Calixto, EduardoAusente

71 Herrera Márquez, Laura AngélicaFavor

72 Huerta García, MargaritaFavor

73 Huicochea Alanís, ArturoFavor

74 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente

75 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

76 Ibarra Rangel, Miriam DennisAusente

77 Iriarte Mercado, CarlosFavor

78 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueAusente

79 Juárez Colorado, LeopoldoFavor

80 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

81 Kuri Grajales, FidelAusente

82 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

83 Le Baron González, AlexAusente

84 León Chávez, ManuelFavor

85 Leyva García, Leydi FabiolaAusente

86 López Galicia, OliviaFavor

87 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

88 López Priego, Ricardo ErnestoFavor

89 Luna Canales, ArmandoAusente

90 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

91 Majul González, SalomónFavor

92 Mata Quintero, Mario AlbertoFavor

93 Maya Pineda, María IsabelFavor

94 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente

95 Melhem Salinas, EdgardoFavor

96 Méndez Bazán, Virgilio DanielAusente

97 Mercado Ruiz, DavidFavor

98 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

99 Moguel Manzur, Zacil LeonorAusente

100 Mólgora Glover, ArletAusente

101 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

102 Montes Salas, Dulce MaríaFavor

103 Montoya Díaz, Tomás RobertoAusente

104 Mota Hernández, AdolfoFavor

105 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

106 Muñoz Guevara, JosuéAusente

107 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

108 Navarrete Pérez, FernandoFavor

109 Nazario Morales, MatíasFavor

110 Noble Monterrubio, Pedro LuisAusente

111 Nogués Barajas, RodolfoQuorum

112 Ochoa Iñiguez, Claudia JanethFavor

113 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

114 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

115 Ortiz Benítez, JovitaAusente

116 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

117 Osorno Belmont, SusanaAusente

118 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

119 Pacheco Olivares, Modesta YolandaFavor

120 Pérez González, Horalia NoemíFavor

121 Pérez Reyes, PerlaFavor

122 Pichardo Lechuga, José IgnacioAusente

123 Pineda Apodaca, Luis AlonsoAusente

124 Piña Garibay, Miguel ÁngelAusente

125 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor

126 Plata Inzunza, EvelioAusente

127 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor

128 Pulido García, Georgina AdrianaFavor

129 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

130 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

131 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

132 Ramírez Mata, Patricia ElizabethFavor

133 Ramírez Nieto, RicardoFavor

134 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

135 Ramírez Ponce, Miguel AngelAusente

136 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

137 Reyes Guerrero, Norma CeciliaFavor

138 Reyes Tellez, SilvinoFavor

139 Rocha Aguilar, YulmaFavor

140 Rodríguez García, DalilaAusente

141 Rodríguez Garza, Jesús GilbertoFavor

142 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

143 Rojas Ángeles, ÁngelFavor

144 Rojas Luna, Rosa IselaFavor

145 Rojas Orozco, EnriqueFavor

146 Romero Vega, EsdrasFavor

147 Romo García, EdgarFavor

148 Rosas Cuautle, FabiolaAusente

149 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

150 Ruíz Ledesma, Mariana VanessaFavor

151 Sáenz Soto, José LuisFavor

152 Salazar Espinosa, HeidiFavor

153 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

154 Salinas Lozano, CarmenFavor

155 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

156 Sánchez Isidoro, DavidAusente

157 Sánchez Ruíz Esparza, María TeresaAusente

158 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínAusente

159 Sandoval Martínez, María SoledadAusente

160 Santiago Escobar, RosalbaFavor

161 Santillán Oceguera, Francisco JavierAusente

162 Saracho Navarro, FranciscoAusente

163 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente

164 Silva Ramos, AlbertoAusente

165 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

166 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

167 Soto Enríquez, LeobardoFavor

168 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

169 Tamayo Morales, Martha SofíaAusente

170 Terrazas Porras, AdrianaFavor

171 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

172 Toledo Hernández, AgustinaFavor

173 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

174 Valencia García, ÓscarAusente

175 Vallejo Barragán, ManuelAusente

176 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente

177 Vidal Aguilar, LiborioAusente

178 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente

179 Villa Ramírez, TimoteoFavor

180 Villagómez Guerrero, RamónFavor

181 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

182 Velázquez González, José LuisFavor

