INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Oficio de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 13 de febrero de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 13 de febrero de 2018 y que no fueron abordadas. (*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018. Diputado Edgar Romo García (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona un artículo 469 Ter a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 146 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para dictamen.

3. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

4. Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona los artículos 7o., 65 y 68 de la Ley General de Educación y 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

6. Que expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

8. De decreto por el que se emite una moneda conmemorativa en ocasión del 90 aniversario de la Policía Federal, suscrita por la diputada Adriana Sarur Torre e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que en coordinación con la SCT y las cámaras empresariales correspondientes, establezcan protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen, y a la Comisión Especial Contra la Trata de Personas, para opinión.

2. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Sedesol, a Sagarpa, a la SE y a la SHCP, para que establezcan mecanismos que otorguen un incremento del precio que se paga a los productores de leche del país, por parte de la empresa paraestatal Liconsa, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Ganadería, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, relativo al incremento de reclamos en un 354% a los servicios de Bansefi, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

4. Con punto de acuerdo, relativo al caso de la niña Valentina Rubalcava Fosado, con el objeto de exhortar a las autoridades ministeriales y judiciales para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

5. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la STPS, para que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadores contar con mayor tiempo para dedicarlo a la educación de sus hijos, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se discuta y apruebe la Iniciativa que reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que a través de Capufe, realice las acciones conducentes para intensificar los trabajos de reparación del puente El Carrizo de la autopista Durango-Mazatlán, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la PGR, para que se genere de manera inmediata el trámite completo de extradición del ex gobernador de Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que por medio de la SHCP, publique un reporte de las transferencias del ramo general 23 en los ámbitos de salud, educación o saneamiento financiero realizadas en los ejercicios fiscales del 2012 al 2017, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Sener, establezca una estrategia para proveer de gasolinas y combustibles domésticos más baratos a los mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, que exhorta a la CFE, a que establezca como tarifa única por el suministro del servicio de energía eléctrica la tarifa 1F en el estado de Chiapas, con el propósito de que los costos reflejen las condiciones socioeconómicas de la región y se contribuya al desarrollo económico de la entidad y de sus habitantes, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán, a la PGR y demás autoridades competentes, a investigar y esclarecer el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a que incluya como línea de acción específica, la vigilancia a las empresas contratistas y contratantes de estas, sobre el cumplimiento de las normas laborales en el programa de inspección 2018, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Segob, para apoyar inmediatamente a la población afectada por el deslave ocurrido en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Protección Civil, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a diseñar y aplicar una estrategia de reducción de gases de efecto invernadero ligando la apicultura con una reforestación endógena y melífera, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, relativo al deslave en la Colonia Lomas del Rubí en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Protección Civil, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al municipio de Tonalá, Jalisco y a la ASF, en relación con la auditoría 1087 de la ASF, correspondiente a la Cuenta Pública de 2016, sobre el error en el apartado de alcance al referir recursos del estado de Chiapas, distribuidos al citado municipio, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CRE, a fin de incorporar en los estímulos fiscales otorgados para la franja fronteriza en el país, a la región de Los 5 Manantiales, integrada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a realizar una mesa de análisis donde se estudie la prohibición en México de tres líneas de neonicotinoides ya prohibidos en otros países, además de otros pesticidas usados en la agricultura, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, relativo a tomar las medidas necesarias para frenar el ecocidio de los ecosistemas bióticos del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, para que formule el protocolo para llevar a cabo el estudio, análisis y dictamen sobre el estado que guarda la Rotativa de los Constituyentes, y se determine su restauración, así como el proceso para su conservación, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Bansefi, a transparentar todas las operaciones vinculadas directa o indirectamente al diseño, funcionamiento y seguimiento del programa de entrega de tarjetas Fonden en apoyo a la reconstrucción de viviendas afectadas y garantizar la entrega total e inmediata de los recursos prometidos a los damnificados enlistados en el Censo de Viviendas dañadas por los sismos del mes de septiembre de 2017, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a crear e incorporar al Atlas Turístico de México, la Ruta de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense, y se incluya dentro de los programas, promociones y estrategias de fomento al turismo, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Turismo, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas, para detener las acciones de persecución, hostigamiento judicial y detención arbitraria emprendidas contra trabajadores del sector salud en Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que adiciona el artículo 469 Ter a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado José Alberto Couttolenc Buentello y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 469 Ter a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La salud es el bien más preciado de la persona. Vida y salud constituyen un binomio deseablemente indisoluble. Obviamente no puede haber salud sin vida, pero, al contrario, si bien es cierto que puede existir vida sin niveles de salud aceptables, para la casi totalidad de las personas resulta inaceptable la vida sin salud, es decir, no tiene caso la vida en condición de enfermedad y sufrimiento grave o permanente. Resulta imposible a la conciencia humana, entender la existencia sin tener un nivel mínimo de salud que permita el disfrute de los sentidos, las capacidades, las habilidades y la experiencia personal, la convivencia con los semejantes, la familia y seres queridos, así como lo que ofrece el mundo.

En términos sociales, demostrado de sobra se encuentra la importancia que tiene la salud de la generalidad de las personas en el desarrollo y la economía de las naciones, en la que resulta imposible establecer metas de crecimiento y progreso material sin altos niveles de salud pública.

Por ello, la importancia de la salud tiene un efecto concreto a nivel social, familiar y personal que se puede verificar en el porcentaje de gasto que se le destina a su salvaguarda y procuración con relación a otras actividades o ámbitos.

Ciertamente, la salud no puede ser el único, ni permanentemente el más importante tema de las sociedades o las personas; sin embargo, es imprescindible que exista una base y garantía de salud para la mayoría de sus integrantes, así como la capacidad de atención para cualquier contingencia o problema sanitario, a fin de que puedan desplegarse esfuerzos y recursos hacia la consecución de mejores niveles de calidad de vida y de generación de oportunidades y estímulos.

Si bien desde las épocas más remotas de la sociedad han existido políticas sanitarias o de prevención contra riesgos sanitarios que puedan impactar en la salud, pues es sabido que las plagas, enfermedades y epidemias afectan a la sociedad principalmente en el ámbito económico, político y social, lo cierto es que existen áreas de la salud que fueron desarrolladas durante los últimos 50 años del siglo pasado que buscan mejorar la salud afectiva y emocional de las personas, como es el caso de las cirugías plásticas, ya sean estéticas o reconstructivas.

Sin embargo, existe una circunstancia adicional que tiene que ver con la prestación de servicios profesionales que se desarrollan en esta área de la medicina y que es la realización de procedimientos quirúrgicos con el objetivo de mejorar la apariencia estética y que lamentablemente es ejecutada por personas que, si bien cuentan con conocimientos generales de medicina, e incluso con especialidades en cirugía, lo cierto es que esto no los hace especialistas en el área de la cirugía plástica estética y reconstructiva. En otras palabras, estas personas practican intervenciones invasivas sin estar acreditados y capacitados por las instancias competentes para ello. Incluso, ofertan servicios que por no cumplir con la normatividad y las condiciones sanitarias adecuadas provocan daños irreversibles en la salud de las personas.

De esta última situación se han conocido diversos casos a través de los medios de información, los cuales dan cuenta de que personajes públicos han sufrido afectaciones a su salud por someterse a tratamientos y cirugías plásticas con fines estéticos. Como botón de muestra, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva indica que en México se llevan a cabo el doble de intervenciones fuera del marco normativo de las que son realizadas por cirujanos plásticos certificados; asimismo, señala que del total de intervenciones ilegales más de un 60 por ciento de éstas traen problemas inmediatos o a mediano plazo para los pacientes. Tan sólo en el Hospital General de México se tiene conocimiento de que en el año 2013 se registraron en promedio 500 casos anuales de complicaciones por procedimientos estéticos, la mayoría de los cuales son irreversibles.

En ese sentido, la falta de una correcta aplicación de las leyes en la materia ha provocado que proliferen clínicas de cirugías estéticas, operadas por personas que no cuentan con una validación y certificación de estudios por parte de los Colegios o Asociaciones de especialización, como el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem). Derivado de lo anterior, como ya se señaló, ha sido común la difusión de notas en los medios de comunicación de personas, principalmente ligadas al mundo del espectáculo, que se han visto severamente dañadas en su salud y apariencia física al someterse a una cirugía estética.

Como ya se mencionó, en todo el territorio nacional han proliferado establecimientos clandestinos que ofrecen servicios estéticos de dudosa calidad y ponen en riesgo la salud e incluso la vida de las personas, al ocasionarles severos daños. Claro ejemplo de lo anterior es que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) ha referido una serie de datos que reseñan el daño que provoca la mala práctica y la usurpación de ejercicio profesional de la cirugía plástica en la población del territorio nacional, pero sobre todo en las áreas metropolitanas de las urbes más importantes, entre las que destacan: Tijuana, Ensenada, Nuevo Laredo, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida, Cancún, la llamada Riviera Maya y el Valle de México, donde se ubica la Ciudad de México.

Así, en principio las denuncias se generan por una mala práctica médica, sin embargo, al avanzar las indagatorias, se encuentra que un porcentaje importante de las denuncias, que ronda el 65 por ciento, se debe a prácticas realizadas por personas que carecen de preparación profesional en el área de la medicina, o bien, que cuentan con conocimientos en el área, pero no tienen estudios de especialidad en cirugía plástica estética y reconstructiva.

Hasta el año 2014, el universo de personas denunciadas ante diversas autoridades se divide de la siguiente forma:

* El 45 por ciento carece de estudios formales superiores a la educación media.

* El 12 por ciento menciona haber estudiado algún nivel de educación media superior.

* El 15 por ciento menciona haber recibido capacitación en área cosmética; sin embargo, no todos tienen secundaria o preparatoria concluida.

* El 3 por ciento declara tener estudios formales de Técnica en Cosmetología.

* El 12 por ciento de los denunciados declara haber cursado la educación primaria.

Por su parte, del 35 por ciento de los denunciados que demostraron contar con título y cédula profesional a nivel licenciatura se encontró lo siguiente:

* El 8 por ciento practicaba la medicina con documentación que carece de registro en las universidades y en Registro Nacional de Profesiones; por lo que se dictaminó la documentación aportada como falsa.

* El 22 por ciento practicaba la medicina con títulos y cédulas que los amparaban capacitados en otras áreas del conocimiento, excepto como médicos cirujanos, destacando profesiones como dentistas, mecánicos dentales, psicólogos, nutriólogos, ingenieros, arquitectos e ingenieros químicos.

* El 23 por ciento se refiere a médicos cirujanos plásticos, por resultados que no cumplieron con las expectativas del paciente, sin que en todos los casos se pudiera demostrar la mala práctica o técnica.

* El 19 por ciento se refiere a médicos dermatólogos, con características semejantes a los mencionados anteriormente.

* 16 por ciento se refiere a médicos generales que carecían de una capacitan profesional en el área de la cirugía plástica estética.

* 8 por ciento se refiere a médicos diplomados en medicina estética; con resultados que no cumplieron las expectativas del paciente, sin que en todos los casos se demostrara mala práctica médica.

* 4 por ciento corresponde a denuncias contra médicos, por procedimientos realizados por personal empleado por ellos, destacando en este segmento, las denuncias por procedimientos realizados por equipos y máquinas que no demuestran el resultado ofrecido. Aquí se encontraron dos grandes vertientes: la falta de capacitación del personal empleado y la ineficacia de las terapias ofertadas. Independientemente de las causas originales de las demandas presentadas, cerca del 40 por ciento de los demandantes presentaron lesiones cutáneas secundarias a las terapias.

Existen otros datos igualmente importantes: las denuncias por mala práctica médica se incrementaron del año 2000 al 2015 en 37 por ciento, alcanzando en el segundo semestre de 2009, la cifra récord de 9 mil 325 consultas, que se tradujeron en 8 mil 783 demandas. Es importante mencionar que no en todos los casos la Conamed es considerada como receptora o dictaminadora de estas denuncias, por lo cual las estadísticas podrían incrementarse considerablemente.

Adicionalmente, cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que la demanda de métodos de embellecimiento ha aumentado 80 por ciento. Por su parte, la Secretaría de Salud del gobierno federal ha informado que nuestro país ocupa el segundo lugar en número de cirugías estéticas en América Latina, sólo después de Brasil, siendo las más frecuentes la cirugía de nariz, la colocación de implantes mamarios y la liposucción, mientras que las menos frecuentes son los rellenos en pantorrillas o glúteos.

Por último, muchas personas, especialmente mujeres, arriesgan su salud y su vida, sometiéndose a tratamientos estéticos practicados por personas no calificadas, que emplean sustancias peligrosas que van desde sustancias médicas indebidamente prescritas, hasta aceite para bebé o aceite automotriz. El uso de estas sustancias en el cuerpo humano es grave, pues puede provocar reacciones adversas a la salud, tales como: inflamación, alergias e infecciones, hasta llegar a deformidades físicas e incluso la muerte.

Es por todo lo aquí expuesto que quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos imperativo incorporar en el capítulo correspondiente a delitos de la Ley General de Salud la práctica de cirugías ejecutadas por médicos que no cuentan con la certificación necesaria para su ejercicio; y, en consecuencia, ponen en riesgo la integridad y vida de las personas que se someten a estos procedimientos.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 469 Ter a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un artículo 469 Ter a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 469 Ter. Al profesional médico quirúrgico que sin cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas y de salud competentes y que no cuente con la certificación vigente que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia de especialidad y realice intervenciones quirúrgicas, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de cinco a ciento veinticinco días de multa, así como suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.

Esta sanción será independiente de las que establecen para tales efectos las leyes penales en las entidades federativas para la configuración de otros tipos penales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán, en un término máximo de 180 días hábiles a la entrada en vigor del presente decreto, modificar sus leyes penales y de salud en los términos establecidos en el presente decreto.

Tercero. Las secretarías de Educación Pública y de Salud del gobierno de la república deberán firmar los convenios necesarios para el registro de los profesionistas que cuentan con el certificado de especialista otorgado por el Consejo del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas de la materia correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los ocho días del mes de febrero de 2018.— Diputados: José Alberto Couttolenc Buentello, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

«Iniciativa que reforma el artículo 146 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada federal Sofía González Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal constituye una respuesta a las exigencias que durante muchos años, la ciudadanía había venido demandando para procurar e impartir justicia. Esta nueva forma de investigar, perseguir y sancionar las conductas ilícitas, ha sido sin lugar a dudas, una de las reformas más importantes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde su promulgación el 5 de Febrero de 1917, por lo tanto, el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha transformado la forma de llevar a cabo la justicia a los mexicanos. A partir de la Reforma publicada el 18 de junio de 2008, se establecieron las bases de un nuevo sistema en materia de seguridad pública y justicia penal, lo cual implicó cambios normativos, estructurales e ideológicos de gran calado.

Esta nueva visión de Estado, a diferencia de la anterior, busca lo que más interesa tanto a la víctima como al inculpado, la búsqueda de la verdad y el cabal respeto a los derechos humanos, esto bajo el principio rector de la presunción de inocencia. Con este Sistema de Justicia, se lleva a la praxis la premisa básica del derecho penal donde “toda persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario”. Con este cambio de justicia, se crean nuevas formas de solucionar conflictos que sean más justos, efectivos y expeditos, entre ellos los mecanismos alternativos de solución de controversias que serán una vía de mediación y conciliación.

Entre otras finalidades que persigue este sistema de justicia penal, se encuentran el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el  culpable no quede impune, la reparación del daño a la víctima u ofendido y la más importante de todas las nuevas prácticas, que la prisión sea el último recurso en materia punitiva, es decir, que el inculpado pueda enfrentar el proceso penal en libertad.

A la par de este significativo avance en materia de justicia, se suma una emblemática medida legislativa que en fechas recientes, el H. Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar en el seno de ambas Cámaras, esto derivado principalmente de la Iniciativa presentada por el Gobierno de la República. El 17 de Noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, instrumento jurídico de alto valor para combatir este lascivo delito para la sociedad.

Esta innovadora legislación contiene disposiciones de avanzada en materia de derechos humanos, mismas que han sido elaboradas tomando en cuenta la experiencia nacional como la internacional, las previsiones de los diversos tratados internacionales existentes en la materia, las observaciones y recomendaciones vertidas a nuestro país por medio de la vía de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, así como los precedentes obligatorios de la Corte de San José.

Esta nueva Ley tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como para esclarecer los hechos; prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, así como de los delitos vinculados a los mismos; establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las de otros delitos vinculados a los mismos con sus correspondientes sanciones; así como la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Asimismo, esta ley regula una política nacional estructurada que no sólo se limitará a la adopción de una legislación, sino que establecerá claramente diversas acciones, instrumentos, obligaciones, mecanismos, medidas presupuestarias, reglamentarias y administrativas, a cargo de todos los órdenes de gobierno, para el combate a los delitos de desaparición forzada en sus diversas modalidades.

De igual forma, esta marco jurídico se alinea a las previsiones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual permite disponer de un proyecto normativo que aspira a cubrir las lagunas jurídicas existentes con anterioridad a su expedición y maximizar los derechos de las víctimas y sus familiares, así como prevenir, combatir y castigar los delitos contemplados en dicha Ley.

Ante todos estos beneficios y reconociendo la ardua labor que en el seno de todas las comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras se realizaron y atendiendo a no entorpecer el proceso legislativo de esta necesaria legislación, se acordó transitar sin cambios la aprobación de esta medida legislativa, por lo cual, una vez publicada y con su respectiva entrada en vigor, presento a esta Honorable Asamblea esta propuesta de reforma que sin duda abonará en perfeccionar este andamiaje jurídico.

Argumentación

Este nuevo ordenamiento jurídico tiene por objeto establecer la distribución de competencias y coordinación entre los órdenes de gobierno para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para prevenir delitos en la materia y establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones.

En este sentido, la ley define Persona Desparecida como aquella cuyo paradero se desconozca y se presuma que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Por otro lado, se entiende a Persona No Localizada como la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información reportada, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.

Además, este ordenamiento añade la figura de la Declaración Especial de Ausencia por desaparición, que puede ser solicitada por los familiares, otras personas legitimadas por la ley y por el Ministerio Público. Para realizar esta solicitud, se deberán contemplar antes aquellos casos en los cuales se haya declarado la presunción de ausencia o de muerte y se podrá solicitar a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia o reporte de desaparición.

Sobre esto, cabe señalar que el Código Civil Federal  establece ya, a partir del artículo 648, los supuestos de ausencia, que a la letra dice:

“Artículo 648. El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia ordinaria y tuviere apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá como presente para todos los efectos civiles, y sus negocios se podrán tratar con el apoderado hasta donde alcance el poder.”

Por su parte, el artículo 669 especifica que sólo pasados dos años desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia, tal como se establece en la trascripción:

“Artículo 669. Pasados dos años desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia.”

La ausencia despliega efectos que a la postre se equiparan a la muerte del deudor. Una vez declarada, se abre el testamento y los herederos entran en posesión de los bienes, así lo establecen los artículos 679 a 681 del Código Civil Federal, los cuales se transcriben a continuación:

“Artículo 679. Declarada la ausencia, si hubiere testamento público u ológrafo, la persona en cuyo poder se encuentre lo presentará al juez, dentro de quince días, contados desde la última publicación de que habla el artículo 677.

Artículo 680. El juez, de oficio o a instancia de cualquiera que se crea interesado en el testamento ológrafo, abrirá éste en presencia del representante del ausente, con citación de los que promovieron la declaración de ausencia y con las demás solemnidades prescritas para la apertura de esta clase de testamento.

Artículo 681. Los herederos testamentarios, y en su defecto, los que fueren legítimos al tiempo de la desaparición de un ausente, o al tiempo en que se hayan recibido las últimas noticias, si tienen capacidad legal para administrar, serán puestos en la posesión provisional de los bienes, dando fianza que asegure las resultas de la administración. Si estuvieren bajo la patria potestad o tutela, se procederá conforme a derecho.”

La Declaración Especial de Ausencia contraviene este principio pues tiene entre sus efectos el proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyo plazo de amortización se encuentren vigentes, así como los bienes sujetos a hipoteca. Además, busca garantizar que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo, continúen gozando de todos los beneficios aplicables.

Por otro lado, una vez emitida, se deben suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida; además de declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades.

Si bien es entendible el espíritu de la legislación, es importante destacar que, en ningún caso la muerte de un deudor debe producir el efecto de suspender el pago de sus deudas y congelar la causación de intereses; esto se debe a que la ausencia y presunción de muerte no equivalen a la insolvencia, la cual se presenta cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, no iguala al importe de sus deudas, traduciéndose en el incumplimiento del pago de sus obligaciones, y que trae como consecuencia la incapacitación del deudor de seguir administrando sus bienes.

En este último caso se pudiera justificar la suspensión del pago de deudas y la causación de intereses, tal como lo establece el multicitado Código Civil Federal en los artículos siguientes:

“Artículo 2966. La declaración de concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para cualquiera otra administración que por la ley le corresponda, y hace que se venza el plazo de todas sus deudas.

Esa declaración produce también el efecto de que dejen de devengar intereses las deudas del concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, que seguirán devengando los intereses correspondientes, hasta donde alcance el valor de los bienes que los garanticen.

Artículo 2967. Los capitales debidos serán pagados en el orden establecido en este título, y si después de satisfechos quedaren fondos pertenecientes al concurso, se pagarán los réditos correspondientes, en el mismo orden en que se pagaron los capitales, pero reducidos los intereses al tipo legal, a no ser que se hubiere pactado un tipo menor. Sólo que hubiere bienes suficientes para que todos los acreedores queden pagados, se cubrirán los réditos al tipo convenido que sea superior al legal.”

Con el análisis de estos artículos, queda claro que si los activos del ausente son suficientes para cumplir con el pago de sus obligaciones, no se justifica la suspensión de dichos pagos, puesto que esto sería fuente de inseguridad jurídica para los distintos actores involucrados.

En este sentido, resulta oportuno destacar que al suspender temporalmente los créditos o deudas, existe un perjuicio para los acreedores, puesto que los intereses del desaparecido son cuidados por un depositario y luego por un representante nombrado judicialmente, que son los encargados de cumplir con las obligaciones. Esto conforme a los artículos 653 y 654 del Código Civil Federal y sus correlativos en la mayoría de los Códigos Estatales:

“Artículo 653. Se nombrará depositario:

I. Al cónyuge del ausente;

II. A uno de los hijos mayores de edad que resida en el lugar. Si hubiere varios, el juez elegirá al más apto;

III. Al ascendiente más próximo en grado al ausente;

IV. A falta de los anteriores o cuando sea inconveniente que éstos por su notoria mala conducta o por su ineptitud, sean nombrados depositarios, el juez nombrará al heredero presuntivo, y si hubiera varios se observará lo que dispone el artículo 659.

Artículo 654. Si cumplido el término del llamamiento, el citado no compareciere por sí, ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de pariente que pueda representarlo, se procederá al nombramiento de representante.”

En consecuencia, el espíritu de esta iniciativa consiste en dotar de mayor garantía a todas las partes involucradas en actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos, tanto a acreedores como a deudores, así como garantizar la seguridad jurídica que nos establece nuestra Constitución para todos los actos jurídicos y por ende, generar condiciones de certeza en dichos actos. Tenemos que sumar todas las voluntades de los legisladores del Congreso de la Unión, para seguir perfeccionando el andamiaje jurídico en materia de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 146 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Único.Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 146 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 146.La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:

I. a V. ...

VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida en tanto se designa un representante legal de la Persona Desaparecida;

VII.Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, en aquellos casos en que tales obligaciones no puedan ser cumplidas por el representante legal de la Persona Desaparecida;

VIII. y XI. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.— Diputada Sofía González Torres (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sara Latife Ruiz Chávez, diputada federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 4, se adiciona la fracción XII del 71, se reforman los artículos 73, 74 y las fracciones VIII del 75 y IV del 77, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los ecosistemas en México en los últimos años han sufrido cambios que han afectado a casi todos los sectores de nuestro país, un ejemplo son los bosques tropicales del estado de Tabasco, éstos en los años 40 abarcaban aproximadamente la mitad del estado, hoy en día quedan escasamente 10 por ciento de estos bosques. Y en comparación, los pastizales pasaron de ocupar de un 20 del territorio a un 60 por ciento de la superficie.

En el norte y noroeste del país se sufre la destrucción de los suelos, ya que más del 60 por ciento de las tierras se encuentran en un estado acelerado de erosión, el suelo de esta región del país se ha dañado por causa de la excesiva cría de ganado y el riego con aguas que contienen un alto nivel de salinidad, lo cual desencadena en un posible problema de desertificación.

En la zona centro del país el problema al que se enfrentan los estados principalmente es la contaminación del aire, en la Ciudad de México y en el área metropolitana este problema es mucho más grave debido a su geografía ya que esta zona cuenta con ciertas particularidades, las cuales combinadas con los altos niveles de población han tenido como resultado una de las zonas urbanas más contaminadas del mundo. Una de las particularidades es que la Ciudad de México se encuentra en un valle rodeado por montañas, las cuales de manera perjudicial sirven para atrapar los contaminantes producidos por los habitantes del área metropolitana y sus innumerables industrias.

La mala calidad en el aire radica básicamente en la existencia de aproximadamente 30 mil establecimientos industriales y en el uso por parte de la población de alrededor de tres millones de automóviles. Se ha determinado por la Universidad Nacional Autónoma de México que los combustibles utilizados actualmente en México son inadecuados puesto que las gasolinas aún contienen altos niveles de plomo, mientras que el diésel contiene grandes cantidades de azufre.

Los gases contaminantes que son emitidos por los automóviles en la Ciudad de México y el área metropolitana representan aproximadamente el 80 por ciento del total de los contaminantes, lo cual contribuye con un 5 por ciento del total de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de todo el país, es decir, 31 millones de toneladas de carbono (CO2); el resto de los contaminantes provienen en mayor medida de las plantas industriales de esta zona.

La movilidad en esta región del país se caracteriza por ser sumamente problemática, los habitantes sufren día con día el caos vehicular debido a los millones de automóviles que se encuentran transitando y con largas filas para ingresar al sistema de transporte colectivo (Metro o Metrobús).

El crecimiento exponencial y desorganizado de la Ciudad de México no ha permitido que se desarrolle un plan adecuado para sus 8.5 millones de habitantes. Por lo cual el traslado dentro de ella se ha convertido en un constante tema de discusión debido a los inconvenientes y accidentes que surgen en la ciudad.

Una de las alternativas que ha sido apoyada en los últimos años es el fomento al uso de medios de transporte no motorizados –bicicleta, caminar y otras formas de transporte de tracción humana– como medio de traslado en la ciudad, el auge que ha tenido esta actividad responde a las necesidades presentes de casi nueve millones de personas que se encuentran distribuidos en una superficie de mil 495 kilómetros cuadrados, esto sin contar el constante flujo de turistas, de un sistema de transporte que no se encuentre constantemente congestionado.

A partir de 2007 fue impulsada por una asociación civil una política pública para el uso de la bicicleta como una opción de transporte urbano real, eficiente, rápida y económica. Con este fin fue creado el Programa Ecobici, el cual estaba acompañado de la construcción de infraestructura como estacionamientos especiales para las bicicletas y ciclovías, el acceso al Metro con bicicleta determinados días de la semana, el llamado “Ciclotón” y los paseos dominicales.

Algunos aspectos que suelen determinar el ciclismo urbano es el lugar donde se lleve a cabo; en la zona centro-sur de la ciudad, con delegaciones como Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, ya existe infraestructura y cierto reconocimiento en las vialidades. Sin embargo, en otras zonas del oriente de la ciudad, los usuarios de las bicicletas tienen que hacer frente al transporte pesado, ya que no se ha creado una infraestructura especializada para su debida circulación.

En otras entidades de la república, como Jalisco, se han implementado programas que fomentan el uso de la bicicleta y, aún más importante, educan a la población para su adecuado tránsito. De igual manera, promueve un modo de vida más activo y saludable para todas las etapas, niños, jóvenes y adultos.

En Nuevo León, en 2014, el gobierno del estado, con apoyo del Banco Mundial y Banobras, dio inicio el proyecto para la construcción de Ciclo Rutas en el área metropolitana del estado, ya que resultaba necesaria la implementación de diversos modos de transporte que permitieran hacer la movilidad más eficiente.

A pesar de ser identificado como uno de los métodos de transporte más ecológicos, sano y eficiente, el ciclismo urbano se enfrenta todos los días a peligros patentes como son la inseguridad, la contaminación y accidentes vehiculares. Las cuestiones más comunes a las que se tienen que enfrentar los usuarios son la falta de pericia, infraestructura urbana inadecuada, altercados con automovilistas o peatones.

Las muertes y lesiones de los usuarios de la bicicleta son de los temas más impactantes, como se exhibe en las noticias. Los datos de accidentes mortales de ciclistas en la Ciudad de México son: de 2009 a 2014 se registraron, en promedio, 148 cada año, según datos del Conapra (Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes). En contraste, destaca que el número de accidentes mortales en bicicleta es mayor en los estados de Sinaloa, Guanajuato y Aguascalientes, donde los afectados son personas que utilizaron la bicicleta toda su vida.

En la Ciudad de México, las delegaciones donde se registra un mayor número de accidentes son Cuauhtémoc (22 por ciento), Gustavo A. Madero e Iztapalapa (con 14 por ciento cada una). En estas delegaciones los usuarios de bicicletas son distintos respecto a edad y la finalidad del uso de la bicicleta, en delegaciones como la Cuauhtémoc existe el sistema de Ecobici, el cual es utilizado como medio de transporte para distancias relativamente cortas, en cambio en delegaciones como Iztapalapa los usuarios suelen ser personas de mayor edad que han utilizado siempre la bicicleta como medio de transporte pero donde la infraestructura para su seguridad y tránsito es prácticamente nula.

Actualmente, la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México se encuentra impulsando la Estrategia de Movilidad en Bicicleta (EMB), la cual busca promover el uso de la bicicleta como forma de movilidad sustentable. Los principales objetivos de esta estrategia son los siguientes: I) La creación de redes de infraestructura vial ciclista, II) La integración de la bicicleta a la red de transporte público, III) Hacer accesible la bicicleta a la población y, IV) Fomentar la cultura del uso de la bicicleta.

En definitiva la existencia de infraestructura adecuada para los usuarios de medios de transporte no motorizados y el desarrollo de una cultura relacionada a ello, son aspectos esenciales para el crecimiento de esta forma de traslado y por supuesto para la disminución de accidentes.

Por ello, consideramos imperativo que sea considerado en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los términos que hacen referencia a la implementación y promoción de infraestructura, medidas de seguridad y reglamentos que apoyen y promuevan el uso de medios de transporte no motorizados como son la bicicleta, caminar y otros medios de transporte de tracción humana.

El siguiente cuadro comparativo resume la propuesta:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción X del artículo 4, se adicionala fracción XII del artículo 71, se reformanlos artículos 73, 74, las fracciones VIII del 75 y IV del 77, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:

I. a IX. ...

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado como banquetas de calidad, calles con prioridad peatonal y ciclovías.

Artículo 71. Las políticas y programas de movilidad deberán:

I. a XI. ...

XII. Fomentar el uso de la bicicleta así como procurar las condiciones de seguridad vial y ciudadana para el uso de la bicicleta y la construcción de infraestructura que facilite el uso y estacionamiento.

Artículo 73. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales deberán promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público, de la bicicleta, traslado a pie, u otro medio de transporte no motorizado, así como el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de bicicleta u otros medios transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular.

Artículo 74. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo tipo de usos y para la movilidad, es principio de esta Ley y una alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno, por lo que en los procesos de planeación urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de áreas, polígonos y predios baldíos, públicos o privados, dentro de los centros de población, se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad.

Los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de conurbaciones y de zonas metropolitanas definirán la dotación de espacio público en cantidades no menores a lo establecido por las normas oficiales mexicanas aplicables. Privilegiarán la dotación y preservación del espacio para el tránsito de los peatones, para los usuarios de bicicletas y sus estacionamientos, y criterios de conectividad entre vialidades que propicien la movilidad; igualmente, los espacios abiertos para el deporte, los parques y las plazas de manera que cada colonia, barrio y localidad cuente con la dotación igual o mayor a la establecida en las normas mencionadas.

Artículo 75. El uso, aprovechamiento y custodia del espacio público se sujetará a lo siguiente:

I. a VII. ...

VIII. Se promoverá la adecuación de los reglamentos municipales que garanticen comodidad y seguridad en el espacio público, sobre todo para los peatones, usuarios de bicicletas y usuarios de medios de transporte no motorizado con una equidad entre los espacios edificables y los no edificables;

Artículo 77. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales llevarán a cabo acciones coordinadas en materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, con objeto de:

I. a III. ...

IV. Garantizar los derechos de vía para asegurar el diseño y construcción de una red de vialidades primarias y ciclovías, como partes de una retícula, que faciliten la conectividad, la movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Los problemas medio ambientales más acuciantes de México”, Ecoticias América, fecha: 3 de febrero de 2016, fecha de consulta: 21 de agosto de 2017, disponible en:

http://www.ecoticias.com/eco-america/124426/Los-problemas-medio-ambientales- mas-acuciantes-de-Mexico

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 “Problemas ambientales en la Ciudad de México”, Facultad de Ciencias UNAM, fecha: S/F, fecha de consulta: 21 de agosto de 2017, disponible en:

http://www.revistaciencias.unam.mx/en/169-revistas/revista-ciencias-21/ 1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m por cientoC3%A9xico.html

5 “6 problemas ambientales y sociales que colapsarán al DF”, Forbes, fecha: 26 de mayo  de 2015, fecha de consulta: 21 de agosto de 2017, disponible en:

https://www.forbes.com.mx/6-problemas-ambientales-y-sociales-que-colapsaran- al-df/

6 Problemas ambientales en la Ciudad de México, Facultad de Ciencias UNAM.

7 “6 problemas ambientales y sociales que colapsarán al DF”, Forbes.

8 Ibídem.

9 “A rodar: ciclismo urbano en la Ciudad de México”, La Jornada, fecha: 19 de abril de 2016, fecha de consulta: 21 de agosto de 2017, disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/reportaje.info/a-rodar-ciclismo-urbano- en-la-ciudad-de-mexico#13

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 “Manual de ciclismo urbano”, Gobierno de Jalisco, fecha: S/F, fecha de consulta: 21 de agosto de 2017, disponible en:

https://www.jalisco.gob.mx/ciclista/descargar-manual

13 “Nuevo León promueve uso masivo de bicicletas para transporte”, Zócalo, fecha: 11 de octubre de 2017, fecha de consulta: 21 de agosto de 2017, disponible en:

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/nuevo-leon-promueve-uso-masivo-de- bicicletas-para-transporte-1413036101

14 “A rodar: ciclismo urbano en la Ciudad de México”, La Jornada.

15 Ibídem.

16 Ibídem.

17 Movilidad en bicicleta, Secretaría del Medio Ambiente CDMX, fecha: S/F, fecha de consulta: 21 de agosto de 2017, disponible en:

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/index.php/movilidad-sustentable/ movilidad-en-bicicleta

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 13 de febrero de  2018.— Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El maltrato infantil es un problema mundial que acarrea graves consecuencias, las cuales pueden persistir durante toda la vida. El maltrato infantil es complejo y las estimaciones actuales sobre su incidencia son muy variables, dependiendo del país y del método de investigación utilizado.

No obstante, estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos en el mundo manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención.

Con base en dichos estudios, se sabe que la población infantil que ha experimentado hechos de violencia tiene una serie de reacciones que afectan su salud física y emocional; los daños a corto y largo plazo pueden ser físicos, psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, lo cual genera un impacto en distintas esferas de la vida del infante. Las secuelas derivadas de la exposición a la violencia son graves y, lamentablemente, sólo una pequeña proporción de estos actos contra las niñas, niños y adolescentes son denunciados e investigados, además de que son realmente pocos los responsables que llegan a ser procesados.

En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales por parte de los combatientes, fuerzas de seguridad, miembros de su comunidad e incluso trabajadores de la asistencia humanitaria.

En México el problema del maltrato infantil no es nuevo, ya que históricamente este fenómeno ha estado vinculado al grado de pobreza que se vive en el país, sin embargo, con el aumento en los índices de delincuencia que hemos padecido desde hace décadas, la violencia en los niños también ha crecido desmesuradamente.

En abril de 2017, con motivo del Día del Niño, el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED-2014), que midió los factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia en la población de 12 a 29 años en 47 ciudades del país.

Dicha medición permite describir y cuantificar las experiencias de victimización personal (delitos o maltratos) que afectan de manera directa a los niños y niñas de 12 a 17 años residentes en las ciudades consideradas por la encuesta.

La Ecopred captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes. Se identificó que 47.8 por ciento de los menores (2,0321,216) fueron víctimas de al menos un delito o acto de maltrato en 2014. En 49.9 por ciento de los casos se trató de un niño y en 50.1 por ciento de una niña. El total de delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años estimados por la encuesta supera los 10 millones (10,220,265), lo cual representa un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o adolescente victimizado y 2.4 en promedio respecto del total de niñas, niños y adolescentes residentes de las ciudades objeto de la muestra.

El estudio descrito detalla el tipo de delito o maltrato infantil: la prevalencia más alta se registró en acoso por los atributos, pues 24,459 de cada 100,000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras sobre su persona, así como exclusión con base en sus gustos, físico o ropa. Le sigue la tasa de robo sin violencia, la cual ascendió a 23,659 personas victimizadas por cada 100,000 individuos del grupo poblacional considerado. El acoso a través de las pertenencias, como dañar o esconder intencionalmente objetos personales, herramientas de trabajo, etcétera, con la intención de molestar, registró una tasa de 17,385 víctimas. De cada 100,000 niñas, niños y adolescentes, 9,980 fueron violentados por maltrato físico; 6,015 por amenazas; 5,679 sufrió al menos un evento de robo con violencia; 5,089 de cada 100,000 niñas, niños y adolescentes fue víctima de tocamientos ofensivos. Otros delitos o actos de maltrato como la difamación por medios electrónicos (2,403 víctimas por cada 100,000 menores) y la extorsión (2,067 por cada 100, 000) son delitos o actos de maltrato de menor incidencia.

Aunque debemos señalar que el Inegi no ha repetido este ejercicio estadístico, el precedente establecido por la encuesta de 2014 es catastrófico, por decir lo menos, pues no es desconocido que la huella dejada por la violencia experimentada a una edad tan corta determina la actitud que como adulto tendrá un niño que ha padecido maltrato.

Al respecto, el estudio denominado Inspire ha catalogado la forma de maltrato de un niño de acuerdo a su edad y cómo dicho agravio permanece en la edad adulta. El cuadro siguiente es revelador de las consecuencias de este fenómeno:

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data: Inspire: seven strategies for ending violence against children. Development.

No obstante, la violencia infantil no es exclusiva de un país o una región, es un problema mundial con graves consecuencias que, como se observa arriba, prevalecen a lo largo de la vida. Sin embargo, en varios países de ingresos bajos y medianos, faltan datos acerca de la situación actual de este fenómeno. Por ejemplo, se calcula que cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años, cifra que subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas.

En cuanto a la salud, el maltrato infantil no sólo causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano, en casos extremos puede alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, como ya lo hemos señalado, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: actos de violencia (como víctimas o perpetradores), depresión, obesidad embarazos no deseados, comportamientos sexuales de alto riesgo, así como consumo indebido consumo de tabaco, alcohol y drogas.

En consecuencia, la violencia infantil genera un impacto económico que abarca los costos de la hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y los costos sanitarios a largo plazo.

A nivel social, existen algunas características de las comunidades que determinan el riesgo de maltrato infantil, entre ellas:

• Las desigualdades sociales y de género;

• La falta de vivienda adecuada o de servicios;

• Niveles elevados de desempleo o pobreza;

• Fácil disponibilidad del alcohol y las drogas;

• Insuficientes medidas para de prevenir la pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles;

• Castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada género; entre otras.

