INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 15 de febrero de 2018, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 15 de febrero de 2018 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputado Edgar Romo García (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona una fracción al artículo 5 de la Ley Minera, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

4. Se adiciona una fracción VI, recorriéndose las subsecuentes al artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para agilizar el documento de autorización de manifestación de impacto ambiental para pescar en el alto golfo de California y entregue apoyos a pescadores, suscrita por los diputados José Everardo López Córdova y Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales, a difundir los resultados de la reforma energética de 2014 y sus leyes secundarias, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, relativo al brote de la enfermedad de carbón sintomático bovino en el municipio de Asunción Ixtaltepec del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Ganadería, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, para que dentro de su programa Pensión para Adultos Mayores modifique el periodo de entrega de recursos, suscrito por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que, en coordinación con la Policía Federal, establezcan y difundan protocolos de actuación ante el extravío de personas menores de edad o incapaces de valerse por sí mismas, en los aeropuertos del país, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM, a garantizar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que transitan por el país, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía, condena el hostigamiento contra las actividades de precampaña realizadas por Morena en la delegación Venustiano Carranza, promovido por las autoridades delegacionales del PRD, que atenta contra el derecho fundamental a la libre manifestación y crea un clima de provocación ante el inicio de las campañas electorales de 2018, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Oaxaca, a atender las resoluciones relativas a violencia política por razones de género cometidas contra las ciudadanas Herminia Quiroz Alavez, Erika Molina López y Yareli Cariño López, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, para opinión.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, para que establezca un diálogo con la Femexfut a fin de que se consideren y evalúen los impactos negativos en la economía regional y en la generación de empleos, ante la posibilidad de eliminar del sistema de competencias la denominada Liga de Ascenso MX, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión Deporte, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior y a las Secretarías de Educación Pública de los estados de México, de Oaxaca y de Sonora, a difundir la razón por la cual aún no se ha emitido la convocatoria del Programa Nacional de Becas de Educación Superior y de Manutención para el ciclo escolar 2017-2018 en dichas entidades, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, relativo a la crisis médica y despido de personal de salud en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que se traduzca el Código Nacional de Procedimientos Penales a los distintos idiomas indígenas de nuestro país, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a publicar un reporte relativo al ejercicio del ramo general 23 durante el periodo 2012 a 2017, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a implementar debidamente el nuevo sistema penal acusatorio en cada uno de los ejes que se marcaron en un principio como objetivo, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, para que modifique la NOM-022-FITO-1995, a cargo del diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tamaulipas, para que haga del conocimiento público los avances de seguimiento a las observaciones determinadas al Instituto del Deporte de Tamaulipas según auditoría SCyA/DAP-003-17 realizada por la Contraloría General del estado en junio de 2017, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.»

INICIATIVAS

CON PROYECTO DE DECRETOLEY MINERA

«Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 5 de la Ley Minera, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Recientemente la minera Don Diego, en Baja California Sur, el megaproyecto de minería submarina, radica “en una actividad que apenas está comenzando en el mundo, con lo que México se hubiera vuelto como un campo experimental sin tener todavía la infraestructura de supervisión y vigilancia para monitorear que el proyecto no tuviera afectaciones”.

El año pasado, ante un inminente resolutivo negativo, el promovente del proyecto lo retiró del procedimiento de impacto ambiental, ante lo cual y unos días después, Odyssey Marine Explorations presentó una nueva manifestación de impacto ambiental ( MIA), ahora con el nombre de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego.

Expertos y organizaciones ambientales habían señalado los posibles riesgos e impactos para los ecosistemas marinos –particularmente para la población de tortugas marinas y las ballenas de la región– y para la actividad pesquera en la zona. Cabe mencionar que el Golfo de Ulloa ha sido caracterizado como una Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El Golfo de Ulloa en la costa occidental de Baja California Sur es una de las zonas pesqueras de mayor rendimiento en el país, aproximadamente 42 por ciento de la pesca que se lleva a cabo en la entidad se concentra en esas aguas, por lo que tiene un peso muy importante para la economía, sobre todo en las localidades contiguas, destacó Bravo. En ese sentido, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino que no existe compatibilidad entre la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales del golfo.

Dicho programa –aún sin decretar– funge como un instrumento de política ambiental que regula e induce las actividades en el medio marino. “Desde el año pasado ya había determinado que hay un conflicto entre las actividades económicas y ambientales en el Golfo de Ulloa contra proyectos de minería submarina y para efectos prácticos hace casi imposible que pueda haber proyectos de minería de esta escala. Afortunadamente este proyecto ha sido rechazado, por lo que es necesario legislar esta nueva modalidad de minería altamente peligrosa para nuestros ecosistemas.

La minería submarina es un proceso de extracción de minerales relativamente nuevo, que se da lugar en el fondo marino. Los yacimientos de minería oceánica se suelen hacer en torno a grandes áreas de nódulos polimetálicos o fuentes hidrotermales activas o extintas a unos mil 400-3 mil 700 metros bajo la superficie oceánica. Las fuentes hidrotermales crean depósitos de sulfuros que contienen metales como plata, oro, cobre manganeso, cobalto, zinc, etcétera. Los depósitos son extraídos utilizando bombas hidráulicas o sistemas de cubeta que llevan el mineral a la superficie para ser procesado. Como ocurre con todas las operaciones mineras, la minería en alta mar plantea interrogantes acerca de los daños ambientales de las zonas circundantes.

Como la minería marina es un campo relativamente nuevo, las consecuencias de las operaciones mineras a gran escala todavía son desconocidas. Aun así, los expertos coinciden en que la eliminación de partes del fondo oceánico traerá perturbaciones a la capa béntica, aumentando la toxicidad de la columna de agua y de los penachos de sedimentos de los relaves. Eliminar partes del lecho oceánico perturba el hábitat de los organismos bénticos, posiblemente, dependiendo del tipo de minería y de la localización, provocando alteraciones permanentes. Aparte del impacto directo de la minería en la zona, las fugas, derrames y la corrosión alterarían la composición química del área.

Entre los impactos de la minería marina, los penachos de sedimentos podrían ser la mayor amenaza. Estos se causan cuando el relave minero, normalmente partículas diminutas, se vierten de nuevo al océano, creando una nube de partículas flotantes en el agua. Hay dos tipos de penachos: en la superficie y en el fondo. Los profundos, ocurren cuando el relave se bombea de vuelta al yacimiento. Las partículas flotantes aumentan la turbidez, o nubosidad del agua, obstruyendo el filtro alimenticio de los organismos bénticos. En la superficie estos desechos causan un problema aún mayor. Dependiendo del tamaño de las partículas y de las corrientes marinas, los penachos pueden abarcar vastas áreas. Los penachos podrían afectar al zooplankton y a la penetración luminosa, afectando así a la cadena alimenticia del lugar.

De acuerdo con la organización no gubernamental Greenpeace (www.greenpeace.org/international/deep-seabed-mining/) y el estudio Man and the last great wilderness: human impact on the deep sea, publicado en 2011 (www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0022588). Por mencionar sólo algunos daños ambientales su análisis arroja para el caso de la Península de Baja California, tres vertientes muy generales, se tiene que:

1. Al barrer el fondo marino para la extracción de los minerales se altera ese estrato en el cual viven innumerables especies marinas, las cuales –ante la alteración, por no decir destrucción de su hábitat– sólo tienen dos opciones: emigrar y buscar otro espacio –si es que eso es posible– o morir; y en el caso de especies endémicas eso las puede llevar a la extinción.

2. Durante la extracción de los minerales se remueve el fondo marino, lo que genera la agitación de partículas de diversos sedimentos que por algún tiempo se mezclan con el agua y se mueven de acuerdo con las corrientes imperantes, pero en algún momento esas partículas se asentarán nuevamente, lo que no se sabe es dónde exactamente lo harán, y al hacerlo pueden sepultar a otros organismos del fondo marino causando la muerte de los mismos. En esta segunda vertiente de daños es importante mencionar que los sedimentos removidos, además, obstruyen la penetración de la luz solar en el agua y cambian la oxigenación de la misma, lo que indudablemente afecta las condiciones que el plancton necesita para subsistir, con lo que irremediablemente se afecta la cadena alimenticia marina, lo que incide directamente en algunas ballenas que se alimentan de estos microorganismos y que frecuentan las zonas donde se haría la extracción; o simplemente si dichas partículas quedan en sus rutas migratorias, sin duda afectará a algunos de los cetáceos que han hecho de la península de Baja California uno de sus lugares preferidos.

3. La contaminación del agua marina por los residuos químicos vertidos al mar tras los procesos de extracción de minerales, mismos que incidirán en toda especie marina de la zona y que pueden causar su muerte. Además está la contaminación causada por los combustibles empleados por las embarcaciones y la maquinaria para la extracción minera. Asimismo, a nivel sonoro, se tiene la contaminación por ruido, el que sin duda será generado por las embarcaciones y la maquinaria (removedoras, excavadoras, dragas y demás equipo empleado para la extracción de sedimentos). La afectación del ruido sobre las especies locales puede hacer que éstas abandonen la zona. Además, la contaminación sonora puede incidir en aquellas especies migratorias como ballenas, tiburones y tortugas, incluso cuando estos animales no transitan directamente en la zona de extracción, con lo que se tiene el riesgo de que estos viajeros modifiquen sus rutas migratorias.

México es privilegiado por su posición geográfica al estar rodeado por el Océano Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y el Mar Caribe, además cuenta con un gran número de islas e islotes, dando como resultado una gran riqueza de ecosistemas y especies de gran importancia para el país. Podemos encontrar ecosistemas como: humedales costeros, lagunas costeras, zonas rocosas, manglares, arrecifes, praderas y bosques de algas, praderas de pastos marinos, montañas submarinas, cañones submarinos y ventilas hidrotermales. En todos ellos se llevan a cabo importantes procesos ecológicos vitales para muchas especies de plantas y animales: funcionan como zonas de alimentación, reproducción, refugio y crianza. Los ecosistemas marinos ayudan a regular el clima y reducen el impacto de los gases de efecto invernadero. Además, los océanos funcionan como pulmones para el planeta, nos proporcionan oxígeno.

En nuestro país, en la mayoría de estos ecosistemas marinos habitan un gran número de organismos. Podemos encontrar más de 300 especies de medusas, corales y anémonas; más de 4 mil especies de moluscos como pulpos, caracoles y almejas; más de 5 mil especies de crustáceos como los camarones, cangrejos, jaibas y langostas. Alrededor de 2 mil 500 especies de peces, tiburones y rayas; alrededor de 50 especies de mamíferos marinos y un total de 11 especies de tortugas y cocodrilos.

Los ecosistemas marinos son una de las principales fuentes de alimentación para el ser humano. México aprovecha gran parte de las especies que habitan en nuestros mares, siendo el camarón, el atún, el huachinango, la lisa, el mero y la sardina las especies de mayor consumo. Sin embargo, más 230 especies de peces del Golfo de México, 95 especies del Mar Caribe y 240 del Océano Pacífico, son explotadas para consumo.

Pese al importante papel de los ecosistemas marinos, éstos enfrentan constantemente problemas derivados de las actividades humanas, como la sobreexplotación de los recursos, la contaminación por desechos orgánicos e inorgánicos, introducción de especies exóticas, actividades turísticas no reguladas, pesca ilegal y desarrollo de zonas urbanas. Aún falta sumar esfuerzos para mitigar su deterioro, sin embargo un primer paso es informarse y conocer la situación de nuestros mares mexicanos, las especies que en ellos habitan y cómo podemos conservarlos.

La importancia del ecosistema marítimo se encuentra intrínsecamente ligada a la vida humana por lo que debemos proteger este ecosistema.

El Estado mexicano tiene obligaciones nacionales e internacionales para aplicar medidas precautorias para salvaguardar la seguridad alimentaria y salud de las y los habitantes. Por otra parte debe también garantizar derechos humanos como el derecho humano al agua y a una vida digna. De ese modo, se debe excluir la explotación y exploración de la minería submarina hasta asegurar que el mismo no generará daños ambientales graves e irreversibles.

Es urgente una nueva y mejor regulación que debe impulsarse sin más demoras desde el Congreso de la Unión, la cual debe fungir como un real contrapeso político. Es urgente también que el gobierno federal asuma un papel serio y comprometido para salvaguardar los ecosistemas y la protección de la salud humana. Una reforma seria y comprometida con la población abonaría a la construcción de un Estado con auténtica responsabilidad social, incluyente y con un proyecto sustentable para el futuro de todos los mexicanos.

De igual modo, la sustentabilidad se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos que se tiene a disposición, naturales y económicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Es así que uno de los principales retos que enfrenta México es incluir la sustentabilidad como uno de los elementos del desarrollo económico y social.

Es importante subrayar que es de interés del legislador crear medios legislativos para proteger a la población que se ve afectada por la extracción de minerales que resulta peligrosa y con daños graves e irreversibles al medio ambiente, violentando derechos humanos fundamentales plasmados en el artículo 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fundamento legal

Por lo anterior expuesto y fundado, quien suscribe, Óscar Ferrer Ábalos, Francisco Xavier Nava Palacios y Sergio López Sánchez, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII, al artículo 5 de la Ley Minera:

Artículo 5. Se exceptúan de la aplicación de la presente ley:

I. a VI.

VII. La exploración y explotación submarina de minerales en aguas marítimas, desde el mar territorial, comprendiendo la zona contigua y la zona económica exclusiva.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputados y diputadas: Óscar Ferrer Ábalos, Juan Fernando Rubio Quiroz, Sergio López Sánchez, Julio Saldaña Morán, Arturo Bravo Guadarrama, Daniel Ordoñez Hernández, Rafael Hernández Soriano, José Santiago López, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Eva Florinda Cruz Molina, Tómas Octaviano Félix, Francisco Martínez Neri, Olga Catalán Padilla, David Gerson García Calderón, José de Jesús Zambrano Grijalva, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Karen Orney Ramírez Peralta, Arturo Santana Alfaro, Armando Soto Espino, Isaura Ivanova Pool Pech, Leonardo Amador Rodríguez, José Guadalupe Hernández Alcalá, Evelyn Parra Álvarez, Felipe Reyes Álvarez, Irma Rebeca López López, Araceli Madrigal Sánchez, Cecilia Guadalupe Soto González, Cristina Ismene Gaytán Hernández, María Elida Castelán Mondragón, Francisco Xavier Nava Palacios, Omar Ortega Álvarez, Jorge Tello López (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Las condiciones adversas en el entorno económico global, así como el impacto negativo de los factores del cambio climático y la agresividad de los nuevos nacionalismos hegemónicos imponen a las naciones el reto de fortalecer su autonomía y la reorientación de políticas públicas para detonar su potencial interno, generando un desarrollo integral,  sostenible e incluyente. En el caso de México, reajustar en esta perspectiva el modelo de desarrollo es hoy más urgente que nunca.

Para fortalecer la nación y construir un país más justo necesitamos recuperar la  importancia estratégica del campo, tanto para superar asimetrías en el desarrollo regional, que por ahora dejan fuera de la justicia social a amplios sectores de la población y sin aprovechar valiosos recursos naturales y de capital humano, principalmente en el sur-sureste del país; como para recobrar la soberanía alimentaria y asegurar a todas las personas alimentos sanos y suficientes con producción nacional.

Propiciar los programas y acciones para remontar estos desafíos, requiere de sólidas bases jurídicas y sociales que le permitan al Estado la más amplia libertad para generar los instrumentos institucionales, las políticas públicas diferenciadas y las estrategias indispensables para alcanzar dichos objetivos.

En este tenor, la presente ipropone reformar el primer párrafo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir que el desarrollo rural deberá ser, además de integral y sustentable, equilibrado e incluyente; asimismo, adicionar  el segundo párrafo de la fracción XX del mismo artículo, para  garantizar que el abasto de los alimentos básicos que el Estado debe garantizar a la población se lleve a cabo prioritariamente con producción nacional.

Argumentos

Las debilidades que exhibe la nación frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump son los signos visibles de una propuesta de país que fracasó: una propuesta que sacrificó los valores y el potencial nacional a una economía exportadora y a la relación subordinada con el vecino del norte, pagando un elevado costo social, provocando asimetrías graves en el desarrollo sectorial y regional y comprometiendo nuestra autodeterminación como pueblo soberano.

Para desandar el camino equivocado y trabajar por una patria digna y justa, requerimos recuperar nuestras fortalezas internas, diversificar el desarrollo y democratizar la producción para que la población de todas las zonas y regiones tenga igualdad de oportunidades y de condiciones en el pleno disfrute de sus derechos, destacando especialmente la relevancia del derecho al desarrollo equilibrado e incluyente y a una alimentación adecuada y suficiente apoyada en la producción nacional.La incorporación de estos últimos conceptos a nuestra Carta Magna nos permitirán aspirar a una nación estructuralmente más igualitaria y  enriquecer los valores y criterios de la planeación democrática de los distintos sectores y regiones, así como las políticas públicas para cumplir con la obligación constitucional de garantizar el abasto de alimentos a todos los mexicanos.

Considerando únicamente  las actividades económicas de los particulares y los mecanismos del mercado, no se corregirán los desequilibrios de la nación. Se requiere de una decidida intervención del Estado para -en función de la oportunidad y de la vocación natural de los territorios- rearticular la política del desarrollo regional, movilizar las fuerzas productivas y sociales desde lo local, mejorar la oferta de servicios y bienes públicos en los territorios más rezagados, al mismo tiempo que se impulsa un proyecto  sostenible e incluyente del sector agropecuario, forestal y pesquero, en donde se focalicen políticas e inversiones para incorporar a los millones de campesinos y pequeños productores del país a las cadenas de valor y al desarrollo nacional.

Desarrollo inclusivo y equilibrado

Como sabemos, crecimiento económico no significa necesariamente desarrollo; la evidencia empírica muestra por sí misma que el simple crecimiento de la economía no reduce los niveles de pobreza y la desigualdad; en el caso de México, éstas incluso se han agravado drásticamente.

El concepto contemporáneo del desarrollo es un concepto complejo donde se considera el crecimiento, la integralidad, la sustentabilidad, el equilibrio y la inclusión, colocando en el centro la recuperación de capacidades del ciudadano a partir de la garantía del ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

Una consideración amplia del significado de lo anterior, la encontramos en el resumen  que realiza David Souter de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:  “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible imagina un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida... un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables.”

En las últimas tres décadas, el modelo económico y social seguido por México acentuó las desigualdades y la exclusión en la población. Todos los indicadores oficiales de la producción, distribución de la renta y de bienestar, muestran contrastes profundos entre regiones, sectores sociales y entre el campo y las ciudades.

Es un dato generalmente aceptado que México tiene actualmente un desarrollo social y regional  de los más disparejos del mundo. La Organización para la Cooperación y  el Desarrollo Económico (OCDE) así lo destaca:

“México es uno de los países de la OCDE con mayor desigualdad en el ingreso, no sólo entre las personas, sino entre una región y otra. Incluso, en los últimos 20 años las disparidades entre regiones aumentarondebido a que algunas capitalizaron mejor que otras los beneficios de la liberalización comercial... Las políticas para superar las desigualdades territoriales en México han sido en gran medida compensatorias en vez de centrarse en impulsar el potencial de crecimiento de los estados rezagados”.

En el Plan Nacional de Desarrollo se hace el mismo reconocimiento. Al presentar  el diagnóstico del país, en la Meta: México Incluyente, luego de reconocer la existencia de “un país fragmentado y desigual”, reconoce que: “ persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y desigualdad entre personas y regiones de nuestro país.”