183 Viveros Córdoba, JoaquinaFavor

184 Yerena Zambrano, RafaelAusente

185 Zapata Lucero, Ana GeorginaAusente

186 Zepahua García, LillianFavor

187 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 126

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 1

Ausentes: 60

Total: 187

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

2 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

3 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

4 Antero Valle, Luis FernandoAusente

5 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

6 Arcos Villalva, Angelina LizethAusente

7 Barraza López, José TeodoroFavor

8 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

9 Bello Otero, CarlosFavor

10 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

11 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente

12 Bolio Pinelo, Kathia MaríaAusente

13 Buendía Rosas, Jesús MarcelinoFavor

14 Cambranis Torres, EnriqueFavor

15 Carballo Cámara, DomitiloFavor

16 Carrillo Fregoso, Christian AlejandroFavor

17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

18 Castañón Herrera, EukidAusente

19 Castro Terrazas, María ElenaFavor

20 Castro Torres, CeliaFavor

21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueAusente

23 Corral Estrada, HerminioFavor

24 Cortés Berumen, José HernánAusente

25 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

26 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

27 Cuevas Corona, ÓscarFavor

28 Culin Jaime, GretelAusente

29 De Anda Mata, Juan LuisFavor

30 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

31 Döring Casar, FedericoFavor

32 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

33 Estrada Torres, ElisaFavor

34 García López, José MáximoAusente

35 García Pérez, MaríaFavor

36 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

37 González Ceceña, ExaltaciónFavor

38 González Martínez, MarisolFavor

39 González Navarro, José AdriánFavor

40 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

41 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

42 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor

43 Huepa Pérez, Miguel ÁngelAusente

44 Iñiguez Mejía, Elías OctavioAusente

45 Iturbe Rosas, AlejandraFavor

46 Jasso Silva, José ArmandoFavor

47 Jiménez Márquez, Martha CristinaAusente

48 León Aguirre, Allan MichelFavor

49 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

50 López Martín, JorgeFavor

51 Mandujano Tinajero, RenéAusente

52 Márquez Zapata, Nelly del CarmenAusente

53 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

54 Martínez Santos, WenceslaoFavor

55 Martínez Sánchez, Luis de LeónAusente

56 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

57 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

58 Milán Lara, Alba MaríaAusente

59 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

60 Nava Mouett, JacquelineAusente

61 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor

62 Padilla Avila, KarinaFavor

63 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

64 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

65 Picazo Olmos, María OliviaFavor

66 Piña Kurczyn, Juan PabloAusente

67 Ramírez Núñez, UlisesFavor

68 Ramírez Ramos, GabrielaAusente

69 Rendón García, César AugustoAusente

70 Rivera Castillejos, Armando AlejandroAusente

71 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierAusente

72 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

73 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

74 Rojas Silva, Jaime MauricioFavor

75 Roldán Pérez, JorgeFavor

76 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

77 Ruiz García, Juan CarlosFavor

78 Salas Díaz, Gerardo FedericoAusente

79 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

80 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

81 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente

82 Sánchez Meza, María LuisaAusente

83 Taboada Cortina, SantiagoAusente

84 Talavera Hernández, María EloísaAusente

85 Tamariz García, XimenaFavor

86 Toledo Soto, NicolásFavor

87 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

88 Trenti Lara, CorinaFavor

89 Triana Tena, JorgeAusente

90 Valenzuela Armas, RafaelFavor

91 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

92 Vargas Bárcena, MarisolFavor

93 Velázquez Valdez, BrendaAusente

94 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor

Favor: 64

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 30

Total: 94

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeAusente

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

5 Aragón Castillo, HortensiaFavor

6 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

7 Arroyo Juárez, José MaríaFavor

8 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelAusente

9 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

10 Beltrán Reyes, María LuisaAusente

11 Bocanegra Ruiz, ElioAusente

12 Bravo Guadarrama, ArturoFavor

13 Camacho Díaz, José CarlosAusente