Sabemos que la violencia en general no conoce de género, edad o nivel socioeconómico, pero a la violencia infantil, en particular, es necesario darle la relevancia que tiene y buscar, como sociedad en conjunto, soluciones que permitan no sólo en el corto y mediano plazo, la reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias que produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en el largo plazo, eliminarla como forma de relación social entre los ciudadanos.

En México, sin duda, hemos avanzado al reconocer en nuestra Carta Magna que el Estado velará por el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de los menores. De igual manera, un avance significativo fue la publicación en diciembre de 2014 de la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicha Ley representa un avance legislativo significativo en la materia y sienta las bases para consolidar un Sistema Nacional para la Protección delos Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de mecanismos específicos.

Entre las innovaciones de la Ley General hay que destacar las siguientes:

• Contempla disposiciones aplicables para todo el país.

• Obligatoriedad directa para todas las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal.

• Reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos (enfoque garantista de derechos).

De igual manera, es significativo el esfuerzo de coordinación que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) han realizado para enfrentar el problema de la violencia en las escuelas mediante la concurrencia de autoridades, docentes, alumnos, padres de familia y sociedad en general, con el fin de atender en forma integral y oportuna los factores sociales, familiares y emocionales que puedan afectar las conductas de los alumnos.

Con ese fin, ambas instancias gubernamentales implementaron en febrero de 2017 el Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Dicho Plan contempla una estrategia de prevención social en tres ámbitos: primero, dirigido a toda la comunidad escolar con enfoque de convivencia; segundo, detección de grupos de riesgo; y tercero, atención de quienes ejercen la violencia y las víctimas directas e indirectas, mediante las siguientes ocho líneas de acción:

1. Fortalecer el Programa Nacional de Convivencia Escolar y Construye–T,

2. Evitar el ingreso de armas a los planteles,

3. Construir redes interinstitucionales para la canalización de conductas de riesgo,

4. Vinculación al servicio telefónico de emergencia 911,

5. Coordinación con sistemas educativos y de seguridad pública locales,

6. Fomentar el manejo adecuado de las redes sociales,

7. Campaña que evite la apología de la violencia y el delito, y

8. Fomentar acciones de proximidad social en las comunidades.

En nuestro país se han registrado hechos de violencia infantil y juvenil que han consternado a la sociedad. Uno de ellos tuvo lugar en febrero de 2017, cuando un alumno de 15 años de edad del “Colegio Americano del Noreste”, en Monterrey, Nuevo León, abrió fuego contra tres de sus compañeros y contra una profesora, antes de dispararse a sí mismo. Otro caso, igualmente, preocupante fue el ocurrido en junio del mismo año, cuando sucedió un enfrentamiento en el que alumnos del Colegio Irlandés propinaron una golpiza a un grupo de ocho estudiantes del Colegio Cumbres quienes se encontraban en su fiesta de graduación y que ameritó la hospitalización de varios de ellos. Estos casos de violencia entre menores de edad no son los únicos, pero sí reflejan la magnitud a la cual ha llegado el grave problema del que hablamos.

Por lo anterior, en el Partido Verde consideramos que para seguir avanzando en el objetivo de velar por “el interés superior de la niñez” se debe incluir en los planes de estudio una materia cuyo propósito específico sea combatir todo tipo de violencia; una materia que promueva e inculque conocimientos, capacidades, actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural. Nuestra propuesta es que dicha asignatura acompañe la formación de nuestros niños y jóvenes desde preescolar hasta secundaria, incluida la educación para adultos, para que los mexicanos aprendamos a resolver conflictos de manera pacífica y así poder crear condiciones que conduzcan a la armonía, tanto a escala interpersonal, como intergrupal y social.

Es decir, se trata de fortalecer la capacidad de socialización del individuo, la cual supone capacidad de relacionarse con los demás en un clima de respeto y tolerancia, de conceptualizar a la escuela como el agente de socialización que siempre ha sido. Dicha socialización significa una adaptación a las instituciones, pues introduce al individuo en el grupo social y le convierte en un miembro del colectivo, en tanto que su conducta no violenta el proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, proceso por el que se interiorizan las pautas, costumbres y valores compartidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad.

Estamos convencidos de que la prevención de la violencia infantil y sus consecuencias en la persona adulta requieren un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que incluyen a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

Nuestra propuesta se enmarca entre los objetivos del Nuevo Modelo Educativo, implementado por la actual administración, cuando señala que “la educación debe buscar la formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultiva la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la motivación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como continuar con su formación académica y profesional”.

En coincidencia, el subsecretario de Educación Básica, Alberto Curi Naime, ha señalado que “la educación y la ética son el mejor escudo contra la violencia que se puede brindar a los niños de México, a fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse sin limitación alguna, y participar a lo largo de toda su vida en la consolidación de una sociedad más libre, pacífica y por supuesto democrática”.

El Partido Verde Ecologista de México ratifica su compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, con una mirada integral de lo humano, ya que desde la infancia se inculca el respeto y la tolerancia, fomentando a su vez una cultura de respeto para así evitar todo tipo de violencia, incluyendo la violencia interfamiliar.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación

Único. Se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a V. (...)

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos.

Para cumplir con los fines que señala el párrafo anterior, la autoridad educativa federal establecerá en el programa educativo de cada ciclo escolar una materia específica que inculque a los niños, jóvenes y adultos valores éticos y sociales que permitan prevenir la violencia y erradicar cualquiera de sus manifestaciones.

La Secretaría de Educación Pública elaborará y llevará a cabo anualmente, en coordinación con las autoridades competentes, programas o campañas permanentes de difusión a nivel nacional, que vayan acompañadas de acciones concretas que promuevan el valor de la justicia, el respeto a la Ley, propicien la cultura de la inclusión, de la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones;

VII. a XVI. (...)

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37381.html

2 UNICEF 2006; 2007; 2010, UNICEF/Derechos Infancia México AC, 2010

3 La cobertura geográfica de la Encuesta corresponde al planteamiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, implementado por el Gobierno Federal. Se aplicó en 47 ciudades de interés, de las cuales siete son zonas metropolitanas. Para información más detallada consultar:

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/

4 Organización Mundial de la Salud, 2016.

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192963/PLAN_ DE_ACCION_Segob-SEP_para_firma_VF_1470_.pdf

6 http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2349/1/tps647.pdf

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_ para_la_Educacio_n_Obligatoria.pdf

8 Al participar en la ronda de audiencias públicas “El derecho a una escuela libre de violencia”, en el Senado de la República.

http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/etica-y-educacion-escudo-para-ninos- contra-violencia-sep-228

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los 13 días del mes de febrero de 2018.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7o., 65 y 68 de la Ley General de Educación y 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de educación y la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Partido Verde ha sido insistente y enfático en que la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo globalizado en el que hoy nos desarrollamos.

Es por ello que, desde que tuvo origen la reforma educativa, venimos impulsando diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal, tanto con los planteamientos del nuevo modelo educativo como con las exigencias actuales de nuestro país.

Coincidimos en que cada uno de los ejes que componen dicha reforma estructural es indispensable para salir del histórico rezago en el rubro educativo que imperaba en México; hoy, en la recta final de la actual administración, nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados, podemos estar seguros de que a diferencia de sexenios pasados el número de niños y jóvenes que acceden a una educación de calidad va en evidente ascenso.

No obstante lo anterior, los retos son todavía muchos y es importante seguir realizando esfuerzos que se conviertan en acciones afirmativas en favor de la calidad educativa. Lograr una educación con calidad, garantizar infraestructura digna y contenidos vanguardistas, son algunos de los elementos indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza de todos los mexicanos.

El modelo educativo para la educación obligatoria, “Educar para la libertad y la creatividad”, es conformado por cinco grandes ejes articuladores del sistema para obtener el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes: 1) El planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del sistema educativo; 3) Formación y desarrollo profesional docente; 4) Inclusión y equidad; y 5) La gobernanza del sistema educativo.

Actualmente se han definido los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación coordinada de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo, entre ellos: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sindicato magisterial, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo.

Consideramos indispensable centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia. Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades.

No solo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes aporta grandes beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo.

La participación de los padres en la educación de los hijos resulta por demás necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos.

Los expertos en educación insisten en que padres y docentes deben ir de la mano para que los hijos no se sientan desorientados y no perciban que en casa se hacen las cosas de una manera y en la escuela de otra. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y se pretende que hagan suya esta responsabilidad, teniendo claro que la escuela es complementaria en esta labor.

Un estudio publicado en 2009 en la Revista Electrónica de Investigación Educativa, realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de educación, refiere los siguientes hallazgos respecto a la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos:

• En Estados Unidos, Balli, Wedman y Demo reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.

Robusteciendo lo anterior, la publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Pisa in Focus 2011. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito en los centros educativos?” refiere que “todos los padres pueden ayudar a sus hijos a desplegar todo su potencial dedicando tiempo a hablar y a leer con ellos, sobre todo, y especialmente, cuando son muy pequeños. Los profesores, las escuelas y los sistemas educativos deben estudiar cómo pueden ayudar a los padres, que están muy ocupados, a desempeñar un papel más activo en la educación de sus hijos, tanto dentro como fuera de la escuela”.

Asimismo, señala que “en su mayoría los padres saben instintivamente, que dedicar más tiempo a sus hijos e implicarse de manera activa en su educación les proporcionara? una gran ventaja en la vida. Pero, como muchos padres tienen que hacer malabarismos a la hora de hacer compatible las demandas del trabajo con las del hogar, parece que nunca hay suficiente tiempo”.

A pesar de ello, en los resultados de la prueba PISA quedó demostrado que “muchas actividades entre padres e hijos están asociadas a un mayor rendimiento”, en esta prueba no sólo se recogieron datos de los estudiantes y los directores de los centros escolares, sino que también se formularon preguntas a los padres de los estudiantes. Algunas de estas preguntas estaban centradas en el tipo de actividad que hacían los padres con sus hijos cuando estos cursaban su primer año de educación primaria.

En general, los resultados de PISA muestran también una fuerte asociación entre algunas de las actividades realizadas entre padres e hijos; por ejemplo, los estudiantes cuyos padres hablan sobre temas políticos o sociales con ellos, ya sea semanal o diariamente, tienen 28 puntos de ventaja, como promedio, sobre aquellos cuyos padres hablan de estos temas con menos frecuencia, o bien, nunca lo hacen. La ventaja en cuanto al rendimiento es mayor en Italia (42 puntos) y menor en la economía asociada Macao-China (14 puntos). Cuando se tienen en cuenta los antecedentes socioeconómicos, la ventaja en cuanto a la puntuación desciende, pero sigue siendo importante (16 puntos) y se observa en todos los países y economías participantes.

Pese a las evidencias de los beneficios obtenidos con el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos, en nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP, 2012) realizada por la Secretaría de Gobernación, la participación de los padres de familia es limitada, ya que el 78 por ciento de los encuestados afirmó no ser miembro de la asociación de padres de familia, del mismo modo, el 74.6 por ciento afirmó que no asiste a las reuniones de dichas asociaciones.

Lo anterior se suma a lo mostrado por el Reporte General de Resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA, 2014), elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual exalta que los padres de familia son convocados, en primer lugar, para actividades informativas; en segundo, para realizar aportaciones monetarias, materiales o de trabajo; y, en tercer lugar, para la organización de eventos sociales y culturales.

Se evidencia también que sólo el 77 por ciento de las primarias convocan a los padres de familia para que participen en algún proyecto escolar; un 75 por ciento de éstas lo hace para la elaboración de normas escolares y sólo el 65 por ciento convocan a los padres para que asistan a observar la impartición de una clase.

La participación activa de los padres de familia fomenta las asociaciones entre individuos, puesto que se ven comprometidos a convivir y a interactuar con todos los actores involucrados en la educación de sus hijos, propiciando diversos niveles de confianza y tolerancia, creando de esa forma, nuevos vínculos profundos y duraderos, consolidando la solidaridad e inculcando la participación activa a sus hijos. Pero además de propiciar confianza interpersonal e intergrupal, que los padres de familia puedan ser partícipes en la toma de decisiones escolares, genera una relación con la institución educativa, creando confianza institucional al introducir la transparencia y rendición de cuentas como un asunto del cual deben estar al pendiente los padres de familia.

Tan importante es la participación activa de los padres de familia en la educación, que la Ley General de Educación reconoce en su artículo 2o., que  la  educación  es un medio fundamental  para  adquirir, transmitir  y  acrecentar  la  cultura;  un  proceso permanente  que contribuye  al  desarrollo  del  individuo  y  a  la  transformación  de  la sociedad,  y  que es factor determinante para la adquisición de conocimientos, así como para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. Asimismo, afirma que en el Sistema Educativo Nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes; lo anterior, con la finalidad de fortalecer actitudes solidarias, fomentando valores y principios.

A pesar del interés que pudieran tener los padres de familia en involucrarse más en la educación de sus hijos, no todos ellos, generalmente por cuestión de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares. Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación es la ausencia de facilidades en sus centros de trabajo para poder ausentarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo.

Ante dicha situación, el Partido Verde Ecologista de México ha hecho un respetuoso llamado a la autoridad laboral de nuestro país para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute acciones que faciliten la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, diseñando mecanismos que permitan ajustar tanto sus actividades laborales como personales, en beneficio de los menores.

Ello, en concordancia con lo manifestado por el ex Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que en relación con el ausentismo escolar refirió: “Es importante que entendamos que la tarea educativa es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo del gobierno, de las autoridades educativas, de los maestros, pero también de los padres de familia”.

En este sentido, consideramos necesario establecer en la ley que la participación activa de los padres de familia sea una práctica recurrente y efectiva, mediante la posibilidad de involucrarse y colaborar en el proyecto escolar, en la elaboración de normas escolares, así como apoyar la gestión escolar; no sólo para actividades informativas o para la organización de eventos sociales y culturales, ni mucho menos que su participación principal sea la de aportar dinero o materiales, sino que a través de la presente iniciativa se fijen precedentes que permitan la consolidación de una reforma legal cuyo objeto sea el establecimiento de mecanismos para garantizar la participación activa de los padres de familia en la formación educativa de sus hijos.

Para lograr lo anterior, consideramos necesario proponer una serie de reformas, tanto a la Ley General de Educación como a la Ley Federal del Trabajo, para que los padres de familia puedan participar activamente en la formación escolar de sus hijos, sin que ello interfiera con el cumplimiento de su jornada laboral y termine afectando su economía.

En mérito de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero.Se adiciona una fracción XVII al artículo 7; se reforman la fracción III del artículo 65 y el artículo 68, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XVI. [...]

XVII. Fomentar la participación activa de los padres de familia como una acción educativa que promueva la corresponsabilidad en el proceso educativo.

Artículo 65.Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. a II. [...]

III. Colaborar en las decisiones que tomen las autoridades escolares en las actividades académicas y en la elaboración de normas escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos;

IV. a XII. [...]

Artículo 68. Las autoridades educativas promoverán y fortalecerán, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad y de los padres de familia en los Consejos de Participación Social, tanto en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos.

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción XI al artículo 132, recorriéndose las demás en el orden subsecuente, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a X. [...]

XI. Conceder a los trabajadores permiso para que los padres de familia asistan de forma periódica a las reuniones convocadas por las autoridades de la escuela de sus hijos, sin que esto afecte su salario, siempre que acrediten su puntual asistencia a dichas actividades escolares.

XII. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse;

[...]

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, Valdés Cuervo, Ángel, Martín Pavón, Mario José y Sánchez Escobedo, Pedro Antonio, Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Volumen 11, número 1, 2009.

2 Balli, S., Wedman, J. y Demo, D. (1997). Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting. Journal of Experimental Education.

3 González, D., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural. Enseñanza e Investigación en Psicología.

4 UNESCO. (2004). Participación familiar en la educación infantil latinoamericana. Santiago de Chile: Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe-UNESCO.

5 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2003). La calidad de la educación básica en México. Primer informe anual. México.

6 Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos.

7 Disponible en

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49460778.pdf

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2018.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS, Y MODIFICA LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, y del Impuesto sobre la Renta, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos; se reforman y adicionan los artículos 17, 15, 109 y se adiciona una fracción al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; se reforma y adiciona la fracción XXIII al artículo 27, el primer párrafo y el inciso A) de la fracción VI del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los retos de la sociedad moderna es lograr que todos los habitantes del planeta accedan a los insumos necesarios para su sobrevivencia, toda vez que existen las condiciones técnicas para alcanzar este objetivo.

Prueba de lo anterior es la cantidad de excedentes que cada año se producen, incluyendo nuestro país. Al respecto, se estima que alrededor del mundo se desperdician mil 300 millones de toneladas de alimentos al año, lo cual equivale a un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano; tan sólo en América Latina, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se pierden hasta 127 millones de toneladas de alimentos anualmente. En México se ha calculado que se desperdician aproximadamente 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, lo que representa un desperdicio por persona de 170 kilogramos anuales, mismos que podrían cubrir la demanda de 7.4 millones de personas en pobreza y carencia alimentaria.

Las implicaciones del desperdicio de alimentos también abarcan al proceso de producción: la huella de carbono global relacionado con este fenómeno se calcula en 3 mil 300 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras que se utilizan aproximadamente mil 400 millones de hectáreas para producir alimentos que no se consumen (una superficie mayor a la de Canadá e India juntos), y la huella hídrica representaría hasta 3.6 veces el consumo total de Estados Unidos.

En el caso mexicano, la cantidad de alimentos desperdiciados genera 36 millones de toneladas de C02, lo que equivaldría a las emisiones anuales de 16 millones de vehículos, y por esta misma causa se estima la pérdida de 40 mil millones de litros de agua.

En contraste, se ha logrado alcanzar el millón de hectáreas sembradas destinadas para generar alimentos orgánicos, cifra que ha permitido que México se mantenga en el séptimo sitio como productor de agroalimentos a nivel mundial y el cuarto en América, de acuerdo con cifras de 2017 dadas a conocer por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El Estado está obligado a proveer de las condiciones óptimas para que toda persona pueda acceder a una alimentación sana, garantizando la disponibilidad de los alimentos.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la alimentación de forma explícita en su artículo cuarto, el cual establece que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”

El derecho a la alimentación se amplía para proteger a un sector de la población en situación de mayor vulnerabilidad, obligando a la federación, los estados y municipios a desarrollar mecanismos para apoyar la nutrición de los indígenas y familias migrantes mediante programas de alimentación, con especial atención a la población infantil.

Si bien en el último reporte presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se observa una reducción en los niveles de carencia por acceso a la alimentación, llegando a 2016 a 20.1 por ciento de la población, en el mismo año la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo era de 21.4 millones, es decir, que se trata de personas que están en riesgo de morir de hambre por no tener un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.

Para lograr revertir esta situación se deben promover medidas tendientes a evitar el desperdicio de alimentos mediante la generación de esquemas de recuperación, a efecto de garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a aquellos sectores de la población que por diferentes causas no pueden satisfacer esa necesidad básica, así como aminorar las afectaciones ambientales por la producción de alimentos que no sean consumidos.

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México propone abordar el tema desde tres ámbitos normativos: la expedición de una ley general, reformar la Ley de Desarrollo Rural y la Ley del Impuesto sobre la Renta, las cuales responden a las problemáticas que se describen a continuación.

1. Expedición de la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos

La merma, pérdida y desperdicio de alimentos en México es equivalente a 35 por ciento de los alimentos producidos. El desperdicio se puede dar en las etapas de producción, pos-cosecha y procesamiento de alimentos, así como de venta minorista y consumo final.

En nuestro país, la problemática de pérdida de alimentos es mayor en los primeros eslabones de la cadena de producción de alimentos (desde la pre-cosecha).

En la fase de producción primaria la cosecha no compensa el costo del transporte e incita a los productores a dejar los productos en el campo, debido a la volatilidad de precios del mercado. También se pierden alimentos en esta etapa porque en ocasiones no cumplen con estándares de calidad exigidos por el mercado. Lo mismo sucede con el producto cosechado, que se pierde por no alcanzar los criterios de calidad. En la industria de la transformación la pérdida se debe a envases o embalajes dañados, o errores de envasado (errores de impresión).

En la etapa de distribución y comercialización se pierden alimentos por mal manejo, principalmente de los perecederos, por tener una fecha próxima de caducidad o porque exceden la misma.

Finalmente, en la fase de consumo se desperdicia gran cantidad de alimentos debido a los malos hábitos de planificación al comprar los alimentos o falta de comprensión de las etiquetas, entre otros factores. En hoteles, restaurantes, comedores escolares y hogares se desechan alimentos ya preparados, por no ser del agrado del consumidor.

De acuerdo a cifras de la Cruzada Nacional contra el Hambre, los alimentos de los que existe mayor desperdicio son: pescado y sardina, de los que se pierde el 54.1 por ciento, es decir, más de 127 mil toneladas; nopal, del que se desperdicia 63.3 por ciento, equivalente a 83 mil 784 toneladas; guayaba, con un desperdicio de 57.7 por ciento, igual a 63 mil 719 toneladas; y mango, del que se pierde 54.5 por ciento, esto es, 297 mil 853 toneladas.

Se estima que el total de los alimentos que se desperdician podrían servir a evitar el hambre que padecen alrededor de siete millones de mexicanos. Al respecto, dicho programa social, entre sus principales objetivos enuncia el de minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte y comercio.

A partir de su entrada en vigor, se logró la conformación del Grupo Técnico de Pérdidas y Mermas de Alimentos, con representantes de 16 secretarías de Estado, Bancos de Alimentos y de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Así también, se crearon programas como el proyecto Creación de Cadenas productivas en las Costas de México, con el que se ha logrado reducir el desperdicio de pescados y mariscos en 37 municipios costeros, en el que participan conjuntamente las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Social.

Esta soberanía, por su parte, ha contribuido aprobando año con año mayores recursos para el Fondo sectorial Sedesol-Conacyt, con el que se busca impulsar a científicos mexicanos que aporten soluciones técnicas y prácticas para evitar mayores pérdidas de alimentos.

Las actividades de recuperación son realizadas mayormente por los bancos de alimentos que hoy en día son iniciativas generadas desde la sociedad civil que atienden la problemática en distintas entidades federativas. A la fecha, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos de México es la segunda más grande del mundo y tiene la capacidad de recuperar alrededor de 125 mil toneladas anuales de alimentos, alimentando así a 1.2 millones de personas, a través de sus 60 bancos afiliados. Sin embargo, la cantidad recuperada sigue siendo mucho menor a la que se desperdicia.

El problema de carencia alimentaria que existe en México no es un tema de insuficiencia de alimentos, sino de aprovechamiento y distribución ineficiente de los mismos.

La pérdida de alimentos tiene impactos sociales, económicos y ambientales. Implica la utilización de recursos naturales e insumos agrícolas que también acaban desperdiciándose y generando impactos innecesarios, reduce la disponibilidad local y mundial de alimentos, genera pérdidas de ingresos para los productores, aumenta los precios para los consumidores e impacta de manera negativa en la salud y nutrición de la población. También genera contaminación del aire (emisiones de GEI durante el proceso de producción y en la disposición final de residuos orgánicos), del suelo y agua (uso ineficiente de agroquímicos).

La expedición de la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos pretende precisar los objetivos y líneas de acción a implementar para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, prevenir el desperdicio de alimentos, fomentar su rescate y recuperación, así como la reutilización de los alimentos, haciendo hincapié en el ámbito federal y la coordinación con las autoridades locales.

En México ya existen antecedentes normativos referentes a la inhibición del desperdicio o la delegación de atribuciones a autoridades locales para efectuar acciones de donación de alimentos: son 11 las entidades federativas que cuentan con legislaciones referentes al tema, mientras que 21 estados de la República no tienen leyes específicas.

De las 11 entidades que tienen una regulación referente al tema, 10 señalan las atribuciones conferidas a las autoridades encargadas de aplicar las sanciones determinadas en las leyes correspondientes, mientras que 9 de las leyes locales se enfocan en el tema de la donación y 2 en el tema de la prevención del desperdicio de alimentos. Esta información puede observarse en el siguiente cuadro:

Entidades que cuentan con normatividad para evitar el desperdicio 111 de 32 de alimentos

Listado de entidades que tienen leyes para evitar el desperdicio de alimentos:

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas.

Legislaciones locales en donde se señalan sanciones: 10 de 11

(No se consideran en Colima)

Leyes locales enfocadas en fomentar la donación altruista: 9

Leyes locales que establecen la prevención del desperdicio de alimentos: 2

Siguiendo este esfuerzo, la ley general que se propone pretende fortalecer las acciones que ya se llevan a cabo tanto por la sociedad civil como por las autoridades locales, por lo que se establecen las competencias de cada autoridad para evitar caer en contradicciones.

II. El desperdicio de alimentos y su impacto en las condiciones de sostenibilidad: modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

El desperdicio de alimentos compromete la sostenibilidad en virtud de que:

• La agricultura intensiva que no permite el barbecho y reposición de las tierras, disminuye la fertilidad del suelo. Cuando aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen en el mundo no se consume, los suelos sufren una presión innecesaria. La disminución de la fertilidad de los suelos hace necesario recurrir a una mayor cantidad de insumos sintéticos que causan contaminación y terminan ocasionando la pérdida de tierras cultivables.

• En la agricultura ya se usa 70 por ciento del agua dulce que se utiliza en la Tierra y todo nuevo aumento de la producción agrícola significará un mayor consumo de agua. El agua representará un factor limitante clave de la seguridad mundial y cuando los alimentos se desperdician el agua se malgasta.

• Los sistemas alimentarios y agrícolas dependen enormemente de la disponibilidad de energía derivada de combustibles fósiles. El petróleo se utiliza en casi todas las fases de la producción de alimentos: desde la producción de fertilizantes hasta la plantación y cosecha mecanizadas, el riego, el enfriamiento y el transporte. Es más, los alimentos descartados que son vertidos en un terraplenado y se descomponen de forma anaeróbica liberan metano, un gas que tiene un poder de retención térmica 25 veces superior al del dióxido de carbono, situación que impacta enormemente al cambio climático.

• Los alimentos que no se consumen constituyen uno de los varios factores que contribuyen a las pérdidas de biodiversidad debidas a las variaciones de hábitat, a la sobreexplotación, a la contaminación y al cambio climático.

De acuerdo con la Meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para el 2030 se debe reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.

Al detectar el origen de las pérdidas de los alimentos, este nuevo indicador proporciona a los países una medida regular de los desperdicios que se producen en el camino de la semilla a la mesa. Los gobiernos podrán emplear estos datos para desarrollar políticas sobre el almacenamiento, la seguridad y transporte de alimentos, así como el funcionamiento de los sistemas alimentarios.

La reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos tendrá un impacto sobre otros varios ODS que apuntan a un uso más eficaz de los recursos, a la reducción del hambre (mediante una mayor oferta de alimentos) y de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Lo anterior, debido a que todo lo que producimos y consumimos tiene una repercusión positiva o negativa en la economía, el medio ambiente y el desarrollo social. El uso de modalidades de consumo y producción sostenibles aumenta la eficiencia y productividad, asegura que las actividades humanas se mantengan dentro de la capacidad de sustentación del planeta y se respetan los derechos de las generaciones futuras.

En ese sentido, el consumo y la producción sostenibles significan hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se trata “del uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes sobre el ciclo de vida, de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones”.

Por otro lado, el consumo y la producción sostenibles engloban el objetivo de desvincular sistemáticamente el crecimiento económico de la utilización creciente de los recursos y la degradación del medio ambiente, a fin de “hacer más con menos”. La desvinculación se logrará mediante la reducción del uso intensivo de materiales y energía en las actividades económicas actuales y la reducción de las emisiones y los desechos provenientes de la extracción, la producción, el consumo y la eliminación. Al utilizar el enfoque del ciclo de vida como instrumento para lograr el consumo y la producción sostenibles, se tomarán medidas para influir en la oferta y la demanda de los productos sostenibles y evitar la redistribución de la carga entre las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos.

Ahora bien, en relación a la seguridad alimentaria y nutricional en México, es preciso resaltar que ésta presenta un panorama de grandes contrastes. Si bien la oferta de energía alimentaria disponible en México sobrepasa los requerimientos para cubrir la demanda, las fuertes deficiencias en el acceso originan un panorama heterogéneo de grandes carencias que requiere de intervenciones focalizadas en ciertos grupos de población y en ciertas regiones.

Al deficiente acceso a los alimentos de grupos importantes, se suma la desnutrición crónica infantil aún por atender, al igual que la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos. La doble carga de la malnutrición impide el adecuado desarrollo físico e intelectual del individuo, al mismo tiempo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, con grandes costos directos e indirectos para las familias y la sociedad.

Las últimas estimaciones de la FAO dan cuenta de un aumento de la subalimentación a nivel global, aumentando en el último año 38 millones de personas, pasando de 777 millones en 2015 a 815 en 2016, siendo e1 11 por ciento de la población global.

En Sudamérica el hambre pasó de afectar al 5 por ciento de la población regional en 2015 a 5.6 por ciento en 2016. En Mesoamérica (Centroamérica y México) la proporción de personas con hambre cayó de 6.7 por ciento en 2015 a 6.5 por ciento en 2016. En el Caribe también cayó de 18.4 por ciento en 2015 a 17.7 por ciento en 2016 por ciento.

En 2014-2016 Brasil, Cuba y Uruguay presentan una proporción de personas subalimentadas inferior al 2.5 por ciento. Los que le siguen son Argentina, Barbados, Chile, México y Trinidad y Tobago, que tienen una prevalencia de subalimentación igual o inferior a 5 por ciento de su población.

En su conjunto, la ley que se propone crear con la presente la iniciativa tiene diversos ejes transversales que no la limitan a una acción de carácter altruista, sino que por el contrario se enfoca en materia económica, ambiental y social, toda vez que reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos debe considerarse como una prioridad nacional debido a que su impacto no sólo tiene que ver con el hambre y la mal nutrición, sino también con la emisión de gases de efecto invernadero y con una potencial disminución del producto interno bruto.

III. Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta

Nuestro país presenta un grave problema de distribución de alimentos, a pesar de que la producción de éstos sería suficiente para satisfacer las necesidades de la toda la población.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, en México se desperdicia 37 por ciento de los alimentos producidos, es decir, 10 millones 431 mil toneladas de alimentos al año.

Se estima que el total de los alimentos que se desperdician podrían servir para evitar el hambre que padecen alrededor de siete millones de mexicanos.

El trabajo realizado hasta la fecha en el marco de la Cruzada contra el Hambre ha incorporado a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, AC (BAMX), que junto con Diconsa, se han encargado de distribuir los víveres recuperados en las zonas de mayor marginación del territorio nacional.

Cabe mencionar que desde 1995 la asociación civil BAMX, que cuenta actualmente con más de 60 puntos de distribución en el país y atiende a 1.3 millones de personas que tienen carencia alimentaria, se ha dedicado al rescate de alimentos. En 2014 logró rescatar 117 millones de kilogramos de alimento aptos para el consumo humano, cifra aún muy inferior con respecto a lo que se desperdicia.

Los bancos de alimentos se encargan de distribuir entre la población de escasos recursos alimentos no comercializables que se encuentran en condiciones óptimas para el consumo humano, ya sea canalizándolos a instituciones de asistencia social o distribuyéndolos directamente en las comunidades.

Estos son reconocidos como puentes entre la abundancia y la carencia, pues se encargan de rescatar alimentos de los mercados de abasto, tiendas de autoservicio, campos agrícolas, empacadoras e industria alimentaria en general, evitando así su desperdicio.

El papel de dichas instituciones es de gran relevancia pues éstas promueven la autogestión de las comunidades en las que tienen injerencia y la participación social en la labor de encontrar soluciones a sus problemas.

Por otro lado, en lo que se refiere a los beneficios fiscales que estimulen la donación de alimentos, es necesario señalar que, en la actualidad, en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se permite a los contribuyentes realizar deducciones autorizadas a través de donativos. La deducibilidad de los mismos no puede exceder del siete por ciento de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente.

Bajo el amparo de dicha normatividad, se abre la puerta para que las personas morales que así lo determinen, puedan realizar donaciones con las que obtengan un beneficio fiscal.

En este sentido, en reconocimiento a la labor realizada por los bancos de alimentos para beneficiar a quienes más lo necesitan, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa. Ésta tiene por objeto reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para dos fines, en primer lugar, brindar las facilidades para que los bancos de alimentos puedan darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como donatarias autorizadas. En segundo, permitir la deducción de los costos de traslado de alimentos donados de las instalaciones de los obligados por la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos a bancos de alimentos y organizaciones civiles o comunitarias, con el fin de coadyuvar a hacer más eficiente la entrega directa en sus instalaciones.

En otras palabras, se busca ampliar los beneficios fiscales que ya se otorgan en la actualidad y sumarles a éstos el de poder deducir al cien por ciento los costos de los traslados de los alimentos donados.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos; se reforman y adicionan los artículos 17, 15, 109 y se adiciona una fracción al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; se reforma y adiciona la fracción XXIII al artículo 27, el primer párrafo y el inciso A) de la fracción VI del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero.Se expide la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos como a continuación se presenta:

Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional; sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Establecer los mecanismos de coordinación para que autoridades federales y locales desarrollen y amplíen la estructura institucional y física para la operación de Bancos de Alimentos en todas las entidades federativas;

II. Determinar los lineamientos para evitar el desperdicio de alimentos permitiendo la donación de productos perecederos a los bancos de alimentos en beneficio de las comunidades con un alto índice de marginación;

III. Garantizar el derecho a la alimentación por medio de la colaboración entre los tres niveles de gobierno y establecimientos como las centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes e industria de la transformación, para que sea posible el traslado y distribución de alimentos que no sean considerados para su comercialización y que los artículos que se encuentren en condiciones para su consumo puedan llegar a Bancos de Alimentos, o a las organizaciones civiles o comunitarias que éstos les indiquen, a través de un Comité que para tal efecto se conforme.

IV. Regular el tratamiento comercial en las tiendas de autoservicio de los alimentos perecederos, enlatados y envasados a efecto de recuperar alimentos que son susceptibles de ser consumidos y aprovechados, aunque no cumplan con requisitos comerciales.

V. Establecer mecanismos para que los alimentos que no serán comercializados, utilizados o entregados directamente a Bancos de Alimentos o a las organizaciones civiles o comunitarias, puedan ser entregados a los municipios o localidades con un mayor índice de marginación, a través del Comité que para tal efecto se conforme.

VI. El establecimiento de medidas que permitan a beneficiarios de programas de asistencia social y aquellos que por su condición se encuentren en situación de vulnerabilidad, acceder a los alimentos que sean descartados para su venta o aprovechamiento en las instalaciones de las centrales de abasto, mercados y tiendas de autoservicio.

VII. Prohibir acciones que impidan el acceso a los alimentos que aún se encuentren en condiciones de ser consumidos.

VIII. Regular el etiquetado de caducidad.

Artículo 2. La distribución de alimentos recuperados compete a las instituciones de gobierno, organismos de la sociedad civil y establecimientos comerciales señalados en la ley.

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

I. Banco de Alimentos: Organización constituida con la finalidad de recuperar los excedentes de alimentos que son desechados, con la finalidad de distribuirlos a las personas en estado vulnerable y sin acceso a los artículos de la canasta básica. Dichos espacios pueden ubicarse como parte de la red de abasto social administrada por Diconsa o por asociaciones civiles;

II. Beneficiario: la persona física que recibe a título gratuito los productos entregados por el donante, que carece de los recursos económicos suficientes para obtener total o parcialmente los alimentos que requiere para subsistir.

III. Comité: Organismo constituido por representantes de la Secretaría, autoridades estatales y municipales, organismos de la sociedad civil y establecimientos comerciales que determinarán las fechas, horarios y entrega de los alimentos en las localidades con un índice de vulnerabilidad mayor;

IV. Desperdicio de alimentos: son los alimentos que se tiran o desperdician en la parte de las cadenas alimentarias que conducen a productos comestibles destinados al consumo humano.

V. Diconsa: Diconsa SA de CV es la red de abasto social más grande del país, cuyo objetivo es garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles en localidades con altos índices de marginación;

VI. Donante: Persona física o moral que dona a título gratuito, alimentos aptos para el consumo humano.

VII. Establecimientos comerciales: lugares donde se comercializan alimentos, ya sea en su forma natural o procesados, entre los que se encuentran centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes e industria de la transformación de alimentos;

VIII. Inegi: Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

IX. Norma Oficial Mexicana: NOM-014-SSA3-2013, para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo;

X. NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria;

XI. ISR: Impuesto sobre la Renta:

XII. SAT: Servicio de Administración Tributaria;

XIII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social.

Capítulo IIDistribución de Competencias

Artículo 4. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios ejercerán sus respectivas atribuciones para garantizar el derecho a la alimentación a través de la recuperación y distribución de alimentos, de conformidad con las competencias establecidas en la presente ley.

Artículo 5. Las atribuciones que la presente ley otorga a la federación serán ejercidas por el Poder Ejecutivo federal a través de las dependencias y entidades que integran la administración pública federal centralizada y paraestatal, de conformidad con las facultades que le confiere esta ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 6. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. La formulación, aplicación y evaluación de los mecanismos de coordinación para que autoridades federales y locales desarrollen y amplíen la estructura institucional y física para la operación de Bancos de Alimentos en todas las entidades federativas;

II. Establecer los lineamientos para evitar el desperdicio de alimentos, en los que se permita la donación de productos perecederos a los Bancos de Alimentos de las comunidades con un alto índice de marginación;

III. Formular las reglas de operación sobre la colaboración entre los tres niveles de gobierno y los donantes para el traslado y distribución de alimentos;

IV. Emitir la regulación del tratamiento comercial en los establecimientos de autoservicios de los alimentos perecederos, enlatados y envasados, a efecto de recuperar aquellos que sean susceptibles de ser consumidos y aprovechados, aunque no cumplan con los requisitos comerciales, siguiendo los lineamientos de la NOM-051-SCFIISSA 1-2010;

V. Establecer los lineamientos para que los alimentos que no sean comercializados, utilizados o entregados directamente a Bancos de Alimentos o a las organizaciones civiles o comunitarias puedan ser entregados a los municipios o localidades con un mayor índice de marginación a través del Comité;

VI. Emitir la regulación para que beneficiarios de asistencia social y aquellos que por su condición se encuentren en situación de vulnerabilidad, puedan acceder a los alimentos que sean descartados para su venta o aprovechamiento en las instalaciones de las centrales de abastos, mercados y tiendas de autoservicio;

VII. Emitir la regulación sobre el límite del etiquetado de caducidad, en concordancia con la Norma Oficial Mexicana, así como con la información que publique el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, a efecto de que los alimentos recuperados se entreguen a los beneficiarios dentro de un periodo razonable de vigencia para su óptimo consumo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

VIII. Establecer la regionalización de las zonas de más alta marginación en el territorio nacional, así como el establecimiento de calendarios para la distribución de alimentos;

IX. La promoción y difusión de actividades permanentes para que organismos de la sociedad se integren a los esquemas de recuperación de alimentos;

X. Las demás que esta y otras leyes le atribuyan.

Artículo 7. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

I. Integrar el comité de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la presente ley;

II. Garantizar la operación de al menos un Banco de Alimentos en su territorio, o bien, el número necesario para cubrir las necesidades de las comunidades con mayor vulnerabilidad;

III. Crear un padrón de establecimientos comerciales en el que se especifiquen los diferentes esquemas de donación de alimentos a fin de garantizar el flujo constante de productos recuperados destinados a los centros de acopio.

IV. Crear una cultura de recuperación y donación de alimentos;

V. Promover y difundir información que concientice a los consumidores y los sectores público, social y privado sobre la importancia de evitar el desperdicio de alimentos y el de propiciar la donación de éstos;

Artículo 8. Corresponden a los municipios, las siguientes atribuciones:

I. Designar a su representante municipal ante el Comité;

II. Conformar un Comité de recepción de alimentos, cuando el municipio se encuentre catalogado con un alto índice de marginación, de conformidad con los datos que emita el Inegi;

III. Participar y colaborar con el Comité en la formulación, planeación y ejecución de la recuperación y donación de alimentos;

IV. Promover y fomentar la participación de la sociedad en la recuperación y donación de alimentos;

V. Coordinar con las autoridades federales y estatales la recuperación y donación de alimentos;

VI. Operar la infraestructura a su cargo, en la promoción e implementación de acciones en favor de la recuperación y donación de alimentos en su territorio, a efecto de que lleguen de manera oportuna a la población con un alto índice de marginación;

Capítulo III Del Acopio y Distribución de Alimentos Recuperados

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con el Inegi, la catalogación de las zonas de más alta marginación, así como el desarrollo y distribución de los calendarios para la distribución de los alimentos recuperados a través de la red de almacenes Diconsa.