Y más adelante, al abordar el desarrollo regional: “Los niveles de prosperidad en México muestran grandes contrastes a lo largo y ancho del territorio nacional. Ello está íntimamente ligado a las diferentes capacidades productivas que se observan en las entidades federativas del país... Así, por ejemplo, un trabajador en el estado de Nuevo León produce casi cuatro veces más que un trabajador en Oaxaca o en Chiapas.”

Dentro de ese desarrollo desigual e injusto de las regiones de México, en la parte centro y norte del país se han concentrado históricamente las inversiones productivas, la infraestructura, los créditos, la modernización tecnológica, los apoyos y subsidios oficiales, además de presentar las mayores aglomeraciones demográficas. Y si bien es cierto que la pobreza y zonas marginadas las tenemos en todo el país y cualquier estado o región podrá demostrar carencias y necesidades, todos los indicadores económicos dan prueba de que los estados del sur-sureste son quienes más se han rezagado, concentrando las cifras del hambre, la pobreza y  la marginación, especialmente en las zonas con mayor población indígena, como los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en donde las cifras oficiales señalan que la pobreza extrema afecta al 50 por ciento de la población.

El rezago de esta región no se explica por escasez de recursos naturales; de hecho, esta zona tiene la mayor biodiversidad del país y es rica en agua, bosques y selvas, así como  en recursos turísticos, de pesca, litorales, electricidad, gas y petróleo. Más bien obedece al abandono y a visiones erróneas del desarrollo. Históricamente, en la asignación de roles por la división del trabajo, dadas las ventajas comparativas absolutas que presentan las regiones del norte por la cercanía con los mercados  estadounidenses, se ha visto  a la región del sur-sureste como proveedora de materias primas, mientras se privilegiaban criterios orientados a favorecer a los estados del centro y norte del país.

Los desequilibrios regionales vuelven inestable el desarrollo del país, a la vez que condenan a la pobreza a millones y al estancamiento de regiones enteras, provocando la debilidad de las instituciones públicas y la dependencia alimentaria del exterior. Los mexicanos no podemos sentirnos orgullosos por primeros lugares en las exportaciones de algunos productos  agropecuarios o agroindustriales, logrados a costa de los millones de pobres que pasan hambre, de jornaleros agrícolas que trabajan en condiciones de esclavitud   y  de amplias  regiones sumidas en el atraso.

De aquí la importancia de incorporar en nuestra ley suprema los principios básicos que guíen las política públicas para regular un desarrollo incluyente y equilibrado, que corrijan desigualdades y asimetrías regionales para brindar realmente a toda la población mejores niveles de bienestar, igualdad de oportunidades y de derechos.

Derecho a la alimentación y producción nacional

De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 4 constitucional, es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a todos los mexicanos. Este derecho básico, establecido en la reforma constitucional de 2011, sigue sin hacerse efectivo plenamente. Además de 55 millones viviendo en  pobreza y en condiciones de precariedad, 28 millones no gozan del derecho a una alimentación adecuada.

Difícilmente puede hablarse de un crecimiento sólido y ordenado, de instituciones fuertes y de goce de derechos, en un país donde más de la mitad de su población se encuentra al margen de los niveles mínimos de bienestar, padeciendo hambre y con un tejido social e institucional deshecho. Tal situación fractura al país y vulnera su soberanía.

Adicionar el artículo 27 constitucional para que el abasto de los alimentos básicos se garantice a partir del fomento prioritario a la producción nacional, significa establecer las bases constitucionales necesarias para incrementar la producción agropecuaria y pesquera, incorporando al desarrollo nacional a millones de pequeños productores y productoras del sector rural, incentivar la inversión de capital social, privado y público para modernizar amplias regiones y sectores agroindustriales que  han quedado rezagados, hacer un uso más racional y sustentable de los recursos del país, así como fortalecer la soberanía nacional y colocar en el centro del desarrollo interno el objetivo de lograr un México sin hambre, donde la población disfruta plenamente de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

El modelo actual de agricultura comercial, cuya expresión más acabada es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y cuyo mayor mérito es producir para la exportación, se encuentra agotado. No solo no resuelve la seguridad alimentaria de los mexicanos, sino que perpetúa la dependencia de las importaciones, reproduce las desigualdades sociales, monopoliza los bienes públicos y de producción, obstaculiza los cambios tecnológicos, distorsiona los mercados y deteriora los recursos naturales.

No obstante el mejoramiento de la balanza comercial agropecuaria de los últimos 18 meses,  lo cierto es que seguimos siendo un país importador neto de productos agroalimentarios: importamos alrededor de 12 millones de toneladas de maíz; cerca de 700 mil toneladas de arroz; 4.5 millones de toneladas de trigo; 150 mil toneladas de frijol; 85 por ciento de las oleaginosas y más del 20 por ciento de leche para el consumo nacional. Un país que importa más del 40 por ciento de los alimentos que consume, difícilmente puede hablar de soberanía nacional. Hoy debería ser claro que continuar con la dependencia  alimentaria del vecino del norte no es más una opción.

Llevamos décadas con una frontera agrícola de 27 millones de hectáreas y 22 millones cultivadas. Los indicadores promedio en infraestructura de riego, almacenaje, caminos saca-cosecha, tecnificación, inversiones de capital y volúmenes de producción, permanecen estancados o a la baja, salvo en un porcentaje menor al 8 por ciento en aquellos  predios y cultivos orientados a la producción para la exportación. De aquí la baja rentabilidad y la limitada competitividad del sector.

Para enfrentar estos retos, México necesita una profunda reorganización del modelo para el sector agropecuario, de las condiciones en que opera el mercado interno y de su relación con los mercados internacionales. Asimismo, es imprescindible enfocarse a un sano equilibrio en el desarrollo regional, con el objetivo claro de mejorar los niveles de bienestar garantizando la producción de alimentos de la población y las materias primas que requiere la industria nacional.

Nuevo paradigma para desarrollar el sector agropecuario y pesquero

Para que el crecimiento sea inclusivo se requiere de políticas, programas, estrategias y medidas focalizadas en las regiones  y los grupos poblacionales que enfrentan mayores barreras para su inclusión productiva. Ello presupone, para el sector rural, la reactivación de millones de hectáreas hoy poco competitivas  en manos de ejidatarios, comuneros y pequeños productores minifundistas, fortalecer los mercados locales y regionales, recuperar por el Estado la producción y distribución de  insumos estratégicos, reordenar las instituciones del sector para focalizar los apoyos a los productores directamente en sus territorios, canalizar activos productivos y financieros suficientes, desarrollar las tecnologías y las innovaciones de acuerdo con el conocimiento local, la escala productiva y el entorno agroecológico, así como promover las agroindustrias y una nueva visión donde se integran lo rural con lo urbano de manera sustentable, equilibrada e incluyente.

El nuevo paradigma pasa por reestructurar el modelo agro-exportador seguido en los últimos 30 años, para focalizar la atención nacional  en fortalecer la producción y el mercado interno,  detonando  las pequeñas unidades productivas agropecuarias, pesqueras y forestales del país.

Más de 100 millones de hectáreas y 5 millones y medio de ejidatarios, comuneros y pequeños productores minifundistas que se dedican al cultivo de granos básicos (principalmente de maíz y frijol), a la ganadería, agroforestería y pesca, deben ser el foco de atención prioritario de las políticas públicas para democratizar la producción y remontar los desequilibrios sectoriales y regionales. Es insostenible la visión de ver a millones de pequeños productores como improductivos y un peso muerto de la llamada economía moderna, asumiendo como política pública sostenerlos con programas asistenciales.

El nuevo proyecto de desarrollo integral, sostenible, equilibrado e incluyente, debe proponerse potenciar las capacidades productivas de la población en pobreza y vulnerabilidad y ampliar sus oportunidades en materia de generación de empleos e ingresos, para que puedan ejercer con autonomía sus derechos como ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Lo anterior requiere de acciones, programas y políticas con un enfoque de derecho y de justicia social para los pequeños productores rurales, fomentando tecnologías apropiadas a su escala productiva, garantizando un acceso justo y equitativo a la tierra y el agua, así como a  los insumos  (fertilizante, semillas,  energía), al crédito y a los mercados locales, regionales e internacionales. Solo de esta manera será posible fortalecer nuestra soberanía e incorporar al desarrollo nacional y global a millones de campesinos y campesinas que hoy, en realidad, sobreviven  como parte del ejército  de reserva del capital, del crimen organizado o de la “población sobrante” del país.

Fundamento legal

Por los argumentos expuestos y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, someten  a la consideración del pleno de esta honorable  Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos  primero y segundo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de decreto

Por el que se reforman los párrafos primero y segundo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 27.

I. a ... XIX.

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, equilibrado e incluyente, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaría para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral, sustentable, equilibrado e incluyente a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice prioritariamente con producción nacional el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 TIC, Objetivos de Desarrollo Sostenible y derechos económicos, sociales y culturales

https://www.giswatch.org/es/thematic-report/economic-social-and-cultural- rights-escrs/tics-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-

2 “México: mejores políticas para un desarrollo incluyente”; septiembre 2012, pág. 21. OCDE.

https://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf

3 DOF: 20/05/2013. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

4 Ibíd.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputados y diputadas: Felipe Reyes Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz, Sergio López Sánchez, Julio Saldaña Morán, Arturo Bravo Guadarrama, Daniel Ordóñez Hernández, Rafael Hernández Soriano, José Santiago López, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Eva Florinda Cruz Molina, Tomás Octaviano Félix, Francisco Martínez Neri, Olga Catalán Padilla, David Gerson García Calderón, José de Jesús Zambrano Grijalva, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Karen Orney Ramírez Peralta, Arturo Santana Alfaro, Armando Soto Espino, Isaura Ivanova Pool Pech, Leonardo Amador Rodríguez, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Evelyn Parra Álvarez, Irma Rebeca López López, Araceli Madrigal Sánchez, Cecilia Guadalupe Soto González, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Óscar Ferrer Abalos, María Elida Castelán Mondragón, Francisco Xavier Nava Palacios, Omar Ortega Álvarez y Jorge Tello López (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Alfredo Bejos Nicolás, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Saludcon base en la siguiente

Exposición de Motivos

La “Persona” puede ser definida como sustancia individual de naturaleza racional, es un ser en sí mismo y no en otro, así, toda persona tiene una experiencia de sí mismo y de sus acciones, lo que piensa, hace, opina y siente y, a su vez, experimenta todo lo externo que se manifiesta y tiene relación con ella y su actuar.

Así, nuestra esencia es dual, aprendemos a través de la experiencia (sentidos) y a través de nuestro entendimiento. La posibilidad que tenemos de reflexionar nos permite conocer y reconocer nuestras acciones y generar la posibilidad de manifestar nuestra voluntad.

Tener conciencia de sí y manifestar nuestra voluntad nos permite situarnos en contextos tanto generales como específicos, racionales y emocionales. Por ende, nuestra manifestación de voluntad trasciende cuando su finalidad es la de la realización de ella a través de una acción. Al analizar y estudiar nuestras acciones, racionalidad, inteligencia y voluntad forman una unidad, misma que es generada por la posibilidad de autodeterminación.

Esta autodeterminación conlleva lo relacionado con el mismo ser y de este con su entorno. En el centro de la reflexión y conceptos se posiciona al ser humano desde las más diversas dimensiones, ya sea como un ente biológico, social, jurídico o filosófico.

Esta reflexión debe de ser un eje transversal en todos los aspectos de la vida y, de igual forma, en el término de ésta. Así, surge la bioética como eje sustancial y transversal  a todos los aspectos de desarrollo del individuo; esta característica la ha enmarcado dentro de aspectos filosóficos y científicos ya que, es entendida, en lo general, como la rama del conocimiento que conlleva el análisis de la supervivencia y puente hacia el futuro, generando una serie de vínculos entre lo científico/tecnológico y lo humanístico/moral.

La bioética tiene como finalidad el análisis racional de los problemas morales ligados a la biomedicina y su vinculación con el ámbito del derecho y de las ciencias humanas. Dicha finalidad implica la elaboración de lineamientos éticos fundados en los valores de la persona y en los derechos humanos, con bases racionales y metodológicamente científicas.

En este contexto, la bioética  es la disciplina que busca aclarar problemas éticos que surgen en relación a la salud: al hacer investigación con seres humanos, diseñar o implementar una política de salud, y brindar atención médica.

La bioética no es un código de preceptos sino una actividad de análisis a la luz de principios y criterios éticos, que guía la práctica en las distintas áreas de la salud.

La bioética es entendida como una disciplina que

“ .. amalgama conocimientos teóricos de ética, se somete a los rigores del debate analítico, se abre al conocimiento empírico y lo incorpora en la medida que lo requiere para valorar las realidades, las proyecciones, los dilemas y las situaciones problemáticas que se dan en el ámbito de la reflexión. El discurso de la bioética se somete a criterios de racionalidad, razonabilidad o plausibilidad, prudencia, coherencia interna de los pronunciamientos entre sí y coherencia externa de lo aseverado con relación a antecedentes históricos y a la realidad social coetánea.”

El concepto de Salud resulta crucial para englobar las diferentes áreas del actuar de la bioética, por ello, siguiendo la definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)  a ésta la define como “... un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”; de igual forma, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San José” estable en su artículo 10 el Derecho a la Salud obligando a los Estados firmantes a generar todas las condiciones necesarias para tutelar y garantizar este derecho.

Así, la existencia del Ser Humano se individualiza y sujeta a una temporalidad natural, misma que inicia con la “vida” y termina con la “muerte”, siendo precisamente los cuestionamientos en relación al final de la “vida” uno de los centros del análisis, investigación y debate de la bioética.

El campo de desarrollo de la bioética han sido las Ciencia de la Salud entendidas en su conjunto como “(...) los conocimientos necesarios para la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y el bienestar tanto de un individuo como de la sociedad. Utilizan diferentes disciplinas que se dedican o están orientadas a la salud de los seres humanos. (...) Los propósitos de las ciencias de la salud son mantener, reponer y mejorar la salud; prevenir, tratar y erradicar enfermedades, y estudiar los procesos vitales de los humanos y los organismos relacionados con la vida, la salud y la enfermedad.”

Con lo avances científicos y tecnológicos, la calidad de vida de las personas ha mejorado sustancialmente y, esta condición también está manifiesta en el término de cada una de ellas.

El deterioro de nuestra salud conlleva, en casos específicos, con la muerte. La atención de la salud y el mejoramiento de las condiciones de vida es, por ende, el objetivo de toda la evolución científica y tecnológica.

Nuevos métodos y descubrimientos científicos están destinados a prevenir, diagnosticar, curar y tratar enfermedades lo que ha generado como resultado aumentar los estándares de calidad de vida y, a su vez, su prolongación.

Estos descubrimientos, nuevos métodos y técnicas son aplicados en el tratamiento de enfermedades y circunstancias específicas al final de nuestras vidas.

Así, teniendo siempre en el centro al Ser Humano, su integridad y dignidad, se generan nuevas ramas de conceptualización tanto desde el punto de vista normativo como efectivo de la ética con respecto a la generación de estados completos de bienestar integral tanto social, mental y físico.

“Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano” señaló John Stuart Mill; “No puede darse ninguna razón de que la felicidad es deseable, a no ser que cada persona desee su propia felicidad en lo que ésta tenga de alcanzable, según ella. Ahora bien, siendo esto un hecho, no sólo tenemos la prueba adecuada de que la felicidad es un bien, sino todo lo que es posible exigirle: que la felicidad de cada persona es un bien para esa persona, y que, por tanto, la felicidad es un bien para el conjunto de todas las personas. La felicidad ha demostrado su pretensión de ser uno de los fines de conducta y, por consiguiente, uno de los criterios de la moral.” La felicidad no puede ser sólo entendida como la usencia de dolor sino en un concepto mucho  más amplio que abarca el desarrollo emocional y moral, generando un estado de dignidad e integridad.

Bajo estos preceptos, las Ciencias de la Salud, la ética aplicada a la generación de bienestares físicos, mentales y sociales y en igual importancia el respeto de la voluntad de las personas en relación a la disposición de su cuerpo y la aplicación o no aplicación de técnicas y métodos científicos para la mitigación del dolor en la etapa terminal de la vida son cuestionamientos que se plantean en la medicina.

¿Hasta dónde resulta prudente y mediante qué mecanismos resulta ético mantener la vida o dejar que siga su curso y evolución natural una enfermedad teniendo como  resultado el final de la vida, enmarcado ello dentro del bloque de derechos humanos y la integridad y dignidad de la personas?,  ¿cómo  es y cuál es el límite de una intervención clínica con el objetivo de prolongar la vida sin vulnerar la dignidad e integridad humana?, y, en este sentido, ¿cómo generar condiciones de certeza y seguridad jurídica con respecto a la autonomía de voluntad de la persona en relación a su forma de vida pero de igual manera en el momento de su muerte? son preguntas recurrentes tanto en la bioética médica como en la bioética jurídica.

El debate en torno al final de la vida en un inicio se centró principalmente en el derecho a la muerte digna y el respeto a la autonomía de la voluntad y, lo sigue siendo.

En este contexto, la autonomía de la voluntad, se entiende como “la libertad de los particulares de desplazarse en lo jurídico mediante su autorregulación, para tutelar, defender y organizar sus propios intereses, así como para intercambiar satisfactores en las relaciones jurídicas que se dan entre ellos”. “La autonomía de la voluntad trae consigo el reconocimiento de la posibilidad del individuo de desplazarse en un radio de acción tan suficientemente razonable, que le permita plantearse, prever y resolver sus requerimientos personales y patrimoniales con una libertad legalmente garantizada tanto en su fuero interno para decidir, como en su decisión misma de vincularse o no vincularse, y en los términos y alcances decididos, pero en todo caso con autodeterminación, lo que le hace tener una participación protagónica en la vida jurídica activa, en la medida de sus alcances.”

Garantizar plenamente y dotar de certeza y seguridad jurídica a la autonomía de la voluntad es fin del Estado; así, la seguridad resulta ser un valor jurídico obligatorio, sustancial y general; las personas deben de gozar este valor y los Estados garantizarlo a través de su obligación de proteger derechos subjetivos dotándolos de fe pública a través de funcionarios públicos, profesionales e instrumentos normativos que garanticen no sólo el goce sino la efectividad de ejercicio de estos derechos.

En lo concerniente a la autonomía de la voluntad y el consentimiento,  a éste último, la doctrina lo conceptualiza, en términos generales como el acuerdo de dos o más voluntades con el objetivo de crear, transferir, conservar, modificar o extinguir, efectos de derecho, y es necesario que esas voluntades tengan una manifestación exterior; en su esencia, estructura y forma tendrá los siguientes elementos, por una parte, la Propuesta u oferta y, en la otra, la Aceptación.

En ese sentido, aparece una figura fundamental para garantizar el respeto a la autonomía de las personas incluso en aquellos momentos en que ya no les es posible expresar su voluntad en casos de preferencias médicas al final de la vida, estos documentos o instrumentos son llamados en términos generales “de voluntad anticipada” o Directrices Anticipadas”

Estos instrumentos tienen como finalidad el plasmar la voluntad de los enfermos con respecto a su rechazo sobre el uso de tratamientos médicos tendientes a prolongar su vida y, a su vez, generar un lazo vinculatorio tanto a los familiares y profesionales de la salud para que esa voluntad plasmada sea respetada, generando relaciones jurídicas.

La voluntad anticipada se inscribe en el derecho de los enfermos de que su decisión sobre sí sea respetada; así, la voluntad anticipada y el consentimiento informado dan fuerza y sustento a la autonomía de la manifestación de voluntad en relación a la aceptación de tratamientos, la solicitud de tratamientos y, en su caso, el rechazo a éstos.