14 Catalán Padilla, OlgaFavor

15 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

16 Estefan Garfias, José AntonioAusente

17 Figueroa Ovando, Erick ArturoAusente

18 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

19 Flores Ruiz, OracioFavor

20 Flores Sonduk, LluviaFavor

21 García Bravo, María Cristina TeresaAusente

22 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

23 Hernández Soriano, RafaelFavor

24 Jiménez Rumbo, DavidAusente

25 López López, Irma RebecaFavor

26 López Sánchez, SergioAusente

27 Madrigal Sánchez, AraceliAusente

28 Maldonado Venegas, LuisAusente

29 Martínez Neri, FranciscoFavor

30 Miranda Miranda, HildaFavor

31 Octaviano Félix, TomásAusente

32 Ojeda Ojeda, AlbertoFavor

33 Ordoñez Hernández, DanielAusente

34 Parra Álvarez, EvelynFavor

35 Peralta Grappin, HéctorAusente

36 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente

37 Pérez Alvarado, CandelarioAusente

38 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

39 Ramos Beltrán, Tania ElizabethFavor

40 Reyes Álvarez, FelipeFavor

41 Rubio Quiroz, Juan FernandoAusente

42 Saldaña Morán, JulioAusente

43 Santana Alfaro, ArturoFavor

44 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

45 Tello López, JorgeFavor

46 Tinoco Oros, Julio CésarAusente

47 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

48 Villafuerte García, EduardoFavor

49 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 28

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 21

Total: 49

MORENA

1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoAusente

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroAusente

9 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

10 Cancino Barffusón, Sergio RenéFavor

11 Cervera García, RenéFavor

12 Chávez García, MaríaFavor

13 Contreras Julián, MaricelaAusente

14 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

15 Damián González, AraceliFavor

16 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

17 Fuentes Alonso, ModestaFavor

18 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente

19 García Navarro, OtnielFavor

20 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

21 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

22 Hernández Colín, Norma XochitlAusente

23 Hernández Correa, GuadalupeFavor

24 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioAusente

25 Hernández Mirón, CarlosAusente

26 Hurtado Arana, KarenFavor

27 Luna Pérez, Justina del CarmenFavor

28 Martínez Urincho, AlbertoAusente

29 Mayorga Godínez, Luis JorgeAusente

30 Mex Albornoz, Mario DavidFavor

31 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente

32 Molina Arias, Renato JosafatAusente

33 Montiel Reyes, AriadnaAusente

34 Moreno Vega, MagdalenaFavor

35 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroAusente

36 Ramírez Rosete, JorgeAusente

37 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

38 Romero Tenorio, JuanFavor

39 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor

40 Serrano Lora, JesúsFavor

41 Trejo Flores, MarianaFavor

42 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

43 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 28

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 15

Total: 43

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Álvarez Angli, ArturoAusente

2 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

3 Arévalo González, José AntonioAusente

4 Ávila Serna, MaríaFavor

5 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

6 Canales Suárez, PalomaFavor

7 Canavati Tafich, Jesús RicardoAusente

8 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor

9 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

10 Corona Valdés, LorenaFavor

11 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaAusente

12 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente

13 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

14 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

15 García Treviño, DanielaFavor

16 González Evia, EdnaFavor

17 González Torres, SofíaFavor

18 Gordillo Sánchez, Jorge de JesúsFavor

19 Guevara Jiménez, Yaret AdrianaFavor

20 Guillén Rivera, RicardoFavor

21 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

22 Limón García, LiaFavor

23 Machuca Sánchez, MarioAusente

24 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

25 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

26 Rodríguez Torres, SamuelFavor

27 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

28 Santis Espinoza, ÁngelFavor

29 Sarur Torre, AdrianaAusente

30 Sedas Castro, Miguel ÁngelAusente

31 Sesma Suárez, JesúsAusente

32 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

33 Villalpando Barrios, Georgina PaolaFavor

34 Villanueva Huerta, ClaudiaAusente

Favor: 22

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 12

Total: 34

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Bermúdez Torres, VerónicaFavor