La Secretaría vigilará el límite del etiquetado de caducidad de los alimentos procesados, a efecto de que éstos sean entregados a los beneficiarios dentro de un periodo razonable de vigencia, para su óptimo consumo, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas; así como con la información publicada por el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 10. Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantendrán actividades permanentes de promoción para que los organismos de la sociedad civil y establecimientos comerciales se integren a los esquemas de recuperación de alimentos.

Artículo 11. En cada una de las entidades federativas se deberá contar con un Comité integrado por un representante designado por la Secretaría, el titular o representante estatal de desarrollo social, un funcionario municipal de los ayuntamientos en donde se ubiquen zonas de alta marginación, y representantes de organismos de la sociedad civil y establecimientos comerciales.

Artículo 12. Las reuniones de los comités deberán darse al menos una vez cada seis meses, con el objetivo de diseñar, mejorar y ampliar los mecanismos para la donación, traslado, recepción, almacenamiento y distribución de los alimentos que no sean considerados para su comercialización.

Artículo 13. Las decisiones de los comités deberán ser públicas, así como los informes derivados de la operación de los centros de acopio o Bancos de Alimentos, ya sea que se encuentren administrados por las autoridades gubernamentales, asociaciones civiles, establecimientos mercantiles que deseen acceder a los beneficios fiscales establecidos por la ley.

Artículo 14. Los establecimientos comerciales que se integren a los comités podrán acceder a los beneficios fiscales que se determinen en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por concepto de donativos en especie a los Bancos de Alimentos, así como el traslado de artículos consumibles destinados a asociaciones civiles y/o comunitarias y otras que determine la ley.

Artículo 15. El Comité de cada entidad desarrollará mapas de ubicación de los centros de acopio para la recuperación de alimentos, Bancos de Alimentos disponibles u otros espacios destinados para la captación y distribución de artículos alimentarios.

En las localidades donde ya se encuentren operando organismos de la sociedad civil que realicen actividades de apoyo para la alimentación de la población no se afectarán sus esquemas de acción, ni se les obligará a formar parte del Comité. Serán notificados de su integración en el mapeo mencionado y tendrán preferencia en el diseño para la ampliación de las acciones de acopio y distribución de alimentos.

Artículo 16. Las actividades de acopio, traslado y distribución de alimentos realizadas por el Comité, las organizaciones civiles y autoridades gubernamentales deberán circunscribirse al diseño de las reglas de operación determinadas por la Secretaría.

Artículo 17. Las autoridades de las 32 entidades federativas deberán garantizar la operación de al menos un Banco de Alimentos en su respectivo territorio o el número necesario para cubrir las necesidades de las comunidades marginadas, sin menoscabo de las atribuciones de instituciones gubernamentales del ramo.

Artículo 18. Los gobiernos locales deberán integrar un padrón de establecimientos comerciales que se integren a los diferentes esquemas de donación de alimentos, a fin de garantizar el flujo constante de productos recuperados destinados a los centros de acopio.

Artículo 19. La vigencia del convenio para que los establecimientos mercantiles se mantengan como integrantes de alguno de los esquemas de prevención del desperdicio y recuperación de alimentos será de al menos un año fiscal.

Artículo 20. La Secretaría, en coordinación con los Comités, promoverá la participación de los centros comerciales para establecer lineamientos que permitan la recuperación de los productos perecederos, enlatados y envasados, a efecto de que éstos sean entregados a los beneficiarios dentro de un periodo razonable de tiempo para su óptimo consumo, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana, así como con la información publicada por el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 21. Quienes sean beneficiarios de programas de asistencia social, no serán excluidos en la distribución de alimentos recuperados.

Artículo 22. Para el diseño de las reglas de operación, la Secretaría tomará en consideración la Norma Oficial Mexicana, así como con la información publicada por el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Asimismo, considerará la información enviada por los Comités, así como los siguientes lineamientos generales:

I. Entrega de alimentos en instalaciones de Bancos de Alimentos o en las instituciones de beneficencia determinados por éstos en coordinación con el Comité de su localidad o entidad.

1. A través del portal del SAT: “Sistema de avisos de destrucción y donación de mercancías”, los bancos de alimentos realizarán la solicitud de la cantidad y tipo de alimentos que pueden recibir ya sea directamente o a través de organizaciones de beneficencia.

2. Se establecerá la obligación de entregar los alimentos seleccionados en las instalaciones de los Bancos o donde estos indiquen.

3. Los costos que el cumplimiento de esta obligación genere serán deducibles de ISR.

II. Entrega en municipios o localidades con un mayor índice de marginación.

1. Aplicable para aquellas comunidades catalogadas como de alta marginación por el Inegi y en donde no exista un Banco de Alimentos en un radio de 150 kilómetros.

2. Se deberá conformar un Comité para la recepción de alimentos, el cual solicitará a los donantes los alimentos que de acuerdo al número de habitantes requieran.

3. El donante señalará fecha y hora para la entrega de los alimentos.

4. Las entregas deberán hacerse, de preferencia, cada semana en el lugar que para tal efecto señale el Comité.

5. El donante podrá deducir el ISR por los costos generados de esta actividad.

III. Entrega en instalaciones del donante

1. Centrales de abasto, mercados y tiendas de autoservicio deberán tener una sección de alimentos que no puedan ser comercializados pero que todavía sean aptos para consumo humano o animal.

2. los beneficiarios de cualquier programa social federal o estatal podrán solicitar a los donantes la entrega de estos alimentos previa acreditación con credencial o tarjeta que demuestre el programa del que son beneficiarios.

Artículo 23. Queda prohibido que los establecimientos comerciales desechen alimentos que se encuentren en condiciones de ser consumidos, de acuerdo con lo establecido en las leyes federales y locales, así como las normas oficiales vigentes.

Artículo 24. Queda prohibido realizar acciones de discriminación que impidan el acceso a los alimentos que aún se encuentren en condiciones de ser consumidos

Artículo 25. Los donativos que sean entregados a los organismos encargados de la recepción, almacenamiento y distribución de los alimentos recuperados estarán sujetos a la legislación fiscal vigente.

Artículo 26. La autoridad promoverá que los establecimientos comerciales que generen volúmenes mayores de alimentos desechados, pero en condiciones de ser recuperados se integren a los esquemas señalados en la ley.

Capítulo IVDe las Sanciones

Artículo 27. El incumplimiento a las disposiciones de esta ley será sancionable con la imposición de una multa en un rango de 100 a 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y cuyo monto será destinado a la obtención y posterior distribución de alimentos en zonas marginadas.

Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 17, 15, 109 y se adiciona una fracción al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I. a III. (...)

IV. Impulso al fortalecimiento y desarrollo de los Bancos de Alimentos en el país;

V. Planeación familiar;

VI. a XIX. ( ... )

Artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del gobierno federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria; de los Bancos de Alimentos; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes, será presidido por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su reglamento interior.

Artículo 109. El Estado, a través del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, integrará y difundirá la información de mercados regionales, nacionales e internacionales, relativos a la demanda y la oferta, inventarios existentes, expectativas de producción nacional e internacional y cotizaciones de precios por producto y calidad a fin de facilitar la comercialización. Asimismo, integrará y difundirá información sobre la existencia de mermas y pérdidas en la cadena de valor de los productos, desde la producción hasta la etapa de venta o comercialización al consumidor final, a efecto de determinar la caducidad o fecha límite de consumo.

Igualmente, mantendrá programas de apoyo y de capacitación para que las organizaciones de productores y comercializadores tengan acceso y desarrollen mercados de físicos y futuros para los productos agropecuarios y forestales.

Artículo 183. Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el gobierno federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos:

I. y II. (...)

III. La identificación de factores sociales y demográficos, en coordinación con los gobiernos locales, a efecto de promover la instalación de Bancos de Alimentos en las entidades federativas y con ello garantizar el derecho a la alimentación a los sectores menos favorecidos de la población;

IV. La definición de acciones de capacitación y asistencia técnica, y el impulso a proyectos de investigación en las cadenas alimentarias;

V. a VIII. (...)

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción XXIII al artículo 27, se reforman el primer párrafo y el inciso a) de la fracción VI del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. a XXII (...)

XXIII. Que, tratándose de los costos de traslado de alimentos desde las instalaciones de los sujetos obligados por la Ley General para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos a donatarias autorizadas, comités o directamente a la población, los mismos serán deducibles al cien por ciento del monto total.

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I. a V. ...

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades marginadas de zonas rurales, urbanas e indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda. Así como al acopio y selección de alimentos perecederos, no perecederos excedentes para su distribución.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría tendrá como plazo 180 días para elaborar las reglas de operación que permitan la colaboración entre autoridades, sociedad civil y establecimientos comerciales para prevenir el desperdicio y recuperación de alimentos.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe. Febrero de 2016, p. 4. Disponible en:

http://www.fao.org/3/a-i5504s.pdf

2 Aguilar, Genaro. Presentación del informe “Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México”. México, diciembre 7, 2017. Disponible en:

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-12-07/ mexico-desperdicia-mas-20- millones-toneladas-alimentos-ano/

3 FAO, óp. Cit. p. 4.

4 Aguilar, óp. Cit.

5 Sagarpa. Duplica México superficie de producción de alimentos orgánicos. Gobierno de la República, México, 12 de octubre de 2017. Disponible en:

http://www.sagarpa.gob.mxlDelegaciones/bajacaliforniasur/boletines/2017/ octubre/Documents/2017B8335.PDF

6 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LXIII Legislatura, Artículos 2° y 4°. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

7 Coneval. Coneval Informa la Evolución de la Pobreza 2010-2016. Ciudad de México, 30 de agosto de 2017, p. 6. Disponible en:

http://www.coneval.org.mxl8alaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/ Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf

8 La FAO, se refiere a la “pérdida de alimentos” como la disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos (Parfitt et al., 2010). Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) se conocen como «desperdicio de alimentos, más relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores (Parfitt et al., 2010).

9 Ver

https://www.gob.mx/sedesol/articulos/bancos-de-alimentos-de-mexico-para- combatir-el-hambre-y-la-desnutricion. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A nivel internacional la adaptación de energías renovables para la nueva generación de producción de la misma es una decisión no solamente responsable con el medio ambiente al demostrarse en los últimos años una herramienta eficaz contra el calentamiento global consecuencia del cambio climático, sino también se ha demostrado que se tienen grandes beneficios económicos a los países y los ciudadanos.

Recordemos que el fomento de formas alternativas de producción de energías limpias se observa en las conclusiones del Informe del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, preparatorio de la Conferencia de Johannesburgo, que hace 15 años indicó prestar atención a que: “la tasa de producción de desechos de los países desarrollados y de los países en desarrollo aumenta a un ritmo sin precedentes. Lo que era antes una labor sencilla para los ayuntamientos se ha convertido en un problema ambiental de gran envergadura.

Adicionalmente, la Conferencia Río+20 sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en junio de 2012, establece lo siguiente para la gestión de residuos:

• Apoyo a las asociaciones público-privadas en la gestión de residuos;

• La adopción de un enfoque de ciclo de vida y de políticas para la eficiencia de los recursos y una gestión de residuos ambientalmente racional;

• El uso de enfoques que reconozcan las 3R, que aumenten la energía a partir de residuos y que traten los residuos como recurso;

• Que se evite la gestión no racional y el vertido ilegal de residuos peligrosos.

Por ello, las energías limpias de identifican como aquellas que en su proceso de extracción, procesamiento y distribución generan reducidos impactos ambientales como son: la energía geotérmica, solar, eólica y la hidroeléctrica.

A nivel internacional el uso de fuentes alternas limpias para la producción de energías son una realidad en Europa, Asia, Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos.

En México, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se ha impulsado a través de una de las reformas estructurales más importantes, la reforma energética, el generar energía más limpia y más barata para con ello reducir la emisión de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos internacionales que se han signado, como el Acuerdo de París de 2016.

En el caso del costo de la generación de energía eléctrica con el uso de nuevas formas de generación de ésta, según datos de la Secretaría de Energía del gobierno de la República, establece que con la energía eólica terrestre se ha disminuido alrededor de un 25 por ciento desde 2010. Mientras que la solar fotovoltaica ha caído un 73 por ciento desde la misma fecha.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad a través del Programa de Capacitación Especializada en Captura, Uso y Almacenamiento de CO2, ha logrado procesos de generación de energía bajas en carbono. Lo que de acuerdo con el Secretario de Energía del Gobierno de la República, se cuenta con un potencial total aprovechable de energías renovables al año 2020 de 57 mil MW.

Mientras que datos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, establecen que actualmente las fuentes de energía limpia en México generan 25 por ciento de la electricidad; cifra que debe aumentar a 35 por ciento para el 2024 en aras de cumplir con la Ley de Cambio Climático aprobada en 2013 por el Congreso de la Unión.

A lo anterior debemos señalar que durante la comparecencia del Secretario de Energía ante la Cámara de Diputados en el mes de octubre pasado, señalo textualmente:

...Hemos llegado a la etapa, en la que son los ciudadanos, en sus domicilios o en sus pequeños y medianos negocios, los que pueden generar electricidad limpia, a través de los avances tecnológicos...

Sin duda alguna, el enorme crecimiento de la población junto con los hábitos de consumo moderno ha resultado en la generación de enormes cantidades de residuos. El tratamiento de estos siempre ha sido un problema, pero están surgiendo nuevas soluciones tecnológicas con el potencial de transformar los residuos en energía, algunas de estas son:

• Conversión termoquímica. A través de la combustión de los residuos se crea un calor que es usado para calentar agua y producir vapor que luego es transformado en energía por medio de turbinas de vapor. Incluye la combustión, pirólisis y la gasificación de los desechos.

• Conversión Bioquímica. A partir de la digestión anaeróbica, descomposición de material biodegradable por microorganismos en ausencia de oxígeno, se produce biogás que puede ser usado en la producción de electricidad o calor.

• Conversión fisicoquímica. Transforma la fracción de combustible de los residuos en combustible de alta energía que luego pueden usarse en la generación de vapor o calor. Son similares a piezas de carbón, pero son más limpios y libres de materiales incombustibles.

Por citar solo algunos ejemplos de las energías limpias que se están generando podemos establecer el caso del biogás, el cual en la actualidad está siendo utilizada a nivel federal por dependencias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Energía.

Sobre el particular, es de destacar que el biogás se forma de los residuos orgánicos principalmente como los desechos de la agricultura, estiércol, desechos municipales, como lo son las aguas negras, desechos de comidas y vegetales, es decir, materiales biodegradables que se fermentan tras la acción de las bacterias. El ejemplo de la combustión que se genera lo tenemos en el metano, el cual es uno de los componentes que contribuyen a la degradación de la capa de ozono, pero gracias a las tecnologías actuales para obtener biocombustibles, podemos transformarlo en energía limpia, además, con los residuos de éstas se pueden fabricar abonos y fertilizantes naturales.

Sin duda alguna, el biogás es un referente de lo que una actitud responsable con el medio ambiente puede generar en beneficio de la sociedad, pues, como la Sagarpa lo reconoce, la biodigestión se puede convertir en un excelente recurso energético limpio, el cual es capaz de reducir en gran medida, o incluso de forma total, el impacto ambiental que provoca el estiércol del ganado mexicano.

Incluso los beneficios que tiene la producción de biogás los podemos observar en Monterrey, Nuevo León, en donde el metro es el primer medio de transporte masivo que funciona con esta forma de energía limpia, utilizando la basura que se genera en el municipio, lo que permite que las 2 líneas, 32 estaciones y 4 terminales, puedan recorrer 33 kilómetros y prestar servicios a más de 470 mil pobladores al día.

Adicionalmente, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado diez permisos para generar energía eléctrica con biogás, el cual proviene del aprovechamiento de la basura, seis de ellos en la modalidad de autoabastecimiento en Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León, y cuatro en la modalidad de cogeneración en Jalisco, Nuevo León, estado de México y Querétaro, lo que en conjunto representan una capacidad autorizada de 44.76 MW y una producción de 269 GWh/año.

Otro ejemplo de la producción de energías limpias lo encontramos en el lirio acuático a través del proyecto denominado “Manejo sustentable de lirio acuático para el saneamiento y protección de cuerpos de agua”, el cual considera la especie vegetal como maleza nociva y busca erradicar el problema mediante el uso de esta planta como recurso biótico. Las gamas de alternativas de uso son variadas y contemplan la obtención de biogás, enzimas, nanocristales, composta energía eléctrica y bioetanol.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) cataloga el lirio acuático como maleza acuática, pues la infestación extensa puede provocar problemas como la evapotranspiración, sedimentación e inundaciones. La propagación del mismo reduce el flujo de agua en ríos, canales y represas, lo que favorece el proceso de sedimentación y, por consiguiente, disminuye la profundidad del manto acuífero.

Una de las consecuencias, que la proliferación de lirio acuático son las inundaciones. Respecto al tema económico y beneficio ambiental podemos destacar que un kilogramo de lirio acuático previamente deshidratado se obtiene aproximadamente 20 mililitros de etanol. Sin embargo, para obtener un kilogramo de lirio deshidratado, es necesario recolectar entre ocho y 10 kilogramos de lirio húmedo. Para generar un megawatt de electricidad se requieren 700 mil toneladas de lirio. El costo del kilowatt-hora con biomasa es de 2 pesos, costo inferior a la tarifa de Alto Consumo Residencial de la Comisión Federal de Electricidad y su meta es conseguir que el precio del kilowatt-hora sea de un 1.5 pesos.

En lo que se refiere a la tarifa de energía eléctrica generada por biogás es 30 por ciento menor a la de energía eléctrica generada por métodos no renovables. Por citar un ejemplo, solo en Guanajuato existe un potencial de recolección de un millón 920 toneladas de lirio acuático, recurso que puede ser utilizado para hacer biogás.

Finalmente, otra de las formas de generar energías limpias se encuentra la termovalorización la cual es una tecnología de combustión controlada de residuos y prácticamente sin emisiones a la atmósfera. Proceso que desde hace más de 30 años es utilizado en países como Finlandia, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania entre otros, disponen su basura inorgánica a través de un proceso.

Sobre los beneficios sociales, ambientales y económicos que genera podemos establecer el Reino de Suecia, el cual es un buen ejemplo de producción de energía a partir de los residuos, es decir, a partir de la basura.

La afirmación es porque en Suecia se reduce la cantidad de residuos generados, ya que cada ciudadano genera anualmente una tonelada de basura por vivienda, cuando la media en Europa es de 6 toneladas por habitante cada año. Además, se reutilizan y reciclan los residuos generados, porque existe conciencia social. A lo anterior debemos establecer que del total de residuos que se generan, sólo un cuatro por ciento llega a los vertederos, mientras que el resto que no se recicla o reutiliza, es utilizado para generar energía mediante la termovalorización se genera electricidad a partir de los residuos, cubriendo así la demanda de 250 mil hogares en Suecia.

A partir de aquí, se puede afirmar que Suecia está a la cabeza en producción de energía a partir de la basura, y la realidad es que ya empieza a importar residuos de otros países de Europa, ya que su capacidad de producción energética es superior, que su propia producción de residuos.

En nuestro país, solamente la Ciudad de México actualmente está construyendo la primera planta de termovalorización de Latinoamérica, lo que significará transformar hasta 4 mil 500 toneladas de residuos sólidos por día, para generar el equivalente de lo que hoy en día consumen las 12 líneas del Metro de la Ciudad de México.

Como podemos observar, en los últimos años se han generado diversas formas de generar energía a partir del uso de residuos urbanos sean orgánicos o inorgánicos, los cuales desafortunadamente en nuestro país siguen siendo vertidos o enterrados en el territorio nacional con lo que perdemos una gran oportunidad de generar riqueza, y en detrimento de nuestro medio ambiente y salud.

En la actualidad México genera 117 mil toneladas de basura diaria y el 70 por ciento termina en océanos, ríos, barrancas, bosques y tiraderos clandestinos, lo que ha generado altos costos en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, alcanzando un monto de 61 mil 253 millones de pesos sólo durante 2015.

Es decir, nuestro país genera aproximadamente 42.7 millones de toneladas anuales de basura que, por falta de infraestructura y recursos, hoy en día se ubican en rellenos sanitarios, ocasionando severos daños al ambiente y a la salud.

En consecuencia, la degradación ambiental originada por los residuos sólidos en 2013 tuvo un costo de 55 mil 150 millones de pesos; lo equivalente al 0.34 por ciento del PIB, de acuerdo a datos del Inegi. Mientras que las afectaciones a la salud pública tuvieron un costo de 26 mil 427 millones de pesos, que equivale al 0.16 por ciento del PIB, esto último de acuerdo a la Comisión de Riesgos Sanitarios (Cofepris); es decir, el costo de los problemas ambientales y de salud derivados del inadecuado manejo de residuos fue de 81 mil 577 millones de pesos.

Es en este contexto, y como ya se mencionó en párrafos anteriores, que la Ley General de Cambio Climático y la Ley de la Industria Eléctrica prevén el uso del metano generado por los residuos sólidos para la producción de energía limpia. Sin embargo, según datos del Inegi, en 2015 existían únicamente 17 rellenos sanitarios que capturan y queman el biogás generado a través de los residuos.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con evidencia que sitúa a nuestro país con una capacidad para transformar los 42.7 millones de toneladas de residuos en más de 23 mil 215 gigawatts-hora anuales de electricidad a través de biodigestión y tratamiento térmico, con lo cual:

1. Se puede cubrir la demanda eléctrica doméstica; en lo que va del 2017 se han vendido 8 mil 288 gigawatts-hora para el consumo de electricidad domestica de un total de 19 millones 987 mil 793 de usuarios.

2. Se reduciría dos tercios de las emisiones derivadas por la generación de electricidad.

3. Se reduciría hasta un cien por ciento las emisiones de metano generadas en tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios.

4. Se generarían alrededor de 17 mil empleos directos en la industria de generación eléctrica a través de residuos.

En lo que se refiere al tema económico, es de destacar que atendiendo a la pirámide de manejo de residuos (reducir, reutilizar, reciclar y recuperar energía), se estima la generación de ingresos hasta por 79 mil millones de pesos como resultado de la venta de residuos reciclables, la producción del llamado combustible derivado del residuo, la producción de composta, la venta de energía generada mediante la biodigestión de los residuos orgánicos y la venta de la energía obtenida mediante procesos de tratamiento térmico de los residuos inorgánicos, y se recaudarían más de 12 mil millones de pesos por concepto de impuesto al valor agregado, a partir de estas actividades.

Finalmente, recordemos que la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 5 fracciones X y XXIII, establece textualmente:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

X. Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región;

XXIII. Producción limpia: Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y prácticas, o incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia ambiental de los mismos en términos de aprovechamiento de la energía e insumos y de prevención o reducción de la generación de residuos...”

En el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos que México cuenta con un enorme potencial en la producción de energías limpias vía el uso responsable y correcto de los desechos orgánicos e inorgánicos que diariamente se generan en los hogares.

Es en este contexto que nos vemos obligados a armonizar el andamiaje legislativo nacional en materia de producción de energías y el uso de los residuos sólidos derivados del consumo humano y animal, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para establecer la obligación de la utilización los residuos urbanos orgánicos e inorgánicos para la producción de energía eléctrica. Toda vez que la Ley en cita solamente establece en su artículo 63 lo siguiente:

Artículo 63. La Secretaría, al reglamentar y normar la operación de los procesos de incineración y coprocesamiento de residuos permitidos para tal efecto, distinguirá aquellos en los cuales los residuos estén sujetos a un co-procesamiento con el objeto de valorizarlos mediante su empleo como combustible alterno para la generación de energía, que puede ser aprovechada en la producción de bienes y servicios. Deberán distinguirse los residuos que por sus características, volúmenes de generación y acumulación, problemas ambientales e impactos económicos y sociales que ocasiona su manejo inadecuado, pudieran ser objeto de co-procesamiento. A su vez, deberán establecerse restricciones a la incineración, o al co-procesamiento mediante combustión de residuos susceptibles de ser valorizados mediante otros procesos, cuando éstos estén disponibles, sean ambientalmente eficaces, tecnológica y económicamente factibles. En tales casos, deberán promoverse acciones que tiendan a fortalecer la infraestructura de valorización o de tratamiento de estos residuos, por otros medios.

A esto debemos añadir que en materia ambiental solamente existe la NOM-098-SEMARNAT-2002, Protección ambiental-Incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes, la cual solamente se refiere a la incineración de los residuos sólidos urbanos, excluyendo el uso de los mismos como forma de generación de energía eléctrica, la cual como hemos descrito es una de las actividades que mayor uso y aprovechamiento puede generar en beneficio del medio ambiente, la salud y la población en general.

Es por todo ello que quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados consideramos imperativo incorporar en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la obligación del gobierno federal que crear Normas Oficiales Mexicanas para en la que se establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos para la generación de energía; además de incorporar la obligación de los estados y municipios en la participación y aplicación de instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias que sirvan para la generación de energía eléctrica. Así como el introducir como principio y con fines de utilidad pública el uso de los residuos sólidos urbanos para la generación de energía eléctrica.

Finalmente, recordemos que el desarrollo sostenible nos obliga a todos y todas a ejecutar todas las acciones necesarias para preservar la vida en el planeta a través de acciones que signifiquen un beneficio a las futuras generaciones.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Único. Se adiciona una fracción a los artículos, 2, 3, 7 y 10; se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y se reforma el segundo párrafo del artículo 97, todos de la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 2.En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se observarán los siguientes principios:

I. a XII. ...

XIII. Su aprovechamiento en la generación de energía eléctrica.

...

Artículo 3. Se consideran de utilidad pública:

I. a IV. ...

V. El aprovechamiento de los residuos para la generación de energía eléctrica.

...

Artículo 7. Son facultades de la federación:

I. a IV. ...

IV Bis. Elaborar, expedir y publicar las normas oficiales mexicanas en la que se establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos para la generación de energía eléctrica;

V. a XXIX. ...

Artículo 10.Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I a IX. ...

IX Bis. Participación y aplicación, en colaboración con la federación y los gobiernos estatales, de instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica.

X. a XII. ...

Artículo 18.Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, incorporarán en los Programas a que se refiere el párrafo anterior las acciones necesarias para el uso de residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos en la generación de energía eléctrica.

Artículo 97. ...

Las normas especificarán las condiciones que deben reunir las instalaciones y los tipos de residuos que puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación de lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas de confinamiento. Asimismo, plantearán en qué casos se puede permitir la formación de biogás, el uso de la termovalorización y de otras tecnologías limpias para su aprovechamiento en la generación de energía eléctrica.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Visible en: Comisión sobre el Desarrollo Sostenible constituida en comité preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Informe del Secretario General “Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos”, 14 de marzo de 2001, Documento NN.UU. E/CN.17/2001/PC/9. Punto 19. Disponible en

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/ 292/72/PDF/N0129272.pdf?OpenElement Consulta 25.08.2016 Un repertorio enorme de datos sobre los residuos sólidos en el mundo puede encontrarse en el mapa interactivo Waste Atlas, en http://www.atlas.d-waste.com/ Consulta 25.08.2016

2 La información se encuentra a disposición en el Boletín de la Secretaría de Energía. Enero 2018 con motivo del Foro Energy México 2018. México es la Sexta Economía Mundial más Atractiva para las Energías Renovables. Págs. 1-3

3 Consúltese.

http://www.desarrollosustentable.co/2013/05/nuevas-fuentes-de-energia.html

4 Visible en el informe de acciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sección Boletines: 31 de mayo de 2017.

5 El proyecto nace en 2014 a través de la investigación conjunta del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca y la Universidad Autónoma Metropolitana que generó una propuesta para utilizar el lirio acuático para la producción de etanol, un biocombustible ambientalmente amigable.

6 Información publicada en el Periódico Reforma a partir de entrevista a la empresa privada Clean Watt. Se puede consultar en:

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=875655 &md5=ff0781f2850f9b515b695b60e4e3f161 &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4

7 Costos de la degradación ambiental por componente, Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales – SNIARN

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= D2_CAMBIENT02_004b8&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

8 Ventas internas, usuarios y consumo promedio de energía de la industria eléctrica, Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales – SNIARN

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= D2_ENERGIA04_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce &NOMBREANIO=*

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de febrero de 2018.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EMISIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA EN OCASIÓN DEL 90 ANIVERSARIO DE LA POLICÍA FEDERAL

«Iniciativa de decreto, por el que se emite una moneda conmemorativa del 90 aniversario de la Policía Federal, suscrita por la diputada Adriana Sarur Torre e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Adriana Sarur Torre, y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa en ocasión del 90 aniversario de la Policía Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Policía Federal es una institución de élite reconocida a nivel mundial por su capacidad para salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, y lo más importante, es que es respetada y reconocida por la sociedad.

La Policía Federal ha alcanzado niveles históricos en la percepción ciudadana de desempeño y de confianza. Según la última edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi, la Policía Federal es percibida como efectiva por el 65.3 por ciento de la población, asimismo, el 66.8 por ciento de la muestra percibe a la institución como confiable. Estas cifras son los máximos históricos para la institución y representan incrementos de 9 y 2.5 puntos porcentuales, respectivamente, desde la primera edición de la encuesta en 2015.

Los resultados descritos posicionan a la Policía Federal como la instancia civil de seguridad más efectiva y confiable ante la sociedad mexicana y son resultado del esfuerzo institucional realizado en materia de vinculación y proximidad social, así como del reconocimiento ciudadano a la labor que realiza a nivel nacional.

México ha requerido una Policía capaz de comprender cada momento histórico por el que atraviesa como país y de atender sus retos específicos. Si bien es cierto que compartimos la vocación fundamental del servicio a la patria, también lo es que la reflexión sobre los retos y contextos de la realidad mexicana nos ha permitido profundizar en la comprensión de esta vocación.

Nuestra Policía nació cuando el México posrevolucionario comenzó a consolidarse. Después de décadas convulsas y grandes disputas por el poder, a finales de los años 20 del siglo pasado se crearon las instituciones que encarnaron el espíritu revolucionario y sirvieron de cimiento al México moderno. Junto con estas instituciones, surgió una dedicada a preservarlas y a conservar el régimen de convivencia pacífica recién conquistado.

El primer antecedente de la actual Policía Federal de México se encuentra en el Diario Oficial de la Federación publicado el 6 de abril de 1925, donde se hace mención a la Ley del Impuesto Federal sobre Ventas de Primera Mano de Gasolina, la cual incluyó la creación de la Comisión Nacional de Caminos, precedente de la Policía de Caminos.

Tras otorgar fundamentos legales y recursos, el 1 de julio de 1928 el Presidente Plutarco Elías Calles emitió el decreto de creación del primer “Escuadrón de Agentes Vigilantes de la Oficina de Tránsito”, corporación que formaba parte de la desaparecida Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). Se conformó y dotó de uniformes, armamento y equipo motorizado marca “Indian” a un grupo de 53 agentes vigilantes, bajo el mando del General Alfredo Serratos Amador.

En 1931 el Presidente Pascual Ortiz Rubio elevó la categoría del Escuadrón de Agentes Vigilantes, al darle el nombramiento de Policía de Caminos y adscribirla a las Oficinas de Comunicaciones Terrestres de la SCOP, por lo que dejó de pertenecer a la Comisión Nacional de Caminos. A partir de ese momento se formaron los primeros destacamentos en las principales ciudades de la República Mexicana y se asumieron como garantes del orden establecido, entendiendo la necesidad de reforzar sus filas y formar a los policías federales de caminos en “disciplina, lealtad y sacrificio”, espíritu que quedó plasmado en su lema.

Para 1939, durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río, la Policía de Caminos se consolidó como la mítica Policía Federal de Caminos. A la par, inició un proceso de militarización y se le nombró Milicia Auxiliar del Ejército Nacional.

Catorce años después, el 27 de julio de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer Reglamento Interno de la Policía Federal de Caminos, el cual estableció que ésta dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional en lo referente a su organización e instrucción militar, así como su pertenencia a la Reserva Territorial del Ejército Nacional.

En ese mismo año, el Presidente Adolfo Ruíz Cortines determinó crear la Escuela de la Policía Federal de Caminos en el Distrito Federal, que durante sus primeros ocho años funcionó de forma experimental. Su primera generación estuvo integrada por veintinueve elementos.

El 2 de agosto de 1961, bajo el mandato del presidente Adolfo López Mateos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Escuela de la Policía Federal, lo cual permitió elevar la capacidad y calidad profesional de su personal, así como dotar de la debida preparación a sus nuevos integrantes.

En el periodo de 1972 a 1989 se actualizaron los reglamentos de la Institución y se crearon diversas secciones, a fin de modernizarse y dar atención al sector marítimo y aeroportuario.

Con el paso de los años y estando nuestro país inmerso en una dinámica de cambio social y político cada vez más intenso, se hizo presente un fenómeno complejo y desafiante para la labor de la institución. La delincuencia organizada constituyó un reto crítico para el trabajo y la formación de la Policía Federal.

La importancia de enfrentar esta amenaza de manera eficiente y ordenada quedó plasmada en el lema “Inteligencia y disciplina contra la delincuencia” el 4 de enero de 1999, durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, la Policía Federal de Caminos se transformó en la Policía Federal Preventiva, adscrita a la Secretaría de Gobernación, con el propósito de cumplir con la responsabilidad constitucional de prevenir el delito. Al año siguiente fue asignada a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública.

Siendo presidente Felipe Calderón Hinojosa, el 1 de junio de 2009, se publicó la ley que convirtió a la Policía Federal Preventiva en la Policía Federal, dotada de facultades para realizar investigación preventiva y colaborar con la Procuraduría General de la República. Aunado a ello, la nueva Policía Federal contó con la posibilidad de auxiliar a las policías estatales y municipales.

El combate a la delincuencia organizada y el profundo entendimiento de este fenómeno dejó en la Policía Federal muchos aprendizajes. Por un lado, se reafirmó la importancia de utilizar todo el talento y los recursos tecnológicos disponibles para hacer frente a tan grande desafío. Por otra parte, sirvió para profundizar y reflexionar en torno a la vocación de servicio a la gente. El actual lema y exhorto de la Policía Federal, “proteger y servir a la comunidad”, expresa ese ideal.

Hoy en la Policía Federal se entienden como agentes de cambio y líderes positivos de una comunidad dinámica, plural y diversa. Se definen también como personas que promueven y construyen paz, entendida no sólo como la ausencia de violencia, sino como la garantía del absoluto respeto a los derechos humanos de todas y todos. La paz que queremos para nuestro país es una paz viva, dialogante e incluyente que sume a la felicidad.

En diciembre de 2012, cuando el licenciado Enrique Peña Nieto se convirtió en Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se tomó la decisión de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública para dar paso a la creación del Comisionado Nacional de Seguridad, vinculando entonces la Policía Federal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Es la Policía Federal la institución en la que más confían los mexicanos de entre las instituciones de seguridad del país, esto porque su espíritu solidario se extiende no solo a las tareas de seguridad sino a otros ámbitos como la protección civil, los derechos humanos y el combate a los ciberdelincuencia.

Firmeza, disciplina y amor patrio son sin duda los baluartes del quehacer de la Policía Federal, que por más de 90 años ha prestado con eficacia sus servicios para honrar desde cada uno de sus mandos el deber de resguardar la seguridad del Estado mexicano, siempre en unidad.

Sin duda, en 90  años la Policía Federal ha hecho esfuerzos para crecer como una policía confiable, eficiente, profesional en la que hombres y mujeres entregan diariamente su pasión, talento y esfuerzo a la convicción de servir a los mexicanos y proteger a sus comunidades.

Es pues deber de este Congreso reconocer los méritos de miles de mexicanos que dan vida a las capacidades de la Policía Federal, al tiempo de corresponder a otros miles que han formado parte de ella y han dado su vida por México. Es por esto que, considerando la excelencia de esta institución, proponemos reconocer el aporte institucional de la Policía Federal a la construcción de un México en Paz, a través de la emisión de una moneda conmemorativa de uso corriente que permita a los mexicanos reconocer y valorar el sacrificio de todos los que con entrega han formado parte de esta institución del Estado mexicano.

En ese sentido, consideramos que esta Cámara de Diputados con la emisión de una moneda conmemorativa cumple con el justo reconocimiento público que debe tener la Policía Federal, sus méritos, aportaciones y servicios, sus hombres y mujeres, servidores públicos, que trabajan por un mejor futuro en un México en Paz.

En el marco de un Estado democrático de derecho, la emisión de esta moneda dará un justo reconocimiento a una institución que con entrega construye un México en paz para todas y todos los mexicanos y preserva las libertades, el orden y la paz públicos con objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos para las generaciones presentes y futuras.

Es por esto que proponemos la emisión de la moneda conmemorativa del 90 Aniversario de la Policía Federal a través de la cual los mexicanos apreciarán el honor, la justicia, la ética y respeto a la legalidad, con la que una digna institución sirve al Estado mexicano.

Destacamos, además de los 90 años de servicio que ha brindado la Policía Federal a los mexicanos, algunos de sus principales logros que han transformado a esta institución en una policía de excelencia, moderna y estratégica en las siguientes áreas:

I. Presidencia de Ameripol

En el marco de la Presidencia de Ameripol, la Policía Federal orientó sus esfuerzos para lograr la consolidación de dicha Comunidad, consolidando alianzas con otras organizaciones internacionales y robusteciendo las capacidades técnicas de los cuerpos de Policía del continente americano. Algunos resultados destacados son los siguientes:

• Efectiva transferencia de conocimientos y mejores prácticas entre los cuerpos policiales de Ameripol, a partir de la implementación de jornadas virtuales y presenciales de capacitación en temas como seguridad fronteriza, delitos cibernéticos y trata de personas, entre otros.

• Diseño e implementación de programas de formación de policías de alto nivel, como la Maestría en Seguridad Hemisférica, el Diplomado en Hechos de Tránsito y Seguridad Vial y el de Mando Policial para miembros de Ameripol.

• Fortalecimiento de la Comunidad de Policías de América a través de la creación y puesta en marcha de sistemas para el intercambio de información, como el Registro de Objetivos de Inteligencia (ROI).

• Impulso a la cooperación internacional, representando a Ameripol en reuniones de trabajo con organizaciones como Interpol y Afripol.

II. Atención al delito de trata de personas

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el combate a la trata de personas a nivel hemisférico y nacional, la Policía Federal ha posicionado el tema en la agenda estratégica nacional e internacional, a fin de desarrollar estrategias de trabajo para sumar capacidades y esfuerzos en la materia.

En el marco de dichos esfuerzos, la Policía Federal organizó la I Cumbre Hemisférica sobre Trata de Personas, los días 27 y 28 de noviembre de 2017, con el objetivo de ser un punto de encuentro y reflexión para compartir experiencias y mejores prácticas para la prevención y el combate de este delito.

Como principal aportación de la Cumbre, destaca la suscripción del Memorándum de Entendimiento Hemisférico contra la Trata de Personas, suscrito por representantes de cuerpos de policía de Costa Rica, El Salvador, Haití, Jamaica, México, Panamá y Perú, con la finalidad de favorecer el intercambio de información para la prevención y combate del delito de trata de personas; desarrollar líneas de investigación; realizar una campaña hemisférica para prevenir la trata de personas; dar continuidad a la Cumbre Hemisférica sobre Trata de Personas; y facilitar los procesos de capacitación policial en materia de trata de personas.

III. Misión Ambiental

La Policía Federal asumió la Misión Ambiental a partir de la formalización de las Bases de Colaboración suscritas entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Comisionado Nacional de Seguridad, con la finalidad de colaborar con las autoridades ambientales en el desarrollo de sus actividades de inspección y vigilancia.