Aunado a lo anterior, el garantizar el cumplimiento de la voluntad del paciente y de manera superior la procuración del bienestar total del paciente es un deber ético y jurídico.

Para ello, de igual manera, se han desarrollado a lo largo del tiempo una serie de figuras y ficciones jurídicas de representación de la voluntad de las personas, las cuales tienen la finalidad de materializar la manifestación de la persona a través de un tercero.

Así, la representación puede definirse como la facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre y por cuenta de otro.

“(...) Entendemos por representación, la realización y ejecución de actos jurídicos a nombre de otro; es decir, el obrar a nombre ajeno para la realización y ejecución de un acto o la celebración de un negocio jurídico.”

Por ende, representante es quien obra a nombre de otro; representado es aquel a cuyo nombre se obra. La representación deriva de la voluntad y del acuerdo entre las partes ( representación voluntaria), o de la ley ( representación legal).

La representación voluntaria puede derivar o tener fuente meramente en un acto unilateral  (poder o procura, ratificación) o bien, que el poder o atribución de facultades vaya acompañado de la aceptación del representante, con la finalidad de que este último realice de manera efectiva los deseos o intereses de una de las partes. Este tipo de representación tiene como esencia la manifestación de voluntad libre y autónoma.

La representación legal la otorga el ordenamiento positivo a los menores (patria potestad), a los ausentes e interdictos (tutela), a las sociedades personales en algunos casos, así como en ciertos casos en donde el representado no puede actuar.

La Ley General de Salud establece diversas disposiciones al respecto en su articulado:

Artículo 51 Bis 2. Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión

Artículo 75. El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida para solicitarlo por sí misma, por incapacidad transitoria o permanente, sea solicitado por un familiar, tutor, representante legal o, a falta de los anteriores, otra persona interesada, que en caso de urgencia solicite el servicio y siempre que exista la intervención de un médico calificado, que determine la existencia de un trastorno mental y del comportamiento y que debido a dicho trastorno existe un peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros.

La decisión de internar a una persona deberá ser notificada a su representante, así como a la autoridad judicial.

El internamiento involuntario será revisado por la autoridad judicial a petición de la persona internada o de su representante. La resolución de la autoridad judicial deberá estar fundada en dictamen pericial y, en caso de que se resuelva la terminación del internamiento, deberá establecer un plazo para que se ejecute la misma. En todo caso, durante dicho procedimiento deberá garantizarse la defensa de los intereses de la persona internada.

Las autoridades sanitarias deberán coordinarse con los organismos públicos de protección a los derechos humanos para que los establecimientos dedicados a la atención y tratamiento de las personas con trastornos mentales y del comportamiento sean supervisados continuamente, a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas internadas.

Artículo 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:

IV. Se deberá contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud.

Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos:

VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida;

X. Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, para el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, lo haga en su representación;

Artículo 166 Bis 8. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se encuentra incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos señalados en este título, serán asumidos por los padres o el tutor y a falta de estos por su representante legal, persona de su confianza mayor de edad o juez de conformidad con las disposiciones aplicables.

Consideramos que es necesaria una adecuación en las disposiciones establecidas en la Legislación en comento en relación a los términos de representación y manifestaciones de voluntad con base en los principios de progresividad y pro persona, generando así, mayor certeza y seguridad jurídica para las personas.

En consecuencia, en la presente iniciativa se propone lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 51 Bis 2,  se reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 75, se reforma la fracción IV del artículo 100,  se reforman las fracciones VI y X del artículo 166 Bis 3 y se reforma el artículo 166 Bis 8 de la Ley General de Salud.

Artículo 51 Bis 2. Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. Cuando la voluntad de los usuarios se exprese ante Notario Público ésta deberá de constar mediante el documento oficial que para esos fines establezca la Secretaría de Salud o en instrumento notarial, el cual deberá de cumplir con los requisitos que para este efecto señale la Secretaría de Salud a través de sus instancias correspondientes. En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder se sujetará en el consentimiento que, en su caso, haya sido manifestado por el usuario a través del documento oficial que para esos efectos establezca la Secretaría de Salud o en instrumento notarial con los requisitos generales señalados por la autoridad, por el representante legal en términos de la legislación aplicable, el representante voluntario ofamiliar que lo acompañe; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión.

Artículo 75. El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida para solicitarlo por sí misma, por incapacidad transitoria o permanente, sea solicitado por representante legal en términos de las legislaciones aplicables, tutor, un familiar, o, a falta de los anteriores, otra persona interesada, que en caso de urgencia solicite el servicio y siempre que exista la intervención de un médico calificado, que determine la existencia de un trastorno mental y del comportamiento y que debido a dicho trastorno existe un peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros.

La decisión de internar a una persona deberá ser notificada a su representante legal o voluntario, estas figuras en términos de la legislación aplicable, así como a la autoridad judicial.

El internamiento involuntario será revisado por la autoridad judicial a petición de la persona internada o de su representante legal. La resolución de la autoridad judicial deberá estar fundada en dictamen pericial y, en caso de que se resuelva la terminación del internamiento, deberá establecer un plazo para que se ejecute la misma. En todo caso, durante dicho procedimiento deberá garantizarse la defensa de los intereses de la persona internada.

Las autoridades sanitarias deberán coordinarse con los organismos públicos de protección a los derechos humanos para que los establecimientos dedicados a la atención y tratamiento de las personas con trastornos mentales y del comportamiento sean supervisados continuamente, a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas internadas.

Artículo 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:

I. a III...

IV. Se deberá contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación; cuando la manifestación expresa se haga ante Notario ésta debe de constar en documento oficial publicado por la Secretaría de Salud o en instrumento notarial, mismo que deberá de cumplir con los lineamientos y requisitos generales que para su efecto la Secretaría de Salud a través de sus instancias pertinentes señale,o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, ésta en los términos que las legislaciones aplicables establezcan, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud.

Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos:

I. a  V...

VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida; la manifestación de voluntad expresa se hará mediante el documento de directrices anticipadas o de voluntad anticipada, si es hecha ante  Notario Público, ésta debe de constar en el formato oficial publicado por la Secretaría de Salud o en instrumento notarial, mismo que deberá de cumplir con los lineamientos y requisitos generales que para su efecto la Secretaría de Salud señale; todos ellos a fin de garantizar certeza plena y seguridad jurídica a la manifestación de voluntad del paciente.

VII. a IX...

X. Designar, a representante voluntario, persona de su confianza, representante legal bajo los términos y formalidades de las legislaciones aplicables, para el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, lo haga en su representación;

XI. a XII...

Artículo 166 Bis 8.Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se encuentra incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos señalados en este título, serán asumidos por el representante legal en término de lo establecido en las legislaciones aplicables concerniente a esta figura, y en ausencia o falta de este persona de su confianza mayor de edad o juez de conformidad con las disposiciones aplicables, garantizando siempre el mayor bienestar del enfermo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Tomás de Aquino,  Suma Teológica. Cuarta edición. Reimpresión. Madrid. (2001). Biblioteca de autores cristianos. Recuperado de

https://www.dominicos.org/media/uploads/recursos/libros/suma/1.pdf

2 Cano Valle, F. (2005), Bioética temas humanísticos y jurídicos. Recuperado de

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1591-bioetica

3 Organización Mundial de la Salud. Programa Regional de Bioética. Recuperado de

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article &id=5582%3Aregional-program-on-bioethics&lang=es

4 Kottow, M. Bioética prescriptiva. La falacia naturalista. El concepto de principios en bioética. Recuperado de

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1666/5.pdf

5 http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf

6 https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html

7 López Cervantes, M. (2013), Ciencias de la salud. Recuperado de

http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/sp/wp-content/uploads/2013/12/ biblio-basica-1.1.2.pdf

8 Mill, J. S. Sobre la libertad. Recuperado de

https://drive.google.com/file/d/0B-ieFTa_U3q-WjNjSnpvSXhSM0E/view

9 Mill, J. S. El utilitarismo. Recuperado de

https://filoeleutheria.files.wordpress.com/2010/03/mill-john-stuart- el-utilitarismo.pdf

10 Domínguez Martínez, J.A. Orden Público y Autonomía de la Voluntad. Cien años de derecho civil en México 1910-2010, (2011). Recuperado de

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3834-cien-anos-de- derecho-civil-en-mexico-1910-2010-conferencias-en-homenaje-a-la- universidad-nacional-autonoma-de-mexico-por-su-centenario#131782

11 Ibid., página 84

12 Barrera Graf, J. La representación voluntaria en derecho privado. UNAM. Recuperado de

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/709-la-representacion- voluntaria-en-derecho-privado-representacion-de-sociedades

13 Cámara de Diputados. Honorable Congreso de la Unión. Ley General de Salud. Recuperado de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_081217.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2018.— Diputado Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UN VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Branda Velázquez Valdez, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXlll Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y se recorre la subsecuente, al artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de incorporar el concepto de violencia política de género, al tenor de la siguiente;

Exposición de Motivos

En una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en ésta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses.

Puede argumentarse que, en la lucha política, tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de conflicto y violencia. Sin embargo, es importante distinguir entre aquélla que se ejerce contra las mujeres en razón de género y la que es propia del juego político.

La violencia cometida contra las mujeres por ser mujeres tiene un significado adicional como una forma de imponer roles de género, así como una forma de dominación, subordinación y control de las mujeres como grupo.

De ahí que los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo su descalificación, una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia su capacidad y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección.

Tomando como referencia los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica; es posible derivar dos elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género.

El primero es cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres.

Y el segundo, cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres; esto es, cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; o cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En ambos casos, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres.

El Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres indica 5 puntos para identificar la existencia de violencia política contra la mujer por motivos de género:

1. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres.

2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).

4. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.

5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.

Estos conceptos incorporados al Protocolo, carecen del sustento legal necesario para que la autoridad se encuentre en posibilidades de actuar contra quien o quienes cometan violencia política de género, simplemente porque la Ley correspondiente no la contempla.

Por ello, es indispensable que se agregue a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este tipo de violencia en contra de las mujeres, que es la violencia política de género y su concepto.

Cabe mencionar que dicha conceptualización fue retomada de la definición contenida en la primera versión del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que a su vez fue construida a partir de la Convención Belém do.

Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de 2012 a 2016 el número de denuncias de violencia política en contra de mujeres se disparó en más del 100 por ciento.

En 2017 se denunciaron ante la Fepade 98 casos de denuncias por violencia política de género en 24 estados de la República, asi mismo esa Fiscalía informó que ha registrado 52 casos de violencia política de género al 4 de enero de 2018.

De esos 52 la Fepade ha registrado 10 casos de violencia política a candidatas en procesos electorales y 21 casos de violencia política se comete contra mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas.

El principio fundamental es que las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, la violencia política contra la mujer es inadmisible en una democracia moderna.

Desde la Cámara de Diputados tenemos el deber y la obligación de promover los cambios legislativos necesarios en pro de la mujer y en contra de la discriminación y la violencia.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Artículo Único.Se adiciona una fracción VI y se recorre la subsecuente, al artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Articulo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Violencia política de género.- Comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un Impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político electorales, incluyendo el ejercicio o el acceso a un cargo.

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el quince de febrero de dos mil dieciocho.— Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE AGILICE EL DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PESCAR EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y SE ENTREGUE APOYOS A PESCADORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar el documento de autorización de manifestación de impacto ambiental para pescar en el alto golfo de California y entregar apoyos a pescadores, suscrita por los diputados José Everardo López Córdova y Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales José Everardo López Córdova y Exaltación González Ceceña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por la cual la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a agilizar el documento de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental para pescar en el Alto Golfo de California y entregue apoyos a pescadores, conforme a los siguientes:

Considerandos

México tiene una riqueza natural de especies marinas, lo que le da el reconocimiento de ser un país megadiverso, y con el objeto de garantizar su protección, conservación y recuperación cuando se encuentran en riesgo, la autoridad federal establece temporadas de veda.

La vaquita marina y la totoaba son especies en peligro de extinción y por esta razón, en el Alto Golfo de California, en varias ocasiones se ha establecido zonas de veda; sin embargo, por su alto valor comercial se siguen presentando casos de pesca ilegal que han llevado a disminuir drásticamente el número de ejemplares de estas especies.

El Ejecutivo federal ha instrumentado diversos programas y acciones específicas para investigar, ubicar y detener a presuntos traficantes de pesca furtiva. En particular, estableció el Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California que tiene como objetivo la preservación de las especies en peligro de extinción de la zona, e instrumentó desde el 2015 el Programa de Compensación Social para apoyar económicamente de forma temporal a los pescadores que resultan afectados con motivo de la suspensión temporal de pesca para contribuir a la conservación de la vaquita marina y la totoaba.

Se han presentado diversas proposiciones con punto de acuerdo por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como de otras fuerza políticas en el Congreso de la Unión, para exhortar a las autoridades federales a intensificar las acciones de inspección, vigilancia y seguridad para evitar la captura de especies marinas en peligro de extinción en el Alto Golfo de California, buscar nuevas estrategias para evitar su tráfico y pesca ilegal, así como apoyos a la población dedicada a la pesca que resulta afectada con las vedas.

Nuevamente la Profepa anunció la suspensión de actividades pesqueras en el Área Natural Protegida del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en tanto se otorgan las autorizaciones y/o permisos correspondientes en materia de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; sin embargo pasa el tiempo y los pescadores no tienen respuesta de cuándo podrán continuar sus actividades.

Esta situación se presenta de forma recurrente, lo que lleva a conflictos sociales porque por proteger a especies en peligro de extinción las autoridades federales suspenden la fuente de ingreso y empleo de pescadores legales. Llegan las autoridades, prometen otorgar el permiso, pasa tiempo y no cumplen, lo que deriva en que los pescadores en su desesperación realizan actos violentos para llamar la atención y que la autoridad cumpla su compromiso.

Quienes están siendo afectados por estas medidas, son pescadores de curvina, siendo el  único sustento de aproximadamente mil 300 familias de la zona, lo que implica también afectar a comunidades que viven de esta actividad; sin que Conapesca, autoridad responsable en esta materia, les de alternativas reales a los pescadores legales, ni Semarnat agilice los permisos correspondientes.

La pesca de curvina es de las actividades más reguladas del país, al contar con permisos específicos, cuotas de captura, una Norma Oficial Mexicana (NOM-063-PESC-2005), arte de pesca selectivo, plan de manejo pesquero, además está en la carta pesquera nacional y cuenta con monitoreo administrativo.

El Comité Consultivo de la Pesquería declara públicamente: “Queremos seguir trabajando como la pesquería ordenada y responsable que somos, por eso es importante que no se castigue la pesquería de curvina por la ineficiencia de las autoridades para frenar la pesca ilegal de la totoaba”.

Pescadores del Golfo de Santa Clara, el pasado 26 de enero de 2018, se manifestaron nuevamente a causa del abandono del gobierno hacia el sector pesquero, informaron que nuevamente se encuentran en estado de indefensión: sin compensación y sin artes de pesca viables. No saben si el gobierno federal les dará la compensación este año, o les permitirá ingresar a pescar al mar, además manifestaron que el programa piloto de usar redes suriperas no ha dado resultado, aunque saben que el proyecto para evaluar resultados concluirá hasta el mes de marzo.

Por ello, los legisladores del Partido Acción Nacional seguiremos insistiendo en este tema, no solo porque estamos comprometidos con nuestra biodiversidad y con el combate a la pesca ilegal, sino porque necesitamos medidas contundentes que apoyen a los pescadores que están siendo afectados por falta de acciones de la autoridad, como resulta otorgar el apoyo compensatorio y agilizar el documento de autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental que necesitan los pescadores para salir a pescar.

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se agilice el documento de autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental para pescar en el Alto Golfo de California y que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entregue el apoyo compensatorio a los pescadores afectados por la suspensión temporal de la pesca.

Ciudad de México, 15 de febrero de 2018.— Diputados: José Everardo López Córdova y Exaltación González Ceceña (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SE DIFUNDAN LOS RESULTADOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA DE 2014 Y SUS LEYES SECUNDARIAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales a difundir los resultados de la reforma energética de 2014 y sus leyes secundarias, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que el mes de abril del año 2014, el titular del Poder Ejecutivo federal ingresó a la Cámara de Senadores el llamado “paquete de reformas energéticas o leyes secundarias” que culminó con su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto.

Dicho paquete de leyes secundarias preveían la Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Que para alcanzar estas bases, bajo las cuales el Ejecutivo federal impulsó la dañina reforma, se tuvieron  que realizar diversas modificaciones legislativas,  institucionales y normas que facilitaran  la exploración de  técnicas altamente cuestionadas por sus impactos ambientales, sociales y en salud pública.

Que el impacto mediático de la campaña del gobierno federal en favor de la reforma fue avasallador y bajo tres premisas;

1. México ya no tiene reservas de petróleo y solamente durarían nueve años

2. Pemex no tiene la tecnología para explorar y perforar en aguas profundas del golfo de México, necesita aliarse con empresas internacionales poseedoras de esa tecnología

3. Pemex no tiene dinero para llevar a cabo las exploraciones necesarias para encontrar los yacimientos que compensen la caída de las reservas y de la extracción de petróleo.

Que el día de su promulgación, el Ejecutivo federal, señaló;

“ Esta nueva legislación representa un cambio histórico que acelerará el crecimiento económico y el desarrollo de México durante los próximos años.

Lo más importante es que esta transformación se traducirá en beneficios concretos para todas las familias. Al haber más gas y a menor costo para generar la electricidad, así como una mayor competencia en el sector eléctrico, gradualmente disminuirán los precios de la luz y el gas que pagan los hogares del país.

Gracias a la unidad de propósitos, en meses superamos décadas de inmovilidad, se han derribado barreras que impedían a México crecer de manera acelerada y sostenida.”

Sin embargo, según refiere un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2017 se ubicó a México como el país donde más se incrementaron los precios de los energéticos.

El mismo estudio narra que tras de un total de 35 naciones analizadas, México registró un incremento inflacionario de 16.2 por ciento en el precio de la gasolina, el gas y la electricidad, esto ocurrió a un año de que iniciara la liberalización de los precios de la gasolina que preveían lo contrario.

Que si analizamos otra parte del discurso del ejecutivo el día de su promulgación notaremos un contraste en los precios de la canasta básica, cuyos productos, en su mayoría deben salir del campo;

“Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas, igualmente bajará el precio de los fertilizantes y en consecuencia nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios”.

El  Índice de Precios al Consumidor de la OCDE, publicado en diciembre de 2017, establece que México es el país con mayor inflación en general de los países analizados con 6.4 por ciento y el cuarto con mayor inflación en el precio de los alimentos con 7.4 por ciento.

Que según Keisuke Sadamori  director de Mercados de Energía y Seguridad de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la producción de petróleo en nuestro país continuará reduciéndose en 130 mil barriles diarios durante el 2018, con lo que cerraría en mil 818 millones de barriles por día al final del año, cayendo al menos 6.7 por ciento de un año a otro.

Asimismo, en los siete primeros meses del año 2017, Pemex ha bombeado 2.1 millones de barriles diarios en promedio, frente a los casi 2.2 millones  extraídos entre enero y julio de 2016.

El gobierno mexicano espera que la producción media de crudo ronde los 1.9 millones de barriles en todo 2017, casi 200 mil menos que el ejercicio anterior.

Lo anterior se contrapone en totalidad con los argumentos señalados en el documento, “La reforma energética” emitido por el gobierno de la republica, que señala los beneficios y afirma que;

“ Aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se producen actualmente, a 3 millones de barriles en 2018”

Que en los primeros días de 2018, los gasolineros anunciaron un alza en los precios a causa de un incremento de 6.9 por ciento al impuesto sobre producción y servicios. En el valle de México, los precios aumentaron entre 39 centavos y un peso por litro respecto a diciembre.