3 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

4 Chávez Ocegueda, JuanFavor

5 Corichi García, Claudia SofíaAusente

6 García González, SalvadorFavor

7 Guerra Mota, MoisésFavor

8 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor

9 Hernández Flores, Daniella JudithFavor

10 Martínez García, JonadabAusente

11 Mercado Sánchez, María VictoriaAusente

12 Munguía González, Luis ErnestoAusente

13 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

14 Pérez Utrera, AdánFavor

15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

17 Rocha Ladrón de Guevara, Dalia MaríaFavor

18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

20 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

Favor: 16

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 4

Total: 20

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaAusente

2 García Yáñez, ÁngelFavor

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelFavor

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Palomares Ramírez, Elvia GracielaAusente

8 Pinto Torres, Francisco JavierAusente

9 Reyes Ávila, AngélicaFavor

10 Saldivar Paz, Mirna IsabelAusente

11 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

12 Torres Sandoval, MelissaFavor

13 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 9

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 4

Total: 13

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Cruz Hernández, AbelFavor

2 Escobedo Miramontes, Justo FedericoAusente

3 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

4 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

5 Garzón Canchola, Refugio TrinidadAusente

6 López Ruiz, NancyAusente

7 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

Favor: 4

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 4

Total: 8

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Zazueta Osuna, María del RocíoFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1

DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 Guerrero García, JavierFavor