Como parte de la Misión Ambiental la Policía Federal realiza acciones operativas estratégicas en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como el operativo para la protección de la totoaba y la vaquita marina en el Alto Golfo de California y el despliegue en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, destacando la reducción en 94 por ciento en la tala clandestina en dicha área natural, pasando de 11.92 a 0.65 hectáreas, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Para cumplir con eficiencia y eficacia esta misión se ha suscrito un convenio de colaboración con el Instituto de Biología de la UNAM, el cual contempla la capacitación para toma de muestras e identificación de material biológico, asimismo, elementos de toda la Policía Federal, principalmente de la División de Gendarmería, han sido capacitados en materia de normatividad ambiental e identificación de especies protegidas.

IV. Ciberseguridad

La Policía Federal desarrolló e implementó una estrategia de ciberseguridad, basada en el entendimiento de que el ciberespacio es un nuevo entorno operativo, cuyos ejes de esfuerzo se cimientan en la prevención y la atención ciudadana; la detección oportuna de amenazas y ataques cibernéticos; y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la investigación de delitos y abusos cibernéticos.

La institución ha posicionado el tema en la agenda pública nacional mediante el desarrollo de diversas actividades como la Semana Nacional de Ciberseguridad, el Primer Coloquio sobre Ciberseguridad para Medios de Comunicación y la promoción de la creación del primer Comité de Ciberseguridad a nivel nacional.

Así mismo, ha redoblado esfuerzos para atender los delitos cibernéticos, así como para prevenir los riesgos asociados a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación mediante alianzas estratégicas con la Secretaría de la Función Pública, Telmex-SCITUM y Microsoft en la materia.

V. Unidad de Derechos Humanos

La Unidad de Derechos Humanos de la Policía Federal fue creada el 31 de octubre de 2016, mediante un acuerdo emitido por el comisionado general de la Policía Federal.

Entre sus funciones se encuentran:

• Ser el enlace en materia de derechos humanos con instituciones públicas y privadas, así como organismos no gubernamentales de protección y defensa de los Derechos Humanos;

• Brindar la asesoría en la materia que requiera el Alto Mando con motivo del desempeño de sus funciones,

• Fomentar la aplicación del marco jurídico internacional al interior de la Institución.

Asimismo, coadyuva en la atención de medidas cautelares solicitadas por organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, así como en la emisión de opiniones sobre instrumentos normativos y convencionales que incidan en el ámbito de su competencia.

VI. Profesionalización

El Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal ha sido reconocido como una institución de educación superior por la Secretaría de Educación Pública, posicionando la profesionalización como un pilar fundamental de la dignificación del servicio policial.

En ese sentido, la Policía Federal ha diseñado y puesto en marcha programas académicos para la formación de policías de alto nivel como la Licenciatura en Ciencias Policiales, cuyo objetivo es formar a policías federales como profesionales de la seguridad y la Maestría en Seguridad Hemisférica, la cual busca dotar a sus participantes de herramientas para comprender los factores y amenazas que impactan en la seguridad regional, con la visión multidimensional de las problemáticas planteadas por la Organización de Estados Americanos y forjar agentes multiplicadores para formación de capital humano.

La primera generación de la Licenciatura cuenta con 71 elementos policiales, asimismo, en diciembre de 2017 concluyó sus estudios la primera generación de la Maestría, egresando 17 alumnos, 7 alumnos pertenecientes a las policías de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Haití, Panamá y República Dominicana, así como 10 integrantes mexicanos de la Policía Federal y del Comisionado Nacional de Seguridad.

En enero de 2018 inició cursos la segunda generación de ambos programas con la participación 40 alumnos de Licenciatura y 20 de Maestría, entre los que se encuentran representantes de cuerpos de policía de Panamá, Guatemala y Bolivia, así como como elementos pertenecientes al comisionado nacional de Seguridad, el Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección Federal y la Policía Federal.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se emite una moneda conmemorativa en ocasión del 90 aniversario de la Policía Federal

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del 90 Aniversario de la Policía Federal, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El Escudo con motivo del 90 aniversario de la Policía Federal, el cual incluirá la o las leyendas y diseño que para su efecto sea aprobado de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente decreto.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México aprobará, considerando la opinión y la propuesta de la Policía Federal, el diseño de la moneda y acuñará en consecuencia la moneda conmemorativa.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente decreto.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente decreto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 13 de febrero de 2018.— Diputada y diputado: Adriana Sarur Torre, Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS DEDICADAS A LA TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS, A EFECTO DE IDENTIFICAR CASOS DE TRATA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a establecer con la SCT y las cámaras empresariales correspondientes protocolos de actuación dirigidos a unidades económicas de transporte de pasajeros para identificar casos de trata de personas, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Una de las conductas delictivas que más causa indignación es sin duda la trata de personas, pues la misma se encuentra asentada en la idea de que es posible transmitir la propiedad de seres humanos como si se tratara de mercancías carentes de dignidad, sentimientos y prerrogativas. Tal concepción, inhumana hasta el extremo, constituye un resabio de épocas que creíamos superadas, atavismos que describen nuestra fallida inserción en la modernidad, pues no se puede hablar de ésta, mientras la libertad de algunas personas dependa de una voluntad externa modulada por la codicia, la crueldad y la falta de respeto a uno de los derechos más fundamentales: el de la libertad.

La idea de la apropiación de personas no es nueva en nuestro país, sino que encuentra profundas raíces en nuestra historia. Entre los pueblos precolombinos, la pérdida de la libertad podía ser consecuencia de la guerra, de la comisión de un delito, de incurrir en vicios o como medio para saldar deudas. Con la llegada de los conquistadores españoles, si bien es cierto la condición de los indígenas resultó penosa, no lo es menos que a éstos no se les dio el trato formal de esclavos, a diferencia de los africanos, a quienes se les trajo por fuerza al virreinato para que desempeñaran trabajos rudos en las plantaciones de azúcar y algodón, siendo objeto de comercio sancionado por las leyes civiles.

Más tarde, y a pesar de la abolición de la esclavitud tras la consumación de la Independencia, las autoridades prefirieron voltear hacia otro lado mientras en los territorios de Texas los colonizadores anglosajones continuaban con el infame comercio de personas. Durante la Guerra de Castas en Yucatán, los indígenas que eran capturados tenían como destino cierto su venta en Cuba, donde los españoles los empleaban en tareas agrícolas.

A lo largo del Porfiriato, la apropiación de personas adquirió un matiz rayando en la servidumbre, pues los peones no eran objeto de compraventa, pero sí estaban sujetos a la tierra y a la sumisión frente a un hacendado, dadas las deudas impagables que adquirían, las cuales se heredaban de generación en generación. Frecuentes eran los castigos corporales propinados por capataces y caporales, quienes hacían del látigo un instrumento odioso de mando y temor.

Recordemos también que, durante la dictadura de Díaz, los levantamientos indígenas fueron sofocados a sangre y fuego y los protagonistas de éstos encontraron en la pérdida arbitraria de la libertad el castigo por oponerse a un estado injusto de cosas. Célebres son las deportaciones de indios yaquis organizadas desde Sonora hacia las haciendas henequeneras y tabacaleras de Yucatán y Valle Nacional, ésta última inmortalizada por el periodista norteamericano John Kenneth Turner en la imperdible obra México Bárbaro.

Pareciera que, tras la conclusión de la lucha revolucionaria y la promulgación de la Constitución de 1917, un instrumento jurídico pródigo en el reconocimiento de libertades individuales, la apropiación de seres humanos pasaría a ser una cuestión histórica, más digna de la investigación historiográfica que de pesquisas criminales, pero esto no ha ocurrido así. Periodistas como Héctor de Mauleón han documentado con suficiencia y rigor las atrocidades que son cometidas diariamente en contra de mujeres que, violentadas de forma extrema, son obligadas a prostituirse en las calles de la ciudad de México, trátese de Sullivan, Tlalpan, San Pablo o La Soledad, estos últimos dos sitios ubicados a unos cuantos metros de este recinto legislativo.

Hablamos de pueblos enteros dedicados al enganchamiento de mujeres, donde el oficio de proxeneta otorga riqueza económica y “reconocimiento social”. Nos referimos a los garitos de la frontera con Guatemala, en los que jóvenes centroamericanas ofrecen servicios sexuales no a cambio de dinero, sino de su sobrevivencia, pues resulta sabido por todos que una negativa frente a un padrote puede ser causa de una muerte cruel e impune.

La existencia de tales redes de comercio de personas nos demuestra el divorcio que prevalece entre lo preceptuado en las leyes y la realidad, la falta de cumplimiento a normas básicas de convivencia que reconozcan las libertades individuales por encima del lucro indebido, de la acción delincuencial organizada. Aunado a lo anterior, hablamos de un fenómeno que muestra uno de los rostros más obscuros de la globalización, pues implica el desplazamiento forzada de personas entre países, sin que para ello valgan fronteras o convenciones internacionales.

De acuerdo con cifras contenidas en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014–2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, miles de víctimas de trata son utilizadas con fines de explotación sexual y trabajos forzados, lo que afecta a 21 millones de personas, sobre todo mujeres, niñas y niños, y genera ganancias para la delincuencia de 32 mil millones de dólares. Sobre este particular, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la trata es el tercer crimen en la lista de delitos de las autoridades internacionales, sólo después del tráfico de armas y drogas. En el caso de México éste ocupa el segundo lugar.

En el mismo programa se refiere que, de acuerdo con un estudio realizado en 2012 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las víctimas de trata de personas de origen extranjero que se encuentran en México provienen de Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Cuba, Rumania, Bulgaria, Polonia, República Checa, Rusia, China y los países de América Central, mientras que, el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que México ocupa el lugar número tres respecto a América Latina y el Caribe en el tema de trata de personas. Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) identifica a 16 estados del país como destinos de la explotación de personas extranjeras, lo cual representa el 50 por ciento del territorio nacional. En 2012 el Sistema de Alerta Roja refirió que los principales estados de la república mexicana de destino de trata interna son Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Morelos, estado de México, Oaxaca, Baja California, Hidalgo y Tabasco.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que, en México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras ubicaban el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual de 16 mil a 20 mil. El organismo garante de los derechos humanos también señala que, de acuerdo con otros estudios, la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país. Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan entre los 50 mil y 500 mil casos.

La situación en México se agrava de manera particular, dada nuestra posición geográfica, pues constituimos un país de tránsito hacia los Estados Unidos, que es hacia donde se dirigen muchas de las personas víctimas de trata, pero también como lugar de destino, lo que da lugar a innumerables atrocidades, muchas de las cuales quedan impunes dada la vulnerabilidad e indefensión de las víctimas.

Pese a la existencia de un marco normativo tendiente a prevenir y sancionar la trata de personas, el gobierno federal reconoció al principio de la presente administración que son cuatro los factores que inciden en la prevalencia del fenómeno, a saber: i) la prevención insuficiente que se ha realizado para combatir este delito, ii) la inconsistente atención, protección y asistencia a las víctimas de este flagelo, iii) la deficiente investigación y persecución de los delitos por las autoridades facultadas para ello, y iv) la escasa rendición de cuentas y acceso a la información, resultan en su conjunto elementos que constituyen la problemática de la trata de personas.

El propósito del presente acuerdo es darle cauce al primero de los rubros antes señalados, apuntando de antemano diversas medidas dirigidas a la prevención del delito de trata:

* La realización de campañas de información y difusión;

* El diseño y puesta en marcha de iniciativas sociales y económicas;

* La cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad;

* La implementación de medidas legislativas, educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación que provoque la trata de personas;

* La supervisión de negocios que puedan ser propicios para la comisión del delito, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros;

* La inspección de las agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños y adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas;

* La búsqueda inmediata de cualquier mujer, niña, niño o adolescente o cualquier persona que sea reportada como extraviada, sustraída o ausente, librando una alerta general a todas las instancias de procuración de justicia y policiales en todo el territorio nacional y fuera de éste, así como al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para impedir que la persona reportada pueda ser sacada del país;

* La prohibición de toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas;

* La adopción de medidas para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el lugar de partida, durante el viaje y en el lugar de destino, y

* La adopción de medidas para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos, en las garitas y puntos fronterizos y en otros lugares públicos, a fin de impedir la comisión del delito de trata de personas.

Con relación a estos dos últimos puntos, resulta de especial importancia la vigilancia de aquellos lugares de tránsito por donde circulan las víctimas de la trata de personas, puesto que, como señalamos con anterioridad, este delito para su configuración, requiere de movimientos migratorios para su comisión, y es el caso que en muchas ocasiones, el personal de las empresas dedicadas a la transportación se enfrenta a casos de esta naturaleza sin poder identificarlos o carentes de herramientas de actuación que les permitan tomar acciones adecuadas para enfrentarlas y así poder colaborar en la liberación de las víctimas.

Es por ello que, partiendo de la coadyuvancia que debe existir entre autoridades, permisionarios y concesionarios del transporte público, se propone que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con su par de Comunicaciones y Transportes y las cámaras empresariales correspondientes, establezcan protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las cámaras empresariales correspondientes, establezca protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas.

Fuentes

1  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343079&fecha=30/ 04/2014 Consultada el 9 de enero de 2018 a las 19:49 horas.

2  http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/diagnosticoTrataPersonas. pdf Consultada el 9 de enero de 2017 a las 20:03 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen, y a la Comisión Especial contra la trata de personas, para opinión.

MECANISMOS QUE OTORGUEN UN INCREMENTO DEL PRECIO QUE SE PAGA A LOS PRODUCTORES DE LECHE POR PARTE DE LICONSA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, la Sagarpa, la SE y la SHCP a establecer instrumentos para incrementar el precio pagado por Liconsa a los productores de leche del país, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, diputado federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría  de Economía; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo federal establezcan mecanismos que otorguen un incremento del precio que se paga a los  productores de leche del país, por parte de la empresa paraestatal Liconsa, con objeto de fortalecer la subsistencia del sector y que dicha acción intersecretarial garantice el abasto para los programas sociales federales,al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de febrero del 2018, en reunión de  trabajo con  el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, celebrado en la ciudad de Aguascalientes,  el  Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, AC (Frenaprocol) ha declarado a través de un  manifiesto que “los pequeños y medianos productores de leche de 20 estados del país, que aportamos más del 80 por ciento del volumen nacional del alimento, hacemos un llamado al gobierno de la república, a través de las Secretarías de Agricultura, de Desarrollo Social y de Economía, a que den respuesta a 150 mil productores de nuestro gremio, que nos debatimos entre seguir empobrecidos y desaparecer, o incorporarnos al proceso de desarrollo nacional. Estamos en franca desesperación por la nula atención de los titulares de estas dependencias. Ellos juegan al teléfono descolgado o a los oídos sordos, mientras nosotros padecemos hambre frente a la disyuntiva de que mueran nuestros animales por hambre o llevarlos al matadero para rescatar algo.

Los productores de leche manifestamos nuestra molestia por el nulo interés del gobierno mexicano (Economía, Sedesol y Sagarpa) por ayudarnos a resolver los graves problemas que no sólo son de aumento del precio del producto, sino resultado de una política de importaciones indiscriminadas de leche en polvo. Esto ha condenado a los productores nacionales a desaparecer, ahorcados por un precio y una competencia despiadada, de la cual se han beneficiado los países desarrollados, como Estados Unidos, Europa y ahora Nueva Zelanda”.

Estas acciones son contrarias a lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que en diversos artículos refiere a la importancia de fortalecer a los productores nacionales.

Dicha ley mandata apoyar a los productores cuando no exista una competencia justa derivada de acuerdos comerciales o por políticas internas, tal como presenta la problemática del sector.

La fracción II del artículo 191 establece:

Artículo 191.Los apoyos que se otorguen a los productores en cumplimiento a lo dispuesto por este ordenamiento, impulsarán la productividad y el desarrollo de actividades agropecuarias y la creación y consolidación de empresas rurales, a fin de fortalecer el ingreso de los productores, la generación de empleos y la competitividad del sector.

El otorgamiento de apoyo a los productores observará los siguientes criterios:

I. ...

II. Su contribución a compensar los desequilibrios regionales e internacionales, derivados de las relaciones asimétricas en las estructuras productivas o de los mercados cuando la producción nacional sea afectada por la competencia desigual derivada de los acuerdos comerciales con el exterior o por políticas internas;

III. a VIII....

El sector agroalimentario y en particular los pequeños y medianos  productores lecheros, manifiestan que esta problemática se ahonda, por la necesidad que tienen de reposición de vaquillas, de renovación de infraestructura, de aprovisionamiento de forrajes, del uso de medicamentos y de instrumentos necesarios para un manejo adecuado de los animales y del propio producto, una vez extraído de las vacas; de sistemas de acopio y transporte de la leche.

 Es importante manifestar que con la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994, nuestro país empieza la importación de leche en polvo con una cuota de 40 mil toneladas  libres de pago de arancel, aunado a esto y aún  a la vecindad con Canadá y Estados Unidos, México ha tenido históricamente una gran diferencia en temas de tecnología, niveles de productividad y otros factores que propician grandes abismos con los productores de leche de otros países.

Ante la apertura comercial y la globalización de los mercados, la mayoría de los países productores de leche cuentan con mecanismos financieros y mecanismos de administración de riesgo como seguros al margen para proteger a sus productores ante la caída de los precios o cuando los costos se elevan debido principalmente a la volatilidad de los precios de los comodities como el maíz y pasta de soya, productos básicos de la alimentación para la producción de leche.

En México existen alrededor de 250 mil unidades de producción para la producción de leche donde la mayoría son pequeños productores a nivel rural que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias y alrededor del sector existe una gran cantidad de mano de obra directa e indirecta.

Dadas las circunstancias son necesarios los cambios estructurales para que se incremente la producción, la productividad, la competitividad y sustentabilidad en la producción de leche.

Al ser Liconsa el comprador con mayor número de productores en México, al dejar de comprar leche o comprarla a precios muy bajos, distorsiona el mercado nacional y afecta a los productores más pequeños, por lo que también se solicita que se apoye a dicha empresa no solo  con recursos extraordinarios para no solo disminuir el volumen de compra, sino que se incremente el precio de compra a los productores nacionales, que de acuerdo con la información emitida por el Frenaprocol, deberá ser de al menos por $8.00 (ocho pesos) el litro de leche.

Con dicho aumento, a los productores lecheros les permitirá mayor certidumbre en la venta de su producción; mejorar la calidad del producto; planear adecuadamente sus volúmenes de crecimiento; involucrar programas de sanidad y mejoramiento genético, así como  mejoras en la infraestructura y equipo de dichos productores.

Por lo anteriormente descrito, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los titulares de  la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Economía; y la Secretaría de Hacienda  y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo federal establezcan mecanismos que otorguen un incremento del precio que se paga a los  productores de leche del país, por parte de la empresa paraestatal Liconsa, con objeto de fortalecer la subsistencia del sector  y que dicha acción intersecretarial garantice el abasto  para los programas sociales federales.

Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2018.— Diputado Gerardo Federico Salas Díaz (rúbrica) .»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

RELATIVO AL INCREMENTO DE RECLAMOS EN UN 354 POR CIENTO A LOS SERVICIOS DE BANSEFI

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al incremento de 354 por ciento de los reclamos contra servicios del Bansefi, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El Banco Nacional de Servicios Financieros Bansefi es una institución pública bancaria, que, entre otras funciones, es la encargada de hacer la entrega de recursos de diferentes programas de gobierno a sus beneficiarios, principalmente Prospera y Adultos Mayores, además de que el Inadem otorga créditos a emprendedores y microempresas a través de esta institución. De acuerdo con el Informe de Logros 2016, en el año 2017 se esperaba atender a 8.3 millones de beneficiarios y para el actual 2018 se tenía una proyección de 11 millones de beneficiarios. Además, Bansefi fue designado para la entrega de los apoyos correspondientes al Fonden, derivado de los hechos sucedidos como consecuencia de los sismos de septiembre pasado.

Lo anterior hace imprescindible que se garanticen la seguridad y la transparencia en la dispersión de los apoyos.

2. En la presente administración federal, el titular de Bansefi ha sido reemplazado en múltiples ocasiones, lo que implica una serie de interrupciones en el alcance de los objetivos y deja entrever una falta de continuidad y la poca importancia que le ha dado el gobierno federal a esta institución tan trascendente para la inclusión financiera de los sectores vulnerables.

3. De acuerdo con la información de la página web del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros –Condusef– (https://www.buro.gob.mx/index. php#sectores), el número de reclamaciones se ha incrementado de manera abrupta en las instituciones Bansefi; las cuales pasaron de mil 320 reclamaciones en 2104 a 5 mil 998 en el primer semestre de 2017, lo cual corresponde a un incremento del 354 por ciento. Es de particular interés que haya muy pocas sanciones a la institución; únicamente 2 en el primer semestre de 2017 por un monto de 49 mil 864 pesos.

4. En 2017, los principales motivos de reclamación en contra de Bansefi recibidos en la Condusef fueron los siguientes:

• Disposiciones en efectivo en ventanilla, sucursal y/o cajero automático no reconocida por el usuario.

• Solicitud de recursos no entregada.

Mientras que los principales motivos de reclamación en contra de Bansefi recibidos en la misma institución fueron los siguientes:

• Cargo no reconocido por consumos no efectuados.

• No entrega cantidad solicitada.

Lo que indica que de manera continua se efectúan cargos a las cuentas de los usuarios, que no reconocen como hechas por ellos mismos; lo que deja lugar a dudas sobre la transparencia y legalidad en la operación y manejo de las cuentas de los usuarios.

5. En la página de la Condusef en su apartado de estadísticas (https://www.gob.mx/condusef/documentos/estadistica-de-condusef-2017?idiom=es), se presenta información de manera periódica  sobre las diversas entidades financieras que componen el Sistema Financiero Mexicano (instituciones de banca múltiple, afores, aseguradoras, sociedades de información crediticia y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas), sin embargo, no presenta información referente a la banca de desarrollo, lo cual significa que no se recaba la información o que no es públicamente presentada.

Consideraciones

1. Los bancos de desarrollo son entidades de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito con el objeto de otorgar financiamiento y capacitación para los sectores industrial, gubernamental, infraestructura, y de vivienda.

De conformidad con las leyes orgánicas de las instituciones de banca de desarrollo, los únicos bancos de desarrollo facultados para abrir cuentas de ahorro al público en general son:

• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (Bansefi)

• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC (Banjercito)

2. Bansefi es el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, fue constituido el 2 de enero de 2002 con la finalidad de promover el ahorro y la inclusión financiera; canalizar los apoyos del gobierno federal necesarios para el fortalecimiento y desarrollo del sector de ahorro y crédito popular.

3.De conformidad con la Ley Orgánica de Bansefi, “El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros”, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá realizar funciones de banca social, para lo cual tendrá por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del sector.”

4. Para dar cumplimiento con el mandato, Bansefi ofrece servicios financieros principalmente a la población de escasos recursos, a personas que viven en localidades alejadas o de difícil acceso en las que no existe presencia de intermediarios financieros formales, y a beneficiarios de apoyos sociales.  Para ese público ha diseñado cuentas de ahorro que se abren con montos bajos y brinda servicios como envío y recepción de remesas de dinero de Estados Unidos a México o dentro del país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Al titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (Bansefi) se solicita hacer del conocimiento público:

a) Las acciones que ha realizado respecto a las principales quejas que tienen por el servicio ofrecido, así como el número de quejas atendidas y sin atender, el número de cuentas que administra al cierre del segundo semestre de 2017.

b) Los motivos por los qué no se incluye la información en su página de internet, referente a las cuentas administradas y la naturaleza de las mismas.

c) El estatus de entrega de recursos públicos correspondientes a programas federales y en especial los recursos entregados a los damnificados por el sismo.

Segundo.Al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se solicita hacer del conocimiento público:

a) Los motivos por los que no se encuentran publicados los resultados estadísticos del desempeño de las instituciones de banca de desarrollo durante 2017, específicamente los referentes a Bansefi.

b) El porcentaje de reclamos que están relacionados con la entrega de apoyos de los programas federales.

c) Las medidas que están tomando a favor de los usuarios de la banca de desarrollo Bansefi, para reparar las deficiencias de la institución respecto al manejo de las cuentas de los usuarios, específicamente de aquellos receptores de apoyos gubernamentales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

SE LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN AL CASO DE LA NIÑA VALENTINA RUBALCAVA FOSADO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al caso de la niña Valentina Rubalcava Fosado, para exhortar a las autoridades ministeriales y judiciales a llevar a cabo las investigaciones pertinentes, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás normatividad aplicable, someto a consideración de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a diversos medios de comunicación, tras ser reportada como desaparecida desde el 15 de enero del presente, el pasado 1 de febrero, la niña Valentina Rubalcava Fosado, gracias a la “Alerta Amber”, fue encontrada en Quintana Roo y trasladada a la Ciudad de México, para ser entregada a su madre, quien denunció fue sustraída en venganza porque el 29 de junio de 2015, el juez tercero de lo familiar le otorgó a ella la guardia y custodia de la menor.

La titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Femivtra), Adriana Lizárraga, en una entrevista con Francisco Zea, señaló que el 25 de enero de 2018, se inició una carpeta de investigación con base en la querella formulada por María Fernanda, la madre de la menor.

En el recurso interpuesto por la madre, quedó manifiesto que el 23 de agosto de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una resolución que negaba un amparo al padre de la niña.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en una tarjeta informativa, comunicó que el jueves primero de febrero, en Quintana Roo, recuperó a una menor de edad que fue sustraída en desacato a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para la recuperación de la menor de edad, la Fiscalía realizó diversas acciones, entre las que destaca: giró un oficio a la policía federal ministerial para localizar tanto a Valentina como a su padre; emitió una “Alerta Amber” a nivel nacional, una de tipo migratorio y una ficha amarilla ante la Interpol, para que se le buscara a nivel internacional.

Afortunadamente, la niña se encuentra con su madre, sin embargo, este caso amerita una mención especial debido a que, ha estado marcado por la violencia de género, la impunidad y el tráfico de influencias.

Es razón de lo anterior, hay que recordar que, desde hace varios años, los medios de comunicación han documentado el caso legal de la niña Valentina, uno de ellos, Sin embargo, que realizó una investigación en la cual destaca que, desde enero de 2014, María Fernanda luchó legalmente por recuperar la guarda y custodia de su hija Valentina y ha librado una batalla con su ex esposo Juan Manuel Rubalcava, quien la acusó de ejercer violencia familiar en contra de la menor. El caso, como fue demostrado por el abogado defensor, fue construido a base de pruebas poco fidedignas y con atropellos legales.

En 2015, el citado medio, difundió que Juan Carlos Zaragoza Ríos, un empleado de Televisa, habría montado una estructura cibernética para acosar y difamar, por encargo de políticos, a diversas personas a través de redes sociales. Uno de los más asiduos a este servicio era el diputado local Adrián Rubalcava (hermano del padre de la menor). Ese mismo año se informó que tanto María Fernanda como su abogado Ulrich Richter, identificaron haber sido acosados y difamados a través de esa red mientras luchaban en varias instancias legales para recuperar la patria potestad de Valentina.

La batalla legal por la que ha pasado la madre de la menor durante todos estos años para recuperar la guarda y custodia, se debe a que su ex esposo Juan Manuel Rubalcava, es hermano del ex diputado priista Adrián Rubalcava Suárez, ex delegado de Cuajimalpa, actual Diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y aspirante a alcalde por la misma demarcación, lo que le permitió hacer uso de diversas influencias y mecanismos al margen de la ley.

Aunque la madre de la menor la pudo ya recuperar, gracias a la intervención de las autoridades, no podemos olvidar que, en un principio, Ruvalcaba se la quitó mediante un proceso legal lleno de inconsistencias y parcialidades, según lo consigna la investigación periodística de referencia.

La defensa de la madre de la menor, demostró que la investigación judicial en su contra se abrió pese a la falta de elementos concluyentes y sin los debidos procesos; además, encontraron que la autoridad ministerial no consideró la perspectiva de género para tratar el caso, con lo que se “desatendió el principio de presunción de inocencia” por su condición de mujer.

Afortunadamente tiempo después, las autoridades judiciales tomaron en cuenta el desequilibrio económico de las partes, pues en un principio cuando ella fue acusada de no atender adecuadamente a su hija, sólo se consideró su papel como responsable del hogar, sin valorar sus deberes para sostenerse económicamente y proveer para su hija. En cambio, Ruvalcaba (el esposo) no había sido señalado por el Ministerio Público por faltar a su responsabilidad de apoyarla, cuando era estrictamente necesario, y contaba con los recursos económicos para hacerlo.

Para darnos una idea de la violencia y misoginia de Juan Manuel Rubalcava, es necesario hacer mención que él, “es aproximadamente 14 años mayor que María Fosado, y el 13 de septiembre de 2008 cuando se casaron, ya contaba con un doctorado en derecho y se desempeñaba como empresario. En contraste, ella había quedado embarazada con 21 años cumplidos y tuvo que dejar la carrera de abogacía en el quinto semestre. Durante los años que duró el matrimonio, Juan Manuel trabajó y María Fernanda se dedicó a las tareas del hogar”, tal y como lo refiere la revisión penal.

“El 13 de junio de 2011 la pareja se separó. En la sentencia de divorcio quedó estipulado que la guarda y custodia de Valentina quedaría a cargo de su madre y que el padre la podía ver los días martes y jueves, además de un fin de semana alternado. También acordaron que, por dos años, María Fernanda recibiría una pensión alimentaria..., al momento del divorcio era de 16 mil pesos (renta y, gastos alimentarios de la menor)... No obstante, la señora sólo recibía la cuarta parte del monto original, es decir, 4 mil pesos mensuales. Bajo esta situación, se vio en la necesidad de trabajar medio tiempo en una institución bancaria”.

Finalmente, las acusaciones de Juan Manuel Ruvalcaba en contra de María Fernanda no procedieron, debido a la falta de pruebas y a las incongruencias de las declaraciones de los testigos, así como por los estudios psicológicos realizados a la menor.

Ahora bien, es claro que el caso jurídico habría tomado otro cause, o incluso no hubiera sucedido, si Ruvalcaba no hubiera hecho abuso de poder y el tráfico de influencias.

Como éste, han existido y existen muchos casos similares, de ahí que, es necesario visibilizarlo y darle seguimiento preciso para erradicar el abuso y la violencia hacia las mujeres, así como hacia las y los menores de edad, quienes son utilizados como un medio de abuso y chantaje para desquitarse de las mujeres, ocasionando graves daños psicológicos a los menores de edad y a sus madres.

El hermano del diputado local Adrián Rubalcava, desde el principio hasta el final ha hecho alarde de poder, sustrajo a la menor siendo que ya existía un fallo del máximo Tribunal de Justicia, lo cual debe ser castigado con toda la fuerza de la ley y de manera ejemplar.

La sociedad está harta de la impunidad, de la corrupción, de las complicidades y del uso abusivo del poder. Por ello, es necesario que caso sea asumido con responsabilidad, con ética y bajo el imperio de la ley.

La publicad de los actos que nos ocupan, adquirieron mayor relevancia debido a la activación de la “Alerta Amber”, que movilizó a la ciudadanía y a las autoridades, además porque el infractor es reconocido públicamente por sus actividades profesionales y empresariales, así como por ser el hermano y operador político de un representante popular y aspirante a candidato a la alcaldía de Cuajimalpa por el Partido Revolucionario Institucional.

Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se congratula por la recuperación de la niña Valentina Rubalcava Fosado, y reconoce la eficacia y eficiencia las autoridades involucradas en su rescate, así como del sistema denominado “Alerta Amber”.

Segundo. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena las acciones de Juan Manuel Rubalcava, así como cualquier forma de violencia, discriminación y abuso en contra de las mujeres, así como de las y los menores de edad.

Tercero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades ministeriales y judiciales para que lleven a cabo las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, y apliquen toda la fuerza de la ley a Juan Manuel Rubalcava, así como a quien o quienes resulten responsables, en el caso objeto de la presente proposición, a efecto de hacer justicia, resarcir a las víctimas y sentar un precedente ejemplar que inhiba futuras conductas que atenten contra los derechos de las mujeres y la infancia. Asimismo, se solicita que las actuaciones y resoluciones, sean llevadas a cabo de cara a la ciudadanía, con probidad y absoluta transparencia.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/02/02/1217758

2 www.sinembargo.mx/19-02-2017/3152715

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, para opinión.

MECANISMOS DE FLEXIBILIZACIÓN LABORAL QUE PERMITAN A LAS MADRES Y PADRES TRABAJADORES CONTAR CON MAYOR TIEMPO PARA DEDICARLO A LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS a analizar y proponer instrumentos de flexibilización laboral a fin de que madres y padres trabajadores tengan mayor tiempo para dedicarlo a la educación de los hijos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Exposición de motivos

El Partido Verde ha sido insistente y enfático en que la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo globalizado en el que hoy nos desarrollamos.

Es por ello que, desde que tuvo origen la reforma educativa, venimos impulsando diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal tanto con los planteamientos del nuevo modelo educativo como con las exigencias actuales de nuestro país.

Coincidimos en que cada uno de los ejes que componen dicha reforma estructural es indispensable para salir del histórico rezago en el rubro educativo que imperaba en México; hoy, en la recta final de la actual administración, nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados, podemos estar seguros de que a diferencia de sexenios pasados el número de niños y jóvenes que acceden a una educación de calidad va en evidente ascenso.

No obstante lo anterior, los retos son todavía muchos y es importante seguir realizando esfuerzos que se conviertan en acciones afirmativas en favor de la calidad educativa. Lograr una educación con calidad, garantizar infraestructura digna y contenidos vanguardistas, son algunos de los elementos indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza de todos los mexicanos.

El “Modelo Educativo para la educación obligatoria, Educar para la Libertad y la Creatividad” es conformado por cinco grandes ejes articuladores del sistema para obtener el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes: 1) El planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del sistema educativo; 3) Formación y desarrollo profesional docente; 4) Inclusión y equidad; y 5) La gobernanza del sistema educativo.

Actualmente se han definido los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación, entre ellos: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sindicato magisterial, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el poder legislativo.

Consideramos indispensable centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia. Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades.

Y no solo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes aporta grandes beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo.

La participación de los padres en la educación de los hijos resulta por demás necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos.

Los expertos en educación insisten en que padres y docentes deben ir de la mano para que los hijos no se sientan desorientados y no perciban que en casa se hacen las cosas de una manera y en la escuela de otra. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y se pretende que hagan suya esta responsabilidad, teniendo claro que la escuela es complementaria en esta labor.

Un estudio publicado en 2009 en la Revista Electrónica de Investigación Educativa, realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de educación, refiere los siguientes hallazgos respecto a la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos:

* En Estados Unidos, Balli, Wedman y Demo reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.

* En México, González, Corral, Frías y Miranda asociaron factores como el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar.

* La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aboga por la articulación familiar y fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia.

* El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los sectores de la sociedad. Este organismo incluye al índice de participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la escuela entre sus indicadores presentes y próximos para evaluar la calidad del sistema educativo.

* Miranda comenta que la participación de los padres se puede evaluar a través de dos aspectos: uno relativo a la información de los mismos acerca de la escuela y el otro referido a su intervención en las actividades de la misma, y sostiene que la información de los padres sobre lo que acontece en la escuela les facilita una mayor participación en las actividades escolares de los hijos.

A pesar del interés que pudieran tener los padres de familia en involucrarse más en la educación de sus hijos, no todos ellos, generalmente por cuestión de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares. Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación es la ausencia de facilidades en sus centros de trabajo para poder ausentarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México hace un respetuoso llamado a la autoridad laboral de nuestro país para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute acciones que faciliten la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, diseñando mecanismos que permitan ajustar tanto sus actividades laborales como personales en beneficio de los menores.

Lo anterior, coincidiendo con lo manifestado por el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que en relación con el ausentismo escolar refirió: “Es importante que entendamos que la tarea educativa en un esfuerzo de todos, es un esfuerzo del gobierno, de las autoridades educativas, de los maestros, pero también de los padres de familia”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadores contar con mayor tiempo para dedicarle a la educación de sus hijos.

Notas

1 Véase, Valdés Cuervo, Ángel, Martín Pavón, Mario José y Sánchez Escobedo, Pedro Antonio, “Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 11, Núm. 1, 2009.

2 Balli, S., Wedman, J. y Demo, D. (1997). Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting. Journal of Experimental Education.

3 González, D., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural. Enseñanza e Investigación en Psicología.

4 Unesco. (2004). Participación familiar en la educación infantil latinoamericana. Santiago de Chile: Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe-Unesco.

5 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2003). La calidad de la Educación Básica en México. Primer informe anual. México

6 Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2018.— Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica).».

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EXHORTO A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA QUE SE DISCUTA Y APRUEBE LA INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales a discutir y aprobar la iniciativa que reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la CPEUM, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Si una institución tiene capacidades para cumplir sus objetivos, tendrá un buen funcionamiento; consecuencia de ello, la sociedad confiará más en ella. En cambio, si la institución no tiene las herramientas ni las capacidades necesarias, llevará a la baja su funcionamiento.

Plasmado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Publico, a las vez la policía se encuentra bajo su conducción. La seguridad pública es una función de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Una parte importante del funcionamiento del Estado y de la sociedad son las instituciones de seguridad pública encargadas de prevenir e investigar los delitos, son las que resguardan la seguridad de los ciudadanos guiadas a través de la constitución y ajustadas a los derechos humanos.

En el aspecto laboral, el Ministerio Publico, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios está regulada en el artículo 123 de la CPEUM. Menciona que los miembros de seguridad pública pueden ser separados de su cargo en caso de no cumplir con las leyes vigentes. No obstante, en caso de que la separación del cargo sea injustificada el Estado solo estaría obligado a pagar la indemnización y otras prestaciones, sin derecho de audiencia y defensa, de tal manera que en caso de no ser responsable de lo que se le acusa pueda gozar de una reinstalación siendo merecedor de ella.

Según datos del Inegi en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo respecto a los policías y elementos de seguridad, en el primer trimestre de 2017 son aproximadamente 331 mil los ocupados como policías y agentes de tránsito en México. La edad promedio es de 37.7 años.

Ahora bien, el Ministerio Publico y las instituciones de seguridad del país de los tres órdenes deben conformar el Sistema Nacional de Seguridad Publica, este debe regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes.

Todos estos procesos son llevados a cabo a través de los centros de control y confianza. Los exámenes en estas instituciones se componen de cinco pruebas: evaluación toxicológica, evaluación psicológica, evaluación socioeconómica, evaluación médica y evaluación poligráfica.

Los centros de control y confianza resultan esenciales para contar con una policía moderna que resulten eficientes y transparentes para generar confianza en la sociedad. No obstante, las necesidades especiales de cada centro, como capital humano, presupuesto asignado y la cantidad de elementos a evaluar dificultan su funcionamiento.

A modo de ejemplo tenemos que no solo las instituciones deben evaluar al personal para su permanencia, sino que deben evaluar al personal de ingreso o a agentes para asignaciones especiales.

En relación con la escolaridad de los agentes de policía, la encuesta del Inegi menciona que la media de escolaridad son 11 años, lo que equivale a dos años en el nivel medio superior de educación. La distribución en niveles educativos es la siguiente: 54.1 por ciento tiene estudios de preparatoria, bachillerato o carrera técnica, 37 de nivel básico y 8.9 estudios superiores.

Se debe entender que la capacidad de actuación de los oficiales de policía dependerá no sólo de la educación previa: continuamente deben ser capacitados en su área de trabajo, especialmente en el reciente sistema de justicia penal acusatorio.

En cuanto a la jornada laboral, los datos nos dicen que en promedio, los policías y agentes de tránsito en México laboran un promedio de 65.4 horas a la semana. Se tiene que 70.4 por ciento trabaja más de 48 horas a la semana, 29.4 de 35 a 48 horas y sólo 0.2 de 15 a 34 horas en ese lapso.

Aquí encontramos una de las grandes dificultades del funcionamiento de nuestra policía. Las jornadas laborales tienen un gran impacto en la actividad de todo trabajador. Es conocido que los oficiales de policía trabajan en turnos de 24 y 48 horas.