Según el Centro de Estudios en Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, entre 2012 y 2017, los ingresos petroleros tuvieron una caída acelerada y permanente al pasar de 1 billón 386 mil 406 millones de pesos en 2012 a 835 mil 602 millones de pesos en 2017.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Energía (Sener), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) a que hagan públicos los resultados de la reforma energética y sus leyes secundarias publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Energía (Sener), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) a que hagan públicas las medidas adoptadas ante la disminución de la producción de barriles de petróleo y el alza en combustibles y energéticos, mismas que deben garantizar la estabilidad macroeconómica y microeconómica a favor de las familias de nuestro país.

Notas

1 https://www.gob.mx/presidencia/

2 http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/

3 Ibíd.

4 https://www.eleconomista.com.mx/

5 https://elpais.com/economia/

6 https://www.gob.mx/

7 http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de febrero de 2018.— Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

BROTE DE LA ENFERMEDAD DE CARBÓN SINTOMÁTICO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al brote de la enfermedad de carbón sintomático bovino en Asunción Ixtaltepec, del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Morena, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al brote de la enfermedad de carbón sintomático bovino en el municipio de Asunción Ixtaltepec, de la región del Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La enfermedad del ganado bovino llamada de “carbón sintomático”, de acuerdo a los especialistas veterinarios, es una patología “infectocontagiosa aguda, que afecta bovinos y ovinos produciendo fiebre y tumefacción muscular enfisematosa. Enfermedad infecciosa causada por una bacteria (clostridium) que provoca la inflamación de los músculos, toxemia grave y mortalidad elevada... La sintomatología que se observa en el animal antes de la muerte es cojera intensa con pronunciada inflamación de la parte superior de la extremidad afectada, depresión, anorexia, estasis del rumen, temperatura elevada (41 grados centígrados –°C). La zona tumefacta está caliente y dolorosa al tacto, que pronto se torna en masa indolora, al tiempo que aparecen edema y enfisema; la piel cambia de color, tornándose seca y agrietada...

“Los animales muertos suelen encontrarse en una posición característica de decúbito lateral con la extremidad posterior afectada rígida. Pronto se observa meteorismo y putrefacción, así como salida de exudado sanguinolento por ano y nariz; la sangre huele rancio, el corte tiene brillo metálico en su superficie y exuda gran cantidad de líquido claro teñido, además de gran cantidad de burbujas de gas... Por lo regular, las lesiones quedan limitadas a la parte superior de la extremidad. En algunos casos se observan lesiones situadas en otros puntos como: base de la lengua, músculo cardiaco, diafragma, pecho y ubre. La enfermedad evoluciona rápidamente, por lo que el animal muere en el transcurso de 12-36 horas después manifestarse los primeros síntomas y, en algunos casos, los animales afectados mueren sin presentar los signos.”

El 10 de febrero, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, de la región del Istmo de Tehuantepec, los ganaderos señalaron la súbita aparición de un “virus” que causó la rápida enfermedad y muerte de reses provocando la alerta ante una patología que amenaza, sobre todo, los medios de subsistencia de los ganaderos y la pérdida de recursos económicos. De acuerdo con la información dada a conocer, entre 15 y 20 cabezas de ganado murieron en sólo cuatro días por el padecimiento en el cual la sintomatología refería la pérdida del movimiento de patas traseras, fiebre, manchas y la muerte en pocos días.

Posteriormente, el 12 de febrero, fue publicado que las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del estado de Oaxaca estarían coordinando esfuerzos y acciones para el combate del brote de carbón sintomático bovino advirtiendo a los ganaderos de la rápida intervención para la aplicación de vacunas a fin de combatir esta patología; sin embargo, los productores, quienes llegan a tener hasta mil cabezas de ganado, demandaron de las autoridades el desarrollo de facilidades para la compra y administración de medicamentos, vacunas además de la cobertura de seguros pecuarios para reparar las pérdidas que se han dado por el brote de la enfermedad. De acuerdo con los ganaderos, las aseguradoras no habían intervenido en la cobertura de daños amparada por el seguro pecuario.

De acuerdo con ProAGro Seguros, “la pérdida de animales por muerte o enfermedad implica un alto riesgo financiero. Un evento catastrófico por accidente o enfermedad puede ser la causa de descapitalización y la quiebra financiera de la empresa. Un accidente carretero durante la transportación del ganado puede ser una pérdida a un paso de la comercialización, después de haber invertido en la engorda de sus animales”.

En este sentido, se considera oportuno el exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de su competencia, refuerce las acciones que permitan contener y erradicar el brote de carbón bovino en esta región del Istmo de Tehuantepec; asimismo, se considera un exhorto al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que, en el ámbito de su competencia como entidad responsable de la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan a los animales e impactan en la salud pública y en la economía nacional, otorgue facilidades en la dotación de vacunas que permitan la protección del ganado ante este brote infeccioso. De igual forma, se debe insistir en un exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de su competencia, otorgue la asesoría necesaria a los productores pecuarios a fin de que accedan, sin mayor dilación, a las coberturas de seguros ante la pérdida de cabezas de ganado por enfermedades infecciosas.

Igualmente, se estima un exhorto al secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, refuerce acciones a fin de erradicar el brote de carbón bovino en el municipio de Asunción, Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de su competencia, refuerce las acciones que permitan contener y erradicar el brote de carbón bovino en el municipio de Asunción Ixtaltepec, de la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

Segundo.Se exhorta al director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que, en el ámbito de su competencia, otorgue facilidades para la dotación de vacunas que permitan la protección del ganado ante el brote de carbón bovino en el municipio de Asunción Ixtaltepec, de la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

Tercero. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de su competencia, otorgue las asesorías necesaria a los productores pecuarios a fin de que accedan a las coberturas de contratos de seguros ante la pérdida de cabezas de ganado afectados por el brote de carbón bovino en el municipio de Asunción Ixtaltepec, de la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, refuerce acciones a fin de erradicar el brote de carbón bovino en el municipio de Asunción Ixtaltepec, de la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.

Notas

1 “Carbón sintomático” en:

http://zoovetesmipasion.com/ganaderia/enfermedades-bovinas/carbon-sintomatico/, 11 de noviembre de 2017.

2“Afecta virus a ganado en Asunción Ixtaltepec” En:

http://www.primeralinea.mx/afecta-virus-a-ganado-en-asuncion-ixtaltepec/

3 “Combinan Sagarpa y Sedapa acciones para el combate de

4 En: http://www.proagroseguros.com.mx/contenido.php?seccion=ganadero

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

SE MODIFIQUE EL PERIODO DE ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES DE SEDESOL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a modificar en el programa Pensión para Adultos Mayores el periodo de entrega de recursos, suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de su programa “Pensión para adultos mayores” modifique el periodo de entrega de recursos, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

La Secretaría de Desarrollo Social, lleva el “Programa de Pensión para Adultos Mayores”, el cual, como su misma descripción lo indica, atiende a la población adulta mayor de 65 años en adelante y tiene cobertura nacional.

Para ser beneficiario es necesario tener 65 años o más, y no recibir ingresos mayores a 1,092 pesos mensuales por concepto de pago de jubilación o pensión por parte de instituciones como IMSS, ISSSTE, Pemex, entre otras.

Este programa existe desde el año 2007, el entonces llamado “70 y más”, donde los adultos mayores de 70 años recibían 500 pesos mensuales, pero a partir del año 2013 se extendió la cobertura incluyendo a los adultos mayores de más de 65 años y entregándoles 580 pesos al mes,  los cuales son acumulados y entregados cada dos meses, es decir, 1,160 pesos, y tienen la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de los adultos mayores.

Aquellos usuarios del programa también tienen derecho a participar en grupos de crecimiento, campañas de orientación social, así como en jornadas informativas relativas a temas de salud, desarrollo personal y otros, siempre en beneficio de la población de adultos mayores. De igual forma se puede acceder a servicios y apoyos de instituciones como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Seguro Popular, por ejemplo.

Sin embargo, esta entrega de recurso se ve opacada por malas prácticas administrativas, lo cual hace que el recurso, en lugar de presentarse puntualmente cada 60 días, tarde en promedio 75 días en poder cobrarse, lo cual representa un obstáculo a la administración del raquítico recurso, y es que actualmente, 35 por ciento de los mayores de 60 años viven en situación de pobreza y un vergonzoso 9 por ciento padece pobreza extrema, por lo cual la puntualidad del recurso es fundamental.

Esos 19 pesos por día son ya por sí mismos una cantidad insuficiente a los precios de la canasta básica y a la inflación presentada en el país en los últimos años. Son ya cuatro años consecutivos que la pensión que reciben los adultos mayores no presenta ningún aumento a pesar de la inflación del país, la cual representa una caída de 14 por ciento en términos reales respecto al nivel de 2014.

Desde 2014 es que el monto recibido se mantiene en la misma cantidad, sin embargo, el poder adquisitivo desde hace 4 años resulta muy diferente y el precio de la canasta básica sigue incrementando mes con mes.

Evolución mensual del valor de la canasta alimentaria (línea de bienestar mínimo) *

Enero de 2010-diciembre de 2017

Desafortunadamente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, indicó que los adultos mayores de 65 años dependen en gran medida de los apoyos del Estado pues no cuentan con ingresos mínimos necesarios o seguridad social, pero al mismo tiempo el Estado no destina los recursos suficientes para apoyarlos.

Actualmente son más de 5.5 millones los beneficiarios al Programa de Pensión para Adultos Mayores,  por lo cual resulta urgente que el poco recurso con el que se apoya a millones mexicanos de la tercera edad, goce de una entrega mensual y puntual para que les de la poca libertad de cubrir sus necesidades básicas de alimento.

Considerandos

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. indica que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado lo garantizará.

Sedesol ha mostrado mejoras a sus reglas de operación anteriormente y a favor de sus beneficiarios.

El artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señala la obligatoriedad de garantizar a las personas adultas mayores acceso a los satisfactores necesarios como el alimento, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

En la misma ley, en su artículo 6to, señala que es responsabilidad del Estado la de garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores.

Según el Coneval, en 2016, 62 millones de mexicanos contaban con un ingreso inferior a la línea de bienestar y más de 21 millones ganaban un ingreso inferior al necesario para comprar una canasta de alimentos básica.

Según el artículo 123 de nuestra Carta Magna, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, sin embargo, si el salario mínimo actual se queda corto por 273 pesos para cubrir lo requerido por una sola persona, ¿qué podemos decir de lo que reciben nuestros adultos mayores como pensión alimenticia?

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de la soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de su programa “Pensión para adultos mayores” modifique el periodo de entrega de recursos de bimestral a mensual.

Notas

1 Sedesol. “Programa de Pensión para Adultos Mayores”. 8 de febrero de 2018.

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/pension-para-adultos-mayores

2 Milenio. “Pensión para adultos de 65 años y más: Peña”. 6 de junio de 2016.

http://www.milenio.com/poligrafo/Pension_universal_adultos_anos-Pena_ Nieto_pension_universal-65_y_mas_6_591000895.html

3 Milenio. “En febrero, CDMX aumentará la pensión para adultos mayores”. 11 de enero de 2018.

http://www.milenio.com/df/aumento-pension-adultos_mayores-febrero-2018- gobierno-cdmx-milenio_0_1101490089.html

4 Condusef. “Sesenta y más”. Consultado el: 8 de febrero de 2018.

http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/ahorro/retiro/831-sesenta-y-mas

5 La Razón. “Recortes a adultos mayores y olvidada pensión universal“. 29 de enero de 2018.

https://www.razon.com.mx/%EF%BF%BCrecortes-a-adultos-mayores-olvidada- pension-universal/

6 El Financiero. “Aumento de $76.65 para febrero de 2018 Inflación ‘se come’ la pensión de la Sedesol para adultos mayores”. 5 de enero de 2018.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-come-la-pension- de-la-sedesol-a-adultos-mayores.html

7 Coneval.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y- canasta-basica.aspx

8 El Financiero. “Aumento de $76.65 para febrero de 2018 Inflación ‘se come’ la pensión de la Sedesol para adultos mayores”. 5 de enero de 2018.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-come-la-pension- de-la-sedesol-a-adultos-mayores.html

9 Excélsior. “Sedesol modifica prueba de sobrevivencia para ‘65 y Más”. 2 de enero de 2017.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/02/1137450

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

11 El Universal. “Nuevas reglas de operación del programa pensión para adultos”. 2 de enero de 2017.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/2/ nuevas-reglas-de-operacion-del-programa-pension-para-adultos

12 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_271216.pdf

13 Arena Pública. “Suben 8.1% precios de la canasta básica en 2017 y 21 millones no tienen para comprarla”. 12 de enero de 2018.

https://www.arenapublica.com/articulo/2018/01/12/8914/canasta-basica- alimentaria-sube-precio-costo-inflacion-coneval-inegi-2017-2018

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

SE ESTABLEZCAN Y DIFUNDAN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE EL EXTRAVÍO DE PERSONAS MENORES DE EDAD O INCAPACES DE VALERSE POR SÍ MISMAS EN LOS AEROPUERTOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a establecer y difundir con la Policía Federal protocolos de actuación ante el extravío en los aeropuertos nacionales de menores de edad o incapaces de valerse por sí mismos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Hernán Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76 fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los aeródromos civiles, conocidos como aeropuertos, son áreas definidas de tierra o agua adecuadas para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación.

En ellos transitan diariamente miles de personas, con muy diferentes condiciones personales, que viajan por diversos motivos y que tienen un punto de encuentro en sus instalaciones.

Las dimensiones físicas de los aeropuertos, sumado a los conglomerados de personas que transitan en ellos, hace factible que personas que no pueden valerse por si mismos, tales como menores de edad o interdictos, puedan extraviarse.

En el pasado mes de diciembre, al regresar al estado de Jalisco, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal 1, en las salas de última espera, nos percatamos de una menor de edad, vagando por los pasillos de la terminal aérea, llorando con angustia, sin que ningún cuerpo de seguridad se hubiese acercado a ella para auxiliarla, de modo tal que un servidor se acercó y le preguntó que le ocurría, confirmando que estaba extraviada y había perdido de vista a sus padres.

Al intentar contactar, de primera cuenta, a personal de las diferentes aerolíneas con la intención de que vocearan el paradero de la niña, contestaron que no era parte de sus funciones y que debíamos dirigirla con personal de la seguridad privada del aeropuerto; procedimos a la búsqueda de algún elemento de seguridad y al contactarlo, de manera indiferente, respondió que la niña había sido encontrada en un área de las salas de última espera del aeropuerto que no está a su cargo, pues a él le correspondía un número de salas determinadas y, que por tanto, no podía hacer nada.  Como último intento,  buscamos a algún oficial de la policía federal, sin éxito alguno.

Finalmente, cuando contactamos a una persona de seguridad que dispuesto a hacerse cargo de la menor, indicó que la sacaría del aeropuerto para llevarla a un módulo externo a la terminal aérea, lo que representaba un riesgo de inminente separación de sus padres, por lo que entre las personas que hasta ese entonces estábamos al tanto de la situación, decidimos buscar por cuenta propia y sala por sala a los padres de la menor. Minutos después pudimos entregarla de mano a su madre, quien estaba realmente conmocionada por la desaparición de su hija y también desconcertada al buscarla sin saber a quién o a dónde acudir.

Entendemos que dentro del aeropuerto, es la autoridad aeroportuaria la que tiene presencia suficiente para dar respuesta inmediata ante un menor extraviado, o la notificación de parte de sus padres, tutores o cualquier persona que estuviera cuidándolo, y quien debiera notificar a la policía federal, para dar el curso pertinente.

En los aeropuertos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal tienen competencias concurrentes en materia de seguridad.

Al respecto la Ley de la Policía Federal, señala:

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. a II. ...

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

...

b) a e) ...

IV. a XXXV. ...

XXXVI. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de dichas mercancías en cualquier parte del territorio nacional.

...

XXXVII. a XLVII. ...

La Ley de Aeropuertos, en su artículo 6, señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como autoridad aeroportuaria, tendrá la atribución, de (VI.) Establecer las normas básicas de seguridad en los aeródromos civiles. El Capítulo IX de la misma Ley, titulada “De la seguridad”, en el artículo 71 señala que “La vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.”

El artículo 72 refiere que “Los concesionarios y permisionarios deberán poner en práctica programas de emergencia y contingencia, colaborar en los dispositivos de seguridad en las operaciones aeroportuarias, y mantener los equipos de rescate y extinción de incendios en óptimas condiciones de operación. Asimismo, deberán hacer del conocimiento de la autoridad aeroportuaria cualquier situación técnica y operativa, relevante o emergente, en materia de seguridad.”

Finalmente el artículo 73, dispone que “A nivel nacional deberá existir un comité de seguridad aeroportuaria integrado de conformidad con el reglamento respectivo, que será el encargado de emitir el programa nacional de seguridad aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la Secretaría.

En los aeropuertos deberán funcionar comités locales de seguridad, presididos por un representante de la Secretaría, que emitirán los programas de seguridad correspondientes, previa opinión del comité de seguridad aeroportuaria. Estos deberán autorizarse por la Secretaría para su entrada en vigor.”

Para tales efectos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejercerá la autoridad aeronáutica y aeroportuaria a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), representada por el Comandante General quien tendrá a su cargo un grupo de inspectores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Las funciones y actividades de la Comandancia General se rigen en apego a lo establecido en la Ley y Reglamentos de Aeropuertos y de Aviación Civil, así como la Ley de Vías Generales de Comunicación, Normas Oficiales Mexicanas y demás legislación aplicable en la materia, para cumplir con los niveles de seguridad nacional e internacional que se deben tener para la operación en el AICM, realizando entre otras, las siguientes actividades sustantivas:

Diariamente y en forma programada realiza inspecciones y supervisiones de: instalaciones aeroportuarias, aeronaves, personal técnico aeronáutico, supervisión en el cumplimiento de las normas y reglamentos, Identificación y eliminación de actos, actitudes y condiciones que representen un riesgo. Investigación de accidentes e incidentes. Coordinar e instrumentar los sistemas y procedimientos de seguridad vigentes. La DGAC también coordina su esfuerzo con otras autoridades federales para garantizar la seguridad en: vuelo y aeropuerto.

Por lo anterior, es relevante que las autoridades responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos en los aeropuertos, establezcan protocolos que atiendan los posibles casos de extravío de menores de edad, interdictos o que tengan alguna clase de incapacidad, incluyendo a los cuerpos de seguridad privados y al propio personal de las aerolíneas, dando suficiente difusión para que los usuarios y los propios empleados aeroportuarios sepan cómo actuar ante una contingencia similar.

Por lo anteriormente expuesto esta honorable Cámara de Diputados extiende el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que en coordinación con la Policía Federal, establezcan y difundan protocolos de actuación, que incluya a los cuerpos de seguridad privada de los aeropuertos, además de los primeros respondientes en las aerolíneas, ante el extravío de personas menores de edad o incapaces de valerse por si mismas en los aeropuertos del país.

Nota

1 https://www.aicm.com.mx/dependencias/dgac Consultado el 6 de enero de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 7 de febrero 2018.— Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

SE GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS QUE TRANSITAN POR EL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM, a garantizar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que transitan por el país, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

El Inegi define migración como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar.

De acuerdo con datos de la Organización de la Naciones Unidas en su informe Migraciones 2017, hasta 2015 en el mundo hubo alrededor de 258 millones de personas migrantes, es decir, la migración a nivel mundial aumento en 49 por ciento desde 2000.

En dicho informe se evidenció que Estados Unidos es el país con el mayor número de migrantes internacionales, con 19 por ciento del total.