2 Spinoso Carrera, EdgarAusente

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 2

Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

2 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

3 Aguirre Romero, AndrésAusente

4 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

5 Almanza Monroy, FidelFavor

6 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

7 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente

8 Anaya Orozco, AlfredoFavor

9 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaAusente

10 Arellano Núñez, EfraínFavor

11 Arroyo Bello, Erika LorenaFavor

12 Baeza Rojas, José LuisFavor

13 Balcázar Narro, Rafael ArturoFavor

14 Barragán Amador, CarlosFavor

15 Barrientos Cano, Laura MitziFavor

16 Bañales Arámbula, RamónFavor

17 Bedolla López, PabloFavor

18 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

19 Beltrán Salas, ClaudiaFavor

20 Benítez Tiburcio, MarianaAusente

21 Bojórquez Castillo, Martha JulisaAusente

22 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

23 Borunda Espinoza, BrendaAusente

24 Botello Santibáñez, María BárbaraFavor

25 Burgos Ochoa, ArielFavor

26 Cabrera Ruiz, José HugoAusente

27 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

28 Canales Najjar, Tristán ManuelFavor

29 Cardoso Estévez, José LuisFavor

30 Cardoso Guzmán, Rubí AlejandraFavor

31 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroAusente

32 Castro Ventura, FernandoFavor

33 Cavazos Balderas, Juan ManuelFavor

34 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

35 Chan Magaña, RafaelAusente

36 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

37 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

38 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

39 Córdova Hernández, José del PilarFavor

40 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

41 Corzo Olán, OmarFavor

42 Covarrubias Anaya, Martha LorenaAusente

43 Cruz Campos, VictorinoAusente

44 Dávila Beaz, GriseldaFavor

45 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

46 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

47 Domínguez Domínguez, César AlejandroAusente

48 Elizondo García, PabloFavor

49 Erubiel Lorenzo, Alonso QueAusente

50 Escobar Manjarrez, GermánFavor

51 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

52 Espinoza Meraz, María Idalia del SocorroFavor

53 Estefan Chidiac, Charbel JorgeAusente

54 Fernández Márquez, JulietaAusente

55 Gaeta Esparza, Hugo DanielAusente

56 García Ayala, Marco AntonioFavor

57 García Portilla, Ricardo DavidFavor

58 García Salgado, Idania ItzelFavor

59 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelFavor

60 González Salum, Miguel ÁngelAusente

61 Guerra Urbiola, Braulio MarioAusente

62 Guerrero Esquivel, AraceliFavor

63 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

64 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaAusente

65 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

66 Hernández Calderón, ElizabethFavor

67 Hernández Madrid, María GloriaFavor

68 Herrera Saynes, MayraFavor

69 Hernández Tapia, Laura BeatrizFavor

70 Herrera Calixto, EduardoAusente

71 Herrera Márquez, Laura AngélicaFavor

72 Huerta García, MargaritaAusente

73 Huicochea Alanís, ArturoFavor

74 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente

75 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

76 Ibarra Rangel, Miriam DennisAusente

77 Iriarte Mercado, CarlosFavor

78 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueAusente

79 Juárez Colorado, LeopoldoFavor

80 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

81 Kuri Grajales, FidelAusente

82 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

83 Le Baron González, AlexAusente

84 León Chávez, ManuelFavor

85 Leyva García, Leydi FabiolaAusente

86 López Galicia, OliviaFavor

87 López Gutiérrez, David EpifanioFavor

88 López Priego, Ricardo ErnestoFavor

89 Luna Canales, ArmandoFavor

90 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

91 Majul González, SalomónFavor

92 Mata Quintero, Mario AlbertoFavor

93 Maya Pineda, María IsabelFavor

94 Meléndez Ortega, Juan AntonioAusente

95 Melhem Salinas, EdgardoFavor

96 Méndez Bazán, Virgilio DanielAusente

97 Mercado Ruiz, DavidFavor

98 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlFavor

99 Moguel Manzur, Zacil LeonorAusente

100 Mólgora Glover, ArletAusente

101 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

102 Montes Salas, Dulce MaríaFavor

103 Montoya Díaz, Tomás RobertoAusente

104 Mota Hernández, AdolfoFavor

105 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

106 Muñoz Guevara, JosuéAusente

107 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

108 Navarrete Pérez, FernandoFavor

109 Nazario Morales, MatíasFavor

110 Noble Monterrubio, Pedro LuisAusente

111 Nogués Barajas, RodolfoFavor

112 Ochoa Iñiguez, Claudia JanethFavor

113 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

114 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