La falta de sueño trae consigo consecuencias graves, como disminución del estado de alerta, reducción de la capacidad visual, además de que puede potenciar la generación de conductas agresivas impulsivas. Otro de los motivos por el que las jornadas de los policías debieran ser reguladas se encuentra en que viven bajo un estrés constante, la falta de descanso también puede ocasionar depresión, soledad y enfermedades cardiacas, lo que no solo repercute en su salud sino también en su seguridad.

Una jornada laboral sin descanso, conlleva también a que los agentes de policía no encuentren tiempo para otras actividades, como capacitación de trabajo, actividades de recreación, inclusive para cuidar su salud (ejercicio físico).

En relación con su salario, el Inegi menciona que en promedio a nivel nacional los policías y agentes de tránsito ganan 31.3 pesos por hora trabajada. No obstante, en algunos casos el promedio es superado como el caso de Baja California donde sus agentes de tránsito y policías ganan 66.4. Sin embargo, en 17 entidades federativas se encuentran por debajo del promedio, por ejemplo Chiapas, Veracruz y Yucatán, los policías y agente de tránsito llegan a ganar 20 pesos por hora trabajada.

Por lo anterior, considero necesario exhortar a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se discuta y apruebe la iniciativa del artículo 123 constitucional Apartado B, fracción XIII, ya que no se puede ejercer justicia sino contamos con elementos policiales con un salario digno y una estabilidad laboral que se puedan sentir protegidos por el Gobierno y no como los tenemos ahora, contra la pared, siendo ellos los que previenen sucesos graves en nuestra vida diaria.

En conclusión, como se menciona los agentes de policía resultan una parte esencial del funcionamiento de la seguridad pública, aquí se han enlistado diferentes aspectos que dificultan el buen funcionamiento de las instituciones de seguridad pública del país entre ellas salud, sueldo y jornadas laborales, además de la atención a la reincorporación a su trabajo. Deben tomarse las acciones necesarias para corregir el problema lo antes posible ante la situación de inseguridad que se vive en el país.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y la Comisión de Puntos Constitucionales tomar las medidas necesarias para garantizar que la labor de los agentes de policía se lleve en las condiciones de salud necesarias, con un sueldo de acuerdo con sus actividades y una jornada laboral que les permita descansar para que éstos puedan realizar sus actividades de la mejor manera posible. Asimismo, se llama a poner especial atención en el Apartado B, fracción XIII, del artículo 123 constitucional, para reincorporar a los elementos de seguridad pública que aun si causa justa son removidos de su cargo a reincorporarse a él causando pérdida de elementos de policías fundamentales para la seguridad pública.

Notas

Inegi (2017). “Estadísticas a propósito de... los policías y agentes de tránsito”. Recuperado el 1 de febrero de 2018 de

www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/agentes2017_Nal.pdf

Castro, Y., Orjuela, Miguel., Lozano, y otros (2012). “Estado de salud de una muestra de policías y su relación con variables policiales”, en Diversitas, volumen 8, número 1. Recuperado el 15 de diciembre de 2017 de

http://revistas.usta.edu.co/index.php/diversitas/rt/printerFriendly/111/148

Redacción AN (2017). “Policías y tránsitos ganan en promedio 8 mil 774 pesos mensuales y trabajan más de 65 horas a la semana_Inegi”. Aristegui Noticias. Recuperado el 28 de noviembre de 2017 de

https://aristeguinoticias.com/1107/mexico/policias-y-transitos-ganan-en- promedio-8-mil-774-pesos-mensuales-y-trabajan-mas-de-65-horas-a-la-semana

Matey, Patricia (2011). “La policía no duerme, pero debería”, en El Mundo. Recuperado el 30 de noviembre de 2017 de

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/12/20/neurociencia/1324380232.html

Morales, G., Saúl, Lilia. (2012). México Infórmate: Transparencia en seguridad y procuración de justicia. Recuperado el 03 de Diciembre de 2017, de

http://rendiciondecuentas.org.mx/data/arch_publ/Transparencia%20en%20 seguridad%20p%FAblica%20y%20procuraci%F3n%20de%20justicia.pdf

http://www.redalyc.org/html/522/52251158004/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

SE INTENSIFIQUEN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL PUENTE EL CARRIZO DE LA AUTOPISTA DURANGO-MAZATLÁN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a intensificar por Capufe la reparación del puente El Carrizo, de la autopista Durango-Mazatlán, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde su inauguración en octubre de 2013, la autopista Durango-Mazatlán se ha convertido en una de las vías más importantes del norte del país, debido a que conecta a 7 entidades federativas con sus 230 kilómetros de longitud.

La también denominada súper carretera, se concibió como una de las obras de infraestructura que apuntalaría el desarrollo de las regiones por las cuales cruza y reduciría el tiempo de traslado entre la ciudad portuaria de Sinaloa y la capital de Durango de seis a dos horas y media. Sin duda, una obra que brinda una mejor conectividad y que detona el tránsito de personas y productos capaz de impulsar la economía de las entidades beneficiadas.

Desafortunadamente, la noche del pasado 12 de enero del presente se registró la volcadura e incendio de un tractocamión que transportaba 68 mil litros de diésel en el kilómetro 162+500, lo cual provocó daños estructurales del puente “El Carrizo” de la súper carretera.

Tras el incidente, y darse a conocer los severos daños por calcinación en el asfalto y estructura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) decidieron cerrar la zona afectada de la vía hasta concluir los trabajos de reparación, los cuales se estiman tendrán una duración de 6 a 8 meses.

Esta situación ha generado inquietud y preocupación, principalmente, entre los trabajadores y empresarios del sector turístico de ambas entidades, toda vez que la afluencia de visitantes en la temporada vacacional de semana santa podría disminuir y poner en riesgo sus ingresos.

En este orden de ideas, Víctor Hugo Castañeda Soto, secretario de Turismo de Durango, señaló en entrevista que durante el último fin de semana del mes de enero se tuvo una reducción de entre el 25 y 30 por ciento de visitantes de Sinaloa. Por su parte, el Consejo de Empresarios Jóvenes señaló que, para finales del mes de enero, se ha registrado una baja en la venta de productos y servicios de un 10 por ciento, debido al cierre parcial de la ruta.

Claramente podemos dar cuenta que existen afectaciones económicas importantes, las cuales podrían recrudecerse debido a la cercanía de la temporada vacacional de semana santa, el Festival Ricardo Castro, así como el Tianguis Turístico del cual Mazatlán será sede este año.

La carretera libre entre Durango y Mazatlán es la vía alterna durante esta etapa de contingencia, sin embargo en estos momentos no es la mejor opción debido al tiempo de traslado, además que el flujo vehicular se ha disparado tras el siniestro en la súper carretera.

El exceso de carga vehicular en la carretera libre Durango-Mazatlán, ha provocado una cantidad considerable de accidentes, uno de ellos obligó la suspensión del tránsito durante un par de horas el pasado martes, 16 de enero, lo que causó que el tiempo de traslado entre Durango y Mazatlán fuera de hasta 8 horas. Como podemos dar cuenta, la seguridad de los usuarios de esta vía de comunicación también está en riesgo debido a que no está diseñada para la carga vehicular que ahora presenta.

Como dependencia prestadora de servicios carreteros, Capufe se ha caracterizado por mantener la calidad en la operación, y conservación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios; desde su establecimiento y bajo su operación se ha empeñado en facilitar el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, rapidez y de manera eficiente.

Capufe, es participe y actor fundamental en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura carretera de nuestro país, sin embargo no debe escapar de nuestra atención que pese a los esfuerzos de la institución, en ocasiones puede verse rebasada por las necesidades de manteniendo que requieren nuestros caminos y puentes.

Ante lo anteriormente expuesto, y anteponiendo la seguridad de las personas que por turismo o trabajo necesitan trasladarse entre Durango y Mazatlán, es necesario que se redoblen los esfuerzos y se intensifiquen los trabajos de reparación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el kilómetro 162+500 de la autopista Durango-Mazatlán.

Esto, con la finalidad de reducir la carga vehicular en la vía libre y mejorar las condiciones de transportación entre las entidades afectadas. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de Caminos y Puentes Federales, realice las acciones conducentes para intensificar los trabajos de reparación del puente “El Carrizo” de la Autopista Durango-Mazatlán.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que, a través de la Policía Federal, redoble esfuerzos para garantizar la seguridad de los usuarios de la carretera libre Durango-Mazatlán, a fin de reducir el índice de accidentes.

Notas

1 “SCT: Hay daños severos en la estructura de la Mazatlán-Durango”; El debate; publicado el 26 de enero de 2018; consultado el 1 de febrero de 2018;

https://www.debate.com.mx/mazatlan/SCT-Hay-danos-severos-en-la-estructura- de-la-Mazatlan-Durango-20180126-0248.html

2 “Daño en la súper afectará el puente”; El siglo de Durango; publicado el 2 de febrero de 2018; consultado el 2 de febrero de 2018;

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/938006.dano-en-la-super-afectara- al-puente.html

3 “Comercio y turismo pierden 10 por ciento por arreglos de súper carretera”; Milenio noticias; publicado el 30 de enero de 2018; consultado el 1 de febrero de 2018;

http://www.milenio.com/region/carretera_durango_mazatlan-rehabilitacion- pierden-ventas-milenio_noticias-laguna_0_1112888744.html

4 “Una decena de accidentes en vía libre Durango-Mazatlán”; El siglo de Durango; publicado el 17 de enero de 2018; consultado el 2 de febrero de 2018;

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/934114.una-decena-de-accidentes- en-via-libre-durango-mazatlan.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

SE GENERE EL TRÁMITE COMPLETO DE EXTRADICIÓN DEL EX GOBERNADOR DE CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a generar de inmediato por la PGR el trámite completo de extradición del ex gobernador de Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Procuraduría General de la República, para que se genere de manera inmediata y expedita el trámite completo de extradición del ciudadano mexicano César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador del estado de Chihuahua; esto de acuerdo con las 11 órdenes de aprehensión y no solo con las tres que han sido procesadas; toda vez que la extradición depende en buena medida del adecuado desarrollo de la gestión por parte de las autoridades mexicanas, tomando debidamente en cuenta las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que es del dominio público, a través de los medios de comunicación, el hecho de que el actual gobernador del estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, desde su campaña electoral y desde la toma de posesión del cargo realizada el 4 de octubre del 2017, ha destacado en diversas oportunidades e intervenciones, su decidido interés para que se logre la detención y se juzgue de manera rigurosa y expedita a los ex funcionarios implicados en el desfalco al erario de la entidad federativa de referencia, cometido durante el gobierno inmediato anterior al suyo, especialmente el de su titular César Horacio Duarte Jáquez.

Segunda. Que bajo esa tesitura, fue el 28 de marzo del 2017 cuando el propio gobernador Corral anunció la puesta en marcha de la operación “Justicia para Chihuahua”, donde, según declaró, se realizarían acciones y se tomarían las medidas pertinentes y necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos delictivos ocurridos a través de la red de corrupción política que se tejió durante la administración anterior, misma que estuvo comprendida del 4 de octubre del año 2010 al 3 de octubre del año 2016.

Tercera. Que fue en esa misma fecha, cuando la Fiscalía General de Chihuahua realizó un importante acto en materia de rendición de cuentas, al girar orden de aprehensión por presunto peculado en contra del ex mandatario y emprendió las acciones legales suficientes para que pudiera ser declarándolo como prófugo de la justicia, por presuntamente haber huido del país.

Paralelamente a esta acción, se tiene pleno conocimiento de que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua hizo entrega formal de las pruebas que fueron recabadas en los meses anteriores; mismas que fueron analizadas por los jueces correspondientes para girar diez órdenes de aprehensión por delitos del fuero común, solicitando de esta forma a la Procuraduría General de la República -y por lo consiguiente al Poder Ejecutivo federal- para que se llevara a cabo el procedimiento correspondiente al gobierno de los Estados Unidos de América, para lograr la detención con fines de extradición del multicitado ex mandatario.

Cuarta. Que es de recordarse y resaltarse en este instrumento legislativo que, como una de las etapas previas al proceso de extradición, el actual gobernador de Chihuahua, el licenciado Corral, informó a través de los medios al público en general, que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a cargo del maestro César Augusto Peniche Espejel, hizo entrega -con las formalidades del caso- de los 70 tomos y los 50 discos compactos que contenían las pruebas que fueron tomadas en cuenta por diversos jueces, para girar diez órdenes de aprehensión en contra del anterior titular del Poder Ejecutivo en Chihuahua por delitos del fuero común y que con este material como respaldo principal, El gobierno de la entidad federativa solicitó así a la Procuraduría General de la República que se realizara la solicitud al gobierno de los Estados Unidos de América, pretendiendo lograr finalmente la detención con fines de extradición del licenciado César Horacio Duarte Jáquez.

Quinta. Que es de tomarse también en consideración que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade -que es el organismo de la Procuraduría General de la República responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales-, solicitó una orden de aprehensión en junio del 2017 contra el ex mandatario por su probable participación en el desvío de catorce millones de pesos.

Dicha acción fue encabezada por el  entonces fiscal especializado para la Atención de los Delitos Electorales Santiago Nieto Castillo, describiendo puntualmente el funcionario de referencia, que esta medida se generó a raíz de la retención ilegal de sueldos de los trabajadores durante el mandato que nos ocupa. Recursos que fueron destinados al Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro anteriormente definido como “Aportación al Poder Ejecutivo”.

Sexta. Que es de particular interés en los antecedentes de esta proposición, el recordar que, de acuerdo con los cambios normativos que tuvieron verificativo en la PGR y de conformidad con su Ley Orgánica, después de la renuncia a la titularidad del doctor Raúl Cervantes Andrade, el nuevo procurador interino a cargo de la atención, resolución de los asuntos pendientes y de la gestión institucional en general, resultó ser el licenciado Alberto Elías Beltrán, funcionario que hasta entonces ocupaba el cargo de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales.

Séptima. Que el licenciado Elías Beltrán anunció que finalmente se solicitaría la extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, pero sólo en tres de los once procesos penales en los cuales se ha girado orden de aprehensión en su contra, exponiendo que el prófugo de la justicia cuenta ya en su haber con 10 causas penales por delitos del fuero común en materia de corrupción, así como una orden federal por posible delito en materia electoral, detallando adicionalmente que se llevaría a cabo una búsqueda a través de las oficinas de Interpol-México, para determinar en cual nación pudiera estar ubicado el ex funcionario de referencia.

Octava. Que puede resultar útil referir en esta oportunidad que, entre los casos vinculados a la administración del ex titular del Ejecutivo en Chihuahua, está el presunto desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para presuntamente financiar campañas del PRI en las elecciones de 2016.

Novena. Que a raíz de este acontecimiento, se han iniciado 39 procesos penales y se han detenido a 15 personas, incluyendo al el ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional -Alejandro Gutiérrez Gutiérrez-, a quien se le acusa de peculado agravado ser el intermediario entre el gobierno federal y su partido; esto por su presunta participación en la redirección de recursos a través de la contratación de proyectos educativos que no se llevaron a cabo.

Décima. Que la PGR ha señalado en diversas ocasiones que están siendo analizadas las causas penales que le han sido entregadas por las autoridades del estado de Chihuahua  y que paralelamente se ha estado trabajando en el armando del expediente para las solicitudes de extradición; pero que hasta el momento, sólo tres de dichas causas penales son las que se tienen ya listas, pero que su intención final es que se solicite la extradición por las 11 causas penales que se tienen contra el exgobernador.

Undécima. Que el 20 de enero, durante una reunión con empresarios mexicanos, el encargado en funciones de resolver los asuntos de la PGR, licenciado Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que la Procuraduría General de la República formalizó el jueves 18 de enero de los corrientes, las tres solicitudes de detención con fines de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua; detallando en la reunión de referencia que las peticiones corresponden a una orden de aprehensión del fuero federal por peculado y las otras dos por el fuero común, por presuntos actos de corrupción.

Duodécima. Que por lo que hace al resto de las solicitudes, es decir las ocho que aún no se ha dado a conocer que estén ya siendo procesadas, únicamente se dijo que en breve serían enviadas; por lo que este presente instrumento legislativo tiene como fin principal y como intención de origen, el solicitar la agilización en la presentación del resto de las solicitudes de detención con fines de extradición del ex gobernador que nos ocupa, por considerar de particular importancia el que se lleve a cabo todo el procedimiento completo, toda vez que ha sido un proceso sumamente laborioso el recabar el caudal de información y de pruebas que se han puesto a consideración de la PGR, y es menester que estas sean debidamente aprovechadas.

Es por todo lo anteriormente expuesto que se está presentando ante el pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se pretende lograr que finalmente y después de los cambios que se han registrado en la principal institución responsable de se lleven a cabo las diligencias necesarias, solicitando de manera prioritaria atender de manera ágil e inmediata la problemática descrita, considerando para esto el resolutivo siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal de los Estados Unidos Mexicanos a que, de conformidad con el marco jurídico en materia de extradición de nuestro país, así como el protocolo y el tratado en la materia vigente entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, se genere de manera inmediata y expedita el trámite completo de extradición del ciudadano mexicano César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador del estado de Chihuahua; esto de acuerdo con las 11 órdenes de aprehensión y no solo con las tres que han sido procesadas; toda vez que la extradición depende en buena medida del adecuado desarrollo de la gestión por parte de las autoridades mexicanas.

Nota

1 El doctor Raúl Cervantes Andrade hizo pública su renuncia presentada ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, argumentando que dejaba la PGR para que el Congreso agilice la aprobación de las leyes que regirán la nueva Fiscalía General del país. Consultado el 22 de enero del 2018 en: https://expansion.mx/nacional/2017/10/16/raul-cervantes-renuncia-a-la-pgr

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de febrero del año 2018.— Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE PUBLIQUE UN REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS DEL RAMO GENERAL 23 EN LOS ÁMBITOS DE SALUD, EDUCACIÓN O SANEAMIENTO FINANCIERO 2012-2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar por la SHCP un reporte de las transferencias del ramo general 23 a los ámbitos de salud, educación o saneamiento financiero realizadas en los ejercicios fiscales de 2012 a 2017, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Francisco Martínez Neri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a que publique un reporte de las transferencias del Ramo General 23 en los ámbitos de salud, educación y saneamiento financiero realizadas en los ejercicios fiscales del 2012 al 2017.

Consideraciones

El Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del gobierno federal que no corresponden al gasto de las dependencias de la administración pública federal ni de manera directa a las entidades federativas.

Este ramo es uno de los principales fondos que utiliza la lógica de adecuaciones presupuestarias, consideradas “provisiones”.

En la composición del Ramo General 23 se identifica una variedad de fondos con objetivos diversos, incluyendo los relacionados con provisiones salariales y prestaciones de seguridad social; la administración de fondos de control presupuestario, considerando ingresos petroleros y de manera significativa, la distribución del gasto en entidades federativas y municipios, a petición y gestión de los gobiernos locales.

Los ingresos no previstos que son administrados a través del Ramo 23 se utilizan como un instrumento de negociación y de soporte financiero, ya que, al no haber un criterio técnico para adecuaciones presupuestarias se aplica discrecionalidad.

Bajo la administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Ramo General 23 concentra un gran número de adecuaciones presupuestales durante su ejercicio. Tan solo durante el ejercicio fiscal 2016, la Cámara de Diputados aprobó 141 mil millones de pesos para dicho Ramo, pero la Secretaría de Hacienda ejerció 247 mil millones de pesos durante dicho ejercicio.

En complemento, de acuerdo con la organización México Evalúa, para 2017, el monto aprobado en el PEF para el Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) fue de 3 mil 244 millones de pesos lo que representa un incremento 108 por ciento real respecto a lo aprobado en 2016.

Dichas cantidades carecen de una regulación adecuada, de manera que la SCHP decide discrecionalmente su uso. También es un hecho que la solicitud de las entidades federativas no es pública, ni está regulada legalmente, como que tampoco se transparenta el destino específico de los recursos.

En síntesis, los recursos que se ejercen mediante diversos convenios, tanto los que realizan las dependencias del sector salud como del educativo para atender necesidades en las entidades federativas, además de los denominados como saneamiento financiero, se caracterizan por su opacidad y se requiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público genere información al respecto.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con unto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se  publique un reporte de las transferencias del Ramo General 23 realizadas en los ámbitos de salud, educación y saneamiento financiero realizadas en los ejercicios fiscales del 2012 al 2017.

Nota

1 http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2016/tomo/ III/Print.PEJ.03.PEPPR.pdf

Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2018.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

ESTRATEGIA PARA PROVEER DE GASOLINAS Y COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS MÁS BARATOS A LOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Sener una estrategia para proveer de gasolinas y combustibles domésticos más baratos a los mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con la llamada reforma en materia energética, por la que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, se posibilitó la participación privada en los sectores energéticos de México, incluyendo las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas natural, para supuestamente mantener y fortalecer la rectoría del Estado sobre la industria petrolera, ya que se conservaría para la nación la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, lo cual, al pasar de los años, vemos que solo era una falacia.

En particular, la reforma propuso la liberación de los precios de las gasolinas hasta el año 2018, modificándose dicha fecha en el PEF 2017, aprobado que fue por las fuerzas políticas integrantes del pacto por México.

Hoy vemos el fracaso de la liberación de los precios de los combustibles.

Hay mucho discurso político, pero el Ejecutivo federal no quiere asumir las consecuencias de esta decisión que día tras día abusa de la nobleza del país y quienes cada día padecen el alza de los precios de manera generalizada.

Por ejemplo: la permisionaria PL/10200/EXP/ES/2015 denominada Nacional de Combustibles y Lubricantes, SA de CV, el día 6 de febrero del año en curso anuncio la venta de Gasolina Premium (Mayor a 91 octanos) (2) a $19.45, mientras PL/10857/EXP/ES/2015, Servicio Viga SA de CV, vendió Premium (Mayor a 91 octanos) (2) a $19.50.

Cabe destacar, que, en el año 2012, la gasolina Premium costaba $10.95 pesos por litro, ha aumentado $8.55 ocho pesos con cincuenta y cinco centavos, cantidad que representa un 78.08 por ciento de aumento a la gasolina en lo que va del presente sexenio.

Por otro lado, el salario mínimo aprobado para este año es de $88.36 (ochenta y ocho pesos con treinta y seis centavos), lo que quiere decir que un litro es el 22.06 por ciento del salario mínimo, luego entonces el costo de cuatro litros de gasolina es el equivalente a un día de salario mínimo.

No olvidemos que la reforma energética fue presentada a los mexicanos como la panacea a la mala situación económica que vivimos, prometiéndonos que la gasolina, el gas y la luz, bajarían sus precios.

Respecto a las tarifas de luz, aunque las tarifas de uso doméstico cobradas a la mayoría de los hogares han estado estables y dependen de la zona del país, el incremento a las tarifas de uso industrial y comercial no ha cesado. En el verano de 2017, las tarifas eléctricas para ambos sectores tuvieron un incremento de 26.5 a 40.44 por ciento, en comparación con julio de 2016.

No olvidamos el mega gasolinazo de enero de 2013, donde el precio de la gasolina Magna subió $5.76 de un solo golpe a la bolsa de los mexicanos, al pasar de $10.92 pesos por litro a $16.68 en 2017, lo que quiere decir que los precios de las gasolinas no han bajado, por el contrario, siguen subiendo, y Pemex, a cinco años de su implementación, en diciembre de 2013, sigue sin contar con los ductos y almacenamientos necesarios para la producción y transporte de combustibles.

Resulta por demás inadmisible que, en el tercer trimestre de 2017, los principales resultados de la empresa productiva del Estado Pemex reportó números negativos, la producción de crudo y de gas natural tuvieron una disminución y se reportó una pérdida de 101 mil 804 millones de pesos.

México se encuentra sumido en un estancamiento ocasionado entre muchos otros factores por la impunidad, la corrupción y la tolerancia a que los grandes empresarios se vuelvan ricos a costa del dinero de los que menos tienen, además de que está harto; se nos prometió no más gasolinazos y alzas en los precios de gas y luz y resulta por demás increíble que el primer día del mes de enero de 2017, los combustibles aumentaron el 20 por ciento.

En razón de lo anterior, y más allá de la oposición del Grupo Parlamentario de Morena, se impuso el aumento en los precios de los combustibles que trae como consecuencia el aumento de los costos en todos los niveles, así como impacto negativo de la inflación y estancamiento económico nacional.

En el caso en particular del gas LP, el mismo ha subido en los últimos meses en entidades como Guerrero hasta un 48 por ciento por litro, tan solo de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.

En el caso del gas LP, en el último año aumentó $82.4, lo que quiere decir que en un año aumentó 28 por ciento su precio, en ese sentido, también acreditamos que los precios de los combustibles no bajan, y contrario a lo que nos dicen los infomerciales del Ejecutivo federal, vemos un detrimento en la bolsa de las y los mexicanos, y las consecuencias que ello conlleva, porque empiezan los aumentos generalizados de la canasta básica.

Como vemos, la reforma energética es un total fracaso, ya que contrario a lo prometido, los precios de los combustibles han aumentado, se han producido despidos masivos en las plantas de Pemex, se han perdido empleos directos e indirectos consecuencia de ello, el aumento de la canasta básica, el aumento en transporte y servicios públicos, se ha causado de manera directa una baja en el poder adquisitivo de la ciudadanía, dada la falta de dinero para cubrir las necesidades básicas.

En ese sentido es de exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaria de Energía, de manera inmediata establezcan una estrategia para proveer de gasolinas y combustibles domésticos más baratos a los mexicanos, y a que además explique las razones del por qué no se venden combustibles más baratos a la ciudadanía de acuerdo con lo ofrecido en la reforma energética.

Por tanto, y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaria de Energía, establezca de manera inmediata una estrategia para proveer de gasolinas y combustibles domésticos más baratos a los mexicanos, y a que además explique las razones del por qué no se venden combustibles más baratos a la ciudadanía de acuerdo con lo ofrecido en la reforma energética.

Notas

1 http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html

2 Idem

3 https://www.comparaguru.com/blog/cuanto-ha-subido-el-precio-de-la-gasolina- en-mexico-en-6-anos

4 Idem

5 http://www.sinembargo.mx/28-10-2017/3337945

6 http://www.sinembargo.mx/28-10-2017/3337945

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXHORTO A LA CFE A QUE ESTABLEZCA EN CHIAPAS, COMO ÚNICA, LA TARIFA 1F POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

«Proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la CFE a establecer la 1F como tarifa única de electricidad en Chiapas para que los costos reflejen las condiciones socioeconómicas de la región y se contribuya al desarrollo económico de la entidad y los habitantes, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputadoEnrique Zamora Morlet y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Chiapas está ubicado en la región sureste del país, colinda con el Océano Pacífico, los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, así como con Guatemala; cuenta con  5,217,908 habitantes y es el sexto estado más poblado después del Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato.

Chiapas cuenta con  uno de los climas más calientes del país, presentando generalmente dos tipos de clima: cálido húmedoy templado húmedo. Además, el ciclo climático incluye dos temporadas principales, que son la temporada de lluvia, de mayo a octubre y la temporada seca de noviembre a abril.

Las temperaturas en el último año han aumentado en el estado de Chiapas, manteniendo un promedio de 30°C, como se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Meteored

En la gráfica presentada se muestra un histórico de temperatura promedio en el año 2017, sosteniendo en el mes de enero una temperatura máxima de 33°C, en febrero 28°C, en marzo 36°C, en abril 26°C y en mayo 30°C. Es importante señalar que la temperatura más baja reportada en lo que va del año fue de 15°C, aun en época invernal.

Por otro lado, Chiapas es uno de los estados con uno de los niveles de remuneración más bajos, con $191.51 pesos diarios de salario promedio, en contraste con la Ciudad de México, donde el promedio salarial es de $330.2 pesos diarios. Es preciso señalar que el promedio de salarios en el país es de $246 pesos diarios, es decir, Chiapas se encuentra por debajo de la media nacional y es uno de los 6 estados con los sueldos más bajos en el territorio nacional.

Ahora bien, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha establecido las siguientes tarifas para el cobro del consumo de energía eléctrica en el país:

Fuente: CFE

En Chiapas se mantiene un subsidio a la electricidad por zona y actualmente se mantiene una cuota promedio entre la tarifa 1A y la tarifa 1D, sin embargo, esto no corresponde con la baja percepción salarial que tiene la población, así como a la constante necesidad de consumir energía eléctrica, siendo Chiapas un estado en vías de desarrollo económico, derivado de esto su población debe hacer uso de diversas herramientas que funcionan con electricidad para mantener el campo, así como sus casas y la industria, sin embargo, el alto costo de la luz eléctrica no incentiva el tan anhelado desarrollo.

Como argumento adicional, las enfermedades transmitidas por insectos han sido una constante en el sur del país, mismas que actualmente perjudican severamente la salud de los habitantes chiapanecos; cabe señalar que la fiebre Chikungunya, es una enfermedad vírica transmitida por la picadura de mosquitos infectados,  la cual obliga a las familias chiapanecas a mantener sus hogares cerrados y a ocupar equipos eléctricos para controlar las altas temperaturas al interior de éstos.

Esta enfermedad presenta síntomas como aparición súbita de fiebre acompañada de intensos dolores articulares entre cuatro y ocho días después de que se produce la picadura; otros síntomas frecuentes en los afectados son dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

Debe puntualizarse que la fiebre Chikungunya puede causar la muerte, por esta razón la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que, desde diciembre de 2013 a julio del 2014, se detectaron 4 mil 756 infectados y 302 mil 243 casos sospechosos en América Latina, además de 21 muertos, por lo cual, dejar las ventanas abiertas en temporada de calor o en alguna otra época del año puede resultar un grave riesgo para los ciudadanos chiapanecos.

En consecuencia, en los domicilios se hace necesario utilizar ventiladores o equipos eléctricos para refrescar los hogares, siendo esta tecnología básica para sobrellevar las altas temperaturas de la región, sin embargo, al estar encendidos dichos aparatos de forma constante, se generan altos consumos de energía eléctrica.

Por otro lado, cabe señalar que recientemente integrantes de la asociación “Unidad Ciudadana” del estado de Chiapas pidieron al diputado Enrique Zamora Morlet su apoyo e intervención para dar atención a la problemática de las altas tarifas que se cobran por el suministro de energía eléctrica a los habitantes de dicho estado; uno de los argumentos de esta asociación para solicitar la reducción de los costos por dicho servicio, específicamente en la región del Soconusco, es que los sensores que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) instaló para medir la precipitación pluvial, la humedad y la temperatura no han sido actualizados.

Es importante señalar que Chiapas cuenta con ríos, arroyos y lagunas que lo convierten en el estado que más energía eléctrica genera en México a través de la fuerza y cause del agua por medio de sus presas, por ejemplo, la de Malpaso, la Angostura y Chicoasén, sin embargo, este argumento no es considerado por la asociación “Unidad Ciudadana” como la razón más importante para solicitar una tarifa más justa por el servicio de energía eléctrica, como sí lo es el cálculo correcto de los costos de dicho servicio.

Por lo anterior, debe enfatizarse que el cálculo para ponderar los precios por kilowatt depende de la temperatura de la zona en cuestión, es decir, el sensor con el que se calcula el precio de la luz para el municipio de Tapachula se encuentra a unos 30 kilómetros, en el municipio de Tuzantán, sin embargo, meteorológicamente Tuzantán y Tapachula tienen diferentes temperaturas, humedad y precipitación.

Debe resaltarse que al no contar con sensores actualizados con los cuales la medición del consumo de energía eléctrica sea la más precisa, además de ser el estado de Chiapas una zona geográfica con diferentes condiciones climatológicas de las que depende dicha medición, es que se considera conveniente estandarizar una tarifa por el suministro de energía eléctrica que beneficie a los habitantes del estado de Chiapas, mismos que se encuentran en una condición económica menos favorable con relación a otras regiones del país.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca como tarifa única por el suministro del servicio de energía eléctrica la tarifa 1F en el estado de Chiapas, con el propósito de que los costos reflejen las condiciones socioeconómicas de la región y se contribuya al desarrollo económico de la entidad y de sus habitantes.

Notas

1 Fuente: Encuesta Intercensal 2015, Inegi

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas

3 http://media.eleconomista.com.mx/contenido/especiales/201107/ 20/salarios/index.html

4 http://www.cuidateplus.com/enfermedades/viajero/chikungunya. html

5 www.cuidateplus.com/enfermedades/viajero/chikungunya.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputados: Enrique Zamora Morlet,  Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

SE INVESTIGUE Y ESCLAREZCA EL FEMINICIDIO DE GUADALUPE CAMPANUR TAPIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán, la PGR y demás autoridades competentes a investigar y esclarecer el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 16 de enero de este año, en el municipio de Chilchota, Michoacán, encontraron a Guadalupe Campanur Tapia, asesinada por estrangulamiento.

Lupita tenía 32 años y era una de las primeras mujeres que se integraron a la Ronda Comunitaria de Cherán, que protege y custodia los bosques de ese lugar. Fue la primera mujer guardabosques. Cherán es conocido y reconocido en el país por su proceso de autodefensa y organización comunitaria que combate la explotación ilegal de la madera y al crimen organizado. Se rige por un autogobierno, sustentado en las leyes de usos y costumbres indígenas y su desarrollo ha sido mundialmente admirado por su ofensiva y defensa contra el crimen organizado. Aun cuando en la actualidad Lupita no estaba patrullando bosques, continuaba  haciendo activismo por la seguridad y reconstrucción del territorio comunal, siendo un ejemplo para muchos y muchas.

Miembros de la comunidad han declarado que el feminicidio de Guadalupe puede ser obra de miembros del narcotráfico, y que definitivamente el asesinato fue cometido por razones de género. Al igual que innumerables organizaciones de la sociedad civil y actores individuales, repudiamos y condenamos el asesinato de Guadalupe y exigimos el esclarecimiento de este feminicidio, haciendo hincapié en la necesidad de considerar su papel como activista y su trabajo a favor de los derechos humanos como posible causa de este.

En un clima de violencia como el que vive actualmente nuestro país es intolerable que este tipo de hechos sigan sucediendo impunemente. Es intolerable que sigan matando a mujeres, y es intolerable que el crimen organizado sigue impune. A casi un mes del feminicidio de Guadalupe, urge esclarecer este crimen, como urge esclarecer todos los feminicidios del país.

Por lo anterior, propongo los siguientes:

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a investigar y –en su caso- castigar el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado a fortalecer las acciones, políticas públicas e instituciones estatales en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar, esclarecer y sancionar el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, para opinión.

VIGILANCIA A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y CONTRATANTES DE ESTAS, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES EN EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN 2018

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a incluir como línea de acción específica la vigilancia de las empresas contratistas y contratantes de éstas sobre el cumplimiento de las normas laborales en el programa de inspección de 2018, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rafael Yerena Zambrano, diputado federal de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con la siguiente

Exposición de motivos

Los servicios de inspección en el trabajo se constituyen como medio y fin para que el trabajo se desarrolle en condiciones de armonía que lo conserven como uno de los valores más altos de la vida social, porque la principal función de la inspección es la de evitar los abusos por parte de los empleadores hacia sus trabajadores.

En este sentido la administración de justicia laboral se realiza desde la propia empresa a través de una eficaz inspección del trabajo. A los inspectores del trabajo les corresponde examinar cómo se aplican las normas de trabajo en la empresa en materia de condiciones de trabajo (salario, horario y prestaciones; condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y, en materia de capacitación y adiestramiento).

De esta forma la inspección en el trabajo es una condición sine qua non para que los trabajadores que no están protegidos por un sindicato tengan la certeza de que sus derechos deben ser respetados. Por ello es importante que esta labor que realizan las autoridades en materia de trabajo siga manteniéndose como una de las acciones primordiales para que la clase trabajadora goce de bienestar.

Desde el inicio de este sexenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido la encomienda de fortalecer de manera permanente la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral para alcanzar el cometido del respeto a la dignidad de los trabajadores, ya que debido a la dinámica económica actual muchas empresas han requerido incrementar su productividad, lo cual en ocasiones puede llevar a la práctica de tropelías en perjuicio de los trabajadores.

Tal es el caso de que muchas empresas con el fin de disminuir sus costos de producción han recurrido a la contratación de la tercerización de servicios, mejor conocida como outsourcing, ya que ello puede representar ciertos beneficios para incrementar sus ingresos, lo cual está permitido por la Ley Federal del Trabajo bajo las condiciones específicas que ésta establece. Ante esta realidad, consideramos importante que ante la proliferación de firmas contratistas, las autoridades del trabajo implementen estrategias dirigidas ex profeso, toda vez que la movilidad de los trabajadores contratados bajo la modalidad de la subcontratación comportan un grado mayor de vulnerabilidad, en virtud que las empresas contratantes dirigen sus actividades pudiéndose dar los casos que lleguen a realizar labores iguales a las de los trabajadores propios de la empresa donde prestan sus servicios y máxime que no les ampara la protección de un contrato colectivo o un sindicato.

Es así que con la reforma laboral que entró en vigor en diciembre de 2012, se reguló la modalidad de subcontratación laboral en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo estableciendo lo siguiente:

El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones:

No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

Deberá justificarse por su carácter especializado.

No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Como puede apreciarse en el numeral citado, se prescriben prohibiciones a las empresas contratantes de imponer a los trabajadores subcontratados labores iguales a las que realizan sus propios empleados, lo cual de llevarse a cabo tiene que ser sancionado por la autoridad, pues constituye un quebranto a la ley y que ante la omisión de los trabajadores subcontratados de denunciar los hechos por temor a perder su fuente de ingreso estas prácticas se llevan a cabo de facto en los centros de trabajo.

En este tenor consideramos que ante la formulación que lleve a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre un programa de inspecciones para este año 2018, contemple oportuno diseñar una línea de acción específica en los centros de trabajo que subcontraten trabajadores, pues ello ayudará en buena medida a que la dignidad de los trabajadores que laboran bajo la modalidad de la subcontratación sea respetada y se procure su bienestar.

Por lo anteriormente expuesto se propone a esta honorable asamblea lo siguiente:

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que incluya como línea de acción específica la vigilancia a las empresas contratistas y contratantes de éstas sobre el cumplimiento de las normas laborales en el programa de inspección 2018.

Nota

1 Alfredo Sánchez Castañeda, “La jurisdicción laboral: de juntas tripartitas a tribunales de trabajo”, en Cien ensayos para el Centenario, Tomo 2, México, UNAM,IIJ, Senado de la República, 2017, p. 408.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 febrero de 2018.— Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE APOYE A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL DESLAVE OCURRIDO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a apoyar de inmediato por la Segob a la población afectada por el deslave ocurrido en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el 19 de enero la colonia Lomas de Rubí comenzó a sufrir un deslave, el cual se agravó el día 5 de febrero dejando afectadas seriamente viviendas, hasta el momento 94 ya se consideran pérdida total, esto según datos de la dirección de Protección Civil del Municipio de Tijuana en Baja California.

Este número de predios afectados por el deslave continúa subiendo, pues primero se vieron los daños en lo que llaman la zona cero (calles Luis Echeverría, Ignacio Ramírez y Reforma), donde estaba el polígono de 70 viviendas, el cual posteriormente aumentó a las casas del costado derecho de la avenida Grupo Liberal Patria que fueron etiquetadas de rojo debido a que las partes traseras de estos predios comienzan a colapsar más otras 10 viviendas casas más hacia el lado sur de la calle.

El censo actualmente es de 94 viviendas etiquetadas, de esas 90 están en rojo que ya son inhabitables la zona esta inhabitable, algunas pueden estar completamente colapsadas, otras pueden tener grietas, esto ira aumentando.

Por lo que más de 300 personas se quedaron sin hogar, entre ellos familias completas, menores de edad y adultos mayores en condiciones sensibles, la mayoría de estas personas ya están en los albergues habilitados por el gobierno local el cual está esperando apoyo de las autoridades federales.