En cuanto a México, de acuerdo con un informe presentado por la Comisión Nacional de Población, se encuentra en segundo lugar con migrantes en el mundo, pues estima que cerca de 12.3 millones de mexicanos se encuentran radicado en otros países, siendo Estados Unidos el país en el que más connacionales radican.

México es un país de paso para miles de personas del centro y sur de América que van en busca del “sueño americano”, con el fin de conseguir un mejor nivel de vida, mayor desarrollo personal y mejores oportunidades de empleo y económicas que no encuentran en sus países, tal como sucede en México.

Lamentablemente, los migrantes que cruzan por México para llegar a Estados Unidos padecen de muchas injusticias y violación a sus derechos humanos, pues son un grupo vulnerable, invisible e incontable para el gobierno.

Por ser migrantes ilegales se encuentran expuestos a enfermedades como hipotermia, mutilaciones en su intento por aborda el tren que los llevara al norte del país, actos delictivos, abusos de autoridad, violaciones, extorsiones, asesinatos impunes, secuestros y, en general, violación a sus derechos humanos.

En un esfuerzo por garantizarles un mínimo de bienestar, tanto a los migrantes mexicanos como a los extranjeros, el pasado 29 de abril se aprobó la Ley de Migración como el marco jurídico que regula el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales (artículo 1 Ley de Migración), además de que se busco eliminar todas las políticas y prácticas discriminatorias contra los migrantes.

Para instaurar la política migratoria del país, se creó el Instituto Nacional de Migración, el cual tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia (artículo 19 de la Ley de Migración).

De acuerdo con la fracción III y IV del artículo 20 de la misma ley, al Instituto le corresponde tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros migrantes; conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, todo ello ajustado a la ley y su reglamento.

Si bien se cuenta con un orden jurídico en materia de migración, los escenarios a que se enfrentan miles de migrantes ilegales muestran la falta de cumplimiento de dicho orden.

Un ejemplo claro son los 122 migrantes centroamericanos varados en la Estancia Migratoria Fortín, donde, de acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentada el pasado 15 de enero, los migrantes demandaron ante esta instancia la falta de asesoría legal, la falta de comunicación e incluso el espacio en el que son alojados pues mencionaron que se asemejaban a celdas para delincuentes pues son áreas sucias y en pésimas condiciones.

Debido a lo anterior la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración por la violación a derechos humanos de 122 personas en contexto de migración centroamericana que detuvo y alojó en instalaciones no reconocidas como recinto migratorio.

Si bien los migrantes alojados en dicha estancia son ilegales, la ley en la materia los protege y les garantiza sus derechos humanos, tal como lo señala el artículo 69 que a la letra dice:

Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular en el país tendrán derecho a que las autoridades migratorias, al momento de su presentación, les proporcionen información acerca de

I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano;

II. El motivo de su presentación;

III. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable;

IV. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria, al consulado del país del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado;

V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de esta ley; y

VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta ley.

Sin embargo, pese a que el gobierno mexicano firmo acuerdos con países como Honduras y El Salvador para que las repatriaciones sean dignas y con pleno respeto a sus derechos humanos la realidad a la que se enfrentan los migrantes ilegales es muy diferente.

La situación se vuelve aún más compleja cuando los migrantes ilegales son menores de edad. En el caso anteriormente mencionado 8 de los 122 migrantes se encontraban en este grupo de población.

Aunque el Instituto Nacional de Migración argumenta que la Estancia del Fortín es sólo utilizada como una estancia provisional, la CNDH documentó que en el caso de los menores, fueron canalizados al DIF a destiempo y no de manera inmediata, omitiendo así la protección integral de sus derechos y salvaguardando el interés superior de la niñez.

En la recomendación, los defensores solicitan al Instituto Nacional de Migración supervisar todas las estaciones migratorias del país a fin de que no se repliquen estos casos y se asignen los recursos necesarios para que las instalaciones que lo requieren brinden un alojamiento digno para los migrantes centroamericanos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a

a) Garantizar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que transitan por el país con destino a los Estados Unidos y a sus países;

b) Envira un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran los recintos que resguardan a los migrantes;

c) Efectuar en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia acciones que permitan brindar una atención adecuada a las niñas, niños y adolescentes no acompañados, y que son presentados ante las estancias migratorias, garantizando su protección integral; y

d) Implantar acciones para que las personas que detenidas en la estancia “provisional” migratoria Fortín sean trasladadas a un recinto migratorio legalmente reconocido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

SE CONDENA EL HOSTIGAMIENTO CONTRA LAS ACTIVIDADES DE PRECAMPAÑA REALIZADAS POR MORENA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES DELEGACIONALES DEL PRD

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena el hostigamiento contra las actividades de precampaña de Morena en Venustiano Carranza, Ciudad de México, promovido por las autoridades delegacionales del PRD, lo que atenta contra el derecho fundamental a la libre manifestación y crea un clima de provocación ante el inicio de las campañas electorales de 2018, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. A pesar de contar con un sistema político pluripartidista, en México no se ha instalado la democracia plena. Los vicios del viejo régimen autoritario prevalecen, no sólo en el partido heredero de esas prácticas, sino en partidos y gobiernos que se definen de izquierda. En su afán de conservar el poder han atropellado libertades políticas fundamentales de sus opositores.

Desde su fundación, Morena ha sufrido el acoso y las agresiones de gobiernos estatales y del federal, que le han impedido u obstaculizado desarrollar sus actividades político-electorales en un marco de civilidad y de respeto a la Constitución y a las leyes. La Ciudad de México no ha sido la excepción, durante las campañas electorales de 2015, para la Constituyente de 2016 y ahora la precampaña de 2018 el clima de hostigamiento contra nuestro partido ha sido una constante. Los militantes y simpatizantes de Morena han sufrido agresiones directas en las Demarcaciones de Venustiano Carranza, Iztapalapa y Coyoacán, solo por mencionar algunas, a manos de los militantes y gobiernos del PRD.

Los incidentes de Coyoacán ocurridos en diciembre del año pasado y en enero del año que transcurre, dejaron ver el enorme temor de aquél partido ante el avance de Morena como opción política identificada con las mejores causas del pueblo mexicano. Estos lamentables incidentes demuestran la degradación política de un partido que aún se ostenta de izquierda, sin serlo. Como señaló Pablo Gómez:

Los actos de agresión no provinieron directamente de un partido, el PRD como tal, sino del gobierno delegacional perredista. Fueron acciones de un partido a través del gobierno. Esto es como regresar en la rueda de la historia política.

Un partido opositor quiere hacer un acto y la autoridad organiza otro en el mismo lugar y a la misma hora. Nunca en esa plaza la administración había instalado un equipo de sonido tan potente, el cual se escuchaba a cinco cuadras a la redonda. Como era natural, los opositores (Morena) se movieron a un sitio contiguo. Ahí es donde el gobierno delegacional, usando su poder administrativo, agrede directamente. Al final, esos mismos empleados y sus franeleros hicieron una pira con restos de propaganda morenista.

El argumento principal de la autoridad y del PRD ha sido que Morena carecía de permiso para llevar a cabo un mitin. Esto es algo deleznable porque procede de integrantes de un partido (PRD) que, desde su fundación, siempre había sostenido la tesis de que las reuniones políticas no requieren permiso porque son el sencillo ejercicio de un derecho fundamental, punto.

Durante ya muchos años no se había visto en la Ciudad de México que una autoridad local tratara de boicotear un acto político de algún adversario...

Pero quien está llevando las cosas a un rango de política pública es la precandidata perredista a la jefatura del gobierno de la ciudad. Como si fuera autoridad gubernamental, ella ha dicho a través de unos tweets que Morena no tenía el ‘permiso que se necesita’ y, por tanto, llama a ese partido a “llevar la fiesta en paz”. Esto quiere decir que Morena tendía que pedir permiso al gobierno (al PRD) para llevar a cabo sus mítines, de lo contrario podría haber violencia a cargo de autoridades locales con el uso de sus empleados en funciones de guardias blancas, tal como ocurrió en Coyoacán. La amenaza de esa precandidata es preocupante por sus ligas con gobiernos delegacionales y la administración central.

Mucha gente luchó durante muchos años para conquistar las libertades políticas formales. No daremos el menor paso atrás. La Ciudad de México ha sido vanguardia nacional en esta materia. Queremos más derechos, no menos.

Después de haber sido escritas estas líneas el 3 de enero de 2018, se sucedieron nuevas agresiones en Villa Quietud de la Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán, a manos de funcionarios de esta delegación claramente identificados por los medios de comunicación en los que resultó agredido un reportero de La Jornada. Detrás de estas provocaciones está el exdelegado y actual diputado local Mauricio Toledo de triste fama pública.

El modus operandi del gobierno de Coyoacán es el mismo han seguido los funcionarios de la Delegación Venustiano Carranza contra Morena durante la precampaña recién concluida. Primero por el delegado destituido Israel Moreno Rivera y ahora por la delegada en funciones Mónica López Moncada.

El gobierno delegacional ha montado una estrategia de persecución política y hostigamiento hacia Morena y su precandidata a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, intentando sabotear todos los actos de precampaña organizados en la Demarcación, poniendo, incluso, en riesgo la integridad física de nuestros convocados.

Segundo. La estrategia del PRD delegacional -presumimos que tolerada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México-, contra Morena, es un acto de provocación sistemática, como lo demuestra la siguiente relación de hechos:

Con fecha 4 de enero de 2018, mediante escrito dirigido a la Lic. Mónica López Moncada, Jefa Delegacional en Venustiano Carranza, se le informó que, en pleno uso de nuestros derechos político electorales, constitucionales y legales, MORENA llevaría a cabo una serie de eventos de carácter político en esta demarcación con la presencia de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata la Jefa de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, precandidato al Senado y otras personalidades. Conforme al calendario señalado en el siguiente oficio y por el que se le marco copia a diversas autoridades como se muestra en la siguiente imagen:

Como se observa, este escrito fue remitido para su conocimiento a diversas autoridades. Al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe del gobierno de la Ciudad de México, licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, licenciada Nashielli Hernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el licenciado Gerardo Venegas Rubén, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

En respuesta al escrito enviado por la Lic. Patricia Ruiz, Coordinadora de Organización de Morena en Venustiano Carranza, a la Jefa Delegacional en la misma demarcación, el Lic. José Luis Díaz Nicazo, Titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de Venustiano Carranza, mediante oficio: DGJG/013/2018, de fecha 9 de enero informó que en virtud del ocurso, de fecha 4 de enero por el que señalan colonias que pertenecen a las Direcciones Ejecutivas Territoriales de conformidad al acuerdo delegatorio en su artículo 2o. por el que se delegan facultades y atribuciones a los titulares de las unidades administrativas de apoyo técnico-operativo de la delegación Venustiano Carranza, denominadas direcciones ejecutivas territoriales Morelos, Los Arenales, y Moctezuma y su artículo 3o., Apartado II, “En materia jurídica y de gobierno”; se solicitó a los titulares de dichas Direcciones Ejecutivas, así como al titular de la Dirección General de Desarrollo Social de esta Delegación, informará si existía alguna actividad en estas fechas y lugares señalados; quienes hicieron del conocimiento a esta dirección general a su cargo que se encuentran actividades debidamente programadas con antelación jornadas de: Salud, Eventos Culturales o deportivos, en beneficio de los habitantes de esta demarcación territorial en las colonias que se muestran en la siguiente imagen:

Como se detalla en el documento, de los siete espacios solicitados en tiempo y forma por Morena, el Director Jurídico y de Gobierno, José Luis Díaz Nicazo, mediante escrito informó que cuatro de ellos serían ocupados para realizar Jornadas de: Salud, Eventos Culturales y/o Deportivos por la Delegación. Entre ellos los dos calendarizados para el 12 de enero y los dos de fecha 21 de enero y 1 de febrero. Mientras que los programados con fecha del jueves 18 y 1 de febrero se realizarían en espacios privados. Por lo anterior la respuesta del Director Jurídico, José Luis Díaz, de acuerdo a su escrito cuatro espacios públicos estarían ocupados y respecto al evento programado para el domingo 21 de enero a las 17:30 horas. no manifestó sí se tenían calendarizada actividad alguna en dicho espacio público. En el mismo escrito comunicó que haría del conocimiento a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública de la misma Delegación, para que en ámbito de sus atribuciones brindará lo solicitado. ¿Para qué? si todos los espacios públicos solicitados por Morena le fueron negados.

De este mismo documento se envió copia para su conocimiento a Mónica López Moncada, Jefa Delegacional en Venustiano Carranza, Fabián Islas Sánchez, Director de Gobierno y a Olga Maldonado Hernández, Jefa de la Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos. Todos servidores públicos de la Delegación Venustiano Carranza.

En la misma fecha, 9 de enero, mediante escritos de la licenciada Martha Patricia Ruiz Anchondo, coordinadora de Organización de Morena en Venustiano Carranza, envió a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, con copia a diversos titulares de dependencias públicas entre ellas a la licenciada Mónica López Moncada, jefa delegacional en Venustiano Carranza escritos para informar que en alcance al oficio presentado el 4 de enero del presente año a la delegada de Venustiano Carranza, y en virtud de la respuesta del día 9 de enero emitida por el director jurídico y de Gobierno, licenciado José Luis Díaz de la misma Delegación respecto a los espacios solicitados por Morena para realizar eventos de carácter político, ya se tenían programas actividades por dicha delegación.

En virtud de lo anterior, la licenciada Patricia Ruiz mediante escrito informó que con la finalidad de no afectar la organización de Jornadas Médicas y de Servicios programadas para el día 12 de enero con un horario de las 11:00 a las 17:00 horas, enunciado en la respuesta del Director Jurídico y de Gobierno de la Delegación Venustiano Carranza, hacía de su conocimiento que se reubicaban los eventos de 12 de enero programados para quedar de la siguiente manera:

• El encuentro programado en: Aluminio esquina Congreso de la Unión, en las Canchas de Básquet, se reubicaba en el camellón ubicado en Eduardo Molina en las Calles Estaño y Aluminio frente al Mercado Unidad Rastro, colonia Felipe Ángeles, a las 16:00 horas;

• El acto programado en la Plaza del Carmen, se reubicaba al Parque del Niño Quemado, ubicado en la Avenida Circuito Interior entre Quetzalcóatl e Irapuato, pueblo originario de la colonia Peñón de los Baños a las 17:30 horas.

Mediante oficio del 10 enero de 2018, con número DGG/ DC/ 029/ 2018 y suscrito por Luis García Martínez, director de Coordinación Apoyo y Supervisión de la Dirección General de Gobierno de la Dirección General de Gobierno, tomó conocimiento de la realización del evento programado para el viernes 12 de enero de 2018 a las 16:00 horas, en el camellón ubicado en Av. Eduardo Molina entre las calles de Estaño y Aluminio, colonia Felipe Ángeles, Venustiano Carranza. En el mismo oficio se exhorta que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se apegue a las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Por lo manifestado, con fecha 16 de enero de 2018, mediante escrito dirigido a la licenciada Patricia Mercado Castro, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Lic. Patricia Ruiz Anchondo le informa nuevamente de la programación de eventos de carácter político electoral a realizarse en la Delegación Venustiano Carranza, con la presencia de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata a Jefa de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, precandidato al Senado y otras personalidades. Conforme al calendario señalado en el siguiente oficio y por el que se le marcó copia a diversas autoridades como se muestra en la siguiente imagen.

En la misma fecha, la Lic. Ruiz envía el escrito antes mencionado al Ing. Norberto Miguel Moreno García, Presidente del 11 Consejo Distrital en la Ciudad de México (Venustiano Carranza), por el que solicita la presencia de esa autoridad electoral, a efecto de que pueda supervisar. En el ámbito de sus atribuciones y facultades, los eventos que desarrollará el Partido Político Morena el 18 de enero de 2018 a las 16:00 horas. En la calle Ixnahualtongo 15-A, colonia Merced Balbuena y el 21 de enero, a las 17:30 horas, afuera del deportivo Eduardo Molina, ubicado en la Avenida Eduardo Molina, entre las calles Progreso y Peluqueros, Colonia 20 de noviembre todos en la delegación Venustiano Carranza, así como también en el evento del domingo 21 a las 16:00 horas en la lateral Río Consulado (Circuito Interior) entre Damasco y Jericó, Colonia Simón Bolívar en esta misma Delegación.

Con fecha 17 de enero de 2018 mediante oficio número: SG/SSPPDRVP/067.1/2018, signados por José Francisco Acevedo García, Subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, informó que en atención al escrito ingresado por la Lic. Patricia Ruiz a la Secretaria de Gobierno del día 8 de enero de 2018, por el que se solicitó la autorización de los espacios públicos ubicados en la delegación Venustiano Carranza, hace de conocimiento de la Lic. Martha Patricia Ruiz Anchondo que su petición se turnó a la Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza mediante Oficio SG/SSPDRVP/067/2018 a efecto de dar seguimiento ante dicha autoridad.

Con fecha 18 de enero del año en curso, el Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México a través del Lic. Emilio Galdino Aquino Soriano, Vocal Ejecutivo, atendió mediante oficio N°. INE/08 JDE-CM/0185/2018, haciendo del conocimiento de la solicitante que con fundamento en lo señalado en el artículo 22, del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, no es posible atender la solicitud por no contar con las facultades para asistir a los eventos descritos en su solicitud, toda vez que es competencia del Proceso Electoral del ámbito local.

Que en términos del artículo 13 del Reglamento referido, se remitió dicha solicitud al Lic. Isaac Sergio Mendoza García, Titular del Órgano Desconcentrado de la Dirección Distrital 10 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en virtud de que las elecciones locales son competencia del mismo. Con la misma fecha este órgano informó a la Lic. Patricia Ruiz que esta autoridad electoral carece de facultades para realizar los actos que corresponden al Proceso Electoral del ámbito local.

Mediante oficio de fecha 25 de enero DGJG/0045/2018 firmado por el Director General Jurídico de Gobierno en Venustiano Carranza el Lic. Emilio Fernández Jiménez, se asienta que en atención del oficio recibido con fecha del 9 de enero del año en curso, dirigido a la Lic. Patricia Mercado Castro, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual informa sobre el evento que el partido Morena en el pleno de sus derechos políticos electorales, constitucionales y legales, programado para el 1 de febrero, a las 16:00 horas, en las ubicaciones (propuestas) que a continuación se describen:

El licenciado Emilio Fernández Jiménez, Director General Jurídico y de Gobierno, informa a la Lic. Ruiz Anchondo que en las ubicaciones (propuestas 1 y 2) señaladas en su ocurso, se encuentran debidamente programas con antelación, diversas jornadas de salud, eventos culturales y/o deportivos, en beneficio de los habitantes de esa colonia.

Al día siguiente de la notificación del Director Jurídico y de Gobierno de la Delegación Venustiano Carranza a la Lic. Patricia Ruiz, el Lic. Fabián Islas Sánchez, Director de Gobierno hace del conocimiento de José, mediante oficio: DGJG/DG/046/2018, a través del de la Delegación Venustiano Carranza, que en la ubicación calle Gobernación esquina Asistencia Pública (propuesta 1) no hay programación, por lo que esta autoridad no tiene inconveniente alguno para llevar a cabo dicho acto.