115 Ortiz Benítez, JovitaFavor

116 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

117 Osorno Belmont, SusanaAusente

118 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

119 Pacheco Olivares, Modesta YolandaFavor

120 Pérez González, Horalia NoemíFavor

121 Pérez Reyes, PerlaAusente

122 Pichardo Lechuga, José IgnacioFavor

123 Pineda Apodaca, Luis AlonsoAusente

124 Piña Garibay, Miguel ÁngelFavor

125 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor

126 Plata Inzunza, EvelioFavor

127 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsFavor

128 Pulido García, Georgina AdrianaFavor

129 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

130 Quiñones Cornejo, María de la PazFavor

131 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

132 Ramírez Mata, Patricia ElizabethFavor

133 Ramírez Nieto, RicardoFavor

134 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

135 Ramírez Ponce, Miguel AngelAusente

136 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

137 Reyes Guerrero, Norma CeciliaFavor

138 Reyes Tellez, SilvinoFavor

139 Rocha Aguilar, YulmaFavor

140 Rodríguez García, DalilaAusente

141 Rodríguez Garza, Jesús GilbertoFavor

142 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

143 Rojas Ángeles, ÁngelFavor

144 Rojas Luna, Rosa IselaFavor

145 Rojas Orozco, EnriqueFavor

146 Romero Vega, EsdrasFavor

147 Romo García, EdgarFavor

148 Rosas Cuautle, FabiolaFavor

149 Ruíz Chávez, Sara LatifeFavor

150 Ruíz Ledesma, Mariana VanessaFavor

151 Sáenz Soto, José LuisFavor

152 Salazar Espinosa, HeidiFavor

153 Salazar Muciño, Pedro AlbertoAusente

154 Salinas Lozano, CarmenFavor

155 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

156 Sánchez Isidoro, DavidAusente

157 Sánchez Ruíz Esparza, María TeresaAusente

158 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínAusente

159 Sandoval Martínez, María SoledadAusente

160 Santiago Escobar, RosalbaFavor

161 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

162 Saracho Navarro, FranciscoAusente

163 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente

164 Silva Ramos, AlbertoAusente

165 Silva Tejeda, Víctor ManuelAusente

166 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

167 Soto Enríquez, LeobardoFavor

168 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

169 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

170 Terrazas Porras, AdrianaFavor

171 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíFavor

172 Toledo Hernández, AgustinaFavor

173 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

174 Valencia García, ÓscarAusente

175 Vallejo Barragán, ManuelAusente

176 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente

177 Vidal Aguilar, LiborioAusente

178 Viggiano Austria, Alma CarolinaAusente

179 Villa Ramírez, TimoteoFavor

180 Villagómez Guerrero, RamónFavor

181 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

182 Velázquez González, José LuisFavor

183 Viveros Córdoba, JoaquinaFavor

184 Yerena Zambrano, RafaelFavor

185 Zapata Lucero, Ana GeorginaAusente

186 Zepahua García, LillianFavor

187 Zúñiga Mendoza, J. JesúsFavor

Favor: 133

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 54

Total: 187

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

2 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

3 Alfaro García, Lorena del CarmenFavor

4 Antero Valle, Luis FernandoAusente

5 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

6 Arcos Villalva, Angelina LizethAusente

7 Barraza López, José TeodoroFavor

8 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

9 Bello Otero, CarlosFavor

10 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

11 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierAusente

12 Bolio Pinelo, Kathia MaríaAusente

13 Buendía Rosas, Jesús MarcelinoFavor

14 Cambranis Torres, EnriqueFavor

15 Carballo Cámara, DomitiloFavor

16 Carrillo Fregoso, Christian AlejandroFavor

17 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

18 Castañón Herrera, EukidAusente

19 Castro Terrazas, María ElenaFavor

20 Castro Torres, CeliaFavor

21 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

22 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueAusente

23 Corral Estrada, HerminioFavor

24 Cortés Berumen, José HernánAusente

25 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

26 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

27 Cuevas Corona, ÓscarFavor

28 Culin Jaime, GretelAusente

29 De Anda Mata, Juan LuisFavor

30 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

31 Döring Casar, FedericoFavor

32 Elizarraraz Sandoval, AdrianaFavor

33 Estrada Torres, ElisaFavor

34 García López, José MáximoAusente

35 García Pérez, MaríaFavor

36 Gómez Olivier, Sergio EmilioAusente

37 González Ceceña, ExaltaciónFavor

38 González Martínez, MarisolFavor

39 González Navarro, José AdriánFavor

40 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

41 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