A pesar de que el gobierno estatal ya instaló  la mesa técnica  con la finalidad de encontrar las causas del deslave para de esta manera deslindar responsabilidades, resulta inminente la intervención del Gobierno Federal en este asunto y se apoye con recursos a las familias que han sido desplazadas y no tienen un lugar digno para vivir, no solo se trata de apoyarlas dándoles las necesidades básicas para su día a día, si no de aplicar correctamente programas federales y crear una ruta donde puedan recuperar su patrimonio lo más pronto posible, todo esto en coordinación con el gobierno estatal y municipal.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Gobernación para que se proceda de inmediato a tomar las medidas necesarias para atender a la población afectada por el deslave en la colonia Lomas de Rubí del Municipio de Tijuana en Baja California.

Palacio Legislativo Federal, 12 de Febrero de 2018.— Diputado José Máximo García López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, LIGANDO LA APICULTURA CON UNA REFORESTACIÓN ENDÓGENA Y MELÍFERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar y aplicar una estrategia de reducción de gases de efecto invernadero, ligando la apicultura con una reforestación endógena y melífera, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe la presente, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero.El cambio climático, sin duda, es una de las asignaturas pendientes de las autoridades mexicanas, razón por la que los legisladores debemos analizar el marco legal e impulsar acciones que, realmente, generen un efecto multiplicador, mediante la noble labor de la Apicultura, a partir de la tarea polinizadora de las abejas.

De acuerdo con la página oficial de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “una gran parte del agua potable mundial proviene de zonas boscosas y millones de personas dependen del agua dulce de buena calidad que fluye de los bosques”Es importante hacer mención, remarcando lo anterior, que la misma ciudad de México obtiene su agua potable de sus bosques de montaña. Además, según especialistas, los bosques amortiguan los eventos meteorológicos extremos, es decir, la capa biótica de bosques y selvas ayudan a que las inundaciones y deslaves sean de mucho menor impacto.

Con base en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, publicada por el Ejecutivo federal en junio del 2013, la definición de Cambio Climático consiste en “la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural de clima observada durante periodos comparables”. Con esta estrategia, se pretende reducir las emisiones de efecto invernadero respecto de los niveles del año 2000, en un 30 por ciento para el 2020, y un 50 por ciento para el 2050.

En la sección M4.8, del documento precitado, como parte de dicha estrategia se indica:

“Aumentar el establecimiento de esquemas de producción agropecuaria Y forestal con mayor potencial de mitigación y que brinden beneficios ambientales y sociales tales como los sistemas agrosilvopastoriles y vinculación de los saberes  tradicionales con los programas agrícolas y agropecuarios actuales.”

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2018) contempla que los recursos dirigidos al cambio climático alcancen los 4 mil 359 millones de pesos.

Son varios los fondos internacionales que sustentan y promueven el impulso a toda actividad que tenga como propósito mitigar este problema mundial.

¿En que puede usarse a las abejas para frenar el avance del cambio climático?

Segundo.Es deplorable la escasa atención que se le brinda a la reforestación en una mayoría de entidades federativas. De acuerdo con la misma FAO, México ocupa uno de los primeros lugares en su tasa de deforestación, a nivel mundial. Los estudios se han enfocado, desgraciadamente, sólo en medir esas tasas. Según un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP), de esta Honorable Cámara de Diputados, las estimaciones oficiales fluctúan entre un 1.08 millones de hectáreas deforestada cada año; si únicamente se consideran bosques y selvas, esta cifra ronda en las 775,800 hectáreas por año, lo que constituye algo muy grave. La deforestación, según este informe, implica la pérdida duradera o permanente de la capa forestal, y su trasformación en otros usos.

Las principales ventajas de los bosques, en el proceso de limpieza de nuestro ecosistema, son las siguientes:

• Son sumideros de carbono; es decir, absorben CO2 y lo transforman en biomasa.

• Son proveedores importantes de servicios ambientales.

• Son hábitats de conservación de la biodiversidad.

• Constituyen el soporte de medios de vida y de oportunidades económicas.

En el estudio citado líneas antes se alerta que entre el 90 y el 95  por ciento del territorio nacional está deforestado, y las zonas más urgentes de reforestación son las del sureste del país, ya que las selvas constituyen uno de los ecosistemas más frágiles; curiosamente, donde la apicultura tiene sus mejores activos, gracias a la biodiversidad selvática, es donde más amenaza existe. Los bosques templados, según este estudio, reducen la cantidad de gases de efecto invernadero, como el Dióxido de Carbono (CO2). Una hectárea de bosque puede capturar hasta 250 toneladas de carbono, en la vegetación, y entre 200 y 300 bajo el suelo.

México ha perdido casi el 50  por ciento de su cobertura vegetal, debido a la tala ilegal, 8 por ciento; a los incendios, 4 por ciento, y a los cambios de uso de suelo, 82 por ciento. En otras palabras, como la mayoría de las zonas de bosques y selvas están en ejidos, el avance de la agricultura intensiva y la ganadería han provocado una seria deforestación, y como ejemplos tenemos las siembras de aguacate en Jalisco y Michoacán, y la ganadería intensiva que ha deforestado casi el 90 por ciento de la reserva de la biósfera en los Tuxtlas, Veracruz.

Paradójicamente, según este mismo estudio, las campañas de reforestación no han sido integrales ni correctamente bien aplicadas; como ejemplo, en Guanajuato sólo el 0.2  por ciento de lo reforestado está sano.

Tercero.La restauración forestal consiste en devolver un bosque degradado a su estado original, es decir, reestablecer la estructura, biodiversidad y productividad; es, por tanto, donde una política pública integral tendiente a esto podría, de manera definitiva, revertir los efectos del cambio climático.

Un bosque templado, o una selva, son multidiversos; es decir, se integran, tanto de árboles que utilizan el aire para su polinización, como a los vectores, siendo el más importante a las abejas. Existe muy escaso conocimiento de las especies melíferas endémicas de cada lugar de la República, y es importante invertir, como parte de la estrategia de restauración forestal, con el objetivo de lograr un catálogo forestal y melífero.

Investigadores del  Center for International Forestry Reserch (CIFOR), llegaron a la conclusión de que los bosques provocan la lluvia y no a la inversa; sus resultados refuerzan la Teoría de la Bomba Biótica, que dice que los cuerpos de masa forestal, (bosques y selvas) generan vientos atmosféricos que funcionan como una bomba atrayendo la humedad a los continentes y provocando las lluvias, razón por la cual la zona selvática del sureste del país es la más acaudalada en lluvias y, como ya se mencionó, el agua del Distrito Federal es captada de los bosques en sus montañas.

De confirmarse, los resultados para un plan serio e integral para restaurar forestalmente las zonas en nuestro país atraerían más lluvias y, al funcionar como sumidero de carbono, reducirían los gases de efecto invernadero y generarían un polo de desarrollo, que daría actividades productivas multiplicadoras en bien de las más de 11 millones de personas que habitan en zonas forestales.

Cuarto.-Es paradójico que un insecto, que ha visto reducir su población debido al cambio climático, según opiniones de muchos investigadores y apicultores, a su vez tenga el potencial de revertirlo con el poder polinizador que la abeja Apis Melífera ha demostrado en cientos de años.

En 2008, en el documento elaborado por la Nature Conservancy, disponible en la página de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica, titulado Valorando la Naturaleza: Beneficio de las Áreas Protegidas, queda demostrada y desarrollada la importancia de la polinización; se cita:

“Serviciosde polinización: uno de los valores que, con frecuencia, se deja pasar por alto, es la polinización ayudada por insectos. Si los insectos no se proliferan, tampoco se proliferarán nuestras cosechas. Por lo tanto, las áreas protegidas también juegan un papel importante, al ayudar en el ciclo ecológico a polinizar las cosechas cercanas a las áreas protegidas, como contribuyendo con la producción de productos de polinización (la miel).”

Es necesario resaltar que, para estos investigadores, la presencia dentro de la zona protegida, de la apicultura, es muy benéfico para las zonas aledañas; por tanto, un plan de restauración forestal debe tener, de manera integrada, una estrategia de vectores polinizadores tan especializados como las abejas en todas sus posibles especies que el ser humano ya domina, tales como abeja, melipona, abejorro, entre otros.

Una correcta polinización promueve la obtención de semillas sanas y viables, por lo que el siguiente ciclo de propagación de los árboles tiene amplias posibilidades. Existen datos, en otras partes del mundo, caso concreto Carnaiba, Brasil, donde gracias al impulso del Banco Mundial apicultores rurales optaron por preservar árboles y plantas de la región, logrando una producción sostenida y que el bosque y la selva floreen durante todo el año, y no sólo en algunas temporadas, como los cultivos. Sin duda, la Apicultura está ligada al restablecimiento de los bosques y selvas y, por ende, constituye la mejor alternativa contra el cambio climático.

Quinto.-Es inútil promover acciones de reforestación utilizando las mismas prácticas de antaño, con pocas especies que son plantadas en periodos donde no se garantiza su permanencia; por tanto, se debe emprender una estrategia, paso por paso, que deberá contener los siguientes elementos:

• Generar un Catálogo de Floración de Especies Nativas en cada entidad de la República (Aguascalientes, Yucatán y Michoacán)

• A partir de ahí, generar en los invernaderos de la Semarnat el material genético forestal nativo. Analizar la viabilidad de bombardeo con semilla (método Fukuoka).

• Promover proyectos conjuntos de restauración forestal y apícola.

• Una supervisión que garantice el éxito de los proyectos.

Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a crear un Catálogo Forestal y de Floración de Especies Nativas, en cada una de las entidades federativas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a crear, de manera conjunta, una estrategia, con sus proyectos correspondientes, para vincular la Apicultura con la restauración forestal, considerando, además, la incorporación de apicultores certificados y profesionales. Además, el diseño de un plan Transexenal, que pueda darse sin interrupciones por los cambios de gobierno.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Comisión Nacional Forestal, a que haga pública su información sobre la reforestación emprendida por esta comisión, de manera directa o a través de terceros, superficie nominal reforestada y estado actual.

Referencias:

1 FAO. 2017. Restauración y rehabilitación de bosques. Recuperado de:

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/ forest-restoration-and-rehabilitation/basic-knowledge/es/

2 Gobierno de la República. 2013. Estrategia Nacional de Cambio Cambio Climático. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Recuperado de:

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_est_nal_cc.pdf

3 Montalvo, V. 2017. Presupuesto para el Cambio Climático en México: un reto de eficiencia para reducir la  vulnerabilidad climática. Trasparencia Mexicana. Recuperado de:

https://www.tm.org.mx/presupuesto-cambio-climatico-2018/

4 González, J. 2017. Deforestación en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados, 63 legislaturas. Recuperado de:

file:///C:/Users/acer/Downloads/ CESOP-IL-72-14-DeforestacionEnMexico-310717.pdf

5 Betteridge, A. 2013. Forest as rainmakers: CIFOR scientist gains support for a controvertial hypothesis. Forest News. Recuperado de:

https://forestsnews.cifor.org/13658/forests-as-rainmakers-cifor-scientist- gains-support-for-a-controversial-hypothesis/#.UThqhjCIGSr

6 FAO. 2006. Los bosques y el Cambio Climático. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación. Recuperado de:

http://www.fao.org/newsroom/es/focus/2006/1000247/index.html

7 Pabón-Zamora, L., J. Bezaury, F. León, L. Gill, S. Stolton, A. Groves, S. Mitchell y N. Dudley. 2008. “Valorando la Naturaleza: Beneficios de las áreas protegidas”. Serie Guía Rápida, editor, J. Ervin. Arlington, VA: The Nature Conservancy. 34 pp, Recuperado de:

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/35691/Valorandolanaturaleza.pdf

8 Banco Mundial. 2016. Abejas y Humanos, juntos contra el cambio climático. Recuperado de:

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/03/25/abejas-cambio-climatico

9 Hechavarría, O. Sordo, L. & Sordo, V. 2003. Visión del conocimiento de especies forestales melíferas en comunidades locales. Congreso Forestal Mundial. Quebec, Canadá. Recuperado de:

http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0017-A1.HTM

10 Uno. 2016. Tailandia bombardeo con semillas un bosque deforestado. Brasil. Recuperado de:

https://www.diariouno.com.ar/mundo/tailandia-bombardeo-semillas-un-bosque- deforestado-20160907-n1229544.html

Otras fuentes:

– Da Silva, Graciano. 2016. La abeja un indicador para comprobar la salud de los ecosistemas agrícolas. Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Recuperado 24 de abril del 2017 de:

http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/

– Pantoja, A. Smith-Pardo, A. García, A. Sáenz, A. Rojas, F. 2014. Principios y avances sobre polinización como servicio ambiental para la agricultura sostenible en países de Latinoamérica y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Recuperado de:

http://www.fao.org/3/a-i3547s.pdf

– Sheil D, Murdiyarso D. How Forests Attract Rain: An Examination of a New Hypothesis. Bioscience (2009). DOI: 10.3410/ f.1161404.621929.

A. M. Makarieva, V. G. Gorshkov, D. Sheil, A. D. Nobre y B.-L. Li. Where do winds come from? A new theory on how water vapor condensation influences atmospheric pressure and dynamics. Atmos. Chem. Phys. (2013). DOI:10.5194/acp-13-1039-2013.

Dado en el Palacio Legislativo, a 13 de febrero de 2018.— Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

DESLAVE EN LA COLONIA LOMAS DEL RUBÍ EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al deslave en Lomas del Rubí, Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II y III, y numeral 2, fracciones I y II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 3 de febrero del 2018, alrededor de 100 viviendas localizadas en la colonia Lomas del Rubí, al suroeste de Tijuana, colapsaron por un desplazamiento de tierra que dejó a decenas de familias sin hogar y las calles repletas de escombros.

El problema inició el 19 de enero pasado, ahí fue cuando residentes escucharon un estruendo. Ese viernes eran entre 3 y 5 de la tarde cuando el sonido como de unas explosiones los alertó, unas grietas en la casa de una de las vecinas de la calle Ignacio Ramírez encendieron las alarmas.

Algunos llamaron al número de emergencias local, 911, y a los minutos llegó personal de Bomberos y de Protección Civil de Tijuana, desde ese momento comenzó la evaluación de riesgos de las casas en esa demarcación para confirmar que sí existía algún peligro.

Desde esa fecha medio centenar de casas fueron etiquetadas como sitios de alto riesgo, decenas se han caído y la cuenta sigue porque los movimientos de tierra que ocasionaron los deslizamientos continúan sin que alguna autoridad pueda advertir cuándo terminará.

Los vecinos comentan que están casi seguros que esto tienen que ver con las explosiones que escucharon antes del primer colapso, debido a que el Grupo Melo está construyendo casas para un fraccionamiento y limpiaron el cerro con pólvora, eso le quitó peso a dicho cerro y las casas se vinieron abajo, el movimiento de tierra se provocó después de las explosiones y prácticamente hizo desaparecer tres calles casi completas.

Protección Civil Estatal, menciona que, según los primeros estudios, el deslizamiento de tierra podría ser responsabilidad de una constructora (Grupo Melo) en el fraccionamiento junto a la colonia Lomas del Rubí.

Aunque eso lo tendrán que definir con claridad los geólogos, que el detonante fue el movimiento de tierra para deslindar responsabilidades.

Y aunque dichos mandos de Baja California continúan las investigaciones para establecer que originó el derrumbe y la afectación de, las al menos, 100 casas de la colonia mencionada. No hay respuesta ante tal tragedia, se les han ofrecido 10,000 pesos por casa para ayudar a los vecinos, pero eso no alivia en nada la tragedia, ya que las casas quedaron inhabitables, y eso no cubre ni siquiera el mobiliario que tenían los vecinos.

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaja en el fraccionamiento para confirmar que las autoridades atiendan el problema y resuelvan las necesidades de la gente, como albergues y una de las más urgentes, la seguridad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Baja California a reubicar a las familias afectadas por el deslave de tierra en la colonia Lomas del Rubí.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Baja California a que, mediante Protección Civil estatal, gestione los estudios correspondientes a la brevedad posible ante la tragedia de la colonia Lomas del rubí.

Notas

1 https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/video-y-fotos-familias-de-lomas-del-rub i-sin-atencion

2 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2018-02-08/ investigan-derrumbe-colonia-lomas-rubi-tijuana/

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2017.— Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez.»

Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

EXHORTO AL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO Y A LA ASF, EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA 1087 (CUENTA PÚBLICA DE 2016) SOBRE EL ERROR AL REFERIR RECURSOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, DISTRIBUIDOS AL CITADO MUNICIPIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y la ASF, en relación con la auditoría número 1087, de ésta, correspondiente a la Cuenta Pública de 2016, sobre el error en el apartado de alcance al referir recursos de Chiapas distribuidos a ese municipio, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el contexto nacional, al día, la transparencia y la pureza deben ser considerados, por los servidores públicos, como componentes vitales en todos los actos que realicen, donde se busque emprender hacia lo positivo, lo auténtico y lo exitoso, dado que en nuestros días se ha perdido el deseo del crecimiento en el ámbito individual y, en consecuencia, se limita por igual la motivación que impiden el crecimiento, no solo en lo individual, sino incidir en el ánimo de quienes les rodea.

Pareciera que esto que expreso esta ajeno a la realidad en el ámbito gubernamental en México, Jalisco, y Tonalá, y cito este último municipio porque quien gobierna este Ayuntamiento demuestra en su accionar que no desea que el mismo crezca y se fortalezca, ya que sus actos están alejados a valores y principios soportados en la transparencia.

A continuación, expresaré con dato duro, los motivos que soportan lo que anteriormente he expresado.

El municipio de Tonalá, Jalisco, emitió un Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 en el que incluyó el eje número 6, Tonalá Honesta y Participativa donde propuso lo siguiente:

Se entiende entonces que la concepción de Gobierno Abierto implica mucho más que el diseño y la implementación de estrategias de apertura de datos o de mecanismos de participación ciudadana, es necesario visualizarlo como una cuestión de acceso ciudadano al proceso mismo de toma de decisiones de su gobierno.

De acuerdo a los resultados publicados por CIMTRA, nuestro municipio se encuentra en el lugar 14 de la escala de evaluación; lo que representa un reto que debemos de enfrentar para poder transparentar mejor la administración de los recursos públicos y la información que generan cada una de las dependencias.

Para lograr lo anterior, desarrolló el pilar Gestión Pública y Rendición de Cuentas cuyo objetivo general es el siguiente:

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las Dependencias y Entidades, así como disminuir la percepción de la corrupción entre la ciudadanía.

Ante las múltiples quejas ciudadanas que recojo al recorrer dicho municipio y como voz de los ciudadanos libres que lo habitan, recurrí a la consulta del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, primera etapa que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fin de corroborar si es que las acciones de gobierno que emprende dicho ayuntamiento tonalteca se ajustan a la transparencia y rendición de cuentas que se comprometieron alcanzar.

En dicho documento fue posible identificar la auditoría número 1087, de tipo financiera con enfoque de desempeño denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” realizada al municipio de Tonalá, Jalisco.

En el Alcance de dicho documento se identificó un error que debe ser corregido por los efectos legales que el mismo pueda ocasionar y que demerita la calidad del trabajo de la ASF, como sigue:

“Respecto de los 4,035,492.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Chiapas,....”

Lo anterior, no favorece al rigor profesional y de precisión que este tipo de trabajo debe contener, y de entrada causa confusión al lector y pone en duda la labor de la entidad fiscalizadora.

Al revisar los resultados de la revisión en comento, se identificaron 9 observaciones que denotan el insuficiente control interno implementado en el Ayuntamiento y la falta de apego a la normativa aplicable para el ejercicio de los recursos públicos del fondo auditado, los cuales ascendieron a 275,783.1 miles de pesos.

Dichas observaciones las relaciono a continuación:

Resultado número 4

Con la revisión de los estados de las cuentas bancarias, se verificó que el municipio no utilizó una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos del Fortamun-DF 2016, debido a que las tres primeras ministraciones se depositaron en la cuenta del Fortamun-DF 2014, y se recibieron las dos primeras ministraciones del Fortamun-DF 2017.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no utilizaron una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos del Fortamun-DF 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/006/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 7

Con la revisión de las pólizas de egresos, de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, así como del acuerdo núm. 432 de la sesión ordinaria del ayuntamiento donde se hace la modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, se comprobó que se efectuaron pagos por 24,785.4 miles de pesos, que no están autorizados por el Ayuntamiento.

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporciono la documentación que aclara y justifica el importe observado en virtud de que; mediante acta de cabildo, fueron autorizados los conceptos de los gastos realizados. Asimismo, la Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, efectuaron pagos que no estaban autorizados por el Ayuntamiento y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/007/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 8

Con la revisión de las pólizas de egresos, se verificó que no toda la documentación comprobatoria y justificativa del gasto está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no cancelaron en su totalidad la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Fortamun-DF 2016 con la leyenda de “Operado” ni la identificaron con el nombre del fondo; y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/008/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 9

Con la revisión de las pólizas de egresos, estados de cuenta y la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se verificó que no todos los pagos se hicieron de forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no hicieron todos los pagos efectuados con el Fortamun-DF 2016 de forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/009/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 12

El municipio pagó 1,483.7 miles de pesos a una financiera, los cuales fueron descontados en la nómina a los empleados del municipio y no fueron enterados en tiempo y en forma.

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante los oficios números Contraloría Municipal CM/2904/2107 y Contraloría Municipal CM/2919/2107, hizo entrega de documentación que comprueba el reintegro de 1,485.3 miles de pesos los cuales incluyen los intereses correspondientes, y la aplicación de los mismos en los fines del fondo; asimismo, la Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, pagaron las retenciones de los empleados que no fueron enterados en tiempo y forma y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/010/17, por lo que se da como promovida esta acción y solventada.

Resultado número 15

El municipio de Tonalá, Jalisco, no reportó los informes trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos, ni el primero, segundo y tercer informe trimestral del Formato Avance Financiero, ni el primero y segundo de las metas de los indicadores de desempeño, y no fueron difundidos en los órganos locales oficiales de difusión ni se dispusieron al público en general a través de la página de internet o de otros medios locales de difusión.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no reportaron los informes trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos, ni el primero, segundo y tercer informe trimestral del Formato Avance Financiero, ni el primero y segundo de las metas de los indicadores de desempeño, y no los difundieron en los órganos locales oficiales de difusión ni los dispusieron al público en general a través de la página de internet o de otros medios locales de difusión y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/011/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 16.

El municipio no proporcionó información en la cual se pueda verificar que dispone de un Plan Anual de Evaluación y no evaluó el desempeño del Fortamun-DF 2016, ni las metas de los indicadores de desempeño establecidas por la normativa.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no dispusieron de un Plan Anual de Evaluación y que no evaluaron el desempeño del Fortamun-DF 2016, ni las metas de indicadores de desempeño establecidas en la normativa, y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/012/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 17.

El municipio, al inicio del ejercicio, no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del Fortamun-DF 2016, tampoco las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, ni las metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio de los resultados alcanzados.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del Fortamun-DF 2016, tampoco las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, ni las metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio de los resultados alcanzados, y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/013/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 21.

Con la revisión de una muestra de los expedientes del personal policial adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública, se verificó que no todos los nombramientos se encuentran vigentes.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no actualizaron los nombramientos del personal de policía, y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/014/17, por lo que se da como promovida esta acción.

En el apartado de Dictamen la ASF concluye de esta manera:

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de pagos improcedentes a los fines del fondo respecto de la Ley de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,269.1 miles de pesos que representó el 9.5 por ciento de la muestra auditada; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.

De la lectura al párrafo anterior, es preocupante el hecho que se haya observado probables daños a la Hacienda Pública Federal por 26,269.1 miles de pesos, el 9.5 por ciento de los recursos asignados de este fondo al municipio de Tonalá y que no exista ninguna recuperación; asimismo, limita la participación ciudadana a conocer los términos de los procedimientos administrativos determinados, el inicio de su investigación, sus avances y en su caso conclusiones por parte de la Contraloría Municipal.

Finalmente, a la ciudadanía no se le indica que la ASF no dará seguimiento a dichos procedimientos administrativos ya que para el ente fiscalizador son asuntos concluidos, hecho que fomenta la recurrencia al ser el mismo municipio quien incurre en las omisiones, quién sanciona o absuelve de culpas.

En otras palabras, el concluir un seguimiento a lo observado como lo hace la ASF, abre la puerta para que lo observado sea recurrente, no se implementen acciones de mejora y que año con año se observe y atienda en los mismos términos, en detrimento de la ciudadana de Tonalá, tal y como sucedió con los casos del dominio público en la gestión de Javier Duarte en Veracruz.

Y lo decimos así por la ligereza en la forma que la ASF dio por buena la atención al resultado número 7 donde con claridad se indica que se mal ocuparon 24,785.4 miles de pesos los cuales no estaban autorizados por el Ayuntamiento, donde la ASF no da a conocer de qué tipo de gastos estamos hablando, en qué periodo se mal utilizaron, y como lo he venido expresando durante esta LXIII Legislatura, la Auditoría Superior de la Federación ha dejado mucho que desear en la calidad técnica de sus informes, ya que como se puede apreciar en su redacción, nos demuestra que aplica con singular ligereza un criterio que permite que esta desviación se autorice con una supuesta acta de cabildo de la cual se desconoce la fecha de celebración, si esta corresponde a un acta de reunión ordinaria o extraordinaria y si fue autorizada por su Cabildo.

Sin duda, el ejemplo anterior, deja muchas dudas de la forma en que el municipio de Tonalá aclaró lo observado y sin duda, evidencia deficiencias técnicas de la ASF al comunicar la forma en que se atiende dicho resultado número 7.

Por lo expresado, considero conveniente exhortar al municipio de Tonalá, Jalisco, para que de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2015.2018, en su eje número 6 Tonalá Honesta y Participativa, y en particular a las líneas de acción relativas al Gobierno Abierto y Gobierno Transparente, haga del conocimiento público los avances y en su caso, los resultados de los procedimientos administrativos a los que hace mención la auditoría 1087 de la ASF relativos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 y de máxima publicidad a las acciones de haya emprendido con enfoque preventivo que permitan fortalecer los controles internos en las áreas y/o dependencias del ayuntamiento que tengan injerencia en la administración, ejecución y rendición de cuentas del Fondo en comento.

Asimismo, exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la necesidad de emitir fe de erratas sobre el error identificado en el apartado de Alcance al referir recursos del estado de Chiapas, distribuidos al municipio de Tonalá Jalisco y en el caso de la atención al resultado número 7 del informe en comento, haga mención a la fecha y en su caso número y tipo del acta del Cabildo que autorizó el gasto de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 por 24,785.4 miles de pesos que durante la revisión observó sin autorización.

Lo anterior, no son ocurrencias.

Estos exhortos sólo pretenden que los ciudadanos tonaltecas interesados en el uso y manejo del recurso público conozcan con claridad: si Tonalá cumplió con las premisas que el mismo Ayuntamiento planteó en su Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 referentes a Gobierno Abierto y Transparencia, en su defecto se hagan públicas las sanciones que den lugar y se de máxima publicidad a las mejoras en la gestión que se comprometerán a emprender para evitar la recurrencia. Todo lo anterior, producto por la falta de precisión en el trabajo fiscalizador que entrega la Auditoría Superior de la Federación mismo que he dejado constancia en el cuerpo de este documento.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al municipio de Tonalá, Jalisco, para que de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, en su eje número 6 Tonalá Honesta y Participativa, y en particular a las líneas de acción relativas al Gobierno Abierto y Gobierno Transparente, haga del conocimiento público los avances y en su caso, los resultados de los procedimientos administrativos a los que hace mención la auditoría 1087 de la ASF relativos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 y de máxima publicidad a las acciones que haya emprendido con enfoque preventivo que permitan fortalecer los controles internos en las áreas y/o dependencias del ayuntamiento que tengan injerencia en la administración, ejecución y rendición de cuentas del Fondo en comento.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la necesidad de emitir fe de erratas sobre el error identificado en el apartado de Alcance al referir recursos del estado de Chiapas, distribuidos al municipio de Tonalá Jalisco y en el caso de la atención al resultado número 7 del informe en comento, precise la fecha y en su caso número y tipo del acta del Cabildo que autorizó el gasto de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 por 24,785.4 miles de pesos que durante la revisión observó sin autorización.

Notas

1 Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de Tonalá, Jalisco, disponible en

http://tonala.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2016/09/Plan-Municipal-de- Desarrollo-7-Transparencia-2015-2018.pdf, consultado el 08 de febrero de 2018.

2 Informe del Resultado de la Fiscalización de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, primera etapa, disponible en

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/index.html, consultado el 08 de febrero de 2018.

3 Auditoría número 1087, de tipo financiera con enfoque de desempeño denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Municipio de Tonalá, Jalisco, disponible en

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Auditorias/ 2016_1087_a.pdf, consultada el 08 de febrero de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE INCORPORE EN LOS ESTÍMULOS FISCALES OTORGADOS A LA FRANJA FRONTERIZA, A LA REGIÓN DE LOS CINCO MANANTIALES, EN COAHUILA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la CRE a incorporar en los estímulos fiscales otorgados para la franja fronteriza la región Los Cinco Manantiales, integrada por Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

Francisco Saracho Navarro, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El incremento del precio de los combustibles en todo el país desde 1 de enero de 2017, ha sido uno de los temas más controversiales que se han presentado recientemente, debido al importante papel que los combustibles juegan en nuestro día a día.

Tal incremento será un factor que influirá en el aumento de los precios de los diferentes bienes y servicios, por lo que es indispensable que desde el gobierno federal, se implementen las medidas necesarias que mitiguen los efectos que hayan desestabilizado las actividades económicas en todo el país, así como en determinadas regiones.

Dichas medidas gubernamentales que deberán implementarse en las regiones afectadas por el incremento de los combustibles, tendrían que ser muy particulares, con la idea de que sus alcances atiendan atinadamente las problemáticas locales, tal como la que se vive en la frontera norte de nuestro país, específicamente la acontecida en la región de “Los 5 Manantiales” en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Al respecto, con la finalidad de contextualizarnos y conocer detalladamente tal problemática, debemos señalar que el municipio de Piedras Negras geográficamente hace frontera con los Estados Unidos de América, por lo que tal municipio ha generado una importante y permanente interacción transnacional con Eagle Pass, en Texas, propiciándose estándares de competitividad económica que han tenido que ser ajustados para que el incremento del combustible no ocasione repercusiones económicas negativas en la región fronteriza, medida que alcanzó no sólo a la frontera coahuilense, sino a la de todo el país.

En ese sentido, el gobierno federal ha implementado, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversas medidas para impulsar a la economía nacional, por lo que en toda la frontera norte de nuestro país se otorgaron estímulos fiscales a los gasolineros que se encuentren dentro de la franja de 20 kilómetros y de manera escalonada hasta los 50 kilómetros, con la finalidad de que el precio por el litro del combustible tenga el costo aproximado al que tuvo hasta el 31 de diciembre de 2016, tal como sucede en Piedras Negras, Coahuila, con la idea de mantener la competitividad y no afectar la actividad económica en esa franja, qué al estar muy próxima a los Estados Unidos de América, está expuesta a desventajas comerciales.

Como se ha referido, la situación que se vive en la zona fronteriza con los Estados Unidos de América es muy preocupante y distinta a la que se vive en alguna otra del territorio nacional, ya que con motivo del referido incremento en el costo del combustible, sin el estímulo fiscal antes referido, el litro de las gasolinas y del diésel, en el caso de Piedras Negras, en Coahuila, tendrían un costo superior a $16.00, lo cual le genera una fuerte desventaja comercial respecto del costo que la gasolina tiene en Eagle Pass en Texas, donde el litro tiene un precio equivalente aproximado a $10.00 mexicanos, por lo que al haber una importante interacción entre las poblaciones fronterizas de ambos países, a los mexicanos ya no les resultaría costeable adquirir combustible en territorio nacional, afectando no solo a los gasolineros, sino a toda la actividad económica en la frontera, incluso también se afectaría la recaudación de impuestos.

Por ello, es que los beneficios del estímulo fiscal han sido muy redituables y le han dado a los gasolineros de Piedras Negras, los elementos necesarios para ser competitivos en el mercado fronterizo. En ese sentido, el estímulo fiscal que se otorga para el municipio de Piedras Negras es de $4.22, por lo que la reducción del costo de venta al público es evidente.

Sin embargo, a pesar de las bondades derivadas del otorgamiento del estímulo fiscal a los gasolineros por parte de la autoridad hacendaria, la problemática que originalmente sufrieron dichas ciudades fronterizas por esa interacción cotidiana con las ciudades norteamericanas, se resolvió parcialmente porque los impactos negativos del incremento en el combustible se trasladaron a las regiones aledañas, observándose grandes complicaciones económicas que no se han atendido desde el año pasado, tal como sucede en la región de “Los 5 Manantiales”, la cual es integrada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, y se encuentra ubicada al norte del estado de Coahuila de Zaragoza.

El caso del municipio de Nava, integrante de “Los 5 Manantiales”, es muy especial, ya que geográficamente se encuentra a un costado de Piedras Negras y a una distancia aproximada de 44 kilómetros, por lo que parte de su territorio forma parte de la franja fronteriza de 20 kilómetros,  pero existe un excedente que la rebasa y alcanza a recibir un estímulo fiscal escalonado de $1.40 en la cabecera municipal y de $2.20 en el Encino-Nava, sobre el precio de venta al público.

Debido a la cotidiana interacción y cercanía geográfica entre Piedras Negras y Nava, es que se han formado vínculos de tipo económico, laboral, académico, administrativo, social y cultural, motivo por el que han sido reconocidos por instancias federales, como una Zona Metropolitana en el norte del territorio coahuilense, recibiendo anualmente recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para su fortalecimiento integral.

La región de “Los 5 Manantiales”, a pesar de que geográficamente se encuentra ubicada fuera de la franja fronteriza de 20 kilómetros, siempre ha sido considerada como zona fronteriza en el estado de Coahuila, lo cual es una circunstancia que actualmente es sostenida por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal –INAFED– (http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila/regionalizacion.html) .

Aunado a lo anterior, como un antecedente más, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1994 autorizó la apertura de una garita en el kilómetro 53 de la carretera federal número 57, en el tramo Allende-Agujita, del municipio de Allende, Coahuila, circunstancia con la que “Los 5 Manantiales” quedaron incluidos en la franja fronteriza de esa entidad federativa, lo cual es un antecedente del carácter con que se ha ostentando a dicha región en esa entidad federativa.

El municipio de Piedras Negras, en Coahuila, guarda una distancia aproximada de 44 kilómetros con el municipio de Nava, de 50 kilómetros con el municipio de Morelos, de 54 kilómetros con Allende, de 60 kilómetros con el municipio de Zaragoza y de 75 kilómetros con el municipio de Villa Unión, de esa misma entidad federativa, por lo que los recorridos terrestres que realizan diariamente las personas para ir a uno u otro sentido de circulación, son de aproximadamente entre 20 y 25 minutos.

De lo anterior, se desprende que por sus respectivas ubicaciones geográficas, cada uno de estos municipios se encuentran fuera de la posibilidad de recibir el estímulo fiscal escalonado, agudizándose su problemática ante la interacción permanente de su población con Piedras Negras y el encarecimiento de los combustibles en sus lugares de origen, por lo que han dejado de consumirlos al abastecerse dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros, dejando sin posibilidades de competir comercialmente a los gasolineros de “Los 5 Manantiales”.

Desafortunadamente, los estímulos fiscales que fueron concedidos a Piedras Negras, Coahuila, no fueron otorgados para la región de “Los 5 Manantiales”, puesto que la autoridad hacendaria dejó de seguir el criterio de que dicha región y Piedras Negras son una misma franja fronteriza en el norte del territorio coahuilense, ordenando su distinción sin un razonamiento técnico que lo justifique, ignorando las repercusiones económicas negativas que generaría en el norte de Coahuila.

Con el otorgamiento del estímulo fiscal mencionado, se ha paliado la problemática de la desventaja comercial y el debilitamiento de la competitividad económica que originalmente tuvo Piedras Negras con Eagle Pass por el incremento en el costo del combustible, sin embargo, al no estar incluida la región de “Los 5 Manantiales” en esos beneficios fiscales, se ha ignorado que dicha problemática se le ha transferido a esta región del norte de Coahuila debido a la proximidad física que tiene con Piedras Negras, por lo que ante la constante interacción que existe entre sus respectivas poblaciones, para los habitantes de los municipios de “Los 5 Manantiales” representa una mayor costeabilidad abastecerse de combustible y otros insumos en Piedras Negras, que hacerlo en su propia localidad.

La diferencia que existe entre los precios del combustible en Piedras Negras y en “Los 5 Manantiales” es suficiente para dejar en una evidente desventaja comercial a los gasolineros de esta última región, generando diversas afectaciones a todas las actividades económicas que se lleven a cabo en ella desde hace más de un año, donde ha tenido lugar el despido de empleados al existir una caída dramática en la venta del combustible, e incluso, hasta el cierre de Estaciones de Servicio, sin omitir el encarecimiento de productos y servicios, además de detener el crecimiento económico  local; a continuación se presentan los comparativos de ventas en 2016 y 2017, donde se  muestran la caída de las ventas de gasolina después del 1º de enero de 2017, en algunas Estaciones de Servicio del municipio de Morelos, parte de “Los 5 Manantiales”:

Es importante mencionar, que en lo que va de este 2018, las afectaciones económicas siguen dándose en la región de “Los 5 Manantiales”, sin que se vea una posible solución a las mismas.

La diferenciación de precios en la gasolina que hay entre Piedras Negras y “Los 5 Manantiales”, tienen su origen en el otorgamiento de los multirreferidos estímulos fiscales, así como a su escalonamiento, los cuales podemos observarlos de la siguiente manera:

Debido a la cercanía geográfica que existe entre Piedras Negras y “Los 5 Manantiales”, en Coahuila, es que resulta necesario incorporar a esta última región, al otorgamiento de los estímulos fiscales brindados por la autoridad hacendaria, medida que impulsará a la actividad económica de los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.

En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, así como de la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer, ajustar y clasificar los precios de los combustibles en nuestro país, por lo que al tomar en consideración el anexo I del acuerdo 98/2016, resulta viable exhortarlos para que los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, integrantes de “Los 5 Manantiales”, sean incluidos en los estímulos fiscales otorgados por la autoridad hacendaria, generando condiciones de competitividad en la venta de gasolina en la región norte de Coahuila.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del pleno de la  Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Reguladora de Energía, con la finalidad de que la región de “Los 5 Manantiales”, integrada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea incorporada con plenitud a los estímulos fiscales otorgados por esa autoridad hacendaria a toda la franja fronteriza de 20 kilómetros en el país, en ella Piedras Negras, para aplicarse al precio de venta al público de la gasolina, lo que permitirá generar condiciones de competitividad en toda la región norte del territorio coahuilense.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE REALICE UNA MESA DE ANÁLISIS PARA ESTUDIAR LA PROHIBICIÓN DE TRES LÍNEAS DE NEONICOTINOIDES YA PROHIBIDOS EN OTROS PAÍSES, ADEMÁS DE OTROS PESTICIDAS USADOS EN LA AGRICULTURA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar una mesa de análisis sobre la prohibición en México de tres líneas de neonicotinoides y otros pesticidas usados en la agricultura, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Como productor y exportador de miel, México ocupa, desde hace muchos años, una posición privilegiada en la clasificación mundial de este producto, gracias a la calidad y diversos sabores de sus mieles, claro ejemplo de su biodiversidad. En tanto, Alemania y Estados Unidos de América (EUA) son los principales consumidores de mieles nacionales; el país europeo, por ejemplo, es nuestro primer importador, en sus distintas categorías; además, pagando ese valor agregado, de las mieles orgánicas y artesanales que se producen en nuestra nación, los EUA también importan una cantidad significativa de miel mexicana, ocupando el segundo sitio como importador de este alimento estratégico para el sector pecuario de nuestro país.

Con base en lo anterior, es claro que los mexicanos debemos buscar y garantizar que la calidad de la producción nacional iguale o exceda los requerimientos de nuestros mejores clientes comerciales, quienes buscan la mayor seguridad alimentaria para sus ciudadanos. En el caso de la miel, al ser un derivado de la pecoreación de este insecto (Apis Melífera), se ha prestado a todo un mercado de adulteración, contaminación con pesticidas y trazas de organismos genéticamente modificados.