Con fecha 26 de enero de 2018, mediante el oficio número DGJG/ DG/ 046/ 2018, el director de Gobierno de Venustiano Carranza, licenciado Fabián Islas Sánchez remite ocurso al ciudadano José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento Territorial en Vía Pública del Gobierno del Distrito Federal da contestación al oficio número SG/ SSPDRVP/ 090/ 2018, de fecha 25 de enero de 2018 dirigido a la licenciada Mónica López Moncada, delegada en Venustiano Carranza, donde manifiesta “ esta autoridad no tiene inconveniente para llevar a cabo” el acto solicitado por llevarse a cabo el jueves primero de enero a las 16:00 horas en la Colonia Federal en la Calle de Gobernación esquina Asistencia Pública referido como (propuesta 1), señala además que esa Administración cuenta con diversos ejes prioritarios para atender las necesidades de la población abierta que habita en las colonias con mayor índice de marginación y alta incidencia delictiva, la cual tiene pocas posibilidades de acceder a los servicios sociales, culturales y deportivos; por lo que dentro de la programación mensual, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, lleva a cabo la difusión anticipada correspondiente, motivo por el cual es imposible autorizar el espacio público (propuesta 2).

Con fecha 31 de enero de 2018 mediante oficio de número SG/SSPDRVP/108/2018, por el subsecretario de Programas Delegacionales y reordenamiento de la vía pública y la Directora de Programas Delegacionales, José Francisco Acevedo García y Claudia Guadalupe Martínez Vázquez, respectivamente, dio contestación al escrito presentado el día 24 de enero dónde se solicitó la autorización en los espacios públicos de la demarcación por el que señala que el licenciado Emilio Fernández Jiménez, director general de Jurídico y de Gobierno en Venustiano Carranza, señaló mediante el oficio número DGJG/ DG/ 046/ 2018, que el acto que no se podría realizar en la Plaza del Ejecutivo de la Colonia Federal programado para el 01 de febrero a las 16:00 horas.

Con fecha 1 de febrero de 2018, mediante oficio número DETA/SJG/JUDG/042/2018 firmado por el J. U. D. de Gobierno en Venustiano Carranza, Sergio Hidalgo Maldonado da contestación escrito presentado por Morena ante la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de fecha 29 de enero en el que se hace del conocimiento que en la plaza Adolfo López Mateos ubicada en la calle Ernesto P. Uruchurtu esquina Fernando López Arias, Colonia Adolfo López Mateos, la Delegación “tiene programada una Jornada de Salud y Deporte Comunitario, por lo que no es posible ocupar en esa fecha el espacio mencionado.

Se presenta un cuadro resumen con la finalidad de mostrar evidencia respecto de las solicitudes que realizó la Lic. Martha Patricia Ruiz Anchondo, Coordinadora de Organización de Morena en la Delegación Venustiano Carranza a la Titular de la misma Delegación, Mónica López Moncada y la negativa de autorizar los espacios públicos para realizar diversos eventos de carácter público en dicha demarcación.

Como se observa en el siguiente cuadro, el primer evento realizado con fecha del 21 de diciembre de 2017 la Delegación Venustiano Carranza no se pronunció al respecto, sin embargo, el camellón donde se presentó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de organización para los trabajos de la Ciudad de México, con motivo de carácter político no tenía luz. Esto es inusual, toda vez que, al ser dos vías principales siempre cuentan con el servicio eléctrico.

De los seis espacios públicos solicitados en tiempo y forma, solo uno se pudo llevar a cabo de acuerdo al calendario presentado inicialmente por Morena ante la Delegación Venustiano Carranza. Cuatro de estos tuvieron que ser reubicados en espacios que no contaban con las mejores condiciones para resguardar la seguridad e integridad de la ciudadanía. Fue necesario cancelar un evento, ya que después de tres solicitudes y propuestas para poder utilizar diversos espacios públicos, previó al evento permitió la instalación de juegos mecánicos, el día del evento se llevó a cabo Jornada Medica y de Servicios, lo que impidió la instalación del templete para poder llevar a cabo el evento programado por Morena. Ante la negativa y las diversas acciones que llevaron a cabo servidores públicos de la delegación, Morena se vio en la necesidad de rentar un salón de eventos sociales para poder llevar a cabo el evento planeado para el día 2 de febrero del año en curso.

Tercera.Por la magnitud de los acontecimientos, que pueden convertirse en una estrategia en toda la Ciudad de México para impedir que Morena y cualquier otro partido político de oposición realicen actos de campaña permitidos por la Constitución y la Ley, porque se vulneran garantías políticas fundamentales como el derecho a la manifestación política y a la libertad de expresión, y porque la actitud de los gobiernos local y delegaciones que pueden derivar en violencia, solicitamos un pronunciamiento categórico de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente el hostigamiento contra las actividades de precampaña realizadas por Morena en la delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, promovido por las autoridades delegacionales del PRD, que atenta contra el derecho fundamental a la libre manifestación y crea un clima de provocación ante el inicio de las campañas electorales de 2018.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso llamado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a velar porque prevalezcan las libertades democráticas en la entidad, que tanto costó conseguir a los mexicanos, en especial el derecho la libre manifestación.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un exhorto a las autoridades electorales competentes a vigilar que, en el desarrollo de las campañas electorales de 2018 en la Ciudad de México, y en todo el país, impere el Estado de derecho y a crear un clima de civilidad política entre los contendientes.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Jefa Delegacional de Venustiano Carranza, Mónica López Moncada, a respetar el Estado de derecho y la libre manifestación durante el desarrollo de las actividades electorales que realizan los partidos políticos y candidatos de oposición en la demarcación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

SE ATIENDAN LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO COMETIDAS CONTRA LAS CIUDADANAS HERMINIA QUIROZ ALAVEZ, ERIKA MOLINA LÓPEZ Y YARELI CARIÑO LÓPEZ, EN OACAXA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Oaxaca, a atender las resoluciones relativas a violencia política por razones de género cometidas contra las ciudadanas Herminia Quiroz Alavez, Érika Molina López y Yareli Cariño López, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Avalos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia política por razones de género es una manifestación de la violencia que sufren las mujeres en el ámbito público y político que aún sigue siendo poco atendido en nuestro país, principalmente por los actores políticos y administrativos locales.

México reconoce y ha adoptado las resoluciones provenientes de diferentes espacios e instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en las que se establece que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Asimismo, distintas voces de activistas, académicas, política y de organizaciones de la sociedad civil han puesto el énfasis en la necesidad de avanzar y fortalecer los mecanismos y medios de defensa de las mujeres contra la violencia política de género.

Sin embargo, aún sigue persistiendo en nuestro país el clima de hostilidad y violencia. Siguen realizándose campañas de desprestigio contra las mujeres que buscan cargos de elección popular, se impide u obstaculizan sus actividades político-administrativas, se les niega la participación o se violenta su derecho a voto, entre otras faltas, acciones y omisiones vinculadas a la condición de mujer.

Ante esto, el Estado mexicano y sus instituciones han realizado reformas legislativas, interpretaciones judiciales y mecanismos de protección y seguimiento a las denuncias de violencia política por razones de género, buscando hacer efectivo el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres.

Uno de estos avances son las resoluciones que el Poder Judicial de la Federación, a través del tribunal electoral, ha realizado en casos relacionados a denuncias por violencia política por razones de género, en los que ha establecido la procedencia de los mismos y ha resuelto en consecuencia.

Sin embargo, el cumplimiento de los mismos no siempre se ha llevado a cabo o se ha hecho de manera parcial, tal es el caso de autoridades del estado de Oaxaca.

En un primer caso, la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral resolvió en su expediente SX-JE-2/2018 confirmar la sentencia del Tribunal Electoral local JDC/85/2017 y su acumulado JDC/96/2017 que estableció fundados los disensos expuestos por la ciudadana Herminia Quiroz Alavez, en los que denunció violencia política en su contra como obstaculización a sus funciones, insultos y agresiones, por lo que se ordenó su restitución en el cargo de síndica municipal del ayuntamiento de San Juan Colorado, Oaxaca, y se ordenó al presidente municipal y demás miembros del cabildo a no obstaculizar el pleno ejercicio del cargo de sindica municipal a la ciudadana en comento.

Sin embargo y a pesar de la existencia de sentencia, ella manifiesta que se siguen realizando actos de violencia política en su contra, como son acoso, intimidación y obstaculización en la realización de sus funciones, principalmente por la vigilancia en la recaudación de impuestos y los fondos de la hacienda pública que debe realizar.

En un segundo caso, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en su expediente JDC/09/2017, resolvió fundado el agravio presentado en el juicio promovido por la ciudadana Erika Molina López, en su carácter de síndica municipal del ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, en el que denunció la obstaculización del cargo que ostenta por parte del presidente municipal de dicha localidad.

En los efectos de la sentencia se ordena al presidente municipal abstenerse de obstaculizar el pleno ejercicio del cargo de la ciudadana Erika Molina como síndica municipal, así como de realizar acciones que impliquen violencia política y de género hacia ella.

También se vincula a la Secretaría de la Mujer oaxaqueña para que lleve a cabo los actos jurídicos y materiales necesarios para garantizar el correcto desempeño de Erika Molina como síndica municipal tomando en cuenta la violencia política de género que manifestó sufrir. E igualmente se da vista a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que inicie investigación correspondiente por la comisión de posible delito, dicte las medidas de protección y otorgue atención psicológica según corresponda a su competencia.

Sin embargo, a un año de emitida la sentencia, ésta no ha sido acatada por el presidente municipal y la síndica manifiesta que siguen las acciones de violencia política en su contra.

Y un tercer caso es el relativo a la resolución del mismo Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el expediente JDC/05/2017, en el que se resolvió juicio de protección de los derechos político-electorales de la ciudadana Yareli Cariño López, y por la que ordena modificar el acta de cabildo del 2 de enero de 2017 y que se le asigne a Yareli Cariño el cargo de síndica procuradora del ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, como a derecho le correspondía.

También ordena a los integrantes del cabildo se abstengan de cometer actos de violencia política y de género contra Yareli Cariño; dar vista a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña para que lleve a cabo los actos jurídicos y materiales necesarios para garantizar el correcto desempeño de Yareli Cariño como síndica procuradora tomando en cuenta la violencia política de género que manifestó sufrir; e igualmente se da vista a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que inicie investigación correspondiente por la comisión de posible delito y dicte las medidas de protección solicitadas.

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente municipal de San Juan Colorado, Oaxaca, Juan García Arias, y al cabildo, a cumplir con lo resuelto en el expediente SX-JE-2/2018 de la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Segundo. Se exhorta al presidente municipal de Santo Domingo Zanatepec, Ramiro Nolasco Gerónimo, y al cabildo, a cumplir con lo resuelto en el expediente JDC/09/2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Tercero. Se exhorta al presidente municipal de Santiago Pinotepa Nacional, Guillermo García Cajero, y al cabildo, a cumplir con lo resuelto en el expediente JDC/05/2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña a atender los actos de violencia política por razones de género contra las ciudadanas Herminia Quiroz Alavez, Erika Molina López y Yareli Cariño López, y realice las acciones jurídicas pertinentes.

Quinto. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a dar seguimiento e inicie investigaciones correspondientes por la comisión de posibles delitos identificados en los casos de las ciudadanas Herminia Quiroz Alavez, Erika Molina López y Yareli Cariño López, y dicte las medidas de protección necesarias.

Sexto. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, a realizar las acciones necesarias a fin de garantizar el efectivo derecho de las mujeres oaxaqueñas a participar en la vida pública y política, así como a combatir la violencia política por razones de género en el estado.

Dado en Palacio Legislativo, a 15 de febrero de 2018.— Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, para opinión.

EXHORTO PARA QUE SE ESTABLEZCA DIÁLOGO CON LA FEMEXFUT, A FIN DE QUE SE CONSIDEREN Y EVALÚEN LOS IMPACTOS NEGATIVOS ANTE LA POSIBILIDAD DE ELIMINAR LA DENOMINADA LIGA DE ASCENSO MX

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conade a establecer un diálogo con la Femexfut, para que se consideren y evalúen los efectos negativos en la economía regional y en la generación de empleos ante la posibilidad de eliminar del sistema de competencias la Liga de Ascenso MX, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El fútbol es el deporte más popular en el mundo. De acuerdo a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) unos 265 millones de personas lo practican regularmente de manera profesional, semiprofesional o amateur, considerando a hombres, mujeres, jóvenes y niños, estos representa un poco más de 4 por ciento de la población mundial; sin embargo a esta cifra debemos de sumar a los cientos de millones de personas que no juegan al fútbol, pero que lo siguen ya sea por TV, o desde los estadios.

El fútbol es un espectáculo que despierta pasiones, estados anímicos y rivalidades, pero también es una potente industria que mueve al año más de 500 mil millones de dólares, además de ser un fuerte generador de empleos; en España por ejemplo el fútbol generó 144 mil 748 empleos a jornada completa durante 2013, según el último informe de KPMG Sports que ha hecho público la Liga de Fútbol Profesional (LFP). El estudio revela que 66 mil 438 empleos fueron de forma directa, 60 mil 639 indirectos y más de 17 mil 671 inducidos. Sin importar el país o la ciudad, en cualquier parte del mundo es casi imposible no toparse con alguna referencia al futbol, debido a las grandes estrellas de los clubes que generan emociones en millones de aficionados.

Segunda.A nivel nacional el balompié no sólo mueve grandes nombres dentro de sus respectivos clubes, puesto que además del espíritu deportivo que representa para algunos aficionados para otros puede ser un negocio que genera miles de empleos y grandes derramas económicas en las zonas aledañas donde se encuentran equipos de primera división y de la liga de ascenso. De acuerdo con el estudio de perspectivas económicas del futbol denominado Goalnomics, realizado por StubHub, existen tres equipos en la liga mexicana que superan los 200 millones de valoración.

La economía del futbol no sólo se trata de las inversiones millonarias que realizan los equipos en fichajes espectaculares, se trata también de la economía a escala y del gasto que realizan los aficionados en este deporte. De acuerdo con el diario El Economista ser aficionado de un club de Nuevo León por ejemplo, implica realizar una inversión de al menos 8 mil 956 pesos si los colores que se siguen son los de Tigres, y de 10 mil 834 si se apoya a Monterrey al año.

Tercera. Un aspecto importante de la economía que rodea al fútbol tiene que ver con la Liga de Ascenso, ya que es el torneo de segunda categoría del balompié profesional en el sistema de ligas de fútbol en México. A partir del torneo Apertura 2017 se restableció la certificación para ascenso, por la cual únicamente los equipos que cuenten con un estadio con capacidad mayor a 20 mil espectadores y que no compartan propietario con un club de primera división podrán ascender de manera directa. En la liga de ascenso participan actualmente 16 equipos que se encuentran en ciudades como Oaxaca, San Luis Potosí, Celaya, Culiacán, Zacatecas, Tampico, Mérida, Guadalajara, Zacatepec, Hermosillo, entre otras. La presencia de estos de equipos genera empleos no sólo para los jugadores sino en toda la cadena que se encuentra alrededor de esta actividad, ventas de playeras, banderas, bebidas y alimentos, etcétera.

Cuarta. Hace algunos días la Federación Mexicana de Futbol consideró la posibilidad abolir el descenso y ascenso de la Liga MX, algo en lo que todos los analistas deportivos coincidieron en que sería un retroceso para el futbol mexicano. La potencial eliminación de la liga de ascenso afectaría severamente la actividad económica de las ciudades donde se encuentran los estadios de estos equipos, además de afectar la infraestructura y las inversiones realizadas por quienes pelean continuamente para estar en el máximo circuito.

En este sentido, y con la finalidad de fortalecer la economía regional y la generación de empleos es necesario exhortar a la autoridades, en este caso la Comisión Nacional del Deporte, para que entable un diálogo cordial y respetuoso con la autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol a fin de que evalúen y consideren los impactos negativos que tendría la eliminación de la Liga de Ascenso MX, en las entidades federativas donde se encuentra equipos de esta categoría.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte para que el ámbito de sus facultades establezca un diálogo con la Federación Mexicana de Futbol a fin de que se consideren y evalúen los impactos negativos en la economía regional y en la generación de empleos, ante la posibilidad de eliminar del sistema de competencias la denominada Liga de Ascenso MX.

Nota

1 https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Ser-fan-de-futbol-en- Nuevo-Leon-cuesta-l083 4-20171211-0043.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de febrero de 2018.— Diputado Federico Döring Casar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Deporte, para dictamen.

SE DIFUNDA LA RAZÓN POR LA CUAL AÚN NO SE HA EMITIDO LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE MANUTENCIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018 DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, OAXACA Y SONORA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior y a las secretarías de Educación Pública del estado de México, Oaxaca y Sonora, a difundir por qué no se ha emitido en esas entidades la convocatoria del Programa Nacional de Becas de Educación Superior y de Manutención para el ciclo escolar 2017-2018, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

La Unesco define a la educación como el crecimiento de un individuo al pasar de un estado de dependencia relativa a uno de relativa independencia mental, física, emocional y social.

Actualmente el mundo se encuentra inmerso en un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural que exige que las personas cuenten con una educación de mayor calidad, pues la demanda de personal se relaciona con que tan eficiente y eficaz es el prestador de servicios, por ello las personas que aspiren a conseguir una mejor calidad de vida deben encontrarse mayor preparadas.

El Estado es el encargado de garantizar el derecho a la educación, tal como lo señala el artículo tercero de la Carta Magna, donde se establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, siendo la educación básica y media superior obligatorias.

En la fracción V del mismo artículo se menciona que además de la educación obligatoria, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la superior, necesarios para el desarrollo de la nación.

En el artículo 32 de la Ley General de Educación se determina que:

 “ las autoridades educativas tomarán las medidas necesarias para establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas, una mayor equidad educativa y el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas están dirigidas de manera preferente a los grupos y a las regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.”

Aunado a lo anterior, México formó parte de los países que adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar una serie de problemáticas que dificultan el pleno desarrollo de las personas que habitan en su país, tales como la pobreza, la destrucción del planeta y la falta de prosperidad de todos. Dentro de estos Objetivos del Desarrollo Sostenible se encuentra la educación de calidad, pues a pesar de los avances que presentaron algunos países, se observó que a pesar de que asisten más niños a la escuela, muchos de ellos no adquirieron los conocimientos básicos de lectura y matemáticas.

De acuerdo con la ONU, la educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible, es por ello que para cumplir con el objetivo cuatro se cuenta con 10 metas en las que se establece, entre otras cosas, que se debe asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

El acceso a la educación superior debe proteger el fortalecimiento de los mecanismos de ingreso y retención y, de ser necesario, una nueva orientación de su vinculación con los demás niveles de enseñanza con el fin de promover una estrategia de flexibilización que permita dotar de información relevante sobre el estudiante para asumir el proceso de formación profesional en pertinencia a sus propias competencias.

La universidad desde su contexto sociopolítico y socio-pedagógico es capaz de articular propuestas de intervención para efectivizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades.

De acuerdo con el Panorama de la Educación 2017, realizado por la OCDE, en México, acceder a la educación superior aún es un reto, pues solo el 17 por ciento de las personas de entre 25 y 64 años logra tener estudios universitarios, el 1 por ciento cuenta con maestría y menos del 1 por ciento cuenta con un doctorado, lo cual coloca al país en los últimos lugares con la proporción más baja entre los países de la OCDE, cuyo promedio es de 37 por ciento.

El estudio también menciona que en México, los adultos con un título de educación superior ganan en promedio más del doble que los adultos solo con estudios de educación media superior. Este es el segundo mayor diferencial de ingresos entre los países de la OCDE.

De acuerdo con datos del periódico Excélsior, hay entidades en las que solo uno de cada cinco jóvenes de 20 a 24 años de edad asiste a la escuela, siendo solo la Ciudad de México donde una de cada tres mayores de 15 años cuenta con algún grado de educación de nivel superior.