42 Herrera Deras, Alfredo MiguelFavor

43 Huepa Pérez, Miguel ÁngelAusente

44 Iñiguez Mejía, Elías OctavioAusente

45 Iturbe Rosas, AlejandraFavor

46 Jasso Silva, José ArmandoFavor

47 Jiménez Márquez, Martha CristinaAusente

48 León Aguirre, Allan MichelFavor

49 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsFavor

50 López Martín, JorgeFavor

51 Mandujano Tinajero, RenéAusente

52 Márquez Zapata, Nelly del CarmenAusente

53 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

54 Martínez Santos, WenceslaoFavor

55 Martínez Sánchez, Luis de LeónAusente

56 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

57 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

58 Milán Lara, Alba MaríaAusente

59 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

60 Nava Mouett, JacquelineAusente

61 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor

62 Padilla Avila, KarinaFavor

63 Palomeque Archila, Carlos AlbertoFavor

64 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

65 Picazo Olmos, María OliviaFavor

66 Piña Kurczyn, Juan PabloAusente

67 Ramírez Núñez, UlisesFavor

68 Ramírez Ramos, GabrielaAusente

69 Rendón García, César AugustoFavor

70 Rivera Castillejos, Armando AlejandroAusente

71 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierAusente

72 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

73 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

74 Rojas Silva, Jaime MauricioFavor

75 Roldán Pérez, JorgeFavor

76 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaFavor

77 Ruiz García, Juan CarlosFavor

78 Salas Díaz, Gerardo FedericoAusente

79 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

80 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

81 Sánchez Juárez, ClaudiaAusente

82 Sánchez Meza, María LuisaAusente

83 Taboada Cortina, SantiagoAusente

84 Talavera Hernández, María EloísaAusente

85 Tamariz García, XimenaFavor

86 Toledo Soto, NicolásFavor

87 Torreblanca Engell, SantiagoAusente

88 Trenti Lara, CorinaFavor

89 Triana Tena, JorgeAusente

90 Valenzuela Armas, RafaelFavor

91 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

92 Vargas Bárcena, MarisolFavor

93 Velázquez Valdez, BrendaAusente

94 Zapata Padilla, Mariía OlimpiaFavor

Favor: 64

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 30

Total: 94

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeAusente

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

5 Aragón Castillo, HortensiaFavor

6 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

7 Arroyo Juárez, José MaríaFavor

8 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelAusente

9 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

10 Beltrán Reyes, María LuisaAusente

11 Bocanegra Ruiz, ElioAusente

12 Bravo Guadarrama, ArturoFavor

13 Camacho Díaz, José CarlosFavor

14 Catalán Padilla, OlgaFavor

15 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

16 Estefan Garfias, José AntonioAusente

17 Figueroa Ovando, Erick ArturoAusente

18 Ferrer Abalos, ÓscarFavor

19 Flores Ruiz, OracioFavor

20 Flores Sonduk, LluviaFavor

21 García Bravo, María Cristina TeresaAusente

22 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

23 Hernández Soriano, RafaelFavor

24 Jiménez Rumbo, DavidAusente

25 López López, Irma RebecaFavor

26 López Sánchez, SergioAusente

27 Madrigal Sánchez, AraceliAusente

28 Maldonado Venegas, LuisAusente

29 Martínez Neri, FranciscoFavor

30 Miranda Miranda, HildaFavor

31 Octaviano Félix, TomásFavor

32 Ojeda Ojeda, AlbertoFavor

33 Ordoñez Hernández, DanielAusente

34 Parra Álvarez, EvelynFavor

35 Peralta Grappin, HéctorAusente

36 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente

37 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

38 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

39 Ramos Beltrán, Tania ElizabethFavor

40 Reyes Álvarez, FelipeFavor

41 Rubio Quiroz, Juan FernandoAusente

42 Saldaña Morán, JulioAusente

43 Santana Alfaro, ArturoFavor

44 Soto González, Cecilia GuadalupeFavor

45 Tello López, JorgeFavor

46 Tinoco Oros, Julio CésarFavor

47 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

48 Villafuerte García, EduardoFavor

49 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 32

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 17

Total: 49

MORENA

1 Abdala Dartigues, RodrigoAusente

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoAusente

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteFavor

8 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroAusente

9 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

10 Cancino Barffusón, Sergio RenéFavor

11 Cervera García, RenéFavor

12 Chávez García, MaríaFavor

13 Contreras Julián, MaricelaAusente

14 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

15 Damián González, AraceliFavor

16 Esquivel Valdés, Laura BeatrizFavor

17 Fuentes Alonso, ModestaFavor

18 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaAusente

19 García Navarro, OtnielFavor

20 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