La polinización por la apicultura mexicana, beneficia 237, cultivos de 453 que se producen en México, en prácticamente todos se aplican plaguicidas de diverso grado de toxicidad para la abeja y el ser humano, alguno de estos cultivos son GMO, y representa según datos de la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un beneficio económico de 43 mil millones de pesos a la agricultura.

Segundo. EUA está sufriendo pérdidas severas en su agricultura, debido al dramático descenso de los agentes polinizadores, siendo las abejas el más importante para ellos, y cuya trascendencia permea sus estructuras gubernamentales. En este país se le da a la industria apícola todas las facilidades y apoyos necesarios, de manera que el mercado agrícola paga lo justo a los ganaderos, quienes se dedican a la polinización, de manera exclusiva y profesional, con el cuidado correcto de las abejas.

Aun así, uno de los aspectos que se revelan en estudios realizados por la Escuela de Salud Pública de Harvard es la afectación que ciertos insecticidas neonicotinoides han incidido en desaparición de insectos polinizadores, como abejas y mariposas; estos compuestos químicos, más concretamente el Imidacloprid, de la empresa Bayer; y la Clotianidina, también de Bayer; así como el Tiametoxan, de Singenta, ya han sido prohibidos en Europa y vetados en este sentido en países como España, Alemania, Francia, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Eslovenia, Malta, Holanda, Polonia y Suecia.Es importante darnos cuenta del sentido del voto de nuestro mayor consumidor de miel mexicana.

En México, sin embargo, estos tres productos se venden sin restricción, con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Estos pesticidas neonicotinoides, según sus fichas técnicas, por ejemplo de Confidor de Bayer, cuyo agente es el imidacroprid, dice: “Su mecanismo de acción se basa en la interferencia de la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos.”

En el caso de Durivo, de Singenta, cuyo agente es el tiametoxan, publica que: “actúa en la sinapsis nerviosa sobre el receptor de la acetilcolina de los insectos y el clorantraniliprol, que pertenece al grupo de las diamidas antranílicas, y actúa por ingestión y contacto activando el receptor ryanodina, generando una liberación descontrolada de calcio y paralizando los músculos de los insectos”. Por último, la clotianidina es un protector de las semillas como maíz, frijol y sorgo, también de la empresa Bayer, lo contradictorio es que su misma ficha técnica expresa que no deben contaminarse cuerpos de agua, pero el agua es buscada por otros muchos insectos benéficos, entre ellos las abejas.

En lo general, estos químicos atacan el sistema nervioso central de los insectos. Los estudios reflejan que la desaparición de insectos es generalizada, pero las abejas son un termómetro de la gravedad de este acontecimiento, ya que, al ser una actividad en estrecha relación humana, es fiel reflejo de la salud de los ecosistemas.

Las empresas argumentan que los contenidos en las muestras de abejas muertas no son suficientes para matarlas, pero investigadores refieren que aun cantidades subletales de estos productos provocan afectaciones al sistema nervioso central, pérdida de memoria y desorientación. Ello y otros factores, como virus y bacterias, podrían cerrar el círculo del Síndrome del Colapso de las Abejas.

Existen investigadores que reportan múltiples problemas de salud en los jornaleros que tienen que convivir en un método intensivo de producción agrícola, que indiscutiblemente usa químicos muchos de ellos cancerígenos, adsorbidos por la piel, vías respiratorias e ingesta.

Estudios demuestran que las abejas se sienten atraídas por ejemplo por el glifosato, y otros químicos que les causan la muerte. 75 por ciento de la miel en el mundo contiene pesticidas, una investigación de la Universidad de Illinois indica que las abejas, que están muriendo masivamente, prefieren el sabor de las flores mezcladas con pesticidas que probablemente son nocivas para su salud.

Tercero. Siendo el mercado europeo y estadounidense destinos de nuestras mieles es, sin duda, importante atender sus regulaciones sobre los máximos permitidos de sustancias químicas peligrosas, con las que accidentalmente puede contaminarse la miel, por el inevitable contacto con la agricultura intensiva en México; mucho debe hacerse para estar a la par en las técnicas regulatorias y normas europeas.

En 2016, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a petición de la Sagarpa, concluyó que el uso excesivo de los plaguicidas en los campos agrícolas, y su falta de regulación, han provocado un descenso en las colonias de las abejas, sobre todo en Yucatán, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Chihuahua. Un caso dramático es el de la Comarca Lagunera, donde los apicultores han perdido hasta 53 por ciento de sus colmenas.

“Es importante que no veamos este problema tan a la ligera, realmente el uso de plaguicidas impacta en la agricultura, en el ecosistema a nivel ecológico, impacta en la salud humana y hasta en el comercio internacional de los alimentos”, sostiene Octavio Gaspar Ramírez, experto en toxicología ambiental, y que lidera las investigaciones sobre residuos tóxicos en alimentos, del Centro de Investigación y Asistencia y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) unidad Nuevo León; además, concluye: “Las regulaciones son débiles, hace falta investigación, entonces podemos decir que realmente hay un riesgo en que México tenga una crisis en el sector apícola”.

Un aspecto importante a estudiar es el relacionado a los productos químicos que actualmente son utilizados para controlar o tratar enfermedades propias de las abejas, tales como Amitraz, Cumafos, Fluvalinatos, etcétera. Por citar algunos de éstos, los reglamentos europeos aceptan una concentración máxima, en la miel, de amitraz, de 200 ug/kg de miel y, por ejemplo, no permite el ingreso de antibióticos, como los nitroimidazoles ni los nitrofuranos; al respecto, ya ha habido casos de destrucción de embarques o de la devolución completa de éstos, por no pasar los controles sanitarios de la Unión Europea.

El rechazo de un embarque de miel, por no cumplir los niveles exigidos por la legislación europea, donde se concentran los principales consumidores de miel mexicana, traería un impacto económico devastador en los productores, ya que es un esfuerzo enorme y hay muchos recursos en juego.

La mayoría de los productores mexicanos son pequeños, y necesitan asociarse para hacer frente al reto de la exportación; sin embargo, salvo el caso de los productos que ellos usan, para el necesario control de las enfermedades, normalmente están expuestos a los productos que los agricultores usan como pesticidas y herbicidas; en este caso fue muy sonado, en medios internacionales, el presunto rechazo de miel uruguaya, por habérseles detectado niveles altos de glifosato, componente del Round up, de Monsanto, ahora Bayer. Este herbicida es utilizado en organismos genéticamente modificados, para la resistencia a este herbicida, por parte de la soya transgénica.

Cuarto. Como legisladoras y legisladores, debemos trabajar para que las reglamentaciones de países desarrollados, primordialmente las de nuestros clientes comerciales, no nos dejen atrás en la actualización de las mismas. Por tanto, es importante que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, implemente una mesa de trabajo multidisciplinaria e intersecretarial, y convoque a los investigadores nacionales, expertos del tema, a que realicen y expongan los estudios y opiniones pertinentes, que permitan al ejecutivo omitir controles y una correcta actualización de estas sustancias que, al parecer, tienen una correlación parcial, pero importante, en la desaparición de las abejas y otros insectos benéficos.

Tomemos el ejemplo de la Unión Europea cuya Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, ha lanzado una consulta pública, desde el 11 de enero hasta el 15 de abril de este año, tal convocatoria dada la reconocida importancia de los polinizadores en la agricultura de la Unión Europea, cuyo impacto está valorado en 15,000 millones de euros, cada año. Apicultores, científicos, entidades públicas y privadas así como público en general, se les convoca para que con sus conocimientos sobre el descenso de las abejas, hacer una recopilación de opiniones, sobre pesticidas, enfermedades, y cualquier dato que permita elaborar una estrategia europea para abordar el problema.

En este sentido, tomando como consideración lo expuesto líneas antes, las sustancias que deben ser analizadas y, en su caso, revisadas, para su posible prohibición en nuestro país, son: el imidacroprid, el tiametoxan y la clotianidina; sin dejar de lado el análisis de las sustancias alrededor de los alimentos genéticamente modificados (GMO).

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita, de manera respetuosa, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que haga pública la información sobre los efectos tóxicos de los neonicotinoides citados para la salud de los trabajadores del campo mexicano, así como las medidas emprendidas para tener bajo control, desde el punto de vista sanitario, químicos empleados en la producción de alimentos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Salud, establezcan una mesa de trabajo, con investigadores y expertos en toxicología ambiental, humana y animal, para la revisión, posible retiro comercial, o gradual sustitución, de productos químicos potencialmente peligrosos para las abejas y el ser humano, sobre todo de tres neo-cotinoides ya denunciados en Europa, por su posible afectación a las abejas, además de antibióticos y GMOs; además de generar propuestas alternativas amigables, tanto para el ser humano como a los vectores de polinización, que no disminuyan la efectividad y producción agrícola.

Referencias

1. Gobierno Federal. 2017. México Exportador de Miel. Gob.mx. Recuperado de

https://www.gob.mx/siap/articulos/mexico-pais-exportador-de-miel

2 Gubin, A. 2015. Harvard demuestra que pesticidas neocotinoides de Bayer están matando abejas melíferas. México Ambiental. Publicado el 22 de mayo del 2015. Recuperado de:

http://www.mexicoambiental.com/v2/harvard-demuestra-que-pesticidas- neonicotinoides-de-bayer-estan-matando-abejas-meliferas/

3 The Guardian. 2107. La evidencia apunta en una dirección: debemos prohibir lo Neocotinoides: Michael Gove. Publicado 9 de Noviembre del 2017. Recuperado de:

https://www.theguardian.com/environment/2017/nov/09/the-evidence-points- in-one-direction-we-must-ban-neonicotinoids

4 Cofepris. 2012. Registro de plaguicidas autorizados por categoría toxicológica. Gobierno Federal. Publicado el 2 de febrero del 2012. Recuperado de:

http://www.cofepris.gob.mx/as/documents/registrosanitariomedicamentos/ regplag.pdf

5 Bayer. Ficha Técnica del producto, Confidor. Página oficial de Bayer Recuperado de:

http://dunemexicali.com.mx/archivos/AGROQUIMICOS/PROTECCION%20DE%20CULTIVOS/ CONVENCIONALES/INSECTICIDAS/BAYER/CONFIDOR%20350%20SC/ CONFIDOR%20350%20SC%20HT.pdf

6 Singenta. Ficha Técnica del producto, Durivo. Página oficial de Singenta. Recuperado de:

https://www.syngenta.com.mx/product/crop-protection/insecticida/durivor

7 Terralia. Ficha Técnica del producto, Poncho.  Recuperado de:

https://www.terralia.com/agroquimicos_de_mexico/view_trademark?trademark_ id=8277

8 Miranda, Fanny. 2016. México al borde de crisis por despoblamiento de abejas.  Milenio. Publicado en 26 de Agosto del 2016. Recuperado de:

http://www.milenio.com/estados/abejas-baja_produccion_abejas-milenio_ noticias-menos_abejas-miel_contaminada_0_799720313.html

9 Comisión Europea. Importaciones de origen animal provenientes de países no pertenecientes a la  UE. Reglamento (UE) No 37/2010. De la Comisión. Relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal.  Recuperado de:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_vet-med-residues_ animal-imports-non-eu_brochure_es.pdf;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:02010R0037-20160624&from=EN

10 Rodríguez, E. 2016. En riesgo la exportación de 450 toneladas de miel orgánica. Novedades Quintana Roo. Publicado el 3 de septiembre del 2016. Recuperado de:

https://sipse.com/novedades/miel-organica-contaminantes-siembra- transgenica-produccion-cultivos-estudios-exportacion-productos-220541.html

11 Redacción. 2018. La Unión Europea lanza una consulta pública para salvar a las abejas. La Vanguardia. Recuperado de: http://www.lavanguardia.com/natural/20180111/434220190663/union- europea-consulta-publica-salvar-abejas.html

Otras referencias

• ABC ciencia. 2013. Europa prohíbe tres pesticidas que matan a las abejas.  ABC. Publicado el 29 de abril de 2013. Recuperado de:

http://www.abc.es/ciencia/20130429/abci-europa-prohibe-pesticidas-matan- 201304291644.html

• Eban, K. 2010. Las abejas pican a Bayer. Expansión. Publicado el 15 de octubre del 2010. Recuperado de:

http://expansion.mx/negocios/2010/10/14/bayer-en-duda-por-la-muerte- de-abejas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

RELATIVO A TOMAR MEDIDAS PARA FRENAR EL ECOCIDIO DE LOS ECOSISTEMAS BIÓTICOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a tomar medidas para frenar el ecocidio de los ecosistemas bióticos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Habiendo comenzado desde la década de los cuarenta, en San Cristóbal de Las Casas la sobreexplotación de los bancos de arena y grava ha provocado que las formaciones geológicas que rodean el denominado Valle de Jovel queden cada vez más expuestas y se produzcan como resultado graves procesos de erosión. El deterioro ha sido de tal magnitud que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declinó por esta razón declarar a San Cristóbal de Las Casas, fundada en 1528 y decretada desde 1974 como Monumento Histórico Nacional, como patrimonio de la humanidad. La situación se ha agravado luego del establecimiento en las áreas aledañas a los bancos de arena de asentamientos humanos irregulares, convertidos por su colindancia con cráteres de hasta diez metros de profundidad y taludes inestables que los cortes dejan tras la extracción del material en zonas de alto riesgo. Lo pronunciado de los cortes y su cercanía con las viviendas ha hecho de estas colonias en auténticas trampas mortales capaces de sepultar a familias enteras en cuestión de segundos.

Sobre esto, Miguel Ángel Sánchez Vázquez, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) ha señalado en que la extracción, desde hace más de siete décadas, de 38 millones 278 mil 975 metros cúbicos de materiales pétreos –equivalentes a 23 millones 924 mil 359 toneladas– de 52 bancos de arena y grava de cerros ubicados al oriente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas ha ocasionado para la región un deterioro ambiental irreversible, que ha significado, entre otras cosas, la pérdida de 15 mil hectáreas de bosques de la región Altos de Chiapas.

Si bien el auge de la actividad minera en San Cristóbal de Las Casas comenzó a finales de la década de 1940, gracias a la construcción de la carretera Panamericana –que atraviesa la ciudad, conecta con Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y con el centro del país–, sería hasta la década de 1990 cuando ésta incrementaría en forma indiscriminada, como consecuencia de la apresurada construcción de nuevas vías de comunicación tras el surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Ante este escenario, la demanda de materiales aumentó y el municipio avaló la apertura de numerosos yacimientos, así como su concesión a empresas aliadas al régimen. Así pues, la explotación irregular e indiscriminada de los bancos de arena y grava, muchos de ellos cuya propiedad pertenece a políticos y empresarios ligados al gobierno local, ha provocado afectaciones ecológicas en muchos casos irreversibles.

Por si esto fuera poco, la explotación de estos yacimientos se ha realizado sin respeto ni consideración de las leyes vigentes en materia de protección ambiental y equilibrio ecológico, lo que ha redundado en miles de hectáreas deforestadas. La sobreexplotación minera ha impedido además la recarga de los mantos freáticos del valle sobre el que se asienta la ciudad y ha impactado en forma grave humedales y manantiales estratégicos para la distribución del acuífero, entre los que destacan El Navajuelo y La Kisst, que al abastecerse de aguas superficiales resienten directamente la disminución de las recargas provocada por la erosión de los suelos, así como la contaminación de las zonas cercanas a las minas.

Pese a la dimensión de la problemática, el gobierno local se ha negado a emprender medidas para vigilar las afectaciones y frenar el deterioro ambiental. Su complicidad, consecuencia a veces de sospechosas omisiones y otras por flagrante participación en los negocios derivados de la actividad minera, ha hecho imposible conocer con datos claros la superficie dañada, la cantidad de material extraído y su destino, así como los propietarios que sobreexplotan el lugar, las condiciones laborales y de seguridad de la población y el cumplimiento de la normativa, entre otras aspectos. No obstante, algunas investigaciones han calculado el volumen extraído en casi una quinta parta del total de arena que se obtiene de los 121 municipios restantes de Chiapas. De esta cantidad, sólo entre 10 y 15 por ciento es utilizada para obras en San Cristóbal de Las Casas, pues el resto es trasladado a otros puntos del estado y la República.

De esta forma, el paisaje de la ciudad ha sido devastado por la extracción de material pétreo de los cerros que circundan el Valle de Jovel, cuya pérdida de superficie boscosa se ha calculado hasta en 80 por ciento. En varios puntos de la ciudad, la maquinaria ha arrasado casi por completo con la cubierta forestal, produciendo graves repercusiones contra la reproducción de la biodiversidad, en algunos casos endémica, que conforma el cinturón verde que rodea a San Cristóbal de Las Casas y conecta con municipios como Ocosingo y Comitán. Entre los cerros más afectados destacan los de Salsipuedes, Cascajal, Corral de Piedra y Las Comaleras, que tras la explotación y deforestación casi total de sus recursos han comenzado a utilizarse, en componenda con las autoridades municipales, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, haciendo aún más compleja su recuperación. Si se toma en cuenta la drástica modificación que ha sufrido la topografía y los ecosistemas naturales del Valle del Jovel durante los últimos 30 años, puede observarse que, por ejemplo, no es gratuita la repentina presencia de peligrosos y repentinos torbellinos, como los registrados en agosto de 2014 y mayo de 2016, que en conjunto afectaron a más de medio millar de viviendas.

Al respecto, el investigador y especialista en ingeniería ambiental, Julio Mellanes Camacho, ha advertido que en caso de mantenerse la misma tendencia de devastación ambiental en Los Altos de Chiapas, los fenómenos climáticos como los pasados remolinos podrían hacerse más frecuentes e incluso incrementar su intensidad. Y es que, históricamente, la composición topográfica natural de la Cuenca del Jovel cumplía la función de minimizar los efectos de las corrientes de viento en la zona. Sin embargo, tras la devastación de las elevaciones montañosas y la mayúscula deforestación se ha elevado el nivel de impacto de este tipo de fenómenos meteorológicos. La destrucción del paisaje natural de San Cristóbal de Las Casas también ha tenido importantes consecuencias en la temperatura promedio en la ciudad. Así pues, según registros históricos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de 1980 a 2010 el promedio anual de temperaturas en la Región Altos presentó un incremento de entre 1,1 y 5 grados centígrados. Estos trastornos climatológicos han tenido serias repercusiones para la planeación y desarrollo de los ciclos de agricultura, una de las actividades productivas más importantes en toda la región.

Los riesgos de un colapso ambiental en la ciudad han despertado, desde hace años, la preocupación de decenas de organismos ambientalistas, redes ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil, entre los que se incluyen las organización de Comunidades Eclesiales de Base de la Diócesis de San Cristóbal y centros académicos y de investigación como Ecosur, Ciesas y la UNAM. Empero, el agravamiento de la situación ha obligado a grupos ambientalistas, colectivos ciudadanos y agrupaciones de vecinos de San Cristóbal de Las Casas a acudir a autoridades estatales y federales para denunciar la destrucción del medio ambiente y la persecución política de activistas y defensores del medio ambiente.

Por ejemplo, en marzo de este año, representantes del Sistema de Agua Chupactic y habitantes del Barrio de Cuxtitali presentaron ante autoridades de los tres Poderes de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) oficios de denuncia en contra de la deforestación, el relleno ilegal de humedales y la creciente ocupación de reservas ecológicas en San Cristóbal, todo ello con el consentimiento y contentamiento del ayuntamiento y una fracción del gobierno del estado. En conferencia pública, los denunciantes exigieron que se investigara y sancionara al gobierno municipal por su complicidad en el ecocidio, que encuentra entre sus aristas más delicadas la lotificación y construcción de viviendas en zonas de recarga acuífera y áreas boscosas de alto valor ecológico. Este el caso del fraccionamiento La Moraleja, que intenta erigirse al sur de la ciudad en una de las zonas boscosas que sobreviven en el valle. La tala masiva de árboles que se ha requerido para despejar el terreno en disputa provocó que el 5 de junio de 2016, tras varias jornadas de intensas lluvias, una avalancha de lodo derrumbara muros y bardas en viviendas y centros escolares de la colonia Maya, ubicada en las laderas del polémico proyecto inmobiliario. Dos años antes, la mesa directiva de la colonia ya había alertado sobre los peligros que implicaría la construcción de viviendas en una zona contemplada por la carta urbana municipal vigente como de objeto de conservación ecológica.

Desde entonces, esta mesa directiva se ha encargado de mostrar y denunciar el contubernio que existe entre el presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Marco Antonio Cancino González, y otros integrantes del ayuntamiento municipal, con el empresario señor Juan Óscar Liévano Narváez, para la construcción de dicho proyecto inmobiliario, materializado a través de la aprobación ilegal de cambios de uso de suelo y el otorgamiento injustificado de permisos y licencias de construcción. En todo momento, estas acciones se han perpetrado privilegiando sus propios intereses económicos, desestimando medidas de seguridad impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como dictámenes oficiales publicados por la Secretaría de Protección Civil Estatal, en franco menosprecio de las consecuencias ambientales y sociales de su edificación.

En este sentido, el reciente intento de construcción de un dren pluvial en los límites de la colonia Maya y el aún inconcluso fraccionamiento La Moraleja ilustra la obstinación con que el presidente municipal Cancino González y los intereses privados por él protegidos han buscado imponer su voluntad en contra de la opinión ciudadana, desestimando además la gravedad de su impacto ambiental. Por fortuna, en este caso, gracias a la oposición organizada de los colonos fue posible frenar la culminación de la obra, toda vez que se probó que ésta sólo beneficiaría al fraccionamiento del señor Juan Óscar Liévano, mientras que implicaría la deforestación de un alto número de hectáreas boscosas, cruciales para el retorno de agua a los mantos freáticos. Sin embargo, derivado de estas movilizaciones, que sin duda han cortado paso a la concreción de negocios turbios entre la autoridad municipal y particulares, se ha emprendido una campaña de persecución y hostigamiento judicial en contra de los integrantes de la Mesa Directiva de la colonia Maya que incluye, entre otras acciones, amenazas directas pronunciadas por el alcalde e incluso la presentación de acusaciones ante la Fiscalía General del Estado por supuesta asociación delictuosa y pandillerismo, entre otros delitos.

Ante la evidente criminalización y el uso indebido del derecho penal para desacreditar la labor de defensa y promoción ambiental del que han sido víctimas los habitantes de la colonia Maya, destacadas organizaciones de protección de los derechos humanos tales como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ha hecho público pronunciamientos especiales para visibilizar la problemática y exigir que se respete y garantice la integridad y seguridad de quienes defienden los bienes naturales del pueblo de San Cristóbal de Las Casas.

Circunstancias similares han sufrido las reservas ecológicas Quenvó-Cuxtitali y Gertrude Duby, que en meses recientes han debido enfrentar el recrudecimiento de su ocupación ilegal, en lo que parece constituir una estrategia para alentar el despojo y privatización de ambos predios. Para sus custodios históricos y pobladores originales, la depredación de las que han sido víctimas estás dos reservas, cruciales para el sostenimiento del sistema de agua Chupactic y la filtración de agua en la cuenca del Valle del Jovel, es inadmisible. Por años, éstas áreas verdes han sido presa y botín de taladores clandestinos, incendios intencionados y el encubrimiento de autoridades municipales para la instalación de asentamientos humanos ilegales. Aunque no hay un registro exacto del número de ejemplares arbóreos talados, expertos han calculado que estas acciones han acabado con el 20 por ciento de la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali, con una extensión de 22.13 hectáreas, y el 80 por ciento de la Reserva Ecológica Gertrude Duby, que consta de 102 hectáreas. Sin embargo, a pesar de las exigencias ciudadanas que han llamado al gobierno estatal y municipal a respetar el reconocimiento de ambos conjuntos ecológicos como reservas, formalizado en 2014 a través de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Chiapas No. 115 del Decreto 516 y hecho posible gracias a la promoción de la sociedad civil, éstas se han negado a garantizar la salvaguarda de la biodiversidad e integridad de uno de los pulmones naturales más importantes de la ciudad San Cristóbal.

Sobre este caso, cabe señalarse que el pasado 26 de octubre la Cámara de Diputados emitió un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en coadyuvancia con diversas autoridades del gobierno estatal, sean implementadas las medidas necesarias para garantizar la conservación, preservación, protección, desarrollo sustentable y restauración de los ecosistemas bióticos de la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali. Sin embargo, hasta este momento ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha entablado diálogos con la ciudadanía para emprender en conjunto acciones que tengan por objeto salvaguardar la integridad y sustentabilidad de la reserva en cuestión, en lo que constituye un franco desconocimiento de las recomendaciones emitidas en la materia por uno de los Poderes de la Unión.

Destino semejante ha debido encarar la Reserva Ecológica Huitepec, decretada como tal desde 1988, tras la insubsistente concesión de permisos en 2011 para la construcción de por lo menos 74 condominios y la tala clandestina de 60 hectáreas y miles de árboles en zonas de amortiguamiento de la reserva ubicadas en las faldas del cerro Huitepec, en lo que ha constituido un ecocidio de proporciones mayúsculas. Es así como la voracidad inmobiliaria, el mala planificación turística y la sobreexplotación de recursos hídricos ha hecho del cerro Huitepec uno de los paisajes más heridos de la naturaleza chiapaneca. Por desgracia, las denuncias que activistas y periodistas han realizado sobre la problemática, lejos de alentar la implementación de acciones contundentes para su resolución por parte de la autoridad estatal y municipal, han servido para apuntalar amenazas, agresiones e incluso hacer posible el robo de material contra quienes sólo se han preocupado por hacer visible el hondo calado de la situación.

Así entonces, a pesar de las recomendaciones de expertos ambientalistas, ya existen a las laderas del cerro Huitepec varias colonias y fraccionamientos, entre las que se incluyen algunas de las residencias más fastuosas de San Cristóbal. El vertiginoso crecimiento urbano que la zona ha experimentado durante los últimos años ha significado la reducción de lo que históricamente ha sido hábitat de un rico ecosistema de bosque húmedo de montaña sobre el que se asientan al menos siete comunidades agrícolas tzotziles. Además del crecimiento inmobiliario, la Reserva Huitepec ha sido amenazada por la industria de los refrescos pues a sus faldas está instalada una planta de producción y embotellamiento propiedad de Coca-Cola Femsa.

Finalmente, en fechas recientes se ha desatado la destrucción de los Humedales de montaña María Eugenia, declarados como zona sujeta a conservación ecológica desde 2008. A pesar ser fuente de anidación de especies animales endémicas, ocupar un papel fundamental en el control de inundaciones y actuar como importantes reservorios de agua subterránea, durante los últimos meses los humedales han sido objeto de excavaciones y peligrosos desmontes efectuados con ayuda de maquinaria pesada en por lo menos quince puntos de sus 115 hectáreas de extensión, con el objetivo de rellenar los terrenos y ampliar la mancha urbana. Para ello, el gobierno municipal ha consentido por años la autorización de cambios de uso de suelo en la zona para permitir su aprovechamiento habitacional y otorgar licencias de construcción que le generen sustanciosos réditos, incumpliendo con las restricciones contempladas para su protección por el Convenio de Ramsar, ratificado por el Senado de la República y del cual los “Humedales de montaña María Eugenia” forman parte. Lo más grave de esta destrucción es que este humedal provee cerca del 70 por ciento del agua potable que se distribuye a los habitantes de San Cristóbal de Las Casas.

Situación semejante enfrentan los humedales de montaña María Eugenia y La Kisst, que al estar inmersos en la mancha urbana de San Cristóbal han experimentado un deterioro cada vez más acelerado. Estas afectaciones responden, en primer lugar, al hecho de que las declaratorias que les reconocen como áreas naturales protegidas siguen sin contemplar la expropiación de los predios que se encuentran dentro de los polígonos que ocupan los humedales. Por esta razón, para algunos propietarios ha sido relativamente sencillo interponer recursos de amparo para protegerse de la declaratoria estatal. De esta forma, los particulares han sido capaces de conseguir resoluciones a su favor que les han permitido continuar destruyendo libremente los humedales mediante rellenos de material pétreo, impactándolos de manera progresiva. Adicionalmente, el Plan de Manejo de Humedales Sujetos a Conservación se ha mantenido en el olvido, archivado y escondido del escrutinio público, dando cabida al incumplimiento de sus dictados. A esto se añaden las autorizaciones aprobadas por el ayuntamiento municipal para modificar el uso de suelo del área ocupada por los humedales, sin que para ello existan dictámenes técnicos que justificaran la decisión y sustentaran el cambio.

Ejecutados los cambios de uso de suelo, el ayuntamiento (en complicidad con la SEMAHN) ha otorgado permisos para la realización de proyectos inmobiliarios por lo menos polémicos, entre los que destaca el condominio residencial San Isidro, propuesto a desarrollarse por la empresa constructora Peje de Oro, propiedad de la familia Díaz Ochoa. Dichos permisos habrían sido otorgados sin opinión ni participación de las instancias federales, hecho por demás indispensable dado que los humedales son considerados, como se ha señalado sitios Ramsar, cuya protección es competencia de la Semarnat y la Conanp, instituciones en quienes también recae la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos al ser firmantes del Convenio de Ramsar. Cabe señalar que es de gran importancia de conservar estas zonas radica en que proveen el 70 por ciento del agua potable que se distribuye a los habitantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

La voraz destrucción de los humedales por el desarrollo de actividades de este tipo es especialmente grave si se considera que son los únicos de su tipo –de montaña– que sobreviven en el estado de Chiapas. Al respecto, investigadores del Ecosur han señalado que hasta hace poco menos de cincuenta años, la ciudad contaba con 598 hectáreas de humedales en donde se suponía no debía alzarse ninguna construcción. Sin embargo, al día de hoy restan menos de 100 hectáreas que de secarse o rellenarse podrían provocar en un periodo no mayor a quince años la completa carestía de agua para la ciudad, y lo que es peor, su exposición a constantes inundaciones.

Es por ello que una de las consecuencias más graves que ha traído la explotación desmesurada de los recursos naturales en San Cristóbal de Las Casas sea el peligroso descenso en la disponibilidad de agua para las más de 250 mil personas que habitan el municipio. La reducción de los mantos acuíferos provocada por la deforestación, la explotación minera e industrial y la proliferación de asentamientos humanos en áreas ecológicas estratégicas día a día comprometen el acceso en la ciudad y menoscaban la calidad de este vital líquido. De ahí que para la sociedad sancristobalense sea claro que urge poner un alto al excesivo número de permisos de construcción que el Ayuntamiento ha concedido, siempre en forma opaca, durante los últimos años, y en cambio se impulsen procesos de urbanización planeados bajo un enfoque de sustentabilidad.

Aunque cada una de estas problemáticas posee sus propias causas y especificidades, todas ellas comparten una misma raíz: la corrupción. Así pues, el otorgamiento de permisos de construcción sin la existencia de los estudios de impacto ecológico requeridos por la ley y las omisiones en las que han incurrido las autoridades del gobierno municipal, incluido un absoluto desconocimiento de lo dispuesto en la carta urbana vigente, parecen haber otorgado al ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas una responsabilidad central en el ecocidio que desde hace años sufre el municipio.

Es así como a pesar de la conciencia social generalizada sobre la grave degradación ambiental que enfrenta la ciudad e innumerables denuncias y advertencias de expertos en la materia, el gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas no sólo ha mantenido una postura indolente a la problemática sino que ha solapado su agudización con el objetivo de garantizar el lucro particular del edil en turno y sus colaboradores, dejando patente su vocación ecocida. El propio Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas (CICH) ha advertido la falta de estudios de factibilidad de mecánica de suelo en los procesos de extracción y el elevado riesgo que implican las laderas de excavación en las decenas de minas de arena y grava que existen en la ciudad. Ante la lasitud de sus representantes públicos, ha sido sólo la sociedad civil quien ha tenido la determinación suficiente para encabezar procedimientos legales que pongan fin a esta alarmante situación.

Por estas razones, es posible afirmar que el Valle del Jovel enfrenta hoy las consecuencias de una brutal depredación ecológica, provocada por la explotación indiscriminada de sus zonas arboladas y sus elevaciones montañosas, repercusiones que en caso de no ser detenidas y revertidas, significarán desastres aún más severos que los acontecidos en tiempos recientes. Esta es pues la realidad que enfrenta San Cristóbal de Las Casas, un municipio de gran riqueza ambiental y reconocida tradición cultural que hoy enfrenta una devastación ecológica sin precedentes capaz de poner en riesgo la vida misma de sus pobladores, un ecocidio propiciado por un gobierno irresponsable más interesado en su beneficio personal que en el bienestar y seguridad de sus habitantes.

Como se observa, la indolencia y mezquindad mostrada tanto por las administraciones municipales de San Cristóbal de Las Casas, como por el gobierno del estado de Chiapas, han sido causa de graves afectaciones a los delicados equilibrios medioambientales que conviven en la región, menoscabando el derecho de las y los sancristobalenses a vivir y disfrutar de un ambiente sano, adecuado para su salud y bienestar. En ese sentido, constituyen acciones violatorias de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente del derecho al ambiente sano previsto en el artículo 4o., párrafo quinto, de la legislación en comento. Asimismo, estas conductas socavan el espíritu del artículo 27 de nuestra Carga Magna en materia de las obligaciones que tiene el Estado mexicano respecto a la protección ambiental, que en su párrafo tercero versa:

“Artículo 27. ...

La nación tendrá en todo tiempo el derecho (...) de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques,(...) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; (...) para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.”

Además, quebrantan lo establecido en el artículo 23 de Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al Medio Ambiente, que en sus numerales II, III y IX dicta:

“Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:

II. En la determinación de los usos de suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva;

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riegos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental;

IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida...”

Finalmente, contravienen lo dispuesto en el artículo 88 de la misma ley, que en sus numerales I y III establece:

“Artículo 88. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protecciónde los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico;

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos...”

En nuestra calidad de custodios del orden jurídico nacional y delegados de la soberanía del pueblo de México, los diputados y diputadas del Congreso de la Unión debemos asumir un férreo compromiso con la protección de los bienes naturales de las y los mexicanos, así como del cuidado y salvaguarda del rico mosaico de ecosistemas que existen a lo largo y ancho de nuestro territorio, en tanto que de ellos depende el porvenir, seguridad y bienestar de toda la nación. En el marco de este compromiso y a tenor de lo señalado en líneas previas, es crucial promover acciones que pongan fin al ecocidio que desde hace varios años sufre una de las ciudades coloniales más bellas de México, y sea posible así garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos inalienables de la población que habita toda en toda la región de los Altos de Chiapas.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y sus instituciones, en coadyuvancia con el gobierno del estado de Chiapas, para ordenar a la brevedad las medidas necesarias, incluida la suspensión y revisión de los permisos de concesión para la explotación de recursos naturales y el desarrollo de proyectos inmobiliarios, para frenar el ecocidio de los ecosistemas bióticos del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coadyuvancia con sus órganos públicos descentralizados y el gobierno del estado de Chiapas, para implementar a la brevedad, siguiendo los principios de oportunidad y participación conjunta con la ciudadanía, las medidas y acciones necesarias para garantizar la conservación, preservación, protección, restauración y desarrollo sustentable de los ecosistemas bióticos del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Tercero.Se exhorta al honorable ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, en coadyuvancia con el gobierno del estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen el respeto y pleno cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Urbana 2006-2020, actualmente vigente, incluidos los criterios de ordenamiento urbano y usos de suelo previstos para cada polígono conformante de la zona urbana.

Notas

1 La Jornada. Daño irreversible por sobreexplotación de materiales pétreos en San Cristóbal. 09 de junio de 2017.

2 Excélsior. Culebra deja 479 viviendas dañadas en San Cristóbal de Las Casas. 07 de agosto de 2014.

3 Excélsior. Tornado destruye 70 casas en San Cristóbal de Las Casas. 18 de mayo de 2016.

4 Diario Ultimátum. San Cristóbal padece devastación imparable. 14 de agosto de 2017.

5 La Jornada. San Cristóbal de Las Casas, rumbo al colapso ambiental y vial: especialistas. 10 de agosto de 2010.

6 Reforma. Exigen freno a ecocidio en Chiapas. 01 de marzo de 2017

7 Rompeviento. Colonia Maya, SCLC: una lucha por la vida y contra un ecocidio. 30 de junio de 2017.

8 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Criminalización por la defensa de la Madre Tierra. 21 de junio de 2017. Boletín No. 12.

9 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Año XX, Primer Periodo Ordinario del Tercer Año, 26/10/2017, número 4894-III, pág. 23-44.

10 La Jornada. Denuncian plan de construir 74 condominios en pleno bosque. 13 de julio de 2011.

11 UnoTV. Investigan tala clandestina en San Cristóbal de Las Casas. 23 de junio de 2014.

12 El Honorable Congreso del Estado, mediante los decretos número 137 y 138, publicados en el Periódico Oficial número 078, tomo III, de fecha 01 de Febrero del 2008, declaró como Áreas Naturales Protegidas, con el carácter de Zonas Sujetas a Conservación Ecológica, a las zonas conocidas como “Humedales de Montaña La Kisst” y “Humedales de Montaña María Eugenia”.

13 La Convención Ramsar entró en vigor en México el 4 de Noviembre de 1986 y con fecha 02 de Febrero del 2008 los humedales “La Kisst” se inscribieron como sitio Ramsar, mientras que los humedales de montaña “María Eugenia” fueron inscritos el 02 de febrero del 2012.

14 Reforma. Admite edil ecocidio en San Cristóbal. 13 de agosto de 2010

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE FORMULE EL PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ROTATIVA DE LOS CONSTITUYENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a formular el protocolo para llevar a cabo el estudio, análisis y dictamen sobre el estado de la Rotativa de los Constituyentes y determinar tanto su restauración como el proceso de conservación, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Araceli Guerrero Esquivel, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral 1 del artículo 6o. y la fracción II, numeral 1, del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En el año de 1994, durante los trabajos de la LV Legislatura federal, se creó el Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”. Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y su entorno para la educación, estudio y disfrute. (ICOM, 2007).

Los esfuerzos de los grupos parlamentarios por mejorar sus instalaciones no han disminuido, al mismo tiempo que la difusión de la obra museográfica se ha incrementado a través de la vinculación interinstitucional.

Durante la LVII Legislatura (1997-2000) tuvo lugar un conjunto de transformaciones importantes de carácter normativo y organizacional en el interior de esta Cámara de Diputados. Desde entonces, en distintos espacios de la sociedad mexicana despertó el interés por conocer el espacio y el quehacer legislativo al grado de convertirse en el centro de atención de instituciones académicas, políticas, económicas, científicas y medios de comunicación nacional e internacionales y especialistas en asuntos empresariales y gubernamentales.

En esta medida, la Cámara de Diputados ha fortalecido el propósito de dar a conocer el proceso e historia de las leyes de nuestro país, así como promover la cultura democrática y la formación de ciudadanía. El área responsable de brindar atención a los visitantes es la Dirección del Museo Legislativo, que tiene como objetivo difundir, a través de talleres, foros, exposiciones, conferencias y visitas guiadas al Museo y al Palacio Legislativo, la cultura parlamentaria (Manual. Octubre / 2010/REV. 3, página 271).

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección, en el periodo 2012-2016 acudieron 372,026 visitantes a este recinto legislativo (Tabla 1). Esta población proviene de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desde estudiantes de Educación Básica –Preescolar, Primaria y Secundaria- hasta los de niveles Medio y Superior tanto del sector público como privado. De igual forma, se dan cita invitados especiales mediante el intercambio diplomático que el Poder Legislativo mantiene con parlamentos de otros Estados-nación.

Desde su creación, el museo participa en la promoción de la educación cívica y ética, en este esfuerzo ha establecido convenios de cooperación con diversas instituciones públicas y privadas (Museo Legislativo; 2004), lo que le ha permitido convertirse en un espacio educativo y cultural relevante.

Esta Cámara de Diputados ofrece un conjunto amplio de espacios interesantes a sus visitantes tales como el Museo Legislativo; el Frontispicio, en el que se ubican los murales Pluralismo político y Las Constituciones de México; el salón Legisladores de la República y galerías del salón de sesiones; la Plaza de los Constituyentes de 1917, en la que se encuentra la Rotativa Constituyente; el mural Sintonía Ecotrópica y el mural escultórico que conmemora el Centenario de la Constitución de 1917; la explanada Eduardo Neri y el mural de Guillermo Ceniceros La historia del pueblo mexicano a través de su vida constitucional (DGSDIA, 2017).