De acuerdo con el documento Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2016-2017, elaborado por la Subsecretaría de Planeación de la SEP, en dicho ciclo escolar hubo matriculados a nivel superior alrededor de 3 millones 762 mil 679 alumnos en 5 mil 311 escuelas con cerca de 388 mil 310 docentes. En cuanto al número de alumnos que dejaron la escuela de un ciclo escolar a otro, así como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo y la cobertura en el nivel superior se muestra en la siguiente gráfica:

Lamentablemente existen una serie de factores que contribuyen a que miles de jóvenes interrumpan sus estudios, entre ellas se encuentra la falta de conocimientos para lograr el promedio mínimo para pasar las materias, la falta de interés, el cansancio, la institución a la que se inscribieron no cumplen con sus expectativas y el más recurrente y preocupante la solvencia económica.

Lo cierto es que el abandono en la educación superior es uno de los problemas más preocupantes. Con el fin de paliar la deserción escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro se implementaron mecanismos que facilitarán a los alumnos concluir sus estudios por medio de un sistema de becas.

Una de ellas es la beca de “Manutención y apoyo a tu transporte”, en sus diversas modalidades en las entidades federativas, la cual tiene como objetivo contribuir a una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en instituciones públicas de educación superior que permitan consolidar un México con educación de calidad.

Sin embargo al acceder al sitio web de la Coordinación Nacional de Becas hay tres entidades federativas (estado de México, Oaxaca y Sonora) que no tienen o tuvieron activa la convocatoria de manutención para el ciclo escolar vigente, dejando a miles de jóvenes sin el apoyo económico que se les otorga mensualmente y que les sirve para trasladarse a su institución, comprar materiales escolares, en algunos casos para el pago de su renta e incluso para la compra de víveres.

Tomando en cuenta que dentro de los criterios de priorización se encuentran aquellos que residen en municipios que están en programas de inclusión social como Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre, y los aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas con alto y muy alto grado de marginación, así como alumnas embarazadas o madres e incluso personas con discapacidad, resulta evidente que se trata de grupos considerados vulnerables, por lo que el apoyo económico otorgado por medio de becas es imprescindible y necesario para lograr su permanencia en las instituciones de educación.

El fin de la política social y educativa es que todos los estudiantes puedan tener acceso a la educación sobre una base de igualdad de condiciones. El interés por realizar la inclusión a nivel superior de las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad no debe quedarse en buenas intenciones.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley General de Educación, las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

No se puede hablar de igualdad de oportunidades, cuando los alumnos que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a la educación que por cuestiones económicas se encuentran en evidente desventaja.

Ampliar la cobertura educativa a través del otorgamiento de becas, a fin de favorecer el acceso y disminuir y prevenir el abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad es uno de los objetivos principales del Sistema Nacional de Becas; por lo anterior, las autoridades educativas deben informar el motivo por el cual no se ha emitido la convocatoria y, en algunos casos, la razón por la cual se les adeuda parte de la beca correspondiente al ciclo anterior.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior y a la Secretaría de Educación Pública del estado de México, Oaxaca y Sonora a que hagan pública la razón por la cual aún no se ha emitido la convocatoria del Programa Nacional de Becas de Educación Superior Manutención para el ciclo escolar 2017-2018 en dichas entidades.

Notas

1 Sin Autor. (2009). Importancia de la educación para el desarrollo. 06/02/2018, de UNAM Sitio web:

http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/00_05a.html

2 ONU. (sf). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 04/02/2018, de Organización de las Naciones Unidas Sitio web:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

3 Ocampo, A. (2012). Inclusión de estudiantes en situación de discapacidad a la educación superior. Desafíos y oportunidades. 06/02/2018, de Researchgeat Sitio web:

https://www.researchgate.net/publication/

4 OECD. (2017). Panorama de la Educación 2017. 06/02/2018, de OCDE Sitio web:

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/ EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf

5 Secretaría de Educación. (2017). Programa Nacional de Becas de Educación Superior Manutención-Estado de México. 4/02/2018, de SEP Sitio web:

http://seduc.edomex.gob.mx/becas_manutencion_edomex

Dado en el Palacio Legislativo, a 15 de febrero de 2018.— Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

RELATIVO A LA CRISIS MÉDICA Y DESPIDO DE PERSONAL DE SALUD EN OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la crisis médica y despido de personal de salud en Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La precaria situación de los oaxaqueños en cuanto a los servicios de salud han llevado a desenlaces injustos y fatales debido a la carencia de atención médica eficiente y segura. A lo anterior se suma la ausencia de servicios preventivos y de medicina familiar que permitan el desarrollo de la persona, especialmente de los niños. De ahí que se requieran de unidades médicas y hospitales especializados que permitan la atención oportuna, especialmente de los grupos más vulnerables como son los niños quienes eran atendidos en otras entidades del país lo que representaba costos muy elevados para sus familias quienes, además de la atención de los padecimientos, debían cubrir diferentes gastos generados por la estancia mientras transcurría la hospitalización o los diversos servicios de salud que se requerían

El pasado 9 de enero, el gobernador del Estado de Oaxaca designó a Juan Díaz Pimentel como nuevo titular de los Servicios de Salud de Oaxaca. En el discurso de toma de protesta, el funcionario expresó que su gestión iría marcada “bajo los lineamientos de transparencia, eficacia y de resultados al pueblo de Oaxaca, no habrá descanso para entregar buenos resultados que merece el Estado en materia de salud y darle continuidad a las acciones que inició Celestino Alonso en materia administrativa”.

No obstante, en días recientes, una crisis inició en los servicios de salud del Estado. De acuerdo con un comunicado publicado en el sitio de la Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Oaxaca, el secretario se reunió con los directores de los diferentes hospitales instándoles a redoblar esfuerzos y a mejorar, especialmente. El abasto de medicamentos que ha afectado a diversas comunidades. Así se lee a continuación:

El secretario de salud del estado, Juan Díaz Pimentel, se reunió con directores de 14 hospitales generales, 18 básicos comunitarios y tres de alta especialidad, con el compromiso de trabajar de manera coordinada para abatir los rezagos en materia de salud, así como reducir los índices de mortalidad materna.

El funcionario refrendó el compromiso del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa para fortalecer las unidades médicas con el suficiente abasto de medicamentos y material de curación, además de reforzar el programa de planificación familiar en la entidad.

En este sentido, recalcó la importancia de brindar a la población a través de las unidades médicas, los métodos como la oclusión tubaria bilateral (OTB), o salpingoclasia, así como de vasectomía en los varones y de ofertar los métodos anticonceptivos que permitan a las familias tener el número de hijos deseados y de esta forma apoyar al desarrollo de las comunidades.

Añadió que es importante atender el binomio madre-hijo, además de ofrecer la atención integrada a la mujer, como es la mastografía para detectar a tiempo el cáncer de mama y el cérvico uterino (CaCu), mediante acciones de prevención como el papanicolaou y la detección del virus del papiloma humano (VPH).

El funcionario puntualizó que una de las prioridades para este año es la conclusión del hospital de la mujer que permitirá desahogar la gran demanda del hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, además de que contará con la mejor tecnología en beneficio de la población.

Díaz Pimentel detalló la importancia de consolidar el programa de vacunación universal, por lo que pidió el apoyo decidido de todos los trabajadores para alcanzar las metas que establece la federación en este tema.

Asimismo, el funcionario escuchó las demandas de los directores de las unidades de segundo nivel siendo su prioridad el abasto de medicamentos y material de curación, además de equipos médicos que permitan ofrecer a la población una atención de calidad.

Finalmente, Díaz Pimentel se comprometió a reordenar las claves de medicamentos, a través de la compra consolidada, así como cambiar la estructura y crear un área de abasto administrada por finanzas que permitirá saber el número de medicamentos almacenados, de igual forma capacitarlos en la administración de hospitales.

Sin embargo, la realidad es otra. Nuevamente se exhibe la profunda crisis derivada de la falta de presupuestos suficientes debido a la incertidumbre jurídica en particular para 3 mil 200 trabajadores quienes fueron despedidos acusándolos de ser aviadores o bajo el argumento de que no hay el debido soporte financiero para respaldar los contratos bajo el régimen de honorarios. Desde los inicios del presente año, las carencias son evidentes llegando al punto del paro de labores donde los trabajadores de la salud protestan por la falta de materiales más elementales para proseguir con la noble labor de atención a los ciudadanos el Estado de Oaxaca.

Entre las cuestiones más urgentes se presenta la reducción de consultas médico quirúrgicas por la falta de recursos necesarios rechazando a pacientes para ser canalizados a otras unidades médicas en Oaxaca, las citas médicas se han venido suspendiendo y sólo se realiza la atención de urgencias.

La crisis lleva al despido de los médicos especialistas y de enfermería a quienes no se les han pagado sus honorarios y aguinaldos. Esto provocaría la suspensión de servicios de urgencias por no haber las atenciones adecuadas ni los tratamientos efectivos para los oaxaqueños.

La emergencia ha repercutido seriamente en el Hospital de Especialidades de Salina Cruz, dependencia que tienen serios problemas en cuanto al pago a empleados o bien la escasez de medicamentos que impiden los tratamientos adecuados. Aun así, los médicos han dado muestra de valor y altruismo atendiendo a los pacientes a pesar habérseles rescindido su contrato.

Es evidente que la actual situación jurídica ha acentuado la crisis del Sistema de Salud del Estado. El año 2017 cerró con un adeudo de 5 mil 487 millones de pesos que incluye adeudos a terceros institucionales y no institucionales, laudos, recargas y multas por auditorías en los últimos seis años, durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, lo que equivale a casi cuatro veces el monto del presupuesto anual. Además, 100 millones de adeudos se deben en laudos laborales. De igual forma, y de acuerdo con las condiciones heredadas, las autoridades de salud afirman que este año no se generó contrato nuevo alguno y la plantilla laboral asciende teniendo en este momento una plantilla laboral de 17 mil 813 trabajadores.

Por lo anterior expuesto es urgente realizar un exhorto al Secretario de Hacienda Y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, considere la reasignación de una partida especial presupuestaria que permita el fortalecimiento y saneamiento del Sistema de Salud de Oaxaca.

De igual forma se estima oportuno un exhorto al Gobernador del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice la instalación de mesas diálogo con los trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca a quienes les fueron rescindidos o terminados sus contratos el pasado 16 de enero a fin de llegar a los acuerdos que permitan la reinstalación a sus actividades y servicios.

Finalmente se consideran oportunos dos exhortos al Secretario de Servicios de Salud de Oaxaca para que realice las gestiones administrativas y legislativas para resolver la delicada situación de los trabajadores de la salud de Oaxaca así como hacer público el estado de las condiciones en los servicios de salud, el pago de salarios y aguinaldos y cuál ha sido el abasto real de medicamentos en los hospitales de Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, estime y considere la asignación de una partida especial presupuestaria a fin de que se rehabilite y resuelva la deuda del sector de Servicios de Salud del Estado de Oaxaca.

Segundo.Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice la instalación de mesas diálogo con los trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca a quienes les fueron rescindidos o terminados sus contratos el pasado 16 de enero a fin de llegar a los acuerdos que permitan la reinstalación a sus actividades y servicios.

Tercero. Se exhorta al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, proceda a las gestiones administrativas y legislativas necesarias a fin de resolver la grave problemática laboral de más de 3 mil trabajadores de la salud del Estado de Oaxaca a quienes les fueron rescindidos o terminados sus contratos el pasado 16 de enero.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Salud del Estado de Oaxaca a hacer público el estado del sistema de Salud del Estado a fin de conocer cuáles son realmente las condiciones en los servicios de salud, el pago de salarios y aguinaldos al personal y cuál ha sido el abasto real de medicamentos en los hospitales de Oaxaca.

Notas

1 Cfr. En

http://www.salud.oaxaca.gob.mx/designa-amh-a-juan-diaz-pimentel-como- nuevo-secretario-de-salud-en-el-estado/ 09 de enero 2018.

2 En:

http://www.salud.oaxaca.gob.mx/se-reune-secretario-de-salud-con-directores- de-hospitales/

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 15 de febrero 2018.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE SE TRADUZCA EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES A LOS DISTINTOS IDIOMAS INDÍGENAS DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales a los idiomas indígenas del país, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México existen más de 11 millones de habitantes de origen indígena, lo cual equivale a 10 por ciento de la población total en nuestro país. De acuerdo con la información proporcionada por el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura de nuestro país, éstos son los 68 pueblos indígenas que viven en la república mexicana: kiliwa, paipai, kumiai, cochimi, cucapa, jacalteco, mame, tojolabal, cakchiquel, motozintleco, lacandón, tzeltal, zoque, tzotzil, chol, chuj, chichimeca jonaz, mazahua, ocuileco, matlatzinca, entre otros.

En México, 7 millones 382 mil 785 personas de tres años y más hablan alguna lengua indígena, las más habladas son: náhuatl, maya y tzeltal.

Porcentaje de población de tres y más años hablante de lengua indígena, por entidad federativa

Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Los indígenas deben ser prioridad para nuestro país, no solo por el hecho de ser contemplados sus derechos en el artículo 2 de la Constitución. Nos encontramos con grandes deficiencias en nuestras instituciones gubernamentales al contar con hechos como el de un indígena zapoteco del estado de Oaxaca que lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro. Su abogado asegura que fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de octubre de 2010 en las calles de su ciudad natal, Juchitán de Zaragoza; es acusado de secuestro. Al iniciar el proceso judicial no tuvo traductor, su lengua materna es el zapoteco y no habla bien español. Hace siete años firmó una declaración de culpabilidad, pero su actual defensor público afirma que no fue de su autoría, sino que se la redactaron y lo obligaron a firmar.

Casos como el que se expuso con anterioridad se viven a diario en nuestras instituciones gubernamentales, tanto por falta de atención como por falta profesionalismo de parte de nuestros servidores públicos hacia aquellos que deben ser nuestra prioridad y que son los que pagan impuestos para poder contar con un servicio digno y transparente donde se lleve con prontitud y lo mejor legal posible para no causar controversias, y no solo hacer del conocimiento a las personas indígenas de las reformas efectuadas, como el cambio de sistema inquisitivo a sistema acusatorio, sino brindar la atención adecuada, sobre todo a aquellos que no hablen el idioma español, como lo son los indígenas. Es por ello que esas reformas tienen que ser traducidas al idioma de nuestros orígenes para que al menos puedan leer y conocer sus derechos en caso de no contar con una defensa adecuada y poder solicitarle al Estado la misma.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a que se traduzca el Código Nacional de Procedimientos Penales a los idiomas indígenas.

Fuentes consultadas

Gómez G, A. (Coordinador). 2016. Reforma Penal 2008- 2016. El Sistema Penal Acusatorio en México. Consultado el 18 de enero de 2018, disponible en http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ ReformaPenal2008-2016.pdf

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2016. Conoce tus Derechos Humanos en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Consultado el 18 de enero de 2018. Disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/09-Conoce-DH.pdf

Ángel, A. (2017). Seis carencias que tiene el nuevo sistema penal acusatorio, según expertos. Animal Político. Consultado el 18 de enero de 2018. Disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/07/clave-nuevo-sistema-penal/

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

SE PUBLIQUE UN REPORTE RELATIVO AL EJERCICIO DEL RAMO GENERAL 23, 2012-2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a publicar un reporte relativo al ejercicio del ramo general 23 en el periodo 2012-2017, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Francisco Martínez Neri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a publicar un reporte relativo al ejercicio del Ramo General 23 durante el periodo 2012 a 2017, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

1.El gasto federalizado son los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Este concepto está constituido esencialmente por el Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales.

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios representan una fuente principal de ingresos de estos órdenes de gobierno y son fundamentales para financiar sus estrategias y programas de desarrollo.

Adicionalmente al gasto federalizado existen transferencias etiquetadas que se remiten a los estados y municipios por vía suscripción de convenios que se realizan en el transcurso del ejercicio fiscal, los cuales son acuerdos que las dependencias del gobierno federal firman con las entidades federativas para otorgarles recursos presupuestales, con el propósito de concertar la descentralización de acciones federales, mediante la colaboración y coordinación de ambas instancias de gobierno.

2. Dichos convenios carecen de lineamientos suficientemente claros en su asignación y no están determinados legalmente por lo cual no es transparente la asignación de dichos recursos.

Adicionalmente, las previsiones señaladas en el decreto de egresos son notoriamente volátiles. Por ejemplo, durante el ejercicio fiscal 2016 los recursos del Gasto Federalizado ejercidos a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas ascendieron a 117 mil 539.1 millones de pesos, cifra superior en 75.7 por ciento a lo originalmente aprobado para el ejercicio fiscal de dicho año que se presupuestó en 66 mil 879.1 millones de pesos, como se aprecia en la siguiente gráfica:

3. De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas los montos de los convenios tienen comportamientos discrecionales en las entidades federativas, al no identificarse una racionalidad de los incrementos y disminuciones.

Las entidades federativas que presentaron las mayores tasas de crecimiento de Gasto Federalizado pagado en el ejercicio fiscal de 2016 vía convenio en términos reales, con respecto a lo ejercido en 2015 son: Baja California Sur con un crecimiento de 6 por ciento (1,556.3 millones de pesos); Ciudad de México con 5.6 por ciento (16,599.9 millones de pesos); Coahuila con 5.6 por ciento (3,937.3 millones de pesos); Querétaro con 4.8 por ciento (2,600.4 millones de pesos); y, el Estado de México y Michoacán con 3.8 por ciento (15.503.2 y 5,013.8 millones de pesos respectivamente).

Las entidades federativas que vieron reducidos sus recursos por concepto de Gasto Federalizado fueron Campeche al reportar una caída real anual de 11.4 por ciento (-1,510.7 millones de pesos), seguido de Morelos con una disminución real de 7.4 por ciento (-819.6 millones de pesos), Sonora cayó en 6.8 por ciento real (-1,089.3 millones de pesos) y Veracruz con un decremento de 6.6 por ciento real (-2,268 millones de pesos). Cabe destacar que el monto no distribuible del Gasto Federalizado pagado en 2016 es menor, en términos reales, en 18.8 por ciento, lo que equivale a 9 mil 201.6 millones de pesos menos que en el mismo periodo de 2015.

4. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, existen disparidades y asignaciones discrecionales. Dicha autoridad concluye que “Con base en la reunión de presentación de los resultados preliminares, la SHCP, mediante el oficio número 710.346.III/1198/15, de fecha 11 de noviembre de 2015, proporcionó las explicaciones que atendieron las observaciones planteadas, sin embargo, la ASF considera pertinente que la SHCP mejore la transparencia y rendición de cuentas sobre las adecuaciones que realiza para que sea viable identificar el origen y la aplicación final de los recursos que se convienen con las entidades federativas”.

En materia de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, la Auditoría Superior de la Federación, ha reiterado la apremiante necesidad de impulsar una mayor transparencia en su operación dado los cuantiosos recursos públicos que manejan.

Según datos de la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio fiscal 2014 el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas transfirió recursos a las entidades federativas y municipios por 109,050.6 millones de pesos, monto mayor 46.6 por ciento mayor respecto del presupuesto aprobado de 74,384.6 millones de pesos.

Con respecto a dichos fondos, es un hecho que no existen lineamientos claros en el otorgamiento de dichos recursos por lo cual puede existir una orientación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al momento de otorgar estos recursos que no obedecen estrictamente a las necesidades de cada entidad federativa.

La Auditoría Superior de la Federación concluye que “Se considera conveniente que la SHCP mejore la transparencia y la rendición de cuentas, para lo cual podría incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información relativa al desarrollo regional y también en la Cuenta Pública. Se recomienda a la SHCP defina o establezca la normativa o mecanismos institucionales para que los ejecutores de gasto incluyan o reporten, en los sistemas de información instrumentados por esta Secretaría, los datos sobre los recursos que se canalizan mediante los programas transversales.”