21 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

22 Hernández Colín, Norma XochitlAusente

23 Hernández Correa, GuadalupeFavor

24 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioAusente

25 Hernández Mirón, CarlosAusente

26 Hurtado Arana, KarenFavor

27 Luna Pérez, Justina del CarmenFavor

28 Martínez Urincho, AlbertoFavor

29 Mayorga Godínez, Luis JorgeFavor

30 Mex Albornoz, Mario DavidFavor

31 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente

32 Molina Arias, Renato JosafatAusente

33 Montiel Reyes, AriadnaAusente

34 Moreno Vega, MagdalenaFavor

35 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor

36 Ramírez Rosete, JorgeFavor

37 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

38 Romero Tenorio, JuanFavor

39 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor

40 Serrano Lora, JesúsFavor

41 Trejo Flores, MarianaFavor

42 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorFavor

43 Villa González, ConcepciónFavor

Favor: 32

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 11

Total: 43

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Álvarez Angli, ArturoAusente

2 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

3 Arévalo González, José AntonioAusente

4 Ávila Serna, MaríaFavor

5 Bernardino Vargas, Omar NoéAusente

6 Canales Suárez, PalomaFavor

7 Canavati Tafich, Jesús RicardoAusente

8 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor

9 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

10 Corona Valdés, LorenaFavor

11 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaAusente

12 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente

13 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

14 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

15 García Treviño, DanielaFavor

16 González Evia, EdnaFavor

17 González Torres, SofíaFavor

18 Gordillo Sánchez, Jorge de JesúsFavor

19 Guevara Jiménez, Yaret AdrianaFavor

20 Guillén Rivera, RicardoFavor

21 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

22 Limón García, LiaFavor

23 Machuca Sánchez, MarioAusente

24 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

25 Mendoza Amezcua, VirgilioFavor

26 Rodríguez Torres, SamuelFavor

27 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

28 Santis Espinoza, ÁngelFavor

29 Sarur Torre, AdrianaAusente

30 Sedas Castro, Miguel ÁngelAusente

31 Sesma Suárez, JesúsAusente

32 Torres Rivas, Francisco AlbertoAusente

33 Villalpando Barrios, Georgina PaolaFavor

34 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

Favor: 23

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 11

Total: 34

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Bermúdez Torres, VerónicaFavor

3 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

4 Chávez Ocegueda, JuanFavor

5 Corichi García, Claudia SofíaFavor

6 García González, SalvadorFavor

7 Guerra Mota, MoisésFavor

8 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor

9 Hernández Flores, Daniella JudithFavor

10 Martínez García, JonadabAusente

11 Mercado Sánchez, María VictoriaAusente

12 Munguía González, Luis ErnestoAusente

13 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

14 Pérez Utrera, AdánFavor

15 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

16 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

17 Rocha Ladrón de Guevara, Dalia MaríaFavor

18 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

19 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

20 Toledo Ibarra, MarbellaFavor

Favor: 17

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 20

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaAusente

2 García Yáñez, ÁngelFavor

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelFavor

5 Méndez Salas, Jesús RafaelFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaFavor

7 Palomares Ramírez, Elvia GracielaFavor

8 Pinto Torres, Francisco JavierAusente

9 Reyes Ávila, AngélicaFavor

10 Saldivar Paz, Mirna IsabelAusente

11 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

12 Torres Sandoval, MelissaFavor

13 Valles Mendoza, Luis AlfredoAusente

Favor: 9

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 4

Total: 13

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Cruz Hernández, AbelFavor

2 Escobedo Miramontes, Justo FedericoAusente

3 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

4 García Soberanes, Cynthia GisselAusente

5 Garzón Canchola, Refugio TrinidadAusente

6 López Ruiz, NancyAusente

7 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

8 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

Favor: 4

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 4

Total: 8

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Zazueta Osuna, María del RocíoFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1

DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 Guerrero García, JavierFavor

2 Spinoso Carrera, EdgarAusente

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 2