Adicionalmente, debo mencionar que en la Plaza Central de esta Cámara reposa la Rotativa Constituyente, imprenta que dio luz a la primera edición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de una The Goss Printing Pres Co., Chicago, III, USA, No. 350 XXI. En el año de 1986, la empresa periodística El Universal la donó, señalando de manera atinada que este es el sitio más adecuado para alojar lo que se considera patrimonio histórico de la Nación (Memoria Gráfica; 2011, páginas 319-320).

La Rotativa Constituyente, por ser una máquina de acero y estar expuesta a las inclemencias naturales, actualmente se encuentra sumamente dañada. En el marco del Centenario de la Constitución Política de México propongo que en la presente legislatura se estudien y analicen las condiciones en que se encuentra la Rotativa, con la finalidad de que se formule el protocolo para su restauración y conservación.

Con ello, esta Cámara de Diputados protegerá el patrimonio histórico que aquí se aloja, en beneficio de quienes la visitan, en especial de la niñez mexicana, que es el sector que más concurre y en quien debemos, en todo momento, fomentar la cultura y favorecer su desarrollo intelectual, a partir de nuestros espacios históricos.

Marco legal

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 33, numeral 1, que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

De acuerdo con el artículo 34 de este ordenamiento legal, en el inciso f) se establece que corresponde a la Junta analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara;

Por su parte, el artículo 47, numeral 1, señala que para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras, la Cámara cuenta con una Secretaría General.

A su vez, las disposiciones establecidas en el artículo 48, numeral 4, inciso d, determinan que al Secretario General de la Cámara le corresponde ejecutar, en los casos que le corresponda, así como supervisar y vigilar que se cumplan las políticas, lineamientos y acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en la prestación de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados a formular el protocolo para llevar a cabo el estudio, análisis y dictamen sobre el estado que guarda la Rotativa de los Constituyentes, y determine su restauración, así como el proceso para su conservación.

Referencias

• Cámara de Diputados. (2011). Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”. Nuestro quehacer cotidiano. LXI Legislatura. México.

• Cámara de Diputados. (2011). Palacio Legislativo de San Lázaro. XXX Aniversario 1981-2011. Memoria Gráfica. LXI Legislatura. México.

• Cámara de Diputados. (2010). Manual General de Organización de la Cámara de Diputados. Octubre, Rev. 3. México.

• Cámara de Diputados. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Oficio LXIII/DML/292717.

• International Council of Museums. Recuperado de

http://icom.museum/the-vision/museum-definition/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

SE TRANSPARENTEN LAS OPERACIONES VINCULADAS AL DISEÑO, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE TARJETAS FONDEN EN APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Bansefi a transparentar las operaciones vinculadas directa o indirectamente al diseño, funcionamiento y seguimiento del programa de entrega de tarjetas del Fonden en apoyo de la reconstrucción de viviendas afectadas y garantizar la entrega total e inmediata de los recursos prometidos a los damnificados enumerados en el censo de viviendas dañadas por los sismos de septiembre de 2017, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Minutos antes de la medianoche, el 7 de septiembre de 2017 un sismo de 8.2 grados de magnitud de Richter sacudió como nunca antes las costas de Chiapas. Poseedor de una fuerza que no se registraba en el país desde el terremoto de Jalisco-Colima que devastó hace 85 años el occidente de México, el sismo causó innumerables afectaciones en todo el Sureste, concentradas en los estados de Oaxaca y Chiapas. Por su intensidad, el movimiento telúrico dejó un saldo, tan sólo en Chiapas, de 16 personas fallecidas y más de un millón 500 mil personas afectadas en 97 de los 124 municipios de la entidad. Además, implicó daños en 46 mil 773 viviendas; 14 mil 48 en pérdida total y más de 32 mil 700 con afectaciones parciales. Del total de daños registrados, 70 por ciento se concentró en cinco municipios: Villaflores, Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga y Tonalá.

Para la atención del desastre provocado por el sismo, el gobierno federal se comprometió a entregar 6 mil 844 millones de pesos, procedentes del Fonden, por conducto del programa Apoyos Parciales Inmediatos y anunció la inmediata puesta en marcha de un programa de reconstrucción de viviendas. Para su implementación, se estableció que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encargaría de levantar un censo de viviendas afectadas cuyos resultados serían luego comunicados al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para que éste distribuyera los recursos entre las y los damnificados a través de tarjetas de debido y monederos electrónicos. De acuerdo con el programa, los afectados por pérdidas parciales recibirían una sola tarjeta mediante la cual podrían disponer de la asistencia otorgada. Sólo quienes hubieran sufrido la pérdida total de su patrimonio les correspondería el uso de dos plásticos: una tarjeta de debido y un monedero electrónico.

Sin embargo, no demoró para que decenas de damnificados presentaran quejas y denuncias en instancias oficiales y medios de comunicación argumentando que, en algunos casos, las tarjetas que habían recibido contaban con recursos inferiores al monto inicialmente comprometido por el gobierno, y en otros, que de plano carecían de fondos. Ante los señalamientos, Virgilio Andrade, actual Director General de Bansefi, presentó el 14 de noviembre una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar la posible clonación de plásticos, bajo la premisa de que las tarjetas distribuidas por la institución a su cargo habían sido de banda magnética y no de chip, lo que habría aumentado su vulnerabilidad.

Dos días después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emprendió una investigación formal contra Bansefi con el objetivo de identificar posibles anomalías en las tarjetas dispensadas por dicha institución para la entrega de recursos económicos para la reconstrucción de viviendas de las y los afectados por los sismos. Un mes más tarde, la CNBV concluiría la primera etapa de su investigación, integrada al expediente “122.111.12 (001597)”2017”<6>”.

En dicha investigación, la CNBV publicó diversas irregularidades perpetradas en el marco de la entrega de tarjetas Fonden Viviendas para la atención de las y los damnificados por los sismos, tanto del 07 como del 19 septiembre de 2017. De acuerdo con la pesquisa, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas a nombre de mil 495 beneficiarios las cuales, en su conjunto, habrían recibido depósitos por un monto superior a los 68.8 millones de pesos. La CNBV logró identificar los casos en los que Bansefi emitió más tarjetas del número permitido por persona tras analizar los procesos de dispersión de recursos a los beneficiarios del programa, así como los documentos solicitados a la institución desde el pasado 16 de noviembre, entre ellos la base de datos del total de tarjetas emitidas para el programa Fonden, las transacciones realizadas a cada una de las tarjetas, el detalle de aplicación a cuentas de tarjetahabientes de dispersión del programa Fonden y las operaciones de compra y retiro de efectivo.

Así pues, la prolífica lista de beneficiarios difundida por Bansefi estaría integrada por personas cuyos nombres aparecen hasta en 34 tarjetas distintas. Lo anterior sugiere que Bansefi otorgó, para un conjunto específico de casos, un número que rebasaba significativamente el número de tarjetas a las que cada persona, por derecho, tenía acceso. Así pues, Bansefi habría emitido 4 mil 574 tarjetas para apenas mil 495 beneficiarios; es decir, 3 mil 079 plásticos de más, dispensando recursos por un monto que, como se ha señalado, asciende a 68.8 millones de pesos.

La investigación identificó a once damnificados a cuyo nombre se emitieron entre 10 y 34 tarjetas, mientras que para los mil 484 nombres restantes, cada uno habría sido beneficiario de entre dos y hasta 8 tarjetas de débito. Empero, en la realidad, muchas de las personas enlistadas ni siquiera lograron acceder a una sola de estas tarjetas. Las once personas a cuyo nombre, de acuerdo con la investigación de la CNBV, Bansefi emitió entre 34 y 10 tarjetas se concentran en el estado de Chiapas: seis viven en el municipio de Villaflores y los demás radican en Tonalá, Arriaga y La Concordia. Todo esto habría sucedido en contravención de las bases operativas del programa, que señalan que Bansefi entregaría a los dueños de casas catalogadas como pérdida total únicamente dos tarjetas: una para disposición de dinero en efectivo y otra que funcionaría como monedero electrónico para la adquisición de material de construcción.

Entre los señalamientos que permitieron a la CNBV argumentar el hallazgo de beneficiarios cuyos nombres aparecen repetidos en más tarjetas de las que formalmente les correspondían, destaca la observación número 5, dirigida al propio Director General de Bansefi, que menciona lo siguiente:

“Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias, en virtud de que en 1,495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la compra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los 1,495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos”.

La investigación de la CNBV también resalta que, en lo referente a las tarjetas que se emitieron a nombre de los 1,495 beneficiarios en comento, Bansefi dispersó recursos en exceso:

“El monto de apoyo en efectivo al que pueden tener derecho los beneficiarios va de 15 mil a 25 mil pesos. En el caso de que a los 1,495 beneficiarios sólo les hubiera correspondido la primera cifra, Bansefi debió dispersar 22.4 millones de pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 46.4 millones de más. En el caso de que a los 1,495 beneficiarios sólo les hubiera correspondido la segunda cifra (25 mil pesos), Bansefi debió dispersar 37.4 millones de pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 31.4 millones de más.”

En cualquiera de los dos supuestos, Bansefi habría dispensado recursos en exceso respecto de lo que en realidad correspondía, una situación que, de acuerdo con la investigación de la CNBV, habría estado también asociada a “la falta de control, por no contar con un listado de dispersión a nivel beneficiario”.

La situación es indignante pues al día de hoy existe un gran número de damnificados que a pesar de estar enlistados como beneficiarios del programa de reconstrucción siguen sin recibir ni un solo peso para la reparación o reedificación de sus hogares. De hecho, de acuerdo con una investigación realizada por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno habría difundido la promesa de entrega de recursos económicos con la condición del derribo de las viviendas dañadas, lo que provocó que muchos afectados, en una situación de evidente urgencia, decidieran demoler por completo sus viviendas con la esperanza de recibir los recursos. Sin embargo, a pesar de ello, la inmensa mayoría continuó sin obtener ningún tipo de apoyo al punto que se han visto obligadas a buscar refugio en albergues u hogares de otros miembros de sus familias. Lo peor de todo es que prácticamente la totalidad de los afectados pertenece a los deciles económicos más bajos, haciéndoles imposible enfrentar por si sólo los gastos de la reconstrucción.

Estos hechos contrastan por completo con las declaraciones que hiciera el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 06 de octubre de 2017 en el ejido de Benito Juárez, municipio de Villaflores, durante un evento organizado para le entrega de las primeras tarjetas Bansefi a damnificados:

“...Hay quienes me dicen que soy muy optimista porque creo que en cuatro meses o cinco a lo más nuevamente la vivienda, particularmente la vivienda, estará reconstruida. Y eso va a depender de que ustedes las familias afectadas realmente destinen el recurso económico que se les está aportando, que se les está entregando, lo destinen realmente a la reconstrucción...”

A seis meses de la ocurrencia del sismo, miles de familias damnificadas siguen a la espera de la entrega de los recursos prometidos, incapaces de reparar por sí solas, dada la precariedad de su situación económica, sus viviendas, teniéndose que conformar con el esporádico reparto de despensas, cobijas y materiales de limpieza para construcciones que apenas si pueden sostenerse. El desdén de las autoridades federales ha alcanzado el punto de desestimar visitas que los propios representantes de las localidades afectadas han hecho para llevar, hasta las oficinas centrales de Bansefi en la Ciudad de México, las exigencias de una solución inmediata a la problemática, tales como las realizadas recientemente por 16 autoridades comisariales de diversos ejidos de Chiapas.

A estos hechos se suman las sospechas de clonación de al menos 249 tarjetas de Bansefi destinadas supuestamente para la reconstrucción de viviendas en Chiapas y Oaxaca, hechas públicas mediante la investigación “El hackeo de las tarjetas: Bansefi sin mecanismos para evitar robo a damnificados del terremoto” también realizada por la organización MCCI, sobre la base de diversos hallazgos de la CNBV respecto a las irregularidades registradas en la implementación de tarjetas Fonden. En dicha investigación se ilustra como Bansefi obró fraudulentamente para hacer posible la realización de cientos de transacciones con cargo a las tarjetas Fonden antes de que estás llegaran a estar en manos de sus beneficiarios: los afectados por los terremotos.

Entre los puntos desarrollados por la investigación destaca como hasta el pasado 22 de noviembre, 258 damnificados habían denunciado que las tarjetas entregadas por Bansefi registraban cargos que ellos no reconocían. En su pesquisa, la CNBV confirmaría que el 96.5 por ciento de dichas tarjetas habría sido objeto de algún tipo hackeo para extraer de ellas, de manera ilegal, dos millones de pesos. Sin embargo, el fraude aún puede ser mayor pues la CNBV encontró que el mismo modus operandi se utilizó para realizar transacciones irregulares en cientos de tarjetas más, de las cuales no se tenía denuncia hasta el 22 de noviembre.

A propósito de lo anterior, la observación número 11 de la pesquisa integrada al expediente de investigación de la CNBV número 122.11.12(001597)”2017”<6> señala que Bansefi registró deficiencias para identificar este tipo de fraudes, realizados a través de medios electrónicos, debido a que carece de mecanismos o sistemas para prevenir y detectar esta clase de operaciones. Precisamente, la falta de capacidad para detectar y bloquear transacciones de tipo fraudulentas habría sido la razón por la que Bansefi pudo ser objeto de clonación del 96.5 por ciento de las tarjetas que entregó a los 258 beneficiarios que presentaron quejas, al 22 de noviembre de 2017, por transacciones no reconocidas.

Al analizar todas las transacciones realizadas en las 258 tarjetas que presentaron una reclamación, la CNBV identificó cuatro mecanismos utilizados para extraer el dinero de ellas en forma ilegal. Así por ejemplo, en 129 de ellas se detectaron compras en periodos cortos y en lugares distantes al domicilio del beneficiario que no son coherentes con el tiempo requerido de traslado. Un millón 107 mil 944 pesos se retiraron de esta forma. Asimismo, se documentó que en 59 tarjetas se realizaron compras antes de que el plástico fuera entregado al beneficiario. Con este mecanismo se extrajeron 357 mil 76 pesos. Además, en 34 tarjetas se registraron muchos cargos por un solo peso, mediante lo cual se lograron retirar 362 mil 23 pesos. Por otra parte, en 27 plásticos más se identificaron operaciones en establecimientos o negocios en donde se concentraron transacciones anómalas, por un total de 178 mil 798 pesos. Finalmente, la CNBV identificó que 199 de esos plásticos presentan, por lo menos, una transacción en cuatro establecimientos comerciales ubicados en lugares diferentes y distantes a las comunidades en donde viven los damnificados. Solo en nueve tarjetas se encontró que fueron los mismos beneficiarios quienes retiraron el dinero; en estos casos el monto total es de 60 mil 535 pesos.

A pesar de estos descubrimientos, las autoridades competentes siguen sin iniciar acciones para fincar responsabilidades a los autores del delito. Por el contrario, el propio titular de Bansefi, Virgilio Andrade Mártinez, ha negado la existencia, a la luz de las pruebas proporcionadas por la CNBV, de algún tipo de fraude o desvío de recursos en la entrega de tarjetas de ayuda para los damnificados de los sismos.

Ante este inexplicable contexto, Salvador Camarena, destacado periodista y columnista del diario El Financiero, se ha preguntado, como muchos otros, cómo es que nadie en Bansefi pudo darse cuenta de los altísimos montos de dinero dispersado sin dueño en Chiapas Después de todo, en septiembre, el gobierno decidió que Bansefi, con más de un sexenio de experiencia en dispersión de apoyos de programas sociales a través de tarjetas como las proporcionadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fuera el encargado de entregar los monederos de plástico destinados a paliar la emergencia. Además, no se debe dejar pasar que en esa decisión habrían participado José Antonio Meade y Vanessa Rubio, entonces figuras prominentes no sólo de la Secretaría de Hacienda, sino también del Consejo Directivo de Bansefi. Por tanto, cuando las duplicaciones de plásticos y el saqueo mediante la clonación de cientos de tarjetas ocurrieron, Meade y Rubio formaban parte del colectivo encargado de vigilar la buena marcha de ésta institución bancaria.

Para colmo, en Chiapas, el reciente nombramiento del ex Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, quien hace apenas unos meses encabezaba junto con el Gobernador Manuel Velasco Coello eventos para la entrega de tarjetas Fonden en Chiapas, como nuevo delegado especial del PRI en el la entidad enturbia aún más una situación que ya deja entrever redes de corrupción de gran envergadura.

Todos los hechos enlistados en líneas previas deben servir a los diputados y diputados para, primero, condenar con contundencia el desvío y malversación de recursos al que ha sido objeto el programa de apoyo para la reconstrucción de viviendas en Chiapas y Oaxaca, y segundo, para asumir una defensa clara en favor de las miles de familias que no bastándoles con haber perdido su patrimonio tras el flagelo de los sismos, ahora son víctimas de la indolencia y perfidia de un gobierno más preocupado por acumular recursos para salvaguardar sus propios intereses que velar por la vida e integridad de las poblaciones que más lo necesitan.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros a transparentar todas las operaciones vinculadas directa o indirectamente en el diseño, funcionamiento y seguimiento del programa de entrega de tarjetas Fonden en apoyo a la reconstrucción de viviendas afectadas y garantizar la entrega total e inmediata de los recursos prometidos a la totalidad de los damnificados enlistados en el censo de viviendas dañadas por los sismos del mes de septiembre de 2017.

Notas

1 Televisa News. Avanza reconstrucción de viviendas tras sismo de 8.2 grados en Chiapas. 09 de enero de 2018.

2 Proceso. Investigan a Bansefi por fraude millonario en tarjetas para damnificados de sismo. 15 de enero de 2018.

3 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La multiplicación de las tarjetas: Bansefi clona damnificados del terremoto. 15 de enero de 2018.

4 Recorrido del Presidente Enrique Peña Nieto por Villaflores, Chiapas. Consultado en:

https://www.youtube.com/watch?v=AKJXWC5E748

5 MCCI. El hackeo de las tarjetas: Bansefi sin mecanismos para evitar robo a damnificados del terremoto. 16 de enero de 2018.

6 Aristegui Noticias. Virgilio Andrade niega fraude o desvío en tarjetas para damnificados. 17 de enero de 2018.

7 Camarena, Salvador. Tarjetas Bansefi, el papel de Chiapas. Publicado en El Financiero. 22 de enero de 2018.

8 El Universal. Nombra PRI a Miranda Nava delegado especial en Chiapas. 20 de enero de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE CREE E INCORPORE AL ATLAS TURÍSTICO DE MÉXICO, LA RUTA DE HACIENDAS PULQUERAS DEL ALTIPLANO HIDALGUENSE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a crear e incorporar al atlas turístico de México la ruta de haciendas pulqueras del altiplano hidalguense, e incluirla en programas, promociones y estrategias de fomento del turismo, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II,  y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

En los recorridos por el distrito electoral que represento como diputada federal, visité y elaboré un catálogo de las haciendas que se encuentran en los municipios de Almoloya, Apan, Cuautepec, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Singuilucan, Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala, por lo que es factible hablar de un sistema de haciendas pulqueras de la región, misma que coincide con la delimitación federal de mi distrito.

Todas estas haciendas conforman un patrimonio arquitectónico y cultural invaluable, reflejo del desarrollo histórico de la región; por tal motivo, escribí un libro llamado “Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense” el cual fue publicado a través del Consejo Editorial de la H. Cámara de Diputados.

En el libro relato la historia mágica y específica de cada una de las haciendas, acompañada de fotografías de las mismas e incluso integré mapas con la finalidad de contar con un libro completo que fuese de utilidad a personas interesadas en visitar la región.

No obstante, después de haber realizado este humilde esfuerzo, me sigo dando cuenta de que existen las herramientas necesarias para generar un gran soporte turístico y por ende económico dentro de la región, es fácil notarlo, veo el fruto de mi trabajo y me enorgullezco de la riqueza arquitectónica, cultural e histórica con que cuenta mi distrito; pero aún más importante, me doy cuenta de que la responsabilidad es mayor y de que es necesario redoblar los esfuerzos y seguir apostando por medidas nobles que fortalezcan mi trabajo al servicio de nuestra tierra.

Fue así que me di a la tarea, de investigar más acerca del tema y sobre todo a encontrar la manera más óptima de ayudar al desarrollo de la región.

De acuerdo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, la Secretaría de Turismo es la encargada de elaborar el Atlas Turístico de México, el cual, con base en la misma Ley, es el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo; la propia Ley también lo define como una herramienta para la promoción de la actividad turística en México.

Actualmente, dentro del portal interactivo del Atlas Turístico de México creado por la Secretaría de Turismo (atlasturistico.sectur.gob.mx), el usuario, al ingresar, puede planificar su viaje por México, apoyándose con un mapa interactivo en el cual se pueden seleccionar las 32 entidades de la Federación y con ello se muestran opciones como destinos, puntos de interés y rutas turísticas dependiendo de la entidad seleccionada.

Hoy por hoy, en entidades como el Estado de México, Oaxaca o Jalisco (sólo por mencionar algunos ejemplos), el portal interactivo del Atlas Turístico de México nos muestra rutas turísticas como el de las Bellezas del Nevado, Oaxaca Gastronómico o Ruta del Tequila, dependiendo de la entidad elegida.

En el caso de Hidalgo, mi Estado querido, el portal interactivo del Atlas Turístico, no arroja ni una sola ruta turística dentro de la Entidad, lo cual es de suma alerta ya que el Estado sí cuenta con grandes destinos turísticos que bien podrían conformar una ruta turística que sería de gran ayuda para el turista, tanto mexicano como extranjero, que desee visitar la región.

El conformar una ruta turística, que sea reconocida por el Atlas Turístico de México podría significar la puesta en escena para mi Distrito, ya que se podría ver como una opción para todo aquel usuario que planifique algún viaje a través del Atlas Turístico de México.

Por ello, y con base en mi experiencia adquirida al elaborar mi libro “Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense”, es que considero de suma importancia crear una Ruta Turística de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.

Sólo con la finalidad de reafirmar la riqueza cultural, arquitectónica e histórica de mi distrito, y ya sea en su caso, apoyar a la Secretaría de Turismo a elaborar la Ruta Turística de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense, mostraré un esquema que señalizará las haciendas con las que cuenta mi distrito.

Una vez demostrado que sí se cuenta con el material necesario para generar una ruta turística dentro de mi Distrito; procederé a precisar y describir, otra gran herramienta, la cual podría darle el impulso necesario al proyecto.

El Consejo de Promoción Turística de México, es el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar el sin fin de increíbles destinos y actividades que México ofrece, en los mejores escenarios, naturales y culturales.

Dicho consejo es el encargado de administrar la página electrónica www.visitmexico.com, la cual ofrece una opción “Planea tu viaje”, con una subopción “Rutas de México”. El usuario al seleccionar lo anterior, es dirigido al link https://www.visitmexico.com/es/guias-mexico, en esta página el turista interesado puede encontrar cuatro compendios con rutas de México dependiendo de la región, en el compendio de la región del centro golfo se encuentra el Estado de Hidalgo, en el cual sólo establecen la “Ruta Corredor de la Montaña” y la “Ruta de balnearios y grutas”, sin tomar en cuenta, una vez más, la oferta turística que puede dar mi Distrito. Dentro del mismo compendio, encontramos que estados como el de Tlaxcala, ya cuentan con una ruta de haciendas pulqueras, lo que demuestra que sí es factible el crear una dentro de mi Estado.

Por ello, considero que la incorporación de la ruta no es suficiente, sino que se le debe de dar el apoyo y el fomento necesario para que la misma subsista y para que demuestre resultados positivos a corto plazo. Lo cual hace indispensable, que el que el consejo incluya dentro de sus compendios de Rutas por México a la Ruta Turística de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, pongo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a crear e incorporar al Atlas Turístico de México, la Ruta de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al director general del Consejo de Promoción Turística de México, a efecto de incluir en sus programas, promociones y estrategias de fomento al turismo, a la Ruta de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

SE DETENGAN LAS ACCIONES DE PERSECUCIÓN, HOSTIGAMIENTO JUDICIAL Y DETENCIÓN ARBITRARIA EMPRENDIDAS CONTRA TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD EN CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a detener las acciones de persecución, hostigamiento judicial y detención arbitraria emprendidas contra trabajadores del sector salud en el estado, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de los millones de pesos invertidos anualmente para el abatimiento de la pobreza, Chiapas sigue siendo la entidad con mayor número de personas en situación de pobreza –más de 70 por ciento– en toda la República. Además, sólo el 27 por ciento de la población cuenta con seguridad social. A las graves condiciones de marginación que vive la población chiapaneca se suma la falta de atención médica oportuna, suficiente y adecuada. En prácticamente la totalidad de las clínicas, hospitales y centros de salud en la entidad no existe abasto suficiente de medicamentos e insumos para la atención médica.

Desde hace dos sexenios, Chiapas recibe más presupuesto federal en materia de salud que cualquiera de las otras entidades del país. Así, la crisis del Sector salud en el estado de Chiapas no es, por desgracia, un asunto nuevo sino estrago de las pasadas administraciones, comenzando a agudizarse a partir del periodo a cargo del ex gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2012). Desde entonces, sólo ha empeorado gracias a la indolencia del actual regente, Manuel Velasco Coello.

En este contexto, ante la indiferencia del Estado por cumplir con su obligación de actuar como primer promotor de una vida digna y de calidad para la población chiapaneca, aunado a la creciente marginación y desesperanza del pueblo de Chiapas, un valiente grupo de trabajadoras del Sector salud, quienes además han sido víctimas directas de la malversación de los recursos asignados al rubro, decidió expresar su impotencia mediante el ejercicio de su derecho a la protesta.

Los hechos se remontan al 13 de marzo del año pasado, cuando un grupo de cinco enfermeras del Hospital de la Mujer Doctor Rafael Pascacio Gamboa”, situado en Tuxtla Gutiérrez, fueron despedidas tras protestar contra el desabasto de medicinas, el despido injustificado de quince trabajadores y denunciar la corrupción que regía entonces, al igual que ahora, el sistema de salud pública en el estado.

Entre los trabajadores despedidos se encontraban, además de la vocera del movimiento, la enfermara Jesús Espinosa de los Santos, María Isidra Orozco Sánchez, Alejandra de la Luz Guerra Zepeda, Rubén Castillejos Álvarez, José Domingo Ramos Cueto, José Raúl Calleja Lacorte, Edgar Cruz Salazar, Julio César Cruz Mayorga, Miguel Ángel Sánchez Martínez, María del Carmen Maciel Castellanos, Silvia Edith Fernández Hurtado, Victoria Rodríguez Selvas, María Inocente Meneses Ramón, Mareli del Carmen Zamorano Arrazate y Grindely Morales Salvatierra.

Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, (Frayba), destacada organización defensora de los derechos humanos que ha documentado la grave crisis de salud que enfrenta la entidad, las enfermeras huelguistas han evidenciado tanto la corrupción que ha caracterizado la administración de Velasco Coello, como el desvío de recursos millonarios originalmente destinados al financiamiento del sector. Como podría esperarse, estas acciones se han traducido en una falta generalizada de medicamentos, insumos médicos y de laboratorio, vacunas, material de curación, instrumental y equipo médico en todas las unidades médicas de la entidad, lo que a su vez ha resultado en la imposibilidad de prestar servicios de salud dignos para la población, afectación de paso los derechos laborales de los trabajadores, incluidos sus salarios y prestaciones.

Por estas razones, el 2 de abril de 2017, un grupo de enfermeras comenzó una huelga de hambre a las afueras del Hospital de la Mujer en lo que representaba un último (y desesperado) esfuerzo por llamar la atención de las autoridades tras el desdén sistemático de todas sus peticiones. Para ese momento ya se habían despedido a catorce personas más, nueve de ellas trabajadoras del mismo centro médico, así como cuatro personas adscritas a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud de Chiapas y una doctora del municipio de Pichucalco. Para colmo, todos los despedidos tenían entre 25 y 30 años de servicio.

Antes estas acciones, el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, informó que siete de los catorce trabajadores despedidos habían sido restituidos a sus puestos sin condicionamiento alguno; sin embargo, las enfermeras y el personal médico reinstalado contarían otra historia pues indicaron en diversos medios que fueron obligados a firmar una minuta mediante la cual comprometían a dejar de protestar. Por causa de esta presión política, las enfermeras, fieles a la causa, declinaron la oferta de retornar a sus puestos de trabajo pues sólo así podrían continuar con libertad con el movimiento. Ante esto el Frayba sostuvo que, con ello, se demostraba la conformación de “un patrón de restricción de derecho a la libre manifestación, puesto que el gobierno del estado persuade mediante amenazas y hostigamientos a quien defienden sus derechos”.

Esta primera huelga logró convocar a más de mil trabajadores del sector salud, quienes decidieron bloquear el tránsito de automóviles por la calle Novena Sur Poniente, vía contigua al hospital en comento. El grupo advirtió que con el transcurso de cada 48 horas más trabajadores y administrativos del sector de salud se agregarían a la lucha, que se detendría sólo hasta que se instalara una mesa de negociación para resolver el desabasto de medicamentos, el impago de las cuotas correspondiente a los fondos de vivienda Fovissste y del Fondo de Ahorro para el Retiro (SAR-Fovissste).

En este agitado contexto, Raúl Calleja Lacorte, uno de los trabajadores despedidos, denunció que “el gobierno quiere canjear el trabajo por el silencio” argumentado que desde hace dos meses, el personal del Hospital de la Mujer de Tuxtla Gutiérrez había iniciado un movimiento para exigir tanto los pagos de cuotas al ISSSTE como el abasto de medicamentos, pero al protestar se encontraron sólo con sus despidos. “La huelga es porque nos descuentan las cuotas, pero hacen desvíos millonarios; queremos un diálogo con el gobierno, pero nos encontramos con represión”, agregó Calleja Lacorte. Los desvíos sumarían 700 millones de pesos, la mayoría procedente de descuentos ilegales contra el salario de los trabajadores.

A pesar del empeoramiento del estado de salud de las huelguistas, las autoridades responsables continuaron ignorando la protesta, por lo que a ocho días de haber iniciado el ayuno, cinco enfermeras decidieron amordazarse la boca evitando así ingerir cualquier bebida o alimento. Luego de diez horas de tomar esta decisión, las huelguistas fueron revisadas por médicos especialistas, quienes diagnosticaron cuadros de taquicardia, hiperglucemia, pérdida de peso, diarrea y otros males gastrointestinales.

El 12 de abril, tras diez días de haber iniciado la huelga de hambre, el grupo de enfermeras decidió levantarla luego de llegar a un acuerdo con Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno y principal autoridad estatal encargada de la conducción del caso. Con ello, el Gobierno de Chiapas comunicó a la ciudadanía que se había logrado firmar una minuta de acuerdos en la que se acordó la reinstalación inmediata de las enfermeras, el abastecimiento permanente de medicamentos y materiales de diagnóstico y curación en los hospitales, así como el pago de sus prestaciones laborales en forma programada.

Sin embargo, habiendo transcurrido apenas unos días y ante el incumplimiento de los compromisos suscritos entre el Estado y las huelguistas, trabajadores del sector se vieron obligados a emprender nueva huelga de hambre la cual inició el primer día del mes de mayo del mismo año. De acuerdo con los inconformes, el Gobierno del Estado sólo habría depositado 18 millones de los 700 millones de pesos que se adeudaban a los trabajadores. Además, tampoco había cumplido con los compromisos de abastecimiento de insumos para la correcta operación de las clínicas y hospitales en el estado. Este fue el caso del Hospital de Villaflores, al cual sólo le fue enviado el equivalente al volumen de dos vehículos tipo combi, material que solo alcanzó para cubrir algunas guardias. Asimismo, la Secretaría de Salud había indicado que a más tardar el 21 de abril de 2017 se habrían depositado 200 millones de pesos para cubrir los adeudos que se mantenían con aseguradores privadas, sin embargo estos nunca fueron entregados. Además, Gómez Aranda indicó que cada dos meses se depositarían otros 400 millones de pesos para el pago de cuotas pendientes del SAR y FOVISSSTE, compromiso que tampoco ha sido cumplido.

En este sentido, cabe destacar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que tan sólo para 2015, en cuanto se refiere a retención de salarios, pago de seguros y cuotas pendientes del ISSSTE, la Secretaría de Salud recibió observaciones de faltantes por un monto de 134 millones 203 mil pesos, cantidad que pertenece a los trabajadores.

Conscientes de las posibilidades de que el gobierno incurriera en esta cerrazón, la representante del grupo de valientes enfermeras, Jesús Espinosa de los Santos indicó previamente que hasta treinta trabajadoras del Sector salud de Chiapas podrían irse a huelga de hambre por segunda vez si el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, omitía el cumplimiento de la minuta acordada el pasado 12 de abril. Fue así como con pesar, el grupo de enfermeras de la Secretaría estatal de Salud debió continuar el movimiento político con la segunda huelga de hambre advertida, exigiendo el pago de los descuentos realizados en nómina, reinstalación laboral y abasto de medicamentos e insumos en la red hospitalaria estatal. Además de la vocera, Jesús Espinosa de los Santos y la activista Elizabeth Hernández Pereyra, se incluyeron en esta ocasión otras siete mujeres: Gabriela López Cruz, Emma Escobar López, María Gramajo Cundapí, Nelly Ivonne Castillo Escobar, Rosy Pérez Lázaro, Claudia Lizeth Martínez Camacho y Verónica Zenteno Pérez.

Con el avance de los días, Espinosa de los Santos fue reportando como la salud de sus compañeras se iba rápidamente deteriorando debido a la falta de alimento y su exposición a intemperie. No se requirió mucho tiempo para que la vocera comunicara que ya se presentaban casos de diarreas, cefaleas, dolores abdominales, lumbares, mareos, debilidad y neuritis, que dilata los vasos sanguíneos en las piernas por falta de proteínas. A 17 días del inicio de la segunda huelga de hambre por parte de las enfermeras chiapanecas, Jesús Espinosa de los Santos reportó que su compañera Gabriela López Cruz, de 40 años de edad y 22 años de servicio, había entrado en estado de crisis y tuvo que ser intervenida por médicos especializados para estabilizarla.

Ante la gravedad de los sucesos, maestros adheridos a la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y miembros de diversas organizaciones sociales y campesinas se unieron para demostrar su apoyo a la causa de las huelguistas chiapanecas, creando en este contexto la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales-Movimiento Magisterial y Popular. Una vez constituida, no se requirió mucho tiempo para qué la Asamblea lanzara un comunicado la ciudadanía a través del cual se indicaba que “la salud de las enfermeras en huelga de hambre se agrava y el gobierno chiapaneco continúa engañando a la opinión pública distorsionando la verdad”.

La segunda huelga de hambre dio fin la noche del 23 de mayo de 2017, luego de firmar otro acuerdo con el gobierno estatal. Este segundo acuerdo proponía corregir en 18 meses el adeudo contraído por la falta de pago de las aportaciones correspondiente al fondo de ahorro para el retiro y en 3 meses regularizar las aportaciones desviadas para cumplir con los pagos a terceros. En el mismo mes de mayo se proponía regularizar los pagos para la vivienda de los trabajadores, así como verificar la creación de un comité que trabajadores que se encargarían de verificar el surtimiento de los insumos en los hospitales. Además, parte del acuerdo incluía que el gobierno se abstendría de emprender cualquier acto de “represión laboral, administrativa ni jurídica, ni hostigamiento a los trabajadores que participaron en el movimiento”.

Ocho meses después de las huelgas de hambre de 2017, de 10 días en el mes de abril y de 23 días en mayo, los acuerdos firmados siguen sin cumplirse a cabalidad, pues los centros médicos aún sufren importantes carencias, mientras que los trabajadores implicados en la protesta se han convertido en víctimas constantes de acoso y discriminación laboral. La represión penal e intimidación hacia los trabajadores ha sido el mecanismo utilizado por el Estado para disuadir las manifestaciones.

El 29 de diciembre de 2017 el Juez de Control y Enjuiciamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, giró órdenes de aprehensión en contra de los trabajadores Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruíz, Límbano Rodríguez Alegría y Humberto Gutiérrez Medina, por el delito de motín. Es decir, el mismo gobierno del estado, quien, al margen de los compromisos asumidos en abril y mayo del año pasado, ha optado por llevar a la cárcel a quienes legítimamente han protestado para que se respeten tanto los derechos humanos como las demandas laborales.

Por desgracia, la intimidación no se ha detenido pues apenas el 6 de enero de este año la Fiscalía General del Estado giró orden de aprehensión en contra de Límbano Domínguez Alegría, quien fue detenido arbitrariamente el 8 de enero, para luego mantenerlo incomunicado durante más de 12 horas y finalmente trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, conocido como “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas, acusado del delito de motín en agravio de la sociedad que consta en la causa penal 627/2017. Desde entonces, Domínguez Alegría ha debido permanecer encarcelado pues el delito imputado obedece a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Tras estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) expresó su descontento y condenó públicamente el accionar de las autoridades públicas debido a un evidente escalamiento en la represión y criminalización contra trabajadores del sector salud, quienes por el contrario se han distinguido por realizar su lucha de manera pacífica, esforzándose por hacer pública la corrupción que invade la Secretaría de Salud, quien en su avaricia ha estado dispuesta a menoscabar el derecho fundamental a la vida y la salud para millones de personas en Chiapas.

En el mismo orden de ideas, Emma Escobar, enfermera del Sector salud, declaró en días recientes que fueron giradas tres órdenes de aprehensión más en contra de los compañeros Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz y Humberto Gutiérrez Medina. Ante esto, el Frayba, se ha pronunciado en contra de la privación arbitraria de la libertad pues esta constituye una grave violación a los derechos humanos. Asimismo, ha denunciado actos de hostigamiento judicial hacia quienes ejercen su derecho a la libre expresión, movilización y reunión, lo que configura una situación de represión y criminalización que contraviene los artículos 9o., 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador.

De este modo, resulta reprobable la insensibilidad y negligencia de los representantes de la entidad chiapaneca: Francisco Ortega Farrera, Secretario de Salud de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno; y Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, ante la decadente situación de pobreza y la vulnerabilidad en la que dejan expuesto al servicio médico, violando el derecho a la salud de la población chiapaneca. Así como la actitud represiva y corrupta hacia los pocos miembros éticos e íntegros de un sistema estancado la ambición, mismos que sólo usan su derecho a la manifestación y libre expresión en vía pacífica para ser vistos y escuchados en pro de las necesidades del pueblo.

Por lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chiapas para frenar todas las acciones de persecución, hostigamiento judicial y detención arbitraria emprendidas como parte de una campaña de represión política contra trabajadores y trabajadoras del sector salud en el estado de Chiapas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que coadyuve a garantizar un ámbito de plena protección a los derechos humanos de las y los trabajadores del sector salud en el estado de Chiapas que enfrenten procesos judiciales vinculados con una campaña de represión política en su contra.

Notas

1 Coneval 2016.

2 “Enfermeras de Chiapas levantan huelga de hambre; obligan al gobierno a pagar prestaciones y abastecer hospital” en Sin Embargo (12 de abril de 2017).

3 “Despiden a personal médico que denunció desabasto en hospital de Chiapas” en Animal Político (04/04/17).

4 “Enfermeras denuncian incumplimiento de compromisos en Chiapas” en El Universal (26/04/17).

5 “Con miel y agua, enfermeras celebran Día de las Madres en Chiapas” en El Universal (09/05/17).

6 “Reportan en estado críticos a enfermera en huelga de hambre en Chiapas” en Proceso (17/05/17)

7 “Resistencia, enfermeras vencen al sistema de salud en Chiapas” en El Universal (25/05/17).

8 “Enfermeras y médicos de Chiapas acusan persecución de Velasco por denunciar la corrupción” en Sin Embargo (26/01/18).

9 “Trabajadores de Salud denuncian hostigamientos del gobierno de Chiapas por exigir sus derechos” en Animal Político (31/01/18).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.— Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.