En la siguiente tabla se puede ver como entidades federativas como el Estado de México son favorecidas claramente en las asignaciones de recursos, pero no se cuenta con la justificación o explicación técnica de dichas asignaciones, con lo cual pareciera que es arbitraria dicha decisión o que en la ausencia de criterios se benefició a la entidad anteriormente gobernada por el Licenciado Enrique Peña Nieto, que al mismo tiempo es un bastión político de su partido.

5. Por otra parte, en los últimos años, la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos públicos en México han sido materia de recurrente debate nacional en virtud de la discrecionalidad que les ha permitido el marco jurídico vigente, lo cual ha generado serios obstáculos que, en muchos casos, impiden conocer el destino final de los recursos públicos que incorporan.

6. Para el caso de saneamiento financiero de las entidades federativas, tomemos como ejemplo la primera grafica de este punto de acuerdo para el gasto federalizado identificado en el Ramo General 23 en donde en el renglón de “Fortalecimiento financiero” para el ejercicio fiscal 2016 se aprobó un monto 1,481 millones de pesos y se terminó ejerciendo 62,281.1 millones de pesos (42 veces más de lo aprobado).

La diferencia entre lo ejercido y lo aprobado es bastante significativa, y no se cuenta con mecanismos claros de rendición de cuentas en las asignaciones de estos recursos, ni en su destino, por lo cual se supone una cierta discrecionalidad al momento de asignar estos recursos, al igual que no se respeta lo asignado según la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados.

Por tal motivo para el Grupo Parlamentario del PRD resulta fundamental aclarar el manejo y asignación de recursos del Ramo General 23 en el marco de las asignaciones vía convenio, mediante fideicomisos y para saneamiento financiero de las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a publicar un reporte del impacto de los recursos ejercidos vía convenio con las entidades federativas durante el periodo de 2012 a 2017, desglosándolo por entidad federativa, montos y justificación especifica del recurso ejercido.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a publicar un reporte de los fideicomisos gubernamentales que se han constituido durante el periodo de 2012 a 2017 en los que se manejaron recursos del Ramo General 23, para identificar montos fideicomitidos, entidad fiduciaria, objeto de cada fideicomiso y las entidades que recibieron recursos en cada ejercicio fiscal del periodo de 2012 a 2017.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a publicar un reporte de los recursos transferidos para saneamiento financiero durante el periodo de 2012 a 2017 desglosado por entidad federativa, ejercicio fiscal y el destino en el que se ejercieron.

Notas

1 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2017/cefp 0122017.pdf

2 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/ 2014_0089_a.pdf

Cámara de Diputados, a 15 de febrero de 2018.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE IMPLEMENTE DEBIDAMENTE EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LOS EJES QUE SE MARCARON COMO OBJETIVO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a implantar debidamente el nuevo sistema penal acusatorio en los ejes marcados en un principio como objetivo, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La existencia del Estado sólo se justifica si garantiza a sus habitantes un escenario de seguridad, paz y tranquilidad, procurando para ello los medios jurídicos y políticos necesarios para lograr la protección y el progreso social.

El nuevo sistema penal acusatorio entraría en vigor en toda la república mexicana el 18 de junio de 2016. Como todo sistema de justicia, el sistema de justicia mexicano necesitaba una actualización. Con el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional o el uso intensivo de la tecnología para cometer ilícitos el sistema penal se veía rebasado trayendo consigo impunidad.

En la medida en que se castiga al delincuente, se reafirma: a) la calidad del Estado como poseedor del monopolio exclusivo y legítimo de la violencia, b)la vigencia coactiva del ordenamiento jurídico desafiado por el delito y c) el proceso como la vía para aplicar el castigo.

Hasta el año 2008 toda aquella persona que fuera sujeto de un delito tenía la obligación de acudir al proceso en busca de justicia. Es decir si deseaba que el Estado interviniera debía someterse al proceso penal, de lo contrario mejor ni denunciar. No obstante con el  tiempo el Estado acaparo todos los aspectos del proceso, desde la investigación hasta la ejecución de las penas. El Ministerio Público se convirtió en el encargado de conocer e intervenir en los delitos. Por ejemplo el Ministerio Público decidía si investigaba los delitos y dictaba sentencia. Fue así que el proceso se volvió monolito: un solo ejecutante, un solo camino y una sola manera de actuar.

Sobre la disfuncionalidad del proceso como única alternativa a seguir, es suficiente contrastar las estadísticas de las averiguaciones previas que fueron objeto de consignación respecto de las concluidas por otras vías, pues como se muestra en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, la Procuraduría General de la República ubicaba para el año de 2008 sólo en 22.39 % las consignaciones respecto del 100 % de las averiguaciones previas en trámite, mientras que en rubro diverso señalaba en 83.04 % el porcentaje de averiguaciones previas concluidas (en las que estaban comprendidas las resueltas por acumulación, reserva, incompetencia, no ejercicio de la acción penal y consignación).

Es así que podemos entender que el objetivo principal de esta reforma era desmontar el sistema monolítico del proceso: el castigo como finalidad, un juicio, Estado decisor. Además de este objetivo el nuevo sistema planteaba una justicia pronta, despresurización de las cargas de trabajo, transparencia, probidad y profesionalismo en la actuación de los servidores públicos, combate efectivo a la impunidad.

Mediante la reforma se modificaron diferentes artículos constitucionales con el fin de buscar un enfoque de humanización implantando el sistema garantista, armonizando así las instituciones mexicanas de la procuración y administración de justicia a las instituciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

México ha firmado diversos acuerdos en materia de seguridad con el propósito de mejorar esta área y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Por tal motivo es de vital importancia que los primeros en atender los problemas de inseguridad (policía) se encuentren capacitados para actuar conforme a la ley.

El proceso penal también persigue otras finalidades, no solo busca el fincamiento de responsabilidades, ya que existe la posibilidad de que quien esté imputado de la comisión de un delito no sea culpable, sino inocente. El hecho de que una persona sea acusada erróneamente afectaría no solo a la esfera individual del inculpado, sino también la social.

El nuevo sistema penal contenía una estrategia sobre ocho ejes: planeación; normatividad; gestión y reorganización institucional; capacitación; difusión; infraestructura; tecnología de la información y equipamiento. Sin embargo la implementación del nuevo sistema tuvo rezagos debido a que el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 tenía otras prioridades para asignar recursos.

En este nuevo sistema penal las funciones de acusación y enjuiciamiento van separadas. Por un lado el Ministerio Público tiene que desahogar las pruebas y probar su acusación ante el Juez. Las partes tienen la obligación de aportar alegatos y elementos probatorios, de forma que se abriría un debate y así las partes podrían controvertir las pruebas.

No obstante el nuevo sistema penal contiene debilidades importantes en su procedimiento que a la fecha no se han atendido:

• Medidas cautelares: Las medidas cautelares se utilizan para asegurar la presencia de la persona acusada durante el juicio, y protección a testigos y víctimas. Debía de crearse Unidades de Seguimiento de Medidas Cautelares que se encargaría de evaluar el perfil de riesgo de los detenidos. No obstante no en todos los estados se encuentran estas unidades.

• El personal, los servidores públicos, deben ser debidamente capacitados ya que en el nuevo sistema penal existen nuevas figuras jurídicas. Además, la cadena de custodia que está en manos de los policías y ministerios públicos debe ser vigilada, el mal entrenamiento de los oficiales o ministerios públicos llevan a errores de papeleo o a que la evidencia sea violada lo que propicia la liberación de sospechosos. Apenas un 90% de los agentes de seguridad fueron capacitados para el nuevo sistema penal.

• Mediación: Para algunos de los ilícitos cometidos no es necesario llegar a un juicio, es entonces donde puede intervenir las unidades de mediación. Sin embargo existe una carencia de personal que pueda atender estas unidades.

En conclusión el nuevo sistema penal acusatorio brindaría a toda la ciudadanía la oportunidad de participar activamente en el sistema penal. No obstante hay partes importantes de este sistema que no han sido atendidas y que por lo tanto frustran su funcionamiento. Los Derechos Humanos tanto de las víctimas, los imputados y los servidores públicos se ven vulnerados al no contar con la información suficiente para poder fortalecer el sistema y así mejorar su funcionamiento.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a implementar debidamente el Nuevo Sistema Penal Acusatorio en cada uno de los ejes que se marcaron en un principio como objetivo. Particularmente en la capacitación a los servidores públicos ya que ellos son el ente que protege a la ciudadanía. Debe brindarse talleres donde los policías en y ministerios públicos conozcan los derechos los imputados y victimas así como el proceso que deberá llevar la carpeta de investigación. Además debe ser contratado personal especializado en la materia. Así mismo deberá de invertirse más en infraestructura para que en todos los Estados se cuente con las Unidades de Seguimiento de Medidas Cautelares.

Notas

1 Véase: “Decreto por el cual se aprueba el Plan Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2009”, Diario Oficial de la Federación, 21 de febrero de 2008, sección primera, p. 9.

2 Gómez G, A (Coord). 2016. Reforma Penal 2008- 2016. El Sistema Penal Acusatorio en México. Consultado el 18 de Enero de 2018, disponible en http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ ReformaPenal2008-2016.pdf. 339p

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2016. Conoce tus Derechos Humanos en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.Consultado el 18 de Enero de 2018. Disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/09-Conoce-DH.pdf. 39p

4 Ángel, Arturo. 2015. Arrancan Plan de Emergencia. Disponible en

http://www.animalpolitico.com/2015/11/1-de-cada-10-policias-esta-listo- para-nuevo-sistema-penal-arrancan-plan-de-emergencia/. Consultado: 18 de Enero de 2018

Fuentes consultadas

Gómez G, A (Coord). 2016. Reforma Penal 2008- 2016. El Sistema Penal Acusatorio en México. Consultado el 18 de Enero de 2018, disponible en http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ ReformaPenal2008-2016.pdf

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2016. Conoce tus Derechos Humanos en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.Consultado el 18 de Enero de 2018. Disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/09-Conoce-DH.pdf

Ángel, A. (2017). Seis carencias que tiene el nuevo sistema penal acusatorio, según expertos.Animal político. Consultado el 18 de Enero de 2018. Disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/07/clave-nuevo-sistema-penal/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO A LA SAGARPA PARA QUE MODIFIQUE LA NOM-022-FITO-1995

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar la NOM-022-FITO-1995, a cargo del diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que modifique la NOM-022-FITO-1995, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente la NOM-022-FITO-1995, sufrió un cambio el 8 de agosto de 2008 en el que se incluye la irradiación como un proceso fitosanitario, lo que facilita la movilización de las frutas a zonas libres de mosca de la fruta o su exportación; pero no incluye la importación ya que con esto nos están obligando como país a exportar productos con una norma fitosanitaria pero no están obligando a importar ninguno con la misma calidad, esto significa que los productos que llegan de Centroamérica o cualquier otro país del mundo pueden llegar contaminados a México, sin tener que pasar por una norma fitosanitaria como las que se nos aplican a nosotros al momento de exportar a países como Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que modifique la NOM-022-FITO-1995, a fin de incluir la irradiación como un proceso fitosanitario, para facilitar la movilización de las frutas a zonas libres de mosca de la fruta o su exportación e importación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputado Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

SE HAGAN PÚBLICOS LOS AVANCES DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS SEGÚN AUDITORÍA SCYA/DAP-003-17

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tamaulipas a hacer del conocimiento público los avances de seguimiento de las observaciones determinadas respecto al Instituto del Deporte de Tamaulipas según la auditoría número SCyA/ DAP-003-17, practicada en junio de 2017 por la Contraloría General del estado, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para nadie debe ser ajeno que el Estado mexicano, de manera histórica, ha fomentado la práctica y desarrollo del deporte como parte integrante de la educación y la cultura.

Lo anterior se expresa con claridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el que se puede leer:

• “El deporte, además de ser esencial para contar con una sociedad saludable, es un vehículo de cohesión social. El impulso a la cultura y el deporte constituye un fin en sí mismo, con implicaciones positivas en todos los aspectos de la sociedad, razón por la cual forman un objetivo fundamental dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

• En materia de deporte se requiere desarrollar el talento deportivo en la juventud para promover una cultura de salud. La escasa actividad física de los ciudadanos incide en un deterioro de la salud.

• Además, es necesario procurar que los niños y jóvenes deportistas con cualidades y talentos específicos cuenten con entrenamiento y servicios especializados, estímulos adecuados y un sistema de competencia estructurado”.

En un estado como el tamaulipeco, que ha atravesado por severas crisis de inseguridad y descomposición social, sin dudarlo, el impulso al deporte siempre será la mejor de las herramientas para la salud, el desarrollo social y la educación de la sociedad.

No está por demás recordar que la práctica del deporte fomenta los valores siguientes:

• En el ámbito social: participación de todos, respeto a los demás, cooperación, relación social, amistad, pertenencia a grupo, competitividad, trabajo en equipo, expresión de sentimientos, responsabilidad social, convivencia, lucha por la igualdad, compañerismo, justicia, preocupación por los demás y cohesión de grupo.

• En el ámbito personal: habilidad (forma física y mental), creatividad, diversión, reto personal, autodisciplina, autoconocimiento, mantenimiento o mejora de la salud, logro (éxito o triunfo, recompensas, aventura y riesgo, deportividad y juego limpio, espíritu de sacrificio, perseverancia, autodominio, reconocimiento y respeto, participación lúdica, humildad y autorrealización.

Por lo expresado hasta aquí, son innegables los beneficios del deporte en la sociedad y sería socialmente reprochable que los recursos, que en muchas ocasiones escasos, se desvíen o se mal ocupen.

Con el fin de conocer la forma en que se capta, administra, ejerce y se reporta el recurso público destinado al deporte, es imprescindible remitirse al portal electrónico del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) y de su consulta a la información pública concluir que no es posible conocer la forma en que se ocupa el dinero público para el fomento del deporte en el estado, en gran medida porque la información pública no específica ni detallada ni se incluyen indicadores de desempeño que facilitarían el conocimiento de los logros y, en su caso, las áreas de mejora a emprender.

Por lo anterior, celebró que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas haya emprendido una revisión al INDE según revisión SCyA/DAP-003-17 de fecha junio de 2017 y que los resultados de la misma sean del dominio público en su portal de internet.

Al dar lectura, se puede identificar que los dirigentes del INDE lejos de fomentar los valores descritos en párrafos anteriores, sólo se dedicaron a desviar los recursos para fines no autorizados.

Debido a la extensión de las observaciones determinadas, enunciaré de manera resumida las mismas:

A) Registros contables globales lo que impidió conocer lo ejercido por cada proyecto que el INDE apoyó.

B) Servidores públicos del INDE recibieron recursos del Proyecto de Becas sin justificación por 492,000 pesos.

C) Apoyos otorgados del Proyecto de Becas en los meses de octubre a diciembre por 131 mil 250 pesos mensuales sin justificación alguna.

D) Becas duplicadas a 13 beneficiarios por 135 mil 500 pesos.

E) Tabuladores de becas a instructores y deportistas sin validez.

F) Registro de pasivos que incumplen con la normativa contable.

G) Comprobaciones de gastos por mil 682 millones  52 mil pesos que no corresponden con fechas y eventos para los cuales se erogaron.

H) Gastos sin descripción del pago por 15 mil 776 pesos.

I) Recursos de ejercicios anteriores utilizados para cubrir gastos de 2016.

J) Se cubrieron seguros de vida de deportistas que no asistieron a eventos oficiales por 468 mil 20 pesos.

K) 592 atletas no fueron asegurados (seguro de vida).

L) 9 atletas contaron con un seguro de vida duplicado con un impacto económico de 14 mil 779.08 pesos.

M) Desvío de recursos por 34 mil 860 pesos a cargo de un ex servidor público y deficiencia en la comprobación del gasto (comprobantes no fiscales).

N) Se reportó la entrega de uniformes a atletas por 997 mil 115 pesos los cuales no tuvieron registro en competiciones oficiales.

Para la atención de dichas observaciones, según el apartado de conclusiones de la revisión en comento, la Contraloría General del Estado de Tamaulipas requirió de la intervención del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Bienestar Social en coordinación del Órgano Interno de Control Interno de la Secretaría de Educación y de la Comisaría del INDE.

Sin embargo, al día de hoy, en el Portal electrónico - apartado de obligaciones de transparencia del INDE no existen sanciones sobre estas observaciones y en los de las Secretarías del Bienestar y Educación no existe información pública sobre el particular.

Por lo descrito, es indispensable que a la sociedad tamaulipeca se le informe, en tiempo y forma, del avance de estas investigaciones y se aclare el uso de estos recursos y, en su caso, se sancione a los responsables conforme a la ley.

El que al día no se sepa el avance de las investigaciones no fomenta la transparencia tan necesaria en Tamaulipas ni permite acrecentar la confianza en la administración estatal.

Como tamaulipeco, compañeras y compañeros diputados, considero necesario exhortar al gobierno de Tamaulipas, para que de conformidad con sus atribuciones, haga del conocimiento público los avances de seguimiento a las observaciones determinadas al Instituto del Deporte de Tamaulipas según auditoría SCyA/DAP-003-17 realizada por la Contraloría General del Estado en junio de 2017, a fin de que el gobierno estatal fomente las prácticas de gobierno abierto y garantice, como hasta hoy, el castigo ejemplar a cualquier acto de corrupción que dañe al deporte y atletas tamaulipecos.

Asimismo, es conveniente exhortar a la honorable Cámara de Diputados del Estado de Tamaulipas, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la necesidad de solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas la realización de una auditoría forense al gasto reportado en las Cuentas Públicas de 2014, 2015, 2016 y 2017, respectivamente, del Instituto del Deporte de Tamaulipas a fin de garantizarle al pueblo tamaulipeco que el destino de esos recursos públicos se utilizaron en el fomento al deporte.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Tamaulipas para que, de conformidad con sus atribuciones, haga del conocimiento público los avances de seguimiento a las observaciones determinadas al Instituto del Deporte de Tamaulipas según auditoría SCyA/DAP-003-17 realizada por la Contraloría General del Estado en junio de 2017, a fin de que el gobierno estatal fomente las prácticas de gobierno abierto y garantice, como hasta hoy, el castigo ejemplar a cualquier acto de corrupción que dañe al deporte y atletas tamaulipecos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Estado de Tamaulipas, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la necesidad de solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas la realización de una auditoría forense al gasto reportado en las Cuentas Públicas de 2014, 2015, 2016 y 2017, respectivamente, del Instituto del Deporte de Tamaulipas a fin de garantizarle al pueblo tamaulipeco que esos recursos públicos se utilizaron en el fomento al deporte.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en

http://pnd.gob.mx/, consultado el 12 de febrero de 2018.

2 Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), disponible en

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/ instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/, consultado el 12 de febrero de 2018.

3 Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, disponible en

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/ contraloria-gubernamental/, consultada el 12 de febrero de 2018.

4 Revisión SCyA/DAP-003-17 de fecha junio de 2017 elaborada por la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, disponible en

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/ contraloria-gubernamental/xxiv-los-informes-de-resultados-de-las- auditorias-a-el-ejercicio-presupuestal-de-cada-sujeto-obligado-que-se- realicen-y-en-su-caso-las-acciones-que-correspondan/, consultada el 12 de febrero de 2018.

5 Secretaría del Bienestar Social – Obligaciones de Transparencia, disponible

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/ secretaria-de-bienestar-social/, consultado el 12 de febrero de 2018.

6 Secretaría de Educación – Obligaciones de Transparencia, disponible en

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/ secretaria-de-educacion/, consultado el 12 de febrero de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2018.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.